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Res. 26385-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/08/2025
OutcomeResultado
The unconstitutionality action is dismissed in all its aspects, confirming that the reform to the strike regime in the Labor Code (Law 9808) is consistent with the Political Constitution.Se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra todos los artículos impugnados, confirmando que la reforma al régimen de huelgas en el Código de Trabajo (Ley 9808) es conforme con la Constitución Política.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an unconstitutionality action filed by ANEP against several articles of the Labor Code amended by Law 9808 regulating strikes. The Chamber dismisses the action in its entirety, upholding the constitutionality of the challenged provisions. It holds that the absolute prohibition of strikes in essential public services, the definition of such services, the obligation to designate an electronic address for notifications, the illegality of political strikes without direct employment connection, the prior notice requirement, the ban on repeating strikes for the same reasons (provided it is interpreted to allow strikes for new facts), and the provisions on salary payment and contract suspension, are all consistent with constitutional law and the legislature's margin of discretion. The Chamber reiterates the criteria in Advisory Opinion 2019-20596.La Sala Constitucional conoce una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la ANEP contra múltiples artículos del Código de Trabajo reformados por la Ley 9808, que regula las huelgas y sus procedimientos. La Sala declara sin lugar la acción en todos sus extremos, confirmando la constitucionalidad de las normas impugnadas. Determina que la prohibición absoluta de huelga en servicios públicos esenciales, la definición de estos servicios, el deber de señalar medio electrónico para notificaciones, la ilegalidad de huelgas políticas sin conexión laboral directa, el requisito de preaviso, la prohibición de reiterar huelgas por los mismos motivos (siempre que se interprete que es posible por hechos nuevos), y las disposiciones sobre pago de salarios y suspensión de contratos, son conformes con el Derecho de la Constitución y el margen de configuración del legislador. Reitera el criterio de la consulta 2019-20596.
Key excerptExtracto clave
VII. On the alleged unconstitutionality of Article 375 bis and Article 376, subsections a, b, c, d and h, of the Labor Code. [...] Thus, turning to ordinary domestic legislation, the matter at issue is regulated in Articles 375 and 376 of the Labor Code challenged here. It is understood, therefore, that the constitutional provision of Article 61 is extensively developed in the ordinary legislation, in the articles of the Labor Code referred to here, from which it is absolutely clear that the right to strike is indeed recognized, but its exercise is limited or prevented with respect to public services, as the Constitution defines them, and, within those, especially essential services, as defined and developed in the ordinary norms cited here. Under this understanding, given the same content and the same essential canonical formulation—except for the specific clarifications now included—it is important to note that the constitutionality of Articles 375 and 376 was confirmed by this Chamber as early as judgment 1317-1998, and its connection with the regulation of the right to strike in essential public services was also considered more recently in judgment 2011-17680 [...] In this sense, the questioned norms lack the alleged vice of unconstitutionality, and therefore this action must be dismissed as to these points. X. On the alleged unconstitutionality of Article 379, second and fourth paragraphs, of the Labor Code. [...] Before considering these three points, it is important to bear in mind what has already been resolved regarding essential services, so that what was stated in the cited precedent of Advisory Opinion 2019-20596, the reference to judgment 2020-21785, and in this very judgment now issued, confirms the constitutionality of the definition and the listing of essential services; therefore, on this aspect, the plaintiff must refer to what has already been stated.VII.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 375 bis y del artículo 376, incisos, a, b, c, d y h, del Código de Trabajo. [...] Así, pasando al ámbito de la legislación ordinaria de carácter nacional, el tema en cuestión se encuentra regulado en los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo aquí impugnados. Se entiende, entonces, que la disposición constitucional del artículo 61, se desarrolla profusamente en la legislación ordinaria, en los artículos del Código de Trabajo aquí referidos, a partir de lo cual se aprecia con absoluta claridad, que el derecho a la huelga sí se encuentra reconocido, pero su ejercicio se encuentra limitado o impedido en cuanto a los servicios públicos, tal como lo define la Constitución, y, en ellos, especialmente en los servicios esenciales, tal como se define y desarrolla en las normas ordinarias aquí citadas. Bajo esta inteligencia, tratándose del mismo contenido y la misma formulación canónica esencial -salvo las puntuales precisiones que ahora contemplan-, es importante señalar que la constitucionalidad de los artículos 375 y 376 fue confirmada por esta Sala desde la sentencia 1317-1998, y su ligamen con la regulación del derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales, fue también ya considerada más recientemente en la sentencia 2011-17680 [...] En este sentido, las normas cuestionadas carecen del vicio de constitucionalidad apuntado, por lo que esta acción debe ser declarada sin lugar en cuanto a estos extremos. X.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 379, párrafos segundo y cuarto, del Código de Trabajo. [...] De previo a la consideración de estos tres supuestos, es importante tener presente lo ya resuelto respecto de los servicios esenciales, de forma que lo ya indicado en el referido precedente de la resolución 2019-20596, la referencia a la sentencia 2020-21785, y en esta misma resolución que ahora se dicta, determina la constitucionalidad de la definición y de la enunciación que se hace de los servicios esenciales, por lo que en cuanto a este aspecto, debe referirse el accionante a lo ya indicado.
Pull quotesCitas destacadas
"El artículo 61 Constitucional hace remisión a la ley y corresponde al legislador establecer este balance, sujeto claro está a la revisión judicial cuando corresponda."
"Article 61 of the Constitution refers to the law, and it is for the legislature to establish this balance, subject of course to judicial review when applicable."
Considerando VI
"El artículo 61 Constitucional hace remisión a la ley y corresponde al legislador establecer este balance, sujeto claro está a la revisión judicial cuando corresponda."
Considerando VI
"Esta Sala no considera que sea inconstitucional la prohibición absoluta de la huelga en los servicios públicos esenciales, en la medida que el propio Constituyente exceptuó de la regla general a los servicios públicos, conforme a la determinación de la ley."
"This Chamber does not consider the absolute ban on strikes in essential public services to be unconstitutional, insofar as the Constituent Power itself excepted public services from the general rule, according to the determination of the law."
Considerando VII (compuesto)
"Esta Sala no considera que sea inconstitucional la prohibición absoluta de la huelga en los servicios públicos esenciales, en la medida que el propio Constituyente exceptuó de la regla general a los servicios públicos, conforme a la determinación de la ley."
Considerando VII (compuesto)
"La falta de definición de huelga 'política' no es contraria al principio de legalidad y por lo tanto no es inconstitucional."
"The lack of a definition of 'political' strike is not contrary to the principle of legality and therefore is not unconstitutional."
Considerando VI
"La falta de definición de huelga 'política' no es contraria al principio de legalidad y por lo tanto no es inconstitucional."
Considerando VI
"En el criterio de la Sala, se debe interpretar la disposición de conformidad con el Derecho de la Constitución, en cuyo sentido, debe entenderse que puede reiterarse una huelga por los mismos motivos a una anteriormente realizada, cuando hay cambio de circunstancias o se ha llegado a un acuerdo entre las partes..."
"In the Chamber's opinion, the provision must be interpreted in accordance with the Constitution, meaning that a strike for the same reasons as a previous one may be repeated when there has been a change in circumstances or an agreement has been reached between the parties..."
Considerando IX
"En el criterio de la Sala, se debe interpretar la disposición de conformidad con el Derecho de la Constitución, en cuyo sentido, debe entenderse que puede reiterarse una huelga por los mismos motivos a una anteriormente realizada, cuando hay cambio de circunstancias o se ha llegado a un acuerdo entre las partes..."
Considerando IX
Full documentDocumento completo
**File: 21-005712-0007-CO** **Res. No. 2025026385** **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at thirteen hours and zero minutes on the twentieth of August of two thousand twenty-five.
An unconstitutionality action brought by [Name 001], bearer of identity card number [Value 001], in his capacity as General Secretary and Judicial and Extrajudicial Representative of the National Association of Public and Private Employees -ANEP-, legal entity identification number 3-002-045185, against articles 349, subsection d); 371, subsection b); 376, subsections a, b, c, d, h; 377, subsection c); 378, second paragraph; 379, second and fourth paragraphs; 661, second paragraph; 663, subsection b) of the first paragraph; 375 bis; 376 bis, first paragraph; 376 ter, subsections a, b, c, d, e, f, g; 376 quater; 376 quinquies; 661 bis; and 664 bis; all of the Labor Code, as thus amended by the Law to Provide Legal Certainty for Strikes and Their Procedures, Law number 9808, of January 21, 2020.
**Whereas** 1.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber on March 22, 2021, the claimant requests that the unconstitutionality of articles 349, subsection d); 371, subsection b); 376, subsections a, b, c, d, h; 377, subsection c); 378, second paragraph; 379, second and fourth paragraphs; 661, second paragraph; 663, subsection b) of the first paragraph; 375 bis; 376 bis, first paragraph; 376 ter, subsections a, b, c, d, e, f, g; 376 quater; 376 quinquies; 661 bis; and 664 bis; all of the Labor Code, as thus amended by the Law to Provide Legal Certainty for Strikes and Their Procedures, Law number 9808, of January 21, 2020, be declared. He indicates that the challenged law imposed a series of modifications and limitations on the effective exercise of the fundamental right to strike, which must necessarily be exercised collectively and whose ownership lies with the trade union organizations; therefore, the trade union organizations are the ones with standing to defend the interests of the workers. He argues that these are rules of a general nature that affect the interests of the community as a whole, both in its individual and collective spheres, since the right to strike is a fundamental right of each and every worker, which is exercised collectively, and that law establishes rules of general application, to a group with a social and common interest, such as unions and organized groups of workers. In turn, it establishes serious limitations that cause serious harm to the access to the right to strike of an interest group, the aggregate of public employees, which in our country amounts to nearly three hundred thousand, whose fundamental right to strike is affected, as an individual right and as collective rights, as a mechanism for the vindication and defense of economic, social, and labor interests, affecting the diffuse interests of these more or less determined groups with the challenged normative provisions. He indicates that since the strike is a fundamental right of working people, and the public employees are a more or less determined group, but who are not united by a common legal bond between all of them and the claimant, this involves the defense of diffuse interests and not only collective ones. Furthermore, the action is directed against the rules of a law that places serious restrictions on a right of all working people, affecting an even larger community, such as the constitutional right to exercise the strike for working people in the public and private sectors, the exercise of fundamental and constitutional rights that, as will be discussed below, are threatened by the approval of a series of rules of the Law to Provide Legal Certainty for Strikes and Their Procedures. He states that, since the right to strike is a mechanism that workers can exercise to gain positioning in the conflict through the exercise of unilateral pressure tactics, to foster a solution favorable to their interests, interests that may be diverse, at different times, and depending on the collective in question and the conflict that generates it, the right to strike is a right that matters to each one and at the same time to all members of the indeterminate social group or community. The strike, understood as the collective and concerted abstention from work by the workers, whether by a group of them, by a trade association, by the majority of those who work in one or several companies, with abandonment of the workplaces, with the purpose of exerting pressure on the employer or businessperson, in order to obtain the recognition of a claim of a professional nature or with the purpose of preserving, modifying, or creating new conditions. Under that definition, the challenged rules clearly correspond to diffuse interests that are rights of each worker, but which in turn affect the entire labor force of our country, in groups that may be determined at some moments, but which do not correspond to the entire national community. He mentions the character of the National Association of Public and Private Employees and its social and political commitment. He states that the rules accused of being unconstitutional in this brief are of a general nature, which affect not only the persons affiliated with the organization, but every working person in the private sector and every public employee, affiliated or not, who is subjected to a law that violates constitutional norms and principles and their rights in the abstract, even attacking the Social State of Law and, thereby, affecting an even larger community, which is why he considers it necessary to defend not only their right, but also the duty to undertake the respective actions to defend those diffuse interests to the fundamental right to strike, to the exercise of trade union rights, participation, and vindication, which the constitutional jurisdiction must protect. For its part, one of the main aspects to challenge through this action is the violation of the fundamental right to the effective exercise of the right to strike, as a defense mechanism for the economic, social, and labor rights and conditions of diverse groups of working people and the citizenry in general, as well as the emptying of its content as a means of pressure in the challenged rules, subtracting its effectiveness, and limiting its true legal nature, a right that is essential in a Social State of Law, in a participatory democracy of the various social collectives, which is another of the elements that allows this representation to defend diffuse interests, insofar as all the inhabitants of this country are affected and limited in the exercise of a fundamental right, are subject to the regulations, and to the provisions of the challenged norm. He states that the organization he represents currently has a diversity of unionized groups with various specific and general collective conflicts, and finds itself facing the potential use of a fundamental right that has been irrationally restricted, with disproportionate, irrational measures that have emptied the content of the right as such, stripping it entirely of its character as a means of pressure, violating trade union autonomy and that of non-unionized worker collectives in decision-making, regarding the way in which they could decide to use the pressure mechanism. He considers that the application of the specific articles of Law 9808 empties the content of the right to strike, in violation of constitutional regulations (article 61), conventional regulations (Convention 87 of the International Labor Organization), and legal norms that protect the right to collective bargaining. Therefore, from the point of view of defending diffuse interests, he considers that the claimant union has standing to bring this action, to the extent that it is necessary and indispensable to defend and preserve economic, social, or professional benefits and rights in favor of its members. Since this action concerns the interests of its members, who are affected by the questioned regulations related to the right to strike, he considers that it possesses sufficient standing to bring an action before this jurisdiction, and that therefore a prior matter enabling its filing is not necessary. Regarding the specific grounds for the unconstitutionality of the questioned rules, he states: a. In relation to article 349 subsection d), the claimant points out that this numeral imposes an electronic means of notification, which constitutes discriminatory treatment and violates constitutional article 33 and the principles of reasonableness, suitability, non-discrimination, and due process. He indicates that, with the provision obliging trade union organizations to have an electronic address publicized in the Ministry of Labor and Social Security, specifically and exclusively for them to be notified of strike qualification proceedings, is clearly an extreme, irrational, and discriminatory measure compared to any other administrative and judicial process in which the initial notification must necessarily be made personally, or at the corporate domicile or dwelling house. b. Regarding numeral 371 subsection b), the claimant questions the phrase that states: "political strikes or those that have no direct connection with the employment relationship or labor breaches attributable to the employer will be illegal," for two reasons. On one hand, he attributes a manifest violation of the principle of legality, and on the other, he argues that it is an unnecessary, unsuitable, disproportionate, and unreasonable restriction on trade union freedom. He indicates that a prohibition is made on so-called "political strikes," without offering a definition of what should be understood by them, and that, by limiting the right to strike to certain types of conflicts and the temporal limitation made by the legislator, in the case of strikes against public policies, it is intervening in the field of action of trade union organizations, by imposing how, when, and for how long they can exercise a fundamental right, in defense of their rights and interests, which contradicts Convention 87, in its article 3, which provides that workers, through the organizations created under its protection, have the right to organize their administration and their activities, as well as to formulate their program of action. He warns that there is a temporal limitation, which reduces the economic and social rights and interests of workers that are defined within the framework of a formal legal relationship with an employer, ignoring that the defense of such rights and interests is broad, beginning in labor scenarios, but transcending them. He states that a restriction on the purpose of the strike of this nature does not seem to be responding to a legitimate aim. The disturbance and inconvenience of a strike are characteristics immanent to it. He considers it unconstitutional and contrary to a Social State of Law to temporarily limit the exercise of a strike, since the content of the right to strike is emptied, reducing it to a mere possibility of an "express" demonstration, without the possibility of generating pressure to defend economic and social rights and interests, which is not a real opposition to the possible implementation of a public policy that is regressive or contrary to the interests of the citizenry. c. Regarding paragraph 2 of numeral 378, the claimant complains that a strike cannot be held for the same reasons, which violates, in his opinion, the principle of democratic participation, article 3 of Convention 87, trade union autonomy, trade union freedom, and freedom of expression. He states that, in the interest of safeguarding the right to trade union freedom, among them, the participation of trade union organizations in decision-making and the resolution of collective conflicts, it is necessary for the legal system to allow an adequate exercise of trade union freedom and, therefore, of the right to strike, in the sense that there is no act of "state will" without a prior claim (conflict) from the workers demanding a certain level of protection; that reception of claims by the regulatory system obeys both the force of the claim (due to the power of pressure exerted by the strike), and the fear of the announced "social revolution," but in both cases labor legislation responds to the existence of the conflict. He argues that one cannot lose sight of the fact that, in the employment relationship in general, a relationship between two subjects is framed where there is a marked economic inequality, but, in addition, a relationship of subordination and dependence is present that marks an inequality that transcends from the labor sphere to the social and political sphere. He considers that preventing a strike from being held for reasons that were already the subject of a previous strike carries a restriction that is not understood in international law, since there is no legal right that is intended to be protected with that restriction. Worse still, it constitutes prior censorship, to the extent that it anticipates the prohibition of a valid demonstration, in accordance with international law. The mere existence of a demonstration whose reason is a situation that was already the subject of protest implies that the problems have not been solved, and that, on the contrary, they persist and in some cases may have worsened. The fact of limiting a form of demonstration and expression means that the State, unjustifiably, seeks to establish a form of prior censorship that goes beyond the reasonable limits in which such censorship is permitted. d. Regarding article 379 paragraphs 2 and 4, the claimant points out that this provides for the termination of contracts in essential services (servicios esenciales) that are not such, the finality of the notified order, and the matter of payment of wages in installments, which are aspects detrimental to workers that violate the principle of progressivity and non-regressiveness of labor rights and trade union freedom. He indicates that giving the employer the possibility of not paying wages to the workers during the time a strike movement lasts, which, moreover, they know cannot last more than 24 hours, 10 or 21 days, or in the best of cases giving the possibility that even in strikes in non-essential services, they can request the dismantling of the movement after 8 days, and, in addition, pay the wage in installments, are clearly irrational measures, which completely empty the content of the right to strike, creating comfort for the employer side, who will have no pressure measure to sit down and negotiate with the other side. He considers that accepting a rollback of the levels of protection granted by the approved rules is contrary to the very nature of the right to strike. e. He alleges that article 376 subsections a, b, c, f, g, h defines essential services (servicios esenciales) and prohibits the strike in all services due to an economic strategy issue, not because they are essential, which is irrational, disproportionate, and empties the content of the right to strike. They are excessive limitations in services in which the right to strike can be exercised, that violate the principles of rationality, proportionality, and suitability. He indicates that the challenged rule expands the services in which the possibility of exercising the right to strike is strictly and absolutely prohibited, extending said prohibition, and exceeding the internationally acceptable limits to limit, in such terms, the fundamental right to strike. Likewise, it absolutely prohibits the strike in an excessive, irrational list of services that have no relation to higher legal rights such as life, health, and the safety of persons, moving from the supremacy of higher rights to superimposing the right to strike below the security of assets such as the surveillance of facilities, a prohibition that is clearly unconstitutional, as it is excessive and contrary to the definition of essential service (servicio esencial), the Costa Rican State overreaching in prohibiting the strike in services that have no relation to the life, health, and safety of persons. f. He considers that the error of subsection c) of article 377 lies in establishing the strike notice (preaviso) as a legality requirement for the strike, so that, if the obligation of its timely and complete presentation is not met, the Labor Judge would be enabled to declare the strike illegal, and this also enables him to impose disciplinary sanctions on the participating workers, even though it concerns an obligation whose non-compliance may be due to the negligence or even bad faith on the part of one or several of the union leaders, who are the ones who can make official communications on behalf of the union and who maintain communications with the employer, which is not the fault of the worker. He considers it a pressure measure against the strike; and that, therefore, it empties it of content and violates article 3 of Convention 87 and the principle of trade union autonomy. g. The claimant argues that articles 661 and 661 bis oblige the heads of entities to request the qualification of the strike, which makes it impossible to negotiate and resolve the conflict. He points out that the obligatory nature established in the second paragraph of article 661, which is imposed on the employer, to immediately request the qualification of the strike movement, completely denaturalizes the social phenomenon that is a strike, since it completely discourages any possibility of the employer resolving the conflict with the striking party, that is, it becomes a witch hunt, and it is forgotten that this is a means of pressure, motivated by a collective conflict. This obligatory nature given by law to the employers turns the qualification of the strike into the first order of importance, to determine whether or not it should proceed, above the true purpose of a strike, that is, the possibility of resolving the social or labor conflict is relegated to the background. He accuses that giving the employer the power to request the suspension of a strike that has been declared legal, after 8 days from the finality of the declaration, again constitutes a denaturalization of the strike as a means of pressure, since the employer will deliberately let that period elapse, to then request the judge to dismantle the movement. He considers that the challenged provisions clearly empty the total content of the right to strike, giving control power to the employer over the strike movement, an excessive margin of maneuver over the means of pressure, and reduces to zero the obligation to listen to the petitions of the striking party, since they suffer no harm that forces them to resolve the conflict, the strike going from being a right to a crime. h. In relation to numerals 663 and 375 bis, he argues that the first article provides a period to answer the qualification lawsuit of 24 hours, which is short, irrational, and disproportionate, as is numeral 375 bis, which gives it in calendar days (días naturales). He considers that the periods regulated in the challenged rules are contrary to law, for establishing scenarios in which the days are calendar days, contrary to what is established for all judicial processes, which creates a situation of disadvantage and inequality for trade union organizations, for the sole fact of declaring a strike. The reduction of periods to 24 hours within the strike qualification process has no valid justification, other than to dismantle a movement as soon as possible, a movement from which, in addition, the possibility of pressure was taken away, and was limited in time; worse still, elements are given to the employer to dismantle it as soon as possible with "express" qualifications of greater relevance, even, than domestic violence processes, or criminal matters, where people's lives may indeed be at stake. He indicates that, in no way is the regulation of 24-hour periods a rational or proportional regulation, nor is it a suitable measure, especially since notifications by email may not be seen the same day, there is no proportionality in the regulated terms, and it has a clear demobilizing effect. i. The claimant accuses that article 664 bis does not provide for due process, nor a right of defense. The challenged rule establishes the possibility that, during the strike qualification process, an on-site inspection (inspección ocular) may be carried out by the Labor Court; however, the right of defense in said proceeding is not respected, no obligation is established that the trade union organizations or the workers can be summoned to said diligence, nor that they are allowed to refer to or appeal said proceeding, violating due process. j. It is indicated that articles 376 ter, quater, and quinquies establish limitations regarding the temporality of the strike, and overreach in the prohibition of the strike in private services. He argues that these limitations are excessive in non-essential services, establish time limits, excessive irrational and disproportionate requirements, limit means of pressure, and subject it to the will of the employer. Article 376 ter establishes a list of public services of transcendental importance that also have restrictions so that their servers can exercise the strike. In this regard, he highlights that the Committee on Freedom of Association has considered that both railway services and the education sector do not constitute an essential service (servicio esencial). He states that, while it is reasonable for the right to strike to be regulated, no worker, public or private, should be subject to an absolute emptying of their freedom to exercise trade union protest, including through the strike. Thus, the restrictions should not be absolute, but should seek to ensure a balance between the right to strike exercised and the guarantee of the minimum vital service that the public service must provide. He argues that, with the possibility that the employer side is the one who decides, within the minimum services plan, who will be the persons who will provide the services, a great arbitrariness is created to the detriment of trade union organizations regarding the possibility of developing their own strategy in the exercise of the strike, which flagrantly violates trade union autonomy, regarding the impossibility of choosing their own plan of action. He points out that imposing the aforementioned temporal limit in the event of an indeterminate legal concept such as "serious damages of difficult or impossible reparation to the citizenry" generates a situation of uncertainty that violates the principle of legality, which should govern to provide for this type of regulation. He highlights that the Committee on Freedom of Association likewise states that some categories of employees, such as hospital workers or gardeners, should not be deprived of the right to strike. The excessive limitations imposed in numerals 376 ter, quater, and quinquies restrict the right to strike in an unreasonable and disproportionate manner, by giving very broad coverage to public services, which means that there are no economic activities that, at some point, cannot come to be considered a public service; which leads to restricting the right to strike beyond the intention of the Constituent; and causes an excess of constitutional limits, specifically to the social regime that the Constitution guarantees in relation to the exercise of the right to strike, emptying it of content. He argues that, while it is reasonable for the right to strike to be regulated, no worker, public or private, should be subject to an absolute emptying of their freedom to exercise trade union protest, including, through the strike. Placing a limit on the duration of the strike, as established by article 376 quinquies of "21 consecutive calendar days or 10 non-consecutive calendar days," can constitute a disproportionate imposition, since the strike should be considered the last resort for the defense of the workers' interests and its duration cannot be predetermined. Providing for legal maximums of a protest empties it of content, because they lose the capacity to really have an impact on their demands for labor rights or other economic and social rights. He concludes that this last provision also does not pass the legality test. He requests that the action be granted.
2.- By a ruling of the Presidency of this Chamber, at sixteen hours and fifteen minutes on March 23, 2021, the claimant was warned “that within three days, counted from the day following the notification of this ruling and under warning of denying the processing of the action in case of non-compliance, add and cancel the stamp of the Bar Association for the sum of two hundred seventy-five colones, corresponding to the authentication of the initial brief…”.
3.- By a brief added to the case file on March 25, 2021, the claimant complies with the warning.
4.- By a ruling of the Presidency of this Chamber, at fourteen hours and twenty-one minutes on April 14, 2025, the claimant is warned to present the filing brief for this action duly authenticated.
5.- By a brief added to the case file on April 14, 2021, Magistrate Cruz Castro raises a recusal to hear this action.
6.- By a brief added to the case file on April 15, 2025, the claimant complies with the last warning made.
7.- By a ruling of the Presidency of this Chamber, at eight hours and seven minutes on April 16, 2021, this unconstitutionality action is admitted for processing, and an audience is granted to the Presidency of the Legislative Assembly and the Office of the Attorney General of the Republic.
8.- The admission ruling for this unconstitutionality action was published in editions of the Judicial Bulletin numbers 80, 81, and 82, of April 27, 28, and 29, 2021.
9.- Through briefs added to the case file between April 28 and May 19, 2021, Enrique Egloff Gerli, with ID number 1-0399-0262, in his capacity as president of the Chamber of Industries of Costa Rica Association, Rigoberto Vega Arias, with ID number 1-0801-0938, in his capacity as vice president of the National Chamber of Agriculture and Agroindustry Association, José Álvaro Jenkins Rodríguez, with ID number 2-367-674, in his capacity as president of the Costa Rican Union of Chambers and Associations of the Private Business Sector (UCCAEP), Esteban Acón Rojas, with ID 1-1037-982, in his capacity as general attorney-in-fact without limit of sum of the Costa Rican Chamber of Construction Association, Rubén Acón Toy, with ID number 1-434-982, in his capacity as president with sufficient powers to represent the National Chamber of Tourism of Costa Rica Association, Rodolfo Molina Cruz, with ID 1-472-259, in his capacity as president of the Costa Rican Textile Chamber Association (CATECO), Miguel Schyfer Lepar, with ID 1-399-1427, in his capacity as president of the National Association of Textile Industry Exporters (ANEIT), José Daniel Gomez Pérez, with residence ID 172400342126, in his capacity as vice president of the Chamber of Info-communication and Technology Association (INFOCOM), Jorge Arturo Osborne Escalante, with ID 1-417-1413, in his capacity as president and judicial representative of the National Chamber of Banana Growers Association (CANABA), Adriana Álvarez Meza, with ID 1-1068-681, in her capacity as vice president and judicial representative acting in the absence of the president of the Association of Banana Producers (APROBAN), Andrés Quintana Cavallini, with ID 1-662-021, in his capacity as president of the National Broadcasting Chamber Association, request to be considered as passive coadjuvants in this action.
For his part, Marvin Atencio Delgado, with identification number 6-178-481, in his capacity as General Secretary of the Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), Mario Alberto Mena Ayales, with identification number 1-525-362, in his personal capacity and as President of the Sindicato Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), Jorge Luis Morales García, with identification number 2-399-222, in his personal capacity and as general secretary of the Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), Jeffrey Vogt, in his capacity as director of the Red Internacional de Abogados Laborales de Trabajadores ILAW NETWORK, Oscar Gerardo Cruz Morales, with identification number 2-406-247, in his capacity as legal representative of the Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), Édgar Cubero Castro, with identification number 4-134-301, in his capacity as General Secretary of the Asociación de funcionarios de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y Superintendencia de Telecomunicaciones (AFAS), Sergio Dávila Chaves, identification number 1-562-0642, in his capacity as legal representative of the Unión de Trabajadores de la Música, Artistas y Afines (UTM), Percy Marín Méndez, with identification number 1-621-365, in his capacity as president of the Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción (SIPROCNP), Laura Vargas Guzmán, with identification number 1-1253-0107, in her capacity as president of the Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), Francisco Eiter Cruz Marchena, with identification number 7-094-0897, in his capacity as legal representative of the Unión Nacional de Empleados del Instituto de Desarrollo Rural (UNEINDER), Didier Leitón Valverde, with identification number 7-088-277, in his capacity as General Secretary of the Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícola (SITRAP), Rui Steven López González, with identification number 1-836-853, in his capacity as general secretary of the Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE), Marco Antonio Sánchez Rodríguez, with identification number 1-643- 072, in his capacity as representative of the Sindicato de Profesionales del INDER (SIPROINDER), Carlos Alberto Gómez Ramos, with identification number 1-536-740, in his capacity as representative of the Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS), Carlos Ugalde Córdoba, with identification number 1-1130-088, in his capacity as representative of the Unión Nacional de Trabajadores Públicos y Privados (UNTRAPP), Jorge Eduardo Cartín Elizondo, with identification number 2-0541-0370, in his capacity as general attorney-in-fact of the Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD), Andrea González Céspedes, with identification number 4-170-784, in her capacity as General Secretary of the Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU), Carlos Mauricio Valerio Araya, with identification number 1-0903-0553, in his capacity as president of the Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contabilidad Finanzas y Afines del Poder Judicial (ASPROTECOFI), and Rodrigo López García, with identification number 1-0720-0455, in his capacity as General Secretary of the Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (A.N.P.E.), request to be considered active coadjuvants in this action.
10.- By a filing added to the case file on May 10, 2021, Julio Jurado Fernández appeared, in his capacity as Procurador General de la República. He notes that the claimant is legitimized to bring this action directly, by virtue of acting in defense of a collective or corporate interest of the unionized persons who form the associative base of the union he represents. He states that the action raises several arguments against the reform to the strike regime in public services, all of which were specifically and expressly considered at the time by the Constitutional Chamber in advisory opinion number 20219-20596, when addressing the accumulated optional consultations on constitutionality, numbers 19-16322-0007-CO and 19-16630-0007-CO, and regarding which the Chamber found no unconstitutionality. He explains that, for expository reasons, the arguments are grouped thematically. Regarding articles 375 bis, 376, subsections a, b, c, f, g, and h, and the first paragraph of article 376 bis, all of the Labor Code, related to the prohibition of strikes in essential services—which he deems irrational, disproportionate, and emptying the right to strike of its content because no absolute prohibition can exist, as the ILO Committee on Freedom of Association considers—the definition of essential services—which he deems excessive and based on their economic importance, unrelated to superior legal interests and exceeding the legally acceptable limits for restricting the right to strike—and its extension to private services, the Attorney General's Office notes that it has always been a constitutionally valid option for the legislator to exclude officials and employees who work in essential public services from exercising the strike, guaranteeing their effective, comprehensive, continuous, and uninterrupted provision, which harmonizes with Article 8 of ILO Convention 87. He mentions that to understand the essentiality of a public service, the particular conditions under which certain services are provided in each country must be considered, and that each legislation gives special legal relevance to internal objective factors and circumstances that may differ between countries, so it is not possible to establish "a priori" the essentiality or not of a public service. Therefore, although the Committee on Freedom of Association has given some examples, such criteria cannot be considered exhaustive, nor normatively binding, but of a purely illustrative nature. He adds that the establishment of minimum services is an option for the legislator exclusively to reconcile the right to strike and the continuity of non-essential or essentially extended public services, and it is not legally demandable through this action to establish a mixed or alternative system that provides for the assurance of "minimum services" to permit the exercise of the right to strike in essential public services, and doing so would make the Chamber a positive legislator. The legislator enjoys broad freedom of configuration to define what is meant by essential public service and what the limitations on the exercise of strikes are in this legal category, with absolute prohibition being a constitutionally valid option as a guarantee of the complete maintenance of essential public services for the national population, without causing injury to freedom of association or an emptying of union action. He refers to what was stated by this Chamber regarding that concern in judgment 2019-20596, emphasizing what relates to the qualification made in article 376 of rail, maritime, and cargo and unloading transportation at docks as an essential service, also contained in that judgment. He adds that the same resolution mentions that since strikes are prohibited in essential services, it is a natural consequence to dispense with the qualification of the strike procedure in such services, and that the possibility of establishing or not the minimum services scheme, as established in article 376 ter, is the exclusive competence of the legislator. He emphasizes that the claimant does not develop any technical, precise, and solidly supported argumentation, much less any legal test of reasonableness, such that the list of essential public services regulated in article 376 of the Code could be considered lacking a relevant incidence and social impact, so that its suspension would not cause significant, serious, and immediate damage to health, life, safety, or the public economy, so he deems it appropriate to reiterate the indicated judgment. Regarding articles 376, ter, quater, quinquies, and 664 of the Labor Code, related to public services of transcendental character, the establishment of limitations regarding the temporality of the strike—which the claimant considers an overreach of the strike prohibition that exceeds the intention of the constituent power and empties the right of its content—the determination of who will provide the minimum services—thus violating autonomy and union action—and the possibility of conducting an on-site inspection by the judge in the strike qualification process—which the claimant considers violates due process and the right of defense because it does not establish a summons to the union organizations—and that indeterminate legal concepts are introduced, the Attorney General's Office notes that it has already been indicated that it is feasible for the judicial authority to declare the illegality of a strike upon the interruption of certain essential and essentially extended public services, according to the specific circumstances of each country and its national legislation. The purpose is to avoid the extension of the conflict beyond the relationship between workers and employers. He considers it reasonable to legally confer on the judicial authority the competence to declare illegal strikes in services other than those stated by the legislator, when it is considered that they interrupt essential provisions, thus making effective the social safeguard clause provided for in Article 61 of the Constitution, according to which the right to strike in the public sector must yield when the strike imposes a disproportionate sacrifice on the rights or interests of the community that is the recipient of the public services whose prolonged interruption could endanger the life, health, safety, or public economy of all or part of the population, recognizing in those cases that courts may declare a strike illegal in certain public services not essential by definition. He reiterates that to understand the essentiality or not of a particular public service, the particular conditions under which certain services are provided in each country must be considered, so it is not possible to establish a category a priori; therefore, the prohibition or limitation of the right to strike in services defined by the legislator is legally admissible, in order to guarantee their continuity, without interruptions, due to the need to protect the effective exercise of the fundamental rights of the rest of society; he mentions the right to education as an example, where the ILO Committee on Freedom of Association identifies other services directly related to this as essential services, and where the German Constitutional Court ruled that school teachers with the status of public officials cannot strike because their public function is above the right of association and defense of their economic interests, and he mentions the Constitutional Chamber judgment number 2020-834 in a similar vein, so the legislator's decision to include public education services as a public service of transcendental importance and regulate the applicable legal regime is reasonable. He explains that in judgment 2020-20596, the Chamber determined, among other things, that the decision on the minimum plan for transcendental and education services, in the absence of agreement between the parties, or on the on-site inspection, are typical functions of judges. He also states that in the same judgment, the Chamber ruled on the duration periods of strikes in this special type of service, and that the so-called "political strike" is not protected by the principles of freedom of association and, therefore, is excluded from the scope of international protection within the ILO, remaining at the discretion of each country to allow, regulate, or prohibit them, according to the exercise of the legislator's free normative configuration. Regarding the supposed lack of definition of the "political strike" concept, he recalls that legal norms describe facts and realities to which legal consequences are assigned, the provision of which is sometimes, by the will of the legislator or due to the impossibility of doing otherwise, not fully precise, but abstract, using concepts endowed with a certain indeterminacy for this, and this is what occurs with the "political strike" concept, which must be treated as a legally indeterminate concept, which must be given concrete content in each case through the application to its specific circumstances of the objective and subjective factors that are congruent with its generic statement, through explanation and application. He adds that certain legal concepts do not respond to deficient legislative technique, because they are actually intentionally abandoned because the "intrinsic indeterminacy" of their content does not admit rigorous quantification or determination, and requires a factor of adaptation of the law to changing circumstances and eras. He mentions that this aspect was also addressed in this Chamber's judgment, number 2019-20596, as also in the same judgment, the Chamber ruled that the 48-hour period provided in article 371 for a strike whose purpose is to protest against public policies that directly affect the economic and social interests of workers is not unconstitutional, and that the prohibition is constitutional if it is interpreted that it is possible to carry out a new strike when there is a change in circumstances, referencing the logic set out on a similar aspect regarding article 378 of the Labor Code. He considers that there are no elements that warrant a reconsideration of the criterion, nor reasons of public interest that justify reconsidering the matter, especially since the claimant also does not substantiate or develop any additional technical, precise, and solidly supported argumentation. Regarding article 379, paragraphs 2 and 4 of the Labor Code, concerning the termination of contracts, non-payment or deduction in non-essential services, the firmness of the judicial order provided in article 375 bis of the same code, the employer's authorization to make payments in installments, all of which the claimant considers are aspects detrimental to workers that violate the principle of progressivity in labor rights and freedom of association, or that giving the employer the possibility of not paying wages during the duration of the strike empties the right of its content, the Attorney General's Office notes that in these aspects the legislator enjoys freedom of configuration to establish the applicable legal regime, and with the entry into force of the labor procedural reform, the strike is conceptualized as a concerted and peaceful suspension of work, and that this article 379 provides for the express suspension of the contracts of workers who are striking, the lack of payment of wages is reasonable as a natural consequence of said contractual or benefit suspension, not as a sanction, as long as the strike is not definitively classified, in which case everything will depend on whether it is still maintained and whether it was declared illegal or legal. He clarifies that it is not true that article 379 authorizes employers to make wage payments in installments, but rather it states that those wages unduly paid to workers may be reimbursed to the employer in installments, and the employer is even empowered, if it is more convenient for the public interest, to agree by reasoned resolution to the total or partial replacement of the time not worked in compensation proportional to that payment made, without a violation due to unreasonableness or regressivity being inferred. He cites what was decided on this article by the Chamber in the already indicated judgment 2019-20596. He adds that regarding the second aspect, related to the provision contained in article 386 of the Labor Code, of generalized non-compliance with individual labor contracts, which would be being replaced by the more restrictive concept of "serious non-compliance" attributable to the employer, he explains that in the same judgment 2019-20596, it was indicated that article 379, insofar as it recognizes the payment of wages corresponding to the days of a strike declared legal only "for serious non-compliances with the employment contract," is in accordance with the Law of the Constitution to the extent that it does not exclude the other cases established in article 386 of the Labor Code. Concerning the alleged violation of the principle of non-regression of labor rights, contained in the same article 379, in the same judgment 2019-20596 it was also decided that there is no vice of constitutionality. The Attorney General's Office emphasizes that there are no elements of conviction that warrant a reconsideration of the expressed criterion, nor reasons of public interest that justify reconsidering the matter, especially since the claimant also does not substantiate or develop any additional argumentation. Regarding article 349, subsection d) of the Labor Code, which obliges union organizations to designate an electronic means for receiving notifications in strike qualification proceedings and for the purposes of the procedure of article 375 of the same code, which the claimant considers an extreme, irrational, and discriminatory measure compared to any other administrative or judicial process in which the initial notification must be made personally, or at the registered office or dwelling house, the Attorney General's Office notes that, as has been indicated in administrative and constitutional jurisprudence, it is the legislator who is responsible for the design of the different jurisdictional processes and the determination of the special rules that must be applied, and has no limit other than the principles of reasonableness and proportionality. He affirms that this challenge was also addressed by this Chamber through judgment 2019-20596, without finding a vice of unconstitutionality in this norm, and that there are no other elements of conviction that warrant a reconsideration of the criterion. Regarding article 661, paragraph 2, and article 661 bis, both of the Labor Code, concerning the obligation imposed on the heads of public institutions to request the strike qualification within twenty-four hours from the suspension of work, under penalty of personal responsibility, and the possibility of lifting the strike after eight days from the firmness of the declaration, which, in the claimant's opinion, constitute a denaturing of the strike as a means of pressure and are arbitrary because they make negotiation and resolution of the conflict impossible, the Attorney General's Office notes that such an obligation to request the strike declaration is in accordance with the public service duty regarding the proper functioning of public services. He recalls that according to what was provided by the original constituent power, the right to strike is susceptible to limitations in public services, according to the determination made in law, so that obligation is logical and appropriate, and seeks to ensure the right to the proper functioning of essential public services prevail and to guarantee their effective provision. Therefore, the possibility for the employer to request the suspension of the movement in the case of strikes in non-essential public services after eight calendar days have elapsed from the firmness of the declaration of legality without a solution to the conflict, when damages of difficult or impossible reparation to the citizenry are proven, is not illegitimate either. For these reasons, the alleged defects are inadmissible. Regarding article 377, subsection c), article 663, and article 371 of the Labor Code, on the strike notice or advance notice as a procedural requirement, the twenty-four-hour period to answer the strike qualification lawsuit, which the claimant deems irrational because they have no valid justification, except to dismantle a strike movement as soon as possible, and thereby emptying union action, the Attorney General's Office reiterates that it is the legislator who is responsible for the design of jurisdictional processes and the determination of the special rules that must be applied, and Article 61 of the Constitution delegated to the legislator the determination of the strike regime in public services. He adds that the scant substantiation prevents determining whether there is undue interference in union action because external requirements to the union are imposed, and that they correspond to a formality to allow the judicial proceedings for classifying strike movements to proceed. He emphasizes that it is a procedural scheme whose purpose is to contribute to the efficiency and agility of the process and the State's urgency to verify legality. He explains that the short deadlines are not exclusive to the unions, because they also exist for the employer entity and for the judges themselves who process and resolve; they are reasonable deadlines in accordance with the current procedural provisions introduced by the labor procedural reform. He adds that, in any case, the established deadlines are consistent with the limited evidentiary activity that the party must deploy in its defense, formally referring to the legal requirements necessary for the strike qualification and the facts related to them, such as the certification of the result of the union assembly, voting records, etc., which are directly produced by the union party –Art. 664 Ibid.- Without disregarding that, because the notification to the union is carried out by electronic means, in accordance with the provisions of article 38 of the Law on Judicial Notifications, the party is considered notified on the business day following the transmission. In any case, the period begins to run from the business day following notification to all parties. For this reason, the alleged defects are also inadmissible. Regarding article 378, paragraph 2 of the Labor Code, to the extent that the prohibition on striking violates the principle of democratic participation and limits union action, the Attorney General's Office notes that in judgment 2019-20596 the Chamber already ruled on the constitutionality of the measure, provided that it is interpreted that it is possible to carry out a new strike when there is a change in circumstances. The Attorney General's Office considers that this action must be declared without merit.
11.- By a resolution of the Presidency of this Chamber, at eleven hours thirty-two minutes on May 25, 2021, it is resolved to prevent "the petitioners Marvin Atencio Delgado, Francisco Eiter Cruz Marchena, and Marco Antonio Sánchez Rodríguez that, within the third day, counted from the day following the notification of this resolution and under warning of denying the requested coadjuvancy in case of non-compliance, they must provide the certification that accredits them as legal representatives of the Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), Unión Nacional de Empleados del Instituto de Desarrollo Rural (UNEIDER), and the Sindicato de Profesionales del INDER (SIPROINDER), respectively. Likewise, given that the certification provided to this case file for the Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contabilidad Finanzas y Afines del Poder Judicial (ASPROTECO), was issued on October 25, 2019, in which it is indicated that the expiration of the president's appointment was December 31, 2019, Carlos Mauricio Valerio Araya must, within the same period and under the above-mentioned warnings, provide an updated certification that accredits the representation he indicates he maintains to date of that union." 12.- By filings added to the case file on May 27 and 28, 2021, SIPROCIMECA, UNEINDER, SIPROINDER, and ASPROTECO comply with the prevention made.
13.- By a resolution of the Presidency of this Chamber, at fifteen hours twenty-eight minutes on June 1, 2021, it is resolved that: "In view of the filings presented at the Secretariat of this Chamber on April 28, May 13, 14, 18, 19, and 21, all of 2021, through which Enrique Egloff Gerli, with identification number 1-0399-0262, in his capacity as president of the Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, Rigoberto Vega Arias, with identification number 1- 0801-0938, in his capacity as vice president of the Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, José Álvaro Jenkins Rodríguez, with identification number 2-367- 674, in his capacity as president of the Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Esteban Acón Rojas, identification number 1-1037-982, in his capacity as general attorney-in-fact without limit of sum of the Asociación Cámara Costarricense de la Construcción, Rubén Acón Toy, identification number 1-434-982, in his capacity as president with sufficient powers to represent the Asociación Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, Rodolfo Molina Cruz, with identification number 1-472-259, in his capacity as president of the Asociación Cámara Textil Costarricense (CATECO), Miguel Schyfer Lepar, with identification number 1-399-1427, in his capacity as president of the Asociación Nacional de Exportadores de la Industrial Textil (ANEIT), José Daniel Gomez Pérez, with residence identification number 172400342126, in his capacity as vice president of the Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM), Jorge Arturo Osborne Escalante, with identification number 1-417-1413, in his capacity as president and judicial representative of the Asociación Cámara Nacional de Bananeros (CANABA), Adriana Álvarez Meza, with identification number 1-1068-681, in her capacity as vice president and judicial representative acting in the absence of the president of the Asociación de Productores de Banano (APROBAN), Andrés Quintana Cavallini, with identification number 1-662-021, in his capacity as president of the Asociación Cámara Nacional de Radiodifusión request to be considered passive coadjuvants in this action, and Marvin Atencio Delgado, with identification number 6-178-481, in his capacity as General Secretary of the Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), Mario Alberto Mena Ayales, with identification number 1-525-362, in his personal capacity and as President of the Sindicato Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), Jorge Luis Morales García, with identification number 2-399-222, in his personal capacity and as general secretary of the Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), Jeffrey Vogt, in his capacity as director of the Red Internacional de Abogados Laborales de Trabajadores ILAW NETWORK, Oscar Gerardo Cruz Morales, with identification number 2-406-247, in his capacity as legal representative of the Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), Édgar Cubero Castro, with identification number 4-134-301, in his capacity as General Secretary of the Asociación de funcionarios de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y Superintendencia de Telecomunicaciones (AFAS), Sergio Dávila Chaves, identification number 1-562-0642, in his capacity as legal representative of the Unión de Trabajadores de la Música, Artistas y Afines (UTM), Percy Marín Méndez, with identification number 1-621-365, in his capacity as president of the Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción (SIPROCNP), Laura Vargas Guzmán, with identification number 1-1253-0107, in her capacity as president of the Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), Francisco Eiter Cruz Marchena, with identification number 7-094-0897, in his capacity as legal representative of the Unión Nacional de Empleados del Instituto de Desarrollo Rural (UNEINDER), Didier Leitón Valverde, with identification number 7-088-277, in his capacity as General Secretary of the Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícola (SITRAP), Rui Steven López González, with identification number 1-836-853, in his capacity as general secretary of the Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE), Marco Antonio Sánchez Rodríguez, with identification number 1-643- 072, in his capacity as representative of the Sindicato de Profesionales del INDER (SIPROINDER), Carlos Alberto Gómez Ramos, with identification number 1-536-740, in his capacity as representative of the Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS), Carlos Ugalde Córdoba, with identification number 1-1130-088, in his capacity as representative of the Unión Nacional de Trabajadores Públicos y Privados (UNTRAPP), Jorge Eduardo Cartín Elizondo, with identification number 2-0541-0370, in his capacity as general attorney-in-fact of the Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD), Andrea González Céspedes, with identification number 4-170-784, in her capacity as General Secretary of the Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU), Carlos Mauricio Valerio Araya, with identification number 1-0903-0553, in his capacity as president of the Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contabilidad Finanzas y Afines del Poder Judicial (ASPROTECOFI), and Rodrigo López García, with identification number 1-0720-0455, in his capacity as General Secretary of the Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (A.N.P.E.), request to be considered active coadjuvants in this action; it is resolved: Article 83 of the Law of Constitutional Jurisdiction indicates that within the fifteen days following the first publication of the notice referred to in the second paragraph of article 81, the parties that appear in the matters pending at the date of the filing of the action, or those with a legitimate interest, may appear within it, in order to coadyuvate in the allegations that could justify its admissibility or inadmissibility, or to expand, where appropriate, the grounds for unconstitutionality in relation to the matter that concerns them.
In the specific case, with the exception of the representative of the National Association of Nursing Professionals (Asociación Nacional de profesionales en Enfermería, A.N.P.E.), the petitioners appeared on April 28, May 13, 14, 18, and 19, 2021, and request that they be considered as coadjuvants, because they consider that they have a legitimate interest in defending the rights of the members they represent. Consequently, and given that the first publication of the notice occurred on April 27, 2021, the appropriate course is to consider them as coadjuvants in this matter, except for the National Association of Nursing Professionals (Asociación Nacional de profesionales en Enfermería, A.N.P.E.), because it filed its petition on May 21 of last year, in an untimely manner. (…)”. Likewise, the hearing granted to the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) is deemed answered, the hearing granted to the Presidency of the Legislative Assembly is deemed not answered, and this action is assigned to the office of the investigating magistrate, for its consideration on the merits.
14.- By a brief added to the case file on August 27, 2021, the plaintiff provides a copy of the Advisory Opinion issued by the Inter-American Court of Human Rights, number OC-27/21, refers to its content and to the nature of advisory opinions in the inter-American system.
15.- Through briefs added to the case file on June 23 and 26, 2023, the plaintiff and Mr. Jorge Cartín Elizondo, in his capacity as General Secretary of SITRAJUD, request a resolution of this action.
16.- By a brief added to the case file on April 4, 2024, Ana Gabriela Bolaños Arias, in her capacity as General Judicial Representative of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social), refers to the scope of the case-management resolution and requests a special pronouncement.
17.- Through a brief added to the case file on April 8, 2024, Karen Carvajal Loaiza, in her capacity as special judicial representative of the plaintiff, provides a legal opinion from the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), number PGR-C-036-2024.
18.- By resolution of the Presidency of this Chamber, at fourteen hours and thirty-four minutes on July 29, 2025, the recusal of Magistrate Cruz Castro is accepted.
19.- Through a drawing of lots conducted by the Presidency of the Supreme Court of Justice, number 13902, on July 29, 2025, substitute Magistrate Alexandra Alvarado Paniagua was appointed to replace Magistrate Cruz Castro.
20.- The oral hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 of the same law, considering this resolution sufficiently grounded in self-evident principles and rules, as well as in the jurisprudence of this Tribunal.
21.- In the processing of the case, the prescriptions of the law have been observed.
Drafted by Magistrate Araya García; and,
Considering
I.- Regarding the formal prerequisites for the admissibility of the acción de inconstitucionalidad. The acción de inconstitucionalidad is a proceeding with specific technical requirements that must be met in order for the Chamber to validly hear the merits of the challenge. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction stipulates the prerequisites for the admissibility of the acción de inconstitucionalidad; among these, it requires the existence of a pending underlying or prior matter to be resolved, whether in judicial proceedings or in the process of exhausting administrative remedies, in which the unconstitutionality has been invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered infringed. In turn, the second and third paragraphs of the same rule exceptionally regulate the circumstances under which the prior matter is not required, that is, when, by the nature of the matter, there is no individual and direct harm, or it concerns the protection of diffuse or collective interests, or when the action is filed directly by the Comptroller General of the Republic, the Attorney General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, and the Ombudsman, within their respective spheres of competence—see, among others, judgments number 2005-1538, 2018-14645, and 2020-14231—. Moreover, it is timely to indicate that there are other technical requirements that must be met, such as the explicit determination of the challenged norms, properly reasoned, with specific reference to the constitutional mandates and principles considered infringed, authentication through legal representation of the brief filing the action, proof of standing conditions—powers of attorney and certifications—as well as a literal certification of the complaint brief, which, if not provided by the plaintiffs, may be requested for compliance by the Presidency of the Chamber.
II.- Regarding the standing of the plaintiff in the case under review, and its relationship with diffuse and collective interests. The plaintiff states that their standing derives from the defense of diffuse and corporate interests. They consider that, since the strike is a fundamental right of workers, and public officials are a more or less determined group, but who are not all united with the plaintiff by a common legal bond, this involves the defense of diffuse interests and not only collective ones. They argue that the entity they represent is a trade union organization, formed for the purpose of defending the socioeconomic interests of its members; however, this goes further, with the organization taking on a political commitment to the constant improvement of democratic mechanisms and social justice in general.
In this regard, it should be noted that, as already mentioned, the assumptions of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction constitute exceptions to the rule contained in the first paragraph of the same article, which must be carefully analyzed in each specific case.
Diffuse interest has been understood as that interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, shared by other persons. Thus, the violation of that right can affect everyone in general or each one in particular, hence any member of society can file the action to protect the right deemed harmed, precisely because it applies to everyone. On this point, the Chamber's reiterated jurisprudence indicates that:
"It has been pointed out that this is a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the preceding Considerando, but which cannot become so broad and generic as to be confused with the right recognized to all members of society to ensure constitutional legality, since the latter—as has been repeatedly stated—is excluded from the current system of constitutional review. It is, therefore, an interest distributed in each of the administered persons, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable for that reason, for the defense, in this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights themselves, and not the particular situation of the subjects who may hold them, that is the key to the distinction and determination of the presence of so-called diffuse interests, as has been manifested in various resolutions such as 03705-93 at fifteen hours on July thirtieth for the right to the environment, number 05753-93 at fourteen hours forty-five on November ninth of that same year for the defense of historical heritage, and number 00980-91 at thirteen thirty on May twenty-fourth, nineteen ninety-one for electoral matters." —see judgment number 360-90, reiterated, among many others, by judgment 2021-11994— From this definition, it is possible to estimate that the diffuse interest is composed of an eminently subjective element, related to its belonging or ownership of the interest, and another objective element, related to the impact of the good on society, which distinguishes it from other legal situations. In relation to the first—the subjective one—it is clear that it is diffused within a non-individualized human group, which co-participates in the enjoyment of the legal good that is the object of the interest, but whose formation does not result from an identifiable set of subjects, nor from a set that is encompassable and with relatively clear contours, as does occur with collective or corporate interest. And from the objective perspective, it must be clarified that not every "diffused" interest acquires the legal category of "diffuse interest," but only those imbued with profound general social relevance and transcendence, whose assessment results from the circumstances of each case—see, among others, judgments numbers 2006-15960, 2014-4904, and 2021-11994—. In this sense, just as it has been said that this interest cannot be so broad and generic as to be confused with the right to ensure constitutional "legality"—legitimacy—which would entail the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Law of Constitutional Jurisdiction, neither can it be so specific as to allow individual claim, for in such a case, standing would derive from that claim—see, among others, judgments numbers 2008-13442, 2009-300, 2009-9201, and 2021-11994—. Thus, without being an exhaustive or taxative list, examples of such interests are the right to a healthy and harmonious environment, the defense of historical heritage, electoral matters, the defense of the right to health, and the oversight of public funds.
For its part, collective interest is represented by those interests that specifically correspond to the interests of a collectivity, which is indeed determined and is regularly under the protection of a specific grouping or corporation—associations, chambers, or unions, for example—and hence, its understanding also as corporate interests, and the symmetrical use made of both considerations—collective or corporate interests—. The jurisprudence on this matter has been consistent; thus, through judgment number 2006-13323, reiterated, among others, by judgment number 2020-13316, the Chamber stated that:
“This Tribunal considers that the action is admissible under the terms provided in the first paragraph (sic) of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since the plaintiffs claim the defense of corporate interests, related to the interests of the members of the associations they represent, these being the Asociación Cámara Nacional de Transportes, the Asociación Cámara Nacional de Transportistas de Servicios Especiales, and the Asociación Nacional de Transportistas de Turismo. Indeed, as this Tribunal has previously recognized (in judgments numbers 6433-98, 7615-98, 0467-99, 1313-99, 1830-99, 2289-99, 2745-99, 6644-99, 7975-99, 0877-2000, 2856-2000, 5565-2000, 6973-2000, 7160-2000, and 2001-9677) corporate interests are those characterized '[…] by the representation and defense of a core of interests belonging to the members of the determined collectivity or common activity, and, insofar as it represents and defends them, the Chamber acts in favor of its associates, the collectivity of merchants. Therefore, we are faced with an interest of that Chamber and, at the same time, of each one of its members, in a non-individualized but individualizable manner, which constitutes a corporate interest or one that concerns that legally organized collectivity, reason for which this action is admissible under the terms of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction.-" (Judgment number 1631-91, of fifteen hours and fifteen minutes on August twenty-first, nineteen ninety-one).
Thus, in these cases, the existence of a pending matter (in administrative or jurisdictional proceedings) is not necessary, as required by the first paragraph of the cited Article 75, to prove the plaintiff's standing, because by the very essence of the matter, it involves the defense of corporate interests. The Chamber considers that it is not legitimate to disregard this type of interest, as doing so would imply disregarding an important function of corporate entities, which have been created according to the guidelines of the law, and in the case of Chambers, professional associations, associations, or trade unions, it would result in denaturing their mediating function with respect to the defense of the interests of their members, a function that has been recognized as essential to these entities by this Tribunal’s own jurisprudence.” A criterion that is complemented and clearly expressed regarding collective or corporate interests, but which also applies to a certain extent to diffuse interests, when in judgment number 2020-12323, the Chamber stated that:
“In the Chamber's opinion, the breadth of the aforementioned approach turns this action, for all practical purposes, into a popular action, in which the concept of collective interest (which for active standing purposes is included in Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction) seeks to be expanded to the extreme of wanting to encompass the entire national collectivity, when the truth is that its correct understanding—examined in multiple prior judgments—is limited to the impugnment of acts or norms that harm the interests of determined groups or corporations as such. In this sense, it is timely to recall that the Chamber has specified that through the expression 'interests that concern the collectivity as a whole,' the legislator intended to refer to the standing held by a corporate entity, when acting through its representatives in defense of the rights and interests of the persons that form its associative base and provided that it concerns the questioning of norms or provisions that affect that core of rights or interests that constitutes the reason for being and the unifying factor of the group. In view of the incidental nature of the action, it is important to emphasize that the hypotheses of the second paragraph of Article 75 of the Law of this jurisdiction do not constitute alternatives, but rather exceptions, to the aforementioned general rule (existence of a prior pending matter to be resolved as the basis for the action), which must be examined individually. In this case, the plaintiff does not claim to be acting in defense of the interests of the members of the organization they represent, and cannot, without more, arrogate the de facto representation of any person or organization.” —emphasis added— Thus, under this understanding, the Chamber must specify that, in the case now under consideration, the action is admissible to the extent that the plaintiff has standing to bring suit only in defense of the corporate interests of its members, and not arising from a diffuse interest as proposed.
From what is alleged by the plaintiff and from the content of the challenged norms, it is evident that these are susceptible to being applied individually and directly in a specific judicial or administrative proceeding, in which, if a party considers those rights affected, they could invoke the unconstitutionality of such provisions and bring an action before this Chamber, for which reason the invocation of diffuse interests is not admissible. That being said, given that the plaintiff, as indicated by the precedents of this Chamber, acts as an intermediary for its represented parties in defense of the rights and interests of the persons that form its associative base, and that the questioning of the norms under review affects the core of rights or interests that constitutes the reason for being and the unifying factor of that trade union group, the existence of a corporate interest is recognized and admitted, which grants the plaintiff standing to appear directly before this Chamber to bring this process, and therefore, its analysis on the merits proceeds.
III.- Regarding the object of this action. The plaintiff requests that the unconstitutionality be declared of Articles 349, subsection d); 371, subsection b); 376, subsections a, b, c, d, h; 377, subsection c); 378, second paragraph; 379, second and fourth paragraphs; 661, second paragraph; 663, subsection b) of the first paragraph; 375 bis; 376 bis, first paragraph; 376 ter, subsections a, b, c, d, e, f, g; 376 quater; 376 quinquies; 661 bis; and 664 bis; all of the Labor Code (Código de Trabajo), as they appear in their current wording resulting from the modifications introduced by the "Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos," Law number 9808, considering them violative of the principles of legality, equality, and due process; of the freedoms of association and assembly; of the right to work and the right to strike; as well as of international norms that recognize these, such as the American Convention on Human Rights, the Protocol of San Salvador, and ILO Conventions numbers 87, 98, and 135.
The questioned norms, according to the order in which they were challenged by the plaintiff, provide:
"Article 349- Trade unions are obligated:
(…)
(…)
Given their essential nature, strikes shall be absolutely prohibited in the following services:
(…)
(…)
Under no circumstances may a strike be repeated for the same reasons as one previously carried out." "Article 379- (…)
In cases of essential services, any corresponding disciplinary sanctions may be executed from the moment the judicial order provided for in Article 375 bis of this Code becomes final.
(…)
If a final judgment declares that the reasons for the strike are attributable to the employer due to serious breaches of the employment contract, the employer must pay the corresponding wages for the days the strike lasted.
(…)" "Article 661- (…)
The heads of public entities are obligated to request the qualification of the strike within twenty-four hours from the suspension of work; otherwise, they will personally incur the various liabilities indicated by law." "Article 663- Once the application for qualification of the strike is filed, the corresponding labor judge shall have a non-extendable period of twenty-four hours to resolve the application. If the application is not in proper form, a request for correction shall be issued within a period of twenty-four hours, under warning of declaring the petition inadmissible. Once the application is received in proper form, the judge shall issue, within a period of twenty-four hours, a resolution with the following content:
(…)
The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) is also granted standing to directly promote the indicated petition.
Within twenty-four hours following receipt of the application indicated in the first paragraph of this article, the judicial authority shall grant a twenty-four-hour hearing period to the counterparties, who shall be notified in accordance with Article 349, in the case of trade unions, or in accordance with Article 377, in the case of temporary worker coalitions.
Once the period referred to in the preceding paragraph has elapsed, the judicial authority shall have twenty-four hours to resolve the filed application. If the application is denied by the Court on the grounds that it is not an essential service, in the same resolution the judge shall order the processing of the case under the strike qualification procedure. If the application is admitted, the judge shall order the workers to return to their duties immediately.
Both the judicial order and the denial of the application may be subject to appeal. The appeal must be filed within a maximum period of two calendar days and will be admitted only with devolutive effect.
In any case, the appeal must be filed before the same Labor Court, which shall forward it to the corresponding superior authority. This latter authority shall convene the parties to an oral hearing within the next forty-eight hours, for them to express the corresponding grievances, and shall issue the final resolution, orally, upon the conclusion of the proceeding.
Under no circumstances may the time periods established in this rule be extended." "Article 376 bis- For the qualification of an essential public service, it is irrelevant whether it is provided by public or private institutions, entities, or persons, whether physical or legal entities. (…)" "Article 376 ter- Services of transcendental importance are those that, due to their strategic nature for the socioeconomic development of the country, their stoppage or suspension entails a significant harm to the living conditions of all or part of the population.
Notwithstanding the services reserved in Article 376, the following shall be classified as services of transcendental importance:
The determination of minimum services shall be defined by agreement of the parties, based on technical criteria, considering the personal and territorial extent of the strike, its duration, modality of execution, the nature of the service, and any other relevant factor, in accordance with the criteria of necessity, reasonableness, and proportionality.
This agreement must be formalized in a document that the parties must deposit prior to the suspension of work with the Department of Labor Relations of the Ministry of Labor and Social Security, for its custody.
In the absence of agreement on the determination of minimum services, either party may request the labor judge to define the minimum service plan. This determination shall be made by the judge within a peremptory period of three days, after granting a hearing to the opposing party. Said resolution is appealable before the Labor Tribunal within the next twenty-four hours. The Tribunal shall resolve the appeal within a maximum period of three days.
Once the minimum services scheme is defined, the employer shall determine the workers who must perform the respective duties.
The determination of the minimum services plan or scheme and the performance of duties in accordance with it does not prejudge the legality or illegality of the strike ultimately carried out." Nonetheless, failure to provide the established minimum services shall by itself render the strike movement illegal.
Unjustified abandonment or neglect in the performance of duties, by the employees designated for the minimum provision of services under this article or the services under Article 376 quinquies, shall be deemed a serious breach of the employment relationship.
The maximum duration of a strike in services of transcendental importance is ten calendar days; if by this deadline no agreement to resolve the conflict exists, the procedure established in Article 707 of this Code must be followed.” “Article 376 quinquies- Public education services are of a strategic nature for the nation, and therefore strikes in these services shall be subject to the regulations set forth in this article.
Throughout the entire duration of the strike, the personnel necessary to keep each educational center open and in basic conditions of cleanliness and security must be maintained. In the case of special education, adequate care and assistance must be ensured in consideration of the disability status of the individuals.
The plan for the provision of basic services of cleanliness, security, the services required in special education, as well as the official who will be responsible during the strike for the coordination, supervision, and oversight of each educational center, shall be defined in advance by general agreement of the parties, which shall be based on technical criteria and formalized in a document that they must deposit with the Department of Labor Relations of the Ministry of Labor and Social Security, for its safekeeping.
If no agreement exists on setting the plan for the provision of said services, either party may request the Labor Court to establish it, providing the corresponding information and technical criteria. The court shall make this determination within a peremptory period of three days, after a hearing with the opposing party. Said resolution shall be subject to appeal before the Labor Tribunal within the following twenty-four hours. The tribunal shall resolve the appeal within a maximum period of three days.
Pursuant to the general agreement between the parties or, failing that, the judicial resolution, the director of the educational center, together with the supervisor of the corresponding school circuit or, failing that, with the regional director, shall be responsible for specifying the persons who will provide the services. Additionally, the official who has been designated for the supervision and oversight duties of the educational center may coordinate with the Education and/or Administrative Board so that it assists in all functions legally assigned to it.
A strike in education services may be exercised for a period of up to twenty-one consecutive calendar days or ten discontinuous calendar days; once these periods have expired, the workers must return to their duties and, if no agreement exists between the parties, they must resolve their disputes in accordance with the conflict resolution procedures indicated in Article 707.” “Article 661 bis- Once the legality of a strike in non-essential public services has been declared and eight calendar days have elapsed from the finality of said declaration without the parties having reached a solution to the conflict, or at least an agreement to call it off while negotiations continue, the employer may request the judge to suspend the strike, when it provides reliable proof that it is causing serious, difficult, or impossible to repair harm to the citizenry.
Once the petition is filed, the judge shall grant a hearing to the opposing party within a maximum period of forty-eight hours, a period in which they must submit their arguments. Having received the parties' arguments, the judge shall resolve the request within a maximum period of twenty-four hours.
An appeal may be lodged against the outcome, which shall be processed in accordance with the provisions of Article 668 of this Code.
If the suspension of the strike is granted, mandatory arbitration shall proceed.” “Article 664 bis- In services of transcendental importance, as well as in the case of Article 376 quinquies, the verification, through an ocular inspection conducted by the labor judge, of non-compliance with the minimum services plan agreed upon by the parties or determined by the labor judge, shall by itself render the movement illegal.” From the relationship of the articles challenged in this action, it is evident with crystal clarity that, despite dealing with a large number of norms, several of them are related around common themes, which is why it is appropriate to clarify that the constitutional assessment carried out below is conducted in some cases specifically on a particular article following the order in which they were challenged by the petitioner, while in others, considering that evident relationship, the constitutional assessment is conducted jointly. The constitutionality review carried out in this ruling in said manner begins with the assessment of the allegation of unconstitutionality regarding a norm for which, although it is identified as challenged, all argument regarding its presumed constitutional nonconformity is omitted, to then proceed to the substantive constitutionality comparison of the norms challenged in this action.
IV.- On the alleged unconstitutionality of Article 376 bis of the Labor Code. The action of unconstitutionality is a process established for the purpose of guaranteeing the supremacy of the Political Constitution over norms or other provisions of a general nature. By virtue of this and by express will of the legislator, it is of a highly technical nature, and therefore, for its admissibility, certain requirements established by law must be strictly met. Among the requirements demanded are an adequate substantiation of the grounds of unconstitutionality with specific citation of the Constitutional Law considered infringed, the signature of the person filing the action duly authenticated by a legal professional, accreditation of standing conditions -powers of attorney and certifications-, and the literal certification of the writ where the unconstitutionality plea was reserved in the prior matter -see Articles 78 and 79 of the Constitutional Jurisdiction Law. Despite this, it is verified that in the specific case of Article 376 bis of the Labor Code, even though the petitioner mentions it as a challenged norm -as indicated at the beginning and end of the filing brief for this action-, the truth is that they omit in all the reasoning of their brief to state the grounds of unconstitutionality attributed to that provision.
Regarding this duty of the petitioner to substantiate and clearly and directly establish the arguments and the impact on constitutional norms and principles, the jurisprudence of this Chamber is profuse and emphatic, so much so that it even constitutes a parameter of admissibility for an action of unconstitutionality, following the provisions of Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Law. Thus, among many others, in Judgment number 2023-2386, this Chamber stated:
“II.- ON THE NECESSARY SUBSTANTIATION OF THE BRIEF FILING THE ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. As indicated, the action of unconstitutionality is a process with certain formalities which, if not met, prevent this Chamber from hearing the challenge intended. One of these requirements corresponds to the necessary substantiation of the brief filing the action of unconstitutionality. The Constitutional Jurisdiction Law, in its Article 3, provides that 'The Political Constitution shall be deemed infringed when this results from the comparison of the text of the challenged norm or act, its effects, or its interpretation or application by public authorities, with the constitutional norms and principles'. Now, for this Tribunal to deem the infringement established and be able to declare the unconstitutionality of the challenged norm or act, with the consequent annulment and expulsion from the legal system, whoever promotes an action of unconstitutionality has the burden of demonstrating how that provision infringes Constitutional Law and, furthermore, must indicate why the claim should be upheld. This is termed by this Chamber as the burden of argumentation, meaning, 'that a norm which is facially [sic] contrary to the Constitution shifts the burden of argumentation to those who maintain that in reality there is no conflict between that norm and the Political Constitution; the opposite occurs if action is taken against a norm that upon first examination does not appear contrary to the Constitution, in which case the petitioner is the one who must advance the arguments that convince regarding the unconstitutionality' (see Judgment No. 0184-95 of 4:30 p.m. on January 10, 1995). In a subsequent judgment, this Chamber stated, regarding the lack of exposition of unconstitutionality arguments in matters of actions of unconstitutionality, the following:
'The action of unconstitutionality is filed with the argument that the challenged Executive Decree is harmful, injures, and infringes the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, the right to health, and the international commitments signed with the Kyoto Protocol. Despite the opportunity granted to the petitioners, it is confirmed as the Office of the Attorney General of the Republic indicates, that there is no specific analysis of the provisions of the challenged Executive Decree considered unconstitutional, but rather that it limits itself to establishing discrepancies in a generic and abstract manner against the entirety of the Regulation, moreover against all activities carried out by Sugar Mills and Plantations, as they maintain they cause inconveniences in the quality of life and health of neighboring inhabitants, without specifying which constitutionality arguments must be taken into account against each of the provisions or groups of norms of the challenged Regulation. […] The first paragraph of Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes the obligation to authenticate the briefs filing actions of unconstitutionality, since it is deemed necessary that there be arguments put forward by a legal professional, which this Tribunal does not rule out responds to a serious study of the technical and scientific background of a specific subject matter, given the diversity and universality of the norms of the legal system. Unlike guarantee processes, that is, habeas corpus and amparo remedies, which can be filed directly by any interested party before the constitutional jurisdiction in defense of their fundamental rights, generally against acts or omissions that harm them in their private sphere (though not always, as in environmental cases), in proceedings for the defense of the Political Constitution (such as the action of unconstitutionality), the legislator entrusted the authenticating attorney with a task whose requirement is even greater, if one wishes, more elaborate and exhaustive, which must be reflected in the filing brief by reason of their professional office, to demonstrate to the Tribunal the violation of the constitutional norm by a norm of lower rank, undermining the principle of constitutional supremacy contained in Article 10 of the Political Constitution. Precisely, the material and formal drafting of the Law, as well as other secondary provisions, involve an extremely costly process for the State, in which organized civil society has participated in many ways for or against its drafting, and whose formation, approval, and promulgation procedures must not be analyzed lightly. In this sense, this Chamber must recognize that there is limited space for this Tribunal to remedy manifest absences of the legal professionals who authenticate briefs in this constitutional jurisdiction, without compromising the impartiality and analysis owed to each of the actions of unconstitutionality.' (Judgment No. 2012-05285 of 3:03 p.m. on April 25, 2012).
The cited Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Law requires, in this sense, that the brief filing the action must set forth 'its grounds in a clear and precise manner'. In Judgment No. 2013-016944 of 2:30 p.m. on December 18, 2013, this Chamber made express reference to the requirement of due substantiation of the filing brief –as an essential requirement for the admissibility of the action, under the provisions of the mentioned article– in the following terms:
'II.- INADMISSIBILITY DUE TO LACK OF SUBSTANTIATION. In accordance with Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Law, the brief filing the action of unconstitutionality must set forth the grounds in a clear and precise manner, with specific citation of the norms or principles considered infringed. This requirement does not translate into a mere formality, but into an essential admissibility requirement, because by virtue of the pro judgment principle –developed on other occasions by this Chamber– according to which, admissibility requirements must be interpreted favorably to the action, furthermore, Constitutional Law is of preferential public order and in guarantee of its supremacy and validity there is a public interest by virtue of which obstacles to the admission and resolution on the merits of an action must be interpreted and applied restrictively. Thus, all procedural norms must be interpreted and applied in such a way that the issuance of the judgment is obtained; the foregoing, not only facilitates the administration of justice, but also avoids imposing obstacles to not achieving it (see in the same sense, Judgments numbers 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08, and 2887-08). Consequently, the lack of substantiation of the action prevents the issuance of a duly reasoned judgment congruent with what is sought. Likewise, it is improper for this Chamber to rule on the merits of norms challenged in an action, when the petitioner does not substantiate the reasons for the challenge, since this would imply conducting an abstract constitutional review as an academic exercise, which is not compatible with the purpose of a proceeding of this nature.' Finally, more recently, in Vote No. 2020-000319 of 12:15 p.m. on January 8, 2020, this Tribunal reiterated that:
'(…) given the formalism legally established for constitutional review processes, the argumentative burden in the processing of an action of unconstitutionality falls on the petitioner, who must explain, without ambiguity, the existing contradiction between an infra-constitutional regulation and the constitutionality block, as well as the standing that supports them.' III.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. In the sub judice, it can be verified that the brief filing this action lacks due substantiation. (…) Secondly, regarding their substantive objections, although the petitioner refers -generically- that the legislative process for the challenged law infringed 'constitutional order' and that it establishes a tax amount they consider unjust, excessive, and discriminatory, the truth is that there is no precise citation and identification of the specific components of the constitutionality block considered infringed –that is, the specific norms, values, or principles of Constitutional Law that are considered violated–, nor -consequently- is any further development provided regarding the content and scope of such components, in order to be able to contrast them with the challenged regulation. In short, there is no precise, sufficient, and duly detailed argumentation on the grievances and grounds of the alleged infringement of Constitutional Law. Furthermore, although the petitioner could be warned to correct the fulfillment of the already mentioned requirements, in the specific case, such procedure is considered otiose, not only because it implies drafting the action again, but also because Article 9, paragraph 1, of the Constitutional Jurisdiction Law empowers this Chamber to reject outright any petition 'manifestly improper or unfounded', as occurs in the case.' -emphasis added- Thus, the mere reference to the challenged article, or to the norms or principles considered infringed, is insufficient; rather, adequate argumentation must be provided to determine that those norms or principles are certainly contravened by the regulation one intends to challenge. The mere reference to doctrinal criteria -or even less so, to historical reference- to attempt to demonstrate a constitutional contrast is equally insufficient to consider an action of unconstitutionality duly supported.
Hence, given the complete omission of any argument related to Article 376 bis of the Labor Code, and given the procedural stage of this action, this Chamber deems it appropriate to dismiss the action on this point, for lacking any argumentation of unconstitutionality.
V.- On the alleged unconstitutionality of Article 349, subsection d) of the Labor Code. Article 349, subsection d) of the Labor Code provides:
“Article 349- Unions are obligated to:
(…)
“[I]t is understood that the doubt of constitutionality comes from the innovation established by the legislator in establishing the obligation to indicate an electronic means for receiving notifications, which they consider an exclusive and discriminatory measure against unions. They state that it violates union freedom and the right to organize (Convention 87, of the ILO). They consider that establishing the initial notification in person is a guarantee of the right to defense and due process, and that establishing this type of electronic notification is a clear interference in administrative organization. The first thing this Chamber must establish, as has been established in other cases, is that the legislator, in use of the principle of configuration of procedural norms and administrative proceedings, can technically structure them in the form and manner they deem correct. In this sense, the legislator can design processes in such a way that allows their logical and concatenated development of procedures, limited only by the fundamental rights contained in Constitutional Law (…) it does not allow inferring how it is considered an interference in the aspect of the administrative organization of the Union, if what it provides is an external requirement to the union, as part of the fulfillment of an obligation established in subsection d), of Article 349, of the Labor Code, and a procedural requirement to process the qualification proceedings for strike movements contained in the Labor Code. Unions, in principle, must move and accommodate themselves to the legality of their actions.
In reality, this Chamber considers that the requirement responds to a formality, a scheme of requirements to consider the judicial process established, following the rupture of labor and social peace. In this sense, the strike movement often overflows the worker-employer relationship, and depending on its importance, permeates society in general with serious social and economic implications. In this sense, the provision is updated for a digital era within the legislator's free configuration regarding certain urgent jurisdictional actions of an economic and social nature, avoiding dilatory practices that can occur in personal notifications and are contrary to procedural good faith. Additionally, it is a procedural scheme whose purpose is to contribute to the efficiency of the process, as well as the State's urgency in controlling the legality of a pressure mechanism by workers that exerts an impact not only between the conflicting parties, but beyond them. Hence, what is necessary is the guarantee that in the implementation of this type of means for carrying out notifications, for the parties to the litigation it is necessary that they are secure and effective at the indicated electronic means, as well as guaranteeing receipt of the notification of proceedings, as a means to ensure correct procedural progress, and the adequate exercise of the right to defense and due process. On the other hand, it is not an exclusive obligation directed only at unions; on the contrary, they are obligations that have been established in different regulatory bodies such as paragraph 1, of Articles 134 and 137, of the Code of Tax Norms and Procedures…” Thus, this Chamber ruled to the effect that the norm challenged on the same argument raised here is far from being unconstitutional, since the obligation to indicate an email for notification falls within the powers granted to the legislator regarding the configuration of processes, and is in line with the digital era, without this implying in any way intervention in activities specific to the union organization; likewise, based on that definition, every other related allegation must be dismissed, as the configuration of the process and the definition of these procedural aspects are the legislator's own competence under the stated terms. Thus, finding no reason whatsoever to change the expressed criterion, the corresponding action is to dismiss the action on this point.
VI.- On the alleged unconstitutionality of Article 371, subsection b) of the Labor Code. The challenged norm provides:
“Article 371- A legal strike is a right consisting of the concerted and peaceful suspension of work, in a company, institution, establishment, or workplace, agreed upon and executed by a plurality of at least three workers, representing more than half of the votes cast pursuant to Article 381, by the employees involved in a collective labor dispute, for the following:
(…)
Strikes that are political or those that have no direct connection with the employment relationship or labor breaches attributable to the employer shall be illegal.” Regarding Article 371, although the petitioner indicates they challenge subsection b), what they are actually challenging is the paragraph following said subsection, as they expressly state they specifically challenge the phrase stating “Strikes that are political or those that have no direct connection with the employment relationship or labor breaches attributable to the employer shall be illegal.” In this sense, this Chamber understands that what the petitioner properly challenges is said paragraph, basing the presumed constitutional nonconformity on two grounds: a) on one hand, they attribute a manifest violation of the principle of legality; and, b) on the other, they argue that it is an unnecessary, unsuitable, disproportionate, and unreasonable restriction on union freedom. They indicate that a prohibition is made on so-called “political strikes”, without offering a definition of what should be understood by them, and that by limiting the right to strike in certain types of disputes and the temporal limitation made by the legislator regarding strikes against public policies, the field of action of union organizations is being interfered with, by imposing how, when, and for how long they can exercise a fundamental right, in defense of their rights and interests, which contravenes ILO Convention 87, in its Article 3, which provides that workers, through the organizations created under its protection, have the right to organize their administration and activities, as well as to formulate their program of action. They note that there is a temporal limitation, reducing the economic and social rights and interests of workers that are defined within the framework of a formal legal relationship with an employer, ignoring that the defense of such rights and interests is broad, beginning in labor scenarios, but transcending them. They state that a restriction on the purpose of a strike of this nature does not seem to respond to a legitimate aim. The disturbance and inconvenience of a strike are inherent characteristics of it. They consider it unconstitutional and contrary to a Social Rule of Law State to temporarily limit the exercise of a strike, since the right to strike is emptied of content, reducing it to a mere possibility of an express demonstration, without the possibility of generating pressure to defend economic and social rights and interests, which is not a real opposition to the possible implementation of a public policy that is regressive or contrary to the interests of the citizenry.
Regarding these points, in the aforementioned Resolution 2019-20596, this Chamber, unanimously, ruled to the effect that such provision does not contravene the Political Constitution either, establishing in this regard that:
“2.- On Article 371, for violation of various constitutional grounds. (…)
They consult on the provision in paragraph 3, which states:
'Strikes that are political of any kind or those that have no direct connection with the employment relationship or labor breaches attributable to the employer shall be illegal.' It is argued that this is a totally unjustified limitation.
In accordance with the wording, a first objection regarding violation of the principle of legality is because the lack of definition of 'political' strike violates Articles 11 of the Political Constitution and the General Public Administration Law. They argue that the ideological charge of the moment can color such qualification and be contrary to the principle of certainty and legal security.
The use of overly broad concepts can tend to restrict freedom by authorizing overly general state actions against them; however, it can also be part of the legislator's strategy to allow the Courts of Justice to specify the legal terms in the laws, especially when dealing with behaviors that present great difficulty because they are in legal areas of great absorptive capacity, and must be delimited among human rights, such as the rights to political demonstration (Article 26 of the Constitution), political association (Article 98 of the Constitution), among others. In this sense, when faced with concepts with great absorptive capacity, a detailed description, with exhaustive and precise language, of conducts or omissions could not be demanded, since evidently, political demonstration is constitutionally protected, by the various constitutional safeguards.
The technique used by the legislator is not unconstitutional, insofar as it relies on the legal operator to draw and trace a dividing line between what is established in the consulted article 371 regarding contractual strikes and protests against public policies that affect workers, in which case judges must interpret the concept of political strike restrictively, and human rights broadly, since there will be cases in which public policies have a direct impact on the rights or interests of workers.
So, although the norm does not define what political strikes are, this means that its content can be filled in, judicially, in accordance with the reform to article 371 of the Labor Code. The Chamber takes note that the consulted bill guarantees with this provision that it will permit a strike whose purpose is to protest against public policies, provided they directly affect the economic and social interests of workers. Consequently, the lack of definition of a "political" strike is not contrary to the principle of legality and therefore is not unconstitutional.
Secondly, the doubt remains regarding the illegality of that which has no direct connection to the employment relationship or a labor breach attributable to the employer. This is because they assert that the ILO Committee on Freedom of Association establishes that declaring a protest illegal due to the social and labor consequences of the government's economic policy, and its prohibition, constitutes a serious violation of freedom of association. The aforementioned lack of definition adds that type of restriction to freedom of expression and association, which would be an arbitrary restriction, and the legal certainty of those exercising that right should be recognized. There is a prohibitionist bias, which restricts demonstrations against government decisions that directly attack citizens and workers. In this regard, they assert that there is an impact on freedom of association. The decision on minimum wage amounts does not depend on a specific employment relationship, nor do political decisions that affect quality of life, inflation, the price structure of goods and services, etc. So one could not protest if in the employment relationship there is payment above the legal minimum. They assume the same position regarding other examples, such as tax, environmental, and occupational safety reforms, etc.
For the Chamber, the State is evidently able to establish policies and regulations on fundamental rights, in a need to reconcile the exercise of them, given that they are not absolute, and responsible exercise is required. Article 61 of the Constitution refers to the law, and it is for the legislator to establish this balance, subject, of course, to judicial review when appropriate. It is important to note, furthermore, that a political strike is what in doctrine can be known as an extra-labor strike, which would be in opposition to a labor or contractual strike. The latter would be the strike that has its origin in conflicts of a proper employment relationship, while the former are based not on conflicts of the employment relationship, but on those with political motives or those foreign to the employment bond. In this sense, the strike transcends the employment relationship and directly affects the employer with the aim of transcending into the political and social life of the country. What is sought is the cessation or adoption of governmental measures that favor the interests of a category of workers. In this sense, there are legal systems that regulate these types of strikes, as in the Netherlands, with more or less restrictive measures, and where it is not regulated, the Courts maintain that it can be practiced due to a lack of regulations, as in the Czech Republic, South Africa, Croatia, and the Slovak Republic. In Costa Rica, the legislator is fully recognizing the labor strike and the strike whose purpose is to protest against public policies, opting restrictively for this type of strike, provided it directly affects the economic or social interests of the workers.
The consultants say that things must be seen from their function; they allege that the strike must be approached for the defense of economic and social interests and rights as a social group. The Committee on Freedom of Association extends its coverage not only to internal issues of the employment relationship, but to issues of the socioeconomic and professional interests of workers present in major political, economic, and social issues. But, in the Chamber's opinion, the pressure exerted by this type of strike is on public authorities and their institutions, and it is not unusual for doctrine to recognize the political strike as an abusive form due to the motives, according to French doctrine, often foreign to the specificity of the employment relationship, such that it allows the conclusion that it is not strictly related to the employment relationship. The crux of the matter is to determine if the way in which the legislator addresses this prohibition falls within its area of constitutional powers. The fact that the legislator adopts one form or another to regulate the strike is a function it performs from the perspective of Article 61 of the Constitution, by establishing the exercise of an institute of collective labor law, which must not be mixed with the employment relationship in a strict sense, that is, with the contractual one.
The Chamber considers that, in the case before us, the strike should not be equated with other forms of political manifestation; moreover, the proposed legislation is careful, as it does not establish any prohibition on political manifestation or the right to political association, when it states that the "...regulation of the preceding paragraph shall not affect the right to hold marches, rallies, meetings, or other demonstrations permitted by the legal system that are held during non-working hours, without any restriction on duration." What it does is declare illegal the use of what is known as a strike, for purposes other than those that have no direct connection to the employment relationship or labor breaches attributable to the employer. The legal strike is a form of suspension of employment contracts once the requirements of article 377 have been exhausted, except for prior conciliation. The reform to article 371 of the Labor Code circumscribes the strike to the scenarios that could be classified as typical strike manifestations, union action movements of workers for the defense and promotion of their economic and social interests, as well as the defense in the collective legal conflicts of article 386 of the Code. For all these reasons, it is not considered unconstitutional...".
Thus, it is clear that the Chamber has already ruled that the use of the concept of "political strike" is in itself far from generating the unconstitutionality now alleged by the petitioner, since it is a determinable concept whose content establishes the impossibility of reconciling what is properly and technically a "strike" with other social movements which, although valid within the broad spectrum of political participation within the framework of the democratic principle, it is indeed inappropriate to label them as a strike, and hence the prohibition of a movement so called—"strike"—with the purpose and connotation that it has, lacks the defect of unconstitutionality alleged by the petitioner.
It must be kept in mind that any potential conceptual imprecision that might be observed must also be viewed in accordance with its relationship within the framework of Constitutional Law. As for this aspect, it is also relevant to highlight that the Chamber itself has stated in its jurisprudence the validity of using terms or concepts whose meaning and content enjoy undeniable social acceptance and understanding, and that even where there are precepts that could be seen as generic or even imprecise, they are far from constituting a constitutional violation or impact if they are concepts whose content—as stated—is socially known and accepted, because it is experience that indicates their content; and because it is through jurisdictional application that the concept is fully determined, based on the determination and assessment that the adjudicator makes of the evidentiary material—see judgments of the Constitutional Chamber numbers 2020-10160, 2020-12662, 2022-25343, and 2025-11951.
For these reasons, taking into consideration the Chamber's prior pronouncement on this aspect, outlined in the citation of judgment 2019-20596, the appropriate course is to dismiss the action regarding this point.
VII.- Regarding the alleged unconstitutionality of article 375 bis and article 376, subsections a, b, c, d, and h, of the Labor Code. Articles 375 and 376 of the Labor Code refer to the illegality of strikes in essential services and, particularly the second article, establishes or defines a series of services as essential, such that a strike in them would be, by provision of law, illegal. Hence, it is convenient to address these two articles together. The provisions in question state:
"Article 375 bis- A strike in essential services is manifestly illegal, and therefore does not require the qualification procedure provided for in this Code. In this case, within twenty-four hours following the suspension of work, the employer shall be required to request the Labor Court to issue an order directing the workers to return to work immediately. The request shall be accompanied by the corresponding evidence to prove the essential service status.
The Office of the Attorney General of the Republic shall also have standing to directly promote the indicated proceeding.
Within twenty-four hours following receipt of the request indicated in the first paragraph of this article, the judicial authority shall grant a twenty-four-hour hearing to the counterparties, who shall be notified in accordance with article 349, in the case of unions, or in accordance with article 377, in the case of temporary worker coalitions.
Once the period in the preceding paragraph has elapsed, the judicial authority shall have twenty-four hours to resolve the request filed. If the request is denied by the Court on the grounds that it does not involve an essential service, in the same decision the judge shall order the case to be processed under the strike qualification procedure. If the request is granted, the judge shall order the workers to return to work immediately.
Both the judicial order and the denial of the request may be appealed. This appeal must be filed within a maximum period of two calendar days and shall be admitted only with devolutive effect.
In either case, the appeal must be filed with the same Labor Court, which shall forward it to the corresponding superior court. This latter authority shall summon the parties to an oral hearing within the following forty-eight hours, so that they may express the corresponding grievances, and shall issue the final decision, orally, at the conclusion of the proceeding.
Under no circumstances may the time limits established in this rule be extended." "Article 376- For the purposes of the preceding article, essential public services are understood to be those whose suspension, discontinuity, or stoppage may cause significant damage to the rights to life, health, and public safety.
Due to their essential nature, strikes shall be absolutely prohibited in the following services:
(...)
Regarding the regulation of the right to strike and its limitation concerning so-called essential services, it is important to begin by noting that the Political Constitution recognizes the right to strike in article 61, which expressly provides:
"ARTICLE 61.- The right of employers to lockout and the right of workers to strike is recognized, except in public services, in accordance with the determination of these made by law and pursuant to the regulations it establishes, which must disallow any act of coercion or violence." -emphasis added-.
Thus, the constitutional norm not only recognizes the right to strike as such, but it already defines two determining aspects: that the exercise of such right is not permitted in public services, and that this limitation shall be as provided by law.
Similar considerations are found in the field of International Human Rights Law, in recognizing this right, but at the same time also recognizing that limitations and restrictions inherent to a democratic society may be established by law. In this sense, Article 8 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights states:
"Article 8.- 1. The States Parties to the present Covenant undertake to ensure: (...)
2. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, the police, or the administration of the State. (...)". -the highlighting is not from the original- For its part, properly within the inter-American system, the homologous Article 8 of the Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of economic, social, or cultural rights -Pact of San Salvador-, provides:
"Article 8.- Trade union rights.
1.- The States Parties shall ensure: (...)
2.- The exercise of the rights set forth above may only be subject to the limitations and restrictions provided by law, provided that these are inherent to a democratic society, necessary to safeguard public order, to protect public health or morals, as well as the rights and freedoms of others. Members of the armed forces and the police, as well as those of other essential public services, shall be subject to the limitations and restrictions imposed by law. (...)" -emphases added- Thus, both the constitutional text and the international provisions cited here recognize the possibility of imposing limitations on the exercise of the right to strike, provided they are adopted through laws that respond to the needs inherent to a democratic society, and are related to the protection of health, morals, the safeguarding of public order, and the respect and protection of the rights and freedoms of others.
So, moving to the realm of ordinary national legislation, the issue in question is regulated in articles 375 and 376 of the Labor Code challenged here.
It is understood, then, that the constitutional provision of article 61 is extensively developed in ordinary legislation, in the articles of the Labor Code referred to here, from which it is appreciated with absolute clarity that the right to strike is indeed recognized, but its exercise is limited or prevented regarding public services, as defined by the Constitution, and, within them, especially in essential services, as defined and developed in the ordinary norms cited here.
In this sense, the Labor Code is that law referred to by Article 61 of the Constitution when it indicates the impossibility of exercising the right to strike in the case of public services. Put another way, if Article 61 of the Political Constitution imposes the principle of legal reservation regarding the right to strike in those circumstances, the cited norms of the Labor Code comply with applying and respecting that constitutional mandate to regulate by law the exercise of this right.
It is important to note that the reform introduced by the aforementioned Law 9808, of January 21, 2020, regarding the cited norms of articles 375 and 376 of the Labor Code, does is introduce significant clarifications on essential public services and those of transcendental importance, not only indicating which those services are, but also the other regulations, including those of a procedural nature, that apply in those cases. This is to highlight that the fundamental content of these articles continues to be the same as they had prior to the reform enacted in 2020, and that goes in the direction of developing, within the realm of legality, that constitutional provision of recognizing the right to strike, but not in public services, and even less in public services of an essential nature.
Under this understanding, dealing with the same content and the same essential canonical formulation—except for the specific clarifications now contemplated—it is important to note that the constitutionality of articles 375 and 376 was confirmed by this Chamber since judgment 1317-1998, and its link with the regulation of the right to strike in essential public services was also already considered more recently in judgment 2011-17680, in which, as relevant, it was established that:
"Regarding the prohibition of strikes in essential public services.- The institute of the strike is a direct consequence of the exercise of freedom of association. Precisely, Article 60 of the Political Constitution enshrines unionization as a right of freedom, which empowers those who employ the services of others (employers) and those who provide material, intellectual, or both types of services, by virtue of a work contract (public officials or servants and workers), to form the union organizations they deem appropriate, as well as to join these organizations to preserve and achieve the ends that this same article prescribes as proper to union activity (judgment number 1998-01317 at 10:12 a.m. on February 27, 1998). For its part, article 61 of the Political Constitution, besides the right of employers to lockout, enshrines the right to strike of workers, which, however, is susceptible to limitations in public services, in accordance with the determination of these made by law and pursuant to the regulations it establishes. Such limitation does not encompass all public services. Thus, the conventions and recommendations issued by the International Labor Organization, through the Committee on Freedom of Association and the Committee of Experts, have been outlining the cases in which the strike may be subject to restrictions or even prohibition and compensatory guarantees. In this sense, the ILO has used the term 'essential services' to determine when it is viable to prohibit the strike in public services. In 1983, the ILO Committee of Experts defined essential services as those 'whose interruption could endanger the life, safety, or health of the person in all or part of the population.' This criterion was later adopted by the Committee on Freedom of Association, for which the determining factor is the existence of an evident and imminent threat to the life, safety, or health of all or part of the population (See 1996 Digest, paragraph 540; 320th report, case no. 1989, paragraph 324; 324th report, case no. 2060, paragraph 517; 329th report, case no. 2195, paragraph 737; 332nd report, case no. 2252, paragraph 883; 336th report, case no. 2383, paragraph 766; 338th report, case no. 2326, paragraph 446 and case no. 2329, paragraph 1275.) This concept is not absolute, since a non-essential service can become an essential service when the duration of a strike exceeds a certain period or a certain scope and thereby endangers the life, safety of the person, or the health of all or part of the population. (See 1996 Digest, paragraph 541; 320th report, case no. 1963, paragraph 229; 321st report, case no. 2066, paragraph 340; 330th report, case no. 2212, paragraph 749; 335th report, case no. 2305, paragraph 505 and 338th report, case no. 2373, paragraph 382.) Concretely and as relevant to this case, the Committee on Freedom of Association of the ILO Governing Body considers the hospital sector, among others, as an essential service (see 1996 Digest, paragraph 544; 300th report, case no. 1818, paragraph 366; 306th report, case no. 1882, paragraph 427; 308th report, case no. 1897, paragraph 477; 324th report, case no. 2060, paragraph 517, case no. 2077, paragraph 551; 329th report, case no. 2174, paragraph 795; 330th report, case no. 2166, paragraph 292 and 338th report, case no. 2399, paragraph 1171). The Committee on Freedom of Association has clarified that in essential services some categories of employees, for example laborers and gardeners, should not be deprived of the right to strike. (See 333rd report, case no. 2277, paragraph 274 and 338th report, case no. 2403, paragraph 601), a criterion this Chamber adopts in the sense that in hospital service, the prohibition of the strike affects only those public officials and workers whose suspension of work implies that the user cannot receive the provision of the health service. Now, the concept of prohibiting the strike in essential public services has been incorporated into national legislation. As indicated supra, Article 61 of the Political Constitution recognizes the right of workers to strike, except in public services, in accordance with the determination of these made by law and pursuant to the regulations it establishes. In this sense, articles 375 and 376 of the Labor Code regulate the following:
'ARTICLE 375. - Strikes shall not be permitted in public services. Differences that occur in these between employers and workers, as well as in all other cases in which the strike is prohibited, shall be submitted obligatorily to the knowledge and resolution of the Labor Courts.' 'ARTICLE 376.- For the purposes of the preceding article, public services are understood to be: a. (...)
d. Those performed by workers who are absolutely indispensable to maintain the operation of private enterprises that cannot suspend their services without causing serious or immediate damage to public health or the public economy, such as clinics and hospitals, hygiene, cleaning, and lighting in towns.' Regarding the scope of these articles, in judgment number 1998-01317 at 10:12 a.m. on February 27, 1998, this Court stated that:
'To this effect, the first phrase of article 375 of the Labor Code, which states: "Strikes shall not be permitted in public services. (...)", although it would seem to proscribe the strike in these services, that is, although it would seem to have an absolute prohibitive meaning, the truth is that it must be understood in harmony with the provisions of Article 61 of the Political Constitution, which only limits it for certain cases fixed or determined by law in observance of criteria of necessity, reasonableness, and proportionality, so that it is consistent with the purpose it pursues. This challenged article 375 (formerly 368) also harmonizes with Article 8 of ILO Convention 87 which—as transcribed in Considerando III.—establishes the obligation of trade union organizations to adapt their activity to domestic legislation. In other words, although the strike is a right of all, exercisable in any activity, it is viable for the legislator to determine in which cases the right to strike cannot be exercised, specifically when dealing with activities that constitute "public services" and that due to their nature or the social impact they have, it is not possible to suspend, discontinue, or stop them without causing significant, serious, and immediate damage to certain interests.' In that same judgment, in relation to Article 376 subsection d) of the Labor Code, this Chamber addressed the issue of the exclusion of the right to strike in certain indispensable public services whose suspension compromised the legal interests of health and the public economy. On that occasion, it was considered that the prohibition established at the legal level regarding this type of public service was reasonable, necessary, and proportionate, because the sphere of rights and interests of the recipients or users of said services had to be protected, a criterion that agrees with the opinions expressed by the Committee of Experts and the Committee on Freedom of Association of the ILO. Thus, this Chamber, in the referenced judgment, mentioned the following:
'From the analysis carried out, it is clear that the Constitution defers to the law the enumeration of which public services the exclusion or limitation of the exercise of the right to strike applies. This does not have an absolute prohibitive effect that proscribes the exercise of the right to strike from public services. Consequently, the law must discern in which cases that exercise is not legitimate, taking into account the nature of the service and the effects that the strike would produce on the sphere of rights and interests of the recipients or users of said services. In such a case, it is viable to limit the exercise of the right, which must be done with application of criteria of necessity, reasonableness, and proportionality. The labor legislation, which enumerates in Article 376 (formerly 369) of the Labor Code in which public services the strike is excluded, despite predating the Constitution, which dates from 1949, does not thereby contradict it (...) On the other hand, subsection d) of Article 376 (formerly 369) establishes parameters that allow limiting the exercise of the strike in those services that are considered absolutely indispensable and whose suspension is likely to compromise the legal interests of health and the public economy. Indeed, this section lists or distinguishes services with respect to which the strike is likely to compromise the legal interest of health and the economy, by including those provided in clinics and hospitals, those referring to hygiene, cleaning, and lighting of towns.' The law in this case defines the guidelines for establishing in which cases it is viable to exclude the exercise of the right to strike, namely, that they must be absolutely indispensable public services and, furthermore, that they must be capable of jeopardizing the legal interests of public health and the public economy; guidelines that respond to the constitutional criteria of reasonableness and proportionality." Furthermore, the fact that Article 376(d) of the Labor Code refers to private enterprises requires an evolutionary interpretation, since as a consequence of the development of the Social State of Law and by mandate of Article 73 of the Political Constitution, today the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) administers the public hospital service, making it inexorable that the rule in question includes such service provided by the country's principal hospital entity. By virtue of the foregoing, it is clear that, based on the criteria issued by the ILO Committee on Freedom of Association and Committee of Experts, the jurisprudence of this Chamber, and the constitutional and legal regulations in force in the country, strikes in hospital services, as an essential activity of the State, are prohibited, since they endanger fundamental legal interests of society, such as the health and life of the population. That said, it does not escape this Chamber's notice that the Committee on Freedom of Association of the ILO Governing Body has also considered that, given the prohibition of strikes in essential public services, the affected workers must enjoy adequate protection, such that they are compensated for the restrictions imposed on their freedom of action in potential conflicts. (See the 1996 Digest, paragraph 546 and, for example, 300th Report, Case No. 1818, paragraph 367; 306th Report, Case No. 1882, paragraph 429; 310th Report, Case No. 1943, paragraph 227; 318th Report, Case No. 1999, paragraph 166; 324th Report, Case No. 2060, paragraph 518; 327th Report, Case No. 2127, paragraph 192; 330th Report, Case No. 2166, paragraph 292; 333rd Report, Case No. 2277, paragraph 274; 336th Report, Case No. 2340, paragraph 649 and 337th Report, Case No. 2244, paragraph 1269). Among such compensatory measures, the Committee on Freedom of Association has considered that the restriction on striking must be accompanied by adequate, impartial, and rapid conciliation and arbitration procedures in which the interested parties can participate at all stages. (See the 1996 Digest, paragraph 547 and, for example, 300th Report, Case No. 1818, paragraph 367; 306th Report, Case No. 1882, paragraph 429; 308th Report, Case No. 1897, paragraph 478; 310th Report, Case No. 1943, paragraph 227; 318th Report, Case No. 2020, paragraph 318; 324th Report, Case No. 2060, paragraph 518; 330th Report, Case No. 2166, paragraph 292; 333rd Report, Case No. 2277, paragraph 274; 336th Report, Case No. 2340, paragraph 649 and 337th Report, Case No. 2244, paragraph 1269.) Such considerations are reasonable and do not contradict the jurisprudence of this Court on the matter. Precisely, in judgment No. 1696-92 of 3:30 p.m. on August 23, 1992, this Chamber determined a violation of the principle of legality by virtue of the lack of "a labor-administrative regime adequate to the Political Constitution, and an express administrative norm that allows the State to submit to arbitration tribunals in order to resolve, among other problems, collective conflicts. That violation originated in the need, surely felt, to have some response from the legal system, only that, as stated, the regulation of the matter must be carried out, which for the moment does not exist... This void, however, does not authorize the use of mechanisms provided for a private relationship, for a public employment relationship that must be governed by its own and different principles." Consequently, the Chamber has not denied the possibility of adequate conciliation and arbitration procedures in the public sector; what it has rejected is that these be regulated by ordinary labor regulations, which have very different characteristics from the public employment regime, in which such flexible principles as the autonomy of the will or that of minimum rights do not govern, since the Administration is bound by an entire block of legality, and decisions in conscience are not appropriate, nor are tribunals composed of non-lawyer subjects. Filling this void, through a normative development that precisely and specifically regulates the means of resolving collective conflicts in the public sector while respecting the limitations derived from the principle of legality and the sovereign powers of the State, among others, is not a matter for the Chamber but for the Legislative Branch, by virtue of the principle of self-restraint of the constitutional judge. However, until that occurs, the parties in conflict, CCSS and public officials, must seek to resolve their labor disputes in such a way that the continuity of the hospital service, which is essential, is not affected, since its suspension violates basic constitutional rights of the population that are of the highest hierarchy because they concern preserving what is most fundamental to the human being: their life and health." Similarly, it should be noted that the legal reform introduced by the cited Law 9808 in Articles 375 and 376 of the Labor Code, to specify the scope of the definition of essential services and the prohibition on exercising the right to strike in such services, was likewise validated by this Chamber, indicating the absolute constitutional conformity of what was established therein. Indeed, through the aforementioned advisory ruling of this Chamber, No. 2019-20596, of seven-fifteen p.m. on October 25, 2019, the Chamber stated that:
"4) Constitutionality of the absolute prohibition of strikes in essential public services, provided for in the consulted Article 376. Written by Justice Rueda Leal.
(...)
Regarding this point of the consultation, the Chamber does not observe any substantive constitutional defect based on the following explanation.
For the purpose of answering this consultation, we consider it fundamental ab initio to clarify the non-binding nature of the recommendations of the ILO Committee on Freedom of Association and what implications derive from this.
(...)
From the foregoing, it is observed that within the ILO, the CFA's decisions are conceived as recommendations with the character of guidance guidelines, which is consistent with the fact that there is no conventional legal norm that expressly confers binding character on such decisions.
(...)
Now, even though the CFA's recommendations are not binding, this Chamber recognizes the legal and doctrinal value of the pronouncements of the supervisory bodies, distinct from that of simple recommendations of an axiological or theoretical nature. Thus, the CFA's recommendations are useful as qualified guides to orient the interpretation and application of labor regulations, since they are a source of soft law to the extent that, despite no normative provision conferring binding character on them, they always possess legal relevance. However, this degree of importance does not imply that national authorities lack a margin of appreciation in the face of a CFA recommendation, provided that a reasonable and duly supported justification is observed, which in no way entails an action contrary to the obligation to act in good faith in complying with international treaties. Specifically, in the constitutional sphere, a recommendation from an ILO supervisory body would be a relevant element to consider among other involved factors, also of great importance, when resolving a conflict between constitutional legal interests (including those of a non-labor nature, such as those relating to the protection of the environment, health, life, security, or property), where the fundamental goal is to seek an adequate balance between them and avoid a transgression of the essential content of any of them, all under the aegis of the general principle that any private action that harms morality or public order, or that harms a third party, is subject to action by law (Article 28 of the Political Constitution).
Having clarified this point, the reasoning in this sub examine will take into consideration several of the CFA's recommendations; however, from some of them the Chamber will depart, to the extent that they constitute soft law and by giving reasoned grounds for doing so. In this sense, as soft law, the referred recommendations become adequate for developing the contents of the Constitution, but not for going against them, since, from a positive hierarchical point of view, the former evidently cannot be placed above the latter, which are of a fully positive-legal and binding nature (hard law).
Article 61 of our Political Constitution currently reads:
"ARTICLE 61.- The right of employers to lockouts and of workers to strike is recognized, except in the public services, in accordance with the determination thereof made by law and pursuant to the regulations established thereby, which must disauthorize any act of coercion or violence." This text, which has remained unchanged since 1949, expressly recognizes the right of workers (public and private) to strike; however, it simultaneously indicates that this right is not absolute, since it contemplates an exception: public services. Accompanying this is the provision that both the determination of public services and their regulation is relegated to the realm of law, with the legislator being obligated to disauthorize any act of coercion or violence.
(...)
Now, it is clear that the referred freedom of configuration must be developed with full respect for the basic parameters derived from constitutional jurisprudence. Precisely, in judgment No. 1998-01317 of 10:12 a.m. on February 27, 1998, this Court stated, regarding Article 61 of the Political Constitution and its conception of public services, the following:
"VI.- ON THE RIGHT TO UNIONIZE IN PUBLIC SERVICES.- (...) In relation to the content of union action, specifically regarding the right to strike, Article 61 of the Political Constitution establishes that the regulation of the cited right of collective action is a matter reserved to law, given that any restriction of the cited right must be by means of law and may in no way favor acts of coercion or violence. It is also a result of the mandate conferred by the cited constitutional Article 61 that it falls to the legislator to define in which cases of public activity the exercise of the right to strike is restricted or excluded; a mandate that is satisfied through Article 375 (formerly 368) of the Labor Code, which must conform to the criteria of reasonableness and proportionality in order to be congruent with the democratic principle on which the national legal order rests, embodied in Article 1 of the Political Constitution and which is the supreme value of the Constitutional State of Law.
VII.- ON THE ALLEGED UNCONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 375 (FORMERLY 368) OF THE LABOR CODE WHICH EXCLUDES THE EXERCISE OF THE RIGHT TO STRIKE FROM PUBLIC SERVICES. The strike, as a manifestation of union action, finds a limit when its exercise interferes with the provision of certain public services, which it falls to the law to determine according to Article 61 of the Political Constitution. To this effect, the first phrase of Article 375 (formerly 368) of the Labor Code, which says: 'Strikes shall not be permitted in public services. (...)', although it might seem to proscribe strikes in these services, that is, although it might seem to have an absolute prohibitive meaning, the truth is that it must be understood in harmony with the provisions of Article 61 of the Political Constitution, which only limits it for certain cases fixed or determined by law in observance of criteria of necessity, reasonableness, and proportionality, in order to be congruent with the purpose it pursues. This challenged Article 375 (formerly 368) also harmonizes with Article 8 of ILO Convention 87 which – as transcribed in Considerando III – establishes the obligation of union organizations to adapt their activity to domestic legislation. In other words, although the strike is a right of all, exercisable in any activity, it is viable for the legislator to determine in which cases the right to strike may not be exercised, specifically when it concerns activities that constitute 'public services' and that, due to their nature or the social impact they have, cannot be suspended, discontinued, or paralyzed without causing significant, serious, and immediate harm to certain legal interests. Furthermore, it is understood that in those public activities within which the strike is permitted, the established legal limits may not be exceeded, as the exercise of the strike must be framed within legality. Based on the foregoing, this Chamber does not find that the challenged Article 375 (formerly 368), by providing: 'Strikes shall not be permitted in public services...', by itself exceeds the limits established by the Constitution or international conventions. In summary, the challenged Article 375 (formerly 368) is not in itself unconstitutional, and the analysis of unconstitutionality must be shifted to the cases fixed by law in which the prohibitive effect, in public services, occurs. Consistent with the foregoing, the action is hereby declared without merit as to this point.
VIII.- ON THE PROHIBITION OF THE RIGHT TO STRIKE IN THE AGRICULTURAL SECTOR.- We shall now analyze the grounds for unconstitutionality set forth by the plaintiffs in relation – firstly – to the prohibition of the right to strike that the Labor Code provides for the agricultural sector in its Article 376(b) (formerly 369(b)). As set forth in Considerando V, ILO Convention 11 gave content to the freedom of association of the agricultural sector to guarantee to this part of the population the free exercise of the right to unionize on an equal footing with the industrial sector, through the accepted instruments of pressure for pursuing their ends, specifically through the exercise of the right to strike. It is evident, in the Chamber's judgment, that Article 376 (formerly 369) makes a clumsy enunciation of what must preceptively be understood by 'public services,' at least insofar as it includes within this concept the activity carried out by workers employed in the sowing, cultivation, care, or harvesting of agricultural, livestock, or forestry products; for these tasks do not fit into the generally accepted notion of public service. Without intending to exhaust the definition of what the public service is as a legal institute, it must be borne in mind for the purposes of this judgment that the public service must at least be directed at satisfying collective needs and involves positive benefits provided by the Administration or that are under certain control and regulation of the latter. The prohibition of the exercise of the right to strike in activities that are not public service exceeds constitutional Article 61, which orders the legislator to establish the activities in which the exercise of the right to strike is restricted solely in public services. From the foregoing, it is inferred that by identifying – in subsection b) of Article 376 (formerly 369) of the Labor Code – agricultural activity with public service, the legislator incurs arbitrariness, since such inclusion has no legal basis and entails the denial of the exercise of the right to strike in the cited sector; which is also contrary to the recognized purpose of international Convention No. 11 of the ILO, which is to guarantee to the agricultural sector the full exercise of the right to unionize and its consequences. Based on the stated grounds, the action is hereby declared with merit as to this point, and consequently subsection b) of Article 376 (formerly 369) of the Labor Code must be annulled.
IX.- ON THE OTHER PUBLIC SERVICES IN WHICH THE EXERCISE OF THE RIGHT TO STRIKE IS EXCLUDED, INDICATED IN ARTICLE 376 (FORMERLY 369) OF THE LABOR CODE.- From the analysis made, it is clear that the Constitution defers to the law to enumerate in which public services it is appropriate to exclude or limit the exercise of the right to strike. This does not have an absolute prohibitive effect that proscribes the exercise of the right to strike from public services. Consequently, the law must discern in which cases that exercise is illegitimate, taking into account the nature of the service and the effects that the strike would produce in the sphere of the rights and interests of the recipients or users of such services. In such a case, it is viable to limit the exercise of the right, which must be done applying criteria of necessity, reasonableness, and proportionality. The labor legislation, which enumerates in Article 376 (formerly 369) of the Labor Code – transcribed in Considerando II, the public services in which the strike is excluded, despite predating the Constitution, which dates from 1949, does not thereby contradict it. However, as the plaintiffs and the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) correctly observe in their report, Article 376 (formerly 369), when in its subsection a) it details the public services in which the exercise of the right to strike is excluded, uses imprecise terms that do not facilitate distinguishing which minimum public services it refers to, by indicating: 'All those performed by workers of the State or its institutions...' It is clear to this Court that this statement does not permit recognizing which public activities are excluded from the exercise of the right to strike; imprecision that clashes with what is ordered in the aforementioned constitutional precept 61, for which reason it is appropriate to declare it unconstitutional. In another respect, subsection c) of the cited Article 376 (formerly 369) does correctly and adequately define which categories of public transport are limited in the exercise of the strike; moreover, it clearly establishes the limit on the exercise of the right to strike for workers employed in loading and unloading tasks at docks and wharves. Finally, subsection c) also sets limits on the exercise of the right to strike in the case of 'workers in transit of any other private transport company,' which must be understood as the impossibility of exercising the right to strike in the effective provision of public land transport service. On the other hand, subsection d) of Article 376 (formerly 369) establishes parameters that allow limiting the exercise of the strike in those services that are deemed absolutely indispensable and whose suspension is capable of jeopardizing the legal interests of public health and the public economy. Indeed, this section enumerates or distinguishes services with respect to which the strike is capable of jeopardizing the legal interest of health and the economy, by including those provided in clinics and hospitals, those alluding to hygiene, sanitation, and lighting of populations. The law in this case defines the guidelines for establishing in which cases it is viable to exclude the exercise of the right to strike, namely, that they must be absolutely indispensable public services and, furthermore, that they must be capable of jeopardizing the legal interests of public health and the public economy; guidelines that respond to the constitutional criteria of reasonableness and proportionality. As for subsection b) of the challenged article – which excludes strikes in agricultural activity –, this Court refers to what was stated in Considerando VIII. Finally, in relation to the norm contained in subsection e) of the challenged article, which authorizes the Executive Branch to dictate in which other public activities the strike is prohibited in the hypothesis that the Legislative Assembly has made use of its constitutional power to suspend certain individual guarantees, this Chamber proceeds to declare the unconstitutionality of such attribution for exceeding the principle of legislative reserve provided in constitutional Article 61, according to which the attribution to establish in which public service provisions the exercise of the right to strike must be limited falls exclusively on the Legislative Branch. Consequently, this Chamber proceeds to declare the unconstitutionality of subsections a) and e) of Article 376 (formerly 369) of the Labor Code. (...)" As a corollary to the reasoning set forth, by constitutional mandate, the legislator enjoys broad freedom of configuration to define what is understood by public service and what the limitations on the exercise of the strike are therein. Nevertheless, such a task must be carried out within the framework of constitutionality, for which reason, according to the jurisprudence of this jurisdiction, no competence whatsoever can be assigned to the Executive Branch to define in what type of public service the exercise of the strike must be impeded; since such a function is exclusive to the Legislative Branch. Likewise, the legislator's freedom of configuration must respect the constitutional principle of reasonableness and proportionality, for the purposes of which the nature of the public service in question or its particular social impact becomes determinant, factors that would justify preventing it from being able to be suspended, discontinued, or paralyzed, given the significant, serious, and immediate harm that this would cause to certain legal interests of health, life, security, or the public economy. In addition, what the legislator defines as a public service must imply the satisfaction of collective needs, as well as refer to positive benefits provided by the Administration or that are subject to particular control by the latter.
The norm in question prohibits strikes in various public services by virtue of the legislator qualifying them as essential:
"1) Health services, at all levels of care, that provide direct and comprehensive assistance to the user including hospitalization and home medical care services, outpatient consultation, medical examinations, laboratory and diagnostic tests, all types of medical-surgical services, medical and/or therapeutic treatments as well as rehabilitation, pharmacy, scheduled and unscheduled appointments and care, emergencies and urgencies, laundry, linen services, cleaning, patient food services, surveillance, medical records, archives, ambulance and user transport services, and in general all activities or functions performed by workers who carry out services whose interruption could endanger the life or health of persons.
In this regard, pursuant to point A) of this considerando, the consultants should note that the CFA's recommendations are not mandatory to follow, but rather are guidance guidelines, which is consistent with the fact that there is no conventional legal norm that expressly confers binding character on such recommendations, a position endorsed even by the Inter-American Court of Human Rights in Baena Ricardo et al. vs. Panama. The foregoing does not mean that this Chamber is unaware of the legal and doctrinal value of the pronouncements of the ILO supervisory bodies, whose technical and historical authority gives them a value superior to that of a recommendation of a purely axiological or theoretical nature. However, such recognition does not mean that the constitutional jurisdiction lacks a margin of appreciation when applying constitutional review, since the referred recommendations, as already indicated, do not possess binding quality; hard law – the current constitutional regulation – must prevail over soft law, and the various constitutional legal interests at play must be safeguarded in a balanced manner.
Consequently, the notion of essential services, beyond the life, health, and security of the person, can encompass the public economy, when it concerns a public service absolutely indispensable and capable of jeopardizing that legal interest, as this Chamber established in judgment No. 1998-01317 of 10:12 a.m. on February 27, 1998.
Having clarified the foregoing, the question now is whether the Legislator can approve an absolute and general prohibition in a public service, or if it must conform to a minimum service operating scheme, like the one regulated in Article 376(d) of the current Labor Code.
In this regard, this Chamber considers that the Legislator, in the exercise of its freedom of configuration, can establish the absolute and general prohibition of strikes in essential public services, provided that this does not violate the constitutional principle of reasonableness and proportionality.
Now, for the purpose of specifying the scope of the legislator's powers in this matter, what the Political Constitution itself regulates must be considered.
Thus, in accordance with numeral 61 of our Political Constitution: "The right of employers to lockout and that of workers to strike is recognized, except in public services, in accordance with the determination of these made by law and pursuant to the regulations it establishes, which must disavow any act of coercion or violence." This norm is a replication of ordinal 56 of the Political Constitution of 1871, pursuant to the constitutional reform of 1943.
As was already elucidated in point B) of this recital, the reference to "public service" in Article 61 of the Constitution did not stem from a precise and closed dogmatic concept, but rather, in reality, the Constituent Assembly of '49 chose to maintain the notion of the Constitutional Congress of 1943 contained in numeral 56 of the Charter of 1871. If the historical moment of the approval of this norm in July 1943 is taken into consideration, its irrefutable political link with the notion of public service in the Labor Code a few months later, in August of that same year, is readily apparent. Regarding the strike, this latter regulation ties the concept of public service to the special relevance of the activity for the community; that is, with an objective element. Therefore, from the standpoint of our Fundamental Law, it is plausible to extend the notion of essential public service to the life, health, and safety of the person, as well as to the public economy, provided that it concerns, as indicated supra, a public service that is absolutely indispensable and susceptible to compromising such a legal interest.
Precisely, this particular impact on the aforementioned constitutional interests justifies the legislator opting for an absolute prohibition of strikes in the referred services. It is an alternative that becomes reasonable, to the extent that the Constituent Assembly itself opted for two rules: 1) recognizing the right of employers to lockout and that of workers to strike, and 2) excepting public services from the previous rule, in accordance with what the legislator determined.
In this sense, it cannot be considered that reforming what is regulated in the current Labor Code is unconstitutional, since, precisely, the Constituent Assembly entrusted the legislator with regulating strikes in public services, for which it is entirely competent to formulate the corresponding legal reforms.
Among other things, the limit of such attribution is the principle of reasonableness and proportionality (Voto 1998-01317), which in the sub lite is not observed to be violated, since, on one hand, the Constitution itself does not reject the option that the strike be prohibited in public services of particular relevance (on the contrary, it makes an exception for the strike in public services according to the legislator's criteria), and, on the other, the consulting parties do not develop any technical, precise, and solidly supported argumentation, nor any legal test of reasonableness, for this Tribunal to consider the list of essential public services regulated in Article 376 of the bill of law as lacking a relevant impact and social effect, such that its suspension would not cause significant, serious, and immediate harm to health, life, security, or the public economy. In such a definition, the constitutional judge must apply self-restraint, given the broad margin of appreciation the Legislator enjoys in the matter, so that only if the inconsequentiality of a public service for the aforementioned constitutional interests were demonstrated with absolute solidity, could some injury to the constitutional principle of reasonableness and proportionality possibly be sustained, which does not occur in the instant case.
In addition, no violation of the principle of the prohibition of arbitrariness is observed. As the Chamber stated in judgment 2018-000230 of 10:40 a.m. on January 10, 2018:
"Regarding the alleged establishment of a numerus clausus list by the legislator without the existence of technical criteria, the Chamber rules out that there is any injury to the constitutional order. As is evident from the preceding paragraphs, the determination of the parameters for categorizing a profession as a health science falls within the legislator's right to free configuration. The Chamber rejects that, inevitably, all of the legislator's decisions must include a technical study, since this situation would annul the discretion of the legislative body, subjecting it to the criteria of third parties that lack democratic representation. Technical studies are necessary when there is an express norm concerning it (for example, in environmental matters) or when the matter requires it, under penalty of transforming discretion into arbitrariness. In the case at hand, the legislator's decision clearly raised the requirements to be a professional in health sciences, by demanding the minimum level of a bachelor's degree and expressly enumerating the included professions, a decision that does not require a technical or scientific study." -the highlighting is not from the original-.
In this way, from the integration of constitutional provisions, international law, and domestic ordinary legislation, as well as the jurisprudential definitions of this constitutional jurisdiction, it is absolutely clear that the right to strike is recognized; that limitations and restrictions can be imposed on it by law, in order to safeguard public order, public health and morals, and the rights and freedoms of other persons; that part of these restrictions on the exercise of the right to strike are related to the provision of public services, and, especially, essential public services; and that, finally, for those who see their exercise of the right to strike limited in this way, the legislation itself must offer the so-called "compensatory guarantees", as outlined in the current wordings of articles 375 and 376 of the Labor Code, and, particularly, in article 707 of the same Code, which indicates the need to resort to conciliation and arbitration mechanisms for the resolution of conflicts when there is an impediment to resorting to a strike, precisely because these are essential public services - see, in a similar vein, judgment of this Chamber, number 2020-21785 -.
Additionally, expressly regarding article 375 bis of the Labor Code, the Chamber also ruled particularly in the same advisory resolution number 2019-20596, indicating that said norm lacks any defect of constitutionality, because dispensing with a declaration of illegality is a consequence of the prohibition established by law, which already qualifies the illegality of the strike in essential services, and that the possibility of establishing a certain type of agreement is a competence proper to the legislator concerning the configuration of processes, it being the case that the design of the different jurisdictional processes and the determination of the special rules to be applied falls to the legislator. In this resolution, the Chamber explains that:
"[T]his provision is congruent with what was resolved in point 4 of substantive defects of this opinion, regarding Article 376, of the Labor Code that is intended to be reformed. In this sense, the doubt must be dismissed, as the strike is absolutely prohibited in essential services, and for this reason, dispensing with the classification of the strike procedure is a natural consequence. It must be taken into account that the exclusion from this procedure responds to the nature of the activities considered essential, and because they are linked to life, health, and public safety. Another aspect consulted relates to the injury to Article 60 of the Constitution, by not establishing the possibility of guaranteeing a prior agreement based on technical criteria between the conflicting parties, to establish services of transcendental importance (as occurs in article 376 quater), with the so-called minimum services provision scheme. The prohibition of the strike should be for public officials who exercise authority functions on behalf of the State (security or police forces), or with essential services in the strict sense, who could endanger the life, security, or health of persons in all or part of the population. They exempt some others who do not exercise authority functions on behalf of the State. On this aspect, this Chamber considers that, although the legislator established the possibility of defining a prior agreement between the conflicting parties in the reform to article 376 ter of the Labor Code, so that workers could agree to go on strike in those institutional services of transcendental importance, that is a solution that is within the legislator's competence. Deciding whether or not the same legal formula should apply is a matter pertaining to the legislator's free conformation or configuration, as well as of opportunity and convenience, which allows them to decide the best legal treatment for essential services that may not be subject to the limitation on the right to strike." In this sense, the questioned norms lack the pointed-out defect of constitutionality, and therefore this action must be dismissed with respect to these aspects.
VIII.- On the alleged unconstitutionality of Article 377, subsection c), of the Labor Code. Subsection c) of Article 377 of the Labor Code provides:
"Article 377- To declare a legal strike, workers must:
(...)
On this matter, it is important to note that this provision is clearly of a procedural nature, by defining the procedure for the strike notice that must be given to the employer, its content, the days in advance with which it must be delivered, and the documentation that must be accompanied in certain circumstances, without appreciating in any way what was alleged by the plaintiff, and even less, how such provisions could contravene union action. It is a procedural scheme intended for clarity and agility of the process, within that competence that Article 61 of the Political Constitution refers to ordinary legislation, and the consequent already-mentioned free configuration of the process that is the competence of the legislator, as was outlined in the previous recital when citing, among others, resolution 2019-20596 and judgment 2020-21785. This norm regulates, in the words of the Office of the Attorney General of the Republic, "requirements that correspond to a formality, as part of the fulfillment of an obligation or procedural requirement to give course to the judicial proceedings for classification of strike movements." In this sense, as the alleged situations contrary to the Law of the Constitution are not appreciated in any way, the action must be dismissed with respect to this aspect.
IX.- On the alleged unconstitutionality of Article 378, second paragraph, of the Labor Code. The second paragraph of Article 378 of the Labor Code states:
"Article 378- (...)
In no case may a strike be reiterated for the same reasons as one previously carried out." Regarding this provision, the plaintiff claims that a strike cannot be held for the same reasons, which violates, in their view, the principle of democratic participation, Article 3 of ILO Convention 87, union autonomy, and freedom of expression. They state that, for the sake of safeguarding the right to freedom of association, the participation of union organizations in decision-making, and the resolution of collective conflicts, it is necessary for the legal system to allow an adequate exercise of freedom of association and, therefore, of the right to strike, in the sense that there is no act of "state will" without a prior demand -conflict- from the workers demanding a certain level of protection. They consider that preventing a strike for reasons that were already the object of a previous strike carries a restriction that is not understood in international law, since there is no legal interest intended to be protected with that restriction. They add that such a limitation constitutes prior censorship, insofar as it anticipates the prohibition of a valid demonstration.
This norm was also already the object of specific analysis by this Chamber, determining that it lacks the defects of constitutionality now pointed out by the plaintiff. Thus, in the reiterated resolution 2019-20596, the Chamber established:
"6.- The reform adds the final paragraph of Article 378 of the Labor Code. (...)
The provision intends to establish that [I]n no case may a strike be reiterated for the same reasons as one previously carried out. The consultants indicate that it implies that if there was already a strike movement to defend "economic and social interests" or in the face of a collective legal conflict due to non-compliance with employment contracts (minimum wages), workers could not carry out a new strike movement for those same reasons. They add that, if it does not refer to the same facts, it implies that even with new facts it would be a new collective conflict (salary non-compliance persists, the agreements reached are not fulfilled, it involves repeated non-compliance, etc.), the right to strike is prohibited even if the movement meets the other requirements to be declared legal, solely because another movement was carried out in the past for the same reasons. Finally, they indicate that no time limits are contemplated.
In the Chamber's opinion, the provision must be interpreted in accordance with the Law of the Constitution, in which sense, it must be understood that a strike may be reiterated for the same reasons as one previously carried out, when there is a change of circumstances or an agreement has been reached between the parties, workers and employers, such that disrespecting it would infringe the mentioned fundamental rights. It is considered that the norm interpreted otherwise could restrict the right to strike as a pressure mechanism for organized workers to obtain socio-economic improvements in their employment relationship, especially because as the consultants rightly state, it may happen that there are non-compliances, or agreements to cease the movement that are later not fulfilled by the Employer, requiring the resumption of pressure measures, in which case, the prohibition constitutes a limitation that serves a prohibitive purpose, where the means, which is the norm, imposes a restriction beyond what workers must bear, their right to freedom of association and defense of economic and social interests. In this sense, it could unduly benefit the Employer, because although the provision prohibits reiterating a strike for the "same reasons," this should be understood as the same cause or reason, but for this to be legally valid, it is necessary to interpret that if a strike was resorted to again, it was for identical specific causes or reasons supported by the same facts. The reasons must necessarily be linked to specific facts that serve as its basis, such as the recognition of the cost of living, which is normally calculated annually, thus the provision cannot be interpreted as prohibiting returning the following year to collective bargaining, and upon its failure, to a strike, for the same reason, if the economic situations of the country and the workers have changed. Only if the premise were related to the same facts, would the established rule of the "same reasons" that connect it to that cause or reason apply, so it is important to determine whether it involves the same facts that produced the previous social and economic conflict or not. In this way, the imposed restriction should not be applied if there are changes of circumstances in the employment relationship; it cannot be understood that it involves the same reasons if there are new facts. For example, the limitation on going on strike by understanding that a change in the cost of living duly accredited and negotiated by the parties constitutes the "same reasons," despite there having been a previous agreement for a past period, is illogical and inconsistent with collective bargaining if a percentage could have been agreed upon that results far lower than the amount of previous years. In the Chamber's opinion, it could not limit a new negotiation or strike in the event an agreement is not reached, otherwise, it could fall into a form of interpretation contrary to union action and freedom of association. Nor could it evade the consequences with its workers, if it artificially and maliciously achieves the cessation of the strike, or lightly grants benefits, and subsequently fails to comply.
Thus, in the Chamber's opinion, the prohibition on reiterating a strike for the same reasons as a previous one lacks any defect of unconstitutionality, provided it is understood that "same reasons" refers to "same facts," from which it follows that in the face of "new facts" or "new circumstances," carrying out a strike process is possible, provided it complies with the other parameters established in the legal system. This is so, because it is clear that a reason may be, for example, a salary non-payment in a specific annual period that led to a strike process; but a salary non-payment at another time, although it is an equal reason, is not the same fact, as it would clearly be a different situation or circumstance than the one that had previously motivated a prior strike process. Under this understanding, as the Chamber resolved in the cited precedent, this norm lacks the defect of constitutionality pointed out by the plaintiff, and therefore the action must be dismissed with respect to this aspect, provided that the second paragraph of Article 378 of the Labor Code is interpreted in the indicated sense, that is, that carrying out a new strike is possible when there is a change in circumstances.
X.- On the alleged unconstitutionality of Article 379, second and fourth paragraphs, of the Labor Code. The second and fourth paragraphs of Article 379 of the Labor Code state:
"Article 379- (...)
In cases of essential services, the corresponding disciplinary sanctions may be executed from the moment the judicial order provided for in Article 375 bis of this Code becomes final.
(...)
If in the final judgment it is declared that the reasons for the strike are attributable to the employer due to serious breaches of the employment contract, the employer must pay the corresponding wages for the days the strike lasted.
(...)" Regarding these paragraphs of Article 379 of the Labor Code, the questions raised by the plaintiff focus on the exemption of the employer from paying wages, the payment of wages when the strike is declared legal only for serious breaches of the employment contract, and the violation of the principle of progressivity. The plaintiff states that the norms provide for the possibility of terminating contracts as a sanction for a strike in essential services that they consider are not such, and that employers are permitted to pay wages in installments, both aspects to the detriment of workers, and that they violate the principle of progressivity and non-regressivity of labor rights and freedom of association, therefore giving the employer the possibility of not paying wages during the time the strike lasts completely empties the content of the right to strike. It is important to note that the three aspects raised by the plaintiff were likewise already heard by this Chamber, determining their constitutional conformity.
Prior to the consideration of these three points, it is important to keep in mind what has already been resolved regarding essential services, so that what was already indicated in the aforementioned precedent of resolution 2019-20596, the reference to judgment 2020-21785, and in this same resolution now being issued, determines the constitutionality of the definition and the enunciation made of essential services, so regarding this aspect, the plaintiff must refer to what has already been indicated.
On the other hand, now focusing on the reasons for disagreement alleged regarding the second and fourth paragraphs of Article 379, note that regarding the non-payment of wages, in advisory resolution number 2019-20596, the Chamber stated:
"7.- The reform to Article 379 of the Labor Code, on the suspension of wage payments. The consultants indicate that the norm contemplates two changes, which are: first, because even if workers exercise their right to strike legally and in good faith, they would no longer be entitled to the recognition of their wages; and second, the premise of Article 386 of the Labor Code, of generalized non-compliance with individual employment contracts, would be being replaced by the much more restrictive concept of "serious breach" attributable to the employer.
(...)
On the first point, the current composition of the Chamber resolves to establish a change of criterion in its jurisprudence, as it has had to do in other cases, when it is considered that certain circumstances occur such as a lack of adequate reasoning in the previous judgment. In Judgment No. 2011-10832 of 2:30 p.m. on August 12, 2011, as it interprets Article 377 of the Labor Code, it was concluded that:
"Now then, with this judgment, the legal obligation of workers to constitute sixty percent of the persons in a company, place, or business, established as one of the requirements to consider a strike legal, disappears as unconstitutional; however, the question arises of resolving the dilemma left by this estimatory judgment, in the sense of how to determine if a strike movement is legal or not, as well as the effects that radiate towards employers and workers. It is for this reason that, for the majority of this Tribunal, an interpretation in accordance with the Constitution must be made of Article 377 of the Labor Code, which is not contrary to the Political Constitution, insofar as it is understood that the termination of employment contracts or, failing that, the wage reduction or any type of sanction would only be permissible from the declaration of illegality of the strike. Consequently, workers who had participated in the strike movement before that declaration could not be dismissed, nor their wages reduced, nor sanctioned in any way for mere participation in the strike, since, otherwise, an injury to their fundamental rights would be produced, in the terms contemplated and developed in the previous recitals of this pronouncement. The Chamber reaffirms what was expressed in the previous recital IV, regarding the scope of this judgment being for collective conflicts in the private sector, and only, with all its effects of the declaration of unconstitutionality in the base matter." Even though in the same judgment it is considered that the wage reduction must occur from the definition of the illegality of the strike, and it justifies the conclusion in that it considers it a disproportionate and unreasonable limitation on the exercise of a fundamental right, which affects its essential content, the Chamber's position can be considered defective ab origine to reach such a conclusion. In this sense, it must be indicated that Article 377 of the Labor Code indicates the legal effects of the declaration of illegality of the strike, but an exhaustive review of the arguments to reach the alluded conclusion of maintaining the wage payment is neither clear nor adequately addressed, and is even omissive, as it lacks the required justification and reasoning. The judgment concentrates on analyzing the requirements for the declaration of the legality of the strike, in addition to the constitutional objection that the established mechanisms impeded the right to strike, which was dismissed. Thus, it dealt, more than anything, with what was established in the obligation to exhaust conciliation procedures and to meet the requirement that was formerly established of sixty percent of the persons working in the company, place, or business in question.
Now then, the Chamber must address the issue again, confronted with the scant reference to the reasonableness of the measure, and to the benefits and virtues of said solution. Currently, the composition of the Chamber has changed in four of its seven full members, which, for this reason, makes it necessary to reexamine the conditions described above, in order to change the criterion, which is possible for this Chamber. As was already done on another occasion, when reviewing the penalty clause established in Article 10, of the Collective Bargaining Agreement of the Banco Crédito Agrícola de Cartago (BANCREDITO), the provision was analyzed again. Thus, by Judgment No. 2018-08882 of 4:30 p.m. on June 5, 2018, the Chamber, upon changing its criterion, indicated that:
"Nonetheless, the Tribunal considers it necessary to review the precedent just transcribed and specifically address the claim of disproportionality of the penalty clause established therein, as it is an issue that did not receive broad consideration by the Tribunal and taking into account, moreover, the decision it has made in this same case, and which has ordered reducing the maximum cap for severance payments, which the Chamber had previously set at one monthly salary for each year worked up to a maximum of 20 years, to leave it from now on at a maximum of 12 years, in accordance with the considerations made infra in this same pronouncement." Consequently, the issue must be taken up again, given that there exists an international consensus that the payment of wages during a strike must be resolved in another way. This in light of the reform being discussed in the Legislative Assembly, as it proposes a different solution in addressing the problem of wages during strike time. In addition to what was noted above, this element is important, given that it proposes a different solution scheme. A review of the pronouncements of the Committee on Freedom of Association indicates that it takes an intermediate position, leaving the solution to the parties; and the legal systems of different countries of the world mark a fairly generalized consensus that the payment of wages to workers on strike is not appropriate, given that the employment contract or labor relationship is suspended. That is, the primary elements of the provision of the service would not be present, so that for there to be a wage consideration, there would have to be the provision of work, which is precisely what is suspended during the strike. In examining the above, the Committee on Freedom of Association (Digest 2006 paragraph 656), indicated:
"948.
Imposing on the employer the payment of wages corresponding to strike days when the strike is declared "attributable" to the employer, besides being able to alter the balance of labor relations and being excessively burdensome for the employer, raises problems of conformity with the principles of freedom of association insofar as said payment should be neither prohibited nor obligatory and therefore should be a matter to be resolved by the parties." With respect to the different jurisdictions, it can be determined that they follow persuasive criteria, such as that of the European Court of Human Rights, which, although unrelated to the classification of the strike or not, does deny retroactive payment of economic improvements obtained in collective bargaining (Schmidt and Dahlström vrs. Sweden), or in the legislation of other countries such as France, where the law does not require it, but it is left to the employer's discretion whether or not to pay lost wages; in Germany, the Federal Labor Court has established that the absence of the primary reciprocal obligations of the contract are suspended during the strike; in the Netherlands, according to Article 7:627 of the Civil Code, employers are not obligated to pay wages during the exercise of the right to strike; however, unions usually pay 70% of the salary to compensate strikers; in the Czech Republic, the legislation on collective bargaining also does not obligate the payment of wages to the worker participating in a strike; Latvia and the Slovak Republic also do not provide for wage payment; Mexico provides for it at both the federal and state level, among other countries.
Certainly, the rule contained in Article 379 of the Labor Code, which is sought to be approved, establishes that the strike suspends the employment contracts of those participating in the social movement, enables the worker not to provide service and the employer not to pay wages, which, according to current legislation, would only be appropriate when the legality of the strike is declared. They allege that this was not part of or the objective of the bill, which was to stop illegal strikes, and now it is to stop the general right to strike. They consider that it is a veiled form, with a tacit coercive maneuver, to discourage the workers' protest movement.
The Chamber considers that there is no injury to union action or to the right to strike of workers' rights, since, precisely, the effect of the suspension of employment contracts, of the nature of a synallagmatic contract between employer and worker, was not analyzed in the aforementioned Judgment No. 2011-10832 of 14:30 hours on August 12, 2011, as has been concluded in many other jurisdictions of the world, without undermining, of course, that in the case of collective bargaining another solution may be reached (especially for the private sector). Furthermore, it must be taken into account that unions can create special funds to maintain union and workers' movements, giving them the respective subsidies. Although it is justified that workers will have greater difficulties in going on strike, this is a matter of fact that escapes the protection of constitutional jurisdiction, and unions must consider and maintain the advisability of adopting mechanisms that temporarily allow workers the collective movement. It must also be said that the reform to Article 379 of the Labor Code, which currently includes the issue of wage deduction (rebajo salarial), in the chapter on legal and illegal strikes, was already proposed as a matter of discussion from the beginning of the bill, so it cannot be interpreted that it would not be within the reach of legislators through the right of amendment. Consequently, the non-payment of wages stipulated in the bill does not violate the Political Constitution." - emphasis added.
Thus, by virtue of the suspension of the synallagmatic relationship inherent in employment contracts, the Chamber determined that since the provision of work did not occur, neither would the wage consideration be possible, without this resulting in a defect of constitutionality.
Regarding the second aspect on which the petitioner shows disagreement with these provisions, which is the payment of wages during a legal strike, but only when it is a strike due to "grave breaches" (incumplimientos graves), the Chamber equally determined that the alleged unconstitutionality is not apparent, since said provision does not exclude the application of what is established in Article 386 of the same Code. Thus, in the same resolution 2019-20596 the Chamber defined that:
"8.- On Article 379 consulted insofar as it recognizes the payment of wages for a strike declared legal, only 'for grave breaches'. Regarding the second point consulted on this Article 379, that the generalized breach of individual employment contracts would be being replaced by the much more restrictive concept of 'grave breach' attributable to the employer, it is clear that the technique used by the legislator of circumscribing the payment of lost wages, due to a strike declared legal for causes attributable to the employer, for grave breaches of the employment contract, could not prejudice what is established in Article 386 of the Labor Code. In this sense, the protective principle of Labor Law must be applied, with which the common hermeneutic principles of interpretation of conflicting norms are reversed, so that in this case, the injured party may request the application of the most favorable norm. In this way, the Chamber interprets Articles 379 (to be reformed) and 386 of the Labor Code, in accordance with the Law of the Constitution, which could not be restrictive on the right to union action, specifically to strike, as well as freedom of association, and to recover wages if the strike is declared legal. It is clear that this would be appropriate for the following reasons attributable to the employer: whether due to grave breach of the collective labor contract or the generalized breach of employment contracts, the conciliatory arrangement, the collective agreement, or the arbitral award, due to refusal to negotiate a collective agreement, to recognize the union organization, the reinstatement of the workers' representatives when there is a final judgment ordering it, mistreatment or violence against the workers. In these cases, said norm regulates the procedure (execution of judgment) by which the claim for lost wages may be made effective. Thus, in the opinion of the Chamber, the phrase 'grave breaches' established in the fourth paragraph of Article 379, which is consulted, would not violate the freedom of association, union action, and the right to strike, contained in Articles 60 and 61 of the Political Constitution." Thus, regarding this variable either, the Chamber did not find a constitutional affectation, since in no way is the application of the provisions of Article 386 of the Labor Code on wage payment in cases of strikes declared legal excluded. Among such cases contemplated in Article 386 are:
"…the generalized breach of employment contracts, the conciliatory arrangement, the collective agreement, or the arbitral award, due to refusal to negotiate a collective agreement, to recognize the union organization, to reinstate the workers' representatives despite a final judgment ordering it, or due to mistreatment or violence against the workers…".
In this sense, the provision of the fourth paragraph of Article 379 of the Labor Code must be understood as a complement to what is established in Article 386. Therefore, it is inappropriate to argue that only in the case of what is indicated in the challenged norm would one be faced with the possibility of wage payment in cases of legal strikes. Hence, the norm lacks the defect of constitutionality pointed out by the petitioner.
For its part, regarding the third aspect adduced as a reason for unconstitutionality with respect to these provisions, that is, the violation of the principle of progressivity and non-regression, in the same resolution 2019-20596, the Chamber unanimously ruled that there is no defect of constitutionality either. Regarding this, in said opinion, the Chamber stated that:
"1. Regarding the reform to Article 379 of the Labor Code. The consultation seeks to determine whether the proposed reform to Article 379 (previously transcribed) of the Labor Code could contravene the principle of progressivity of labor rights, because the legal reform would leave the legislation worse than it existed with the 1943 Labor Code. They argue that the wage treatment of the bill would violate the right to strike because it establishes the possibility of wage deductions from the first day of the strike and only if the strike were declared legal, and furthermore, it were demonstrated that the reason for the strike was attributable to the employer due to a 'grave breach', would those wages be paid. They point out that currently Article 379 establishes that to proceed with wage deductions, a declaration of illegality of the strike is required, and that, in accordance with the jurisprudence of the Constitutional Chamber, wages cannot be deducted if the strike is declared legal. In this sense, they consult the Chamber whether the reform that would be introduced to Article 379 of the Labor Code is regressive or not, in accordance with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ratified by Costa Rica on December 11, 1968, specifically in its Article 8, subsection d), the Political Constitution, the provisions of the 1943 Labor Code and its reforms with Law No. 9343 of January 25, 2016, 'Labor Procedural Reform', and also, with the principles of the International Labor Organization (ILO) and the doctrine of its supervisory bodies. They indicate that the modifications made to said article must be compared with the current legislation to determine if they represent changes that imply a regression in labor rights. They assert that the concept of 'wage deduction' (rebajo salarial) is eliminated from the text of Article 379 of the Labor Code, which, as described above, has lent itself to incorrect interpretations that have had serious consequences for employers, workers, and society in general, and which, if not modified, may continue to occur.
On the point of the modification of the wage treatment resulting from the strike movement, what was indicated supra in legislative consultation No. 19-16322-0007-CO, in point 7, must be brought up. The continuous effects of wages even during the strike originated from Judgment No. 2011-10832 of 14:30 hours on August 12, 2011, which requires a new interpretation (Judgment No. 2018-08882 of 16:30 minutes on June 5, 2018), which gives rise to the possibility of re-examining the point. Although, through the Labor Procedural Reform, Law No. 9343 of January 25, 2016, an attempt was made to clarify the effects of the declaration of illegality of the strike, such as the termination of employment contracts, or failing that, the wage deduction or any other type of sanction, the legal provision reflects the Chamber's decision, accepted by the legislator (according to the aforementioned Law No. 9343 of January 25, 2016) and whose criterion must be modified, in accordance with the reform just approved in the first debate. In effect, it has been understood jurisprudentially that wage payment to workers had to be maintained from the first day of the strike, based on the current Article 379 of the Labor Code. While it is indicated that in the third paragraph there is suspension of the contract, which is already established in Article 380 for the legal strike, and that the fourth paragraph establishes the principle of culpability, which penalizes and sanctions the responsible party, the consultants allege that there is a problem that could be regressive. It is noted that they use the same qualifier of 'grave' breach of the contract, as it appears in numeral 386 of the Labor Code, which complements it. However, in the opinion of this Chamber, as indicated in consultation No. 19-16322-0007-CO, the apparent conflict between the norms indicated must be interpreted in accordance with the Law of the Constitution, so that it does not limit the right of association and strike, and is not applied only to circumscribe the breach to individual matters of the employment contract, but also to collective ones, which are also part of union rights.
As the Chamber indicates, the principle of progressivity and non-regression cannot be absolute, but will depend on adaptation to the social and economic changes of a country. By Judgment No. 2013-11088 of 15:30 hours on August 21, 2013, when the unconstitutionality of Article 2 of Law No. 8837 of May 3, 2010, 'Law for the Creation of the sentence appeal remedy, other reforms to the challenge regime and implementation of new orality rules in criminal proceedings' was heard, this Chamber stated that:
'Progressivity must be understood in relation to the levels of obligations generated by each right (to respect, protect, and fulfill) regardless of whether it is civil, political, economic, social, or cultural. This is because some measures that must be implemented have a more immediate character than others that are progressive or gradual, which are developed in the medium or long term to achieve the full exercise of human rights. Human rights instruments include provisions that implicitly or explicitly provide for the expansion of the rights contained in them, whether civil and political or economic, social, and cultural. The principles of the Universal Declaration of Human Rights were developed and expanded in the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, as well as in all other conventional human rights norms. The Declaration constituted the first step for the progressive development of human rights and therefore, its provisions have a positive character in the sense that they represent the first of many advances in the international protection of such rights. By virtue of the prohibition of regression, its budgets have a negative character, in the sense that States cannot regress in relation to the established standard of protection. The principle of progressivity requires that as the level of development of a State improves, the level of commitment to guarantee rights improves. In theory, the idea is that the more resources a State has, the greater its capacity to provide services that guarantee rights. The obligation of progressive implementation contains the prohibition of non-regression, which can be subject to judicial control in case of non-compliance. When a State recognizes, respects, and fulfills a fundamental right, it is prohibited from reducing the levels of protection of existing rights or suppressing those already existing. A public decision or policy can be considered regressive when its results worsen, compared to the results of a previous starting point that has been chosen as a parameter, and in the field of legal norms, if when comparing a new norm, previously existing rights are suppressed, limited, or restricted. In that sense, the doctrine has established that once a certain right has been formally recognized as inherent to the human person, it is definitively and irrevocably integrated into the category of human rights whose protection is mandatory. Now, in order to indicate that there is an injury to the principle of progressivity and non-regression, it is required that a fundamental right exists that had been recognized and that it be limited or restricted without any reasonable justification.' When there is a negative effect on a fundamental right through a policy, that is, when it is suppressed, limited, or restricted, it is essential that the measure be in accordance with the principle of reasonableness; otherwise, it would make it impossible for the Law to evolve when it is weighed against other fundamental rights.
Economic, Social and Cultural Rights refer to welfare rights such as the right to health or education, which require significant State budgetary allocations up to the maximum of its resources for their development. They imply a freedom from the State, and another, through the State. Thus, the State must take measures so that the right is effective and real among the population, but it must also channel that effectiveness of the right, so that they reach the population or are accessible through adopted policies and other measures, especially for the most vulnerable people, and allocate the resources available to it. In another type of economic, social, and cultural rights, it must be recognized that they do not necessarily require significant budget items, but rather their effectiveness is judged by the way in which the State guarantees those rights, such as forming unions, not interfering in internal organization, or even, the right to strike. These types of rights, such as founding and joining unions, or to strike, are rights requiring immediate protection (Article 8 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). In this sense, the reform to Article 379 of the Labor Code, which is consulted, has effects on wages because it reaffirms the strike as a cause of suspension of the employment contract, in which case, consequently, it exempts the worker from providing services and the employer from paying remuneration. The question to be elucidated is whether it is regressive regarding wages. In this sense, the Chamber takes into account Article 4 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, insofar as it enables States to establish limitations on the rights guaranteed in the Covenant, but determined by law, only to the extent compatible with the nature of those rights and with the exclusive purpose of promoting the general welfare in a democratic society. In the Chamber's opinion, there is a level of general consensus at the international level that the right to strike does not necessarily entail the right of workers to receive wages while they remain on strike. Therefore, the Committee on Freedom of Association admits it when there is an agreement between the parties, to guarantee an economic balance between them. The foregoing, as indicated supra, was discussed in point 7 of this opinion. But furthermore, the Chamber considers that there is no impossibility, and in fact, Unions have and obtain resources many times from workers and the State to form savings and loan funds that allow them to organize internally to help their workers face the consequences of the social movement, or even, the economic challenges of life. Although the Chamber ruled in Judgment No. 2011-10832 of 14:30 hours on August 12, 2011, for the private sector, this has been applied to the public sector as well. Regarding this latter sector, various measures have been taken to adapt the country to the pressing financial situation, for which there are multiple financial and economic studies, as well as the need to adapt administrative conduct, as well as the need to adapt collective bargaining to legality.
Hence, for the Chamber, the rethinking of the Social State of Law in our country has been necessary; and therefore, the need for the State, as well as social actors, including unions, to observe the legality of the procedures for collective conflicts, prior to the strike. By Judgment No. 2018-019511 of 21:45 hours on November 23, 2018, the Chamber established that:
"In the second place, the principles of progressivity and non-regression do not imply the right to the immutability of the legal system. By way of example, in the matter of environmental human rights, the Chamber has stated:
"From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, collected in numeral 34 of the Magna Carta, the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, nor approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved until then. This principle does not imply absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to nature, which negatively impact the achievements made until then and forces them to reconsider downwardly the new level of protection (...) Consequently, in application of these two principles, the Constitutional Chamber has established that it is constitutionally valid to expand, by executive decree, the physical extension of protection areas (principle of progressivity); however, the reduction can only be done by law and after conducting a technical study adjusted to the principles of reasonableness and proportionality, to the requirements of ecological balance and a healthy environment, and to the general welfare of the population, which serves to justify the measure." (Judgment No. 2012-013367 of 11:33 hours on September 21, 2012, emphasis not from the original; in the same sense see Judgments No. 2017-005994 of 11:00 hours on April 26, 2017 and 2014-012887 of 14:30 hours on August 8, 2014).
The foregoing applies not only to environmental human rights but to all in general, as a thesis of principle. Neither the right of progressivity nor that of non-regression oppose the mutability inherent in law (permanent and inevitable modification), since no right is immutable or eternal, given that this would mean the petrification of the system and would make Law cease to be a dynamic means for resolving society's problems, which perennially vary over time. What the aforementioned principles do demand is that the trend be always and preferably to aspire to increase the coverage of human rights and likewise of welfare rights in the interest of the Social State of Law; however, such a goal is not foreign to the socio-economic context of a specific historical juncture nor to the obligation to carry out an exercise of weighing and optimizing the diverse constitutional principles, rights, and values at stake (for example, between the principle of the Social State of Law and that of Budgetary Balance), so that in the context of a particularly serious financial unsustainability of the State, duly accredited from a technical point of view, measures can be taken to alleviate the situation, provided that these are adopted safeguarding the fundamental rights covered in the Political Constitution and the instruments of international human rights law ratified by Costa Rica, as well as the essential qualities of the country's political regime (in a democratic, free, independent, multiethnic and pluricultural republic, whose Government is popular, representative, participatory, alternative, and responsible), which implies that the remedies in question cannot empty any constitutional right of content, a situation that in the specific case and at this moment is not observed to occur with the challenged regulation" (bold text in original).
It is for this reason that, although there is a normative change with the reform, this is due to the need to adjust the legal system to the new current economic and social conditions, which are not arbitrary. It seeks to achieve a maximum balance of rights and financial balance as a constitutional principle in conflict, since all State action must be adjusted to the principle of legality, and it would not be possible for it to pay wages to officials who were not regularly providing their services, and much less, irregularly due to a social movement that subsequently does not meet the respective requirements. In that sense, wage payment under those conditions would be illegal. In any case, it must be taken into consideration that the treatment of wages, except for specific constitutional and conventional provisions, is fixed according to the mechanisms established by law (Article 57 of the Political Constitution)." Thus, under the same line of argumentation regarding the synallagmatic and reciprocal relationship between work and wages, the Chamber equally determined that the challenged norms are far from constituting an affectation of the principle of progressivity and non-regression.
In this sense, by reiterating the criterion indicated by this Chamber in opinion 2019-20596 regarding the challenged paragraphs of Article 379 of the Labor Code, what proceeds is to dismiss the action regarding this point.
XI.- On the alleged unconstitutionality of the second paragraph of Article 661, and of Article 661 bis of the Labor Code. Articles 661 and 661 bis of the Labor Code establish some procedural situations regarding the process for the classification of the strike; hence, the claim of unconstitutionality regarding these norms is appropriate to address jointly. Of Article 661, the petitioner properly questions the second paragraph, which provides:
"Article 661- (…)
The heads of public entities are obligated to request the classification of the strike within twenty-four hours from the suspension of work; otherwise, they will incur personally in the different responsibilities indicated by law." For its part, Article 661 bis of the Labor Code states:
"Article 661 bis- Once the legality of the strike in non-essential public services has been declared and eight calendar days have elapsed from the finality of said declaration without the parties having reached a solution to the conflict, or at least an agreement to suspend it while negotiations continue, the employer may request the judge to suspend the strike, when it reliably proves that it is causing serious damage of difficult or impossible reparation to the citizenry.
Once the request is filed, the judge will grant a hearing to the counterparty within a maximum period of forty-eight hours, a period in which they must submit their arguments. Once the arguments of the parties are received, the judge will resolve the request within a maximum period of twenty-four hours.
An appeal may be filed against the result, which will be processed according to the provisions of Article 668 of this Code.
If the suspension of the strike is granted, mandatory arbitration will proceed." Regarding these norms, the petitioner argues that the obligation imposed on the heads of public institutions to request the classification of the strike within twenty-four hours following the suspension of work, under penalty of personal responsibility; as well as the possibility of lifting the strike after eight days from the finality of the declaration of illegality of the strike, constitute a denaturalization of the strike as a means of pressure and are arbitrary provisions that make the negotiation and resolution of the conflict impossible.
In this regard, what was already indicated in foregoing recitals must be remembered, regarding the derivation from Article 61 of the Political Constitution, so that matters related to the exercise of the right to strike are carried out through ordinary legislation, having the possibility for a law issued by the ordinary legislator to regulate its exercise, including procedural details concerning its classification, the processing of such processes, and the corresponding authorizations, which is framed, as stated, within the legislator's own competencies, empowered by that constitutional derivation already indicated.
In this sense, the obligation imposed on institutional heads is nothing more than a manifestation of the duty to provide public service within parameters of effectiveness, efficiency, and continuity, which has constitutional roots from subsection 8 of Article 140 - to monitor the proper functioning of administrative services and dependencies - and Article 191 - to guarantee the efficiency of the administration - of the Political Constitution.
A valid purpose is therefore sought, related to the proper functioning of public services, and to avoiding a strike when it could entail a prolonged interruption in the provision of services, placing superior legal interests at risk, such as life, health, safety, or the public economy. It is for this reason that such an obligation is imposed on institutional heads, and also for this reason, that Article 661 bis provides that even in the case of a strike declared legal in non-essential services, the suspension of the movement may be requested through judicial channels when "it is reliably proven that it is causing serious harm of difficult or impossible reparation to the citizenry." That is, it is not a simple request and does not entail automatic approval; rather, such a petition must be reliably substantiated and be subject to judicial assessment and resolution. Additionally, the petitioner is also incorrect in arguing that these provisions make negotiation and resolution of the conflict impossible, since the last paragraph of Article 661 bis is clear in providing that when the suspension of the strike is granted under these circumstances, arbitration shall proceed on a mandatory basis. Furthermore, it must be understood that this is so, without prejudice to other conflict resolution options, such as the conciliation indicated in Article 705 or other arrangements in accordance with what is enabled by Article 708, and the mechanisms provided for in Articles 614 and following, all of the Labor Code (Código de Trabajo).
Thus, the claims of unconstitutionality raised regarding these norms must be dismissed, and consequently, the action must be declared without merit as to these points.
XII.- Regarding the alleged unconstitutionality of subsection b) of the second paragraph of Article 663, and of Article 375 bis, of the Labor Code (Código de Trabajo). The norms challenged by the petitioner refer to the determination of specific time limits to be followed in the processes of verification and qualification of strikes, hence their joint assessment in this case, not only due to the specificity of the allegation, but also because the petitioner himself presents it that way.
Subsection b) of the second paragraph of Article 663 of the Labor Code (Código de Trabajo) provides:
"Article 663- Once the request for strike qualification (calificación de huelga) is filed, the corresponding labor judge shall have a non-extendable period of twenty-four hours to resolve the request. If the request is not in proper form, correction shall be ordered within a period of twenty-four hours, under warning of declaring the petition inadmissible. Once the request is received in proper form, the judge shall issue, within the period of twenty-four hours, a resolution with the following content:
(...)
"Article 375 bis- A strike in essential services is manifestly illegal, and therefore does not require the qualification procedure (trámite de calificación) provided for in this Code. In this case, within the twenty-four hours following the suspension of work, the employer party shall be obliged to request the Labor Court to issue an order directing the workers to immediately return to their work. The corresponding evidence to prove the condition of an essential service shall be provided with the request.
The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) shall also have standing to directly promote the indicated petition.
Within the twenty-four hours following receipt of the request indicated in the first paragraph of this article, the judicial authority shall grant a hearing for twenty-four hours to the counterparties, who shall be notified in accordance with Article 349, in the case of unions, or in accordance with Article 377, in the case of temporary worker coalitions.
Once the period of the preceding paragraph has elapsed, the judicial authority shall have twenty-four hours to resolve the filed request. If the request is denied by the Court on the grounds that it does not involve an essential service, in the same resolution the judge shall order the case to be processed under the strike qualification procedure (procedimiento de calificación de la huelga). If the request is granted, the judge shall order the workers to immediately return to their work.
Both the judicial order and the denial of the request may be subject to appeal. This must be filed within a maximum period of two calendar days and shall be admitted only with devolutive effect.
In any case, the appeal must be filed before the same Labor Court, which shall forward it to the corresponding superior court. This latter authority shall convene the parties to an oral hearing within the following forty-eight hours, for the purpose of them expressing the corresponding grievances, and shall issue the final resolution, orally, at the conclusion of the proceeding.
Under no circumstances may the time limits established in this norm be extended." Regarding the unconstitutionality of these norms, the petitioner argues that the challenged provision of Article 663 of the Labor Code (Código de Trabajo) establishes a period of twenty-four hours to answer the qualification claim, which is short, like Article 375 bis, which grants a period in calendar days. He considers that the time limits regulated in the impugned norms are contrary to law, for even establishing cases where the days are calendar days, contrary to what is established for all judicial processes, creating a situation of disadvantage and inequality for union organizations merely for declaring a strike. He indicates that the reduction of time limits to twenty-four hours within the strike qualification process has no valid justification, other than to dismantle a movement as soon as possible at all costs, a movement that, moreover, has had its possibility of pressure reduced, has been limited in time, and is given elements for the employer to dismantle it. He indicates that, in no way is the regulation of twenty-four-hour time limits a rational regulation, especially since notifications by electronic mail may not be seen on the same day, and that it has a clear demobilizing effect.
In this regard, it is clear that the reference to the time limits provided in both norms is a procedural aspect, and that, as such, it has already been indicated that it is the legislator who, in use of its normative configuration powers, is responsible for the design of jurisdictional processes and the definition of the rules that must be applied consequently, in this case, to process and resolve such social conflicts. Likewise, it must be recalled what has already been stated, in the sense that, based on the constitutional provision of Article 61, the constituent power delegated to the legislator the determination of the strike regime, so it is reiterated that it is the legislator who is responsible for designing the framework within which the right to strike and other related claims by either party can be exercised. What is provided in these norms regarding the establishment of time limits is, again, a procedural scheme designed by the legislator to facilitate the efficiency and agility of the process, reconcile the interests of the conflicting parties, and attend to the provision of services with the least impact on the general population. Note, furthermore, that the time limits established therein are not only for the worker or union party, but also for the employer entities and even for the judging persons, with identical or similar time limits being determined in all cases. On the other hand, the regulations on notifications made by electronic means must not be lost sight of -see Article 38 of the Judicial Notifications Law (Ley de Notificaciones Judiciales)- insofar as those notifications made by this means are considered carried out not at the moment, but on the following business day, so any time limit shall begin to run only from the business day after the notification is duly completed, which evidences a moderation of the commented time limits.
In this sense, the constitutional defect that the petitioner seeks to point out is far from being configured in the norms of reference, for which reason the action must be dismissed as to this point.
XIII.- Regarding the alleged unconstitutionality of Articles 376 ter, 376 quater, and 376 quinquies of the Labor Code (Código de Trabajo). Articles 376 ter, 376 quater, and 376 quinquies of the Labor Code (Código de Trabajo) refer to the strike in so-called "services of transcendental importance (servicios de importancia trascendental)," and define what is understood by such, under what parameters a strike in such services is possible, and the strategic nature of public education services; hence their joint assessment in this recital (considerando). These articles state:
"Article 376 ter- Services of transcendental importance (servicios de importancia trascendental) are those which, due to their strategic nature for the country's socioeconomic development, their paralysis or suspension entails a significant detriment to the living conditions of all or part of the population.
Without prejudice to the services reserved in Article 376, the following shall be classified as services of transcendental importance (servicios de importancia trascendental):
The determination of minimum services shall be defined by agreement of the parties, based on technical criteria, considering the personal and territorial extent of the strike, its duration, mode of execution, the entity of the service, and any other relevant factor, in accordance with the criteria of necessity, reasonableness, and proportionality.
This agreement must be formalized in a document that the parties shall deposit, prior to the suspension of work, with the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones Laborales) of the Ministry of Labor and Social Security (Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social), for its custody.
If there is no agreement on the determination of minimum services, either party may request the labor judge to define the minimum service plan. This determination shall be made by the judge within a peremptory period of three days, after a hearing with the opposing party. Said resolution shall be appealable before the Labor Tribunal within the following twenty-four hours. The tribunal shall resolve the appeal within a maximum period of three days.
Once the minimum services scheme is defined, the employer shall determine the workers who must perform the respective tasks.
The establishment of the minimum services plan or scheme and the performance of work in accordance with it does not prejudge the legality or illegality of the strike that is ultimately carried out. However, the non-provision of the established minimum services shall by itself determine the illegality of the strike movement.
Unjustified abandonment or neglect in the performance of duties by the employees designated for the minimum provision of services under this article or the services under Article 376 quinquies shall be deemed a serious misconduct in the employment relationship.
The maximum duration of a strike in services of transcendental importance is ten calendar days; if no agreement for resolving the conflict exists upon reaching this time limit, the procedure established in Article 707 of this Code must be followed." "Article 376 quinquies- Public education services are of strategic nature for the nation, therefore strikes in these shall have the regulations established in this article.
Throughout the entire duration of the strike, the necessary personnel must be maintained so that each educational center remains open and in basic conditions of cleanliness and security. In the case of special education, adequate attention and assistance must be ensured considering the disability condition of the persons.
The plan for the provision of basic services of cleanliness, security, the services required in special education, as well as the official who will be responsible for the coordination, supervision, and oversight of each educational center during the strike, shall be defined in advance through a general agreement of the parties, which shall be based on technical criteria and formalized in a document that they must deposit with the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones Laborales) of the Ministry of Labor and Social Security (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), for its custody.
If no agreement exists on the establishment of the plan for the provision of these services, either party may request the Labor Court to establish it, providing the corresponding information and technical criteria. This determination shall be made by the court within a peremptory period of three days, after a hearing with the opposing party. Said resolution shall be appealable before the Labor Tribunal within the following twenty-four hours. The tribunal shall resolve the appeal within a maximum period of three days.
In accordance with the general agreement between the parties, or failing that, the judicial resolution, the director of the educational center, together with the supervisor of the corresponding school circuit or, in their absence, with the regional director, shall be responsible for specifying the persons who will provide the services. Additionally, the official who has been designated for the supervision and oversight duties of the educational center may coordinate with the Education and/or Administrative Board (Junta de Educación y/o Administrativa) to assist in all the functions that correspond to it by law.
A strike in education services may be exercised for up to a period of twenty-one consecutive calendar days or ten discontinuous calendar days; upon expiration of these time limits, the workers must return to their work and, if no agreement exists between the parties, they must resolve their disputes in accordance with the conflict resolution procedures indicated in Article 707." The plea of unconstitutionality raised by the petitioner regarding these norms centers on the argument that the establishment of services of transcendental importance (servicios de importancia trascendental), regarding which limitations on the temporality of the strike are established, constitutes an overreach in the prohibition of the strike that exceeds the constituent power's intention and empties the content of the right to strike, as it introduces irrational regulations and because the determination of who will provide the minimum services is subject to the will of the employer and the judge, thereby violating, in his view, union autonomy and action.
On this matter, it is appropriate to reiterate what has already been stated in previous sections of this same judgment, regarding the consideration of the right to strike, the matter concerning its limitation with respect to public services, the regulation that can be exercised through the legality of such right, and the definition of essential services. Recall that, based on the integration of the provisions of Article 61 of the Political Constitution, Article 8 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and Article 8 of the Pact of San Salvador, it is possible to impose limitations on the exercise of the right to strike, provided that such limitations are adopted through laws that respond to the needs of a democratic society, and are related to the protection of health, morals, safeguarding public order, and respect for and protection of the rights and freedoms of others -see judgment 2020-21785, already expressly cited-. Hence, this Chamber has determined that this matter is regulated in Articles 375 and 376 of the Labor Code (Código de Trabajo), which indicate that strikes shall not be permitted in essential services, define what is understood by such, and establish an initial enumeration of them. On this issue, in the aforementioned advisory resolution number 2019-20596, the Chamber defined:
"Having clarified the foregoing, the question now corresponds to whether the Legislator can approve an absolute and general prohibition in a public service (...). In this regard, this Chamber considers that the Legislator, in the exercise of its freedom of configuration, can establish the absolute and general prohibition of the strike in essential public services (...).
It is an alternative that proves reasonable, to the extent that the constituent power itself opted for two rules: 1) recognize the right of employers to lockout (paro) and that of workers to strike (huelga), and 2) exempt from the previous rule public services, according to what the legislator determined." -emphasis added- The cited reference is made by the Chamber with respect to Articles 375 and 376 of the Labor Code (Código de Trabajo), concerning essential services. In the case of the challenged norms whose constitutionality is assessed in this section, these do not concern essential services, but rather services termed transcendental (trascendentales), and the assessment of public education service as being of a strategic nature. In this sense, while it is not exactly the same situation, it is valid to infer that if the power and competence to define matters concerning the strike and its relationship with public services resides with the legislator, to the point that the constitutional conformity of the definition of essential services and the prohibition of strikes regarding them is validated, the definition of the services now termed transcendental (trascendentales) is even more in line with the Constitution, particularly because, unlike essential services, the exercise of the right to strike is permitted with respect to them. Certainly, note the clear regulation of the first paragraph of Article 376 quater, stating that "A strike in services of transcendental importance (servicios de importancia trascendental) must guarantee their continuity..." That is, strikes in such services are permitted, but subject to specific regulations established in the same norms of reference.
In this sense, as has been indicated, Article 376 ter defines what is understood by services of transcendental importance (servicios de importancia trascendental), stating that these are "those which, due to their strategic nature for the country's socioeconomic development, their paralysis or suspension entails a significant detriment to the living conditions of all or part of the population," and hence it enumerates, for example, services related to health -collection and treatment of waste and residues-, national economy -loading and unloading at docks, basic banking services for deposit and withdrawal of money, customs services-, or situations of public order and validity of the democratic principle -impediments to departure, preparation for holding elections, administration of justice-, all without prejudice to the so-called essential services already defined in Article 376 of the same Code.
Thus, strikes in these services of transcendental importance (servicios de importancia trascendental) are permitted, but under certain parameters that prevent their total paralysis, due to the importance or strategic nature they have for the life of the country and the population in general. Hence, Article 376 quater refers to a "scheme for the provision of minimum services to users," and it is here where a special provision is found that, far from affecting union activity, as the petitioner argues, strengthens it. Note that this same norm defines that such a minimum services scheme must be adopted through an agreement between the parties, taking into consideration technical criteria of personal and territorial extent, duration, and others, without this minimum services scheme prejudging the legality or illegality of the strike, and only if no agreement exists on such scheme, either party -not only the employer sector- has the power to resort to the judicial route so that the judging person defines the minimum service plan, in which case they must grant a hearing to the opposing party. An mechanism is observed, then, that not only permits the strike, but enables and determines the intervention of the workers' sector in defining the minimum services scheme -justified by the transcendence here explained- and the recognized power to resort to the judicial route in case of disagreement, a determination in which the principle of bilaterality of the hearing is even given validity and effect.
Additionally, it must be considered that concerning this determination of the minimum services scheme and the participation of the judge if applicable, the Chamber has previously indicated that this intervention, in the absence of an agreement between the parties, is a proper or typical function of judges; thus, in the referenced opinion 2019-20596, the Chamber indicated:
"In this case, deciding on a minimum service plan or an education service plan, in cases where applicable, or performing an ocular inspection, are not material and substantial tasks of the judge that impose new obligations, in this case, given that they are constantly performed in the different jurisdictions and it is not a competence foreign to the judiciary when it has to procedurally establish the state of things, which it must do when verifying factual and legal issues. See that, regarding the evidentiary regime, Article 476 of the Labor Code (Código de Trabajo), and especially subsection 6) of Article 479 of the same Code, allows judicial recognition, so it is not a new jurisdictional activity or one substantially different from what is practiced in the labor jurisdiction." -highlighting is not from the original- Thus, that judicial intervention has even already been validated by this Chamber, recognizing that it is not a novelty, but rather an inherently ordinary judicial activity.
On its part, Article 376 quinquies specially considers matters relating to strikes in public education services, a differentiated treatment that is explained by considering it a service of "strategic nature for the nation," in which the exercise of the right to strike is always recognized, but respecting the maintenance of certain related activities such as cleanliness, security, attention to persons subject to special education, and the possibility, here too, of resorting to the judicial route in case of disagreement in establishing the provision plan, all of which also tends to protect the right to education, particularly in its relationship with the principle of the best interest of the minor -initial target population or by definition beneficiary of this service, without prejudice to older persons related to it-. See that even the Committee on Freedom of Association of the ILO recognizes certain services related to the education sector as essential, such as providing food to school-age persons or cleaning establishments -see Compilation of Decisions and Principles of the Committee on Freedom of Association of the Governing Body of the ILO, case number 2037, paragraph 102- Under this understanding, it is the Chamber's view that the imposition of the aforementioned conditions is reasonable, as these are services whose prolonged interruption could place the life, health, safety, freedom, or public economy of the country or part of the population at risk.
It is also important to consider the matter of the duration of strikes established by these norms -ten calendar days in the case of Article 376 quater, and twenty-one consecutive calendar days or ten discontinuous calendar days in the case of Article 376 quinquies-, time limits that are explained and supported by the particular condition of the service regarding which the right to strike would be exercised and its national transcendence, as indicated. This Chamber has understood it so, when in the same resolution 2019-20596 it stated:
"[W]hen the provision states that 'This type of strike may not have a duration exceeding (...) nor may they be repeated for the same reason,' in the Chamber's view, it is constitutional, since (...) it is not unreasonable to subject this type of strike to a time limit (...) because the State or its institutions would be responsible for recognizing the salaries if the strike is ultimately declared legal (...) In these cases, the Chamber considers, (...) a reasonable term in a statutory relationship must be observed and for one time only. The same must be interpreted, in accordance with Constitutional Law, that in those public services where the exercise of the right to strike is permitted, depending on the type of public services, it is constitutional to set certain time parameters established in the final paragraphs of Article 376 quater (transcendental importance) or Article 376 quinquies (education services) of the Labor Code (Código de Trabajo), which are intended to be reformed. Hence, that if for services of transcendental importance (servicios de importancia trascendental) or education services, the former would be limited to ten calendar days, or the latter to twenty-one consecutive calendar days, or ten discontinuous calendar days (...)." -emphasis supplied- In any case, it is particularly relevant to highlight that, even when the time limits established for the exercise of the right to strike in transcendental services or the education sector are met, the conflicting parties retain the ability to resort to the arbitration route indicated in Article 707 of the Labor Code (Código de Trabajo), which must be carried out in accordance with the regulations established therein.
Under this understanding, it is improper to argue the unconstitutionality of such norms based on an improper designation of services of transcendental importance, a presumed overreach in the prohibition of the strike -which is not prohibited in these cases-, the temporal limitation of the movement's duration, or judicial intervention in identifying the minimum service provision scheme. In this sense, by dismissing such allegations of unconstitutionality, the action must be declared without merit as to these points.
XIV.- Regarding the alleged unconstitutionality of Article 664 bis of the Labor Code (Código de Trabajo). Article 664 bis of the Labor Code (Código de Trabajo) is related to the definitions established by Articles 376 ter, quater, and quinquies, as it refers to an aspect inherent to the judicial activity that may be deployed in the process of verifying those movements. However, it is analyzed separately due to its specific relationship with the judicial function and a particular allegation of unconstitutionality.
This rule states:
“Article 664 bis- In services of transcendental importance, as well as in the case of article 376 quinquies, the verification by means of an ocular inspection carried out by the labor judge, of the non-compliance with the minimum services plan agreed between the parties or determined by the labor judge, shall by itself determine the illegality of the movement.” Regarding this rule, the petitioner argues that the possibility and effects of the ocular inspection violate due process and the right to defense, because it does not establish a mandatory summons to the union organizations, nor are they allowed to comment on or appeal against it.
On this point, recall what has already been ordered regarding judicial intervention in these strike processes in transcendental services or in the public education service, in the sense that such judicial intervention is inherent to the exercise of the specialized judiciary, but now highlighting that in said intervention, what is verified are, precisely, questions of fact and law that will have a direct consequence stemming from the verification carried out. Indeed, reiterating the citation, in advisory opinion 2019-20596, the Chamber stated:
“In this case, deciding on a minimum service plan or an education service plan, in cases where applicable, or conducting an ocular inspection, are not material and substantial tasks of the judge that impose new obligations, in this case, given that they are constantly carried out in different jurisdictions and it is not a competence alien to the judiciary when it must procedurally establish the state of affairs, which it must do when verifying questions of fact and law. See, regarding the evidentiary regime, articles 476 of the Labor Code, but especially subsection 6) of numeral 479 of the same Code, allows judicial recognition, so it is not a new judicial activity or one substantially different from what is practiced in the labor jurisdiction.” -emphasis added- It is observed, then, not only such particularity regarding the verification of questions of fact and law, but also the subjection of such diligence to the regime established in the regulations of the same Labor Code, so much so that, being evidence common to the parties, the facts that may be verified during the inspection, which will be those related to the compliance or non-compliance with the minimum services plan agreed by the parties or determined by the judge, and which may lead, under the terms of the rule, to the declaration of illegality of the strike, must be materialized in an inspection record, all of which can be questioned or challenged by the parties, as would also be the final decision determining that character of the strike based on such verifications, all of which forms part of the due process applicable in this case.
Likewise, one must not lose sight of the fact that here we are also facing a procedural configuration determined by the legislator for this specific type of case, whereupon what has already been indicated regarding the legislator's scope of competence for procedural design and the establishment of applicable rules becomes applicable again.
Consequently, the rule being questioned is far from constituting the defect of constitutionality alleged by the petitioner, and therefore the action must be dismissed with respect to this point.
XV.- By way of conclusion. Ultimately, considering that the Chamber dismisses the grounds of unconstitutionality raised against articles 349 subsection d); 371, subsection b); 376, subsections a, b, c, d, h; 377, subsection c); 379 paragraphs two and four; 661, paragraph two; 663, paragraph one, subsection b); 375 bis; 376 bis, paragraph one; 376 ter, subsections a, b, c, d, e, f, g; 376 quater; 376 quinquies; 661 bis; and 664 bis; all of the Labor Code, as thus reformed by the Law to Provide Legal Certainty for Strikes and Their Procedures, Law number 9808, of January 21, 2020; the action must be dismissed with respect to them. Meanwhile, concerning paragraph two of article 378 of the Labor Code, it is resolved that this rule is also not unconstitutional, provided it is understood and interpreted that a strike may be repeated for the same reasons as a previously held one, when there is a change of circumstances or if, having reached an agreement between the parties, workers and employers, the employer's non-compliance with it would infringe upon the fundamental rights protected in the agreement.
XVI.- Separate note of Judge Castillo Víquez. As I set forth in my note in advisory opinion number 2019-20596 regarding a markedly political strike or one that does not directly or indirectly affect the socio-economic conditions of the worker, its prohibition is in accordance with the Law of the Constitution -values, principles, and norms-, although it is plausible that it is permitted in one case, as I explain below. The situation is different when there is a direct connection to the employment relationship or employer's labor non-compliance, since, in the current state of things, it is not possible to maintain that this pressure instrument applies only to the economic and social defense of workers' rights. First, because it is possible to understand economic and social interests in a broader category: the interests of workers, hence the so-called solidarity strike is admissible -which is not regulated in the challenged law (neither prohibited nor permitted)-, as correctly established by the Spanish Constitutional Court in judgment STC 11/1981, despite the prohibition established in article 11 of Royal Decree-Law 17/1997, in the sense that a strike is considered illegal when it is initiated or sustained for political reasons or for any other purpose unrelated to the professional interest of the affected workers. Second, a strike movement is plausible when workers oppose a social policy carried out by a government in which there is a direct impact on socio-economic conditions. It is even possible for a working-class strike when it involves the defense of democracy, being in such a situation that a particular government affects the core elements of the republican system and, consequently, a voluntary and peaceful abandonment of workplaces is carried out to prevent democracy from being undermined. Now, in these cases, the legislator has a wide margin to regulate this type of strike regarding time, form, and other aspects, hence the challenged rule is not contrary to the Law of the Constitution.
The forty-eight-hour period is constitutional in the case of a strike to protest against public policies that directly affect the socio-economic conditions of workers, provided it has been declared legal and there is no payment of wages by the employer, for the elementary reason that the cause of the strike is not related to the latter's conduct, according to the principle of equivalence of considerations that governs the employment relationship.
Regarding essential services, it is clear that both the Political Constitution -article 61- and the international instruments on the matter, as well as the Committee of Experts on Freedom of Association -solflaw-, agree that the legislator may prohibit this type of strike in these services; therefore, the challenged rule does not present defects of unconstitutionality. Now, in the cases of subsections 4, 6, 7, and 8 of article 376 of the Labor Code, the absolute prohibition of the strike must be understood in what is specified therein, which means that in those public and private companies, as well as public institutions, as long as the service is guaranteed under its normal conditions and with continuity logically, the rest of the employees and workers of the institution, public and private companies do have the right to go on strike, provided they meet the requirements for the strike to be legal. In these terms, numeral 375 bis must also be understood.
Finally, regarding the deduction of wages, several issues must be kept in mind. First, one must distinguish between a strike movement -a peaceful and voluntary abandonment of the workplaces- and a sudden abandonment -a suspension of work-, also peaceful and voluntary, of the workplaces. It must be remembered that the exercise of the fundamental right to strike is conditional upon fulfilling ALL THE REQUIREMENTS PROVIDED FOR IN LABOR LEGISLATION for the strike to be declared legal, meaning, the requirements provided for in numerals 371 and 377 of the Labor Code must be met, especially exhausting one of the procedural conciliation alternatives established in article 618 of that body of law, with the exception of a strike to protest against public policies that directly affect the socio-economic conditions of the worker. In this regard, the strike is the last resort when an economic-social conflict arises in the company or institution. When the requirements provided for in the Labor Code for declaring the strike legal are not met, we are facing a sudden abandonment of the workplace, in which case the employer may terminate the employment contracts without employer responsibility or stop paying the corresponding wages -a kind of suspension of the employment contract occurs-, following the principle of equivalence of benefits that applies, even in a legal strike. On this point, in judgment no. 2011-010832, I expressed in the dissenting vote that I drafted and subscribed with Judge Jinesta Lobo, the following:
“We dissent from the majority vote regarding what is indicated in Considerando IX of the judgment. On the contrary, we consider that numeral 377 of the Labor Code does not require an interpretation consistent with the Constitution, as it is in accordance with the Law of the Constitution and the ILO Conventions, as explained below. The cited article reads as follows in its content:
“Article 377.- The illegal strike terminates, without responsibility for the employer, the employment contracts entered into by the strikers; the repressive sanctions that the Common Courts may declare against them are preserved.
However, in the new contracts entered into by the employer, conditions inferior to those that, in each case, were in effect before the illegal strike was declared, may not be stipulated.” The main argument put forward by the petitioner is that, in judicial practice, when a strike is classified as illegal, the judge disregards and leaves unprotected workers who, for special reasons (vacations, sick leave, permits, etc.), combined with an omissive and generic judicial process, it is not precisely determined who participated or not in the illegal movement with that intention, so that the weight of the law falls only on them.
In practice, what is done is a verification of the illegality situation to declare it so, with the execution, regarding the issue of dismissals, being a task to be carried out by the employer, who will be the only one who knows the employment situation of each of their employees. Notwithstanding what is indicated by the petitioner, we find no unconstitutionality derived from the challenged rule. The allegation is contrary to what he indicates is the proceeding of the judicial authorities, as well as of the employers, upon the declaration of illegality of a strike movement, a situation which, by its nature, is not a ground for challenge through an action of unconstitutionality, as it does not fall under any of the assumptions established in numeral 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction, so in that sense the allegation is unfounded. It must be emphasized that the right to strike is not absolute in its exercise and must be subject to certain requirements, and it is legitimate to establish consequences for its abusive exercise or one substantially non-compliant with the legal system. This is because the legal effects provided for in numeral 377 of the Labor Code are for those who participated in the strike that is declared illegal. Article 386 of the Labor Code establishes: \"ARTICLE 386.- Neither stoppages nor strikes may harm in any way the workers who were receiving wages or compensation for accident, illness, maternity, vacations, or other analogous situations.\" Therefore, if it is considered that the rights of some workers have been violated, who have unjustly been subjected to the sanction derived from the illegality of a strike, due to a special condition in their relationship, the injured party has the legal possibility of resorting to the pertinent ordinary administrative and judicial channels to claim the restoration of their rights. The ILO has been clear in establishing the legitimate power of States to provide in their labor legislation legal consequences for a strike declared illegal, which should function as disincentives to avoid conflictive movements generated in bad faith. But those consequences must be applied only to those against whom it is reliably proven that they participated directly and voluntarily in the illegal strike movement, so no one should be subject to sanctions for carrying out or attempting to carry out a legal strike. Hence, the dismissal of workers as a result of a legitimate strike constitutes a serious discrimination in employment due to the exercise of a lawful union activity, contrary to Convention 98, but not so when workers have participated in a strike movement that is subsequently declared illegal, in which case the employer may terminate the employment contract without employer responsibility, deduct their wages, or establish sanctions for the mere participation in the strike that has been declared illegal. We consider it important to reaffirm at this point two aspects of utmost importance: first, that legislation may establish reasonable consequences for the exercise of the right to strike, as the necessary protections derive from a legitimate exercise, in accordance with the principles of freedom of association; and second, the Committee on Freedom of Association indicates that measures may be taken when the strike has been declared illegal or even for overstepping its exercise. This is because, while it is appropriate to protect the hard core of this fundamental right, it does not escape our appreciation that it harbors its own limitations generated by the rights of others. Both the legal and illegal strike have very different consequences, but a balance must be sought among all those rights, both those related to workers and employers, as well as the interests of the community (sometimes very pronounced and dramatic) that deserve protection, from our point of view, with the predictability of a workers' movement protected by collective labor law, but ensuring the exhaustion of all its stages. Therefore, the preservation of the employment relationship constitutes a normal consequence of the recognition of the right to strike, and the exercise of this right should not lead to the dismissal or discrimination against strikers. For these purposes, it is irrelevant whether the dismissal occurs during the strike or after it, and likewise if it occurs before, if its purpose is to prevent or sanction the exercise of the right to strike. Therefore, dismissing a worker for having participated in a strike and refusing their re-employment, when the strike is declared legal, constitutes an \"extremely serious\" measure and, therefore, illegal and violative of the constitutional right to strike. Another thing is what article 377 of the Labor Code provides, which is dismissal without employer responsibility, but only for those who participated in the strike when it is declared illegal, so no unconstitutionality can be derived from that rule, nor does it require any interpretation consistent with the Law of the Constitution. The interpretation consistent with the Law of the Constitution ordered by the majority of this Court additionally changes, radically and absolutely, the meaning, literal tenor, and purposes of the rule intended to be interpreted, which, far from interpreting, legislates and reforms, substituting the constitutional body established for that purpose. On the other hand, the consistent interpretation provided by the majority produces serious effects, because every union organization, dealing with a matter exhaustively regulated by the Labor Code, must know the requirements for a strike to be declared legal. However, with the interpretation provided by the majority, illegal strike movements can now be organized without any consequence for those who participate in it, because, according to the majority, one must wait for the judge to declare the strike illegal so that employers can take any measure against those who participated in it. The jurisdictional body requires a prudential or reasonable period to determine if the strike movement is legal or illegal. The consequence of the majority vote is that an illegal strike can be carried out during the entire period required by the jurisdictional body, without any legal consequence for those who took part in it.” As can be seen, before the strike is declared legal, in the event that workers abandon the workplace, the employer has the power to terminate employment contracts or reduce wages, in accordance with the principle of equivalence between considerations. The same occurs when the strike is declared legal for reasons not attributable to the employer.
Regarding the violation of the principle of non-regression of labor rights, in other rulings I have held what I set forth below. Reviewing national and foreign jurisprudence, as well as the doctrine on the subject, we have that the Chamber, in ruling 2013-11083, recognized, as a logical and necessary consequence of the Principle of Progressivity, that “(…) The principle of progressivity requires that as the level of development of a State improves, the level of commitment to guarantee rights improves. In theory, the idea is that the more resources a State has, the greater its capacity to provide services that guarantee rights. The obligation of progressive implementation contains the prohibition of non-regressivity that can be subject to judicial control in case of non-compliance. When a State recognizes, respects, and satisfies a fundamental right, it is prohibited from reducing the levels of protection of existing rights or suppressing those already existing. A decision or public policy can be considered regressive when its results worsen, compared to the results of a previous starting point that has been chosen as a parameter, and in the field of legal norms, if, when comparing a new norm, previously existing rights are suppressed, limited, or restricted. In that sense, the doctrine has established that once a given right has been formally recognized as inherent to the human person, it is definitively and irrevocably integrated into the category of human rights whose protection is mandatory. Now, for it to be indicated that there is a violation of the principle of progressivity and non-regressivity, it is required that a fundamental right had been recognized and that the same is limited or restricted without any reasonable justification…”.
We must bring up that it was the Portuguese Constitutional Court, in its judgment 39/84 of May 3, that enshrined the principle of prohibition of social regression; furthermore, in what some have called the defense of the Social State of Law, it issued two rulings, in 2012 and 2013, in which it has declared unconstitutional and discriminatory several cuts that the government intended to make to extra pay, pensions, and unemployment subsidies.
It was the German legal doctrine that formulated the theory of the irreversibility of social gains. According to this conception, the development of economic and social rights depends on the legislator, but once they materialize, they become constitutionalized, in such a way that any step backward is unconstitutional. However, this theory has not found echo, that is, widespread acceptance. In the same vein, the Spanish Constitutional Court (TCE) has not embraced the criterion of non-regressivity or irreversibility, since article 50 of the Spanish Constitution, regarding the protection of the elderly, “(…) does not deduce the duty to maintain ‘all and each of the initial pensions in their planned amount nor that all and each of those already accrued experience an annual increase’.” In Italy, the Constitutional Court established in judgment 275/2016, the following:
“…Nor can the argument be accepted that, if the challenged provision did not respect the income limit approved in the Budget, the norm would violate article 81 of the Constitution, for lacking financial coverage. Apart from the fact that, once it has been normatively identified, the insurmountable core of guarantees required to make effective the right to study and education of disabled students cannot be absolutely and generally financially conditioned, it is evident that the alleged violation of article 81 of the Constitution is the result of an incorrect view of the concept of ‘Budget balance’ (…) The guarantee of irreducible human rights commits the Budget, and its balance cannot condition their full satisfaction.” Different has been the treatment given to this principle in Colombia. Indeed, under the name of the prohibition of regressivity in matters of social rights or non-regressivity of rights already recognized, the Colombian Constitutional Court has accepted it, despite not being enshrined in the Political Constitution of 1991. According to the Court, based on the principle of progressivity “(…) once a certain level of protection is reached, the broad freedom of configuration of the legislator in matters of social rights is diminished in at least one aspect: any regression compared to the level of protection achieved must be presumed unconstitutional in principle, and therefore is subject to strict judicial control. For it to be constitutional, the authorities must demonstrate that there are compelling reasons that make this regressive step necessary in the development of a social right” (See, among others, judgments no. C-251 of 1997 (ground 8), no. SU-624 of 1999, no. C-1165 of 2000, no. C-1489 of 2000, and no. C-671 of 2002). Ergo, once a certain level of protection is reached, in principle, any regression is prohibited.
As in Spain, this principle has not found support in the jurisprudence and precedents of the Chamber; however, as established above, the Chamber has not admitted the argument of lack of resources when fundamental rights such as life and health, education, and the rights of minors are at stake. In the case at hand, we do not find ourselves in any of these scenarios.
Therefore
I.- On admissibility:
By unanimity, the action of unconstitutionality is admitted, except with regard to article 376 bis of the Labor Code. Judge Rueda Leal sets forth individual reasons.
II.- On the merits:
a.- By unanimity, in relation to the obligation to have an updated email address, regulated in article 349 subsection d) of the Labor Code, the action is dismissed. Judge Garro Vargas sets forth a note.
b.- By unanimity, in relation to the prohibition of political strikes, regulated in article 371 subsection b) of the Labor Code, the action is dismissed.
c.- By majority, in relation to the essential public services regulated in article 376 subsections a), b), c), d), and h) of the Labor Code, the action is dismissed. Judge Alvarado Paniagua considers that article 376 in its subsections a), b), c), d), and h) is not unconstitutional, provided it is interpreted that such prohibition refers only to the tasks that must guarantee continuous service for the urgent protection of life, health, and security, and does not include those related tasks that are not indispensable for giving that continuity in said services. Judge Salazar Alvarado dissents and declares that subsections a), b), c), d), and h) of article 376 of the Labor Code are unconstitutional, in the sense that they prohibit the right to strike in an absolute and generic manner, without necessarily representing an evident and manifest threat to life, security, or health; in which cases, a minimum service should be allowed, which does not affect the continuity of those services. Judge Garro Vargas partially dissents and declares the word “absolutely” included in the heading of article 376 of the Labor Code in relation to subsections a) and b) of that same numeral unconstitutional; and sets forth different reasons regarding subsections c), d), and h) of this article.
d.- By unanimity, in relation to the declaration of illegality of the strike in essential public services, regulated in article 375 bis of the Labor Code, the action is dismissed.
e.- By unanimity, in relation to the declaration of legality of the strike, regulated in article 377, subsection c) of the Labor Code, the action is dismissed.
f.- By unanimity, in relation to the reiteration of the strike, regulated in article 378 paragraph two of the Labor Code, it is declared that it is not unconstitutional, provided it is interpreted that the expression “for the same reasons” does not prevent the carrying out of a new strike when there is a change of circumstances or employer non-compliance.
g.- By unanimity, in relation to disciplinary sanctions and the non-payment of wages in the case of essential services, regulated by article 379 paragraphs two and four of the Labor Code, the action is dismissed. Judge Garro Vargas sets forth different reasons.
h.- By unanimity, in relation to the obligation of the hierarchical superiors to request the classification of strikes and the suspension of a legal strike in non-essential services, regulated in articles 661 and 661 bis of the Labor Code, the action is dismissed.
i.- By unanimity, in relation to the processing of the request for classification of a strike, regulated in articles 663 subsection b and 375 bis of the Labor Code, the action is dismissed.
j.- By unanimity, in relation to strikes in the so-called services of transcendental importance, regulated in articles 376 ter, 376 quater, and 376 quinquies of the Labor Code, the action is dismissed. Judge Garro Vargas sets forth a note.
k.- By unanimity, in relation to judicial activity in the verification processes of the movements, regulated in article 664 bis of the Labor Code, the action is dismissed.
Judge Rueda Leal sets forth individual reasons. Judges Castillo Víquez and Salazar Alvarado set forth separate notes. Let this pronouncement be published in the Official Gazette La Gaceta and published in its entirety in the Judicial Bulletin. Notify.
Fernado CastilloV.
President Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H. Alexandra Alvarado P Res. 2025026385 I.- Different reasons of Judge Rueda Leal regarding admissibility. As I have expressed in other cases, I consider that a quality of the diffuse interest consists precisely in that its affectation is general -that is, it affects an entire population or broad sectors thereof- within a context where it is not necessary for the harmed subjects to know each other (they could even lack nexus or legal relationships among them), but the presence of the same situation of harm or danger to a constitutional good is required, which, equally and without the need for any individualization, comprises and agglomerates an entire society in the abstract. Its defense aims to satisfy a need of society as such, therefore it transcends that of an individual or collectively considered human being. In judgment no.
2019-17397 of 12:54 p.m. on September 11, 2019, this Tribunal reiterated the following:
"(…) Secondly, the possibility of seeking protection for 'diffuse interests' (intereses difusos) is foreseen; this concept, whose content has been gradually delineated by this Chamber, could be summarized in the terms used in this tribunal's judgment number 3750-93, of three o'clock p.m. on July thirtieth, nineteen ninety-three: '… Diffuse interests (intereses difusos), although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in relation to them, specific individuals or personalized groups are identified or easily identifiable, whose standing would derive not from diffuse interests (intereses difusos), but from corporate interests that concern a community as a whole. We are therefore dealing with individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of persons who share an interest and, therefore, suffer an injury, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that they are equal interests of the groups found in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests (intereses difusos) partake of a dual nature, since they are simultaneously collective—because they are common to a generality—and individual, which is why they can be claimed in such capacity.' In summary, diffuse interests (intereses difusos) are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (difuso) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could bring, protected by paragraph 2 of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualifier 'diffuse' (difusos), such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the proper management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests (intereses difusos), since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups within it; an environmental harm does not merely affect the residents of a region or the consumers of a product, but rather injures or puts at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of the proper management of public funds authorized in the Republic's Budget is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not just any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is no more than a simple description proper to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to understand that only those rights which the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights (derechos difusos); the foregoing would imply an undesirable overturn in the scope of the Rule of Law (Estado de Derecho), and of its correlative 'State of rights' (Estado de derechos), which—as in the case of the Costa Rican model—starts from the premise that what must be express are the limits on freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional speaks of interests 'that concern the community as a whole,' it refers to the legal goods explained in the previous lines, that is, those whose ownership rests with the very holders of sovereignty, in each one of the inhabitants of the Republic. It is not, therefore, a matter of any person being able to resort to the Constitutional Chamber in protection of any interests (acción popular), but rather that every individual can act in defense of those goods that affect the entire national community, without it being valid in this field either to attempt any effort at an exhaustive enumeration" (see judgment No. 2007- 01145)." In line with what has been stated and upheld by this Tribunal in its jurisprudence, we are dealing then with individual interests, but at the same time diluted in more or less extensive and amorphous sets of persons who share an interest and, therefore, suffer an injury, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that they are equal interests of the groups found in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. It is precisely for this reason that, as of judgment No. 2021-2185 of 12:51 p.m. on February 3, 2021, I consider, unlike the Majority of this Tribunal, that some of these interests may be embodied in a particular concrete case, without thereby losing their condition as a diffuse interest (interés difuso), as occurs with environmental protection, whose impact affects one person and everyone in general; indeed, such impact can even be individualized in a particular situation, such as, for example, the construction of a factory in a specific neighboring sector, without the respective environmental studies, whose negative effects impact the planet's ozone layer. Undoubtedly, the result of a claim or proceeding that a neighbor might bring against that factory will not only affect their own interests, but also those of the rest of the community. Therefore, it constitutes a diffuse interest (interés difuso), without such quality being affected because it is also the subject of a particular individualized situation. Now, this does not mean, in any way, that in every invoked situation one can allege the existence of a diffuse interest (interés difuso), even if it may be the subject of a particular situation. Let us remember that for an interest to be considered "diffuse" (difuso), it must not only affect a community, but also must be diluted, diffused within that community. If it does not produce such effect, it cannot be considered a diffuse interest (interés difuso). In the case at hand (sub lite), I consider that the petitioner did not convincingly demonstrate the existence of a diffuse interest (interés difuso), in the terms stated. Their standing derives, then, only from the collective interests they represent.
II.- Particular reasons of Magistrate Rueda Leal, regarding the merits. With the purpose of expressing my opinion more clearly and seeing that judgment No. 2019020596 of 7:15 p.m. on October 25, 2019 is a relevant precedent for the decision taken by the Chamber in the case at hand (sub lite), I transcribe the considerations I had in that judgment, regarding the points decided here:
"1.1 Note of Magistrate Rueda Leal on point 1.—'The amendment to Article 349 of the Código de Trabajo and 19 of the Ley de Notificaciones (established in Articles 1 and 3 of the bill)' of Considerando IV.— 'Consulta sobre el fondo' (Consultation on the merits).
I note that Articles 134 and 137 of the Código de Normas y Procedimientos Tributarios refer to an administrative procedure, not to a jurisdictional process, so their reference is not useful for the purposes of resolving the case at hand (sub lite).
(…)
2.1 Particular reasons of Magistrate Rueda Leal in relation to point 2.— 'Regarding Article 371, for violation of various grounds of constitutionality' of Considerando IV.— ' Consulta sobre el fondo' (Consultation on the merits).
Regarding this point, I consider that section 371 is not unconstitutional for the following reasons.
Said section of the consulted bill establishes:
"Article 371- The legal strike is a right that consists of the concerted and peaceful suspension of work, in a company, institution, establishment, or work center, agreed upon and carried out by a plurality of three workers, as a minimum, representing more than half of the votes cast in accordance with Article 381, by the employees involved in a collective labor dispute, for the following:
Purely political strikes or those that have no direct connection with the employment relationship or labor breaches attributable to the employer shall be illegal.
In addition to the contractual strike, a strike aimed at protesting against public policies shall also be permitted, provided that said policies directly affect the economic or social interests of the workers. In this case, the requirements of Article 377 of this code must be met, with the exception of prior conciliation. This type of strike may not last longer than 48 hours, nor may it be repeated for the same reason.
The regulation of the preceding paragraph shall not affect the right to carry out marches, gatherings, rallies, or other demonstrations permitted by the legal system that take place during non-working hours, without any duration restriction.
The preceding provisions shall also not affect the right to demonstrate of independent workers, or of those persons not linked to an employment relationship.
Apart from the cases indicated in this article, atypical strikes shall not be permitted, nor shall any other type of strike be considered legal.
No strike that involves blockades on public roads or that prevents access to public facilities or services, the carrying out of sabotage on public property, the perpetration of conduct constituting a criminal offense, or that makes it impossible for workers who are not on strike to exercise their right to work shall be considered peaceful." Specifically, the norm regulates three types of strikes: contractual strikes, purely political strikes, and strikes against public policies. The first would be legal, the second absolutely illegal, and the third would be legal insofar as they directly affect the economic or social interests of the workers.
In this regard, the Deputies consult on the content of paragraph 3, which provides: "Purely political strikes of any kind or those that have no direct connection with the employment relationship or labor breaches attributable to the employer shall be illegal," since they consider it to be an unjustified limitation.
Now, while it is alleged that there is a lack of definition of the concept of "political strike," in the Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association, sixth edition (2018), it is observed that this type of strike is not protected by the principles of freedom of association:
"760. Strikes of a purely political nature and strikes decided systematically long before the negotiations take place do not fall within the scope of the principles of freedom of association.
(See 2006 Compilation, paragraph 528; 340th report, Case No. 2413, paragraph 901; 344th report, Case No. 2509, paragraph 1245; and 353rd report, Case No. 2619, paragraph 573.)
761. Strikes of a purely political nature do not fall within the scope of the protection afforded by Conventions Nos. 87 and 98.
(See 346th report, Case No. 1865, paragraph 749; and 353rd report, Case No. 1865, paragraph 705.)
(…)
763. While strikes of a purely political nature are not covered by the principles of freedom of association, trade unions should be able to organize protest strikes, in particular to exercise criticism against the government's economic and social policy.
(See 2006 Compilation, paragraph 529; 344th report, Case No. 2509, paragraph 1247; 348th report, Case No. 2530, paragraph 1190; 351st report, Case No. 2616, paragraph 1012; 353rd report, Case No. 2619, paragraph 573; 355th report, Case No. 2602, paragraph 668; 360th report, Case No. 2747, paragraph 841; and 372nd report, Case No. 3011, paragraph 646.)." The foregoing, even if it is soft law, shows that there is no controversy at the level of the Committee on Freedom of Association regarding the lack of international protection for purely political strikes. Thus, it remains at the free discretion of each country to permit them or not.
In this case, the bill considers illegal those political strikes that have no direct connection with the employment relationship or labor breaches attributable to the employer, which, based on the foregoing, I do not deem inappropriate.
On the other hand, the Deputies also consult on the requirement that in strikes against public policies there be a direct impact on the economic or social interests of the workers and that, furthermore, it limits the strike to forty-eight hours and the possibility of repeating it for the same reason.
Regarding this last aspect, I refer to the separate reasons I recorded in point 3.— 'Regarding the forty-eight-hour term provided in Article 371 consulted' of this considerando.
(…)
3.1 Separate reasons of Magistrate Rueda Leal in relation to point 3.— 'Regarding the forty-eight-hour term provided in Article 371 consulted' of Considerando IV.— ' Consulta sobre el fondo' (Consultation on the merits).
Article 1 of bill No. 21.049 'Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos' proposes amending section 371 of the Código de Trabajo, relevantly, as follows:
"In addition to the contractual strike, a strike aimed at protesting against public policies shall also be permitted, provided that said policies directly affect the economic or social interests of the workers. In this case, the requirements of Article 377 of this code must be met, with the exception of prior conciliation. This type of strike may not last longer than 48 hours, nor may it be repeated for the same reason.
The regulation of the preceding paragraph shall not affect the right to carry out marches, gatherings, rallies, or other demonstrations permitted by the legal system that take place during non-working hours, without any duration restriction." In this regard, the consulting Deputies maintain that the 48-hour term lacks technical justification to consider it reasonable to allow a strike for that duration, as its objective is to limit and restrict the exercise of freedom of expression and thought. They affirm that the restriction also violates the principle of democratic participation.
On this point, I consider it appropriate for the State to establish reasonable regulations on the right to strike.
Prima facie, it seems to me that the questioned term should not be interpreted in isolation and, in the absence of an express provision delimiting it, it is necessary to integrate it with other provisions. Precisely, the norm in question, after stipulating that term, clarifies that marches, gatherings, rallies, and other forms of demonstrations carried out during non-working hours have no duration restriction whatsoever. That is, the referred 48 hours, in principle, could be understood solely as working hours, with the consequent possible extension of business days according to the respective work shifts. I would consider the foregoing proportional, provided that the prohibition on strikes in essential public services is respected and the maximum terms established in other services are not exceeded.
In addition, the same consulted bill proposes the amendment of Article 378 of the Código de Trabajo in the following terms:
"Article 378- A strike, whatever its modality, whether called by one or more unions or, where applicable, a coalition of workers, may be carried out intermittently, gradually, or in a staggered manner. In these cases, the days and hours of suspension, as well as the modality of the strike, must be communicated in writing to the employer prior to its commencement, directly or through the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
In no case may a strike be repeated for the same reasons as a previously held one." In the preceding sense, I consider that a strike, whatever its modality (including those against public policies that directly affect the economic or social interests of the workers), can be carried out intermittently, gradually, or staggered and, furthermore, the norm expressly contemplates the possibility of counting the hours of suspension. Therefore, when conducting an abstract analysis of the norm, the 48-hour term would not be unreasonable. Hence, a priori, I do not find any defect of constitutionality.
(…)
7.1 Additional reasons in relation to point 7.— 'The amendment to Article 379, of the Código de Trabajo, on the suspension of wage payment' of Considerando IV.— 'Consulta sobre el fondo' (Consultation on the merits).
For the purposes of this consultation, I clarify that, although I signed judgment No. 2011-010832 of 2:30 p.m. on August 12, 2011, regarding the conforming interpretation of Article 377 of the Código de Trabajo, that resolution conceived that dismissal, or the eventual wage reduction in the private sector, had a punitive nature, therefore, it was fundamental to first establish the legality or illegality of the strike to apply them. Precisely, section 371 of the Código de Trabajo defined a legal strike as: "the temporary abandonment of work in a company, establishment, or business, agreed upon and carried out peacefully by a group of three or more workers, with the exclusive purpose of improving or defending their common economic and social interests." Likewise, section 377 cited above only regulated that: "The illegal strike terminates, without liability for the employer, the employment contracts entered into by the strikers; the repressive sanctions that the Common Courts may declare against them are preserved. However, in the new contracts the employer enters into, conditions lower than those that, in each case, were in force before the illegal strike was declared may not be stipulated." Another important element I considered on that occasion was that the regulations did not seek a quick resolution of labor disputes related to the qualification of the strike.
Currently, the definition of strike changed with the approval of law No. 9343 of January 25, 2016, "Reforma Procesal Laboral," which, without prejudice to the additional elements incorporated by the bill, came to be defined in the following terms: "Article 371- The legal strike is a right that consists of the concerted and peaceful suspension of work, in a company, institution, establishment, or work center, agreed upon and carried out by a plurality of three workers, as a minimum, representing more than half of the votes cast in accordance with Article 381, by the employees involved in a collective labor dispute, for the following: a) The defense and promotion of their economic and social interests. b) The defense of their rights in the collective legal disputes indicated in Article 386. (…)". In addition, the amendments relating to termination or the application of sanctions are regulated in greater detail in the bill submitted for consultation: "Article 379- The termination of employment contracts or any other disciplinary sanction that may correspond shall only be admissible as of the declaration of illegality of the strike. In the case of essential services, the corresponding disciplinary sanctions may be enforced from the moment the judicial order provided for in Article 375 bis of this Code becomes final. The strike suspends the employment contracts with respect to the workers who are participating in the movement; consequently, said workers shall not be obliged to provide their services, nor the employer to pay remuneration. If a final judgment declares that the reasons for the strike are attributable to the employer due to serious breaches of the employment contract, the employer must pay the wages corresponding to the days the strike lasted. In no case shall the employer be ordered to pay the wages of workers who have declared a strike in essential services. (…)".
Given this new regulation, in accordance with the sections of the bill cited above, I consider reasonable the lack of wage payment as a natural consequence of the suspension of the employment contract, not as a sanction, as long as the strike is not definitively qualified, in which case everything will depend on whether it is still ongoing and whether it was declared legal or illegal. The foregoing makes practical sense insofar as the jurisdictional qualification of the strike is carried out swiftly.
Hence, under this new context, I join the majority criterion on this point.
(…)
8.1 Different reasons of Magistrate Rueda Leal in relation to point 8.— 'The amendment to Article 379, of the Código de Trabajo, on the suspension of wage payment' of Considerando IV.— ' Consulta sobre el fondo' (Consultation on the merits).
In this regard, the proposed amendment to Article 379 of the Código de Trabajo, insofar as it establishes: "If a final judgment declares that the reasons for the strike are attributable to the employer due to serious breaches of the employment contract, the employer must pay the wages corresponding to the days the strike lasted," is already contemplated in section 386 of the current Código de Trabajo, which would not undergo any modification or repeal should the consulted bill be approved. In that sense, since both norms would be in force, I consider the clarification made in the judgment unnecessary." Paul Rueda L.
File: 21-005712-0007-CO Res. No. 2025-026385 NOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OBLIGATION TO PROVIDE AN UPDATED EMAIL ADDRESS As a cross-cutting consideration for the entire judgment, I must clarify that it did not fall to me to hear the constitutional consultation resolved by means of opinion No. 2019-020596, so I am not bound by the arguments that may have been set forth therein.
In this specific section—with regard to the transcription of the arguments given concerning the obligation of trade union organizations to have an email address registered with the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) to receive notifications in proceedings for the qualification of strike actions—I must note that—on this matter—I concur with the explanation given at the time by Magistrate Rueda Leal in the sense that Articles 134 and 137 of the Código de Normas y Procedimientos Tributarios refer to an administrative procedure and not to a jurisdictional process, so their reference is not useful for resolving the claim of unconstitutionality.
On the other hand, I consider it necessary to show that the dismissal of this part of the unconstitutionality action does not contradict what was resolved by this Chamber in the advisory opinion issued through resolution No. 2024-029411. In said opinion, this Tribunal considered that the bill had problems of constitutional relevance, by foreseeing the possibility of carrying out judicial notifications by any means established by the defendant party or its representative, in the case of legal entities, which it had indicated before any judicial authority even before formally commencing the proceeding. In this regard, this Chamber made the following considerations:
"[T]he subsection mentioned ut supra consulted enables, in a superficial and imprecise manner, the notification of the transfer of the complaint to any means established before any judicial authority even before the commencement of the proceeding. Such provision does not safeguard the right to defense of the parties and due process, since, as those consulting rightly point out, with that wording there would be no certainty of the effective communication of the transfer of the complaint nor of the material possibility for the defendant party to participate opportunely in the proceeding." It should be clarified, in this regard, that the contexts examined are different, since in the case of unions there exists—beforehand—the legally imposed obligation to register an email address with the MTSS and to keep it updated, whereby there should be certainty regarding the communication mechanism. It is not just any means or address previously provided, but the email address they must formally register with the governing authority in labor matters, so that they should not be left in a supposed state of defenselessness.
Furthermore, the norm orders that this electronic address shall be used exclusively to receive notifications in the proceedings for the qualification of strike actions. Here, it must be highlighted that this is a conflict requiring special diligence, as we are facing the resolution of a conflict that impacts the whole of society, given that the regularity and continuity of public services are at stake.
Therefore, I consider it reasonable—as the majority judgment explains—that the requirement to register and keep an email address updated responds to a formality and a scheme of requirements to consider the judicial process established, following the breakdown of labor and social peace. Moreover, it is reasonable that the notification regime for this specific process be updated in order to undertake urgent jurisdictional actions and avoid delays in notification that could impact social well-being. For this reason, this Tribunal differs from the petitioners' consideration that the initial notification must be carried out personally or at the registered office of the union organization. The union's obligation and the desired consequence of notifying via this specific means to promptly resolve the legitimacy of the strike action is reasonable.
In accordance with these particularities and in view of the previously established legal obligation, of prior knowledge to the unions, I consider that this Tribunal is not falling into any contradiction with respect to what was resolved in advisory opinion No. 2024-029411.
I believe that, for legal certainty, it was necessary to make the distinction clear regarding the scenarios examined.
PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS IN RELATION TO ART. 376 SUBSECTIONS A) AND B) OF THE CÓDIGO DE TRABAJO Respectful of the criterion of the majority of this Chamber, I dissent and declare unconstitutional the word "absolutely" included in the heading of Art. 376 of the Código de Trabajo in relation to subsections a) and b) of that same section.
The norm under analysis provides the following:
Art- 376 (…)
By their essential nature, strikes shall be absolutely prohibited in the following services:
In relation to this section, the petitioners challenge that prohibiting strikes in essential services affects freedom of association. Regarding subsections a) and b), the following arguments were raised:
"[I]t is not valid to extend the strike prohibition to the entire health system, given that there are services provided in that sector whose suspension does not put life, security, or the health of persons at risk, such as secretaries, archive personnel, surveillance, as these are services that do not have a direct effect on the care of persons." (...)
Paragraph b) of Article 376 contains a clear defect of unconstitutionality, inasmuch as it absolutely prohibits the exercise of the right to strike in activities that bear no relation to an essential service, nor endanger fundamental goods or interests, such as the guarding of installations, and investigative work. The legislator overreaches by extending the prohibition of a fundamental right to safeguard services that are unrelated to the protection of the life, health, and safety of persons, and by placing the protection of property above a union right." Regarding this matter, one must begin from the premise of the existence of a fundamental right to strike, enshrined in Article 61 of the Constitution, as well as in Article 8 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In accordance with these norms, the right to strike is guaranteed except in public services, according to the determination of those services made by law. Therefore, since this involves limiting the exercise of a fundamental right, I believe that legal restrictions must be reasonable and precise so as not to empty the core of labor rights of content. On this point, I lean more towards the dissenting vote (voto salvado) that was recorded in due course by Magistrate Salazar Alvarado and Magistrate Picado Brenes in consultative opinion No. 2019-020596, in the following sense:
"In the opinion of the undersigned, there is a common basis for agreeing with the majority that there are certain essential public services where the legislator may prohibit the right to strike, such that, in general, it is possible to admit cases in which the law could limit the exercise of the fundamental right. But, as in any discussion in which the prohibition of fundamental rights is present, it is necessary that they be in accordance with the principles of reasonableness and proportionality.
In our approach, the bill should establish only restrictions on the right to strike, and not absolute prohibitions, as established by the legislators and the majority of the Chamber, as constitutional. Thus, in the ten scenarios established by the reform bill to Article 376 of the Labor Code, there is no adequate balancing of the right to strike against the fundamental rights that serve as its limit, because not in all cases do they have the same intensity regarding the services provided by all workers. The regulation should only be aimed at prohibiting the strike when this mechanism of the workers represents an obvious and manifest threat (amenaza evidente y manifiesta) to the life, security, or health of all or part of the population. Otherwise, a large majority of public servants should not be deprived of the fundamental right to strike, when it is not an essential service, and there is no obvious and imminent threat (amenaza evidente e inminente) to them. In the terms established, for many it implies an illegitimate restriction and a right that remains in theory, despite being constitutionally recognized.
(...)
In our judgment, the principle of reasonableness and proportionality is fundamental in the interpretation of Article 61 of the Political Constitution, for an exercise must be undertaken to determine that in certain professional or even administrative positions, they might not represent a danger, so as to proceed from such an exacting premise that allows the conclusion that all activities lead to the obvious and imminent threat to the right to life, health, and public safety. Certainly, that conclusion might not be reasonable. In this sense, the imposed restriction unduly burdens the fundamental right established in the Political Constitution." In accordance with the foregoing, in my view, the indicated subparagraphs—in conjunction with the prior determination that the restriction is absolute—impose an overly broad prohibition that limits the margin for determining which officials in health services or public safety services—who are not directly related to direct patient care, or to attending to situations related to public safety—may participate in a strike movement without affecting the continuity of the services under review. In that sense, I believe it does not allow the possibility of nuancing and making a particularized assessment of which servants could join the strike movement, but rather practically includes all of them within the limitation.
Therefore, I believe that the severity of the restriction warrants a declaration of unconstitutionality of the word "absolutely" (absolutamente) so that the judge may carry out a concrete and specific balancing (ponderación) of the servants contemplated in subparagraphs a) and b) and assess which of them could exercise their fundamental right to strike without constituting a grave threat (grave amenaza) to essential public services.
DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING ART. 376, SUBSECTIONS C), D), AND H) OF THE LABOR CODE Unlike the resolution regarding subsections a) and b), I consider that subsections c), d), and h) are reasonably specified or allow a margin of determination regarding which servants of the involved institutions may or may not participate in the strike, depending on the specific service sought to be safeguarded. This is no longer a restriction of practically all personnel, but rather the legislator defines which services are deemed indispensable and, therefore, as authorized by the Constitution, the right to strike is restricted to those specific services. The questioned subparagraphs are the following:
From reading these provisions, I consider there to be a reasonable precision in specifying the services excluded from the possibility of carrying out a strike, in view of the impact their suspension could have on other fundamental rights and services of general interest. In the case of air-traffic controllers and migration control, it is clear that these are services of the highest general interest, the eventual suspension of which could limit the fundamental right to the free transit of persons, security, and the national economy. On the other hand, the restriction in subsection d) alludes to transport services, but specifically related to the transport of medicines, medical equipment, and perishable goods, fuel ships, and public transport when they are providing the service. Then, it speaks of indispensable services—not all services—for the importation, transport, distribution, and supply of fuel, the attention to breakdowns affecting the described services, and the supply at the depot to marketers or final consumers. As can be seen, these norms provide a margin of determination regarding which specific services are subject to the restrictions. Based on the foregoing, and seeing that they relate to essential services, in my judgment, the subsections under analysis are constitutional.
DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING ART. 379 OF THE LABOR CODE Regarding this aspect, the majority of the Chamber refers to the considerations set forth in consultative opinion No. 2019-20596 and the interpretation made therein of the questioned paragraphs. On this point, I must note that I did not vote on the cited consultative opinion, but, furthermore, that I am more aligned with the arguments made by Magistrate Rueda Leal, which state the following:
"1. Unanimously, it is interpreted that the consulted Article 379, insofar as it recognizes the payment of salaries corresponding to the days of a strike declared legal, limiting it only 'for serious breaches of the employment contract' (incumplimientos graves del contrato de trabajo), is in conformity with Constitutional Law as long as its recognition does not exclude the other scenarios established in Article 386 of the Labor Code. Magistrate Rueda Leal provides different reasons regarding the expression 'for serious breaches of the employment contract', given that this scenario is already included in Article 386 of the Labor Code.
(...)
8.1 Different reasons of Magistrate Rueda Leal regarding point 8.— 'The reform of Article 379 of the Labor Code, regarding the suspension of salary payments' of Considerando IV.— 'Consultation on the merits'.
In this regard, the reform proposal to Article 379 of the Labor Code, insofar as it establishes: 'If a final judgment declares that the reasons for the strike are attributable to the employer for serious breaches of the employment contract, the employer shall pay the salaries corresponding to the days the strike lasted', is already contemplated in Article 386 of the current Labor Code, which would not suffer any modification or derogation if the consulted bill were approved. In that sense, since both norms would be in force, I deem the clarification made in the judgment unnecessary." In accordance with the foregoing, my different reasons are based on the argumentation made by Magistrate Rueda Leal to the effect that the proposed interpretation is unnecessary, given that the determination regarding the obligation to pay the lost salaries—in response to serious breaches attributed to the employer—is already previously established in the Labor Code.
NOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING STRIKES IN SERVICES OF TRANSCENDENTAL IMPORTANCE. INVOCATION OF THE CRITERIA OF THE ILO In this section of the judgment, the majority of the Tribunal alludes to the criteria of the Committee on Freedom of Association of the International Labour Organization (ILO) regarding the recognition of certain services as essential. Regarding that reference, I must reiterate my considerations set forth in judgment No. 2020-021785, in which I recorded a note on the normative value of such recommendations. In that regard, I stated the following:
In the specific case, the plaintiffs challenge Article 2 of Executive Decree No. 38767-MP-MTSS-MJP of December 18, 2014, the Regulation to Article 375 of the Labor Code (Reglamento al artículo 375 del Código de Trabajo), because, in their view, that norm is contrary to the reports of the Committee on Freedom of Association of the International Labour Organization, which state that loading and unloading activity in ports is not an essential service.
As I have maintained on other occasions, for the purpose of specifying the jurisdiction of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) when hearing actions of unconstitutionality, it is necessary to consider what is established in the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), which states:
Article 73. An action of unconstitutionality shall be admissible:
Thus, when this body hears of legal and sub-legal norms and carries out a kind of review using international treaties as a parameter, these must be duly ratified.
In previous notes (see judgments 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582, 2016-018351, 2020-013316), I have made some considerations regarding the exercise of constitutional control and international instruments as a parameter of assessment. In that regard, insofar as is relevant and in summary, I indicated the following:
'The function of controlling the conformity of laws and general provisions with treaties and conventions is not expressly provided for in the constitutional text but only in Article 73.d) LJC, but it is not contrary to the former, since it allows guaranteeing the efficacy of Article 7 CP. That function of controlling said conformity is a function different from the one the Chamber exercises under Article 10 CP—constitutional control—and from the one established in Article 48 CP—jurisdictionally guaranteeing constitutional rights and those of a fundamental nature established in international instruments on human rights.
When this Chamber exercises its function of constitutional control, it is not appropriate for it to draw upon treaties and use them, in fact, as if they formed part of the constitutionality parameter. Such instruments, and only if they are duly ratified, can stand as a parameter of conformity of legal and sub-legal norms with themselves, pursuant to what is established in Article 7 CP and 73.d) LJC. This is consistent with a systematic interpretation of the Constitution and the LJC and with respect for the separation of powers, a foundational principle of every democratic State of Law.' (The highlighting does not correspond to the original votes).
That is why I consider it vital to cite what was stated by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) in its report, which precisely highlights that the criteria invoked by the plaintiffs are not legally binding instruments for our country:
'[T]he principles and minimum rules of conduct established, as "non-binding" guidance by the Committee of Experts and the Committee on Freedom of Association regarding the right to strike, are therefore derived from international labor recommendations that do not constitute autonomous, obligatory legal instruments, but rather a mere guide or directives of an orienting and interpretive nature for eventual national action in the involved matter, and therefore, they are not even subject to ratification by the member States.
Note that the ILO itself has insisted that "It is very important to avoid any confusion between the international labor recommendations adopted by the International Labour Conference, which are non-binding norms of a universal character, and the recommendations addressed by the ILO supervisory bodies to a specific country in the event that it does not comply with its obligations regarding ILS (International Labour Standards)." The former, that is, those recommendations prepared and adopted by the Conference, are not intended to obligate member States to respect their content, but rather to propose guidelines that can guide them in the internal regulation of labor relations and the development of their own social policy. While the pronouncements of the supervisory bodies are clearly distinguished from mere doctrinal opinions or simple moral guidelines previously alluded to, in that, once approved by the Governing Body of the ILO, they are endowed with concrete legal value by establishing fundamental guidelines so that, in the face of specific complaints, States effectively comply with the conventions and treaties they have ratified.
For their part, the recommendations of the Committee on Freedom of Association are addressed to the Governing Body of the ILO, thus being a mere internal instruction of an administrative nature, and for this reason, one cannot think of them having international enforceability, and therefore, they are not binding in nature.
And based on the foregoing, it is evident that the ILO recommendations on which the plaintiff bases their arguments do not have the legally binding value alleged; therefore, their eventual judicial use is limited, at most being able to serve as a reference for interpreting domestic law provisions (interpretive tool), especially when the latter has been inspired by the respective conventions, or as a mere guide of an orienting nature for eventual national action in the matter.
Thus, the instruments prepared by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations and the Committee on Freedom of Association, as well as the comments made by ILO supervisory bodies, particularly regarding observations on the application of conventions ratified by different countries, do not have direct efficacy or operability, since they actually lack the binding normative value alleged in this action, nor can they be equated to an order from a supranational court of justice (Baena Ricardo Case vs. Panama, Inter-American Court of Human Rights), much less be assimilated to a Convention, since only the latter is a true formal source of International Law in observance of the principle pacta sunt servanda' (the highlighting does not correspond to the original).
In that line, I also consider it convenient to point out that the constitutional parameter of the decree in the matter sub examine is not per se what is stated by the bodies competent to interpret or monitor compliance with various international instruments, but rather the constitutional norms and principles invoked in the judgment I sign with the majority." In the sub lite, I must reiterate these considerations so that it is understood that the ILO recommendations are not, as such, a parameter of the constitutional control entrusted to this Tribunal, but merely hermeneutical guidelines.
Anamari Garro V.
Dissenting vote (Voto salvado) of Magistrate Salazar Alvarado.— The undersigned magistrate dissents and declares that subsections a), b), c), d), and h) of Article 376 of the Labor Code are unconstitutional, in the sense that they absolutely and generically prohibit the right to strike, without them necessarily representing—in all cases—an obvious and manifest threat (amenaza evidente y manifiesta) to life, security, or health; in which cases, a minimum service (prestación mínima) should be permitted that does not affect the continuity of those services.
The challenged norm establishes:
"Article 376- For the purposes of the preceding article, essential public services (servicios públicos esenciales) are understood as those whose suspension, discontinuity, or stoppage may cause significant harm (daño significativo) to the rights to life, health, and public safety.
Due to their essential nature, the strike shall be absolutely prohibited (prohibida absolutamente) in the following services:
…
…".
The right to freedom of association is associated with the freedom of action of trade unions, among them, the right of workers to agree on pressure measures such as the strike, a fundamental right to be able to promote, defend, and materialize economic and social achievements. It is, without a doubt, a measure of last resort that implies sacrifice for the workers, the employer, and undoubtedly, for society in certain scenarios such as services of public interest.
As such, the right to strike is an instrument of last resort for workers, in order to obtain attention to their demands by the employing authorities and to manage to correct unjust or neglected situations by the employers. As is evident, it is used as a counterweight to the power relationships held by the employer representatives and the use of dilatory tactics.
While the 1949 Constituent Assembly authorized the legislator to establish limitations on the right to strike in public services, it is very necessary to balance the fundamental rights and constitutional principles in question, so that the legislative power does not end up exceeding, curtailing, and frustrating what, by definition, would be the prohibition of a strike in essential public services. Indeed, the legislative protection should have been directed at services that cannot be interrupted, because life, security, and health of all or part of the population are put at risk, and going beyond that would be imposing excessive limitations. Hence, the legislator, with the level of detail in which it legislated, should have considered the imposition of a minimum service (servicio mínimo) as an effective and substitutive measure appropriate to a total prohibition.
In resolution of this Chamber No. 2019-020596 of 19:15 hours on October 25, 2019, in which I dissented along with Magistrate Picado Brenes, we stated that:
"The concept of essential services necessarily requires a balance of values and interests that arises between the workers invoking their right to strike and the valid sacrifices that can be imposed on the users of the services. In this sense, the right to strike must yield before other rights such as life, security, and health of part or all of the population, given that we are dealing with the limitations of fundamental rights recognized internationally, and because the strike is not an absolute right. The issue of where to place the limits is not settled; the geographical location of a country can even carry weight, so it may not be the same for one country as for another; the Committee on Freedom of Association itself recognizes that it depends largely on the specific conditions of each country. Indeed, the Committee on Freedom of Association guides the discussion and recognizes the cases in which essential services could be established (in that sense, we refer to the dissenting vote on essential services point 4.1); and, therefore, the strike could be prohibited, when there is an obvious and imminent threat (amenaza evidente e inminente) to the life, security, or health of all or part of the population." With the reform, the legislator opted for an extremely restrictive regime, of absolute and rigid prohibition of the strike. By definition, Article 376 of the Labor Code proceeds from the premise that subsections a), b), c), d), and h) are all scenarios representing essential public services "... whose suspension, discontinuity, or stoppage may cause significant harm (daño significativo) to the rights to life, health, and public safety...", enumerating in detail multiple facets or public service activities that the norm itself imposes with the high standard of not allowing significant harm to the stated rights of the users and population.
In this sense, the limitations and restrictions seen in general have consensus in doctrine and jurisprudence, and even in the Committee on Freedom of Association of the International Labour Organization, such that essential services in health, police, firefighters, and air-traffic control may be prohibited; but, for this minority, the problems begin when they are extensively regulated. Thus, it is possible to find activities that were taken to such a point that the doubt about their impact against that high standard of harm does not surpass the need to impose a prohibition in such detail, without affecting freedom of association and union action through the right to strike. It then becomes an illegitimate restriction contrary to the principles of reasonableness and proportionality regarding the right to strike, and raises doubt, which merits the protection of the protective principles of human rights, as well as of labor law.
The Inter-American Court of Human Rights, in its Advisory Opinion OC-27/21 of May 5, 2021, considered, regarding essential services, several points that are of relevance. It stated that:
"103. In relation to workers who provide essential services, one must adhere to the strict sense of the term, that is, those who provide services whose interruption entails an obvious and imminent threat (amenaza evidente e inminente) to the life, security, health, or liberty of all or part of the population (for example, those who work in hospital service, electricity services, or water supply services)" (citation omitted).
In this sense, the interpretation must be limited; lax interpretations that allow excessive licenses for the prohibition of the right to strike must be avoided. This invites establishing a differentiation within the various essential services that might be established in law, including those enunciated by the Inter-American Court, because in the opinion of this minority, it is very clear that there must be an "obvious and imminent threat" or, in the challenged Article 357 of the Labor Code, that indicates "cause significant harm"; and yet, activities were included that do not have such a magnitude of impact.
When the total prohibition was extensively chosen, it was not considered that many of these activities do not represent that "obvious and imminent threat" or those that may "cause significant harm", that may not be at the extreme described by the jurisprudence or the heading of the challenged norm. In my opinion, intermediate activities are included, not harmful to those high protected goods, which opens the possibility of demanding the establishment of minimum services. The legislator could well have differentiated, within these essential services, those activities that do not represent an obvious and imminent threat to life. Moreover, in the same citation of paragraph 103 of the advisory opinion, the Inter-American Court, before referring to compensatory guarantees, poses the question of whether it is possible to agree, due to the particularities of the activity, on an adequate solution of providing a minimum service (prestación mínima), which is completely admissible, and regarding which, it is an important consequence to avoid the prohibition of the strike as a pressure mechanism in favor of workers, so that they could fight for the economic and social gains they seek, which in service-provision and productive sectors—evidently—can be materialized.
Therefore, with respect, I disagree with the majority, which states that the legislator has broad freedom of configuration and appreciation in the formation of the law, which I cannot accept, since that exercise of the constitutional function cannot become an almost absolute license to fail to materialize the other fundamental rights that the 1949 Constituent Assembly established, such as the strike. Even for the Inter-American Court, it must be understood that the absolute and total prohibition of the strike would be the ultima ratio, so as not to produce a sacrifice of the fundamental rights of workers.
"104. Likewise, in relation to essential services, the Court emphasizes that States should seek substitutive solutions for those cases in which the total prohibition of the strike can be avoided when a minimum service is an adequate solution to guarantee the basic needs of the users or the safe operation of the facilities in which the service considered 'essential' is provided. In this sense, it is worth highlighting that the minimum service must be limited to operations that are necessary to satisfy the basic needs of the population or the minimum requirements of the service, ensuring that the scope of the minimum services does not result in the strike being inoperative." Negotiations on minimum services should be held before a labor conflict has arisen, so that all interested parties (public authorities, workers’ organizations and employers’ organizations) may negotiate with the greatest possible objectivity and calm” (citations omitted).
It is clear from the foregoing that in many essential services it is not enough to make an exhaustive list of activities in order to protect users and the national economy, because that evidently entails the factor of an exhaustive prohibition by irrational force of law, devoid of true content to protect the right to strike. This is precisely the problem detected in the challenged subparagraphs. The legislator, when delimiting rights and restrictions, is obliged to respect the essential content of the right to strike, as an instrument of pressure that is a last resort in labor conflicts. Even though it is often bothersome and inconvenient for the recipients or the national economy, this is due to the necessary instrumentalization of this resource for those who hold the weaker position in an employment relationship (the workers), and that must also be guaranteed.
In Dictamen N° 2019-020596 of 7:15 p.m. on October 25, 2019, already mentioned, regarding my position, it was stated that:
“The regulations should only be oriented toward prohibiting the strike when this mechanism of the workers represents an obvious and manifest threat to the life, safety, or health of all or part of the population. Otherwise, a vast majority of public servants should not be deprived of the fundamental right to strike, when it is not an essential service, and there is no obvious and imminent threat to those. In the terms established, it implies for many an illegitimate restriction and a right that remains in theory, despite being constitutionally recognized. The criteria of the Committee on Freedom of Association can indeed guide this conclusion, since it has considered that:
“The principle regarding the prohibition of strikes in ‘essential services’ could be distorted if a strike were to be declared illegal in one or several companies that did not provide an ‘essential service’ in the strict sense of the term, that is, services whose interruption could endanger the life, safety, or health of the person in all or part of the population (case of Nigeria No. 2432 and Sri Lanka No. 2519).” “It does not seem appropriate that all State enterprises be treated on the same basis regarding restrictions on the right to strike, without distinguishing in the pertinent legislation between those that are genuinely essential and those that are not” (case of Canada No. 3057).
In our judgment, the principle of reasonableness and proportionality is fundamental in the interpretation of Article 61 of the Political Constitution, since an exercise must be carried out to determine that in certain professional or even administrative positions, they might not represent a danger, so as to start from such an exacting premise that would allow concluding that all activities lead to an obvious and imminent threat to the right to life, health, and public safety. Certainly, such a conclusion might not be reasonable. In this sense, the restriction imposed unduly weighs on the fundamental right established in the Political Constitution. Thus, in order to constitute an absolute prohibition and encompass the ten subparagraphs mentioned above, we maintain that not all of them could be justified so as to suppress a fundamental right. (…)
To this end, recourse is likewise made to the Committee on Freedom of Association, as it holds that:
“The following do not constitute essential services in the strict sense of the term: radio and television, the petroleum sectors and oil installations, the distribution of petroleum for the operation of air transport, the gas sector, the filling of gas cylinders and their marketing, ports (loading and unloading), banks, the Central Bank, insurance services, computer services for the collection of duties and taxes, department stores and amusement parks, metallurgy and the entire mining sector, transport in general, including metropolitan services, airline pilots, the generation, transport and distribution of fuels, railway services, metropolitan transport, postal services, refuse collection services, cold storage companies, hotel services, construction, automobile manufacturing, agricultural activities, the supply and distribution of food products, tea, coffee and coconut plantations, the Mint, the State Graphic Agency and state monopolies on alcohol, salt and tobacco, the education sector, mineral water bottling companies, aircraft repair, elevator services, export services, private security services, except prison services, airports, except air traffic control services, pharmacies, bakeries, beer production and the glass industry” (case of Republic of Korea No. 1865, Philippines No. 2252, Colombia No. 2355, among others).
(…)
It is important to revisit Judgment No. 2017-13786 of 11:50 a.m. on August 29, 2017, in which this Chamber heard of the refusal in the Department of Legal Medicine to perform forensic autopsies and deliver the bodies to family members because they were on strike. In it, the right of the deceased’s family members to be given the death certificate and the body of the deceased, the right to respect for deceased persons, and public health were weighed. In this decision, the undersigned Judge Salazar Alvarado added a note pointing out that in essential services, those that are minimum, that need to be maintained to protect the recipients of essential services from receiving a service suspended by reason of a strike, must be defined; when weighing all the rights involved, it is reasoned that:
“Given the particularities, the maintenance of essential community services is a limit to the right to strike in the face of the advent and possible infringement of fundamental rights. The above implies the provision of the work necessary for coverage that guarantees the rights, freedoms, or goods that the service itself satisfies. Thus, in the exercise of a strike that occurs in essential services that concern the community, there must be a reasonable proportion between the sacrifices imposed on the strikers and those suffered by the users of those services. Therefore, the measures must be aimed at guaranteeing the indispensable minimums for the conservation of the services, while such maintenance cannot mean—in principle—that reaching the usual level of performance is required, nor ensuring the normal functioning of the service, but the interest of the community must be disturbed by the strike only to reasonable extremes and not make it nugatory. I reiterate that the consideration of a service as essential cannot entail the suppression of the right to strike of the workers who would have to provide it, but rather the need to have precise measures for its conservation; or, put another way, to ensure the provision of the work that is necessary for the coverage of the rights, freedoms, or goods that said service satisfies, without requiring reaching the usual level of performance or ensuring its normal functioning. Thus, the lack of timely delivery of the bodies awaiting the performance of an autopsy thus violates the right to health of the family members, in the understanding that said concept encompasses emotional, social, psychological, and spiritual health.” Thus, we conclude that the legislator’s determination that the essential services established in the reform of Article 376 of the Labor Code are all activities where the strike must be prohibited, does not differentiate those activities that allow ensuring a minimum provision of services and thus provide coverage to the service, without prejudice to permitting the exercise of the right to strike as a fundamental right, and not establishing an absolute prohibition.” Based on that dissenting vote, I must say that I agree that there must be a modulation of the prohibitions in the different subparagraphs examined on this occasion by the Constitutional Chamber.
Thus, unconstitutionality must be upheld regarding the following subparagraphs:
1.- Regarding subparagraph a), it is considered that the position must be reiterated, since between the draft legislation and the legislation that was finally approved, identical wording is observed, except for a punctuation mark (comma after “therapeutic” and after “users and”). In this, what was indicated in the dissenting vote just transcribed applies.
On this matter, the dissenting vote in Judgment No. 2019-020596 of 7:15 p.m. on October 25, 2019, established that: “Those cases that are genuinely essential must be established and those that are not distinguished. Thus, the provision at hand exceeds a criterion of harm to the health of the population, such that it does affect the right to strike, and it does not make a gradation or leveling of those health sectors that do not represent a danger to the lives of patients, or even administrative ones, that might not have major consequences on people’s right to health. Falling into the temptation to qualify every strike in home medical care, outpatient consultation, medical examinations, laboratory tests, as generating a whole obvious and imminent threat to the life, safety, or health of all or part of the population is a fallacy of argumentation, because not all of them lead to situations where the loss of health or human life has a direct relationship with the lack of an essential service. Consequently, the technique of the norm prohibiting all activity in health and hospital services is not legitimate.” Indeed, it is important to note that a prohibitionist expansion of activities is promoted that do not entail threats to the goods that in principle must be safeguarded, namely, the life, health, and safety of persons. These assumptions of protection of the health and life of persons and the population must be interpreted restrictively; it is clear that there is not adequate weighting by the legislator of certain activities that the Committee on Freedom of Association itself does not consider essential services, in cases of pharmacies (strict sense of the term), appointments, and scheduled medical care. In this sense, the level of detail the legislator fell into would have allowed it to establish therein the necessary agreements on minimum services between the parties before rendering union action and the means of pressure available to workers in a collective conflict useless. It is reiterated that by declaring certain activities so exhaustively as essential services, it circumscribes in the legal order an absolute prohibition on the strike, without leaving a margin of action in favor of the fundamental right, and implies a disproportionate exercise against collective bargaining and the right to strike, where the prohibition was, for the legislator, the only possible solution.
2.- Regarding subparagraph b), on “Public safety services including police services, judicial police, care of public facilities, surveillance, investigation, traffic police, coast guard, as well as the custody and care of persons deprived of liberty in any of the places where they remain”; however, again there are activities that are interpreted in an extensive manner to the maintenance of public order, such as services of care of public facilities, surveillance, investigation, and traffic police. It is reiterated that a modulation of the exercise of the strike could indeed have been established to cover certain workers in minimum services, including police functions involving civil-type actions, such as police administrative tasks and traffic engineering. In this sense, in these activities the life, safety, or health of the person or of the population is not endangered in the strict sense.
Indeed, it is reiterated that in Judgment No. 2019-020596 of 7:15 p.m. on October 25, 2019, it was established that:
“It is important to revisit Judgment No. 2017-13786 of 11:50 a.m. on August 29, 2017, (…). In this decision, the undersigned Judge Salazar Alvarado added a note pointing out that in essential services, those that are minimum, that need to be maintained to protect the recipients of essential services from receiving a service suspended by reason of a strike, must be defined; when weighing all the rights involved, it is reasoned that:
“Given the particularities, the maintenance of essential community services is a limit to the right to strike in the face of the advent and possible infringement of fundamental rights. The above implies the provision of the work necessary for coverage that guarantees the rights, freedoms, or goods that the service itself satisfies. Thus, in the exercise of a strike that occurs in essential services that concern the community, there must be a reasonable proportion between the sacrifices imposed on the strikers and those suffered by the users of those services. Therefore, the measures must be aimed at guaranteeing the indispensable minimums for the conservation of the services, while such maintenance cannot mean—in principle—that reaching the usual level of performance is required, nor ensuring the normal functioning of the service, but the interest of the community must be disturbed by the strike only to reasonable extremes and not make it nugatory. I reiterate that the consideration of a service as essential cannot entail the suppression of the right to strike of the workers who would have to provide it, but rather the need to have precise measures for its conservation; or, put another way, to ensure the provision of the work that is necessary for the coverage of the rights, freedoms, or goods that said service satisfies, without requiring reaching the usual level of performance or ensuring its normal functioning (…).” In support, it is worth noting that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-27/21 of May 5, 2021, established that:
“114. The Court emphasizes that the exercise of the right to freedom of association, collective bargaining, and strike may only be subject to the limitations and restrictions provided by law, provided that these are appropriate in a democratic society, necessary to safeguard public order, to protect public health or morals, as well as the rights and freedoms of others. However, the restrictions established on the exercise of these rights must be interpreted restrictively, in application of the pro personae principle, and must not deprive them of their essential content or reduce them in such a way that they lack practical value. In this sense, it is essential to emphasize that, within the protection framework of the Inter-American System, members of the armed forces and police, public officials who exercise authority functions on behalf of the State, as well as those in essential public services, may be subject to special restrictions by the States in the exercise of their rights, under the terms established previously (supra paras. 76 and 102 and 103). This does not preclude that the restrictions, to be conventional, must pursue a legitimate aim, comply with the requirement of suitability, and the measures imposed must be necessary and proportional.” In this sense, in paragraphs 76 and 77, the Inter-American Court agrees together with the Committee on Freedom of Association that in the case of members of the armed forces, a restrictive interpretation must be applied, such that in case of doubt, workers should be considered civilians, thus civilian personnel of the armed forces as in manufacturing establishments, banks, and other civilian employees: “In case of doubt, workers should be considered civilians,” and consequently, it derives from what is established by the Inter-American Court that they have the rights of such. But, furthermore, it establishes the difference between the armed forces and the police function, in which the latter is basically civilian, with the limitations that are indispensable for the fulfillment of its function, that to that extent the absolute prohibition on the strike must also be confined to those workers, exclusively. Thus, it concludes that “In any case, the States must ensure that police workers enjoy the right to organize to discuss among themselves their working conditions, to petition their superiors and the authorities, and to express themselves publicly in a peaceful manner, all of which is indispensable for developing their professional awareness.” Consequently, the law must be reasonable and proportional, and given the civilian tradition of the police in Costa Rica, it must also be established in harmony with it that, despite the level of detail of the norm, the civilian assumptions are not adequately weighted in view of the vision of peace and civil order of our country.
3.- Regarding subparagraph c), the need to prohibit the strike for air traffic controllers could be considered lawful, but the immediate linkage made to other related activities such as migratory controls at airports, ports, and border posts is not. The starting point established for the absolute prohibition of the strike based on an “obvious and imminent threat,” or in the questioned Article 376 of the Labor Code, of “causing significant harm” to life, health, and public safety, cannot be deduced for the other activities distinct from air traffic control, specifically, if the workers of these areas of public functions decide to agree to go on strike as a mechanism of pressure. The proximity and immediacy to the protected legal interests of the life and safety of persons, as well as public safety, in my view disappear, since it cannot be established in a rational and proportional manner to justify the limitations on the fundamental right to strike. If the legislator considered such activities to be of transcendental importance, in the interest of protecting the right to strike, it should have admitted a formulation of agreements between the parties to a collective conflict to lay the foundations for minimum services and guarantee an essential service in migratory control at the country’s ports of entry. Except for the first assumption of air traffic controllers as an activity linked to the obvious and clear safety of persons, the total prohibition of the strike in other related activities only because they are a consequence of international transit, in my judgment, makes it unconstitutional, and it is not possible to understand what link it could have with respect to life, health, and public safety.
4.- Also, regarding subparagraph d), it must be established that based on this canon, the right to strike is affected due to multiple interpretations that can be given to it given the very open wording of the norm, which intermingles medications, supplies, or medical equipment with other economic activities, all of which results in the suppression of the strike in assumptions that can have great absorption capacity. The problem in interpreting the norm is more evident when reaching the details of the possible regulated assumptions, since it evidently includes perishable goods whose interpretation can go notably beyond medications and health supplies. It can be concluded that it doubly pursues the health of persons, but with the purpose of applying a norm designed to give an economicist protection of other goods and services of rail and maritime transport, which are mixed with the loading and unloading at docks and wharves of medications, supplies, or medical equipment, as support implements for health-related activities. The difficulty lies in the way of putting the absolute prohibition into practice with the separation of such specific activities. Furthermore, the norm, by creating gray areas for its application, results with little clarity when it does not opt for the protection of the life and health of persons, but rather significantly expands the absolute prohibition by including ordinary activities of loading and unloading of perishable goods, fuels, and energy sources, which the ILO bodies do not consider essential activities; this does not favor the purpose of the norm to protect the health and life of persons, as they are ordinary and common activities of public transportation of persons. As can be seen, although the Chamber might not agree with the legislative technique when drafting a norm that—for that reason—does not make it unconstitutional, it does conflict with the essential core of the right to strike in activities that are not related to the life or health of persons, much less to public safety, but rather with economicist criteria of protecting the user and the national economy. Precisely, in my judgment, it is unconstitutional because the norm has opted for absolute prohibitions, without having attempted to resolve these matters with agreements between the parties, to give rise to minimum services as has been maintained in this dissenting vote. This without sacrificing the content of the right to strike as an expression of the right to unionization and collective bargaining of workers.
5.- Regarding subparagraph h), it is a more precise and specific facet of subparagraph d), which establishes the prohibition of the strike in activities related to the importation, transport, distribution, and supply of fuel, as well as auxiliary repair activities. The norm covers both the work stoppage and the final strike against consumers of these fuel products. The Committee on Freedom of Association does not consider these activities to be essential services. It is clear that it approaches the problem from an economicist and protectionist view of end users, which protects against paralyzing the country, but evidently, it is something that to that end can be obtained with a formulation of agreements to provide minimum services, because it is not evident that there is an impact on life, health, and public safety. For this minority, the norm goes too far in establishing a total prohibition on the right to strike in those activities considered indispensable to carry out the importation, transport, distribution, and supply of fuel, as well as repairs necessary for these products to reach the final consumer. It is reiterated that alternative means are possible that allow providing minimum services without affecting the right to strike.
As a result of all the foregoing, as established in this dissenting vote, an absolute and generic prohibition of the right to strike in these challenged “essential services” should be adequately weighted, so that the prohibition should only be necessary when an obvious and manifest threat to life, safety, or health is established, and when not, the possibility of agreements that facilitate a minimum provision should be established, which fundamentally seeks to safeguard the rights of the community, with the continuity of essential or indispensable services, without affecting the right to strike. By reason of the foregoing, I leave my vote dissenting on these points.
Note of Judge Salazar Alvarado.- The undersigned judge, moreover, records a note because I consider it necessary to reaffirm that the problem of restrictions on the right to strike must only be agreed upon by the legislator in a reasonable and proportional manner; in this sense it is not a license to establish prohibitions and restrictions of any nature, and consequently, that of the judge to adequately use his judicial discretion. In this sense, when the need to link restrictions on the fundamental right to strike to protect and prevent injuries to the rights to life, health, and public safety is invoked, care must be taken not to fall into the use of purely economicist or utilitarian criteria, which considered in their proper dimension do not injure such goods. The interpretation, consequently, must be in accordance with the protective principles of human rights and labor law.
In Dictamen No. 2019-020596 of 7:15 p.m. on October 25, 2019, the undersigned and Judge Picado Brenes indicated that: “if the determining criterion is harm to the economy or national development, the right to strike may thereby be violated, as regrettably occurred in Costa Rican history when this right was prohibited to the agricultural sector, based on the economic importance of the activity at the time and the lack of economic diversification the country suffered. Although the economic aspect is a common and determining factor to establish that a service has a certain importance for the country, economic relevance could not be determinative to be considered an essential service, since it could be a criterion that would also negatively impact many of the economic, social, and cultural rights, which move in similar spheres.” It is not ignored that strikes of long duration cause significant disruptions for the population, and that the lack of certain services may compromise the life and health of part or all of the population, but it is not that services of transcendental importance cannot be protected through the establishment of mechanisms of work plans, compensation, and substitution of striking workers as part of temporary solutions. Certainly, with this figure, fundamental rights of workers and the rights to health, safety, life, and the national economy are sought to be weighted. The Committee on Freedom of Association, in its compilation of decisions, states:
“866. The establishment of minimum services in the event of a strike should only be possible in: 1) those services whose interruption could endanger the life, safety, or health of the person in all or part of the population (essential services in the strict sense of the term); 2) in those non-essential services in the strict sense in which strikes of a certain extent and duration could provoke a situation of acute national crisis such that the normal conditions of existence of the population could be in danger, and 3) in public services of transcendental importance.” It is recalled that in the case of Article 661 bis of the Labor Code, the verification of the effects of serious harm that is difficult or impossible to repair to the citizenry, is just that, gravity in the harm caused by the strike movement that reasonably exceeds the exercise of this fundamental right, whose exercise substantially entails damages to the population, or that the harmful consequences cannot be repaired, and not because it causes mere inconvenience to users, mainly because a strike is never innocuous in its effects vis-à-vis the public. It is precisely the obligation of the parties, despite the collective conflict, to self-regulate and comply with minimum services, which must be negotiated before resorting to a strike, because fundamentally there is a struggle and defense of unresolved workers’ interests, and when they do not reach an agreement, the judge must mark a fair balance so as not to diminish the effectiveness of the pressure mechanism when it is sought to guarantee the continuity of the services.
In this sense, the cited Committee addresses this point, for which it must be taken into consideration that:
“874. The minimum service must be limited to the operations that are necessary to meet the basic needs of the population or the minimum requirements of the service, ensuring that the scope of the minimum services does not result in the strike becoming inoperative.” Thus, in services of transcendental importance, the judge’s intervention is but a way that seeks a fairer solution to the union action in the face of the collective conflict, as well as an expeditious one, for the establishment of the services that remain in operation, as part of the plan, this clearly in tune and harmony with the impartiality and independence of the judge. In this sense, his intervention must opt for the measures least harmful to the fundamental right to strike, which would be in the reasons that led them to exercise the pressure measure, when that is appropriate.
Luis Fdo.
Salazar A.
Magistrate 1 Observations of the SALA CONSTITUCIONAL voted with ballot It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:11:00.
Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. Nº 2025026385 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas con cero minutos del veinte de agosto de dos mil veinticinco.
Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], portador de la cédula de identidad número [Valor 001], en su condición de Secretario General y Representante Judicial y Extrajudicial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados -ANEP-, cédula de persona jurídica número 3-002-045185, contra los artículos 349, inciso d); 371, inciso b); 376, incisos a, b, c, d, h; 377, inciso c); 378, párrafo segundo; 379, párrafos segundo y cuarto; 661, párrafo segundo; 663, inciso b) del párrafo primero; 375 bis; 376 bis, párrafo primero; 376 ter, incisos a, b, c, d, e, f, g; 376 quater; 376 quinquies; 661 bis; y 664 bis; todos del Código de Trabajo, según fueron así reformados por la Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos, Ley número 9808, de 21 de enero de 2020.
Resultando
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 22 de marzo de 2021, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 349, inciso d); 371, inciso b); 376, incisos a, b, c, d, h; 377, inciso c); 378, párrafo segundo; 379, párrafos segundo y cuarto; 661, párrafo segundo; 663, inciso b) del párrafo primero; 375 bis; 376 bis, párrafo primero; 376 ter, incisos a, b, c, d, e, f, g; 376 quater; 376 quinquies; 661 bis; y 664 bis; todos del Código de Trabajo, según fueron así reformados por la Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos, Ley número 9808, de 21 de enero de 2020. Señala que con la ley impugnada se impusieron una serie de modificaciones y limitaciones al ejercicio efectivo del derecho fundamental a la huelga, el cual necesariamente debe ejercerse colectivamente y cuya titularidad se encuentra en las organizaciones sindicales; por ende, son las organizaciones sindicales las legitimadas para defender los intereses de los y las trabajadoras. Aduce que son normas de carácter general con las cuales se afectan los intereses de la colectividad en su conjunto, tanto en su ámbito individual como colectivo, pues el derecho a la huelga es un derecho fundamental de cada uno de los y las trabajadoras, que se ejerce colectivamente, y en esa ley se establecen normas de aplicación general, a un grupo con un interés social y común, como son los sindicatos, y los grupos organizados de trabajadores. A su vez, establece limitaciones graves que causan serias afectaciones en el acceso al derecho de huelga de un de interés, el conglomerado de los funcionarios públicos, el cual en nuestro país asciende a cerca de trescientos mil, a quien se les afecta su derecho fundamental a la huelga, como derecho individual y como derechos colectivos, como mecanismo de reivindicación y defensa de los intereses económicos sociales y laborales, afectando con las disposiciones normativas impugnadas, los intereses difusos de esos grupos más o menos determinados. Indica que al ser la huelga un derecho fundamental de las personas trabajadoras, y a su vez los funcionarios públicos un grupo más o menos determinado, pero que no les une un vínculo jurídico común a todos ellos con el accionante, se está ante la defensa de intereses difusos y no únicamente colectivos. Además, la acción se direcciona hacia las normas de una ley que pone serias restricciones de un derecho de todas las personas trabajadoras, afectando a una colectividad aún mayor, como es el derecho constitucional al ejercicio de huelga de las personas trabajadoras del sector público y privado, el ejercicio de derechos fundamentales y constitucionales que, como se dirá en adelante, se ven amenazados con la aprobación de una serie de normas de la Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos. Refiere que, al ser el derecho a la huelga un mecanismo que pueden ejercer los trabajadores para lograr posicionamiento en el conflicto mediante el ejercicio de actos de presión unilateral, para propiciar una solución favorable a sus intereses, intereses que pueden ser diversos, en diferentes momentos, y dependiendo del colectivo que se trate, y del conflicto que lo genere, el derecho de huelga es un derecho que interesa a cada uno y a la vez a todos los miembros del grupo social o colectividad indeterminada. La huelga, entendida como la abstención colectiva y concertada del trabajo por los trabajadores, sea por un grupo de ellos, por una asociación gremial, por la mayoría de quienes trabajan en una o varias empresas, con abandono de los lugares de trabajo, con el objeto de ejercer presión sobre el patrono o empresario, a fin de obtener el reconocimiento de una pretensión de carácter profesional o con el fin de preservar, modificar o crear nuevas condiciones. Bajo esa definición, las normas impugnadas claramente corresponden a intereses difusos que son derechos de cada trabajador, pero que a su vez afectan a toda la fuerza laboral de nuestro país, en grupos que pueden ser determinados en algunos momentos, pero que no corresponde a toda la colectividad nacional. Menciona el carácter de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y su compromiso social y político. Refiere que las normas que se acusan de inconstitucionales en este escrito, son de carácter general, que afectan no solo a las personas afiliadas a la organización, sino a toda persona trabajadora del sector privado y todo funcionario público, afiliados o no, que se ve sometido a una ley que violenta las normas y principios constitucionales y los derechos en abstracto de los mismos, incluso atacan el Estado Social de Derecho y, con ello se afecta una colectividad aún mayor, por lo que considera necesario defender no solo su derecho, sino también el deber de realizar las acciones respectivas para defender esos intereses difusos al derecho fundamental a la huelga, al ejercicio de los derechos sindicales, de participación, reivindicación, que debe proteger la jurisdicción constitucional. Por su parte, uno de los aspectos principales a impugnar por medio de esta acción es la violación al derecho fundamental al ejercicio efectivo del derecho de huelga, como mecanismo de defensa de los derechos y condiciones económicas, sociales y laborales de diversos grupos de personas trabajadoras y ciudadanía en general, así como el vacío de contenido del mismo como medio de presión en las normas impugnadas, restándole efectividad, y limitando su verdadera naturaleza jurídica, derecho que es esencial en un Estado Social de Derecho, en una democracia participativa de los diversos colectivos sociales, lo cual es otro de los elementos que le permite a esta representación realizar la defensa de intereses difusos, en tanto todos los habitantes de este país se encuentran afectados y limitados en el ejercicio de un derecho fundamental, se ven sujetos a la normativa, y a las disposiciones de la norma impugnada. Refiere que, la organización que representa actualmente tiene diversidad de grupos agremiados con diversos conflictos colectivos específicos y generales, y se encuentra ante un eventual uso de un derecho fundamental que ha sido irracionalmente restringido, con medidas desproporcionales, irracionales que han vaciado de contenido el derecho como tal, restándole en toda medida el carácter de medio de presión, violentándose la autonomía sindical y de los colectivos de trabajadores no sindicalizados en la toma de decisión, en cuanto al modo en el cual podían decidir utilizar el mecanismo de presión. Considera que la aplicación del articulado específico de la Ley 9808 vacía de contenido el derecho de huelga, en violación a la normativa Constitucional (artículo 61), convencional (Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo) y legal que protege el derecho de negociación colectiva. Por ello, desde el punto de vista de la defensa de los intereses difusos, considera que el sindicato accionante tiene legitimación para plantear esta acción, en la medida en que es necesaria e indispensable para defender y conservar beneficios y derechos económicos, sociales o profesionales a favor de sus miembros. Al versar esta acción sobre intereses de sus integrantes, quienes se ven afectados por la normativa cuestionada relacionada con el derecho de huelga, estima que posee suficiente legitimación para accionar ante esta jurisdicción, y que por ello no es necesario un asunto previo que permita la interposición de la misma. En cuanto a los concretos motivos de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, refiere: a. En relación con el artículo 349 inciso d), la parte accionante señala que este numeral impone un medio de notificación electrónico, lo que constituye un trato discriminatorio y violenta el artículo 33 constitucional y los principios de razonabilidad, idoneidad, no discriminación y debido proceso. Indica que, con la disposición de obligar a las organizaciones sindicales a tener una dirección electrónica publicitada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, especifica y exclusivamente para que le sean notificados los procesos de calificación de huelga, es a todas luces una medida extrema, irracional y discriminatoria frente a cualquier otro proceso administrativo y judicial en el cual la notificación inicial debe necesariamente realizarse personalmente, o bien en el domicilio social o casa de habitación. b. En cuanto al ordinal 371 inciso b), el accionante cuestiona la frase que señala: “Serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono.”, por dos motivos. Por una parte, atribuye la violación manifiesta al principio de legalidad, y por otra, aduce que se trata de una restricción innecesaria, inidónea y desproporcionada, e irrazonable a la libertad sindical. Indica que se hace una prohibición a las denominadas “huelgas políticas”, sin ofrecer una definición de qué debe entenderse por ellas, y que, con la limitación del derecho a huelga a determinados tipos de conflictos y la limitación temporal realizada por el legislador, tratándose de huelgas contra políticas públicas, se está interviniendo en el campo de acción de las organizaciones sindicales, al imponer cómo, cuándo y por cuánto pueden ejercer un derecho fundamental, en defensa de sus derechos e intereses, lo que contraría el Convenio 87, en su artículo 3, que dispone que los trabajadores, por medio de las organizaciones creadas al amparo de este, tienen el derecho de organizar su administración y sus actividades, así como de formular su programa de acción. Advierte que hay una limitación temporal, que reduce los derechos e intereses económicos y sociales de los trabajadores que se definen en el marco de una relación jurídica formal frente a un empleador, obviando que la defensa de tales derechos e intereses es amplia, comenzando en los escenarios laborales, pero trascendiendo de ellos. Refiere que, una restricción en la finalidad de la huelga de esta naturaleza no parece estar respondiendo a un fin legítimo. La perturbación e incomodidad de una huelga son características inmanentes a ella. Considera inconstitucional y contrario a un Estado Social de Derecho que se limite temporalmente el ejercicio de huelga, toda vez que se vacía de contenido el derecho de huelga, reduciéndolo a una mera posibilidad de manifestación "exprés", sin posibilidad de generar presión para defender los derechos e intereses económicos y sociales, lo cual no es una oposición real ante la posible implementación de una política pública, que sea regresiva o contraria a los intereses de la ciudadanía. c. Sobre el párrafo 2 del ordinal 378, el accionante reclama que no se puede hacer huelga por los mismos motivos, lo que violenta, en su criterio, el principio de participación democrática, el artículo 3 del convenio 87, la autonomía sindical, la libertad sindical y de expresión. Refiere que, en aras de resguardar el derecho a la libertad sindical, entre ellos, la participación de las organizaciones sindicales en la toma de decisiones, y la resolución de conflictos colectivos, es necesario que el ordenamiento jurídico permita un adecuado ejercicio de la libertad sindical y, por ende, del derecho de huelga, en el sentido de que no existe un acto de “voluntad estatal” sin un previo reclamo (conflicto) de los trabajadores exigiendo un determinado nivel de protección, esa recepción de reclamos por parte del sistema normativo, obedece tanto a la fuerza del reclamo (por el poder de presión que ejerce la huelga), como al temor a la anunciada “revolución social”, pero en ambos casos la legislación obrera responde a la existencia del conflicto. Aduce que no se puede perder de vista que, en la relación laboral en general, se enmarca una relación entre dos sujetos donde existe una marcada desigualdad económica, pero, además, está presente una relación de subordinación y dependencia que marca una desigualdad que trasciende del ámbito laboral al ámbito social y político. Considera que, el impedir que se realice una huelga por motivos que ya fueron objeto de una huelga previa, acarrea una restricción que no se entiende en el derecho internacional, por cuanto no existe un bien jurídico que se pretenda proteger con esa restricción. Peor aún, constituye censura previa, en la medida que adelanta la prohibición de una manifestación válida, conforme al derecho internacional. La mera existencia de una manifestación que tenga como motivo una situación que ya fue objeto de protesta, implica que los problemas no han sido solucionados, y que, por el contrario, persisten y en algunos casos pudo haberse agravado. El hecho de limitar una forma de manifestación y expresión, supone que el Estado, injustificadamente, busca establecer una forma de censura previa que va más allá de los límites razonables en los que dicha censura se permite. d. En cuanto al artículo 379 párrafo 2 y 4, señala el accionante que este dispone la terminación de contratos en servicios esenciales que no lo son, la firmeza de la orden notificada y el tema de pago de salarios en tractos que, son aspectos en detrimento de los trabajadores, que violentan el principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales y la libertad sindical. Indica que, darle al patrono la posibilidad de no pagar salarios a los trabajadores durante el tiempo que dure un movimiento de huelga, que, además, sabe que no podrá durar más de 24 horas, 10 o 21 días, o en el mejor de los casos dar la posibilidad de que aun en huelgas en servicios no esenciales, pueda pedir la desarticulación del movimiento pasados 8 días, y, además, pagar el salario en tractos, son claramente medidas irracionales, que vacían por completo de contenido el derecho de huelga, creando una comodidad en la parte patronal, quien no tendrá ninguna medida de presión, para sentarse a negociar con la otra parte. Considera que, aceptar retrotraer los niveles de protección dados por las normas aprobadas es contrario a la naturaleza misma del derecho de huelga. e. Alega que el artículo 376 incisos a, b, c, f, g, h, define los servicios esenciales y prohíbe la huelga en todos los servicios por un tema de estrategia económica, no por ser esencial, lo que es irracional, desproporcional y vacía de contenido el derecho de huelga. Son limitaciones excesivas en servicios en los cuales se puede ejercer el derecho de huelga, que violentan los principios de racionalidad, proporcionalidad e idoneidad. Indica que la norma impugnada amplía los servicios en los cuales se prohíbe de manera estricta y absoluta la posibilidad de ejercer el derecho de huelga extendiendo dicha prohibición, y sobrepasando los límites internacionalmente aceptables para limitar, en tales términos, el derecho fundamental a la huelga. Asimismo, prohíbe la huelga de manera absoluta en una lista excesiva, irracional de servicios que no tienen relación alguna con los bienes jurídicos superiores como lo es la vida, la salud y la seguridad de las personas, pasando de la supremacía de derechos superiores a sobreponer el derecho a la huelga, por debajo de la seguridad de los bienes como es la vigilancia de instalaciones, prohibición que claramente es inconstitucional, por excesiva y contraria a la definición de servicio esencial, extralimitándose el Estado costarricense en prohibir la huelga en servicios que no tienen relación alguna con la vida, la salud y seguridad de las personas. f. Considera que el yerro del inciso c) del artículo 377, se encuentra en establecer el preaviso como un requisito de legalidad de la huelga, de manera que, si no se cumple con la obligación de su presentación oportuna y completa, el Juez de Trabajo estaría habilitado para declarar la ilegalidad de la huelga, y ello también lo habilita a imponer sanciones disciplinarias sobre los trabajadores participantes, a pesar de tratarse de una obligación cuyo incumplimiento puede deberse a la negligencia o, incluso, a una mala fe por parte de uno o varios de los dirigentes sindicales, que son los que pueden hacer comunicaciones oficiales a nombre del sindicato y, que mantienen las comunicaciones con el empleador, lo que no es culpa del trabajador. Estima que es un medio de presión a la huelga; y que, por ello, lo vacía de contenido y violenta el artículo 3 del Convenio 87 y el principio de autonomía sindical. g. La parte accionante aduce que los artículos 661 y 661 bis, obligan a los jerarcas a pedir la calificación de la huelga, lo cual imposibilita la negociación y resolución del conflicto. Señala que la obligatoriedad establecida en el párrafo segundo del artículo 661, que se le impone al patrono, de solicitar de manera inmediata la calificación del movimiento de huelga, desnaturaliza por completo el fenómeno social que es una huelga, ya que desmotiva por completo, cualquier posibilidad del patrono de resolver el conflicto con la parte que está en huelga, es decir, se convierte en una cacería de brujas, y se olvida que se está ante un medio de presión, motivado por un conflicto colectivo. Esta obligatoriedad dada por ley a los patronos, convierte en primer orden de importancia la calificación de huelga, para determinar si debe o no proceder la misma, por encima de la verdadera finalidad de una huelga, es decir, pasa a último plano la posibilidad de resolución del conflicto social, o laboral. Acusa que, darle al patrono la potestad de solicitar la suspensión de una huelga que ha sido declarada legal, después de 8 días de la firmeza de la declaratoria, constituye nuevamente una desnaturalización de la huelga como medio de presión, ya que el patrono dejará transcurrir adrede dicho plazo, para luego solicitar al juez o jueza, la desarticulación del movimiento. Considera que las disposiciones impugnadas claramente vacían de total contenido el derecho de huelga, dando poder de control al patrono del movimiento de huelga, un margen excesivo de maniobra sobre el medio de presión, y disminuye a cero la obligatoriedad de escuchar las peticiones de la parte que está en huelga, toda vez que no sufre ningún perjuicio que le obligue a resolver el conflicto, pasando la huelga de ser un derecho, a un delito. h. En relación con los numerales 663 y 375 bis, aduce que el primer artículo dispone un plazo para contestar la demanda de calificación de 24 horas, que es corto, irracional y desproporcionado, al igual que el ordinal 375 bis, que lo da en días naturales. Estima que los plazos regulados en las normas impugnadas, son contrarios a derecho, por establecer supuestos en que los días son naturales, contrario a lo establecido para todos los procesos judiciales, lo que crea una situación de desventaja y desigualdad para las organizaciones sindicales, por el solo hecho de declarar una huelga. La reducción de plazos a 24 horas dentro del proceso de calificación de huelga no tiene ninguna justificación válida, que no sea a toda costa desarticular lo antes posible un movimiento, al que, además, se le restó posibilidad de presión, y se limitó en tiempo, peor aún, se le dan elementos al patrono para desarticularlo lo antes posible con calificaciones "exprés" de mayor relevancia, incluso, que los procesos de violencia doméstica, o de materia penal, donde sí puede estar en juego la vida de las personas. Indica que, de ningún modo la regulación de plazos de 24 horas, es una regulación racional o proporcional, ni es una medida idónea, máximo que las notificaciones en correos electrónicos puede que no sean vistas el mismo día, no existe proporcionalidad en los términos regulados, y tiene un efecto desmovilizador claro. i. Acusa la parte accionante que, el artículo 664 bis no supone un debido proceso, ni derecho de defensa. La norma impugnada establece la posibilidad de que, durante el proceso de calificación de huelga, se pueda realizar una inspección ocular por parte del Juzgado de trabajo; sin embargo, no se respeta el derecho de defensa en dicha gestión, no se establece ninguna obligatoriedad de que las organizaciones sindicales o los trabajadores puedan ser convocados a dicha diligencia, ni que se les permita referirse o recurrir dicha gestión, violentando el debido proceso. j. Se indica que los artículos 376 ter, quater y quinquies, establecen limitaciones en cuanto a temporalidad de la huelga, y extralimitación en la prohibición de huelga en servicios privados. Aduce que estas limitaciones son excesivas en servicios no esenciales, establecen límites de tiempo, requisitos excesivos irracionales y desproporcionados, limitan medios de presión, y lo sujetan a la voluntad del patrono. El artículo 376 ter establece una lista de servicios públicos de importancia trascendental que también cuentan con restricciones para que sus servidores puedan ejercer la huelga. Al respecto, destaca que se ha considerado por parte del Comité de Libertad Sindical que, tanto los servicios ferroviarios como el sector de la educación, no constituyen un servicio esencial. Refiere que, si bien es razonable que el derecho a la huelga sea regulado, ningún trabajador, público o privado, debe ser objeto de un vaciamiento absoluto de su libertad de ejercer la protesta sindical, incluso a través de la huelga. De esta forma, las restricciones no deben ser absolutas, sino que deben atender a procurar un balance entre el derecho ejercido a la huelga y la garantía del mínimo vital que debe prestar el servicio público. Aduce que, con la posibilidad de que la parte patronal sea quien decida dentro del plan de servicios mínimos quiénes serán las personas que prestarán los servicios, se crea una gran arbitrariedad en detrimento de las organizaciones sindicales en cuanto a la posibilidad de desarrollar su propia estrategia en el ejercicio de la huelga, lo que violenta flagrantemente la autonomía sindical, en cuanto a la imposibilidad de elegir su propio plan de acción. Señala que, imponer el referido límite temporal ante el supuesto de un concepto jurídico indeterminado como “graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía” genera una situación de incertidumbre que vulnera el principio de legalidad, que debe regir para prever este tipo de regulaciones. Destaca que el Comité de Libertad Sindical, igualmente refiere que, algunas categorías de empleados, como obreros en hospitales o jardineros, no deberían verse privados del derecho a huelga. Las limitaciones excesivas impuestas en los numerales 376 ter, quarter y quinquies restringe de manera irrazonable y desproporcionada el derecho de huelga, al dar una cobertura muy amplia de los servicios públicos, que hace que no existan actividades económicas que, en algún momento no puedan llegar a considerarse servicio público; lo que conduce a restringir al derecho de huelga más allá de la intención del Constituyente; y provoca un exceso de los límites constitucionales, específicamente al régimen social que garantiza la Constitución en relación con el ejercicio del derecho de huelga, vaciándolo de contenido. Aduce que, si bien es razonable que el derecho a la huelga sea regulado, ningún trabajador, público o privado, debe ser objeto de un vaciamiento absoluto de su libertad de ejercer la protesta sindical, incluso, a través de la huelga. Colocar un límite a la duración de la huelga, tal como establece el artículo 376 quinquies de “21 días naturales consecutivos o 10 días naturales discontinuos”, puede constituir una imposición desproporcional, puesto que la huelga debe considerarse el último recurso para la defensa de los intereses de los trabajadores y su duración no puede predeterminarse. Prever máximos legales de una protesta la vacían de contenido, por cuanto pierden la capacidad de incidir realmente en sus requerimientos de derechos laborales u otros derechos económicos y sociales. Concluye que esta última previsión, tampoco supera el test de legalidad. Solicita declarar con lugar la acción.
2.- Mediante resolución de la Presidencia de esta Sala, de las dieciséis horas quince minutos de 23 de marzo de 2021, se previno al accionante “que dentro de tercero día, contado a partir del siguiente a la notificación de esta resolución y bajo apercibimiento de denegarle el trámite a la acción en caso de incumplimiento, agregue y cancele el timbre del Colegio de Abogados por la suma de doscientos setenta y cinco colones, correspondiente a la autenticación del escrito inicial…”.
3.- Por escrito agregado al expediente el 25 de marzo de 2021, el accionante cumple con lo prevenido.
4.- Mediante resolución de la Presidencia de esta Sala, de las catorce horas veintiún minutos de 14 de abril de 2025, se previene al accionante presentar el escrito de interposición de esta acción debidamente autenticado.
5.- Mediante escrito agregado al expediente el 14 de abril de 2021, el magistrado Cruz Castro plantea inhibitoria para conocer esta acción.
6.- Por escrito agregado al expediente el 15 de abril de 2025, el accionante cumple con la última prevención realizada.
7.- Mediante resolución de la Presidencia de esta Sala, de las ocho horas siete minutos de 16 de abril de 2021, se da curso a esta acción de inconstitucionalidad, y se otorga audiencia a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y a la Procuraduría General de la República.
8.- La resolución de curso de la presente acción de inconstitucionalidad se publicó en las ediciones del Boletín Judicial números 80, 81 y 82, de los días 27, 28 y 29 de abril de 2021.
9.- Mediante escritos agregados al expediente entre los días 28 de abril y 19 de mayo de 2021, Enrique Egloff Gerli, con cédula número 1-0399-0262, en su condición de presidente de la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, Rigoberto Vega Arias, con cédula número 1- 0801-0938, en su condición de vicepresidente de la Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, José Álvaro Jenkins Rodríguez, con cédula 2-367- 674, en su condición de presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Esteban Acón Rojas, cédula 1-1037-982, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara Costarricense de la Construcción, Rubén Acón Toy, cédula número 1-434-982, en su condición de presidente con facultades suficientes para representar a la Asociación Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, Rodolfo Molina Cruz, con cédula 1-472-259, en su condición de presidente de la Asociación Cámara Textil Costarricense (CATECO), Miguel Schyfer Lepar, con cédula 1-399-1427, en su condición de presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de la Industrial Textil (ANEIT), José Daniel Gomez Pérez, con cédula de residencia 172400342126, en su condición de vicepresidente de la Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM), Jorge Arturo Osborne Escalante, con cédula 1-417-1413, en su condición de presidente y representante judicial de la Asociación Cámara Nacional de Bananeros (CANABA), Adriana Álvarez Meza, con cédula 1-1068-681, en su condición de vicepresidenta y representante judicial actuando en ausencia del presidente de la Asociación de Productores de Banano (APROBAN), Andrés Quintana Cavallini, con cédula 1-662-021, en su condición de presidente de la Asociación Cámara Nacional de Radiodifusión solicitan ser tenidos como coadyuvantes pasivos en esta acción. Por su parte, Marvin Atencio Delgado, con cédula 6-178-481, en su condición de Secretario General del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), Mario Alberto Mena Ayales, con cédula 1-525-362, en su condición personal y de Presidente del Sindicato Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), Jorge Luis Morales García, con cédula de identidad número 2-399-222, en su condición personal y como secretario general del Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), Jeffrey Vogt, en su condición de director de la Red Internacional de Abogados Laborales de Trabajadores ILAW NETWORK, Oscar Gerardo Cruz Morales, con cédula 2-406-247, en su condición de representante legal del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), Édgar Cubero Castro, con cédula 4-134-301, en su condición de Secretario General de la Asociación de funcionarios de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y Superintendencia de Telecomunicaciones (AFAS), Sergio Dávila Chaves, cédula de identidad 1-562-0642, en su condición de representante legal de la Unión de Trabajadores de la Música, Artistas y Afines (UTM), Percy Marín Méndez, con cédula 1-621-365, en su condición de presidente del Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción (SIPROCNP), Laura Vargas Guzmán, con cédula 1-1253-0107, en su condición de presidenta de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), Francisco Eiter Cruz Marchena, con cédula 7-094-0897, en su condición de representante legal de la Unión Nacional de Empleados del Instituto de Desarrollo Rural (UNEINDER), Didier Leitón Valverde, con cédula 7-088-277, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícola (SITRAP), Rui Steven López González, con cédula 1-836-853, en su condición de secretario general del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE), Marco Antonio Sánchez Rodríguez, con cédula 1-643- 072, en su condición de representante del Sindicato de Profesionales del INDER(SIPROINDER), Carlos Alberto Gómez Ramos, con cédula 1-536-740, en su condición de representante del Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS), Carlos Ugalde Córdoba, con cédula 1-1130-088, en su condición de representante de la Unión Nacional de Trabajadores Públicos y Privados (UNTRAPP), Jorge Eduardo Cartín Elizondo, con cédula de identidad número 2-0541-0370, en su condición de apoderado generalísimo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD), Andrea González Céspedes, con cédula de identidad número 4-170-784, en su condición de Secretaria General del Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU), Carlos Mauricio Valerio Araya, con cédula de identidad número 1-0903-0553, en su condición de presidente del Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contabilidad Finanzas y Afines del Poder Judicial (ASPROTECOFI) y Rodrigo López García, con cédula 1-0720-0455, en su condición de Secretario General de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (A.N.P.E.), solicitan ser tenidos como coadyuvantes activos en esta acción.
10.- Por escrito agregado al expediente el 10 de mayo de 2021, se apersona Julio Jurado Fernández, en su condición de Procurador General de la República. Señala que el accionante se encuentra legitimado para plantear esta acción de forma directa, en virtud de acudir en defensa de un interés colectivo o corporativo de las personas agremiadas que conforman la base asociativa del sindicato que representa. Refiere que en la acción se plantean varios alegatos contra la reforma al régimen de huelgas en servicios públicos, todos los cuales fueron puntual y expresamente considerados en su momento por la Sala Constitucional en la opinión consultiva número 20219-20596, al referirse a las consultas facultativas de constitucionalidad acumuladas, números 19-16322-0007-CO y 19-16630-0007-CO, y respecto de los que la Sala no encontró inconstitucionalidad alguna. Explica que por razones expositivas, se aglutinan temáticamente los alegatos. Sobre los artículos 375 bis, 376, incisos a, b, c, f, g y h, y el artículo 376 bis párrafo primero, todos del Código de Trabajo, relacionados con la prohibición de la huelga en servicios esenciales -la que estima como irracional, desproporcionada y que vacía de contenido el derecho de huelga porque no puede haber una prohibición absoluta, como lo considera el Comité de Libertad Sindical de la OIT-, la definición de servicios esenciales -la cual estima excesiva y basada en su trascendencia económica, sin relación con bienes jurídicos superiores y sobrepasando los límites jurídicamente aceptables para limitar el derecho a la huelga- y su extensión a servicios privados, señala la Procuraduría que siempre ha sido una opción constitucionalmente válida para el legislador excluir del ejercicio de la huelga a los funcionarios y empleados que laboran en los servicios públicos esenciales, garantizando su prestación efectiva, integral, continua y sin interrupciones, lo que armoniza con el artículo 8 del Convenio 87 de la OIT. Menciona que para entender la esencialidad de un servicio público deben considerarse las condiciones particulares en las que determinados servicios se prestan en cada país, y que cada legislación le da especial relevancia jurídica a factores y circunstancias objetivas internas que pueden diferir entre los países, por lo que no es posible establecer “a priori” la esencialidad o no de un servicio público. Por eso, aunque el Comité de Libertad Sindical ha dado algunos ejemplos, tales criterios no pueden ser considerados como taxativos, ni normativamente vinculantes, sino de carácter meramente enunciativo. Agrega que el establecimiento de servicios mínimos es una opción del legislador exclusivamente para conciliar el derecho de huelga y la continuidad de los servicios públicos no esenciales o esenciales por extensión, y no es jurídicamente exigible por medio de esta acción el establecimiento de un sistema mixto o alternativo que prevea el aseguramiento de “servicios mínimo” para permitir el ejercicio del derecho de huelga en servicios públicos esenciales, y hacerlo así haría de la Sala un legislador positivo. El legislador goza de una amplia libertad de configuración para definir qué entiende por servicio público esencial y cuáles son las limitaciones al ejercicio de huelga en esta categoría jurídica, siendo la prohibición absoluta una opción constitucionalmente válida como garantía de mantenimiento íntegro de los servicios públicos esenciales para la población nacional, sin que produzca una lesión a la libertad de asociación ni un vaciamiento de la acción sindical. Refiere lo señalado por esta Sala en cuanto a esa inquietud en la sentencia 2019-20596, enfatizando lo relativo a la calificación que se hace en el artículo 376 del transporte ferroviario, marítimo, de carga y descarga en muelles como servicio esencial, también contenido en dicha sentencia. Agrega que en la misma resolución se hace mención a que al estar prohibida la huelga en servicios esenciales, es consecuencia natural el prescindir de la calificación del trámite de la huelga en tales servicios, y que la posibilidad de establecer o no el esquema de servicios mínimos, como se establece en el artículo 376 ter, es competencia exclusiva del legislador. Enfatiza que el accionante no desarrolla ninguna argumentación técnica, precisa y sólidamente sustentada, ni mucho menos algún test jurídico de razonabilidad, como para que se considere que el listado de servicios públicos esenciales regulador en el artículo 376 del Código es carente de una relevante incidencia e impacto social, de modo que su suspensión no cause un daño significativo, grave e inmediato en la salud, la vida, la seguridad o la economía pública, por lo que estima procedente que se reitere la sentencia señalada. Sobre los artículos 376, ter, quater, quinquies, y 664 del Código de Trabajo, relacionados con los servicios públicos de carácter trascendental, establecimiento de limitaciones en cuanto a la temporalidad de la huelga -que estima el accionante es una extralimitación a la prohibición de la huelga que supera la intención del constituyente y vacía de contenido el derecho-, la determinación de quiénes prestarán los servicios mínimos -violentando con ello la autonomía y la acción sindical- y la posibilidad de realizar una inspección ocular por parte del juez en el proceso de calificación de la huelga -que el accionante considera que violenta el debido proceso y el derecho de defensa porque no establece una convocatoria a las organizaciones sindicales- y que se introducen conceptos jurídicos indeterminados, señala la Procuraduría que ya se ha señalado que es factible que la autoridad judicial pueda declarar la ilegalidad de la huelga ante la interrupción de determinados servicios públicos esenciales y esenciales por extensión, según las circunstancias propias de cada país y su legislación nacional. El propósito es evitar la extensión del conflicto más allá de la relación entre trabajadores y empresarios. Estima que es razonable conferir legalmente a la autoridad judicial la competencia de declarar ilegal huelgas en servicios distintos de los enunciados por el legislador, cuando se considere que interrumpen prestaciones esenciales, haciendo así efectiva la cláusula social de salvaguarda prevista en el artículo 61 de la Constitución, según el cual el derecho de huelga en el sector público debe ceder cuando la huelga imponga un sacrificio desmedido de los derechos o intereses de la colectividad destinataria de los servicios públicos cuya interrupción prolongada pueda poner en peligro la vida, la salud, la seguridad o la economía pública de toda o parte de la población, reconociéndose en esos casos que los tribunales pueden calificar de ilegal una huelga en ciertos servicios públicos no esenciales por definición. Reitera que para entender la esencialidad o no de un determinado servicio público deben considerarse las condiciones particulares en las que determinados servicios se prestan en cada país, por lo que no es posible establecer una categoría a priori; por ello, es jurídicamente admisible la prohibición o limitación del derecho de huelga en los servicios definidos por el legislador, a fin de garantizar su continuidad, sin interrupciones, por la necesidad de proteger el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales del resto de la sociedad; menciona como ejemplo el derecho a la educación, donde el Comité de Libertad Sindical de la OIT identifica como servicios esenciales otros directamente relacionados con este, y donde el Tribunal Constitucional Alemán dictaminó que los maestros de escuela con categoría de funcionarios públicos no pueden hacer huelga porque su función pública está por encima del derecho de asociación y defensa de sus intereses económicos, y menciona en similar sentido la sentencia de la Sala Constitucional número 2020-834, por lo que resulta razonable la decisión del legislador de incluir como servicio público de importancia trascendental los servicios de educación pública y regular el régimen jurídico aplicable. Explica que en la sentencia 2020-20596, la Sala determinó, entre otras cosas, que la decisión sobre el plan mínimo de servicios trascendentales y de educación, a falta de acuerdo entre partes, o sobre la inspección ocular, son funciones típicas de los jueces. Refiere también que en la misma sentencia, la Sala se pronunció sobre los plazos de duración de las huelgas en este tipo especial de servicios, y que la denominada “huelga política” no está resguardada por los principios de libertad sindical y, por tanto, está excluida del ámbito de protección internacional en el seno de la OIT, quedando a discreción de cada país permitirlas, regularlas o prohibirlas, conforme al ejercicio de la libre configuración normativa del legislador. En cuanto a la supuesta indefinición del concepto “huelga política”, recuerda que las normas jurídicas describen hechos y realidades a las que se asignan consecuencias jurídicas, cuya previsión en ocasiones, por voluntad del legislador o por imposibilidad de hacerlo de otra manera, no es plenamente precisa, sino abstracta, utilizando para ello conceptos dotados de cierta indeterminación, y eso es lo que ocurre con el concepto de “huelga política”, que debe ser tratado como un concepto jurídicamente indeterminado, que han de ser dotados de contenido concreto en cada caso mediante la aplicación a sus circunstancias específicas de los factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su enunciado genérico, mediante una explicación y aplicación. Agrega que ciertos conceptos jurídicos no responden a una deficiente técnica legislativa, porque en realidad son intencionalmente abandonados porque la “indeterminación intrínseca” de su contenido no admite una cuantificación o determinación rigurosa, y requiere un factor de adaptación del derecho frente a circunstancias y épocas cambiantes. Menciona que tal aspecto también fue abordado en la sentencia de esta Sala, número 2019-20596, como también en la misma sentencia, la Sala se pronunció sobre que no es inconstitucional el plazo de 48 horas dispuesto en el artículo 371 para la huelga que tenga como finalidad protestar contra políticas públicas que afecten de forma directa los intereses económicos y sociales de los trabajadores, y que es constitucional la prohibición si se interpreta que sí es posible realizar una nueva huelga cuando exista un cambio en las circunstancias, referenciando la lógica expuesta sobre un aspecto similar referido al artículo 378 del Código de Trabajo. Estima que no existen elementos que motiven un replanteamiento del criterio, ni razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión, máxime que el accionante tampoco fundamenta ni desarrolla alguna adicional argumentación técnica, precisa y sólidamente sustentada. Sobre el artículo 379, párrafos 2 y 4 del Código de Trabajo, en cuanto a la terminación de contratos, el no pago o deducción en servicios no esenciales, la firmeza de la orden judicial prevista en el artículo 375 bis del mismo código, la autorización patronal de hacer pagos en tractos, todo lo cual estima el accionante son aspectos en detrimento de los trabajadores que violentan el principio de progresividad en derechos laborales y de libertad sindical, o que darle al patrono la posibilidad de no pagar salarios durante el tiempo que dure la huelga vacía de contenido tal derecho, señala la Procuraduría que en estos aspectos el legislador goza de libertad de configuración para establecer el régimen jurídico aplicable, y con la entrada en vigor de la reforma procesal laboral se conceptúa la huelga como una suspensión concertada y pacífica del trabajo, y que este artículo 379 prevé la suspensión expresa de los contratos de los trabajadores que se encuentren holgando, resulta razonable la falta de pago de salarios como consecuencia natural de dicha suspensión contractual o prestacional, no como sanción, mientras la huelga no sea calificada de forma definitiva, en cuyo caso todo dependerá de si todavía se mantiene y de si fue declarada ilegal o ilegal. Aclara que no es cierto que el artículo 379 autorice a los patronos a hacer pagos salariales en tractos, sino que refiere que aquellos salarios indebidamente pagados a los trabajadores podrán ser reintegrados al patrono por tractos, e incluso se faculta al empleador, en caso de resultar más conveniente al interés público, acordar por resolución razonada, la reposición parcial o total del tiempo no laborado en compensación proporcional a aquel pago efectuado, sin que pueda inferirse violación por irrazonabilidad o regresividad. Cita lo resuelto sobre este artículo por la Sala en la ya señalada sentencia 2019-20596. Agrega que en cuanto al segundo aspecto, relacionado con el presupuesto contenido en el artículo 386 del Código de Trabajo, de incumplimiento generalizado de los contratos individuales de trabajo, que estaría siendo sustituido por el concepto más restrictivo de “incumplimiento grave” imputable al patrono, explica que en la misma sentencia 2019-20596, se indicó que el artículo 379, en cuanto reconoce el pago de los salarios correspondientes a los días de huelga declarada legal únicamente “por incumplimientos graves del contrato de trabajo”, es conforme con el Derecho de la Constitución en la medida que no excluya los demás supuestos establecidos en el artículo 386 del Código de Trabajo. En lo concerniente a la presunta violación del principio de no regresión de los derechos laborales, contenido en el mismo artículo 379, en la misma sentencia 2019-20596 también se dispuso que no hay vicio de constitucionalidad. Enfatiza la Procuraduría que no existen elementos de convicción que motiven un replanteamiento del criterio vertido, ni razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión, máxime que el accionante tampoco fundamenta ni desarrolla alguna argumentación adicional. Sobre el artículo 349, inciso d) del Código de Trabajo, que obliga a las organizaciones sindicales a señalar un medio electrónico para atender notificaciones en los procesos de calificación de huelga y para los efectos del trámite del artículo 375 del mismo código, que el accionante considera como una medida extrema, irracional y discriminatoria frente a cualquier otro proceso administrativo o judicial en los cuales la notificación inicial debe realizarse personalmente, o en el domicilio social o casa de habitación, señala la Procuraduría que, tal como se ha señalado en la jurisprudencia administrativa y constitucional, es al legislador a quien le compete el diseño de los diferentes procesos jurisdiccionales y la determinación de las reglas especiales que deberán aplicarse, y no tiene más límite que los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Afirma que este cuestionamiento también fue atendido por esta Sala mediante la sentencia 2019-20596, sin que se encontrase vicio de inconstitucionalidad en esta norma, y que no existen otros elementos de convicción que motiven un replanteamiento del criterio. Sobre el artículo 661, párrafo 2, y el artículo 661 bis, ambos del Código de Trabajo, concernientes a la obligación impuesta a los jerarcas de las instituciones públicas de solicitar la calificación de la huelga dentro de las veinticuatro horas a partir de la suspensión de labores, bajo pena de responsabilidad personal, y la posibilidad de levantar la huelga después de ocho días de la firmeza de la declaratoria, que, en criterio del accionante constituyen una desnaturalización de la huelga como medio de presión y resultan arbitrarias porque imposibilitan la negociación y la resolución del conflicto, señala la Procuraduría que tal obligación de solicitar la declaración de la huelga es acorde con el derecho público prestacional al buen funcionamiento de los servicios públicos. Recuerda que según lo dispuesto por el constituyente originario, el derecho a huelga es susceptible de limitaciones en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que se realice en la ley, por lo que tal obligación resulta lógica y adecuada, y busca hacer prevalecer el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos esenciales y garantizar su prestación efectiva. Por eso, tampoco es ilegítima la posibilidad de que el patrono solicite la suspensión del movimiento en caso de huelgas en servicios públicos no esenciales, transcurridos ocho días naturales a partir de la firmeza de la declaratoria de legalidad sin que haya solución al conflicto, cuando se acrediten daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía. Por tales razones, no son atendibles los vicios acusados. Sobre el artículo 377, inciso c), el artículo 663 y el artículo 371 del Código de Trabajo, sobre el preaviso o aviso de huelga como requisito procedimental, el plazo de veinticuatro horas para contestar la demanda de calificación de huelga, que el accionante estima son irracionales porque no tienen justificación válida, salvo desarticular lo antes posible un movimiento de huelga, y con ello se vacía la acción sindical, señala la Procuraduría, reitera que es al legislador a quien compete el diseño de los procesos jurisdiccionales y la determinación de las reglas especiales que deban aplicarse, y el artículo 61 de la Constitución delegó en el legislador la determinación del régimen de huelga en los servicios públicos. Agrega que la escueta fundamentación impide extraer si hay una injerencia indebida en la acción sindical porque se disponen requisitos externos al sindicato, y que responden a una formalidad para dar curso a los trámites judiciales de calificación de movimientos huelguísticos. Enfatiza que es un esquema procesal cuyo fin es coadyuvar con la eficiencia y agilidad del proceso y la urgencia del Estado de verificar la legalidad. Explica que los plazos cortos no son exclusivos para los sindicatos, porque también los hay para la entidad patronal y para los propios jueces que tramitan y resuelven; se trata de plazos razonables y acordes con las actuales previsiones procesales que introdujo la reforma procesal laboral. Agrega que, en todo caso, los plazos establecidos son acordes con la poca actividad probatoria que debe desplegar la parte en su defensa, referida formalmente a los requisitos legales necesarios para la calificación de la huelga y los hechos relacionados con ellos, como la certificación del resultado de la asamblea sindical, actas de votación, etc., que son de directa producción de la parte sindical –art. 664 Ibídem.- Sin dejar de lado que, por efectuarse la notificación al sindicato por medio electrónico, conforme a lo previsto por el ordinal 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, se tiene por notificada a la parte al día hábil siguiente de la trasmisión. En todo caso, el plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las partes. Por ello, tampoco son atendibles los vicios acusados. Sobre el artículo 378, párrafo 2 del Código de Trabajo, en la medida que la prohibición de hacer huelga violenta el principio de participación democrática y limita la acción sindical, señala la Procuraduría que en la sentencia 2019-20596 la Sala ya se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida, siempre que se interprete que sí es posible realizar una nueva huelga cuando exista un cambio en las circunstancias. Considera la Procuraduría que la presente acción debe ser declarada sin lugar.
11.- Mediante resolución de la Presidencia de esta Sala, de las once horas treinta y dos minutos de 25 de mayo de 2021, se resuelve prevenir “a los gestionantes Marvin Atencio Delgado, Francisco Eiter Cruz Marchena, y Marco Antonio Sánchez Rodríguez que, dentro de tercero día, contado a partir del siguiente a la notificación de esta resolución y bajo apercibimiento de denegarles la coadyuvancia solicitada en caso de incumplimiento, deberán aportar la certificación que los acredite como representantes legales del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), Unión Nacional de Empleados del Instituto de Desarrollo Rural (UNEIDER) y del Sindicato de Profesionales del INDER (SIPROINDER), respectivamente. Del mismo modo, visto que la certificación aportada a este expediente del Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contabilidad Finanzas y Afines del Poder Judicial (ASPROTECO), fue expedida el 25 de octubre de 2019, en la que se indica que el vencimiento del nombramiento del presidente fue el 31 de diciembre de 2019, deberá Carlos Mauricio Valerio Araya, en igual plazo y advertencias supra indicadas, aportar una certificación actualizada que acredite la representación que indica mantener a la fecha de ese sindicato.” 12.- Por escritos agregados al expediente los días 27 y 28 de mayo de 2021, SIPROCIMECA, UNEINDER, SIPROINDER y ASPROTECO cumplen la prevención realizada.
13.- Mediante resolución de la Presidencia de esta Sala, de las quince horas veintiocho minutos de primero de junio de 2021, se resuelve que: “Visto los escritos presentados en la Secretaría de esta Sala el 28 de abril, 13, 14, 18, 19 y 21 de mayo, todos de 2021, por el cual Enrique Egloff Gerli, con cédula número 1-0399-0262, en su condición de presidente de la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, Rigoberto Vega Arias, con cédula número 1- 0801-0938, en su condición de vicepresidente de la Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, José Álvaro Jenkins Rodríguez, con cédula 2-367- 674, en su condición de presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Esteban Acón Rojas, cédula 1-1037-982, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara Costarricense de la Construcción, Rubén Acón Toy, cédula número 1-434-982, en su condición de presidente con facultades suficientes para representar a la Asociación Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, Rodolfo Molina Cruz, con cédula 1-472-259, en su condición de presidente de la Asociación Cámara Textil Costarricense (CATECO), Miguel Schyfer Lepar, con cédula 1-399-1427, en su condición de presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de la Industrial Textil (ANEIT), José Daniel Gomez Pérez, con cédula de residencia 172400342126, en su condición de vicepresidente de la Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM), Jorge Arturo Osborne Escalante, con cédula 1-417-1413, en su condición de presidente y representante judicial de la Asociación Cámara Nacional de Bananeros (CANABA), Adriana Álvarez Meza, con cédula 1-1068-681, en su condición de vicepresidenta y representante judicial actuando en ausencia del presidente de la Asociación de Productores de Banano (APROBAN), Andrés Quintana Cavallini, con cédula 1-662-021, en su condición de presidente de la Asociación Cámara Nacional de Radiodifusión solicitan ser tenidos como coadyuvantes pasivos en esta acción, y Marvin Atencio Delgado, con cédula 6-178-481, en su condición de Secretario General del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), Mario Alberto Mena Ayales, con cédula 1-525-362, en su condición personal y de Presidente del Sindicato Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), Jorge Luis Morales García, con cédula de identidad número 2-399-222, en su condición personal y como secretario general del Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), Jeffrey Vogt, en su condición de director de la Red Internacional de Abogados Laborales de Trabajadores ILAW NETWORK, Oscar Gerardo Cruz Morales, con cédula 2-406-247, en su condición de representante legal del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), Édgar Cubero Castro, con cédula 4-134-301, en su condición de Secretario General de la Asociación de funcionarios de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y Superintendencia de Telecomunicaciones (AFAS), Sergio Dávila Chaves, cédula de identidad 1-562-0642, en su condición de representante legal de la Unión de Trabajadores de la Música, Artistas y Afines (UTM), Percy Marín Méndez, con cédula 1-621-365, en su condición de presidente del Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción (SIPROCNP), Laura Vargas Guzmán, con cédula 1-1253-0107, en su condición de presidenta de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), Francisco Eiter Cruz Marchena, con cédula 7-094-0897, en su condición de representante legal de la Unión Nacional de Empleados del Instituto de Desarrollo Rural (UNEINDER), Didier Leitón Valverde, con cédula 7-088-277, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícola (SITRAP), Rui Steven López González, con cédula 1-836-853, en su condición de secretario general del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE), Marco Antonio Sánchez Rodríguez, con cédula 1-643- 072, en su condición de representante del Sindicato de Profesionales del INDER (SIPROINDER), Carlos Alberto Gómez Ramos, con cédula 1-536-740, en su condición de representante del Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS), Carlos Ugalde Córdoba, con cédula 1-1130-088, en su condición de representante de la Unión Nacional de Trabajadores Públicos y Privados (UNTRAPP), Jorge Eduardo Cartín Elizondo, con cédula de identidad número 2-0541-0370, en su condición de apoderado generalísimo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD), Andrea González Céspedes, con cédula de identidad número 4-170-784, en su condición de Secretaria General del Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU), Carlos Mauricio Valerio Araya, con cédula de identidad número 1-0903-0553, en su condición de presidente del Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contabilidad Finanzas y Afines del Poder Judicial (ASPROTECOFI) y Rodrigo López García, con cédula 1-0720-0455, en su condición de Secretario General de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (A.N.P.E.), solicitan ser tenidos como coadyuvantes activos en esta acción; se resuelve: El artículo 83 de la Ley de Jurisdicción Constitucional señala que en los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa. En el caso concreto, con excepción del representante de la Asociación Nacional de profesionales en Enfermería (A.N.P.E.) los gestionantes se apersonaron el 28 de abril, 13, 14, 18 y 19 de mayo de 2021, y solicitan se les tenga como coadyuvantes, por considerar que les asiste un interés legítimo para defender los derechos de los agremiados que representan. En consecuencia y siendo que la primera publicación del aviso se dio el 27 de abril de 2021, lo procedente es tenerlos como coadyuvantes dentro de este asunto, excepto a la Asociación Nacional de profesionales en Enfermería (A.N.P.E.), por haber presentado su gestión el 21 de mayo pasado, de forma extemporánea. (…)”. Asimismo, se tiene por contestada la audiencia conferida a la Procuraduría General de la República, por no contestada la audiencia otorgada a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y se asigna esta acción a la oficina del magistrado instructor, para su conocimiento por el fondo.
14.- Por escrito agregado al expediente el 27 de agosto de 2021, el accionante aporta copia de la Opinión Consultiva dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, número OC-27/21, se refiere a su contenido y al carácter de las opiniones consultivas en el sistema interamericano.
15.- Mediante escritos agregados al expediente los días 23 y 26 de junio de 2023, el accionante y el señor Jorge Cartín Elizondo, en su condición de Secretario General de SITRAJUD, solicitan la resolución de esta acción.
16.- Por escrito agregado al expediente el 4 de abril de 2024, Ana Gabriela Bolaños Arias, en su condición de Apoderada General Judicial de la Caja Costarricense de Seguro Social, se refiere al alcance de la resolución de curso y solicita especial pronunciamiento.
17.- Mediante escrito agregado al expediente el 8 de abril de 2024, Karen Carvajal Loaiza, en su condición de apoderada especial judicial de la accionante, aporta dictamen de la Procuraduría General de la República, número PGR-C-036-2024.
18.- Por resolución de la Presidencia de esta Sala, de las catorce horas treinta y cuatro minutos de 29 de julio de 2025, se acepta la inhibitoria del magistrado Cruz Castro.
19.- Mediante sorteo efectuado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, número 13902, de 29 de julio de 2025, la magistrada suplente Alexandra Alvarado Paniagua resultó designada en sustitución del magistrado Cruz Castro.
20.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 de la misma ley, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.
21.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el magistrado Araya García; y,
Considerando
I.- Sobre los presupuestos formales de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con requisitos técnicos específicos, que deben ser cumplidos a efecto de que la Sala logre, de forma válida, conocer el fondo de la impugnación. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad; entre estos se exige la existencia de un asunto base o previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera infringido. Por su parte, en el párrafo segundo y tercero de la misma norma, se regula de forma excepcional los presupuestos en los cuales no se requiere el asunto previo, es decir, cuando por la naturaleza del asunto no exista una lesión individual y directa, o bien, se trate de la tutela de intereses difusos o colectivos, o cuando la interpone de manera directa el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes, dentro de sus respectivas esferas competenciales -ver, entre otras, sentencias números 2005-1538, 2018-14645 y 2020-14231-. Por otra parte, es oportuno indicar que existen otros recaudos técnicos que deben cumplirse, como por ejemplo, la determinación explícita de las normas impugnadas debidamente motivadas, con referencia específica de los mandatos y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación mediante patrocinio letrado del escrito de interposición de la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación -poderes y certificaciones-, así como la certificación literal del libelo de impugnación, los cuales, en caso de no ser aportadas por los accionantes, pueden ser prevenidos por la Presidencia de la Sala para su cumplimiento.
II.- Sobre la legitimación del accionante en el caso bajo estudio, y su relación con los intereses difusos y colectivos. La persona accionante señala que su legitimación proviene de la defensa de intereses difusos y corporativos. Considera que, al ser la huelga un derecho fundamental de las personas trabajadoras, y a su vez los funcionarios públicos un grupo más o menos determinado, pero que no les une un vínculo jurídico común a todos ellos con el accionante, se está ante la defensa de intereses difusos y no únicamente colectivos. Aduce que su representada es una organización sindical, conformada con el fin de la defensa de los intereses socioeconómicos de sus agremiados; no obstante, esto va más allá, adquiriendo la organización un compromiso político a la mejora constante de los mecanismos democráticos, y de la justicia social en general.
Al respecto, cabe indicar que, como ya se mencionó, los supuestos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional constituyen excepciones a la regla contenida en el párrafo primero del mismo artículo, que deben ser analizados cuidadosamente en cada caso concreto.
El interés difuso ha sido entendido como aquel interés relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, compartido por otras personas. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de la sociedad puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado, precisamente porque recae sobre todos. Sobre el particular, la reiterada jurisprudencia de la Sala indica que:
"Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral." –ver sentencia número 360-90, reiterada, entre muchas otras, por sentencia 2021-11994- De esta definición es posible estimar que el interés difuso está conformado por un elemento eminentemente subjetivo, relativo a su pertenencia o titularidad del interés, y otro objetivo, relacionado con la incidencia del bien en la sociedad, que lo distingue de otras situaciones jurídicas. En relación con el primero -el subjetivo-, es claro que la misma se encuentra difuminada en un grupo humano no individualizado, que coparticipa en el disfrute del bien jurídico objeto del interés, pero cuya conformación no resulta de un conjunto identificable de sujetos, ni de un conjunto abarcable y de contornos relativamente nítidos, como sí ocurre en el interés colectivo o corporativo. Y desde la perspectiva objetiva, debe aclararse que no todo interés "difuminado" adquiere la categoría jurídica de "interés difuso", sino únicamente aquellos impregnados de una profunda relevancia y trascendencia social general, cuya valoración resulta de las circunstancias de cada caso –ver, entre otras, sentencias números 2006-15960, 2014-4904 y 2021-11994-. En este sentido, así como se ha dicho que ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la “legalidad” -legitimidad- constitucional -lo que supondría la instauración tácita de una acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo –ver, entre otras, sentencias números 2008-13442, 2009-300, 2009-9201 y 2021-11994-. Así, sin ser una lista exhaustiva ni taxativa, ejemplos de tales intereses son el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos.
Por su parte, el interés colectivo, se representa en aquellos intereses que de manera concreta se corresponden con los intereses de una colectividad, que sí se encuentra determinada y que regularmente se encuentra bajo el amparo de una agrupación concreta o corporación -asociaciones, cámara o uniones, por ejemplo-, y de ahí, su entendimiento también como intereses corporativos, y el uso simétrico que se hace de ambas consideraciones -intereses colectivos o corporativos-. La jurisprudencia ha sido sostenida en esta materia; así, mediante sentencia número 2006-13323, reiterada, entre otras, por sentencia número 2020-13316, señaló la Sala que:
“Considera este Tribunal que la acción es admisible en los términos previstos en el párrafo primero (sic) del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que los accionantes alegan la defensa de intereses corporativos, relativos a los intereses de los agremiados de las asociaciones de las que representan, estas son la Asociación Cámara Nacional de Transportes, la Asociación Cámara Nacional de Transportistas de Servicios Especiales y Asociación Nacional de Transportistas de Turismo. En efecto, como lo ha reconocido con anterioridad este Tribunal (en sentencias número 6433-98, 7615-98, 0467-99, 1313-99, 1830-99, 2289-99, 2745-99, 6644-99, 7975-99, 0877-2000, 2856-2000, 5565-2000, 6973-2000, 7160-2000, y 2001-9677) los intereses corporativos son aquellos que se caracterizan "[...] por la representación y defensa de un núcleo de intereses pertenecientes a los miembros de la determinada colectividad o actividad común, y, en cuanto los representa y defiende, la Cámara actúa en favor de sus asociados, la colectividad de comerciantes. De manera que estamos frente a un interés de esa Cámara y, al mismo tiempo, de cada uno de sus miembros, de forma no individualizada, pero individualizable, lo que constituye un interés corporativo o que atañe a esa colectividad jurídicamente organizada, razón por la que esta acción es admisible en los términos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.-" (Sentencia número 1631-91, de las quince horas con quince minutos del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno).
Es así como en estos casos, no resulta necesaria la existencia de un asunto pendiente (en la vía administrativa o jurisdiccional) como lo exige el párrafo primero del citado artículo 75 para acreditar la legitimación del accionante, pues por la misma esencia del asunto, se trata de la defensa de intereses corporativos. Considera la Sala que no resulta legítimo desconocer este tipo de interés, toda vez que ello implicaría desconocer una importante función de los entes corporativos, que han sido creados según los lineamientos de la ley, y en el caso de las Cámaras, colegios profesionales, asociaciones, o sindicatos implicaría desnaturalizar su función mediadora en lo que respecta a la defensa de los intereses de sus agremiados, función que ha sido reconocida como esencial de estos entes por la propia jurisprudencia de este Tribunal”.
Criterio que se complementa y expresa claramente respecto de los intereses colectivos o corporativos, pero que también aplica en cierta medida para los intereses difusos, cuando en sentencia número 2020-12323, señaló la Sala que:
“En criterio de la Sala, la amplitud del planteamiento referido torna la presente acción, para todos los propósitos prácticos, en una acción popular, en la que el concepto de interés colectivo (que para efectos de legitimación activa recoge el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) pretende ensancharse al extremo de querer englobar en él a toda la colectividad nacional, cuando lo cierto es que su correcta inteligencia –examinada en múltiples sentencias previas— está limitada a la impugnación de actos o normas que lesionen los intereses de determinados grupos o corporaciones en cuanto tales. En este sentido, es oportuno recordar que la Sala ha precisado que a través de la expresión "intereses que atañen a la colectividad en su conjunto", el legislador quiso referirse a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación. En atención a la naturaleza incidental de la acción, es importante subrayar que las hipótesis del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de esta jurisdicción no constituyen alternativas, sino excepciones, a la mencionada regla general (existencia de un asunto previo pendiente de resolver como fundamento de la acción), que deben ser examinadas individualmente. En este caso, el accionante no alega que acude en defensa de los intereses de los agremiados a la organización que representa, y no puede arrogarse, sin más, la representación de hecho de ninguna persona u organización.” -énfasis agregados- De tal manera, bajo este entendimiento, debe precisar la Sala que, en el caso que ahora se conoce, la acción resulta admisible en la medida que al accionante le asiste legitimación para accionar únicamente en defensa de los intereses corporativos de sus agremiados y no de un interés difuso como lo plantea.
A partir de lo alegado por el accionante y del contenido de las normas impugnadas, se desprende que estas son susceptibles de ser aplicadas en forma individual y directa en un proceso judicial o administrativo determinado, en el que, si una parte procesal estima afectados esos derechos podría invocar la inconstitucionalidad de tales disposiciones y acudir en acción ante esta Sala, por lo cual no resulta atendible la invocación de intereses difusos. Ahora bien, visto que el accionante, tal como señala los precedentes de esta Sala, actúa en intermediación de sus representados en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa, y que el cuestionamiento de las normas en estudio incide en el núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de esa agrupación sindical, se reconoce y admite la existencia de un interés corporativo que legitima al accionante para acudir de forma directa ante esta Sala a plantear este proceso, por lo que procede su análisis por el fondo.
III.- Sobre el objeto de esta acción. El accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 349, inciso d); 371, inciso b); 376, incisos a, b, c, d, h; 377, inciso c); 378, párrafo segundo; 379, párrafos segundo y cuarto; 661, párrafo segundo; 663, inciso b) del párrafo primero; 375 bis; 376 bis, párrafo primero; 376 ter, incisos a, b, c, d, e, f, g; 376 quater; 376 quinquies; 661 bis; y 664 bis; todos del Código de Trabajo, tal como se muestran en su redacción actual producto de las modificaciones introducidas por la «Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos», Ley número 9808, por estimarlos violatorios a los principios de legalidad, igualdad y debido proceso; a las libertades de asociación y reunión; al derecho al trabajo y al derecho de huelga; así como a normativa internacional que así los reconoce, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y los convenios de la OIT números 87, 98 y 135.
Las normas cuestionadas, según el orden en que fueron impugnadas por el accionante, disponen:
“Artículo 349- Los sindicatos están obligados:
(…)
(…)
Por su carácter esencial, estará prohibida absolutamente la huelga en los siguientes servicios:
(…)
(…)
En ningún caso se podrá reiterar una huelga por los mismos motivos de una realizada anteriormente.” “Artículo 379- (…)
En los casos de servicios esenciales, las sanciones disciplinarias que correspondan podrán ejecutarse desde el momento en que adquiera firmeza la orden judicial prevista en el artículo 375 bis de este Código.
(…)
Si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo, el patrono deberá pagar los salarios correspondientes a los días que haya durado la huelga.
(…)” “Artículo 661- (…)
Los jerarcas de las entidades públicas están obligados a solicitar la calificación de la huelga dentro de las veinticuatro horas a partir de la suspensión de las labores; caso contrario, incurrirán de forma personal en las distintas responsabilidades que la ley señala.” “Artículo 663- Presentada la solicitud de calificación de huelga, el juez de trabajo correspondiente tendrá un plazo improrrogable de veinticuatro horas para resolver la solicitud. Si la solicitud no estuviera en forma, se prevendrá la subsanación en un plazo de veinticuatro horas, bajo el apercibimiento de declarar la inadmisibilidad de la gestión. Una vez recibida la solicitud en forma, el juez dictará, en el plazo de veinticuatro horas, una resolución con el siguiente contenido:
(…)
La Procuraduría General de la República también estará legitimada para promover directamente la gestión indicada.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud indicada en el primer párrafo de este artículo, la autoridad judicial dará audiencia por veinticuatro horas a las contrapartes, que serán notificadas de conformidad con el artículo 349, en el caso de los sindicatos, o de acuerdo con el artículo 377, en el caso de las coaliciones temporales de trabajadores.
Transcurrido el plazo del párrafo anterior, la autoridad judicial contará con veinticuatro horas para resolver la solicitud planteada. Si la solicitud fuera denegada por el Juzgado por considerar que no se trata de un servicio esencial, en la misma resolución el juez ordenará la tramitación del caso bajo el procedimiento de calificación de la huelga. Si la solicitud fuera admitida, el juez ordenará a los trabajadores que se reincorporen de forma inmediata a sus labores.
Tanto la orden judicial como la denegatoria de la solicitud podrán ser objeto de apelación. Esta deberá formularse en el plazo máximo de dos días naturales y será admitida únicamente en el efecto devolutivo.
En cualquiera de los casos, la apelación deberá presentarse ante el mismo Juzgado de Trabajo, el cual lo remitirá al superior correspondiente. Esta última autoridad convocará a las partes a una audiencia oral dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a efectos de que estas expresen los agravios correspondientes, y emitirán la resolución definitiva, en forma oral, al finalizar la diligencia.
Bajo ninguna circunstancia podrán ampliarse los plazos establecidos en la presente norma.” “Artículo 376 bis- Para la calificación de un servicio público esencial es irrelevante el que sea prestado por instituciones, entes o personas públicas o privadas, físicas o jurídicas. (…)” “Artículo 376 ter- Los servicios de importancia trascendental son aquellos que, por su carácter estratégico para el desarrollo socioeconómico del país, su paralización o suspensión implican un perjuicio sensible a las condiciones de vida de toda o parte de la población.
Quedando a salvo los servicios reservados en el artículo 376, se catalogarán como servicios de importancia trascendental los siguientes:
La fijación de los servicios mínimos se definirá mediante acuerdo de las partes, sobre la base de criterios técnicos, considerando la extensión personal y territorial de la huelga, su duración, modalidad de ejecución, la entidad del servicio y cualquier otro factor relevante, conforme a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Este acuerdo debe formalizarse en un documento que las partes deberán depositar previo a la suspensión de labores en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, para su custodia.
De no haber acuerdo en la fijación de los servicios mínimos, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de trabajo que defina el plan de servicio mínimo. Esta fijación la realizará el juez en un plazo perentorio de tres días, previa audiencia a la parte contraria. Dicha resolución será recurrible ante el Tribunal de Trabajo dentro de las veinticuatro horas siguientes. El tribunal resolverá la apelación en un plazo máximo de tres días.
Una vez definido el esquema de servicios mínimos, el patrono determinará los trabajadores que deberán cumplir con las labores respectivas.
La fijación del plan o esquema de servicios mínimos y la prestación de labores conforme a este no prejuzga la condición de legalidad o ilegalidad de la huelga que en definitiva se ejecute. Sin embargo, la no prestación de los servicios mínimos fijados determinará por sí sola la ilegalidad del movimiento de huelga.
El abandono o la desatención injustificada en el desempeño de las labores, por parte de los servidores designados para la prestación mínima de servicios del presente artículo o de los servicios del artículo 376 quinquies, se reputará como falta grave a la relación laboral.
El plazo máximo de una huelga en servicios de importancia transcendental es de diez días naturales; si llegado este plazo no existe acuerdo para la solución del conflicto, se deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo 707 de este Código.” “Artículo 376 quinquies- Los servicios de educación pública son de carácter estratégico para la nación, por lo que la huelga en estos tendrá las regulaciones que se establecen en el presente artículo.
Durante toda la duración de la huelga deberá mantenerse el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto y en condiciones básicas de aseo y seguridad. En el caso de educación especial deberán asegurarse la atención y la asistencia adecuadas en consideración a la condición de discapacidad de las personas.
El plan de prestación de servicios básicos de aseo, seguridad, los servicios requeridos en educación especial, así como el funcionario o la funcionaria que durante la huelga será responsable de la coordinación, supervisión y fiscalización de cada centro educativo, se definirá previamente mediante acuerdo general de las partes, que estará fundamentado en criterios técnicos y se formalizará en un documento que estas deberán depositar en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su custodia.
De no existir acuerdo en la fijación del plan de prestación de dichos servicios, cualquiera de las partes podrá solicitar al Juzgado de Trabajo que lo establezca, aportando la información y los criterios técnicos correspondientes. Esta fijación la realizará el juzgado en un plazo perentorio de tres días, previa audiencia a la parte contraria. Dicha resolución será recurrible ante el Tribunal de Trabajo dentro de las veinticuatro horas siguientes. El tribunal resolverá la apelación en un plazo máximo de tres días.
En atención al acuerdo general entre las partes o en su defecto a la resolución judicial, el director o la directora del centro educativo, en conjunto con el supervisor del circuito escolar correspondiente o, en su defecto, con el director regional, se encargarán de precisar las personas que prestarán los servicios. Adicionalmente, el funcionario que haya sido designado para las labores de supervisión y fiscalización del centro educativo podrá coordinar con la Junta de Educación y/o Administrativa para que esta coadyuve en todas las funciones que por ley le correspondan.
La huelga en los servicios de educación se podrá ejercer hasta por un plazo de veintiún días naturales consecutivos o de diez días naturales discontinuos; vencidos estos plazos los trabajadores deberán regresar a sus labores y, en caso de no existir un acuerdo entre las partes, estas deberán dirimir sus controversias de conformidad con los procedimientos de solución de conflictos señalados en el artículo 707.” “Artículo 661 bis- Declarada la legalidad de la huelga en servicios públicos no esenciales y transcurridos ocho días naturales a partir de la firmeza de dicha declaratoria sin que las partes hayan alcanzado una solución al conflicto, o al menos un acuerdo para deponerla mientras continúan las negociaciones, la parte patronal podrá solicitar al juez la suspensión de la huelga, cuando compruebe de manera fehaciente que esta está causando graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía.
Presentada la gestión, el juez concederá audiencia a la contraparte dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, plazo en el cual deberán presentar sus alegatos. Recibidos los alegatos de las partes, el juez resolverá la solicitud en un plazo máximo de veinticuatro horas.
Contra el resultado cabrá recurso de apelación, la cual se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 668 de este Código.
De acogerse la suspensión de la huelga, se procederá al arbitraje obligatorio.” “Artículo 664 bis- En los servicios de importancia transcendental, así como en el caso del artículo 376 quinquies, la constatación por medio de inspección ocular que realice el juez de trabajo, del incumplimiento del plan de servicios mínimos acordado entre las partes o determinado por el juez de trabajo, determinará por si sola la ilegalidad del movimiento.” De la relación de los artículos que se cuestiona en esta acción, se advierte con meridiana claridad que, a pesar de tratarse de un número amplio de normas, varias de ellas se encuentran relacionadas en torno a temas comunes, motivo por el cual conviene precisar que la valoración de constitucionalidad que se realiza a continuación, se realiza en algunos casos de manera puntual sobre un artículo concreto siguiendo el orden en que así fueron cuestionadas por el accionante, mientras que en otros, atendiendo a aquella evidente relación, la valoración de constitucionalidad se realiza de manera conjunta. El examen de constitucional que se realiza en este pronunciamiento de la manera dicha, inicia con la valoración de la alegación de inconstitucionalidad respecto de una norma respecto de la cual, si bien se señala como cuestionada, se omite toda alegación sobre su presunta inconformidad constitucional, para luego dar paso al cotejo de constitucionalidad por el fondo de las normas que se impugna en esta acción.
IV.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 376 bis del Código de Trabajo. La acción de inconstitucionalidad es un proceso instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política, frente a normas u otras disposiciones de carácter general. En función de esto y por voluntad expresa del legislador es de alto grado técnico, por lo que para su admisibilidad se deben cumplir de manera estricta determinados requisitos que dispone la ley. Entre los requerimientos exigidos están una adecuada fundamentación de los motivos de inconstitucionalidad con cita concreta del Derecho de la Constitución que se considere infringido, la firma de quien interpone la acción debidamente autenticada por un profesional en Derecho, la acreditación de las condiciones de legitimación -poderes y certificaciones-, y la certificación literal del libelo donde se hizo la reserva de inconstitucionalidad en el asunto previo -ver artículos 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. A pesar de ello, se constata que en el caso en particular del artículo 376 bis del Código de Trabajo, aun cuando se menciona por el accionante como una norma impugnada -así lo indica al inicio y al final del escrito de interposición de esta acción-, lo cierto es que omite en todo el razonamiento de su escrito, señalar los motivos de inconstitucionalidad que atribuye a esa disposición.
Sobre este deber de la persona accionante de fundamentar y establecer de manera clara y directa los argumentos y el impacto sobre normas y principios constitucionales, la jurisprudencia de la Sala es profusa y contundente, tanto así que lo erige, incluso, como un parámetro de admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad, siguiendo lo preceptuado en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Así, entre muchas otras, mediante sentencia número 2023-2386, señaló la Sala:
“II.- SOBRE LA NECESARIA FUNDAMENTACIÓN DEL ESCRITO EN EL QUE SE FORMULE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Según se indicó, la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan a la Sala conocer de la impugnación que se pretende. Uno de esos requisitos corresponde a la necesaria fundamentación del escrito en el que se formule la acción de inconstitucionalidad. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 3, dispone que “Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales”. Ahora bien, para que este Tribunal tenga por configurada la infracción y pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma o acto impugnado, con la consecuente anulación y expulsión del ordenamiento jurídico, quien promueva una acción de inconstitucionalidad tiene la carga de demostrar cómo esa disposición infringe el Derecho de la Constitución y, además, debe indicar por qué debe estimarse la demanda. Esto es denominado por esta Sala como la carga de la argumentación, es decir, que “una norma que facialmente (sic) sea contraria a la Constitución, vuelca la carga de la argumentación a quienes sostengan que en realidad no hay conflicto entre esa norma y la Constitución Política; lo contrario sucede si se acciona contra una norma que en primer examen no parece contraria a la Constitución, en cuya hipótesis es el accionante el que debe avanzar con los argumentos que convenzan acerca de la inconstitucionalidad” (véase la sentencia No. 0184-95 de las 16:30 horas del 10 de enero de 1995). En una sentencia posterior, esta Sala expuso, en cuanto a la falta de exposición de los argumentos de inconstitucionalidad en materia de acciones de inconstitucionalidad, lo siguiente:
“La acción de inconstitucionalidad se interpone con el argumento de que el Decreto Ejecutivo impugnado es nocivo, lesiona e infringe los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y a los compromisos internacionales suscritos con el Protocolo de Kyoto. Pese a la oportunidad otorgada a los accionantes, se confirma lo que indica la Procuraduría General de la República, de que no existe un análisis concreto de las disposiciones del Decreto Ejecutivo impugnado que se consideran inconstitucionales, sino que el mismo se limita a establecer discrepancias de forma genérica y en abstracto contra la totalidad del Reglamento, más aún contra toda actividad que desempeñan los ingenios Azucareros y Haciendas, pues sostienen que causan inconvenientes en la calidad de vida y en la salud de los habitantes circunvecinos, sin concretar qué argumentos de constitucionalidad se deben tomar en cuenta en contra de cada una de las disposiciones o grupos del normas del Reglamento impugnado. […] El párrafo primero del artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece la obligación de autenticar los escritos de interposición de acciones de inconstitucionalidad, toda vez que se estima necesario que existan argumentos esgrimidos por un profesional en Derecho, que no descarta este Tribunal responda a un serio estudio del fondo técnico y científico de una determinada materia, dada la diversidad y universalidad de las normas del ordenamiento jurídico. A diferencia de los procesos de garantías, es decir, los recursos de hábeas corpus y de amparo, que los puede interponer directamente cualquier interesado ante la jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos fundamentales, generalmente contra actos u omisiones que le lesionan en su esfera particular (aunque no siempre como en los casos ambientales), en los procesos de defensa de la Constitución Política (como la acción de inconstitucionalidad), el legislador confió al abogado autenticante una labor cuya exigencia es aún mayor, si se quiere más elaborada y exhaustiva que debe plasmar en el libelo de interposición en razón de su oficio profesional, para demostrar al Tribunal la lesión a la norma constitucional por parte de una norma de menor rango, socavando el principio de supremacía constitucional contenida en el artículo 10 de la Constitución Política. Precisamente la elaboración material y formal de la Ley, así como de las demás disposiciones secundarias, suponen un proceso sumamente costoso para el Estado, en la que de muchas maneras para su elaboración ha participado la sociedad civil organizada a favor o en contra, y cuyos procedimientos de formación, aprobación y promulgación no debe analizarse a la ligera. En este sentido, debe reconocer esta Sala que existe un reducido espacio para este Tribunal para socorrer las ausencias manifiestas de los profesionales en derecho que autentican los escritos en esta jurisdicción constitucional, sin exponer la imparcialidad y análisis que se debe a cada una de las acciones de inconstitucionalidad.” (Sentencia No. 2012-05285 de 15:03 horas de 25 de abril de 2012).
El citado artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige, en tal sentido, que en el escrito en que se interponga la acción se expongan “sus fundamentos en forma clara y precisa”. En sentencia No. 2013-016944 de las 14:30 horas del 18 de diciembre de 2013, esta Sala hizo expresa referencia a la exigencia de debida fundamentación del escrito de interposición –como requisito esencial de admisibilidad de la acción, a tenor de lo dispuesto el mencionado ordinal- en los siguientes términos:
“II.- INADMISIBILIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. De conformidad con el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el escrito en que se interponga la acción de inconstitucionalidad, se deberán exponer los fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente. Así las cosas, todas las normas procesales deben ser interpretadas y aplicadas de manera tal que se obtenga el dictado de la sentencia, lo anterior, no solo facilita la administración de la justicia, sino que además, evita que se impongan obstáculos para no alcanzarla (ver en igual sentido, las sentencias números 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08 y 2887-08). En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido. Asimismo, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie por el fondo de normas cuestionadas en una acción, cuando el que acciona no fundamenta las razones por las cuales impugna, toda vez, que ello implicaría efectuar un control constitucional en abstracto a manera de ejercicio académico, lo que no es compatible con la finalidad de un proceso de esta naturaleza.” Finalmente, de forma más reciente, en el voto No. 2020-000319 de las 12:15 horas del 8 de enero de 2020, este Tribunal reiteró que:
“(…) dado el formalismo dispuesto legalmente para los procesos de control de constitucionalidad. la carga argumentativa en el trámite de una acción de inconstitucionalidad recae en el accionante, quien debe explicar, sin ambages, la contradicción existente entre una normativa infraconstitucional y el bloque de constitucionalidad, así como la legitimación que le asiste”.
III.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el sub judice, se puede constatar que el escrito de interposición de esta acción carece de una debida fundamentación. (…) En segundo lugar, en cuanto a sus reproches de fondo, si bien el accionante refiere -de forma genérica- que en el proceso de producción de la ley impugnada se infringió el "orden constitucional" y que en esta se establece un monto de impuesto que considera injusto, excesivo y discriminatorio, lo cierto es que no existe una cita e identificación precisa de los componentes específicos del bloque de constitucionalidad que se consideran como infringidos -sea, de las normas, valores o principios concretos del Derecho de la Constitución que se estiman como vulnerados-, ni -consecuentemente- se realiza mayor desarrollo respecto del contenido y alcances de tales componentes, a fin de poder contraponerlos con la normativa impugnada. En definitiva, no existe una argumentación precisa, suficiente y debidamente circunstanciada sobre los agravios y fundamentos de la alegada infracción al Derecho de la Constitución. Por lo demás, aunque se podría prevenir al accionante en el sentido que subsane el cumplimiento de los requisitos ya mencionados, en el caso concreto, dicho trámite se considera ocioso, no solo porque supone volver a elaborar la acción, sino, también, porque el artículo 9, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para rechazar de plano cualquier gestión “manifiestamente improcedente o infundada”, como ocurre en la especie.” -énfasis agregados- De tal manera, es insuficiente la sola referencia al artículo impugnado, o a la normativa o principios que se estima infringidos, sino que debe realizarse una adecuada argumentación para determinar que esas normas o principios ciertamente resulten contrariados con la normativa que se pretende cuestionar. Es igualmente insuficiente para tener por debidamente sustentada una acción de inconstitucionalidad, la sola referencia a criterios doctrinales -o menos aún de referencia histórica- para pretender evidenciar un contraste constitucional.
De ahí que, ante la completa omisión de todo argumento relacionado con el artículo 376 bis del Código de Trabajo, y ante el estadio procesal en que se encuentra esta acción, esta Sala estime procedente declarar sin lugar la acción en cuanto a este extremo, por carecer de toda argumentación de inconstitucionalidad.
V.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 349, inciso d) del Código de Trabajo. El artículo 349, inciso d) del Código de Trabajo dispone:
“Artículo 349- Los sindicatos están obligados:
(…)
“[S]e entiende que la duda de constitucionalidad proviene de la innovación que establece el legislador al establecer la obligación de señalar un medio electrónico para recibir notificaciones, lo que consideran es una medida exclusiva y discriminatoria para los sindicatos. Manifiestan que violenta la libertad sindical y el derecho a la sindicación (Convenio 87, de la OIT). Estiman que establecer la notificación inicial en forma personal es una garantía del derecho a la defensa y del debido proceso, y que establecer este tipo de notificación electrónica es una clara injerencia en la organización administrativa. Lo primero que debe establecer la Sala, al igual que se ha establecido en otros casos, es que el legislador, en uso del principio de configuración de las normas procesales y procedimientos administrativos, puede estructurarlos técnicamente de la forma y la manera que estime correctos. En tal sentido, el legislador puede diseñar los procesos de tal forma que permita su desarrollo lógico y concatenado de procedimientos, únicamente limitado por los derechos fundamentales contenidos en el Derecho de la Constitución (…) no permite extraer cómo se considera una injerencia en el aspecto de la organización administrativa del Sindicato, si lo que dispone es un requisito al externo del sindicato, como parte del cumplimiento de una obligación establecida en el inciso d), del numeral 349, del Código de Trabajo, y un requerimiento procesal para dar curso a los trámites de calificación de movimientos huelguísticos contenidos en el Código de Trabajo. Los sindicatos, en tesis de principio, deben moverse y acomodarse a la legalidad de sus actuaciones.
En realidad, estima la Sala, que la exigencia responde a una formalidad, a un esquema de requisitos para tener por establecido el proceso judicial, a partir del rompimiento de la paz laboral y social. En este sentido, muchas veces el movimiento de huelga se desborda de la relación trabajadores-patrono, y dependiendo de su importancia permea a la sociedad en general con implicaciones sociales y económicas serias. En este sentido, se actualiza la disposición a una era digital dentro de la libre conformación del legislador sobre ciertas actuaciones jurisdiccionales urgentes de carácter económico y social, evita las prácticas dilatorias que pueden producirse en las notificaciones personales y contrarias a la buena fe procesal. Adicionalmente, se trata de un esquema procesal cuyo fin es coadyuvar con la eficiencia del proceso, así como la urgencia del Estado en controlar la legalidad de un mecanismo de presión de los trabajadores que ejercen no solo un impacto entre las partes en conflicto, sino más allá de ellos. De ahí que, lo que es necesario es la garantía de que en la implementación de este tipo de medios para practicar notificaciones, para las partes del litigio se hace necesario que sean seguras y efectivas a los medios electrónicos señalados, así como que garanticen el recibido de la notificación de curso, como medio para garantizar un avance procesal correcto, y el ejercicio adecuado del derecho a la defensa y debido proceso. Por otra parte, no es una obligación exclusiva dirigida únicamente a los sindicatos; por el contrario, son obligaciones que han sido establecidas en diferentes cuerpos normativos como el párrafo 1°, del artículo 134 y 137, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios…”.
De tal manera, la Sala se pronunció en el sentido de que la norma que se cuestiona por el mismo argumento aquí planteado, dista de ser inconstitucional, toda vez que la obligación de señalar un correo electrónico para la notificación, se encuentra dentro de las competencias otorgadas al legislador respecto de la configuración de los procesos, y acorde con la era digital, sin que ello implique de alguna manera la intervención en actividades propias de la organización sindical; de igual forma, a partir de tal definición, debe descartarse toda otra alegación relacionada, pues la configuración del proceso y la definición de estos aspectos procesales son competencia propia del legislador en los términos dichos. Así, al no advertirse motivo alguno para cambiar el criterio vertido, lo que corresponde es declarar sin lugar la acción en cuanto a este extremo.
VI.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 371, inciso b) del Código de Trabajo. La norma que se cuestiona dispone:
“Artículo 371- La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente:
(…)
Serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono.” En cuanto al ordinal 371, si bien el accionante indica que cuestiona el inciso b), en realidad lo que está impugnando es el párrafo que sigue luego de tal inciso, pues expresamente refiere que cuestiona de manera concreta la frase que señala “Serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono.”. En este sentido, la Sala entiende que el accionante lo que cuestiona propiamente es dicho párrafo, basando la presunta inconformidad constitucional en dos motivos: a) por una parte, atribuye la violación manifiesta al principio de legalidad; y, b) por otra, aduce que se trata de una restricción innecesaria, inidónea, desproporcionada, e irrazonable a la libertad sindical. Indica que se hace una prohibición a las denominadas “huelgas políticas”, sin ofrecer una definición de qué debe entenderse por ellas, y que con la limitación del derecho a huelga en determinados tipos de conflictos y la limitación temporal realizada por el legislador tratándose de huelgas contra políticas públicas, se está interviniendo en el campo de acción de las organizaciones sindicales, al imponer cómo, cuándo y por cuánto tiempo pueden ejercer un derecho fundamental, en defensa de sus derechos e intereses, lo que contraría el Convenio 87 de la OIT, en su artículo 3, que dispone que los trabajadores, por medio de las organizaciones creadas al amparo de este, tienen el derecho de organizar su administración y sus actividades, así como de formular su programa de acción. Advierte que hay una limitación temporal, reduciendo los derechos e intereses económicos y sociales de los trabajadores que se definen en el marco de una relación jurídica formal frente a un empleador, obviando que la defensa de tales derechos e intereses es amplia, comenzando en los escenarios laborales, pero trascendiendo de ellos. Refiere que una restricción en la finalidad de la huelga de esta naturaleza no parece estar respondiendo a un fin legítimo. La perturbación e incomodidad de una huelga son características inmanentes a ella. Considera inconstitucional y contrario a un Estado Social de Derecho que se limite temporalmente el ejercicio de huelga, toda vez que se vacía de contenido el derecho de huelga, reduciéndolo a una mera posibilidad de manifestación exprés, sin posibilidad de generar presión para defender los derechos e intereses económicos y sociales, lo cual no es una oposición real ante la posible implementación de una política pública, que sea regresiva o contraria a los intereses de la ciudadanía.
Respecto de tales extremos, en la referida resolución 2019-20596, la Sala, por unanimidad, se pronunció en el sentido de que tal disposición tampoco contraría la Constitución Política, estableciendo al respecto que:
“2.- Sobre el artículo 371, por violación a diversos motivos de constitucionalidad. (…)
Consultan sobre lo dispuesto en el párrafo 3°, que dispone:
“Serán ilegales las huelgas políticas de cualquier índole o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono”.
Se acusa de que se trata de una limitación totalmente injustificada.
De conformidad con la redacción, una primera objeción respecto de la violación al principio de legalidad, es porque la indefinición de la huelga “política”, vulnera los artículos 11, de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública. Aducen que la carga ideológica del momento puede teñir tal calificación y ser contraria al principio de certeza y seguridad jurídica.
El uso de conceptos demasiado amplios pueden tender a restringir la libertad al autorizar actuaciones estatales contra ellas demasiado generales, sin embargo, también puede ser parte de la estrategia del legislador de permitir a los Tribunales de Justicia precisar los términos jurídicos, en las leyes, especialmente, cuando se trata de comportamientos que ofrecen gran dificultad por estar en áreas jurídicas de gran capacidad de absorción, y deben delimitarse entre derechos humanos, como los derechos a la manifestación política (artículo 26 Constitucional), de la asociación política (artículo 98 Constitucional), entre otros. En este sentido, frente a conceptos con gran capacidad de absorción, no podría exigirse una descripción detallada, con lenguaje exhaustivo y preciso, de conductas u omisiones, pues evidentemente, la manifestación política está protegida constitucionalmente, por los diversos recaudos constitucionales. La técnica que usa el legislador no es inconstitucional, en el tanto se vale del operador jurídico para dibujar y trazar una línea divisoria entre lo que establece el artículo 371 consultado, en cuanto a la huelga contractual y la protesta contra políticas públicas que afecten a los trabajadores, en cuyo caso, los jueces deben interpretar restrictivamente el concepto de huelga política, y los derechos humanos en forma amplia, pues habrá casos en los cuales las políticas públicas tienen un impacto directo en los derechos o intereses de los trabajadores.
Entonces, aunque la norma no define qué son huelgas políticas, esto supone que su contenido puede ser llenado, judicialmente, en concordancia con la reforma al artículo 371, del Código de Trabajo. La Sala toma nota que el proyecto de ley consultado garantiza con esta disposición que permitirá la huelga que tenga por finalidad protestar contra las políticas públicas, siempre que afecten de forma directa los intereses económicos y sociales de los trabajadores. En consecuencia, la falta de definición de huelga “política” no es contraria al principio de legalidad y por lo tanto no es inconstitucional.
En segundo lugar, la duda se mantiene respecto de la ilegalidad de lo que no tenga conexión directa con la relación de empleo o incumplimiento laboral imputable al patrono. Esto toda vez que afirman que el Comité de Libertad Sindical de la OIT establece que la declaratoria de ilegalidad de una protesta por las consecuencias sociales y laborales de la política económica del gobierno y su prohibición, constituye una grave violación de la libertad sindical. La indefinición mencionada agrega ese tipo de restricción a la libertad de expresión y asociación, la cual sería una restricción arbitraria, y debería reconocerse la seguridad jurídica de quienes ejercen ese derecho. Hay un sesgo prohibicionista, que restringe la manifestación contra decisiones del gobierno que directamente atentan contra ciudadanos y trabajadores. En este sentido, afirman que hay afectación a la libertad sindical. La decisión de montos de salarios mínimos no depende de una relación laboral específica, o decisiones políticas que inciden en calidad de vida, la inflación, la estructura de precios de bienes y servicios, etc. Entonces no se podría protestar si en la relación laboral hay un pago por encima del mínimo legal. Asumen la misma posición respecto de otros ejemplos, reformas tributarias, ambientales, seguridad ocupacional, etc.
Para la Sala, evidentemente el Estado está en la posibilidad de establecer políticas y regulaciones a los derechos fundamentales, en una necesidad de conciliar el ejercicio de ellos, dado que no son absolutos, y se requiere del ejercicio responsable. El artículo 61 Constitucional hace remisión a la ley y corresponde al legislador establecer este balance, sujeto claro está a la revisión judicial cuando corresponda. Es importante señalar, además, que la huelga política es la que en doctrina se puede conocer como la huelga extralaboral, la cual estaría en contraposición de la huelga laboral o contractual. Esta última, sería la huelga que tiene su origen en conflictos de una relación propia de trabajo, mientras que las primeras se fundamentan ya no en conflictos de la relación laboral, sino que en la que tiene motivos políticos o ajenos al vínculo laboral. En tal sentido, la huelga trasciende la relación laboral y afecta de modo directo al patrono con la finalidad de trascender a la vida política y social del país. Lo que se pretende es la cesación o adopción de medidas gubernativas que favorezcan los intereses de una categoría de trabajadores. En este sentido, hay ordenamientos jurídicos que regulan este tipo de huelgas, como en Holanda, con medidas más o menos restrictivas, y donde no lo estaría, los Tribunales sostienen que se puede practicar por falta de regulaciones, como en República Checa, Suráfrica, Croacia, República Eslovaca. En Costa Rica, el legislador está reconociendo plenamente la huelga laboral y la huelga que tiene como finalidad protestar contras políticas públicas, optando restringidamente en este tipo de huelga, pero que afecte de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores.
Dicen los consultantes que las cosas deben ser vistas desde su función, alegan que la huelga debe ser abordada para defensa de intereses y derechos económicos y sociales como grupo social. El Comité de Libertad Sindical amplía su cobertura no solo a cuestiones ad intra de la relación laboral, sino a cuestiones de los intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores presentes en grandes cuestiones de política, económica y social. Pero, en el criterio de la Sala, la presión que ejerce este tipo de huelga es sobre los poderes públicos y sus instituciones, y no es extraño que la doctrina reconozca a la huelga política, como una forma abusiva por los móviles según la doctrina francesa, muchas veces ajena a la especificidad de la relación laboral, de modo que permite concluir que no es estrictamente atinente a la relación laboral. El meollo del asunto, es determinar si la forma en que aborda el legislador esta prohibición, estaría dentro de su área de competencias constitucionales. El que el legislador adopte una forma u otra para regular la huelga, es una función que la realiza desde la perspectiva del artículo 61, Constitucional, por establecer un ejercicio de un instituto de derecho laboral colectivo, que no debe mezclarse, con la relación laboral en sentido estricto, es decir, con la contractual.
La Sala estima, que en el caso que nos ocupa, la huelga no debe ser equiparada a otras formas de manifestación política, más aún, la legislación que se propone es cuidadosa, por cuanto no establece prohibición alguna a la manifestación política o el derecho a la asociación política, cuando señala que la “…regulación del párrafo anterior no afectará el derecho a realizar marchas, concentraciones, mítines u otras manifestaciones permitidas por el ordenamiento jurídico que se realicen en horas no laborales, sin restricción alguna de duración”. Lo que hace es que declara ilegales el uso de lo que se conoce como la huelga, con fines distintos a aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimiento laborales imputables al patrono. La huelga legal, es una forma de suspensión de los contratos laborales una vez que se han agotado los requisitos del artículo 377, salvo el de la conciliación previa. La reforma al artículo 371, del Código de Trabajo, circunscribe la huelga a los supuestos, que podrían calificarse como típicas manifestaciones de huelga, movimientos de acción sindical de los trabajadores, para la defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales, así como la defensa en los conflictos jurídicos colectivos del artículo 386, del Código. Por todo ello, no se considera que sea inconstitucional…”.
De tal manera, es claro que la Sala ya se pronunció en el sentido que la utilización del concepto de «huelga política» dista en sí mismo de generar la inconstitucionalidad ahora aducida por el accionante, toda vez que se trata de un concepto precisable cuyo contenido determina la inviabilidad de compatibilizar lo que es «huelga» propia y técnicamente dicho, con otros movimientos de carácter social que, si bien, resultan válidos dentro del amplio espectro de la participación política en el marco del principio democrático, sí resulta impropio señalarlos como huelga, y de ahí que la prohibición de un movimiento así denominado -«huelga»- con la finalidad y connotación que la misma tiene, carece del vicio de inconstitucionalidad aducido por el accionante.
Debe tenerse presente que lo relativo a alguna imprecisión conceptual que pudiere apreciarse, igualmente debe ser visto de conformidad con su relacionamiento en el marco del Derecho de la Constitución. En cuanto a este aspecto, resulta relevante destacar también, que la propia Sala ha señalado en su jurisprudencia, la validez de utilizar vocablos o conceptos cuyo significado y contenido goce de una aceptación y comprensión social innegable, y que aun existiendo preceptos que pudieren ser vistos como genéricos o hasta imprecisos, distan de configurar una violación o afectación constitucional si se trata de conceptos cuyo contenido -según lo dicho- resulte socialmente conocido y aceptado, porque es la experiencia la que señala su contenido; y porque es en la aplicación jurisdiccional donde queda plenamente precisado el concepto, a partir de la determinación y valoración que del material probatorio realice la persona juzgadora -ver sentencias de la Sala Constitucional números 2020-10160, 2020-12662, 2022-25343 y 2025-11951-.
Por tales razones, tomando en consideración el pronunciamiento previo de la Sala sobre este aspecto, reseñado en la cita de la sentencia 2019-20596, lo que corresponde es declarar sin lugar la acción en cuanto a este extremo.
VII.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 375 bis y del artículo 376, incisos, a, b, c, d y h, del Código de Trabajo. Los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo se refieren a la ilegalidad de las huelgas en los servicios esenciales y, particularmente el segundo artículo, establece o define una serie de servicios como esenciales, por lo que la huelga en los mismos seria, por disposición de ley, ilegal. De ahí que resulte conveniente abordar estos dos artículos de manera conjunta. Las normas de comentario disponen:
“Artículo 375 bis- La huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no requiere del trámite de calificación previsto en este Código. En este caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la suspensión de labores, la parte patronal estará obligada a solicitar al Juzgado de Trabajo la emisión de una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores. Con la solicitud se aportará la prueba correspondiente para acreditar la condición de servicio esencial.
La Procuraduría General de la República también estará legitimada para promover directamente la gestión indicada.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud indicada en el primer párrafo de este artículo, la autoridad judicial dará audiencia por veinticuatro horas a las contrapartes, que serán notificadas de conformidad con el artículo 349, en el caso de los sindicatos, o de acuerdo con el artículo 377, en el caso de las coaliciones temporales de trabajadores.
Transcurrido el plazo del párrafo anterior, la autoridad judicial contará con veinticuatro horas para resolver la solicitud planteada. Si la solicitud fuera denegada por el Juzgado por considerar que no se trata de un servicio esencial, en la misma resolución el juez ordenará la tramitación del caso bajo el procedimiento de calificación de la huelga. Si la solicitud fuera admitida, el juez ordenará a los trabajadores que se reincorporen de forma inmediata a sus labores.
Tanto la orden judicial como la denegatoria de la solicitud podrán ser objeto de apelación. Esta deberá formularse en el plazo máximo de dos días naturales y será admitida únicamente en el efecto devolutivo.
En cualquiera de los casos, la apelación deberá presentarse ante el mismo Juzgado de Trabajo, el cual lo remitirá al superior correspondiente. Esta última autoridad convocará a las partes a una audiencia oral dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a efectos de que estas expresen los agravios correspondientes, y emitirán la resolución definitiva, en forma oral, al finalizar la diligencia.
Bajo ninguna circunstancia podrán ampliarse los plazos establecidos en la presente norma.” “Artículo 376- Para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios públicos esenciales aquellos cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública.
Por su carácter esencial, estará prohibida absolutamente la huelga en los siguientes servicios:
(…)
Sobre la regulación del derecho a huelga y su limitación respecto de los denominados servicios esenciales, es importante iniciar señalando que la Constitución Política reconoce el derecho a huelga en el artículo 61, el cual expresamente dispone:
“ARTÍCULO 61.- Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.” -énfasis agregado-.
De tal forma, la norma constitucional no sólo reconoce el derecho a huelga como tal, sino que desde ya define dos aspectos determinantes: que no se permite el ejercicio de tal derecho en los servicios públicos, y que esa limitación lo será conforme a lo que señale la ley.
Consideraciones similares se encuentran en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al reconocer este derecho, pero al mismo tiempo reconocer también, que por ley pueden establecerse limitaciones y restricciones propias de una sociedad democrática. En este sentido, el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala:
“Artículo 8.- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a Garantizar: (…)
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado. (…)”. -el resaltado no es del original- Por su parte, propiamente dentro del sistema interamericano, el homólogo artículo 8 del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales o culturales -Pacto de San Salvador-, dispone:
“Artículo 8.- Derechos sindicales.
1.- Los Estados Partes garantizarán: (…)
2.- El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que estas sean propias a una sociedad democrática, necesarias para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley. (…)” -énfasis agregados- De tal manera, tanto el texto constitucional como las disposiciones internacionales aquí citadas, reconocen la posibilidad de imponer limitaciones al ejercicio del derecho a la huelga, siempre que las mismas se adopten mediante leyes que respondan a necesidades propias de una sociedad democrática, y se encuentren relacionadas con la protección de la salud, la moral, la salvaguarda del orden público, y el respeto y protección de los derechos y libertades de los demás.
Así, pasando al ámbito de la legislación ordinaria de carácter nacional, el tema en cuestión se encuentra regulado en los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo aquí impugnados.
Se entiende, entonces, que la disposición constitucional del artículo 61, se desarrolla profusamente en la legislación ordinaria, en los artículos del Código de Trabajo aquí referidos, a partir de lo cual se aprecia con absoluta claridad, que el derecho a la huelga sí se encuentra reconocido, pero su ejercicio se encuentra limitado o impedido en cuanto a los servicios públicos, tal como lo define la Constitución, y, en ellos, especialmente en los servicios esenciales, tal como se define y desarrolla en las normas ordinarias aquí citadas.
En este sentido, el Código de Trabajo es aquella ley que refiere el artículo 61 de la Constitución cuando señala la imposibilidad de ejercer el derecho a la huelga cuando se trate de servicios públicos. Dicho de otra forma, si el artículo 61 de la Constitución Política impone el principio de reserva de ley respecto del derecho de huelga en esas circunstancias, las citadas normas del Código de Trabajo cumplen con aplicar y respetar ese mandato constitucional de regular por ley el ejercicio de este derecho.
Es importante señalar, que la reforma introducida por la mencionada ley 9808, de 21 de enero de 2020, en cuanto a las citadas normas de los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo, lo que hace es introducir sendas precisiones sobre los servicios públicos esenciales y los de importancia trascendental, no sólo señalando cuáles son esos servicios, sino las demás regulaciones, incluso de carácter procesal, que aplican en esos casos. Esto para destacar, que el contenido fundamental de tales artículos continúa siendo el mismo que tenían de previo a la reforma operada en el año 2020, y que va en el sentido de desarrollar en el ámbito de la legalidad, aquella previsión constitucional de reconocer el derecho a la huelga, pero no en los servicios públicos, y menos en los servicios públicos de carácter esencial.
Bajo esta inteligencia, tratándose del mismo contenido y la misma formulación canónica esencial -salvo las puntuales precisiones que ahora contemplan-, es importante señalar que la constitucionalidad de los artículos 375 y 376 fue confirmada por esta Sala desde la sentencia 1317-1998, y su ligamen con la regulación del derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales, fue también ya considerada más recientemente en la sentencia 2011-17680, en la cual, en lo conducente, se estableció que:
“Sobre la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales.- El instituto de la huelga es una consecuencia directa del ejercicio de la libertad sindical. Precisamente, el artículo 60 de la Constitución Política consagra la sindicación como un derecho de libertad, que faculta a quienes emplean los servicios de otras personas (empleadores) y a quienes prestan los servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo (funcionarios o servidores públicos y trabajadores), a constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, así como a afiliarse a estas organizaciones para preservar y lograr los fines que ese mismo ordinal prescribe como propios de la actividad sindical (sentencia número 1998-01317 de las 10:12 horas del 27 de febrero de 1998). Por su parte, el ordinal 61 de la Constitución Política, amén del derecho de los patronos al paro, consagra el derecho a la huelga de los trabajadores, el cual, sin embargo, es susceptible de limitaciones en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de estos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca. Tal limitación no comprende la totalidad de servicios públicos. Así los convenios y recomendaciones emitidos por la Organización Internacional del Trabajo, a través del Comité de Libertad Sindical y el Comité de Expertos, han ido perfilando los casos en que la huelga puede ser objeto de restricciones o incluso de prohibición y garantías compensatorias. En tal sentido, la OIT ha hecho uso del término “servicios esenciales” para determinar cuándo resulta viable prohibir la huelga en los servicios públicos. En 1983, la Comisión de Expertos de la OIT definió los servicios esenciales como aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”. Tal criterio fue adoptado luego por el Comité de Libertad Sindical, para el cual lo determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 540; 320.º informe, caso núm. 1989, párrafo 324; 324.º informe, caso núm. 2060, párrafo 517; 329.º informe, caso núm. 2195, párrafo 737; 332.º informe, caso núm. 2252, párrafo 883; 336.º informe, caso núm. 2383, párrafo 766; 338.º informe, caso núm. 2326, párrafo 446 y caso núm. 2329, párrafo 1275.) Este concepto no es absoluto, puesto que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y de ese modo pone en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 541; 320.º informe, caso núm. 1963, párrafo 229; 321.º informe, caso núm. 2066, párrafo 340; 330.º informe, caso núm. 2212, párrafo 749; 335.º informe, caso núm. 2305, párrafo 505 y 338.º informe, caso núm. 2373, párrafo 382.) De manera concreta y en lo que interesa a este caso, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT considera como servicio esencial, entre otros, el sector hospitalario (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544; 300 informe, caso núm. 1818, párrafo 366; 306.º informe, caso núm. 1882, párrafo 427; 308.º informe, caso núm. 1897, párrafo 477; 324.º informe, caso núm. 2060, párrafo 517, caso núm. 2077, párrafo 551; 329.º informe, caso núm. 2174, párrafo 795; 330.º informe, caso núm. 2166, párrafo 292 y 338.º informe, caso núm. 2399, párrafo 1171). El Comité de Libertad Sindical ha aclarado que en los servicios esenciales algunas categorías de empleados, por ejemplo obreros y los jardineros, no deberían verse privados del derecho de huelga. (Véase 333. .º informe, caso núm. 2277, párrafo 274 y 338.º informe, caso núm. 2403, párrafo 601), criterio que esta Sala recoge en el sentido que en el servicio hospitalario, la prohibición de la huelga afecta únicamente a aquellos funcionarios públicos y trabajadores cuya suspensión de labores implique que el usuario no pueda recibir la prestación del servicio de salud. Ahora bien, el concepto de prohibir la huelga en servicios públicos esenciales, ha sido recogido en la legislación nacional. Como se indicó supra, el numeral 61 de la Constitución Política reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de estos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca. En tal sentido, los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo regulan lo siguiente:
“ARTICULO 375. - No será permitida la huelga en los servicios públicos. Las diferencias que en éstos ocurran entre patronos y trabajadores, así como en todos los demás casos en que se prohibe la huelga, se someterán obligatoriamente al conocimiento y resolución de los Tribunales de Trabajo”.
“ARTICULO 376.- Para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios públicos: a. (…)
d. Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave o inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones” En cuanto a los alcances de estos numerales, en sentencia número 1998-01317 de las 10:12 horas del 27 de febrero de 1998, este Tribunal señaló que:
“Al efecto, la frase primera del artículo 375 del Código de Trabajo, que dice: “No será permitida la huelga en los servicios públicos.(…)”, si bien pareciera proscribir la huelga en estos servicios, es decir, si bien pareciera tener un sentido impeditivo absoluto, lo cierto es que debe entenderse en armonía con lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, que sólo la limita para ciertos casos fijados o determinados por la ley en observancia de criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, para que resulte congruente con el fin que persigue. Este artículo 375 (antes, 368) cuestionado, armoniza también con el artículo 8° del Convenio 87 de la O.I.T. que - como se transcribió en el Considerando III. -, estatuye la obligación de las organizaciones sindicales de adecuar su actividad a la legislación interna. En otras palabras, si bien la huelga es un derecho de todos, ejercitable en cualquier actividad, es viable que el legislador determine en qué casos el derecho de huelga no puede ejercitarse, específicamente cuando se trate de actividades que constituyen “servicios públicos” y que por su naturaleza o por el impacto social que tienen, no sea posible suspenderlos, descontinuarlos o paralizarlos sin causar daño significativo, grave e inmediato a ciertos bienes” En esa misma sentencia, en relación con el numeral 376 inciso d) del Código de Trabajo, esta Sala trató el tema de la exclusión del derecho de huelga en ciertos servicios públicos indispensables y cuya suspensión comprometía los bienes jurídicos de la salud y la economía pública. En esa oportunidad se estimó que la prohibición establecida a nivel legal respecto a este tipo de servicio público, resultaba razonable, necesaria y proporcionada, en razón de que se debía proteger el ámbito de los derechos e intereses de los destinatarios o usuarios de dichos servicios, criterio que concuerda con las opiniones vertidas por el Comité de Expertos y el de Libertad Sindical de la OIT. De este modo, esta Sala, en la referida sentencia, mencionó lo siguiente:
“Del análisis hecho queda claro que la Constitución difiere a la ley enunciar en qué servicios públicos procede excluir o limitar el ejercicio del derecho de la huelga. Esto no tiene un efecto impeditivo absoluto, que proscriba de los servicios públicos el ejercicio del derecho de huelga. Por consiguiente, la ley debe discernir en qué casos ese ejercicio no es legítimo, tomando en cuenta la naturaleza de la prestación y los efectos que produciría la huelga en el ámbito de los derechos e intereses de los destinatarios o usuarios de dichos servicios. En tal caso, es viable limitar el ejercicio del derecho, lo que debe hacerse con aplicación de criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. La legislación laboral, que enumera en el artículo 376 (antes, 369) del Código de Trabajo, en qué servicios públicos se excluye la huelga, a pesar de preceder a la Constitución, que data de 1949, no por ello la contradice (…) Por otro lado, el inciso d) del artículo 376 (antes, 369) establece parámetros que permiten limitar el ejercicio de la huelga en aquellos servicios que se tengan por absolutamente indispensables y cuya suspensión sea susceptible de comprometer los bienes jurídicos de la salud y la economía pública. En efecto, en este aparte se enuncian o distinguen prestaciones con respecto a las cuales la huelga es susceptible de comprometer el bien jurídico de la salud y la economía, al incluir las que se brindan en las clínicas y hospitales, las que aluden a la higiene, al aseo y al alumbrado de las poblaciones. La ley en este caso define las pautas para establecer en qué casos es viable excluir el ejercicio del derecho de huelga, cuales son que debe tratarse de servicios públicos absolutamente indispensables y por otro lado, que sean susceptibles de comprometer los bienes jurídicos de la salud y la economía pública; lineamientos que responden a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales.” Por lo demás, el hecho que el artículo 376 inciso d) del Código de Trabajo haga referencia a empresas particulares requiere una interpretación evolutiva, toda vez que como consecuencia del desarrollo del Estado Social de Derecho y por mandato del numeral 73 de la Constitución Política, hoy en día la Caja Costarricense de Seguro Social administra el servicio público hospitalario, por lo que resulta inexorable que la norma en cuestión comprenda tal servicio prestado por la principal entidad hospitalaria del país. En virtud de lo expuesto, resulta claro que con fundamento en los criterios vertidos por los Comités de Libertad y de Expertos de la OIT, la jurisprudencia de esta Sala y la normativa constitucional y legal vigente en el país, la huelga en los servicios hospitalarios, en tanto actividad esencial del Estado, está prohibida, toda vez que se pone en peligro bienes jurídicos fundamentales de la sociedad, como la salud y la vida de la población. Ahora bien, a esta Sala no le pasa desapercibido que el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT también ha considerado que dada la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, los trabajadores afectados deben gozar de una protección adecuada, de suerte que se les compensen las restricciones impuestas a su libertad de acción en eventuales conflictos. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 546 y, por ejemplo 300.º informe, caso núm. 1818, párrafo 367; 306.º informe, caso núm. 1882, párrafo 429; 310.º informe, caso núm. 1943, párrafo 227; 318.º informe, caso núm. 1999, párrafo 166; 324.º informe, caso núm. 2060, párrafo 518; 327.º informe, caso núm. 2127, párrafo 192; 330.º informe, caso núm. 2166, párrafo 292; 333.º informe, caso núm. 2277, párrafo 274; 336.º informe, caso núm. 2340, párrafo 649 y 337.º informe, caso núm. 2244, párrafo 1269). Entre tales medidas compensatorias, el Comité de Libertad Sindical ha estimado que la limitación de la huelga debe ir acompañada por procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y rápidos en que los interesados puedan participar en todas las etapas. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 547 y, por ejemplo 300.º informe, caso núm. 1818, párrafo 367; 306.º informe, caso núm. 1882, párrafo 429; 308.º informe, caso núm. 1897, párrafo 478; 310.º informe, caso núm. 1943, párrafo 227; 318.º informe, caso núm. 2020, párrafo 318; 324.º informe, caso núm. 2060, párrafo 518; 330.º informe, caso núm. 2166, párrafo 292; 333.º informe, caso núm. 2277, párrafo 274; 336.º informe, caso núm. 2340, párrafo 649 y 337.º informe, caso núm. 2244, párrafo 1269.) Tales consideraciones resultan razonables y no contradicen la jurisprudencia de este Tribunal sobre la materia. Precisamente, en la sentencia número 1696-92 de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992, esta Sala determinó la violación al principio de legalidad en virtud de la falta de “un régimen administrativo laboral adecuado a la Constitución Política, y una norma administrativa expresa que permita al Estado someterse a los tribunales de arbitraje en aras de solucionar entre otros problemas, los conflictos colectivos. Ese quebrantamiento se originó en la necesidad, de seguro sentida, de contar con alguna respuesta del ordenamiento, solo que, como queda expuesto, deberá realizarse la regulación del asunto, que por lo pronto no existe … Este vacío, sin embargo, no autoriza utilizar mecanismos previstos para una relación privada, a una relación de empleo público que se debe regir por principios propios y diferentes.” En consecuencia, la Sala no ha negado la posibilidad de procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados en el sector público; lo que ha rechazado es que estos se encuentren regulados por la normativa laboral común, que tiene características muy distintas al régimen de empleo público, en el que no rigen principios tan flexibles como el de la autonomía de la voluntad, o el de derechos mínimos, toda vez que la Administración está sujeta por todo un bloque de legalidad y no proceden decisiones en conciencia, ni tribunales formados por sujetos no abogados. Llenar este vacío, mediante un desarrollo normativo que regule con precisión y de modo específico los medios de solución de conflictos colectivos en el sector público respetando las limitaciones derivadas del principio de legalidad y de las potestades de imperio del Estado, entre otras, no atañe a la Sala sino al Poder Legislativo, en virtud del principio de autocontención del juez constitucional. Empero, mientras ello no ocurra, las partes en conflicto, CCSS y funcionarios públicos, deben procurar solucionar sus diferendos laborales de forma tal que no se vea afectada la continuidad del servicio hospitalario, el cual es esencial, toda vez que su suspensión vulnera derechos constitucionales básicos de la población que revisten la mayor jerarquía porque tienen que ver con preservar lo más fundamental del ser humano: su vida y salud.” De igual manera, debe destacarse que la reforma legal introducida por la señalada ley 9808 en los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo para precisar el alcance de la definición de los servicios esenciales y la prohibición del ejercicio del derecho a huelga en tales servicios, fue igualmente validada por esta Sala, señalando la absoluta conformidad constitucional de lo allí establecido. En efecto, mediante la ya referida resolución consultiva de esta Sala, número 2019-20596, de las diecinueve horas quince minutos del 25 de octubre de 2019, señaló la Sala que:
“4) Constitucionalidad de la prohibición absoluta de la huelga en los servicios públicos esenciales, dispuesta en el artículo 376 consultado. Redacta el Magistrado Rueda Leal.
(…)
Respecto de este extremo de la consulta, la Sala no observa algún vicio de constitucionalidad por el fondo con base en la siguiente explicación.
A los efectos de absolver esta consulta, consideramos fundamental ab initio clarificar el carácter no vinculante de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT y qué implicaciones derivan de esto.
(…)
De lo anterior se observa que a lo interno de la OIT se conciben las decisiones del CLS como recomendaciones con carácter de pautas de orientación, lo cual concuerda con el hecho de que no hay norma jurídica convencional que expresamente les confiera carácter vinculante a tales decisiones.
(…)
Ahora, aun cuando las recomendaciones del CLS no sean vinculantes, esta Sala reconoce el valor jurídico y doctrinario de los pronunciamientos de los órganos de control, distinto al de las simples recomendaciones de carácter axiológico o teórico. De este modo, las recomendaciones del CLS resultan útiles como guías calificadas para orientar la interpretación y aplicación de la normativa laboral, por cuanto son fuente de soft law en la medida que, a pesar de que ninguna disposición normativa les confiera carácter vinculante, siempre revisten de relevancia jurídica. Sin embargo, tal grado de importancia no implica que las autoridades nacionales carezcan de un margen de apreciación ante una recomendación de la CLS, siempre que se advierta una justificación razonable y debidamente sustentada, que en modo alguno conlleve una actuación contraria a la obligación de actuar de buena fe en el cumplimiento de los tratados internacionales. Específicamente, en el ámbito constitucional, la recomendación de un órgano de control de la OIT vendría a ser un elemento relevante por considerar entre otros factores implicados, también de gran trascendencia, a la hora de resolver un conflicto entre bienes constitucionales (incluso de naturaleza no laboral, como los relativos al resguardo del ambiente, la salud, la vida, la seguridad o la propiedad), donde lo fundamental es procurar el adecuado equilibrio entre estos y evitar una transgresión al contenido esencial de alguno de ellos, todo ello bajo la égida del principio general de que toda acción privada que dañe la moral o el orden público, o que perjudique a un tercero, está sujeta a la acción de la ley (artículo 28 de la Constitución Política).
Aclarado este punto, el discurrir de esta tesitura en el sub examine tomará en consideración varias de las recomendaciones del CLS; empero, de algunas se apartará la Sala, en la medida que constituyen soft law y dando razones fundadas para ello. En este sentido, en tanto soft law, las referidas recomendaciones devienen adecuadas para desarrollar los contenidos de la Constitución, mas no para ir a contrapelo de estos, toda vez que, desde un punto de vista jerárquico positivo, evidentemente, las primeras no se pueden anteponer a los segundos, de plena naturaleza jurídico-positiva y vinculante (hard law).
El numeral 61 de nuestra Constitución Política actualmente reza:
“ARTÍCULO 61.- Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.” Este texto, que se ha mantenido invariable desde 1949, expresamente reconoce el derecho de los trabajadores (públicos y privados) a la huelga; empero, a la vez señala que aquel no es de carácter absoluto, toda vez que contempla una salvedad: los servicios públicos. A lo anterior se acompaña la disposición de que tanto la determinación de los servicios públicos como su regulación queda relegada al ámbito de la ley, quedando obligado el legislador a desautorizar todo acto de coacción o violencia.
(…)
Ahora, resulta claro que la referida libertad de configuración debe desarrollarse con pleno respeto de los parámetros básicos derivados de la jurisprudencia constitucional. Justamente, en la sentencia n.º 1998-01317 de las 10:12 horas de 27 de febrero de 1998, este Tribunal señaló, en cuanto al artículo 61 de la Constitución Política y su concepción de servicios públicos, lo siguiente:
“VI.- DEL DERECHO DE SINDICACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS.- (…) En relación con el contenido de la acción sindical, específicamente lo que toca al derecho de huelga, el artículo 61 de la Constitución Política establece que la regulación del citado derecho de acción colectiva es materia de reserva de ley, siendo que toda restricción del citado derecho debe darse por vía ley y de ningún modo puede favorecer los actos de coacción o violencia. Es además resultado de la atribución conferida mediante el numeral 61 constitucional citado, que compete al legislador definir en qué casos de la actividad pública se restringe o excluye el ejercicio del derecho de huelga; mandato que se satisface mediante el artículo 375 (antes, 368) del Código de Trabajo, que debe ajustarse a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para que sea congruente con el principio democrático sobre el que descansa el ordenamiento jurídico patrio, plasmado en el artículo 1° de la Constitución Política y que es valor supremo del Estado Constitucional de Derecho.
VII.- DE LA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 375 (antes, 368) DEL CODIGO DE TRABAJO QUE EXCLUYE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA A LOS SERVICIOS PUBLICOS. La huelga, como manifestación de la acción sindical, encuentra límite cuando su ejercicio interfiere con la prestación de ciertos servicios públicos, que compete a la ley determinar según el artículo 61 de la Constitución Política. Al efecto, la frase primera del artículo 375 (antes, 368) del Código de Trabajo, que dice: “No será permitida la huelga en los servicios públicos.(…)”, si bien pareciera proscribir la huelga en estos servicios, es decir, si bien pareciera tener un sentido impeditivo absoluto, lo cierto es que debe entenderse en armonía con lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, que sólo la limita para ciertos casos fijados o determinados por la ley en observancia de criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, para que resulte congruente con el fin que persigue. Este artículo 375 (antes, 368) cuestionado, armoniza también con el artículo 8° del Convenio 87 de la O.I.T. que - como se transcribió en el Considerando III. -, estatuye la obligación de las organizaciones sindicales de adecuar su actividad a la legislación interna. En otras palabras, si bien la huelga es un derecho de todos, ejercitable en cualquier actividad, es viable que el legislador determine en qué casos el derecho de huelga no puede ejercitarse, específicamente cuando se trate de actividades que constituyen “servicios públicos” y que por su naturaleza o por el impacto social que tienen, no sea posible suspenderlos, descontinuarlos o paralizarlos sin causar daño significativo, grave e inmediato a ciertos bienes. Además, se entiende que en aquellas actividades públicas dentro de las que sí está permitida la huelga, no pueden sobrepasarse los límites legales fijados, pues el ejercicio de la huelga debe enmarcarse dentro de la legalidad. Con base en lo expuesto, no encuentra esta Sala que el artículo cuestionado 375 (antes, 368), al disponer: “No será permitida la huelga en los servicios públicos…”, exceda por sí solo los límites que establece la Constitución o los convenios internacionales. En síntesis, el artículo 375 (antes, 368) cuestionado no es en sí mismo inconstitucional y el análisis de inconstitucionalidad ha de desplazarse a los casos fijados por la ley en que el efecto impeditivo, en los servicios públicos, se produzca. Consecuente con lo expuesto, procede declarar sin lugar la acción en cuanto a este extremo.
VIII.- DE LA PROHIBICIÓN DEL DERECHO DE HUELGA EN EL SECTOR AGRÍCOLA.- Se irá ahora a analizar los motivos de inconstitucionalidad que exponen los accionantes en relación -en primer término- con la prohibición del derecho de huelga que dispone el Código de Trabajo para el sector agrícola en su artículo 376 inciso b)(antes, 369 inciso b). Tal y como se expuso en el considerando V, por Convenio 11 de la O.I.T. se dotó de contenido a la libertad de sindicación del sector agrícola para garantizar a esta parte de la población el libre ejercicio del derecho de sindicación en paridad de situación con el sector industrial, a través de los instrumentos de presión aceptados para la prosecución de sus fines, específicamente mediante el ejercicio del derecho de huelga. Es evidente, a juicio de la Sala, que el artículo 376 (antes 369) hace una torpe enunciación de lo que preceptivamente ha de entenderse por “servicios públicos”, al menos en cuanto incluye dentro de este concepto la actividad que despliegan los trabajadores ocupados en la siembra, cultivo, atención o recolección de productos agrícolas, pecuarios o forestales; pues no encuadran esas tareas en la noción generalmente admitida de servicio público. Sin pretender agotar la definición de lo que es el servicio público como instituto jurídico, debe tenerse presente para efectos de esta sentencia, que el servicio público debe al menos estar dirigido a satisfacer necesidades colectivas y se trata de prestaciones positivas de la Administración o que están bajo cierto control y regulación de ésta. La prohibición del ejercicio de la huelga en actividades que no son servicio público, excede el artículo 61 constitucional que ordena al legislador establecer las actividades en que se restringe el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos únicamente. De lo anterior se infiere que al identificar el legislador - en el inciso b) del artículo 376 (antes, 369) del Código de Trabajo-, a la actividad agrícola con el servicio público, incurre en arbitrariedad, pues tal inclusión no tiene fundamento jurídico y trae aparejado la negación del ejercicio del derecho de huelga en el citado sector; lo que resulta además contrario al reconocido propósito del convenio internacional N°11 de la O.I.T., de garantizar al sector agrícola el pleno ejercicio del derecho de sindicación y sus consecuencias. Con base en los motivos señalados, procede declarar con lugar la acción en este extremo, y en consecuencia debe anularse el inciso b) del artículo 376 (antes, 369) del Código de Trabajo.
IX.- DE LOS OTROS SERVICIOS PUBLICOS EN QUE SE EXCLUYE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA, QUE SEÑALA EL ARTICULO 376 (ANTES, 369) DEL CODIGO DE TRABAJO.- Del análisis hecho queda claro que la Constitución difiere a la ley enunciar en qué servicios públicos procede excluir o limitar el ejercicio del derecho de la huelga. Esto no tiene un efecto impeditivo absoluto, que proscriba de los servicios públicos el ejercicio del derecho de huelga. Por consiguiente, la ley debe discernir en qué casos ese ejercicio no es legítimo, tomando en cuenta la naturaleza de la prestación y los efectos que produciría la huelga en el ámbito de los derechos e intereses de los destinatarios o usuarios de dichos servicios. En tal caso, es viable limitar el ejercicio del derecho, lo que debe hacerse con aplicación de criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. La legislación laboral, que enumera en el artículo 376 (antes, 369) del Código de Trabajo -transcrito en el Considerando II, en qué servicios públicos se excluye la huelga, a pesar de preceder a la Constitución, que data de 1949, no por ello la contradice. No obstante, como bien observan los accionantes y la Procuraduría General de la República en su informe, el artículo 376 (antes, 369) cuando en su inciso a) detalla los servicios públicos en que se excluye el ejercicio de la huelga, utiliza términos imprecisos que no facilitan distinguir a qué servicios públicos mínimos se refiere, al indicar: “Todos los que desempeñen los trabajadores del Estado o de sus instituciones…”. Es claro para este Tribunal que este enunciado no permite reconocer qué actividades públicas quedan excluidas del ejercicio del derecho de huelga; imprecisión que riñe con lo ordenado en el precepto 61 constitucional ya comentado, por lo que procede declararlo inconstitucional. En otro orden, el inciso c) del citado artículo 376 (antes, 369) sí define acertada y adecuadamente qué categorías de transporte público quedan limitadas en el ejercicio de la huelga; además, establece con claridad el límite al ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos. Finalmente el inciso c) también fija límites al ejercicio del derecho de huelga en el caso de “los trabajadores en viaje de cualquier otra empresa particular de transporte”, lo que debe entenderse como la imposibilidad de ejercer el derecho de huelga en la prestación efectiva del servicio de transporte público terrestre. Por otro lado, el inciso d) del artículo 376 (antes, 369) establece parámetros que permiten limitar el ejercicio de la huelga en aquellos servicios que se tengan por absolutamente indispensables y cuya suspensión sea susceptible de comprometer los bienes jurídicos de la salud y la economía pública. En efecto, en este aparte se enuncian o distinguen prestaciones con respecto a las cuales la huelga es susceptible de comprometer el bien jurídico de la salud y la economía, al incluir las que se brindan en las clínicas y hospitales, las que aluden a la higiene, al aseo y al alumbrado de las poblaciones. La ley en este caso define las pautas para establecer en qué casos es viable excluir el ejercicio del derecho de huelga, cuales son que debe tratarse de servicios públicos absolutamente indispensables y por otro lado, que sean susceptibles de comprometer los bienes jurídicos de la salud y la economía pública; lineamientos que responden a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales. En cuanto al inciso b) del artículo cuestionado - que excluye la huelga de la actividad agrícola -, este Tribunal remite a lo expuesto en el Considerando VIII. Finalmente, en relación con la norma contenida en el inciso e) del artículo impugnado, que autoriza al Poder Ejecutivo dictar en qué otras actividades públicas se prohíbe la huelga en la hipótesis de que la Asamblea Legislativa haya hecho uso de su facultad constitucional de suspender ciertas garantías individuales, esta Sala procede a declarar la inconstitucionalidad de tal atribución por exceder el principio de reserva de ley dispuesto en el numeral 61 constitucional, según el cual la atribución de establecer en qué prestaciones de servicio público debe limitarse el ejercicio del derecho de huelga, recae exclusivamente en el Poder Legislativo. En consecuencia, esta Sala procede a declarar la inconstitucionalidad de los incisos a) y e) del artículo 376 (antes, 369) del Código de Trabajo. (…)”.
Corolario del razonamiento expuesto, por mandato constitucional goza el legislador de una amplia libertad de configuración para definir qué entiende por servicio público y cuáles son las limitaciones al ejercicio de la huelga en este. No obstante, tal tarea debe desarrollarse dentro del marco de constitucionalidad, por lo que, según la jurisprudencia de esta jurisdicción, al Poder Ejecutivo no se le puede asignar competencia alguna para definir en qué tipo de servicio público se debe impedir el ejercicio de la huelga; por cuanto tal función es exclusiva del Poder Legislativo. Asimismo, la libre configuración del legislador debe respetar el principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad, para cuyos efectos deviene determinante la naturaleza del servicio público en cuestión o su particular impacto social, factores que justificarían impedir que aquel pudiere ser suspendido, descontinuado o paralizado, dado el daño significativo, grave e inmediato que ello acarrearía a ciertos bienes jurídicos de la salud, la vida, la seguridad o la economía pública. En adición, lo que el legislador defina como servicio público debe implicar la satisfacción de necesidades colectivas, así como estar referido a prestaciones positivas de la Administración o que se encuentren sometidas a un particular control por parte de aquella.
La norma en cuestión prohíbe la huelga en varios servicios públicos merced a que el legislador las califica como esenciales:
“1) Servicios de salud, en todos sus niveles de atención, que brinden asistencia de forma directa e integral al usuario incluyendo los servicios de hospitalización y atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio y diagnóstico, todo tipo de servicio médico-quirúrgico, tratamientos médicos y/o terapéuticos así como los de rehabilitación, farmacia, citas y atenciones programadas y no programadas, emergencias y urgencias, lavandería, ropería, aseo, servicios de alimentación a pacientes, vigilancia, registros médicos, archivo, servicios de ambulancia y transporte de usuarios, y en general todas las actividades o funciones que realizan los trabajadores que llevan a cabo los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la salud de las personas.
Al respecto, conforme el punto A) de este considerando, observen los consultantes que las recomendaciones del CLS no son de acatamiento obligatorio, sino que son pautas de orientación, lo cual concuerda con el hecho de que no hay norma jurídica convencional que expresamente les confiera carácter vinculante a tales recomendaciones, tesitura avalada incluso por la Corte IDH en Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Lo anterior no significa que esta Sala desconozca el valor jurídico y doctrinario de los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, cuya autoridad técnica e histórica les da un valor superior al de una recomendación de naturaleza puramente axiológica o teórica. Empero, tal reconocimiento no significa que la jurisdicción constitucional carezca de un margen de apreciación a la hora de aplicar control de constitucionalidad, toda vez que las referidas recomendaciones, como ya se indicó, no revisten cualidad vinculante, debe primar el hard law -la regulación constitucional vigente - sobre el soft law, y de manera equilibrada se deben resguardar los diversos bienes constitucionales en juego.
Por consiguiente, la noción de servicios esenciales, allende de la vida, salud y seguridad de la persona, puede abarcar la economía pública, cuando se trate de un servicio público absolutamente indispensable y susceptible de comprometer tal bien jurídico, como estableció esta Sala en la sentencia n. 1998-01317 de las 10:12 horas de 27 de febrero de 1998.
Aclarado lo anterior, la duda ahora corresponde a si el Legislador puede aprobar una prohibición absoluta y general en un servicio público, o si debe ajustarse a un esquema de funcionamiento mínimo del servicio, como el regulado en el ordinal 376 inciso d) del Código de Trabajo vigente.
Al respecto, esta Sala considera que el Legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración, puede establecer la prohibición absoluta y general de la huelga en los servicios públicos esenciales, siempre que esto no violente el principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad. Ahora, a los efectos de precisar los alcances de las potestades del legislador en tal materia, se debe considerar lo que la propia Constitución Política regula.
De este modo, de acuerdo con el numeral 61 de nuestra Constitución Política: Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.” Esta norma es una replicación del ordinal 56 de la Constitución Política de 1871, conforme la reforma constitucional de 1943.
Según ya se dilucidó en el punto B) de este considerando, la referencia a “servicio público” del artículo 61 constitucional no partió de un concepto dogmático preciso y cerrado, sino que, en realidad, el Constituyente del 49 optó por mantener la noción del Congreso Constitucional de 1943 contenida en el numeral 56 de la Carta de 1871. Si se toma en consideración el momento histórico de la aprobación de esta norma en julio de 1943, se advierte con facilidad su vínculo político irrefutable con la noción de servicio público del Código de Trabajo pocos meses después, en agosto de ese mismo año. En lo concerniente a la huelga, esta última normativa liga el concepto de servicio público con la especial relevancia de la actividad para la colectividad; es decir, con un elemento objetivo. Por ello, desde el punto de vista de nuestra Ley Fundamental resulta plausible extender la noción de servicio público esencial a la vida, salud y seguridad de la persona, así como a la economía pública, siempre que se trate, como se indicó supra, de un servicio público absolutamente indispensable y susceptible de comprometer tal bien jurídico.
Justamente, esta particular incidencia en los mencionados bienes constitucionales justifica que el legislador opte por una prohibición absoluta de la huelga en los referidos servicios. Se trata de una alternativa que deviene razonable, en la que medida que el propio Constituyente optó por dos reglas: 1) reconocer el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, y 2) exceptuar de la regla anterior a los servicios públicos, de acuerdo con lo que el legislador determinase.
En tal sentido, no se puede considerar que reformar lo regulado en el Código de Trabajo vigente sea inconstitucional, puesto que, precisamente, el Constituyente le encomendó al legislador regular la huelga en los servicios públicos, para lo cual es del todo competente para formular las reformas legales correspondientes.
Límite de tal atribución es, entre otros, el principio de razonabilidad y proporcionalidad (voto 1998-01317), el cual en el sub lite no se observa violentado, puesto que, por un lado, la propia Constitución no rechaza la opción de que la huelga sea prohibida en los servicios públicos de particular relevancia (por el contrario, hace la salvedad de la huelga en los servicios públicos según criterio del legislador), y, por otro, las consultantes no desarrollan alguna argumentación técnica, precisa y sólidamente sustentada, ni mucho menos algún test jurídico de razonabilidad, como para que este Tribunal considere al listado de servicios públicos esenciales regulado en el artículo 376 del proyecto de ley, como carente de una relevante incidencia e impacto social, de modo que su suspensión no venga a causar un daño significativo, grave e inmediato en la salud, la vida, la seguridad o la economía pública. En tal definición, el juez constitucional debe aplicar autocontención, dado el amplio margen de apreciación de que el Legislador goza en la materia, de manera que solo si con absoluta solidez se demostrare la intrascendencia de un servicio público para con los mencionados bienes constitucionales, eventualmente se podría sustentar alguna lesión al principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad, lo cual en la especie no ocurre.
En adición, tampoco se advierte alguna vulneración al principio de interdicción de la arbitrariedad. Como consignó la Sala en la sentencia 2018-000230 de las 10:40 horas del 10 de enero de 2018:
“En lo que respecta al alegado establecimiento de una lista numerus clausus por parte del legislador sin la existencia de criterios técnicos, la Sala descarta que exista alguna lesión al orden constitucional. Según se desprende de los párrafos precedentes, cae en el derecho a la libre configuración del legislador la determinación de los parámetros para categorizar a una profesión como ciencia en la salud. La Sala rechaza que, irremediablemente, todas las decisiones del legislador deban contemplar un estudio técnico, toda vez que dicha situación anularía la discrecionalidad del órgano legislativo, sometiéndolo al criterio de terceros que carecen de representación democrática. Los estudios técnicos son necesarios, cuando existe norma expresa al respecto (verbigracia en cuestiones ambientales) o cuando la materia los exige, so pena de transformar la discrecionalidad en arbitrariedad. En el caso de marras, la decisión del legislador elevó claramente los requisitos para ser profesional en ciencias de la salud, al demandar el grado mínimo de licenciatura y enumerar expresamente las profesiones incluidas, decisión que no requiere un estudio técnico o científico.” -lo resaltado no es del original-.
De esta manera, de la integración de las previsiones constitucionales, del derecho internacional, y de la legislación ordinaria del ámbito interno, así como las definiciones jurisprudenciales de esta jurisdicción constitucional, es absolutamente claro que se reconoce el derecho a huelga; que por ley se pueden imponer limitaciones y restricciones al mismo, con motivo de salvaguardar el orden público, la salud y la moral públicas, y los derechos y libertades de las demás personas; que parte de esas restricciones al ejercicio del derecho a huelga están relacionadas con la prestación de los servicios públicos, y, especialmente, de los servicios públicos esenciales; y que, finalmente, a quienes vean limitado así el ejercicio de su derecho a huelga, la propia legislación debe ofrecer las denominadas «garantías compensatorias», tal como se reseña en las actuales redacciones de los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo, y, particularmente, en el artículo 707 del mismo Código, el cual señala la necesidad de acudir a los mecanismos de conciliación y arbitraje para la solución de los conflictos cuando exista impedimento para acudir a huelga, por tratarse, precisamente, de servicios públicos esenciales -ver, en similar sentido, sentencia de esta Sala, número 2020-21785-.
Adicionalmente, de forma expresa sobre el artículo 375 bis del Código de Trabajo, la Sala igualmente se pronunció de manera particular en la misma resolución consultiva número 2019-20596, señalando que dicha norma carece de vicio de constitucionalidad alguno, porque el prescindir de una declaratoria de ilegalidad es una consecuencia de la prohibición establecida por ley, que ya califica la ilegalidad de la huelga en los servicios esenciales, y que la posibilidad de establecer determinado tipo de acuerdos es una competencia propia del legislador en lo concerniente a la configuración de los procesos, siendo así que es al legislador a quien le compete el diseño de los diferentes procesos jurisdiccionales y la determinación de las reglas especiales que deben aplicarse. En esta resolución explica la Sala que:
“[E]sta disposición es congruente con lo resuelto en el punto 4 de vicios de fondo de esta opinión, sobre el artículo 376, del Código de Trabajo que se pretende reformar. En este sentido, debe desestimarse la duda, al estar prohibida en forma absoluta la huelga en los servicios esenciales, y por ello, es una consecuencia natural el prescindir de la calificación del trámite de la huelga. Debe tomarse en cuenta, que la exclusión a este procedimiento responde a la naturaleza de las actividades consideradas como esenciales, y porque están ligadas a la vida, a la salud, y a la seguridad pública. Otro aspecto consultado, tiene relación con la lesión al artículo 60 Constitucional, al no establecerse la posibilidad para que pudiera garantizarse un acuerdo previo sobre la base de criterios técnicos entre las partes en conflicto, para establecer los servicios de importancia trascendental (como ocurre con el 376 quater), con el llamado esquema de prestación de servicios mínimos. La prohibición de la huelga debería estar para funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado (cuerpos de seguridad o de policía), o con servicios esenciales en sentido estricto, quienes podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. Eximen algunos otros que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. Sobre este aspecto, estima esta Sala que, si bien el legislador estableció la posibilidad de definir un acuerdo previo entre las partes en conflicto en la reforma al artículo 376 ter, del Código de Trabajo, para que los trabajadores pudieran convenir ir a la huelga en aquellos servicios institucionales de importancia trascendental, esa es una solución que es competencia del legislador. Decidir si debería aplicar o no la misma fórmula jurídica es un asunto que atañe a la libre conformación o configuración del legislador, así como de oportunidad y conveniencia, que le permite decidir cuál es el mejor tratamiento jurídico de los servicios esenciales que podrían no estar afectos a la limitación al derecho a la huelga.” En este sentido, las normas cuestionadas carecen del vicio de constitucionalidad apuntado, por lo que esta acción debe ser declarada sin lugar en cuanto a estos extremos.
VIII.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 377, inciso c), del Código de Trabajo. El inciso c) del artículo 377 del Código de Trabajo dispone:
“Artículo 377- Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben:
(…)
Sobre el particular, es importante hacer notar que esta disposición es claramente de carácter procesal, al definir el trámite del aviso de huelga que debe brindarse al patrono, el contenido del mismo, los días previos con que debe entregarse y la documentación que debería acompañarse en determinadas circunstancias, sin que se aprecie de modo alguno lo aducido por el accionante, y menos aún, cómo tales disposiciones pudieren contravenir la acción sindical. Es un esquema procesal que pretende claridad y agilidad del proceso, dentro de esa competencia que el artículo 61 de la Constitución Política refiere a la legislación ordinaria, y la consecuente ya señalada libre configuración del proceso que es competencia del legislador, tal como se reseñó en el considerando anterior al citar, entre otras, la resolución 2019-20596 y la sentencia 2020-21785. En esta norma se regulan, al decir de la Procuraduría General de la República, «exigencias que corresponden a una formalidad, como parte del cumplimiento de una obligación o requerimiento procesal para dar curso a los trámites judiciales de calificación de movimientos huelguísticos».
En este sentido, al no apreciarse de modo alguno las presuntas situaciones contrarias al Derecho de la Constitución, la acción debe ser desestimada en cuanto a este extremo.
IX.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 378, párrafo segundo, del Código de Trabajo. El segundo párrafo del artículo 378 del Código de Trabajo señala:
“Artículo 378- (…)
En ningún caso se podrá reiterar una huelga por los mismos motivos de una realizada anteriormente.” Sobre esta disposición, el accionante reclama que no se puede hacer huelga por los mismos motivos, lo que violenta, en su criterio, el principio de participación democrática, el artículo 3 del convenio 87 de la OIT, la autonomía sindical, y la libertad de expresión. Refiere que, en aras de resguardar el derecho a la libertad sindical, la participación de las organizaciones sindicales en la toma de decisiones, y la resolución de conflictos colectivos, es necesario que el ordenamiento jurídico permita un adecuado ejercicio de la libertad sindical y, por ende, del derecho de huelga, en el sentido de que no existe un acto de “voluntad estatal” sin un previo reclamo -conflicto- de los trabajadores exigiendo un determinado nivel de protección. Considera que, el impedir que se realice una huelga por motivos que ya fueron objeto de una huelga previa, acarrea una restricción que no se entiende en el derecho internacional, por cuanto no existe un bien jurídico que se pretenda proteger con esa restricción. Agrega que tal limitación constituye una censura previa, en la medida que adelanta la prohibición de una manifestación válida.
Esta norma también fue ya objeto de análisis concreto por esta Sala, determinando que la misma carece de los vicios de constitucionalidad ahora apuntados por el accionante. Así, en la reiterada resolución 2019-20596, estableció la Sala:
6.- La reforma agrega el párrafo final, del artículo 378, del Código de Trabajo. (…)
La disposición pretende establecer que [E]n ningún caso se podrá reiterar una huelga por los mismos motivos de una anteriormente realizada. Señalan los consultantes que implica que si ya hubo un movimiento de huelga por defender “intereses económicos y sociales” o ante un conflicto jurídico colectivo por incumplimiento de los contratos de trabajo (salarios mínimos), no podrían los trabajadores volver a realizar un nuevo movimiento de huelga por esos mismos motivos. Agregan que, si no hace referencia a los mismos hechos, implica que aún con hechos nuevos se trataría de un nuevo conflicto colectivo (persiste el incumplimiento salarial, los acuerdos alcanzados no se cumplen, se trata de incumplimientos reiterados, etc.), se prohíbe el derecho de huelga aunque el movimiento cumpla con los demás requisitos para ser declarado legal, únicamente porque en el pasado se realizó otro movimiento por los mismos motivos. Finalmente, indican que no se contemplan plazos.
En el criterio de la Sala, se debe interpretar la disposición de conformidad con el Derecho de la Constitución, en cuyo sentido, debe entenderse que puede reiterarse una huelga por los mismos motivos a una anteriormente realizada, cuando hay cambio de circunstancias o se ha llegado a un acuerdo entre las partes, trabajadores y patronos, de modo que irrespetarlo infringiría los derechos fundamentales mencionados. Se estima que la norma interpretada de otro modo puede restringir el derecho a la huelga como mecanismo de presión de los trabajadores organizados para obtener mejoras socio-económicas en su relación laboral, especialmente porque como bien lo afirman los consultantes, puede ocurrir que existen incumplimientos, o acuerdos para deponer el movimiento que luego no son cumplidos por la parte Patronal, y que requiera retomar las medidas de presión, en cuyo caso, la prohibición constituye una limitación que cumple un fin prohibitivo, donde el medio, que es la norma impone una restricción más allá de lo que deben soportar los trabajadores, su derecho a la libertad sindical y de defensa de los intereses económicos y sociales. En este sentido, se podría beneficiar indebidamente a la parte Patronal, porque si bien la disposición prohíbe reiterar una huelga por los “mismos motivos”, esto debería ser entendido como la misma causa o razón, pero para que esto sea válido jurídicamente, es necesario interpretar que si se acudió de nuevo a la huelga fue por idénticas causas o razones concretas sustentadas en los mismos hechos. Los motivos deben estar obligatoriamente vinculados a hechos concretos que le sirven de base, como por ejemplo el reconocimiento del costo de la vida, que normalmente está calculado anualmente, así la disposición no se puede interpretar que prohíbe volver otro año a la negociación colectiva, y ante su fracaso, a la huelga, por el mismo motivo, si han variado las situaciones económicas del país y de los trabajadores. Únicamente si la premisa estuviera relacionada con los mismos hechos, aplicaría la regla establecida de los “mismos motivos” que le conectan con esa causa o razón, así resulta importante determinar si se trata de los mismos hechos que produjeron el conflicto social y económico anteriormente o no. De este modo, la restricción impuesta no debe aplicarse si existen cambios de circunstancias en la relación de trabajo, no puede entenderse que se trata de los mismos motivos si hay hechos nuevos. Por ejemplo, la limitación a acudir a la huelga por entender que son los “mismos motivos” un cambio en el aumento de vida debidamente acreditado y negociado por las partes pese a que hubo un acuerdo anterior para un periodo pasado, es ilógico e inconsecuente con la negociación colectiva si se pudo haber pactado un porcentaje que resulta muy inferior al rubro de años anteriores. En el criterio de la Sala, no podría limitar una nueva negociación o huelga en caso de no lograrse un acuerdo, de lo contrario, se podría caer en una forma de interpretación contraria a la acción sindical y libertad sindical. Tampoco, podría eludir las consecuencias con sus trabajadores, si logra artificiosa y maliciosamente la deposición de la huelga, o concede ligeramente beneficios, y posteriormente incumple.
De tal manera, en criterio de la Sala, la prohibición de reiterar una huelga por los mismos motivos que una anterior, carece de todo vicio de inconstitucionalidad, siempre que se entienda que por «mismos motivos» se haga referencia a «mismos hechos», de donde resulta que ante «nuevos hechos» o «nuevas circunstancias» sí es posible la realización de un proceso de huelga, siempre que se cumpla con los demás parámetros establecidos en el ordenamiento. Ello es así, por cuanto es claro que un motivo puede ser, por ejemplo, un impago salarial en determinado período anual que haya llevado a la realización de un proceso de huelga; pero un impago salarial en otro momento, si bien es un motivo igual, no es el mismo hecho, pues claramente se trataría de una situación o circunstancia distinta a la que anteriormente había motivado un previo proceso de huelga. Bajo este entendimiento, tal como resolvió la Sala en el precedente de cita, esta norma carece del vicio de constitucionalidad apuntado por el accionante, siendo así que la acción deba ser declarada sin lugar en cuanto a este extremo, siempre que el segundo párrafo del artículo 378 del Código de Trabajo se interprete en el sentido señalado, es decir, que sí es posible la realización de una nueva huelga cuando exista un cambio en las circunstancias.
X.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 379, párrafos segundo y cuarto, del Código de Trabajo. Los párrafos segundo y cuarto del artículo 379 del Código de Trabajo, señalan:
“Artículo 379- (…)
En los casos de servicios esenciales, las sanciones disciplinarias que correspondan podrán ejecutarse desde el momento en que adquiera firmeza la orden judicial prevista en el artículo 375 bis de este Código.
(…)
Si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo, el patrono deberá pagar los salarios correspondientes a los días que haya durado la huelga.
(…)” En lo concerniente a estos párrafos del artículo 379 del Código de Trabajo, los cuestionamientos planteados por el accionante se centran en la exoneración al patrono para pagar los salarios, al pago de salarios cuando la huelga es declarada legal únicamente por incumplimientos graves del contrato de trabajo, y la violación al principio de progresividad. Dice el accionante que las normas disponen la posibilidad de la terminación de contratos como sanción por huelga en servicios esenciales que estima no son tales, que se permite al patrono el pago de salarios en tractos que, ambos aspectos en detrimento de los trabajadores, y que violentan el principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales y la libertad sindical, por lo que darle la posibilidad al patrono la posibilidad de no pagar salarios durante el tiempo que dure la huelga, vacía por completo el contenido del derecho de huelga. Es importante señalar que los tres aspectos planteados por el accionante, igualmente ya fueron conocidos por esta Sala, determinando su conformidad constitucional.
De previo a la consideración de estos tres supuestos, es importante tener presente lo ya resuelto respecto de los servicios esenciales, de forma que lo ya indicado en el referido precedente de la resolución 2019-20596, la referencia a la sentencia 2020-21785, y en esta misma resolución que ahora se dicta, determina la constitucionalidad de la definición y de la enunciación que se hace de los servicios esenciales, por lo que en cuanto a este aspecto, debe referirse el accionante a lo ya indicado.
Por su parte, ya centrándose en los motivos de inconformidad aducidos respecto del segundo y cuarto párrafo del artículo 379, nótese que respecto del no pago de salarios, en la resolución consultiva número 2019-20596 señaló la Sala:
“7.- La reforma al artículo 379, del Código de Trabajo, sobre la suspensión del pago de los salarios. Los consultantes señalan que la norma contempla dos cambios, que son: primero porque, aunque los trabajadores ejerzan su derecho de huelga de manera legal y de buena fe, ya no tendrían derecho al reconocimiento de su salario; y, segundo, el presupuesto del artículo 386, del Código de Trabajo, de incumplimiento generalizado de los contratos individuales de trabajo estaría siendo sustituido por el concepto mucho más restrictivo de “incumplimiento grave” imputable al patrono.
(…)
Sobre el primer punto, la actual integración de la Sala se decanta por establecer un cambio de criterio en su jurisprudencia, al igual que ha tenido que hacer en otros casos, cuando se considera que ocurren algunos supuestos como una falta de fundamentación adecuada de la sentencia anterior. En la Sentencia N° 2011-10832 de las 14:30 horas del 12 de agosto de 2011, en cuanto interpreta el artículo 377, del Código de Trabajo, se concluyó que:
“Ahora bien, con esta sentencia desaparece por inconstitucional la obligación legal de los trabajadores de constituir un sesenta por ciento de las personas de una empresa, lugar o negocio, establecida como uno de los requisitos para considerar una huelga legal; sin embargo, surge la cuestión de solventar la disyuntiva que deja esta sentencia estimatoria, en el sentido de cómo determinar si un movimiento huelguístico es legal o no, así como los efectos que se irradian hacia los patronos y los trabajadores. Es por ello que, para la mayoría de este Tribunal, debe efectuarse una interpretación conforme a la Constitución del artículo 377 del Código de Trabajo, el cual no resulta contrario a la Constitución Política, en el tanto se entienda que la terminación de los contratos de trabajo o, en su defecto, el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción solo sería procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga. En consecuencia, los trabajadores que hubieran participado en el movimiento huelguístico antes de esa declaratoria no podrían ser despedidos, ni sus salarios rebajados, ni tampoco sancionados de forma alguna por la mera participación en la huelga, ya que, de lo contrario, se estaría produciendo una lesión a sus derechos fundamentales, en los términos contemplados y desarrollados en los anteriores considerandos de este pronunciamiento. La Sala reafirma lo expresado en el anterior considerando IV, en cuanto a los alcances de esta sentencia lo es para los conflictos colectivos del sector privado, y únicamente, con todos sus efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad en el asunto base”.
Si bien en la misma sentencia se considera que el rebajo de los salarios debe darse a partir de la definición de la ilegalidad de la huelga, y justifica la conclusión en que le considera una limitación desproporcionada e irrazonable al ejercicio de un derecho fundamental, que afecta su contenido esencial, la posición de la Sala puede considerarse defectuosa ab origine para llegar a tal conclusión. En este sentido, debe indicarse que el artículo 377, del Código de Trabajo, señala los efectos jurídicos de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, pero una revisión exhaustiva de los argumentos para llegar a la conclusión aludida de mantener el pago de los salarios no es clara ni se aborda adecuadamente, incluso es omisa, pues carece de la justificación y fundamentación que se requiere. La sentencia se concentra en analizar los requisitos para la declaratoria de la legalidad de la huelga, además de la objeción de constitucionalidad de que los mecanismos establecidos impedían el derecho a la huelga, lo cual fue desestimado. Así se ocupó, más que todo, de lo establecido en la obligación de agotar los procedimientos de conciliación y de cumplir el requisito que otrora se establecía del sesenta por ciento de las personas que trabajan en la empresa, lugar o negocio que se trate.
Ahora bien, la Sala debe abordar de nuevo el tema, confrontada con la escaza referencia a la razonabilidad de la medida, y a los beneficios y virtudes de dicha solución. En la actualidad, la conformación de la Sala ha variado en cuatro de sus siete miembros titulares, lo cual, por esta razón hace necesario reexaminar las condiciones descritas arriba, con el fin de cambiar el criterio, lo cual le es posible a esta Sala. Al igual que se hizo ya en otra oportunidad, al revisar la cláusula penal establecida en el artículo 10, de la Convención Colectiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago (BANCREDITO), se analizó de nuevo la disposición que duplicaba el monto del auxilio de cesantía como indemnización, por despido declarado judicialmente ilegal. Así, por Sentencia N° 2018-08882 de las 16:30 minutos del 5 de junio de 2018, la Sala al cambiar de criterio, señaló que:
“No obstante, el Tribunal estima necesario revisar el antecedente recién transcrito y abordar específicamente el reclamo por desproporción de la cláusula penal allí establecida, al ser un tema que no recibió una consideración amplia por parte del Tribunal y tomando en cuenta, además, la decisión que ha tomado en este mismo caso, y que ha dispuesto reducir el tope máximo para el pago de cesantía, que la Sala había fijado anteriormente en un salario mensual por cada año laborado hasta un máximo de 20 años,,(sic) para dejarlo a partir de ahora en un máximo de 12 años, de conformidad con las consideraciones que al respecto se hacen infra en este mismo pronunciamiento”.
En consecuencia, el tema debe retomarse, dado que existe consenso a nivel internacional de que el pago de los salarios durante la huelga debe solucionarse de otra manera. Esto a la luz de la reforma que se discute en la Asamblea Legislativa, pues propone una solución diferente en el abordaje del problema de los salarios en tiempo de huelga. Además de lo señalado anteriormente, este elemento es importante, toda vez que propone un esquema de solución distinto. Una revisión de los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical señala que toma una posición intermedia, que deja a las partes su solución; y, los ordenamientos jurídicos de diferentes países en el mundo, marca un consenso bastante generalizado de que no procede el pago del salario de los trabajadores en huelga, toda vez que el contrato de trabajo o la relación laboral está suspendido. Es decir, los elementos primarios de la prestación del servicio no estarían presentes, de modo que para que existiera contraprestación salarial debería haber prestación del trabajo, que es precisamente lo que se suspende en la huelga. En el examen de lo anterior, el Comité de Libertad Sindical (Digesto 2006 párrafo 656), señaló:
“948. La imposición al empleador del pago de salarios correspondiente a los días de huelga cuando se declara que ésta es “imputable” al empleador, además de poder alterar el equilibrio de las relaciones laborales y ser demasiado gravoso para el empleador, plantea problemas de conformidad con los principios de la libertad sindical en la medida en que dicho pago no debería ser prohibido ni tampoco obligatorio y por ello debería ser un tema a resolver por las partes”.
Con respecto a las distintas jurisdicciones, se puede determinar que siguen criterios persuasivos, como el de la Corte Europea de Derechos Humanos, que aunque no tiene relación con la calificación de la huelga o no, sí niega el pago retroactivo de mejoras económicas conseguidas en la negociación colectiva (Schmidt and Dahlström vrs. Suecia), o en la legislación de otros países como en Francia, en que la ley no obliga, pero queda a criterio del empleador si paga o no los salarios caídos; en Alemania, la Corte Federal Laboral ha establecido que la ausencia de las obligaciones recíprocas primarias de la obligación quedan suspendidas durante la huelga; en Holanda, de acuerdo con el artículos 7:627, del Código Civil, los patronos no están obligados al pago de salarios durante el ejercicio del derecho a huelga; sin embargo, los sindicatos, usualmente, pagan el 70% del salario con el fin de compensar a los huelguistas; en la República Checa, la legislación sobre negociaciones colectivas tampoco obliga al pago de los salarios al trabajador que participe en una huelga; Letonia y República Eslovaca, tampoco prevén el pago salarial, México así lo prevé tanto a nivel federal como estatal, entre otros países.
Ciertamente, la regla contenida en el 379, del Código de Trabajo, que se pretende aprobar, establece que la huelga suspende los contratos de trabajo de quienes estuvieren en el movimiento social, habilita al trabajador a no prestar el servicio y al patrono a no pagar los salarios, lo cual, según la legislación actual, solo sería procedente cuando se declara la legalidad de la huelga. Alegan que esto no era parte u objetivo del proyecto, que era frenar huelgas ilegales y ahora es frenar el derecho general a las huelgas. Estiman que se trata de una forma velada, con una maniobra coercitiva tácita, para desalentar el movimiento de protesta de los trabajadores.
La Sala estima que no existe una lesión a la acción sindical o al derecho de huelga de los derechos de los trabajadores, toda vez que, precisamente, no se analizó en la aludida Sentencia N° 2011-10832 de las 14:30 horas del 12 de agosto de 2011, el efecto de la suspensión de los contratos de trabajo, de la naturaleza de un contrato sinalagmático entre el empleador y trabajador, tal y como se ha concluido en muchas otras jurisdicciones del mundo, sin menoscabar por supuesto que en el caso de una negociación colectiva se pueda llegar a otra solución (especialmente para el sector privado). Además, debe tomarse en cuenta, que los sindicatos pueden crear fondos especiales para mantener los movimientos sindicales y de los trabajadores, dándoles los respectivos subsidios. Aunque se justifique que los trabajadores tendrán mayores dificultades para acudir a la huelga, ello es un asunto de hecho que escapa a la tutela de la jurisdicción constitucional, y los sindicatos deberán considerar y mantener la conveniencia de adoptar los mecanismos que permitan transitoriamente a los trabajadores el movimiento colectivo. Debe también decirse, que la reforma al artículo 379, del Código de Trabajo, que actualmente incluye el tema del rebajo salarial, en el capítulo de paros legales e ilegales, ya se encontraba propuesta como materia de discusión desde el inicio del proyecto de ley, de modo que no se puede interpretar que no estaría al alcance de los legisladores mediante el derecho de enmienda. En consecuencia, el no pago de los salarios estipulado en el proyecto de ley, no quebranta la Constitución Política.” -énfasis agregados.
De tal manera, en virtud de la suspensión de la relación sinalagmática propia de los contratos de trabajo, la Sala determinó que al no producirse la prestación del trabajo, tampoco sería posible la contraprestación salarial, sin que ello resulte en un vicio de constitucionalidad.
En lo concerniente al segundo aspecto por el cual el accionante muestra su inconformidad con estas disposiciones, que es el pago de los salarios durante una huelga legal, pero sólo cuando se trate de una huelga por «incumplimientos graves», la Sala igualmente determinó que tampoco se aprecia la inconstitucionalidad señalada, pues tal disposición no excluye la aplicación de lo estatuido en el artículo 386 del mismo Código. Así, en la misma resolución 2019-20596 definió la Sala que:
“8.- Sobre el artículo 379 consultado en cuanto reconoce el pago de salarios por la huelga declarada legal, únicamente “por incumplimientos graves”. En cuanto al segundo punto consultado sobre este artículo 379, que el incumplimiento generalizado de los contratos individuales de trabajo estaría siendo sustituido por el concepto mucho más restrictivo de “incumplimiento grave” imputable al patrono, es claro que la técnica que utiliza el legislador de circunscribir el pago de los salarios dejados de percibir, con motivo de una huelga declarada legal por causas imputables al patrono, por incumplimientos graves del contrato de trabajo, no podría ir en perjuicio de lo establecido en el artículo 386, del Código de Trabajo. En este sentido, debe de aplicarse el principio protector del Derecho Laboral, con el cual se revierten los principios hermenéuticos comunes de interpretación de las normas en conflicto, para que en este caso, la parte perjudicada pueda pedir la aplicación de la norma más favorable. De este modo, interpreta la Sala los artículos 379 (por reformarse) y 386, del Código de Trabajo, de conformidad con el Derecho de la Constitución, que no podría resultar restrictivo sobre el derecho a la acción sindical, concretamente a la huelga, así como la libertad sindical, y recuperar los salarios de declararse la huelga legal. Es claro, que ello sería procedente por los siguientes motivos imputables al empleador o la empleadora: sea por incumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo o el incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo, del arreglo conciliatorio, de la convención colectiva o del laudo arbitral, por negativa a negociar una convención colectiva, a reconocer a la organización sindical, la reinstalación de los representantes de las personas trabajadoras cuando haya sentencia firme que así lo ordene, maltrato o violencia contra los trabajadores o las trabajadoras. En estos casos, dicha norma regula la vía (ejecución de sentencia) en la que se podrá hacer efectivo el reclamo de los salarios dejados de percibir. De este modo, en el criterio de la Sala, la frase “incumplimientos graves” establecida en el párrafo cuatro, del artículo 379, que se consulta, no quebrantaría la libertad de sindicación, la acción sindical y el derecho a la huelga, contenido en los artículos 60 y 61, de la Constitución Política.” De tal manera, tampoco en cuanto a esta variable, la Sala encontró afectación constitucional, pues de manera alguna se excluye la aplicación de lo dispuesto en el artículo 386 del Código de Trabajo sobre el pago salarial en casos de huelgas declaradas como legales. Dentro de tales supuestos contemplados en el artículo 386, se encuentran:
“…el incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo, del arreglo conciliatorio, de la convención colectiva o del laudo arbitral, por negativa a negociar una convención colectiva, a re- conocer a la organización sindical, a reinstalar a los representantes de las personas trabajadoras a pesar de existir sentencia firme que así lo ordene, o por maltrato o violencia contra los trabajadores o las trabajadoras…”.
En este sentido, la previsión del cuarto párrafo del artículo 379 del Código de Trabajo, debe entenderse como un complemento de lo establecido en el artículo 386, por lo que resulta impropio aducir que solamente en el caso de lo señalado en la norma cuestionada se estaría ante la posibilidad de pago de salario en casos de supuestos de huelgas legales. De ahí, que la norma carezca del vicio de constitucionalidad apuntado por el accionante.
Por su parte, en cuanto al tercer aspecto aducido como motivo de inconstitucionalidad respecto de estas disposiciones, sea la vulneración del principio de progresividad y de no regresión, en la misma resolución 2019-20596, la Sala dispuso de manera unánime que tampoco hay vicio de constitucionalidad alguno. Al respecto, en dicha opinión señaló la Sala que:
“1. En cuanto a la reforma al artículo 379, del Código de Trabajo. En la consulta se pretende determinar si la reforma propuesta al artículo 379 (previamente transcrito), del Código de Trabajo, podría contravenir el principio de progresividad de los derechos laborales, porque la reforma legal dejaría la legislación peor a como existía con el Código de Trabajo de 1943. Aducen que el tratamiento salarial del proyecto quebrantaría el derecho a la huelga, porque establece la posibilidad del rebajo de los salarios desde el primer día de huelga y solamente si la huelga fuera declarada legal, y además se demostrara que el motivo de la huelga fuera imputable al patrono por un “incumplimiento grave” se pagarían esos salarios. Señalan que actualmente el artículo 379 establece que para proceder al rebajo de salarios se requiere una declaratoria de ilegalidad de la huelga, y que, en concordancia con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no puede rebajarse el salario si la huelga es declarada legal. En este sentido, consultan a la Sala si la reforma que se introduciría al artículo 379, del Código de Trabajo, es regresivo o no, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Costa Rica el 11 de diciembre de 1968, específicamente en su artículo 8, inciso d), la Constitución Política, las disposiciones del Código de Trabajo de 1943 y sus reformas con la Ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, “Reforma Procesal Laboral”, y también, con los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la doctrina de sus órganos de control. Indican que se deben comparar las modificaciones realizadas a dicho artículo con la legislación vigente, a fin de determinar si ellas representan cambios que impliquen una regresión en los derechos laborales. Aseguran que se elimina, del texto del artículo 379, del Código de Trabajo, el concepto de “rebajo salarial”, que según lo antes descrito, se ha prestado para interpretaciones incorrectas que han tenido graves consecuencias para los empleadores, trabajadores y la sociedad en general, y que de no modificarse, se pueden seguir ocasionando.
Sobre el punto de la modificación del tratamiento salarial a partir del movimiento de huelga, debe traerse a colación lo indicado supra en la consulta legislativa N°19-16322-0007-CO, en el punto 7. Los efectos continuos del salario aún durante la huelga, se originó por la Sentencia N° 2011-10832 de las 14:30 horas del 12 de agosto de 2011, la que requiere de una nueva interpretación (Sentencia N° 2018-08882 de las 16:30 minutos del 5 de junio de 2018), lo cual da pie a la posibilidad de reexaminar el punto. Si bien, aunque por medio de la Reforma Procesal Laboral, Ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, se intentaron aclarar los efectos de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, como la terminación de los contratos de trabajo, o en su defecto, el rebajo salarial o cualquier otro tipo de sanción, la disposición legal es un reflejo de la decisión de la Sala, acogido por el legislador ( según la mencionada Ley N° 9343 del 25 de enero de 2016) y cuyo criterio debe ser modificado, conforme a la reforma que recién se aprueba en primer debate. En efecto, se ha entendido jurisprudencialmente que debía mantenerse el pago salarial a los trabajadores desde el primer día de la huelga, con fundamento en el actual artículo 379, del Código de Trabajo. Si bien se indica que en el tercer párrafo hay suspensión del contrato, que ya está establecido en el artículo 380 para la huelga legal, y que el cuarto párrafo establece el principio de culpabilidad, que pena y sanciona al responsable, los consultantes alegan que existe un problema que podría ser regresivo. Se señala que utilizan el mismo calificativo de incumplimiento “grave” del contrato, tal y como aparece en el numeral 386, del Código de Trabajo, que lo complementa. Sin embargo, en opinión de esta Sala, como se indicó en la consulta N°19-16322-0007-CO, el aparente conflicto entre las normas señalado debe interpretarse conforme al Derecho de la Constitución, para que no limite el derecho de sindicación y de huelga, y no se aplique solo para circunscribir el incumplimiento a temas individuales del contrato de trabajo, sino a los colectivos, que también forma parte de los derechos sindicales.
Conforme lo indica la Sala, el principio de progresividad y de no regresión no puede ser absoluto, sino que dependerá de la adecuación a los cambios sociales y económicos de un país. Por Sentencia N° 2013-11088 de las 15:30 horas del 21 de agosto de 2013, cuando se conoce la inconstitucionalidad del artículo 2, de la Ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, “Ley de Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal”, esta Sala enunció que:
“La progresividad debe ser entendida en relación con los niveles de obligaciones que genera cada derecho (respetar, proteger y satisfacer) independientemente de que sea civil, político, económico, social o cultural. Esto por cuanto, algunas medidas que se deben implementar tienen un carácter más inmediato que otras que son progresivas o graduales, que se desarrollan a mediano o largo plazo con el fin de lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos. Los instrumentos de derechos humanos incluyen disposiciones que implícita o explícitamente prevén la expansión de los derechos contenidos en ellos, sean civiles y políticos o económicos, sociales y culturales. Los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos fueron elaborados y ampliados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en todas las demás normas convencionales sobre derechos humanos. La Declaración constituyó el primer paso para el desarrollo progresivo de los derechos humanos y por ello, sus previsiones tienen un carácter positivo en el sentido de que representan el primero de muchos avances en la protección internacional de tales derechos y en virtud de la prohibición de regresividad, sus presupuestos tienen un carácter negativo, en el sentido de que los Estados no pueden retroceder en relación con el estándar de protección establecido. El principio de progresividad exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos. En teoría, la idea es que, entre más recursos tenga un Estado, mayor será su capacidad para brindar servicios que garanticen los derechos. La obligación de implementación progresiva contiene la prohibición de no regresividad que puede ser sometida a control judicial en caso de incumplimiento. Cuando un Estado reconoce, respeta y satisface algún derecho fundamental, tiene prohibido reducir los niveles de protección de los derechos vigentes o suprimir los ya existentes. Una decisión o política pública puede considerarse regresiva cuando sus resultados desmejoran, en comparación con los resultados de un punto de partida anterior que ha sido escogido como parámetro y en el campo de las normas jurídicas, si al comparar una nueva norma, se suprimen, limitan o restringen derechos anteriormente existentes. En ese sentido, la doctrina ha establecido que una vez que un determinado derecho ha sido formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda integrado en forma definitiva e irrevocable a la categoría de los derechos humanos cuya tutela resulta obligatoria. Ahora bien, para que pueda señalarse que existe una lesión al principio de progresividad y no regresividad, se requiere que exista un derecho fundamental que se hubiera reconocido y que el mismo sea limitado o restringido sin justificación razonable alguna”.
Cuando mediante una política hay una afectación negativa a un derecho fundamental, es decir, cuando se le suprime, limita o restringe, es indispensable que la medida sea acorde con el principio de razonabilidad; de lo contrario, se imposibilitaría que el Derecho evolucione cuando se le pondera con otros derechos fundamentales.
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se refieren a derechos prestacionales como el derecho a la salud o a la educación, que requieren para su desarrollo de importantes dotaciones presupuestarias del Estado hasta el máximo de sus recursos. Implican una libertad frente al Estado, y otra, a través del Estado. De este modo, debe el Estado tomar las medidas para que el derecho sea efectivo y real entre la población, pero también debe canalizar esa efectividad del derecho, de manera que lleguen a la población o sean accesibles mediante las políticas adoptadas y otras medidas, o especialmente para las personas más vulnerables, y dotar de los recursos con que dispone. En otro tipo de derechos económicos, sociales y culturales, debe reconocerse que no necesariamente requieren de importantes rubros presupuestarios, sino que su efectividad se juzga en la manera en que el Estado garantiza esos derechos, como formar sindicatos, no interferir en la organización interna, o incluso, el derecho a la huelga. Este tipo de derechos, como fundación y afiliación a sindicatos, o a la huelga, son derechos exigibles a una protección inmediata (artículo 8, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). En este sentido, con la reforma al artículo 379, del Código de Trabajo, que se consulta, tiene efectos sobre el salario porque, reafirma a la huelga como una causa de suspensión del contrato de trabajo, en cuyo caso, en consecuencia, exime prestar los servicios al trabajador, y al empleador al pago de las remuneraciones. La cuestión a dilucidar es si es regresivo sobre el salario. En este sentido, toma en cuenta la Sala, el artículo 4, del Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuanto a que posibilita a los Estados a que puedan establecer limitaciones sobre los derechos garantizados en el Convenio, pero determinadas por ley, solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. En el criterio de la Sala, hay un nivel de consenso general a nivel internacional que el derecho a la huelga no conlleva necesariamente el derecho de los trabajadores de recibir el salario mientras permanezcan en huelga. Por ello, el Comité de Libertad Sindical lo admite para cuando haya acuerdo entre partes, para garantizar un equilibrio económico entre ellos. Lo anterior, según se indicó supra, que fue discutido en el punto 7 de esta opinión. Pero además, la Sala estima que no hay ninguna imposibilidad, y de hecho, los Sindicatos tienen y obtienen muchas veces recursos de los trabajadores y del Estado para formar fondos de ahorro y préstamo que les permite organizarse a lo interno para ayudar a sus trabajadores a enfrentar las consecuencias del movimiento social, o incluso, los retos económicos de la vida. Si bien la Sala se pronunció en la Sentencia N° 2011-10832 de las 14:30 horas del 12 de agosto de 2011, para el sector privado, esta se ha aplicado al sector público también. Sobre este último sector, se han tomado diversas medidas para adecuar el país, a la apremiante situación financiera, de lo cual hay múltiples estudios financieros y económicos, así como la necesidad de adecuación de la conducta administrativa, así como la necesidad de adecuar a la negociación colectiva a la legalidad.
De ahí, que para la Sala ha sido necesario el replanteamiento del Estado Social de Derecho en nuestro país; y por ello, la necesidad de que el Estado, como los actores sociales, incluidos los sindicatos, observen la legalidad de los procedimientos de los conflictos colectivos, previos a la huelga. Por Sentencia N° 2018-019511 de las 21:45 horas del 23 de noviembre de 2018, la Sala estableció que:
“En segundo lugar, los principios de progresividad y no regresividad no implican el derecho a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico. A manera de ejemplo, en materia de derechos humanos ambientales ha señalado la Sala:
“Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección (…) En consecuencia, en aplicación de estos dos principios, la Sala Constitucional ha establecido que es constitucionalmente válido ampliar por decreto ejecutivo la extensión física de las áreas de protección (principio de progresividad); sin embargo, la reducción solo se puede dar por ley y previa realización de un estudio técnico ajustado a los principios razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población, que sirva para justificar la medida.” (Sentencia n.° 2012-013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, destacado no corresponde al original; en igual sentido ver las sentencias n.° 2017-005994 de las 11:00 horas de 26 de abril de 2017 y 2014-012887de las 14:30 horas del 8 de agosto de 2014).
Lo anterior aplica no solo a los derechos humanos ambientales sino a todos en general, como tesis de principio. Ni el derecho de progresividad ni el de no regresividad se oponen a la mutabilidad propia del derecho (modificación permanente e inevitable), por cuanto ningún derecho es inmutable o eterno, toda vez que ello significaría la petrificación del ordenamiento y haría que el Derecho dejara de ser un medio dinámico para la resolución de los problemas de la sociedad, los cuales perennemente varían con el tiempo. Lo que sí demandan los principios mencionados es que la tónica sea aspirar siempre y de preferencia a aumentar la cobertura de los derechos humanos e igualmente de los prestacionales en aras del Estado Social de Derecho; empero, tal meta no es ajena al contexto socio económico de una coyuntura histórica determinada ni a la obligación de efectuar un ejercicio de ponderación y optimización de los diversos principios, derechos y valores constitucionales en juego (verbigracia, entre el principio del Estado Social de Derecho y el del Equilibrio Presupuestario), de manera que en el contexto de una insostenibilidad financiera del Estado particularmente seria, debidamente acreditada desde el punto de vista técnico, se puedan tomar medidas para paliar la situación, siempre que estas se adopten salvaguardando los derechos fundamentales cobijados en la Constitución Política y los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos ratificados por Costa Rica, así como las cualidades esenciales del régimen político del país (en una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, cuyo Gobierno es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable), lo que implica que los remedios en cuestión no pueden vaciar de contenido a ningún derecho constitucional, situación que en la especie y en estos momentos no se observa que ocurra con la regulación cuestionada” (lo escrito en negrita es del original).
Es por ello que, si bien hay un cambio normativo con la reforma, ello obedece a la necesidad de ajustar el ordenamiento jurídico a las nuevas condiciones económicas y sociales actuales, las cuales no son antojadizas. Se busca alcanzar un máximo equilibrio de derechos y del equilibrio financiero como principio constitucional en conflicto, toda vez que, toda actuación del Estado debe estar ajustada al principio de legalidad, y no le sería posible, pagar salarios a los funcionarios que no estuvieren prestando sus labores de forma regular, y mucho menos, irregularmente por un movimiento social que posteriormente no cumpla con los requisitos respectivos. En ese sentido, sería ilegal como así el pago salarial en esas condiciones. En todo caso, debe tomarse en consideración, que el tratamiento del salario, salvo disposiciones constitucionales y convencionales concretas, es fijado conforme a los mecanismos establecidos conforme a la ley (artículo 57, de la Constitución Política). “ De tal manera, bajo la misma línea de argumentación sobre la relación sinalagmática y contraprestacional entre trabajo y salario, la Sala igualmente determinó que en las normas cuestionadas dista de configurarse una afectación al principio de progresividad y de no regresión.
En este sentido, al reiterarse el criterio señalado por esta Sala en la opinión 2019-20596 en cuanto a los párrafos impugnados del artículo 379 del Código de Trabajo, lo que procede es declarar sin lugar la acción en cuanto a este extremo.
XI.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 661, y del artículo 661 bis del Código de Trabajo. En los artículos 661 y 661 bis del Código de Trabajo, se establecen algunas situaciones de carácter procesal sobre el trámite para la calificación de la huelga; de ahí que el planteamiento de inconstitucionalidad respecto de estas normas conviene hacerlo de manera conjunta. Del artículo 661, el accionante cuestiona propiamente el párrafo segundo, el cual dispone:
“Artículo 661- (…)
Los jerarcas de las entidades públicas están obligados a solicitar la calificación de la huelga dentro de las veinticuatro horas a partir de la suspensión de las labores; caso contrario, incurrirán de forma personal en las distintas responsabilidades que la ley señala.” Por su parte, el artículo 661 bis del Código de Trabajo, señala:
“Artículo 661 bis- Declarada la legalidad de la huelga en servicios públicos no esenciales y transcurridos ocho días naturales a partir de la firmeza de dicha declaratoria sin que las partes hayan alcanzado una solución al conflicto, o al menos un acuerdo para deponerla mientras continúan las negociaciones, la parte patronal podrá solicitar al juez la suspensión de la huelga, cuando compruebe de manera fehaciente que esta está causando graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía.
Presentada la gestión, el juez concederá audiencia a la contraparte dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, plazo en el cual deberán presentar sus alegatos. Recibidos los alegatos de las partes, el juez resolverá la solicitud en un plazo máximo de veinticuatro horas.
Contra el resultado cabrá recurso de apelación, la cual se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 668 de este Código.
De acogerse la suspensión de la huelga, se procederá al arbitraje obligatorio.” Sobre estas normas, el accionante aduce que la obligación impuesta a los jerarcas de las instituciones públicas de solicitar la calificación de la huelga dentro de las veinticuatro horas siguientes a la suspensión de labores, bajo pena de responsabilidad personal; así como la posibilidad de levantar la huelga después de ocho días de la firmeza de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, constituyen una desnaturalización de la huelga como medio de presión y son disposiciones arbitrarias que imposibilitan la negociación y resolución del conflicto.
Al respecto, debe recordarse lo ya señalado considerandos atrás, respecto de la derivación a partir del ordinal 61 de la Constitución Política, para que lo relativo al ejercicio del derecho de huelga se realice por medio de la legislación ordinaria, teniéndose la posibilidad de por ley emitida por el legislador ordinario, regular su ejercicio, incluyendo detalles de carácter procesal concernientes a su calificación, la tramitación de tales procesos y las habilitaciones correspondientes, lo cual se enmarca, según lo dicho, dentro de las competencias propias del legislador, facultado por esa derivación constitucional ya señalada.
En este sentido, la obligación impuesta a los jerarcas institucionales no es más que una manifestación del deber de brindar el servicio público dentro de parámetros de efectividad, eficiencia y continuidad, lo cual tiene raigambre constitucional a partir del inciso 8 del artículo 140 -vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas- y el artículo 191 -garantizar la eficiencia de la administración- de la Constitución Política. Se busca, entonces, un fin válido, relacionado con el buen funcionamiento de los servicios públicos, y con evitar una huelga cuando la misma pudiere implicar una interrupción prolongada en la prestación de servicios, que ponga en riesgo bienes jurídicos superiores, como la vida, la salud, la seguridad o la economía pública. Es por tal razón que se impone tal obligación a los jerarcas institucionales, y también por ello mismo, que el artículo 661 bis disponga que aun tratándose de una huelga declarada como legal en servicios no esenciales, se puede solicitar en la vía judicial la suspensión del movimiento, cuando se «compruebe de manera fehaciente que esta está causando graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía». Es decir, no es una simple solicitud y no se trata de una aprobación automática, sino que tal gestión debe sustentarse de manera fehaciente y quedar a la valoración y resolución judicial. Adicionalmente, tampoco lleva razón el accionante al aducir que con estas disposiciones se está imposibilitando la negociación y la resolución del conflicto, pues el último párrafo del artículo 661 bis, es claro en disponer que cuando se acoja la suspensión de la huelga en estos supuestos, se procederá de manera obligatoria con el arbitraje. Además, debe entenderse que ello es así, sin perjuicio de otras opciones de solución de conflictos, como la conciliación señalada en el artículo 705 u otros arreglos de conformidad con lo habilitado por el artículo 708, y los mecanismos previstos en los artículos 614 y siguientes, todos del Código de Trabajo.
De tal manera, deben descartarse los señalamientos de inconstitucionalidad planteados respecto de estas normas y, consecuentemente, declarar sin lugar la acción en cuanto a estos extremos.
XII.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del inciso b) del párrafo segundo del artículo 663, y del artículo 375 bis, del Código de Trabajo. Las normas que cuestiona el accionante se refieren a la determinación de plazos específicos a seguir en los procesos de verificación y calificación de las huelgas, y de ahí su valoración conjunta en este caso, no sólo por la especialidad del alegato, sino porque así también lo plantea el propio accionante.
El inciso b) del párrafo segundo del artículo 663 del Código de Trabajo, dispone:
“Artículo 663- Presentada la solicitud de calificación de huelga, el juez de trabajo correspondiente tendrá un plazo improrrogable de veinticuatro horas para resolver la solicitud. Si la solicitud no estuviera en forma, se prevendrá la subsanación en un plazo de veinticuatro horas, bajo el apercibimiento de declarar la inadmisibilidad de la gestión. Una vez recibida la solicitud en forma, el juez dictará, en el plazo de veinticuatro horas, una resolución con el siguiente contenido:
(…)
“Artículo 375 bis- La huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no requiere del trámite de calificación previsto en este Código. En este caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la suspensión de labores, la parte patronal estará obligada a solicitar al Juzgado de Trabajo la emisión de una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores. Con la solicitud se aportará la prueba correspondiente para acreditar la condición de servicio esencial.
La Procuraduría General de la República también estará legitimada para promover directamente la gestión indicada.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud indicada en el primer párrafo de este artículo, la autoridad judicial dará audiencia por veinticuatro horas a las contrapartes, que serán notificadas de conformidad con el artículo 349, en el caso de los sindicatos, o de acuerdo con el artículo 377, en el caso de las coaliciones temporales de trabajadores.
Transcurrido el plazo del párrafo anterior, la autoridad judicial contará con veinticuatro horas para resolver la solicitud planteada. Si la solicitud fuera denegada por el Juzgado por considerar que no se trata de un servicio esencial, en la misma resolución el juez ordenará la tramitación del caso bajo el procedimiento de calificación de la huelga. Si la solicitud fuera admitida, el juez ordenará a los trabajadores que se reincorporen de forma inmediata a sus labores.
Tanto la orden judicial como la denegatoria de la solicitud podrán ser objeto de apelación. Esta deberá formularse en el plazo máximo de dos días naturales y será admitida únicamente en el efecto devolutivo.
En cualquiera de los casos, la apelación deberá presentarse ante el mismo Juzgado de Trabajo, el cual lo remitirá al superior correspondiente. Esta última autoridad convocará a las partes a una audiencia oral dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a efectos de que estas expresen los agravios correspondientes, y emitirán la resolución definitiva, en forma oral, al finalizar la diligencia.
Bajo ninguna circunstancia podrán ampliarse los plazos establecidos en la presente norma.” Sobre la inconstitucionalidad de estas normas, aduce el accionante que la disposición cuestionada del artículo 663 del Código de Trabajo, establece un plazo para contestar la demanda de calificación de veinticuatro horas, el cual es corto, al igual que el ordinal 375 bis, que da un plazo en días naturales. Estima que los plazos regulados en las normas impugnadas son contrarios a derecho, por incluso establecer supuestos en que los días son naturales, contrario a lo establecido para todos los procesos judiciales, creando una situación de desventaja y desigualdad para las organizaciones sindicales por el solo hecho de declarar una huelga. Indica que la reducción de plazos a veinticuatro horas dentro del proceso de calificación de huelga no tiene ninguna justificación válida, que no sea a toda costa desarticular lo antes posible un movimiento, al que, además, se le restó posibilidad de presión, se limitó en tiempo y se le dan elementos al patrono para desarticularlo Indica que, de ningún modo la regulación de plazos de veinticuatro horas, es una regulación racional, máximo que las notificaciones en correos electrónicos puede que no sean vistas el mismo día, y que tiene un claro efecto desmovilizador.
Al respecto, es claro que la referenciación de los plazos dispuestos en ambas normas es un aspecto de carácter procesal, y que, como tal, ya se ha señalado que es al legislador a quien, en uso de sus potestades de configuración normativa, le compete el diseño de los procesos jurisdiccionales y la definición de las reglas que deban aplicarse en consecuencia, en este caso, para tramitar y resolver tales conflictos de carácter social. Asimismo, debe recordarse lo ya señalado, en el sentido de que partiendo de la previsión constitucional del artículo 61, el constituyente delegó en el legislador la determinación del régimen de huelga, por lo que se reitera que es al legislador a quien corresponde el diseño del marco en el cual se puede ejercer el derecho de huelga y demás reclamaciones relacionadas de una y otra parte. Lo dispuesto en estas normas en cuanto al establecimiento de plazos es, nuevamente, un esquema procesal diseñado por el legislador para facilitar la eficiencia y agilidad del proceso, compatibilizar los intereses de las partes conflictuadas y atender la prestación de los servicios con la menor afectación a la población en general. Nótese, además, que los plazos allí establecidos no sólo son para la parte trabajadora o sindical, sino también para las entidades patronales e incluso para las personas juzgadoras, determinándose en todos los casos plazos idénticos o similares. Por otra parte, tampoco debe perderse de vista las regulaciones sobre las notificaciones efectuadas por medios electrónicos -ver artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales- en la medida que aquellas notificaciones que se realicen por este medio, se tienen por realizadas no en su momento, sino al día hábil siguiente, por lo que todo plazo empezará a correr hasta el día hábil siguiente en que la notificación quede debidamente realizada, lo cual evidencia una morigeración de los plazos de comentario.
En este sentido, en las normas de referencia dista de configurarse el vicio de constitucionalidad que pretende apuntar el accionante, por lo que la acción debe ser desestimada en cuanto a este extremo corresponde.
XIII.- Sobre la aducida inconstitucionalidad de los artículos 376 ter, 376 quater y 376 quinquies, del Código de Trabajo. Los artículos 376 ter, 376 quater y 376 quinquies del Código de Trabajo se encuentran referidos a la huelga en los denominados «servicios de importancia trascendental», y definen qué se entiende por tales, bajo qué parámetros es posible la realización de la huelga en tales servicios, y el carácter estratégico de los servicios de educación pública; de ahí su valoración conjunta en este considerando. Estos artículos señalan:
“Artículo 376 ter- Los servicios de importancia trascendental son aquellos que, por su carácter estratégico para el desarrollo socioeconómico del país, su paralización o suspensión implican un perjuicio sensible a las condiciones de vida de toda o parte de la población.
Quedando a salvo los servicios reservados en el artículo 376, se catalogarán como servicios de importancia trascendental los siguientes:
La fijación de los servicios mínimos se definirá mediante acuerdo de las partes, sobre la base de criterios técnicos, considerando la extensión personal y territorial de la huelga, su duración, modalidad de ejecución, la entidad del servicio y cualquier otro factor relevante, conforme a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Este acuerdo debe formalizarse en un documento que las partes deberán depositar previo a la suspensión de labores en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, para su custodia.
De no haber acuerdo en la fijación de los servicios mínimos, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de trabajo que defina el plan de servicio mínimo. Esta fijación la realizará el juez en un plazo perentorio de tres días, previa audiencia a la parte contraria. Dicha resolución será recurrible ante el Tribunal de Trabajo dentro de las veinticuatro horas siguientes. El tribunal resolverá la apelación en un plazo máximo de tres días.
Una vez definido el esquema de servicios mínimos, el patrono determinará los trabajadores que deberán cumplir con las labores respectivas.
La fijación del plan o esquema de servicios mínimos y la prestación de labores conforme a este no prejuzga la condición de legalidad o ilegalidad de la huelga que en definitiva se ejecute. Sin embargo, la no prestación de los servicios mínimos fijados determinará por sí sola la ilegalidad del movimiento de huelga.
El abandono o la desatención injustificada en el desempeño de las labores, por parte de los servidores designados para la prestación mínima de servicios del presente artículo o de los servicios del artículo 376 quinquies, se reputará como falta grave a la relación laboral.
El plazo máximo de una huelga en servicios de importancia transcendental es de diez días naturales; si llegado este plazo no existe acuerdo para la solución del conflicto, se deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo 707 de este Código.” “Artículo 376 quinquies- Los servicios de educación pública son de carácter estratégico para la nación, por lo que la huelga en estos tendrá las regulaciones que se establecen en el presente artículo.
Durante toda la duración de la huelga deberá mantenerse el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto y en condiciones básicas de aseo y seguridad. En el caso de educación especial deberán asegurarse la atención y la asistencia adecuadas en consideración a la condición de discapacidad de las personas.
El plan de prestación de servicios básicos de aseo, seguridad, los servicios requeridos en educación especial, así como el funcionario o la funcionaria que durante la huelga será responsable de la coordinación, supervisión y fiscalización de cada centro educativo, se definirá previamente mediante acuerdo general de las partes, que estará fundamentado en criterios técnicos y se formalizará en un documento que estas deberán depositar en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su custodia.
De no existir acuerdo en la fijación del plan de prestación de dichos servicios, cualquiera de las partes podrá solicitar al Juzgado de Trabajo que lo establezca, aportando la información y los criterios técnicos correspondientes. Esta fijación la realizará el juzgado en un plazo perentorio de tres días, previa audiencia a la parte contraria. Dicha resolución será recurrible ante el Tribunal de Trabajo dentro de las veinticuatro horas siguientes. El tribunal resolverá la apelación en un plazo máximo de tres días.
En atención al acuerdo general entre las partes o en su defecto a la resolución judicial, el director o la directora del centro educativo, en conjunto con el supervisor del circuito escolar correspondiente o, en su defecto, con el director regional, se encargarán de precisar las personas que prestarán los servicios. Adicionalmente, el funcionario que haya sido designado para las labores de supervisión y fiscalización del centro educativo podrá coordinar con la Junta de Educación y/o Administrativa para que esta coadyuve en todas las funciones que por ley le correspondan.
La huelga en los servicios de educación se podrá ejercer hasta por un plazo de veintiún días naturales consecutivos o de diez días naturales discontinuos; vencidos estos plazos los trabajadores deberán regresar a sus labores y, en caso de no existir un acuerdo entre las partes, estas deberán dirimir sus controversias de conformidad con los procedimientos de solución de conflictos señalados en el artículo 707.” El alegato de inconstitucionalidad planteado por el accionante respecto de estas normas, se centra en que el establecimiento de servicios de importancia trascendental, respecto de los cuales se establecen limitaciones en cuanto a la temporalidad de la huelga, resulta una extralimitación en la prohibición de la huelga que supera la intención del constituyente y vacía el contenido del derecho a la huelga, ya que introduce regulaciones irracionales y porque sujetan a la voluntad patronal y del juez la determinación de quiénes prestarán los servicios mínimos, por lo que se vulnera, en su criterio, la autonomía y la acción sindical.
Sobre el particular, conviene reiterar lo ya señalado en apartados anteriores de esta misma sentencia, en torno a la consideración del derecho a la huelga, lo concerniente a su limitación respecto de los servicios públicos, la regulación que puede ejercerse por la vía de legalidad de tal derecho, y la definición de servicios esenciales. Recuérdese que, a partir de la integración de lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 8 del Pacto de San Salvador, es posible imponer limitaciones al ejercicio del derecho a la huelga, siempre que tales limitaciones se adopten mediante leyes que respondan a necesidades propias de una sociedad democrática, y se encuentran relacionadas con la protección de la salud, la moral, la salvaguarda del orden público y el respeto y protección de los derechos y libertades de los demás -ver sentencia 2020-21785, ya citada de manera expresa-. De ahí que esta Sala ha dispuesto que este tema se encuentra regulado en los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo, los cuales señalan que no será permitida la huelga en los servicios esenciales, definen qué se entiende por tales y establecen una primera enunciación de los mismos. Sobre este tema, en la referida resolución consultiva número 2019-20596, definió la Sala:
“Aclarado lo anterior, la duda ahora corresponde a si el Legislador puede aprobar una prohibición absoluta y general en un servicio público (…). Al respecto, esta Sala considera que el Legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración, puede establecer la prohibición absoluta y general de la huelga en los servicios públicos esenciales (…).
Se trata de una alternativa que deviene razonable, en la que medida que el propio Constituyente optó por dos reglas: 1) reconocer el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, y 2) exceptuar de la regla anterior a los servicios públicos, de acuerdo con lo que el legislador determinase.”. -énfasis agregado- La referenciación de cita la dispone la Sala respecto de los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo, en lo que concierne a los servicios esenciales. En el caso de las normas cuestionadas cuya constitucionalidad se valora en este acápite, no se trata de los servicios esenciales, sino de servicios denominados trascendentales, y de la valoración del servicio de educación pública como de carácter estratégico. En este sentido, si bien no es propiamente el mismo supuesto, es válido colegir que si en sede del legislador radica la potestad y competencia de definir lo concerniente a la huelga y su relación con los servicios públicos, al punto que se llega a validar la conformidad constitucional de la definición de los servicios esenciales y la prohibición de huelga respecto de los mismos, más aún será atinente con la Constitución, la definición de los servicios ahora denominados trascendentales, particularmente porque en cuanto a los mismos, a diferencia de los servicios esenciales, sí está permitido el ejercicio del derecho a la huelga. Ciertamente, nótese la diáfana regulación del primer párrafo del artículo 376 quater, al señalar que «La huelga en servicios de importancia trascendental deberá garantizar su continuidad…». Es decir, la huelga en tales servicios sí está permitida, pero sujeta a determinadas regulaciones establecidas en las mismas normas de referencia.
En este sentido, según se ha indicado, el artículo 376 ter es el que define qué se entiende por servicios de importancia trascendental, señalando que se trata de «aquellos que, por su carácter estratégico para el desarrollo socioeconómico del país, su paralización o suspensión implican un perjuicio sensible a las condiciones de vida de toda o parte de la población», y de ahí que enuncia que se trata, por ejemplo, de servicios relacionados con la salud -recolección y tratamiento de desechos y residuos-, economía nacional -carga y descarga en muelles, servicios bancarios básicos de depósito y retiro de dineros, servicios aduaneros-, o situaciones de orden público y vigencia del principio democrático -impedimentos de salida, preparación para la celebración de elecciones, administración de justicia-, todo sin perjuicio de los denominados servicios esenciales ya definidos en el artículo 376 del mismo Código.
Así, la huelga en estos servicios de importancia trascendental sí está permitida, pero bajo determinados parámetros que impidan la paralización total de los mismos, debido a la importancia o carácter estratégico que los mismos tienen para la vida del país y de la población en general. De ahí que el artículo 376 quater refiere un «esquema de prestación de servicios mínimos de atención a las personas usuarias», y es aquí donde se encuentra una disposición especial que, lejos de afectar la actividad sindical, como aduce el accionante, la fortalece. Nótese que esta misma norma define que tal esquema de servicios mínimos deberá ser adoptado mediante un acuerdo entre las partes, tomando en consideración criterios técnicos de extensión personal y territorial, duración y demás, sin que tal esquema de servicios mínimos prejuzgue la condición de legalidad o ilegalidad de la huelga, y sólo en caso de no existir acuerdo sobre tal esquema, cualquiera de las partes -no solamente el sector patronal- tiene la potestad de acudir a la vía judicial para que sea la persona juzgadora quien defina el plan de servicio mínimo, en cuyo caso deberá dar audiencia a la parte contraria. Se aprecia, entonces, un mecanismo que no sólo permite la huelga, sino que posibilita y determina la intervención del sector de los trabajadores en la definición del esquema de servicios mínimos -justificado por la trascendencia aquí explicada- y la reconocida facultad de acudir a la vía judicial en caso de desacuerdo, fijación en la que incluso se da validez y vigencia al principio de bilateralidad de la audiencia.
Adicionalmente, debe considerarse que en lo concerniente a esta determinación del esquema de servicios mínimos y la participación del juez si así fuere el caso, la Sala igualmente ya señaló que esa intervención a falta de acuerdo entre las partes, es una función propia o típica de los jueces; así, en la referida opinión 2019-20596 indicó la Sala:
“En este caso, decidir sobre un plan de servicio mínimo o de servicio de educación, en los casos en que ello proceda, o practicar la inspección ocular, no son labores materiales y sustanciales del juez que imponga nuevas obligaciones, en este el caso, toda vez que se realizan constantemente en las diferentes jurisdicciones y no es una competencia ajena a la judicatura cuando tiene que fijar procesalmente el estado de cosas, lo que debe hacer al constatar cuestiones de hecho y de derecho. Véase, que sobre el régimen probatorio, los artículos 476, del Código de Trabajo, pero especialmente el inciso 6), del numeral 479, del mismo Código, permite el reconocimiento judicial, de manera, que no es una actividad jurisdiccional nueva o sustancialmente diferente a lo que practican en la jurisdicción laboral.” -lo resaltado no es del original- De tal forma, esa intervención judicial está incluso ya validada por parte de esta Sala, reconociendo que no se trata de una novedad, sino de una actividad judicial de suyo ordinaria.
Por su parte, en el artículo 376 quinquies se considera de manera especial lo relativo a la huelga en los servicios de educación pública, tratamiento diferenciado que se explica bajo la consideración del mismo como un servicio de «carácter estratégico para la nación», en el cual siempre se reconoce el ejercicio del derecho a la huelga, pero respetando el mantenimiento de determinadas actividades relacionadas como el aseo, la seguridad, la atención de personas sujetas a educación especial, y la posibilidad, aquí también, de acudir a la vía judicial en caso de desacuerdo en la fijación del plan de prestación, todo lo cual tiende, además, a la protección del derecho a la educación, particularmente en su relación con el principio del interés superior de la persona menor de edad -población meta inicial o por definición beneficiaria de este servicio, sin perjuicio de personas mayores relacionadas con el mismo-. Véase que, incluso, el Comité de Libertad Sindical de la OIT reconoce como esenciales ciertos servicios relacionados con el sector educación, como el suministro de alimentos a personas en edad escolar o la limpieza de los establecimientos -ver Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, caso número 2037, párrafo 102- Bajo este entendimiento, es criterio de la Sala que resulta razonable la imposición de las condiciones antedichas, pues se trata de servicios cuya interrupción prolongada puede situar en condición de riesgo la vida, la salud, la seguridad, la libertad o la economía pública del país o de parte de la población.
Es importante considerar también lo relativo al plazo de duración de las huelgas que establecen estas normas -diez días naturales en el caso del artículo 376 quater, y veintiún días naturales consecutivos o diez naturales discontinuos en el caso del artículo 376 quinquies-, plazos que se explican y sustentan en la particular condición del servicio respecto del cual se estaría ejerciendo el derecho de huelga y su trascendencia nacional, según lo indicado. Así lo ha entendido esta Sala, cuando en la misma resolución 2019-20596 señaló:
“[C]uando la disposición que dice que “Este tipo de huelgas no podrá tener una duración superior (…) ni podrán reiterarse por el mismo motivo”, en el criterio de la Sala resulta constitucional, toda vez (…) no es irrazonable sujetar a este tipo de huelga a un plazo (…) porque correspondería al Estado o sus instituciones reconocer los salarios si la huelga finalmente es declarada legal (…) En estos casos, estima la Sala, (…) debe estarse a un término razonable en una relación estatutaria y por una sola vez. Lo mismo debe interpretarse, conforme con el Derecho de la Constitución, que en aquellos servicios públicos donde se permite el ejercicio de la huelga, según el tipo servicios públicos, es constitucional que se señalen unos parámetros de tiempo establecidos en los párrafos finales de los artículos 376 quater (importancia trascendental) o 376 quinquies (servicios de educación), del Código de Trabajo, que se pretende reformar. De ahí que, si para servicios de importancia trascendental o servicios de educación estarían los primeros limitado a diez días naturales, o los segundos a veintiún días naturales consecutivos, o diez naturales discontinuos (…)”. -énfasis suplidos- En todo caso, resulta particularmente relevante resaltar que, aun cuando se cumplan los plazos establecidos para el ejercicio del derecho a huelga en los servicios trascendentales o en el sector educación, les queda habilitada a las partes en conflicto el acudir a la vía del arbitraje señalada en el artículo 707 del Código de Trabajo, el cual deberá realizarse de conformidad con las regulaciones allí establecidas.
Bajo este entendimiento, resulta impropio aducir la inconstitucionalidad de tales normas sobre la base de un indebido señalamiento de servicios de importancia trascendental, de una presunta extralimitación en la prohibición de la huelga -que no está prohibida en estos casos-, de la fijación temporal de la duración del movimiento, o de la intervención judicial en la identificación del esquema mínimo de prestación de servicios. En este sentido, al descartar tales alegatos de inconstitucionalidad, la acción debe ser declarada sin lugar en cuanto a estos extremos corresponde.
XIV.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 664 bis del Código de Trabajo. El artículo 664 bis del Código de Trabajo se encuentra relacionado con las definiciones que establecen los artículos 376 ter, quater y quinquies, pues se refiere a un aspecto propio de la actividad judicial que puede desplegarse en el proceso de verificación de aquellos movimientos. No obstante, se analiza por separado debido a su relación específica con la función judicial y una particular alegación de inconstitucionalidad. Esta norma señala:
“Artículo 664 bis- En los servicios de importancia transcendental, así como en el caso del artículo 376 quinquies, la constatación por medio de inspección ocular que realice el juez de trabajo, del incumplimiento del plan de servicios mínimos acordado entre las partes o determinado por el juez de trabajo, determinará por si sola la ilegalidad del movimiento.” En cuanto a esta norma, aduce el accionante que la posibilidad y los efectos de la inspección ocular violenta el debido proceso y el derecho de defensa, porque no establece una obligada convocatoria a las organizaciones sindicales, ni se les permite referirse o recurrir contra ella.
Sobre el particular, recuérdese lo ya dispuesto en cuanto a la intervención judicial en estos procesos de huelga en los servicios trascendentales o en el servicio de educación pública, en el sentido que tal intervención judicial es algo propio del ejercicio de la judicatura especializada, pero resaltando ahora que en dicha intervención lo que se verifica son, precisamente, cuestiones de hecho y derecho que tendrán una consecuencia directa propia de la verificación que se realice. En efecto, reiterando la cita, en la opinión 2019-20596 dispuso la Sala:
“En este caso, decidir sobre un plan de servicio mínimo o de servicio de educación, en los casos en que ello proceda, o practicar la inspección ocular, no son labores materiales y sustanciales del juez que imponga nuevas obligaciones, en este el caso, toda vez que se realizan constantemente en las diferentes jurisdicciones y no es una competencia ajena a la judicatura cuando tiene que fijar procesalmente el estado de cosas, lo que debe hacer al constatar cuestiones de hecho y de derecho. Véase, que sobre el régimen probatorio, los artículos 476, del Código de Trabajo, pero especialmente el inciso 6), del numeral 479, del mismo Código, permite el reconocimiento judicial, de manera, que no es una actividad jurisdiccional nueva o sustancialmente diferente a lo que practican en la jurisdicción laboral.” -énfasis agregados- Se aprecia, entonces, no sólo tal particularidad sobre la verificación de las cuestiones de hecho y de derecho, sino también la sujeción de tal diligencia al régimen de lo establecido en la normativa del mismo Código de Trabajo, tanto así que tratándose de prueba que es común a las partes, los hechos que se llegare a constatar durante la inspección, que serán aquellos relacionados con el cumplimiento o incumplimiento del plan de servicios mínimos acordado por las partes o determinado por el juez, y que puede conducir, al tenor de la norma, a la declaratoria de ilegalidad de la huelga, deberá materializarse en un acta de inspección, todo lo cual puede ser cuestionado o impugnado por las partes, así como también lo sería la resolución de fondo por la cual se determine aquél carácter de la huelga con base en tales verificaciones se dicte, todo lo cual es parte del debido proceso aplicable en este caso.
Asimismo, tampoco puede perderse de vista que aquí también se está ante una configuración procesal determinada por el legislador para este concreto tipo de casos, de donde resulta aplicable nuevamente, lo ya señalado respecto del ámbito competencial del legislador para el diseño procesal y el establecimiento de las reglas aplicables.
En consecuencia, en la norma que se cuestiona dista de configurarse el vicio de constitucionalidad aducido por el accionante, por lo que la acción debe ser declarada sin lugar en cuanto a este extremo.
XV.- A modo de conclusión. En definitiva, tomando en consideración que la Sala descarta los motivos de inconstitucionalidad planteados respecto de los artículos 349 inciso d); 371, inciso b); 376, incisos a, b, c, d, h; 377, inciso c); 379 párrafos segundo y cuarto; 661, párrafo segundo; 663, párrafo primero, inciso b); 375 bis; 376 bis, párrafo primero; 376 ter, incisos a, b, c, d, e, f, g; 376 quater; 376 quinquies; 661 bis; y 664 bis; todos del Código de Trabajo, según fueron así reformados por la Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos, Ley número 9808, de 21 de enero de 2020; la acción debe ser declarada sin lugar en cuanto a ellos. Por su parte, en lo concerniente al párrafo segundo del artículo 378 del Código de Trabajo, se resuelve que esta norma tampoco es inconstitucional, siempre que se entienda e interprete que sí puede reiterarse una huelga por los mismos motivos a una anteriormente realizada, cuando haya cambio de circunstancias o que habiéndose llegado a un acuerdo entre las partes, trabajadores y patronos, su irrespeto por la parte patronal infringiría los derechos fundamentales protegidos en el acuerdo.
XVI.- Nota separada del magistrado Castillo Víquez. Tal y como lo consigné en mi nota en la opinión consultiva número 2019-20596 en relación con la huelga marcadamente política o aquella que no afecta directa o indirectamente las condiciones socioeconómicas del trabajador, es conforme con el Derecho de la Constitución -valores, principios y normas- su prohibición, aunque es plausible que se permite en un caso, tal y como explico más adelante. Distinto es cuando hay una conexión directa con la relación de empleo o incumplimiento laborales del patrono, pues, en el estado actual de las cosas, no es posible sostener que este instrumento de presión solo aplica para la defensa económica y social de los derechos de los trabajadores. En primer lugar, porque es posible entender los intereses económicos y sociales en una categoría más amplia: los intereses de los trabajadores, de ahí que resulta admisible la llamada huelga de solidaridad -que no se regula en la ley cuestionada (ni se prohíbe ni se permite)-, tal y como acertadamente lo estableció el Tribunal Constitucional español en la sentencia STC 11/1981, pese a la prohibición que establece el artículo 11 del Real Decreto ley 17/1997, en el sentido de que se considera ilegal una huelga cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. En segundo término, es plausible un movimiento de huelga cuando los trabajadores están en contra de una política social llevada a cabo por un gobierno en la que hay una afectación directa a las condiciones socioeconómicas. Incluso, es posible una huelga de la clase trabajadora cuando se trata de la defensa de la democracia, se esté en una situación tal, que un determinado gobierno afecte los elementos nucleares del sistema republicano y, por consiguiente, se realice un abandono voluntario y pacífico de los lugares de trabajo para impedir que se socave la democracia. Ahora bien, en estos casos, el legislador tiene un amplio margen para regular este tipo de huelga en cuanto tiempo, forma y otros aspectos, de ahí que la norma cuestionada no es contraria al Derecho de la Constitución.
El plazo de las cuarenta y ocho horas resulta constitucional en el caso de la huelga para protestar contra políticas públicas que afectan directamente las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, siempre y cuando se haya declarado legal y no haya pago de salarios de parte del patrono, por la elemental razón de que la causa de la huelga no tiene relación con la conducta de este último, según el principio de equivalencia de las contraprestaciones que rige la relación laboral.
En lo que atañe a los servicios esenciales, es claro que tanto la Constitución Política -artículo 61- como los instrumentos internacionales en la materia, así como el Comité de Expertos sobre Libertad Sindical -solflaw-, son conteste en el sentido de que el legislador puede prohibir este tipo de huelga en estos servicios, por consiguiente, la norma cuestionada no presenta vicios de inconstitucionalidad., Ahora bien, en los casos de los incisos 4, 6, 7 y 8 del artículo 376 del Código de Trabajo, se debe entender la prohibición absoluta de la huelga en lo que ahí se puntualiza, lo cual significa que en aquellas empresas públicas y privadas, así como las instituciones públicas, en el tanto y cuando se garantice el servicio en sus condiciones normales y de continuidad lógicamente, el resto de los empleados y trabajadores de la institución, empresas públicas y privadas sí tienen derecho a ir a huelga, siempre y cuando cumplan con los requisitos para que la huelga sea legal. En estos términos también deben entenderse el numeral 375 bis.
Finalmente, sobre el rebajo de salarios hay que tener presente varias cuestiones. En primer lugar, hay que distinguir lo que es un movimiento de huelga -abandono pacífico y voluntario de los centros de trabajo- de lo que es un abandono intempestivo -una suspensión de labores-, también pacífico y voluntario de los centros de trabajo. Hay que recordar que el ejercicio del derecho fundamental a la huelga está condicionado a que se cumplan TODOS LOS REQUISITOS QUE PREVÉ LA LEGISLACIÓN LABORAL para que la huelga sea declarada legal, es decir, se debe cumplir los requisitos que prevé los numerales 371 y 377 del Código de Trabajo, en especial agotar alguna de las alternativas procesales de conciliación establecidas en el artículo 618 de ese cuerpo normativo, con la excepción de la huelga para protestar contra políticas públicas que afectan directamente las condiciones socio-económicas del trabajador. En esta dirección, la huelga es la última ratio cuando se presenta un conflicto económico social en la empresa o en la institución. Cuando no se cumple los requisitos que prevé el Código de Trabajo para declarar legal la huelga, estamos ante un abandono intempestivo del lugar de trabajo, en cuyo caso el patrono puede dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad patronal o dejar de pagar los salarios correspondientes -se da una especie de suspensión del contrato de trabajo-, siguiendo el principio que se aplica, incluso en la huelga legal, de equivalencia de las prestaciones. Sobre este extremo, en la sentencia n.° 2011-010832 expresé en el voto salvado que redacté y suscribí con el magistrado Jinesta Lobo, lo siguiente:
“Nos separamos del voto de la mayoría en cuanto a lo señalado en el Considerando IX de la sentencia, por el contrario, estimamos que no precisa de interpretación conforme el numeral 377 del Código de Trabajo, toda vez que es acorde con el Derecho de la Constitución y los Convenios de la OIT, tal y como a continuación se explica. El citado artículo reza en su contenido lo siguiente:
“Artículo 377.- La huelga ilegal termina, sin responsabilidad para el patrono, con los contratos de trabajo celebrados por los huelguistas; quedan a salvo las sanciones de orden represivo que en contra de éstos lleguen a declarar los Tribunales Comunes.
Sin embargo, en los nuevos contratos que celebre el patrono, no podrán estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de declararse la huelga ilegal.” El alegato principal esgrimido por el accionante lo es que, en la práctica judicial, al calificarse como ilegal una huelga, el juzgador deja de lado y sin protección a trabajadores que por causas especiales (vacaciones, incapacidades, permisos, etc.) aunado a un proceso judicial omiso y genérico, no se determina, de manera precisa, quienes participaron o no del movimiento ilegal con esa intención, para que sea solo contra ellos que recaiga el peso de la ley.
En la práctica, lo que se hace es una verificación de la situación de ilegalidad para así declararla, siendo la ejecución, en torno al tema de los despidos, una labor a realizar por parte del patrono, quien será el único que conoce la situación laboral de cada uno de sus empleados. No obstante, lo señalado por el accionante, no encontramos ninguna inconstitucionalidad derivada de la norma impugnada. Lo alegado resulta contrario a lo que él señala es el proceder de las autoridades judiciales, así como de los patronos, ante la declaratoria de ilegalidad de un movimiento de huelga, situación que, por su naturaleza, no es un motivo de impugnación mediante la acción de inconstitucionalidad, al no estarse ante alguno de los supuestos establecidos en el numeral 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que en ese sentido lo alegado resulta improcedente. Debe resaltarse que el derecho de huelga no es de ejercicio absoluto y debe someterse a ciertos requisitos y es legítimo establecer consecuencias al ejercicio abusivo o sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico del mismo. Lo anterior por cuanto los efectos jurídicos que prevé el numeral 377 del Código de Trabajo es para quienes participaron en la huelga que se declara ilegal, en el artículo 386 del Código de Trabajo se establece: "ARTICULO 386.- Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estuvieran percibiendo salarios o indemnizaciones por accidente, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras cosas análogas":
Por lo anterior, si se considera que se han violentado derechos de algunos trabajadores, que injustamente han sido sometidos a la sanción derivada de la ilegalidad de una huelga, por una condición especial en su relación, el perjudicado está en la posibilidad legal de acudir a las vías administrativas y judiciales ordinarias pertinentes para reclamar el restablecimiento de sus derechos. La OIT ha sido clara en establecer la facultad legítima de los Estados de prever en sus legislaciones laborales consecuencias jurídicas de la huelga declarada ilegal, las que deben funcionar como contra estímulos para evitar movimientos conflictivos que se generen de mala fe. Pero, esas consecuencias deben ser aplicadas, únicamente, a quienes se compruebe, fehacientemente, que participaron directa y voluntariamente en el movimiento ilegal de huelga, por lo que nadie deberá ser objeto de sanciones por realizar o intentar realizar una huelga legal, de ahí que el despido de trabajadores a raíz de una huelga legítima, constituye una grave discriminación en materia de empleo, por ejercicio de una actividad sindical lícita, contraria al Convenio 98, no así cuando los trabajadores han participado en un movimiento de huelga que posteriormente es declarado ilegal, en cuyo caso el patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad patronal, rebajar sus salarios o establecer las sanciones por la mera participación en la huelga que ha sido declarada ilegal. Consideramos importante reafirmar en este punto dos aspectos de suma importancia, el primero que la legislación puede establecer consecuencias razonables para el ejercicio del derecho a la huelga, así las protecciones necesarias se derivan de un ejercicio legítimo, de conformidad con los principios de la libertad sindical, y segundo, el Comité de Libertad Sindical señala que se pueden tomar las medidas cuando se haya declarado la huelga ilegal o incluso por extralimitación en su ejercicio. Lo anterior porque, si bien es procedente proteger el núcleo duro de este derecho fundamental, no escapa de nuestra apreciación que alberga limitaciones propias que se generan en el derecho de los demás. Tanto la huelga legal como la ilegal tienen consecuencias muy distintas, pero debe procurarse un balance de todos aquellos derechos, tanto los relacionados con los trabajadores y los patronos, como también los intereses de la colectividad (a veces muy pronunciados y dramáticos) que merecen protección, desde nuestro punto de vista, con la predictibilidad de un movimiento de trabajadores amparado al derecho colectivo laboral, pero asegurando el agotamiento de todas sus etapas. Por ello, la conservación del vínculo laboral constituye una consecuencia normal del reconocimiento del derecho de huelga y el ejercicio de este derecho no debería derivarse el despido ni discriminaciones en contra de los huelguistas. A estos efectos es irrelevante si el despido se produce durante la huelga o después de la misma e igualmente si se produce antes si su finalidad es impedir o sancionar el ejercicio del derecho de huelga. Por ello despedir a un trabajador por haber participado en una huelga y rehusar su reingreso, cuando la huelga es declarada legal, constituye una medida "extremadamente grave" y, por tanto, ilegal y violatoria del derecho constitucional a la huelga. Otra cosa es lo que prevé el artículo 377 del Código de Trabajo, y es el despido sin responsabilidad patronal, pero solamente de quienes hayan participado de la huelga cuando ésta es declarada ilegal, de manera que ninguna inconstitucionalidad puede derivarse de esa norma, ni tampoco requiere de ninguna interpretación conforme al Derecho de la Constitución. La interpretación conforme al Derecho de la Constitución dispuesta por la mayoría de este Tribunal, adicionalmente, cambia, de manera radical y absoluta, el sentido, el tenor literal y los fines de la norma que se pretende interpretar, con lo que, lejos de interpretar, se legisla y reforma, sustituyendo al órgano constitucional establecido para ese efecto. De otra parte, la interpretación conforme que brinda la mayoría, produce graves efectos, por cuanto, toda organización sindical, a tratarse de una materia exhaustivamente reglada por el Código de Trabajo debe conocer los requisitos para que una huelga sea declarada legal. Sin embargo, con la interpretación que brinda la mayoría, pueden, ahora organizarse movimientos de huelga ilegales sin ninguna consecuencia para quienes participan de éste, por cuanto, según la mayoría, debe esperarse a que el juez declare ilegal la huelga para que los patronos puedan tomar alguna medida contra quienes participaron del mismo. El órgano jurisdiccional requiere de un plazo prudencial o razonable para determinar si el movimiento de huelga es legal o ilegal, la consecuencia del voto de la mayoría es que se puede realizar una huelga ilegal durante todo el lapso que requiera el órgano jurisdiccional, sin ninguna consecuencia jurídica para los que tomaron parte de la misma.” Como puede verse, antes de que la huelga sea declarada legal, en el supuesto de que los trabajadores abandonen el lugar de trabajo, el patrono tiene la facultad de dar por terminado los contratos de trabajo o rebajar los salarios atendiendo al principio de la equivalencia entre las prestaciones. Igual ocurre cuando se declara legal la huelga por causas no imputables al patrono.
En lo que respecta a la violación al principio de no regresión de los derechos laborales, en otros fallos he sostenido lo que a continuación expongo. Haciendo un repaso por la jurisprudencia, nacional y extranjera, así como la doctrina sobre el tema, tenemos que la Sala, en un fallo -2013-11083-, reconoció, como una consecuencia lógica y necesaria del Principio de Progresividad, que “(…) El principio de progresividad exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos. En teoría, la idea es que, entre más recursos tenga un Estado, mayor será su capacidad para brindar servicios que garanticen los derechos. La obligación de implementación progresiva contiene la prohibición de no regresividad que puede ser sometida a control judicial en caso de incumplimiento. Cuando un Estado reconoce, respeta y satisface algún derecho fundamental, tiene prohibido reducir los niveles de protección de los derechos vigentes o suprimir los ya existentes. Una decisión o política pública puede considerarse regresiva cuando sus resultados desmejoran, en comparación con los resultados de un punto de partida anterior que ha sido escogido como parámetro y en el campo de las normas jurídicas, si al comparar una nueva norma, se suprimen, limitan o restringen derechos anteriormente existentes. En ese sentido, la doctrina ha establecido que una vez que un determinado derecho ha sido formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda integrado en forma definitiva e irrevocable a la categoría de los derechos humanos cuya tutela resulta obligatoria. Ahora bien, para que pueda señalarse que existe una lesión al principio de progresividad y no regresividad, se requiere que exista un derecho fundamental que se hubiera reconocido y que el mismo sea limitado o restringido sin justificación razonable alguna…”.
Debemos traer a colación que fue el Tribunal Constitucional portugués, en su sentencia 39/84 de 3 de mayo, el que consagró el principio de prohibición de retroceso social; además, en lo que algunos han denominado la defensa del Estado social de Derecho, dictó dos fallos, en los años 2012 y 2013, en lo que ha declarado inconstitucional y discriminatorio varios recortes que pretendía hacer el gobierno a la paga extra, las pensiones y el subsidio de desempleo.
Fue la doctrina jurídico-alemana la que formuló la teoría de la irreversibilidad de las conquistas sociales. Según esta concepción, el desarrollo de los derechos económicos y sociales depende del legislador, pero una vez que se materializan se constitucionalizan, de tal forma, que toda vuelta atrás es inconstitucional. Sin embargo, esta teoría no ha encontrado eco, es decir, aceptación generalizada. En igual sentido, el TCE no ha acogido el criterio de irregresividad o irreversibilidad, pues del artículo 50 de la Constitución española, relativo a la protección de los ancianos, “(…) no se deduce el debe de mantener ‘todas y cada una de las pensiones iniciales en su cuantía prevista ni que todas y cada una de las ya causadas experimenten un incremento anual”.
En Italia, la Corte Constitucional estableció en la sentencia 275/2016, lo siguiente:
“…Tampoco puede aceptarse el argumento de que, si la disposición impugnada no respetara el límite de los ingresos aprobados en el Presupuesto, la norma violaría el artículo 81 de la Constitución, por carecer de cobertura financiera. Aparte del hecho de que, una vez que se le ha identificado normativamente, el núcleo insuperable de las garantías requeridas para hacer efectivo el derecho al estudio y a la educación de los alumnos discapacitados no puede ser financieramente condicionado en términos absolutos y generales, es evidente que la alegada violación del artículo 81 constitucional es el fruto de una visión incorrecta del concepto de ‘equilibrio del Presupuesto’ (…) La garantía de los derechos humanos irreductibles compromete al Presupuesto, y el equilibrio de éste no puede condicionar su cumplida satisfacción.” Diferente ha sido el tratamiento que se le ha dado a este principio en Colombia. En efecto, bajo el nombre de la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales o de no regresividad de los derechos ya reconocidos, la Corte Constitucional colombiana lo ha aceptado, pese a no estar consagrado en la CP de 1991. Según la Corte, con base en el principio de progresividad “(…) una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador, en materia de derechos sociales se ve menguada al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional” (Vid., entre otras, las sentencias n.° C-251 de 1997 (fundamento 8), la n.° SU-624 de 1999, la n.° C-1165 del 2000, la n.° C-1489 del 2000 y la n.° C-671 del 2002). Ergo, alcanzado un determinado nivel de protección, en principio, todo retroceso está prohibido.
Al igual que en España este principio no ha encontrado respaldo en la jurisprudencia y en los precedentes de la Sala; empero, esta, como se estableció atrás, no ha admitido el argumento de la falta de recursos cuando están de por medio derechos fundamentales tales como la vida y la salud, la educación y los derechos de los menores. En el caso que nos ocupa, no nos encontramos en ninguno de estos supuestos.
Por tanto
I.- Sobre la admisibilidad:
Por unanimidad, se admite la acción de inconstitucionalidad, excepto en lo que se refiere el artículo 376 bis del Código de Trabajo. El magistrado Rueda Leal consigna razones particulares.
II.- Sobre el fondo:
a.- Por unanimidad, en relación con la obligación de tener un correo electrónico actualizado, regulado en el artículo 349 inciso d) del Código de Trabajo, se declara sin lugar la acción. La magistrada Garro Vargas consigna nota.
b.- Por unanimidad, en relación con la prohibición de las huelgas políticas, regulado en el artículo 371 inciso b) del Código de Trabajo, se declara sin lugar la acción.
c.- Por mayoría, en relación con los servicios públicos esenciales regulados en el artículo 376 incisos a), b), c), d) y h) del Código de Trabajo, se declara sin lugar acción. La magistrada Alvarado Paniagua considera que no es inconstitucional el artículo 376 en sus incisos a), b), c), d) y h), siempre y cuando se interprete tal prohibición se refiere únicamente respecto de las labores que deban garantizar el servicio continuo para la tutela urgente de la vida, salud y seguridad, y no comprende aquellas labores relacionadas que no son indispensables para dar esa continuidad en los servicios dichos. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara que son inconstitucionales los incisos a), b), c), d) y h), del artículo 376, del Código de Trabajo, en el sentido de que prohíben de manera absoluta y genérica el derecho de huelga, sin que necesariamente representen una amenaza evidente y manifiesta para la vida, la seguridad o la salud; en cuyos casos, debería permitirse una prestación mínima, que no afecte la continuidad de esos servicios. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y declara inconstitucional la palabra “absolutamente” incluida en el encabezado del artículo 376 del Código de Trabajo en relación con los incisos a) y b) de ese mismo numeral; y consigna razones diferentes respecto de los incisos c), d) y h) de este artículo.
d.- Por unanimidad, en relación con la declaratoria de ilegalidad de la huelga en los servicios públicos esenciales, regulado en el artículo 375 bis del Código de Trabajo, se declara sin lugar la acción.
e.- Por unanimidad, en relación con la declaratoria de legalidad de la huelga, regulada en el artículo 377, inciso c) del Código de Trabajo, se declara sin lugar la acción.
f.- Por unanimidad, en relación con la reiteración de la huelga, regulada en el artículo 378 párrafo segundo del Código de Trabajo, se declara que no es inconstitucional, siempre y cuando se interprete que la expresión “por los mismo motivos”, no impide la realización de una nueva huelga cuando haya un cambio de circunstancias o un incumplimiento patronal.
g.- Por unanimidad, en relación con sanciones disciplinarias y el no pago de salarios en el caso de los servicios esenciales, regulado por el artículo 379 párrafo segundo y cuarto del Código de Trabajo, se declara sin lugar la acción. La magistrada Garro Vargas consigna razones diferentes.
h.- Por unanimidad, en relación con la obligación de los jerarcas de solicitar la calificación de las huelgas y la suspensión de huelga legal en servicios no esenciales, regulados en los artículos 661 y 661 bis del Código de Trabajo, se declara sin lugar la acción.
i.- Por unanimidad, en relación con el trámite de la solicitud de calificación de huelga, regulado en los artículos 663 inciso b y 375 bis del Código de Trabajo, se declara sin lugar la acción.
j.- Por unanimidad, en relación con las huelgas en los denominados servicios de importancia transcendental, regulados en los artículos 376 ter, 376 quater y 376 quinquies del Código de Trabajo, se declara sin lugar la acción. La magistrada Garro Vargas consigna nota.
k.- Por unanimidad, en relación con la actividad judicial en los procesos de verificación de los movimientos, regulados en el artículo 664 bis del Código de Trabajo, se declara sin lugar acción.
El magistrado Rueda Leal consigna razones particulares. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado consignan notas por separado. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.
Fernado CastilloV.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H. Alexandra Alvarado P Res. 2025026385 I.- Razones diferentes del magistrado Rueda Leal en cuanto a la admisibilidad. Tal como lo he expresado en otros casos, estimo que una cualidad del interés difuso consiste precisamente, en que su afectación es general ‑esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella‑ dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto. Su defensa tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la sociedad como tal, por ello es trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado. En sentencia nro. 2019-17397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019, este Tribunal reiteró lo siguiente:
“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter". En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (véase la sentencia No. 2007- 01145).” En consonancia con lo expuesto y sostenido por este Tribunal en su jurisprudencia, se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es por ello, precisamente, que, a partir de la sentencia nro. 2021-2185 de las 12:51 horas de 3 de febrero de 2021, considero, a diferencia de la Mayoría de este Tribunal, que algunos de estos intereses pueden estar plasmados en un caso particular en concreto, sin perder por tal motivo su condición de interés difuso, tal como ocurre con la protección al ambiente, cuyo impacto afecta a una persona y a todos en general; incluso, tal afectación puede ser individualizada en una situación en particular, como por ejemplo, la construcción de una fábrica en un sector vecino determinado, sin los estudios ambientales respectivos, cuyos efectos negativos incidan en la capa de ozono del planeta. Indudablemente, el resultado de un reclamo o proceso que pueda plantear un vecino contra esa fábrica no solo incidirá en sus intereses propios, sino también en el resto de la colectividad. Por ello, constituye un interés difuso, sin que tal cualidad se vea afectada porque también sea objeto de una situación particular individualizada. Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que en toda situación invocada se pueda alegar la existencia de un interés difuso, aunque este pueda ser objeto de una situación particular. Recordemos que para que un interés sea considerado “difuso”, no solo debe afectar una colectividad, sino también debe difuminarse, difundirse en esa colectividad. Si no produce tal efecto, no puede ser considerado un interés difuso. En el sub lite, estimo que el accionante no demostró fehacientemente la existencia de un interés difuso, en los términos expuestos. Su legitimación se deriva, entonces, solo de los intereses colectivos que representa.
II.- Razones particulares del magistrado Rueda Leal, en cuanto al fondo. Con el propósito de expresar con mayor claridad mi criterio y visto que la sentencia nro. 2019020596 de las 19:15 horas del 25 de octubre de 2019 es un precedente relevante para la decisión que tomó la Sala en el sub lite, transcribo las consideraciones que tuve en esa sentencia, con respecto a los puntos aquí decididos:
“1.1 Nota del Magistrado Rueda Leal sobre el punto 1.-“La reforma al artículo 349 del Código de Trabajo y 19 de la Ley de Notificaciones (establecidos en los artículos 1º y 3º del proyecto)” del considerando IV.- “Consulta sobre el fondo”.
Advierto que los artículos 134 y 137 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios están referidos a un procedimiento administrativo, no a un proceso jurisdiccional, por lo que no resulta útil su alusión a los efectos de resolver el sub lite.
(…)
2.1 Razones particulares del Magistrado Rueda Leal en relación con el punto 2.- “Sobre el artículo 371, por violación a diversos motivos de constitucionalidad” del considerando IV.- “ Consulta sobre el fondo”.
En cuanto a este punto, considero que el numeral 371 no es inconstitucional por las siguientes razones.
Tal ordinal del proyecto consultado establece:
“Artículo 371- La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente:
Serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono.
Además de la huelga contractual se permitirá también la huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas, siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores. En este caso deberán cumplirse los requisitos del artículo 377 de este código, con excepción de la conciliación previa. Este tipo de huelgas no podrá tener una duración superior a 48 horas, ni podrán reiterarse por el mismo motivo.
La regulación del párrafo anterior no afectará el derecho a realizar marchas, concentraciones, mítines u otras manifestaciones permitidas por el ordenamiento jurídico que se realicen en horas no laborales, sin restricción alguna de duración.
Las anteriores disposiciones tampoco afectarán el derecho a manifestarse de los trabajadores independientes, o de aquellas personas que no se encuentren vinculadas a una relación laboral.
Aparte de los casos indicados en este artículo, no se permitirán huelgas atípicas ni serán consideradas como legales ningún otro tipo de huelgas.
No se considerará pacífica ninguna huelga que conlleve bloqueos en vías públicas o que impida el acceso a las instalaciones o servicios públicos, la realización de sabotaje sobre bienes públicos, la perpetración de conductas que comporten un ilícito penal, o que imposibiliten el derecho a laborar de los trabajadores que no se encuentren en huelga”.
En concreto, la norma regula tres tipos de huelgas: las huelgas contractuales, las huelgas puramente políticas y las huelgas contra políticas públicas. Las primeras serían legales, las segundas serían absolutamente ilegales y las terceras serían legales en tanto afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores.
Al respecto, las Diputadas y los Diputados consultan sobre el contenido del párrafo 3°, que dispone: “Serán ilegales las huelgas políticas de cualquier índole o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono”, toda vez que consideran que se trata de una limitación injustificada.
Ahora, si bien se acusa que existe una indefinición del concepto de “ huelga política”, en la Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, sexta edición (2018), se observa que este tipo de huelgas no están resguardadas por los principios de libertad sindical:
“760. Las huelgas de carácter puramente político y las huelgas decididas sistemáticamente mucho tiempo antes de que las negociaciones se lleven a cabo no caen dentro del ámbito de los principios de libertad sindical.
(Véanse Recopilación de 2006, párrafo 528; 340º informe, Caso núm. 2413, párrafo 901; 344º informe, Caso núm. 2509, párrafo 1245; y 353º informe, Caso núm. 2619, párrafo 573.)
761. Las huelgas de carácter puramente político no entran en el ámbito de la protección deparada por los Convenios núms. 87 y 98.
(Véanse 346º informe, Caso núm. 1865, párrafo 749; y 353º informe, Caso núm. 1865, párrafo 705.)
(…)
763. Si bien las huelgas de naturaleza puramente política no están cubiertas por los principios de la libertad sindical, los sindicatos deberían poder organizar huelgas de protesta, en particular para ejercer una crítica contra la política económica y social del gobierno.
(Véanse Recopilación de 2006, párrafo 529; 344º informe, Caso núm. 2509, párrafo 1247; 348º informe, Caso núm. 2530, párrafo 1190; 351º informe, Caso núm. 2616, párrafo 1012; 353º informe, Caso núm. 2619, párrafo 573; 355º informe, Caso núm. 2602, párrafo 668; 360º informe, Caso núm. 2747, párrafo 841; y 372º informe, Caso núm. 3011, párrafo 646.)”.
Lo anterior, aun cuando sea soft law, muestra que no existe controversia a nivel del Comité de Libertad Sindical sobre la falta de tutela internacional de las huelgas puramente políticas. Así, queda a libre discrecionalidad de cada país permitirlas o no.
En este caso, el proyecto considera ilegales las huelgas políticas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono, lo cual, por lo expuesto anteriormente, no lo estimo improcedente.
Por otra parte, las Diputadas y los Diputados también consultan sobre la exigencia de que en las huelgas contra políticas públicas haya afectación directa a los intereses económicos o sociales de los trabajadores y que, además, limita la huelga a cuarenta y ocho horas y la posibilidad de reiterarla por el mismo motivo.
Sobre este último aspecto, remito a las razones separadas que consignó en el punto 3.- “Sobre el plazo de cuarenta y ocho horas dispuesto en el artículo 371 consultado” de este considerando.
(…)
3.1 Razones separadas del Magistrado Rueda Leal en relación con el punto 3.- “Sobre el plazo de cuarenta y ocho horas dispuesto en el artículo 371 consultado” del considerando IV.- “ Consulta sobre el fondo”.
El artículo 1º del proyecto de ley n.º 21.049 “ Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” propone reformar el numeral 371 del Código de Trabajo, en lo que interesa, de la siguiente manera:
“Además de la huelga contractual se permitirá también la huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas, siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores. En este caso deberán cumplirse los requisitos del artículo 377 de este código, con excepción de la conciliación previa. Este tipo de huelgas no podrá tener una duración superior a 48 horas, ni podrán reiterarse por el mismo motivo.
La regulación del párrafo anterior no afectará el derecho a realizar marchas, concentraciones, mítines u otras manifestaciones permitidas por el ordenamiento jurídico que se realicen en horas no laborales, sin restricción alguna de duración”.
Al respecto, las Diputadas y los Diputados consultantes sostienen que el plazo de 48 carece de una justificación técnica para estimar razonable la posibilidad de realizar una huelga durante ese plazo, pues su objetivo es limitar y restringir el ejercicio de la libertad de expresión y de pensamiento. Afirman que la restricción atenta además contra el principio de participación democrática.
Sobre este punto, estimo adecuado que el Estado establezca regulaciones razonables al derecho a la huelga.
Prima facie, me parece que el plazo cuestionado no debe ser interpretado de manera aislada y, a falta de disposición expresa que lo delimite, resulta necesario integrarlo con otras disposiciones. Precisamente, la norma de marras, luego de estipular ese plazo, clarifica que las marchas, concentraciones, mítines y otras formas de manifestaciones que se realicen en horas no laborales no tienen restricción alguna de duración. Es decir, las 48 horas referidas, en principio, se podrían entender únicamente como laborales, con la consecuente posible extensión de días hábiles según las jornadas respectivas. Lo anterior lo consideraría proporcional, siempre y cuando se respete la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales y no se sobrepasen los plazos máximos establecidos en los demás servicios.
En adición, el mismo proyecto consultado propone la reforma del artículo 378 del Código de Trabajo en los siguientes términos:
“Artículo 378- La huelga, cualquiera que sea su modalidad, sea que la convoque uno o más sindicatos o, en su caso, una coalición de personas trabajadoras, podrá ejecutarse intermitentemente, de manera gradual o de forma escalonada. En estos casos, los días y las horas de suspensión, así como la modalidad de la huelga, deben ser comunicados, por escrito, a la parte empleadora previamente a su inicio, directamente o por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En ningún caso se podrá reiterar una huelga por los mismos motivos de una anteriormente realizada”.
En el sentido anterior, considero que la huelga, cualquiera que sea su modalidad (incluidas las que se den contra políticas públicas que afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores), puede ejecutarse de manera intermitente, gradual o escalonada y, además, la norma contempla expresamente la posibilidad de computar las horas de suspensión. Por lo que, al hacer un análisis en abstracto de la norma, el plazo de 48 horas no sería irrazonable. De ahí que a priori no encuentre algún vicio de constitucionalidad.
(…)
7.1 Razones adicionales en relación con el punto 7.- “ La reforma al artículo 379, del Código de Trabajo, sobre la suspensión del pago de los salarios” del considerando IV.- “Consulta sobre el fondo ”.
A los efectos de esta consulta aclaro que, si bien suscribí la sentencia n.º 2011-010832 de las 14:30 horas de 12 de agosto de 2011 en cuanto a la interpretación conforme del artículo 377 del Código de Trabajo, en esa resolución se concibió que el despido, o bien, el eventual rebajo de salarios en el sector privado tenía carácter sancionatorio, por ello, era fundamental establecer primero la legalidad o ilegalidad de la huelga a efectos de aplicarlos. Justamente, el ordinal 371 del Código de Trabajo definía la huelga legal como: “el abandono temporal del trabajo en una empresa, establecimiento o negocio, acordado y ejecutado pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores, con el exclusivo propósito de mejorar o defender sus intereses económicos y sociales comunes”. Asimismo, el numeral 377 supra citado únicamente regulaba que: “La huelga ilegal termina, sin responsabilidad para el patrono, con los contratos de trabajo celebrados por los huelguistas; quedan a salvo las sanciones de orden represivo que en contra de éstos lleguen a declarar los Tribunales Comunes. Sin embargo, en los nuevos contratos que celebre el patrono, no podrán estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de declararse la huelga ilegal”. Otro elemento importante que consideré en esa ocasión fue que la normativa no procuraba una rápida resolución de los conflictos laborales relacionados con la calificación de la huelga.
En la actualidad, la definición de huelga cambió con la aprobación de la ley n.º 9343 de 25 de enero de 2016 “Reforma Procesal Laboral”, la cual, sin perjuicio de los elementos adicionales que se incorporan con el proyecto, se vino a definir en los siguientes términos: “Artículo 371- La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente: a) La defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. b) La defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386. (…)”. En adición, las reformas relativas a la terminación o aplicación de sanciones se encuentran reguladas con mayor detalle en el proyecto sometido a consulta: “Artículo 379- La terminación de los contratos de trabajo o cualquier otra sanción disciplinaria que correspondiere, solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga. En los casos de servicios esenciales, las sanciones disciplinarias que correspondan podrán ejecutarse desde el momento en que adquiera firmeza la orden judicial prevista en el artículo 375 bis de este Código. La huelga suspende los contratos de trabajo respecto de los trabajadores que se encuentren participando del movimiento; en consecuencia, dichos trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios ni el empleador al pago de las remuneraciones. Si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo, el patrono deberá pagar los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga. En ningún caso será condenado el patrono al pago de los salarios de los trabajadores que hubieran declarado una huelga en servicios esenciales. (…)”.
Dado esta nueva regulación, de acuerdo con los numerales del proyecto supra citados, estimo razonable la falta de pago de salarios como consecuencia natural de la suspensión del contrato de trabajo, no como sanción, mientras la huelga no sea calificada de forma definitiva, en cuyo caso todo dependerá de si todavía se mantiene y de si fue declarada legal o ilegal. Lo anterior viene a tener sentido práctico en la medida que la calificación jurisdiccional de la huelga se dé en forma célere.
De ahí que, bajo este nuevo contexto, me sume al criterio de mayoría en este punto.
(…)
8.1 Razones distintas del Magistrado Rueda Leal en relación con el punto 8.- “La reforma al artículo 379, del Código de Trabajo, sobre la suspensión del pago de los salarios” del considerando IV.- “ Consulta sobre el fondo”.
Al respecto, la propuesta de reforma al artículo 379 del Código de Trabajo, en tanto establece: “Si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo, el patrono deberá pagar los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga”, ya se encuentra contemplada en el numeral 386 del Código de Trabajo actual, el cual no sufriría ninguna modificación ni derogación en caso de aprobarse el proyecto de ley consultado. En ese sentido, como ambas normas estarían vigentes, estimo innecesaria la aclaración que se hace en la sentencia”.
Paul Rueda L.
Res. n.°2025-026385 NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE CONSIGNAR UN CORREO ELECTRÓNICO ACTUALIZADO Como consideración transversal a toda la sentencia, debo aclarar que no me correspondió conocer de la consulta de constitucionalidad evacuada mediante dictamen n.°2019-020596, de modo que no me encuentro sujeta a las argumentaciones que allí se hayan vertido.
En este apartado en concreto –en lo relativo a la transcripción de los argumentos dados respecto de la obligación de las organizaciones gremiales de tener un correo electrónico registrado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para recibir notificaciones en los trámites de calificación de movimientos huelguísticos–, me es preciso advertir que –sobre el particular– coincido con la explicación realizada en su oportunidad por el magistrado Rueda Leal en el sentido de que los arts. 134 y 137 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios están referidos a un procedimiento administrativo y no a un proceso jurisdiccional, por lo que su alusión no resulta útil a efectos de resolver el reclamo de constitucionalidad.
Por otra parte, estimo necesario mostrar que la desestimatoria de este extremo de la acción de inconstitucionalidad no se contradice con lo resuelto por esta Sala en la opinión consultiva evacuada mediante resolución n.°2024-029411. En dicho dictamen, este Tribunal consideró que el proyecto de ley tenía problemas de relevancia constitucional, al prever la posibilidad de realizar notificaciones judiciales por cualquier medio establecido por la parte denunciada o su representante para el caso de personas jurídicas, que hubiera indicado ante cualquier autoridad judicial aun antes de iniciarse formalmente el proceso. Al respecto, esta Sala realizó las siguientes consideraciones:
“[E]l inciso mencionado ut supra consultado habilita, de forma superficial e imprecisa, la notificación del traslado de la denuncia a cualquier medio establecido ante cualquier autoridad judicial aun antes del inicio del proceso. Tal disposición no resguarda el derecho a la defensa de las partes y el debido proceso, ya que, como bien lo señalan quienes consultan, con esa redacción no se tendría certeza de la comunicación efectiva del traslado de la denuncia ni de la posibilidad material de la parte denunciada de participar oportunamente en el proceso”.
Cabe aclarar, sobre el particular, que los contextos examinados son distintos, pues tratándose de los sindicatos existe –de previo– la obligación impuesta legalmente de registrar un correo electrónico ante el MTSS y de tenerlo actualizado, con lo cual debería existir certeza sobre el mecanismo de comunicación. No se trata de cualquier medio o dirección aportado previamente, sino del correo electrónico que deben formalmente inscribir ante la autoridad rectora en materia laboral, de modo que no deberían quedar en un supuesto estado de indefensión.
Por lo demás, la norma ordena que esa dirección electrónica será utilizada exclusivamente para recibir notificaciones en los trámites de calificación de movimientos huelguísticos. Allí, se debe resaltar que se trata de un conflicto que requiere una diligencia especial, pues estamos frente a la resolución de un conflicto que impacta en toda la sociedad, al estar de por medio la regularidad y continuidad de los servicios públicos.
Por tanto, estimo que es razonable –tal y como lo explica la sentencia de mayoría– que la exigencia de inscribir y mantener actualizada una dirección de correo electrónico responde a una formalidad y a un esquema de requisitos para tener por establecido el proceso judicial, a partir del rompimiento de la paz laboral y social. Además, es razonable que el régimen de notificaciones para este concreto proceso se actualice a efecto de emprender actuaciones jurisdiccionales urgentes y evitar retardos en la notificación que pueden impactar en el bienestar social. Por lo anterior, es que este Tribunal difiere de la consideración de los accionantes en el sentido de que la notificación inicial deba realizarse de forma personal o en el domicilio social de la organización sindical. Es razonable la obligación del sindicato y la consecuencia deseada de notificar en ese concreto medio para resolver de forma pronta sobre la legitimidad del movimiento huelguístico.
Conforme a estas particularidades y atendiendo a la obligación legal previamente establecida y de previo conocimiento de los sindicatos es que considero que este Tribunal no está incurriendo en alguna contradicción respecto de lo resuelto en la opinión consultiva n.°2024-029411.
Estimo que, por seguridad jurídica, era necesario dejar clara la distinción respecto de los escenarios examinados.
VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS EN RELACIÓN CON EL ART. 376 INCISOS A) Y B) DEL CÓDIGO DE TRABAJO Respetuosa del criterio de la mayoría de esta Sala, salvo el voto y declaro inconstitucional la palabra “absolutamente” incluida en el encabezado del art. 376 del Código de Trabajo en relación con los incisos a) y b) de ese mismo numeral.
La norma bajo análisis ordena lo siguiente:
Art- 376 (…)
Por su carácter esencial, estará prohibida absolutamente la huelga en los siguientes servicios:
En relación con este numeral, los accionantes cuestionan que prohibir la huelga en servicios esenciales afecta la libertad sindical. En cuanto a los incisos a) y b), se plantearon los siguientes argumentos:
“[N]o es válido ampliar la prohibición de huelga en todo el sistema de salud, siendo que hay servicios que se brindan en dicho sector que su suspensión no pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud de las personas, como lo pueden ser las secretarias, personal de archivo, vigilancia, al ser servicios que no tienen un efecto directo en la atención de personas.
(…)
El artículo 376 inciso b) contiene un claro vicio de inconstitucionalidad, en el tanto prohíbe absolutamente el ejercicio del derecho a la huelga en actividades que no tiene relación alguna con un servicio esencial, ni ponen en peligro bienes o intereses fundamentales, como lo es la vigilancia de instalaciones, y las labores de investigación, se extralimita el legislador al ampliar la prohibición de un derecho fundamental, para resguardar servicios que no tiene relación con la protección de la vida, salud y seguridad de personas, y sobre poner la protección de bienes a un derecho sindical”.
Sobre el particular, hay que partir de la premisa respecto a la existencia de un derecho fundamental a la huelga que está consagrado en el art. 61 de la Constitución, así como en el art. 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De conformidad con tales normas, se garantiza el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley. Por tanto, como implica la limitación al ejercicio de un derecho fundamental, considero que las restricciones legales deben ser razonables y precisas a efecto de no vaciar de contenido el núcleo de los derechos laborales. Sobre este punto, me inclino más hacia el voto salvado que en su oportunidad consignaron el magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Picado Brenes en la opinión consultiva n.°2019-020596, en el siguiente sentido:
“En el criterio de los suscritos, hay una base común para coincidir con la mayoría de que hay ciertos servicios públicos esenciales donde el legislador puede prohibir el derecho a la huelga, de manera que, en general, es posible admitir supuestos en los que la ley podría limitar el ejercicio del derecho fundamental. Pero, como en toda discusión en la que se encuentra presente la prohibición a los derechos fundamentales, es necesario que sean acordes con los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En nuestro enfoque, el proyecto debería establecer solo restricciones sobre el derecho a la huelga, y no prohibiciones absolutas, como lo establecen los legisladores y, la mayoría de la Sala, como constitucional. Así, en los diez supuestos que establece el proyecto de reforma al artículo 376, del Código de Trabajo, no hay una ponderación adecuada al derecho a la huelga frente a los derechos fundamentales que le sirven de límite, porque no en todos los casos tienen la misma intensidad sobre los servicios que prestan todos los trabajadores. La normativa solo debe estar orientada a prohibir la huelga cuando este mecanismo de los trabajadores, represente una amenaza evidente y manifiesta para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. En caso contrario, no se debe privar a una gran mayoría de servidores públicos del derecho fundamental a la huelga, cuando no sea un servicio esencial, y no exista una amenaza evidente e inminente para aquellos. En los términos establecidos, implica para muchos una restricción ilegítima y un derecho que queda en la teoría, pese a estar reconocida constitucionalmente (…)
En nuestro criterio, el principio de razonabilidad y proporcionalidad es fundamental en la interpretación del artículo 61, de la Constitución Política, pues debe hacerse un ejercicio por determinar que en ciertos puestos profesionales o incluso administrativos, podrían no representar un peligro, como para partir de una premisa tan exigente que permita concluir que todas las actividades conducen a la amenaza evidente e inminente para los el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad pública. Ciertamente, dicha conclusión podría no ser razonable. En este sentido, la restricción impuesta pesa indebidamente sobre el derecho fundamental establecido en la Constitución Política”.
Conforme a lo anterior, a mi juicio, los incisos señalados –en relación con la determinación previa de que la restricción es absoluta– imponen una prohibición demasiado amplia que limita el margen de determinación de cuáles funcionarios de los servicios de salud o de seguridad pública –que no se relacionan de forma directa con la atención directa de pacientes, o de atención de situaciones relacionadas con la seguridad pública– pueden participar de un movimiento huelguístico sin afectar la continuidad de los servicios bajo examen. En ese sentido, considero que no da la posibilidad de matizar y hacer una valoración particularizada de cuáles servidores podrían unirse al movimiento de huelga, sino que prácticamente los incluye a todos dentro de la limitación.
Por tanto, considero que la severidad de la restricción impone la declaratoria de inconstitucionalidad de la palaba “absolutamente” de modo tal que el juez pueda realizar una ponderación concreta y específica de los servidores contemplados en los incisos a) y b) y valorar cuáles podrían participar de su derecho fundamental a la huelga sin constituir una grave amenaza a servicios públicos esenciales.
RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS EN RELACIÓN CON EL ART. 376 INCISOS C), D) Y H) DEL CÓDIGO DE TRABAJO A diferencia de lo resuelto respecto de los incisos a) y b), estimo que los apartados c), d), y h) están razonablemente precisados o permiten un margen de determinación respecto de cuáles servidores de las instituciones involucradas podrían o no participar de la huelga en atención al específico servicio que se procura resguardar. Ya no se trata de una restricción de prácticamente todo el personal, sino que el legislador define cuáles servicios estima indispensables y, por tanto, según se lo autoriza la Constitución, se restrinja el derecho a la huelga a esos concretos servicios. Los incisos cuestionados son los siguientes:
De la lectura de estas disposiciones, considero que hay una razonable precisión de los servicios excluidos de la posibilidad de llevar a cabo una huelga en atención a la afectación que su suspensión podría impactar en otros derechos fundamentales y servicios de interés general. En el caso de los controladores aéreos y control migratorio es claro que se trata de servicios de altísimo interés general cuya eventual suspensión podría limitar el derecho fundamental al libre tránsito de las personas, la seguridad y la economía nacional. Por otra parte, la restricción del inciso d) alude a servicios de transporte pero específicamente relacionados con transporte de medicamentos, equipos médicos y bienes perecederos, barcos de combustible y transporte público cuando estén prestando el servicio. Luego, se habla de los servicios indispensables –que no todos–para la importación, el transporte, la distribución y el suministro de combustible, la atención de averías que afecten los servicios descritos y el suministro en plantel a comercializadores o consumidores finales. Como se aprecia, estas normas otorgan un margen de determinación de cuáles concretos servicios están sujetos a las restricciones. A partir de lo anterior y visto que se relaciona con servicios esenciales, a mi juicio, los incisos bajo análisis son constitucionales.
RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO DEL ART. 379 DEL CÓDIGO DE TRABAJO En cuanto a este aspecto, la mayoría de la Sala se remite a las consideraciones consignadas en la opinión consultiva n.°2019-20596 y la interpretación que ahí se realizó de los párrafos cuestionados. Sobre este punto, debo advertir que no voté la opinión consultiva citada, pero, además, que soy más afín a las argumentaciones realizadas por el magistrado Rueda Leal que dicen lo siguiente:
“1. Por unanimidad, se interpreta que el artículo 379 consultado en cuanto reconoce el pago de los salarios correspondientes a los días de una huelga declarada legal, delimitándolo únicamente “por incumplimientos graves del contrato de trabajo”, es conforme con el Derecho de la Constitución en el tanto su reconocimiento no excluya los demás supuestos establecidos en el artículo 386 del Código de Trabajo. El Magistrado Rueda Leal da razones distintas respecto de la expresión “por incumplimientos graves del contrato de trabajo”, toda vez que ese supuesto ya está incluido en el ordinal 386 del Código de Trabajo.
(…)
8.1 Razones distintas del Magistrado Rueda Leal en relación con el punto 8.- “La reforma al artículo 379, del Código de Trabajo, sobre la suspensión del pago de los salarios” del considerando IV.- “Consulta sobre el fondo”.
Al respecto, la propuesta de reforma al artículo 379 del Código de Trabajo, en tanto establece: “Si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo, el patrono deberá pagar los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga”, ya se encuentra contemplada en el numeral 386 del Código de Trabajo actual, el cual no sufriría ninguna modificación ni derogación en caso de aprobarse el proyecto de ley consultado. En ese sentido, como ambas normas estarían vigentes, estimo innecesaria la aclaración que se hace en la sentencia”.
Conforme a lo expuesto, mis razones diferentes se basan en la argumentación realizada por el magistrado Rueda Leal en el sentido de que resulta innecesaria la interpretación propuesta, en virtud de que la determinación sobre la obligación de pagar los salarios dejados de recibir –en atención a incumplimientos graves imputados al patrono– ya se encuentra establecida previamente en el Código de Trabajo.
NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO DE LAS HUELGAS EN LOS SERVICIOS DE IMPORTANCIA TRASCENDENTAL. INVOCACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA OIT En este apartado de la sentencia, la mayoría del Tribunal alude a los criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto al reconocimiento de determinados servicios como esenciales. En lo relativo a dicha referencia, me corresponde reiterar mis consideraciones plasmadas en la sentencia n.°2020-021785 en la cual consigné una nota sobre el valor normativo de tales recomendaciones. Al respecto, manifesté lo siguiente:
En el caso concreto los accionantes cuestionan el artículo 2 del decreto ejecutivo n.º38767-MP-MTSS-MJP de 18 de diciembre de 2014, Reglamento al artículo 375 del Código de Trabajo, pues, a su juicio, dicha norma es contraria a los informes del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales afirman que la actividad de carga y descarga en los puertos no es un servicio esencial.
Como he sostenido en otras ocasiones, para efectos de precisar la competencia de la Sala Constitucional al conocer de acciones de inconstitucionalidad, es necesario tener en consideración lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dice:
Artículo 73. Cabrá la acción de inconstitucionalidad:
Entonces, cuando este órgano conoce de normas legales e infralegales y realiza una suerte de control poniendo como parámetro tratados internacionales, estos deben estar debidamente ratificados.
En anteriores notas (véanse las sentencias 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582, 2016-018351, 2020-013316) he hecho algunas consideraciones en relación con el ejercido del control de constitucionalidad y los instrumentos internacionales como parámetro de valoración, Al respecto, en lo conducente y en resumen, indiqué lo siguiente:
‘La función de controlar la conformidad de las leyes y disposiciones generales con los tratados y convenios no está expresamente prevista en el texto constitucional sino sólo en el art. 73.d) LJC, pero no es contraria a aquél, pues permite garantizar la eficacia del art. 7 CP. Esa función de controlar dicha conformidad es una función distinta de la que ejerce la Sala en razón del art. 10 CP –el control de constitucionalidad– y de la establecida en el art. 48 CP –garantizar jurisdiccionalmente los derechos constitucionales y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos–.
Cuando esta Sala ejerce su función de control de constitucionalidad, no corresponde que eche mano de tratados y los utilice, de hecho, como si integraran el parámetro de constitucionalidad. Tales instrumentos, y sólo si están debidamente ratificados, pueden erigirse en parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales con ellos mismos, en razón de lo establecido en el art. 7 CP y 73.d) LJC. Esto es conteste con una interpretación sistemática de la Constitución y la LJC y con el respeto a la separación de poderes, principio basilar de todo Estado democrático de Derecho’. (Lo resaltado no corresponde a los votos originales).
Es por ello que considero vital citar lo dicho por la Procuraduría General de la República en su informe, en el cual justamente se pone de manifiesto que los criterios invocados, por los accionantes no son instrumentos jurídicos vinculantes para nuestro país:
‘[L]os principios y reglas mínimas de conducta establecidos, a modo de orientación “no vinculante” por la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical en materia de derecho de huelga, se derivan entonces de recomendaciones internacionales de trabajo que no constituyen instrumentos jurídicos autónomos obligatorios, sino una mera guía o directrices de carácter orientador e interpretativo para una eventual acción nacional en la materia involucrada, y por tanto, no son siquiera objeto de ratificación por los Estados miembros.
Véase que la misma OIT ha insistido en que “Es muy importante evitar cualquier confusión entre las recomendaciones internacionales del trabajo adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo que son normas no vinculantes de carácter universal y las recomendaciones dirigidas por los órganos de control de la OIT a un país determinado en caso de que éste no cumpla con sus obligaciones en materia de NIT (Normas Internacionales de Trabajo)”.
Con las primeras, es decir, aquellas recomendaciones elaboradas y adoptadas por la Conferencia no se pretende obligar a los Estados miembros a que respeten su contenido, sino más bien proponer directrices que les pueda guiar en la regulación interna de las relaciones laborales y en el desarrollo de su propia política social. Mientras que los pronunciamientos de los órganos de control se distinguen claramente de meras opiniones doctrinales o simples orientaciones e carácter moral anteriormente aludidas, en que, una vez aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT, están dotados de valor jurídico concreto al fijar pautas fundamentales para que, ante denuncias específicas, los Estados cumplan efectivamente con los convenios y tratados que hayan ratificado.
Por su parte, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical van dirigidas al Consejo de Administración de la OIT, siendo entonces una mera instrucción interna de carácter administrativo y en razón de lo cual no puede pensarse en una obligatoriedad internacional de las mismas, y por tanto, no tienen naturaleza vinculante.
Y en razón de lo expuesto es evidente que las recomendaciones de la OIT en las que fundamenta el accionante sus argumentos, no tienen el valor jurídico vinculante que se alude: por lo que en realidad su eventual uso judicial es limitado, pudiendo a lo sumo servir como referencia para interpretar las disposiciones del derecho interno (herramienta interpretativa), especialmente cuando ésta se ha inspirado en los convenios respectivos o como mera guía de carácter orientador para una eventual acción nacional en la materia.
Así que los instrumentos elaborados por la Comisión de Expertos en aplicación e Convenios y del Comité de Libertad Sindical, así como los comentarios hechos por órganos de control de la OIT, en particular en cuanto a las observaciones sobre la aplicación de convenios ratificados por los distintos países, no tienen eficacia u operatividad directa, pues en realidad carecen de valor normativo vinculante que se alude en esta acción, ni pueden equipararse a una orden proveniente de un tribunal supranacional de justicia (Caso Baena Ricardo vs Panamá, Corte Interamericana de Derechos Humanos), ni mucho menos asimilarse a un Convenio, pues sólo éste es verdadera fuente formal del Derecho Internacional en acatamiento del principio pacta sunt servanda’ (lo destacado no corresponde al original).
En esa línea considero también conveniente señalar que el parámetro constitucional del decreto, en el asunto sub examine no es per se lo dicho por los órganos competentes para interpretar o dar seguimiento al cumplimiento de distintos instrumentos internacionales, sino las normas y principios constitucionales invocados en la sentencia que suscribo con la mayoría”.
En el sub lite, debo reiterar dichas consideraciones a efecto de que se interprete que las recomendaciones de la OIT no son como tales un parámetro del control de constitucionalidad confiado a este Tribunal, sino meramente unas pautas hermenéuticas.
Anamari Garro V.
Voto salvado del magistrado Salazar Alvarado.- El suscrito magistrado salvo el voto y declaro que son inconstitucionales los incisos a), b), c), d), y h), del artículo 376, del Código de Trabajo, en el sentido de que prohíben de manera absoluta y genérica el derecho de huelga, sin que necesariamente representen -en todos los casos- una amenaza evidente y manifiesta para la vida, la seguridad o la salud; en cuyos casos, debería permitirse una prestación mínima, que no afecte la continuidad de esos servicios.
La norma impugnada establece:
“Artículo 376- Para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios públicos esenciales aquellos cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública.
Por su carácter esencial, estará prohibida absolutamente la huelga en los siguientes servicios:
…
…”.
El derecho a la libertad sindical está asociado a la libertad de acción de los sindicatos, entre ellos, el derecho de los trabajadores de acordar medidas de presión como la huelga, un derecho fundamental para poder promover, defender y materializar logros económicos y sociales. Es, sin lugar a dudas, una medida de último recurso que implica sacrificio para los trabajadores, el patrono-empleador, y no hay duda, para la sociedad en ciertos supuestos como son los servicios de interés público.
Como tal, el derecho a la huelga es un instrumento de última instancia para los trabajadores, con el fin de obtener la atención a sus demandas por las autoridades empleadores y lograr corregir situaciones injustas o desatendidas por los patronos. Como es evidente, se utiliza como contrapeso a las relaciones de poder que tienen los representantes patronales y el uso de las tácticas dilatorias.
Si bien el Constituyente de 1949 autoriza al legislador a establecer las limitaciones al derecho a la huelga en los servicios públicos, es muy necesario ponderar los derechos fundamentales y principios constitucionales en cuestión, de modo que la potestad legislativa no termine de exceder, coartar y frustrar, lo que, por definición, sería la prohibición de huelga en servicios públicos esenciales. En efecto, la protección legislativa debió dirigirse a los servicios que no pueden interrumpirse, porque se ponen en riesgo la vida, la seguridad, y la salud de toda o parte de la población, e ir más allá seria imponer limitaciones excesivas. De ahí que, el legislador con el nivel de detalle en que legisló debió considerar la imposición de un servicio mínimo como una medida eficaz y sustitutiva apropiadas a una prohibición total.
En resolución de esta Sala N° 2019-020596 de las 19:15 horas del 25 de octubre de 2019, en el que salvé el voto junto a la magistrada Picado Brenes, manifestamos que:
“El concepto de servicios esenciales requiere necesariamente de una ponderación de valores e intereses que se suscita entre los trabajadores que invocan su derecho a la huelga y los sacrificios válidos que se pueden imponer a los usuarios de los servicios. En este sentido, el derecho a la huelga debe ceder frente a otros derechos como la vida, la seguridad y la salud de una parte o de la totalidad de la población, toda vez que estamos ante las limitaciones de los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente, y porque la huelga no es un derecho absoluto. El tema de dónde colocar los límites no es pacífico, puede incluso pesar la ubicación geográfica de un país, por lo que, puede ser que no sea lo mismo para uno que para otro; el mismo Comité de Libertad Sindical reconoce que depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. En efecto, el Comité de Libertad Sindical guía la discusión y reconoce los casos en que podría establecerse como servicios esenciales (en tal sentido, remitimos al voto salvado sobre servicios esenciales punto 4.1); y, por ende, prohibirse la huelga, cuando haya amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.
Con la reforma, el legislador se decantó por un régimen sumamente restrictivo, de prohibición absoluta y rígida de la huelga. Por definición, el artículo 376, del Código de Trabajo, parte de que los incisos a), b), c), d), y h), todos son supuestos que representan servicios públicos esenciales “… cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública…”, enumerando en detalle múltiples facetas o actividades de servicio público que la misma norma impone con el alto estándar de no permitir que se produzca daño significativo a los derechos de los usuarios y población enunciados.
En este sentido, las limitaciones y restricciones vistos en general tienen consenso en la doctrina y jurisprudencia, e incluso en el Comité de Libertad Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, de modo que los servicios esenciales en salud, policía, bomberos y control aéreo pueden prohibirse; pero, para esta minoría, los problemas empiezan al estar regulados extensivamente. Así, es posible encontrar actividades que fueron llevadas a tal punto que la duda de su incidencia en contra de aquel alto estándar de daño, no alcanza superar la necesidad de imponer una prohibición en tal detalle, sin afectar la libertad sindical y de acción sindical a través del derecho a la huelga. Se convierte entonces en una restricción ilegitima contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad sobre el derecho a la huelga, y motiva la duda, la que amerita la protección de los principios protectores de los derechos humanos, como también del derecho laboral.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-27/21 de 5 de mayo de 2021, consideró, respecto de los servicios esenciales, varios puntos que son de relevancia. Dijo que:
“103. En relación con los trabajadores y las trabajadoras que brinden servicios esenciales, ha de estarse al sentido estricto del término, esto es, aquellos que proveen servicios cuya interrupción conlleva una amenaza evidente e inminente a la vida, la seguridad, la salud o la libertad de toda o parte de la población (por ejemplo, aquellos que laboran en el servicio hospitalario, los servicios de electricidad, o los servicios de abastecimiento de agua)” (cita omitida).
En este sentido, la interpretación debe ser acotada, debe evitarse interpretaciones laxas que permitan licencias excesivas a la prohibición al derecho a la huelga. Esto invita a establecer una diferenciación dentro de los distintos servicios esenciales que se pudieran establecer en la ley, incluso aquellos enunciados por la Corte Interamericana, porque en opinión de esta minoría, es muy claro que debe haber una “amenaza evidente e inminente” o en el cuestionado artículo 357, del Código de Trabajo, que indica “causar daño significativo”; y sin embargo, se incluyeron actividades que no tienen tal magnitud de incidencias.
Cuando se escogió extensivamente la prohibición total, no se consideró que muchas de estas actividades no representan esa “amenaza evidente e inminente” o las que puedan “causar daño significativo”, que pudieran no estar en el extremo que describe la jurisprudencia o el encabezado de la norma impugnada. En mi opinión, se incluyen actividades intermedias, no lesivas a esos altos bienes protegidos, que abre la posibilidad de exigir el establecimiento de servicios mínimos. Bien pudo el legislador diferenciar dentro de estos servicios esenciales aquellas actividades que no representan una amenaza evidente e inminente a la vida. Mas aún, en la misma cita del párrafo 103, de la opinión consultiva, la Corte Interamericana, antes de referirse a las garantías compensatorias, se plantea la cuestión de si es posible acordar, por las particularidades de la actividad, una solución adecuada de procurarse una prestación mínima, lo cual es completamente procedente, y sobre lo cual, es una consecuencia importante para evitar la prohibición de la huelga como mecanismo de presión en favor de los trabajadores, para que pudieran luchar por las conquistas económicas y sociales que pretenden, que en sectores prestacionales y productivos -evidentemente- pueden materializarse.
Por ello, con respeto disiento de la mayoría, que señala que el legislador tiene una amplia libertad de configuración y de apreciación en la formación del derecho, lo que no puedo aceptar, pues ese ejercicio de la función constitucional no puede quedar como una licencia casi absoluta para dejar de materializar los otros derechos fundamentales que el Constituyente de 1949 estableció, como la huelga. Incluso, para la Corte Interamericana debe entenderse que la prohibición absoluta y total de la huelga sería la última ratio, para no producir un sacrificio de derechos fundamentales de los trabajadores.
“104. Asimismo, en relación con los servicios esenciales, la Corte destaca que los Estados deberán buscar soluciones sustitutivas para aquellos casos en que la prohibición total de la huelga se pueda evitar cuando un servicio mínimo fuese una solución adecuada para garantizar las necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento seguro de las instalaciones en que se presta el servicio considerado como “esencial”. En este sentido, cabe resaltar que el servicio mínimo debe limitarse a las operaciones que sean necesarias para satisfacer las necesidades básicas de la población o las exigencias mínimas del servicio, garantizando que el alcance de los servicios mínimos no tenga como resultado que la huelga sea inoperante. Las negociaciones sobre los servicios mínimos deben celebrarse antes de haberse producido un conflicto laboral, de modo que todas las partes interesadas (autoridades públicas, organizaciones de trabajadores y trabajadoras y de empleadores y empleadoras) puedan negociar con la objetividad y la serenidad posibles” (citas omitidas).
Es claro de lo anterior, que en muchos de los servicios esenciales no basta con hacer una lista taxativa de actividades en aras de proteger a los usuarios y la economía nacional, porque evidentemente ello conlleva al factor de una prohibición exhaustiva por la fuerza de la ley irracional, desprovisto de un verdadero contenido para proteger el derecho a la huelga. Este es precisamente el problema que se detecta en los incisos impugnados. El legislador, al delimitar los derechos y las restricciones, está obligado a respetar el contenido esencial del derecho a la huelga, como un instrumento de presión que es, de última ratio en los conflictos laborales. Que si bien resulta muchas veces molesto e incómodo a los destinatarios o la economía nacional, se debe a la necesaria instrumentalización de este recurso para quienes ostentan la posición más débil de una relación laboral (de los trabajadores), y eso también debe garantizarse.
En el Dictamen N° 2019-020596 de las 19:15 horas del 25 de octubre de 2019, ya mencionado, respecto de mi posición, se dijo que:
“La normativa solo debe estar orientada a prohibir la huelga cuando este mecanismo de los trabajadores, represente una amenaza evidente y manifiesta para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. En caso contrario, no se debe privar a una gran mayoría de servidores públicos del derecho fundamental a la huelga, cuando no sea un servicio esencial, y no exista una amenaza evidente e inminente para aquellos. En los términos establecidos, implica para muchos una restricción ilegítima y un derecho que queda en la teoría, pese a estar reconocida constitucionalmente. Los criterios del Comité de Libertad Sindical, pueden efectivamente orientar a esta conclusión, toda vez que ha estimado que:
“El principio sobre prohibición de huelgas en los «servicios esenciales» podría quedar desvirtuado si se tratara de declarar ilegal una huelga en una o varias empresas que no prestaran un «servicio esencial» en el sentido estricto del término, es decir, los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (caso de Nigeria N° 2432 y Sri Lanka N° 2519)”.
“No parece apropiado que todas las empresas del Estado sean tratadas sobre la misma base en cuanto a las restricciones al derecho de huelga, sin distinguir en la legislación pertinente entre aquellas que son auténticamente esenciales y las que no lo son” (caso de Canadá N° 3057) .
En nuestro criterio, el principio de razonabilidad y proporcionalidad es fundamental en la interpretación del artículo 61, de la Constitución Política, pues debe hacerse un ejercicio por determinar que en ciertos puestos profesionales o incluso administrativos, podrían no representar un peligro, como para partir de una premisa tan exigente que permita concluir que todas las actividades conducen a la amenaza evidente e inminente para los el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad pública. Ciertamente, dicha conclusión podría no ser razonable. En este sentido, la restricción impuesta pesa indebidamente sobre el derecho fundamental establecido en la Constitución Política. Entonces, para constituirse en una prohibición absoluta y abarcar los diez incisos arriba mencionados, sostenemos que no en todos ellos podría justificarse como para suprimir un derecho fundamental. (…)
Para ello, se recurre de igual manera, al Comité de Libertad Sindical, en cuanto sostiene que:
“No constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término: la radio-televisión, los sectores del petróleo y las instalaciones petrolíferas, la distribución de petróleo para el funcionamiento del transporte aéreo, el sector del gas, el llenado de bombonas de gas y su comercialización, los puertos (carga y descarga), los bancos, el Banco Central, los servicios de seguros, los servicios de informática para la recaudación de aranceles e impuestos, los grandes almacenes y los parques de atracciones, la metalurgia y el conjunto del sector minero, los transportes, en general, incluidos los servicios, metropolitanos, los pilotos de líneas aéreas, la generación, transporte y distribución de combustibles, los servicios ferroviarios, los transportes metropolitanos, los servicios de correos, el servicio de recolección de basuras, las empresas frigoríficas, los servicios de hotelería, la construcción, la fabricación de automóviles, las actividades agrícolas, el abastecimiento, y la distribución de productos alimentarios, las plantaciones de té, café y coco, la Casa de la Moneda, la Agencia Gráfica del Estado y los monopolios estatales del alcohol, de la sal y del tabaco, el sector de la educación, empresas de embotellamiento de agua mineral, la reparación de aviones los servicios de ascensores, los servicios de exportación, los servicios de seguridad privada, excepto los servicios penitenciarios los aeropuertos, excepto los servicios de control del tráfico aéreo, las farmacias, las panaderías, la producción de cerveza y la industria del vidrio” (caso de República de Corea N° 1865, Filipinas N° 2252, Colombia N° 2355, entre otros).
(…)
Es importante retomar la Sentencia N° 2017-13786 de 11:50 horas del 29 de agosto de 2017, en el que la Sala conoció la negativa en el Departamento de Medicina Forense, de practicar las necropsias médico forense y entregar los cuerpos a los familiares por estar en huelga. En ella, se sopesó el derecho de los familiares del difunto a que se les entregara el acta de defunción y el cuerpo del fallecido, el derecho al respeto de las personas fallecidas, y la salud pública. En esta decisión, el suscrito magistrado Salazar Alvarado, adicionó una nota que señala que en los servicios esenciales debe definirse aquellos que son mínimos, que se necesitan mantener para proteger a los destinatarios de servicios esenciales de recibir una prestación suspendida por razón de huelga, al ponderar todos los derechos involucrados, se razona que:
“Dadas las particularidades, el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, es un límite al derecho a la huelga ante el advenimiento y posible infracción a derechos fundamentales. Lo anterior implica la prestación de los trabajos necesarios para una cobertura que garantice los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface. Así, en el ejercicio de la huelga que se produzca en servicios esenciales que atañen a la comunidad, debe existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos. De manera, que las medidas han de encaminarse a garantizar mínimos indispensables para la conservación de los servicios, en tanto que dicho mantenimiento no puede significar -en principio- que se exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar el funcionamiento normal del servicio, pero el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga sólo hasta extremos razonables y no hacerlo nugatorio. Reitero, que la consideración de un servicio como esencial, no puede suponer la supresión del derecho de huelga de los trabajadores que hubieran de prestarlo, sino la necesidad de disponer de medidas precisas para su conservación; o, dicho de otra forma, para asegurar la prestación de los trabajos que sean necesarios para la cobertura de los derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio, sin que exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar su funcionamiento normal. Así que, la falta de la entrega oportuna de los cuerpos que esperaban la práctica de una autopsia, atenta entonces contra el derecho a la salud de los familiares, en el entendido, que dicho concepto abarca la salud emocional, social, psicológica y espiritual”.
De este modo, concluimos que la determinación que hace el legislador de que los servicios esenciales establecidos en la reforma al artículo 376, del Código de Trabajo, son todas actividades donde se debe prohibir la huelga, no diferencia de aquellas actividades que permitan asegurar una prestación mínima de servicios y así dar cobertura al servicio, sin perjuicio de permitir el ejercicio del derecho a la huelga como un derecho fundamental, y no establecer, una prohibición absoluta”.
Con base en ese voto salvado, debo decir que coincido en que debe haber una modulación de las prohibiciones en los diferentes incisos examinados en esta oportunidad por la Sala Constitucional.
Así, se debe sostener la inconstitucionalidad en lo que respecta a los siguientes incisos:
1.- Respecto al inciso a), se estima que la posición debe reiterarse, pues entre el proyecto de ley y la legislación que definitivamente fue aprobada, se observa idéntica redacción, salvo por un signo de puntuación (coma después de “terapéuticos” y después de “usuarios y”). En ello aplica lo señalado en el voto salvado recién transcrito.
Sobre el particular, el voto salvado en la Sentencia N° 2019-020596 de las 19:15 horas del 25 de octubre de 2019, estableció que: “Debe establecerse aquellos casos en los que son auténticamente esenciales y distinguir los que no lo son. Así, la disposición que nos ocupa sobrepasa un criterio de daño sobre la salud de la población, de manera que sí incide en el derecho a la huelga, y no hace una graduación o nivelación de aquellos sectores de salud que no representan peligro para la vida de los pacientes, o incluso administrativos, que pudieran no tener mayores secuelas en el derecho a la salud de las personas. Caer en la tentación por calificar que toda huelga en la atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio, generan toda una amenaza evidente y inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, es una falacia de argumentación, porque no en todas ellas conducen a situaciones donde la pérdida de la salud o la vida humana tiene una relación directa con la falta de un servicio esencial. En consecuencia, no es legítima la técnica de la norma de prohibir toda actividad, en los servicios de salud y hospitalarios”. Incluso, es importante señalar que se promueve una expansión prohibicionista de actividades que no conllevan a amenazas sobre los bienes que en principio deben estar resguardadas, a la vida, la salud y la seguridad de las personas. Estos supuestos de protección a la salud y vida de las personas y de la población, debe interpretarse restrictivamente, es claro que no hay una ponderación adecuada del legislador a ciertas actividades que el mismo Comité de Libertad Sindical no considera como servicios esenciales, en supuestos de farmacias (sentido estricto del término), citas y atenciones médicas programadas. En este sentido, el nivel de detalle en que incurrió el legislador le hubiera permitido establecer en ellos los acuerdos necesarios sobre prestaciones mínimas entre las partes antes de inutilizar la acción sindical y los medios de presión a disposición de los trabajadores en un conflicto colectivo. Se reitera que al declarar tan exhaustivamente ciertas actividades como servicios esenciales, acota en el ordenamiento jurídico una prohibición absoluta a la huelga, sin dejar un margen de acción en favor del derecho fundamental, e implica, un ejercicio desproporcionado contra negociación colectiva y el derecho a la huelga, donde la prohibición era para el legislador la única solución posible.
2.- En cuanto al inciso b), sobre los “Servicios de seguridad pública incluyendo servicios de policía, policía judicial, cuido de instalaciones públicas, vigilancia, investigación, policía de tránsito, guardacostas, así como la custodia y atención de personas privadas de libertad en cualquiera de los sitios donde permanezcan”; sin embargo, nuevamente se encuentran actividades que son interpretadas en forma extensiva al del mantenimiento del orden público, como servicios de cuido de instalaciones públicas, vigilancia, investigación, y policías de tránsito. Se reitera que ciertamente se pudo establecer una modulación del ejercicio de la huelga para cubrir ciertos trabajadores en servicios mínimos, incluidas las funciones policiales que involucran acciones de corte civil, como son las labores administrativas policiales y de ingeniería de tránsito. En este sentido, en estas actividades no se pone en peligro en sentido estricto la vida, la seguridad o salud de la persona o de la población.
Incluso, se reitera que en la Sentencia N° 2019-020596 de las 19:15 horas del 25 de octubre de 2019, se estableció que:
“Es importante retomar la Sentencia N° 2017-13786 de 11:50 horas del 29 de agosto de 2017, (…). En esta decisión, el suscrito magistrado Salazar Alvarado, adicionó una nota que señala que en los servicios esenciales debe definirse aquellos que son mínimos, que se necesitan mantener para proteger a los destinatarios de servicios esenciales de recibir una prestación suspendida por razón de huelga, al ponderar todos los derechos involucrados, se razona que:
“Dadas las particularidades, el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, es un límite al derecho a la huelga ante el advenimiento y posible infracción a derechos fundamentales. Lo anterior implica la prestación de los trabajos necesarios para una cobertura que garantice los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface. Así, en el ejercicio de la huelga que se produzca en servicios esenciales que atañen a la comunidad, debe existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos. De manera, que las medidas han de encaminarse a garantizar mínimos indispensables para la conservación de los servicios, en tanto que dicho mantenimiento no puede significar -en principio- que se exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar el funcionamiento normal del servicio, pero el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga sólo hasta extremos razonables y no hacerlo nugatorio. Reitero, que la consideración de un servicio como esencial, no puede suponer la supresión del derecho de huelga de los trabajadores que hubieran de prestarlo, sino la necesidad de disponer de medidas precisas para su conservación; o, dicho de otra forma, para asegurar la prestación de los trabajos que sean necesarios para la cobertura de los derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio, sin que exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar su funcionamiento normal (…)”.
En apoyo, vale destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-27/21 de 5 de mayo de 2021, estableció que:
“114. La Corte destaca que el ejercicio del derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga solo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que estas sean propias en una sociedad democrática, necesarias para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Sin embargo, las restricciones que se establezcan al ejercicio de estos derechos se deben interpretar de manera restrictiva, en aplicación del principio pro persona, y no deben privarlos de su contenido esencial o bien reducirlos de forma tal que carezcan de valor práctico. En este sentido, es fundamental recalcar que, en el marco de protección del Sistema Interamericano, los miembros de las fuerzas armadas y de policía, los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, al igual que en los de servicios públicos esenciales, podrán estar sujetos a restricciones especiales por parte de los Estados en el ejercicio de sus derechos, en los términos establecidos anteriormente (supra párrs. 76 y 102 y 103). Esto no obsta a que las restricciones, para ser convencionales, deben perseguir un fin legítimo, cumplir con el requisito de idoneidad, y las medidas impuestas deben ser necesarias y proporcionales”.
En este sentido, en los párrafos 76 y 77, la Corte Interamericana coincide junto al Comité de Libertad Sindical que en el caso de los miembros de la fuerzas armadas, debe darse una interpretación restrictiva, de manera que en caso de duda, los trabajadores deberán ser considerados civiles, así el personal civil de las fuerzas armadas como en establecimientos manufactureros, bancos, y otros empleados civiles: “En caso de duda, los trabajadores y las trabajadoras deben ser considerados civiles”, y en consecuencia, se deriva de lo establecido por la Corte Interamericana que estos tienen los derechos de tales. Pero, además, establece la diferencia entre las fuerzas armadas, y la de la función policial, en la que esta última es básicamente civil, con las limitaciones que le son indispensables por el cumplimiento de su función, que en esa medida la prohibición absoluta a la huelga debe también estarse a esos trabajadores, únicamente. Así concluye que “En cualquier caso, los Estados deben garantizar que los trabajadores y las trabajadoras policiales gocen del derecho a organizarse para discutir entre ellos sus condiciones de trabajo, a peticionar a sus superiores y a las autoridades y a expresarse públicamente en forma pacífica, todo lo cual es indispensable para desarrollar su conciencia profesional”. En consecuencia de lo anterior, la ley debe ser razonable y proporcional, y dada la tradición civilista de la policía en Costa Rica, debe establecerse también en su sintonía, que a pesar del nivel de detalle de la norma, no se pondera adecuadamente los supuestos civilistas de cara a la visión de paz y de orden civil de nuestro país.
3.- En lo que se refiere al inciso c), se podría estimar lícita la necesidad de prohibir la huelga en los controladores aéreos, pero no lo es el inmediato ligamen que se hace de las otras actividades conexas como controles migratorios en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos. El punto de partida que se establece para la prohibición absoluta de la huelga a partir de una “amenaza evidente e inminente”, o en el cuestionado artículo 376, del Código de Trabajo, de “causar daño significativo” a la vida, la salud y la seguridad pública, no es posible deducirla para las otras actividades distintas al control aéreo, concretamente, si los trabajadores de estas áreas de funciones públicas deciden acordar irse a la huelga como mecanismo de presión. La proximidad e inmediatez con los bienes jurídicos protegidos, de la vida y seguridad de las personas, así como seguridad pública, a mi modo de ver desaparece, puesto que no se puede establecer en una forma racional y proporcional para justificar las limitaciones al derecho fundamental a la huelga. Si el legislador consideraba tales actividades de importancia trascendental, en aras de la protección al derecho a la huelga, debió admitir una formulación de acuerdos entre las partes de un conflicto colectivo para sentar las bases de prestaciones mínimas y garantizar un servicio esencial en el control migratorio en los puertos de entrada del país. Salvo el primer supuesto de los controladores aéreos como una actividad ligada a la evidente y clara seguridad de las personas, pero la prohibición total de la huelga en otras actividades relacionadas solo por ser consecuencia del tránsito internacional, en mi criterio, lo hace inconstitucional, y no es posible entender cuál es el ligamen que pudiera tener con respecto a la vida, salud y la seguridad pública.
4.- También, respecto del inciso d), debe establecerse que a partir de este canon se produce la afectación del derecho a la huelga a partir de múltiples interpretaciones que se le puede dar dada la redacción tan abierta de la norma, que entremezcla medicamentos, suministros o equipo médico, con otras actividades económicas, todo lo cual tiene como consecuencia la supresión de la huelga en supuestos que pueden tener gran capacidad de absorción. El problema en la interpretación de la norma es más evidente al llegar a los detalles de los posibles supuestos regulados, pues evidentemente se incluyen bienes perecederos cuya interpretación puede ir notablemente más allá de medicamentos y suministros de la salud. Se puede concluir, que persigue doblemente la salud de las personas, pero con la finalidad de aplicar una norma diseñada para dar una protección economicista de otros bienes y servicios de transporte ferroviarios, marítimos, que se mezclan con la carga y descarga en muelles y atracaderos de medicamentos, suministros o equipos médicos, como implementos de soporte a las actividades relacionadas con la salud. La dificultad radica en la forma de llevar a la práctica la prohibición absoluta con separación de las actividades tan puntuales. Además, la norma, al crear áreas grises para su aplicación, resulta con poca claridad cuando no se decanta por la protección de la vida y salud de las personas, sino que expande de forma importante la prohibición absoluta al incluir actividades ordinarias de carga y descarga de bienes perecederos, combustibles y fuentes de energía, que los órganos de la OIT no consideran actividades esenciales, ello no favorece la finalidad de la norma para proteger la salud y vida de las personas, como son actividades ordinarias y comunes de transporte público de personas. Como se ve, aunque la Sala pudiera no estar de acuerdo con la técnica legislativa al redactar una norma, que -por esa razón- no la hace inconstitucional, sí entra en conflicto con el núcleo esencial del derecho a la huelga en actividades que no tienen relación con la vida o salud de las personas, mucho menos con la seguridad pública, sino con criterios economicistas de protección al usuario y la economía nacional. Precisamente, en mi criterio, es inconstitucional por haberse decantado la norma por prohibiciones absolutas, sin haber intentado solventar estas materias con acuerdos entre las partes, para dar lugar a prestaciones mínimas como se ha venido sosteniendo en este voto salvado. Esto sin sacrificar el contenido del derecho a la huelga como expresión del derecho a la sindicación y negociación colectiva de los trabajadores.
5.- En cuanto al inciso h), es una arista más precisa y específica del inciso d), que establece la prohibición de la huelga en actividades conexas a la importación, transporte, distribución y suministro de combustible, así como actividades auxiliares de reparación. La norma abarca tanto el paro como la huelga final a los consumidores de estos productos de combustible. El Comité de Libertad Sindical no considera estas actividades como servicios esenciales. Es claro que aborda el problema desde una visión economicista y proteccionista de los usuarios finales, que protege de no paralizar el país, pero evidentemente, es algo que para tal efecto se puede obtener con una formulación de acuerdos para brindar servicios mínimos, porque no es evidente que haya una afectación a la vida, salud, y seguridades públicas. Para esta minoría, se excede la norma en establecer una prohibición total al derecho a la huelga en aquellas actividades consideradas indispensables para llevar a cabo la importación, transporte, distribución y suministro de combustible, así como reparaciones necesarias para que estos productos lleguen al consumidor final. Se reitera, es posible medios alternativos que permiten brindar servicios mínimos sin la afectación del derecho a la huelga.
En consecuencia de todo lo anterior, como queda establecido en este voto salvado, una prohibición absoluta y genérica del derecho a la huelga en estos cuestionados “servicios esenciales” debería estar adecuadamente ponderado, de modo que la prohibición solo debería ser necesaria, para cuando se establezca, una amenaza evidente y manifiesta para la vida, la seguridad o la salud, y cuando no, se debe establecer la posibilidad de acuerdos que faciliten una prestación mínima, lo que en el fondo busca resguardar los derechos de la colectividad, con la continuidad de los servicios esenciales o indispensables, sin afectar el derecho a la huelga. En razón de lo anterior, dejo salvado mi voto en estos extremos.
Nota del magistrado Salazar Alvarado.- El suscrito magistrado, además, consigno nota porque considero que es necesario reafirmar que la problemática de las restricciones al derecho a la huelga solo deben ser acordadas por el legislador en forma razonable y proporcional, en este sentido no es una licencia para establecer prohibiciones y restricciones de cualquier naturaleza, y en consecuencia, la del juez de utilizar adecuadamente su discrecionalidad judicial. En este sentido, cuando se invoca la necesidad de vincular las restricciones al derecho fundamental a la huelga para proteger y evitar lesiones a los derechos a la vida, la salud y las seguridades públicas, debe cuidarse de no caer en el uso de criterios puramente economicistas o utilitarios, que considerados en su adecuada dimensión no lesionan tales bienes. La interpretación, en consecuencia, debe ser conforme a los principios protectores de los derechos humanos y del derecho laboral.
En el Dictamen N° 2019-020596 de las 19:15 horas del 25 de octubre de 2019, indicamos el suscrito y la magistrada Picado Brenes que: “si el criterio determinante es el daño a la economía o desarrollo nacional, puede con ello conculcarse el derecho a la huelga, como lamentablemente ocurrió en la historia costarricense cuando se prohibía este derecho al sector agrario, basado en la importancia económica de la actividad para la época y en la falta de diversificación económica que sufría el país. Si bien el aspecto económico es un factor común y determinante para establecer que un servicio reviste de una determinada importancia para el país, la relevancia económica no podría ser determinante para considerarse un servicio esencial, pues podría ser un criterio que también impactaría negativamente muchos de los derechos económicos, sociales y culturales, que se mueven en ámbitos similares”. No se ignora que huelgas de larga duración provocan disrupciones importantes para la población, y que la falta de ciertos servicios pueda comprometer la vida y salud de parte o de toda la población, pero no es que no se puedan proteger los servicios de importancia trascendentales a través del establecimiento de mecanismos de planes de trabajo, de compensación y sustitución de los trabajadores en huelga como parte de soluciones temporales. Ciertamente, con esta figura se procura ponderar derechos fundamentales de los trabajadores y los derechos de salud, seguridad, vida y economía nacional. El Comité de Libertad Sindical, en su recopilación de decisiones afirma:
“866. El establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga sólo debería poder ser posible en: 1) aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (servicios esenciales en el sentido estricto del término); 2) en aquellos servicios no esenciales en el sentido estricto de los que huelgas de una cierta extensión y duración podrían provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales de existencia de la poblacio4n podrían estar en peligro, y 3) en servicios públicos de importancia trascendentales”.
Se recuerda que en el caso del artículo 661 bis, del Código de Trabajo, que la comprobación de los efectos de graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía, es eso, gravedad en el daño provocado con el movimiento huelguístico que supera razonablemente el ejercicio de este derecho fundamental, cuyo ejercicio implica con creces daños a la población, o que las consecuencias dañosas no podrá repararse, y no por provocar meras molestias a los usuarios, principalmente porque una huelga nunca es inocua en sus efectos de cara al público. Es precisamente la obligación de las partes, a pesar del conflicto colectivo, de auto regular y cumplir con servicios mínimos, los que deben negociarse antes de acudir a la huelga, porque de fondo hay una lucha y defensa de intereses de los trabajadores irresolutos, y cuando, no llegan a un acuerdo, debe el juez marcan un justo balance para no restar la efectividad del mecanismo de presión cuando se le procura garantizar la continuidad de los servicios.
En este sentido, del Comité citado, aborda este punto, para lo cual debe tomarse en consideración que:
“874. El servicio mínimo debe limitarse a las operaciones que sean necesarias para satisfacer las necesidades básicas de la población o las exigencias mínimas del servicio, garantizando que el alcance de los servicios mínimos no tiene como resultado que la huelga sea inoperante”.
De este modo, en los servicios de importancia trascendental la intervención del juez no es sino una forma que procura una solución más justa a la acción sindical de frente al conflicto colectivo, como también expedita, para el establecimiento de los servicios que se mantienen en funcionamiento, como parte del plan, ello claramente a tono y sintonía con la imparcialidad e independencia del juez. En este sentido, su intervención debe optar por las medidas menos lesivas al derecho fundamental a la huelga, que estaría en las razones que les llevó a ejercer la medida de presión, cuando ello sea procedente.
Luis Fdo. Salazar A.
1 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta
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