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Res. 12255-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/04/2026

Environmental Oversight of El Tomatal LandfillSupervisión ambiental del relleno sanitario El Tomatal

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied the amparo because the landfill had valid permits and was under administrative supervision, while directing the authorities to take note of their duty to maintain continuous oversight of its environmental conditions and discharge structure.La Sala declaró sin lugar el amparo porque acreditó la vigencia de los permisos y la supervisión administrativa del relleno, aunque ordenó tomar nota del deber de mantener vigilancia constante sobre sus condiciones ambientales y su estructura de descarga.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denied the amparo filed against the Ministry of Health and SETENA concerning the operation of El Tomatal Environmental Technology Park and the alleged transfer of solid waste from the Greater Metropolitan Area to Limón. It found that the landfill had environmental approval from SETENA and a valid health operating permit, and that the authorities had intensified inspections, issued health orders, and monitored the correction of identified technical deficiencies. The record also showed that the operator had been prohibited from receiving waste from the metropolitan area beyond the quantities contemplated in the original proposal and that a truck arriving from La Carpio had been stopped and returned. Although problems had existed with the wastewater-treatment system’s discharge structure, no discharge into the stream was occurring when the authorities filed their reports. The Chamber found no violation of fundamental rights, while reminding the Ministry of Health that it must maintain continuous oversight to protect public health and the right to a healthy environment.La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo promovido contra el Ministerio de Salud y SETENA por el funcionamiento del Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal y el supuesto traslado de residuos sólidos desde la Gran Área Metropolitana hacia Limón. Consideró acreditado que el relleno posee viabilidad ambiental otorgada por SETENA y permiso sanitario de funcionamiento vigente, y que las autoridades intensificaron las inspecciones, emitieron órdenes sanitarias y dieron seguimiento a las deficiencias técnicas detectadas. También constató que se había impedido el ingreso de residuos de la GAM no contemplados en la propuesta inicial y que un tráiler procedente de La Carpio fue detenido y devuelto. Aunque existieron problemas relacionados con la descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales, al rendirse los informes no se efectuaban vertidos a la quebrada. La Sala descartó la lesión de derechos fundamentales, pero recordó al Ministerio de Salud su deber de mantener vigilancia constante para proteger la salud pública y el derecho a un ambiente sano.

Key excerptExtracto clave

Based on the foregoing, the Chamber finds that the appellant’s allegation is unfounded. This is because it was shown that, contrary to her assertion, the project is regulated and supervised by the corresponding authorities, specifically the Ministry of Health, which has maintained constant oversight, as reflected in the proven facts of this judgment. Indeed, it was established that the landfill located in the province of Limón, specifically at El Tomatal Environmental Technology Park, has environmental impact studies approved by SETENA in favor of BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, as well as a health operating permit issued by the Ministry of Health and valid through April 28, 2026. The Ministry’s representative stated that the project had exhibited operational deficiencies, and the Ministry therefore has undertaken the corresponding interventions so that the respondent company corrects the problems identified during on-site inspections. As of the filing of the reports, the Ministry had continued monitoring the matter and the company had been complying with its requirements; during the most recent inspection, the intervention plan submitted by the company was approved and recommendations were issued to sustain actions for the proper long-term management of the landfill. Finally, according to the sworn report of the Ministry of Health’s representative, subject to the warnings—including criminal consequences—set forth in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, before 2023 the Ministry conducted an average of one to three inspections per year at the landfill. Beginning in 2024, inspections became monthly, and during February and March of the current year their frequency ranged from biweekly to weekly. All these actions therefore occurred before the authorities learned of this amparo. Accordingly, the Chamber rules out any infringement of fundamental rights and consequently denies the petition as to this claim. V.- Furthermore, Dr. Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as Acting Minister of Health, shall take note of her supervisory duty to protect public health and shall coordinate with the corresponding authorities to maintain constant inspection and control of the environmental conditions generated by the landfill, in order to protect the health of the population of the province of Limón and safeguard the right to a healthy environment.Así de lo expuesto, la Sala estima que no lleva razón la recurrente en su alegato. Esto por cuanto se demostró que contrario a lo alegado por la misma, dicho proyecto si cuenta con la regulación y la supervisión por parte de las autoridades correspondientes, específicamente por parte del Ministerio de Salud quien se ha mantenido en constante vigilancia tal como se aprecia en los hechos probados de esta sentencia. En efecto, se logró acreditar que el relleno sanitario ubicado en la provincia de Limón, específicamente en el Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal”, si cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobado por SETENA, a favor de la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, y con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, otorgado por el Ministerio de Salud. Ahora bien, la representante del ministerio recurrido indicó que dicho proyecto presentó falencias en su funcionamiento, por lo que ese ministerio ha venido realizando las intervenciones correspondientes a fin de que la empresa accionada solucione los problemas encontrados en las inspecciones realizadas in situ; situación que a la fecha en que se rinden los informes, consta que el ministerio recurrido le ha venido dado seguimiento a la problemática y que la empresa accionada ha venido cumpliendo con lo requerido por ese ministerio; siendo que en la última inspección realizada se aprobó el plan de intervención aportado por la empresa en cuestión y se emitieron recomendaciones a fin de que se mantenga a largo plazo acciones para el buen manejo del relleno sanitario. Finalmente, según lo informado bajo fe de juramento por la representante del Ministerio de Salud, bajo los apercibimientos, incluso penales, señalados en el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, antes del año 2023 ese ministerio realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno sanitario en cuestión, y a partir del año 2024 las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de los corrientes la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal; es decir, todas estas actuaciones han sido realizadas antes de tener conocimiento del presente recurso. Por lo expuesto, esta Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales y en consecuencia el recurso se declara sin lugar en cuanto a este extremo. V.- Por otra parte, deberá tomar nota la Dra. Mariela de los Ángeles Marín Mena, en calidad de ministra a.i. de Salud, sobre su deber de vigilante en la protección de la salud pública, quien deberá coordinar con las autoridades correspondientes para que se mantenga en constante inspección y control de las condiciones ambientales generadas por el relleno sanitario en cuestión, a fin de proteger la salud de la población de la provincia de Limón, así como, la tutela al derecho a un ambiente sano.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En suma, se declara sin lugar el recurso en todos los extremos."

    "In sum, the petition is denied in all respects."

    Considerando VII

  • "En suma, se declara sin lugar el recurso en todos los extremos."

    Considerando VII

  • "cuando sea necesario el traslado fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia no podrá exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano"

    "when waste must be transported outside the municipality where it is generated for treatment or final disposal, the distance may not exceed 80 kilometers from the farthest point of generation"

    Fundamentación

  • "cuando sea necesario el traslado fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia no podrá exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano"

    Fundamentación

  • "a la fecha de rendir los informes se confirmó que no se está generando vertido por parte de la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. a la quebrada."

    "as of the date the reports were filed, it was confirmed that Berthier de Costa Rica EBI S.A. was not discharging into the stream."

    Fundamentación

  • "a la fecha de rendir los informes se confirmó que no se está generando vertido por parte de la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. a la quebrada."

    Fundamentación

  • "Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Ministerio de Salud del penúltimo Considerando de esta sentencia."

    "The petition is denied. The Ministry of Health authorities shall take note of the penultimate Whereas section of this judgment."

    Por tanto

  • "Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Ministerio de Salud del penúltimo Considerando de esta sentencia."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty a.m. on diez de abril de dos mil veintiseis.

Writ of amparo (recurso de amparo) filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against the MINISTERIO DE SALUD and the SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL.

Findings:

  1. 1By a written submission filed with the Secretariat of this Chamber at 10:38 on 19 de enero de 2026, the petitioner filed a writ of amparo against the MINISTERIO DE SALUD and the SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL. He states that: “1. I am a resident of Barrio Roosevelt in the central canton of Limón, an area inhabited primarily by an Afro-descendant population that has historically been marginalized and exposed to environmental and social inequalities. This population depends on a healthy environment for its health, economy (based on tourism and ecotourism activities), and cultural preservation. 2. Since late 2025, the Ministerio de Salud has authorized the large-scale transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), without conducting prior, free, and informed consultation with the affected population, in violation of ILO Convention 169.This transfer involves as many as seven trucks per day, producing unbearable odors that affect the peace, safety, and health of Limón residents, as reported in Semanario Universidad on 9 de diciembre de 2025: ‘Limón residents report unbearable odors caused by as many as seven trucks per day transporting garbage from the GAM to the landfill.’ 3. The landfill does not have a valid discharge permit (permiso de vertido). The latest application was denied by SETENA through decision DA-1079-2024, issued at eight forty-eight a.m. on 25 de abril de 2024, due to environmental noncompliance. Despite this, modifications have been made to the project’s original design without an adequate reassessment of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EIA), hastening the exhaustion of its capacity and exposing the population to risks in an area of high rainfall. 4. On 7 de enero de 2026, I sent official letter MLV-005- 2026 to the Mayor of Limón, the Minister of Health, and the Municipal Council, demanding a technical report on the justification for the transfer and invoking Ley General de Salud N° 5395, Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, and the precautionary and preventive principles (principios precautorio y preventivo).In response, the Ministerio de Salud issued official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026 dated 13 de enero de 2026, which is evasive: it refers the matter of environmental feasibility (viabilidad ambiental) to SETENA, provides no projections regarding the landfill’s useful life, and justifies the transfer under Decreto Ejecutivo N° 44974-S (Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos), without scientific evidence of sustainability or prior consultation. 5. This practice accelerates the collapse of the landfill, potentially forcing Limón to transport its own waste outside the region, which is economically unfeasible and would worsen poverty in a marginalized province. Neither regional alternatives nor the impact on aquifers, public health, and tourism has been considered. 6. The conduct of the Ministerio de Salud and SETENA is characterized by omission and arbitrariness, endorsing unsustainable formalities without scientific evidence and violating the peace and safety of Limón residents.” (sic).Based on the allegations presented, he considers that the challenged actions are violating fundamental rights. He requests that the petition be granted, with the consequences prescribed by law. In addition, the respondent authority must state whether the email address to which the petitioner sent the request for information is designated as an official means for receiving submissions from users.
  2. 2By order issued at 20:15 on 25 de enero de 2026, the present amparo proceeding was admitted, and a report was requested from the MINISTRO AND THE DIRECTORA DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE LIMÓN, BOTH OF THE MINISTERIO DE SALUD, AS WELL AS FROM THE SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) (see electronic record).
  3. 3Allan Mora Vargas, in his capacity as Acting Minister, and Guiselle Lucas Bolivar, in her capacity as Director of the Dirección del Área Rectora de Salud de Limón, report under oath (see electronic record) as follows: “We respond to this writ of amparo on the basis of report CARTA-MS-DRRSHCARSL-00396-2026, dated 27 de enero del 2026, issued by the undersigned, Dr. Guiselle Lucas Bolívar, Director of the Dirección del Área Rectora de Salud Limón, which states the following in connection with this writ of amparo: ‘ONE: The petitioner is incorrect in claiming that this ministry has been “evasive” in responding to his requests, because the information concerning the landfill’s useful life was provided to him through official letter CARTA-MSDRRSHC-ARSL-1331-2025, which stated: “CONCLUSIONS Based on the information available to date, the useful life of the Relleno Sanitario de Limón is estimated at approximately 29 years, according to the latest operational report.The Ministerio de Salud is currently awaiting the technical documents requested from the operating company in order to conduct a detailed verification of that projection. No significant increase has been identified in the volume of incoming waste that could affect the projected useful life of the landfill. The site is monitored quarterly, making it possible to detect and assess potential changes in its disposal capacity. Technical and regulatory monitoring will continue to ensure compliance with the regulations in force and proper management of the site.” As stated in the aforementioned official letter, official letter CARTA-MS-DRRSHCARSL-00158-2026, to which the petitioner refers, is supported by the Informe técnico de vigilancia estatal de rellenos sanitarios, Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón, MS-DSA-UGSA-385-2025, signed by Eng. Ricardo Morales Vargas, Head of the Unidad de Gestión en Salud Ambiental, and Eng.Lourdes Sánchez Delgado, Civil Engineer, DSA-UGSA, which is the most up-to-date report from the central level and states: “…CONCLUSIONS: 3) Useful-life analysis: The calculation of the project’s useful life is limited due to the absence of detailed information regarding the base of the cell…” It should be noted that the foregoing information had already been requested from the regulated party (administrado) through health order (orden sanitaria) MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS, against which the company filed a formal motion for reconsideration with an appeal in the alternative (recurso de revocatoria con Apelación en subsidio). That motion was decided through decision MSDM-LB-2594-2025, signed by Dr. Mary Munive Angermüller, Ministra de Salud, and served on 15 de diciembre del 2025, which determined: “…to deny the Appeal filed by Julien Chanbonneau against Health Order MS-DRRSHC-ARSL-0063-2025, MSDRRSHC-ARSL-0063-2025-OS, issued on 14 de marzo de 2025 by Lic. Fanny Madrigal Núñez, an official of the Dirección Área Rectora de Salud de Limón, Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, because inspections conducted by the authorities of the aforementioned Área Rectora de Salud determined that the landfill has technical inconsistencies that must be corrected; accordingly, the proper course is to uphold the challenged administrative act (acto administrativo) in its entirety, and it is hereby affirmed through this decision.” In compliance with due process (debido proceso), and after a reasonable period had been allowed following service of the ministerial decision without any record of compliance with the order, this ministry issued health report CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0444-2026 concerning noncompliance with artículo 378 Bis de la Ley General de Salud, through CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0444-2026, and proceeded to issue official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0446-2026 pursuant to art.314 del Código Penal regarding the corresponding complaint before the courts.Likewise, from the standpoint of sound judgment and logic, and based on the principles of reasonableness and proportionality, the technical rule was applied solely to assess the degree of noncompliance by the company Berthier EBI de Costa Rica SA; the resulting score indicates that closure should not be ordered. All of the foregoing was forwarded to the higher level for any appropriate instructions or considerations. Official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0087-2026, prepared by Eng. Magdiel Collado Trejos, contains the data provided by the operator of the Parque Ambiental, including projections of its useful life based on the average quantity of solid waste entering the landfill each day. This information is supplied quarterly by the operator of the Parque Ambiental, as provided in art. 35 del Reglamento de parques ambientales para la separación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos N° 44421-S, and projects an estimated useful life of 15 years with an average daily incoming volume of 200 Toneladas.Nevertheless, we reiterate what was already stated in the State Oversight report and the health order: as of this date, the operational report for the final period of 2025 has not been received, so the most recent projection is unavailable, and the administrative measures described above were therefore issued. TWO: Regarding the inquiry concerning decision DA-1079-2024, that inquiry was duly answered for the petitioner through official letter CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025, which informed him: “…Warm greetings. In response to the request, Dr. Aura Baltodano Madrigal of the departamento de servicios de salud conducted an analysis through report CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, which states the following. Regarding the discharge permit of Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A, in its capacity as a generating entity (ente generador), legal entity identification number 3-101-215741, and in follow-up to decision DA-1079-2024 of veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, which DENIES that permit, administrative act MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS was served; the regulated party complied with it, and the health order was lifted through official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…” The record shows that the official letter was duly served, and the petitioner therefore has the information.

THREE: According to the Regulation for the Regionalized Management of Ordinary and Organic Solid Waste in Costa Rica No. 44974-S (Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica No. 44974-S): “Article 10: Transportation of ordinary solid waste (residuos sólidos ordinarios), distances, and exceptional cases. The transportation of ordinary solid waste must simultaneously comply with two fundamental conditions: 1. The management of ordinary solid waste must be carried out within the corresponding region, in accordance with the boundaries established by the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), pursuant to Article 4 of these Regulations, except in those cases covered by Article 8 of these Regulations. 2. When ordinary solid waste must be transported outside the municipal territory where it is generated for treatment or final disposal (disposición final), the distance to the Environmental Parks (Parques Ambientales) must not exceed 80 kilometers from the most distant point of generation.

In cases where this distance is exceeded, the use of Transfer Stations (Estaciones de Transferencia) shall be mandatory to optimize transportation and ensure efficient operation within the same region. Transfer Stations: must be strategically located within the territory of the generating municipality or, failing that, within the territories of the municipalities that are parties to an intermunicipal agreement, respecting a radius of influence of up to 45 kilometers. These facilities must have the infrastructure necessary to ensure efficient logistical operations and protection of the environment and public health, pursuant to Chapter XI, ‘On Transfer Stations,’ of Decreto Ejecutivo N° 36093-S, Regulations on the Management of Ordinary Solid Waste, published on 16 de agosto de 2010. Strategies must also be implemented to prevent traffic congestion and optimize transportation flows. Exceptional circumstances: When transportation to another region is required because infrastructure is under development or maintenance, or because another region has approved technologies that are more advanced or efficient, the following information must be submitted for review to the Dirección Regional de Rectoría de la Salud where the canton is located: a. A detailed technical report explaining the reasons for the exception and specifying whether it is due to: .

Infrastructure development in the original region. . Maintenance work requiring operations at treatment or final-disposal sites to be halted. . An exceptional circumstance (for example, natural disasters, health emergencies, maintenance). b. A comparative analysis of the technological capabilities of the regions involved, when more advanced or efficient technologies exist. c. The proposed destination for treatment, recovery (aprovechamiento), or final disposal. d. Evidence that the receiving site complies with national regulations. e. A plan that includes: . Strategies for managing ordinary solid waste during the exception period. . A detailed schedule of transportation activities. . Mechanisms to minimize environmental and public-health impacts. These exceptions shall have a maximum duration of 1 year from the entry into force of these Regulations, during which each region must work on developing its infrastructure.” (…) It is important to note that the Área Rectora de Salud de Limón conducts monthly technical monitoring of the physical, sanitary, and operating conditions at the Parque Tecnológico, thereby ensuring constant monitoring of the facility and applying the corresponding administrative measures if breaches of the regulations are identified within the scope of our authority.” Likewise, through official letter N°CARTA-MS-DGS-0275-2026 dated 30 de enero del 2026, signed by Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General de Salud, the following was reported: “(…) Given that the appellant’s request specifically concerns the transportation of ordinary solid waste from the GAM to the Limón sanitary landfill (relleno sanitario) (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), I hereby report that this Dirección General de Salud requested the relevant information from the Direcciones Regionales within the GAM; details of the exceptions granted are provided below: • Municipalidad de Paraíso: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: Exception granted through CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: Exception granted through CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipalidad de Curridabat: Exception granted through MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipalidad de Alajuelita: Exception granted through RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025.

It is important to note that these authorizations remain valid until 28 de abril of this year. (…)” (sic) CONCLUSION Based on the foregoing, it is determined that the actions of the Ministerio de Salud authorities are fully compliant with the law, since the applicant was provided with a response to the information requested through official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-1331-2025, on 24 de marzo del 2025, issued by the undersigned, Dra. Guiselle Lucas Bolívar. In addition, more up-to-date information concerning the appellant’s inquiries was provided through official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026, dated 13 de enero del 2026, signed by Dra. Aura Baltodano Madrigal, who at that time was Acting Director of the Área Rectora de Salud de Limón. In that latest letter, with respect to the requested information concerning: The factual, legal (including any manifest illegality), and technical grounds supporting this practice, in accordance with the environmental feasibility (viabilidad ambiental) established in Ley N°8839 and the precautionary and preventive principles (principios precautorio y preventivo).

The appellant herein was informed as follows: “Regarding the transportation of waste between regions, compliance is required with Decreto Ejecutivo N°44974-S, ‘Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica,’ specifically Articles 9 and 10, under the item ‘…. Exceptional circumstances: When transportation to another region is required because infrastructure is under development or maintenance, or because another region has approved technologies that are more advanced or efficient, the matter must be submitted for review to the Dirección Regional de Rectoría de la Salud where the canton is located…’ Accordingly, the inquiry will be forwarded to the higher level for analysis and response in conjunction with the issuers of those authorizations.” That inquiry submitted to the higher level was addressed through official letter N°CARTA-MS-DGS0275-2026 dated 30 de enero del 2026, signed by Dr. Bernny Villareal Cortés, in which the following was stated: “(…) In view of the foregoing, it is concluded that the application of Article 10 of Decreto Ejecutivo N°44974-S establishes a regional-level technical-review procedure, initiated at the request of the entity responsible for the service, and not a general authorization issued ex officio by the central level of the Ministerio de Salud.” In addition, with respect to the requests concerning the transportation of ordinary solid waste from the GAM to the Limón sanitary landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), the exceptions granted to certain GAM municipalities are attached together with the corresponding documentation.

Accordingly, we consider that this Ministerio has not in any way violated the fundamental rights of the appellant herein. Please be advised that the email address used by the Despacho Ministerial to receive correspondence is: [email protected].” They request that the appeal be dismissed.

  1. 4Andrés Cortez Orozco, in his capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), reports under oath (see electronic record) in the following terms: “FIRST: Before addressing the points raised in the amparo action against SETENA, it is clarified that the project in question corresponds to expediente FEAP-0242-2004-SETENA, entitled “Limón Sanitary Landfill,” which has had environmental viability since the year 2008, when the environmental impact studies for the development of said project were approved; environmental viability was granted through Resolution N° 0914-2008-SETENA. According to the resolution, the project description is as follows: … Cadastral Plan No.: L-689751-87, Project Description: Construction of a sanitary landfill with a capacity of 80 tons of garbage per day, on a 45 ha property (cadastral plan L-689751-1987). The Landfill will occupy 86,177.00 m2…The environmental control and monitoring instruments established for the “Limón Sanitary Landfill” project include: ● Environmental Guarantee Deposit: ₡ 7 300 000,00 and valid until 27/05/2026 ● Environmental Logbook: It is enabled, has been collected, and is at the Project Area. ● Environmental manager: Name: GAPRO, S.A., represented by José Miguel Díaz Miranda; Registration EC-04-02, ACTIVE until 17/09/2029. ● Environmental responsibility reports: every 6 months during the operational phase; the latest Environmental Responsibility Report submitted was dated 10/01/2026, corresponding to the second half of 2025. As established, the next Environmental Responsibility Report must be submitted in July 2026 (…) THIRD: Regarding the merits of the allegations: First Allegation: This concerns the appellant’s own assertions and statements or assessments, on which it is not appropriate for us to rule.Second Allegation: This does not concern acts attributable to this State authority, but rather acts attributable to the Ministry of Health. In view of the assertions made in the amparo action, it is clarified that SETENA has not granted any approval to bring solid waste from other areas of the country to the Limón sanitary landfill; nevertheless, this specific matter exceeds the statutory powers vested in this Secretariat, since its institutional responsibility lies in ensuring compliance with the environmental commitments undertaken under the environmental viability approval and in overseeing the environmental control and monitoring instruments (ICOS). Direct enforcement of the Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N°8839) falls within the jurisdiction of the Ministry of Health. Third Allegation: Regarding the discharge permit referenced in the amparo action, identified by official letter number DA-1079-2024, it is a permit that, by virtue of institutional jurisdiction, falls within the purview of the Water Directorate of MINAE and is not granted by SETENA, as Mr. [Name 001] states.Furthermore, the assertion made regarding modifications to the project is unfounded, since every modification to the original design must be reviewed by SETENA, and to date no application whatsoever has been filed; moreover, Mr. [Name 001] does not specify what type of modification he is referring to in that assertion, nor does he provide evidence demonstrating such modifications. Fourth Allegation: As correctly indicated in point 4, the official letter was sent to the Mayor of Limón, the Minister of Health, and the Municipal Council of Limón; therefore, SETENA is unaware of the scope of the inquiries and questions raised by Mr. [Name 001] in official letter MLV-005-2026, since it was never addressed to this institution. Sixth Allegation: Point 5 concerns statements or assumptions made by the petitioner and conjectures that are not supported by data, reports, or projections establishing the actual condition of the landfill in question, and it is the responsibility of the Ministry of Health to determine its capacity or useful life.Sixth Allegation: Mr. [Name 001] includes this Secretariat in his conclusions, even though no request containing questions, complaints, or requests for clarification has been submitted to SETENA, and the sanitary landfill is subject to environmental monitoring and control by this Secretariat. As specified above, this Secretariat has complied, in accordance with its functions, with the provisions of the applicable regulations; the project underwent the proper initial environmental assessment process, and after its conditions were evaluated, environmental viability was granted in the year 2008 through Resolution N°0914-2008-SETENA. It is important to clarify, however, that environmental viability is not itself a permit, but rather constitutes a prerequisite for the developers of the various THIRD: Regarding the merits of the allegations: First Allegation: This concerns the appellant’s own assertions and statements or assessments, on which it is not appropriate for us to rule.Second Allegation: This does not concern acts attributable to this State authority, but rather acts attributable to the Ministry of Health. In view of the assertions made in the amparo action, it is clarified that SETENA has not granted any approval to bring solid waste from other areas of the country to the Limón sanitary landfill; nevertheless, this specific matter exceeds the statutory powers vested in this Secretariat, since its institutional responsibility lies in ensuring compliance with the environmental commitments undertaken under the environmental viability approval and in overseeing the environmental control and monitoring instruments (ICOS). Direct enforcement of the Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N°8839) falls within the jurisdiction of the Ministry of Health. Third Allegation: Regarding the discharge permit referenced in the amparo action, identified by official letter number DA-1079-2024, it is a permit that, by virtue of institutional jurisdiction, falls within the purview of the Water Directorate of MINAE and is not granted by SETENA, as Mr. [Name 001] states.Furthermore, the assertion made regarding modifications to the project is unfounded, since every modification to the original design must be reviewed by SETENA, and to date no application whatsoever has been filed; moreover, Mr. [Name 001] does not specify what type of modification he is referring to in that assertion, nor does he provide evidence demonstrating such modifications. Fourth Allegation: As correctly indicated in point 4, the official letter was sent to the Mayor of Limón, the Minister of Health, and the Municipal Council of Limón; therefore, SETENA is unaware of the scope of the inquiries and questions raised by Mr. [Name 001] in official letter MLV-005-2026, since it was never addressed to this institution. Sixth Allegation: Point 5 concerns statements or assumptions made by the petitioner and conjectures that are not supported by data, reports, or projections establishing the actual condition of the landfill in question, and it is the responsibility of the Ministry of Health to determine its capacity or useful life.Sixth Allegation: Mr. [Name 001] includes this Secretariat in his conclusions, even though no request containing questions, complaints, or requests for clarification has been submitted to SETENA, and the sanitary landfill is subject to environmental monitoring and control by this Secretariat. As specified above, this Secretariat has complied, in accordance with its functions, with the provisions of the applicable regulations; the project underwent the proper initial environmental assessment process, and after its conditions were evaluated, environmental viability was granted in the year 2008 through Resolution N°0914-2008-SETENA. It is important to clarify, however, that environmental viability is not itself a permit, but rather constitutes a prerequisite for the developers of the various projects to apply for permits from the State authorities that do issue permits, namely the Municipality of Limón, the Ministry of Health, the Water Directorate, and others that must also oversee the operation of such projects.As shown in point FIRST, this Secretariat has proceeded in accordance with the applicable regulations; to date, the developer is current with the environmental control and monitoring instruments (ICOS), which constitute the benchmark for measuring compliance with the environmental commitments undertaken by the developer in the environmental viability proceeding.” He requests that the action be dismissed.
  2. 5In a written submission dated 03 de febrero de 2026, the petitioner states as follows: “First, I reiterate the initial assertions set forth in my amparo petition (recurso de amparo), which have not been adequately addressed or rebutted by the respondents. As a resident of an area inhabited predominantly by an Afro-descendant population that has historically been marginalized and exposed to environmental inequalities, I denounce the fact that, since late 2024, the large-scale transfer of ordinary solid waste from the Greater Metropolitan Area (GAM) to the Limón sanitary landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal) has been authorized without the prior, free, and informed consultation of the affected population, in violation of Convention 169 of the International Labour Organization (ILO). This transfer, involving up to seven trucks per day, produces unbearable odors that affect the peace, safety, and health of the people of Limón, as documented in Semanario Universidad on 9 de diciembre de 2025.Furthermore, the landfill does not have a current discharge permit (permiso de vertido), which was denied by the Direccion de Aguas through resolution DA-1079- 2024 of 25 de abril de 2024 due to environmental noncompliance. Despite this, modifications have been made to the original design without an adequate reassessment of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EIA), accelerating the exhaustion of its capacity in an area of high rainfall. This arbitrary failure to act by the Ministerio de Salud and SETENA endorses unsustainable formalities without scientific evidence, violating the peace and safety of the people of Limón. The respondents’ joint report, however, is tangential and ambiguous, because it avoids responding directly to my central allegations and confines itself to general regulatory citations and references to prior documents, without providing concrete evidence or in-depth analysis.Worse still, there is an evident contradiction between this report and health order (orden sanitaria) MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS, issued on 14 de marzo de 2025, which acknowledges serious technical inconsistencies at the sanitary landfill, including the absence of detailed information regarding the base of the cell, thereby limiting the calculation of its useful life. While the joint report seeks to minimize the problem by referring to outdated and evasive projections (such as the estimate of 29 years in official letter CARTA-MSDRRSHC-ARSL-1331-2025, based on unverified data), the health order and the resolution upholding it (MS-DM-LB-2594-2025 of 25 de noviembre de 2025) confirm instances of noncompliance that are accelerating the site’s collapse. This internal contradiction demonstrates the lack of consistency in the respondents’ conduct, violating the principle of administrative congruence (principio de congruencia administrativa) and the duty to state the grounds for official acts (deber de motivación de los actos) (artículo 16 of the Ley General de la Administración Pública, LGAP, N° 6227).The respondents attempt to trivialize this matter by arguing that the previous responses are sufficient, when they are in fact contradictory and unsupported. For example, regarding the landfill’s useful life, inconsistent assertions are made: report MS-DSA-UGSA-385-2025 (the most current) concludes that the calculation is limited by the absence of data regarding the base of the cell, whereas projections submitted by the operator (official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0087-2026) estimate 15 years with an average intake of 200 metric tons per day, without accounting for the massive increase caused by transfers from the GAM. These assertions lack technical evidence and any factual or legal basis, because they do not include updated volumetric capacity studies, hydrogeological analyses, or projections based on verifiable scientific data. This violates the in dubio pro natura principle (principio in dubio pro natura), which requires doubts to be resolved in favor of environmental protection (Sala Constitucional, voto N° 2012-014591), and artículo 16 of the LGAP, which requires administrative acts (actos administrativos) to be supported by sufficient and noncontradictory reasons.Furthermore, the respondents permit the indiscriminate transfer of solid waste from the GAM without the essential technical studies, contrary to the environmental feasibility approval (viabilidad ambiental) issued specifically for the population of Limón in 2008 (resolution SETENA N° 914- 2008). The increase in the volume of waste unquestionably requires a modification of the environmental feasibility approval, in accordance with scientific and technical principles (Ley N° 8839, artículo 8) and environmental regulations (Ley de Biodiversidad N° 7788). At a minimum, the harm represented by the massive arrival of solid waste from the GAM should have received the approval of Limón’s Afro-descendant population, pursuant to the duty of constitutional review (deber de control de constitucionalidad) (artículo 7 of the Constitución Política) and the regulations in force concerning solid waste, third-generation rights (collective environmental rights), and artículo 50 of our Constitution, which guarantees a healthy and ecologically balanced environment.The failure to conduct prior consultation violates ILO Convention 169, ratified by Costa Rica through Ley N° 7316, which requires consultation with Indigenous and tribal peoples (including Afro-descendant communities) regarding measures that directly affect them. The respondents’ assertions are inconsistent with constitutional case law (jurisprudencia constitucional) concerning the management and disposal of solid waste. The Sala Constitucional has repeatedly held that waste management must prioritize risk prevention and regional equity (votes N° 2015-001234 and N° 2020-015678), rejecting practices that overburden marginalized regions such as Limón. The respondents do not even provide a description of the classification of the solid waste that the people of Limón are receiving from the GAM, but merely issue general opinions concerning an extremely complex situation. This requires thorough coordination between the Ministerio de Salud and SETENA, which, through their failure to act, are violating the terms of the environmental feasibility approval granted under highly specific conditions in 2008.Accordingly, a rigorous technical and legal analysis of the joint report of the respondent authorities is required so that the fundamental rights of the people of Limón are not rendered ineffective, including the duty to conduct public consultation under ILO Convention 169. The report avoids these issues, trivializing the impact on aquifers, public health, and tourism, and accelerating the collapse of the landfill, which would force Limón to transfer its own waste outside the region—an economically unviable measure that would worsen poverty in our province. In light of the foregoing, I respectfully request that this Honorable Chamber grant the amparo petition, order the immediate suspension of waste transfers from the GAM to the Limón landfill, require independent technical studies and prior consultation with the affected population, and order the respondents to pay costs for their arbitrary failure to act. This is a matter of environmental justice and dignity for Limón; let us not allow this flagrant violation to continue” (see electronic record).
  3. 6In a written submission dated 03 de febrero de 2026, the petitioner states as follows: “With due respect and in the exercise of my right to defense and to an adversarial proceeding in this constitutional protection proceeding (amparo), I address you to formally report, on substantiated grounds, a serious omission by the respondent authorities (Ministerio de Salud and SETENA) that renders the proceeding absolutely null and void and places the right of the inhabitants of the provincia de Limón to a healthy and ecologically balanced environment (art. 50 Constitución Política) at imminent risk. 1. The respondent officials themselves have entered evidence into the case file revealing the technical, health, and environmental deficiencies of the receiving site. Through health order (orden sanitaria) MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025 (14 de marzo de 2025), served by the Área Rectora de Salud de Limón and upheld in all respects by the Ministra de Salud through resolution MS-DM-LB-2594- 2025 (25 de noviembre de 2025), the company Berthier EBI de Costa Rica S.A. was ordered to correct multiple serious instances of noncompliance: • Absence of daily waste cover (noncompliance with art. 19 del D.E. 44421-S). • Embankment slopes ranging from 30 % to 45 % without an annual structural monitoring program. • Lack of information regarding the base of the cells and the calculation report (memoria de cálculo), which prevents calculation of the site’s actual operational life (vida útil). • Incomplete gas extraction and control systems (18 stacks installed without meeting the 40 m coverage radius). • Surface accumulation of leachate (lixiviados) in the active cell (follow-up report MS-DRRSHC-ARSL-06912-2025, 8 de diciembre de 2025). • Technical report MS-DSA-UGSA-385-2025 (diciembre 2025) confirms that “calculation of the project’s operational life is constrained by the absence of detailed information regarding the base of the cell.” All these documents were submitted by the respondent authorities themselves and are included in the case file.Nevertheless, the Ministerio de Salud and SETENA have authorized (or tolerated) the large-scale transfer of waste from populous cantons of the GAM (Escazú, Curridabat, Belén, Alajuelita, Paraíso, Oreamuno, Jiménez, etc.) to the El Tomatal site through exceptions authorized under art. 10 del D.E. 44974-S (Letters MS-DRRSCE-0518-2025, MSDPRSA-USA-1042-2025, MS-DRRSCS-1848-2025, MS-DRRSCN-URS-IT-1099- 2025, MS-DRRSCS-2979-2025, among others), without conducting the technical analysis required by the precautionary and preventive principles (principios precautorio y preventivo) (arts. 1, 2, 4, 7, 262, 263 y 340 Ley General de Salud; settled case law of this Chamber: Votos 07728-2004, 2019- 02019, 2020-01234, among many others). 2. The transfer lacks even the most basic analysis of its advisability for the Limón community. The documents submitted by the respondents themselves establish that: • The waste comes primarily from densely populated cantons of the GAM (Escazú, Curridabat, Belén, etc.). • The straight-line distance exceeds 117 km (farthest point San Vicente de Belén → PTA Limón: 122,34 km according to Google Earth). • There is no comparative technical and economic study demonstrating that transfer to Limón is the most viable and efficient option with the least environmental impact (minimum requirement under art. 9 D.E. 44974-S). • The risk of premature exhaustion of the El Tomatal site has not been assessed, and its actual operational life still cannot be calculated because the underlying calculation report is unavailable (Report MS-DSA-UGSA-385-2025). • Limón is an area with high tourist visitation; a public-health collapse like the one that occurred before 2009 would generate exorbitant costs and seriously affect the local economy.This omission flagrantly violates the precautionary principle (principio de precaución) (Declaración de Río 1992, art. 15; binding case law of this Chamber) and the State’s duty to protect diffuse interests (intereses difusos) (art. 50 Constitución). 3. Specific request. For the reasons stated and pursuant to arts. 50, 129 Constitución Política; 1, 2, 4, 7, 262, 263, 340, 341, 355, 356 Ley General de Salud; 8, 9 y 10 D.E. 44974-S; 378 y 378 bis LGS; and the case law of this Chamber (Votos 07728-2004, 2019-02019, 2020-01234, 2022-00123, among others), I formally request: 1. That the Ministerio de Salud and SETENA be ordered, within the mandatory period of 48 hours, to conduct and submit to this case file a rigorous, exhaustive, and independent technical analysis of: • The actual operational life of PTA El Tomatal, using updated calculation-report data and SETENA environmental feasibility (viabilidad ambiental). • The health, environmental, and economic impacts on the Limón community of the large-scale transfer of waste from the GAM. • Effective compliance with the requirements of art. 9 D.E. 44974-S in each exception authorization granted. 2.That any additional transfer of waste from the GAM to PTA El Tomatal be provisionally suspended until compliance with the legal and constitutional requirements has been established. 3. That the amparo be granted and full reparation be ordered for the harm caused to diffuse interests” (see electronic record).
  4. 7By a ruling issued at diecinueve horas diez minutos del ocho de febrero de dos mil veintiséis, the reporting justice expanded the scope of the proceeding and requested a report from the MAYOR AND THE PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF LIMON (see electronic record).
  5. 8In a written submission filed with the Secretaría de esta Sala, the petitioner submits a document entitled “Formal Referral of official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00645- 2026 dated 09 de febrero de 2026, signed by Dra. Guisselle Lucas Bolívar in her capacity as Directora del Área Rectora de Salud de Limón. Request for interim measures (medidas cautelares) to safeguard the fundamental rights of the population of the Provincia de Limón, in expediente 25-036064-0007- CO,” in which he states the following: “Esteemed Justices: I address this honorable Sala Constitucional in my capacity as petitioner, [Nombre 001], representative of the Asociación para el Desarrollo de la Ecología, within the framework of expediente 25-036064-0007-CO, for the purpose of formally referring official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00645-2026, dated 09 de febrero de 2026, signed by Dra. Guisselle Lucas Bolívar in her capacity as Directora del Área Rectora de Salud de Limón.That document responds to a previous request for information concerning the exceptional authorizations granted for the disposal of solid waste from seven cantons of the Gran Área Metropolitana (GAM) at the sanitary landfill (relleno sanitario) in the Provincia de Limón. However, far from constituting an adequate and proportionate response, the aforementioned official letter reveals irrational and disproportionate administrative action lacking any technical and scientific basis, which flagrantly violates the fundamental rights of the population of Limón enshrined in the Constitución Política de la República de Costa Rica and in the environmental and health regulations currently in force. Below, I set out in detail the grounds for this criticism and request that this Sala immediately adopt interim measures to safeguard the collective interests at stake. I. Background of the Facts and Criticism of the Administrative Action The official letter being referred reports on the exceptional authorizations issued by various regional health directorates to the municipalities of Paraíso, Oreamuno, Jiménez, Belén, Escazú, Curridabat and Alajuelita, allowing the disposal of their solid waste at the Limón sanitary landfill.These authorizations are detailed as follows: • Municipalidad de Paraíso: CARTA-MS-DRRSCE-0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: CARTA-MS-DRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: CARTA-MS-DPRSA-USA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: CARTA-MS-DRRSCN-URS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: CARTA-MS-DRRSCS-1848-2025. • Municipalidad de Curridabat: MS-DRRSCS-0162-2026. • Municipalidad de Alajuelita: RESOLUCIÓN-MS-DRRSCS-2979- 2025. They remain in effect until 28 de abril de 2026, without specifying interim deadlines, medium- or long-term alternative solutions, or prior assessments of the sanitary landfill’s capacity. This measure was adopted without consulting the Limón community, casually authorizing the indiscriminate arrival of waste from elsewhere, which is entirely irrational and disproportionate. First, this action disregards the environmental approval (viabilidad ambiental) granted to the sanitary landfill in 2008 through an administrative resolution issued by the Ministerio de Salud and SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), which was designed exclusively to meet the needs of a specific population in the Provincia de Limón and did not contemplate the additional volume originating from the GAM.This approval, based on the Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554, artículo 17 y siguientes), requires environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental, EIA) that consider the site’s carrying capacity (capacidad de carga), health risks and long-term sustainability. By failing to anticipate the exponential increase in waste (estimated at thousands of tons per month originating from seven cantons), the environmental precautionary principle (principio de precaución ambiental), enshrined in artículo 50 of the Constitución Política, is violated; this principle requires the State to guarantee a healthy and ecologically balanced environment. Second, the absence of prior consultation (consulta previa) with the Limón community contravenes the principle of citizen participation (principio de participación ciudadana), established in the Ley de Biodiversidad (N° 7788, artículo 6) and the Convención sobre Acceso a la Información, Participación del Público en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convenio de Aarhus, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 8295).The local population, as the party primarily affected, has neither been informed nor consulted about a decision that places its health and well-being at risk, heightening dangers such as aquifer contamination, toxic gas emissions and the proliferation of disease vectors, in violation of the Ley General de Salud (N° 5395, artículos 147 y 148), which prohibits actions that endanger public health without mitigation measures (medidas mitigadoras). Moreover, the failure to determine the sanitary landfill’s useful life (vida útil)—an essential technical requirement under the Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Ejecutivo N° 38271-S-MINAE, artículo 22)—exposes the Provincia de Limón to imminent collapse in the medium or short term, leaving its inhabitants without an adequate site for the disposal and treatment of their own waste. This omission lacks any scientific or technical basis because it is not founded on hydrogeological studies, volumetric-capacity studies or demographic projections, thereby contravening the principle of administrative rationality (principio de racionalidad administrativa) (Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, N° 8508, artículo 11).By recording these authorizations without defined time limits or alternative solutions, the Directora del Área Rectora de Salud de Limón acts to the detriment of local rights, prioritizing external interests without proportionate justification. II. Violation of Fundamental Rights and Applicable Law The challenged action infringes fundamental constitutional rights, including: • Right to a healthy environment (derecho a un ambiente sano) (artículo 50 de la Constitución Política): The case law of this Sala (for example, sentencia 2009- 014567) has established that any measure increasing environmental risks must undergo rigorous assessments and community consultation (consulta comunitaria), under penalty of nullity. The indiscriminate disposal of external waste accelerates the landfill’s saturation, generating toxic leachate (lixiviados tóxicos) and pollutants that threaten Caribbean biodiversity and public health, in contravention of the Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos (Decreto Ejecutivo N° 36003-S). • Right to health (derecho a la salud) (artículo 21 de la Constitución Política y Ley General de Salud, N° 5395): Prolonged exposure to waste without adequate controls increases the incidence of respiratory, dermatological and vector-borne diseases, particularly in vulnerable communities in Limón.In decisions such as 2015-002345, this Sala has recognized that such risks justify immediate interim measures to prevent irreparable harm. • Principle of proportionality and reasonableness (principio de proporcionalidad y razonabilidad) (artículo 11 de la Constitución Política): The measure is disproportionate because it fails to balance the temporary benefits for the GAM against the permanent harm to Limón, violating the proportionality test (test de proporcionalidad) established in constitutional case law (sentencia 2018-010234). There is no compelling necessity or less harmful alternative, such as implementing regional landfills in the GAM. • Right to participation and nondiscrimination (derecho a la participación y no discriminación) (artículos 9 y 33 de la Constitución Política): The Provincia de Limón, historically marginalized, is being turned into a “dumping ground” for metropolitan waste without having any voice in the decision, thereby constituting territorial discrimination (discriminación territorial) prohibited by the Ley contra la Discriminación (N° 9342).III. Request for Interim Measures Given the imminent and irreparable risk to the population of Limón, I request that this honorable Sala immediately adopt interim measures, pursuant to artículo 48 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135), consisting of: 1. The provisional suspension (suspensión provisional) of the exceptional authorizations detailed in the referred official letter until a comprehensive environmental impact assessment and community consultation have been conducted. 2. An order directing the Ministerio de Salud to determine the useful life of the Limón sanitary landfill based on independent technical studies and to propose medium- and long-term alternative solutions for the GAM. 3. The imposition of strict time limits and continuous monitoring for any future disposal, ensuring compliance with health and environmental standards. These measures are warranted in light of the evidence of an imminent violation, as this Sala has held in analogous cases (e.g., sentencia 2020-005678 concerning sanitary landfills).”
  6. 8ANA JANNIEL MATARRITA MC CALLA, in her capacity as the principal mayor of the Municipalidad del Cantón Central de Limón, reports under oath (see electronic record) as follows: “According to the petitioner, he sent official letter MLV-005-2026, dated 07/01/2026, to the personal institutional email address; however, he provides no evidence thereof. Accordingly, it is stated that the only email address enabled to receive inquiries is [email protected]. Thus, in the undersigned’s opinion, Mr. [Nombre 001]’s right to a response has not been violated, and I therefore respectfully proceed to answer each of the questions raised. To ensure that the information provided to the petitioner is accurate and current as of today, EBI de Costa Rica S.A. was asked to certify the information concerning the useful life of the sanitary landfill (relleno sanitario); that certification will be incorporated into the case file (expediente) once submitted, because the deadline for responding to the amparo proceeding (recurso de amparo) is shorter than the period granted by law for the company to submit its response to the Municipality.ANNEX ONE, AML-0636-2026 with confirmation of email receipt. RESPONSE TO POINTS ONE AND THREE, ACTIVITY REPORT. To report on the actions taken by this municipality against “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A,” in the interests of the population of Limón, due to the transfer of waste from the Gran Área Metropolitana (GAM) to the sanitary landfill known as “El Tomatal,” in Santa Rosa de Limón, the following facts are noted: FIRST: On 06 March 2025, at eight twenty-eight, the Municipalidad del Cantón Central de Limón filed an application for interim relief (medida cautelar) before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José against “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A,” as well as against the Ministerio de Salud and the Ministerio de Ambiente y Energía. It was assigned case number 25-001560-1027-CA and concerned the same facts described by the petitioner, since the Municipality also disagreed with the transfer of waste.The relief sought is detailed below: “1) That this PRE-SUIT APPLICATION FOR INTERIM RELIEF (MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM), Inaudita Altera Parte, be granted so that, on an immediately provisional basis, without any delay and prima facie, the IMMEDIATE SUSPENSION OF THE CHALLENGED PHYSICAL CONDUCT be ordered, namely, the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Gran Área Metropolitana to the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector of Santa Rosa de Limón. Likewise, that the respondent EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA be ordered to receive solid waste produced, collected, or recovered in the Gran Área Metropolitana at the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector of Santa Rosa de Limón. I further request that your authority grant the same measure as interim relief until the plenary proceeding (proceso de conocimiento) that we will bring against the disputed conduct has been decided, because it meets the structural characteristics of instrumentality, urgency, and provisionality. 2) That the STATE, the competent departments of the MINISTERIO DE SALUD, and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA be ordered to issue any formal act and undertake all physical actions necessary to PREVENT the transfer or transportation of SOLID WASTE through the SECTION OF NATIONAL ROUTE 32 THAT CROSSES THE PROTECTED WILDLIFE AREA (ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA) KNOWN AS PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, until technical studies are available determining that the transportation of waste under such conditions is harmless, or measures to mitigate the environmental risk are ordered. 3) I likewise ask the Court to adopt all INTERIM MEASURES that it deems necessary and urgent for the effective protection of our public subjective rights and legitimate interests from the effects of the administrative conduct disputed herein, which will be challenged in the plenary proceeding that we will file in due course.The foregoing is intended to prevent further serious, imminent, and irreparable harm.” SECOND: On 06 March 2025, in case file 25-001560-1027-CA , at twelve ten, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José denied the application for immediately provisional interim relief because, in the judge’s opinion, there were no studies demonstrating the serious and irreversible harm alleged by the municipality, even though such harm was clearly foreseeable. Nevertheless, despite not granting the interim relief, it requested the following from the State and the company concerned: “Instead, pursuant to Article 24 of the CPCA, the State and Empresas Berthier EBI de CR, S.A. are granted a hearing (audiencia) for a period of three business days to submit written statements concerning the interim relief requested by the plaintiff and to offer any evidence they deem relevant.In the same vein, the State is ordered, when submitting its response, to state whether there is any scientific and technical study concerning the facts presented by the plaintiff that addresses their effects and potential environmental impact, and to provide the respective technical opinion of the competent authorities, namely MINAE and the Ministerio de Salud. NOTICE SHALL BE SERVED. - Alex Rojas Ortega, Judge.” (Boldface does not appear in the original document.) THIRD: Insofar as relevant to this proceeding, regarding what was requested in the preceding point, it is important to quote the statement made by the Procuraduría General de la República on 12 May 2025 in case file 25-001560-1027-CA: “As outlined above, on 18 February 2025, Health Order N.°MS-DRRSHC-ARSL-00046-2025 was served on the company Berthier, granting it 10 business days to place the main aeration chamber of the wastewater treatment system at the PTA El Tomatal facilities into operation and directing that no quantities of solid waste other than those contemplated in the initial proposal submitted to the Ministerio de Salud be admitted; that is, it was prohibited from transferring solid waste from the GAM, among other things.(See evidence n.°2, Volume 30, pages 4725-4725). Consequently, from that time to the present, there has been a prohibition on transferring solid waste produced, collected, or recovered in the Gran Área Metropolitana, or in any other part of the country, to the PTA de Limón El Tomatal, because only waste from that area (Municipalidades de Limón, Matina y Talamanca) may be admitted; that waste was specified and authorized when the operating permit was requested. It is important to note that although the appeal filed against that act remains pending because the motion for reconsideration (recurso de revocatoria) was denied by Resolution N.° MS-DRRSHC-0379-2024, the appeal has no suspensive effect. (See evidence n.°2, Volume 30, pages 4730-4762,4773-4777, 4794-4797,4853, 4858-4861, 4864, 4865). In the same context, Official Letter N.° CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0849-2025 of 28 February 2025, signed by Licda. Fanny Madrigal Núñez, Servicios de Salud, Área Rectora de Salud Limón, and Ing. Rosibel Villafuerte Rodríguez, Dirección Regional Huetar Caribe, Rectoría de la Salud, stated: “8.On 17 February 2025, an inspection visit was conducted, during which it was determined that the condition of the main aeration chamber remained the same as during the previous visit, because no work had been performed to advance the required improvements. For that reason, engineer Zamora stated that they would provide, as soon as possible, the schedule of activities for implementing the actions required to place it into operation, under official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00683-2025. During that visit, engineer Zamora reported that, two weeks earlier, they had decided that EBI Limón would not receive waste because work was being performed to expand Cell 3, which required additional equipment and personnel capacity, official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00683-2025.” (Boldface and underlining added) (See evidence n.°2, Volume 30, pages 4763-4766). In addition to the foregoing, the “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica” (Decreto Ejecutivo N.° 44974) took effect on 28 April.Its purpose is to establish an action framework based on cantonal systems (a regional model), requiring intermunicipal collaboration to optimize the use of resources and reduce environmental impact. (Article 1) Accordingly, the municipalities and other entities responsible for waste management must organize themselves within the regions established by MIDEPLAN, as provided in Decreto Ejecutivo N.° 37735, and those regions will manage their solid waste autonomously, reducing their dependence on other regions and promoting the implementation of circular-economy models. (Decreto Ejecutivo N.° 44974, Article 4). Specifically, Articles 9 and 10 of the aforementioned regulation establish the requirement that ordinary solid waste be managed within the corresponding region. However, when it must be transferred outside the municipal territory where it is generated for treatment or final disposal, the distance may not exceed 80 kilometers from the most distant point of generation.Similarly, whenever that distance is exceeded, Transfer Stations must be used to optimize transportation and ensure efficient operation within the same region, and, in exceptional cases, a technical report supporting the decision must be submitted. Therefore, because the transfer of waste from the GAM ceased in February and specific regulations have been issued establishing the current conditions governing the transfer of solid waste from one canton to another for treatment or final disposal, we request that the relief sought be denied and this matter immediately closed because the conduct challenged herein has ceased. FOURTH: On 12 May 2025, in case file 25-001560-1027-CA, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, issued judgment number N° 2025004402 at thirteen hours and five minutes on twelve May two thousand twenty-five, ruling: “THEREFORE (POR TANTO) The application for interim relief filed by the Municipalidad de Limón is denied.Notice shall be served.” *Note: Copies of the responses from the PGR, Ministerio de Salud, and MINAE, as well as the judgment, are attached. However, should you require a complete copy of the case file, since you cannot be authorized to carry out the procedure directly, please be advised that official Daniela Arantxa Castro Padilla has been authorized to assist you with the corresponding procedure. Nevertheless, we kindly inform you that you must bear the cost of the copies directly, as the municipality will not cover that expense. We also ask that you inform us of the date and time when you would be able to complete that procedure before the judicial office so that the necessary arrangements may be made.

* FIFTH: Accordingly, it is demonstrated: 1.-) that the appellants’ interests have not been affected as a result of omissions by the Municipalidad de Limón, 2.-) that the available legal procedures have been pursued in order to safeguard the interests of the population. SIXTH: That even when there was no sanitary order (orden sanitaria) allowing garbage to be transported more than 80 kilometers, the Municipalidad, acting in the interests of the governed persons (administrados), attempted to stop the situation; reference may be made to the news article published on the website https://elmundo.cr/municipales/limon-frena-ingreso-ilegalde-basura-de-la-gam-al-relleno-sanitario/ on 26 de Mayo del 2025, which states: “Limón halts illegal entry of garbage from the GAM into the sanitary landfill. Limón, 26 may (elmundo.cr) – The Policía Municipal, the Ministerio de Salud, and Tránsito stopped a tractor-trailer carrying garbage from the Gran Área Metropolitana (GAM) that was attempting to enter the Limón sanitary landfill (relleno sanitario).

The vehicle was intercepted and returned to its place of origin, La Carpio. The joint operation, which will continue indefinitely, was carried out through a system of constant monitoring and coordinated actions. The truck was carrying solid waste (residuos sólidos) from the GAM to the Limón sanitary landfill. The company responsible for the transportation must answer to a formal complaint filed by the Alcaldía de Limón with the Ministerio de Salud. In addition, an investigation was requested from the Sede de La Carpio regarding an alleged violation of the new regulations of the Ministerio de Salud. The Municipalidad de Limón reiterates its position: ‘Limón is not a garbage dump!’ Users of Ruta 32 are asked to report the detection of suspicious tractor-trailers in real time by calling 87-98-81-70. They are requested not to send videos whose origin or currency cannot be verified. The mayor of Limón, Ana McCalla, stated, ‘the Alcaldía will continue supporting the joint operations indefinitely until this situation is brought under control or until a precedent is set for the company, for the purpose of enforcing the new regulations of the Ministerio de Salud and protecting the landfill’s useful life.’ The mayor called upon ‘the other local governments that also use the Limón landfill and that are likewise affected by this situation, in which our sanitary landfill is losing useful life.

The truth is that Limón cannot stand alone in this fight. I call upon the other cantons and local governments to join us with coordinated operations, surveillance, and monitoring of this situation so that we may unite and defend the landfill as necessary, since we are all users.’ ‘I deeply regret that public resources intended to improve and protect the lives of our residents must be used in this way. This applies, for example, to the Policía Municipal, with public resources having to be allocated on an almost unofficial basis. In other words, in addition to the available resources, we must make a double or triple effort to practically keep watch over a private company that should be complying with the law and the legal framework,’ she stated. McCalla emphasized that ‘it is unacceptable for us to be using public resources for these situations. This is the last straw. We must also truly appeal to the company’s conscience so that it will please comply with the legal framework and the regulations currently in force.’ ‘In the case of the Policía Municipal, we cannot leave areas uncovered and duplicate resources that are truly needed on the streets of Limón to protect residents because of matters like these.

This is truly a very regrettable and unfortunate situation, and we hope it will not happen again, because we will remain steadfast in ensuring compliance with the law and the regulations currently in force and in ensuring that our sanitary landfill does not lose useful life because garbage is being hauled in from other territories,’ she concluded. SEVENTH: Currently, because the “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica” has entered into force and allows the Dirección Regional de Rectoría de la Salud to grant exceptional permits for transporting waste more than 80 km, the transportation of waste cannot be stopped. See: A. CARTA-MS-DPRSA-USA- 1042-2025. B. CARTA-MS-DRRSCE-0518-2025. C. MS-DPRSA-USA-1018-2025. Pursuant to the “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica,” those documents grant exceptional permits for the transportation of waste.

Under Article 10, those permits remain valid for one year from the entry into force of those regulations, during which time each region must work to develop its infrastructure in order to prevent devastating consequences for Limón. In light of the foregoing, it is respectfully requested that no sanction be imposed on the Municipalidad Central de Limón, since it did not authorize the entry of waste from the Gran Área Metropolitana (GAM). On the contrary, upon learning of the situation, it timely sought the corresponding precautionary measure (medida cautelar) before the Tribunal Contencioso Administrativo, under summary proceeding file (expediente sumario) N.º 25-001560-1027-CA. As stated, a sanitary order is currently in force that, pursuant to the applicable regulatory framework, requires the municipality to allow EBI to transport waste from the GAM for disposal in Limón. Consequently, the reduction in the sanitary landfill’s useful life is an unavoidable effect arising from mandatory compliance with that order.

Nevertheless, the municipality has pursued and continues to pursue the relevant legal actions to prevent this situation from continuing, always acting within the legal framework and also taking into account the expiration date of the respective permits. Accordingly, it is demonstrated that the Municipalidad de Limón has pursued the available legal procedures in order to safeguard the interests of the population.” They request that the appeal be denied.

  1. 9Juan Pablo Poveda Chinchilla, in his capacity as President of the Municipal Council of the Municipality of the Central Canton of Limón, reports under oath (see electronic record) as follows: “FIRST: Regarding the alleged facts. The appellant states that the Ministry of Health allegedly authorized the large-scale transfer of ordinary solid waste from the Gran Área Metropolitana (GAM) to the sanitary landfill located in Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), without prior consultation and causing negative environmental and social impacts. SECOND: Regarding the jurisdiction of the Municipal Council. The interregional transfer of waste and the corresponding health authorizations are matters falling within the jurisdiction of the Ministry of Health and the national environmental authorities, pursuant to the General Health Law (Ley General de Salud) N° 5395 and the Comprehensive Waste Management Law (Ley para la Gestión Integral de Residuos) N° 8839.The Municipal Council has no jurisdiction to authorize, approve, or carry out transfers of waste originating from other regions of the country, or to grant health or environmental permits. THIRD: Actions taken by the Municipal Council in response to the reported situation. Far from failing to act, the Municipal Council has formally and publicly expressed its opposition to the transfer of solid waste from the GAM to Limón. Through resolution SM-0591-2025, adopted at Ordinary Session N° 77 of 21 de octubre de 2025, the Council considered Report CAJ-22-2025 and reaffirmed the prior resolution SM-0083-2025, which expressly stated that this Municipal Council opposes the transfer of solid waste from the Gran Área Metropolitana to the sanitary landfills located in Limón. It also requested a technical opinion from the Ministry of Health, at both the national and regional levels, regarding whether the transfer was advisable, and summoned officials from the Ministry of Health and representatives of the company operating the landfill to render an account before the Municipal Council.In other words, the municipal deliberative body not only rejected the measure but also exercised its political oversight and supervisory function. FOURTH: Absence of any failure to act attributable to the Council. The challenged act—the potential authorization of the waste transfer—was neither adopted by the Municipal Council nor dependent upon its legal will. On the contrary: 1. The Council expressly opposed it. 2. It requested technical opinions from the competent authority. 3. It summoned national authorities to render an account. Therefore, there is no act or omission by the Council that could be deemed harmful to fundamental rights. FIFTH: With respect to the Municipal Council of the Central Canton of Limón, it has neither authorized, endorsed, nor carried out the reported transfer. The collegial body has formally expressed its opposition and has taken the actions falling within its constitutional and legal authority. Any alleged violation must be examined with respect to the national authorities having jurisdiction over health and environmental matters.” He requests that the amparo action (recurso) be dismissed.
  2. 10In a written submission filed with the Clerk’s Office of this Chamber on 26 de febrero de 2026, the appellant states as follows: “With the utmost respect for this Honorable Chamber, I appear in my capacity as appellant in this constitutional amparo action (recurso de amparo) to formally respond to the answer filed by the Mayor of the Municipality of the Central Canton of Limón. I. Reaffirmation of my initial statements and preliminary clarification. I reaffirm in full all the statements contained in my filing instituting the amparo action. I emphatically clarify, as reflected in the case record, that the action was initially filed against the Ministry of Health, and that it was the Justice-Rapporteur who, in the exercise of his statutory authority, ordered that the Mayor of Limón be joined as a respondent. Therefore, any argument by the respondent seeking to challenge the acceptance of the action or the procedural course assigned to it by this Chamber is unfounded.II. Principal objective of the amparo action. The central and sole purpose of this amparo is for the Constitutional Chamber to order, immediately and effectively, that solid waste from the seven cantons of the Gran Área Metropolitana (Meseta Central) be prohibited from entering the Relleno Sanitario El Tomatal (Parque de Tratamiento Ambiental operated by Berthier EBI de Costa Rica S.A.), located in Santa Rosa de Limón. This claim is based on the severe environmental and public-health crisis that the province of Limón has historically endured and continues to endure, as documented in numerous national press reports from 2000 to the present (including recent publications in Semanario Universidad, UNA Comunica, and national media reporting the daily arrival of as many as seven garbage trucks from the GAM, unbearable odors, and the accelerated reduction of the landfill’s useful life). III. Rebuttal of the respondent’s answer.Although the Mayor’s response describes prior judicial and administrative actions, it neither refutes nor remedies the alleged constitutional violation. 1. The Municipality acknowledges that the landfill receives (and is required to receive pursuant to a health order) waste from the GAM, which is precisely what is being challenged. The interim measures (medidas cautelares) sought by the Municipality itself in expediente 25- 001560-1027-CA were denied, and the health orders and exceptional permits cited (based on Decreto Ejecutivo N.º 44974) are administrative acts whose constitutionality is at issue in this amparo. 2. No current technical study has been submitted establishing: • The actual useful life of Relleno El Tomatal following the modifications made. • The adjustments made to the environmental approval (viabilidad ambiental) granted by SETENA in 2008. • The cumulative impact of transporting and disposing of thousands of additional tons originating from the GAM.The absence of such studies violates the precautionary principle (principio precautorio) enshrined in the settled case law of this Chamber (see, among many others, judgments N.º 2004-9927, 2013-09374 and 2025- 026093, among others), under which, when there is a risk of serious or irreversible harm to the environment and public health, the lack of full scientific certainty may not be invoked to postpone protective measures. 3. Nor has the duty to conduct prior, free, and informed consultation (consulta previa, libre e informada) with Limón’s Afro-descendant population been fulfilled, as required by ILO Convention 169 (ratified by Costa Rica and having constitutional rank under this Chamber’s interpretation). This Chamber has recently recognized this right in analogous cases affecting Afro-descendant communities in the Caribbean (judgment N.º 029985-2025, among others). The decision to make Limón a recipient of garbage from the GAM directly affects historically Afro-descendant territories and communities, without any consultation having taken place. 4.The actions described by the respondent (police operations, attempts to stop trucks, etc.) are merely palliative and do not replace the Administration’s constitutional duty to safeguard the canton’s environmental and public-health interests (Articles 50 and 89 of the Political Constitution). The Mayor herself acknowledges in public statements that ‘Limón is not a garbage dump,’ but at the same time is compelled to allow entry pursuant to orders from higher authorities, demonstrating the need for urgent constitutional intervention. IV. Specific request. For all the foregoing reasons, and in order to protect the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution), health, equality, and the principle of reasonableness and proportionality (principio de razonabilidad y proporcionalidad), I most respectfully request that this Honorable Chamber: a) Grant this amparo action. b) Immediately order the suspension and prohibition of the transfer and entry of solid waste from the cantons of the Gran Área Metropolitana into Relleno Sanitario El Tomatal de Limón, because it is harmful to the Limón community. c) Maintain that measure until complete technical studies on useful life and environmental impact have been conducted and the prior consultation with the Afro-descendant people required by ILO Convention 169 has been completed. I remain at the disposal of this Chamber for any clarification or proceeding it deems necessary” (see electronic record).
  3. 11In a written submission filed with the Clerk’s Office of this Chamber on 27 de febrero de 2026, the appellant states as follows: “I. Background and Purpose of the Reply As may be gathered from the report submitted by the respondent, the Ministry of Health has authorized the large-scale transfer of ordinary solid waste (residuos sólidos ordinarios) from the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana, GAM) to the sanitary landfill (relleno sanitario) located in Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), without prior consultation (consulta previa) or an updated environmental assessment (evaluación ambiental). Although the Municipal Council states its formal opposition through resolutions such as SM-0591-2025 and SM0083-2025, and has requested technical opinions from the Ministry of Health, those actions do not cure the arbitrariness of the ministerial decision, which entails a substantial modification of the conditions of the landfill’s original environmental feasibility (viabilidad ambiental), without the prior approval of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).This reply is based on the settled case law of this Constitutional Chamber, which has repeatedly established that any significant modification of activities having an environmental impact must undergo a new assessment by SETENA, failing which the right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado) is violated (Article 50 of the Constitución Política). It also highlights the irrationality and disproportionality of the measure, which infringes constitutional and treaty-based principles, in the absence of an emergency decree that could justify such arbitrariness. Particular emphasis is placed on the lack of prior public consultation (consulta pública previa), pursuant to Convenio 169 de la OIT, together with precedents and case law of the Inter-American Court of Human Rights (Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) reinforcing this international obligation.It is further emphasized that the public-health problem associated with solid-waste disposal (disposición de desechos sólidos) in the municipalities of the Greater Metropolitan Area is a matter of national planning and strategy that the Ministry of Health seeks to remedy by placing the local economy of the province of Limón at risk, given that it depends heavily on tourism, which is threatened by the potential saturation of the sanitary landfill. II. Legal Grounds A. Modification of Environmental Feasibility without SETENA’s Prior Approval: Irrationality and Disproportionality The ministerial authorization for the transfer of seven truckloads of solid waste each day from seven GAM municipalities constitutes a substantial alteration of the original conditions under which environmental feasibility was granted to the Limón sanitary landfill. This site was designed exclusively to meet the needs of the local population, and the increased volume of waste accelerates the exhaustion of its useful life, exposing the province’s inhabitants to imminent health and environmental risks.This Chamber has emphatically held that any change in the circumstances of a project that may affect the environment requires reassessment (revaloración) by SETENA, applying the precautionary principle (principio precautorio). In judgment Nº 2017-006340 of nueve horas quince minutos del cinco de mayo de dos mil diecisiete, the Court decided an amparo proceeding (recurso de amparo) in which SETENA had granted initial environmental feasibility on the assumption that certain mitigation measures (medidas mitigadoras) would be implemented, such as a treatment plant, but a subsequent exemption granted by another entity, without notifying SETENA or obtaining a hydrogeological assessment (evaluación hidrogeológica) from the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), violated the precautionary principle and the right to a healthy environment. The Chamber annulled the exemption and ordered SETENA to determine whether the change altered the environmental feasibility, requiring a new assessment if necessary.Likewise, in judgment Nº 2023-011236 of this Chamber, an amparo action was partially granted against SETENA for granting environmental feasibility to a sanitary landfill without convening a new public hearing (audiencia pública), even though the previous hearing had taken place more than ten years earlier. It was argued that waiving that requirement was improper because the effective protection afforded by Article 50 of the Constitution requires public participation (participación ciudadana) to occur under the project’s current conditions, rather than through obsolete assessments. This confirms that modifications or renewals of sanitary-landfill operations require updated procedures, including public hearings to ensure the proportionality and reasonableness of the measure. In the case sub examine, the Ministry of Health’s decision lacks an updated technical assessment by SETENA, which is irrational and disproportionate because it disregards the preventive principle (principio preventivo) and the precautionary principle, enshrined in constitutional case law (for example, judgment Nº 2010-005219 of quince horas del dieciséis de marzo de dos mil diez, which emphasizes that activities such as the expansion of sanitary landfills cannot proceed without valid environmental permits (permisos ambientales)).That omission places public health and the ecological balance at risk, violating Article 50 of the Constitución Política, in the absence of an emergency decree justifying the urgency (pursuant to Article 140, subsection 8, of the Constitución Política, which reserves such exceptional measures to the Executive Branch in cases of urgent necessity). B. Violation of Article 169 of the Constitución Política and Convenio 169 de la OIT The measure adopted by the Ministry of Health is unilateral and contrary to the local interests of the province of Limón, which are administered by the Municipal Government pursuant to Article 169 of the Constitución Política, entrusting the cantons with the management of their local services and interests, including environmental and health matters. The interregional transfer of solid waste, without effective municipal approval beyond formal objections, undermines this constitutional autonomy, turning Limón into a passive recipient of waste from elsewhere, which is disproportionate and detrimental to local planning.In addition, the absence of prior public consultation violates Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratified by Costa Rica through Ley Nº 7316 de 1992, which requires consultation with Indigenous and tribal peoples regarding decisions that directly affect them (Article 6). Although the respondent’s report does not refer to specific Indigenous communities, the province of Limón is home to populations possessing collective rights (derechos colectivos) under this convention, and environmental decisions such as the transfer of waste require free, prior, and informed consultation (consulta previa, libre e informada). Judgment Nº 2025-035746 of this Chamber reiterates that the failure to conduct consultation violates Convenio 169, particularly in the case of administrative measures having an environmental impact, and requires that agreement or consent be sought. Similarly, in judgment Nº 2012-018147 of quince horas del catorce de diciembre de dos mil doce, regulations that omitted Indigenous consultations were declared unconstitutional through application of the principle of non-regression in environmental matters (principio de no regresividad ambiental).The lack of consultation in this case is not only arbitrary but also exacerbates the vulnerability of the Limón population by exposing it to health threats without effective participation. Precedents and Case Law of the Inter-American Court of Human Rights concerning Public Consultation pursuant to Convenio 169 de la OIT The Inter-American Court of Human Rights has developed a robust body of case law regarding the right of Indigenous and tribal peoples to free, prior, and informed consultation (consulta previa, libre e informada, CPLI), derived from Convenio 169 de la OIT, integrating it with the rights to participation, property, and self-determination enshrined in the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos). As a State Party to the American Convention (ratified in 1969), Costa Rica is required to comply with this case law pursuant to Article 62 of that Convention and the doctrine of conventionality control (control de convencionalidad) adopted by this Constitutional Chamber in numerous judgments (for example, Nº 2004-013435).A key precedent is Saramaka People v. Suriname (Judgment of 28 de noviembre de 2007), in which the Inter-American Court recognized for the first time that tribal peoples, such as the Saramaka (descendants of freed African slaves), enjoy rights similar to those of Indigenous peoples, including the right to collective ownership (propiedad colectiva) of their ancestral territories without the need for formal title, with possession being sufficient. The Court found violations of Articles 3 (juridical personality), 21 (property), and 25 (judicial protection) of the American Convention, in conjunction with Articles 1.1 and 2 (obligations to respect and guarantee rights). In particular, it emphasized that, with respect to mining and logging concessions in Indigenous or tribal territories, the State must not merely consult but must obtain free, prior, and informed consent (consentimiento libre, previo e informado, CLPI) in the case of large-scale projects that significantly affect the people’s cultural and physical survival.It also ordered that the territory be delimited, demarcated, and titled through effective consultations, that existing concessions be reviewed, and that benefit-sharing be ensured. Another landmark is Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador (Judgment of 27 de junio de 2012), in which the Inter-American Court declared the State internationally responsible for failing to consult the Sarayaku community before granting oil concessions within its territory, in violation of Articles 21 (property) and 23 (political participation) of the American Convention. The Court established precise standards for consultation: it must be conducted in good faith, fostering genuine dialogue and mutual trust with the aim of reaching consensus; it must take place in advance, beginning at the initial planning stages; it must provide complete and detailed information concerning impacts, risks, and benefits, including environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental, EIA); and it must seek consent in accordance with the people’s customs, particularly for high-impact projects.The Inter-American Court underscored that consultation is a general principle of international law, derived from effective participation, property rights, and self-determination. This case law is directly applicable to the present case because the large-scale transfer of solid waste constitutes an administrative measure having significant environmental and social impacts in the province of Limón, which is home to communities possessing Indigenous and tribal characteristics protected by Convenio 169. The Ministry of Health’s failure to conduct prior consultation violates these inter-American standards, compounds the disproportionality of the decision, and exposes the population to risks without its effective participation. C. Absence of an Emergency Justification and Risk to Public Health The Ley General de Salud (Nº 5395) and the Ley para la Gestión Integral de Residuos (Nº 8839) grant the Ministry of Health authority over public-health matters, but make environmental decisions subject to SETENA.The report confirms that no municipal authorization exists for the transfer and that the Council’s opposition has not prevented its implementation, demonstrating a harmful omission. Without an emergency decree (Article 140, subsection 8, of the Constitution), the measure is disproportionate because it endangers the inhabitants’ health by prematurely exhausting a technical resource designed for local use. It is emphasized that the public-health problem associated with solid-waste disposal faced by the municipalities of the Greater Metropolitan Area is a national planning and strategy problem that the Ministry of Health seeks to remedy through this arbitrary measure, thereby transferring the environmental and health burden to the province of Limón. This approach is particularly irrational because it places Limón’s local economy at serious risk; that economy depends heavily on tourism as one of its principal driving sectors, together with logistics and agroindustry.

Tourism represents a vital source of income for the province, with potential across extensive areas that could be threatened by the eventual saturation of the sanitary landfill (relleno sanitario), which would compromise the region’s environmental image and attractiveness as a tourist destination, directly affecting economic development and local employment. At the national level, tourism contributes significantly to GDP (approximately 6,3% directly), and in Limón, activities such as cruise tourism and ecotourism are essential to economic recovery; therefore, any environmental degradation resulting from this unilateral decision could have regressive and irreparable impacts on the province’s sustainability. III. Request For the foregoing reasons, I respectfully request that this honorable Chamber: 1. Deem this reply to the respondent’s report duly submitted. 2. Grant the application for amparo relief (recurso de amparo), annul the ministerial authorization, and order the Ministry of Health to refrain from carrying out the transfer without prior modification of the environmental viability (viabilidad ambiental) by SETENA, public consultation (consulta pública) in accordance with ILO Convention 169 and CIDH standards, and respect for municipal autonomy (Article 169 of the Constitution). 3. Order the respondent to pay costs and damages (costas, daños y perjuicios)” (see electronic record).

  1. 12By a ruling issued at ten thirty-six a.m. on March 6, 2026, the reporting justice expanded the scope of the proceedings and requested a report from the Director of MINAE’s Water Directorate (see electronic record).
  2. 13In a written submission filed with the Clerk’s Office of this Chamber, the petitioner states as follows: “The new evidence is submitted pursuant to the Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley N° 7135), particularly its provisions governing the summary and preferential procedure for an amparo action (recurso de amparo) (articles 29 et seq.), which allow evidentiary materials to be introduced at any stage of the proceedings while the violation or threat persists, in order to guarantee the effective protection of fundamental rights, especially the right to a healthy environment and public health enshrined in article 50 of the Constitución Política. This communication is submitted formally, thoughtfully, and critically, to safeguard the collective rights of the affected community, in accordance with current environmental regulations, the precautionary principle (principio precautorio), the case law of this Chamber, and the ‘polluter pays’ principle established in the OECD guidelines.As this Chamber is aware, the subject matter of the proceedings concerns irregularities in the operation of the sanitary landfill (relleno sanitario) operated by Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (cédula jurídica 3-101-215741), located in Parque Tecnología Ambiental Limón, district of Limón, canton of Limón, province of Limón. Attached hereto as evidence to assist in adjudication (prueba para mejor resolver) is a copy of Resolución DA-1079-2024, issued by the Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) on April 29, 2024—approximately two years ago—by which the discharge permit (permiso de vertido) requested by the aforementioned company was unequivocally withdrawn and denied, based on specific indications and evidence revealing noncompliance with the required technical and regulatory parameters, particularly regarding the receipt and handling of volumes of solid waste under standards below those required by current legislation.This ruling constitutes relevant and critical information demonstrating the precarious and unlawful conditions under which the sanitary landfill operates, heightening the concerns of the local population. In summary, the ruling denies the discharge permit into the public-domain watercourse (cauce de dominio público) known as ‘quebrada Sin Nombre’ (coordinates latitude 215.472, longitude 636.566), for effluent originating from the treatment and final disposal of solid waste. The key grounds for this denial, set forth in the findings and recitals (resultandos y considerandos) of the ruling, include: • The State’s obligation to safeguard public health and the environment pursuant to article 50 of the Constitución Política (First Recital). • The requirement that any entity introducing discharges that alter water quality obtain a discharge permit, pursuant to Decreto Ejecutivo N° 42128-MINAE-S, article 2 (Second Recital). • The exclusive authority of the Dirección de Aguas to grant such permits, pursuant to article 15, subsection c), of the same decree (Third Recital). • The applicant’s acknowledgment that the receiving body (cuerpo receptor) is intermittent (not permanent), which precludes issuance of the permit because article 3, item 22, of Decreto Ejecutivo N° 42128-MINAE-S defines a discharge permit exclusively in relation to receiving bodies with permanent flow (Sixth and Eighth Recitals). • The prohibition against issuing acts contra legem, in observance of the Principle of Legality under article 11 of the Ley General de la Administración Pública, which requires denial of the application in the absence of an express provision authorizing discharges into intermittent watercourses (Eighth Recital).Although the Dirección de Aguas mentions efforts to amend the regulations (through official letter DA-0305-2024 of January 24, 2024, submitted to the Dirección Jurídica del MINAE and under consultation with the Ministerio de Salud), that amendment has not progressed to date, and the denial remains final. Notably, the company proposed a multimodal system (reuse and discharge), but this was rejected for lack of legal basis. This ruling is especially critical in the context of the present case file because it demonstrates that the sanitary landfill has operated and continues to operate without the required discharge permit, constituting a flagrant violation of the Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554), the Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S), the Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos (Decreto N° 34431-MINAE-S), the Ley General de Salud (N° 5395), and the Ley para la Gestión Integral de Residuos (N° 8839).The leachate (lixiviados) generated by the landfill—highly polluting wastewater, as is publicly and widely known—must be collected, treated, and discharged with authorization, subject otherwise to administrative, civil, and criminal penalties, including retroactive payment of the environmental discharge fee (canon ambiental). Even under normal conditions involving the disposal of local waste, the landfill was already failing to comply with health and environmental standards, as shown by the prior inspections cited in the ruling (technical reports DA-UHCAROG-0636-2020 of November 2, 2020, and DA-UHCAROG-0204-2022 of March 28, 2022). With the current increase in waste originating from the meseta central, the situation is worsening exponentially. The site is located in an area of high precipitation, where some residents neighboring the sanitary landfill continually report that, at night and especially during rainy periods, leachate is unlawfully discharged into public-domain watercourses near the landfill—precisely the type of discharges that prompted the Dirección de Aguas to deny and effectively suspend the discharge permit.If confirmed, these irregular practices constitute repeated and flagrant violations of environmental regulations, severely altering the physical, chemical, and biological quality of the water and creating an imminent and ongoing risk to public health, the aquatic ecosystem, and the community’s fundamental rights. This unlawful disposal not only aggravates the potential harm but also imperatively invokes the precautionary principle established in article 11 of the Ley Orgánica del Ambiente and reinforced by the consistent case law of this Chamber (for example, votes N° 2003- 07769, N° 2010-01335 and subsequent decisions), which requires the State to act preventively in the face of scientific uncertainty or evidence of risk to avoid irreversible harm to the environment and collective health. I likewise invoke the ‘polluter pays’ principle of the Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incorporated into our environmental legislation, which imposes economic and legal responsibility on the party generating the pollution.It is materially impossible to operate a sanitary landfill under normal conditions without causing pollution, and it is more than likely that the Limón landfill operates below the required technical parameters, a situation exacerbated by climate variability, the intermittent nature of the watercourses, and residents’ persistent reports of nighttime and irregular discharges, as detailed in the attached ruling and in the reported community complaints. In light of the foregoing, I respectfully request that this honorable Chamber take detailed and exhaustive note of the contents of Resolución DA-1079-2024 as evidence incorporated into the case file, to assist in adjudicating the matter. I further request that a ruling on the merits be issued as promptly as possible, with the corresponding legal consequences—including possible interim measures (medidas cautelares), orders for temporary or permanent closure, additional investigations into the reports of unlawful discharges, and other appropriate orders—to safeguard the fundamental rights of the community of Limón (article 50 of the Constitución Política) and the collective rights to a healthy environment and public health” (see electronic record).
  3. 14In a written submission filed with the Secretariat of this Chamber, the appellant requests provisional measures (medidas cautelares) ordering suspension and states as follows: “This communication is submitted as an additional filing in the appeal for constitutional relief (recurso de amparo), for the purpose of noting my status as an older adult with a physical disability, which places me in a situation of particular vulnerability and warrants enhanced protection by the State, pursuant to Article 51 of the Political Constitution (amended by Ley Nº 9697 de 2019), which establishes special State protection for older adults and persons with disabilities as groups exposed to a greater risk of infringement of their fundamental rights. This condition aggravates the harm caused to me by the challenged authorization, since the mass transfer of solid waste to Limón accelerates the exhaustion of the only final disposal site available to the residents of Limón—including communities near my place of residence or with which I have ties—thereby increasing environmental and health risks that disproportionately affect people in situations of vulnerability such as mine: older adults and persons with physical disabilities, who depend to a greater extent on a healthy environment, uncontaminated water sources, and public health that is not compromised by disease vectors or leachate contamination.Below, I reiterate and detail the facts, legal grounds, and reasons underlying this request, incorporating the aggravating factor arising from my vulnerable status: I. Statement of Facts 1. Authorization granted by the Ministry of Health: I attach a copy of Health Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) Nº MSDRRSHC-ARSL-2021-286, issued by the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe and the Dirección Área Rectora de Salud Limón, in favor of Empresas Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima. Said permit authorizes the ‘Operation of the Cell and Treatment System for the Treatment and Final Disposal of Solid Waste, Collection and Treatment, License Plate C-161211, C-150213,’ under CAECR code 3811, Risk Type A, located in Comunidad Santa Rosa, Finca El Tomatal, Limón. The document presupposes a limited operation, with a capacity of 21 people (users plus workers), equivalent to modest waste handling (presumably one truck per operation). 2.Discrepancy between the authorization and actual practice: In reality, up to 7 tractor-trailers carrying solid waste arrive daily from the Meseta Central, far exceeding the authorized parameters. This drastically reduces the site’s useful life (from more than 27 years originally estimated to slightly more than 15 years, according to official reports), threatening the only landfill available to the residents of Limón and aggravating risks to vulnerable groups such as older adults and persons with disabilities. 3. Impacts aggravated by my vulnerable status: As an older adult with a physical disability, I depend to a greater extent on a healthy environment. The overload creates risks of aquifer contamination, proliferation of disease vectors, and ecosystem degradation, thereby exposing me to greater and immediate harm to my health and quality of life and violating the special protection to which I am constitutionally entitled.I strongly protest the Ministry of Health’s negligence in overseeing compliance, which has allowed an uncontrolled operation that discriminates against the region and infringes the rights of protected groups. II. Legal Grounds and Critical Rationale (with the aggravating factor of vulnerability) 1. Violation of the right to a healthy environment (Article 50 of the Political Constitution) and special protection for older adults and persons with disabilities (Article 51 of the Political Constitution): The mass transfer threatens a healthy and ecologically balanced environment, causing aggravated harm to me as an older adult with a physical disability. The State must provide enhanced protection to these groups (Ley Nº 9697 amending Art. 51), prioritizing preventive measures. 2. Failure to comply with Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 (Ley GIR) and its Regulations: It prioritizes final disposal over the prevention hierarchy (avoid, reduce, reuse), violating regionalization requirements and transfer limits.The Ministry, as the governing authority, fails in its preventive duty, aggravating the impacts on vulnerable persons. 3. Violation of the right to health (Articles 21 and 46 of the Political Constitution): It increases health risks, with a disproportionate effect on older adults and persons with disabilities. 4. Grounds for provisional measures (Ley Nº 7135): There is a likelihood of success on the merits (fumus boni iuris) and a risk of irreparable harm from delay (periculum in mora), aggravated by my vulnerability, justifying immediate suspension (even without hearing the opposing party (inaudita altera pars), if appropriate). III. Petition I request that this honorable Chamber: 1. Order provisional measures immediately suspending the authorization (Permit Nº MS-DRRSHC-ARSL-2021-286) and transfers of waste from the Meseta Central to Limón until a decision on the merits is issued. 2. Order the Ministry of Health to provide a detailed report on actual volumes and compliance with Ley GIR. 3.Grant the appeal in the final judgment, annul the authorization, and order corrective measures, taking into account the special protection afforded to older adults and persons with disabilities” (see electronic record).
  4. 15In a written submission filed with the Secretariat of this Chamber, the appellant submits as evidence official letter DIGH-558-09 dated 13 de octubre de 2009, issued by Eng. Carlos Romero, Director of the Área de Aguas Subterráneas of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), and addressed to Lic. Juan Alberto Corrales of the Dirección Jurídica of the same entity (see electronic record).
  5. 16In a written submission filed with the Clerk’s Office of this Chamber, the appellant states as follows: “This submission seeks to make this honorable Chamber aware of the political handling by the Municipalidad de Limón of a sensitive public-health and environmental matter, in which political considerations cannot be entertained without seriously impairing the fundamental rights of the population of Limón (art. 50 Constitución Política). In its settled case law, the Chamber has repeatedly held that the right to a healthy and ecologically balanced environment takes precedence, is immediately enforceable, and requires the authorities to act impartially and consistently, giving absolute priority to the public interest over any private or political interest (relevant judgments include Nº 2009-00733 concerning sanitary landfills (rellenos sanitarios) and aquifer contamination; Nº 2012-10456 concerning the obligation of impartial technical oversight; and landmark rulings requiring official—not private—sanitary and environmental feasibility (viabilidad sanitaria y ambiental) to prevent risks to health and water resources).The Chamber has likewise sanctioned actions that introduce arbitrary elements or favor private interests in constitutional proceedings. Facts and grounds of this reply: 1. In the case file, municipal officials have submitted private documents from Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. (official letter GF-125-2026 of 16 de marzo de 2026 and the attached ‘Certification of the Service Life of PTA El Tomatal’), in response to official letter AML-0636-2026 from the Municipalidad (23 de febrero de 2026). This submission is not official evidence (prueba oficial) (it lacks the endorsement of Ministerio de Salud, SETENA or SENARA), but rather a subjective study prepared by the interested company, which contravenes the requirement of impartiality and neutral technical evidence (the Chamber’s case law concerning sanitary landfills). 2. EBI did not formally enter an appearance (personarse) (arts. 29 y ss. Ley de la Jurisdicción Constitucional), yet the Municipalidad is indirectly defending it at a site that lacks a current discharge permit (permiso de vertido) and the full endorsement of SENARA (because of its proximity to the coastal aquifer of Moín, a sensitive area). 3.The Alcaldesa has publicly declared her opposition to the transfer of waste from the GAM, but the administrative actions contradict this position, creating an inconsistency that violates the principles of legitimate expectations (confianza legítima) and institutional consistency. 4. The risk is imminent: the increased tonnage is accelerating the site’s saturation and its public-health and environmental impacts, potentially causing a recurrence of the 2000-2008 crisis. To provide context for the historical ordeal endured by the population, I cite specific reports published by La Nación: on 5 de junio de 2004, it reported ‘350 toneladas acumuladas’ on streets and public thoroughfares; on 30 de octubre de 2008, it warned of ‘basura amenazando salud y turismo’; on 8 de enero de 2009, it documented ‘400 toneladas saturando calles de Limón’; and on 8 de septiembre de 2009, it described neighborhoods overflowing with garbage because of collection failures and blockades of the disposal site.I personally lived through this and request that the Chamber consider these precedents to prevent their recurrence. 5. Furthermore, and emphatically, pursuant to Convention Nº 169 of the International Labour Organization (Organización Internacional del Trabajo, OIT)—ratified by Costa Rica through Ley Nº 7316 and recognized by the Sala Constitucional as applicable to the Afro-descendant community of the Costa Rican Caribbean as a tribal people (recent judgments ordering prior consultation (consulta previa) for projects affecting their territories and their cultural and environmental rights)—the Municipalidad de Limón has arrogated to itself the authority to grant a questionable endorsement to the private sanitary landfill without the indispensable prior, free and informed consultation (consulta previa, libre e informada) of the Afro-descendant community of Limón, as required by artículo 6 y siguientes of Convenio 169 de la OIT for any administrative or legislative measure that may directly affect its rights.This omission is serious, violates the right to participation, and places the environmental integrity and public health of the tribal population at risk. 6. The Municipalidad’s submission of private evidence, with apparent political manipulation, is reprehensible and unacceptable, prioritizing considerations unrelated to the public interest and exposing the population to the impairment of fundamental rights. 7. It must be emphasized, categorically and decisively, that the certification of the service life of PTA El Tomatal provided by EBI and submitted by the Municipalidad does not constitute technical evidence capable of reliably certifying the service life of the private sanitary landfill. It is a unilateral document prepared by the interested company itself, containing subjective projections and variables (settlement of 45-55 %, density of 800-860 ton/m³, etc.) that have not been verified or endorsed by any competent authority (Ministerio de Salud, SETENA, SENARA or an independent technical entity).It therefore lacks impartial and reliable evidentiary value in a constitutional proceeding protecting fundamental rights such as a healthy environment and public health, and cannot be used to refute the reported risks or justify continuing operations to the detriment of the people of Limón. Alarm over the daily worsening of the risk: Honorable Justices, with each passing day, the public-health and environmental conditions at the Limón sanitary landfill are worsening at an alarming rate. The sustained increase in tonnage from the GAM is accelerating the site’s saturation, multiplying the risks of contamination of the coastal aquifer of Moín, generating unbearable odors and the proliferation of disease vectors, and potentially causing direct harm to the population’s health. This is compounded by the intolerable fact that the residents of Limón should not have to endure the improvisation, lack of planning, and irresponsible decisions of the municipalities of the Gran Área Metropolitana or of EBI itself.In addition, seriously and discriminatorily, the mass transfer of solid waste from the Gran Área Metropolitana is a structural problem attributable to the Poder Ejecutivo, which, over four long years (2022-2025), neither sought nor planned a technically sound, feasible, and sustainable solution to the waste crisis in the GAM. This omission has resulted in clear territorial discrimination against the community of Limón, turning our province into an improvised destination for waste from other regions, in violation of the principle of equality and nondiscrimination (art. 33 Constitución Política) and the right to a healthy environment free of disproportionate burdens. Limón cannot continue paying the price for centralized state inaction” (see electronic record).
  6. 17In a written submission filed with the Clerk’s Office of this Chamber, the appellant states as follows: “I expressly submit this motion in response to the order issued by this honorable Chamber at diez horas treinta y seis minutos del seis de marzo de dos mil veintiséis, the verbatim text of which is as follows: ‘Having reviewed the brief contained in the electronic case file, the parties named in the amparo proceeding (recurso de amparo) being processed under expediente número 26-001765-0007-CO shall be deemed expanded accordingly, and the Director de la Dirección de Agua del MINAE shall therefore be given an opportunity to be heard (audiencia).’ In strict compliance with the Chamber’s ruling—which has deemed the allegations in the proceeding to have been expanded and has ordered that the Director de la Dirección de Aguas del MINAE be given an opportunity to be heard—I submit this restatement and expansion of the facts and grounds to reinforce the imperative need to adopt immediate interim measures (medidas cautelares) while the ordered hearing process is conducted.This is not a merely subjective consideration or personal assessment: it is an objective, documented, technical, and legally incontrovertible reality established by the competent state authority itself, the Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Through Resolución DA-1079-2024, issued at ocho horas cuarenta y ocho minutos del 29 de abril de 2024, in expediente 4672-V, the discharge permit requested by Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (cédula jurídica 3-101-215741) for the discharge of effluent from the treatment and final disposal of solid waste at Parque Tecnológico Ambiental Limón, located in the district and canton of Limón, province of Limón (approximate coordinates: latitude 215.472, longitude 636.566), into an unnamed publicly owned stream, was denied—and therefore remained de facto suspended from that date. This decision constitutes irrefutable and devastating evidence that the company has been operating without the indispensable discharge permit for nearly two years (abril 2024).What brutally and profoundly aggravates the situation, however, is that the irregularities are not recent: they have existed since septiembre de 2020, when state oversight began and anomalies were detected in wastewater-quality monitoring, resulting in technical report DAUHCAROG-0636-2020 of 2 de noviembre de 2020. Subsequently, on 28 de marzo de 2022, another site inspection was conducted, resulting in technical report DA-UHCAROG-0204-2022 of the same date, which confirmed and further substantiated the prior irregularities. Honorable Justices: this is a site that, since septiembre de 2020—that is, more than five and a half years ago—has failed to comply with Costa Rica’s public-health and environmental laws. The prolonged absence of a discharge permit, together with a documented history of irregularities in wastewater-quality monitoring since septiembre de 2020, entails a serious, imminent, persistent, and irreversible risk of contamination of publicly owned bodies of water (cuerpos de agua de dominio público), harm to the public health of the residents of Limón, and environmental damage of enormous magnitude in an already vulnerable area.This is not an unfounded fear: it is the technical, scientific, and legal conclusion of the Dirección de Aguas del MINAE. The continuation of operations without the corresponding permit flagrantly violates artículo 50 constitucional, Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, Ley de Aguas, Decreto 42128-MINAE-S, and the precautionary principle (principio precautorio) governing environmental matters. The chronic pattern of noncompliance dating back to septiembre de 2020 jeopardizes the health of entire communities and the ecological balance of the Caribbean region. In response to the Chamber’s order of 6 de marzo de 2026, and in exercise of the right of petition (derecho de petición) (artículos 27 y 30 de la Constitución Política), I respectfully request: 1. That this restatement and expansion, submitted in direct response to the cited order, be considered together with the documentary evidence submitted (Resolución DA-1079-2024 and the background records dating from septiembre de 2020). 2.That immediate and forceful interim measures be imposed for the benefit of the residents of the province of Limón—such as the provisional suspension of solid-waste final-disposal activities involving discharges or environmental risks at the site—while the ordered hearing process involving the Director de la Dirección de Aguas is conducted. 3. That any other environmental and public-health protection measure this Chamber deems appropriate be ordered to prevent irreparable harm, in view of the history of noncompliance dating back to septiembre de 2020. Failure to act with the urgency demanded by this case would compromise not only the rights of Limón’s residents—including this elderly Afro-Costa Rican person with a disability—but also the State’s inescapable obligation to preserve the environment for present and future generations” (see electronic record).
  7. 18In a written submission filed with the Secretariat of this Chamber, the petitioner states as follows: “Official Letter DIGH-558-09, issued by the specialized technical authority on groundwater (aguas subterráneas), states verbatim: 1. The sanitary landfill (relleno sanitario) site is located between coordinates 215-216 north and 636-637 east (cadastral property L-689751- 87), on the outer boundaries of the Acuífero de Moín, according to a publication by AyA in La Gaceta N° 83 of 2 de mayo de 2007. 2. Although SENARA does not have its own validated hydrogeological studies (estudios hidrogeológicos), the AyA publication describes the conclusions and recommendations of the hydrogeological study of the Acuífero de Moín, including land-use regulations (regulaciones al uso del suelo). 3. The AyA study was not submitted to SENARA for validation; therefore, the institution cannot validate its results, but it does not deny the existence of the aquifer (acuífero) or its vulnerability.This document is not a peripheral opinion: it is the official determination of the governing authority on groundwater matters (Ley Orgánica del Ambiente and Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas). It has full evidentiary value (valor probatorio pleno) and is binding upon this Chamber. Constitutional and case-law grounds (Sala Constitucional): This Chamber has repeatedly and authoritatively recognized that the protection of groundwater is a fundamental right (derecho fundamental) derived directly from Article 50 of the Constitución Política (a healthy and ecologically balanced environment), Article 21 (life), Article 25 (health), and the in dubio pro natura principle (principio indubio pro natura). In judgment N° 2004-01923 (14:55 hours on 25 de febrero de 2004), the Chamber established that: • Groundwater has particular characteristics of vulnerability: its contamination is slow, costly to remediate, or irreversible. • The State must apply preventive and precautionary measures (medidas preventivas y precautorias), including prohibiting polluting activities (sanitary landfills, cemeteries, housing developments, etc.) in recharge zones (zonas de recarga) or areas of high vulnerability. • Protection perimeters and matrices (perímetros y matrices de protección) are public-order instruments (instrumentos de orden público) that restrict private property rights in the interest of society.Subsequently, in judgments 2008-004790, 2011-014596, and especially 2012-08892 (27 de junio de 2012), this Chamber elevated SENARA’s “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos” to the status of a mandatory standard. That matrix classifies areas of extreme vulnerability and expressly prohibits: • Sanitary landfills and any activity involving the disposal of solid waste. • Earthworks (movimientos de tierra) and significant impermeable surfaces (coberturas impermeables) without comprehensive hydrogeological studies. The Chamber ordered that this matrix is mandatory in all cantons where SENARA vulnerability maps exist (such as the Acuífero de Moín) and, in all cases, must serve as a technical guide and point of reference for municipal regulatory plans (planes reguladores municipales). In the specific case of the Acuífero de Moín (Limón), the Chamber recently reiterated (judgment N° 2025035761 of 31 de octubre de 2025) that AyA’s relaxations cannot prevail over SENARA’s criteria, under penalty of violating Articles 11 and 50 of the Constitution, the precautionary principle (principio precautorio), and the principle of environmental progressivity (principio de progresividad ambiental).Official Letter DIGH-558-09 specifically demonstrates that the “El Tomatal” site is located within the perimeter of the Acuífero de Moín. The absence of “validation” by SENARA does not authorize the activity; on the contrary, it creates scientific uncertainty that triggers the precautionary principle (judgment 2011-014596): “when there is a risk of serious or irreversible harm, the lack of absolute scientific certainty must not be used as a reason to postpone effective measures.” Inter-American legal grounds (Corte IDH): In Advisory Opinion OC-23/17 (“Medio Ambiente y Derechos Humanos,” 15 de noviembre de 2017), the Corte Interamericana de Derechos Humanos established standards binding on Costa Rica (Articles 1.1 and 2 of the Convención Americana): • The right to a healthy environment is autonomous and directly connected to the rights to life (art. 4.1) and personal integrity (art. 5.1). • States have an obligation to prevent significant environmental harm, especially when it affects vital water resources such as aquifers. • The precautionary principle must be applied where there is a risk of serious or irreversible harm (para. 180 et seq.). • Potentially polluting activities (such as sanitary landfills) require comprehensive environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental), strict regulation, and continuous monitoring. • Aquifer degradation affects the right to drinking water (recognized as a fundamental right in the Inter-American System) and gives rise to the State’s international responsibility.As a State Party, Costa Rica is required to comply with these standards. Allowing a sanitary landfill within the boundaries of a highly vulnerable karst aquifer (acuífero kárstico), without studies validated by SENARA, constitutes an unconstitutional and internationally reprehensible omission. Conclusion and petition: Official Letter DIGH-558-09 is not a neutral document: it is the official voice of the competent technical institution, which places “El Tomatal” within an aquifer protection zone (zona de protección acuífera). Ignoring it would be equivalent to disregarding the binding case law of this Chamber (2004-01923, 2012-08892, 2025035761) and the standards of the Corte IDH (OC-23/17). In light of the foregoing, I respectfully request that the Honorable Justices: 1. Treat Official Letter DIGH-558-09 as full and decisive evidence of the site’s water vulnerability. 2. Grant the writ of amparo (recurso de amparo) on the grounds that Articles 21, 25, and 50 of the Constitución Política have been violated, in connection with Articles 4.1 and 5.1 of the Convención Americana (pursuant to OC23/17). 3.Order the immediate suspension of operations at the “El Tomatal” sanitary landfill until hydrogeological studies validated by SENARA have been conducted and the Matriz de Criterios de Uso del Suelo has been complied with. 4. Serve notice of this decision on SENARA, AyA, and Municipalidad de Limón so that they may adopt measures to protect the Acuífero de Moín” (see electronic record).
  8. 19José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, reports under oath (see electronic record) in the following terms: “The appellant alleges that he is a resident of Barrio Roosevelt in the cantón Central de Limón, whose principal activity is tourism. He states that, since the end of 2025, the Ministerio de Salud has authorized the transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón sanitary landfill (relleno sanitario), known as El Tomatal, without conducting prior, free, and informed consultation with the affected population, in violation of ILO Convention 169. This causes unbearable odors that affect the peace, safety, and health of the residents of Limón. To date, the landfill does not have a valid discharge permit (permiso de vertido). The last time it submitted an application, it was denied through resolution DA-1079-2024.He explains that modifications have been made at the site to the project’s original design without an adequate assessment of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EIA), accelerating the exhaustion of its capacity and exposing the population to risks in an area of high precipitation. On January 7, 2026, he sent a letter to the Ministra de Salud and the Concejo Municipal demanding a technical report on the justification for the transfer, invoking the Ley General de Salud, Ley para la Gestión de Residuos Sólidos, and the precautionary and preventive principles. He states that the conduct of the Ministerio de Salud and SETENA is neglectful and arbitrary, endorsing unsustainable formalities without scientific evidence and violating the peace and safety of the residents of Limón. Before reporting on what was requested, we clarify that we will address the matters falling within the jurisdiction of this Dirección.BACKGROUND: Through expediente 4672-V, a discharge permit was granted for the first time by resolution R_0984- 2015-AGUAS-MINAE dated September 25, 2015, based on recommendation report AT -3240241- 5 dated September 7, 2015, to discharge the wastewater (aguas residuales) of the generating entity Parque Tecnología ambiental Limón, operated by Berthier EBI de Costa Rica, into the channel of the unnamed stream (quebrada sin nombre) at latitude coordinate: 24157. 2 and longitude coordinate: 65366.66. By resolution R-0450-2019-AGUAS-MINAE, issued at fifteen hours and fourteen minutes on May 8, 2020, the discharge permit granted to EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, corporate identification number 3-101-215741, represented by Patricia Campos Villagra, identification number 1-0880-0768, was renewed for a period of 3 years. Notwithstanding the foregoing, and pursuant to the monitoring plan carried out by the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía on September 18, 2020, it was verified that the publicly owned body of water (cuerpo de agua de dominio público) into which the effluent from the treatment plant was being discharged was completely dry.It is important to note that Decreto Ejecutivo 42128-MINAE, Reglamento de Canon Ambiental por Vertidos, established that when a discharge was made into a publicly owned watercourse (cauce de dominio público), that watercourse had to be permanent, meaning that it always had to have flow. In accordance with the foregoing, once the discharge permit had expired and given the condition of the watercourse, the application to renew the permit was denied. Through resolution DA-1079-2024 of April 29, 2024, the Director de Agua resolved to DENY Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A., corporate identification number 3-100-215741, a permit for discharge into a publicly owned watercourse at Lambert Norte coordinates latitude 215472 and longitude 636566, arising from the treatment and final disposal of solid waste at Parque Tecnología Ambiental Limón, located in distrito Limón, cantón Limón, provincia Limón.In view of this situation, and because public health was at stake, the matter was brought to the attention of the Ministerio de Salud through Guiselle Lucas Bolivar, Directora del Area Rectora en Salud de Limón. The Ministerio de Salud ordered EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA to submit an application for authorization to reuse the water from the treatment system for irrigation. The Ministerio de Salud technical report MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 dated October 2, 2022, resolved: “as a result of the review and analysis conducted, a POSITIVE Physical-Health Determination is issued for disposal through reuse of the treated effluent from the wastewater treatment system of the project: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, LOCATED IN SANTA ROSA, LIMON, LIMON,” which continues to be done to date. As stated in official letter DA-UHCAROG-0168-2026, on April 29, 2025, a joint visit was made to the site covered by the expediente with officials from the Ministerio de Salud.The operating facilities of the sanitary landfill were inspected, and it was observed that the discharge structure from the wastewater treatment system (sistema de tratamiento de aguas residuales, STAR) to the receiving body (cuerpo receptor)—the unnamed stream—was still in place. Accordingly, by official letter DA-UHCAROG-0362- 2025 dated May 19, 2025, sent to Engineer Rosibeth Villafuerte Rodríguez of the Proceso de Regulación de la Salud de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud, she was asked to order the regulated party (administrado), by means of a Health Order (Orden Sanitaria), to remove the structure used to discharge into a publicly owned watercourse at the discharge point previously authorized under expediente 4672-V, since there is currently no authorization to discharge. Through Health Order MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, the Ministerio de Salud ordered Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA to remove the structure used to discharge into the unnamed stream. That infrastructure has now been removed. It has been verified that Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA is not currently making any discharge into the unnamed stream” (see electronic record).
  9. 20In a written submission filed with the Secretaría, the appellant states as follows: “I. NEW FACTS AND IRREFUTABLE EVIDENCE OF NONCOMPLIANCE On March 20, 2026, the Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Aguas del MINAE itself issued official letter DAUHCAROG-0168-2026 (a simple copy of which is attached), addressed to the Director de Aguas, Engineer José Miguel Zeledón Calderón. That official document expressly acknowledges: • That, through resolution DA-1079-2024 (April 29, 2024), the permit for discharge into a publicly owned watercourse was DENIED to Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (corporate identification number 3-100- 215741) for Parque Tecnología Ambiental Limón. • That, as late as April 29, 2025 (one year after the denial!), the physical structure for discharging leachate (lixiviados) into the unnamed stream—the discharge point under the former expediente 4672-V—was still in place. • That the illegal structure was removed only after a Health Order from the Ministerio de Salud (MSDRRSHC-ARSL-00192-2025) and the visit of June 27, 2025. • That, as of the date of the official letter (March 2026), THERE IS NO VALID DISCHARGE PERMIT, yet the company continued to incur environmental discharge-fee charges (canon ambiental) without having requested the formal closure of expediente 4672-V.This official letter is not a complaint from a local resident: it is the official admission of the governing body for water resources. It demonstrates repeated illegal discharges maintained for more than one year after the express denial. Added to this is the official Ministerio de Salud report MSDRRSHC-URS-IT 0018-2025 (February 28, 2025), incorporated into judgments of this same Sala (N° 2025026093 and 2025027436): “Regulatory violations were found in the management of solid waste within Parque de Tecnología Ambiental EBI, specifically in the compaction, covering, and disposal of contaminated material […] The accumulation of waste without proper covering has led to the proliferation of scavenging fauna, which poses a risk to public health and the environment.” These are not isolated events: they have recurred from 2020 to the present and have been detected only through sporadic inspections or as a result of action taken by this appellant.II. SPECIFIC AND FLAGRANT VIOLATIONS OF ENVIRONMENTAL REGULATIONS 1. Discharges without a permit and without treatment • Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, 2007): Article 4 requires wastewater to be treated and prohibits discharge without express authorization. The company operated without a permit and kept the physical discharge structure in place for more than 12 months after the denial. A serious and continuing violation. 2. Mismanagement of the sanitary landfill • Reglamento sobre Rellenos Sanitarios (Decreto Ejecutivo N° 38928-S and amendments): requires daily compaction, intermediate and immediate covering, and control of leachate and vectors. MINSA report 0018-2025 establishes that none of these requirements were met. 3. Failure to conduct ongoing oversight • Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 (Articles 50, 51 and 52) and Ley General de Salud: impose on the State and the operator the obligation of continuous oversight.The authorities act only “in response to complaints” or through sporadic inspections. This is unacceptable at a site that receives thousands of tons of waste from the GAM. III. IMMINENT RISK TO GROUNDWATER AND THIRD-GENERATION RIGHTS The leachate generated by the lack of covering and compaction reaches the area’s aquifers directly, which are highly vulnerable due to their volcanic characteristics. The Sala Constitucional has been categorical: • Groundwater is publicly owned and enjoys heightened protection (judgments 1923-2004, 2012-08892, 06340-2012, among many others). • The precautionary principle applies whenever there is a risk of contamination: proof of current harm is unnecessary; a serious and irreversible risk is sufficient (consistent case law protecting aquifers from sanitary landfills). • Third-generation rights—the right to a healthy environment for present and future generations, including the unborn—require this Sala to intervene decisively (Article 50 of the Constitución Política and Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).The company cannot invoke a “national waste crisis” to justify illegal conduct. The crisis does not legitimize pollution. IV. RELIEF REQUESTED In view of all the foregoing, and pursuant to Articles 50 and 89 of the Constitución Política, Ley 7554, Decreto 33601, Reglamento de Rellenos Sanitarios, and the binding case law of this Sala, I respectfully request: 1. That this appearance be deemed received and the documentary evidence deemed submitted—official letter DA-UHCAROG-0168-2026 in simple-copy form and the reference to report MS-DRRSHC-URS-IT 0018-2025. 2. That the amparo proceeding (recurso de amparo) be granted and that the following be ordered: a) The immediate provisional closure of Parque Tecnología Ambiental Limón until full compliance with the regulations is established, including a valid discharge permit, an approved management plan, and ongoing oversight. b) That MINAE and the Ministerio de Salud implement a permanent monthly monitoring program for groundwater and surface water within a radius of 5 km, with the results made public. c) That daily coercive fines be imposed on the operator for each day of noncompliance. d) That the aquifer and the rights of future generations be protected as a preventive measure. 3. That this resolution be served on MINAE, Ministerio de Salud, SETENA, and Procuraduría Ambiental” (see electronic record).
  10. 21In a written submission filed with the Clerk’s Office of this Chamber, the appellant states as follows: “I. The report does not refute the facts; on the contrary, it confirms them and aggravates the constitutional violation. Report DA-0676-2026 expressly acknowledges: 1. That, by resolution DA-1079-2024 of 29 de abril de 2024, the discharge permit (permiso de vertido) requested by Berthier EBI de Costa Rica S.A. was denied. 2. That, despite that denial, as of 29 de abril de 2025 (more than a year later!), the discharge structure leading to the unnamed stream still existed and was operational. 3. That it was necessary to request that the Ministerio de Salud issue a health order (MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS) compelling the company to remove that structure. 4. That the infrastructure was physically removed only after that order (and the joint inspection of 29 de abril de 2025). This acknowledgment is not a defense; it is an institutional admission of wrongdoing.The Dirección de Aguas admits that, for more than twelve months after the permit had been denied, an illegal discharge structure was allowed to remain in a public-domain watercourse (cauce de dominio público). That is not merely an administrative irregularity: it is a serious and continuing violation of environmental regulations (Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Gestión de Residuos Sólidos, Reglamento de Canon Ambiental por Vertidos, and the precautionary principle itself enshrined in artículo 50 of the Constitución Política). II. Serious and deliberate omission by the Director de Aguas: the sanitary landfill (relleno sanitario) is located precisely at the boundary of the area’s aquifer. It is revealing and damning that Mr. José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas of MINAE, completely omitted from his report a fact of the utmost environmental and public-health significance: the “El Tomatal” sanitary landfill is located precisely at the boundary of the area’s aquifer.This omission is not an innocent oversight. It is a crude maneuver intended to conceal the real and catastrophic risk posed by continuing to deposit hundreds of tons per day of solid waste from the GAM at a site that directly threatens the quality and sustainability of the groundwater supplying thousands of residents of Limón. Locating a sanitary landfill at the boundary of an aquifer without rigorous hydrogeological studies, continuous monitoring, or a valid discharge permit constitutes unforgivable environmental recklessness and a flagrant violation of the duty to protect water resources enshrined in the Constitution and the Ley de Aguas. The Director de Aguas not only remains silent about this essential fact: he knowingly disregards it while attempting to treat the problem as resolved merely because a pipe was removed. Such conduct is unacceptable from a public official who has a legal obligation to safeguard the integrity of the nation’s aquifers.III. The report deliberately evades the core issue of the writ of amparo (recurso de amparo): the disposal of solid waste from the GAM. The appellant did not report only liquid discharges. I reported—and continue to report—the massive and illegal disposal of ordinary solid waste from the Gran Área Metropolitana at the “El Tomatal” sanitary landfill, without: • A valid discharge permit (as confirmed by the report itself). • An updated environmental assessment of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EIA) addressing the modifications to the original design. • Prior, free, and informed consultation (consulta previa, libre e informada) with the population of Limón (in violation of Convenio 169 de la OIT). • Compliance with the preventive and precautionary principles in an area of high rainfall and public-health vulnerability. The report of the Dirección de Aguas merely states that “there is no longer any liquid discharge into the stream.” That is irrelevant to the merits of the amparo proceeding.The problem is not merely the treated liquid effluent; it is the daily receipt of hundreds of tons of garbage that generate leachate (lixiviados), unbearable odors, proliferation of disease vectors, and a direct public-health risk to the residents of Santa Rosa and surrounding areas. The report does not deny that the landfill continues to receive waste from the GAM; it simply remains silent on the matter. That silence is telling and damning. IV. The immediate suspension of the arrival of solid waste from the Meseta Central to Limón is urgent and cannot be postponed. It is imperative, urgent, and essential that this Chamber immediately order the complete and permanent suspension of the arrival of solid waste from the Meseta Central at the “El Tomatal” sanitary landfill in Limón. Each day that this illegal transfer is allowed to continue aggravates the irreparable harm: the site’s capacity is depleted more rapidly, leachate multiplies, the nauseating odors invading Santa Rosa and surrounding areas intensify, and the risk of contaminating the aquifer located precisely at its boundary increases exponentially.This is not a minor nuisance. It is a real, present, and growing threat to the right to a healthy environment, public health, and the water resources of the entire province. The omissions and inaction of the respondent authorities have turned this transfer into an environmental and public-health time bomb. The Sala Constitucional cannot continue allowing the garbage of the Meseta Central to be dumped at a site that lacks the essential permits and places thousands of residents of Limón in imminent danger under the guise of technical excuses or strategic silence. The immediate suspension of incoming waste is an urgent constitutional measure that admits of no further delay. V. The indisputable admissibility of the writ of amparo and the measures requested. The facts set forth constitute a manifest, serious, and ongoing violation of fundamental rights: • Right to a healthy and ecologically balanced environment (art. 50 Constitución). • Right to health (art. 21 y 46 Constitución). • Right to prior consultation under Convenio 169 OIT (ratified by Costa Rica and having constitutional status). • Preventive and precautionary principles (Ley 7554 and the settled case law of this Chamber).I expressly request that this Chamber: 1. Grant the writ of amparo. 2. Order the immediate and complete suspension of the disposal and arrival of solid waste from the Meseta Central at “El Tomatal” until full compliance with all environmental, health, hydrogeological, and consultation-related permits and requirements has been demonstrated. 3. Order MINAE, Ministerio de Salud, and Municipalidad de Limón to conduct a comprehensive and updated environmental assessment of the site, with emphasis on the hydrogeological risk to the aquifer. 4. Impose such precautionary measures (medidas cautelares) as it deems appropriate to prevent further harm. VI. Conclusion. The report submitted by the Director de Aguas not only fails to refute the claims raised in the amparo proceeding: it corroborates and aggravates them. It confirms the denial of the permit, the illegal persistence of the infrastructure, and, above all, reveals a deliberate omission concerning the landfill’s critical location at the boundary of the aquifer.The Chamber cannot allow the population of Limón—and the water resource itself—to continue being exposed to documented and catastrophic environmental and public-health risks under the guise of incomplete technical formalities and strategic silence. The immediate suspension of incoming waste from the Meseta Central is a constitutional necessity that cannot be postponed. The merits, urgency, and immediate necessity of granting the amparo are clear” (see electronic record).
  11. 22The statutory requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Cruz Castro is the reporting judge; and,

Whereas:

I. SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDING

The appellant—a resident of Barrio Roosevelt in the central canton of Limón—complains that, since late 2025, the Ministerio de Salud has authorized the large-scale transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón sanitary landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), without conducting prior, free, and informed consultation with the affected population, in violation of Convenio 169 de la OIT. He asserts that the sanitary landfill does not have a valid discharge permit. The most recent application was denied by SETENA through resolution DA-1079-2024, issued at ocho horas con cuarenta y ocho minutos del 25 de abril de 2024, due to environmental noncompliance. Despite this, modifications have been made to the project’s original design without an adequate reassessment of the Environmental Impact Study, accelerating the depletion of its capacity and exposing the population to risks in an area of high rainfall.

He emphasizes that, on 07 de enero de 2026, he sent official letter MLV-005- 2026 to the Alcaldesa de Limón, the Ministra de Salud, and the Concejo Municipal, demanding a technical report on the justification for the transfer and invoking the Ley General de Salud N° 5395, the Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, and the precautionary and preventive principles. In response, the Ministerio de Salud issued official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026 of 13 de enero de 2026, which is evasive: it refers the matter of environmental feasibility (viabilidad ambiental) to SETENA, provides no projections concerning the landfill’s useful life, and justifies the transfer under Decreto Ejecutivo N° 44974-S (Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos), without scientific evidence of sustainability or prior consultation. He states that the conduct of the Ministerio de Salud and SETENA is neglectful and arbitrary, endorsing unsustainable formalities without scientific evidence and violating the peace and security of the residents of Limón.

II. FACTS PROVEN

The following facts are deemed duly established and relevant to the resolution of this matter, either because they have been substantiated or because the respondent authority failed to address them:

REGARDING THE ÁREA RECTORA DE SALUD a) The useful life of the Relleno Sanitario de Limón is estimated at approximately 29 years, according to the most recent operational report (see report of the respondent authority).

  • b)Before the year 2023, the Ministerio de Salud conducted an average of one to three inspections per year at the sanitary landfill in question; beginning in the year 2024, inspections became monthly, and during the months of febrero y marzo de 2025, the frequency of inspections ranged from biweekly to weekly (see report of the respondent authority).
  • c)The site is monitored quarterly, making it possible to detect and evaluate potential changes in its disposal capacity (see report of the respondent authority).
  • d)No significant increase has been identified in the volume of incoming waste that could affect the projected useful life of the landfill (see report of the respondent authority).
  • e)The site is monitored quarterly, making it possible to detect and evaluate potential changes in its disposal capacity (see report of the respondent authority).
  • f)Official letter MS-DSA-UGSA-385-2025 concerning Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón, signed by Ing. Ricardo Morales Vargas Jefe, Unidad de Gestión en Salud Ambiental, and Ing. Lourdes Sánchez Delgado Ingeniera Civil, DSA-UGSA, stated: “…CONCLUSIONS: 3) Useful-life analysis: Calculation of the project’s useful life is limited due to the absence of detailed information concerning the base of the cell…” (see report of the respondent authority).
  • g)That by official letter CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025, the appellant was informed as follows: “…Warm greetings. In response to the request, an analysis was conducted by Dr. Aura Baltodano Madrigal, of the Health Services Department, through report CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, which states as follows. In relation to the discharge permit of the company Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A, in its capacity as generating entity, legal entity identification number 3-101-215741, and in follow-up to resolution DA-1079-2024, of veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, which DENIES said permit, administrative act MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS was served, with which the regulated party complied, and the health order was lifted through official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…” (see report of the respondent authority).
  • h)That the Limón Health Governing Area conducts monthly technical follow-up on the physical, sanitary, and operating conditions of the Technology Park, thereby ensuring constant monitoring of the establishment and applying the corresponding administrative measures if violations of the regulations are identified (see report of the respondent authority).
  • i)That by official letter N°CARTA-MS-DGS-0275-2026 dated 30 de enero del 2026, signed by Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General of Health, the following was reported: “(…) Given that the appellant’s request specifically concerns the transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón sanitary landfill (El Tomatal Environmental Technology Park), I hereby report that this General Directorate of Health requested the relevant information from the Regional Directorates within the GAM, whose information regarding the exceptions granted is detailed below: • Municipality of Paraíso: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipality of Oreamuno: Exception granted through CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipality of Jiménez: Exception granted through CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipality of Belén: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipality of Escazú: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipality of Curridabat: Exception granted through MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipality of Alajuelita: Exception granted through RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025. It is important to note that these authorizations have been granted until 28 de abril del presente año. (…)” (see report of the respondent authority).

REGARDING SETENA j) That the project at issue corresponds to expediente FEAP-0242-2004-SETENA, project “Limón Sanitary Landfill,” Cadastral Plan No.: L-689751-87 Project Description: “Construction of a sanitary landfill with a capacity of 80 tons of garbage per day, on a 45 ha property (cadastral plan L-689751-87). The Landfill will occupy 86 177 m2. It has had environmental viability since 2008, when the environmental impact studies for the development of said project were approved; approval of environmental viability was granted through resolution No. 0914-2008-SETENA” (see report of the respondent authority).

  • k)That the company BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA holds a health operating permit valid through 28 de abril del 2026, which was issued in accordance with the general regulation governing health operating permits, licensing permits, and authorization for temporary mass-gathering events, granted by the Ministry of Health, Decreto 43432-S; Ley 8839 (see report of the respondent authority).
  • l)That SETENA has not granted any approval to bring solid waste from other areas of the country to the Limón sanitary landfill (see report of the respondent authority).

REGARDING THE MUNICIPALITY OF LIMÓN m) That on 06 de marzo del 2025, the Municipality of the Central Canton of Limón filed an application for a precautionary measure before the Administrative and Civil Tax Court of the Second Judicial Circuit of San José against “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A,” as well as against the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, which was assigned case number 25-001560-1027-CA, based on the same facts described by the appellant, since the Municipality likewise disagreed with the transfer of waste, seeking the following relief: “1) That this PRE-LITIGATION PRECAUTIONARY MEASURE, Inaudita Altera Parte, be granted so that, on an extremely provisional basis, without any delay and prima facie, the IMMEDIATE SUSPENSION OF THE CHALLENGED MATERIAL CONDUCT be ordered, namely, the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area to the LIMÓN ENVIRONMENTAL TREATMENT PARK, in the EL TOMATAL sector of Santa Rosa de Limón.

Likewise, that the respondent EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA be ordered to receive solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area at the LIMÓN ENVIRONMENTAL TREATMENT PARK, in the EL TOMATAL sector of Santa Rosa de Limón. I also request that your authority grant the same measure as a precautionary measure until the plenary proceeding that we will file against the disputed conduct is resolved, because it satisfies the structural characteristics of instrumentality, urgency, and provisionality. 2) That the STATE, the competent agencies of the MINISTRY OF HEALTH, and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY be ordered to issue any formal action and carry out all material actions necessary to PREVENT the transfer or transportation of SOLID WASTE through the SECTION OF NATIONAL ROUTE 32 THAT CROSSES THE PROTECTED WILDLIFE AREA KNOWN AS BRAULIO CARRILLO NATIONAL PARK, until technical studies determine that transporting waste under such conditions is harmless, or measures are adopted to mitigate the environmental risk. 3) Likewise, I ask the Court to adopt all PRECAUTIONARY MEASURES that it considers necessary and urgent for the effective protection of our subjective rights and legitimate public interests from the effects of the administrative conduct disputed herein, which will be challenged in the plenary proceeding that we will file in due course. The foregoing is intended to prevent the occurrence of further serious, imminent, and irreparable harm.” (see report of the respondent authority).

  • n)That on 06 de marzo del 2025, in expediente 25-001560-1027-CA, at twelve ten hours, the Administrative and Civil Tax Court of the Second Judicial Circuit of San José denied the extremely provisional precautionary measure because, in the judge’s view, there were no studies demonstrating the serious and irreversible harm alleged by the Municipality, even though such harm was clearly foreseeable; however, despite not granting the precautionary measure, the Court requested the following from the State and the company at issue: “Instead, in accordance with Article 24 of the CPCA, the State and Empresas Berthier EBI de CR, S.A. are granted a hearing for a period of three business days so that they may respond in writing regarding the precautionary measure requested by the plaintiff and may offer such evidence as they deem pertinent. To the same effect, the State is ordered, when submitting its response, to indicate whether, in relation to the facts set forth by the plaintiff, there is any scientific technical study addressing the effects and potential environmental impact of such facts, and to provide the respective technical opinion of the competent authorities, namely MINAE and the Ministry of Health. NOTICE SHALL BE GIVEN. - Alex Rojas Ortega, Judge.” (see report of the respondent authority).

REGARDING THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY o) That through expediente 4672-V, a discharge permit was granted for the first time by resolution R_0984- 2015-AGUAS-MINAE of 25 de setiembre de 2015, based on recommendation report AT -3240241- 5 of 7 de setiembre de 2015, to discharge the wastewater of the generating entity Limón Environmental Technology Park, operated by the company Berthier EBI de Costa Rica, into the channel of the unnamed stream at the coordinates latitude: 24157. 2 and longitude: 65366.66 (see report of the respondent authority).

  • p)That by resolution R-0450-2019-AGUAS-MINAE issued at 15:14 hours on 08 de mayo de 2020, the discharge permit of EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, legal entity identification number 3-101-215741, represented by Patricia Campos Villagra, identification number 1-0880-0768, was renewed for a period of 3 years (see report of the respondent authority).
  • q)That on 18 de setiembre de 2020, pursuant to the monitoring plan carried out by the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, it was verified that the publicly owned body of water into which the effluent from the treatment plant was being discharged was completely dry (see report of the respondent authority).
  • r)That because the river channel was completely dry, once the discharge permit expired, and given the condition of the channel, the renewed application for the permit was denied through resolution DA-1079-2024 of 29 de abril del 2024 (see report of the respondent authority).
  • s)That the situation was brought to the attention of the Ministry of Health, which ordered EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA to submit an application for authorization to reuse the water from the treatment system for irrigation (see report of the respondent authority).
  • t)That through technical report MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 of the Ministry of Health, dated 2 de octubre del 2022, it was resolved: “as a result of the review and analysis conducted, a POSITIVE Physical-Sanitary Opinion is issued for disposal through reuse of the treated effluent from the wastewater treatment system of the project: EBI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY PARK, LOCATED IN SANTA ROSA, LIMON, LIMON” (see report of the respondent authority).
  • u)That, as recorded in official letter DA-UHCAROG-0168-2026, on 29 de abril del 2025 a joint site visit concerning the expediente was conducted with officials from the Ministry of Health. The operating facilities of the Sanitary Landfill were inspected, and it was observed that the discharge structure from the wastewater treatment system into the receiving body (unnamed stream) remained in place (see report of the respondent authority).
  • v)That by official letter DA-UHCAROG-0362- 2025 dated 19 de mayo del 2025, sent to Engineer Rosibeth Villafuerte Rodríguez of the Health Regulation Process of the Huetar Caribe Regional Directorate of Health Governance of the Ministry of Health, she was requested to order the regulated party, through a Health Order, to remove the structure used to discharge into a publicly owned channel at the discharge point previously authorized under expediente 4672-V, since it currently has no authorization to discharge (see report of the respondent authority).
  • w)That through health order MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, the Ministry of Health ordered Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA to remove the structure used to discharge into the unnamed stream (see report of the respondent authority).
  • x)That as of the date the report was submitted, the infrastructure had already been removed, and therefore the company Berthier de Costa Rica EBI SA. was no longer generating any discharge (see report of the respondent authority).

III. REGARDING THE SPECIFIC CASE

From the reports submitted by the respondent authorities, which were rendered under oath with the legal consequences that this entails, it follows that the useful life of the Limón Sanitary Landfill is estimated at approximately 29 years, according to the latest operational report. It was established that, prior to 2023, the Ministry of Health conducted an average of one to three inspections per year at the sanitary landfill in question; beginning in 2024, inspections became monthly, and during February and March 2025, inspections were conducted every two weeks to weekly. It was demonstrated that the site is monitored quarterly, which makes it possible to detect and assess possible changes in its disposal capacity, and that no significant increase has been identified in the volume of incoming waste that could affect the projected useful life of the landfill. It was stated that the site is monitored quarterly, which makes it possible to detect and assess possible changes in its disposal capacity.

It was found that official letter MS-DSA-UGSA-385-2025 from the El Tomatal Environmental Technology Park, Limón, signed by Engineer Ricardo Morales Vargas, Head of the Environmental Health Management Unit, and Engineer Lourdes Sánchez Delgado, Civil Engineer, DSA-UGSA, stated: “…CONCLUSIONS: 3) Useful-life analysis: The calculation of the project’s useful life is limited due to the absence of detailed information concerning the base of the cell…”. It was proven that, by means of official letter CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025, the appellant was informed as follows: “…Kind regards. In response to the request, an analysis was conducted by Dr. Aura Baltodano Madrigal of the Health Services Department, through report CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, which states as follows. With regard to the discharge permit of Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A., in its capacity as a generating entity, corporate identification number 3-101-215741, and in follow-up to resolution DA-1079-2024, dated April twenty-nine, two thousand twenty-four, which DENIES said permit, administrative act MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS was served; the regulated party complied with it, and the health order was lifted by means of official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…”.

It was established that the Limón Health Governing Area conducts monthly technical monitoring of the physical, sanitary, and operational conditions of the Technology Park, thereby ensuring constant monitoring of the establishment and applying the corresponding administrative measures if noncompliance with applicable regulations is identified. Subsequently, by means of official letter N°CARTA-MS-DGS-0275-2026 dated January 30, 2026, signed by Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General of Health, the following was reported: “(…) Given that the appellant’s request specifically concerns the transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón sanitary landfill (El Tomatal Environmental Technology Park), I hereby report that this Directorate General of Health requested the relevant information from the Regional Directorates within the GAM; the exceptions granted are detailed below: • Municipality of Paraíso: Exception granted by means of CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipality of Oreamuno: Exception granted by means of CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipality of Jiménez: Exception granted by means of CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipality of Belén: Exception granted by means of CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipality of Escazú: Exception granted by means of CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipality of Curridabat: Exception granted by means of MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipality of Alajuelita: Exception granted by means of RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025.

It is important to note that these authorizations have been granted through April 28 of the current year. (…)”. With respect to SETENA, it was established that the project in question corresponds to file FEAP-0242-2004-SETENA, project “Limón Sanitary Landfill,” Cadastral Plan No.: L-689751-87 Project Description: “Construction of a sanitary landfill with a capacity of 80 tons of garbage per day, on a 45 ha property (cadastral plan L-689751-87). The Landfill will occupy 86 177 m2. It has had environmental feasibility approval since 2008, when the environmental impact studies for the development of said project were approved; environmental feasibility approval was granted by resolution No. 0914-2008-SETENA”. It was found that EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA holds a health operating permit valid through April 28, 2026, which was issued in accordance with the general regulations governing health operating permits, qualification permits, and authorizations for temporary mass-gathering events granted by the Ministry of Health, Decreto 43432-S; Ley 8839, and that no approval whatsoever has been granted to bring solid waste from other areas of the country to the Limón sanitary landfill.

With respect to the Municipality of Limón, it was verified that on March 06, 2025, the Municipality of the Central Canton of Limón filed an application for interim relief before the Administrative and Civil Tax Court of the II Judicial Circuit of San José against “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A,” as well as against the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, which was assigned case number 25-001560-1027-CA, based on the same facts described by the appellant, since the Municipality likewise disagreed with the transfer of waste, seeking the following relief: “1) That this PRE-FILING APPLICATION FOR INTERIM RELIEF, Inaudita Altera Parte, be granted so that, on a most provisional basis, without any delay and prima facie, the IMMEDIATE SUSPENSION OF THE CHALLENGED MATERIAL CONDUCT be ordered, namely, the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area to the LIMÓN ENVIRONMENTAL TREATMENT PARK, in the EL TOMATAL sector of Santa Rosa de Limón.

Likewise, that the respondent EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA be ordered to receive solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area at the LIMÓN ENVIRONMENTAL TREATMENT PARK, in the EL TOMATAL sector of Santa Rosa de Limón. I further request that Your Honor grant the same measure as interim relief until the plenary proceeding that we will bring against the disputed conduct has been resolved, because it satisfies the structural characteristics of instrumentality, urgency, and provisionality. 2) That the STATE, the competent departments of the MINISTRY OF HEALTH, and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY be ordered to issue any formal administrative action and undertake all material actions necessary to PREVENT the transfer or transportation of SOLID WASTE through the SECTION OF NATIONAL ROUTE 32 THAT CROSSES THE PROTECTED WILDLIFE AREA KNOWN AS BRAULIO CARRILLO NATIONAL PARK, until technical studies are available determining the safety of transporting waste under such conditions or measures are otherwise ordered to mitigate the environmental risk. 3) I likewise request that the Court adopt all INTERIM MEASURES it deems necessary and urgent for the effective protection of our subjective rights and legitimate public interests from the effects of the administrative conduct disputed herein, which will be challenged in the plenary proceeding that we will file in due course.

The foregoing is intended to prevent the occurrence of further serious, imminent, and irreparable harm”. That same day, in file 25-001560-1027-CA , at twelve hours and ten minutes, the Administrative and Civil Tax Court of the II Judicial Circuit of San José denied the most provisional interim measure because, in the judge’s view, there were no studies demonstrating the serious and irreversible harm alleged by the Municipality, despite such harm being clearly foreseeable. Nevertheless, although it did not grant the interim measure, it requested the following from the State and the company in question: “Instead, pursuant to the provisions of Article 24 of the CPCA, the State and Empresas Berthier EBI de CR, S.A. are granted a hearing for a period of three business days to submit written statements regarding the interim relief requested by the plaintiff and to offer any evidence they deem relevant.

To that same effect, the State is ordered, when submitting its response, to indicate whether, in relation to the facts set forth by the plaintiff, there is any scientific and technical study addressing the effects and potential environmental impact of such facts, and to provide the corresponding technical opinion of the competent authorities, namely MINAE and the Ministry of Health. NOTICE SHALL BE GIVEN. - Alex Rojas Ortega, Judge.”. With respect to the Ministry of Environment and Energy, it was shown that, through file 4672-V, a discharge permit was granted for the first time by resolution R_0984- 2015-AGUAS-MINAE of September 25, 2015, based on recommendation report AT -3240241- 5 of September 7, 2015, authorizing the discharge of wastewater from the generating entity Limón Environmental Technology Park, operated by Berthier EBI de Costa Rica, into the channel of the unnamed stream at coordinates latitude: 24157. 2 and longitude: 65366.66.

Subsequently, by resolution R-0450-2019-AGUAS-MINAE issued at 15:14 on May 08, 2020, the discharge permit of EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, corporate identification number 3-101-215741, represented by Patricia Campos Villagra, identification card number 1-0880-0768, was renewed for a period of 3 years. It was stated that on September 18, 2020, pursuant to the monitoring plan implemented by the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, it was verified that the publicly owned water body into which the treatment plant’s effluent was being discharged was completely dry. It was stated that, because the riverbed was completely dry, once the discharge permit expired and given the condition of the channel, the subsequent application to renew the permit was denied by resolution DA-1079-2024 of April 29, 2024. It was proven that the situation was brought to the attention of the Ministry of Health, which ordered EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA to submit an application for authorization to reuse water from the treatment system for irrigation; therefore, through Ministry of Health technical report MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 of October 2, 2022, it was resolved: “as a result of the review and analysis conducted, a POSITIVE Physical-Sanitary Opinion is hereby issued for disposal through reuse of the treated effluent from the wastewater treatment system of the project: EBI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY PARK, LOCATED IN SANTA ROSA, LIMON, LIMON”.

It was stated that, as recorded in official letter DA-UHCAROG-0168-2026, a joint site visit concerning the file was conducted on April 29, 2025, with officials from the Ministry of Health. The operating facilities of the Sanitary Landfill were toured, and it was observed that the discharge structure from the STAR into the receiving body (unnamed stream) remains in place. It was proven that, by means of official letter DA-UHCAROG-0362- 2025 dated May 19, 2025, sent to Engineer Rosibeth Villafuerte Rodríguez of the Health Regulation Process (Proceso de Regulación de la Salud) of the Huetar Caribe Regional Directorate for Health Governance (Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe) of the Ministerio de Salud is requested to order the regulated party (administrado), by means of a Sanitary Order (Orden Sanitaria), to remove the effluent discharge structure (estructura de descarga de vertido) leading to a publicly owned watercourse (cauce de dominio público), at the discharge point previously authorized under expediente 4672-V, because it currently lacks authorization to discharge.

It was established that, through Sanitary Order MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, the Ministerio de Salud ordered Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA to remove the discharge structure leading to the unnamed stream (quebrada sin nombre). Finally, it was stated that, as of the date the report was submitted, the infrastructure had already been removed and, therefore, Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. is not generating any discharge. Based on the foregoing, the following conclusions may be drawn:

  • 1)That SETENA is processing case file (expediente) FEAP-0242-2004-SETENA, entitled “Relleno Sanitario de Limón,” which has had environmental feasibility approval (viabilidad ambiental) since 2008, when the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) for the development of that project were approved; the environmental feasibility approval was granted through Resolution No. 0914-2008-SETENA. According to the resolution, the project description is as follows: … Cadastral Plan No.: L-689751-87, Project Description: Construction of a sanitary landfill (relleno sanitario) with a capacity of 80 ton of garbage per day, on a 45 ha property.
  • 2)That SETENA has not granted any approval for transferring solid waste from other areas of the country to the Limón sanitary landfill.
  • 3)That, through case file 4672-V, a discharge permit (permiso de vertidos) was granted for the first time by resolution R_0984- 2015-AGUAS-MINAE of 25 de setiembre de 2015, based on recommendation report AT -3240241- 5 of 7 de setiembre de 2015; authorizing the discharge of wastewater (aguas residuales) from the generating entity (ente generador), Parque Tecnología ambiental Limón, operated by Berthier EBI de Costa Rica, into the channel (cauce) of the unnamed stream at the coordinates latitude: 24157. 2 and longitude: 65366.66.
  • 4)The TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA is processing case file 25-001560-1027-CA, a proceeding concerning a pre-filing precautionary measure (Medida Cautelar Ante Causam) requested by the Municipalidad de Limón against Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, S.A., corporate identification number 3-101-215741, and the State. The local government’s request is as follows: “"1) That this PRE-FILING PRECAUTIONARY MEASURE, Inaudita Altera Parte, be granted so that, on an extremely provisional basis, without any delay and prima facie, the IMMEDIATE SUSPENSION OF THE CHALLENGED MATERIAL CONDUCT (CONDUCTA MATERIAL) be ordered, namely, the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Gran Área Metropolitana to the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector of Santa Rosa de Limón. Likewise, that the respondent EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA be ordered to receive solid waste produced, collected, or recovered in the Gran Área Metropolitana at the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector of Santa Rosa de Limón.

I also request that your authority grant the same measure on a precautionary basis until the merits proceeding (proceso de conocimiento) that we will bring against the disputed conduct has been decided, because it meets the structural characteristics of instrumentality, urgency, and provisionality. 2) That the STATE, the competent departments of the MINISTERIO DE SALUD, and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA be ordered to issue any formal action and undertake all material actions necessary to PREVENT the transfer or transportation of SOLID WASTE through the SECTION OF NATIONAL ROUTE 32 THAT CROSSES THE PROTECTED WILDLIFE AREA KNOWN AS PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, until technical studies are available determining that transporting waste under such conditions is harmless, or measures are adopted to mitigate the environmental risk. 3) Likewise, I ask the Court to adopt all PRECAUTIONARY MEASURES that it deems necessary and urgent for the effective protection of our subjective rights (derechos subjetivos) and legitimate public interests (intereses legítimos públicos) against the effects of the administrative conduct disputed herein, which will be challenged in the merits proceeding that we will file in due course. The foregoing is intended to prevent the occurrence of further serious, imminent, and irreparable harm." -The precautionary measure was denied-.

  • 5)That, before 2023, the Área Rectora de Salud de Limón conducted an average of one to three inspections per year at the sanitary landfill; beginning in 2024, inspections became monthly, and during February and March of the current year, the frequency of inspections ranged from biweekly to weekly.
  • 6)That, through health order (orden sanitaria) MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, the Ministerio de Salud ordered Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA to remove the discharge structure leading to the unnamed stream—the infrastructure was duly removed, and therefore Empresa Berthier de Costa Rica EBI S.A. is no longer generating any discharge—.

By judgment number 2025-026093, issued at twelve fifty on catorce de agosto de dos mil veinticinco, this Chamber decided amparo action (recurso de amparo) number 25-008408-0007-CO, filed by Maribel Morales Céspedes against the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., MINISTERIO DE SALUD, AND SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, and stated:

“II.- SUBJECT MATTER OF THE ACTION: The petitioner seeks amparo relief and alleges that, since November 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA has transferred significant quantities of solid waste each week from the Gran Área Metropolitana (GAM) to the sanitary landfill located in the province of Limón, specifically at Parque Tecnológico Ambiental El Tomatal. She states that this massive transfer of waste is taking place without the Municipalidad de Limón or other local authorities having been notified or consulted beforehand, according to public statements made by the mayor of Limón. She alleges that the described transfer directly endangers the constitutional right to a healthy environment (derecho constitucional a un ambiente sano) and adversely affects the region’s tourism image, an essential source of employment and economic development for Limón. She further states that environmental degradation would increase health risks and affect the public health of the province’s residents, with a direct impact on public health; contamination from leachate (lixiviados) and gases resulting from waste decomposition will affect air quality and water sources, with a corresponding increase in the risk of respiratory and gastrointestinal diseases; and it will directly affect tourism and the economy.

She explains that, by law, solid waste management is the responsibility of each local government, and therefore transferring waste from other regions breaches the legal and constitutional obligation of the municipalities of the Área Metropolitana to properly manage their own solid waste. She states that, in the face of this problem, there has been a lack of state oversight by entities such as the Ministerio de Salud and SETENA, a situation constituting a direct violation of the State’s duty of oversight and control. Based on the foregoing, she requests this Court’s intervention so that it may order: a) the Ministerio de Salud to immediately and permanently prohibit the transfer, storage, or disposal of waste from the GAM to the province of Limón at any of its sanitary landfills; b) the Ministerio de Salud, SETENA, and the Municipalidad de Limón to conduct an immediate technical and health inspection of the Limón sanitary landfill to determine its current condition and the harm caused by the illegal transfer of waste from the GAM or any other region, and the local authorities to immediately implement corrective and remedial measures to contain the environmental and health effects caused by the improper accumulation of such waste; c) the Ministerio de Salud and SETENA to submit to this Chamber a certified copy of any contract, administrative authorization, or permit under which EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA was allowed to transfer waste from the GAM to Limón.

(…)

IV. REGARDING THE SPECIFIC CASE

In the sub lite, the petitioner alleges that, since November 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA has transferred significant quantities of solid waste each week from the Gran Área Metropolitana (GAM) to the sanitary landfill located in the province of Limón, specifically at Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal.” She alleges that this transfer of waste is taking place without the Municipalidad de Limón or other local authorities having been notified or consulted beforehand. She alleges that the described transfer endangers the healthy environment, adversely affects the region’s tourism image, and jeopardizes an essential source of employment and economic development for Limón. She further states that environmental degradation would increase health risks and affect the public health of the province’s residents, with a direct impact on public health; contamination from leachate and gases resulting from waste decomposition will affect air quality and water sources, with a corresponding increase in the risk of respiratory and gastrointestinal diseases; and it will directly affect tourism and the economy.

She explains that, by law, solid waste management is the responsibility of each local government, and therefore transferring waste from other regions breaches the legal and constitutional obligation of the municipalities of the Área Metropolitana to properly manage their own solid waste. She states that, in the face of this problem, there has been a lack of state oversight by entities such as the Ministerio de Salud and SETENA, a situation constituting a direct violation of the State’s duty of oversight and control.

In this regard, the analysis of the reports submitted under oath by the respondent authorities, subject to the warnings, including criminal penalties, set forth in section 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and of the documentation submitted in the case file, establishes that the project in question is being processed under case file FEAP-0242-2004-SETENA, corresponding to the project “Relleno Sanitario de Limón,” Cadastral Plan No.: L-689751-87, Project Description: “Construction of a sanitary landfill with a capacity of 80 ton of garbage per day, on a 45 ha property (cadastral plan L-689751-87). The landfill will occupy 86 177 m2. It has also had environmental feasibility approval since 2008, when the environmental impact studies for the development of that project were approved; the environmental feasibility approval was granted through resolution No. 0914-2008-SETENA.” It is likewise established that Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA holds a health operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) valid through 28 de abril del 2026, granted by the Ministerio de Salud.

Likewise, it is deemed established that, due to the inconsistencies arising at Parque de Tecnología Ambiental EBI, the Ministerio de Salud issued health order (orden sanitaria) MS-DRRSHC-ARSL-00062-2025-OS, ordering the administration of that project to implement a series of measures and a schedule of activities in order to remedy the problems identified; ensure the proper compaction and covering of solid waste (residuos sólidos), in compliance with the regulations in force; properly dispose of contaminated material or soil, ensuring that it is not used as cover, secure its treatment, and provide a stockpile of cover material in accordance with the applicable regulations; and propose measures to control scavenging wildlife (fauna carroñera), considering options such as optimizing waste coverage and implementing strategies to prevent its presence. Accordingly, through technical report MS-DRRSHC-URS-IT-0034-2025 dated 01 de abril de 2025, the civil engineer of the Health Regulation Process of the Unidad de Rectoría de la Salud Región Huetar Caribe informed the head of that unit that the intervention plan required under health order N° MS-DRRHSC-ARSL-00062-2025 had been received.

That document, submitted by representatives of the respondent company (empresa accionada), describes the methodological actions for addressing the observations made and was approved by the regulatory authority, which also recommended that the Área Rectora de Salud de Limón continue monitoring compliance with and progress under the intervention plan submitted.

Thus, based on the foregoing, the Chamber finds that the appellant (recurrente) is incorrect in her contention. This is because it was demonstrated that, contrary to her allegation, the project is indeed regulated and supervised by the relevant authorities, specifically the Ministerio de Salud, which has maintained continuous oversight, as shown by the facts deemed proven in this judgment. Indeed, it was established that the sanitary landfill (relleno sanitario) located in the province of Limón, specifically at Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal,” does have environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) approved by SETENA in favor of Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, as well as an operating health permit (permiso sanitario de funcionamiento) issued by the Ministerio de Salud and valid through 28 de abril del 2026. The representative of the respondent ministry (ministerio recurrido) stated, however, that the project had exhibited operational deficiencies, for which reason that ministry has been carrying out the corresponding interventions so that the respondent company may remedy the problems identified during the on-site inspections (inspecciones in situ).

As of the dates on which the reports were submitted, the record shows that the respondent ministry had continued monitoring the matter and that the respondent company had been complying with the ministry’s requirements. During the latest inspection, the intervention plan submitted by the company was approved, and recommendations were issued to ensure that actions for the proper management of the sanitary landfill are maintained over the long term.

Finally, according to the information provided under oath by the representative of the Ministerio de Salud, subject to the warnings, including criminal penalties, set forth in section 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, prior to the year 2023 that ministry conducted an average of one to three inspections per year at the sanitary landfill in question. Beginning in the year 2024, the inspections became monthly, and during the months of febrero and marzo of the current year, their frequency ranged from every two weeks to weekly. In other words, all these actions were taken before the authorities became aware of this action. Based on the foregoing, this Chamber rules out any infringement of fundamental rights and, consequently, denies the action with respect to this claim.

V.Furthermore, Dra. Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as Acting Minister of Health, shall take note of her duty to remain vigilant in protecting public health and shall coordinate with the relevant authorities to ensure continuous inspection and oversight of the environmental conditions generated by the sanitary landfill in question, in order to protect the health of the population of the province of Limón and safeguard the right to a healthy environment.

VI.Furthermore, the appellant requests that the Chamber order the respondent company (empresa recurrida) to provide a certified copy of any contract, administrative authorization, or permit under which EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA was allowed to transport waste from the GAM to Limón. The evidence submitted with the action does not show that the interested party requested the information in question from the competent authority; consequently, the action is also denied with respect to this claim.

VII. In sum, the action is denied in all respects

Under the cited precedent and the body of facts deemed proven, the action is inadmissible. First, it was demonstrated that the project is indeed regulated and supervised by the relevant authorities, specifically the Ministerio de Salud, which has maintained continuous oversight. Second, since 18 de febrero del 2025, Health Order N.°MS-DRRSHC-ARSL-00046-2025 was served on the company Berthier, granting it a period of 10 business days to place the main aeration chamber of the wastewater treatment system (sistema de tratamiento de aguas residuales, STAR) at the PTA El Tomatal facilities into operation. The company was also ordered not to admit any quantities of solid waste other than those contemplated in the initial proposal submitted to the Ministerio de Salud; that is, it was prohibited, among other things, from transporting solid waste from the GAM. Third, although a trailer carrying garbage from the Gran Área Metropolitana (GAM) attempted to enter the Limón sanitary landfill, the Policía Municipal, the Ministerio de Salud, and Tránsito stopped the trailer, and it was returned to its place of origin, La Carpio.

Fourth, when transportation outside the municipal territory where the waste is generated is necessary for treatment or final disposal, the distance may not exceed 80 kilometers from the most distant point of generation. Fifth, although the Ministerio de Salud was aware that the STAR discharge structure leading to the receiving body (unnamed stream) had to be removed because the publicly owned body of water into which the treatment plant effluent was being discharged was completely dry, and although it was verified on 29 de abril del 2025 that the STAR discharge structure leading to the receiving body remained in place, it is equally true that, as of the date the reports were submitted, it was confirmed that Berthier de Costa Rica EBI SA. was not discharging into the stream. Accordingly, the action must be denied.

IV.The authorities of the Ministerio de Salud shall coordinate with the relevant authorities in order to maintain continuous oversight and control of the STAR discharge structure leading to the receiving body used by Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA.

V. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The appellant is hereby advised that, if she submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, she must retrieve them from the court clerk’s office within a maximum period of 30 business days from service of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», approved by the Corte Plena at session No. 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The action is denied. The authorities of the Ministerio de Salud shall take note of the penultimate Considerando of this judgment. Notice shall be given.

Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the iglesia del Perpetuo Socorro).

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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de abril de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo presentado por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE SALUD, y la SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL.

Resultando:

  1. 1Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 10:38 horas del 19 de enero de 2026 el recurrente presenta recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD, y la SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL. Manifiesta que “1. Soy vecino de Barrio Roosevelt en el cantón central de Limón, una zona habitada mayoritariamente por población afrodescendiente, la cual ha sido históricamente marginada y expuesta a desigualdades ambientales y sociales. Esta población depende de un entorno sano para su salud, economía (basada en turismo y actividades ecoturísticas) y preservación cultural. 2. Desde finales de 2025, el Ministerio de Salud ha autorizado el traslado masivo de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), sin realizar consulta previa, libre e informada a la población afectada, violando el Convenio 169 de la OIT. Este traslado involucra hasta siete camiones diarios, generando olores insoportables que afectan la paz, seguridad y salud de los limonenses, como se denunció en el Semanario Universidad el 9 de diciembre de 2025: “Vecinos de Limón denuncian olores insoportables causados por hasta siete camiones al día que llevan basura de la GAM a relleno sanitario”. 3.El relleno sanitario no cuenta con permiso de vertido vigente. La última solicitud fue denegada mediante resolución DA-1079-2024 de SETENA, de las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del 25 de abril de 2024, por incumplimientos ambientales. A pesar de ello, se han realizado modificaciones al diseño original del proyecto sin una reevaluación adecuada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), acelerando su agotamiento y exponiendo a la población a riesgos en una zona de alta precipitación. 4. El 7 de enero de 2026, remití el oficio MLV-005- 2026 a la Alcaldesa de Limón, la Ministra de Salud y el Concejo Municipal, exigiendo un informe técnico sobre la justificación del traslado, invocando la Ley General de Salud N° 5395, la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, y los principios precautorio y preventivo. En respuesta, el Ministerio de Salud emitió el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026 del 13 de enero de 2026, el cual es evasivo: remite a SETENA la viabilidad ambiental, no proporciona proyecciones de vida útil del relleno, y justifica el traslado bajo el Decreto Ejecutivo N° 44974-S (Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos), sin evidencia científica de sostenibilidad ni consulta previa. 5.Esta práctica acelera el colapso del relleno, obligando potencialmente a Limón a trasladar sus propios desechos fuera de la región, lo cual es económicamente inviable y agravaría la pobreza en una provincia marginada. No se han considerado alternativas regionales ni el impacto en acuíferos, salud pública y turismo. 6. La conducta del Ministerio de Salud y SETENA es omisiva y arbitraria, avalando formalidades insostenibles sin evidencia científica, violentando la paz y seguridad de los limonenses.” (sic). Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley. Además, la autoridad recurrida deberá informar si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios.
  2. 2Por resolución de las 20:15 horas del 25 de enero de 2026 se dio curso al presente amparo y se solicitó informe al MINISTRO Y A LA DIRECTORA DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE LIMÓN, AMBOS DEL MINISTERIO DE SALUD; ASÍ COMO EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) (ver registro electrónico).
  3. 3Informa bajo juramento Allan Mora Vargas en su calidad de Ministro a.i. y Guiselle Lucas Bolivar en su calidad de Directora de la Dirección del Área Rectora de Salud de Limón (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “Atendemos el presente recurso de amparo, con sustento en el informe CARTA-MS-DRRSHCARSL-00396-2026, de fecha 27 de enero del 2026, emitido por la suscrita Dra. Guiselle Lucas Bolívar, Directora, de la Dirección del Área Rectora de Salud Limón, donde se informa lo siguiente en relación con el presente recurso de amparo: “UNO: Que, no lleva razón el recurrente en indicar que este ministerio ha sido “evasivo” en atender sus solicitudes, por cuanto la información con relación a la vida útil del relleno sanitario le fue atendido mediante oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-1331-2025, en el cual se refirió: “CONCLUSIONES Con base en la información disponible hasta la fecha, la vida útil del Relleno Sanitario de Limón se estima en aproximadamente 29 años, según el último reporte operacional.Actualmente, el Ministerio de Salud está a la espera de los documentos técnicos solicitados a la empresa operadora para realizar una verificación detallada de dicha proyección. No se ha identificado un aumento significativo en el volumen de ingreso de residuos que pueda afectar la proyección de la vida útil del relleno. El monitoreo del sitio se realiza trimestralmente, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición. Se continuará con el seguimiento técnico y regulatorio para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la adecuada gestión del sitio.” Que, tal y como se consignó en el oficio supra, el oficio CARTA-MS-DRRSHCARSL-00158-2026, al cual hace referencia el recurrente se respalda en el Informe técnico de vigilancia estatal de rellenos sanitarios, Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón, MS-DSA-UGSA-385-2025, suscrito por el Ing. Ricardo Morales Vargas Jefe, Unidad de Gestión en Salud Ambiental y la Ing. Lourdes Sánchez Delgado Ingeniera Civil, DSA-UGSA, que constituye el informe más actualizado por parte del nivel central y el cual dicta: “…CONCLUSIONES: 3) Análisis de vida útil: El cálculo de la vida útil del proyecto está restringido debido a la ausencia de información detallada sobre la base de la celda…” Que, es menester indicar, que la información supra ya había sido solicitada al administrado, mediante orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS, en contra de la cual se presentó formal recurso de revocatoria con Apelación en subsidio por parte de la empresa el cual fue resuelto a través de la resolución MSDM-LB-2594-2025, suscrito por la Dra. Mary Munive Angermüller, Ministra de Salud, notificada el 15 de diciembre del 2025, determinando: “…declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Julien Chanbonneau, contra la Orden Sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-0063-2025, MSDRRSHC-ARSL-0063-2025-OS, emitida el 14 de marzo de 2025, por la Licda. Fanny Madrigal Núñez, funcionaria de la Dirección Área Rectora de Salud de Limón, Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, al determinarse en las inspecciones realizadas por las autoridades de la citada Área Rectora de Salud, que el relleno sanitario presenta inconsistencias de carácter técnico, que deben ser corregidas, siendo lo procedente mantener en todo el acto administrativo impugnado, el cual se confirma mediante la presente resolución”.Que, en cumplimiento al debido proceso y habiéndose otorgado un plazo prudencial posterior a la notificación de la resolución ministerial sin que conste el cumplimiento de la ordenanza por parte de este ministerio por lo que mediante informe CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0444-2026 se proceden a emitir informe sanitario por el incumplimiento al artículo 378 Bis de la Ley General de Salud, mediante CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0444-2026 y se procedió girar oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0446-2026 según lo indicado en el art.314 del Código Penal referente a la respectiva denuncia a los tribunales, así mismo, desde el punto vista de la sana crítica y la lógica, así como con sustento en los principios de racionabilidad y proporcionalidad se procedió a la aplicación de la regla técnica con el único fin de valorar el grado de incumplimiento de la empresa Berthier EBI de Costa Rica SA en el cual su punto refleja que no se procede a la clausura, todo lo anterior de traslada a nivel superior para indicaciones o consideraciones del caso.Mediante oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0087-2026, elaborado por el Ing. Magdiel Collado Trejos, se cuenta con los datos aportados por parte del operador del Parque Ambiental, el cual remite las proyecciones de vida útil de este en función de la cantidad del promedio de residuos sólidos que ingresan diario al relleno sanitario. Dicha información es suministrada por el operador del parque ambiental trimestralmente tal como lo indica el art. 35 del Reglamento de parques ambientales para la separación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos N° 44421-S y hace una proyección de vida útil estimada de 15 años con un volumen de ingreso promedio diario de 200 Toneladas. No obstante, se reitera lo ya consignado en el informe de Control Estatal y orden sanitaria en cuanto que a la fecha no se ha recibido el reporte operacional del último período del año 2025, por lo que no se cuenta con la proyección más reciente y por ello se emitieron las medidas administrativas supra indicadas.DOS: Que, en atención a consulta con relación a resolución DA-1079-2024, dicha consulta le fue debidamente atendida al recurrente mediante oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025, en el cual se le comunicó: “…Un cordial saludo. En atención a solicitud se realizó análisis por parte de la Dra. Aura Baltodano Madrigal, del departamento de servicios de salud, mediante informe CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, en el que indica lo siguiente. Con relación al permiso de vertido de la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A en condición de ente generador, cédula jurídica 3-101-215741 y en seguimiento a la resolución DA-1079-2024, del veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, donde DENIEGA dicho permiso, se notifica el acto administrativo MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, el cual el administrado cumple y se realiza el levantamiento de la orden sanitaria bajo el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…” Según consta, dicho oficio fue debidamente notificado, por lo cual el recurrente cuenta con la información.

TRES: Según el Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica No. 44974-S: "Artículo 10: Traslado de Residuos sólidos ordinarios, distancias y casos excepcionales. El traslado de residuos sólidos ordinarios debe cumplir simultáneamente con dos condiciones fundamentales: 1. La gestión de los residuos sólidos ordinarios debe realizarse dentro de la región correspondiente, conforme a las delimitaciones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), según lo dispuesto en el artículo 4 del presente reglamento, exceptuando aquellos casos que se acojan a lo establecido en el artículo 8 del presente reglamento. 2. Cuando sea necesario trasladar residuos sólidos ordinarios fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia hacia los Parques Ambientales no debe exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano.

En los casos en que esta distancia seaexcedida, será obligatorio el uso de Estaciones de Transferencia para optimizar el transporte, garantizando una operación eficiente dentro de la misma región. Las Estaciones de Transferencia: deben ubicarse estratégicamente dentro del territorio de la municipalidad generadora o, en su defecto, dentro de los territorios de las municipalidades que formen parte de un convenio intermunicipal, respetando un radio de influencia de hasta 45 kilómetros. Estas instalaciones deben contar con la infraestructura necesaria para garantizar una operación logística eficiente, asegurando la protección del ambiente y la salud pública, conforme a lo dispuesto en el capítulo XI "De las estaciones de transferencia" del Decreto Ejecutivo N° 36093-S, Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios, publicado el 16 de agosto de 2010. Asimismo, deben implementarse estrategias para prevenir la congestión vial y optimizar el flujo de transporte.

Situaciones de excepción: En caso de requerir trasladarse a otra región debido a que las infraestructuras se encuentren en desarrollo, mantenimiento o cuando otra región cuente con tecnologías más avanzadas o eficientes aprobadas, se debe presentar ante la Dirección Regional de Rectoría de la Salud donde se ubique el cantón para su respectiva revisión la siguiente información: a. Presentar un informe técnico detallado que explique las razones de la excepción, especificando si es por: . Desarrollo de infraestructura en la región original. . Labores de mantenimiento que obliguen a detener las operaciones en los sitios de tratamiento o disposición final, . Situación excepcional (por ejemplo, desastres naturales, emergencias sanitarias, mantenimientos). b. Incluir un análisis comparativo de las capacidades tecnológicas entre las regiones involucradas, cuando existan tecnologías más avanzadas o eficientes. c. Destino propuesto para tratamiento, aprovechamiento o disposición final. d. Evidencia de que el sitio receptor cumple las regulaciones nacionales. e. Diseñar un plan que incluya: .

Estrategias para la gestión de los residuos sólidos ordinarios durante el periodo de excepción. . Cronograma detallado de las actividades de traslado. . Mecanismos para minimizar impactos ambientales y de salud pública. Estas excepciones tendrán un plazo máximo de 1 año, a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, plazo durante el cual, cada región debe trabajar en el desarrollo de su infraestructura.” (…) Es importante indicar que el Área Rectora de Salud de Limón, realiza de forma mensual seguimiento técnico a las condiciones físico-sanitarias y de funcionamiento al Parque Tecnológico, garantizando de esta manera monitoreo constante al establecimiento y aplicando las medidas administrativas correspondientes en caso de identificar incumplimientos a la normativa según nuestras competencias.” De igual forma, mediante el oficio N°CARTA-MS-DGS-0275-2026 de fecha 30 de enero del 2026, suscrito por el Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General de Salud, se informa lo siguiente: “(…) Sendo que la solicitud del recurrente es específicamente sobre el traslado de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), informo que esta Dirección General de Salud solicitó información correspondiente a las Direcciones Regionales dentro de la GAM, cuya información de excepciones realizadas se detallan a continuación: • Municipalidad de Paraíso: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: Excepción otorgada mediante CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipalidad de Curridabat: Excepción otorgada mediante MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipalidad de Alajuelita: Excepción otorgada mediante RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025.

Importante señalar, que estas autorizaciones se encuentran dadas hasta el 28 de abril del presente año. (…)” (sic) CONCLUSIÓN De lo expuesto se determina que la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud se encuentran en todo ajustadas a derecho, ya que se le dio respuesta al administrado a la información solicitada, mediante el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-1331-2025, en fecha 24 de marzo del 2025, emitido por la suscrita Dra. Guiselle Lucas Bolívar, además de eso se le brindó información más actualizada a las consultas planteadas por el recurrente, mediante el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026, de fecha 13 de enero del 2026, suscrito por la Dra. Aura Baltodano Madrigal, en ese momento Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Limón, en este último oficio, respecto a lo solicitado de: Los fundamentos fácticos, legales (incluyendo cualquier ilegalidad patente) y técnicos que sustentan esta práctica, conforme a la viabilidad ambiental establecida en la Ley N°8839 y los principios precautorio y preventivo.

Se le indicó al aquí recurrente: “Referente al traslado de residuos entre regiones, se debe apegar según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°44974-S “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica”, específicamente a los artículos 9 y 10, item “ …. Situaciones de excepción: En caso de requerir trasladarse a otra región debido a que las infraestructuras se encuentren en desarrollo, mantenimiento o cuando otra región cuente con tecnologías más avanzadas o eficientes aprobadas, se debe presentar ante la Dirección Regional de Rectoría de la Salud donde se ubique el cantón para su respectiva revisión…” Por lo que estará trasladando la consulta al nivel superior para ser analizada y atendida junto a los emisores de dichas autorizaciones.” Dicha consulta realizada a nivel superior fue atendida mediante el oficio N°CARTA-MS-DGS0275-2026 de fecha 30 de enero del 2026, suscrito por el Dr. Bernny Villareal Cortés, donde se le indica lo siguiente: “(…) En razón de lo expuesto anteriormente, se concluye que la aplicación del artículo 10 del Decreto Ejecutivo N°44974-S, establece un procedimiento de revisión técnica a nivel regional, activado a solicitud del ente responsable del servicio, y no una autorización general emitida de oficio por el nivel central del Ministerio de Salud.” Además de eso, respecto a las solicitudes sobre el traslado de desechos sólidos ordinarios desde el GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), se adjuntan las excepciones que se realizaron a algunas municipalidades del GAM junto con la documentación respectiva.

Así las cosas, consideramos que este Ministerio, no ha violentado los derechos fundamentales de manera alguna al aquí recurrente. Se informa que la dirección de correo electrónico utilizada por el Despacho Ministerial para la recepción de correspondencia es: [email protected]”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

  1. 4Informa bajo juramento Andrés Cortez Orozco en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “PRIMERO: Previo a conocer los puntos del recurso de amparo contra SETENA se aclara que; el proyecto en cuestión corresponde al expediente FEAP-0242-2004-SETENA, titulado como “Relleno Sanitario de Limón”, mismo que cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprueban los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorga mediante la Resolución N° 0914-2008-SETENA. Conforme a la resolución la descripción de proyecto es la siguiente: … No. De Plano Catastrado: L-689751-87, Descripción del Proyecto: Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha (plano catastrado L-689751-1987).El Relleno ocupará 86,177.00 m2… Por su parte, dentro de los instrumentos de control y seguimiento ambiental establecidos para el proyecto “Relleno Sanitario de Limón”, están: ● Depósito de Garantía Ambiental: ₡ 7 300 000,00 y vigente hasta 27/05/2026 ● Bitácora Ambiental: Si se encuentra habilitada, retirada y en el AP. ● Regente ambiental: Nombre: GAPRO, S.A., representada por José Miguel Díaz Miranda; Registro EC-04-02, ACTIVO hasta 17/09/2029. ● Informes de responsabilidad ambiental: periodicidad cada 6 meses en fase operativa, el último Informe de responsabilidad ambiental aportado fue en fecha de 10/01/2026, correspondiente al periodo II Semestre del 2025. Conforme a lo establecido el próximo informe de responsabilidad ambiental debe ser presentado en julio del 2026 (…) TERCERO: Sobre el fondo de los alegatos: Alegato Primero: Corresponde a hechos propios y manifestaciones o apreciaciones del recurrente sobre las cuales no corresponde pronunciarnos.Alegato Segundo: No corresponde a hechos de esta representación estatal, sino propios del Ministerio de Salud. De acuerdo a las afirmaciones emitidas en el amparo, se aclara que SETENA no ha otorgado visto bueno alguno para traer residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón; no obstante, esta situación puntual excede las potestades de Ley con que cuenta esta Secretaría, dado que la responsabilidad institucional recae en el cumplimiento de los compromisos ambientales contraídos en la viabilidad ambiental y en la fiscalización de los instrumentos de control y seguimiento ambiental (ICOS). La aplicación directa de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N°8839) es competencia del Ministerio de Salud. Alegato Tercero: Respecto al permiso de vertido que se indica en el recurso de amparo, mismo con número de oficio DA-1079-2024, es un permiso que por competencia institucional le corresponde a la Dirección de Agua de MINAE y no lo otorga SETENA como menciona el señor [Nombre 001].Por otra parte, la afirmación realizada sobre las modificaciones de proyecto carece de fundamento, dado que toda modificación del diseño original debe pasar por SETENA, siendo que a la fecha no se ha presentado solicitud alguna y el señor [Nombre 001] no puntualiza a que tipo de modificación se refiere con dicha afirmación, ni aporta pruebas que evidencien dichas modificaciones. Alegato Cuarto: Como bien se indica en el punto 4, el oficio es remitido a la Alcaldesa de Limón, la Ministra de Salud y el Concejo Municipal de Limón; por ende, SETENA no conoce los alcances de las consultas e interrogantes planteadas por el señor [Nombre 001], en el oficio MLV-005-2026, dado que el mismo nunca fue dirigido a esta institución. Alegato Sexto: El punto 5, versa sobre manifestaciones o suposiciones que realiza el accionante y conjeturas que no son respaldadas por datos, informes o proyecciones que determinen la realidad del relleno en cuestión, y que corresponde al Ministerio de Salud determinar la capacidad o vida útil del mismo.Alegato Sexto: El señor [Nombre 001], involucra a esta Secretaría en sus conclusiones, cuando ante SETENA no se ha planteado solicitud alguna de interrogantes, denuncias o aclaraciones y el relleno sanitario es objeto de seguimiento y control ambiental por parte de esta Secretaría. Como se ha especificado líneas arriba, esta Secretaría ha cumplido acorde a sus funciones con lo que establece la normativa; siendo que el proyecto paso por el debido proceso de evaluación ambiental inicial y con ello luego de valorar sus condiciones se otorga la viabilidad ambiental en el año 2008, mediante la Resolución N°0914-2008-SETENA. Ahora bien, es importante aclarar que la viabilidad por si misma no es un permiso, sino que la misma constituye un requisito previó para que los desarrolladores de los diferentes TERCERO: Sobre el fondo de los alegatos: Alegato Primero: Corresponde a hechos propios y manifestaciones o apreciaciones del recurrente sobre las cuales no corresponde pronunciarnos.Alegato Segundo: No corresponde a hechos de esta representación estatal, sino propios del Ministerio de Salud. De acuerdo a las afirmaciones emitidas en el amparo, se aclara que SETENA no ha otorgado visto bueno alguno para traer residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón; no obstante, esta situación puntual excede las potestades de Ley con que cuenta esta Secretaría, dado que la responsabilidad institucional recae en el cumplimiento de los compromisos ambientales contraídos en la viabilidad ambiental y en la fiscalización de los instrumentos de control y seguimiento ambiental (ICOS). La aplicación directa de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N°8839) es competencia del Ministerio de Salud. Alegato Tercero: Respecto al permiso de vertido que se indica en el recurso de amparo, mismo con número de oficio DA-1079-2024, es un permiso que por competencia institucional le corresponde a la Dirección de Agua de MINAE y no lo otorga SETENA como menciona el señor [Nombre 001].Por otra parte, la afirmación realizada sobre las modificaciones de proyecto carece de fundamento, dado que toda modificación del diseño original debe pasar por SETENA, siendo que a la fecha no se ha presentado solicitud alguna y el señor [Nombre 001] no puntualiza a que tipo de modificación se refiere con dicha afirmación, ni aporta pruebas que evidencien dichas modificaciones. Alegato Cuarto: Como bien se indica en el punto 4, el oficio es remitido a la Alcaldesa de Limón, la Ministra de Salud y el Concejo Municipal de Limón; por ende, SETENA no conoce los alcances de las consultas e interrogantes planteadas por el señor [Nombre 001], en el oficio MLV-005-2026, dado que el mismo nunca fue dirigido a esta institución. Alegato Sexto: El punto 5, versa sobre manifestaciones o suposiciones que realiza el accionante y conjeturas que no son respaldadas por datos, informes o proyecciones que determinen la realidad del relleno en cuestión, y que corresponde al Ministerio de Salud determinar la capacidad o vida útil del mismo.Alegato Sexto: El señor [Nombre 001], involucra a esta Secretaría en sus conclusiones, cuando ante SETENA no se ha planteado solicitud alguna de interrogantes, denuncias o aclaraciones y el relleno sanitario es objeto de seguimiento y control ambiental por parte de esta Secretaría. Como se ha especificado líneas arriba, esta Secretaría ha cumplido acorde a sus funciones con lo que establece la normativa; siendo que el proyecto paso por el debido proceso de evaluación ambiental inicial y con ello luego de valorar sus condiciones se otorga la viabilidad ambiental en el año 2008, mediante la Resolución N°0914-2008-SETENA. Ahora bien, es importante aclarar que la viabilidad por si misma no es un permiso, sino que la misma constituye un requisito previó para que los desarrolladores de los diferentes proyectos puedan solicitar los permisos ante las autoridades del Estado que si otorgan permisos, llámese Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, Dirección de Aguas y otras más que deben fiscalizar también la operación de dichos proyectos.Como se aprecia en el punto PRIMERO, esta Secretaría a procedido conforme a la normativa, a la fecha el desarrollador se encuentra al día con los instrumentos de control y seguimiento ambiental (ICOS), mismos que son el parámetro de medición para el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por el desarrollador en el trámite de la viabilidad ambiental”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
  2. 5Por escrito de fecha 03 de febrero de 2026 el recurrente manifiesta lo siguiente: “En primer lugar, reitero las manifestaciones iniciales expuestas en mi recurso de amparo, las cuales no han sido adecuadamente atendidas ni desvirtuadas por los recurridos. Como vecino de una zona mayoritariamente habitada por población afrodescendiente, históricamente marginada y expuesta a desigualdades ambientales, denuncio que desde finales de 2024 se ha autorizado el traslado masivo de desechos sólidos ordinarios desde el Gran Área Metropolitana (GAM) al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), sin consulta previa, libre e informada a la población afectada, violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este traslado, que involucra hasta siete camiones diarios, genera olores insoportables que afectan la paz, seguridad y salud de los limonenses, como se documentó en el Semanario Universidad del 9 de diciembre de 2025.Además, el relleno no cuenta con permiso de vertido vigente, denegado por la Direccion de Aguas mediante resolución DA-1079- 2024 del 25 de abril de 2024, por incumplimientos ambientales. A pesar de ello, se han realizado modificaciones al diseño original sin reevaluación adecuada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), acelerando su agotamiento en una zona de alta precipitación. Esta práctica omisiva y arbitraria del Ministerio de Salud y SETENA avala formalidades insostenibles sin evidencia científica, violentando la paz y seguridad de los limonenses. Ahora bien, el informe conjunto de los recurridos es tangencial y ambiguo, ya que evade responder directamente a mis alegatos centrales, limitándose a citas normativas generales y referencias a documentos previos sin aportar evidencia concreta ni análisis profundo. Peor aún, existe una evidente contradicción entre este informe y la orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS, emitida el 14 de marzo de 2025, que reconoce inconsistencias técnicas graves en el relleno sanitario, incluyendo la ausencia de información detallada sobre la base de la celda, lo cual restringe el cálculo de su vida útil.Mientras el informe conjunto pretende minimizar el problema aludiendo a proyecciones obsoletas y evasivas (como la estimación de 29 años en el oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-1331-2025, basada en datos no verificados), la orden sanitaria y su resolución confirmatoria (MS-DM-LB-2594-2025 del 25 de noviembre de 2025) confirman incumplimientos que aceleran el colapso del sitio. Esta contradicción interna demuestra la falta de coherencia en la actuación de los recurridos, violando el principio de congruencia administrativa y el deber de motivación de los actos (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, LGAP, N° 6227). Los recurridos tratan de trivializar el presente asunto al argumentar que las respuestas previas son suficientes, cuando en realidad son contradictorias y carentes de sustento. Por ejemplo, en el punto de la vida útil del relleno, se hacen afirmaciones inconsistentes: el informe MS-DSA-UGSA-385-2025 (el más actualizado) concluye que el cálculo está restringido por ausencia de datos sobre la base de la celda, mientras que proyecciones aportadas por el operador (oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0087-2026) estiman 15 años con un ingreso promedio de 200 toneladas diarias, sin considerar el incremento masivo por traslados de la GAM.Estas afirmaciones son carentes de prueba técnica, fundamento fáctico ni legal, ya que no incluyen estudios actualizados de capacidad volumétrica, análisis hidrogeológicos ni proyecciones basadas en datos científicos verificables. Esto viola el principio in dubio pro natura, que exige resolver dudas a favor de la protección ambiental (Sala Constitucional, voto N° 2012-014591), y el artículo 16 de la LGAP, que obliga a motivar los actos administrativos con razones suficientes y no contradictorias. Además, los recurridos consienten el traslado indiscriminado de desechos sólidos de la GAM sin los indispensables estudios técnicos, en contraposición a la viabilidad ambiental emitida específicamente para la población de Limón en 2008 (resolución SETENA N° 914- 2008). El incremento en el volumen de desechos requiere indudablemente una modificación de la viabilidad ambiental, conforme a principios de ciencia y técnica (Ley N° 8839, artículo 8) y la normativa ambiental (Ley de Biodiversidad N° 7788).El menoscabo que representa la masiva llegada de desechos sólidos de la GAM, como mínimo, debió contar con el aval de la población afrodescendiente de Limón, según el deber de control de constitucionalidad (artículo 7 de la Constitución Política) y la normativa vigente en materia de desechos sólidos, derechos de tercera generación (derechos ambientales colectivos) y el artículo 50 de nuestra Constitución, que garantiza un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La omisión de consulta previa viola el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7316, que obliga a consultar a pueblos indígenas y tribales (incluyendo comunidades afrodescendientes) sobre medidas que les afecten directamente. Las afirmaciones de los recurridos no son congruentes con la jurisprudencia constitucional sobre el manejo y disposición de desechos sólidos. La Sala Constitucional ha reiterado que la gestión de residuos debe priorizar la prevención de riesgos y la equidad regional (votos N° 2015-001234 y N° 2020-015678), rechazando prácticas que sobrecarguen regiones marginadas como Limón.Los recurridos ni siquiera emiten una descripción de la clasificación de los desechos sólidos que estamos recibiendo los limonenses de la GAM, limitándose a emitir criterios generales sobre una situación extremadamente compleja. Esto exige una exhaustiva labor de coordinación entre el Ministerio de Salud y la SETENA, violentando por omisión los términos de la viabilidad ambiental otorgada bajo condiciones muy puntuales en el año 2008. Por ello, se impone un riguroso análisis técnico y jurídico del informe conjunto de las autoridades recurridas, en aras de no hacer nugatorios los derechos fundamentales de los limonenses, incluyendo el deber de consulta pública según el Convenio 169 de la OIT. El informe evade estos aspectos, trivializando el impacto en acuíferos, salud pública y turismo, y acelerando el colapso del relleno, lo que obligaría a Limón a trasladar sus propios desechos fuera de la región –una medida económicamente inviable que agravaría la pobreza en nuestra provincia.En virtud de lo expuesto, solicito respetuosamente a esta Honorable Sala que declare con lugar el recurso de amparo, ordene la inmediata suspensión de los traslados de desechos de la GAM al relleno de Limón, exija la realización de estudios técnicos independientes y una consulta previa a la población afectada, y condene en costas a los recurridos por su actuación omisiva y arbitraria. Esta es una cuestión de justicia ambiental y dignidad para Limón; no permitamos que se perpetúe esta violación flagrante” (ver registro electrónico).
  3. 6Por escrito de fecha 03 de febrero de 2026 el recurrente manifiesta lo siguiente: “Con el debido respeto y en ejercicio del derecho de defensa y contradicción que me asiste en el presente amparo, me dirijo a ustedes para denunciar, de manera formal y fundada, una grave omisión por parte de las autoridades recurridas (Ministerio de Salud y SETENA) que vicia de nulidad absoluta el procedimiento y pone en riesgo inminente el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 50 Constitución Política) de los habitantes de la provincia de Limón. 1. Los propios funcionarios recurridos han incorporado al expediente prueba que revela las deficiencias técnicas, sanitarias y ambientales del sitio receptor. Mediante la orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS (14 de marzo de 2025), notificada por el Área Rectora de Salud de Limón y ratificada en todos sus extremos por la Ministra de Salud mediante resolución MS-DM-LB-2594- 2025 (25 de noviembre de 2025), se ordenó a la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. corregir múltiples incumplimientos graves: • Ausencia de cobertura diaria de residuos (incumplimiento del art. 19 del D.E. 44421-S). • Pendientes de taludes entre 30 % y 45 % sin programa de monitoreo estructural anual. • Falta de información sobre la base de las celdas y memoria de cálculo, lo que impide calcular la vida útil real del sitio. • Sistemas incompletos de extracción y control de gases (18 chimeneas instaladas sin cumplir el radio de cobertura de 40 m). • Acumulación superficial de lixiviados en celda activa (informe de seguimiento MS-DRRSHC-ARSL-06912-2025, 8 de diciembre de 2025). • Informe técnico MS-DSA-UGSA-385-2025 (diciembre 2025) confirma que “el cálculo de la vida útil del proyecto está restringido debido a la ausencia de información detallada sobre la base de la celda”.Todos estos documentos fueron aportados por las propias autoridades recurridas y obran en el expediente. Sin embargo, el Ministerio de Salud y SETENA han autorizado (o tolerado) el traslado masivo de residuos de cantones populosos de la GAM (Escazú, Curridabat, Belén, Alajuelita, Paraíso, Oreamuno, Jiménez, etc.) al sitio El Tomatal mediante autorizaciones de excepción al art. 10 del D.E. 44974-S (Cartas MS-DRRSCE-0518-2025, MSDPRSA-USA-1042-2025, MS-DRRSCS-1848-2025, MS-DRRSCN-URS-IT-1099- 2025, MS-DRRSCS-2979-2025, entre otras), sin realizar el análisis técnico exigido por los principios precautorio y preventivo (arts. 1, 2, 4, 7, 262, 263 y 340 Ley General de Salud; jurisprudencia constante de esta Sala: Votos 07728-2004, 2019- 02019, 2020-01234, entre muchos). 2. El traslado carece del más elemental análisis de conveniencia para la comunidad de Limón. De los documentos aportados por los propios recurridos se desprende que: • La basura proviene mayoritariamente de cantones densamente poblados de la GAM (Escazú, Curridabat, Belén, etc.). • La distancia radial supera los 117 km (punto más lejano San Vicente de Belén → PTA Limón: 122,34 km según Google Earth). • No existe estudio técnico-económico comparativo que demuestre que el traslado a Limón es la opción más viable, eficiente y de menor impacto ambiental (requisito mínimo del art. 9 D.E. 44974-S). • No se ha evaluado el riesgo de agotamiento prematuro del sitio El Tomatal, cuya vida útil real sigue sin poder calcularse por falta de memoria de cálculo de base (Informe MS-DSA-UGSA-385-2025). • Limón es zona de alta visitación turística; un colapso sanitario como el ocurrido antes de 2009 generaría costos exorbitantes y afectaría gravemente la economía local.Esta omisión viola flagrantemente el principio de precaución (Declaración de Río 1992, art. 15; jurisprudencia vinculante de esta Sala) y el deber estatal de proteger intereses difusos (art. 50 Constitución). 3. Solicitud concreta Por las razones expuestas y con fundamento en los arts. 50, 129 Constitución Política; 1, 2, 4, 7, 262, 263, 340, 341, 355, 356 Ley General de Salud; 8, 9 y 10 D.E. 44974-S; 378 y 378 bis LGS; y jurisprudencia de esta Sala (Votos 07728-2004, 2019-02019, 2020-01234, 2022-00123, entre otros), solicito formalmente: 1. Ordenar al Ministerio de Salud y a SETENA que, en el plazo perentorio de 48 horas, realicen y remitan a este expediente un análisis técnico riguroso, exhaustivo e independiente sobre: • La vida útil real del PTA El Tomatal con datos actualizados de memoria de cálculo y viabilidad ambiental SETENA. • Impactos sanitarios, ambientales y económicos del traslado masivo de residuos de la GAM sobre la comunidad limonense. • Cumplimiento efectivo de los requisitos del art. 9 D.E. 44974-S en cada autorización de excepción otorgada. 2.Suspender provisionalmente cualquier traslado adicional de residuos de la GAM al PTA El Tomatal hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales. 3. Declarar con lugar el amparo y ordenar la reparación integral del daño causado a los intereses difusos” (ver registro electrónico).
  4. 7Por resolución de las diecinueve horas diez minutos del ocho de febrero de dos mil veintiséis el magistrado instructor amplió el curso y solicitó informe al ALCALDE Y AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LIMON (ver registro electrónico).
  5. 8Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente remite un escrito rotulado “Traslado formal del oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00645- 2026 de fecha 09 de febrero de 2026, suscrito por la Dra. Guisselle Lucas Bolívar en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Limón. Solicitud de medidas cautelares en resguardo de los derechos fundamentales de la población de la Provincia de Limón, en el expediente 25-036064-0007- CO” por medio del cual manifiesta lo siguiente: “Estimados Señores Magistrados: Me dirijo a esta honorable Sala Constitucional en mi condición de recurrente, [Nombre 001], representante de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, en el marco del expediente 25-036064-0007-CO, con el fin de dar formal traslado del oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00645-2026, de fecha 09 de febrero de 2026, suscrito por la Dra. Guisselle Lucas Bolívar en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Limón.Dicho documento responde a una solicitud previa de información sobre las autorizaciones excepcionales otorgadas para el depósito de desechos sólidos provenientes de siete cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) en el relleno sanitario de la Provincia de Limón. Sin embargo, lejos de constituir una respuesta adecuada y proporcional, el referido oficio revela una actuación administrativa irracional, desproporcionada y carente de fundamento técnico-científico, que vulnera de manera flagrante los derechos fundamentales de la población limonense, consagrados en la Constitución Política de la República de Costa Rica y en la normativa ambiental y sanitaria vigente. A continuación, expongo de manera detallada los fundamentos de esta crítica, solicitando a esta Sala la adopción inmediata de medidas cautelares para salvaguardar los intereses colectivos en juego. I. Contextualización de los Hechos y Crítica a la Actuación Administrativa El oficio en traslado informa sobre las autorizaciones excepcionales emitidas por diversas direcciones regionales de salud a las municipalidades de Paraíso, Oreamuno, Jiménez, Belén, Escazú, Curridabat y Alajuelita. permitiendo el depósito de sus desechos sólidos en el relleno sanitario de Limón.Estas autorizaciones, detalladas como sigue: • Municipalidad de Paraíso: CARTA-MS-DRRSCE-0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: CARTA-MS-DRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: CARTA-MS-DPRSA-USA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: CARTA-MS-DRRSCN-URS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: CARTA-MS-DRRSCS-1848-2025. • Municipalidad de Curridabat: MS-DRRSCS-0162-2026. • Municipalidad de Alajuelita: RESOLUCIÓN-MS-DRRSCS-2979- 2025. Se extienden hasta el 28 de abril de 2026, sin especificar plazos intermedios, soluciones alternativas a mediano o largo plazo, ni evaluaciones previas sobre la capacidad del relleno sanitario. Esta medida se adopta de manera inconsulta con la comunidad de Limón, autorizando alegremente el arribo indiscriminado de desechos externos, lo cual resulta absolutamente irracional y desproporcionado. En primer lugar, dicha actuación ignora la viabilidad ambiental otorgada al relleno sanitario en el año 2008 mediante resolución administrativa del Ministerio de Salud y el SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), la cual se diseñó para atender exclusivamente las necesidades de una población específica en la Provincia de Limón, sin contemplar el volumen adicional proveniente del GAM.Esta viabilidad, fundamentada en la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554, artículo 17 y siguientes), exige evaluaciones de impacto ambiental (EIA) que consideren la capacidad de carga del sitio, los riesgos sanitarios y la sostenibilidad a largo plazo. Al no prever el incremento exponencial de desechos (estimado en miles de toneladas mensuales provenientes de siete cantones), se violenta el principio de precaución ambiental, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, que obliga al Estado a garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En segundo lugar, la ausencia de consulta previa con la comunidad limonense contraviene el principio de participación ciudadana, establecido en la Ley de Biodiversidad (N° 7788, artículo 6) y en la Convención sobre Acceso a la Información, Participación del Público en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convenio de Aarhus, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 8295).La población local, como principal afectada, no ha sido informada ni consultada sobre una decisión que expone su salud y bienestar, maximizando riesgos como la contaminación de acuíferos, emisiones de gases tóxicos y proliferación de vectores de enfermedades, en violación a la Ley General de Salud (N° 5395, artículos 147 y 148), que prohíbe acciones que pongan en peligro la salud pública sin medidas mitigadoras. Además, la falta de determinación de la vida útil del relleno sanitario —un requisito técnico indispensable según el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Ejecutivo N° 38271-S-MINAE, artículo 22)— expone a la Provincia de Limón a un colapso inminente en el mediano o corto plazo, dejando a sus habitantes sin un sitio adecuado para la disposición y tratamiento de sus propios desechos. Esta omisión es carente de ciencia y técnica, ya que no se basa en estudios hidrogeológicos, de capacidad volumétrica ni de proyecciones demográficas, contraviniendo el principio de racionalidad administrativa (Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, N° 8508, artículo 11).La Directora del Área Rectora de Salud de Limón, al consignar estas autorizaciones sin plazos definidos ni soluciones alternativas, actúa en detrimento de los derechos locales, priorizando intereses externos sin justificación proporcional. II. Vulneración de Derechos Fundamentales y Normativa Aplicable La actuación criticada infringe derechos constitucionales fundamentales, tales como: • Derecho a un ambiente sano (artículo 50 de la Constitución Política): Jurisprudencia de esta Sala (por ejemplo, sentencia 2009- 014567) ha establecido que cualquier medida que incremente riesgos ambientales debe someterse a evaluaciones rigurosas y consulta comunitaria, bajo pena de nulidad. El depósito indiscriminado de desechos externos acelera la saturación del relleno, generando lixiviados tóxicos y contaminantes que amenazan la biodiversidad caribeña y la salud de la población, en contravención al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos (Decreto Ejecutivo N° 36003-S). • Derecho a la salud (artículo 21 de la Constitución Política y Ley General de Salud, N° 5395): La exposición prolongada a desechos sin controles adecuados incrementa incidencias de enfermedades respiratorias, dermatológicas y vectoriales, especialmente en comunidades vulnerables de Limón.Esta Sala ha reconocido en resoluciones como la 2015-002345 que tales riesgos justifican medidas cautelares inmediatas para prevenir daños irreparables. • Principio de proporcionalidad y razonabilidad (artículo 11 de la Constitución Política): La medida es desproporcionada al no equilibrar los beneficios temporales para el GAM con los perjuicios permanentes para Limón, violando el test de proporcionalidad establecido en la jurisprudencia constitucional (sentencia 2018-010234). No existe necesidad imperiosa ni alternativa menos lesiva, como la implementación de rellenos regionales en el GAM. • Derecho a la participación y no discriminación (artículos 9 y 33 de la Constitución Política): La Provincia de Limón, históricamente marginada, se convierte en “vertedero” de desechos metropolitanos sin voz en la decisión, configurando una discriminación territorial prohibida por la Ley contra la Discriminación (N° 9342).III. Solicitud de Medidas Cautelares Dado el riesgo inminente e irreparable para la población de Limón, solicito a esta honorable Sala la adopción inmediata de medidas cautelares, conforme al artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135), consistentes en: 1. La suspensión provisional de las autorizaciones excepcionales detalladas en el oficio trasladado, hasta que se realice una evaluación integral de impacto ambiental y consulta comunitaria. 2. La orden al Ministerio de Salud para que determine la vida útil del relleno sanitario de Limón, con base en estudios técnicos independientes, y proponga soluciones alternativas a mediano y largo plazo para el GAM. 3. La imposición de plazos estrictos y monitoreo continuo para cualquier depósito futuro, asegurando el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales. Estas medidas son procedentes ante la evidencia de vulneración inminente, como lo ha resuelto esta Sala en casos análogos (e.g., sentencia 2020-005678 sobre rellenos sanitarios)”.
  6. 8Informa bajo juramento ANA JANNIEL MATARRITA MC CALLA, en su condición de alcaldesa propietaria de la Municipalidad del Cantón Central de Limón (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “Según indica el recurrente, él remitió el oficio MLV-005-2026, del 07/01/2026, al correo personal institucional, sin embargo, no aporta prueba de ello. Por lo anterior se indica que el único correo habilitado para recibir consultas es [email protected]. Así las cosas, a criterio de la suscrita, no se ha violado el derecho de respuesta del señor [Nombre 001], por lo que acto seguido de forma respetuosa procedo a brindar respuesta sobre cada una de las preguntas planteadas. Con el propósito de garantizar que la información suministrada al recurrente sea exacta y actualizada al día de hoy, se gestionó ante la empresa EBI de Costa Rica S.A. la certificación del dato relativo a la vida útil del relleno sanitario, el cual será incorporado al expediente una vez remitido, debido a que el plazo para contestar el recurso de amparo es menor al tiempo que por ley tiene la empresa para remitir respuesta al Municipio.ANEXO UNO, AML-0636-2026 con constancia de correo recibido. CONTESTACIÓN PUNTO UNO Y TRES, INFORME DE LABORES A fin de brindar informe sobre lo actuado por este municipio, en contra de “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A”, en beneficio de los intereses de la población limonense, debido a la situación de traslado de residuos provenientes de la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario conocido como “El Tomatal”, en Santa Rosa de Limón, se realiza mención de los siguientes hechos: PRIMERO: Que el día 06 de marzo del año 2025, al ser las ocho horas y veintiocho minutos, se presentó por parte de la Municipalidad del Cantón Central de Limón una solicitud de medida cautelar, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, en contra de “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A”, así como contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, al cual se le asignó como número de causa 25-001560-1027-CA, por los mismos hechos descritos por el recurrente, esto al Municipio tampoco estar de acuerdo con el traslado de residuos, con la pretensión que a continuación de detalla: “1) Se acoja la presente MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte para que, de forma Provisionalísima, sin dilación alguna y prima facie, se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONDUCTA MATERIAL impugnada, sea el traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana al PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón.Igualmente, se ordene a la demandada EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA recibir residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana en el PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Asimismo, solicito a su autoridad acoger la misma medida en forma cautelar, hasta tanto no se resuelva el proceso de conocimiento que interpondremos en contra de la conducta controvertida, lo anterior por cumplir con los característicos estructurales de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. 2) Se ordene al ESTADO y a las dependencias competentes del MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, emitir cualquier conducta formal y desplegar todas las actuaciones materiales necesarias para IMPEDIR el traslado o transporte de RESIDUOS SÓLIDOS a través de la SECCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 QUE ATRAVIESA EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DENOMINADA PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, hasta en tanto no se cuente con estudios técnicos que determinen la inocuidad del transporte de residuos en tales condiciones o bien se dicten medidas paliativas del riesgo ambiental. 3) De igual forma, pido al Despacho adoptar todas las MEDIDAS CAUTELARES que este Tribunal estime necesarias y urgentes para la efectiva protección de nuestros derechos subjetivos e intereses legítimos públicos ante los efectos de la conducta administrativa aquí controvertido que será objeto de impugnación en el proceso de conocimiento que oportunamente interpondremos.Lo anterior para efectos de evitar la generación de mayores daños graves inminentes e irreparables.” SEGUNDO: Que el día 06 de marzo del 2025, en expediente 25-001560-1027-CA , al ser las doce horas diez minutos, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, rechaza la medida cautelar provisionalísima, debido a que a criterio del juez no existían estudios que permitan demostrar el daño grave e irreversible alegado por la municipalidad pese al mismo resultar claramente previsible, sin embargo, pese a no otorgar la medida cautelar le solicitó al Estado y a la empresa en cuestión lo siguiente: “En su lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del CPCA, se otorga audiencia al Estado y a Empresas Berthier EBI de CR, S.A., por un plazo de tres días hábiles, para que se manifiesten de manera escrita en relación con la cautelar solicitada por la parte actora, así como que puedan ofrecer la prueba que estimen pertinente.En ese mismo sentido, se ordena al Estado que, al momento de brindar contestación, indique si en relación con los hechos expuestos por la parte actora, existe o no algún estudio técnico científico que se refiera a los efectos y eventual impacto ambiental de tales hechos, así como aportar el respectivo criterio técnico de las autoridades competentes, sea el MINAE y el Ministerio de Salud. NOTIFÍQUESE. - Alex Rojas Ortega, Juez.” (Negrita no corresponde al documento original” TERCERO: En lo que interesa a este proceso, respecto a lo solicitado en el punto anterior, es importante citar lo expuesto por la Procuraduría General de la República el día 12 de mayo del 2025, en expediente 25-001560-1027-CA: “Conforme a lo esbozado en líneas anteriores, el 18 de febrero del 2025 se notificó la Orden Sanitaria N.°MS-DRRSHC-ARSL-00046-2025 a la empresa Berthier mediante la que se otorgó el plazo de 10 días hábiles a efectos de que entrara en funcionamiento la cámara de aireación principal del sistema de tratamiento de aguas residuales de las instalaciones del PTA El Tomatal y se dispuso no dar ingreso de otras cantidades de residuos sólidos que no estuvieran contemplados en la propuesta inicial planteada ante el Ministerio de Salud, sea se le impidió trasladar los residuos sólidos del GAM, entre otros.(Véase prueba n.°2, Tomo 30, folios 4725-4725). En consecuencia, desde ese momento y hasta la fecha existe un impedimento respecto al traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en el Gran Área Metropolitana o de cualquier otra parte del país al PTA de Limón El Tomatal, pues solo tienen ingreso los de dicha zona (Municipalidades de Limón, Matina y Talamanca); mismos que fueron detallados y autorizados cuando se solicitó el permiso de funcionamiento. Es importante indicar que, aun cuando se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto contra dicho acto, ya que el de revocatoria fue rechazado mediante Resolución N.° MS-DRRSHC-0379-2024, éste no tiene efectos suspensivos. (Véase prueba n.°2, Tomo 30, folios 4730-4762,4773-4777, 4794-4797,4853, 4858-4861, 4864, 4865). Bajo el mismo contexto, a través del Oficio N.° CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0849-2025 del 28 de febrero del 2025, suscrito por la Licda. Fanny Madrigal Núñez, Servicios de Salud, Área Rectora de Salud Limón y la Ing. Rosibel Villafuerte Rodríguez, Dirección Regional Huetar Caribe, Rectoría de la Salud, se consignó que: “8.El día 17 febrero del 2025, se realiza visita de inspección, siendo que, se logra identificar que en la cámara de aireación principal persiste la misma condición de la última visita realizada, ya que no había realizado obras para el avance de las mejoras requeridas, razón por la cual, la ingeniera Zamora comunica que contarán con el cronograma de actividades para implementar las acciones para el funcionamiento de esta a la brevedad posible, bajo oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00683-2025. En dicha visita informa la Ingeniera Zamora, que, desde hace dos semanas, tomaron la decisión que EBI Limón, no estaría recibiendo residuos, esto debido a que se encontraban realizando obras de ampliación de la Celda 3, y para ello, se requería más capacidad de equipo y personal, oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00683-2025.” (La negrita y el subrayado son propios) (Véase prueba n.°2, Tomo 30, folios 4763-4766). En abono a lo indicado, desde el 28 de abril anterior, entró en vigencia el “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica” (Decreto Ejecutivo N.° 44974), cuyo objetivo es establecer un marco de acción en función de sistemas cantonales (modelo regional) que obliga a una colaboración intermunicipal para la optimización del uso de los recursos y reducción del impacto ambiental.(Artículo 1) Bajo ese orden, las municipalidades y demás entidades responsables de la gestión de residuos deberán organizarse dentro las regiones establecidas por el MIDEPLAN, según lo indicado en el Decreto Ejecutivo N.° 37735, siendo que éstas gestionarán de manera autónoma sus residuos sólidos, reduciendo su dependencia de otras regiones y promoviendo la implementación de modelos de economía circular. (Decreto Ejecutivo N.° 44974, artículo 4). Específicamente, los artículos 9 y 10 del reglamento de comentario, fijan la obligación de que la gestión de los residuos sólidos ordinarios debe realizarse dentro de la región correspondiente. No obstante, cuando sea necesario el traslado fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia no podrá exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano. Del mismo modo, en los casos en que la distancia se sobrepase, será obligatorio el uso de Estaciones de Transferencia para optimizar el transporte y garantizar una operación eficiente dentro de la misma región y en los casos de excepción se deberá presentar un informe técnico que respalde la decisión.Por tanto, al haber cesado el traslado de residuos del GAM desde el mes de febrero y al haberse dictado normativa específica que fija las condiciones actuales sobre las que sedeberá trabajar en los traslados de los residuos sólidos para tratamiento o disposición final de un cantón a otro, solicitamos el rechazo de lo peticionado y el archivo inmediato del presente asunto, al haber cesado lo aquí reclamado. CUARTO: Que el 12 de mayo del 2025, en el expediente 25-001560-1027-CA, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, emitió la sentencia número N° 2025004402, de las trece horas con cinco minutos del doce de mayo del dos mil veinticinco, en la que dispuso: “POR TANTO Se rechaza la solicitud de medida cautelar gestionada por la Municipalidad de Limón. Notifíquese.” *Nota: Se adjunta copia de la respuesta de la PGR, Ministerio de Salud y MINAE, así como de la sentencia.Sin embargo, en caso de requerir copia integra del expediente, al no poder autorizar a su persona para que directamente sea quien realice la diligencia, se pone en conocimiento que se ha autorizado a la funcionaria, Daniela Arantxa Castro Padilla para asistirle con el trámite correspondiente. No obstante, le informamos cordialmente que los costos de las copias deberán ser asumidos directamente por su persona, ya que la municipalidad no cubrirá dicho gasto. Agradecemos además que nos indique la fecha y hora en que le sería posible realizar dicho trámite ante el despacho judicial para proceder con la coordinación. * QUINTO: Así las cosas, se demuestra: 1.-) que los intereses de los recurrentes no son afectados como consecuencia de omisiones realizadas por la Municipalidad de Limón, 2.-) que se ha ejercido los procedimientos legales existentes a fin de salvaguardar los intereses de la población SEXTO: Que incluso, la Municipalidad, cuando no existía orden sanitaria que permitiera el traslado de basura a más de 80 kilómetros, actuando a favor de los intereses de los administrados , intentó frenar la situación, tómese como referencia la noticia publicada en la página de internet https://elmundo.cr/municipales/limon-frena-ingreso-ilegalde-basura-de-la-gam-al-relleno-sanitario/ del 26 de Mayo del 2025, en la que se indica: “Limón frena ingreso ilegal de basura de la GAM al relleno sanitario Limón, 26 may (elmundo.cr) – La Policía Municipal, el Ministerio de Salud y Tránsito detuvieron un tráiler que transportaba basura proveniente de la Gran Área Metropolitana (GAM) e intentaba ingresar al relleno sanitario de Limón.El vehículo fue interceptado y devuelto a su lugar de origen, La Carpio. El operativo conjunto, que se mantendrá indefinidamente, se llevó a cabo gracias a un sistema de monitoreo constante y acciones coordinadas. El camión transportaba residuos sólidos de la GAM con destino al relleno sanitario limonense. La empresa responsable del transporte deberá responder ante una denuncia formal presentada por la Alcaldía de Limón ante el Ministerio de Salud. Además, se solicitó una investigación a la Sede de La Carpio por presunta violación al nuevo reglamento del Ministerio de Salud. La Municipalidad de Limón reitera su postura: “¡Limón no es un basurero!”. Se hace un llamado a los usuarios de la Ruta 32 para que reporten en tiempo real la detección de traileras sospechosas al número 87-98-81-70. Se solicita no enviar videos cuya procedencia o vigencia no sean verificables. La alcaldesa de Limón, Ana McCalla, “de la Alcaldía vamos a seguir sosteniendo los operativos conjuntos de forma indefinida hasta que esta situación se controle o haya un, se marque un precedente a la empresa con la finalidad de hacer cumplir el nuevo reglamento del Ministerio de Salud y defender la vida útil del relleno”.La alcaldesa hizo un llamado “a los otros gobiernos locales que también utilizan el relleno de Limón y que también les afecta esta situación de que nuestro relleno sanitario pierda vida útil. La verdad es que Limón no puede quedarse solo en esta lucha. Hago un llamado a los demás cantones y gobiernos locales para que se sumen también con operativos articulados, con vigilancia, con monitoreo de esta situación para que nos podamos unir y defender el relleno como es necesario, ya que todos somos usuarios”. “Lamento mucho que tenga que estarse usando el recurso público que está destinado para mejorar la vida de nuestros habitantes y para la protección de los mismos. En el caso, por ejemplo, de la Policía Municipal y que tenga que estarse destinando el recurso público de forma casi extraoficial. O sea, es decir, que aparte del recurso disponible tenemos que hacer un esfuerzo doble o triple para estar prácticamente vigilando una empresa privada que debería de estar apegada a la ley y al marco legal”, sostuvo.McCalla recalcó que “no es posible que estemos usando el recurso público para estas situaciones. Esto ya es el colmo. O sea, realmente hacer un llamado también de conciencia a la empresa para que por favor se apegue al marco legal, a la normativa vigente”. “No podemos estar descubriendo sectores, en el caso de la Policía Municipal, descubriendo sectores y duplicando el recurso que realmente se necesita en las calles de Limón para proteger a los ciudadanos para estas cosas. Verdaderamente esto es una situación muy penosa, muy lamentable y esperamos que no se repita porque vamos a estar muy firmes en el hecho de que se cumple la ley y la normativa vigente y que nuestro relleno sanitario no pierda vida útil por estar acarreando basura de otros territorios”, concluyó. SÉTIMO: Actualmente, por entrar en vigencia el “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica” que permite a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud el otorgar permisos como excepción para el traslado de desechos a más de 80 km de distancia, es que no se puede frenar el traslado de residuos.Véase: A. CARTA-MS-DPRSA-USA- 1042-2025. B. CARTA-MS-DRRSCE-0518-2025. C. MS-DPRSA-USA-1018-2025. Dichos documentos, otorgan, de acuerdo al “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica” permisos de excepción para el traslado de residuos Permisos que de acuerdo al artículo 10 tienen vigencia de un año, a partir de la entrada en vigencia de dicho reglamento, plazo durante el cual, cada región debe trabajar en el desarrollo de su infraestructura a fin de evitar consecuencias devastadoras para Limón. Por lo expuesto, se solicita respetuosamente que no se imponga sanción alguna a la Municipalidad Central de Limón, toda vez que esta no autorizó el ingreso de residuos provenientes del Gran Área Metropolitana (GAM). Por el contrario, al tener conocimiento de dicha situación, promovió oportunamente la correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el expediente sumario N.º 25-001560-1027-CA.Actualmente, tal como se indicó, existe una orden sanitaria vigente que, conforme al marco reglamentario aplicable, obliga al municipio a permitir que la empresa EBI traslade residuos del GAM para su disposición en Limón. En consecuencia, la reducción de la vida útil del relleno sanitario resulta un efecto inevitable derivado del cumplimiento obligatorio de dicha orden. No obstante, el municipio ha ejercido y continúa ejerciendo las acciones legales pertinentes a fin de evitar que esta situación se prolongue, actuando siempre dentro del marco de legalidad y considerando, además, la fecha de vencimiento de los permisos respectivos. Así las cosas, se demuestra que la Municipalidad de Limón ha ejercido los procedimientos legales existentes a fin de salvaguardar los intereses de la población”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
  7. 9Informa bajo juramento Juan Pablo Poveda Chinchilla en su calidad de Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón Central de Limón (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “PRIMERO: Sobre los hechos alegados. El recurrente señala que el Ministerio de Salud habría autorizado el traslado masivo de residuos sólidos ordinarios desde la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario ubicado en Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), sin consulta previa y generando impactos ambientales y sociales negativos. SEGUNDO: Sobre la competencia del Concejo Municipal. El traslado de residuos interregionales y las autorizaciones sanitarias correspondientes constituyen materias propias del Ministerio de Salud y de las autoridades ambientales nacionales, conforme a la Ley General de Salud N° 5395 y la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839. El Concejo Municipal no tiene competencia para autorizar, aprobar o ejecutar traslados de residuos provenientes de otras regiones del país, ni para otorgar permisos sanitarios o ambientales.TERCERO: Actuación del Concejo Municipal frente a la situación denunciada. Lejos de incurrir en omisión, el Concejo Municipal ha manifestado formal y públicamente su oposición al traslado de residuos sólidos de la GAM a Limón. Mediante acuerdo SM-0591-2025, adoptado en Sesión Ordinaria N° 77 del 21 de octubre de 2025, el Concejo conoció el Informe CAJ-22-2025 y reiteró el acuerdo previo SM-0083-2025, en el cual expresamente se manifestó que este Concejo Municipal está en contra del traslado de desechos sólidos de la Gran Área Metropolitana a los rellenos sanitarios ubicados en Limón. Asimismo, se solicitó criterio técnico al Ministerio de Salud, tanto a nivel nacional como regional, sobre la conveniencia o no del traslado, y se convocó a autoridades del Ministerio de Salud y a representantes de la empresa operadora del relleno para que rindieran cuentas ante el Concejo Municipal Es decir, el órgano deliberativo municipal no solo rechazó la medida, sino que ejerció su función de control político y fiscalización.CUARTO: Inexistencia de omisión atribuible al Concejo. El acto denunciado —la eventual autorización del traslado de residuos— no fue adoptado por el Concejo Municipal ni depende de su voluntad jurídica. Por el contrario: 1. El Concejo se opuso expresamente. 2. Solicitó criterios técnicos a la autoridad competente. 3. Convocó a autoridades nacionales para rendición de cuentas. No existe, por tanto, conducta activa u omisiva del Concejo que pueda considerarse lesiva de derechos fundamentales. QUINTO:.En lo que respecta al Concejo Municipal del Cantón Central de Limón, no existe autorización, aval ni ejecución del traslado denunciado. El órgano colegiado ha manifestado su oposición formal y ha ejercido las acciones que le competen dentro de su ámbito constitucional y legal. Cualquier eventual vulneración alegada deberá analizarse respecto de las autoridades nacionales competentes en materia sanitaria y ambiental”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
  8. 10Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el 26 de febrero de 2026 el recurrente manifiesta lo siguiente: “Con el mayor respeto a esta honorable Sala, comparezco en mi calidad de recurrente en el presente recurso de amparo para contestar formalmente la contestación presentada por la señora Alcaldesa de la Municipalidad del Cantón Central de Limón. I. Reiteración de mis manifestaciones iniciales y aclaración previa Reitero íntegramente todas las manifestaciones contenidas en mi escrito de interposición del recurso de amparo. Aclaro enfáticamente, tal como consta en el expediente, que el recurso fue presentado inicialmente contra el Ministerio de Salud, y que fue el señor Magistrado Instructor quien, en uso de sus facultades legales, dispuso darle traslado como recurrida a la señora Alcaldesa Municipal de Limón. Por tanto, resulta improcedente cualquier alegato de la recurrida tendente a cuestionar la recepción o el cauce procesal dado por esta Sala.II. Objetivo principal del recurso de amparo El objeto central y único de este amparo es que la Sala Constitucional ordene, de manera inmediata y efectiva, la prohibición del ingreso de desechos sólidos procedentes de los siete cantones de la Gran Área Metropolitana (Meseta Central) al Relleno Sanitario El Tomatal (Parque de Tratamiento Ambiental operado por Berthier EBI de Costa Rica S.A.), ubicado en Santa Rosa de Limón. Esta pretensión se fundamenta en la grave crisis ambiental y sanitaria que históricamente ha sufrido y sigue sufriendo la provincia de Limón, documentada en abundantes reportajes de prensa nacional desde el año 2000 hasta la fecha (entre otros, publicaciones recientes en Semanario Universidad, UNA Comunica y medios nacionales que dan cuenta del ingreso diario de hasta siete camiones de basura de la GAM, olores insoportables y acelerada reducción de la vida útil del relleno).III. Refutación a la contestación de la recurrida La respuesta de la señora Alcaldesa, si bien describe acciones judiciales y administrativas previas, no desvirtúa ni resuelve la violación constitucional alegada. 1. La Municipalidad reconoce que el relleno recibe (y debe recibir por orden sanitaria) residuos de la GAM, lo cual es precisamente lo que se impugna. Las medidas cautelares interpuestas por la propia Municipalidad en el expediente 25- 001560-1027-CA fueron rechazadas, y las órdenes sanitarias y permisos de excepción invocados (basados en el Decreto Ejecutivo N.º 44974) son actos administrativos cuya constitucionalidad está en entredicho en este amparo. 2. No se ha aportado ningún estudio técnico actualizado que determine: • La vida útil real del Relleno El Tomatal tras las modificaciones realizadas. • Las adecuaciones efectuadas a la viabilidad ambiental otorgada por SETENA en el año 2008. • El impacto acumulado del transporte y disposición de miles de toneladas adicionales procedentes de la GAM.La ausencia de tales estudios viola el principio precautorio consagrado en la jurisprudencia reiterada de esta Sala (ver, entre muchas, sentencias N.º 2004-9927, 2013-09374 y 2025- 026093, entre otras), según el cual, ante riesgo de daño grave o irreversible al ambiente y a la salud pública, la falta de certeza científica plena no puede invocarse para postergar medidas de protección. 3. Tampoco se ha cumplido con el deber de consulta previa, libre e informada a la población afrodescendiente de Limón, conforme al Convenio 169 de la OIT (ratificado por Costa Rica y de jerarquía constitucional según interpretación de esta Sala). Esta Sala ha reconocido recientemente este derecho en casos análogos que afectan comunidades afrodescendientes del Caribe (sentencia N.º 029985-2025, entre otras). La decisión de convertir a Limón en receptor de basura de la GAM incide directamente sobre territorios y comunidades históricamente afrodescendientes, sin que se haya realizado consulta alguna. 4.Las acciones descritas por la recurrida (operativos policiales, intentos de frenar camiones, etc.) son meramente paliativas y no sustituyen el deber constitucional de la Administración de velar por los intereses ambientales y sanitarios del cantón (artículo 50 y 89 de la Constitución Política). La propia Alcaldesa reconoce en declaraciones públicas que “Limón no es un basurero”, pero simultáneamente se ve obligada a permitir el ingreso por órdenes superiores, lo cual evidencia la necesidad de intervención constitucional urgente. IV. Solicitud concreta Por todo lo expuesto, y en aras de tutelar los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 Constitución Política), a la salud, a la igualdad y al principio de razonabilidad y proporcionalidad, solicito muy respetuosamente a esta honorable Sala: a) Declarar con lugar el presente recurso de amparo. b) Ordenar, de manera inmediata, la suspensión y prohibición del traslado e ingreso de desechos sólidos procedentes de los cantones de la Gran Área Metropolitana al Relleno Sanitario El Tomatal de Limón, por resultar lesivo para la comunidad limonense. c) Mantener dicha medida hasta tanto se realicen los estudios técnicos completos sobre vida útil, impacto ambiental y se cumpla con la consulta previa al pueblo afrodescendiente conforme al Convenio 169 de la OIT. Quedo a la orden de esta Sala para cualquier aclaración o diligencia que se estime necesaria” (ver registro electrónico).
  9. 11Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el 27 de febrero de 2026 el recurrente manifiesta lo siguiente: “I. Antecedentes y Objeto de la Réplica Como se desprende del informe rendido por la parte recurrida, el Ministerio de Salud ha autorizado el traslado masivo de residuos sólidos ordinarios desde la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario ubicado en Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), sin que medie consulta previa ni evaluación ambiental actualizada. Aunque el Concejo Municipal manifiesta su oposición formal mediante acuerdos como el SM-0591-2025 y el SM0083-2025, y ha solicitado criterios técnicos al Ministerio de Salud, tales acciones no subsanan la arbitrariedad de la decisión ministerial, la cual implica una modificación sustancial de las condiciones de viabilidad ambiental original del relleno sanitario, sin el aval previo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).Esta réplica se fundamenta en la jurisprudencia consolidada de esta Sala Constitucional, que ha establecido de manera reiterada la obligatoriedad de someter cualquier modificación significativa en actividades con impacto ambiental a una nueva evaluación por parte de SETENA, bajo pena de violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política). Asimismo, se destaca la irracionalidad y desproporcionalidad de la medida, que transgrede principios constitucionales y convencionales, sin que medie decreto de emergencia que justifique tal arbitrariedad. Se enfatiza particularmente la ausencia de consulta pública previa, conforme al Convenio 169 de la OIT, incorporando antecedentes y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que refuerzan esta obligación internacional. Se señala además, con énfasis, que el problema sanitario relacionado con la disposición de desechos sólidos en las municipalidades del Gran Área Metropolitana es un problema de planificación y estrategia nacional que el Ministerio de Salud pretende subsanar poniendo en riesgo la economía local de la provincia de Limón, la cual depende en gran medida del turismo, amenazado por la eventual saturación del relleno sanitario.II. Fundamentación Jurídica A. Modificación de Viabilidad Ambiental sin Aval Previo de SETENA: Irracionalidad y Desproporcionalidad La autorización ministerial para el traslado de siete camiones diarios de residuos sólidos provenientes de siete municipalidades de la GAM representa una alteración sustancial de las condiciones originales bajo las cuales se otorgó la viabilidad ambiental al relleno sanitario de Limón. Este sitio fue diseñado exclusivamente para atender las necesidades de la población local, y el incremento en el volumen de desechos acelera el agotamiento de su vida útil, exponiendo a los habitantes de la provincia a riesgos sanitarios y ambientales inminentes. Esta Sala ha sido enfática en que cualquier cambio en las circunstancias de un proyecto que pueda afectar el ambiente requiere una revaloración por SETENA, aplicando el principio precautorio. En la sentencia Nº 2017-006340 de las nueve horas quince minutos del cinco de mayo de dos mil diecisiete, se resolvió un recurso de amparo donde SETENA había otorgado viabilidad ambiental inicial asumiendo ciertas medidas mitigadoras (como una planta de tratamiento), pero una posterior exoneración por otra entidad sin notificación a SETENA ni evaluación hidrogeológica por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) violó el principio precautorio y el derecho a un ambiente sano.La Sala anuló la exoneración y ordenó a SETENA verificar si el cambio modificaba la viabilidad ambiental, requiriendo, de ser necesario, una nueva valoración. De igual manera, en la sentencia Nº 2023-011236 de esta Sala, se acogió parcialmente un amparo contra SETENA por otorgar viabilidad ambiental a un relleno sanitario sin convocar a una nueva audiencia pública, a pesar de que la anterior databa de más de diez años. Se argumentó que exonerar tal requisito resulta improcedente, pues la tutela efectiva del artículo 50 constitucional exige que la participación ciudadana se realice en las condiciones actuales del proyecto, no en evaluaciones obsoletas. Esto refuerza que modificaciones o renovaciones en operaciones de rellenos sanitarios demandan procesos actualizados, incluyendo audiencias públicas para garantizar la proporcionalidad y racionalidad de la medida. En el caso sub examine, la decisión del Ministerio de Salud carece de una evaluación técnica actualizada por SETENA, lo cual es irracional y desproporcionado, ya que ignora el principio preventivo y precautorio, consagrados en la jurisprudencia constitucional (por ejemplo, sentencia Nº 2010-005219 de las quince horas del dieciséis de marzo de dos mil diez, donde se enfatiza que actividades como la ampliación de rellenos sanitarios no pueden proceder sin permisos ambientales vigentes).Tal omisión pone en riesgo la salud pública y el equilibrio ecológico, violando el artículo 50 de la Constitución Política, sin que exista un decreto de emergencia que justifique la urgencia (conforme al artículo 140 inciso 8 de la Constitución Política, que reserva tales medidas excepcionales al Poder Ejecutivo en casos de necesidad impostergable). B. Violación al Artículo 169 de la Constitución Política y al Convenio 169 de la OIT La medida adoptada por el Ministerio de Salud es unilateral y contraria a los intereses locales de la provincia de Limón, administrados por el Gobierno Municipal conforme al artículo 169 de la Constitución Política, que encomienda a los cantones la gestión de sus servicios e intereses locales, incluyendo aspectos ambientales y sanitarios. El traslado interregional de residuos sólidos, sin aval municipal efectivo más allá de oposiciones formales, desvirtúa esta autonomía constitucional, convirtiendo a Limón en receptor pasivo de desechos ajenos, lo cual es desproporcionado y atenta contra la planificación local.Adicionalmente, la ausencia de consulta pública previa transgrede el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica mediante Ley Nº 7316 de 1992, que obliga a consultar a los pueblos indígenas y tribales en decisiones que les afecten directamente (artículo 6). Aunque el informe de la recurrida no alude a comunidades indígenas específicas, la provincia de Limón alberga poblaciones con derechos colectivos bajo este convenio, y decisiones ambientales como el traslado de residuos requieren consulta previa, libre e informada. En la sentencia Nº 2025-035746 de esta Sala, se reitera que la omisión de consulta viola el Convenio 169, especialmente en medidas administrativas con impacto ambiental, exigiendo que se busque acuerdo o consentimiento. Similarmente, en la sentencia Nº 2012-018147 de las quince horas del catorce de diciembre de dos mil doce, se declaró inconstitucional normativa que omitía consultas indígenas, aplicando el principio de no regresividad ambiental.La falta de consulta en este caso no solo es arbitraria, sino que agrava la vulnerabilidad de la población limonense, exponiéndola a amenazas sanitarias sin participación efectiva. Antecedentes y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Consulta Pública conforme al Convenio 169 de la OIT La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desarrollado una sólida jurisprudencia sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI) de pueblos indígenas y tribales, derivado del Convenio 169 de la OIT, integrándolo con los derechos a la participación, propiedad y autodeterminación consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Costa Rica, como Estado parte de la Convención Americana (ratificada en 1969), está obligada a acatar esta jurisprudencia, conforme al artículo 62 de dicha Convención y la doctrina de control de convencionalidad adoptada por esta Sala Constitucional en múltiples sentencias (por ejemplo, Nº 2004-013435).Un antecedente clave es el caso Pueblo Saramaka vs. Surinam (Sentencia de 28 de noviembre de 2007), donde la CIDH reconoció por primera vez que los pueblos tribales, como los saramaka (descendientes de esclavos africanos liberados), gozan de derechos similares a los indígenas, incluyendo el derecho a la propiedad colectiva sobre sus territorios ancestrales sin necesidad de título formal (posesión suficiente). La Corte determinó violaciones a los artículos 3 (personalidad jurídica), 21 (propiedad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 (obligaciones de respeto y garantía). En particular, enfatizó que para concesiones mineras y madereras en territorios indígenas/tribales, el Estado debe no solo consultar, sino obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en casos de proyectos a gran escala que afecten significativamente la supervivencia cultural y física del pueblo.Además, ordenó delimitar, demarcar y titular el territorio mediante consultas efectivas, revisar concesiones existentes y asegurar participación en beneficios. Otro hito es el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (Sentencia de 27 de junio de 2012), donde la CIDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por no consultar a la comunidad sarayaku antes de otorgar concesiones petroleras en su territorio, violando los artículos 21 (propiedad) y 23 (participación política) de la Convención Americana. La Corte estableció estándares precisos para la consulta: debe realizarse de buena fe, fomentando diálogo genuino y confianza mutua, con el objetivo de alcanzar consenso; debe ser previa, desde las etapas iniciales de planificación; debe proporcionar información completa y detallada sobre impactos, riesgos y beneficios, incluyendo evaluaciones de impacto ambiental (EIA); y debe buscar el consentimiento según las costumbres del pueblo, especialmente en proyectos de gran impacto.La CIDH subrayó que la consulta es un principio general del derecho internacional, derivado de la participación efectiva, derechos de propiedad y autodeterminación. Esta jurisprudencia es directamente aplicable al presente caso, ya que el traslado masivo de residuos sólidos constituye una medida administrativa con impactos ambientales y sociales significativos en la provincia de Limón, que alberga comunidades con características indígenas y tribales protegidas por el Convenio 169. La omisión de consulta previa por el Ministerio de Salud viola estos estándares interamericanos, agravando la desproporcionalidad de la decisión y exponiendo a la población a riesgos sin su participación efectiva. C. Ausencia de Justificación por Emergencia y Riesgo a la Salud Pública La Ley General de Salud (Nº 5395) y la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Nº 8839) confieren competencias al Ministerio de Salud en materia sanitaria, pero subordinan las decisiones ambientales a SETENA.El informe confirma que no existe autorización municipal para el traslado, y la oposición del Concejo no ha impedido la ejecución, lo cual evidencia una omisión lesiva. Sin un decreto de emergencia (artículo 140 inciso 8 constitucional), la medida es desproporcionada, poniendo en riesgo la salud de los habitantes al agotar prematuramente un recurso técnico diseñado para uso local. Se enfatiza que el problema sanitario relacionado con la disposición de desechos sólidos que presentan las municipalidades del Gran Área Metropolitana es un problema de planificación y estrategia nacional, que el Ministerio de Salud pretende subsanar mediante esta medida arbitraria, transfiriendo la carga ambiental y sanitaria a la provincia de Limón. Esta aproximación resulta particularmente irracional, ya que pone en grave riesgo la economía local de Limón, la cual depende en gran medida del turismo como uno de sus sectores impulsores principales, junto con la logística y la agroindustria.El turismo representa una fuente vital de ingresos para la provincia, con potencial en áreas extensas que podrían verse amenazadas por la eventual saturación del relleno sanitario, lo que comprometería la imagen ambiental y el atractivo turístico de la región, afectando directamente el desarrollo económico y el empleo local. A nivel nacional, el turismo contribuye significativamente al PIB (alrededor del 6,3% directo), y en Limón, actividades como el turismo de cruceros y el ecoturismo son clave para la reactivación económica, por lo que cualquier degradación ambiental derivada de esta decisión unilateral podría tener impactos regresivos e irreparables en la sostenibilidad provincial. III. Solicitud Por las razones expuestas, solicito respetuosamente a esta honorable Sala: 1. Tener por rendida esta réplica al informe de la parte recurrida. 2. Declarar con lugar el recurso de amparo, anulando la autorización ministerial y ordenando al Ministerio de Salud abstenerse de ejecutar el traslado sin previa modificación de viabilidad ambiental por SETENA, consulta pública conforme al Convenio 169 de la OIT y estándares de la CIDH, y respeto a la autonomía municipal (artículo 169 constitucional). 3. Condenar en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida” (ver registro electrónico).
  10. 12Por resolución de las diez horas treinta y seis minutos del seis de marzo de dos mil veintiséis el magistrado instructor amplio el curso y solicitó informe al Director de la Dirección de Agua del MINAE (ver registro electrónico).
  11. 13Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “La nueva prueba se adjunta al amparo de lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley N° 7135), en particular en sus disposiciones relativas al trámite sumario y privilegiado del recurso de amparo (artículos 29 y ss.), que permiten la incorporación de elementos probatorios en cualquier momento del proceso mientras subsista la violación o amenaza, con el objetivo de garantizar la efectiva tutela de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a un ambiente sano y la salud pública consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política. Esta comunicación se formula de manera formal, reflexiva y crítica, en resguardo de los derechos colectivos de la comunidad afectada, conforme a la normativa ambiental vigente, el principio precautorio, la jurisprudencia de esta Sala y el principio de “quien contamina paga” establecido en las directrices de la OCDE.Como es de conocimiento de esta Sala, el objeto del proceso versa sobre las irregularidades en la operación del relleno sanitario operado por Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (cédula jurídica 3-101-215741), ubicado en el Parque Tecnología Ambiental Limón, distrito de Limón, cantón Limón, provincia de Limón. Adjunto a la presente, como prueba para mejor resolver, copia de la Resolución DA-1079-2024, emitida por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) el 29 de abril de 2024 — hace aproximadamente dos años—, mediante la cual se retiró y denegó de manera contundente el permiso de vertido solicitado por la referida empresa, amparada en indicios y pruebas concretas que revelan el incumplimiento de los parámetros técnicos y normativos exigidos, particularmente en relación con la recepción y manejo de volúmenes de desechos sólidos bajo estándares inferiores a los requeridos por la legislación vigente.Esta resolución es un dato relevante y crítico que evidencia las condiciones precarias e ilegales bajo las cuales opera dicho relleno sanitario, agravando la preocupación de la población local. En síntesis, la resolución deniega el permiso de vertido en el cauce de dominio público denominado “quebrada Sin Nombre” (coordenadas latitud 215.472, longitud 636.566), proveniente del tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Los fundamentos clave de esta denegatoria, expuestos en los resultandos y considerandos de la resolución, incluyen: • La obligación estatal de velar por la salud pública y el ambiente, conforme al artículo 50 de la Constitución Política (Considerando Primero). • La exigencia de contar con permiso de vertido para cualquier entidad que introduzca vertidos que modifiquen la calidad del agua, según el Decreto Ejecutivo N° 42128-MINAE-S, artículo 2 (Considerando Segundo). • La competencia exclusiva de la Dirección de Aguas para otorgar tales permisos, per artículo 15 inciso c) del mismo decreto (Considerando Tercero). • El reconocimiento por parte de la solicitante de que el cuerpo receptor es intermitente (no permanente), lo que impide el otorgamiento del permiso, ya que el artículo 3 numeral 22 del Decreto Ejecutivo N° 42128-MINAE-S define el permiso de vertido exclusivamente para cuerpos receptores de caudal permanente (Considerando Sexto y Octavo). • La imposibilidad de emitir actos contra legem, respetando el Principio de Legalidad del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, lo que obliga a denegar la solicitud ante la ausencia de norma expresa que habilite vertidos en cauces intermitentes (Considerando Octavo).A pesar de que la Dirección de Aguas menciona esfuerzos para reformar la normativa (mediante oficio DA-0305-2024 del 24 de enero de 2024, elevado a la Dirección Jurídica del MINAE y en consulta con el Ministerio de Salud), esta reforma no ha prosperado a la fecha, y la denegatoria se mantiene firme. Es notorio que la empresa propuso un sistema multimodal (reúso y vertimiento), pero esto fue rechazado por falta de sustento legal. Esta resolución es especialmente crítica en el contexto del presente expediente, ya que demuestra que el relleno sanitario ha operado y continúa operando sin el permiso de vertido requerido, lo cual constituye una violación flagrante a la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554), el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S), el Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos (Decreto N° 34431-MINAE-S), la Ley General de Salud (N° 5395) y la Ley para la Gestión Integral de Residuos (N° 8839).Los lixiviados generados por el relleno —aguas residuales altamente contaminantes, como es público y notorio— deben ser recolectados, tratados y vertidos de manera autorizada, so pena de sanciones administrativas, civiles y penales, incluyendo el pago retroactivo del canon ambiental. Bajo condiciones normales de disposición de residuos locales, el relleno ya incumplía con las normas sanitarias y ambientales, como se desprende de inspecciones previas citadas en la resolución (informes técnicos DA-UHCAROG-0636-2020 del 2 de noviembre de 2020 y DA-UHCAROG-0204-2022 del 28 de marzo de 2022). Con el incremento actual de desechos provenientes de la meseta central, la situación se agrava exponencialmente. El sitio se ubica en una zona de alta precipitación, donde algunos vecinos del relleno sanitario denuncian constantemente que, durante las noches y sobre todo en épocas de lluvias, se realizan descargas ilegales de lixiviados a los cauces de dominio público cercanos al relleno —precisamente el tipo de descargas que motivaron la denegatoria y suspensión efectiva del permiso de vertido por parte de la Dirección de Aguas—.Estas prácticas irregulares, de ser confirmadas, representan una violación reiterada y flagrante a la normativa ambiental, modificando de forma grave la calidad física, química y biológica del agua, y generando un riesgo inminente y continuo para la salud pública, el ecosistema acuático y los derechos fundamentales de la comunidad. Esta disposición ilegal no solo agrava el daño potencial, sino que invoca de manera imperativa el principio precautorio establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ambiente y reforzado por la jurisprudencia constante de esta Sala (por ejemplo, votos N° 2003- 07769, N° 2010-01335 y posteriores), que obliga al Estado a actuar preventivamente ante incertidumbres científicas o evidencias de riesgo para evitar daños irreversibles al ambiente y a la salud colectiva. Asimismo, invoco el principio de “quien contamina paga” (polluter pays principle) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incorporado en nuestra legislación ambiental, que impone la responsabilidad económica y legal al generador de contaminación.Es materialmente imposible operar un relleno sanitario bajo condiciones normales sin contaminar, y es más que probable que el de Limón opere por debajo de los parámetros técnicos exigidos, exacerbado por la variabilidad climática, la intermitencia de los cauces y las denuncias vecinales persistentes sobre descargas nocturnas e irregulares, como se detalla en la resolución adjunta y en las quejas comunitarias reportadas. Por lo expuesto, ruego a esta honorable Sala que tome nota detallada y exhaustiva del contenido de la Resolución DA-1079-2024 como prueba incorporada al expediente, para una mejor resolución del asunto. Solicito, además, que se proceda a la mayor brevedad posible a dictar la resolución de fondo, con las consecuencias legales correspondientes —incluyendo posibles medidas cautelares, órdenes de clausura temporal o definitiva, investigaciones adicionales sobre las denuncias de descargas ilegales y otras providencias—, en resguardo de los derechos fundamentales de la comunidad de Limón (artículo 50 de la Constitución Política), los derechos colectivos al ambiente sano y a la salud pública” (ver registro electrónico).
  12. 14Por escrito presentado en la Secretaria de esta Sala el recurrente solicita medidas cautelares de suspensión y manifiesta lo siguiente: “Esta comunicación se presenta como un escrito adicional al recurso de amparo interpuesto, con el fin de señalar mi condición de adulto mayor con discapacidad física, la cual me sitúa en una situación de especial vulnerabilidad y merece una protección reforzada por parte del Estado, conforme al artículo 51 de la Constitución Política (reformado por Ley Nº 9697 de 2019), que establece la protección especial del Estado a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, como grupos expuestos a mayor riesgo de lesión en sus derechos fundamentales. Esta condición agrava el perjuicio que me causa la autorización cuestionada, ya que el traslado masivo de residuos sólidos a Limón acelera el agotamiento del único sitio de disposición final disponible para los limonenses —incluyendo comunidades cercanas a mi lugar de residencia o vinculación—, incrementando riesgos ambientales y sanitarios que afectan de manera desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad como yo: adultos mayores y personas con discapacidad física, quienes dependemos en mayor medida de un ambiente sano, de fuentes de agua no contaminadas y de una salud pública no comprometida por vectores de enfermedades o contaminación por lixiviados.A continuación, reitero y detallo los hechos, los fundamentos legales y las razones que motivan esta solicitud, incorporando la agravante derivada de mi condición de vulnerabilidad: I. Exposición de los Hechos 1. Autorización otorgada por el Ministerio de Salud: Adjunto copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento Nº MSDRRSHC-ARSL-2021-286, emitido por la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe y la Dirección Área Rectora de Salud Limón, en favor de Empresas Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima. Dicho permiso autoriza la “Operación de la Celda y Sistema de Tratamiento para el Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos, Recolección y Tratamiento Placa C-161211, C-150213”, con código CAECR 3811, Tipo de Riesgo A, ubicado en Comunidad Santa Rosa, Finca El Tomatal, Limón. El documento presume una operación limitada, con aforo de 21 personas (usuarios más trabajadores), equivalente a un manejo modesto de residuos (presuntamente un camión por operación). 2.Discrepancia entre autorización y práctica real: En la realidad, llegan diariamente hasta 7 tráileres de desechos sólidos desde la Meseta Central, excediendo ampliamente los parámetros autorizados. Esto reduce drásticamente la vida útil del sitio (de más de 27 años estimados originalmente a poco más de 15 años, según reportes oficiales), amenazando el único vertedero disponible para los limonenses y agravando riesgos para grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad. 3. Impactos agravados por mi condición de vulnerabilidad: Como adulto mayor con discapacidad física, dependo en mayor medida de un entorno ambiental sano. La sobrecarga genera riesgos de contaminación de acuíferos, proliferación de vectores y degradación ecosistémica, lo cual me expone a un perjuicio mayor e inmediato en mi salud y calidad de vida, violando la protección especial que me corresponde constitucionalmente.Protesto enérgicamente contra el Ministerio de Salud por su negligencia en supervisar el cumplimiento, permitiendo una operación descontrolada que discrimina regionalmente y vulnera derechos de grupos protegidos. II. Fundamentación Legal y Motivación Crítica (con agravante de vulnerabilidad) 1. Violación al derecho a un ambiente sano (Artículo 50 Constitución Política) y protección especial a adultos mayores y personas con discapacidad (Artículo 51 Constitución Política): El traslado masivo amenaza un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con perjuicio agravado para mí como adulto mayor con discapacidad física. El Estado debe otorgar protección reforzada a estos grupos (Ley Nº 9697 reforma Art. 51), priorizando medidas preventivas. 2. Incumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 (Ley GIR) y Reglamentos: Prioriza disposición final sobre jerarquía de prevención (evitar, reducir, reutilizar), violando regionalización y límites de traslados.El Ministerio, como rector, falla en su deber preventivo, agravando impactos en vulnerables. 3. Violación al derecho a la salud (Artículos 21 y 46 Constitución Política): Incrementa riesgos sanitarios, con efecto desproporcionado en adultos mayores y personas con discapacidad. 4. Procedencia de medidas cautelares (Ley Nº 7135): Existe fumus boni iuris y periculum in mora, agravados por mi vulnerabilidad, justificando suspensión inmediata (incluso inaudita altera pars si procede). III. Petición Solicito a esta honorable Sala: 1. Dictar medidas cautelares de suspensión inmediata de la autorización (Permiso Nº MS-DRRSHC-ARSL-2021-286) y de traslados de residuos desde la Meseta Central a Limón, hasta resolver el fondo. 2. Ordenar al Ministerio de Salud informe detallado sobre volúmenes reales y cumplimiento de la Ley GIR. 3. Declarar con lugar el recurso en sentencia definitiva, anulando la autorización y ordenando correctivos, considerando la protección especial a adultos mayores y personas con discapacidad” (ver registro electrónico).
  13. 15Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente aporta como prueba el oficio DIGH-558-09 de fecha 13 de octubre de 2009, emitido por el Ing. Carlos Romero, Director del Área de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), dirigido a la Lic. Juan Alberto Corrales de la Dirección Jurídica del mismo ente (ver registro electrónico).
  14. 16Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “El presente escrito busca sensibilizar a esta honorable Sala sobre el manejo político que realiza la Municipalidad de Limón en un delicado asunto sanitario y ambiental, el cual no admite consideraciones políticas sin generar un menoscabo grave de los derechos fundamentales de la población de Limón (art. 50 Constitución Política). La Sala ha reiterado en su jurisprudencia consolidada que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es prevalente, de aplicación inmediata y obliga a las autoridades a actuar con imparcialidad, coherencia y prioridad absoluta del interés público sobre cualquier interés privado o político (sentencias relevantes incluyen Nº 2009-00733 sobre rellenos sanitarios y contaminación de acuíferos; Nº 2012-10456 sobre obligación de supervisión técnica imparcial; y fallos históricos que exigen viabilidad sanitaria y ambiental oficial, no privada, para evitar riesgos a la salud y al recurso hídrico).Asimismo, la Sala ha sancionado actuaciones que introducen elementos arbitrarios o favorecedores de intereses particulares en procesos constitucionales. Hechos y fundamentos de esta réplica: 1. En el expediente, funcionarios municipales han aportado documentos privados de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. (oficio GF-125-2026 del 16 de marzo de 2026 y “Certificación de vida útil del PTA El Tomatal” adjunta), en respuesta al oficio AML-0636-2026 de la Municipalidad (23 de febrero de 2026). Este aporte no es prueba oficial (sin aval de Ministerio de Salud, SETENA o SENARA), sino un estudio subjetivo de la empresa interesada, lo que contraviene la exigencia de imparcialidad y evidencia técnica neutral (jurisprudencia Sala sobre rellenos sanitarios). 2. EBI no se personó formalmente (arts. 29 y ss. Ley de la Jurisdicción Constitucional), pero la Municipalidad asume su defensa indirecta en un sitio sin permiso de vertido actualizado ni aval pleno de SENARA (por proximidad al acuífero costero de Moín, zona sensible). 3.La Alcaldesa ha declarado públicamente oposición al traslado de desechos de la GAM, pero los hechos administrativos contradicen esta posición, generando incoherencia que vulnera principios de confianza legítima y coherencia institucional. 4. El riesgo es inminente: aumento de tonelaje acelera saturación, impactos sanitarios y ambientales, pudiendo repetir la crisis de los años 2000-2008. Para contextualizar el calvario histórico vivido por la población, cito reportajes periodísticos concretos de La Nación: el 5 de junio de 2004 reportó “350 toneladas acumuladas” en calles y vías públicas; el 30 de octubre de 2008 alertó sobre “basura amenazando salud y turismo”; el 8 de enero de 2009 documentó “400 toneladas saturando calles de Limón”; y el 8 de septiembre de 2009 detalló barrios repletos por falta de recolección y bloqueos al sitio de disposición. Este servidor lo vivió directamente y solicita que la Sala considere estos precedentes para evitar su repetición. 5.Adicionalmente, y de manera enfática, conforme al Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) — ratificado por Costa Rica mediante Ley Nº 7316 y reconocido por la Sala Constitucional como aplicable a la comunidad afrodescendiente del Caribe costarricense como pueblo tribal (sentencias recientes que ordenan consulta previa en proyectos que afectan sus territorios, derechos culturales y ambientales)—, la Municipalidad de Limón se arroga la potestad de brindar un cuestionable aval al relleno sanitario privado sin la indispensable consulta previa, libre e informada a la comunidad afrodescendiente de Limón, tal y como exige el artículo 6 y siguientes del Convenio 169 de la OIT para cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar directamente sus derechos. Esta omisión es grave, viola el derecho a la participación y pone en riesgo la integridad ambiental y sanitaria de la población tribal. 6.El aporte de prueba privada por la Municipalidad, con aparente manejo político, es repudiable e inaceptable, priorizando consideraciones ajenas al interés público y exponiendo a la población a menoscabo de derechos fundamentales. 7. De manera enfática y determinante, se debe resaltar que la certificación de vida útil del PTA El Tomatal suministrada por la empresa EBI y aportada por la Municipalidad no constituye una prueba técnica que permita certificar fehacientemente la vida útil del relleno sanitario privado. Se trata de un documento unilateral, elaborado por la propia empresa interesada, con proyecciones subjetivas y variables (asentamientos 45-55 %, densidad 800-860 ton/m³, etc.) que no han sido verificadas ni avaladas por ninguna autoridad competente (Ministerio de Salud, SETENA, SENARA o entidad técnica independiente). En consecuencia, carece de valor probatorio imparcial y fehaciente en un proceso constitucional que protege derechos fundamentales como el ambiente sano y la salud pública, y no puede servir para desvirtuar los riesgos denunciados ni para justificar la continuidad de la operación en detrimento de la población limonense.Alarma ante la agravación diaria del riesgo: Señores Magistrados, cada día que pasa se agravan de forma alarmante las condiciones sanitarias y ambientales del relleno sanitario de Limón. El incremento sostenido de tonelaje proveniente de la GAM acelera la saturación del sitio, multiplica los riesgos de contaminación del acuífero costero de Moín, genera olores insoportables, proliferación de vectores y posibles afectaciones directas a la salud de la población. Con el agravante intolerable de que los habitantes de Limón no tenemos por qué soportar la improvisación, la falta de planificación y las decisiones irresponsables de las municipalidades de la Gran Área Metropolitana ni de la propia empresa EBI. A esto se suma, de manera grave y discriminatoria, que el traslado masivo de desechos sólidos del Gran Área Metropolitana constituye un problema estructural del Poder Ejecutivo, el cual durante cuatro largos años (2022-2025) no buscó ni planificó una solución técnica, viable y sostenible para la crisis de residuos en la GAM.Esta omisión ha generado una discriminación territorial evidente hacia la comunidad de Limón, convirtiendo nuestra provincia en un destino improvisado para los desechos de otras regiones, en violación del principio de igualdad y no discriminación (art. 33 Constitución Política) y del derecho a un ambiente sano sin cargas desproporcionadas. Limón no puede seguir pagando las consecuencias de la inacción estatal centralizada” (ver registro electrónico).
  15. 17Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “La presente gestión la formulo expresamente en respuesta a la resolución dictada por esa honorable Sala a las diez horas treinta y seis minutos del seis de marzo de dos mil veintiséis, cuyo texto literal es el siguiente: “Visto el memorial que consta en el expediente electrónico, téngase por ampliadas las partes consignadas en el recurso de amparo que se tramita bajo expediente número 26-001765-0007-CO y en consecuencia, désele audiencia al Director de la Dirección de Agua del MINAE.” En estricto cumplimiento de lo resuelto por esa Sala —que ha tenido por ampliadas las alegaciones del recurso y ha ordenado dar audiencia al Director de la Dirección de Aguas del MINAE—, presento esta reiteración y ampliación de hechos y fundamentos, con el objeto de reforzar la necesidad imperiosa de adoptar medidas cautelares inmediatas mientras se desarrolla el trámite de audiencia ordenado.No se trata de una mera consideración subjetiva ni de una apreciación personal: es una realidad objetiva, documentada, técnica y jurídicamente incontrovertible, emitida por la propia autoridad competente del Estado, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Mediante Resolución DA-1079-2024, dictada a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del 29 de abril de 2024, en el expediente 4672-V, se denegó —y por ende se mantuvo suspendido de facto desde esa fecha— el permiso de vertido solicitado por la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (cédula jurídica 3-101-215741) para el vertimiento de efluentes provenientes del tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el Parque Tecnológico Ambiental Limón, ubicado en el distrito y cantón Limón, provincia de Limón (coordenadas aproximadas: latitud 215.472, longitud 636.566), en quebrada sin nombre de dominio público.Esta resolución constituye una prueba irrefutable y demoledora de que, desde hace casi dos años (abril 2024), la empresa opera sin el permiso de vertido indispensable. Pero lo que agrava de manera brutal y profunda la situación es que las irregularidades no son recientes: existen desde septiembre de 2020, fecha en que se inició el control estatal y se detectaron anomalías en el monitoreo de calidad de agua residual, lo que derivó en el informe técnico DAUHCAROG-0636-2020 del 2 de noviembre de 2020. Posteriormente, con fecha 28 de marzo de 2022, se realizó otra visita de control al sitio, emitiéndose el informe técnico DA-UHCAROG-0204-2022 de la misma fecha, que confirmó y profundizó las irregularidades previas. Señoras y señores Magistrados: estamos ante un sitio que, desde septiembre de 2020 —es decir, más de cinco años y medio atrás— , no cumple con las leyes sanitarias y ambientales de Costa Rica.La ausencia prolongada del permiso de vertido, sumada a un historial documentado de irregularidades en el monitoreo de calidad de agua residual desde septiembre de 2020, implica un riesgo grave, inminente, persistente e irreversible de contaminación de cuerpos de agua de dominio público, afectación a la salud pública de los vecinos de Limón y daño ambiental de enorme magnitud en una zona ya vulnerable. Este no es un temor infundado: es la conclusión técnica, científica y jurídica de la Dirección de Aguas del MINAE. La persistencia de operaciones sin el permiso correspondiente viola de forma flagrante el artículo 50 constitucional, la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, la Ley de Aguas, el Decreto 42128-MINAE-S y el principio precautorio que rige en materia ambiental. El patrón crónico de incumplimiento que se remonta a septiembre de 2020 pone en jaque la salud de comunidades enteras y el equilibrio ecológico de la región caribeña.En respuesta a la resolución de esa Sala del 6 de marzo de 2026, y en ejercicio del derecho de petición (artículos 27 y 30 de la Constitución Política), ruego respetuosamente: 1. Tomar en cuenta esta reiteración y ampliación presentada en respuesta directa a la resolución citada, junto con la prueba documental aportada (Resolución DA-1079-2024 y antecedentes desde septiembre de 2020). 2. Establecer medidas cautelares inmediatas y contundentes en favor de los vecinos de la provincia de Limón —como la suspensión provisional de actividades de disposición final de residuos sólidos que impliquen vertidos o riesgos ambientales en el sitio—, mientras se desarrolla la audiencia ordenada al Director de la Dirección de Aguas. 3. Ordenar cualquier otra medida de protección ambiental y sanitaria que esta Sala estime procedente para evitar daños irreparables, considerando el historial de incumplimiento que se remonta a septiembre de 2020.La omisión de actuar con la urgencia que demanda el caso comprometería no solo los derechos de los habitantes de Limón — incluido este adulto mayor afrocostarricense con discapacidad—, sino la obligación indeclinable del Estado de preservar el ambiente para las presentes y futuras generaciones” (ver registro electrónico).
  16. 18Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “El oficio DIGH-558-09, emitido por la autoridad técnica especializada en aguas subterráneas, señala textualmente: 1. El sitio del relleno sanitario se localiza entre las coordenadas 215-216 norte y 636-637 este (propiedad catastro L-689751- 87), en los límites externos del Acuífero de Moín, según publicación del AyA en La Gaceta N° 83 del 2 de mayo de 2007. 2. Aunque el SENARA no cuenta con estudios hidrogeológicos propios validados, la publicación del AyA describe las conclusiones y recomendaciones del estudio hidrogeológico del acuífero de Moín, incluyendo regulaciones al uso del suelo. 3. El estudio del AyA no fue remitido al SENARA para validación, por lo que la institución no puede validar sus resultados, pero no niega la existencia del acuífero ni su vulnerabilidad. Este documento no es una opinión periférica: es el criterio oficial del ente rector en materia de aguas subterráneas (Ley Orgánica del Ambiente y Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas).Su valor probatorio es pleno y vinculante para esta Sala. Fundamentación constitucional y jurisprudencial (Sala Constitucional): Esta Sala ha reconocido de manera reiterada y vinculante que la protección de las aguas subterráneas es un derecho fundamental derivado directamente del artículo 50 de la Constitución Política (ambiente sano y ecológicamente equilibrado), del artículo 21 (vida), del artículo 25 (salud) y del principio indubio pro natura. En el voto N° 2004-01923 (14:55 horas del 25 de febrero de 2004), la Sala estableció que: • Las aguas subterráneas presentan características especiales de vulnerabilidad: su contaminación es lenta, costosa o irreversible. • El Estado debe aplicar medidas preventivas y precautorias, incluyendo prohibición de actividades contaminantes (rellenos sanitarios, cementerios, urbanizaciones, etc.) en zonas de recarga o vulnerabilidad alta. • Los perímetros y matrices de protección son instrumentos de orden público que limitan el dominio privado en aras del interés social.Posteriormente, en los votos 2008-004790, 2011-014596 y especialmente en el 2012-08892 (27 de junio de 2012), esta Sala elevó a parámetro de obligatorio acatamiento la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos” del SENARA. Dicha matriz clasifica zonas de vulnerabilidad extrema y prohíbe expresamente: • Rellenos sanitarios y cualquier actividad que implique depósito de residuos sólidos. • Movimientos de tierra y coberturas impermeables significativas sin estudios hidrogeológicos exhaustivos. La Sala ordenó que esta matriz es obligatoria en todos los cantones donde existan mapas de vulnerabilidad del SENARA (como el Acuífero de Moín) y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para planes reguladores municipales. En el caso concreto del Acuífero de Moín (Limón), la Sala ha reiterado recientemente (voto N° 2025035761 de 31 de octubre de 2025) que las flexibilizaciones del AyA no pueden prevalecer sobre los criterios del SENARA, bajo pena de violar los artículos 11 y 50 de la Constitución, el principio precautorio y el principio de progresividad ambiental.El Oficio DIGH-558-09 demuestra precisamente que el sitio “El Tomatal” se encuentra en el perímetro del Acuífero de Moín. La ausencia de “validación” por parte del SENARA no autoriza la actividad: al contrario, genera incertidumbre científica que activa el principio precautorio (voto 2011-014596): “cuando exista riesgo serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como razón para postergar medidas eficaces”. Fundamentación interamericana (Corte IDH): La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 (“Medio Ambiente y Derechos Humanos”, 15 de noviembre de 2017), ha establecido estándares vinculantes para Costa Rica (artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana): • El derecho a un medio ambiente sano es autónomo y se conecta directamente con los derechos a la vida (art. 4.1) y a la integridad personal (art. 5.1). • Los Estados tienen la obligación de prevenir daños significativos al medio ambiente, especialmente cuando afecten recursos hídricos vitales como acuíferos. • Debe aplicarse el principio precautorio ante riesgo de daño grave o irreversible (párr. 180 y ss.). • Las actividades potencialmente contaminantes (como rellenos sanitarios) requieren estudios de impacto ambiental exhaustivos, regulación estricta y monitoreo continuo. • La degradación de acuíferos afecta el derecho al agua potable (reconocido como fundamental en el Sistema Interamericano) y genera responsabilidad internacional del Estado.Costa Rica, como Estado parte, está obligada a cumplir estos estándares. Permitir un relleno sanitario en los límites de un acuífero kárstico de alta vulnerabilidad, sin estudios validados por el SENARA, constituye una omisión inconstitucional e internacionalmente reprochable. Conclusión y petición: El Oficio DIGH-558-09 no es un documento neutro: es la voz oficial de la institución técnica competente que ubica “El Tomatal” en zona de protección acuífera. Ignorarlo equivaldría a desconocer la jurisprudencia vinculante de esta Sala (2004-01923, 2012-08892, 2025035761) y los estándares de la Corte IDH (OC-23/17). Por lo expuesto, solicito respetuosamente a los Señores Magistrados: 1. Valorar el Oficio DIGH-558-09 como prueba plena y decisiva de la vulnerabilidad hídrica del sitio. 2. Declarar con lugar el recurso de amparo por violación de los artículos 21, 25 y 50 de la Constitución Política, en conexión con los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana (según OC23/17). 3.Ordenar la suspensión inmediata de operaciones del relleno sanitario “El Tomatal” hasta que se realicen estudios hidrogeológicos validados por el SENARA y se cumpla la Matriz de Criterios de Uso del Suelo. 4. Notificar esta resolución al SENARA, al AyA y a la Municipalidad de Limón para que adopten las medidas de protección del Acuífero de Moín” (ver registro electrónico).
  17. 19Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón en su calidad de Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “Alega el recurrente que es vecino de Barrio Roosevelt en el cantón Central de Limón, cuya principal actividad es la turística. Manifiesta que, desde finales del 2025, el Ministerio de Salud ha autorizado el traslado de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón, denominado El Tomatal, sin realizar consulta previa, libre e informada a la población afectada, violando el Convenio 169 del OIT. Esto provoca olores insoportables que afectan la paz, seguridad y salud de los limonenses. A la fecha el relleno no cuenta con permiso de vertido vigente. La última vez que presentó la solicitud le fue denegado mediante resolución DA-1079-2024. Explica que en el sitio se han realizado modificaciones al diseño original del proyecto sin una evaluación adecuada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), acelerando su agotamiento y exponiendo a la población a riesgos en una zona de alta precipitación.El 7 de enero del 2026, remitió una nota la Ministra de Salud y el Concejo Municipal exigiendo un informe técnico sobre la justificación de su traslado, invocando la Ley General de Salud, Ley para la Gestión de Residuos Sólidos y los principios precautorios y preventivo. Señala que la conducta del Ministerio de Salud y de SETENA es omisa y arbitraria, avalando formalidades insostenibles sin evidencia científica, violentando la paz y seguridad de los limonenses. De previo a informar sobre lo solicitado, aclaramos que estaremos atendiendo lo que por competencia le corresponde a esta Dirección. ANTECEDENTES: Mediante expediente 4672-V, se otorgó por primera vez, permiso de vertidos mediante resolución R_0984- 2015-AGUAS-MINAE del 25 de setiembre de 2015, basado en el informe de recomendación AT -3240241- 5 del 7 de setiembre de 2015; para verter las aguas residuales del ente generador Parque Tecnología ambiental Limón de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el cauce de la quebrada sin nombre en las coordenadas latitud: 24157. 2 y longitud: 65366.66 Que mediante resolución R-0450-2019-AGUAS-MINAE de las quince horas catorce minutos del ocho de mayo del dos mil veinte, se renovó el permiso de vertido a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, cédula jurídica 3-101-215741, representada por Patricia Campos Villagra, cédula de identidad 1-0880-0768, por un plazo de 3 años.Que no obstante lo anterior, y conforme con el plan de monitoreo que llevó a cabo la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía el 18 de setiembre del 2020, se comprobó que el cuerpo de agua de dominio público, en donde se estaba vertiendo el efluente de la planta de tratamiento estaba totalmente seco. Importante señalar que el Decreto Ejecutivo 42128-MINAE, Reglamento de Canon Ambiental por Vertidos, establecía que en el caso de hacerse el vertido en cauce de dominio público, este debía de ser de carácter permanente lo que implica que siempre debía de contar con caudal. Conforme lo señalado y una vez vencido el permiso de vertido, dada la condición del cauce, al presentarse nuevamente la renovación del permiso éste fue rechazado, mediante resolución DA-1079-2024 del veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, el Director de Agua resuelve DENEGAR el permiso de vertido en cauce de dominio público en coordenadas Lambert Norte latitud 215472 y longitud 636566, a la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-100-215741, proveniente del tratamiento y disposición final de residuos sólidos, en el parque Tecnología Ambiental Limón, ubicado en el distrito Limón, cantón Limón, provincia Limón, .Ante tal situación, y estando de por medio la salud pública, se puso en conocimiento tal situación al Ministerio de Salud en la persona de Guiselle Lucas Bolivar, Directora del Area Rectora en Salud de Limón. El Ministerio de Salud le apercibe a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA ,la presentación de la solicitud de autorización para el reuso del agua proveniente del sistema de tratamiento para riego. Mediante el informe técnico del Ministerio de Salud MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 del 2 de octubre del 2022, se resolvió: “como resultado de la revisión y análisis realizado, se define Criterio Físico -Sanitario POSITIVO, para la disposición mediante reuso del efluente tratado del sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, UBICADO EN SANTA ROSA, LIMON, LIMON.”, lo que a la fecha se está realizando. Conforme lo indicado, en el oficio DA-UHCAROG-0168-2026, el día 29 de abril del 2025 se realizó visita conjunta al sitio del expediente con funcionarios del Ministerio de Salud.Se realizó un recorrido por las instalaciones operativas del Relleno Sanitario y se observó que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor (quebrada sin nombre) aún se mantiene. Por ello, mediante oficio DA-UHCAROG-0362- 2025 con fecha 19 de mayo del 2025 remitido a la Ing. Rosibeth Villafuerte Rodríguez de Proceso de Regulación de la Salud de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud, se le solicita ordenar al administrado, mediante Orden Sanitaria, la eliminación de la estructura de descarga de vertido a un cauce de dominio público, según el punto de descarga que estuvo autorizado bajo el expediente 4672-V, ya que actualmente no cuenta con autorización para verter. Mediante orden sanitaria MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS el Ministerio de Salud ordenó a la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA eliminar la estructura de descarga de vertido a la quebrada sin nombre.A la fecha dicha infraestructura ya fue retirada. A la fecha se tiene por verificado que no se está generando vertido por parte de la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. a la quebrada sin nombre” (ver registro electrónico).
  18. 20Por escrito presentado en la Secretaría el recurrente manifiesta lo siguiente: “I. HECHOS NUEVOS Y PRUEBAS IRREFUTABLES DE INCUMPLIMIENTO Con fecha 20 de marzo de 2026, la propia Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Aguas del MINAE emitió el oficio DAUHCAROG-0168-2026 (que se adjunta en copia simple), dirigido al Director de Aguas Ing. José Miguel Zeledón Calderón. En dicho documento oficial se reconoce textualmente: • Que mediante resolución DA-1079-2024 (29 de abril de 2024) se DENEGÓ el permiso de vertido en cauce de dominio público a Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (cédula jurídica 3-100- 215741) para el Parque Tecnología Ambiental Limón. • Que hasta el 29 de abril de 2025 (¡un año después de la denegatoria!) aún existía la estructura física de descarga de lixiviados hacia la quebrada sin nombre (punto de vertido del viejo expediente 4672-V). • Que solo tras orden sanitaria del Ministerio de Salud (MSDRRSHC-ARSL-00192-2025) y visita del 27 de junio de 2025 se eliminó la estructura ilegal. • Que a la fecha del oficio (marzo 2026) NO EXISTE PERMISO DE VERTIDO VIGENTE, y sin embargo la empresa siguió generando cobro de canon ambiental sin haber solicitado el archivo formal del expediente 4672-V.Este oficio no es una denuncia de un vecino: es la confesión oficial del órgano rector del recurso hídrico. Demuestra vertidos ilegales reiterados y mantenidos durante más de un año después de la denegatoria expresa. A ello se suma el informe oficial del Ministerio de Salud MSDRRSHC-URS-IT 0018-2025 (28 de febrero de 2025), incorporado en sentencias de esta misma Sala (N° 2025026093 y 2025027436): “Se evidenciaron incumplimientos normativos en la gestión de residuos sólidos dentro del Parque de Tecnología Ambiental EBI, específicamente en la compactación, cobertura y disposición del material contaminado […] La acumulación de residuos sin la debida cobertura ha propiciado la proliferación de fauna carroñera, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.” Estos hechos no son aislados: se vienen repitiendo desde 2020 hasta la fecha, detectados solo por inspecciones esporádicas o por gestión de este recurrente.II. VIOLACIONES ESPECÍFICAS Y FLAGRANTES A LA NORMATIVA AMBIENTAL 1. Vertidos sin permiso y sin tratamiento • Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, 2007): artículo 4° obliga a tratar las aguas residuales y prohíbe el vertido sin autorización expresa. La empresa operó sin permiso y mantuvo la estructura física de descarga durante más de 12 meses posteriores a la denegatoria. Violación grave y continuada. 2. Mala gestión del relleno sanitario • Reglamento sobre Rellenos Sanitarios (Decreto Ejecutivo N° 38928-S y modificatorios): exige compactación diaria, cobertura intermedia e inmediata, control de lixiviados y vectores. El informe MINSA 0018-2025 acredita que nada de esto se cumplió. 3. Omisión de vigilancia permanente • Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 (artículos 50, 51 y 52) y Ley General de Salud: imponen al Estado y al operador la obligación de vigilancia continua.Las autoridades actúan solo “por denuncia” o inspecciones esporádicas. Esto es inaceptable en un sitio que recibe miles de toneladas de residuos de la GAM. III. RIESGO INMINENTE A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN Los lixiviados generados por la falta de cobertura y compactación llegan directamente a los acuíferos de la zona (características volcánicas altamente vulnerables). La Sala Constitucional ha sido categórica: • Las aguas subterráneas son de dominio público y gozan de protección reforzada (votos 1923-2004, 2012-08892, 06340-2012, entre muchos). • Se aplica el principio precautorio ante cualquier riesgo de contaminación: no es necesario demostrar daño actual; basta el riesgo grave e irreversible (jurisprudencia reiterada en protección de acuíferos contra rellenos sanitarios). • Los derechos de tercera generación (ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, incluyendo los no nacidos) obligan a esta Sala a intervenir de forma contundente (artículo 50 Constitución Política y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).La empresa no puede alegar “crisis nacional de residuos” para justificar ilegalidades. La crisis no legitima la contaminación. IV. PETITORIA Por todo lo expuesto, y con fundamento en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, Ley 7554, Decreto 33601, Reglamento de Rellenos Sanitarios y jurisprudencia vinculante de esta Sala, solicito respetuosamente: 1. Tener por recibida esta comparecencia y por aportada la prueba documental (oficio DA-UHCAROG-0168-2026 en copia simple y referencia al informe MS-DRRSHC-URS-IT 0018-2025). 2. Declarar con lugar el recurso de amparo y ordenar: a) La clausura inmediata y provisional del Parque Tecnología Ambiental Limón hasta que se acredite cumplimiento total de la normativa (permiso de vertido vigente, plan de manejo aprobado y vigilancia permanente). b) Ordenar al MINAE y al Ministerio de Salud la implementación de un programa de monitoreo permanente (mensual) de aguas subterráneas y superficiales en un radio de 5 km, con resultados públicos. c) Imponer al operador multas coercitivas diarias por cada día de incumplimiento. d) Proteger preventivamente el acuífero y los derechos de las generaciones futuras. 3. Notificar esta resolución al MINAE, Ministerio de Salud, SETENA y a la Procuraduría Ambiental” (ver registro electrónico).
  19. 21Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “I. El informe no desvirtúa los hechos; al contrario, los confirma y agrava la violación constitucional El informe DA-0676-2026 reconoce expresamente: 1. Que mediante resolución DA-1079-2024 del 29 de abril de 2024 se denegó el permiso de vertido a la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. 2. Que, pese a esa denegación, al 29 de abril de 2025 (¡más de un año después!) la estructura de descarga hacia la quebrada sin nombre aún existía y estaba operativa. 3. Que fue necesario requerir al Ministerio de Salud una orden sanitaria (MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS) para obligar a la empresa a retirar dicha estructura. 4. Que solo hasta después de esa orden (y de la visita conjunta del 29 de abril de 2025) se procedió a la eliminación física de la infraestructura. Este reconocimiento no es una defensa; es una autoinculpación institucional.La Dirección de Aguas admite que durante más de doce meses después de haber denegado el permiso, se permitió la existencia de una estructura de vertido ilegal en un cauce de dominio público. Eso no es mera irregularidad administrativa: es transgresión grave y continuada de la normativa ambiental (Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Gestión de Residuos Sólidos, Reglamento de Canon Ambiental por Vertidos y el propio principio precautorio consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política). II. Omisión grave y deliberada del Director de Aguas: el relleno sanitario se ubica exactamente en el límite del acuífero de la zona Resulta revelador y condenatorio que el señor José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas del MINAE, haya omitido por completo en su informe un hecho de la máxima trascendencia ambiental y sanitaria: el relleno sanitario “El Tomatal” se ubica precisamente en el límite del acuífero de la zona.Esta omisión no es un descuido inocente. Es una maniobra burda para ocultar el riesgo real y catastrófico que representa continuar depositando cientos de toneladas diarias de desechos sólidos del GAM en un sitio que amenaza directamente la calidad y la sostenibilidad del agua subterránea que abastece a miles de limonenses. Colocar un relleno sanitario en el límite de un acuífero sin los estudios hidrogeológicos rigurosos, sin monitoreo permanente y sin permiso de vertido vigente constituye una temeridad ambiental imperdonable y una violación flagrante del deber de protección del recurso hídrico consagrado en la Constitución y en la Ley de Aguas. El Director de Aguas no solo calla este dato esencial: lo ignora a sabiendas, mientras pretende dar por resuelto el problema con la mera eliminación de una tubería. Esa actitud es inaceptable en un funcionario público que tiene la obligación legal de velar por la integridad de los acuíferos nacionales.III. El informe evade deliberadamente el núcleo del amparo: el depósito de desechos sólidos del GAM El recurrente no denunció solo vertidos líquidos. Denuncié —y sigo denunciando— el depósito masivo e ilegal de desechos sólidos ordinarios provenientes de la Gran Área Metropolitana en el relleno sanitario “El Tomatal”, sin: • Permiso de vertido vigente (confirmado por el propio informe). • Evaluación ambiental actualizada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante las modificaciones al diseño original. • Consulta previa, libre e informada a la población limonense (violación del Convenio 169 de la OIT). • Cumplimiento de los principios preventivo y precautorio en una zona de alta precipitación y vulnerabilidad sanitaria. El informe de la Dirección de Aguas se limita a decir que “ya no hay vertido líquido a la quebrada”. Eso es irrelevante para el fondo del amparo. El problema no es solo el efluente líquido tratado; es el recibimiento diario de cientos de toneladas de basura que generan lixiviados, olores insoportables, proliferación de vectores y riesgo sanitario directo sobre la población de Santa Rosa y zonas aledañas.El informe no niega que el relleno continúe recibiendo desechos del GAM; simplemente guarda silencio sobre ello. Ese silencio es elocuente y condenatorio. IV. Urgencia inaplazable de la suspensión inmediata del arribo de desechos sólidos desde la Meseta Central hasta Limón Es impostergable, inaplazable e indispensable que esta Sala ordene de inmediato la suspensión total y definitiva del arribo de desechos sólidos desde la Meseta Central hacia el relleno sanitario “El Tomatal” en Limón. Cada día que se permite continuar con este traslado ilegal se agrava el daño irreparable: se acelera el agotamiento del sitio, se multiplican los lixiviados, se intensifican los olores nauseabundos que invaden Santa Rosa y zonas aledañas, y se incrementa exponencialmente el riesgo de contaminación del acuífero que se encuentra exactamente en su límite. No se trata de una molestia menor. Se trata de una amenaza real, actual y creciente contra el derecho a un ambiente sano, a la salud pública y al recurso hídrico de toda la provincia.La omisión y la inacción de las autoridades recurridas han convertido este traslado en una bomba de tiempo ambiental y sanitaria. La Sala Constitucional no puede seguir permitiendo que, bajo excusas técnicas o silencios estratégicos, se continúe vertiendo la basura de la Meseta Central sobre un sitio que carece de los permisos indispensables y que pone en peligro inminente a miles de limonenses. La suspensión inmediata del arribo de desechos es una medida de urgencia constitucional que no admite más dilación. V. Procedencia indiscutible del recurso de amparo y medidas solicitadas Los hechos expuestos configuran una violación manifiesta, grave y actual de derechos fundamentales: • Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 50 Constitución). • Derecho a la salud (art. 21 y 46 Constitución). • Derecho a la consulta previa del Convenio 169 OIT (ratificado por Costa Rica y con rango constitucional). • Principios de prevención y precaución (Ley 7554 y jurisprudencia constante de esta Sala).Solicito expresamente a esta Sala: 1. Declarar con lugar el recurso de amparo. 2. Ordenar la suspensión inmediata y total del depósito y arribo de desechos sólidos provenientes de la Meseta Central en “El Tomatal” hasta que se acredite el cumplimiento pleno de todos los permisos ambientales, sanitarios, hidrogeológicos y de consulta. 3. Ordenar al MINAE, Ministerio de Salud y Municipalidad de Limón la realización de una evaluación ambiental integral y actualizada del sitio, con énfasis en el riesgo hidrogeológico sobre el acuífero. 4. Imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para evitar mayor daño. VI. Conclusión El informe rendido por el Director de Aguas no solo no desvirtúa los cargos del amparo: los corrobora y agrava. Confirma la denegación del permiso, la persistencia ilegal de la infraestructura y, sobre todo, revela una omisión deliberada sobre la ubicación crítica del relleno en el límite del acuífero.La Sala no puede permitir que, bajo formalidades técnicas parciales y silencios estratégicos, se continúe exponiendo a la población limonense —y al recurso hídrico mismo— a riesgos ambientales y sanitarios documentados y catastróficos. La suspensión inmediata del arribo de desechos desde la Meseta Central es una exigencia constitucional impostergable. La procedencia del amparo es evidente, urgente e impostergable” (ver registro electrónico).
  20. 22En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I. OBJETO DEL RECURSO

El recurrente -vecino de Barrio Roosevelt en el cantón central de Limón- reclama que desde finales de 2025, el Ministerio de Salud ha autorizado el traslado masivo de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), sin realizar consulta previa, libre e informada a la población afectada, violando el Convenio 169 de la OIT. Afirma que el relleno sanitario no cuenta con permiso de vertido vigente. La última solicitud fue denegada mediante resolución DA-1079-2024 de SETENA, de las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del 25 de abril de 2024, por incumplimientos ambientales. A pesar de ello, se han realizado modificaciones al diseño original del proyecto sin una reevaluación adecuada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), acelerando su agotamiento y exponiendo a la población a riesgos en una zona de alta precipitación. Destaca que el 07 de enero de 2026, remitió el oficio MLV-005- 2026 a la Alcaldesa de Limón, la Ministra de Salud y el Concejo Municipal, exigiendo un informe técnico sobre la justificación del traslado, invocando la Ley General de Salud N° 5395, la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, y los principios precautorio y preventivo.

En respuesta, el Ministerio de Salud emitió el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026 del 13 de enero de 2026, el cual es evasivo: remite a SETENA la viabilidad ambiental, no proporciona proyecciones de vida útil del relleno, y justifica el traslado bajo el Decreto Ejecutivo N° 44974-S (Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos), sin evidencia científica de sostenibilidad ni consulta previa. Dice que la conducta del Ministerio de Salud y SETENA es omisiva y arbitraria, avalando formalidades insostenibles sin evidencia científica, violentando la paz y seguridad de los limonenses.

II. HECHOS PROBADOS

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos:

EN CUANTO AL ÁREA RECTORA DE SALUD a) Que la vida útil del Relleno Sanitario de Limón se estima en aproximadamente 29 años, según el último reporte operacional (ver informe de la autoridad recurrida).

  • b)Que el Ministerio de Salud antes del año 2023 realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno sanitario en cuestión, y a partir del año 2024, las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de 2025 la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal (ver informe de la autoridad recurrida).
  • c)Que trimestralmente se realiza un monitoreo del sitio, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición (ver informe de la autoridad recurrida).
  • d)Que no se ha identificado un aumento significativo en el volumen de ingreso de residuos que pueda afectar la proyección de la vida útil del relleno (ver informe de la autoridad recurrida).
  • e)Que trimestralmente se realiza un monitoreo del sitio, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición (ver informe de la autoridad recurrida).
  • f)Que en el oficio MS-DSA-UGSA-385-2025 del Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón suscrito por el Ing. Ricardo Morales Vargas Jefe, Unidad de Gestión en Salud Ambiental y la Ing. Lourdes Sánchez Delgado Ingeniera Civil, DSA-UGSA se indicó: “…CONCLUSIONES: 3) Análisis de vida útil: El cálculo de la vida útil del proyecto está restringido debido a la ausencia de información detallada sobre la base de la celda…” (ver informe de la autoridad recurrida).
  • g)Que mediante oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025 al recurrente se le indicó lo siguiente: “…Un cordial saludo. En atención a solicitud se realizó análisis por parte de la Dra. Aura Baltodano Madrigal, del departamento de servicios de salud, mediante informe CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, en el que indica lo siguiente. Con relación al permiso de vertido de la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A en condición de ente generador, cédula jurídica 3-101-215741 y en seguimiento a la resolución DA-1079-2024, del veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, donde DENIEGA dicho permiso, se notifica el acto administrativo MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, el cual el administrado cumple y se realiza el levantamiento de la orden sanitaria bajo el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…” (ver informe de la autoridad recurrida).
  • h)Que el Área Rectora de Salud de Limón, realiza de forma mensual seguimiento técnico a las condiciones físico-sanitarias y de funcionamiento al Parque Tecnológico, garantizando de esta manera monitoreo constante al establecimiento y aplicando las medidas administrativas correspondientes en caso de identificar incumplimientos a la normativa (ver informe de la autoridad recurrida).
  • i)Que mediante el oficio N°CARTA-MS-DGS-0275-2026 de fecha 30 de enero del 2026, suscrito por el Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General de Salud, se informa lo siguiente: “(…) Sendo que la solicitud del recurrente es específicamente sobre el traslado de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), informo que esta Dirección General de Salud solicitó información correspondiente a las Direcciones Regionales dentro de la GAM, cuya información de excepciones realizadas se detallan a continuación: • Municipalidad de Paraíso: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: Excepción otorgada mediante CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipalidad de Curridabat: Excepción otorgada mediante MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipalidad de Alajuelita: Excepción otorgada mediante RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025. Importante señalar, que estas autorizaciones se encuentran dadas hasta el 28 de abril del presente año. (…)” (ver informe de la autoridad recurrida).

EN CUANTO A LA SETENA j) Que el proyecto en cuestión corresponde al expediente FEAP-0242-2004-SETENA, proyecto “Relleno Sanitario de Limón”, Nro. de Plano Catastrado: L-689751-87 Descripción del Proyecto: “Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha (plano catastrado L-689751-87). El Relleno ocupará 86 177 m2. Cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprobaron los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorgó mediante la resolución No. 0914-2008-SETENA” (ver informe de la autoridad recurrida).

  • k)Que la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, el cual se emitió en apego al reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto 43432-S; Ley 8839 (ver informe de la autoridad recurrida).
  • l)Que la SETENA no ha otorgado visto bueno alguno para traer residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón (ver informe de la autoridad recurrida).

EN CUANTO A LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN m) Que el 06 de marzo del 2025 la Municipalidad del Cantón Central de Limón presentó una solicitud de medida cautelar, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, en contra de “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A”, así como contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, al cual se le asignó como número de causa 25-001560-1027-CA, por los mismos hechos descritos por el recurrente, esto al Municipio tampoco estar de acuerdo con el traslado de residuos, con la pretensión que a continuación de detalla: “1) Se acoja la presente MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte para que, de forma Provisionalísima, sin dilación alguna y prima facie, se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONDUCTA MATERIAL impugnada, sea el traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana al PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón.

Igualmente, se ordene a la demandada EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA recibir residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana en el PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Asimismo, solicito a su autoridad acoger la misma medida en forma cautelar, hasta tanto no se resuelva el proceso de conocimiento que interpondremos en contra de la conducta controvertida, lo anterior por cumplir con los característicos estructurales de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. 2) Se ordene al ESTADO y a las dependencias competentes del MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, emitir cualquier conducta formal y desplegar todas las actuaciones materiales necesarias para IMPEDIR el traslado o transporte de RESIDUOS SÓLIDOS a través de la SECCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 QUE ATRAVIESA EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DENOMINADA PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, hasta en tanto no se cuente con estudios técnicos que determinen la inocuidad del transporte de residuos en tales condiciones o bien se dicten medidas paliativas del riesgo ambiental. 3) De igual forma, pido al Despacho adoptar todas las MEDIDAS CAUTELARES que este Tribunal estime necesarias y urgentes para la efectiva protección de nuestros derechos subjetivos e intereses legítimos públicos ante los efectos de la conducta administrativa aquí controvertido que será objeto de impugnación en el proceso de conocimiento que oportunamente interpondremos. Lo anterior para efectos de evitar la generación de mayores daños graves inminentes e irreparables.” (ver informe de la autoridad recurrida).

  • n)Que el 06 de marzo del 2025, en expediente 25-001560-1027-CA , al ser las doce horas diez minutos, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, rechaza la medida cautelar provisionalísima, debido a que a criterio del juez no existían estudios que permitan demostrar el daño grave e irreversible alegado por la municipalidad pese al mismo resultar claramente previsible, sin embargo, pese a no otorgar la medida cautelar le solicitó al Estado y a la empresa en cuestión lo siguiente: “En su lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del CPCA, se otorga audiencia al Estado y a Empresas Berthier EBI de CR, S.A., por un plazo de tres días hábiles, para que se manifiesten de manera escrita en relación con la cautelar solicitada por la parte actora, así como que puedan ofrecer la prueba que estimen pertinente. En ese mismo sentido, se ordena al Estado que, al momento de brindar contestación, indique si en relación con los hechos expuestos por la parte actora, existe o no algún estudio técnico científico que se refiera a los efectos y eventual impacto ambiental de tales hechos, así como aportar el respectivo criterio técnico de las autoridades competentes, sea el MINAE y el Ministerio de Salud. NOTIFÍQUESE. - Alex Rojas Ortega, Juez.” (ver informe de la autoridad recurrida).

EN CUANTO AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA o) Que mediante expediente 4672-V, se otorgó por primera vez, permiso de vertidos mediante resolución R_0984- 2015-AGUAS-MINAE del 25 de setiembre de 2015, basado en el informe de recomendación AT -3240241- 5 del 7 de setiembre de 2015; para verter las aguas residuales del ente generador Parque Tecnología ambiental Limón de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el cauce de la quebrada sin nombre en las coordenadas latitud: 24157. 2 y longitud: 65366.66 (ver informe de la autoridad recurrida).

  • p)Que mediante resolución R-0450-2019-AGUAS-MINAE de las 15:14 horas del 08 de mayo de 2020, se renovó el permiso de vertido a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, cédula jurídica 3-101-215741, representada por Patricia Campos Villagra, cédula de identidad 1-0880-0768, por un plazo de 3 años (ver informe de la autoridad recurrida).
  • q)Que en fecha 18 de setiembre de 2020 conforme con el plan de monitoreo que llevó a cabo la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía se comprobó que el cuerpo de agua de dominio público, en donde se estaba vertiendo el efluente de la planta de tratamiento estaba totalmente seco (ver informe de la autoridad recurrida).
  • r)Que al estar el causa del río totalmente seco, una vez vencido el permiso de vertido, dada la condición del cauce, al presentarse nuevamente la renovación del permiso éste fue rechazado, mediante resolución DA-1079-2024 del 29 de abril del 2024 (ver informe de la autoridad recurrida).
  • s)Que la situación se puso en conocimiento del Ministerio de Salud quien le apercibió a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA ,la presentación de la solicitud de autorización para el reuso del agua proveniente del sistema de tratamiento para riego (ver informe de la autoridad recurrida).
  • t)Que mediante el informe técnico del Ministerio de Salud MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 del 2 de octubre del 2022, se resolvió: “como resultado de la revisión y análisis realizado, se define Criterio Físico -Sanitario POSITIVO, para la disposición mediante reuso del efluente tratado del sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, UBICADO EN SANTA ROSA, LIMON, LIMON” (ver informe de la autoridad recurrida).
  • u)Que según consta en el oficio DA-UHCAROG-0168-2026, el día 29 de abril del 2025 se realizó visita conjunta al sitio del expediente con funcionarios del Ministerio de Salud. Se realizó un recorrido por las instalaciones operativas del Relleno Sanitario y se observó que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor (quebrada sin nombre) aún se mantiene (ver informe de la autoridad recurrida).
  • v)Que mediante oficio DA-UHCAROG-0362- 2025 con fecha 19 de mayo del 2025 remitido a la Ing. Rosibeth Villafuerte Rodríguez de Proceso de Regulación de la Salud de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud, se le solicita ordenar al administrado, mediante Orden Sanitaria, la eliminación de la estructura de descarga de vertido a un cauce de dominio público, según el punto de descarga que estuvo autorizado bajo el expediente 4672-V, ya que actualmente no cuenta con autorización para verter (ver informe de la autoridad recurrida).
  • w)Que mediante orden sanitaria MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS el Ministerio de Salud ordenó a la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA eliminar la estructura de descarga de vertido a la quebrada sin nombre (ver informe de la autoridad recurrida).
  • x)Que a la fecha de rendir el informe la infraestructura ya había sido retirada por lo que la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. no se está generando vertido (ver informe de la autoridad recurrida).

III. SOBRE EL CASO CONCRETO

De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que la vida útil del Relleno Sanitario de Limón se estima en aproximadamente 29 años, según el último reporte operacional. Se acreditó que el Ministerio de Salud antes del año 2023 realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno sanitario en cuestión, y a partir del año 2024, las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de 2025 la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal. Se demostró que trimestralmente se realiza un monitoreo del sitio, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición y que no se ha identificado un aumento significativo en el volumen de ingreso de residuos que pueda afectar la proyección de la vida útil del relleno.

Se afirmó que trimestralmente se realiza un monitoreo del sitio, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición. Se constató que en el oficio MS-DSA-UGSA-385-2025 del Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón suscrito por el Ing. Ricardo Morales Vargas Jefe, Unidad de Gestión en Salud Ambiental y la Ing. Lourdes Sánchez Delgado Ingeniera Civil, DSA-UGSA se indicó: “…CONCLUSIONES: 3) Análisis de vida útil: El cálculo de la vida útil del proyecto está restringido debido a la ausencia de información detallada sobre la base de la celda…”. Se probó que mediante oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025 al recurrente se le indicó lo siguiente: “…Un cordial saludo. En atención a solicitud se realizó análisis por parte de la Dra. Aura Baltodano Madrigal, del departamento de servicios de salud, mediante informe CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, en el que indica lo siguiente.

Con relación al permiso de vertido de la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A en condición de ente generador, cédula jurídica 3-101-215741 y en seguimiento a la resolución DA-1079-2024, del veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, donde DENIEGA dicho permiso, se notifica el acto administrativo MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, el cual el administrado cumple y se realiza el levantamiento de la orden sanitaria bajo el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…”. Quedó demostrado que el Área Rectora de Salud de Limón, realiza de forma mensual seguimiento técnico a las condiciones físico-sanitarias y de funcionamiento al Parque Tecnológico, garantizando de esta manera monitoreo constante al establecimiento y aplicando las medidas administrativas correspondientes en caso de identificar incumplimientos a la normativa. Posteriormente mediante el oficio N°CARTA-MS-DGS-0275-2026 de fecha 30 de enero del 2026, suscrito por el Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General de Salud, se informa lo siguiente: “(…) Sendo que la solicitud del recurrente es específicamente sobre el traslado de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), informo que esta Dirección General de Salud solicitó información correspondiente a las Direcciones Regionales dentro de la GAM, cuya información de excepciones realizadas se detallan a continuación: • Municipalidad de Paraíso: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: Excepción otorgada mediante CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipalidad de Curridabat: Excepción otorgada mediante MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipalidad de Alajuelita: Excepción otorgada mediante RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025.

Importante señalar, que estas autorizaciones se encuentran dadas hasta el 28 de abril del presente año. (…)”. En cuanto a la SETENA se acreditó que el proyecto en cuestión corresponde al expediente FEAP-0242-2004-SETENA, proyecto “Relleno Sanitario de Limón”, Nro. de Plano Catastrado: L-689751-87 Descripción del Proyecto: “Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha (plano catastrado L-689751-87). El Relleno ocupará 86 177 m2. Cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprobaron los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorgó mediante la resolución No. 0914-2008-SETENA”. Se constató que la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, el cual se emitió en apego al reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto 43432-S; Ley 8839 y que no otorgado visto bueno alguno para traer residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón.

En cuanto a la Municipalidad de Limón se verificó que el 06 de marzo del 2025 la Municipalidad del Cantón Central de Limón presentó una solicitud de medida cautelar, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, en contra de “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A”, así como contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, al cual se le asignó como número de causa 25-001560-1027-CA, por los mismos hechos descritos por el recurrente, esto al Municipio tampoco estar de acuerdo con el traslado de residuos, con la pretensión que a continuación de detalla: “1) Se acoja la presente MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte para que, de forma Provisionalísima, sin dilación alguna y prima facie, se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONDUCTA MATERIAL impugnada, sea el traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana al PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón.

Igualmente, se ordene a la demandada EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA recibir residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana en el PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Asimismo, solicito a su autoridad acoger la misma medida en forma cautelar, hasta tanto no se resuelva el proceso de conocimiento que interpondremos en contra de la conducta controvertida, lo anterior por cumplir con los característicos estructurales de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. 2) Se ordene al ESTADO y a las dependencias competentes del MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, emitir cualquier conducta formal y desplegar todas las actuaciones materiales necesarias para IMPEDIR el traslado o transporte de RESIDUOS SÓLIDOS a través de la SECCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 QUE ATRAVIESA EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DENOMINADA PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, hasta en tanto no se cuente con estudios técnicos que determinen la inocuidad del transporte de residuos en tales condiciones o bien se dicten medidas paliativas del riesgo ambiental. 3) De igual forma, pido al Despacho adoptar todas las MEDIDAS CAUTELARES que este Tribunal estime necesarias y urgentes para la efectiva protección de nuestros derechos subjetivos e intereses legítimos públicos ante los efectos de la conducta administrativa aquí controvertido que será objeto de impugnación en el proceso de conocimiento que oportunamente interpondremos.

Lo anterior para efectos de evitar la generación de mayores daños graves inminentes e irreparables”. Ese mismo día en expediente 25-001560-1027-CA , al ser las doce horas diez minutos, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, rechaza la medida cautelar provisionalísima, debido a que a criterio del juez no existían estudios que permitan demostrar el daño grave e irreversible alegado por la municipalidad pese al mismo resultar claramente previsible, sin embargo, pese a no otorgar la medida cautelar le solicitó al Estado y a la empresa en cuestión lo siguiente: “En su lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del CPCA, se otorga audiencia al Estado y a Empresas Berthier EBI de CR, S.A., por un plazo de tres días hábiles, para que se manifiesten de manera escrita en relación con la cautelar solicitada por la parte actora, así como que puedan ofrecer la prueba que estimen pertinente.

En ese mismo sentido, se ordena al Estado que, al momento de brindar contestación, indique si en relación con los hechos expuestos por la parte actora, existe o no algún estudio técnico científico que se refiera a los efectos y eventual impacto ambiental de tales hechos, así como aportar el respectivo criterio técnico de las autoridades competentes, sea el MINAE y el Ministerio de Salud. NOTIFÍQUESE. - Alex Rojas Ortega, Juez.”. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía se evidenció que mediante expediente 4672-V, se otorgó por primera vez, permiso de vertidos mediante resolución R_0984- 2015-AGUAS-MINAE del 25 de setiembre de 2015, basado en el informe de recomendación AT -3240241- 5 del 7 de setiembre de 2015; para verter las aguas residuales del ente generador Parque Tecnología ambiental Limón de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el cauce de la quebrada sin nombre en las coordenadas latitud: 24157. 2 y longitud: 65366.66.

Posteriormente mediante resolución R-0450-2019-AGUAS-MINAE de las 15:14 horas del 08 de mayo de 2020, se renovó el permiso de vertido a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, cédula jurídica 3-101-215741, representada por Patricia Campos Villagra, cédula de identidad 1-0880-0768, por un plazo de 3 años. Se indicó que en fecha 18 de setiembre de 2020 conforme con el plan de monitoreo que llevó a cabo la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía se comprobó que el cuerpo de agua de dominio público, en donde se estaba vertiendo el efluente de la planta de tratamiento estaba totalmente seco. Se afirmó que al estar el causa del río totalmente seco, una vez vencido el permiso de vertido, dada la condición del cauce, al presentarse nuevamente la renovación del permiso éste fue rechazado, mediante resolución DA-1079-2024 del 29 de abril del 2024. Quedó probado que la situación se puso en conocimiento del Ministerio de Salud quien le apercibió a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA ,la presentación de la solicitud de autorización para el reuso del agua proveniente del sistema de tratamiento para riego; por lo que mediante el informe técnico del Ministerio de Salud MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 del 2 de octubre del 2022, se resolvió: “como resultado de la revisión y análisis realizado, se define Criterio Físico -Sanitario POSITIVO, para la disposición mediante reuso del efluente tratado del sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, UBICADO EN SANTA ROSA, LIMON, LIMON”.

Se indicó que según consta en el oficio DA-UHCAROG-0168-2026, el día 29 de abril del 2025 se realizó visita conjunta al sitio del expediente con funcionarios del Ministerio de Salud. Se realizó un recorrido por las instalaciones operativas del Relleno Sanitario y se observó que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor (quebrada sin nombre) aún se mantiene. Quedó probado que mediante oficio DA-UHCAROG-0362- 2025 con fecha 19 de mayo del 2025 remitido a la Ing. Rosibeth Villafuerte Rodríguez de Proceso de Regulación de la Salud de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud, se le solicita ordenar al administrado, mediante Orden Sanitaria, la eliminación de la estructura de descarga de vertido a un cauce de dominio público, según el punto de descarga que estuvo autorizado bajo el expediente 4672-V, ya que actualmente no cuenta con autorización para verter.

Se evidenció que mediante orden sanitaria MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS el Ministerio de Salud ordenó a la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA eliminar la estructura de descarga de vertido a la quebrada sin nombre. Finalmente se afirmó que a la fecha de rendir el informe la infraestructura ya había sido retirada por lo que la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. no se está generando vertido. Partiendo de lo anterior es posible concluir lo siguiente:

  • 1)Que en la SETENA se tramita el expediente FEAP-0242-2004-SETENA, titulado como “Relleno Sanitario de Limón”, mismo que cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprueban los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorga mediante la Resolución N° 0914-2008-SETENA. Conforme a la resolución la descripción de proyecto es la siguiente: … No. De Plano Catastrado: L-689751-87, Descripción del Proyecto: Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha.
  • 2)Que la SETENA no ha otorgado visto bueno alguno para trasladar residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón.
  • 3)Que mediante expediente 4672-V, se otorgó por primera vez, permiso de vertidos mediante resolución R_0984- 2015-AGUAS-MINAE del 25 de setiembre de 2015, basado en el informe de recomendación AT -3240241- 5 del 7 de setiembre de 2015; para verter las aguas residuales del ente generador Parque Tecnología ambiental Limón de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el cauce de la quebrada sin nombre en las coordenadas latitud: 24157. 2 y longitud: 65366.66.
  • 4)En el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA se tramita el expediente 25-001560-1027-CA que es proceso de Medida Cautelar Ante Causam solicitada por la Municipalidad de Limón contra Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, S.A., cédula jurídica n° 3-101-215741 y el Estado. La solicitud del gobierno local es la siguiente: “"1) Se acoja la presente MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte para que, de forma Provisionalísima, sin dilación alguna y prima facie, se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONDUCTA MATERIAL impugnada, sea el traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana al PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Igualmente, se ordene a la demandada EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA recibir residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana en el PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón.

Asimismo, solicito a su autoridad acoger la misma medida en forma cautelar, hasta tanto no se resuelva el proceso de conocimiento que interpondremos en contra de la conducta controvertida, lo anterior por cumplir con los característicos estructurales de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. 2) Se ordene al ESTADO y a las dependencias competentes del MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, emitir cualquier conducta formal y desplegar todas las actuaciones materiales necesarias para IMPEDIR el traslado o transporte de RESIDUOS SÓLIDOS a través de la SECCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 QUE ATRAVIESA EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DENOMINADA PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, hasta en tanto no se cuente con estudios técnicos que determinen la inocuidad del transporte de residuos en tales condiciones o bien se dicten medidas paleativas del riesgo ambiental. 3) De igual forma, pido al Despacho adoptar todas las MEDIDAS CAUTELARES que este Tribunal estime necesarias y urgentes para la efectiva protección de nuestros derechos subjetivos e intereses legítimos públicos ante los efectos de la conducta administrativa aquí controvertido que será objeto de impugnación en el proceso de conocimiento que oportunamente interpondremos. Lo anterior para efectos de evitar la generación de mayores daños graves inminentes e irreparables." -La medida cautelar fue rechazada-.

  • 5)Que el Área Rectora de Salud de Limón, antes del año 2023 realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno Sanitario, que, a partir del año 2024, las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de los corrientes la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal.
  • 6)Que mediante orden sanitaria MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS el Ministerio de Salud ordenó a la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA eliminar la estructura de descarga de vertido a la quebrada sin nombre - infraestructura que fue debidamente retirada por lo que la empresa Berthier de Costa Rica EBI S.A. no se está generando vertido-.

Esta Sala mediante sentencia número 2025-026093 de las doce horas cincuenta minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco resolvió el recurso de amparo número 25-008408-0007-CO presentado por Maribel Morales Céspedes contra la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., MINISTERIO DE SALUD, Y LA SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL e indicó:

“II.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente acude en amparo y alega que desde noviembre de 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, ha trasladado semanalmente cantidades importantes de residuos sólidos provenientes de la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario ubicado en la provincia de Limón, específicamente en el Parque Tecnológico Ambiental El Tomatal. Expresa que este traslado masivo de residuos se realiza sin que la Municipalidad de Limón ni otras autoridades locales hayan sido previamente notificadas o consultadas, según lo señalado públicamente por la alcaldesa de Limón. Acusa que el traslado descrito pone en peligro directo el derecho constitucional a un ambiente sano, afecta negativamente la imagen turística de la región, fuente esencial de empleo y desarrollo económico para Limón. Asimismo, el deterioro ambiental incrementaría el riesgo sanitario y afectaría la salud pública de los habitantes de la provincia, como impacto directo en la salud pública; la contaminación por lixiviados y gases derivados de la descomposición de residuos afectará la calidad del aire y las fuentes de agua, con el correspondiente incremento del riesgo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales; afectación directa al turismo y la economía.

Explica que el manejo de residuos sólidos corresponde por ley a cada gobierno local, por lo que trasladar residuos de otras regiones incumple la obligación legal y constitucional de las municipalidades del Área Metropolitana de gestionar adecuadamente sus propios residuos sólidos. Señala que ante tal problemática, se ha dado falta de supervisión estatal, como es del Ministerio de Salud y SETENA; situación que constituye una violación directa al deber de fiscalización y control que pesa sobre el Estado. Por lo expuesto, solicita la intervención de este Tribunal a fin de que se ordene: a) al ministerio de salud para que se prohíba manera inmediata y permanente el traslado, almacenamiento o disposición de residuos desde la GAM hacia la provincia de Limón, en cualquiera de sus rellenos sanitarios; b) que se ordene al Ministerio de Salud, a SETENA y a la Municipalidad de Limón la realización de una inspección técnica y sanitaria inmediata en el relleno sanitario de Limón, para determinar el estado actual y los daños ocasionados por el traslado ilegal de residuos desde la GAM o cualquier otra región y se ordene a las autoridades locales implementar de manera inmediata medidas correctivas y remediales para contener los efectos ambientales y sanitarios causados por la acumulación indebida de esos residuos; c) se ordene al Ministerio de Salud y a SETENA presentar ante esta Sala copia certificada de cualquier contrato, autorización administrativa o permiso mediante el cual se haya permitido el traslado de residuos desde la GAM hacia Limón por parte de EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA.

(…)

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

En el sub lite, la recurrente alega que desde noviembre de 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, ha trasladado semanalmente cantidades importantes de residuos sólidos provenientes de la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario ubicado en la provincia de Limón, específicamente en el Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal”. Alega que dicho traslado de residuos se realiza sin que la Municipalidad de Limón ni otras autoridades locales hayan sido previamente notificadas o consultadas. Acusa que el traslado descrito pone en peligro el ambiente sano, afecta negativamente la imagen turística de la región, fuente esencial de empleo y desarrollo económico para Limón. Asimismo, el deterioro ambiental incrementaría el riesgo sanitario y afectaría la salud pública de los habitantes de la provincia, como impacto directo en la salud pública; la contaminación por lixiviados y gases derivados de la descomposición de residuos afectará la calidad del aire y las fuentes de agua, con el correspondiente incremento del riesgo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales; afectación directa al turismo y la economía.

Explica que el manejo de residuos sólidos corresponde por ley a cada gobierno local, por lo que trasladar residuos de otras regiones incumple la obligación legal y constitucional de las municipalidades del Área Metropolitana de gestionar adecuadamente sus propios residuos sólidos. Señala que ante tal problemática, se ha dado falta de supervisión estatal, como es del Ministerio de Salud y SETENA; situación que constituye una violación directa al deber de fiscalización y control que pesa sobre el Estado.

Al respecto, del análisis de los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades accionadas, bajo los apercibimientos, incluso penales, señalados en el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y la documentación aportada al expediente, se tiene por acreditado que el proyecto en cuestión se tramita bajo el expediente FEAP-0242-2004-SETENA, que corresponde al proyecto “Relleno Sanitario de Limón”, Nro. de Plano Catastrado: L-689751-87 Descripción del Proyecto: “Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha (plano catastrado L-689751-87). El Relleno ocupará 86 177 m2. Asimismo, que cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprobaron los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorgó mediante la resolución No. 0914-2008-SETENA”. Igualmente, consta que la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, otorgado por el Ministerio de Salud.

De igual forma, se tiene por acreditado que debido a las inconsistencias que se estaban presentando en el Parque de Tecnología Ambiental EBI, el Ministerio de Salud dictó la orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-00062-2025-OS, donde se le ordenó a la administración de dicho proyecto, realizar una serie de medidas y un cronograma de actividades, a fin de solucionar la problemática encontrada, para la adecuada compactación y cobertura de residuos sólidos, en cumplimiento con la normativa vigente; la correcta disposición del material o suelo contaminado, garantizando que no se utilice como cobertura, y asegurar su tratamiento y proveer acopio de material de cobertura conforme a la regulación establecida; planteamiento de medidas de control de fauna carroñera, considerando opciones como la optimización de la cobertura de residuos y la implementación de estrategias para evitar su presencia. Por lo anterior, mediante informe técnico MS-DRRSHC-URS-IT-0034-2025 de fecha 01 de abril de 2025, la ingeniera civil de Proceso de Regulación de la Salud de la Unidad de Rectoría de la Salud Región Huetar Caribe, pone en conocimiento al jefe de esa unidad, que fue recibido el plan de intervención requerido en la orden sanitaria N° MS-DRRHSC-ARSL-00062-2025, documento presentado por los representantes de la empresa accionada, donde se describe las acciones metodológicas para atender las observaciones realizadas, mismo que es aprobado por el ente regulador, quien además recomienda al Área Rectora de Salud de Limón continuar con el seguimiento del cumplimiento y avance del plan de intervención presentado.

Así de lo expuesto, la Sala estima que no lleva razón la recurrente en su alegato. Esto por cuanto se demostró que contrario a lo alegado por la misma, dicho proyecto si cuenta con la regulación y la supervisión por parte de las autoridades correspondientes, específicamente por parte del Ministerio de Salud quien se ha mantenido en constante vigilancia tal como se aprecia en los hechos probados de esta sentencia. En efecto, se logró acreditar que el relleno sanitario ubicado en la provincia de Limón, específicamente en el Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal”, si cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobado por SETENA, a favor de la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, y con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, otorgado por el Ministerio de Salud. Ahora bien, la representante del ministerio recurrido indicó que dicho proyecto presentó falencias en su funcionamiento, por lo que ese ministerio ha venido realizando las intervenciones correspondientes a fin de que la empresa accionada solucione los problemas encontrados en las inspecciones realizadas in situ; situación que a la fecha en que se rinden los informes, consta que el ministerio recurrido le ha venido dado seguimiento a la problemática y que la empresa accionada ha venido cumpliendo con lo requerido por ese ministerio; siendo que en la última inspección realizada se aprobó el plan de intervención aportado por la empresa en cuestión y se emitieron recomendaciones a fin de que se mantenga a largo plazo acciones para el buen manejo del relleno sanitario.

Finalmente, según lo informado bajo fe de juramento por la representante del Ministerio de Salud, bajo los apercibimientos, incluso penales, señalados en el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, antes del año 2023 ese ministerio realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno sanitario en cuestión, y a partir del año 2024 las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de los corrientes la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal; es decir, todas estas actuaciones han sido realizadas antes de tener conocimiento del presente recurso. Por lo expuesto, esta Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales y en consecuencia el recurso se declara sin lugar en cuanto a este extremo.

V.Por otra parte, deberá tomar nota la Dra. Mariela de los Ángeles Marín Mena, en calidad de ministra a.i. de Salud, sobre su deber de vigilante en la protección de la salud pública, quien deberá coordinar con las autoridades correspondientes para que se mantenga en constante inspección y control de las condiciones ambientales generadas por el relleno sanitario en cuestión, a fin de proteger la salud de la población de la provincia de Limón, así como, la tutela al derecho a un ambiente sano.

VI.Por otra parte, la recurrente solicita a la Sala que se ordene a la empresa recurrida que aporte copia certificada de cualquier contrato, autorización administrativa o permiso mediante el cual se haya permitido el traslado de residuos desde la GAM hacia Limón por parte de EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA. Sobre este particular, de la prueba aportada al recurso, no consta que la interesada haya gestionado ante la autoridad competente la información que alega; en consecuencia, en cuanto a este reclamo también se declara sin lugar el recurso.

VII. En suma, se declara sin lugar el recurso en todos los extremos

En aplicación al antecedente cita y del elenco de hechos probados el recurso deviene improcedente. En primer lugar tal y como se logró demostrar que proyecto si cuenta con la regulación y la supervisión por parte de las autoridades correspondientes, específicamente por parte del Ministerio de Salud quien se ha mantenido en constante vigilancia. En segundo lugar desde el 18 de febrero del 2025 se notificó la Orden Sanitaria N.°MS-DRRSHC-ARSL-00046-2025 a la empresa Berthier mediante la que se otorgó el plazo de 10 días hábiles a efectos de que entrara en funcionamiento la cámara de aireación principal del sistema de tratamiento de aguas residuales de las instalaciones del PTA El Tomatal y se dispuso no dar ingreso de otras cantidades de residuos sólidos que no estuvieran contemplados en la propuesta inicial planteada ante el Ministerio de Salud, sea se le impidió trasladar los residuos sólidos del GAM, entre otros; en tercer lugar si bien es cierto un tráiler que transportaba basura proveniente de la Gran Área Metropolitana (GAM) intentó ingresar al relleno sanitario de Limón lo cierto es que la Policía Municipal, el Ministerio de Salud y Tránsito detuvieron el tráiler que transportaba basura proveniente de la Gran Área Metropolitana y fue devuelto a su lugar de origen, La Carpio; en cuarto lugar cuando sea necesario el traslado fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia no podrá exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano; en quinto lugar si bien es cierto el Ministerio de Salud tenía conocimiento que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor (quebrada sin nombre) tenía que retirarse porque el cuerpo de agua de dominio público, en donde se estaba vertiendo el efluente de la planta de tratamiento estaba totalmente seco y para el 29 de abril del 2025 se comprobó que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor aún se mantenía no menos cierto es que a la fecha de rendir los informes se confirmó que no se está generando vertido por parte de la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. a la quebrada. Así las cosas lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

IV.Ahora bien, deberán las autoridades del Ministerio de Salud coordinar con las autoridades que correspondan en aras de mantener en constante vigilancia y control la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor utilizada por la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA.

V. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Ministerio de Salud del penúltimo Considerando de esta sentencia. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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