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Res. 12208-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/04/2026
OutcomeResultado
The Chamber denied the amparo because the closure concerned an unlicensed diversion, the absence of an aqueduct resulted from technical impossibility, and AyA maintained an alternative potable-water supply.La Sala declaró sin lugar el amparo porque el cierre afectó una derivación sin concesión, la falta de acueducto respondía a una imposibilidad técnica y el AyA mantenía un abastecimiento alternativo de agua potable.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denied an amparo filed by representatives of the Santa María de Rincón de la Vieja community against AyA and MINAE over the closure of a gate that diverted water toward the Y Griega and Santa Inés streams. It held that AyA acted pursuant to an order from the Water Directorate and not arbitrarily. The community had been using the resource without a lawful intake, a water concession, or treatment ensuring that the water was potable; moreover, the area lacked formal infrastructure and lay outside the utility’s service coverage. The Chamber found that this technical and material impossibility justified the absence of service through an aqueduct. It also considered that AyA continued providing an alternative potable-water supply through tanker trucks and three storage tanks. The site’s status as an aquifer-recharge area did not grant the community rights over flows originating in Rincón de la Vieja National Park or exempt residents from compliance with environmental regulations.La Sala Constitucional rechazó el amparo presentado por representantes de la comunidad de Santa María de Rincón de la Vieja contra el AyA y el MINAE por el cierre de una compuerta que desviaba agua hacia las quebradas Y Griega y Santa Inés. Determinó que la actuación del AyA obedeció a una orden de la Dirección de Aguas y no fue arbitraria. La comunidad utilizaba el recurso sin una captación legal, sin concesión y sin tratamiento que garantizara su potabilidad; además, la zona carecía de infraestructura formal y estaba fuera del área de cobertura del servicio. La Sala consideró que esa imposibilidad técnica y material justificaba que no se prestara el servicio mediante un acueducto. También valoró que el AyA mantenía un abastecimiento alternativo de agua potable mediante camiones cisterna y tres tanques. La condición del lugar como área de recarga acuífera no confería derechos sobre los caudales del Parque Nacional Rincón de la Vieja ni dispensaba del cumplimiento de la normativa ambiental.
Key excerptExtracto clave
In the matter under review, it was established that the failure to provide the community with potable water was not a capricious, arbitrary, or unfounded action by the respondent authorities, but was justified by a material impossibility arising from the location and the absence of infrastructure or an aqueduct for that purpose; consequently, there was no violation of fundamental rights. Therefore, the amparo must be denied (…)” (emphasis not in the original). Consistent with the precedent partially transcribed above and with the facts duly established in this matter, this constitutional jurisdiction finds no grounds to grant the amparo or alter the criterion stated therein. It was duly shown that the actions of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers complied with the order of the Ministry of Environment and Energy’s Water Directorate, because it was established that: (1) the area where the petitioner resides is an informal settlement lacking the infrastructure and technical conditions necessary to receive potable water; (2) residents were drawing water from the Santa Inés stream without a lawful intake or adequate treatment ensuring that it was potable; (3) a complaint concerning the illegal intake of potable water had even been filed with the Judicial Investigation Agency; (4) the Institute was supplying potable water to the area through tanker trucks and three existing tanks; and (5) there was no record that residents had filed the appropriate application with the Water Directorate to obtain a lawful water concession. Under these circumstances, the amparo must be denied, as ordered herein. Therefore: The amparo is denied.En el sub examine, quedó acreditado que la falta de dotación del servicio de agua potable no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento de los recurridos, sino que esté justificada en la imposibilidad material debido a la ubicación y a la falta de estructura o acueducto para tal fin, de modo tal que no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. Ergo, procede la desestimatoria del amparo (…)” (el énfasis no pertenece al original). En congruencia con el precedente parcialmente transcrito y de conformidad con los hechos que se han tenido como debidamente demostrados en este asunto, esta jurisdicción constitucional considera que, no existen méritos para acoger el recurso planteado por la parte amparada ni para variar el criterio allí vertido, pues, tal y como quedó debidamente demostrado las actuaciones realizadas por Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados fueron realizadas en apego a lo ordenado por la Dirección de Aguas Ministerio de Ambiente y Energía, pues se acreditó que 1) la zona donde habita la recurrente es un Asentamiento Informal y no cuentan con la infraestructura ni las condiciones técnicas para ser abastecidos de agua potable, 2) los vecinos de la zona estaban abasteciéndose del agua de la quebrada Santa Inés sin que existiera una captación legal del recurso hídrico ni el tratamiento adecuado para garantizar que fuera agua potable, 3) existe incluso una denuncia en el OIJ por la captación ilegal del servicio de agua potable, 4) el ICAA se encuentra brindado el servicio de agua potable en la zona por medio de camiones cisterna y tres tanques que existen en el lugar y 5) no consta que los vecinos hayan presentado el trámite respectivo ante la Dirección de Aguas para obtener la concesión del recurso hídrico de manera legal. Bajo este panorama, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"Las autoridades recurridas reiteraron que, el hecho de la condición geohidrológica (área de recarga), no otorga per se a la comunidad, derechos sobre los caudales que discurren por el parque nacional, ni exime del cumplimiento de la normativa ambiental vigente."
"The respondent authorities reiterated that the area’s geohydrological status as a recharge area does not, by itself, grant the community rights over the flows running through the national park or exempt it from compliance with current environmental regulations."
Caso concreto
"Las autoridades recurridas reiteraron que, el hecho de la condición geohidrológica (área de recarga), no otorga per se a la comunidad, derechos sobre los caudales que discurren por el parque nacional, ni exime del cumplimiento de la normativa ambiental vigente."
Caso concreto
"Por supuesto, el AyA como un ente estatal encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados."
"AyA, as the state entity principally responsible for providing potable-water service, must of course continue expanding its infrastructure so that increasing numbers of people have access to this precious resource; while service gaps remain, however, the cooperation of interested parties is indispensable."
Considerando sobre imposibilidad jurídica o formal
"Por supuesto, el AyA como un ente estatal encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados."
Considerando sobre imposibilidad jurídica o formal
"Evidencia este Tribunal Constitucional que, la imposibilidad de abastecer de agua potable a la comunidad obedece a una imposibilidad técnica, ya que la zona afectada no se encuentra dentro del área de cobertura, ni cuenta con autorización o infraestructura legalmente habilitada para ese fin."
"This Constitutional Court finds that the inability to supply the community with potable water results from a technical impossibility, because the affected area lies outside the service coverage area and lacks authorization or infrastructure legally enabled for that purpose."
Caso concreto
"Evidencia este Tribunal Constitucional que, la imposibilidad de abastecer de agua potable a la comunidad obedece a una imposibilidad técnica, ya que la zona afectada no se encuentra dentro del área de cobertura, ni cuenta con autorización o infraestructura legalmente habilitada para ese fin."
Caso concreto
Full documentDocumento completo
EV Template Generation: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj Decision No. 2026012208 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty a.m. on diez de abril de dos mil veintiseis.
Amparo action (recurso de amparo) filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA.
Background:
Justice Araya García drafts the opinion; and,
Whereas:
I.Subject matter of the petition. The petitioner alleges that she is a resident of the Santa María de Rincón de la Vieja area and asserts that the people living there depend on the flow of quebrada Santa Inés for the supply of water needed to sustain farm animals, cattle, horses, poultry, sheep, pigs, and bees, as well as for production and domestic purposes. She states that, on 31 de julio de 2025, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), on the basis of official letter DA-UHTPNOL-0446-2024 issued by the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ordered the gate completely closed, preventing water from reaching quebrada Santa Inés. She contends that this decision was implemented abruptly, without prior notice to the residents, without public consultation, and without offering a viable technical alternative to meet the need for water. She argues that, since then, no water has entered the stream for more than fifteen days, causing extreme water scarcity for the animals and creating risks of death and loss of production. She requests the intervention of the Chamber (Sala).
III.Regarding the specific case. In the sub lite, the petitioner alleges that she is a resident of the Santa María de Rincón de la Vieja area and asserts that the people living there depend on the flow of the Santa Inés stream for water used to sustain farm animals, cattle, horses, poultry, sheep, pigs, and bees, as well as for production and domestic purposes. She states that, on 31 de julio de 2025, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), based on official letter DA-UHTPNOL-0446-2024 issued by the Ministry of Environment and Energy (MINAE), ordered the gate to be completely closed, preventing water from reaching the Santa Inés stream. She maintains that this decision was implemented abruptly, without prior notice to residents, without public consultation, and without offering a viable technical alternative to meet their need for water. She argues that, since then, no water has entered the stream for more than fifteen days, causing extreme scarcity for the animals and creating risks of death and loss of production. She requests the Chamber’s intervention.
In this regard, it should be noted that this Court has already ruled on the subject matter of this action, in which the allegedly arbitrary closure of the gate serving the Santa Inés stream is challenged on the ground that it affects the water supply in the Santa María Informal Settlement in Rincón de la Vieja. In this respect, in judgment No. 2025-034736 at 9:20 hours on 24 de octubre de 2025, this Constitutional Chamber held, insofar as relevant:
“(…) III.- REGARDING THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A SUPPLY OF DRINKING WATER. In other similar matters, this Court has held that the Law of the Constitution encompasses a fundamental right to a supply of drinking water. Specifically, in Judgment N° 2003-4654 at fifteen hours and forty-four minutes on veintisiete de mayo de dos mil tres, it held, insofar as relevant:
“V.- The Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international human-rights instruments applicable in Costa Rica: it is expressly included in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); it is also set forth in the Cairo International Conference on Population and Development (principle 2) and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. Within our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this regard by Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (the 1988 “Protocol of San Salvador”), which provides: “Article 11.
Right to a Healthy Environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.” Furthermore, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights recently reiterated that access to water is a human right which, in addition to being indispensable for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights. VI.- The foregoing legal framework gives rise to a series of fundamental rights associated with the State’s obligation to provide basic public services. These rights mean, on the one hand, that persons may not be unlawfully deprived of such services; however, in the case of drinking water, it cannot be maintained that any individual holds an enforceable right requiring the State to provide drinking-water service immediately and wherever that individual may be. Rather, as provided in the Protocol of San Salvador itself, these types of rights require States to adopt measures in accordance with Article One of that Protocol (…)”.
In Judgment N° 2010-001516 at 18:36 hours on 26 de enero de 2010, this Chamber addressed technical or legal impediments to providing drinking-water service. On that occasion, it held as follows:
“IV.- Regarding how a legal or formal impediment to providing drinking-water service does not violate fundamental rights.- This Chamber’s settled case law has indicated that the supply of drinking water is regarded under the Costa Rican legal system as a public service and that, as such, every public-service provider—whether a public or private entity—is required to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and in a manner that adapts to technological changes (see, in this regard, judgment 2001-09676 at eleven hours and twenty-five minutes on veintiséis de setiembre del dos mil uno and judgment 2004-08161 at ten hours and fifty-three minutes on veintitrés de julio del dos mil cuatro). In this respect, it is clear that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as one of the state entities responsible for providing the public drinking-water service, is likewise required to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants.
Notwithstanding all the foregoing, this Constitutional Court’s case law has also indicated that, when faced with a legal impediment (meaning a failure to satisfy the requirements established in the applicable regulations) or a formal impediment (meaning the absence of a Water Distribution Network), it is reasonable not to grant requests for service or to require the interested party to bear installation costs when no drinking-water distribution network exists and infrastructure must be built. Thus, in such cases, it has been made clear that this does not constitute a denial of access to drinking-water service, but rather an impediment to providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impediment, namely, the lack of infrastructure. Of course, AyA, as the state entity primarily responsible for providing drinking-water service, has an obligation to continue expanding its infrastructure so that increasingly more people have access to this precious resource; however, while gaps remain, the cooperation of the interested parties is indispensable (see resolutions Nº 2006-014218 at fifteen hours and four minutes on veintiséis de septiembre del dos mil seis and Nº 2007-11190 at fourteen hours and thirty-six minutes on siete de agosto del dos mil siete).
In other words, provided that the failure to furnish drinking-water service is not capricious, arbitrary, or unfounded, but is instead justified by a legal or material impediment, there is no violation of fundamental rights.”
In the sub-lite, the petitioner states that she is the president of the Santa María de Rincón de la Vieja Development Association and that she acts on behalf of the affected residents and property owners, who depend on the flow of the Santa Inés stream for water used to sustain farm animals, cattle, horses, poultry, sheep, pigs, and bees, as well as for production and domestic purposes. She states that, for more than 80 years, there has been a historic channel that diverts water from various tributaries feeding the Liberia River and the Santa Inés stream, supplying more than one hundred farms in the Santa María community. She also alleges that, on 31 de julio de 2025, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), based on official letter DA-UHTPNOL-0446-2024 issued by the Ministry of Environment and Energy (MINAE), ordered the gate to be completely closed, preventing water from reaching the Santa Inés stream. She maintains that this decision was implemented abruptly, without prior notice to residents, without public consultation, and without offering a viable technical alternative to meet their need for water. She argues that, since then, no water has entered the stream for more than fifteen days, causing extreme scarcity for the animals and creating risks of death and loss of production.
In this regard, the Chamber finds it established that what the petitioner describes as a “Water Channel” is a diversion structure that was constructed many years ago within Rincón de la Vieja National Park, where an earthen channel was opened to divert water flowing from the slopes of the volcano, which had been flowing toward the northern region of the country, in the direction of Liberia. They called this channel the water channel; it is a human-made structure, and the authorities were able to verify that the water flows toward an unnamed stream that is a tributary of the Y Griega stream and that, in addition, the water is captured for human consumption by the population, serving several homes and a school in the area known as Parcelas Santa María.
In this respect, the Ministry of Environment and Energy issued opinion DA-UH-TPNOL-0279-2020 and, through official letter DA-UHTPNOL-0406-2020, informed the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of the situation in its capacity as the entity responsible for drinking water at the national level.
The respondent authorities reiterated that the area’s geohydrological status (recharge area) does not per se grant the community rights over the flows running through the national park or exempt it from compliance with the environmental regulations in force. They further stated that formal service is not provided to the area because it lies outside their service coverage area and lacks authorization or infrastructure legally approved for that purpose.
The respondent authorities (recurridos) argued that, in compliance with the ruling of the Sala Constitucional in the writ of amparo (recurso de amparo) N° 20- 001803-0007-CO, an alternative supply arrangement has been maintained through the periodic dispatch of tanker trucks, which fill three storage tanks located in the area and, through that mechanism, have made it possible to guarantee the supply of drinking water, although this does not replace the need for formal aqueduct infrastructure.
This Tribunal Constitucional finds that the inability to supply drinking water to the community is due to a technical impossibility, since the affected area is not within the service coverage area and lacks authorization or infrastructure legally enabled for that purpose. Accordingly, in such cases it has been made clear that this is not a refusal of access to drinking-water service, but rather an inability to provide it because of a technical impossibility.
In the sub examine, it was established that the failure to provide drinking-water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded act by the respondent authorities, but is justified by the material impossibility arising from the location and the lack of infrastructure or an aqueduct for that purpose; consequently, there is no violation of fundamental rights. Ergo, the amparo must be dismissed (…)” (emphasis not in the original).
Consistent with the precedent partially transcribed above and in accordance with the facts deemed duly proven in this matter, this constitutional jurisdiction considers that there are no grounds for granting the petition filed by the protected party (parte amparada) or for departing from the position expressed therein because, as was duly established, the actions taken by Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados were carried out in compliance with the instructions issued by the Dirección de Aguas Ministerio de Ambiente y Energía, since it was established that
IV.Documentation submitted to the case file (expediente). The petitioner is hereby advised that, if any paper document, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computerized, magnetic, optical, or telematic device or produced through new technologies, has been submitted, it must be retrieved from the court within a maximum period of 30 business days from service of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The petition is dismissed.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).
EV Generación de Machote: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. La recurrente acusa que, es vecina de la zona de Santa María de Rincón de la Vieja y asegura que las personas que habitan en este lugar dependen del caudal de la quebrada Santa Inés para el abastecimiento de agua destinada a la subsistencia de animales de granja, ganado bovino, equino, aves de corral, ovinos, porcinos y abejas, así como para fines de producción y uso doméstico. Manifiesta que, el 31 de julio de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), con base en el oficio DA-UHTPNOL-0446-2024 emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ordenó el cierre total de la compuerta, impidiendo que el agua llegara a la quebrada Santa Inés. Sostiene que, esta decisión fue ejecutada de forma abrupta, sin aviso previo a los vecinos, sin consulta ciudadana y sin ofrecer una alternativa técnica viable para suplir la necesidad de agua. Esgrime que, desde entonces, por más de quince días no ha ingresado agua a la quebrada, provocando escasez extrema para los animales y generando riesgos de muerte y pérdida productiva. Solicita la intervención de la Sala.
III.Sobre el caso en concreto. En el sub lite, la recurrente acusa que, es vecina de la zona de Santa María de Rincón de la Vieja y asegura que las personas que habitan en este lugar dependen del caudal de la quebrada Santa Inés para el abastecimiento de agua destinada a la subsistencia de animales de granja, ganado bovino, equino, aves de corral, ovinos, porcinos y abejas, así como para fines de producción y uso doméstico. Manifiesta que, el 31 de julio de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), con base en el oficio DA-UHTPNOL-0446-2024 emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ordenó el cierre total de la compuerta, impidiendo que el agua llegara a la quebrada Santa Inés. Sostiene que, esta decisión fue ejecutada de forma abrupta, sin aviso previo a los vecinos, sin consulta ciudadana y sin ofrecer una alternativa técnica viable para suplir la necesidad de agua. Esgrime que, desde entonces, por más de quince días no ha ingresado agua a la quebrada, provocando escasez extrema para los animales y generando riesgos de muerte y pérdida productiva. Solicita la intervención de la Sala.
Al respecto, conviene señalar que, este Tribunal ya se pronunció sobre el tema objeto de este recurso, en donde se denuncia el cierre presuntamente arbitrario de la compuerta para la quebrada Santa Inés, que afecta el abastecimiento de agua en el Asentamiento Informal Santa María en Rincón de la Vieja. En este sentido, esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2025-034736 de las 9:20 horas de 24 de octubre de 2025, en lo que interesa estableció:
“(…) III.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Este Tribunal ha dispuesto, en otros asuntos similares, que como parte del Derecho de la Constitución existe un derecho fundamental al suministro de agua potable, siendo que específicamente en Sentencia N° 2003-4654 de las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de mayo de dos mil tres, se dispuso, en lo conducente:
“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11.
Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo (…)”.
Esta Sala, en Sentencia N° 2010-001516 de las 18:36 horas del 26 de enero de 2010, se refirió a lo relativo a las imposibilidades técnicas o legales para brindar el servicio de agua potable. En esa oportunidad estableció lo siguiente:
“IV.- Sobre como la imposibilidad jurídica o formal para dotar del servicio de agua potable no es violatorio de derechos fundamentales.- Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha indicado que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos –sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). En este sentido, resulta claro concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargado de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes.
Ahora bien, a pesar de todo lo que se acaba de establecer, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, el AyA como un ente estatal encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados (véase las resoluciones Nº 2006-014218 de las quince horas y cuatro minutos del veintiséis de septiembre del dos mil seis y Nº 2007-11190 de las catorce horas y treinta y seis minutos del siete de agosto del dos mil siete).
En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales”.
En el sub-lite, la parte recurrente señala que es presidenta de la Asociación de Desarrollo de Santa María de Rincón de la Vieja, y que actúa en representación de los vecinos y propietarios afectados, quienes dependen del caudal de la quebrada Santa Inés para el abastecimiento de agua destinada a la subsistencia de animales de granja, ganado bovino, equino, aves de corral, ovinos, porcinos y abejas, así como para fines de producción y uso doméstico. Indica que, desde hace más de 80 años existe un canal histórico que desvía agua de diferentes afluentes que alimentan el río Liberia y la quebrada Santa Inés, abasteciendo a más de cien fincas de la comunidad de Santa María. Alega también que, el 31 de julio de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), con base en el oficio DA-UHTPNOL-0446-2024 emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ordenó el cierre total de la compuerta, impidiendo que el agua llegara a la quebrada Santa Inés. Sostiene que, esta decisión fue ejecutada de forma abrupta, sin aviso previo a los vecinos, sin consulta ciudadana y sin ofrecer una alternativa técnica viable para suplir la necesidad de agua. Esgrime que, desde entonces, por más de quince días no ha ingresado agua a la quebrada, provocando escasez extrema para los animales y generando riesgos de muerte y pérdida productiva.
Al respecto, la Sala tiene por demostrado que lo que la recurrente señala como “Canal Hídrico” es una obra partidora, que fue habilitada hace muchos años dentro del Parque Nacional Rincón de la Vieja, donde se abrió un canal en tierra a través del cual desviaron las aguas provenientes de las faldas del volcán, que iban para la zona norte del país hacia Liberia. A este canal lo llamaron canal hídrico lo cual es una obra antrópica y que lograron corroborar que el agua discurre hacia una quebrada sin nombre que afluente de la quebrada Y Griega y que además, el agua es captada para consumo humano poblacional para varias viviendas y una escuela, en el sector conocido como Parcelas Santa María.
En ese sentido el Ministerio de Ambiente y Energía emitió el dictamen DA-UH-TPNOL-0279-2020 y mediante el oficio DA-UHTPNOL-0406-2020 pone en conocimiento de la situación al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como ente encargado a nivel nacional del agua potable.
Las autoridades recurridas reiteraron que, el hecho de la condición geohidrológica (área de recarga), no otorga per se a la comunidad, derechos sobre los caudales que discurren por el parque nacional, ni exime del cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Y además que, no se brinda el servicio formal a la zona por no estar dentro de su área de cobertura, ni contar con autorización o infraestructura legalmente habilitada para ese fin.
Argumentaron los recurridos, que en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Constitucional en el recurso de amparo N° 20- 001803-0007-CO, se ha mantenido un esquema de abastecimiento alterno mediante el envío periódico de camiones cisterna, los cuales llenan tres tanques de almacenamiento ubicados en la zona y que con ese mecanismo han permitido garantizar el suministro de agua potable, aunque no sustituye la necesidad de una infraestructura formal de acueducto.
Evidencia este Tribunal Constitucional que, la imposibilidad de abastecer de agua potable a la comunidad obedece a una imposibilidad técnica, ya que la zona afectada no se encuentra dentro del área de cobertura, ni cuenta con autorización o infraestructura legalmente habilitada para ese fin. Por lo anterior, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo por una imposibilidad técnica.
En el sub examine, quedó acreditado que la falta de dotación del servicio de agua potable no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento de los recurridos, sino que esté justificada en la imposibilidad material debido a la ubicación y a la falta de estructura o acueducto para tal fin, de modo tal que no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. Ergo, procede la desestimatoria del amparo (…)” (el énfasis no pertenece al original).
En congruencia con el precedente parcialmente transcrito y de conformidad con los hechos que se han tenido como debidamente demostrados en este asunto, esta jurisdicción constitucional considera que, no existen méritos para acoger el recurso planteado por la parte amparada ni para variar el criterio allí vertido, pues, tal y como quedó debidamente demostrado las actuaciones realizadas por Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados fueron realizadas en apego a lo ordenado por la Dirección de Aguas Ministerio de Ambiente y Energía, pues se acreditó que
IV.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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