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Res. 07080-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/02/2026
OutcomeResultado
The amparo is partially granted against SINAC and SETENA, ordering them to conduct technical evaluations of the discharges within six months; the petitioner is referred to previous rulings regarding the Ministry of Health, Municipality of Puntarenas, and AyA.Se declara parcialmente con lugar el amparo contra SINAC y SETENA, ordenándoles realizar evaluaciones técnicas de los vertidos en seis meses; se remite a sentencias previas respecto al Ministerio de Salud, Municipalidad de Puntarenas y AyA.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed a writ of amparo against several institutions for pollution of the Puntarenas Estuary caused by untreated domestic wastewater discharged from the sewer system managed by AyA. The petitioner argued that the Ministry of Health had known of the situation since 2008 without issuing sanitary orders to AyA, focusing only on the Municipal Market. The Chamber partially granted the amparo, only against SINAC and SETENA. Regarding SINAC, it found that it had not conducted a specific assessment of the discharges into the Puntarenas Estuary Wetland and associated mangroves, violating its environmental protection duty. As for SETENA, its failure to technically assess potential risks and define preventive measures was deemed insufficient under the constitutional standard of prevention. Both institutions were ordered to carry out comprehensive technical evaluations within six months. The Chamber referred the petitioner to previous rulings against the Ministry of Health, the Municipality of Puntarenas, and AyA on the same issue.La Sala Constitucional conoció un amparo contra varias instituciones por la contaminación del Estero de Puntarenas debido al vertido de aguas residuales domésticas sin tratamiento provenientes del alcantarillado administrado por el AyA. El recurrente alegó que el Ministerio de Salud conocía la situación desde 2008 sin emitir órdenes sanitarias al AyA, limitándose a acciones contra el Mercado Municipal. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el SINAC y SETENA. Respecto al SINAC, determinó que no realizó una evaluación específica sobre los vertidos en el Humedal Estero Puntarenas y manglares asociados, lo que constituye una violación al deber de protección ambiental. En cuanto a SETENA, estimó que su omisión de valorar técnicamente los riesgos potenciales y definir medidas preventivas resulta insuficiente frente al estándar constitucional de prevención. Se ordenó a ambas instituciones realizar evaluaciones técnicas integrales en un plazo de seis meses. La Sala remitió al recurrente a lo ya resuelto en sentencias previas contra el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Puntarenas y el AyA sobre la misma problemática.
Key excerptExtracto clave
VI. REGARDING THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SINAC). From the analysis of the proven facts, the sworn report of SINAC, and the documentary evidence, this Tribunal finds it proven that officials of the Central Pacific Conservation Area have conducted field visits and interinstitutional patrols in areas near the Puntarenas Estuary and its adjacent zones, confirming the presence of solid waste, foul odors, and anthropogenic pressures in the wetland environment. It is also evident that several environmental complaints were processed and later redirected to other authorities, particularly the Ministry of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of Puntarenas, on the grounds of the distribution of competencies among public institutions. Such actions evince prior and continued knowledge by the respondent body of the environmental problem in the area. However, it was also demonstrated that SINAC has not carried out a specific evaluation regarding domestic wastewater discharges into the Puntarenas Estuary Wetland and Associated Mangroves, citing as justification the lack of permanent staff and the prioritization of other anthropogenic pressures such as sugarcane activity, livestock farming, and mangrove use. This Tribunal finds that explanation insufficient from the perspective of the constitutional duty of environmental protection incumbent on authorities responsible for the management and conservation of fragile ecosystems. The scarcity of human or material resources cannot be raised as a valid excuse to omit minimal assessment and oversight actions when there is the possibility of significant and progressive environmental damage. Indeed, wetlands and mangroves are ecosystems under special legal protection, whose integrity is essential for biodiversity, ecological stability, and the environmental quality of coastal zones. The precautionary principle and the principle of prevention require environmental authorities to act even in the face of potential risks, without demanding absolute certainty as to the magnitude of the harm. When there are reasonable indications of pollution from domestic discharges that could affect the balance of the estuary and its associated mangroves, the competent authority must adopt an active and diligent posture aimed at technical evaluation, constant monitoring, and effective interinstitutional coordination. The absence of specific administrative files or the referral of complaints to other institutions does not exonerate SINAC from exercising its own oversight and conservation powers within the areas under its protection.VI.- EN CUANTO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). Del análisis de los hechos tenidos por probados, del informe rendido bajo juramento por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y de la prueba documental aportada, este Tribunal tiene por acreditado que funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central han realizado visitas de campo y recorridos interinstitucionales en sectores cercanos al Estero de Puntarenas y sus áreas adyacentes, constatando la presencia de desechos sólidos, malos olores y presiones antropogénicas en el entorno del humedal. Asimismo, se desprende que diversas denuncias ambientales fueron tramitadas y posteriormente redireccionadas a otras autoridades, particularmente al Ministerio de Salud, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de Puntarenas, bajo el argumento de la distribución competencial entre instituciones públicas. Tales actuaciones evidencian conocimiento previo y continuado por parte del órgano accionado respecto de la problemática ambiental existente en la zona. No obstante, también quedó demostrado que el SINAC no ha llevado a cabo una evaluación específica respecto de los vertidos domésticos de aguas residuales en el Humedal Estero Puntarenas y Manglares Asociados, señalando como justificación la falta de personal permanente y la priorización de otras presiones antropogénicas como la actividad cañera, la ganadería y el uso del manglar. Este Tribunal estima que dicha explicación resulta insuficiente desde la perspectiva del deber constitucional de protección ambiental que recae sobre las autoridades encargadas de la gestión y conservación de ecosistemas frágiles. La escasez de recursos humanos o materiales no puede erigirse como excusa válida para omitir actuaciones mínimas de evaluación y fiscalización cuando existe la posibilidad de un daño ambiental relevante y progresivo. En efecto, los humedales y manglares constituyen ecosistemas de especial protección jurídica, cuya integridad resulta esencial para la biodiversidad, la estabilidad ecológica y la calidad ambiental de las zonas costeras. El principio precautorio y el principio de prevención obligan a las autoridades ambientales a actuar aun frente a riesgos potenciales, sin exigir certeza absoluta sobre la magnitud del daño. Cuando existen indicios razonables de contaminación por vertidos domésticos que podrían afectar el equilibrio del estero y sus manglares asociados, la autoridad competente debe adoptar una postura activa y diligente orientada a la evaluación técnica, el monitoreo constante y la coordinación interinstitucional efectiva. La ausencia de expedientes administrativos específicos o la remisión de denuncias a otras instituciones no exonera al SINAC de ejercer sus propias competencias de vigilancia y conservación dentro de las áreas bajo su ámbito de protección.
Pull quotesCitas destacadas
"La escasez de recursos humanos o materiales no puede erigirse como excusa válida para omitir actuaciones mínimas de evaluación y fiscalización cuando existe la posibilidad de un daño ambiental relevante y progresivo."
"The scarcity of human or material resources cannot be raised as a valid excuse to omit minimal assessment and oversight actions when there is the possibility of significant and progressive environmental damage."
Considerando VI
"La escasez de recursos humanos o materiales no puede erigirse como excusa válida para omitir actuaciones mínimas de evaluación y fiscalización cuando existe la posibilidad de un daño ambiental relevante y progresivo."
Considerando VI
"El principio precautorio y el principio de prevención obligan a las autoridades ambientales a actuar aun frente a riesgos potenciales, sin exigir certeza absoluta sobre la magnitud del daño."
"The precautionary principle and the principle of prevention require environmental authorities to act even in the face of potential risks, without demanding absolute certainty as to the magnitude of the harm."
Considerando VI
"El principio precautorio y el principio de prevención obligan a las autoridades ambientales a actuar aun frente a riesgos potenciales, sin exigir certeza absoluta sobre la magnitud del daño."
Considerando VI
"Una interpretación restrictiva de sus atribuciones resulta incompatible con el marco constitucional que rige la tutela efectiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
"A restrictive interpretation of its powers is incompatible with the constitutional framework governing the effective protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment."
Considerando VIII
"Una interpretación restrictiva de sus atribuciones resulta incompatible con el marco constitucional que rige la tutela efectiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Considerando VIII
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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on the twenty-seventh of February, two thousand twenty-six.
An amparo action processed in case file number 25-031481-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MINISTRY OF HEALTH AND OTHERS.
Whereas:
Additionally, we start from the fact that, despite the existence of a collective system for the disposal and treatment of wastewater, this system in use requires replacement. The homes in that community were at one time built with individual septic tank systems, authorized by the Ministry of Health according to the regulations in force, and likewise, businesses must treat their water through treatment plants for special waters, due to the nature of the discharges they generate, being in conformity with the provisions of the General Health Law (Ley General de Salud), under the supervision and competence of that Ministry. That said, as mentioned in the response to the facts, both the homeowners, as well as the business owners and others, have the obligation to maintain their wastewater treatment systems. In the case of septic tanks, they are responsible for periodic cleaning at their own cost, and likewise, for businesses, matters pertaining to the maintenance of the wastewater treatment system authorized by the Ministry of Health; in the case of treatment plants, they must additionally monitor the discharge parameters of the treated water before it is disposed of in the body of water, in this case the Estero.
Along these same lines, the Administrative and Civil Tax Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), Eighth Section, Second Judicial Circuit of San José. Annex A, through Resolution No.112-2018 at nine thirty hours on December nineteenth, two thousand eighteen, ruled as follows: "… all persons are obligated to carry out the corresponding drainages, and must ensure that their properties have a system for the disposal of excreta and black and gray water duly approved by the Ministry, users of the homes being obligated to keep said systems in good working order; it being prohibited to discharge waste without prior authorization from the health authority and without complying with the corresponding requirements, avoiding the contamination of water sources or courses, soil, and air, or any other risk to human health derived from the inadequate evacuation of wastewater. (arts. 286-292, 308, 310, 311).
That is to say, this Chamber considers that in the present case it is more than evident that the neighbors and plaintiffs have caused environmental contamination, by discharging their excreta and black water into a sewerage system lacking interconnection that is, moreover, being discharged into the local river, contaminating all other populations downstream. By reason of the foregoing, this claim is rejected since the cited regulations grant what was sought to the competence of AyA, an entity that, according to the convenience and availability of resources to achieve the timely interconnection, supported by technical design, administrative contracting, and economic aspects.…" Based on the foregoing, it is clear that it is the omission to bear the maintenance costs of septic tanks, businesses, and all those who inadequately dispose of wastewater that produces the contamination problem; it is the very neighbors who have irresponsibly exposed their health, generating the environmental contamination they allege and not an omission on the part of the Institution.
It must be kept in mind that the sewerage system that was designed and is in use was conceived so that the water conveyed through it could be disposed of into the estero without causing harm to the environment; however, for the reasons already stated, there are bad practices that show a contrary result. It is superfluous to reiterate the arguments and conditions related to the construction of the sanitation system, already presented, known, and analyzed by this Chamber in the response provided by the Institute in case file No. 25-0027643-0007-CO, which, to date, remain fully valid. Additionally indicating that: "… work is being done in the region on the development of an action plan to coordinate with the Municipality of Puntarenas (Municipalidad de Puntarenas) and the Puntarenas - Chacarita Health Area (Área Rectora de Salud Puntarenas - Chacarita), in order to address the measures ordered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), to propose short-term activities aimed at preventing impacts on the health of the population while the definitive solution is implemented." (Official Letter GSP-RPC-2026-00113) and likewise, the Progress Report for the Puntarenas Sanitary Sewerage project is attached, which indicates that there are pending internal actions that require approval from the Board of Directors; however, to date, the Government Council (Consejo de Gobierno) has not appointed two members of that Collegiate Body, so these actions will be resumed once the quorum is constituted in accordance with the law.".
Magistrate Hess Herrera writes; and,
Considering
The appellant files an amparo appeal (recurso de amparo) against the Ministry of Health, alleging that said institution has failed to act in the face of the contamination of the Estero of Puntarenas caused by the direct discharge of wastewater from the sewerage system administered by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA). He points out that since 2008, the Ministry has known that the city lacks a treatment plant, despite which it has not issued sanitary orders against the ICAA nor adopted effective measures, limiting itself to minor actions against the Municipal Market. He affirms that this prolonged inaction has allowed the continuous contamination of the estero, violating the right to health and a healthy environment.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:
- REGARDING THE MINISTRY OF HEALTH:
- REGARDING THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SINAC):
- REGARDING THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA):
- REGARDING THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA):
- REGARDING THE MUNICIPALITY OF PUNTARENAS:
Regarding the preventive and precautionary principles, in judgment No. 2021024807 at 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber specified:
"In this line of thought, specialized doctrine has indicated that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned to the fulfillment of certain requirements. In general, this principle applies when there are risks clearly defined and identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle indicates that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on costs to prevent environmental degradation. From the above, it is noted that the principle stems from reasonable scientific uncertainty combined with the threat of serious and irreversible environmental damage.
In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work causes. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (...)." Precisely, the precautionary principle must be understood as contemplated in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." That is, it is not a matter of requiring scientific studies to arrive at the 'absolute certainty' of the innocuousness of an activity toward the environment (in principle, total safety is difficult to achieve), but rather, that, even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not entirely assured, such uncertainty will never justify or excuse the postponement of the execution of effective measures to prevent environmental degradation.
In this regard, it should be observed, on one hand, that it is not any type of threat ‑plausibly it must involve a serious danger‑, and, on the other, that the measure demands an efficient and effective use of the resources employed. In the stated sense, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used without restriction with the argument that any activity could generate damage to the environment ‑which would distort its reason for being‑, but rather it is necessary that there be a certain degree of identification of the dangers of a serious or irreversible damage that could be generated, the determination of which varies according to the particularities of the specific case. Thus, when faced with a situation that requires the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or allowing any new or modification request that reasonably entails a serious risk; they are even obligated to suspend the activities that are being developed. At the same time, they must adopt with efficiency and effectiveness all the measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.
The referred principle is likewise contained in a hard law legal source, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change ‑ratified by Costa Rica through Law No. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states‑ stipulates:
"3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent, or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties." The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which has been ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica ‑see Law No. 8538 of August 23, 2006‑, in which it reads:
"ARTICLE 1 Objective Considering the precautionary principle as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (...)." Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established: "(...) Noting that it is vital to anticipate, prevent and tackle the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (...)." In accordance with the referenced regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017:
"180. (...) Therefore, this Court understands that, States must act in accordance with the precautionary principle, for purposes of protecting the right to life and personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could entail serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible damage. In effect, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, and therefore, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are 'effective' to prevent serious or irreversible damage." Subsequent to such resolution and through a judgment, in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina, the Inter-American Court ruled on February 6, 2020, in this manner: "the right to a healthy environment 'should be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention', given the obligation of the States to achieve the 'integral development' of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter".
Of high significance, it should be emphasized that, in this pronouncement, the Inter-American Court refers to advisory opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of such right, whereby the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal binding force of a judgment.
In this regard, the international court reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humanity,’ and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature,’ not only for its ‘utility’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but for its importance to the other living organisms with whom the planet is shared.’ The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.” Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the IACHR Court clearly details the State obligations in the face of possible environmental damage, such as the duty of prevention, the precautionary principle (principio de precaución), the obligation of cooperation, and access to information.
In sum, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.
Concerning the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law “confirmed by the relevant practice in many treaties relating to the environment and the main codification projects.” Now, while the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, the truth is that this general principle of law, as well noted in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, given that, as a hermeneutical guide, it leads to “the causes and sources of environmental problems being addressed in a prioritized and integrated manner, trying to prevent the negative effects that may occur on the environment.
The criterion of prevention will prevail, then, over any other in the public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing makes complete sense, as it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not merely to decide on the repair of harmful consequences already corroborated, even ordering the cessation of the harmful effects.
Such an institute is reflected, among other norms, in ordinals 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law 7291) and 5 and Annex II (Anexo II) of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law 8059), as well as in constitutional jurisprudence (see judgments No. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021 and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional jurisprudence, for example, in advisory opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs: 127 to 174 and subsections a) and b) of paragraph 242 and the judgment of November 24, 2022 Nombre02 vs. Chile. Precisely, in the latter, the IACHR Court expressly states:
“208. Without prejudice to the foregoing, in specific environmental matters, it must be highlighted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the measures that are necessary ex ante the production of environmental damage, taking into consideration that, due to its particularities, frequently it will not be possible, after such damage has occurred, to restore the situation that previously existed. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that ‘States are obliged to use all means at their disposal to avoid activities carried out under their jurisdiction causing significant damage to the […] environment’200. This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage201.
On the other hand, while it is not possible to make a detailed enumeration of all the measures that States could take in order to fulfill this duty, some can be indicated, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and oversee; iii) require and approve environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental); iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage202.” For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters’ that “in case of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see principle V).
In this regard, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), “Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, collective general interests shall be privileged over particular ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred.” The in dubio pro natura principle, then, does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage—as is the case with the precautionary principle—but rather implies a “general rule of behavior, for the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to all areas of decisions where there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid opting for those conducts that may cause damage to the environment, when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).
On the other hand, in judgment No. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this sense:
“V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those, such as the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), which require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders.
From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, enshrined in numeral 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved until then. This principle does not imply absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or caused by nature, that negatively impact the achievements made until then and force a downward reconsideration of the new level of protection.
In those cases, Constitutional Law and the principles under examination oblige one to justify, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of the levels of protection. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: ‘…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is forbidden to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot—much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: “The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with Constitutional Law, which does not admit a regression to its detriment.” (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (The highlighting does not correspond to the original).
(In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397).” Thus, in accordance with the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, as far as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without a reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, where applicable, the corresponding compensatory measures must be weighed.
Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) in these terms:
“Regarding the environment, the object of the fundamental right stated, our Magna Carta also requires it to be ‘healthy.’ The requirement of ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ and to ‘succession capacity’ to guarantee life. From both requirements: ‘healthy’ and ‘balanced’ emerges the need for sustainable and enduring development; the quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ ‘ecologically balanced,’ the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, be they legislative or administrative, in such a way that, in the terms of ordinals 16 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) and 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), State actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unequivocal rules of science and technique in order to achieve full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, moreover, ‘greater well-being for all the inhabitants of the country.’ Regarding the submission of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technique, the Chamber has termed it the principle of objectification of environmental protection: ‘From the objectification of environmental protection (…) it is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or “principle of prudent avoidance”], inasmuch as, derived from the provisions of articles 16 and 160 of the General Public Administration Law, it translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature—both legal and regulatory—, from which derives the requirement of linkage to science and technique, thereby conditioning the Administration’s discretion in this matter.
So that, in attention to the results derived from those technical studies—such as environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental)—, if an objective technical criterion is evidenced denoting the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people’s health, it becomes obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in case of “reasonable doubt,” it becomes obligatory to take decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.” (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (the highlighting was added). (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).
Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal order and obliges all public entities. This can be inter-organic—between the various organs that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship—or intersubjective, that is, between public entities, each with legal personality, its own budget, autonomy, and specific competencies. The administrative or other degree of autonomy held by public entities obliges them to coordinate their actions, since they cannot be reciprocally subjected to hierarchical relationships due to their inter-organic nature. Administrative coordination aims to avoid duplications and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, that they be performed in a rational and orderly manner; and it is achieved through the establishment of fluid and permanent levels or channels of information between public entities, all of which can be achieved through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies. In environmental matters, this principle takes on a differentiated nuance, given that what this Court stated in Judgment No. 2012-008892 of 4:03 p.m. on June 27, 2012, is relevant:
“(…) ‘III.- Coordination between public agencies must guarantee the protection of the environment. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that the protection of the environment is a task that corresponds to everyone equally, that is, that there is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, that endanger the health of the administered. In this task, by public institution, must be understood to include both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) and the Ministry of Health, which by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Forest Directorate, and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage, the Costa Rican Tourism Institute, or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA); a task in which, of course, the municipalities have great responsibility, with respect to their territorial jurisdiction.
That is why one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber previously—and quite clearly—referred to the principle of coordination of public agencies with the municipalities in the achievement of common purposes—which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones perform in this important function—, for which it refers to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, of two thirty in the afternoon on July fourteenth, nineteen ninety-nine):
“So that coordination is the ordering of the relationships between these various independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, it is not possible to impose certain conducts on them, thereby the indispensable inter-institutional ‘concert’ arises, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each plays a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of the municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, which results in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the ‘administrative tutelage’ of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with general supervisory powers over the entire sector).” On the other hand, omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration’s inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can occur, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration’s actions; such as the authorization of regulatory plans (planes reguladores), or constructions without the approval of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of companies without health permits regarding the treatment of blackwater or wastewater (Aqueducts and Sewers and Ministry of Health), or not verifying sound controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), among others (see in this regard judgment number 2006-005159 of one four minutes in the afternoon on April seventh, two thousand six).” In other words, what matters is the technical cooperation that the different entities can provide each other, the technical elements that they can contribute, and respect for the competencies of each one; in order to guarantee without a doubt that the incidence of the projects evaluated is not negative, and thus guarantee the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm.
Thus, the precautionary principle—which aims to avoid or suspend any activity that could negatively affect said management—obliges the Administration, first, to summon the affected and interested parties, and the institutions that may be involved. This is so they can make the corresponding allegations and present the corresponding technical criteria, and ensure effective participation of the competent bodies in the matter in order to protect and preserve the environment and water resources. And it obliges, secondly, to take into consideration the warnings made by an institution legally empowered to protect water resources about the danger of contamination (…).”
On this matter, it should be noted that through judgment No. 2025005315 of 9:20 a.m. on February 21, 2025, issued by this Court, the following was resolved:
“… III.- REGARDING THE MUNICIPALITY OF PUNTARENAS. In the case at hand, the petitioner files for amparo and alleges that the Puntarenas-Chacarita Health Area of the Ministry of Health filed a complaint for disobedience to authority against the mayor of Puntarenas with the Puntarenas Deputy Prosecutor’s Office, for non-compliance with various sanitary orders. He indicates that the reason for that complaint was the contamination of the Estero of Puntarenas with blackwater and other waste, coming from the Municipal Market. He complains that despite the existence of various sanitary orders, the municipal and health authorities continue to allow and perpetuate the denounced contamination and environmental damage. He adds that the respondent authorities agreed and accepted a remedial plan; however, the corresponding actions to stop the repeated damage to the environment are not taken. In this regard, the mayor reports that this municipality is working on the issue of the wastewater treatment plant for the Puntarenas market, under a schedule authorized by the Ministry of Health.
Furthermore, that the respective procedure for the construction of a wastewater treatment system is pending execution, through the APC platform. He indicates that the proposed completion date is November 15, 2025. Therefore, this Court requested the respondent authority to inform whether that municipality has a remedial plan in order to prevent the Estero from continuing to be contaminated, while the indicated treatment plant is being built. From the above, it was reported that as a remedial plan, it was proposed to connect the waters to the system administered by the AYA that operates in central Puntarenas. Thus, after analyzing the reports rendered under oath by the respondent authorities and the evidence contained in the expediente, this Chamber accredits the alleged violation. The foregoing because it has been accredited that since September 18, 2019, the Puntarenas-Chacarita Health Area of the Ministry of Health notified the mayor of the respondent municipality of sanitary order No. OS-0013-REG-2019, where a period of 10 months is given to carry out the respective procedure for the construction of a wastewater treatment system, in order to avoid contamination of the Estero of Puntarenas; however, more than five years later the problem continues and, although the respondent acknowledges the problem and indicates that actions have been taken to comply with it, the truth is that it has not been sufficient, as the representative of the health area reports that in an inspection carried out at the central market on December 20, 2024, it was determined that the respondent municipality has not complied with the sanitary order that was issued by that health area, regarding the problem of blackwater treatment affecting the Estero of Puntarenas.
Therefore, on January 6, 2025, the case was elevated to the higher authorities of that ministry, where it is recommended that the prudent course is to proceed with the closure of the Central Market of Puntarenas, since no actions have been evidenced reflecting having a wastewater treatment system, nor has it demonstrated having an alternative plan that allows managing the risks to public health caused by the inadequate functioning of said market. IV.- On the other hand, with respect to the Ministry of Health, although from the reports rendered and the evidence in the case file, it is accredited that the respondent authority of the Puntarenas-Chacarita Health Area of the Ministry of Health has taken steps to ensure that the respondent municipality complies with the order of that area, as can be seen in the proven facts of this judgment and that, given the non-compliance with sanitary order No. OS-0013-REG-2019, on March 17, 2020, it filed a judicial complaint for disobedience to health authority before the Puntarenas Deputy Prosecutor’s Office; however, for this Chamber, they have been insufficient to effectively solve the serious environmental impact detected, so it must continue supervising the correction of the problem, as well as ordering the pertinent provisional measures for its solution.
Consequently, what is appropriate is to declare with merit the appeal against the Municipality of Puntarenas and the Puntarenas-Chacarita Health Area of the Ministry of Health, for the violation of article 50 of the Constitution (see expediente No. 24-031922-0007-CO, brought ad effectum videndi et probandi).
Likewise, in the operative part of the judgment cited above, in its operative part, the following was stated:
“… The appeal is declared with merit. It is ordered to Randall Alexis Chavarría Matarrita, mayor of Puntarenas, and to Éricka Jiménez Valverde, director of the Puntarenas – Chacarita Health Area (ARS), or to whoever occupies those positions, to: 1) coordinate what is necessary within the scope of their competencies to ensure that the plan for the construction of a Wastewater Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) for the waters generated in the Municipal Market continues within the period already indicated, that is, for its completion on November 15, 2025; 2) IMMEDIATELY take the necessary measures to prevent the continued contamination of the Estero of Puntarenas as a result of the wastewater generated in the Municipal Market. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished.
The State and the Municipality of Puntarenas are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence of the administrative contentious jurisdiction. Notify. -”.
It is important to note that there are no arguments that allow establishing new or different situations from those analyzed in the precedent cited above. Furthermore, it involves the same petitioner and action filed before the respondent authority, so in that sense, the petitioner must abide by what was resolved in judgment No. 2025005315 of 9:20 a.m. on February 21, 2025.
From the analysis of the facts taken as proven, the report rendered under oath by the National System of Conservation Areas (SINAC), and the documentary evidence provided, this Court takes as accredited that officials of the Central Pacific Conservation Area have conducted field visits and inter-institutional tours in sectors near the Estero of Puntarenas and its adjacent areas, verifying the presence of solid waste, foul odors, and anthropogenic pressures in the wetland environment. Likewise, it emerges that various environmental complaints were processed and subsequently redirected to other authorities, particularly to the Ministry of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), and the Municipality of Puntarenas, under the argument of the distribution of competencies among public institutions.
Such actions demonstrate prior and ongoing knowledge on the part of the respondent body regarding the environmental issues existing in the area.
However, it was also demonstrated that SINAC has not carried out a specific evaluation regarding domestic wastewater discharges into the Humedal Estero Puntarenas y Manglares Asociados, citing as justification the lack of permanent staff and the prioritization of other anthropogenic pressures such as sugarcane activity, livestock farming, and mangrove use. This Tribunal considers that such an explanation is insufficient from the perspective of the constitutional duty of environmental protection that falls upon the authorities responsible for the management and conservation of fragile ecosystems. The scarcity of human or material resources cannot be erected as a valid excuse to omit minimum evaluation and oversight actions when there is the possibility of relevant and progressive environmental damage.
In effect, wetlands and mangroves constitute ecosystems of special legal protection, whose integrity is essential for biodiversity, ecological stability, and the environmental quality of coastal zones. The precautionary principle and the principle of prevention oblige environmental authorities to act even in the face of potential risks, without requiring absolute certainty regarding the magnitude of the damage. When there are reasonable indications of contamination from domestic discharges that could affect the balance of the estuary (estero) and its associated mangroves, the competent authority must adopt an active and diligent stance oriented toward technical evaluation, constant monitoring, and effective inter-institutional coordination. The absence of specific administrative files or the referral of complaints to other institutions does not exonerate SINAC from exercising its own powers of surveillance and conservation within the areas under its scope of protection.
Furthermore, the fundamental right to a healthy environment imposes on the Public Administration a heightened standard of action when dealing with wetlands and mangroves, due to their condition as ecosystems vulnerable to water pollution. Allowing the problem of domestic discharges to remain without specific evaluation implies an omission incompatible with the duties of environmental guardianship and sustainable management that current regulations attribute to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. The lack of personnel, while constituting a real administrative difficulty, does not eliminate the legal obligation to adopt reasonable, progressive, and coordinated measures to prevent environmental damage, especially when dealing with impacts that may be cumulative and irreversible.
By virtue of the foregoing, this Tribunal concludes that SINAC's actions have been insufficient to guarantee effective protection of the Humedal Estero Puntarenas and the surrounding mangroves against the threat posed by domestic wastewater discharges. Such omission constitutes a violation of the constitutional right to a healthy environment, insofar as the continuation of a potentially harmful situation has been allowed without the due specialized technical evaluation by the body responsible for the conservation of said ecosystems.
Consequently, it is appropriate to grant the amparo appeal with respect to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and to order the Regional Directorate of the Área de Conservación Pacífico Central to proceed to carry out a specific, technical, and comprehensive evaluation of the domestic wastewater discharges that may be affecting the Humedal Estero Puntarenas and the associated mangroves, including inspection tasks, environmental monitoring, coordination with the competent institutions, and the opening of the corresponding administrative procedures in the event environmental impacts are determined. Said evaluation must be oriented toward risk identification, determination of current or potential impacts, and adoption of necessary preventive and corrective measures to safeguard the ecological integrity of the estuary (estero) and its mangroves, and this Tribunal must be informed, in a documented manner, of the actions executed and the results obtained.
On this matter, it should be noted that through judgment No. 2025034789 of 09:20 hours on October 24, 2025, issued by this Tribunal, the following was resolved:
“… VI.- In the present matter, the petitioner alleges that there is a problem in the sanitary sewer system of Puntarenas and the respondent institute has not implemented adequate corrective measures, perpetuating the contamination and the risk to the population.
On this matter, this Constitutional Tribunal, in accordance with the facts contained in the record, as well as the reports rendered by the respondent authorities—which are given under oath with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—, considers that the petitioner is correct in his claim.
For its part, from the evidence provided to the file and the report rendered under oath, it was proven that the sanitary sewer system of Puntarenas provides wastewater collection service to 2,329 services, covers from Dirección4311, from the Antigua Atunera to Dirección727. Each user has a septic tank, which must receive the respective maintenance. This septic tank performs primary treatment, retaining settleable solids. Subsequently, the effluent from the septic tank is received into the sanitary sewer system, which collects the water generated by the users and channels it toward the Estero de Puntarenas. Said sanitary sewer system was built with clay pipe in its first stage and asbestos-cement in its second stage. However, said pipe has reached the end of its useful life, and therefore the system currently presents recurring problems of pipe section collapses. The one-way valves no longer exist.
Due to the above, the respondent institute has been carrying out actions in order to resolve the reported problem, and in the year 2020, through contract 2019LI–000001–PRI, “Hiring of a consulting firm for the projects of the Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias del Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco Sardinal,” the studies were updated and the sanitation system of Puntarenas was redesigned. Said project is registered in the Banco de Proyectos de MIDEPLAN, under BPIP 415 Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puntarenas, has an estimated cost of $204.7 million, aims to treat an estimated flow of 355.1 L/s (by the year 2047), and consists of a series of infrastructure improvements for the collection, conveyance, pumping, treatment, and subsequent disposal of treated water at Playa El Roble. The project would be treating the wastewater from the districts of Barranca, El Roble, Chacarita, and Puntarenas and is divided into 3 stages.
Stage I of the project corresponds to the project Construcción Colector Nombre72813 y Mejoras a la Planta de Tratamiento de Agua Residual, which is in the bidding stage by the BCIE executing unit. The project includes expansion of the coverage area in the Barranca district, construction of a pumping station, improvements to the treatment plant corresponding to the construction of a new module, construction of a sludge line, and relocation of the discharge point for the previously treated water. Currently, this bidding process is in the offer reception stage on the SICOP platform. Estimated cost: $38.5 (financing is available and a budget of $43 million is held). It currently has final designs concluded, approved and current environmental viability (viabilidad ambiental) before SETENA, as well as all finalized technical documentation (Terms of Reference (TdR), Technical Specifications) (see report from the respondent authorities).
The investments required for the execution of the project are identified within the Plan de Inversiones 2024-2029 (current), reserving a budget of own resources during the years 2025 to 2028 for land acquisition, and the start of disbursements for the construction of works is planned from the year 2029 to 2031 (dates that are subject to the formalization and obtaining of a loan for the development of the project). The total cost of the works included in this project is estimated at 104,382 million colones, which would be distributed among wastewater conveyance and collection works generated within the entire project area (Stage II), investments that would be developed between the years 2029 and 2031; and complementary works for the expansion of the El Roble Treatment Plant (Stage III), which are projected for the year 2039 and would cost 4,872 million colones.
VII.This Tribunal draws the attention of the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), given that the situation set forth in this appeal has been within their knowledge for more than twenty-five years. This is evident from the report rendered under oath, in which it was indicated that “the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in the year 2001, contracted feasibility studies and designs for the sanitary sewer system of Gran Puntarenas, so as to provide sanitary sewer coverage, treatment, and disposal of wastewater for the districts of Barranca, El Roble, Chacarita, and Puntarenas.”
Nevertheless, time has passed without an effective solution having been implemented, while the sanitary sewer system of the central canton of Puntarenas continues in a state of serious deterioration, with obsolete infrastructure, pipe collapses, and the absence of control mechanisms such as one-way valves. This situation has generated the direct channeling of wastewater toward the Estero de Puntarenas, continuously affecting the health of the population and the environmental balance of the area.
Despite this, the respondent authorities indicate that the definitive solution is projected for the year 2047, which is disproportionate and unacceptable given the urgency of the reported problem. Planning over such a long term, in a context of already proven environmental and health impacts, constitutes a way of perpetuating the damage and failing to comply with the constitutional duty of immediate protection of fundamental rights, especially the right to health (Article 21) and the right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50).
The lack of material resources cannot be invoked as a valid justification for institutional omission, especially when fundamental rights are involved, whose protection requires diligent, coordinated, and effective action by the competent authorities.
This Tribunal has reiterated the obligation of public institutions to act in coordination to guarantee citizens' rights. In this specific case, there is no record that the ICAA has executed effective articulation actions with the Municipalidad de Puntarenas or with the Área Rectora de Salud, which prevents progress toward a comprehensive and immediate solution to the problem.
Consequently, it is considered that the ICAA authorities have incurred a violation of the fundamental rights of the affected population, by not adopting sufficient measures to eradicate environmental contamination and guarantee minimum health conditions. Therefore, an urgent call is made to review the project execution schedule, prioritize the stages that immediately address the most affected sectors, and establish inter-institutional coordination mechanisms to effectively confront the reported situation.” (see case file No. 25-027643-0007-CO, brought ad effectum videndi et probandi).
Likewise, in the operative part of the aforementioned judgment, the following was stated in its dispositive section:
“… The appeal is granted. Alejandra Mora Segura and Kimberly Zamora Zamora, in their respective roles as general manager and head of the cantonal office of Puntarenas, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds those positions in their place, are ordered to coordinate with the Municipalidad de Puntarenas and with the Área Rectora de Salud de Puntarenas, so that the pertinent orders are issued and all actions that correspond within the scope of their powers are executed, so that, within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the necessary measures are taken to prevent harm to the health of the inhabitants of the central canton of Puntarenas, while a definitive solution to the problem object of this process is implemented. Likewise, the respondent authorities are ordered that, within a maximum period of THREE YEARS, counted from the notification of this judgment, Stage I of the project called “Construcción del Alcantarillado Sanitario de Puntarenas” be executed and concluded, in accordance with the current investment plan.
Furthermore, it is ordered that, within a maximum period of FIVE YEARS, counted from the notification of this judgment, the entire project be completed, in accordance with what is set forth in Considerando VI. All of the above, according to the terms set forth in this judgment. The respondent authorities are warned that, should they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. Magistrate Salazar Alvarado makes a note. Magistrate Garro Vargas dissents and declares the amparo appeal without merit in all its aspects. Notify. -”.
It is important to note that there are no arguments that would allow establishing novel or different situations from those analyzed in the aforementioned precedent. Furthermore, it concerns the same petitioner and claim filed before the respondent authority; therefore, in that sense, the petitioner must abide by what was resolved in judgment No. 2025034789 of 09:20 hours on October 24, 2025.
From the analysis of the report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), as well as the facts proven within the case file, this Tribunal considers it demonstrated that the respondent authority maintains that the points denounced by the petitioner do not directly correspond to actions or powers specific to said Secretariat, considering that the problem raised relates mainly to other institutions with regulatory or direct execution powers. However, a restrictive interpretation of its attributions is incompatible with the constitutional framework governing the effective protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as with the preventive and precautionary principles that inform Costa Rican environmental law.
In effect, although SETENA does not exercise health oversight functions or direct execution over sewage systems or domestic discharges, among its technical competencies is the evaluation of potential environmental risks and the adoption of preventive measures aimed at avoiding serious or irreversible damage to ecosystems. Such functions imply an active duty of technical analysis and inter-institutional coordination when there are reasonable indications of environmental impact, particularly in zones of high ecological sensitivity such as wetlands, mangroves, and public water bodies. Attempting to completely disassociate from the problem under the argument of lack of material competence disregards the technical role that the regulations attribute to it as a specialized body in the prevention of environmental damage.
This Tribunal has reiterated that the fundamental right to a healthy environment is not satisfied solely through reactive or punitive actions, but requires public authorities to adopt anticipatory and coordinated measures to identify risks and reduce impacts before they materialize or worsen. Under this logic, SETENA's omission to technically assess the potential risks derived from the discharges denounced in the Estero de Puntarenas and in the associated mangroves constitutes insufficient action compared to the constitutional standard of environmental prevention. The absence of a technical evaluation aimed at establishing preventive measures limits the State's capacity to provide comprehensive and effective protection to coastal ecosystems and the communities that depend on them.
Likewise, the principle of inter-institutional coordination and collaboration, widely developed by constitutional jurisprudence in environmental matters, imposes on public entities the duty to act in a complementary and articulated manner when a problem transcends the exclusive competencies of a single body. In this sense, even when other institutions hold direct competencies regarding wastewater management or health management, SETENA retains the responsibility of contributing its specialized technical criteria in matters of environmental evaluation, especially when it comes to vulnerable zones such as the mangroves of the Estero de Puntarenas, whose protection demands a comprehensive preventive approach.
By virtue of the foregoing, this Tribunal concludes that the actions of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental have been insufficient to guarantee effective preventive protection of the healthy environment, by not having fully exercised its functions of evaluating potential risks and establishing preventive measures in the face of the reported problem. Such omission contributes to weakening the comprehensive state response required in the face of the possible impact to ecosystems of high ecological value, thus constituting a violation of the constitutional right invoked by the petitioner.
Consequently, it is appropriate to grant the amparo appeal with respect to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and to order said authority that, within the scope of its technical competencies, coordinate with the corresponding institutions and carry out the necessary actions for the evaluation of potential risks, as well as the definition of preventive measures aimed at the protection of the ecosystems, public water bodies, mangroves, and biodiversity of the canton of Puntarenas, with special attention to the zone of the Estero de Puntarenas and its adjacent areas. Such actions must be executed under a focus of inter-institutional collaboration that guarantees the effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and this Tribunal must be informed of the steps taken and the results, in accordance with the principles of prevention, precaution, and environmental responsibility repeatedly developed by this constitutional jurisdiction.
Although I concur with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, given that, in the operative part of this judgment, I note that, with respect to what is ordered regarding the implementation of health measures and action plans, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on issues that involve highly complex technical aspects. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding execution (Article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the execution phase must be carried out before the Área de Ejecución of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Code.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 on August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 on January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is partially granted, solely with respect to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 1) DAVID CHAVARRÍA MORALES, in his capacity as acting executive director, and GERARDO CHAVARRÍA AMADOR, in his capacity as head of the Subregional Office Esparza of the Área de Conservación Pacifico Nacional of the Área de Conservación Pacífico Central, both of the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), or whoever holds those positions in their place, are ordered to promptly and timely arrange the necessary actions and coordinations, so that within the period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, a specific, technical, and comprehensive evaluation is carried out on the domestic wastewater discharges that may be affecting the Humedal Estero Puntarenas and the associated mangroves, including inspection tasks, environmental monitoring, coordination with the competent institutions, and the opening of the corresponding administrative procedures in the event environmental impacts are determined. 2) ANDRÉS CORTEZ OROZCO, in his capacity as general secretary of the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), or whoever holds that position in his place, is ordered to promptly and timely arrange the necessary actions, so that within the period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, he coordinates with the corresponding institutions and carries out the evaluation of potential risks, as well as the definition of preventive measures aimed at protecting the ecosystems, public water bodies, mangroves, and biodiversity of the canton of Puntarenas, with special attention to the zone of the Estero de Puntarenas and its adjacent areas.
The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. Regarding the Ministerio de Salud and the Municipalidad de Puntarenas, the petitioner must abide by what was resolved in judgment No. 2025005315 of 09:20 hours on February 21, 2025. Likewise, regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the petitioner must abide by what was resolved in judgment No. 2025034789 of 09:20 hours on October 24, 2025.
Magistrate Garro Vargas partially dissents regarding the execution of the order issued under subsection b) of the operative part of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Área de Ejecución of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the execution procedures for this ruling. Notify. - Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-031481- 0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE SALUD Y OTROS.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando
El recurrente interpone un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud, alegando que dicha institución ha omitido actuar frente a la contaminación del Estero de Puntarenas causada por el vertido directo de aguas residuales del sistema de alcantarillado administrado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Señala que desde 2008 el Ministerio tiene conocimiento de que la ciudad carece de planta de tratamiento, pese a lo cual no ha emitido órdenes sanitarias contra el ICAA ni adoptado medidas efectivas, limitándose a acciones menores contra el Mercado Municipal. Afirma que esta inacción prolongada ha permitido la contaminación continua del estero, vulnerando el derecho a la salud y al ambiente sano.
De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
EN CUANTO AL MINISTERIO DE SALUD:
EN CUANTO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC):
EN CUANTO AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA):
EN CUANTO A LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA):
EN CUANTO A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS:
Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:
“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).
Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza ‑plausiblemente debe involucrar un peligro serio‑, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados.
En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente ‑lo que desnaturalizaría su razón de ser‑, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ‑ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:
“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).
El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica ‑véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006‑, en la que se lee:
“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.
Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.
En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:
“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).
Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.
Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.
En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.
Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.
Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.
Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre02 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:
“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.
Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).
En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.
El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).
Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:
“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.
Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.
En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.
De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.
Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:
“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.
En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).
La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. Esta puede ser interorgánica –entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía– o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La autonomía administrativa o de otro grado de cuya titularidad gozan los entes públicos los obliga a coordinar sus acciones, puesto que, no pueden estar sometidos recíprocamente a relaciones de jerarquía por su naturaleza interorgánica. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada; y se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación. En materia ambiental, este principio toma un matiz diferenciado, siendo que resulta de relevancia lo dicho por este Tribunal en Sentencia No. 2012-008892 de las 16:03 horas de 27 de junio de 2012:
“(…) “III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial.
Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):
"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).” En otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a duda que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional.
Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de contaminación (…)”.
Sobre el particular, cabe señalar que mediante la sentencia N° 2025005315 de las 09:20 horas del 21 de febrero de 2025, dictada por este Tribunal, se resolvió lo siguiente:
“… III.-SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS. En el sub lite, el recurrente acude en amparo y alega que el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita del Ministerio de Salud, interpuso ante la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, una denuncia por desobediencia a la autoridad contra el alcalde de Puntarenas, por el incumplimiento de distintas órdenes sanitarias. Indica que la razón de esa denuncia era la contaminación del Estero de Puntarenas con aguas negras y otros desechos, provenientes del Mercado Municipal. Reclama que a pesar de que existen distintas órdenes sanitarias, las autoridades municipales y de salud siguen permitiendo y perpetuando la contaminación y el daño ambiental denunciado. Agrega que las autoridades recurridas acordaron y aceptaron un plan remedial; sin embargo, no se toman las acciones correspondientes para detener el daño reiterado al ambiente. Al respecto, informa el alcalde que esa municipalidad está trabajando en el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales del mercado de Puntarenas, bajo un cronograma autorizado por el Ministerio de Salud.
Además, que se encuentra pendiente de ejecutar, a través de la plataforma APC, el trámite respectivo de construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Señala que la fecha de finalización propuesta es el 15 noviembre 2025. Por lo anterior, este Tribunal solicitó a la autoridad accionada informar si esa municipalidad cuenta con un plan remedial a fin de evitar de que se siga contaminando el Estero, mientras se construye la planta de tratamiento que se indica. De lo anterior se informó que como plan remedial se propuso conectar las aguas al sistema administrado por el AYA que opera en Puntarenas centro. Así, después de analizar los informes rendidos bajo juramento por parte de las autoridades accionadas y de la prueba que consta en el expediente, esta Sala acredita la vulneración acusada. Lo anterior porque ha quedado acreditado que desde el 18 de setiembre del 2019 el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita del Ministerio de Salud, notificó el alcalde de la municipalidad accionada de la orden sanitaria N° OS-0013-REG-2019, donde se da un plazo de 10 meses para realizar el trámite respectivo de construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales, a fin de evitar la contaminación del Estero de Puntarenas; sin embargo, más de cinco años después la problemática continúa y, si bien el recurrido reconoce el problema e indica que se han realizado acciones a fin de cumplir lo, lo cierto es que no ha sido suficiente, pues informa la representante del área rectora de salud que en inspección realizada al mercado central el 20 de diciembre del 2024 se determinó que la municipalidad accionada no ha cumplido con la orden sanitaria que fue emitida por esa área de salud, respecto a la problemática del tratamiento de aguas negras que afectan el Estero de Puntarenas.
Por lo anterior, el 6 de enero de 2025 se elevó el caso ante las autoridades superiores de ese ministerio, donde se recomienda que lo prudente es proceder con la clausura del Mercado Central de Puntarenas, ya que no se ha evidenciado acciones que reflejen contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales, tampoco ha demostrado contar con un plan alterno que permita administrar los riesgos a la salud pública ocasionados por el inadecuado funcionamiento de dicho mercado. IV.- Por otra parte, con respecto al Ministerio de Salud, si bien, de los informes rendidos y de la prueba que consta en autos, se acredita que la autoridad accionada del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita del Ministerio de Salud ha realizado gestiones a fin de que la municipalidad accionada cumpla con la orden de esa área, tal como se aprecia en los hechos probados de esta sentencia y que, ante el incumplimiento de la orden sanitaria N° OS-0013-REG-2019 el 17 de marzo de 2020 presentó denuncia judicial por desobediencia a la autoridad en salud ante la Fiscalía Adjunta de Puntarenas; sin embargo, para esta Sala ellas han sido insuficientes para solucionar efectivamente la grave afectación ambiental detectada, por lo que deberá continuar supervisando la corrección del problema, así como ordenar las medidas provisionales pertinentes para su solución.
En consecuencia, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso en contra de la Municipalidad de Puntarenas y del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita del Ministerio de Salud, por la afectación al artículo 50 constitucional (ver expediente N° 24-031922-0007-CO, traído ad effectum videndi et probandi).
Asimismo en la parte dispositiva de la sentencia supra citada, en su parte dispositiva se señaló lo siguiente:
“… Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Randall Alexis Chavarría Matarrita, alcalde de Puntarenas y a Éricka Jiménez Valverde, directora del Área Rectora de Salud (ARS) Puntarenas – Chacarita, o a quienes ocupen esos cargos que: 1) coordinen lo necesario dentro del ámbito de sus competencias a efectos de que se continúe con el plan de la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales generadas en el Mercado Municipal dentro del plazo ya señalado, sea para su finalización el 15 noviembre de 2025; 2) que de manera INMEDIANTA se tomen las medidas que sean necesarias a fin de evitar que se siga contaminando el Estero de Puntarenas producto de la aguas residuales generadas en el Mercado Municipal. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado y a la Municipalidad de Puntarenas al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. -”.
Es importante señalar que no existen argumentos que permitan establecer situaciones novedosas o distintas a las analizadas en el precedente supra citado. Además, se trata del mismo recurrente y gestión planteada ante la autoridad recurrida, por lo que en ese sentido el recurrente deberá estarse a lo resuelto en la sentencia N° 2025005315 de las 09:20 horas del 21 de febrero de 2025.
Del análisis de los hechos tenidos por probados, del informe rendido bajo juramento por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y de la prueba documental aportada, este Tribunal tiene por acreditado que funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central han realizado visitas de campo y recorridos interinstitucionales en sectores cercanos al Estero de Puntarenas y sus áreas adyacentes, constatando la presencia de desechos sólidos, malos olores y presiones antropogénicas en el entorno del humedal. Asimismo, se desprende que diversas denuncias ambientales fueron tramitadas y posteriormente redireccionadas a otras autoridades, particularmente al Ministerio de Salud, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de Puntarenas, bajo el argumento de la distribución competencial entre instituciones públicas. Tales actuaciones evidencian conocimiento previo y continuado por parte del órgano accionado respecto de la problemática ambiental existente en la zona.
No obstante, también quedó demostrado que el SINAC no ha llevado a cabo una evaluación específica respecto de los vertidos domésticos de aguas residuales en el Humedal Estero Puntarenas y Manglares Asociados, señalando como justificación la falta de personal permanente y la priorización de otras presiones antropogénicas como la actividad cañera, la ganadería y el uso del manglar. Este Tribunal estima que dicha explicación resulta insuficiente desde la perspectiva del deber constitucional de protección ambiental que recae sobre las autoridades encargadas de la gestión y conservación de ecosistemas frágiles. La escasez de recursos humanos o materiales no puede erigirse como excusa válida para omitir actuaciones mínimas de evaluación y fiscalización cuando existe la posibilidad de un daño ambiental relevante y progresivo.
En efecto, los humedales y manglares constituyen ecosistemas de especial protección jurídica, cuya integridad resulta esencial para la biodiversidad, la estabilidad ecológica y la calidad ambiental de las zonas costeras. El principio precautorio y el principio de prevención obligan a las autoridades ambientales a actuar aun frente a riesgos potenciales, sin exigir certeza absoluta sobre la magnitud del daño. Cuando existen indicios razonables de contaminación por vertidos domésticos que podrían afectar el equilibrio del estero y sus manglares asociados, la autoridad competente debe adoptar una postura activa y diligente orientada a la evaluación técnica, el monitoreo constante y la coordinación interinstitucional efectiva. La ausencia de expedientes administrativos específicos o la remisión de denuncias a otras instituciones no exonera al SINAC de ejercer sus propias competencias de vigilancia y conservación dentro de las áreas bajo su ámbito de protección.
Además, el derecho fundamental a un ambiente sano impone a la Administración Pública un estándar reforzado de actuación tratándose de humedales y manglares, por su condición de ecosistemas vulnerables frente a la contaminación hídrica. Permitir que la problemática de vertidos domésticos permanezca sin evaluación específica implica una omisión incompatible con los deberes de tutela ambiental y gestión sostenible que la normativa vigente atribuye al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La falta de personal, si bien constituye una dificultad administrativa real, no elimina la obligación jurídica de adoptar medidas razonables, progresivas y coordinadas para prevenir daños ambientales, especialmente cuando se trata de impactos que pueden ser acumulativos e irreversibles.
En virtud de lo anterior, este Tribunal concluye que la actuación del SINAC ha resultado insuficiente para garantizar una protección efectiva del Humedal Estero Puntarenas y de los manglares aledaños frente a la amenaza que representan los vertidos domésticos de aguas residuales. Tal omisión configura una vulneración al derecho constitucional al ambiente sano, en tanto se ha permitido la continuidad de una situación potencialmente lesiva sin la debida evaluación técnica especializada por parte del órgano encargado de la conservación de dichos ecosistemas.
Por consiguiente, lo procedente es declarar con lugar el recurso de amparo en cuanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ordenar a la Dirección Regional del Área de Conservación Pacífico Central que proceda a realizar una evaluación específica, técnica e integral sobre los vertidos domésticos de aguas residuales que puedan estar afectando el Humedal Estero Puntarenas y los manglares asociados, incluyendo labores de inspección, monitoreo ambiental, coordinación con las instituciones competentes y la apertura de los procedimientos administrativos que correspondan en caso de determinarse afectaciones ambientales. Dicha evaluación deberá orientarse a la identificación de riesgos, la determinación de impactos actuales o potenciales y la adopción de medidas preventivas y correctivas necesarias para salvaguardar la integridad ecológica del estero y sus manglares, debiendo informarse a este Tribunal, de manera documentada sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos.
Sobre el particular, cabe señalar que mediante la sentencia N° 2025034789 de las 09:20 horas del 24 de octubre de 2025, dictada por este Tribunal, se resolvió lo siguiente:
“… VI.- En el presente asunto, el accionante alega que existe un problema en el sistema de alcantarillado sanitario de Puntarenas y el instituto recurrida no ha implementado medidas correctivas adecuadas, perpetuando la contaminación y el riesgo de la población.
Sobre el particular, este Tribunal Constitucional, de conformidad con hechos que constan en autos, así como de los informes rendidos por las autoridades recurridas -los cuales son dados bajo juramento con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, estima que lleva razón el recurrente en su alegato.
Por su parte, de la prueba aportada al expediente y del informe rendido bajo juramento se acreditó que el alcantarillado sanitario de Puntarenas brinda el servicio de recolección de las aguas residuales de 2.329 servicios, abarca el Dirección4311, desde la Antigua Atunera hasta el Dirección727. Cada usuario cuenta con un tanque séptico, el cual debe recibir el mantenimiento respectivo. Este tanque séptico realiza un tratamiento primario, reteniendo los sólidos sedimentables. Posteriormente, el efluente del tanque séptico se recibe en el alcantarillado sanitario, el cual colecta las aguas generadas por los usuarios y las canaliza hacia el estero de Puntarenas Dicho sistema de alcantarillado sanitario fue construido con tubería de alcarraza en su primera etapa y asbesto – cemento- en su segunda etapa. Sin embargo, dicha tubería cumplió con su vida útil, por lo cual actualmente el sistema presenta problemas recurrentes de colapso de tramos de tubería.
Las válvulas unidireccionales ya no existen. Debido a lo anterior, el instituto recurrido ha venido efectuando acciones con el fin de resolver el problema denunciando, y en el año 2020, mediante la contratación 2019LI–000001–PRI, “Contratación de firma consultora para los proyectos del Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias del Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco Sardinal” se actualizaron los estudios y se rediseñó el sistema de saneamiento de Puntarenas. Dicho proyecto se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN, bajo el BPIP 415 Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puntarenas y tiene un costo estimado de $204,7 millones, pretende tratar un caudal estimado de 355.1 L/s (al año 2047) y constan de una serie de infraestructura para el mejoramiento tanto de la recolección, conducción, impulsión, tratamiento y posterior disposición de las aguas tratadas en Playa El Roble.
El proyecto estaría tratando las aguas de los distritos de Barranca, El Roble, Chacarita y Puntarenas y se divide en 3 etapas. En la etapa I del proyecto corresponde al proyecto Construcción Colector Nombre72813 y Mejoras a la Planta de Tratamiento de Agua Residual, el mismo se encuentra en etapa de licitación por parte de la unidad ejecutora BCIE. El proyecto contempla ampliación del área de cobertura en el distrito Barranca, construcción de estación de bombeo, mejoras en la planta de tratamiento que corresponden a construcción de un módulo nuevo, construcción de línea de lodos, reubicación del punto de vertido del agua previamente tratada, actualmente dicha licitación se encuentra en la etapa de recepción de ofertas en la plataforma SICOP. Costo estimado: $38,5 (se cuenta con el financiamiento y se posee un presupuesto de $43 millones). Cuenta actualmente con los diseños finales concluidos, la viabilidad ambiental aprobada y vigente ante SETENA, así como con toda la documentación técnica (Términos de Referencia (TdR), Especificaciones Técnicas) finalizada (ver informe de las autoridades recurridas).
Las inversiones requeridas para la ejecución del proyecto se tienen identificadas dentro del Plan de Inversiones 2024-2029 (vigente), reservándose presupuesto de recursos propios durante los años del 2025 al 2028 para la adquisición de terrenos, y teniéndose previsto el inicio de los desembolsos para la construcción de obras a partir del año 2029 y hasta el 2031 (fechas que quedan sujetas a la formalización y obtención de un préstamo para el desarrollo del proyecto). El costo total de las obras que contempla este proyecto se estima en 104,382 millones de colones, los cuales se estarían distribuyendo entre obras de conducción y recolección de aguas residuales generada dentro de toda el área del proyecto (Etapa II), inversiones que se estarían desarrollando entre los años 2029 y 2031; y obras complementarias para ampliación de la Planta de Tratamiento El Roble (Etapa III), las cuales se proyectan para el año 2039 y tendrían un costo de 4,872 millones de colones.
VII.Este Tribunal llama la atención a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), por cuanto la situación expuesta en este recurso ha sido de su conocimiento desde hace más de veinticinco años. Así se desprende del informe rendido bajo juramento, en el cual se indicó que “el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el año 2001, realizó la contratación de estudios de factibilidad y diseños de alcantarillado sanitario de la Gran Puntarenas, de manera que se diera cobertura de alcantarillado sanitario, tratamiento y disposición de las aguas residuales a los distritos de Barranca, El Roble, Chacarita y Puntarenas”.
No obstante, el tiempo ha transcurrido sin que se haya implementado una solución efectiva, mientras el sistema de alcantarillado sanitario del cantón central de Puntarenas continúa en estado de deterioro grave, con infraestructura obsoleta, colapsos en la tubería y ausencia de mecanismos de control como válvulas unidireccionales. Esta situación ha generado la canalización directa de aguas residuales hacia el estero de Puntarenas, afectando de forma continua la salud de la población y el equilibrio ambiental de la zona.
A pesar de ello, las autoridades recurridas indican que la solución definitiva se proyecta para el año 2047, lo cual resulta desproporcionado e inaceptable frente a la urgencia de la problemática denunciada. La planificación a tan largo plazo, en un contexto de afectación ambiental y sanitaria ya acreditada, constituye una forma de perpetuar el daño y de incumplir con el deber constitucional de protección inmediata de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la salud (artículo 21) y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50).
La falta de recursos materiales no puede ser invocada como justificación válida para la omisión institucional, máxime cuando se trata de derechos fundamentales cuya protección exige una actuación diligente, coordinada y eficaz por parte de las autoridades competentes.
Este Tribunal ha reiterado la obligación de las instituciones públicas de actuar en coordinación para garantizar los derechos de la ciudadanía. En el caso concreto, no consta que el ICAA haya ejecutado acciones efectivas de articulación con la Municipalidad de Puntarenas ni con el Área Rectora de Salud, lo cual impide avanzar hacia una solución integral e inmediata del problema.
En consecuencia, se estima que las autoridades del ICAA han incurrido en una vulneración a los derechos fundamentales de la población afectada, al no adoptar medidas suficientes para erradicar la contaminación ambiental y garantizar condiciones mínimas de salubridad. Por lo tanto, se hace un llamado urgente a revisar el cronograma de ejecución del proyecto, priorizar las etapas que atiendan de forma inmediata los sectores más afectados, y establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan enfrentar de manera efectiva la situación denunciada.”. (ver expediente N° 25-027643-0007-CO, traído ad effectum videndi et probandi).
Asimismo en la parte dispositiva de la sentencia supra citada, en su parte dispositiva se señaló lo siguiente:
“… Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Alejandra Mora Segura y Kimberly Zamora Zamora, por su orden gerenta general y jefa de la oficina cantonal de Puntarenas, ambas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que procedan a coordinar con la Municipalidad de Puntarenas y con el Área Rectora de Salud de Puntarenas, a fin de que se giren las órdenes pertinentes y se ejecuten todas las actuaciones que correspondan dentro del ámbito de sus competencias, para que, en un plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se disponga lo necesario para evitar afectaciones a la salud de las personas habitantes en el cantón central de Puntarenas, mientras se implementa una solución definitiva al problema objeto del presente proceso. Asimismo, se ordena a las autoridades recurridas que, dentro del plazo máximo de TRES AÑOS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecute y concluya la etapa I del proyecto denominado “Construcción del Alcantarillado Sanitario de Puntarenas”, conforme al plan de inversión vigente.
Además, se dispone que, en un plazo máximo de CINCO AÑOS, contado desde la notificación de esta sentencia, se finalice la totalidad del proyecto, en atención a lo expuesto en el considerando VI. Todo lo anterior, según los términos señalados en esta sentencia. Se advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso de amparo en todos sus extremos. Notifíquese. -”.
Es importante señalar que no existen argumentos que permitan establecer situaciones novedosas o distintas a las analizadas en el precedente supra citado. Además, se trata del mismo recurrente y gestión planteada ante la autoridad recurrida, por lo que en ese sentido el recurrente deberá estarse a lo resuelto en la sentencia N° 2025034789 de las 09:20 horas del 24 de octubre de 2025.
Del análisis del informe rendido bajo juramento por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), así como de los hechos acreditados dentro del expediente, este Tribunal tiene por demostrado que la autoridad recurrida sostiene que los puntos denunciados por la parte accionante no corresponden directamente a actuaciones o competencias propias de dicha Secretaría, al estimar que la problemática planteada se relaciona principalmente con otras instituciones con potestades regulatorias o de ejecución directa. No obstante, una interpretación restrictiva de sus atribuciones resulta incompatible con el marco constitucional que rige la tutela efectiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como con los principios preventivo y precautorio que informan el derecho ambiental costarricense.
En efecto, si bien SETENA no ejerce funciones de fiscalización sanitaria ni de ejecución directa sobre sistemas de alcantarillado o vertidos domésticos, dentro de sus competencias técnicas se encuentra la evaluación de riesgos ambientales potenciales y la adopción de medidas preventivas orientadas a evitar daños graves o irreversibles a los ecosistemas. Tales funciones implican un deber activo de análisis técnico y coordinación interinstitucional cuando existan indicios razonables de afectación ambiental, particularmente en zonas de alta sensibilidad ecológica como humedales, manglares y cuerpos de agua de dominio público. Pretender desvincularse completamente de la problemática bajo el argumento de falta de competencia material desconoce el rol técnico que la normativa le atribuye como órgano especializado en prevención del daño ambiental.
Este Tribunal ha reiterado que el derecho fundamental a un ambiente sano no se satisface únicamente mediante actuaciones reactivas o sancionatorias, sino que exige a las autoridades públicas adoptar medidas anticipatorias y coordinadas que permitan identificar riesgos y reducir impactos antes de que estos se materialicen o se agraven. Bajo esa lógica, la omisión de SETENA de valorar técnicamente los riesgos potenciales derivados de los vertidos denunciados en el Estero de Puntarenas y en los manglares asociados constituye una actuación insuficiente frente al estándar constitucional de prevención ambiental. La ausencia de una evaluación técnica orientada a establecer medidas preventivas limita la capacidad del Estado para brindar una protección integral y efectiva a los ecosistemas costeros y a las comunidades que dependen de ellos.
Asimismo, el principio de coordinación y colaboración interinstitucional, ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional en materia ambiental, impone a las entidades públicas el deber de actuar de manera complementaria y articulada cuando una problemática trasciende las competencias exclusivas de un solo órgano. En ese sentido, aun cuando otras instituciones ostenten competencias directas sobre el manejo de aguas residuales o la gestión sanitaria, SETENA conserva la responsabilidad de aportar su criterio técnico especializado en materia de evaluación ambiental, especialmente cuando se trata de zonas vulnerables como el manglar del Estero de Puntarenas, cuya protección demanda un enfoque preventivo integral.
En virtud de lo anterior, este Tribunal concluye que la actuación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha resultado insuficiente para garantizar una tutela preventiva efectiva del ambiente sano, al no haber ejercido plenamente sus funciones de evaluación de riesgos potenciales y establecimiento de medidas preventivas frente a la problemática denunciada. Tal omisión contribuye a debilitar la respuesta estatal integral requerida ante la posible afectación de ecosistemas de alto valor ecológico, configurándose una vulneración al derecho constitucional invocado por la parte recurrente.
Por consiguiente, procede declarar con lugar el recurso de amparo en cuanto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y ordenar a dicha autoridad que, dentro del ámbito de sus competencias técnicas, coordine con las instituciones correspondientes y realice las actuaciones necesarias de evaluación de riesgos potenciales, así como la definición de medidas preventivas orientadas a la protección de los ecosistemas, cuerpos de agua de dominio público, manglares y biodiversidad del cantón de Puntarenas, con especial atención a la zona del Estero de Puntarenas y sus áreas adyacentes. Tales acciones deberán ejecutarse bajo un enfoque de colaboración interinstitucional que garantice la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debiendo informar a este Tribunal sobre las gestiones realizadas y los resultados, conforme a los principios de prevención, precaución y responsabilidad ambiental reiteradamente desarrollados por esta jurisdicción constitucional.
Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, dado que, en la parte dispositiva de esta sentencia, hago ver que, en lo tocante a lo ordenado sobre la implantación del medidas sanitarias y planes de acción, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a cuestiones que revisten aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 1) Se ordena a DAVID CHAVARRÍA MORALES, en su condición de director ejecutivo a.i. y GERARDO CHAVARRÍA AMADOR, en su condición de jefe de la Oficina Subregional Esparza del Área de Conservación Pacifico Nacional de Área de Conservación Pacífico Central, ambos del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, disponer de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias, para que en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se realice una evaluación específica, técnica e integral sobre los vertidos domésticos de aguas residuales que puedan estar afectando el Humedal Estero Puntarenas y los manglares asociados, incluyendo labores de inspección, monitoreo ambiental, coordinación con las instituciones competentes y la apertura de los procedimientos administrativos que correspondan en caso de determinarse afectaciones ambientales. 2) Se ordena a ANDRÉS CORTEZ OROZCO, en su condición de secretario general de la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, disponer de manera pronta y oportuna las acciones necesarias, para que en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, coordine con las instituciones correspondientes y realice la evaluación de riesgos potenciales, así como la definición de medidas preventivas orientadas a la protección de los ecosistemas, cuerpos de agua de dominio público, manglares y biodiversidad del cantón de Puntarenas, con especial atención a la zona del Estero de Puntarenas y sus áreas adyacentes.
Se advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, estese la parte recurrente a lo resuelto en la sentencia N° 2025005315 de las 09:20 horas del 21 de febrero de 2025. Asimismo, en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, estese la parte recurrente a lo resuelto en la sentencia N° 2025034789 de las 09:20 horas del 24 de octubre de 2025.
La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto respecto a la ejecución de la orden impartida bajo el apartado b) de la parte dispositiva de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese. - Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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