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Res. 10905-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/03/2026
OutcomeResultado
The Chamber partially grants the amparo against INVU, ICAA and the Municipality of San José for the delay in solving the collection and treatment of wastewater, ordering the creation of an inter-institutional commission and the design of a plan within strict deadlines. The rest of the claims are dismissed.La Sala declara parcialmente con lugar el recurso contra INVU, ICAA y Municipalidad de San José por la demora en solventar la recolección y tratamiento de aguas servidas, y ordena crear una comisión interinstitucional y diseñar un plan en plazos perentorios. Se rechaza en lo demás.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by the Social Management Commission (CONAGES) on behalf of residents of the Finca San Juan project in Rincón Grande de Pavas. The petitioners claimed that nearly 30 years after the project was developed by INVU and IMAS, severe basic infrastructure deficiencies persist, including the lack of a sanitary sewer system and constant exposure to raw sewage, posing health and environmental risks. The Chamber found that despite approved financial resources (¢800 million from MIVAH and a community bond from BANHVI) and numerous inter-institutional working groups, the sewage collection and treatment works have not been executed. The ruling partially grants the amparo, ordering INVU, ICAA, and the Municipality of San José to create an inter-institutional commission within five days and to design a plan to address the problem within one month, under warning of contempt. The claim against IMAS was dismissed for lack of omission on its part, and generic complaints about maintenance and evictions were also rejected.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por la Comisión de Gestión Social (CONAGES) en representación de habitantes del proyecto Finca San Juan en Rincón Grande de Pavas. Los recurrentes denunciaban que, tras casi 30 años de desarrollo del proyecto por parte del INVU y el IMAS, persisten graves deficiencias en infraestructura básica, incluyendo la ausencia de alcantarillado sanitario y la presencia constante de aguas negras a cielo abierto, lo que genera un riesgo sanitario y ambiental. La Sala verificó que, a pesar de existir recursos financieros aprobados (¢800 millones del MIVAH y un bono comunal del BANHVI) y múltiples mesas de trabajo interinstitucionales, las obras de recolección y tratamiento de aguas servidas no se han ejecutado. La resolución declara parcialmente con lugar el recurso, ordenando al INVU, al ICAA y a la Municipalidad de San José crear en cinco días una comisión interinstitucional y diseñar en un mes un plan para atender el problema, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia. Se rechazó el recurso contra el IMAS por no hallarse omisión de su parte y se desestimaron los reclamos genéricos sobre falta de mantenimiento y desalojos.
Key excerptExtracto clave
In light of the foregoing, the Chamber finds a violation of fundamental rights due to the lack of diligent and prompt action by INVU, the Municipality of San José and ICAA in solving the problems afflicting the Finca San Juan settlement regarding the collection and treatment of black and sanitary water. On this point, even though it is proven that INVU, the Municipality of San José and ICAA have taken steps to resolve the problems affecting the population of Finca San Juan, including signing agreements, managing financial resources and creating an inter-institutional commission, it is no less true that the relevant works to solve them have not been executed. This is aggravated by the fact that it is a structural and historical problem, whose solution requires a comprehensive and inter-institutional approach. In this regard, it should be clarified that the fact that the sanitary sewer network of the settlement is not currently an asset of ICAA does not exempt it from its competences, especially since Law No. 2726 'Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers' provides that ICAA is responsible for: "a) Directing and supervising everything related to providing the inhabitants of the republic with a service of drinking water, collection and disposal of black water and liquid industrial waste and rainwater in urban areas; (...) d) Advising other State bodies and coordinating public and private activities in all matters related to the establishment of aqueducts and sewers and control of water resource contamination, its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations being inexcusable; e) Preparing all plans for public works related to the purposes of this law, as well as approving all those for private works related to aqueduct and sewer systems, as determined by the respective regulations; (...) i) Building, expanding and reforming aqueduct and sewer systems in those cases where it is necessary and so advised for the better satisfaction of national needs; (...)" - see Article 2 -.En virtud de lo expuesto, la Sala verifica la lesión a los derechos fundamentales, debido a la falta de actuación diligente y célere del INVU, la Municipalidad de San José y el ICAA en solventar la problemática aquejada por el asentamiento finca San Juan respecto a la recolección y tratamiento de aguas servidas y sanitarias. Sobre el particular, aun cuando se comprueba que el INVU, la Municipalidad de San José y el ICAA han llevado a cabo actuaciones a fin de resolver la problemática que afecta a la población de Finca San Juan, lo que incluye la firma de convenios, la gestión de recursos financieros y la creación de una comisión interinstitucional, no menos cierto es que no se han ejecutado las obras pertinentes para solventarla. Lo anterior se agrava al considerar que se está ante una problemática estructural e histórica, cuya solución exige un abordaje integral e interinstitucional. En ese tanto, conviene aclarar que el hecho de que la red de alcantarillado sanitario del asentamiento no sea activo del ICAA en la actualidad, no le exime a este de sus competencias, máxime que en la ley nro. 2726 ‘Ley Constitutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados’ se prevé que corresponde al ICAA: “a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; (…) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones; e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos; (…) i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; (…)” -véase artículo 2-.
Pull quotesCitas destacadas
"la Sala verifica la lesión a los derechos fundamentales, debido a la falta de actuación diligente y célere del INVU, la Municipalidad de San José y el ICAA en solventar la problemática aquejada por el asentamiento finca San Juan respecto a la recolección y tratamiento de aguas servidas y sanitarias."
"the Chamber finds a violation of fundamental rights due to the lack of diligent and prompt action by INVU, the Municipality of San José and ICAA in solving the problems afflicting the Finca San Juan settlement regarding the collection and treatment of black and sanitary water."
Considerando III
"la Sala verifica la lesión a los derechos fundamentales, debido a la falta de actuación diligente y célere del INVU, la Municipalidad de San José y el ICAA en solventar la problemática aquejada por el asentamiento finca San Juan respecto a la recolección y tratamiento de aguas servidas y sanitarias."
Considerando III
"el hecho de que la red de alcantarillado sanitario del asentamiento no sea activo del ICAA en la actualidad, no le exime a este de sus competencias"
"the fact that the sanitary sewer network of the settlement is not currently an asset of ICAA does not exempt it from its competences"
Considerando III
"el hecho de que la red de alcantarillado sanitario del asentamiento no sea activo del ICAA en la actualidad, no le exime a este de sus competencias"
Considerando III
"cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso"
"when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, among them health, quality of life and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here"
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso"
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
In the case at hand, the petitioner states that the housing project in Rincón Grande de Pavas was developed and administered by the INVU approximately 30 years ago, and that the IMAS was responsible for preparing the technical profiles to determine the beneficiaries. He claims that the project has not been integrally completed. He maintains that the families were located on a property that initially lacked an adequate site design or urban planning approach and lacked basic infrastructure such as curbs and gutters (cordones de caño), sanitary sewerage (alcantarillado sanitario), stormwater drainage systems (sistemas de evacuación de aguas pluviales), among others. He points out that several families were relocated to Sector III, where problems of overpopulation, overcrowding (hacinamiento), black water (aguas negras), and lack of sewerage (alcantarillado) currently persist. He claims that in Sector Three, the Municipality of San José does not maintain the green areas, gutter systems, and other public infrastructure, a situation aggravated by the presence of black water. He alleges that this local government evicted 100 families and that more evictions are in process.
This Court verifies that the Finca San Juan settlement (asentamiento) consists of Stages I, II, and III and is located in the southeast of Rincón Grande de Pavas. This project was designed and built by the IMAS but transferred to the INVU in November 1995 to formalize the transfer of lots to potential beneficiaries. Since 2008, the INVU transferred the streets, avenues, tree-lined walks, parks, and common areas of the Finca San Juan project to the Municipality of San José. In the agreement issued by the Board of Directors of the Mortgage Housing Bank on October 5, 2009, financing was granted for the community bond project to improve the infrastructure of the third stage of the Finca San Juan project, which notably included: “? Drinking water network. ? Stormwater drainage network (Red de evacuación pluvial). ? Wastewater and sanitary drainage network (Red de evacuación de aguas servidas y sanitarias). ?
Pavements (Sub-base, Base, and Asphalt Layer). ? Complementary works (Sidewalks – Curbs and gutters). ? Electrical distribution network. ? Children's playgrounds. ? Other works (Grass planting and signage)”. On July 4, 2019, a framework cooperation agreement for the development of urban infrastructure construction projects was signed between the INVU and the Municipality of San José. On September 17, 2021, the Banhvi approved the feasibility and financing for the community bond projects. On January 11, 2024, the Budget Department of the Municipality of San José stated: “The project 'PROYECTO MEJORAMIENTO MEDIANTE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN FINCA SAN JUAN PAVAS' for an amount of ₡800,000,000.00 is approved by the Comptroller General of the Republic via official communication DFOE-LOC-2539-2023 and is included in the ordinary budget 2024”. On September 30, 2024, a communication was filed with the ICAA by a councilmember of the Municipality of San José, which stated: “we address you to interpose your good offices and intervene in the wastewater sewerage (alcantarillado de aguas residuales) on Dirección08, which intersects with Dirección06, as it presents an accumulation of black water that is overflowing its capacity onto the street surface, being a possible vector of contamination causing diseases, a breeding ground for mosquitoes, among others; therefore, it is urgent to intervene as expeditiously as possible and provide a definitive solution, since the problem is not eliminated merely by emptying the sewer (alcantarillado) but a total solution must be found.
Location Nis Dirección07”. The sanitary sewerage network of the Finca San Juan settlement is not an asset of the ICAA; therefore, it does not charge for or provide maintenance service for said network. At the time this matter was filed, the collection and treatment works for wastewater and sanitary water (aguas servidas y sanitarias) of the Finca San Juan settlement, Stages I, II, and III, are pending execution, for which the MIVAH made a budget transfer to the Municipality of San José for Stage III. An inter-institutional working group (mesa de trabajo interinstitucional) exists, comprised of personnel from the Ministry of Housing and Human Settlements, ICAA, Municipality of San José, Banhvi, and INVU. Currently, “resources are available from the BANHVI Housing Financial System, reserved for the INVU as an authorized entity, from the collective bond (bono colectivo) for Finca San Juan Stage III, and resources from the Municipality of San José, transferred by the MIVAH for environmental sanitary sanitation (saneamiento ambiental sanitario) of the sector.” Via official communication GPS-GVAH-0011-2026 of March 5, 2026, the Housing and Human Settlements Management of the Municipality of San José explained: “(…) 2-In 2018, work on the informal settlement (asentimiento informal) of Finca San Juan, in Rincón Grande de Pavas, was defined as an institutional priority, with urban renewal initiatives for the slums (precarios) of El Relleno and El Tapón, located in Finca San Juan, the former in Stage I and the latter in Stage III (…) 14- By April 2023, after numerous attempts to align the interests of the INVU, MIVAH, and AyA institutions, with the new officials appointed in the Chaves Robles Administration, the MSJ concluded that on this matter, institutional positions would continue to revolve around particular interests detached from the urgent need to execute the public investment approved for Finca San Juan, represented by 800 million colones for environmental sanitation (saneamiento ambiental) provided by the MIVAH and 1,234 million for the community bond of Stage III provided by the BANHVI, an amount that was increased with a new allocation from the national budget by the MIVAH.
It was then proposed to begin exhausting the administrative route, requesting the INVU and AyA to make decisions regarding the bottlenecks preventing the MSJ from executing the project. This is how official communications GPS-GVAH-012-2023 (…) were sent, requesting official validation in 2023 of the 2020 decision to build the Finca San Juan WWTP (Ptar), to Eng. Alejandro Guillén Guardia, Executive President of AyA, dated April 25, 2023, and communication GPS-GVAH-020-2023 (…), addressed to Arch. Jessica Martínez Porras, Minister of Housing and Human Settlements and Executive President of the INVU, dated May 26, 2023. No timely response was received to these communications, so the closure of the administrative route was formally raised to their hierarchical superior, the President of the Republic, with communication GPS-GVAH-033-2023 (…) signed on July 18, 2023. This communication was also not answered in a timely manner or proper form, so the administrative route for these investment projects is deemed exhausted, due to the lack of interest of said institutions and the legal impossibility of the MSJ to resolve this case via said administrative route. 15- Regarding the capital transfer item from the MIVAH to the MSJ, which has been deposited in municipal coffers since December 28, 2021, it has not been possible to execute it, because in the second procurement process of 2022, the preparation of the design and the approval process for construction plans was proposed, a process declared unsuccessful due to incurable defects detected by the Institutional Procurement Department of the MSJ.
The opinion of the Municipal Council's Finance and Budget Commission No. 0171-CHP-2022 (…), dated April 17, 2023, is attached. 16- Regarding this capital transfer, supported by a financial and technical cooperation agreement between the MIVAH and the MSJ, whose second signed addendum (…) expired on May 5, 2022, the MSJ requested its extension from the MIVAH via a third addendum; however, this request was never answered by the MIVAH, nor has it been the interest of the current municipal administration, through its Housing and Human Settlements Management team, to pressure for it to be legally validated and finally executed. The request to the MIVAH was made via communication MSJ-ALCALDÍA-1018-2024 (…) signed by Eng. Jhonny Araya, Mayor of San José, dated April 23, 2024. Finally, on May 30, 2024, communication Ultimas acciones tomadas transferencia 01-05_2024-firmado (…) was issued, signed by the undersigned, Eng.
Jorge Mora Oconitrillo, containing the proposed roadmap to technically adjust the works subject to the MIVAH-MSJ Agreement.” Via official communication SCMRP-108-2026 of March 6, 2026, the Stormwater Construction and Maintenance Section of the Municipality of San José indicated: “with respect to the competencies of the Municipality of San José, specifically the competencies of the Stormwater Network Construction and Maintenance Section, they only focus on the following: ? Cleaning and maintenance of catch basins (tragantes), manholes (pozos), pipes, headwalls, and detention tanks that comprise the municipal stormwater network (red pluvial municipal). ? Placement of grates and covers for catch basins and their repair, pipe replacement, and road subsidence repair. ? Maintenance of the Stormwater Cadastre (Catastro Pluvial), consisting of surveying all existing stormwater system information, such as pipe diameters and slope depths. ?
Issuance of permits for stormwater drainage from new or existing constructions into the municipal stormwater system. ? Design, planning, and development of new stormwater projects. It is not omitted to indicate that this Section has periodically carried out cleaning of the existing stormwater system, as well as the placement of grates and flanges (flangers) in catch basins and stormwater manholes, tasks pertinent to this Section.” Via report DPH-UPH-047-2026 issued by the INVU in March 2026, it concludes: “The INVU has actively and constantly participated in inter-institutional coordination bodies. ? The problem described in the petition (recurso) is structural and historical, and its approach requires a comprehensive solution involving multiple State institutions. ? Financial resources are approved for infrastructure improvements in Stage III, through the Collective Bond (Bono Colectivo), BANHVI resources directed to the INVU. ?
Resources are available according to the Technical-Financial Cooperation Agreement between the Ministry of Housing and the Municipality of San José for the neighborhood improvement project through sanitary sewerage works and a treatment plant in Finca San Juan, Pavas. ? As a result of the inter-institutional working groups, the possibility of unifying the Collective Bond resources with the resources transferred to the municipality is being evaluated to provide a comprehensive solution in the community that can cover the three stages of Finca San Juan. The foregoing is because the resources independently are insufficient for the required works. ? The technical recommendations must eventually be validated by the heads of each of the entities involved. ? To date, the project is in a technical and legal analysis phase, which is why definitive execution timelines have yet to be defined.” The executive president of the ICAA explained: “1.
It is relevant for the resolution of this petition to report that the sanitary sewerage network of the Finca San Juan Urbanization (Urbanización) is not an AyA asset, therefore the Institution does not charge for the sanitary sewerage service, nor does it provide maintenance service to said network; according to the information gathered, this network belongs to the National Institute of Housing and Urbanism, and it was not completed, it does not meet the conditions required to collect wastewater from the properties in the area, thus it is considered that the inhabitants of this Urbanization must dispose of their wastewater using a methodology approved by the Ministry of Health. Due to its competencies over the management and disposal of wastewater, AyA has repeatedly informed the Ministry of Health of this situation (see communications DRyT-OMSR-2019-00603, DRyT-OMSR-2021-00431, DRyT-OMSR-2023-00092, and DRyT-OMSR-2024-00152).
A series of branches (ramales) were formed on each street of the Urbanization, but these branches were not connected to each other to collect and transport the wastewater to a treatment plant, so the local residents connected the water from their homes to this piping, causing it to discharge directly onto the ground and subsequently fall into the Tiribí River channel. (See technical report No. DRyT-OMSR-2026-00122 dated March 6, 2026). 2. Between 2019 and 2021, AyA, in its governing role, participated in a commission led by the Municipality of San José, in which other institutions participated (MIVAH, INVU, etc.). As part of the work carried out by AyA, the terms of reference for contracting preliminary studies, design, and construction of a wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) were delivered (attached is Official Communication DRyT-2021-00147). Additionally, AyA reported on the need to consider the construction of a new sanitary sewerage system, as well as an interceptor to gather and convey wastewater from all streets to the treatment plant.
Additionally, the Commission was informed that the land where the treatment plant was intended to be built did not have sufficient area, as they had initially contemplated locating the plant on land corresponding to a river protection zone (zona de protección del río). To resolve this limitation, the preparation of a declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) was recommended to build the treatment system in the river protection zone. It was also reported that said property needed to have street frontage so that it could have drinking water and three-phase electricity services. Currently, given that the conditions for establishing a treatment plant do not exist in the area, both the Municipality and the INVU are evaluating the possibility of building at least 2 Pumping Stations that operate in series and pump the wastewater to an AyA treatment plant (Los Tajos).
It is important to mention that for the development of all these works, it is initially necessary to relocate the residents who have invaded the forest reserve areas (zonas de reserva forestal) left by the INVU, as well as the public roads or streets, park areas, and the river protection zone. If this work is not carried out beforehand, developing improvements to resolve the wastewater problem in the area is impossible.” Based on the foregoing, this Chamber verifies the violation of fundamental rights, due to the lack of diligent and swift action by the INVU, the Municipality of San José, and the ICAA in resolving the problem afflicting the Finca San Juan settlement regarding the collection and treatment of wastewater and sanitary water (aguas servidas y sanitarias).
On this point, even though it is verified that the INVU, the Municipality of San José, and the ICAA have carried out actions to resolve the problem affecting the population of Finca San Juan, which includes signing agreements, managing financial resources, and creating an inter-institutional commission, it is no less certain that the pertinent works have not been executed to resolve it. This is aggravated when considering that this is a structural and historical problem, whose solution requires a comprehensive and inter-institutional approach.
In this regard, it is worth clarifying that the fact that the settlement's sanitary sewerage network is not currently an asset of the ICAA does not exempt it from its competencies, especially since Law No. 2726 'Ley Constitutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados' provides that the ICAA is responsible for: “a) Directing and overseeing everything related to providing the inhabitants of the republic with potable water service, collection and disposal of sewage (aguas negras) and liquid industrial waste, and stormwater in urban areas; (…) d) Advising other State bodies and coordinating public and private activities in all matters related to the establishment of aqueducts and sewers (acueductos y alcantarillados) and control of water resource contamination, its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations being inexcusable; e) Preparing all plans for public works related to the purposes of this law, as well as approving all those for private works related to aqueduct and sewer systems, as determined by the respective regulations; (…) i) Building, expanding, and reforming aqueduct and sewer systems in those cases where necessary and recommended for the better satisfaction of national needs; (…)” -see Article 2-.
Therefore, the petition is granted regarding this grievance with respect to the INVU, the ICAA, and the Municipality of San José, as indicated in the operative part of this matter. In this regard, the Court does not omit to warn that, should it be necessary for any other institution not sued in this petition to form part of the inter-institutional commission, the respondent authorities must manage the corresponding steps to include it.
IV.Regarding the lack of maintenance alleged for the green areas, gutter systems, and other public infrastructure, as well as the evictions carried out by the Municipality of San José, note that the claims were formulated in a generic manner, as no reference was made to any specific area experiencing this problem. Nor did it detail any family that was evicted and the fundamental rights considered injured to their detriment, which prevents analysis by this Chamber. In any case, via official communication SCMRP-108-2026 of March 6, 2026, the Stormwater Construction and Maintenance Section of the Municipality of San José indicates: “with respect to the competencies of the Municipality of San José, specifically the competencies of the Stormwater Network Construction and Maintenance Section, they only focus on the following: ? Cleaning and maintenance of catch basins (tragantes), manholes, pipes, headwalls, and detention tanks that comprise the municipal stormwater network. ?
Placement of grates and covers for catch basins and their repair, pipe replacement, and road subsidence repair. ? Maintenance of the Stormwater Cadastre, consisting of surveying all existing stormwater system information, such as pipe diameters and slope depths. ? Issuance of permits for stormwater drainage from new or existing constructions into the municipal stormwater system. ? Design, planning, and development of new stormwater projects. It is not omitted to indicate that this Section has periodically carried out cleaning of the existing stormwater system, as well as the placement of grates and flanges in catch basins and stormwater manholes, tasks pertinent to this Section.”
Ergo, the petition is not granted regarding this grievance; however, the mayor of San José should take note that he must coordinate the pertinent matters and carry out the actions within the scope of his competencies to guarantee the adequate maintenance of the streets, avenues, tree-lined walks, parks, and common areas of the Finca San Juan project.
V.Finally, no action or omission by the IMAS is observed that would have injured fundamental rights in the terms set forth in the petition, which is why it is declared without merit regarding that party. (…)
Exercise competencies in local public health and urban planning. 3-BINDING FACTS FOR THE JOINT INSTITUTE OF SOCIAL AID IMAS The Joint Institute of Social Aid (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS) is the technical institution of the Costa Rican State responsible for evaluating and classifying households according to their socioeconomic condition. To do this, it uses official instruments such as the Social Information Sheet (Ficha de Información Social, FIS) and the National Information and Single Registry of State Beneficiaries System (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, SINIRUBE). Based on these evaluations, IMAS determines whether a household is in a condition of poverty or extreme poverty. This classification constitutes the enabling criterion for individuals and families to access various state benefits and social programs, such as housing bonds, cash transfers, in-kind assistance, and other institutional support.
The role of IMAS is technical-operational and evaluative in nature, as it identifies, classifies, and certifies the socioeconomic condition of households. Within this framework, it is responsible for: . Exercising stewardship of social policy, through direction, inter-institutional coordination, and the issuance of guidelines on poverty care. · Officially determining whether a household is in a condition of poverty or extreme poverty, in accordance with current instruments and methodologies. . Enabling access to State benefits and programs based on the results of the socioeconomic study. . Formally certifying the condition of poverty or extreme poverty of the evaluated households. 4. BINDING FACTS FOR AYA The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) is responsible for attending to the sanitary sewer system when any of the following conditions are present: The sanitary sewer system is public in nature and has been officially received by AyA.
The pipes, collectors, or treatment plants form part of the national system or a municipalized system under its stewardship or administration. There is a proven risk to public health or a situation of environmental contamination, even when the origin of the infrastructure is private, in which case AyA maintains a duty of preventive and corrective intervention. Among the main obligations of AyA are: Operating, administering, and maintaining sanitary sewer systems that have been formally received. · Preventing the contamination of waters, soils, bodies of water, and streams, in accordance with current environmental and sanitary legislation. Attending to and correcting black water leaks or other impacts to the sanitary system that represent a risk to public health. In this sense, it is understood that if the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has not formally received the sanitary sewer system of the project, it would not be directly responsible for its ordinary maintenance.
However, this does not exempt it from its legal duty to intervene when there is an evident sanitary risk, as demonstrated in the attached documentary and photographic evidence. CONCLUSION It is not legally admissible for the respondent institutions to evade their responsibility by alleging a lack of definition of competencies. · AyA is responsible when the sewer system is public in nature, when there is a serious sanitary risk, or when public health and the environment are compromised, and must intervene immediately. . The Municipality is responsible for its duty of oversight, control, and prevention, as well as for the omission in the exercise of its legal powers. The reported situation has caused the direct violation of fundamental rights, including: The right to life and health. The right to a healthy and ecologically balanced environment. The right to human dignity. The principle of continuity and efficiency of the public service. · The right to special protection of vulnerable populations, particularly children and older adults.
The respondent institutions have incurred an illegitimate omission by failing to address or resolve a situation that: Is current and fully verifiable. Represents a real sanitary risk. · Requires immediate State intervention. The lack of coordination or definition of competencies cannot be transferred to the residents nor used as justification for state inaction, as this contravenes the constitutional principles of effective protection, administrative responsibility, and protection of fundamental rights. IV. PETITION For the reasons stated, I respectfully request this Honorable Constitutional Chamber to: Declare this amparo appeal with merit, for the violation of the fundamental rights described. Order the respondent institutions to intervene immediately in the project, ordering the formation of an inter-institutional commission to adopt urgent measures to solve the overcrowding and overpopulation of families, including, if necessary, the temporary or definitive relocation of the affected persons, in order to allow the completion of the required infrastructure works.
Order the immediate correction of exposure to contaminated waters, derived from black water leaks, through specialized technical inspection and urgent repair of the affected system. Order the adoption of preventive sanitary and public health protection measures, while the definitive solution to the problem is implemented. Clearly determine which institution is directly responsible for the compromised infrastructure, avoiding the lack of definition of competencies that has generated the reported inaction. Order the Municipality of San José to formally report whether or not it received the public and communal areas of the project, as well as the legal status of said areas. Order the preparation and implementation of a maintenance, monitoring, and follow-up plan, with defined deadlines and institutional responsibilities, to prevent the recurrence of similar situations.”
As mentioned, the streets, tree-lined promenades (alamedas), park areas, and urban infrastructure works were designed and built by IMAS, as recorded in the plans; therefore, the management of delivering the plans and pipeline infrastructure procedures to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados should have been carried out by the aforementioned entity. In April 2008, the INVU transferred the streets, avenues, tree-lined promenades, parks, and communal areas to the Municipalidad de San José." PROCEDURES TO BE ASSESSED 1-That on 05-12-2023 and in response to an apparent request for disobedience, this chamber, under case file 21-016493-0007-CO, ruling N°2023031491 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in its operative part (por tanto) grants an extension of the deadline at the request of the institutions involved! The disobedience procedure is dismissed. The deadline for compliance with ruling No. 2021-024197 of 9:20 a.m. on October 29, 2021, is extended for a term of TWELVE additional MONTHS, beyond the originally granted period, counted from the notification of this resolution.
It is established that, according to the timelines, the institutions involved have not, to date, complied with what is established in these case files. 2-The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Costa Rica (Sala IV) has a very clear jurisprudential line: when it comes to families in poverty or extreme poverty (especially with minors, older adults, or persons with disabilities), the State cannot execute an eviction (desalojo) "coldly" without first articulating a housing alternative or an effective social protection measure. In practical terms, the Chamber does not say that one can never evict, but rather that: The right to property must yield to the fundamental right to decent housing (vivienda diana) and the principle of human dignity, as long as the institutions have not coordinated a minimum solution. Important rulings of the Sala IV on evictions and extreme poverty (I provide them with the central criterion so you can use them in briefs or appeals): Ruling No. 2009-013607 Establishes that the State has an active obligation to coordinate a housing solution before executing evictions when families are in a condition of vulnerability.
It forcefully introduces the concept of the existential minimum (mínimo existencial). Ruling No. 2011-010492 The Chamber orders the suspension of an eviction until IMAS and the housing sector assess alternatives. It recognizes that extreme poverty turns immediate eviction into inhuman and degrading treatment. Ruling No. 2014-009215 indicates that municipalities cannot limit themselves to "evicting" alleging squatting if there are social reports accrediting extreme poverty. They must coordinate with IMAS and the housing sector. Ruling No. 2018-012379 Reiterates that when there are minors and extreme poverty, eviction without a solution violates the best interests of the child. It orders prior institutional intervention. The Sala IV holds that: There may be irregular occupation There may be public or private property BUT vulnerable families CANNOT be thrown into the street without an alternative measure There must be: A social study (normally by IMAS).
Inter-institutional coordination. A shelter or temporary or permanent solution measure. Reinforced protection if there are children CONCLUSION OF THE PRESENTATION The Municipalidad de San José executed evictions of approximately 100 families in a condition of poverty or extreme poverty, and according to reports from the neighbors, another group of approximately 100 families remains to be evicted. Photos of this eviction were provided to the main case file. (…) Note that the municipality did not provide information on whether the communal areas, green areas, streets, and tree-lined promenades of the San Juan project were received and whether they had ownership (titularidad) to carry out this eviction and those they are processing. If the Municipality did not receive the green areas, streets, tree-lined promenades, and parks and does not have ownership, in sound theory, they could not execute the evictions.
According to reports from those affected, they were given a basic subsidy for a limited time of 3 months, which did not resolve their situation, and today they must live in other people's homes without any possibility. It is important to mention that these families already have the technical record (ficha técnica) from the Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), which certifies their poverty or extreme poverty."
RESPONSE TO FACT FOUR: It states verbatim from official communication number IMAS-DDSARDSS-0046-2026 signed by the Head of the Southwest Regional Area of Social Development: "Not on record: This process was not within the competence of the Institution, and therefore there is no documentation or facts on record that support what is indicated." It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-DDSPC-0192-2026 signed by the Head of the Department of Socio-Productive and Communal Development: "True, the urban design implemented in 1993 seeks to regularize an informal settlement (asentamiento informal) on said land." FACT FIVE: That the families were settled with the consent of the State on lots that lacked basic infrastructure, such as curbs (cordones de caño), sanitary sewer system, stormwater drainage systems, and other works necessary for adequate housing development.
RESPONSE TO FACT FIVE: It states verbatim from official communication number IMAS-DDSARDSS-0046-2026 signed by the Head of the Southwest Regional Area of Social Development: "Not on record: This process was not within the competence of the Institution, and therefore there is no documentation or facts on record that support what is indicated." It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-DDSPC-0192-2026 signed by the Head of the Department of Socio-Productive and Communal Development: "True, the urban design implemented in 1993 seeks to regularize an informal settlement on said land." FACT SIX: That when the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) and the Comisión Especial de Vivienda (CEF), both state entities, formally began the development of the project and the implementation of the urban design, the existence of overpopulation was determined within the area.
RESPONSE TO FACT SIX: It states verbatim from official communication number IMAS-DDSARDSS-0046-2026 signed by the Head of the Southwest Regional Area of Social Development: "Not on record: This process was not within the competence of the Institution, and therefore there is no documentation or facts on record that support what is indicated." It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-DDSPC-0192-2026 signed by the Head of the Department of Socio-Productive and Communal Development: "Not on record, from the DDSPC no documentation evidencing what is indicated is identified." FACT SEVEN: That the overpopulation forced the project administrators at that time, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) and the Comisión Especial de Vivienda (CEF), to begin the development of the project in Sectors One and Two.
RESPONSE TO FACT SEVEN: It states verbatim from official communication number IMAS-DDSARDSS-0046-2026 signed by the Head of the Southwest Regional Area of Social Development: "Not on record: This process was not within the competence of the Institution, and therefore there is no documentation or facts on record that support what is indicated." It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-DDSPC-0192-2026 signed by the Head of the Department of Socio-Productive and Communal Development: "Not on record, from the DDSPC no documentation evidencing what is indicated is identified." FACT EIGHT: That, as part of this process, families were relocated to Sector Three, where serious problems such as overpopulation, overcrowding (hacinamiento), the presence of black water (aguas negras), the absence of sanitary sewer system, and other deficiencies persist to this day, and the condition of precariousness or slum (Tugurio) also continues.
RESPONSE TO FACT EIGHT: It states verbatim from official communication number IMAS-DDSARDSS-0046-2026 signed by the Head of the Southwest Regional Area of Social Development: Not on record: This process was not within the competence of the Institution, and therefore there is no documentation or facts on record that support what is indicated. It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-DDSPC-0192-2026 signed by the Head of the Department of Socio-Productive and Communal Development: "Not on record, from the DDSPC no documentation evidencing what is indicated is identified." FACT NINE: That the situation originated mainly from the disorder in the adjudication of lots without the proper infrastructure, which caused the mobilization of families from Sectors One and Two to Sector Three of the project.
RESPONSE TO FACT NINE: It states verbatim from official communication number IMAS-DDSARDSS-0046-2026 signed by the Head of the Southwest Regional Area of Social Development: "Not on record: This process was not within the competence of the Institution, and therefore there is no documentation or facts on record that support what is indicated." It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-DDSPC-0192-2026 signed by the Head of the Department of Socio-Productive and Communal Development: "Not on record, from the DDSPC no documentation evidencing what is indicated is identified." FACT TEN: That as previously indicated, the Finca San Juan Housing Project has maintained, for approximately thirty years, the condition of a project with site and urban designs pending consolidation. However, in Sector Three, the Municipalidad de San José does not undertake the maintenance of green areas, drainage systems (sistemas de caños), and other public infrastructure, which has caused the walkways (alamedas) and accesses to present leaks of contaminated black water, with visible expulsion of fecal waste.
RESPONSE TO FACT TEN: It states verbatim from official communication number IMAS-DDSARDSS-0046-2026 signed by the Head of the Southwest Regional Area of Social Development: "Not on record: That initial transfer was not within the competence of the Regional Area, and therefore there are no documents that support what is indicated here. Likewise, the process mentioned here is not within the competence of the Institution either." It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-DDSPC-0192-2026 signed by the Head of the Department of Socio-Productive and Communal Development: "Not on record, from the DDSPC no documentation evidencing what is indicated is identified." FACT ELEVEN: That, for several years, practically all of the walkways (alamedas) of Sector Three, as well as some of Sector Two, present visible and persistent exposure of black water (aguas negras), and this situation generates constant foul odors, environmental contamination, and a high sanitary risk, directly affecting the quality of life and health of the project's inhabitants.
RESPONSE TO FACT ELEVEN: It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-ARDSS-0046-2026 signed by the Head of the Southwest Regional Area of Social Development: "Not on record: This process is not within the competence of the Institution, and therefore there is no documentation or facts on record that support what is indicated." It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-DDSPC-0192-2026 signed by the Head of the Department of Socio-Productive and Communal Development: "Not on record, from the DDSPC no documentation evidencing what is indicated is identified." FACT TWELVE: That elderly persons (personas adultas mayores) and children reside in the community, who constitute an especially vulnerable population. These persons are exposed daily to potential sources of infection, which threatens their health, their physical integrity, and their human dignity.
RESPONSE TO TWELVE: It states verbatim from official communication number IMAS-DDSARDSS-0046-2026 signed by the Head of the Southwest Regional Area of Social Development: Partially True. True: According to information provided from the IMAS database, elderly persons and minors are identified. Not on record: What is indicated here is not of institutional competence, and therefore there are no documents or facts that support it." It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-DDSPC-0192-2026 signed by the Head of the Department of Socio-Productive and Communal Development: "Not on record, from the DDSPC no documentation evidencing what is indicated is identified." FACT THIRTEEN: That, faced with this problem, the community has appealed, both verbally and in writing, to the respondent public institutions, without an effective solution having been provided to date.
RESPONSE TO THIRTEEN: It states verbatim from official communication number IMAS-DDSARDSS-0046-2026 signed by the Head of the Southwest Regional Area of Social Development: Not on record: It is not on record at the ARDS that this community has appealed either verbally or in writing to request support or attention in this regard." It states verbatim from official communication number IMAS-DDS-DDSPC-0192-2026 signed by the Head of the Department of Socio-Productive and Communal Development: "Not on record, from the DDSPC no documentation evidencing what is indicated is identified." ON THE MERITS Regarding the facts set forth by the petitioner, it must be respectfully indicated that the Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) has acted within the framework of the powers attributed to it by the legal system, without it being attributable to the institution that the complex situation described in the appeal implies an injury by the institution to the petitioners.
Indeed, it is clear from the account of facts itself that the reported problem is mainly related to conditions of urban infrastructure, environmental sanitation, and maintenance of public works within the housing project called "Finca San Juan," located in Rincón Grande de Pavas, as well as the definition of institutional responsibilities regarding the administration of communal areas, sanitary sewer system, and urban works. However, such matters do not form part of the scope of competence of IMAS, whose legal nature and functions are clearly delimited by Ley 4760. Within this framework, the institution's main functions are the identification, classification, and care of households in conditions of poverty or extreme poverty through technical instruments of socioeconomic evaluation, which enables people's access to social programs and state benefits. That is, IMAS's intervention in the described context is limited, where applicable, to the technical determination of the socioeconomic condition of the beneficiary households, through instruments such as the Social Information Sheet (Ficha de Información Social, FIS) and the corresponding administrative registration systems.
Said action constitutes a technical act of socioeconomic assessment, which does not imply the execution, administration, or maintenance of housing projects, urbanization works, sanitary sewer networks, or communal infrastructure.
Consequently, the situations reported by the petitioner relating to sewer problems, maintenance of public areas, urban infrastructure, and potential sanitary risks correspond to the competencies of other public entities, particularly those responsible for urban development, municipal management of public domain assets, and the administration of aqueduct and sewer systems. Therefore, even though the problem described may be socially complex and may eventually require inter-institutional coordination among various state institutions, it is not legally possible to attribute an illegitimate omission or a direct violation of fundamental rights to IMAS, as the institution does not possess legal powers to intervene in urban planning, construction, maintenance, or sanitation of the infrastructure of the mentioned housing project.
It must be remembered that the principle of legality that governs administrative action requires public institutions to act only within the scope of competencies conferred upon them by law, so IMAS cannot be required to adopt material measures in areas that correspond to other state entities. By virtue of the foregoing, it is concluded that there is no omissive conduct attributable to the Instituto Mixto de Ayuda Social, nor an act that violates fundamental rights attributable to this institution, which is why the amparo appeal (recurso de amparo) must be dismissed with respect to IMAS.
Based on the foregoing, it is requested that the present amparo appeal be declared without merit for the factual and legal reasons stated and with respect to the Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), there being no attributable act or omission that constitutes any violation of the fundamental rights of the petitioners, no injury to fundamental rights is proven. Finally, this Institute reiterates its full willingness to collaborate, within the scope of its legal competencies, in any inter-institutional coordination process that may eventually be necessary for the care of populations in poverty, always in accordance with the principles of legality, efficiency, and administrative coordination that govern the actions of the Costa Rican State. (...)
PRAYER As stated, it is requested that the present amparo appeal be DECLARED WITHOUT MERIT in all its extremes.".
PRETENSION Based on the factual and legal arguments set forth, with due respect it is requested that in the judgment: 1. The present Amparo Appeal be declared without merit and consequently, the definitive archiving of the case file be ordered. 2. It be resolved without special condemnation for personal and procedural costs against INVU. 3. It be resolved without special condemnation for damages".
If this work is not carried out beforehand, it is impossible to develop the improvements to solve the wastewater problem of the place. (See technical report No. DRyT-OMSR-2026-00122 dated March 6, 2026). 3. In April 2023, the Constitutional Chamber admitted the Amparo Appeal filed by a group of inhabitants of Finca San Juan, who reported a problem related to wastewater discharges and the operation of the sanitary sewer network, and its operative part ruled: “It is ordered that María Gabriela Vallejo Astúa and Viviana Ramos Sánchez, in their respective positions of deputy general manager and head of the Strategic Business Unit (Unidad Estratégica de Negocios, UEN) of Environmental Management of Pavas, both of the ICAA, or whoever holds the position in their place, or whoever holds said positions, within a period of no more than THREE DAYS, refer the complaint filed by the appellant Nombre04 on March 6, 2023, to the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) and to the Municipality of San José, for whatever is appropriate.” In compliance with the order, the General Management of AyA issued official letter No. GG2023-01939, which is attached.
(See technical report No. DRyT-OMSR-2026-00122 dated March 6, 2026). 4. In February 2024, the Constitutional Chamber admitted the Amparo Appeal filed by a resident of Finca San Juan, who reported a problem related to wastewater discharges and the operation of the sanitary sewer network. The Chamber dismissed the case considering it premature and also stated: “Notwithstanding the foregoing, it is necessary to indicate to the respondent authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) that by virtue of what is stated in the report submitted to the Chamber, and in the event that they deem themselves not competent to address the appellant's complaint; in order to safeguard her rights and the principle of administrative inter-coordination, they must promptly refer the complaint to the authorities they consider should intervene to provide a solution.” In compliance with the order, the Operation and Maintenance of the RyT Collection System, through official letter DRyT-OMSR-2024-00295 (attached), proceeded to refer the complaint to the INVU.
(See technical report No. DRyT-OMSR-2026-00122 dated March 6, 2026). 5. In addition to Official Letters No. GG-2023-01939 and No. DRyT-OMSR-2024-00295, AyA, through official letter DRyT-OMSR-2024-00738 (which is attached), forwarded to INVU official letter CM-PPSD-051-2024 informing of a problem occurring in Pavas, Finca San Juan, Dirección05. Also through official letter DRyT-OMSR-2025-00859 (attached), INVU is copied on a response addressed to Mrs. Yessica Andrea Traña Arguello, so that this Institution proceeds to carry out the corresponding tasks. In accordance with the above, it is considered that AyA has been informing INVU regarding the complaints reported for problems in Finca San Juan. The foregoing, in adherence to the resolution of File 24-005606-0007-CO issued by the Constitutional Chamber. (See technical report No. DRyT-OMSR-2026-00122 dated March 6, 2026). II. APPLICABLE REGULATIONS AyA's actions are based on Article 11 of the Political Constitution; Article 11 of the General Law of Public Administration; Articles 1, 2, 3, and 7 (subsection 12) of the Regulation for the Provision of Services of AyA.
III. CONCLUSIONS In the present case, it is demonstrated that AyA has executed and performed all actions that fall within the scope of its competence and within the framework of legality that governs us; given its governing authority, it has informed the Ministry of Health of this situation, and has collaborated in a Commission to develop a comprehensive solution to the wastewater problem of Finca San Juan. Therefore, based on the foregoing, it is concluded that this Appeal lacks technical, legal, and regulatory grounds, since AyA has complied with the obligations imposed by force of law within the constitutional and legal framework by the principle of legality; consequently, no constitutional right of the appellant has been violated. IV. EVIDENCE Technical report prepared by William Leininger Sancho, official of the Operation and Maintenance of the RyT Collection System, No. DRyT-OMSR-2026-00122 dated March 6, 2026, and its annexes.
V. PETITION Based on the cited regulations and the evidence I provide in this act, I respectfully request your Authority to DECLARE THIS AMPARO APPEAL WITHOUT MERIT and to exonerate AyA from all liability and condemnation for costs, damages, and losses.”
Drafted by Judge Rueda Leal; and,
Considering:
I-. PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant indicates that the housing project of Rincón Grande de Pavas was developed and administered by the INVU approximately 30 years ago, and that the IMAS was responsible for preparing the technical profiles to determine the beneficiaries. He claims that the project has not been completed comprehensively. He maintains that the families were placed on a property that initially lacked an adequate site design or urban planning approach, as well as lacking basic infrastructure such as curbs and gutters (cordones de caño), sanitary sewerage, stormwater evacuation systems, among others. He points out that several families were relocated to Sector III where problems of overpopulation, overcrowding, black water, and lack of sewerage currently persist. He alleges that in Sector Three, the Municipality of San José does not provide maintenance to green areas, drainage systems, and other public infrastructure, which is aggravated by the presence of black water. He claims that this local government evicted 100 families and that more evictions are in process.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:
The foregoing, because the resources independently are insufficient for the required works. The technical recommendations must eventually be validated by the heads of each of the entities involved. To date, the project is in a phase of technical and legal analysis, which is why the definitive execution deadlines are still to be defined.” (See documentary evidence).
A series of branch lines were formed on each of the streets of the Urbanization, but these branch lines were not connected to each other in order to collect and transport the wastewater to a treatment plant, so the residents of the place have connected the wastewater from the dwellings to this pipeline, which causes them to discharge directly onto the ground and subsequently fall into the Tiribí River channel. (See technical report No. DRyT-OMSR-2026-00122 dated March 6, 2026). 2. Between 2019 and 2021, AyA, in its governing capacity, participated in a commission led by the Municipality of San José, in which other institutions participated (MIVAH, INVU, etc.). As part of the work carried out by AyA, the terms of reference for contracting preliminary studies, design, and construction of a wastewater treatment plant were delivered (Official Letter DRyT-2021-00147 is attached). In addition, AyA reported on the need to consider the construction of a new sanitary sewer system, as well as an interceptor to gather and carry the wastewater from all streets to the treatment plant.
Additionally, the Commission was informed that the land where the treatment plant was intended to be built did not have sufficient area, since they had initially contemplated the location of the plant on land that corresponded to a river protection zone. To overcome this limitation, the development of a national convenience declaration was recommended in order to build the treatment system in the river protection zone. It was also reported that said property needed to have street frontage so that it would have drinking water and three-phase electricity services. Currently, given that the conditions for the formation of a treatment plant do not exist in the area, both the Municipality and INVU are evaluating the possibility of building at least 2 pumping stations that operate in series and pump the wastewater to an AyA treatment plant (Los Tajos). It is important to mention that for the development of all these works, it is initially necessary to relocate the residents who have invaded the forest reserve zones left by INVU, as well as public roads or streets and park areas, and the river protection zone. If this work is not carried out beforehand, it is impossible to develop the improvements to solve the wastewater problem of the place.” (See report submitted by the executive president of the ICAA).
In the case at hand, the appellant indicates that the housing project of Rincón Grande de Pavas was developed and administered by the INVU approximately 30 years ago, and that the IMAS was responsible for preparing the technical profiles to determine the beneficiaries. He claims that the project has not been completed comprehensively.
It argues that the families were placed on a property that initially lacked an adequate site design or urban planning approach, as well as lacking basic infrastructure such as curbs and gutters (cordones de caño), sanitary sewerage (alcantarillado sanitario), stormwater drainage systems (sistemas de evacuación de aguas pluviales), among others. It points out that several families were relocated to Sector III, where problems of overpopulation, overcrowding (hacinamiento), black water (aguas negras), and absence of sewerage persist. It claims that in Sector Three, the Municipality of San José does not maintain green areas, gutter systems, and other public infrastructure, a situation aggravated by the presence of black water. It accuses that local government of evicting 100 families and that more evictions are underway.
The Court verifies that the Finca San Juan settlement (asentamiento) consists of Stages I, II, and III and is located in the southeast of Rincón Grande de Pavas. This project was designed and built by IMAS, but transferred to INVU in November 1995, to formalize the transfer of lots to potential beneficiaries. Since 2008, INVU transferred the streets, avenues, tree-lined walks (alamedas), parks, and common areas of the Finca San Juan project to the Municipality of San José. In the agreement issued by the Board of Directors of Banco Hipotecario de la Vivienda on October 5, 2009, financing was granted for the communal voucher (bono comunal) project to improve the infrastructure of the third stage of the Finca San Juan project, highlighting: “• Potable water network. • Stormwater drainage network. • Sanitary and sewage (aguas servidas y sanitarias) network. • Pavements (Sub-base, Base, and Asphalt Layer). • Complementary works (Sidewalks – Curb and Gutter). • Electrical distribution network. • Children's playgrounds. • Other works (Grassing (Enzacatado) and signage).” On July 4, 2019, a framework cooperation agreement was signed for the development of urban infrastructure construction projects between INVU and the Municipality of San José.
On September 17, 2021, BANHVI approved the feasibility and financing for the communal voucher projects. On January 11, 2024, the Budget Department of the Municipality of San José certified that: “The project ‘PROYECTO MEJORAMIENTO MEDIANTE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN FINCA SAN JUAN PAVAS’ for an amount of ¢800,000,000.00 is approved by the General Comptroller of the Republic (Contraloría General de la República) through official communication DFOE-LOC-2539-2023 and is included in the ordinary budget 2024.” On September 30, 2024, a communication was filed before ICAA by a councilor of the Municipality of San José, stating: “we address you so that you may use your good offices and intervene in the wastewater sewerage on Dirección08, which intersects with Dirección06, as it presents an accumulation of black water that is (sic) overflowing its capacity onto the street surface, being a possible vector of contamination causing diseases, a breeding ground for mosquitoes, among others; therefore, it is urgent that it be intervened in the most (sic) expeditious manner and a definitive solution be provided, since the problem is not eliminated simply by emptying the sewerage but rather a total solution must be given.
Location NIS Dirección07.” The sanitary sewerage network of the Finca San Juan settlement is not an asset of ICAA; therefore, it neither charges for nor provides maintenance service for such network. At the time this matter was filed, the works for the collection and treatment of sewage and sanitary waters (aguas servidas y sanitarias) of the Finca San Juan settlement, Stages I, II, and III, are pending execution. For this purpose, MIVAH made a budget transfer to the Municipality of San José for Stage III. There is an inter-institutional working group comprised of personnel from the Ministry of Housing and Human Settlements (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos), ICAA, Municipality of San José, BANHVI, and INVU. Currently, there are “resources from the Financial System for Housing (Sistema Financiero para la Vivienda) of BANHVI, reserved for INVU as an authorized entity, from the collective voucher (bono colectivo) for Finca San Juan Stage III, and resources from the Municipality of San José, transferred by MIVAH for the environmental sanitary rehabilitation (saneamiento ambiental sanitario) of the sector.” Through official communication GPS-GVAH-0011-2026 of March 5, 2026, the Housing and Human Settlements Management (Gestión de Vivienda y Asentamientos Humanos) of the Municipality of San José explains: “(…) 2- In 2018, work in the informal settlement of Finca San Juan, in Rincón Grande de Pavas, was defined as an institutional priority, with urban renewal initiatives for the slums (precarios) of Relleno and Tapón, located in Finca San Juan, Stage I the former and Stage III the latter (…) 14- Already in April 2023, after numerous attempts to align the interests of the institutions INVU, MIVAH, and AyA, with the new heads appointed in the Chaves Robles Administration, the MSJ reached the conclusion that on this topic, the institutional positions would continue to revolve around particular interests disconnected from the imperative need to make the public investment approved for Finca San Juan, represented in 800 million colones for environmental rehabilitation (saneamiento ambiental) contributed by MIVAH and 1,234 million for the communal voucher of Stage III contributed by BANHVI, an amount that was expanded with a new item from the national budget by MIVAH.
It was then proposed to begin the exhaustion of the administrative route, requesting decision-making from INVU and AyA on the bottlenecks that prevented the MSJ from executing the project. This is how official communications GPS-GVAH-012-2023 (…) were sent, a request for official validation in 2023 of the decision to build the Finca San Juan Wastewater Treatment Plant (PTAR) in 2020, to Eng. Alejandro Guillén Guardia, Executive President of AyA, dated April 25, 2023, and official communication GPS-GVAH-020-2023 (…), addressed to Arch. Jessica Martínez Porras, Minister of Housing and Human Settlements and Executive President of INVU, dated May 26, 2023. These communications received no response in time, leading to the filing of the closure of the administrative route with their hierarchical superior, the President of the Republic, through official communication GPS-GVAH-033-2023 (…) signed on July 18, 2023.
This communication was also not answered in time or form, thus the administrative route is considered exhausted regarding these investment projects, due to the lack of interest from these institutions and the legal impossibility for the MSJ to resolve this case through said administrative route. 15- Regarding the capital transfer item from MIVAH to the MSJ, which has been deposited in municipal coffers since December 28, 2021, it has not been possible to execute it because in the second procurement process of 2022, the preparation of the design and the approval paperwork for construction plans was proposed, a process that was declared unsuccessful due to irremediable defects detected by the Institutional Procurement Department (Proveeduría institucional) of the MSJ. The opinion of the Finance and Budget Committee of the Municipal Council (Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal) No. 0171-CHP-2022 (…), dated April 17, 2023, is attached. 16- Regarding this capital transfer, backed by a financial and technical cooperation agreement between MIVAH and the MSJ, whose signed second addendum (…) expired on May 5, 2022, the MSJ requested its extension from MIVAH through a third addendum; however, this request was never answered by MIVAH, nor has it been the interest of the current municipal administration, through its Housing and Human Settlements Management team, to pressure for it to be legally validated and finally executed.
The request to MIVAH was made through official communication MSJ-ALCALDÍA-1018-2024 (…) signed by Eng. Jhonny Araya, Mayor of San José, dated April 23, 2024. Finally, on May 30, 2024, official communication Ultimas acciones tomadas transferencia 01-05_2024-firmado (…) was issued, signed by the undersigned, Eng. Jorge Mora Oconitrillo, containing the proposed roadmap to technically adjust the works subject to the MIVAH-MSJ Agreement.” Through official communication SCMRP-108-2026 of March 6, 2026, the Pluvial Construction and Maintenance Section (Sección de Construcción y Mantenimiento Pluvial) of the Municipality of San José indicates: “regarding the competencies of the Municipality of San José, specifically the competencies of the Pluvial Network Construction and Maintenance Section, they focus solely on the following: ▪ Cleaning and maintenance of catch basins (tragantes), manholes (pozos), pipes, headwalls (cabezales), and detention tanks (tanques de retardo) that comprise the municipal pluvial network. ▪ Placement of grates (rejillas) and catchment basin covers (tapas de tragantes) and repair thereof, pipe replacements, and repair of road subsidence (hundimientos de vía). ▪ Maintenance of the Pluvial Cadastre (Catastro Pluvial), which consists of surveying all information on the existing pluvial system, such as pipe diameters, depths, and slopes. ▪ Granting of permits for pluvial drainage outlets (desfogues pluviales) from new or existing constructions to the municipal pluvial system. ▪ Design, planning, and development of new projects in pluvial matters.
It must be noted that this Section has periodically (sic) cleaned the existing pluvial system as well as placed grates and flangers in the catch basins and pluvial manholes, tasks pertaining to this Section.” Through report DPH-UPH-047-2026 issued by INVU in March 2026, it is concluded: “INVU has participated actively and constantly in the inter-institutional coordination bodies. ▪ The issue outlined in the appeal is structural and historical in nature, and addressing it requires an integral solution involving multiple State institutions. ▪ Approved financial resources exist for infrastructure improvements in Stage III, through the Collective Voucher (Bono Colectivo) resources from BANHVI directed to INVU. ▪ Resources are available according to the Technical-Financial Cooperation Agreement between the Ministry of Housing and the Municipality of San José, for the Neighborhood Improvement Project through sanitary sewerage works and a treatment plant in Finca San Juan, Pavas. ▪ As a result of the inter-institutional working groups, the possibility of unifying the resources from the Collective Voucher with the resources transferred to the municipality is being evaluated to provide an integral solution to the community that can encompass the three stages of Finca San Juan.
This is because the resources independently are insufficient for the required works. ▪ The technical recommendations must eventually be validated by the heads of each of the entities involved. ▪ To date, the project is in a technical and legal analysis phase, which is why the definitive execution deadlines are yet to be defined.” The executive president of ICAA explains: “1. It is relevant for the resolution of this appeal to inform that the sanitary sewerage network of the Finca San Juan Urbanization is not an asset of AyA; therefore, the Institution does not charge for the sanitary sewerage service, nor does it provide maintenance service to said network. According to the information gathered, this network belongs to the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), and it was not completed, does not meet the required conditions to collect wastewater from the properties in the area, and it is thus considered that the inhabitants of this Urbanization must dispose of their wastewater using a methodology approved by the Ministry of Health (Ministerio de Salud).
Due to the competencies over wastewater management and disposal, AyA has repeatedly informed the Ministry of Health of this situation (see official communications DRyT-OMSR-2019-00603, DRyT-OMSR-2021-00431, DRyT-OMSR-2023-00092, and DRyT-OMSR-2024-00152). At the site, a series of branches were formed on each of the streets in the Urbanization, but these branches were not connected to each other in order to collect and transport wastewater to a treatment plant. Consequently, local residents have connected household waters to this pipe, causing them to discharge directly onto the ground and subsequently fall into the Tiribí River channel. (See technical report No. DRyT-OMSR-2026-00122 dated March 6, 2026). 2. Between 2019 and 2021, AyA, in its governing role, participated in a commission led by the Municipality of San José, in which other institutions participated (MIVAH, INVU, etc.). As part of the work carried out by AyA, terms of reference were delivered for contracting preliminary studies, design, and construction of a wastewater treatment plant (see attached Official Communication DRyT-2021-00147).
Additionally, AyA reported on the need to consider the construction of a new sanitary sewerage system, as well as an interceptor to gather and carry wastewater from all streets to the treatment plant. Furthermore, the Commission was informed that the land where the treatment plant was intended to be built did not have sufficient area, as they had initially considered locating the plant on land that corresponded to a river protection zone. To overcome this limitation, the preparation of a declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) was recommended in order to be able to build the treatment system in the river protection zone. It was also reported that this property needed to have street frontage so that it would have potable water and three-phase electricity services. Currently, given that the conditions for setting up a treatment plant do not exist in the area, both the Municipality and INVU are evaluating the possibility of building at least 2 pumping stations that operate in series and pump wastewater to an AyA treatment plant (Los Tajos).
It is important to mention that for the development of all these works, it is first necessary to relocate the residents who have invaded the forest reserve zones left by INVU, as well as public roads or streets and park zones, and the river protection zone. If this prior work is not carried out, it is impossible to develop the improvements to resolve the wastewater problem in the area.” By virtue of the foregoing, the Court upholds the violation of fundamental rights, due to the lack of diligent and expeditious action by INVU, the Municipality of San José, and ICAA in resolving the problem afflicting the Finca San Juan settlement regarding the collection and treatment of sewage and sanitary waters (aguas servidas y sanitarias).
In this regard, even though it is verified that INVU, the Municipality of San José, and ICAA have carried out actions to resolve the problem affecting the population of Finca San Juan, including the signing of agreements, the management of financial resources, and the creation of an inter-institutional commission, it is no less true that the pertinent works to resolve it have not been executed. This is aggravated when considering that we are facing a structural and historical problem, whose solution requires a comprehensive and inter-institutional approach.
Thus, it should be clarified that the fact that the sanitary sewerage network of the settlement is not currently an asset of ICAA does not exempt it from its competencies, especially since Law No. 2726 ‘Ley Constitutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados’ provides that ICAA is responsible for: “a) Directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection, and evacuation of black water (aguas negras) and liquid industrial waste and stormwater (aguas pluviales) in urban areas; (…) d) Advising other State bodies and coordinating public and private activities in all matters relating to the establishment of water supply systems (acueductos) and sewerage systems (alcantarillados) and control of water resource contamination, its consultation being mandatory in all cases and compliance with its recommendations being inexcusable; e) To prepare all plans for public works related to the purposes of this law, as well as to approve all those for private works that relate to water supply and sewerage systems, as determined by the respective regulations; (…) i) To construct, expand, and reform water supply and sewerage systems in those cases where necessary and advisable for the best satisfaction of national needs; (…)” – see Article 2.
Therefore, the appeal is upheld regarding this grievance in relation to INVU, ICAA, and the Municipality of San José, as stated in the operative part of this matter. In this regard, the Court does not fail to warn that, should it be necessary for any other institution that is not a party to this appeal to form part of the inter-institutional commission, the respondent authorities must manage what is appropriate to include it.
IV.Regarding the lack of maintenance alleged for green areas, gutter systems, and other public infrastructure, as well as the evictions carried out by the Municipality of San José, note that the claims were formulated generically, as no reference was made to any specific area experiencing such problem. Nor was any family that has been evicted and the fundamental rights estimated to be violated to their detriment detailed, which prevents analysis by this Chamber. In any case, through official communication SCMRP-108-2026 of March 6, 2026, the Pluvial Construction and Maintenance Section of the Municipality of San José indicates: “regarding the competencies of the Municipality of San José, specifically the competencies of the Pluvial Network Construction and Maintenance Section, they focus solely on the following: ▪ Cleaning and maintenance of catch basins, manholes, pipes, headwalls, and detention tanks that comprise the municipal pluvial network. ▪ Placement of grates and catchment basin covers and repair thereof, pipe replacements, and repair of road subsidence. ▪ Maintenance of the Pluvial Cadastre, which consists of surveying all information on the existing pluvial system, such as pipe diameters, depths, and slopes. ▪ Granting of permits for pluvial drainage outlets from new or existing constructions to the municipal pluvial system. ▪ Design, planning, and development of new projects in pluvial matters.
It must be noted that this Section has periodically (sic) cleaned the existing pluvial system as well as placed grates and flangers in the catch basins and pluvial manholes, tasks pertaining to this Section.”
Consequently, the appeal is not upheld regarding this grievance; however, the mayor of San José should take note that he must coordinate what is pertinent and carry out the actions that are within the scope of his competencies, in order to guarantee the adequate maintenance of the streets, avenues, tree-lined walks, parks, and common areas of the Finca San Juan project.
V.Finally, no action or omission by IMAS is observed that has violated fundamental rights in the terms in which the appeal was brought, which is why it is declared without merit as to that party.
Regarding the lack of infrastructure, as a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that administrative conduct (whether omissive or not), or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where the appellant accuses that the Rincón Grande de Pavas housing project has not been definitively completed, noting that it lacked basic infrastructure such as curbs and gutters, sanitary sewerage, stormwater drainage systems, among others. Currently, problems of overpopulation, overcrowding, black water, and absence of sewerage persist. Furthermore, maintenance is not provided for the gutter systems and other public infrastructure, a situation aggravated by the presence of black water.
Furthermore, regarding the environmental issue, it is also the undersigned’s opinion that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its hearing and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and contamination-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the appellant accuses that there are problems of sanitary sewerage, stormwater drainage systems, among others. In addition, maintenance is not provided for the gutter systems and other public infrastructure, a situation aggravated by the presence of black water, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
The parties are warned that, if any document on paper or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device have been provided, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (approved by the Full Court in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012) and Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) No. 43-12 of May 3, 2012.
Therefore:
The appeal is partially upheld, only against the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), and the Municipality of San José, due to the delay in resolving the problem afflicting the Finca San Juan settlement regarding the collection and treatment of sewage and sanitary waters (aguas servidas y sanitarias). Yariela Quirós Álvarez, Gabriela Madrigal Garro, and Lourdes Sáurez Barboza are hereby ordered, each in their capacity as acting mayor of the Municipality of San José, executive president of the National Institute of Housing and Urbanism, and executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, respectively, or whoever occupies those positions in their stead, to coordinate what is necessary, take appropriate measures, and issue the corresponding orders within the scope of their respective competencies, so that: i) within a period of FIVE DAYS, counted from the notification of this ruling, an inter-institutional commission be created specifically tasked with addressing the problem afflicting the Finca San Juan settlement regarding the collection and treatment of sewage and sanitary waters; and ii) within a period of ONE MONTH, counted from the creation of the aforementioned inter-institutional commission, a plan be designed to address the problem that is the subject of this appeal, which must be communicated to this Chamber.
The mayor of San José should take note of what is indicated at the end of Considerando IV of this ruling. The foregoing is issued with the warning that, based on Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on those who receive an order that they must execute or cause to be executed, issued in an amparo appeal (recurso de amparo), and fail to execute it or cause it to be executed, provided the offense is not more severely punished. The National Institute of Housing and Urbanism, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of San José are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative contentious jurisdiction. For the rest, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. ALCANTARILLADO.
Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
ALCANTARILLADO.
010905-26. PODER EJECUTIVO. MUNICIPALIDAD. SERVICIOS PÚBLICOS. SE ORDENA AL INVU, IMAS, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, COORDINAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES HABITACIONALES, FUNDAMENTALMENTE SOBRE LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SANITARIAS, EN EL PROYECTO FINCA SAN JUAN EN RINCÓN GRANDE DE PAVAS. VCG04/2026 “(…) III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente indica que el proyecto habitacional de Rincón Grande de Pavas fue desarrollo y administrado por el INVU hace aproximadamente 30 años, así como que el IMAS fue responsable de elaborar las fichas técnicas para determinar a las personas beneficiarias. Acusa que el proyecto no ha concluido integralmente. Sostiene que las familias fueron ubicadas en una propiedad que inicialmente no contaba con un diseño de sitio ni planteamiento urbanístico adecuado, así como que carecía de infraestructura básica como cordones de caño, alcantarillado sanitario, sistemas de evacuación de aguas pluviales, entre otros.
Señala que se trasladó a varias familias al sector III donde actualmente persisten problemas de sobrepoblación, hacinamiento, aguas negras y ausencia de alcantarillado. Reclama que en el sector tres no se da mantenimiento por parte de la Municipalidad de San José a las áreas verdes, sistemas de caño y otra infraestructura pública, lo que se agrava con la presencia de aguas negras. Acusa que ese gobierno local desalojó a 100 familias y que hay más desalojos en proceso.
El Tribunal verifica que el asentamiento finca San Juan consta de las etapas I, II y III y está ubicado en el sureste de Rincón Grande de Pavas. Tal proyecto fue diseñado y construido por el IMAS, pero traspasado al INVU en noviembre de 1995, a fin de formalizar los traspasos de los lotes a potenciales beneficiarios. Desde el año 2008, el INVU traspasó las calles, avenidas, alamedas, parques y áreas comunes del proyecto Finca San Juan a la Municipalidad de San José. En el acuerdo emitido por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda el 5 de octubre de 2009 se otorgó financiamiento para el proyecto de bono comunal, a fin de mejorar la infraestructura de la tercera etapa del proyecto finca San Juan, entre lo que destaca: “? Red de agua potable. ? Red de evacuación pluvial. ? Red de evacuación de aguas servidas y sanitarias. ? Pavimentos (Sub-Base, Base y Carpeta Asfáltica). ?
Obras complementarias (Aceras – Cordón y caño). ? Red de distribución eléctrico. ? Juegos infantiles. ? Otras obras (Enzacatado y señalización)”. El 4 de julio de 2019 se firmó un convenio marco de cooperación para el desarrollo de proyectos de construcción de infraestructura urbana entre el INVU y la Municipalidad de San José. El 17 de setiembre de 2021, el Banhvi aprobó la factibilidad y financiamiento para los proyectos de bono comunal. El 11 de enero de 2024, el Departamento de Presupuesto de la Municipalidad de San José hizo constar que: “El proyecto “PROYECTO MEJORAMIENTO MEDIANTE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN FINCA SAN JUAN PAVAS” por un monto de ¢800.000.000,00 se encuentra aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-LOC-2539-2023 y está incluido en el presupuesto ordinario 2024”. El 30 de setiembre de 2024 se planteó un oficio ante el ICAA por parte de una regidora de la Municipalidad de San José, mediante el cual se expuso: “nos dirigimos a ustedes para que interpongan sus buenos oficios y se intervenga el alcantarillado de aguas residuales en la Dirección08, misma que interseca con la Dirección06 ya que presenta una acumulación de agua negras que esta (sic) rebalsando su capacidad a la superficie de la calle, siendo un posible vector de contaminación provocando enfermedades, criadero de zancudos entre otros; por lo que urge se intervenga en la forma mas (sic) expedita y pueda dársele una solución definitiva ya que el problema no se elimina solo con vaciar el alcantarillado sino debe darse una solución total.
Nis de ubicación Dirección07”. La red de alcantarillado sanitario del asentamiento Finca San Juan no es activo del ICAA, por lo que no cobra ni brinda servicio de mantenimiento de tal red. Al momento de interposición de este asunto, están pendientes de ejecutar las obras de recolección y tratamiento de aguas servidas y sanitarias del asentamiento Finca San Juan Etapas I, II y III, para lo cual el MIVAH efectuó una transferencia presupuestaria a la Municipalidad de San José para la etapa III. Existe una mesa de trabajo interinstitucional conformada por personal del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, ICAA, Municipalidad de San José, Banhvi e INVU. En la actualidad se cuenta “con recursos del Sistema Financiero para la Vivienda del BANHVI, reservados para el INVU como entidad autorizada, del bono colectivo para Finca San Juan III Etapa, y recursos de la Municipalidad de San José, transferidos por el MIVAH para el saneamiento ambiental sanitario del sector”.
Mediante oficio GPS-GVAH-0011-2026 del 5 de marzo de 2026, la Gestión de Vivienda y Asentamientos Humanos de la Municipalidad de San José explica: “(…) 2-En el año 2018, se define como prioridad institucional el trabajo en el asentimiento informal de Finca San Juan, en Rincón Grande de Pavas, con iniciativas de renovación urbana para los precarios del Relleno y el Tapón, situados en Finca San Juan, Etapa I el primero y Etapa III el segundo (…) 14- Ya en abril de 2023, después de numerosos intentos por alinear los intereses de las instituciones INVU, MIVAH y AyA, con los nuevos jerarcas nombrados en la Administración Chaves Robles, la MSJ llegó a la conclusión que sobre este tema, las posiciones institucionales iban a seguir redundando sobre intereses particulares desligados de la necesidad imperiosa de realizar la inversión pública aprobada para Finca San Juan, representadas en 800 millones de colones para el saneamiento ambiental aportados por el MIVAH y 1234 millones para el bono comunal de la etapa III aportados por el BANHVI, monto que fue ampliado con una nueva partida del presupuesto nacional por parte del MIVAH.
Se planteó entonces iniciar el agotamiento de la vía administrativa, solicitándole la toma de decisiones al INVU y al AyA sobre los cuellos de botella que no permitían ejecutar el proyecto a la MSJ. Fue así como se enviaron los oficios GPS-GVAH-012-2023 (…), solicitud de validación oficial en 2023 de la decisión de construir Ptar Finca San Juan en 2020, al Ing. Alejandro Guillén Guardia, Presidente Ejecutivo del AyA, del 25 de abril de 2023 y, el oficio GPS-GVAH-020-2023 (…), dirigido a la Arq. Jessica Martínez Porras, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y Presidente Ejecutiva del INVU con fecha del 26 de mayo de 2023. De dichos oficios no hubo respuesta en tiempo, por lo que se plantea el cierre de la vía administrativa a su superior jerárquico, el Presidente de la República, con el oficio GPS-GVAH-033-2023 (…) suscrito el 18 de julio de 2023. Este oficio tampoco fue contestado en tiempo ni en forma, por lo que se da por agotada la vía administrativa sobre estos proyectos de inversión, debido a la falta de interés de dichas instituciones y de la imposibilidad legal de la MSJ por resolver este caso en dicha vía administrativa. 15- Respecto a la partida de la transferencia de capital del MIVAH a la MSJ, que está depositada en las arcas municipales desde el 28 de diciembre de 2021, la misma no se ha podido ejecutar, pues en el segundo proceso de contratación del 2022, se planteó la elaboración del diseño y la tramitología de aprobación de planos constructivos, proceso que fue declarado infructuoso por defectos insubsanables detectados por la Proveeduría institucional de la MSJ.
Se adjunta el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal No. 0171-CHP-2022 (…), del 17 de abril 2023. 16- Sobre esta transferencia de capital, respaldada por un convenio de cooperación financiera y técnica entre el MIVAH y la MSJ, cuya segunda adenda firmada (…) se vencía EL 5 de mayo de 2022, la MSJ solicitó al MIVAH su ampliación mediante una tercera adenda, sin embargo, esta solicitud nunca fue respondida por el MIVAH ni ha sido el interés de la presente administración municipal, a través de su equipo de Gestión de Vivienda y Asentamientos Humanos, presionar para que ésta se valide legalmente y pueda ser finalmente ejecutada. La solicitud al MIVAH se realizó mediante el oficio MSJ-ALCALDÍA-1018-2024 (…) suscrita por el Ing. Jhonny Araya, Alcalde de San José, con fecha 23 de abril de 2024. Finalmente, con fecha del 30 de mayo de 2024, se emite el oficio Ultimas acciones tomadas transferencia 01-05_2024-firmado (…) firmada por el suscrito, Ing. Jorge Mora Oconitrillo, que contiene la hoja de ruta propuesta para poder ajustar en términos técnicos, las obras objeto del Convenio MIVAH-MSJ”.
Por oficio SCMRP-108-2026 del 6 de marzo de 2026, la Sección de Construcción y Mantenimiento Pluvial de la Municipalidad de San José indica: “con respecto a las competencias de la Municipalidad de San José, específicamente las competencias de la Sección Construcción y Mantenimiento de Red Pluvial, solamente se enfocan en lo siguiente: ? Limpieza y mantenimiento de tragantes, pozos, tuberías, cabezales y tanques de retardo que componen la red pluvial municipal. ? Colocación de rejillas y tapas de tragantes y reparación de estos, cambios de tuberías y reparación de hundimientos de vía. ? Mantenimiento del Catastro Pluvial, que consiste en el levantamiento de toda la información del sistema pluvial existente, como diámetros de tuberías, profundidades pendientes. ? Otorgamiento de permisos para desfogues pluviales de construcciones nuevas o existentes al sistema pluvial municipal. ? Diseño, planificación y desarrollo de nuevos proyectos en materia pluvial.
No se omite indicar que, esta Sección periódicamente a (sic) realizado la limpieza del sistema pluvial existente como también con la colocación de rejillas y flangers en los tragantes y pozos pluviales, labores atinentes a esta Sección”. Mediante informe DPH-UPH-047-2026 emitido por el INVU en marzo de 2026 se concluye: “El INVU ha participado de manera activa y constante en las instancias de coordinación interinstitucional. ? La problemática expuesta en el recurso es de carácter estructural e histórico, y su abordaje requiere una solución integral que involucre a múltiples instituciones del Estado. ? Existen recursos financieros aprobados para mejoras de infraestructura en la Etapa III, por medio del Bono Colectivo recursos BANHVI dirigidos al INVU. ? Hay disponibilidad de recursos según el Convenio de Cooperación Técnico Financiera entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de San José, para el Proyecto de mejoramiento barrial mediante obras de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en Finca San Juan, Pavas. ?
Como resultado de las mesas de trabajo interinstitucional, se valora la posibilidad de unificar los recursos del Bono Colectivo con los recursos transferidos al municipio para brindar una solución integral en la comunidad y que pueda abarcar las tres etapas de Finca San Juan. Lo anterior, debido a que los recursos de manera independiente son insuficientes para las obras requeridas. ? Las recomendaciones técnicas, deberán eventualmente ser validadas por los jerarcas de cada una de las entidades involucradas. ? A la fecha, el proyecto se encuentra en una fase de análisis técnico y legal, razón por la cual los plazos definitivos de ejecución están aún por definirse”. La presidenta ejecutiva del ICAA explica: “1. Es relevante para la resolución de este recurso informar que la red de alcantarillado sanitario de la Urbanización Finca San Juan, no es un activo del AyA, por lo que la Institución no cobra el servicio de alcantarillado sanitario, ni brinda el servicio de mantenimiento a dicha red; según la información recabada, esta red le pertenece al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, siendo que no fue concluida, no reúne las condiciones requeridas para recolectar las aguas residuales de las propiedades del lugar, por lo que se considera que los habitantes de esta Urbanización deben disponer sus aguas residuales mediante metodología aprobada por el Ministerio de Salud.
En razón de las competencias sobre el manejo y disposición de las aguas residuales, AyA ha informado de forma reiterada al Ministerio de Salud de esta situación (ver oficios DRyT-OMSR-2019-00603, DRyT-OMSR-2021-00431, DRyT-OMSR-2023-00092 y DRyT-OMSR-2024-00152). En el sitio se conformaron una serie de ramales en cada una de las calles de la Urbanización, pero estos ramales nos fueron conectados entre sí a fin de poder recolectar y transportar las aguas residuales hasta una planta de tratamiento, por lo que los vecinos del lugar han conectado las aguas de las viviendas a esta tubería, lo cual provoca que estas descarguen en forma directa al terreno para posteriormente caer al cauce del Río Tiribí. (Ver informe técnico No. DRyT-OMSR-2026-00122 de fecha 6 de marzo del 2026). 2. Entre los años 2019 al 2021, AyA en su condición rectora, participó en una comisión liderada por la Municipalidad de San José, en la cual participaron otras instituciones (MIVAH, INVU, etc.).
Como parte de las labores realizadas por el AyA se entregaron lo términos de referencia para contratación de estudios preliminares, diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (se adjunta el Oficio DRyT-2021- 00147). Además, el AyA informó sobre la necesidad de considerar la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario, así como de un interceptor para reunir y llevar las aguas residuales de todas las calles hasta la planta de tratamiento. Adicionalmente, se le informó a la Comisión que el terreno donde se pretendía construir la planta de tratamiento no tenía la suficiente área ya que inicialmente habían contemplado la ubicación de la planta en un terreno que correspondía a zona de protección del río. Para solventar esta limitación se recomendó la elaboración de una declaratoria de conveniencia nacional a fin de poder construir el sistema de tratamiento en la zona de protección del río.
También se informó que dicha propiedad debía tener frente a calle, a fin de que ésta contara con los servicios de agua potable y electricidad trifásica. En la actualidad, dado a que en la zona no existen las condiciones para la conformación de una planta de tratamiento, tanto la Municipalidad como el INVU, están valorando la posibilidad de construir al menos 2 estaciones de Bombeo las cuales funcionen en serie y bombeen las aguas residuales a una planta de tratamiento de AyA (Los Tajos). Es importante mencionar que para el desarrollo de todas estas obras, inicialmente es necesario reubicar a los vecinos quienes han invadido las zonas de reserva forestal dejadas por el INVU, así como las vías públicas o calles y zonas de parques, y zona de protección del río. De no efectuarse esta labor de previo, es imposible el desarrollo de las mejoras para solventar la problemática de las aguas residuales del lugar”.
En virtud de lo expuesto, la Sala verifica la lesión a los derechos fundamentales, debido a la falta de actuación diligente y célere del INVU, la Municipalidad de San José y el ICAA en solventar la problemática aquejada por el asentamiento finca San Juan respecto a la recolección y tratamiento de aguas servidas y sanitarias.
Sobre el particular, aun cuando se comprueba que el INVU, la Municipalidad de San José y el ICAA han llevado a cabo actuaciones a fin de resolver la problemática que afecta a la población de Finca San Juan, lo que incluye la firma de convenios, la gestión de recursos financieros y la creación de una comisión interinstitucional, no menos cierto es que no se han ejecutado las obras pertinentes para solventarla. Lo anterior se agrava al considerar que se está ante una problemática estructural e histórica, cuya solución exige un abordaje integral e interinstitucional.
En ese tanto, conviene aclarar que el hecho de que la red de alcantarillado sanitario del asentamiento no sea activo del ICAA en la actualidad, no le exime a este de sus competencias, máxime que en la ley nro. 2726 ‘Ley Constitutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados’ se prevé que corresponde al ICAA: “a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; (…) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones; e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos; (…) i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; (…)” -véase artículo 2-.
Por ende, se estima el recurso en lo que a este agravio refiere en cuanto al INVU, el ICAA y la Municipalidad de San José, según lo indicado en la parte dispositiva de este asunto. Al respecto, el Tribunal no omite advertir que, en caso de que resulte necesario que alguna otra institución que no se encuentre accionada en este recurso forme parte de la comisión interinstitucional, deberán las autoridades recurridas gestionar lo correspondiente para incluirla.
IV.En cuanto a la falta de mantenimiento acusada a las áreas verdes, sistemas de caño y otra infraestructura pública, así como a los desalojos realizados por la Municipalidad de San José, adviértase que los reclamos se formularon de manera genérica, dado que no se hizo referencia a alguna área específica que tenga esa problemática. Tampoco se detalló a alguna familia que haya sido desalojada y los derechos fundamentales que se estiman lesionados en su perjuicio, lo que impide el análisis por parte de esta Cámara. En todo caso, por oficio SCMRP-108-2026 del 6 de marzo de 2026, la Sección de Construcción y Mantenimiento Pluvial de la Municipalidad de San José indica: “con respecto a las competencias de la Municipalidad de San José, específicamente las competencias de la Sección Construcción y Mantenimiento de Red Pluvial, solamente se enfocan en lo siguiente: ? Limpieza y mantenimiento de tragantes, pozos, tuberías, cabezales y tanques de retardo que componen la red pluvial municipal. ?
Colocación de rejillas y tapas de tragantes y reparación de estos, cambios de tuberías y reparación de hundimientos de vía. ? Mantenimiento del Catastro Pluvial, que consiste en el levantamiento de toda la información del sistema pluvial existente, como diámetros de tuberías, profundidades pendientes. ? Otorgamiento de permisos para desfogues pluviales de construcciones nuevas o existentes al sistema pluvial municipal. ? Diseño, planificación y desarrollo de nuevos proyectos en materia pluvial. No se omite indicar que, esta Sección periódicamente a (sic) realizado la limpieza del sistema pluvial existente como también con la colocación de rejillas y flangers en los tragantes y pozos pluviales, labores atinentes a esta Sección”.
Ergo, no se acoge el recurso en cuanto a este agravio; sin embargo, tome nota el alcalde de San José de que deberá coordinar lo pertinente y llevar a cabo las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de garantizar el adecuado mantenimiento de las calles, avenidas, alamedas, parques y áreas comunes del proyecto Finca San Juan.
V.Finalmente, no se observa alguna acción u omisión del IMAS que haya lesionado los derechos fundamentales en los términos en que se planteó el recurso, motivo por el que se declara sin lugar en cuanto a tal parte. (…)”
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Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
En relación con la falta de infraestructura, en tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el proyecto habitacional de Rincón Grande de Pavas no ha concluido definitivamente, siendo que carecía de infraestructura básica como cordones de caño, alcantarillado sanitario, sistemas de evacuación de aguas pluviales, entre otros. Actualmente persisten problemas de sobrepoblación, hacinamiento, aguas negras y ausencia de alcantarillado. Además, no se da mantenimiento a los sistemas de caño y otra infraestructura pública, lo que se agrava con la presencia de aguas negras.
Por otra parte, en cuanto al tema ambiental, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que existen problemas de alcantarillado sanitario, sistemas de evacuación de aguas pluviales, entre otros. Además, no se da mantenimiento a los sistemas de caño y otra infraestructura pública, lo que se agrava con la presencia de aguas negras, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VCG04/2026 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-002473-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, en su condición de representante legal de la Comisión de Gestión Social (CONAGES), contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I-. OBJETO DEL RECURSO. El recurrente indica que el proyecto habitacional de Rincón Grande de Pavas fue desarrollo y administrado por el INVU hace aproximadamente 30 años, así como que el IMAS fue responsable de elaborar las fichas técnicas para determinar a las personas beneficiarias. Acusa que el proyecto no ha concluido integralmente. Sostiene que las familias fueron ubicadas en una propiedad que inicialmente no contaba con un diseño de sitio ni planteamiento urbanístico adecuado, así como que carecía de infraestructura básica como cordones de caño, alcantarillado sanitario, sistemas de evacuación de aguas pluviales, entre otros. Señala que se trasladó a varias familias al sector III donde actualmente persisten problemas de sobrepoblación, hacinamiento, aguas negras y ausencia de alcantarillado. Reclama que en el sector tres no se da mantenimiento por parte de la Municipalidad de San José a las áreas verdes, sistemas de caño y otra infraestructura pública, lo que se agrava con la presencia de aguas negras. Acusa que ese gobierno local desalojó a 100 familias y que hay más desalojos en proceso.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Lo anterior, debido a que los recursos de manera independiente son insuficientes para las obras requeridas. Las recomendaciones técnicas, deberán eventualmente ser validadas por los jerarcas de cada una de las entidades involucradas. A la fecha, el proyecto se encuentra en una fase de análisis técnico y legal, razón por la cual los plazos definitivos de ejecución están aún por definirse”. (Ver prueba documental).
En el sitio se conformaron una serie de ramales en cada una de las calles de la Urbanización, pero estos ramales nos fueron conectados entre sí a fin de poder recolectar y transportar las aguas residuales hasta una planta de tratamiento, por lo que los vecinos del lugar han conectado las aguas de las viviendas a esta tubería, lo cual provoca que estas descarguen en forma directa al terreno para posteriormente caer al cauce del Río Tiribí. (Ver informe técnico No. DRyT-OMSR-2026-00122 de fecha 6 de marzo del 2026). 2. Entre los años 2019 al 2021, AyA en su condición rectora, participó en una comisión liderada por la Municipalidad de San José, en la cual participaron otras instituciones (MIVAH, INVU, etc.). Como parte de las labores realizadas por el AyA se entregaron lo términos de referencia para contratación de estudios preliminares, diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (se adjunta el Oficio DRyT-2021- 00147).
Además, el AyA informó sobre la necesidad de considerar la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario, así como de un interceptor para reunir y llevar las aguas residuales de todas las calles hasta la planta de tratamiento. Adicionalmente, se le informó a la Comisión que el terreno donde se pretendía construir la planta de tratamiento no tenía la suficiente área ya que inicialmente habían contemplado la ubicación de la planta en un terreno que correspondía a zona de protección del río. Para solventar esta limitación se recomendó la elaboración de una declaratoria de conveniencia nacional a fin de poder construir el sistema de tratamiento en la zona de protección del río. También se informó que dicha propiedad debía tener frente a calle, a fin de que ésta contara con los servicios de agua potable y electricidad trifásica. En la actualidad, dado a que en la zona no existen las condiciones para la conformación de una planta de tratamiento, tanto la Municipalidad como el INVU, están valorando la posibilidad de construir al menos 2 estaciones de Bombeo las cuales funcionen en serie y bombeen las aguas residuales a una planta de tratamiento de AyA (Los Tajos).
Es importante mencionar que para el desarrollo de todas estas obras, inicialmente es necesario reubicar a los vecinos quienes han invadido las zonas de reserva forestal dejadas por el INVU, así como las vías públicas o calles y zonas de parques, y zona de protección del río. De no efectuarse esta labor de previo, es imposible el desarrollo de las mejoras para solventar la problemática de las aguas residuales del lugar”. (Ver informe rendido por la presidenta ejecutiva del ICAA).
En el sub lite, el recurrente indica que el proyecto habitacional de Rincón Grande de Pavas fue desarrollo y administrado por el INVU hace aproximadamente 30 años, así como que el IMAS fue responsable de elaborar las fichas técnicas para determinar a las personas beneficiarias. Acusa que el proyecto no ha concluido integralmente. Sostiene que las familias fueron ubicadas en una propiedad que inicialmente no contaba con un diseño de sitio ni planteamiento urbanístico adecuado, así como que carecía de infraestructura básica como cordones de caño, alcantarillado sanitario, sistemas de evacuación de aguas pluviales, entre otros. Señala que se trasladó a varias familias al sector III donde actualmente persisten problemas de sobrepoblación, hacinamiento, aguas negras y ausencia de alcantarillado. Reclama que en el sector tres no se da mantenimiento por parte de la Municipalidad de San José a las áreas verdes, sistemas de caño y otra infraestructura pública, lo que se agrava con la presencia de aguas negras. Acusa que ese gobierno local desalojó a 100 familias y que hay más desalojos en proceso.
El Tribunal verifica que el asentamiento finca San Juan consta de las etapas I, II y III y está ubicado en el sureste de Rincón Grande de Pavas. Tal proyecto fue diseñado y construido por el IMAS, pero traspasado al INVU en noviembre de 1995, a fin de formalizar los traspasos de los lotes a potenciales beneficiarios. Desde el año 2008, el INVU traspasó las calles, avenidas, alamedas, parques y áreas comunes del proyecto Finca San Juan a la Municipalidad de San José. En el acuerdo emitido por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda el 5 de octubre de 2009 se otorgó financiamiento para el proyecto de bono comunal, a fin de mejorar la infraestructura de la tercera etapa del proyecto finca San Juan, entre lo que destaca: “ Red de agua potable. Red de evacuación pluvial. Red de evacuación de aguas servidas y sanitarias. Pavimentos (Sub-Base, Base y Carpeta Asfáltica). Obras complementarias (Aceras – Cordón y caño). Red de distribución eléctrico. Juegos infantiles. Otras obras (Enzacatado y señalización)”.
El 4 de julio de 2019 se firmó un convenio marco de cooperación para el desarrollo de proyectos de construcción de infraestructura urbana entre el INVU y la Municipalidad de San José. El 17 de setiembre de 2021, el Banhvi aprobó la factibilidad y financiamiento para los proyectos de bono comunal. El 11 de enero de 2024, el Departamento de Presupuesto de la Municipalidad de San José hizo constar que: “El proyecto “PROYECTO MEJORAMIENTO MEDIANTE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN FINCA SAN JUAN PAVAS” por un monto de ¢800.000.000,00 se encuentra aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-LOC-2539-2023 y está incluido en el presupuesto ordinario 2024”. El 30 de setiembre de 2024 se planteó un oficio ante el ICAA por parte de una regidora de la Municipalidad de San José, mediante el cual se expuso: “nos dirigimos a ustedes para que interpongan sus buenos oficios y se intervenga el alcantarillado de aguas residuales en la Dirección08, misma que interseca con la Dirección06 ya que presenta una acumulación de agua negras que esta (sic) rebalsando su capacidad a la superficie de la calle, siendo un posible vector de contaminación provocando enfermedades, criadero de zancudos entre otros; por lo que urge se intervenga en la forma mas (sic) expedita y pueda dársele una solución definitiva ya que el problema no se elimina solo con vaciar el alcantarillado sino debe darse una solución total.
Nis de ubicación Dirección07”. La red de alcantarillado sanitario del asentamiento Finca San Juan no es activo del ICAA, por lo que no cobra ni brinda servicio de mantenimiento de tal red. Al momento de interposición de este asunto, están pendientes de ejecutar las obras de recolección y tratamiento de aguas servidas y sanitarias del asentamiento Finca San Juan Etapas I, II y III, para lo cual el MIVAH efectuó una transferencia presupuestaria a la Municipalidad de San José para la etapa III. Existe una mesa de trabajo interinstitucional conformada por personal del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, ICAA, Municipalidad de San José, Banhvi e INVU. En la actualidad se cuenta “con recursos del Sistema Financiero para la Vivienda del BANHVI, reservados para el INVU como entidad autorizada, del bono colectivo para Finca San Juan III Etapa, y recursos de la Municipalidad de San José, transferidos por el MIVAH para el saneamiento ambiental sanitario del sector”.
Mediante oficio GPS-GVAH-0011-2026 del 5 de marzo de 2026, la Gestión de Vivienda y Asentamientos Humanos de la Municipalidad de San José explica: “(…) 2-En el año 2018, se define como prioridad institucional el trabajo en el asentimiento informal de Finca San Juan, en Rincón Grande de Pavas, con iniciativas de renovación urbana para los precarios del Relleno y el Tapón, situados en Finca San Juan, Etapa I el primero y Etapa III el segundo (…) 14- Ya en abril de 2023, después de numerosos intentos por alinear los intereses de las instituciones INVU, MIVAH y AyA, con los nuevos jerarcas nombrados en la Administración Chaves Robles, la MSJ llegó a la conclusión que sobre este tema, las posiciones institucionales iban a seguir redundando sobre intereses particulares desligados de la necesidad imperiosa de realizar la inversión pública aprobada para Finca San Juan, representadas en 800 millones de colones para el saneamiento ambiental aportados por el MIVAH y 1234 millones para el bono comunal de la etapa III aportados por el BANHVI, monto que fue ampliado con una nueva partida del presupuesto nacional por parte del MIVAH.
Se planteó entonces iniciar el agotamiento de la vía administrativa, solicitándole la toma de decisiones al INVU y al AyA sobre los cuellos de botella que no permitían ejecutar el proyecto a la MSJ. Fue así como se enviaron los oficios GPS-GVAH-012-2023 (…), solicitud de validación oficial en 2023 de la decisión de construir Ptar Finca San Juan en 2020, al Ing. Alejandro Guillén Guardia, Presidente Ejecutivo del AyA, del 25 de abril de 2023 y, el oficio GPS-GVAH-020-2023 (…), dirigido a la Arq. Jessica Martínez Porras, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y Presidente Ejecutiva del INVU con fecha del 26 de mayo de 2023. De dichos oficios no hubo respuesta en tiempo, por lo que se plantea el cierre de la vía administrativa a su superior jerárquico, el Presidente de la República, con el oficio GPS-GVAH-033-2023 (…) suscrito el 18 de julio de 2023. Este oficio tampoco fue contestado en tiempo ni en forma, por lo que se da por agotada la vía administrativa sobre estos proyectos de inversión, debido a la falta de interés de dichas instituciones y de la imposibilidad legal de la MSJ por resolver este caso en dicha vía administrativa. 15- Respecto a la partida de la transferencia de capital del MIVAH a la MSJ, que está depositada en las arcas municipales desde el 28 de diciembre de 2021, la misma no se ha podido ejecutar, pues en el segundo proceso de contratación del 2022, se planteó la elaboración del diseño y la tramitología de aprobación de planos constructivos, proceso que fue declarado infructuoso por defectos insubsanables detectados por la Proveeduría institucional de la MSJ.
Se adjunta el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal No. 0171-CHP-2022 (…), del 17 de abril 2023. 16- Sobre esta transferencia de capital, respaldada por un convenio de cooperación financiera y técnica entre el MIVAH y la MSJ, cuya segunda adenda firmada (…) se vencía EL 5 de mayo de 2022, la MSJ solicitó al MIVAH su ampliación mediante una tercera adenda, sin embargo, esta solicitud nunca fue respondida por el MIVAH ni ha sido el interés de la presente administración municipal, a través de su equipo de Gestión de Vivienda y Asentamientos Humanos, presionar para que ésta se valide legalmente y pueda ser finalmente ejecutada. La solicitud al MIVAH se realizó mediante el oficio MSJ-ALCALDÍA-1018-2024 (…) suscrita por el Ing. Jhonny Araya, Alcalde de San José, con fecha 23 de abril de 2024. Finalmente, con fecha del 30 de mayo de 2024, se emite el oficio Ultimas acciones tomadas transferencia 01-05_2024-firmado (…) firmada por el suscrito, Ing. Jorge Mora Oconitrillo, que contiene la hoja de ruta propuesta para poder ajustar en términos técnicos, las obras objeto del Convenio MIVAH-MSJ”.
Por oficio SCMRP-108-2026 del 6 de marzo de 2026, la Sección de Construcción y Mantenimiento Pluvial de la Municipalidad de San José indica: “con respecto a las competencias de la Municipalidad de San José, específicamente las competencias de la Sección Construcción y Mantenimiento de Red Pluvial, solamente se enfocan en lo siguiente: ▪ Limpieza y mantenimiento de tragantes, pozos, tuberías, cabezales y tanques de retardo que componen la red pluvial municipal. ▪ Colocación de rejillas y tapas de tragantes y reparación de estos, cambios de tuberías y reparación de hundimientos de vía. ▪ Mantenimiento del Catastro Pluvial, que consiste en el levantamiento de toda la información del sistema pluvial existente, como diámetros de tuberías, profundidades pendientes. ▪ Otorgamiento de permisos para desfogues pluviales de construcciones nuevas o existentes al sistema pluvial municipal. ▪ Diseño, planificación y desarrollo de nuevos proyectos en materia pluvial.
No se omite indicar que, esta Sección periódicamente a (sic) realizado la limpieza del sistema pluvial existente como también con la colocación de rejillas y flangers en los tragantes y pozos pluviales, labores atinentes a esta Sección”. Mediante informe DPH-UPH-047-2026 emitido por el INVU en marzo de 2026 se concluye: “El INVU ha participado de manera activa y constante en las instancias de coordinación interinstitucional. La problemática expuesta en el recurso es de carácter estructural e histórico, y su abordaje requiere una solución integral que involucre a múltiples instituciones del Estado. Existen recursos financieros aprobados para mejoras de infraestructura en la Etapa III, por medio del Bono Colectivo recursos BANHVI dirigidos al INVU. Hay disponibilidad de recursos según el Convenio de Cooperación Técnico Financiera entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de San José, para el Proyecto de mejoramiento barrial mediante obras de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en Finca San Juan, Pavas. Como resultado de las mesas de trabajo interinstitucional, se valora la posibilidad de unificar los recursos del Bono Colectivo con los recursos transferidos al municipio para brindar una solución integral en la comunidad y que pueda abarcar las tres etapas de Finca San Juan.
Lo anterior, debido a que los recursos de manera independiente son insuficientes para las obras requeridas. Las recomendaciones técnicas, deberán eventualmente ser validadas por los jerarcas de cada una de las entidades involucradas. A la fecha, el proyecto se encuentra en una fase de análisis técnico y legal, razón por la cual los plazos definitivos de ejecución están aún por definirse”. La presidenta ejecutiva del ICAA explica: “1. Es relevante para la resolución de este recurso informar que la red de alcantarillado sanitario de la Urbanización Finca San Juan, no es un activo del AyA, por lo que la Institución no cobra el servicio de alcantarillado sanitario, ni brinda el servicio de mantenimiento a dicha red; según la información recabada, esta red le pertenece al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, siendo que no fue concluida, no reúne las condiciones requeridas para recolectar las aguas residuales de las propiedades del lugar, por lo que se considera que los habitantes de esta Urbanización deben disponer sus aguas residuales mediante metodología aprobada por el Ministerio de Salud.
En razón de las competencias sobre el manejo y disposición de las aguas residuales, AyA ha informado de forma reiterada al Ministerio de Salud de esta situación (ver oficios DRyT-OMSR-2019-00603, DRyT-OMSR-2021-00431, DRyT-OMSR-2023-00092 y DRyT-OMSR-2024-00152). En el sitio se conformaron una serie de ramales en cada una de las calles de la Urbanización, pero estos ramales nos fueron conectados entre sí a fin de poder recolectar y transportar las aguas residuales hasta una planta de tratamiento, por lo que los vecinos del lugar han conectado las aguas de las viviendas a esta tubería, lo cual provoca que estas descarguen en forma directa al terreno para posteriormente caer al cauce del Río Tiribí. (Ver informe técnico No. DRyT-OMSR-2026-00122 de fecha 6 de marzo del 2026). 2. Entre los años 2019 al 2021, AyA en su condición rectora, participó en una comisión liderada por la Municipalidad de San José, en la cual participaron otras instituciones (MIVAH, INVU, etc.).
Como parte de las labores realizadas por el AyA se entregaron lo términos de referencia para contratación de estudios preliminares, diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (se adjunta el Oficio DRyT-2021- 00147). Además, el AyA informó sobre la necesidad de considerar la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario, así como de un interceptor para reunir y llevar las aguas residuales de todas las calles hasta la planta de tratamiento. Adicionalmente, se le informó a la Comisión que el terreno donde se pretendía construir la planta de tratamiento no tenía la suficiente área ya que inicialmente habían contemplado la ubicación de la planta en un terreno que correspondía a zona de protección del río. Para solventar esta limitación se recomendó la elaboración de una declaratoria de conveniencia nacional a fin de poder construir el sistema de tratamiento en la zona de protección del río.
También se informó que dicha propiedad debía tener frente a calle, a fin de que ésta contara con los servicios de agua potable y electricidad trifásica. En la actualidad, dado a que en la zona no existen las condiciones para la conformación de una planta de tratamiento, tanto la Municipalidad como el INVU, están valorando la posibilidad de construir al menos 2 estaciones de Bombeo las cuales funcionen en serie y bombeen las aguas residuales a una planta de tratamiento de AyA (Los Tajos). Es importante mencionar que para el desarrollo de todas estas obras, inicialmente es necesario reubicar a los vecinos quienes han invadido las zonas de reserva forestal dejadas por el INVU, así como las vías públicas o calles y zonas de parques, y zona de protección del río. De no efectuarse esta labor de previo, es imposible el desarrollo de las mejoras para solventar la problemática de las aguas residuales del lugar”.
En virtud de lo expuesto, la Sala verifica la lesión a los derechos fundamentales, debido a la falta de actuación diligente y célere del INVU, la Municipalidad de San José y el ICAA en solventar la problemática aquejada por el asentamiento finca San Juan respecto a la recolección y tratamiento de aguas servidas y sanitarias.
Sobre el particular, aun cuando se comprueba que el INVU, la Municipalidad de San José y el ICAA han llevado a cabo actuaciones a fin de resolver la problemática que afecta a la población de Finca San Juan, lo que incluye la firma de convenios, la gestión de recursos financieros y la creación de una comisión interinstitucional, no menos cierto es que no se han ejecutado las obras pertinentes para solventarla. Lo anterior se agrava al considerar que se está ante una problemática estructural e histórica, cuya solución exige un abordaje integral e interinstitucional.
En ese tanto, conviene aclarar que el hecho de que la red de alcantarillado sanitario del asentamiento no sea activo del ICAA en la actualidad, no le exime a este de sus competencias, máxime que en la ley nro. 2726 ‘Ley Constitutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados’ se prevé que corresponde al ICAA: “a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; (…) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones; e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos; (…) i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; (…)” -véase artículo 2-.
Por ende, se estima el recurso en lo que a este agravio refiere en cuanto al INVU, el ICAA y la Municipalidad de San José, según lo indicado en la parte dispositiva de este asunto. Al respecto, el Tribunal no omite advertir que, en caso de que resulte necesario que alguna otra institución que no se encuentre accionada en este recurso forme parte de la comisión interinstitucional, deberán las autoridades recurridas gestionar lo correspondiente para incluirla.
IV.En cuanto a la falta de mantenimiento acusada a las áreas verdes, sistemas de caño y otra infraestructura pública, así como a los desalojos realizados por la Municipalidad de San José, adviértase que los reclamos se formularon de manera genérica, dado que no se hizo referencia a alguna área específica que tenga esa problemática. Tampoco se detalló a alguna familia que haya sido desalojada y los derechos fundamentales que se estiman lesionados en su perjuicio, lo que impide el análisis por parte de esta Cámara. En todo caso, por oficio SCMRP-108-2026 del 6 de marzo de 2026, la Sección de Construcción y Mantenimiento Pluvial de la Municipalidad de San José indica: “con respecto a las competencias de la Municipalidad de San José, específicamente las competencias de la Sección Construcción y Mantenimiento de Red Pluvial, solamente se enfocan en lo siguiente: ▪ Limpieza y mantenimiento de tragantes, pozos, tuberías, cabezales y tanques de retardo que componen la red pluvial municipal. ▪ Colocación de rejillas y tapas de tragantes y reparación de estos, cambios de tuberías y reparación de hundimientos de vía. ▪ Mantenimiento del Catastro Pluvial, que consiste en el levantamiento de toda la información del sistema pluvial existente, como diámetros de tuberías, profundidades pendientes. ▪ Otorgamiento de permisos para desfogues pluviales de construcciones nuevas o existentes al sistema pluvial municipal. ▪ Diseño, planificación y desarrollo de nuevos proyectos en materia pluvial.
No se omite indicar que, esta Sección periódicamente a (sic) realizado la limpieza del sistema pluvial existente como también con la colocación de rejillas y flangers en los tragantes y pozos pluviales, labores atinentes a esta Sección”.
Ergo, no se acoge el recurso en cuanto a este agravio; sin embargo, tome nota el alcalde de San José de que deberá coordinar lo pertinente y llevar a cabo las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de garantizar el adecuado mantenimiento de las calles, avenidas, alamedas, parques y áreas comunes del proyecto Finca San Juan.
V.Finalmente, no se observa alguna acción u omisión del IMAS que haya lesionado los derechos fundamentales en los términos en que se planteó el recurso, motivo por el que se declara sin lugar en cuanto a tal parte.
En relación con la falta de infraestructura, en tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el proyecto habitacional de Rincón Grande de Pavas no ha concluido definitivamente, siendo que carecía de infraestructura básica como cordones de caño, alcantarillado sanitario, sistemas de evacuación de aguas pluviales, entre otros. Actualmente persisten problemas de sobrepoblación, hacinamiento, aguas negras y ausencia de alcantarillado. Además, no se da mantenimiento a los sistemas de caño y otra infraestructura pública, lo que se agrava con la presencia de aguas negras.
Por otra parte, en cuanto al tema ambiental, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que existen problemas de alcantarillado sanitario, sistemas de evacuación de aguas pluviales, entre otros. Además, no se da mantenimiento a los sistemas de caño y otra infraestructura pública, lo que se agrava con la presencia de aguas negras, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de San José, debido a la demora en solventar la problemática aquejada por el asentamiento finca San Juan respecto a la recolección y tratamiento de aguas servidas y sanitarias. Se les ordena a Yariela Quirós Álvarez, Gabriela Madrigal Garro y Lourdes Sáurez Barboza, cada una en su condición de alcaldesa a.i. de la Municipalidad de San José, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, coordinar lo necesario, tomar las medidas adecuadas y girar las órdenes que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que: i) en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se cree una comisión interinstitucional que se encargue específicamente de abordar la problemática aquejada por el asentamiento finca San Juan respecto a la recolección y tratamiento de aguas servidas y sanitarias; y ii) en el plazo de UN MES, contado a partir de la creación de la comisión interinstitucional supramencionada, se diseñe un plan para atender el problema objeto de este recurso, el cual deberá ser puesto en conocimiento de esta Cámara.
Tome nota el alcalde de San José de lo indicado in fine del considerando IV de este pronunciamiento. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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