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Res. 06275-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/02/2026
OutcomeResultado
The Chamber denies the amparo action, upholding that the rejection of the residency application based on an investment in an inactive company does not violate due process, as it constitutes a substantive non-compliance rather than a correctable formal defect.La Sala declara sin lugar el recurso de amparo, confirmando que el rechazo de la solicitud de residencia por inversión en una sociedad inactiva no vulnera el debido proceso, al tratarse de un incumplimiento sustantivo y no de un defecto formal subsanable.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by a foreigner and his dependents against the General Directorate of Migration. The petitioner sought temporary residency as an investor, based on the acquisition of shares in a Costa Rican company for over $150,000, under Law 9996. The DGME rejected the application because the investee company was inactive before the Tax Authority, violating Article 7(b) of the Regulation to Law 9996, which requires economic activity in the country. The petitioner claimed a due process violation for lack of prior warning, arguing that the inactivity was a correctable defect. The Chamber denies the amparo, holding that the rejection was not based on a formal defect but on a substantive non-compliance: the lack of economic activity of the legal entity is a substantive requirement not correctable through a warning. It rules that the dispute over the investment's suitability and compliance with legal prerequisites belongs in administrative proceedings or ordinary contentious-administrative jurisdiction, not in constitutional amparo.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un extranjero y sus dependientes contra la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). El recurrente solicitó residencia temporal como inversionista, sustentada en la adquisición de participaciones en una sociedad costarricense por más de $150,000, conforme a la Ley 9996. La DGME rechazó la solicitud porque la sociedad receptora de la inversión se encontraba inactiva ante la Dirección General de Tributación, lo cual contraviene el artículo 7 inciso B del Reglamento a la Ley 9996, que exige actividad económica en el país. El recurrente alegó violación al debido proceso por falta de prevención, argumentando que la inactividad era un defecto subsanable. La Sala desestima el amparo, al considerar que el rechazo no se basó en un vicio formal sino en un incumplimiento de fondo: la ausencia de actividad económica de la persona jurídica es un requisito sustantivo y no subsanable mediante prevención. Determina que la controversia sobre la idoneidad de la inversión y el cumplimiento de los presupuestos legales debe ventilarse en sede administrativa o en la jurisdicción contencioso-administrativa, no en amparo constitucional.
Key excerptExtracto clave
Regarding the matter, it should be noted that the DGME's rejection of the petitioner's temporary residency application (and consequently of the protected parties) was not based on a merely formal defect, but rather on the non-compliance with requirements of the company to which the investment was linked (namely, the inactive status of the legal entity). In that regard, the DGME considered that the petitioner did not have an economic activity, therefore it was not possible to authorize the migratory category. Thus, the analysis of the period of inactivity, the relevance of the tax situation, and the suitability of the legal entity for the purposes of the intended migratory category, as well as the possibility of incorporating subsequent elements demonstrating its activity, are matters properly discussed in administrative proceedings or in ordinary judicial review, where the interested parties can contest their positions and broadly submit evidence they deem pertinent.Sobre el particular, cabe destacar que el rechazo de la solicitud de residencia temporal del recurrente (y, en consecuencia, de las amparadas) por parte de la DGME no se sustentó en un defecto meramente formal, sino en el incumplimiento de requisitos de la sociedad a la cual se vinculó la inversión (a saber, el estado inactivo de la persona jurídica). En ese sentido, la DGME consideró que el accionante no contaba con una actividad económica, por lo que no era posible autorizar la categoría migratoria. De ahí que el análisis del periodo de inactividad, la relevancia de la situación tributaria y la idoneidad de la persona jurídica a los efectos de la categoría migratoria pretendida, así como la posibilidad de se incorporaran elementos posteriores que demostraran su actividad, constituyen aspectos propios de ser discutidos en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria, donde las partes legitimadas pueden someter a contradictorio su posición y evacuar de forma amplia la prueba que estimen pertinente.
Pull quotesCitas destacadas
"el rechazo de la solicitud de residencia temporal del recurrente (y, en consecuencia, de las amparadas) por parte de la DGME no se sustentó en un defecto meramente formal, sino en el incumplimiento de requisitos de la sociedad a la cual se vinculó la inversión (a saber, el estado inactivo de la persona jurídica)."
"the DGME's rejection of the petitioner's temporary residency application (and consequently of the protected parties) was not based on a merely formal defect, but rather on the non-compliance with requirements of the company to which the investment was linked (namely, the inactive status of the legal entity)."
Considerando IV
"el rechazo de la solicitud de residencia temporal del recurrente (y, en consecuencia, de las amparadas) por parte de la DGME no se sustentó en un defecto meramente formal, sino en el incumplimiento de requisitos de la sociedad a la cual se vinculó la inversión (a saber, el estado inactivo de la persona jurídica)."
Considerando IV
"el análisis del periodo de inactividad, la relevancia de la situación tributaria y la idoneidad de la persona jurídica a los efectos de la categoría migratoria pretendida, así como la posibilidad de se incorporaran elementos posteriores que demostraran su actividad, constituyen aspectos propios de ser discutidos en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria"
"the analysis of the period of inactivity, the relevance of the tax situation, and the suitability of the legal entity for the purposes of the intended migratory category, as well as the possibility of incorporating subsequent elements demonstrating its activity, are matters properly discussed in administrative proceedings or in ordinary judicial review"
Considerando IV
"el análisis del periodo de inactividad, la relevancia de la situación tributaria y la idoneidad de la persona jurídica a los efectos de la categoría migratoria pretendida, así como la posibilidad de se incorporaran elementos posteriores que demostraran su actividad, constituyen aspectos propios de ser discutidos en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria"
Considerando IV
"el motivo por el cual la DGME rechazó la solicitud de residencia temporal del amparado como trabajador de una empresa no trata de un defecto meramente formal, sino de fondo, como lo es que la empresa en cuestión se encontraba morosa con la CCSS al momento de efectuar la revisión del expediente"
"the reason why the DGME rejected the temporary residency application of the protected party as a company employee was not a merely formal defect, but a substantive one, namely that the company in question was delinquent with the CCSS at the time of reviewing the file"
Considerando IV (citando sentencia 2025031058)
"el motivo por el cual la DGME rechazó la solicitud de residencia temporal del amparado como trabajador de una empresa no trata de un defecto meramente formal, sino de fondo, como lo es que la empresa en cuestión se encontraba morosa con la CCSS al momento de efectuar la revisión del expediente"
Considerando IV (citando sentencia 2025031058)
"Esta condición no es subsanable en fases posteriores del proceso administrativo, ya que la ley establece de manera expresa que la verificación de estar al día con la CCSS debe realizarse previo a la admisión de la solicitud."
"This condition is not correctable in later stages of the administrative proceeding, as the law expressly establishes that verification of being up to date with the CCSS must be conducted prior to admission of the application."
Considerando IV (citando resolución DGME)
"Esta condición no es subsanable en fases posteriores del proceso administrativo, ya que la ley establece de manera expresa que la verificación de estar al día con la CCSS debe realizarse previo a la admisión de la solicitud."
Considerando IV (citando resolución DGME)
Full documentDocumento completo
Date of Resolution: February 20, 2026 at 09:30 Case File: 26-001377-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on February twenty, two thousand twenty-six.
Amparo appeal processed in case file no. 26-001377-0007-CO, filed by Nombre01, passport CED02, on behalf of HIMSELF and Nombre02, passport CED03, and Nombre01, passport CED04, against the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (DGME).
Considering:
It is essential to clarify that, for the assessment of the applications submitted, the respondent must apply the special regulations set forth in Ley N° 9996 and its Reglamento, Decreto N° 43926-MGP-H-TUR, which regulates the categories of investors (inversionistas), rentiers (rentistas), and pensioners (pensionados). This regulation establishes specific requirements distinct from those set forth in the Ley General de Migración y Extranjería, Ley N° 8764 and the Reglamento de Extranjería, Decreto Ejecutivo 37112-GOB and its amendments, which must also be met by foreign persons seeking this type of migratory category. In particular, Article 7, subsection B of the Reglamento de la Ley 9996 expressly provides that investment is only permitted in companies with economic activity in the country, EXCLUDING INACTIVE LEGAL ENTITIES (PERSONAS JURÍDICAS INACTIVAS), namely: “ARTÍCULO 7. Requisitos para la comprobación de la donación.
In addition to the indicated requirements, the foreign person seeking authorization for their legal stay under the Investor subcategory must provide documentary proof of their investment with a capital of no less than one hundred fifty thousand United States dollars (US$ 150,000.00), legal tender at the selling exchange rate determined by the Banco Central de Costa Rica, or its equivalent in colones, for which they must meet the following requirements, according to the type of investment or investments made: (…) B) Shares: 1. Certification of legal status (personería jurídica) and share capital issued by a Notary Public based on the company's legal books, stating a real participation by the foreign person, for an amount of no less than one hundred fifty thousand dollars (US$150,000.00), currency of the United States of America or its equivalent in colones at the selling exchange rate established by the BCCR, or that this amount is reached in conjunction with the other investments listed in the subsections of this article, and with a date of issuance not exceeding one month at the time of filing the temporary residence application for the foreign person.
If investing in more than one company, the required amount may be distributed, and the respective certifications must be provided. This type of investment will only be permitted in companies with economic activities in the country, and not in inactive legal entities. (…)” (The bold and underlining are not from the original). Based on this legal framework, the respondent proceeded to verify the tax status of company 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, in which Nombre01 based their application as an investor. Thus, on November 28, 2024, the certified copy of the Tax Situation Status (Estado de Situación Tributaria) of said company was added to the file, a document in which NO ECONOMIC ACTIVITY IS RECORDED; it only registers the status of “LEGALLY CONSTITUTED LEGAL ENTITY” (“PERSONA JURÍDICA LEGALMENTE CONSTITUIDA”), which confirms its character as an inactive legal entity (persona jurídica inactiva).
As a result of this verification and in strict application of the regulatory requirement previously cited, this Dirección General issued resolution 135-1193690-Administrativa-ERH of October 13, 2025, by which the application filed on behalf of Nombre01 was rejected as inadmissible, because it did not meet the essential admissibility requirement for the investor category, namely, that the company in which the investment is intended to be made has ongoing economic activity. A screenshot of the consultation performed is attached: (…) By reason of the foregoing, and given that the applications of dependent persons (personas dependientes) constitute ancillary procedures (trámites accesorios) with respect to the main procedure filed by the principal —in application of the principle accessorium sequitur principale, according to which the accessory follows the fate of the principal—, the respondent had to subordinate their admissibility to the decision on the application in favor of Nombre01.
Consequently, through resolution 135-1193722-ADMINISTRATIVA-ERH in favor of Nombre02 and 135-1193727-ADMINISTRATIVA-ERH in favor of Nombre01, both dated October 13, 2025, the applications for Temporary Residence as Dependents of an Investor were rejected, since the main procedure of the investor from which they derived was not approved. It must also be added that, through resolutions 1345-2025-TAM, 1346-2025-TAM, and 1347-2024-TAM of November twenty-seventh, two thousand twenty-five, the Tribunal Administrativo Migratorio, DECLARED WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) the appeals filed by Mrs. Fabiana Gutiérrez León-Páez, in her capacity as special legal representative (apoderada especial) of the protected persons, thereby confirming the actions taken by this Dirección General in the aforementioned resolutions 135-1193690-Administrativa-ERH, 135-1193722-ADMINISTRATIVA-ERH, and 135-1193727-ADMINISTRATIVA-ERH.
Regarding the argument made by the appellant in alleging the omission of a warning (prevención) concerning the inactive status of the commercial company (sociedad mercantil) before the Dirección General de Tributación, it is necessary to clarify that said formality does not constitute a rectifiable defect (requisito subsanable) within the migratory procedure, but rather a legal prerequisite (presupuesto jurídico) directly established in a special law, a requirement that is essential to prove the real and operative existence of the investment invoked under the protection of Ley 9996 and its reglamento. It must be mentioned that this Dirección General has no obligation to warn about this circumstance, because the real economic and tax activity of the company is the responsibility of the applicant to carry out from the moment of filing the petition, in compliance with the principle of the burden of proof and pursuant to the applicable regulations, which exhaustively establishes the fulfillment of this requirement.
As previously mentioned, this criterion has been expressly endorsed by the Tribunal Administrativo Migratorio, the competent reviewing body, which dismissed the appeal filed, noting that this Dirección General has no duty to issue any warning (prevención) regarding the company's registered inactivity, since this does not constitute a rectifiable defect (defecto subsanable) within the procedure, but rather a substantive non-compliance with the law that makes it impossible to prove the required investment. Consequently, the rejection made by the respondent conforms to the legal and procedural framework in force and does not constitute a violation of due process or effective administrative protection. It is worth highlighting that, in the administrative file of the main applicant, specifically at folio 31, there is the notarial certification of the Tax Situation Status of the company identified under legal identification number CED01, Sociedad de Responsabilidad Limitada, a document provided on November 28, 2024, in which it is evident that it does not register any economic activity before the Dirección General de Tributación, merely stating the status of “legally constituted legal entity” (“persona jurídica legalmente constituida”).
This circumstance constitutes a substantive non-compliance, as it is reiterated that Article 7, subsection b) of the Reglamento a la Ley N° 9996 (Decreto Ejecutivo N° 43926-MGP-H-TUR) expressly establishes that “this type of investment will only be permitted in companies with economic activities in the country, and not in inactive legal entities.” In addition, the last paragraph of Article 4 of the Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta defines inactive legal entities as those that “do not develop a for-profit activity (actividad lucrativa) from a Costa Rican source,” which reaffirms the impossibility of considering an investment made in a company lacking registered economic activity as valid for migratory purposes. In this sense, Article 7, subsection b) of the Reglamento a la Ley N° 9996 (Decreto Ejecutivo N° 43926-MGP-H-TUR) must be interpreted in light of the exceptional and purposive nature of the regime created by said law, which does not constitute an ordinary migratory procedure, but rather a special mechanism for attracting foreign investment promoted by the Costa Rican State in the context of economic recovery following the COVID-19 pandemic.
Within this framework, the regulation requires that the investments presented be real, effective, and traceable, made in companies that have ongoing and verifiable economic activity in the country, precisely to ensure that the investment contributes to economic development, as provided for in Ley 9996 by establishing a differentiated regime for foreign investors. Therefore, the mere formal or registry creation of a legal entity is insufficient, because the company used to demonstrate the investment must be fully active before the tax authority, develop for-profit activity, and meet the parameters established in the special regulation. The requirement of economic activity is not an accessory or rectifiable aspect, but a substantive requirement without which compliance with the legal purpose cannot be verified. Consequently, the Administration had to strictly assess this prerequisite, as it is an essential element of the exceptional investment attraction regime and not a formality provided for in the ordinary migratory procedure.
In accordance with the foregoing, it is determined that there was no violation of the fundamental rights of Mrs. Nombre02 and the minor Nombre01, since the migratory procedure for regularization in the country required the approval of the main procedure in the name of Nombre01. Pursuant to the regulatory design of the investor regime, the residence of dependent persons is conditioned on the principal fully meeting the requirements demanded for their own admission. When the principal's procedure is rejected due to the lack of an essential requirement, the procedures of their dependents automatically lack legal support, so their rejection was equally appropriate and inevitable. This consequence does not constitute a penalty nor does it affect fundamental rights; rather, it responds to the legal logic of the special migratory regime. According to the foregoing, the respondent acted in accordance with the principle of legality, adequately assessed the elements of the file, and resolved in a manner consistent with the purpose and requirements of Ley 9996, without incurring any irregularity.
In view of the above, it is evident that there is no violation whatsoever by this Dirección General of the constitutional rights of the protected persons. In this regard, I request that the appeal at hand be declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR).”
Drafted by Judge Rueda Leal; and,
Considering:
Although the special judicial representative of Nombre01 requests the correction of the resolution processing this case so that the amparo is considered as also filed on his behalf, this Chamber considers that it is indeed appropriate to recognize him as a protected party; however, it is unnecessary to rectify the Presidency's resolution of 5:51 p.m. on January 16, 2026, as there are sufficient elements to resolve the merits of the sub lite without causing any type of defenselessness.
The petitioner Nombre01 files an amparo appeal in his own name, as well as on behalf of Nombre02 and Nombre01. He states that on October 3, 2024, he filed an application for temporary residence as an “INVESTOR IN SHARES OF A COSTA RICAN COMPANY” (“INVERSIONISTA DE ACCIONES DE UNA SOCIEDAD COSTARRICENSE”). He mentions that on October 13, 2025, they were notified of resolution 135-1193690-ADMINISTRATIVA of the Dirección General de Migración y Extranjería, by which it decided to reject the application ad portas, because the company was not active before the Dirección General de Tributación Directa at the time of the evaluation of the procedure. He complains that he was not warned to correct the omission, despite it being easily rectifiable (subsanable). He considers that an application for legal stay cannot be declared inadmissible for the mere lack of formalities, since this places the administered person in a state of absolute defenselessness.
He explains that the inactivity of the company in the system was a rectifiable requirement, which has already been carried out. He maintains that an appeal was filed before the Tribunal Administrativo Migratorio; however, it was dismissed with the argument that there is no obligation to warn. He requests: “1- That this amparo appeal be declared with merit (con lugar) in all its aspects, nullifying administrative resolution number 135-1193690 issued by the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. 2- That the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA be ordered to warn MY REPRESENTED PARTY within a period of ten business days to rectify (subsanar) the appropriate matter.”
Deemed as duly proven for the decision of this matter are the following facts:
(…) Inactive companies (sociedades inactivas) are commercial companies (sociedades mercantiles) that do not develop economic activities; therefore, these types of companies do not issue invoices, do not record income, and by their very nature do not determine profits at the close of each fiscal period, that is, there is no income tax to pay. These companies are those that were constituted at the time for the holding of assets and any other investment whose purpose was not their exploitation to generate profits. SECOND: Given the foregoing, once the file belonging to the foreign applicant Nombre01 has been analyzed, it is determined that they do not meet all the requirements established in the current migratory regulations (that is, HAVING AN ECONOMIC ACTIVITY). In this sense, it is not possible to authorize a migratory category without full compliance with the respective legal and regulatory requirements.
(…) POR TANTO 1.- REJECT AS INADMISSIBLE the application for Temporary Resident as an Investor in SHARES and order the archiving of the file in the name of Nombre01 (…)” (Evidence provided by both parties).
(…) THIRD: Given that the applications of the dependents constitute ancillary procedures (trámites accesorios) with respect to the main procedure filed by the principal —in application of the principle accessorium sequitur principale, according to which the accessory follows the fate of the principal—, the Administration had to subordinate their admissibility to the result of the file of Nombre01. Consequently, through resolutions 135-1193722-ADMINISTRATIVA-ERH and 135-1193727-ADMINISTRATIVA-ERH, both dated October 13, 2025, the applications for Temporary Residence as Dependents of an Investor on behalf of Nombre02 and Nombre01 were rejected, since the main procedure of the investor from which they derived was not approved. FOURTH: That through resolutions 1345-2025-TAM, 1346-2025-TAM, and 1347-2024-TAM of November twenty-seventh, two thousand twenty-five, the Tribunal Administrativo Migratorio declared without merit (sin lugar) the appeals filed by Mrs. Fabiana Gutiérrez León-Páez, in her capacity as special representative of Mr. Nombre01 and Mrs. Nombre02, and confirms the actions taken by the DGME.” (Evidence provided by the respondent authority).
In the sub lite, the petitioner Nombre01 files an amparo appeal in his own name, as well as on behalf of Nombre02 and Nombre01. He states that on October 3, 2024, he filed an application for temporary residence as an “INVESTOR IN SHARES OF A COSTA RICAN COMPANY.” He mentions that on October 13, 2025, they were notified of resolution 135-1193690-ADMINISTRATIVA of the Dirección General de Migración y Extranjería, by which it decided to reject the application ad portas, because the company was not active before the Dirección General de Tributación Directa at the time of the evaluation of the procedure. He complains that he was not warned to correct the omission, despite it being easily rectifiable. He considers that an application for legal stay cannot be declared inadmissible for the mere lack of formalities, since this places the administered person in a state of absolute defenselessness.
He explains that the inactivity of the company in the system was a rectifiable requirement, which has already been carried out. He maintains that an appeal was filed before the Tribunal Administrativo Migratorio; however, it was dismissed with the argument that there is no obligation to warn. He requests: “1- That this amparo appeal be declared with merit in all its aspects, nullifying administrative resolution number 135-1193690 issued by the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. 2- That the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA be ordered to warn MY REPRESENTED PARTY within a period of ten business days to rectify the appropriate matter.” From the study of the case file, it is deemed proven that, on October 3, 2024, the appellant Nombre01 filed an application for temporary residence as an “Investor in SHARES” before the Dirección General de Migración y Extranjería. The Dirección General de Migración y Extranjería, through resolution no. 135-1193690-ADMINISTRATIVA at 10:44 a.m. on October 13, 2025, resolved: “(…) III.
ON THE ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE: (…) 1. From the review carried out today in the Ministry of Finance's online system-TRIBU-CR, it is found that company 3-102-811254-SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal identification number CED01, appears as INACTIVE LEGAL ENTITY: (…) In addition to the foregoing, on November 28, 2024, a notarial certification of the TAX SITUATION STATUS of company 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, was provided (see folio 31 of the administrative file), where NO economic activity is recorded; it only indicates ‘LEGALLY CONSTITUTED LEGAL ENTITY.’ Article 7, subsection B, of the Reglamento a la Ley N° 9996 Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados N° 43926-MGP-H-TUR, states: ‘This type of investment will only be permitted in companies with economic activities in the country, and not in inactive legal entities. (…) Inactive companies (sociedades inactivas) are commercial companies (sociedades mercantiles) that do not develop economic activities; therefore, these types of companies do not issue invoices, do not record income, and by their very nature do not determine profits at the close of each fiscal period, that is, there is no income tax to pay.
These companies are those that were constituted at the time for the holding of assets and any other investment whose purpose was not their exploitation to generate profits. SECOND: Given the foregoing, once the file belonging to the foreign applicant Nombre01 has been analyzed, it is determined that they do not meet all the requirements established in the current migratory regulations (that is, HAVING AN ECONOMIC ACTIVITY). In this sense, it is not possible to authorize a migratory category without full compliance with the respective legal and regulatory requirements. (…) POR TANTO 1.- REJECT AS INADMISSIBLE the application for Temporary Resident as an Investor in SHARES and order the archiving of the file in the name of Nombre01 (…)”. The Tribunal Administrativo Migratorio, in resolution no. 1345-2025-TAM at 9:35 a.m. on November 27, 2025, declared without merit the appeal filed against resolution no. 135-1193690-ADMINISTRATIVA.
The official Cheily Flores Arias, immigration manager of the Dirección General de Migración y Extranjería, through official communication GE-SVT-049-01-2026 of January 19, 2026, stated: “FIRST: Regarding the processing of the application for legal stay of the appellants, with administrative file numbers 135-886740, 135-886742, and 135-886745, it is noted that: On October 3, 2024, Fabiana Gutiérrez León-Páez, in her capacity as special representative of each petitioner, filed before the Dirección General de Migración y Extranjería: (i) on behalf of Nombre01, the Temporary Residence application as an Investor in shares of company 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, legal identification number CED01; (ii) on behalf of Nombre02, spouse of the investor, the Temporary Residence application as a Dependent of an Investor; and (iii) on behalf of the minor Nombre01, under the parental authority of their parents, a Temporary Residence application as a Dependent of an Investor.
(…) THIRD: Given that the applications of the dependents constitute ancillary procedures with respect to the main procedure filed by the principal —in application of the principle accessorium sequitur principale, according to which the accessory follows the fate of the principal—, the Administration had to subordinate their admissibility to the result of the file of Nombre01. Consequently, through resolutions 135-1193722-ADMINISTRATIVA-ERH and 135-1193727-ADMINISTRATIVA-ERH, both dated October 13, 2025, the applications for Temporary Residence as Dependents of an Investor on behalf of Nombre02 and Nombre01 were rejected, since the main procedure of the investor from which they derived was not approved. FOURTH: That through resolutions 1345-2025-TAM, 1346-2025-TAM, and 1347-2024-TAM of November twenty-seventh, two thousand twenty-five, the Tribunal Administrativo Migratorio declared without merit the appeals filed by Mrs.
Fabiana Gutiérrez León-Páez, in her capacity as special representative of Mr. Nombre01 and Mrs. Nombre02, and confirms the actions taken by the DGME.” Regarding the sub examine, this Chamber, through judgment no. 2025031058 at 9:25 a.m. on September 26, 2025, resolved:
“From the foregoing, it is clear that this Court has indicated that, in the face of administrative proceedings with rectifiable defects (vicios subsanables), the administration is obligated to warn (prevenir) the interested party before effecting a rejection, so that they can correct the formal defect observed. However, in the sub examine, it is important to note that the reason why the DGME rejected the protected party's temporary residence application as an employee of a company does not involve a merely formal defect, but a substantive one, such as the fact that the company in question was delinquent (morosa) with the CCSS at the time of the file review, a fact that was even confirmed by the ward himself, who, in the review appeal filed against the denial of his application, explained that: ‘It turns out that the day the Migration technician checks the Costa Rican Social Security Fund system, it appears as Delinquent because the respective payment for that month had not yet been made, for the month of August 2024 which was payable in September 2024, and it had to be paid on 09/18/2024, it was paid until October 7, 2024, and on 10/18/2024 the month of September 2024 was paid, I attach proof, now we are up to date with the payment of the obligations to the Costa Rican Social Security Fund.’ Regarding this, see that in the resolution rejecting the application in question, the DGME was clear in stating that: ‘(…) the delinquency of the company in this case fully justifies the rejection of your application, given that non-compliance with obligations to the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) constitutes an insurmountable obstacle to its approval.
This obligation is imperative in nature, since Article 74 of the Ley Constitutiva de la CCSS and its complementary norms establish that the payment of social security obligations is not only a duty of the employer, but also a condition sine qua non for carrying out any administrative procedure before the Public Administration. The legislator has been clear in imposing this requirement in order to protect the social security system, considered one of the fundamental pillars of the Social State of Law. Compliance with the CCSS is not merely a bureaucratic formality, but a safeguard for the continuity and stability of the system, which is threatened by delinquency. This condition is not rectifiable in later phases of the administrative process, since the law expressly establishes that verification of being up to date with the CCSS must be carried out prior to the admission of the application.
Consequently, allowing a company that has not met its obligations to continue with its procedure would be contrary to the principles of legality and justice in the actions of the Public Administration. The denial, in this case, is not only appropriate but necessary to guarantee respect for current regulations and equity in the treatment of all administered persons.’ (the bold was added).
Therefore, the appeal is dismissed.” On this matter, it is important to highlight that the rejection of the appellant's (and, consequently, the protected parties') temporary residence application by the DGME was not based on a merely formal defect, but on the non-compliance with requirements of the company to which the investment was linked (namely, the inactive status of the legal entity). In this sense, the DGME considered that the petitioner did not have an economic activity, and therefore it was not possible to authorize the migratory category. Hence, the analysis of the period of inactivity, the relevance of the tax situation, and the suitability of the legal entity for the purposes of the intended migratory category, as well as the possibility of incorporating subsequent elements demonstrating its activity, constitute aspects appropriate for discussion in administrative venue (sede administrativa) or in the ordinary jurisdictional route, where the legitimized parties can submit their position for adversarial proceedings and fully present the evidence they deem pertinent.
For the considerations set forth, the appeal is declared without merit.
The parties are warned that, should they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional device of an electronic, informatic, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be removed within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012.
Por tanto:
The appeal is declared without merit.
Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 26-001377-0007-CO, interpuesto por Nombre01, pasaporte CED02, a favor de SÍ MISMO y de Nombre02, pasaporte CED03, y Nombre01, pasaporte CED04, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (DGME).
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
Si bien la apoderada especial judicial de Nombre01 solicita la corrección de la resolución de curso de este proceso para que se tenga el amparo como planteado también a su favor, la Sala considera que sí resulta procedente tenerlo como parte amparada; sin embargo, resulta innecesario rectificar la resolución de la Presidencia de las 17:51 horas de 16 de enero de 2026, toda vez que se cuenta con suficientes elementos para resolver el fondo del sub lite sin generar algún tipo de indefensión.
El accionante Nombre01 interpone recurso de amparo a nombre propio, así como de Nombre02 y Nombre01. Manifiesta que el 3 de octubre de 2024 formuló solicitud de residencia temporal por ser “INVERSIONISTA DE ACCIONES DE UNA SOCIEDAD COSTARRICENSE”. Menciona que el 13 de octubre de 2025 se les notificó la resolución 135-1193690-ADMINISTRATIVA de la Dirección General de Migración y Extranjería, mediante la cual resolvió rechazar ad portas la solicitud, por cuanto la sociedad no se encontraba activa ante la Dirección General de Tributación Directa al momento de la evaluación del trámite. Reclama que no se le previno corregir la omisión, pese a ser fácilmente subsanable. Considera que no puede declararse inadmisible una solicitud de permanencia legal por la sola falta de formalidades, ya que se coloca a la persona administrada en un estado de absoluta indefensión. Explica que la inactividad de la sociedad en el sistema era un requisito subsanable, lo cual ya fue realizado.
Sostiene que se formuló recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Migratorio; empero, fue desestimado con el argumento de que no existe obligación de prevenir. Pide: “1- Se declare con lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos, declarándose sin efectos la resolución administrativa numero 135- 1193690 emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. 2- Se ordene a la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA prevenirle a MI REPRESENTADO dentro del margen de diez días hábiles subsanar lo procedente”.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
(…) Las sociedades inactivas son sociedades mercantiles que no desarrollan actividades económicas, por lo tanto, este tipo de sociedades, no emiten facturas, no registran ingresos y por su propia naturaleza no determinan ganancias al cierre de cada periodo fiscal, o sea, no hay un impuesto sobre la renta que pagar. Estas sociedades son las que fueron constituidas en su momento para la tenencia de activos y cualquier otra inversión cuyo fin no fuera su explotación para generar utilidades. SEGUNDO: Dado lo anterior, una vez analizado el legajo perteneciente a la persona extranjera solicitante Nombre01, se determina que no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa migratoria vigente (esto es CONTAR CON UNA ACTIVIDAD ECONOMICA). En este sentido, no es posible autorizar una categoría migratoria sin el cumplimiento total de los requisitos legales y reglamentarios respectivos.
(…) POR TANTO 1.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de Residente Temporal como Inversionista en ACCIONES y ordenar el archivo del expediente a nombre de Nombre01 (…)”. (Prueba aportada por ambas partes).
(…) TERCERO: Dado que las solicitudes de los dependientes constituyen trámites accesorios respecto del procedimiento principal presentado por el titular —en aplicación del principio accessorium sequitur principale, según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal—, la Administración debía supeditar su admisibilidad al resultado del expediente de Nombre01. En consecuencia, mediante las resoluciones 135‑1193722‑ADMINISTRATIVA‑ERH y 135‑1193727‑ADMINISTRATIVA‑ERH, ambas del 13 de octubre de 2025, fueron rechazadas las solicitudes de Residencia Temporal como Dependientes de Inversionista a nombre de Nombre02 y Nombre01, al no encontrarse aprobado el trámite principal del inversionista del cual derivaban. CUARTO: Que mediante resoluciones 1345-2025-TAM, 1346-2025- TAM y 1347-2024-TAM del veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, el Tribunal Administrativo Migratorio, declaró sin lugar los recursos de apelación presentados por la señora Fabiana Gutiérrez León-Páez, en calidad de apoderada especial de los señores Nombre01 y Nombre02, y confirma lo actuado por la DGME”. (Prueba aportada por la autoridad recurrida).
En el sub lite, el accionante Nombre01 interpone recurso de amparo a nombre propio, así como de Nombre02 y Nombre01. Manifiesta que el 3 de octubre de 2024 formuló solicitud de residencia temporal por ser “INVERSIONISTA DE ACCIONES DE UNA SOCIEDAD COSTARRICENSE”. Menciona que el 13 de octubre de 2025 se les notificó la resolución 135-1193690-ADMINISTRATIVA de la Dirección General de Migración y Extranjería, mediante la cual resolvió rechazar ad portas la solicitud, por cuanto la sociedad no se encontraba activa ante la Dirección General de Tributación Directa al momento de la evaluación del trámite. Reclama que no se le previno corregir la omisión, pese a ser fácilmente subsanable. Considera que no puede declararse inadmisible una solicitud de permanencia legal por la sola falta de formalidades, ya que se coloca a la persona administrada en un estado de absoluta indefensión. Explica que la inactividad de la sociedad en el sistema era un requisito subsanable, lo cual ya fue realizado.
Sostiene que se formuló recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Migratorio; empero, fue desestimado con el argumento de que no existe obligación de prevenir. Pide: “1- Se declare con lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos, declarándose sin efectos la resolución administrativa numero 135- 1193690 emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. 2- Se ordene a la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA prevenirle a MI REPRESENTADO dentro del margen de diez días hábiles subsanar lo procedente”.
Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 3 de octubre de 2024, el recurrente Nombre01 formuló solicitud de residencia temporal como “Inversionista en ACCIONES” ante la Dirección General de Migración y Extranjería. La Dirección General de Migración y Extranjería, mediante resolución nro.135-1193690-ADMINISTRATIVA de las 10:44 horas de 13 de octubre de 2025, resolvió: “(…) III. SOBRE EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO: (…) 1. De la revisión realizada el día de hoy al sistema en línea del Ministerio de Hacienda-TRIBU-CR, se tiene que la sociedad 3-102-811254-SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica CED01, aparece como PERSONA JURIDICA INACTIVA: (…) Aunado a lo anterior, el 28 de noviembre de 2024, se aportó certificación notarial del ESTADO DE SITUACIÓN TRIBUTARIA de la sociedad 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, (véase folio 31 del expediente administrativo) donde NO CONSTA actividad económica, solamente se indica "PERSONA JURÍDICA LEGALMENTE CONSTITUIDA".
El artículo 7, inciso B, del Reglamento a la Ley N° 9996 Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados N° 43926-MGP-H-TUR, indica: "Solo se permitirá este tipo de inversión en sociedades con actividades económicas en el país, no así en personas jurídicas inactivas. (…) Las sociedades inactivas son sociedades mercantiles que no desarrollan actividades económicas, por lo tanto, este tipo de sociedades, no emiten facturas, no registran ingresos y por su propia naturaleza no determinan ganancias al cierre de cada periodo fiscal, o sea, no hay un impuesto sobre la renta que pagar. Estas sociedades son las que fueron constituidas en su momento para la tenencia de activos y cualquier otra inversión cuyo fin no fuera su explotación para generar utilidades. SEGUNDO: Dado lo anterior, una vez analizado el legajo perteneciente a la persona extranjera solicitante Nombre01, se determina que no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa migratoria vigente (esto es CONTAR CON UNA ACTIVIDAD ECONOMICA).
En este sentido, no es posible autorizar una categoría migratoria sin el cumplimiento total de los requisitos legales y reglamentarios respectivos. (…) POR TANTO 1.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de Residente Temporal como Inversionista en ACCIONES y ordenar el archivo del expediente a nombre de Nombre01 (…)”. El Tribunal Administrativo Migratorio, en resolución nro. 1345-2025-TAM de las 9:35 horas de 27 de noviembre de 2025, declaró sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución nro.135-1193690-ADMINISTRATIVA. La funcionaria Cheily Flores Arias, gestora de extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, por oficio GE-SVT-049-01-2026 de 19 de enero de 2026, señaló: “PRIMERO: Sobre la tramitación de la solicitud de permanencia legal de los recurrentes, con expedientes administrativos número 135-886740, 135- 886742 y 135-886745 se indica que: El 3 de octubre de 2024, Fabiana Gutiérrez León-Páez, en su condición de apoderada especial de cada gestionante, presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería: (i) a nombre de Nombre01, la solicitud de Residencia Temporal en calidad de Inversionista en acciones de la sociedad 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica CED01; (ii) a nombre de Nombre02, cónyuge del inversionista, la solicitud de Residencia Temporal como Dependiente de Inversionista; y (iii) a nombre de la persona menor de edad Nombre01, bajo la patria potestad de sus padres, una solicitud de Residencia Temporal como Dependiente de Inversionista.
(…) TERCERO: Dado que las solicitudes de los dependientes constituyen trámites accesorios respecto del procedimiento principal presentado por el titular —en aplicación del principio accessorium sequitur principale, según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal—, la Administración debía supeditar su admisibilidad al resultado del expediente de Nombre01. En consecuencia, mediante las resoluciones 135‑1193722‑ADMINISTRATIVA‑ERH y 135‑1193727‑ADMINISTRATIVA‑ERH, ambas del 13 de octubre de 2025, fueron rechazadas las solicitudes de Residencia Temporal como Dependientes de Inversionista a nombre de Nombre02 y Nombre01, al no encontrarse aprobado el trámite principal del inversionista del cual derivaban. CUARTO: Que mediante resoluciones 1345-2025-TAM, 1346-2025- TAM y 1347-2024-TAM del veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, el Tribunal Administrativo Migratorio, declaró sin lugar los recursos de apelación presentados por la señora Fabiana Gutiérrez León-Páez, en calidad de apoderada especial de los señores Nombre01 y Nombre02, y confirma lo actuado por la DGME”.
Atinente al sub examine, la Sala, mediante sentencia nro. 2025031058 de las 9:25 horas de 26 de setiembre de 2025, resolvió:
“De lo anterior se desprende que este Tribunal ha indicado que, ante gestiones administrativas con vicios subsanables, la administración está obligada a prevenir al interesado antes de efectuar un rechazo, a fin de que pueda corregir el defecto formal advertido. Sin embargo, en el sub examine conviene destacar que el motivo por el cual la DGME rechazó la solicitud de residencia temporal del amparado como trabajador de una empresa no trata de un defecto meramente formal, sino de fondo, como lo es que la empresa en cuestión se encontraba morosa con la CCSS al momento de efectuar la revisión del expediente, hecho que incluso fue confirmado por el propio tutelado, quien en el recurso de revisión planteado contra la denegatoria de su solicitud explicó que: “Resulta que el día que el técnico de Migración, revisa en el sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social, aparece como Morosa porque todavía no se había realizado el pago respectivo de ese mes, en el mes de Agosto 2024 que se pagaba en Septiembre 2024, y se tenía que pagar el 18/09/2024, se pagó hasta el 07 de Octubre 2024, y el 18/10/2024 se pagó el mes de septiembre del 2024, anexo comprobante, ahora estamos al día con el pago de las obligaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social”.
Acerca de esto, véase que en la resolución que rechazó la solicitud en cuestión, la DGME fue clara al señalar que: “(…) la morosidad de la sociedad en este caso justifica plenamente el rechazo de su solicitud, dado que el incumplimiento de las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) constituye un obstáculo insalvable para la procedencia de la misma. Esta obligatoriedad es de carácter imperativo, ya que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y sus normas complementarias establecen que el pago de las obligaciones de seguridad social no solo es un deber del patrono, sino también una condición sine qua non para realizar cualquier trámite administrativo ante la Administración Pública. El legislador ha sido claro al imponer este requisito con el fin de proteger el sistema de seguridad social, considerado uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho.
El cumplimiento con la CCSS no es meramente una formalidad burocrática, sino una salvaguarda para la continuidad y estabilidad del sistema, el cual se ve amenazado por la morosidad. Esta condición no es subsanable en fases posteriores del proceso administrativo, ya que la ley establece de manera expresa que la verificación de estar al día con la CCSS debe realizarse previo a la admisión de la solicitud. En consecuencia, permitir que una sociedad que no ha cumplido con sus obligaciones continúe con su trámite sería contrario a los principios de legalidad y justicia el actuar de la Administración Pública. La denegación, en este caso, es no solo procedente sino necesaria para garantizar el respeto a la normativa vigente y la equidad en el trato a todos los administrados” (la negrita fue agregada).
Por ende, no se estima el recurso”.
Sobre el particular, cabe destacar que el rechazo de la solicitud de residencia temporal del recurrente (y, en consecuencia, de las amparadas) por parte de la DGME no se sustentó en un defecto meramente formal, sino en el incumplimiento de requisitos de la sociedad a la cual se vinculó la inversión (a saber, el estado inactivo de la persona jurídica). En ese sentido, la DGME consideró que el accionante no contaba con una actividad económica, por lo que no era posible autorizar la categoría migratoria. De ahí que el análisis del periodo de inactividad, la relevancia de la situación tributaria y la idoneidad de la persona jurídica a los efectos de la categoría migratoria pretendida, así como la posibilidad de se incorporaran elementos posteriores que demostraran su actividad, constituyen aspectos propios de ser discutidos en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria, donde las partes legitimadas pueden someter a contradictorio su posición y evacuar de forma amplia la prueba que estimen pertinente.
Por las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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