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Res. 06275-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/02/2026
OutcomeResultado
The Chamber denies the amparo action, upholding that the rejection of the residency application based on an investment in an inactive company does not violate due process, as it constitutes a substantive non-compliance rather than a correctable formal defect.La Sala declara sin lugar el recurso de amparo, confirmando que el rechazo de la solicitud de residencia por inversión en una sociedad inactiva no vulnera el debido proceso, al tratarse de un incumplimiento sustantivo y no de un defecto formal subsanable.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by a foreigner and his dependents against the General Directorate of Migration. The petitioner sought temporary residency as an investor, based on the acquisition of shares in a Costa Rican company for over $150,000, under Law 9996. The DGME rejected the application because the investee company was inactive before the Tax Authority, violating Article 7(b) of the Regulation to Law 9996, which requires economic activity in the country. The petitioner claimed a due process violation for lack of prior warning, arguing that the inactivity was a correctable defect. The Chamber denies the amparo, holding that the rejection was not based on a formal defect but on a substantive non-compliance: the lack of economic activity of the legal entity is a substantive requirement not correctable through a warning. It rules that the dispute over the investment's suitability and compliance with legal prerequisites belongs in administrative proceedings or ordinary contentious-administrative jurisdiction, not in constitutional amparo.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un extranjero y sus dependientes contra la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). El recurrente solicitó residencia temporal como inversionista, sustentada en la adquisición de participaciones en una sociedad costarricense por más de $150,000, conforme a la Ley 9996. La DGME rechazó la solicitud porque la sociedad receptora de la inversión se encontraba inactiva ante la Dirección General de Tributación, lo cual contraviene el artículo 7 inciso B del Reglamento a la Ley 9996, que exige actividad económica en el país. El recurrente alegó violación al debido proceso por falta de prevención, argumentando que la inactividad era un defecto subsanable. La Sala desestima el amparo, al considerar que el rechazo no se basó en un vicio formal sino en un incumplimiento de fondo: la ausencia de actividad económica de la persona jurídica es un requisito sustantivo y no subsanable mediante prevención. Determina que la controversia sobre la idoneidad de la inversión y el cumplimiento de los presupuestos legales debe ventilarse en sede administrativa o en la jurisdicción contencioso-administrativa, no en amparo constitucional.
Key excerptExtracto clave
Regarding the matter, it should be noted that the DGME's rejection of the petitioner's temporary residency application (and consequently of the protected parties) was not based on a merely formal defect, but rather on the non-compliance with requirements of the company to which the investment was linked (namely, the inactive status of the legal entity). In that regard, the DGME considered that the petitioner did not have an economic activity, therefore it was not possible to authorize the migratory category. Thus, the analysis of the period of inactivity, the relevance of the tax situation, and the suitability of the legal entity for the purposes of the intended migratory category, as well as the possibility of incorporating subsequent elements demonstrating its activity, are matters properly discussed in administrative proceedings or in ordinary judicial review, where the interested parties can contest their positions and broadly submit evidence they deem pertinent.Sobre el particular, cabe destacar que el rechazo de la solicitud de residencia temporal del recurrente (y, en consecuencia, de las amparadas) por parte de la DGME no se sustentó en un defecto meramente formal, sino en el incumplimiento de requisitos de la sociedad a la cual se vinculó la inversión (a saber, el estado inactivo de la persona jurídica). En ese sentido, la DGME consideró que el accionante no contaba con una actividad económica, por lo que no era posible autorizar la categoría migratoria. De ahí que el análisis del periodo de inactividad, la relevancia de la situación tributaria y la idoneidad de la persona jurídica a los efectos de la categoría migratoria pretendida, así como la posibilidad de se incorporaran elementos posteriores que demostraran su actividad, constituyen aspectos propios de ser discutidos en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria, donde las partes legitimadas pueden someter a contradictorio su posición y evacuar de forma amplia la prueba que estimen pertinente.
Pull quotesCitas destacadas
"el rechazo de la solicitud de residencia temporal del recurrente (y, en consecuencia, de las amparadas) por parte de la DGME no se sustentó en un defecto meramente formal, sino en el incumplimiento de requisitos de la sociedad a la cual se vinculó la inversión (a saber, el estado inactivo de la persona jurídica)."
"the DGME's rejection of the petitioner's temporary residency application (and consequently of the protected parties) was not based on a merely formal defect, but rather on the non-compliance with requirements of the company to which the investment was linked (namely, the inactive status of the legal entity)."
Considerando IV
"el rechazo de la solicitud de residencia temporal del recurrente (y, en consecuencia, de las amparadas) por parte de la DGME no se sustentó en un defecto meramente formal, sino en el incumplimiento de requisitos de la sociedad a la cual se vinculó la inversión (a saber, el estado inactivo de la persona jurídica)."
Considerando IV
"el análisis del periodo de inactividad, la relevancia de la situación tributaria y la idoneidad de la persona jurídica a los efectos de la categoría migratoria pretendida, así como la posibilidad de se incorporaran elementos posteriores que demostraran su actividad, constituyen aspectos propios de ser discutidos en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria"
"the analysis of the period of inactivity, the relevance of the tax situation, and the suitability of the legal entity for the purposes of the intended migratory category, as well as the possibility of incorporating subsequent elements demonstrating its activity, are matters properly discussed in administrative proceedings or in ordinary judicial review"
Considerando IV
"el análisis del periodo de inactividad, la relevancia de la situación tributaria y la idoneidad de la persona jurídica a los efectos de la categoría migratoria pretendida, así como la posibilidad de se incorporaran elementos posteriores que demostraran su actividad, constituyen aspectos propios de ser discutidos en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria"
Considerando IV
"el motivo por el cual la DGME rechazó la solicitud de residencia temporal del amparado como trabajador de una empresa no trata de un defecto meramente formal, sino de fondo, como lo es que la empresa en cuestión se encontraba morosa con la CCSS al momento de efectuar la revisión del expediente"
"the reason why the DGME rejected the temporary residency application of the protected party as a company employee was not a merely formal defect, but a substantive one, namely that the company in question was delinquent with the CCSS at the time of reviewing the file"
Considerando IV (citando sentencia 2025031058)
"el motivo por el cual la DGME rechazó la solicitud de residencia temporal del amparado como trabajador de una empresa no trata de un defecto meramente formal, sino de fondo, como lo es que la empresa en cuestión se encontraba morosa con la CCSS al momento de efectuar la revisión del expediente"
Considerando IV (citando sentencia 2025031058)
"Esta condición no es subsanable en fases posteriores del proceso administrativo, ya que la ley establece de manera expresa que la verificación de estar al día con la CCSS debe realizarse previo a la admisión de la solicitud."
"This condition is not correctable in later stages of the administrative proceeding, as the law expressly establishes that verification of being up to date with the CCSS must be conducted prior to admission of the application."
Considerando IV (citando resolución DGME)
"Esta condición no es subsanable en fases posteriores del proceso administrativo, ya que la ley establece de manera expresa que la verificación de estar al día con la CCSS debe realizarse previo a la admisión de la solicitud."
Considerando IV (citando resolución DGME)
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Date of Resolution: February 20, 2026 at 09:30 Case File: 26-001377-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Res. No. 2026006275 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on February twenty, two thousand twenty-six.
Amparo appeal processed in case file no. 26-001377-0007-CO, filed by Nombre01, passport CED02, on behalf of HIMSELF and Nombre02, passport CED03, and Nombre01, passport CED04, against the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (DGME).
Considering:
1.- By document filed in the digital case file on January 15, 2025, the petitioner files an amparo appeal on their own behalf, as well as on behalf of Nombre02 and Nombre01. They state: “FIRST: On October third, two thousand twenty-four, Mr. Nombre01 appeared before the central offices of the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, to apply for the status of TEMPORARY RESIDENT in Costa Rica, as an INVESTOR OF SHARES IN A COSTA RICAN CORPORATION, based on the acquisition of ownership shares in the company 3-102-811254 Sociedad de Responsabilidad Limitada, with legal entity identification number CED01, exceeding one hundred fifty thousand United States dollars (US$150,000.00), pursuant to Ley 9996 and its corresponding Regulations, as evidenced in administrative file number one hundred thirty-five - eight eight six seven four zero. SECOND: On October thirteenth, two thousand twenty-five, we were notified via email of the administrative resolution 135-1193690-ADMINISTRATIVA, issued by the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. Through said resolution, it was decided to DENY AD PORTAS the application referenced in the first circumstance, basing this decision on the fact that the applicant’s company was not active before the Dirección General de Tributación Directa at the time of the evaluation of the proceeding. Furthermore, the cited resolution expressly indicated the following: "THIS DIRECCIÓN GENERAL RESOLVES: TO DENY AS IMPROPER, the application for legal stay and to order the archiving of the proceeding filed by Nombre01 (name) Nombre01 (surname), which precluded based on Articles 198 of the Ley General de Migración y Extranjería, the Foreign Nationals Regulation in effect as of May 17, 2012, under decree 37112-G and its amendments, and Resolution Number D.JUR-220-05-2024 JM ABM dated May 17, 2024, published in Supplement Number 109 to Gaceta Number 106 of June 12, 2024. This resolution is not appealable in accordance with the provisions of Article 221 of the Ley General de Migración y Extranjería. As this is a preparatory administrative act for the final act, a procedural act, it therefore has no appeal phase or acts that may be challenged, as the non-compliance with requirements is on the part of the Managed Party and not the Administration. Nombre01 is informed that they may file a new application for legal stay according to the existing migratory categories and in compliance with the legal and regulatory requirements established in Law number 8764, Article 317 of the Foreign Nationals Regulation Decree 37112 - GOB and its amendments, including a valid criminal record certificate, legal stay in the country, and the respective updated legal fees, among others. Once the administrative proceeding is concluded and the same terms of this resolution are upheld, the Policía Profesional de Migración will proceed as legally appropriate." THIRD: The Dirección General de Migración y Extranjería NEVER PREVENTED my client regarding the noted omission, despite it being an easily correctable defect and despite the fact that said institution had, in a repeated and constant manner, habitually issued such preventions prior to June of two thousand twenty-four; consequently, the Honorable Institution unjustifiably omitted its obligation to prevent the managed party, that is, Mr. Nombre01, depriving him of the real and effective opportunity to correct said omission within the corresponding administrative proceeding, which constitutes a direct violation of fundamental constitutional rights and principles of my client, such as the right to due process enshrined in Article 11 of the Constitución Política, the principle of equality before the law recognized in Article 33 of the Constitution, as well as the right to effective judicial and/or administrative protection guaranteed in Article 41 of the Constitution, violations that gravely affect the legality, reasonableness, and justice of the administrative action. FOURTH: In accordance with the current migratory statutes, it is legally impossible to declare the application filed by my client inadmissible, since Article 69 of the Ley General de Migración y Extranjería expressly establishes that the application for legal stay of a foreign person who has entered the country or remains in it under conditions contrary to the provisions of the law shall only be inadmissible. In this case, and as is evident from the notarial certification of Mr. Nombre01's passport, at the time of filing his application, he was within the national territory in a regular migratory condition, covered by the one hundred eighty-day period granted by the tourist visa; therefore, no legal ground for inadmissibility existed. Consequently, an application for legal stay cannot be declared inadmissible solely due to the lack of formalities, as an interpretation to that effect would have placed—and would place—the managed individual in a state of absolute defenselessness, contrary to the principles of legality, reasonableness, and effective protection of the rights of the managed party. FIFTH: The fact that the company appeared as inactive in the DGT system constitutes a fully correctable requirement. Said correction was effectively carried out by my client, who, moreover, would have done so in a timely manner had they been duly prevented by the Administration, instead of having their application rejected outright. SIXTH: In mid-year, this representation filed an APPEAL AGAINST the AFOREMENTIONED ADMINISTRATIVE RESOLUTION. However, said appeal was dismissed by the Tribunal Administrativo Migratorio, under the argument that there is no obligation to prevent, despite the existence of erga omnes constitutional rulings, namely: resolution no. 2024-0022571, issued at nine hours fifteen minutes on August ninth, two thousand twenty-four; resolution no. 2025-022458, issued at nine hours twenty minutes on July eighteenth, two thousand twenty-five; and resolution no. 2025-024246, issued at nine hours fifteen minutes on August first, two thousand twenty-five. LEGAL GROUNDS This amparo appeal is based on the provisions of Articles 11, 26, 33, and 41 of the Constitución Política, as well as on sections 11 and 264 of the Ley General de la Administración Pública, Article 69, 199 and concordant articles of the Ley General de Migración y Extranjería, and Article 40 and concordant articles of its Regulations. These norms enshrine the duty of the Public Administration to act in accordance with the principles of legality, reasonableness, proportionality, and due process, guaranteeing the effective exercise of fundamental rights to managed parties. Article 199 of the Ley General de Migración y Extranjería, Chapter II, regarding the Procedures for residency applications, states: "When the application is submitted incomplete or the necessary documents are not provided, the corresponding migratory authority shall grant the interested party a period of ten business days to correct the defects or complete the documentation. This period may be extended, at the discretion of the Dirección General, when the interested party demonstrates, in a duly substantiated request, that a longer period is needed to complete the documentation. Once this period has expired without completing the file, the competent migratory authority shall declare the proceeding inadmissible and order the archiving of the respective file." In this sense, the legal framework is clear in that the legislator provided for the applicant's opportunity to correct defects in the initial application, and similarly, imposed on the administrative entity the obligation to prevent the correction before proceeding with rejection and archiving of the file. In this regard, within our legal framework, there is a clear procedure for residency applications, a procedure that was disregarded by the respective entity in an arbitrary and unfounded manner, based on a criterion of the Dirección General de Migración y Extranjería itself, which is contrary to law because it violates the constitutional principles of legality, due process, and legal reserve. Likewise, the appeal relies on the reiterated jurisprudence of the Sala Constitucional, particularly in rulings numbers 2024-0022571 of nine hours fifteen minutes on August ninth, two thousand twenty-four; 2025-022458 of nine hours twenty minutes on July eighteenth, two thousand twenty-five; and 2025-024246 of nine hours fifteen minutes on August first, two thousand twenty-five, which have established that, in the presence of correctable formal defects in administrative proceedings, the authority is obligated to prevent the interested party before rejecting their application outright. Specifically, in resolution number 2025-024246, the Sala Constitucional resolved a case substantially similar to that of the amparo petitioner, granting the appeal filed and annulling the challenged migratory administrative resolution, ordering the Dirección General de Migración y Extranjería to roll back the processing of the administrative file to the moment prior to the issuance of the act, in order to prevent the interested party for the correction of the omitted requirements. Similarly, in resolution number 2025-022468, the Sala reiterated that, in administrative proceedings with correctable defects, the Administration has the constitutional duty to prevent the managed party, in observance of the fundamental right to due process, expressly stating the following: " ... This Sala has been clear in its jurisprudence in establishing that, in the presence of administrative proceedings with correctable defects, the authority is obligated to prevent the interested party before proceeding with a summary rejection, especially when the consequence is to deprive a foreign person of the possibility of regularizing their migratory situation, which can entail serious consequences for their legal certainty and their life project. Consequently, by having rejected the amparo petitioner’s application ad portas without allowing them to correct the noted formal defect, the respondent authority incurred in arbitrary conduct, contrary to the constitutional principles governing the administrative function and, particularly, to the detriment of the fundamental right to due process. The challenged action is disproportionate and lacks reasonableness, since the rights at stake were not weighed nor was the pro homine principle applied in the interpretation of the norm. Thus, the present process must be granted in accordance with what is indicated in the operative part of this judgment." (Ruling No. 2025-022468, of 09:20 hrs. on July 18, 2025.) (…) In this specific case, the omission of prevention by the respondent authority, as it occurred to the detriment of Mr. Nombre01, constitutes a direct violation of the fundamental right to due process, enshrined in Article 11 of the Constitución Política and developed in Article 11 of the Ley General de la Administración Pública. In addition to the above, this honorable Sala is respectfully requested to take into consideration that resolution number 004-2026-TAM already exists, issued by the Tribunal Administrativo Migratorio at ten hours twenty-one minutes on January eighth, two thousand twenty-six, through which said body ruled in favor of the appellant, establishing clear and binding criteria regarding the duty of prevention that falls upon the Migratory Administration. In said resolution, the Tribunal expressly stated: "This Tribunal considers it important to call the attention of the Dirección General, so that it acts in accordance with established procedures, safeguarding the principles of expediency and due process. It is worth highlighting that the migratory administration is obligated to prevent the missing requirements to give due course to the applications filed, said reasoning is derived from Article 199 of the Ley General de Migración y Extranjería, which establishes, in what is relevant, that; 'When the application is submitted incomplete or the necessary documents are not provided, the corresponding migratory authority shall grant the interested party a period of ten business days to correct the defects or complete the documentation.' (The underlining does not belong to the original). It is clear that the migratory authority is obligated to prevent as previously stated; however, in this case, it is evident that the Dirección General de Migración y Extranjería issued the rejection based on the file being incomplete, when it clearly failed to comply with the duty to prevent established by the regulations transcribed above. This led the respondent Dirección to reject the proceeding filed, when the same Dirección General omitted, as reiterated, to prevent the appellant at the very moment of filing the application, in accordance with Article 199 of the Ley General de Migración y Extranjería." Hence, to purge the procedure of a regular stay proceeding and lead it to the basic scenarios of information and communication that the applicant party is entitled to, it becomes vitally important that the person be prevented, so that they provide all those requirements needed to examine the filed application on its merits. From the foregoing, it is deduced, without a doubt, that the Tribunal Administrativo Migratorio recognized the existence of a serious procedural omission, consisting of the lack of prevention to the applicant, failing to comply with an express legal obligation imposed by Article 199 of the Ley General de Migración y Extranjería. Such omission directly violates the principles of due process, legal certainty, and administrative expediency, as it deprives the applicant of the real and effective possibility of completing their proceeding and obtaining a decision on the merits. In that sense, to properly purge the procedure of a regular stay proceeding and lead it to the basic scenarios of information, transparency, and communication to which the applicant party is entitled, it is vitally important that the Migratory Administration fulfill its duty to prevent, thus allowing all necessary requirements to be provided for the comprehensive examination of the filed application. Consequently, and in light of the foregoing, it is appropriate that this honorable Sala grant the present amparo appeal, nullify the administrative act that declared the amparo petitioner's migratory application inadmissible, and order the Dirección General de Migración y Extranjería to roll back the administrative proceeding to the moment prior to the issuance of the challenged act. Likewise, it is requested that the amparo petitioner be granted a reasonable and legally appropriate period to correct the noted formal defects, all in strict adherence to the constitutional principles of legality, reasonableness, and due process, thus guaranteeing effective protection of their fundamental rights. (…) PETITION Taking into account the facts, evidence, and legal grounds set forth above, I beg THIS HONORABLE SALA to declare the following in its judgment: 1- That the present amparo appeal be granted in all its aspects, declaring null and void administrative resolution number 135-1193690 issued by LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. 2- That the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA be ordered to prevent MY CLIENT within a period of ten business days to correct what is appropriate”.
2.- By resolution at 17:51 hours on January 16, 2026, the Presidency of the Sala ordered: “Considering the amparo appeal processed in case file number 26-001377-0007-CO, filed by Nombre01, passport 123693272, on behalf of Nombre02, passport 124498976, Nombre03, passport 140672673, against the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, it is resolved: in the terms of Articles 43, 44, and 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the Director General of Migración y Extranjería shall report on the facts alleged by the appealing party, in summary: that on October 3, 2024, they requested the status of Temporary Resident as Investor of shares in a Costa Rican corporation before the Dirección General de Migración y Extranjería, under Ley 9996 and its regulations. They argue that their investment consisted of acquiring shares in a Costa Rican corporation for an amount exceeding $150,000, a proceeding registered in the corresponding administrative file. They mention that on October 13, 2025, the respondent authority notified them of resolution no. 135-1193690-ADMINISTRATIVA, by which it denied ad portas said application, alleging that the corporation in which the applicant invested was inactive before the Dirección General de Tributación at the time of the evaluation of the proceeding. They mention that the resolution declared the proceeding improper, ordered the archiving of the file, and stated that it was not appealable as it was a preparatory act without an appeal phase. However, it was indicated that they could file a new application complying with all current requirements. They complain that the respondent authority never prevented them regarding the alleged omission—despite it being an easily correctable requirement and that historically the institution did issue preventions—. They claim this left them without the opportunity to correct the defect, which they consider injures their right to due process, the principle of equality, as well as the right to effective judicial and administrative protection. They argue that it is legally incorrect to declare the application inadmissible, since Article 69 of the Ley General de Migración y Extranjería establishes that inadmissibility only applies if the person enters or remains irregularly in the country, which is not their case, and therefore rejecting the application for a merely formal defect placed them in a state of defenselessness, contrary to the principles of reasonableness and legality. They claim that the inactivity of the corporation before the Dirección General de Tributación was a correctable requirement. They mention that they filed an appeal against the administrative resolution in question; however, said appeal was dismissed by the Tribunal Administrativo Migratorio on the grounds that Migración has no obligation to prevent. They consider their fundamental rights injured. They request the intervention of this Sala”.
3.- By document filed in the digital case file on January 23, 2026, Omer Badilla Toledo, Deputy Minister of Gobernación y Policía, serving additionally as Director General of the Dirección General de Migración y Extranjería, reports as follows: “II. MATTER SPECIFIC TO THE CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE JURISDICTION. Article 7 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional explains that the Sala Constitucional is responsible for defining its own competence, and as such, it has repeatedly indicated that by means of constitutional amparo, only matters in which a supposed violation of the right to petition related to minors, the environment, payment of salary, payment of benefits upon retirement, pensions under the non-contributory regime, and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreign nationals outside the country, potable water service, elderly persons when not related to pension matters, corruption complaints, indigenous rights, claims for lack of insurance coverage with the Caja Costarricense de Seguro Social, and maternity licenses are questioned should be reviewed. Other matters must be heard before the Tribunals of the Contencioso-Administrativo jurisdiction, by reason of what is established for such purposes by Ley N° 9097, called “Ley de Regulación del Derecho de Petición”. Within this framework, the jurisprudential line has been sustained over the years. An example of this is resolution 2010-21538, of nine hours fifty-two minutes, on December twenty-fourth, two thousand ten, in which this Sala Constitucional stated the following: “As such, since what is ultimately challenged is the refusal attributable to the respondent authorities to authorize the status of resident in favor of the amparo petitioner, it is improper to rule on these aspects, since they do not constitute matters of constitutional order that can be analyzed in this venue. This is so because it is not incumbent upon this Sala to determine whether the respondent authorities have correctly interpreted and applied the Ley General de Migración y Extranjería or not. In addition to the foregoing, determining whether or not the amparo petitioner meets the requirements and conditions demanded for such purposes are aspects that by their nature must be discussed before the respondent authorities themselves and, once the administrative route is exhausted, they may then resort to the competent ordinary jurisdiction, in this case, the contencioso administrativo jurisdiction. Further, it must be considered that, given the summary nature of the amparo appeal—ideally very summary—it is not materially or reasonably possible to enter into a complicated evidentiary system or an analysis of facts that goes beyond the challenged acts themselves, and it must be circumscribed, rather, to the factual hypotheses on which those acts are based, as occurs in this case, which is why the examination of the facts challenged herein fall outside the scope of this Sala's competence…”. In the same vein, in ruling 2011-000410 of eleven hours forty-five minutes on January fourteenth, two thousand eleven, the Sala Constitucional reiterated what was decided in resolution No. 2010-012136, of sixteen hours nineteen minutes on July twentieth, two thousand ten, in which, as relevant, it established: “In sum, the new contencioso-administrativa jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of managed parties in which it is necessary to gather evidence or define certain ordinary legality issues. III.- VERIFICATION OF THE DEADLINES SET BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES: CLEAR MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals, is a clear matter of ordinary legality that, henceforth, can be discussed and resolved before the contencioso-administrativa jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense—that is, to appear without legal representation—and gratuitousness for the appellant. Consequently, the appeal must be dismissed and the petitioner must be informed that if they so wish, they may resort to the contencioso-administrativa jurisdiction.”. Also, in ruling No. 2017008942, of 14 hours on June 16, 2017, case file 17-005488-0007-CO), this Sala stated. “… As of ruling 02545 of 8:55 hrs. on February 22, 2008, this Sala considered that the discussion on whether the Public Administration complies or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding — initiated ex officio or at the request of a party — or to hear the appropriate administrative appeals, is a clear matter of ordinary legality that must be claimed in the contencioso administrativa jurisdiction. For the foregoing, what is appropriate is to dismiss the appeal, regarding the alleged lack of final resolution by the Dirección General de Migración y Extranjería…” Similarly, the Sala Constitucional, through ruling No. 2020023857, of fourteen hours five minutes on December tenth, two thousand twenty, dismissed the amparo appeal processed under Case File No. 20-021372-0007-CO, stating: “… III.- On the merits. In view of the document filing this appeal, it is pointed out to the appealing party that the purpose of amparo is to provide timely protection against violations or threats to fundamental rights and freedoms, so that its admissibility, in general, is conditioned not only on proving the existence of a violation—or threat thereof—to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Carta Política or those of a fundamental nature established in the international human rights instruments signed and duly incorporated into the legal system, but also on the alleged grievance involving a direct and gross threat or breach of those rights. For this reason, the amparo process cannot be used to control the legality of the acts of the various Public Administrations, as it is of an eminently summary nature—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine—with a declaratory nature—whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual narrative of the amparo appeal or the legal report, as the case may be, actually exist. IV.- On the merits … Now, in previous amparo appeals filed in similar terms, the Sala has indicated that it does not fall to it to verify whether a specific person meets, or not, the legal and regulatory requirements to obtain either a form of insurance or the document that certifies their legal status in the national territory, as this implies an analysis of legality. Based on such jurisprudence, conclusive and maintained for many years by the Sala Constitucional, it is evident that the matter at hand has been improperly filed, given that it must be heard in the Contenciosa venue and not the Constitucional one. III. REGARDING OUR ACTIONS. According to report No. GE-SVT-049-01-2026, signed by Ms. Cheily Judith Flores Arias, Gestora de Extranjería of this Dirección General, it is indicated that on October 3, 2024, Fabiana Gutiérrez León-Páez, in her capacity as special legal representative, filed before this Dirección General the following applications: 1. Application for Temporary Residence as Investor in shares of the corporation 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, legal identification number CED01, in favor of Nombre01, 2. Application for Temporary Residence as dependent of an investor, in favor of Nombre02, spouse of the investor, 3. Application for Temporary Residence as dependent of an investor, in favor of the minor person Nombre01, under the parental authority of their parents. It should be noted that the applications filed in favor of Ms. Nombre02 and the minor person Nombre01 correspond to temporary residence proceedings as dependents of an investor, Mr. Nombre01. Consequently, the result of both proceedings was entirely conditioned on what was resolved in the main file of Mr. Nombre01. This is in accordance with the provisions of subsection 8 of Article 79 of the Ley General de Migración y Extranjería, Ley N° 8764, and section 6) of Decreto N° 43926-MGP-H-TUR "REGLAMENTO A LA LEY Nº 9996 PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS, RESIDENTES RENTISTAS Y RESIDENTES PENSIONADOS", published in Supplement No. 28 to La Gaceta No. 34, of February 23, 2023, as well as the General Principle of Law derived from the Latin maxim “Accesorium sequitur principale”, meaning “the accessory follows the fate of the principal”.
It is essential to clarify that, for the assessment of the applications submitted, the respondent must apply the special regulations set forth in Ley N° 9996 and its Reglamento, Decreto N° 43926-MGP-H-TUR, which regulates the categories of investors (inversionistas), rentiers (rentistas), and pensioners (pensionados). This regulation establishes specific requirements distinct from those set forth in the Ley General de Migración y Extranjería, Ley N° 8764 and the Reglamento de Extranjería, Decreto Ejecutivo 37112-GOB and its amendments, which must also be met by foreign persons seeking this type of migratory category. In particular, Article 7, subsection B of the Reglamento de la Ley 9996 expressly provides that investment is only permitted in companies with economic activity in the country, EXCLUDING INACTIVE LEGAL ENTITIES (PERSONAS JURÍDICAS INACTIVAS), namely: “ARTÍCULO 7. Requisitos para la comprobación de la donación. In addition to the indicated requirements, the foreign person seeking authorization for their legal stay under the Investor subcategory must provide documentary proof of their investment with a capital of no less than one hundred fifty thousand United States dollars (US$ 150,000.00), legal tender at the selling exchange rate determined by the Banco Central de Costa Rica, or its equivalent in colones, for which they must meet the following requirements, according to the type of investment or investments made: (…) B) Shares: 1. Certification of legal status (personería jurídica) and share capital issued by a Notary Public based on the company's legal books, stating a real participation by the foreign person, for an amount of no less than one hundred fifty thousand dollars (US$150,000.00), currency of the United States of America or its equivalent in colones at the selling exchange rate established by the BCCR, or that this amount is reached in conjunction with the other investments listed in the subsections of this article, and with a date of issuance not exceeding one month at the time of filing the temporary residence application for the foreign person. If investing in more than one company, the required amount may be distributed, and the respective certifications must be provided. This type of investment will only be permitted in companies with economic activities in the country, and not in inactive legal entities. (…)” (The bold and underlining are not from the original). Based on this legal framework, the respondent proceeded to verify the tax status of company 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, in which Nombre01 based their application as an investor. Thus, on November 28, 2024, the certified copy of the Tax Situation Status (Estado de Situación Tributaria) of said company was added to the file, a document in which NO ECONOMIC ACTIVITY IS RECORDED; it only registers the status of “LEGALLY CONSTITUTED LEGAL ENTITY” (“PERSONA JURÍDICA LEGALMENTE CONSTITUIDA”), which confirms its character as an inactive legal entity (persona jurídica inactiva). As a result of this verification and in strict application of the regulatory requirement previously cited, this Dirección General issued resolution 135-1193690-Administrativa-ERH of October 13, 2025, by which the application filed on behalf of Nombre01 was rejected as inadmissible, because it did not meet the essential admissibility requirement for the investor category, namely, that the company in which the investment is intended to be made has ongoing economic activity. A screenshot of the consultation performed is attached: (…) By reason of the foregoing, and given that the applications of dependent persons (personas dependientes) constitute ancillary procedures (trámites accesorios) with respect to the main procedure filed by the principal —in application of the principle accessorium sequitur principale, according to which the accessory follows the fate of the principal—, the respondent had to subordinate their admissibility to the decision on the application in favor of Nombre01. Consequently, through resolution 135-1193722-ADMINISTRATIVA-ERH in favor of Nombre02 and 135-1193727-ADMINISTRATIVA-ERH in favor of Nombre01, both dated October 13, 2025, the applications for Temporary Residence as Dependents of an Investor were rejected, since the main procedure of the investor from which they derived was not approved. It must also be added that, through resolutions 1345-2025-TAM, 1346-2025-TAM, and 1347-2024-TAM of November twenty-seventh, two thousand twenty-five, the Tribunal Administrativo Migratorio, DECLARED WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) the appeals filed by Mrs. Fabiana Gutiérrez León-Páez, in her capacity as special legal representative (apoderada especial) of the protected persons, thereby confirming the actions taken by this Dirección General in the aforementioned resolutions 135-1193690-Administrativa-ERH, 135-1193722-ADMINISTRATIVA-ERH, and 135-1193727-ADMINISTRATIVA-ERH. Regarding the argument made by the appellant in alleging the omission of a warning (prevención) concerning the inactive status of the commercial company (sociedad mercantil) before the Dirección General de Tributación, it is necessary to clarify that said formality does not constitute a rectifiable defect (requisito subsanable) within the migratory procedure, but rather a legal prerequisite (presupuesto jurídico) directly established in a special law, a requirement that is essential to prove the real and operative existence of the investment invoked under the protection of Ley 9996 and its reglamento. It must be mentioned that this Dirección General has no obligation to warn about this circumstance, because the real economic and tax activity of the company is the responsibility of the applicant to carry out from the moment of filing the petition, in compliance with the principle of the burden of proof and pursuant to the applicable regulations, which exhaustively establishes the fulfillment of this requirement. As previously mentioned, this criterion has been expressly endorsed by the Tribunal Administrativo Migratorio, the competent reviewing body, which dismissed the appeal filed, noting that this Dirección General has no duty to issue any warning (prevención) regarding the company's registered inactivity, since this does not constitute a rectifiable defect (defecto subsanable) within the procedure, but rather a substantive non-compliance with the law that makes it impossible to prove the required investment. Consequently, the rejection made by the respondent conforms to the legal and procedural framework in force and does not constitute a violation of due process or effective administrative protection. It is worth highlighting that, in the administrative file of the main applicant, specifically at folio 31, there is the notarial certification of the Tax Situation Status of the company identified under legal identification number CED01, Sociedad de Responsabilidad Limitada, a document provided on November 28, 2024, in which it is evident that it does not register any economic activity before the Dirección General de Tributación, merely stating the status of “legally constituted legal entity” (“persona jurídica legalmente constituida”). This circumstance constitutes a substantive non-compliance, as it is reiterated that Article 7, subsection b) of the Reglamento a la Ley N° 9996 (Decreto Ejecutivo N° 43926-MGP-H-TUR) expressly establishes that “this type of investment will only be permitted in companies with economic activities in the country, and not in inactive legal entities.” In addition, the last paragraph of Article 4 of the Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta defines inactive legal entities as those that “do not develop a for-profit activity (actividad lucrativa) from a Costa Rican source,” which reaffirms the impossibility of considering an investment made in a company lacking registered economic activity as valid for migratory purposes. In this sense, Article 7, subsection b) of the Reglamento a la Ley N° 9996 (Decreto Ejecutivo N° 43926-MGP-H-TUR) must be interpreted in light of the exceptional and purposive nature of the regime created by said law, which does not constitute an ordinary migratory procedure, but rather a special mechanism for attracting foreign investment promoted by the Costa Rican State in the context of economic recovery following the COVID-19 pandemic. Within this framework, the regulation requires that the investments presented be real, effective, and traceable, made in companies that have ongoing and verifiable economic activity in the country, precisely to ensure that the investment contributes to economic development, as provided for in Ley 9996 by establishing a differentiated regime for foreign investors. Therefore, the mere formal or registry creation of a legal entity is insufficient, because the company used to demonstrate the investment must be fully active before the tax authority, develop for-profit activity, and meet the parameters established in the special regulation. The requirement of economic activity is not an accessory or rectifiable aspect, but a substantive requirement without which compliance with the legal purpose cannot be verified. Consequently, the Administration had to strictly assess this prerequisite, as it is an essential element of the exceptional investment attraction regime and not a formality provided for in the ordinary migratory procedure. In accordance with the foregoing, it is determined that there was no violation of the fundamental rights of Mrs. Nombre02 and the minor Nombre01, since the migratory procedure for regularization in the country required the approval of the main procedure in the name of Nombre01. Pursuant to the regulatory design of the investor regime, the residence of dependent persons is conditioned on the principal fully meeting the requirements demanded for their own admission. When the principal's procedure is rejected due to the lack of an essential requirement, the procedures of their dependents automatically lack legal support, so their rejection was equally appropriate and inevitable. This consequence does not constitute a penalty nor does it affect fundamental rights; rather, it responds to the legal logic of the special migratory regime. According to the foregoing, the respondent acted in accordance with the principle of legality, adequately assessed the elements of the file, and resolved in a manner consistent with the purpose and requirements of Ley 9996, without incurring any irregularity. In view of the above, it is evident that there is no violation whatsoever by this Dirección General of the constitutional rights of the protected persons. In this regard, I request that the appeal at hand be declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR).” 4.- By written submission incorporated into the digital file on January 28, 2026, Camila Céspedes Araya, special judicial representative (apoderada especial judicial) of Nombre01, appears. She states that, in the resolution processing this case at 5:51 p.m. on January 16, 2026, it was recorded that the appeal was filed by the appellant on behalf of Nombre02 and Nombre01; however, in the filing brief, he also brought the amparo on his own behalf, and therefore requests the correction of the resolution.
5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Judge Rueda Leal; and,
Considering:
I.- PRELIMINARY MATTER. Although the special judicial representative of Nombre01 requests the correction of the resolution processing this case so that the amparo is considered as also filed on his behalf, this Chamber considers that it is indeed appropriate to recognize him as a protected party; however, it is unnecessary to rectify the Presidency's resolution of 5:51 p.m. on January 16, 2026, as there are sufficient elements to resolve the merits of the sub lite without causing any type of defenselessness.
II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner Nombre01 files an amparo appeal in his own name, as well as on behalf of Nombre02 and Nombre01. He states that on October 3, 2024, he filed an application for temporary residence as an “INVESTOR IN SHARES OF A COSTA RICAN COMPANY” (“INVERSIONISTA DE ACCIONES DE UNA SOCIEDAD COSTARRICENSE”). He mentions that on October 13, 2025, they were notified of resolution 135-1193690-ADMINISTRATIVA of the Dirección General de Migración y Extranjería, by which it decided to reject the application ad portas, because the company was not active before the Dirección General de Tributación Directa at the time of the evaluation of the procedure. He complains that he was not warned to correct the omission, despite it being easily rectifiable (subsanable). He considers that an application for legal stay cannot be declared inadmissible for the mere lack of formalities, since this places the administered person in a state of absolute defenselessness. He explains that the inactivity of the company in the system was a rectifiable requirement, which has already been carried out. He maintains that an appeal was filed before the Tribunal Administrativo Migratorio; however, it was dismissed with the argument that there is no obligation to warn. He requests: “1- That this amparo appeal be declared with merit (con lugar) in all its aspects, nullifying administrative resolution number 135-1193690 issued by the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. 2- That the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA be ordered to warn MY REPRESENTED PARTY within a period of ten business days to rectify (subsanar) the appropriate matter.” III.- PROVEN FACTS. Deemed as duly proven for the decision of this matter are the following facts:
IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner Nombre01 files an amparo appeal in his own name, as well as on behalf of Nombre02 and Nombre01. He states that on October 3, 2024, he filed an application for temporary residence as an “INVESTOR IN SHARES OF A COSTA RICAN COMPANY.” He mentions that on October 13, 2025, they were notified of resolution 135-1193690-ADMINISTRATIVA of the Dirección General de Migración y Extranjería, by which it decided to reject the application ad portas, because the company was not active before the Dirección General de Tributación Directa at the time of the evaluation of the procedure. He complains that he was not warned to correct the omission, despite it being easily rectifiable. He considers that an application for legal stay cannot be declared inadmissible for the mere lack of formalities, since this places the administered person in a state of absolute defenselessness. He explains that the inactivity of the company in the system was a rectifiable requirement, which has already been carried out. He maintains that an appeal was filed before the Tribunal Administrativo Migratorio; however, it was dismissed with the argument that there is no obligation to warn. He requests: “1- That this amparo appeal be declared with merit in all its aspects, nullifying administrative resolution number 135-1193690 issued by the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. 2- That the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA be ordered to warn MY REPRESENTED PARTY within a period of ten business days to rectify the appropriate matter.” From the study of the case file, it is deemed proven that, on October 3, 2024, the appellant Nombre01 filed an application for temporary residence as an “Investor in SHARES” before the Dirección General de Migración y Extranjería. The Dirección General de Migración y Extranjería, through resolution no. 135-1193690-ADMINISTRATIVA at 10:44 a.m. on October 13, 2025, resolved: “(…) III. ON THE ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE: (…) 1. From the review carried out today in the Ministry of Finance's online system-TRIBU-CR, it is found that company 3-102-811254-SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal identification number CED01, appears as INACTIVE LEGAL ENTITY: (…) In addition to the foregoing, on November 28, 2024, a notarial certification of the TAX SITUATION STATUS of company 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, was provided (see folio 31 of the administrative file), where NO economic activity is recorded; it only indicates ‘LEGALLY CONSTITUTED LEGAL ENTITY.’ Article 7, subsection B, of the Reglamento a la Ley N° 9996 Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados N° 43926-MGP-H-TUR, states: ‘This type of investment will only be permitted in companies with economic activities in the country, and not in inactive legal entities. (…) Inactive companies (sociedades inactivas) are commercial companies (sociedades mercantiles) that do not develop economic activities; therefore, these types of companies do not issue invoices, do not record income, and by their very nature do not determine profits at the close of each fiscal period, that is, there is no income tax to pay. These companies are those that were constituted at the time for the holding of assets and any other investment whose purpose was not their exploitation to generate profits. SECOND: Given the foregoing, once the file belonging to the foreign applicant Nombre01 has been analyzed, it is determined that they do not meet all the requirements established in the current migratory regulations (that is, HAVING AN ECONOMIC ACTIVITY). In this sense, it is not possible to authorize a migratory category without full compliance with the respective legal and regulatory requirements. (…) POR TANTO 1.- REJECT AS INADMISSIBLE the application for Temporary Resident as an Investor in SHARES and order the archiving of the file in the name of Nombre01 (…)”. The Tribunal Administrativo Migratorio, in resolution no. 1345-2025-TAM at 9:35 a.m. on November 27, 2025, declared without merit the appeal filed against resolution no. 135-1193690-ADMINISTRATIVA. The official Cheily Flores Arias, immigration manager of the Dirección General de Migración y Extranjería, through official communication GE-SVT-049-01-2026 of January 19, 2026, stated: “FIRST: Regarding the processing of the application for legal stay of the appellants, with administrative file numbers 135-886740, 135-886742, and 135-886745, it is noted that: On October 3, 2024, Fabiana Gutiérrez León-Páez, in her capacity as special representative of each petitioner, filed before the Dirección General de Migración y Extranjería: (i) on behalf of Nombre01, the Temporary Residence application as an Investor in shares of company 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, legal identification number CED01; (ii) on behalf of Nombre02, spouse of the investor, the Temporary Residence application as a Dependent of an Investor; and (iii) on behalf of the minor Nombre01, under the parental authority of their parents, a Temporary Residence application as a Dependent of an Investor. (…) THIRD: Given that the applications of the dependents constitute ancillary procedures with respect to the main procedure filed by the principal —in application of the principle accessorium sequitur principale, according to which the accessory follows the fate of the principal—, the Administration had to subordinate their admissibility to the result of the file of Nombre01. Consequently, through resolutions 135-1193722-ADMINISTRATIVA-ERH and 135-1193727-ADMINISTRATIVA-ERH, both dated October 13, 2025, the applications for Temporary Residence as Dependents of an Investor on behalf of Nombre02 and Nombre01 were rejected, since the main procedure of the investor from which they derived was not approved. FOURTH: That through resolutions 1345-2025-TAM, 1346-2025-TAM, and 1347-2024-TAM of November twenty-seventh, two thousand twenty-five, the Tribunal Administrativo Migratorio declared without merit the appeals filed by Mrs. Fabiana Gutiérrez León-Páez, in her capacity as special representative of Mr. Nombre01 and Mrs. Nombre02, and confirms the actions taken by the DGME.” Regarding the sub examine, this Chamber, through judgment no. 2025031058 at 9:25 a.m. on September 26, 2025, resolved:
“From the foregoing, it is clear that this Court has indicated that, in the face of administrative proceedings with rectifiable defects (vicios subsanables), the administration is obligated to warn (prevenir) the interested party before effecting a rejection, so that they can correct the formal defect observed. However, in the sub examine, it is important to note that the reason why the DGME rejected the protected party's temporary residence application as an employee of a company does not involve a merely formal defect, but a substantive one, such as the fact that the company in question was delinquent (morosa) with the CCSS at the time of the file review, a fact that was even confirmed by the ward himself, who, in the review appeal filed against the denial of his application, explained that: ‘It turns out that the day the Migration technician checks the Costa Rican Social Security Fund system, it appears as Delinquent because the respective payment for that month had not yet been made, for the month of August 2024 which was payable in September 2024, and it had to be paid on 09/18/2024, it was paid until October 7, 2024, and on 10/18/2024 the month of September 2024 was paid, I attach proof, now we are up to date with the payment of the obligations to the Costa Rican Social Security Fund.’ Regarding this, see that in the resolution rejecting the application in question, the DGME was clear in stating that: ‘(…) the delinquency of the company in this case fully justifies the rejection of your application, given that non-compliance with obligations to the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) constitutes an insurmountable obstacle to its approval. This obligation is imperative in nature, since Article 74 of the Ley Constitutiva de la CCSS and its complementary norms establish that the payment of social security obligations is not only a duty of the employer, but also a condition sine qua non for carrying out any administrative procedure before the Public Administration. The legislator has been clear in imposing this requirement in order to protect the social security system, considered one of the fundamental pillars of the Social State of Law. Compliance with the CCSS is not merely a bureaucratic formality, but a safeguard for the continuity and stability of the system, which is threatened by delinquency. This condition is not rectifiable in later phases of the administrative process, since the law expressly establishes that verification of being up to date with the CCSS must be carried out prior to the admission of the application. Consequently, allowing a company that has not met its obligations to continue with its procedure would be contrary to the principles of legality and justice in the actions of the Public Administration. The denial, in this case, is not only appropriate but necessary to guarantee respect for current regulations and equity in the treatment of all administered persons.’ (the bold was added).
Therefore, the appeal is dismissed.” On this matter, it is important to highlight that the rejection of the appellant's (and, consequently, the protected parties') temporary residence application by the DGME was not based on a merely formal defect, but on the non-compliance with requirements of the company to which the investment was linked (namely, the inactive status of the legal entity). In this sense, the DGME considered that the petitioner did not have an economic activity, and therefore it was not possible to authorize the migratory category. Hence, the analysis of the period of inactivity, the relevance of the tax situation, and the suitability of the legal entity for the purposes of the intended migratory category, as well as the possibility of incorporating subsequent elements demonstrating its activity, constitute aspects appropriate for discussion in administrative venue (sede administrativa) or in the ordinary jurisdictional route, where the legitimized parties can submit their position for adversarial proceedings and fully present the evidence they deem pertinent.
For the considerations set forth, the appeal is declared without merit.
V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, should they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional device of an electronic, informatic, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be removed within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012.
Por tanto:
The appeal is declared without merit.
Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Digitally Signed Document -- Verification Code -- Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2026006275 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 26-001377-0007-CO, interpuesto por Nombre01, pasaporte CED02, a favor de SÍ MISMO y de Nombre02, pasaporte CED03, y Nombre01, pasaporte CED04, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (DGME).
Resultando:
1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 15 de enero de 2025, la parte accionante interpone recurso de amparo a nombre propio, así como de Nombre02 y Nombre01. Manifiesta: “PRIMERO: El día tres de octubre del año dos mil veinticuatro, el señor Nombre01, se presentó ante las oficinas centrales de la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA, solicitud para que se le concediese, el status de RESIDENTE TEMPORAL en Costa Rica, por ser INVERSIONISTA DE ACCIONES DE UNA SOCIEDAD COSTARRICENSE, sustentada en la adquisición de cuotas de participación en la sociedad 3-102-811254 Sociedad de Responsabilidad Limitada, con cédula de persona jurídica numero CED01, superior a los ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US$150 000, 00), lo anterior de acuerdo a (sic) la Ley 9996 y su respectivo Reglamento, visible así en el expediente administrativo número ciento treinta y cinco - ocho ocho seis siete cuatro cero. SEGUNDO: El trece de octubre del año dos mil veinticinco, se nos notificó por correo electrónico, la resolución administrativa 135-1193690-ADMINISTRATIVA, emitida por la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. Mediante dicha resolución, se resolvió RECHAZAR AD PORTAS, la solicitud indicada en el hecho primero, fundamentando dicha decisión en que la sociedad solicitante no se encontraba activa ante la Dirección General de Tributación Directa al momento de la evaluación del trámite. Asimismo, la citada resolución indicó de manera expresa lo siguiente: "ESTA DIRECCIÓN GENERAL RESUELVA: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE, la solicitud de permanencia legal y ordenar el archivo de la gestión presentada por Nombre01 (nombre) Nombre01 (apellido), la cual precluyó con fundamento en los artículos 198 de la Ley General de Migración y Extranjería, el Reglamento de Extranjería vigente a partir del 17 de mayo de 2012, según decreto 37112-G y sus reformas, y la Resolución Número D.JUR-220-05-2024 JM ABM de fecha 17 de mayo del 2024, publicada en la Alcance Número 109 a la Gaceta Número 106 del 12 de junio del 2024. La presente resolución no es recurrible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley General de Migración y Extranjería. Siendo que este, es un acto administrativo preparatorio del acto final, un acto de trámite, no tiene por consiguiente fase recursiva o actuaciones que resulten impugnables, siendo que el incumplimiento de requisitos es por parte del Administrado y no de la Administración. Se le indica a Nombre01 que puede presentar una nueva solicitud de permanencia legal de acuerdo a (sic) las categorías migratorias existentes y cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley número 8764, el artículo 317 del Reglamento de Extranjería Decreto 37112 - GOB y sus reformas, incluyendo certificado de antecedentes penales vigentes, la permanencia legal en el país y los respectivos pagos de ley actualizados, entre otros. Una vez concluido el trámite administrativo y se mantenga los mismos términos de la presente resolución, procederá la Policía Profesional de Migración como en derecho corresponda." TERCERO: La Dirección General de Migración y Extranjería NUNCA PREVINO a mi representado respecto de la omisión señalada, a pesar de tratarse de una falta fácilmente subsanable y de que dicha institución acostumbraba, de manera reiterada y constante, realizar este tipo de prevenciones con anterioridad a junio del año dos mil veinticuatro; en consecuencia, la Honorable Institución omitió injustificadamente su obligación de prevenir al administrado, es decir, al señor Nombre01, privándolo de la posibilidad real y efectiva de corregir dicha omisión dentro del procedimiento administrativo correspondiente, lo cual constituye una violación directa a derechos y principios constitucionales fundamentales de mi representado, tales como el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, el principio de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 33 constitucional, así como el derecho a la tutela judicial y/o administrativa efectiva garantizado en el artículo 41 constitucional, vulneraciones que afectan de manera grave la legalidad, razonabilidad y justicia del actuar administrativo. CUARTO: En concordancia con los estatutos migratorios vigentes, resulta jurídicamente imposible declarar inadmisible la solicitud presentada por mi cliente, toda vez que el artículo 69 de la Ley General de Migración y Extranjería establece de manera expresa que únicamente será inadmisible la solicitud de permanencia legal de la persona extranjera que haya ingresado al país o que permanezca en él en condiciones contrarias a lo dispuesto por la ley. En el presente caso, y conforme se desprende de la certificación notarial del pasaporte del señor Nombre01, al momento de presentar su solicitud esta se encontraba dentro del territorio nacional en condición migratoria regular, amparado por el plazo de ciento ochenta días otorgado por la visa de turista, por lo que no concurría ninguna causal legal de inadmisibilidad. En consecuencia, no puede declararse inadmisible una solicitud de permanencia legal por la sola falta de formalidades, ya que una interpretación en tal sentido habría colocado -y colocaría- a la persona administrada en un estado de absoluta indefensión, contrario a los principios de legalidad, razonabilidad y protección efectiva de los derechos del administrado. QUINTO: El hecho de que la sociedad figurara como inactiva en el sistema de la DGT constituye un requisito plenamente subsanable. Dicha subsanación fue efectivamente realizada por mi representado, quien, además, habría procedido oportunamente a ello de haber sido debidamente prevenido por la Administración, en lugar de que su solicitud fuera rechazada de plano. SEXTO: A mediados del presente año, esta representación interpuso RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ANTERIORMENTE INDICADA. No obstante, dicho recurso fue desestimado por el Tribunal Administrativo Migratorio, bajo el argumento de que no existe obligación de prevenir, pese a la existencia de votos constitucionales de carácter erga omnes, a saber: la resolución n.° 2024-0022571, dictada a las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil veinticuatro; la resolución n.° 2025-022458, emitida a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco; y la resolución n.° 2025-024246, pronunciada a las nueve horas quince minutos del primero de agosto de dos mil veinticinco. FUNDAMENTO DE DERECHO El presente recurso de amparo se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 11, 26, 33 y 41 de la Constitución Política, así como en los numerales 11 y 264 de la Ley General de la Administración Pública, el artículo 69, 199 y concordantes de la Ley General de Migración y Extranjería y el artículo 40 y concordantes de su Reglamento. Dichas normas consagran el deber de la Administración Pública de actuar conforme a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso, garantizando a los administrados el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Versa el artículo 199 de la Ley General de Migración y Extranjería, Capítulo II, relativo a los Trámites de las solicitudes de residencia que: "Cuando la solicitud sea presentada en forma incompleta o no se aporten los documentos necesarios, la autoridad migratoria correspondiente le otorgará, al interesado, un plazo de diez días hábiles para que subsane los defectos o complete la documentación. Este plazo podrá ampliarse, a discreción de la Dirección General, cuando el interesado demuestre, en solicitud debidamente fundamentada, que necesita un plazo mayor para completar la documentación. Vencido este plazo sin que se haya completado el expediente, la autoridad migratoria competente declarará inadmisible la gestión y ordenará el archivo del expediente respectivo.". En este sentido, el marco de legalidad es claro en cuanto el legislador previo la oportunidad del solicitante de subsanar los defectos en la solicitud inicial, y del mismo modo, le estableció al ente administrativo la obligación de prevenir la subsanación previo de proceder con el rechazo y archivo del expediente. Es este sentido, dentro de nuestro marco de legalidad, existe un procedimiento claro para las solicitudes de residencia, procedimiento que fue desatendido por el ente respectivo de forma arbitraria e infundada, basándose en un criterio propio de la Dirección General de Migración y Extranjería, lo cual resulta contrario a derecho en razón de que esto violenta los principios constitucionales de legalidad, del debido proceso y de reserva de ley. Asimismo, el recurso se apoya en la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional, particularmente en las sentencias números 2024-0022571 de las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil veinticuatro; 2025-022458 de las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco; y 2025-024246 de las nueve horas quince minutos del primero de agosto de dos mil veinticinco, en las cuales se ha establecido que, ante la existencia de defectos formales subsanables en gestiones administrativas, la autoridad se encuentra obligada a prevenir al interesado antes de rechazar de plano su solicitud. En especial, en la resolución número 2025-024246, la Sala Constitucional resolvió un caso sustancialmente similar al del amparado, declarando con lugar el recurso interpuesto y anulando la resolución administrativa migratoria impugnada, ordenando a la Dirección General de Migración y Extranjería retrotraer el trámite del expediente administrativo hasta el momento previo al dictado del acto, a fin de prevenir al interesado para la subsanación de los requisitos omitidos. De igual forma, en la resolución número 2025-022468, la Sala reiteró que, ante gestiones administrativas con vicios subsanables, la Administración tiene el deber constitucional de prevenir al administrado, en observancia del derecho fundamental al debido proceso, indicando expresamente lo siguiente: " ... Esta Sala ha sido clara en su jurisprudencia al establecer que, ante gestiones administrativas con vicios subsanables, la autoridad está obligada a prevenir al interesado antes de proceder con un rechazo liminar, máxime cuando la consecuencia es privar a una persona extranjera de la posibilidad de regularizar su situación migratoria, lo que puede acarrear consecuencias graves para su seguridad jurídica y su proyecto de vida. Consecuentemente, al haber rechazado ad portas la solicitud del amparado sin permitirle corregir el defecto formal advertido, la autoridad accionada incurrió en una actuación arbitraria, contraria a los principios constitucionales que rigen la función administrativa y, particularmente, en perjuicio del derecho fundamental al debido proceso. La actuación impugnada se presenta como desproporcionada y carente de razonabilidad, toda vez que no se ponderaron los derechos en juego ni se aplicó el principio pro homine en la interpretación de la norma. Así las cosas, se debe estimar el presente proceso de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia. " (Voto N.° 2025-022468, de las 09:20 hrs. del 18 de julio de 2025.) (…) En el caso concreto, la omisión de la prevención por parte de la autoridad recurrida, tal como ocurrió en perjuicio del señor Nombre01, configura una violación directa al derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Aunado a lo anterior, se ruega respetuosamente a esta honorable Sala tomar en consideración que ya se cuenta con la resolución número 004-2026-TAM, dictada por el Tribunal Administrativo Migratorio a las diez horas y veintiún minutos del ocho de enero de dos mil veintiséis, mediante la cual dicho órgano resolvió a favor del recurrente, estableciendo criterios claros y vinculantes en relación con el deber de prevención que recae sobre la Administración Migratoria. En dicha resolución, el Tribunal señaló expresamente: "Este Tribunal considera importante llamar la atención de la Dirección General, para que actúe conforme a los procedimientos establecidos, en resguardo de los principios de celeridad y debido proceso. Vale la pena resaltar que la administración migratoria se encuentra en la obligación de prevenir los requisitos faltantes para dar el debido trámite a las solicitudes presentadas, dicho razonamiento se desprende del artículo 199 de la Ley General de Migración y Extranjería, el cual establece en lo que interesa que; "Cuando la solicitud sea presentada en forma incompleta o no se aporten lo documentos necesarios, la autoridad migratoria correspondiente le otorgará, al interesado, un plazo de diez días hábiles para que subsane los defectos o complete la documentación."(Lo subrayado no pertenece al original). Queda claro que la autoridad migratoria se encuentra en la obligación de prevenir según lo antes señalado; sin embargo, en el presente caso se evidencia que la Dirección General de Migración y Extranjería dictó le rechazo basado en que el expediente estaba incompleto, cuando a todas luces se incumplió con el deber de prevenir que establece la normativa transcrita líneas arriba. Esto indujo a la Dirección recurrida a rechazar la gestión presentada, cuando la misma Dirección General omitió, como se reitera, prevenir a la parte recurrente en el acto mismo de presentación de la solicitud, conforme al artículo 199 de la Ley General de Migración y Extranjería." De ahí que, para depurar el procedimiento de un trámite de permanencia regular y conducirlo a los escenarios básicos de información y comunicación que tiene derecho la parte solicitante, se vuelve de vital relevancia que la persona sea prevenida, para que aporte todos aquellos requisitos que se requieran para conocer por el fondo la solicitud presentada. De lo anterior se desprende, sin lugar a duda, que el Tribunal Administrativo Migratorio reconoció la existencia de una omisión procedimental grave, consistente en la falta de prevención al solicitante, incumpliendo con una obligación legal expresa impuesta por el artículo 199 de la Ley General de Migración y Extranjería. Tal omisión vulnera directamente los principios de debido proceso, seguridad jurídica y celeridad administrativa, en tanto priva a la persona solicitante de la posibilidad real y efectiva de completar su gestión y obtener un pronunciamiento de fondo. En ese sentido, para depurar adecuadamente el procedimiento de un trámite de permanencia regular y conducirlo a los escenarios básicos de información, transparencia y comunicación a los que tiene derecho la parte solicitante, resulta de vital relevancia que la Administración Migratoria cumpla con su deber de prevenir, permitiendo así que se aporten todos aquellos requisitos necesarios para el conocimiento integral de la solicitud presentada. En consecuencia, y a la luz de lo expuesto, resulta procedente que esta honorable Sala declare con lugar el presente recurso de amparo, deje sin efecto el acto administrativo que declaró inadmisible la solicitud migratoria del amparado y ordene a la Dirección General de Migración y Extranjería retrotraer el procedimiento administrativo al momento previo a la emisión del acto impugnado. Asimismo, se solicita que se otorgue al amparado un plazo razonable y conforme a derecho para subsanar los defectos formales señalados, todo ello en estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad y debido proceso, garantizando así una tutela efectiva de sus derechos fundamentales. (…) PETITORIA Tomando en cuenta los hechos, pruebas y fundamento jurídico anteriormente expuestos, le ruego A ESTA HONORABLE SALA que en sentencia se declare lo siguiente: 1- Se declare con lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos, declarándose sin efectos la resolución administrativa numero 135- 1193690 emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. 2- Se ordene a la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA prevenirle a MI REPRESENTADO dentro del margen de diez días hábiles subsanar lo procedente”.
2.- Mediante resolución de las 17:51 horas de 16 de enero de 2026, la Presidencia de la Sala dispuso: “Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-001377- 0007-CO, interpuesto por Nombre01, pasaporte 123693272, a favor de Nombre02, pasaporte 124498976, Nombre03, pasaporte 140672673, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, se resuelve: en los términos de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informe la directora General de Migración y Extranjería, sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: que el 03 de octubre de 2024 solicitó ante la Dirección General de Migración y Extranjería el estatus de Residente Temporal como Inversionista de acciones de una sociedad costarricense, amparado en la Ley 9996 y su reglamento. Aduce que su inversión consistía en la adquisición de participaciones en una sociedad costarricense por un monto superior a $150.000, trámite registrado en el expediente administrativo correspondiente. Menciona que el 13 de octubre de 2025, la autoridad recurrida le notificó la resolución nro. 135-1193690- ADMINISTRATIVA, mediante la cual rechazó ad portas dicha solicitud, alegando que la sociedad en la que invirtió el solicitante se encontraba inactiva ante la Dirección General de Tributación al momento de la evaluación del trámite. Menciona que la resolución declaró la gestión improcedente, ordenó archivar el expediente y señaló que no era recurrible por tratarse de un acto preparatorio sin fase recursiva. Sin embargo, se indicó que podía presentar una nueva solicitud cumpliendo todos los requisitos vigentes. Reclama que la autoridad recurrida nunca le previno sobre la supuesta omisión -pese a tratarse de un requisito fácilmente subsanable y que históricamente la institución sí prevenía-. Alega que eso lo dejó sin oportunidad de corregir el defecto, lo que estima lesiona su derecho al debido proceso, el principio de igualdad, así como el derecho a la tutela judicial y administrativa efectiva. Argumenta que es jurídicamente incorrecto declarar inadmisible la solicitud, toda vez que el artículo 69 de la Ley General de Migración y Extranjería establece que la inadmisibilidad solo aplica si la persona ingresa o permanece irregularmente en el país, lo cual no es su caso, por lo que rechazar la solicitud por una falta meramente formal lo colocó en estado de indefensión, contrario a los principios de razonabilidad y legalidad. Aduce que la inactividad de la sociedad ante la Dirección General de Tributación era un requisito subsanable. Menciona que presentó un recurso de apelación contra la resolución administrativa en cuestión; no obstante, dicho recurso fue desestimado por el Tribunal Administrativo Migratorio con el alegato de que Migración no tiene obligación de prevenir. Estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita la intervención de esta Sala”.
3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de enero de 2026, rinde informe Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía, con recargo del puesto de director general de la Dirección General de Migración y Extranjería, en los siguientes términos: “II. ASUNTO PROPIO DE LA JURISDICCION CONTENCIOSA. El artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional explica que a la Sala Constitucional le corresponde definir su propia competencia, y siendo así, ha reiteradamente indicado que por vía del amparo constitucional únicamente deberán revisarse asuntos en los que se cuestiona una supuesta violación al derecho de petición relacionados con menores de edad, ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad. Los demás asuntos deben conocerse ante Tribunales de lo Contencioso- Administrativo, en razón de lo que al efecto establece la Ley N°9097, denominada “Ley de Regulación del Derecho de Petición”. En ese marco se ha sostenido la línea jurisprudencial a través de los años. Ejemplo de ello es la resolución 2010-21538, de las nueve horas cincuenta y dos minutos, del veinticuatro de diciembre de dos mi diez, esa Sala Constitucional indicó lo siguiente: “Así las cosas, como en el fondo se impugna la negativa imputable a las autoridades recurridas de autorizar a favor de la amparado la solicitud referida al estatus migratorio de residente, resulta improcedente pronunciarse sobre esos extremos, toda vez que no constituyen aspectos de orden constitucional, que puedan ser analizados en esta sede. Ello es así pues no compete a esta Sala determinar si las autoridades recurridas han interpretado y aplicado correctamente o no, la Ley General de Migración y Extranjería. Amén de lo anterior, determinar si el amparado cumple o no con los requisitos y condiciones exigidos para tales efectos, son aspectos que por su naturaleza deben discutirse ante las propias autoridades recurridas y, una vez agotada la vía administrativa, puede entonces acudir a la jurisdicción común competente, en este caso al contencioso administrativo. A mayor abundamiento, debe considerarse que, atendiendo a la naturaleza sumaria del recurso de amparo –ojalá sumarísima-, no es material ni razonablemente posible entrar a un complicado sistema probatorio o a un análisis de hechos que vaya más allá de los actos impugnados en si, debiendo circunscribirse, más bien, a las hipótesis fácticas en que esos actos se fundan, como ocurre en este caso, razón por la cual el conocimiento de los hechos aquí impugnados, escapan del ámbito de competencias de esta Sala…”. En ese mismo sentido en voto 2011-000410 de las once horas y cuarenta y cinco minutos del catorce de enero de dos mil once, la Sala Constitucional reiteró lo decidido en la resolución N° 2010-012136, de las dieciséis horas y diecinueve minutos del veinte de julio del dos mil diez, en la cual en lo que interesa, se estableció: “En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria. III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no con los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone desestimar el recurso e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.”. También en el voto Nº 2017008942, de las 14 horas del 16 de junio de 2017, expediente 17-005488-0007- CO), esa Sala señaló. “… A partir del voto 02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala consideró que la discusión sobre si la Administración Pública cumple o no con los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo — incoado de oficio o a instancia de parte — o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que deberá ser reclamada en la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso, en cuanto a la acusada falta de resolución final de la Dirección General de Migración y Extranjería…” De igual manera, la Sala Constitucional mediante voto Nº 2020023857, de las catorce horas cinco minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, declaró sin lugar el recurso de amparo que se tramitara En el expediente No. 20-021372- 0007-CO, indicando: “… III.- Sobre el fondo. Visto el escrito de interposición de este recurso, se le hace ver a la parte recurrente que la finalidad del amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, de manera que su procedencia, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una violación -o amenaza de ésta- a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos. Por esa razón, el proceso de amparo no puede ser empleado para controlar la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas, ya que es de carácter eminentemente sumario -es decir, breve y sencillo- y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. IV.- Sobre el fondo … Ahora bien, en amparos anteriores presentados en términos similares, la Sala ha indicado que no le corresponde verificar si una persona determinada cumple o no, los requisitos legales y reglamentarios para obtener tanto una modalidad de aseguramiento como el documento que acredite el estatus legal en el territorio nacional pues eso implica un análisis de legalidad, Con fundamento en tal jurisprudencia, contundente y mantenida a través de muchos años por parte de la Sala Constitucional, es evidente que el asunto que nos ocupa ha sido mal presentado, dado que debe ser conocido en la sede Contenciosa y no la Constitucional. III. SOBRE NUESTRAS ACTUACIONES. De acuerdo con el informe N° GE-SVT-049-01-2026, suscrito por la señora Cheily Judith Flores Arias, Gestora de Extranjería de esta Dirección General, se indica que el 3 de octubre de 2024, Fabiana Gutiérrez León-Páez, en su condición de apoderada especial presentó ante esta Dirección General, las siguientes solicitudes: 1. Solicitud de Residencia Temporal en calidad de Inversionista en acciones de la sociedad 3-102- 811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica CED01 a favor de Nombre01, 2. Solicitud de Residencia Temporal como dependiente de inversionista, a favor de Nombre02, cónyuge del inversionista, 3. Solicitud de Residencia Temporal como dependiente de inversionista, a favor de la persona menor de edad Nombre01, bajo la patria potestad de sus padres. Cabe señalar que, las solicitudes presentadas a favor de la señora Nombre02 y de la persona menor de edad Nombre01 corresponden a trámites de residencia temporal en calidad de dependientes de inversionista del señor Nombre01. En consecuencia, el resultado de ambas gestiones estaba condicionado enteramente a lo que se resolviera en el expediente principal del señor Nombre01. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el inciso 8 del artículo 79 de la Ley General de Migración y Extranjería, Ley N° 8764 y el numeral 6) del Decreto N° 43926-MGP-H-TUR "REGLAMENTO A LA LEY Nº 9996 PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS, RESIDENTES RENTISTAS Y RESIDENTES PENSIONADOS", publicado en el Alcance N° 28 a La Gaceta N° 34, del 23 de febrero del 2023, así como el Principio General del Derecho que deriva del aforismo latino “Accesorium sequitur principale” , que significa “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. Resulta indispensable aclarar que, para la valoración de las solicitudes presentadas, la recurrida debe aplicar la normativa especial prevista en la Ley N° 9996 y su Reglamento, Decreto N° 43926-MGP-H-TUR, que regula las categorías de inversionistas, rentistas y pensionados. Esta normativa establece requisitos específicos distintos a los previstos en la Ley General de Migración y Extranjería, Ley N° 8764 y el Reglamento de Extranjería, Decreto Ejecutivo 37112-GOB y sus reformas, que también deben ser cumplidos por las personas extranjeras que requieren este tipo de categoría migratoria. En particular, el artículo 7 inciso B del Reglamento de la Ley 9996 dispone expresamente que solo se permite la inversión en sociedades con actividad económica en el país, EXCLUYENDO A LAS PERSONAS JURÍDICAS INACTIVAS, a saber: “ARTÍCULO 7. Requisitos para la comprobación de la donación. Además de los requisitos indicados, la persona extranjera que pretenda le sea autorizada su permanencia legal bajo la subcategoría de Inversionista, deberá demostrar documentalmente su inversión con un capital no inferior a ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US$ 150 000, 00), moneda del curso legal al tipo de cambio de venta que determine el Banco Central de Costa Rica, o su equivalente en colones, para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo con el tipo de inversión o inversiones que realice: (…) B) Acciones: 1. Certificación de personería jurídica y de capital accionario emitida por un Notario Público con vista en los libros legales de la sociedad, en la que conste una participación real de parte de la persona extranjera, por un monto no inferior a ciento cincuenta mil dólares (US$150.000,00), moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en colones al tipo de cambio de venta establecido por el BCCR, o bien que se alcance este monto en conjunto con las otras inversiones que se listan en los incisos de este artículo, y con una fecha de expedición no mayor a un mes al momento de la presentación de la solicitud de residencia temporal para la persona extranjera. En caso de que se invierta en más de una sociedad, el monto requerido podrá ser distribuido, debiendo aportar las respectivas certificaciones. Solo se permitirá este tipo de inversión en sociedades con actividades económicas en el país, no así en personas jurídicas inactivas. (…)”. (La negrita y subrayado no corresponden al original). Con base en este marco jurídico, la recurrida procedió a verificar la condición fiscal de la sociedad 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en la cual Nombre01 sustentó su solicitud como inversionista. Así las cosas, el 28 de noviembre de 2024, se aportó al expediente la copia certificada del Estado de Situación Tributaria de dicha sociedad, documento en el que NO CONSTA ACTIVIDAD ECONÓMICA, únicamente se registra la condición de “PERSONA JURÍDICA LEGALMENTE CONSTITUIDA”, lo cual confirma su carácter de persona jurídica inactiva. Como resultado de esta verificación y en estricta aplicación del requisito reglamentario previamente citado, esta Dirección General emitió la resolución 135-1193690-Administrativa-ERH del 13 de octubre de 2025, mediante la cual se rechazó por inadmisible la solicitud presentada a nombre de Nombre01, debido a que no cumplía con el requisito esencial de admisibilidad para la categoría de inversionista correspondiente a que la sociedad en la cual se pretende realizar la inversión cuente con actividad económica vigente. Se adjunta captura de pantalla de la consulta efectuada: (…) En razón de lo anterior y dado que las solicitudes de las personas dependientes constituyen trámites accesorios respecto del procedimiento principal presentado por el titular —en aplicación del principio accessorium sequitur principale, según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal—, la recurrida debía supeditar su admisibilidad a lo resuelto en la solicitud a favor de Nombre01. En consecuencia, mediante la resolución 135-1193722-ADMINISTRATIVA-ERH a favor de Nombre02 y 135-1193727-ADMINISTRATIVA-ERH a favor de Nombre01, ambas del 13 de octubre de 2025, fueron rechazadas las solicitudes de Residencia Temporal como Dependientes de Inversionista, al no encontrarse aprobado el trámite principal del inversionista del cual derivaban. Se debe agregar además que, mediante las resoluciones 1345-2025-TAM, 1346-2025-TAM y 1347-2024- TAM del veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, el Tribunal Administrativo Migratorio, DECLARÓ SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por la señora Fabiana Gutiérrez León-Páez, en calidad de apoderada especial de las personas amparadas, confirmando en ese acto lo actuado por esta Dirección General en las resoluciones 135-1193690-Administrativa-ERH, 135-1193722-ADMINISTRATIVA-ERH y 135-1193727-ADMINISTRATIVA-ERH, supra citadas. En relación con lo argumentado por el recurrente al alegar la omisión de prevención respecto de la condición de inactividad de la sociedad mercantil ante la Dirección General de Tributación, es preciso aclarar que dicha formalidad no constituye un requisito subsanable dentro del procedimiento migratorio, sino un presupuesto jurídico directamente establecido en una ley especial, requisito que resulta esencial para acreditar la existencia real y operativa de la inversión invocada bajo el amparo de la Ley 9996 y su reglamento. Se debe mencionar que esta Dirección General, carece de la obligación de prevenir sobre esta circunstancia, pues la real actividad económica y fiscal de la sociedad le corresponde llevarla a cabo al solicitante desde el momento de presentar la gestión, en cumplimiento del principio de carga de la prueba y conforme a la normativa aplicable, que establece de forma taxativa el cumplimiento de este requisito. Como se mencionó anteriormente, este criterio ha sido expresamente respaldado por el Tribunal Administrativo Migratorio, órgano revisor competente, el cual desestimó el recurso de apelación interpuesto, al señalar que esta Dirección General no tiene el deber de emitir prevención alguna respecto de la inactividad registral de la empresa, dado que ello no constituye un defecto subsanable dentro del trámite, sino un incumplimiento sustantivo de la ley que imposibilita acreditar la inversión requerida. En consecuencia, el rechazo realizado por la recurrida se ajusta al marco legal y procedimental vigente, y no configura violación al debido proceso ni a la tutela administrativa efectiva. Cabe resaltar que, en el expediente administrativo de la persona solicitante principal consta, específicamente a folio 31, la certificación notarial del Estado de Situación Tributaria de la sociedad identificada bajo la cédula jurídica CED01, Sociedad de Responsabilidad Limitada, documento aportado el 28 de noviembre de 2024, en el cual se evidencia que no registra actividad económica alguna ante la Dirección General de Tributación, limitándose a consignar la condición de “persona jurídica legalmente constituida”. Esta circunstancia constituye un incumplimiento sustantivo, pues se reitera que el artículo 7 inciso b) del Reglamento a la Ley N° 9996 (Decreto Ejecutivo N° 43926-MGP-H-TUR) establece de manera expresa que “solo se permitirá este tipo de inversión en sociedades con actividades económicas en el país, no así en personas jurídicas inactivas”. Aunado a ello, el último párrafo del artículo 4 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta define como personas jurídicas inactivas aquellas que “no desarrollan actividad lucrativa de fuente costarricense”, lo que reafirma la imposibilidad de considerar como válida, para efectos migratorios, una inversión realizada en una sociedad que carece de actividad económica registrada. En este sentido el artículo 7 inciso b) del Reglamento a la Ley N° 9996 (Decreto Ejecutivo N° 43926-MGP-HTUR) debe interpretarse a la luz de la naturaleza excepcional y finalista del régimen creado por dicha ley, el cual no constituye un trámite migratorio ordinario, sino un mecanismo especial de atracción de inversión extranjera promovido por el Estado costarricense en el contexto de reactivación económica posterior a la pandemia por COVID-19. En este marco, la normativa exige que las inversiones presentadas sean reales, efectivas y trazables, realizadas en sociedades que cuenten con actividad económica vigente y comprobable en el país, justamente para asegurar que la inversión contribuya al desarrollo económico, tal como lo prevé la Ley 9996 al establecer un régimen diferenciado para inversionistas extranjeros. Por ello, no basta la mera creación formal o registral de una persona jurídica, pues la empresa utilizada para demostrar la inversión debe encontrarse plenamente activa ante la autoridad tributaria, desarrollar actividad lucrativa y cumplir los parámetros establecidos en la normativa especial. La exigencia de actividad económica no es un aspecto accesorio ni subsanable, sino un requisito sustantivo sin el cual no puede verificarse el cumplimiento de la finalidad legal. En consecuencia, la Administración debía valorar estrictamente este presupuesto, al tratarse de un elemento esencial del régimen excepcional de atracción de inversiones y no de una formalidad prevista en el trámite migratorio ordinario. De acuerdo con lo expuesto, se determina que no existió vulneración de derecho fundamental a la señora Nombre02 y a la persona menor de edad Nombre01, toda vez que el trámite migratorio para la regularización en el país, requería de la aprobación del trámite principal a nombre de Nombre01. Conforme al diseño normativo del régimen de inversionistas, la residencia de las personas dependientes está condicionada a que el titular cumpla íntegramente los requisitos exigidos para su propia admisión. Al ser rechazado el trámite del titular por falta de un requisito esencial, los trámites de sus dependientes carecen automáticamente de sustento jurídico, por lo que su rechazo resultaba igualmente procedente e inevitable. Esta consecuencia no constituye sanción ni afecta derechos fundamentales, sino que responde a la lógica jurídica del régimen migratorio especial. De acuerdo a (sic) lo expuesto, la recurrida actuó conforme al principio de legalidad, valoró adecuadamente los elementos del expediente y resolvió de manera coherente con la finalidad y los requisitos de la Ley 9996, sin incurrir en irregularidad alguna. Por lo anterior, es evidente que no existe violación alguna por parte de esta Dirección General a los derechos constitucionales de las personas amparadas. En ese sentido, solicito que se declare SIN LUGAR el recurso que nos ocupa”.
4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 28 de enero de 2026, se apersona Camila Céspedes Araya, apoderada especial judicial de Nombre01. Manifiesta que, en la resolución de curso de este proceso de las 17:51 horas de 16 de enero de 2026, se consignó que el recurso fue planteado por el recurrente a favor de Nombre02 y Nombre01; sin embargo, en el escrito de interposición, él también formuló el amparo a su favor, por lo que solicita la corrección de la resolución.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.- CUESTIÓN PREVIA. Si bien la apoderada especial judicial de Nombre01 solicita la corrección de la resolución de curso de este proceso para que se tenga el amparo como planteado también a su favor, la Sala considera que sí resulta procedente tenerlo como parte amparada; sin embargo, resulta innecesario rectificar la resolución de la Presidencia de las 17:51 horas de 16 de enero de 2026, toda vez que se cuenta con suficientes elementos para resolver el fondo del sub lite sin generar algún tipo de indefensión.
II.- OBJETO DEL RECURSO. El accionante Nombre01 interpone recurso de amparo a nombre propio, así como de Nombre02 y Nombre01. Manifiesta que el 3 de octubre de 2024 formuló solicitud de residencia temporal por ser “INVERSIONISTA DE ACCIONES DE UNA SOCIEDAD COSTARRICENSE”. Menciona que el 13 de octubre de 2025 se les notificó la resolución 135-1193690-ADMINISTRATIVA de la Dirección General de Migración y Extranjería, mediante la cual resolvió rechazar ad portas la solicitud, por cuanto la sociedad no se encontraba activa ante la Dirección General de Tributación Directa al momento de la evaluación del trámite. Reclama que no se le previno corregir la omisión, pese a ser fácilmente subsanable. Considera que no puede declararse inadmisible una solicitud de permanencia legal por la sola falta de formalidades, ya que se coloca a la persona administrada en un estado de absoluta indefensión. Explica que la inactividad de la sociedad en el sistema era un requisito subsanable, lo cual ya fue realizado. Sostiene que se formuló recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Migratorio; empero, fue desestimado con el argumento de que no existe obligación de prevenir. Pide: “1- Se declare con lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos, declarándose sin efectos la resolución administrativa numero 135- 1193690 emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. 2- Se ordene a la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA prevenirle a MI REPRESENTADO dentro del margen de diez días hábiles subsanar lo procedente”.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el accionante Nombre01 interpone recurso de amparo a nombre propio, así como de Nombre02 y Nombre01. Manifiesta que el 3 de octubre de 2024 formuló solicitud de residencia temporal por ser “INVERSIONISTA DE ACCIONES DE UNA SOCIEDAD COSTARRICENSE”. Menciona que el 13 de octubre de 2025 se les notificó la resolución 135-1193690-ADMINISTRATIVA de la Dirección General de Migración y Extranjería, mediante la cual resolvió rechazar ad portas la solicitud, por cuanto la sociedad no se encontraba activa ante la Dirección General de Tributación Directa al momento de la evaluación del trámite. Reclama que no se le previno corregir la omisión, pese a ser fácilmente subsanable. Considera que no puede declararse inadmisible una solicitud de permanencia legal por la sola falta de formalidades, ya que se coloca a la persona administrada en un estado de absoluta indefensión. Explica que la inactividad de la sociedad en el sistema era un requisito subsanable, lo cual ya fue realizado. Sostiene que se formuló recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Migratorio; empero, fue desestimado con el argumento de que no existe obligación de prevenir. Pide: “1- Se declare con lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos, declarándose sin efectos la resolución administrativa numero 135- 1193690 emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. 2- Se ordene a la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA prevenirle a MI REPRESENTADO dentro del margen de diez días hábiles subsanar lo procedente”.
Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 3 de octubre de 2024, el recurrente Nombre01 formuló solicitud de residencia temporal como “Inversionista en ACCIONES” ante la Dirección General de Migración y Extranjería. La Dirección General de Migración y Extranjería, mediante resolución nro.135-1193690-ADMINISTRATIVA de las 10:44 horas de 13 de octubre de 2025, resolvió: “(…) III. SOBRE EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO: (…) 1. De la revisión realizada el día de hoy al sistema en línea del Ministerio de Hacienda-TRIBU-CR, se tiene que la sociedad 3-102-811254-SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica CED01, aparece como PERSONA JURIDICA INACTIVA: (…) Aunado a lo anterior, el 28 de noviembre de 2024, se aportó certificación notarial del ESTADO DE SITUACIÓN TRIBUTARIA de la sociedad 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, (véase folio 31 del expediente administrativo) donde NO CONSTA actividad económica, solamente se indica "PERSONA JURÍDICA LEGALMENTE CONSTITUIDA". El artículo 7, inciso B, del Reglamento a la Ley N° 9996 Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados N° 43926-MGP-H-TUR, indica: "Solo se permitirá este tipo de inversión en sociedades con actividades económicas en el país, no así en personas jurídicas inactivas. (…) Las sociedades inactivas son sociedades mercantiles que no desarrollan actividades económicas, por lo tanto, este tipo de sociedades, no emiten facturas, no registran ingresos y por su propia naturaleza no determinan ganancias al cierre de cada periodo fiscal, o sea, no hay un impuesto sobre la renta que pagar. Estas sociedades son las que fueron constituidas en su momento para la tenencia de activos y cualquier otra inversión cuyo fin no fuera su explotación para generar utilidades. SEGUNDO: Dado lo anterior, una vez analizado el legajo perteneciente a la persona extranjera solicitante Nombre01, se determina que no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa migratoria vigente (esto es CONTAR CON UNA ACTIVIDAD ECONOMICA). En este sentido, no es posible autorizar una categoría migratoria sin el cumplimiento total de los requisitos legales y reglamentarios respectivos. (…) POR TANTO 1.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de Residente Temporal como Inversionista en ACCIONES y ordenar el archivo del expediente a nombre de Nombre01 (…)”. El Tribunal Administrativo Migratorio, en resolución nro. 1345-2025-TAM de las 9:35 horas de 27 de noviembre de 2025, declaró sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución nro.135-1193690-ADMINISTRATIVA. La funcionaria Cheily Flores Arias, gestora de extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, por oficio GE-SVT-049-01-2026 de 19 de enero de 2026, señaló: “PRIMERO: Sobre la tramitación de la solicitud de permanencia legal de los recurrentes, con expedientes administrativos número 135-886740, 135- 886742 y 135-886745 se indica que: El 3 de octubre de 2024, Fabiana Gutiérrez León-Páez, en su condición de apoderada especial de cada gestionante, presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería: (i) a nombre de Nombre01, la solicitud de Residencia Temporal en calidad de Inversionista en acciones de la sociedad 3-102-811254, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica CED01; (ii) a nombre de Nombre02, cónyuge del inversionista, la solicitud de Residencia Temporal como Dependiente de Inversionista; y (iii) a nombre de la persona menor de edad Nombre01, bajo la patria potestad de sus padres, una solicitud de Residencia Temporal como Dependiente de Inversionista. (…) TERCERO: Dado que las solicitudes de los dependientes constituyen trámites accesorios respecto del procedimiento principal presentado por el titular —en aplicación del principio accessorium sequitur principale, según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal—, la Administración debía supeditar su admisibilidad al resultado del expediente de Nombre01. En consecuencia, mediante las resoluciones 135‑1193722‑ADMINISTRATIVA‑ERH y 135‑1193727‑ADMINISTRATIVA‑ERH, ambas del 13 de octubre de 2025, fueron rechazadas las solicitudes de Residencia Temporal como Dependientes de Inversionista a nombre de Nombre02 y Nombre01, al no encontrarse aprobado el trámite principal del inversionista del cual derivaban. CUARTO: Que mediante resoluciones 1345-2025-TAM, 1346-2025- TAM y 1347-2024-TAM del veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, el Tribunal Administrativo Migratorio, declaró sin lugar los recursos de apelación presentados por la señora Fabiana Gutiérrez León-Páez, en calidad de apoderada especial de los señores Nombre01 y Nombre02, y confirma lo actuado por la DGME”.
Atinente al sub examine, la Sala, mediante sentencia nro. 2025031058 de las 9:25 horas de 26 de setiembre de 2025, resolvió:
“De lo anterior se desprende que este Tribunal ha indicado que, ante gestiones administrativas con vicios subsanables, la administración está obligada a prevenir al interesado antes de efectuar un rechazo, a fin de que pueda corregir el defecto formal advertido. Sin embargo, en el sub examine conviene destacar que el motivo por el cual la DGME rechazó la solicitud de residencia temporal del amparado como trabajador de una empresa no trata de un defecto meramente formal, sino de fondo, como lo es que la empresa en cuestión se encontraba morosa con la CCSS al momento de efectuar la revisión del expediente, hecho que incluso fue confirmado por el propio tutelado, quien en el recurso de revisión planteado contra la denegatoria de su solicitud explicó que: “Resulta que el día que el técnico de Migración, revisa en el sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social, aparece como Morosa porque todavía no se había realizado el pago respectivo de ese mes, en el mes de Agosto 2024 que se pagaba en Septiembre 2024, y se tenía que pagar el 18/09/2024, se pagó hasta el 07 de Octubre 2024, y el 18/10/2024 se pagó el mes de septiembre del 2024, anexo comprobante, ahora estamos al día con el pago de las obligaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social”. Acerca de esto, véase que en la resolución que rechazó la solicitud en cuestión, la DGME fue clara al señalar que: “(…) la morosidad de la sociedad en este caso justifica plenamente el rechazo de su solicitud, dado que el incumplimiento de las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) constituye un obstáculo insalvable para la procedencia de la misma. Esta obligatoriedad es de carácter imperativo, ya que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y sus normas complementarias establecen que el pago de las obligaciones de seguridad social no solo es un deber del patrono, sino también una condición sine qua non para realizar cualquier trámite administrativo ante la Administración Pública. El legislador ha sido claro al imponer este requisito con el fin de proteger el sistema de seguridad social, considerado uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. El cumplimiento con la CCSS no es meramente una formalidad burocrática, sino una salvaguarda para la continuidad y estabilidad del sistema, el cual se ve amenazado por la morosidad. Esta condición no es subsanable en fases posteriores del proceso administrativo, ya que la ley establece de manera expresa que la verificación de estar al día con la CCSS debe realizarse previo a la admisión de la solicitud. En consecuencia, permitir que una sociedad que no ha cumplido con sus obligaciones continúe con su trámite sería contrario a los principios de legalidad y justicia el actuar de la Administración Pública. La denegación, en este caso, es no solo procedente sino necesaria para garantizar el respeto a la normativa vigente y la equidad en el trato a todos los administrados” (la negrita fue agregada).
Por ende, no se estima el recurso”.
Sobre el particular, cabe destacar que el rechazo de la solicitud de residencia temporal del recurrente (y, en consecuencia, de las amparadas) por parte de la DGME no se sustentó en un defecto meramente formal, sino en el incumplimiento de requisitos de la sociedad a la cual se vinculó la inversión (a saber, el estado inactivo de la persona jurídica). En ese sentido, la DGME consideró que el accionante no contaba con una actividad económica, por lo que no era posible autorizar la categoría migratoria. De ahí que el análisis del periodo de inactividad, la relevancia de la situación tributaria y la idoneidad de la persona jurídica a los efectos de la categoría migratoria pretendida, así como la posibilidad de se incorporaran elementos posteriores que demostraran su actividad, constituyen aspectos propios de ser discutidos en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria, donde las partes legitimadas pueden someter a contradictorio su posición y evacuar de forma amplia la prueba que estimen pertinente.
Por las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso.
V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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