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Res. 06255-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/02/2026
OutcomeResultado
The appeal is denied due to technical and material impossibility of providing the service, given that the property is outside the coverage area and regulatory requirements were not met; two justices dissent and order continued proceedings to seek a report from ARESEP.Se declara sin lugar el recurso por imposibilidad técnica y material de brindar el servicio, al estar la propiedad fuera del área de cobertura y no cumplirse los requisitos reglamentarios; dos magistrados salvan el voto y ordenan continuar el trámite para solicitar informe a ARESEP.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed an amparo action against AyA and a rural water association (ASADA), where the petitioner claimed unjustified denial of water availability for her property in Valle Verde, Pococí. The Chamber found that the property lies outside the coverage area of AyA-managed aqueducts, that the ASADA lacks infrastructure in the sector and has no approved extension studies, and that the area is partially within the absolute protection zone of the Numancia Well, imposing severe restrictions on new connections. The petitioner did not submit the technical feasibility studies required by the AyA Service Provision Regulation. Based on settled case law, the Chamber held that the lack of coverage and infrastructure constitutes a technical and material impossibility that does not violate fundamental rights, and that the denial was grounded on objective technical, environmental, and regulatory criteria, not discrimination. Two justices dissented and ordered continued proceedings to seek a report from ARESEP.La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo contra el AyA y una ASADA, en el que la recurrente alegaba negativa injustificada de disponibilidad de agua para su propiedad en Valle Verde, Pococí. La Sala determinó que el inmueble se encuentra fuera del área de cobertura de los acueductos administrados por el AyA, que no existe infraestructura de la ASADA en el sector ni estudios aprobados para su extensión, y que el área está parcialmente en zona de protección absoluta del Pozo Numancia, lo que impone restricciones severas para nuevas conexiones. La recurrente no presentó estudios de factibilidad técnica exigidos por el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA. Con base en jurisprudencia reiterada, la Sala concluyó que la falta de cobertura e infraestructura constituye una imposibilidad técnica y material que no vulnera derechos fundamentales, y que la negativa se basó en criterios técnicos, ambientales y normativos objetivos, no en discriminación. Dos magistrados salvaron el voto y ordenaron continuar la tramitación para solicitar informe a la ARESEP.
Key excerptExtracto clave
The Chamber's case law has recognized the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under equal conditions, since it is essential for human life and health. However, this fundamental-right character does not imply unrestricted access to water services, since the administration may establish general requirements that each applicant must necessarily fulfill in order to assess their particular request. It must be recalled that, according to this Court's reiterated case law (see Decisions No. 2006-1898 of 09:53 a.m. on February 17, 2006 and No. 2018-3907 of 09:30 a.m. on March 9, 2018), the lack of water infrastructure or the lack of technical capacity to provide new drinking water services constitutes a material impossibility that exempts the administration from liability and, therefore, cannot be considered a violation of fundamental rights. Such circumstance does not depend on the will or arbitrariness of the service provider, but on the actual availability of water resources and the technical conditions of the system.La jurisprudencia de la Sala ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que esta resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal (ver las Sentencias Nº 2006-1898 de las 09:53 horas del 17 de febrero de 2006 y Nº 2018-3907 de las 09:30 horas del 9 de marzo de 2018), la inexistencia de infraestructura hídrica o la carencia de capacidad técnica para otorgar nuevos servicios de agua potable constituye una imposibilidad material que exime de responsabilidad a la administración y que, por lo tanto, no puede reputarse violatoria de derechos fundamentales. Tal circunstancia no depende de la voluntad o arbitrariedad del ente prestador del servicio, sino de la disponibilidad real de los recursos hídricos y de las condiciones técnicas del sistema.
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"La jurisprudencia de la Sala ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que esta resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento."
"The Chamber's case law has recognized the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under equal conditions, since it is essential for human life and health. However, this fundamental-right character does not imply unrestricted access to water services, since the administration may establish general requirements that each applicant must necessarily fulfill in order to assess their particular request."
Considerando III
"La jurisprudencia de la Sala ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que esta resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento."
Considerando III
"la inexistencia de infraestructura hídrica o la carencia de capacidad técnica para otorgar nuevos servicios de agua potable constituye una imposibilidad material que exime de responsabilidad a la administración y que, por lo tanto, no puede reputarse violatoria de derechos fundamentales."
"the lack of water infrastructure or the lack of technical capacity to provide new drinking water services constitutes a material impossibility that exempts the administration from liability and, therefore, cannot be considered a violation of fundamental rights."
Considerando IV
"la inexistencia de infraestructura hídrica o la carencia de capacidad técnica para otorgar nuevos servicios de agua potable constituye una imposibilidad material que exime de responsabilidad a la administración y que, por lo tanto, no puede reputarse violatoria de derechos fundamentales."
Considerando IV
"el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 33, de la Constitución Política, no implica una paridad matemática ni un trato idéntico para todos los administrados en cualquier circunstancia. Por el contrario, la igualdad constitucional exige que se otorgue un trato igual a quienes se hallen en situaciones de hecho sustancialmente idénticas, y desigual a quienes se encuentren en situaciones diversas."
"the right to equality, enshrined in Article 33 of the Political Constitution, does not imply mathematical parity or identical treatment for all citizens under any circumstances. On the contrary, constitutional equality requires equal treatment for those in substantially identical factual situations, and unequal treatment for those in different situations."
Considerando IV
"el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 33, de la Constitución Política, no implica una paridad matemática ni un trato idéntico para todos los administrados en cualquier circunstancia. Por el contrario, la igualdad constitucional exige que se otorgue un trato igual a quienes se hallen en situaciones de hecho sustancialmente idénticas, y desigual a quienes se encuentren en situaciones diversas."
Considerando IV
"En el sub examine, la parte accionante reclama que no se aprueban nuevas disponibilidades de agua, por cuanto no existe suficiente agua ni hay presupuesto para colocar tuberías. Asevera que la tubería ya está colocada y hay un tanque del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a 700 metros de distancia."
"In the case at hand, the petitioner complains that new water availabilities are not approved because there is not enough water and no budget to lay pipes. She asserts that the piping is already installed and there is a tank of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers 700 meters away."
Voto Salvado
"En el sub examine, la parte accionante reclama que no se aprueban nuevas disponibilidades de agua, por cuanto no existe suficiente agua ni hay presupuesto para colocar tuberías. Asevera que la tubería ya está colocada y hay un tanque del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a 700 metros de distancia."
Voto Salvado
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GRANDE NORMAL PEQUEÑA Sala Constitucional Date of Resolution: February 20, 2026 at 09:30 Type of matter: Amparo remedy Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Res. No. 2026006255 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and thirty minutes on the twentieth of February two thousand twenty-six.
An amparo remedy processed under expediente number 26-001015-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, identity card number CED02, against the ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL DE BUENOS AIRES SUR DE JIMÉNEZ and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Resultando:
1.- By writing received at the Clerk’s Office of the Sala at 17:26 hours on January 12, 2026, the plaintiff files an amparo remedy on behalf of Nombre02 against the ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL DE BUENOS AIRES SUR DE JIMÉNEZ and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. She states that, on March 5, the protected party bought a lot on the street named Dirección01, registered in the Property Registry, Real Estate Section of the Limón district under No. 7-73218-000. And since then, the struggle to obtain the basic services that any Costa Rican deserves began. She points out that they have been years of fighting against various administrations, promise after promise without achieving the objective of having access to the precious liquid on our properties. Countless requests have been filed. That together with the group of organized neighbors, the constitution of the ASADA of Buenos Aires Sur was achieved, from which all the neighbors would benefit; however, the representative of the Institute of Costa Rican Aqueducts and Sewers was categorical in restricting the service—in her opinion—without technical basis to support the denial of granting water availability (disponibilidad de agua), and with completely illogical excuses. Thus, he only authorized water service for forty houses belonging to the Comunidad de Valle Verde group. That the protected party formally requested access to water service from the Asada Buenos Aires Sur, which has been willing to collaborate provided they receive authorization from AyA, and it is there where they are denied the pass, leaving them in complete defenselessness. She adds that they have rejected the request without providing the service, without any technical basis to support the decision. That as justification for the rejection, he indicates the following points: “(…) 1. That the properties did not have municipal permits and approved plans, when the plans are perfectly approved, and municipal taxes and each corresponding declaration are paid punctually. 2. That supposedly the lands sold to her belonged to persons not welcome to the AyA institution, a totally illogical excuse, constituting personal discrimination. 3. That there was not enough liquid to provide the service, when the reports from the ASADA Buenos Aires Sur indicate that it has enough liquid to provide us with the service. 4. That they did not have a budget to create the pipeline to bring us the service to our homes, when several years ago the neighbors of Dirección02 already paid for those pipelines and they are already installed ready to provide the service, but according to an official letter from AyA, it prohibits the ASADA from releasing the liquid to where the protected party's property is located. 5. That there is a large AyA tank (photos attached) barely 700 meters away from the protected party's property and according to AyA the water will not reach the property (…)”. She accuses that on different occasions AyA has offered the neighbors—on behalf of the protected party—the service but under the condition that they must cover certain expenses, and despite making a great economic effort and giving the money that was requested of them, the potable water service continues not reaching her property, as is the example of the constitution of the asada and that to move the liquid from the Asada Buenos Aires de Jiménez to Buenos Aires Sur, they asked each family for 100,000 (one hundred thousand colones), with the surprise that once the tank was built, AyA generated the order that service would only be provided to 40 houses and left the rest of the lots without service, in an unjust and arbitrary manner. That the protected party has been enduring this discrimination for years without legal basis or any technical study, her lot being between an AyA tank and the pipeline of the ASADA Buenos Aires Sur. She requests that the remedy be granted.
2.- By resolution of the Presidency at 11:15 hours on January 15, 2026, the process was admitted.
3.- Lourdes María Sáurez Barboza, Rafael Barboza Topping, and Randy Madrigal Rodríguez, in that order the Executive President, Director of the UEN Gestión de ASADAS, and head of the Pococí office, all from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report under oath that:
“SECOND: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00195 of January 19, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that:
“In the records of the UEN Gestión de ASADAS of AyA, there is no record of the receipt of a request for potable water availability specifically where the plaintiff's property is located, which is mentioned as corresponding to the farm number Dirección03 with the plan L-0318497-1996. Consequently, a specific technical analysis (studies for urbanizations, subdivisions (lotificaciones) or segregations) has not been conducted to evaluate the feasibility of supply, in accordance with the provisions of the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.” Regarding the regulations cited in this statement, it should be noted that the service availability certificates do not correspond to the current articles of the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA and are found in articles 7 subparagraph 31, 15, 29, 30 and concordant articles.
[…]
according to the technical report sent via memorandum number GSP-RHC-P-2026-00062 of January 19, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that:
“as has been indicated in official letter GSP-RHC-P-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843 (attached), the Valle Verde sector is outside the coverage area of the aqueducts administered directly by AyA. Specifically, systems HC-A-13 Cariari - Anita Grande and HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (see image number 2). Given the above, the protected party was provided with document GSP-RHC-2023-01214 (attached) dated August 15, 2023, in response to the inquiry made about AyA's coverage area in relation to the registered property. This document indicates that said property is not within the coverage area of system HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez.” […]
According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00195 of January 19, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that:
“The plaintiff lists five supposed justifications for the rejection: municipal permits, personal discrimination, lack of water, lack of budget, and proximity to AyA infrastructure.
(…)
1. Municipal permits and plans: AyA does not have evidence of the entirety of the alleged municipal procedures. In any case, article 21 of the Ley Constitutiva del AyA (Law No. 2726) establishes that any urbanization or subdivision (lotificación) project requires prior approval from AyA, without which any municipal permit lacks legal efficacy.
2. Allegation of personal discrimination: This Institution does not have evidence of such claim; AyA's decisions are based exclusively on technical, legal, and environmental criteria, never on subjective considerations about persons.
3. Water availability (disponibilidad hídrica): In the UEN Gestión de ASADAS, there is no record of any formal request for water availability or sanitation for the sector where the plaintiff owns her properties. Consequently, no technical analysis (Specific technical studies for urbanizations, subdivisions (lotificaciones), or segregations) has been conducted to evaluate the viability or feasibility of potable water supply and sanitation for said sector by the ASADA Buenos Aires Sur.
4. Infrastructure and budget: There is no record of infrastructure from ASADA Buenos Aires Sur in the sector where the plaintiff's property is located, nor approved studies for its extension.
5. Proximity to the Numancia Tank: The mere physical proximity to AyA infrastructure does not generate an automatic right to connection. The environmental criterion UEN-GA-2025-03793 establishes that the area is partially within the absolute protection zone of the Pozo Numancia, which imposes severe restrictions on housing developments and new connections.” Likewise, according to the technical report sent via memorandum number GSP-RHC-P-2026-00062 of January 19, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that:
“…no further observations are made, as the protected party indicates the intention to access potable water service from the ASADA de Buenos Aires Sur. AyA Región Huetar Caribe only has jurisdiction over systems administered by AyA. In this specific case, the closest AyA aqueduct is HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, which, as has already been indicated, does not cover the Valle Verde sector. As the protected party indicates, the Numancia tank that is part of the AyA aqueduct is located close to the Valle Verde sector, and in accordance with what is indicated in official letters GSP-RHC-P-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843, this tank is at a lower elevation relative to Valle Verde, which is why it is not technically viable to expand coverage. This condition is known to the plaintiff, to the point of requesting that supply be granted by the ASADA de Buenos Aires, which is located at a higher elevation.” FIFTH: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00195 of January 19, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that:
“The plaintiff maintains that she meets the conditions to receive the service and that the denial violates fundamental rights.
(…)
There are no diagnoses or technical feasibility studies submitted in accordance with Definition No. 12 of the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, which requires verifying water, hydraulic, environmental, and legal capacity. Without such analysis, it is not legally possible to grant potable water availability.
[…]
Likewise, according to the technical report sent via memorandum number GSP-RHC-P-2026-00062 of January 19, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that:
“…the protected party indeed has the right to request water supply, provided she complies with the established procedures. Therefore, AyA will provide its services once the technical, legal, and environmental feasibility is verified. As the protected party correctly indicates, her property is located just meters from the Numancia tank, which means there is insufficient static head due to the elevation difference from the Numancia tank point to the point of the property in question, being at a similar height there is not enough water column, thus there would be a failure to meet minimum pressure requirements.” In this sense, it is also pertinent to cite the provisions of Article 7, subparagraph 134 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, which states:
“…134. Environmental restriction zone (Zona de restricción ambiental): Territorial surface delimited by geomorphological conditions or risk zones, protection zones and protected areas or State heritage reserves where, due to legal provisions or local, regional or national territorial planning, service availabilities or connections for the provision of aqueduct or sanitary sewer services, or both, must not be approved by a public service provider.” Furthermore, as stated by the plaintiff, the established requirements to generate a positive service availability certificate have not been met, as the interested parties have not completed the necessary technical studies and improvement works to qualify for a service.
SIXTH: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00195 of January 19, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that:
“…AyA has no evidence of any arbitrary action. The plaintiff's situation is not comparable to that of the 40 dwellings in the southern sector, which were the object of a specific, delimited, and duly evaluated technical project.” Likewise, according to the technical report sent via memorandum number GSP-RHC-P-2026-00062 of January 19, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that:
“…regarding the service provided as indicated by the plaintiff, which was granted more than 30 years ago under conditions that current regulations do not permit. In this case, the service is provided directly from the transmission main and not from the Numancia tank, a situation that was permitted at the time, but current regulations (Reglamento de Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, according to AyA Board of Directors agreement 2021-0004) indicates that all service must be supplied from a tank.” […]
EIGHTH: This section is not a statement of fact. However, it is pertinent to cite what is set forth in the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00195 of January 19, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, which indicates that:
“The constitutional jurisprudence has been consistent in pointing out that the right to water does not imply an obligation to grant the service when there is duly accredited technical, legal, or environmental impossibility. In the present case, the denial is based on objective technical and environmental criteria, particularly the protection of strategic supply sources (…)
From the foregoing, it is concluded that there is no arbitrary, discriminatory, or unfounded action on the part of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. The decisions adopted respond to technical, environmental, and regulatory criteria, aimed at the protection of the water resource and compliance with the current legal system.” […]
Additionally, it is important to indicate that the Valle Verde sector and its surroundings are located on an aquifer vulnerable to contamination, as can be deduced from reports SUB-AID-GA-2015-432 and UEN-GA-2025-03793 prepared by the Dirección de Gestión Ambiental de AyA (attached). As can be seen in image number 2 of this document, AyA maintains its main water sources for the HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez system in the area surrounding Valle Verde (Nacientes Numancia, Pozo Numancia, and Dirección04), so when conducting the study to supply the sector with potable water, it must be evaluated what the collection and treatment system will be for the wastewater generated, in order to guarantee the protection of the quantity and quality of the aquifer underlying this land and that is used to provide service to more than 60 thousand people in the canton of Pococí. In these cases, the recommendation is to apply the provisions of the Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Matriz de SENARA), given that there is no specific one for the sector.
[…]
From this document, it follows that the Valle Verde subdivision (fraccionamiento), to which the protected party's property belongs, as well as the Urbanización Nuevo Guápiles and the Fraccionamiento Green Valley, according to the criterion of INVU, were carried out in disregard of the Laws and Regulations governing urban development, among them the existence of service availability prior to the segregations of the farms.
Given the above, it is considered that what has been stated by the plaintiff has no relation to the actions of AyA Región Huetar Caribe, given that the Valle Verde community is outside the coverage area of the aqueduct systems administered by AyA and that what is sought is for the ASADA de Buenos Aires to grant potable water availability, provided that urban planning regulations are complied with and especially the protection of the water resource underlying these lands and that is used for the potable water supply of a large part of the population of the canton of Pococí.” […]
In accordance with the foregoing, it is evident that in the case at hand, there is a technical impossibility of providing potable water service to the plaintiff, without any constitutional rights being violated thereby.
[…]
In this specific case, as set forth in the referenced reports, there is a technical impossibility of granting a positive service availability certificate given that there is no aqueduct system in the area, and that to carry out an expansion, the interested parties must comply with the requirements established in the Reglamento de Prestación de Servicios de AyA”. They request that the remedy be declared without merit.
4.- Juan Carlos Barquero Lópezen his condition as legal representative of the Asociación de acueducto Rural Buenos Aires Sur reports under oath that: “1. The community is divided into three sectors, the southern quadrant at the end of Dirección05, which has potable water supply, a central sector lacking an operating entity to provide water service (where the properties in question are located). And the northern sector that is supplied by AyA. 2. The Buenos Aires aqueduct solely provides water service in the quadrant located in the southern sector of the community due to a provision from AyA, a copy of which is attached. 3. The central sector is an area where there is no operating entity and it also lacks aqueduct pipelines to provide water service. In the event that this honorable sala requests the intervention of said sector by the ASADA, the interested parties must assume the economic costs of extending the aqueduct branch to the sector where the properties in question are located. 4. The ASADA de Buenos Aires has neither received nor requested money from the neighbors with the promise of providing availabilities in exchange. 5. The extension of the pipelines in the southern sector of the community was assumed by the neighbors of the Valle Verde community who contributed to the extension of the pipeline up to the sector delimited by AyA. This aqueduct reiterates that although it has every intention of taking over the central sector of Valle verde, this is a decision that does not belong solely to this Aqueduct”. He requests that the remedy be declared without merit.
5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,
Considerando:
I.- OBJECT OF THE REMEDY. The plaintiff states that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has unjustifiably denied water availability to the person she is protecting for her property located in Dirección06. She states that, despite having approved plans and being up to date with her municipal obligations, the respondent Institute restricts the service based on criteria she considers arbitrary, discriminatory, and lacking technical support. She points out that, although there is an ASADA (Buenos Aires Sur) with sufficient water capacity to supply her and that even the neighbors paid for the installation of the necessary pipelines, AyA issued an order limiting the supply to only forty dwellings, excluding her property unjustly. Likewise, she claims that after having made an economic contribution of 100,000 colones requested for the construction of water infrastructure, the respondent authorities continue to deny her access, leaving the protected party in a state of defenselessness despite her property being barely seven hundred meters from a storage tank belonging to the Institute.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:
III.- ON THE FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR ACCESSING THE DRINKING WATER SERVICE. The jurisprudence of the Sala has recognized the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing, in conditions of equality, potable water services, given that it is essential for human life and health. However, this nature of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration may establish general requirements that must necessarily be met by each applicant to evaluate their particular request. Thus, in Sentencia No. 2006-1898 of 09:53 hrs. of February 17, 2006, this Tribunal ordered the following:
“(…) The plaintiff alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with potable water service, claiming that it is a precarious settlement and that its inhabitants do not have a segregation plan establishing that they are the owners of the properties. In this regard, it is established in the record, based on the report rendered under oath by the respondent authority, that there is an impossibility to install residential potable water services in the community where the plaintiff lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications complying with legal requirements by the interested parties (...). This Sala, in ruling No. 2004-12185 of 13:31 hours of October 29, 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to oblige the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the provisions of its Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes or the Ley General de Agua Potable. Hence, as long as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, even though potable water service must be available to everyone as it is an essential service, it cannot be provided to him on a regular basis. Given the existence of those two objective reasons why it is not possible to supply regular potable water service to the plaintiff: his failure to comply with the requirements for the connection of a new service, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of the provision of regular service by the respondent Institute is due to the fact that the protected party and his neighbors do not have property titles over the properties they possess (…)”.
Likewise, in Voto No. 2018-3907 of 09:30 hours of March 9, 2018, the Sala stated:
“(…) IV.- ON THE FULFILLMENT OF REQUIREMENTS TO APPROVE A DRINKING WATER AVAILABILITY. In this regard, this Tribunal has repeatedly recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the associations administering aqueducts and sewers, and the municipalities that provide potable water supply service, prior to approving or rejecting potable water availability applications submitted to them, are fully capable of demanding compliance with requirements established in the legal system and weighing legal and technical reasons.
V.- On the specific case. From the reports rendered under oath by the respondent authorities, and the documentation submitted to the file, it is evident that on January 14, 2013, the protected party submitted an application for a water availability procedure before the Oficina Cantonal de Guácimo Región Huetar, of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for a property she owns, located in África de Guácimo. On May 13, 2013, the Engineering Department, through official letter No. RHAOM-2013-0886, collected by the protected party on June 6, 2013, indicated, regarding the application for service availability and pipeline extension on lands with a right-of-way easement (servidumbre de paso), the requirements for said procedure. Subsequently, on May 19, 2015, the protected party sent a note to the AyA Engineering Department requesting a Water Capacity letter. By Official Letter No. SB-GSP-RHAOMSAP-2015-1492, of July 10, 2015, the AyA Engineering Department again indicated to the protected party the requirements to grant her the water capacity letter, related to the extension of a branch on a right-of-way easement (servidumbre de paso), however, as of the date the report is rendered, the protected party has not complied with the indicated requirements. From the foregoing, it is concluded that in the present case there is no violation of the fundamental rights of the protected party, since the field inspection conducted by ICAA accredited the absence of potable water infrastructure in front of the protected party's property, and the need to carry out a branch extension on a right-of-way easement (servidumbre de paso).
It is evident, therefore, that the ICAA cannot provide the service requested by the appellant because it is technically unfeasible and, consequently, it is not possible to grant her request in the terms she seeks. Thus, the Chamber considers that there has been no arbitrary refusal by the ICAA to provide the appellant with potable water service availability as she requests; rather, what has actually occurred is that a technical and material impossibility (imposibilidad técnica y material) exists due to the absence at the site of the necessary infrastructure to access what the appellant is requesting, which is already within her knowledge. It should be recalled that, on this matter, this Chamber has recognized in multiple rulings what it has termed technical or material impossibility, which is the lack of infrastructure, and has stated that when a technical impossibility exists to connect the requested service, no fundamental right of the administered parties is violated because the omission in providing the service stems from the lack of technical elements necessary for installation and not from arbitrary conduct by the Administration (see in that regard, among others, rulings 2007-03355, 2007-010341, and 2017-011477). Consequently, the appropriate course is to dismiss the appeal, as is hereby ordered (…)”.
It is understood, then, that while a fundamental right to water exists that may be claimed before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados or the respective ASADAs, the provision of the service must also be subject to compliance with the requirements established for its grant and to the existence of a material possibility of supply, that is, that no technical situations exist that render it impossible or inadvisable to provide it.
IV.- ON THE MERITS. After analyzing the evidentiary elements submitted, this Court dismisses the violation of the fundamental rights of the amparo petitioner (parte amparada). From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are deemed given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly established that the petitioner's property, registration number , located at Dirección02, is outside the coverage area of the aqueduct systems directly administered by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), specifically the HC-A-13 Cariari-Anita Grande and HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez systems. This circumstance was formally communicated via official communication No. GSP-RHC-2023-01214 of August 15, 2023. Likewise, it was established that in the sector where the property is located, there is no distribution infrastructure belonging to the ASADA Buenos Aires Sur, nor approved technical studies for the eventual extension of the system. On the contrary, it was determined that the area is partially within the absolute protection zone of the Pozo Numancia, according to environmental criterion UEN-GA-2025-03793, which imposes severe restrictions on new housing developments and connections, in protection of strategic water supply sources. Similarly, it was verified that the interested party did not present diagnostics or technical feasibility studies in accordance with Definition No. 12 of the Reglamento de Prestación de los Servicios del AyA, a regulation that requires verifying the water resource, hydraulic, environmental, and legal capacity of the system before granting a certificate of availability. Nor was compliance with the technical requirements and necessary improvement works to enable the expansion of the service in the zone demonstrated. Additionally, technical report No. GSP-RHC-P-2026-00062 indicated that the service the interested party mentions was granted more than thirty years ago under regulatory conditions that are currently not permitted, as it consisted of a direct connection to a supply pipeline and not from a storage tank, which contravenes the provisions of the Reglamento de Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial (Acuerdo de Junta Directiva 2021-0004), which requires that all service be supplied from a tank to guarantee adequate pressure conditions and sanitary safety.
It must be recalled that, according to the reiterated jurisprudence of this Court (see Rulings No. 2006-1898 of 09:53 hours on February 17, 2006, and No. 2018-3907 of 09:30 hours on March 9, 2018), the absence of water infrastructure or the lack of technical capacity to grant new potable water services constitutes a material impossibility that exempts the administration from responsibility and, therefore, cannot be deemed a violation of fundamental rights. Such a circumstance does not depend on the will or arbitrariness of the service provider, but on the actual availability of water resources and the technical conditions of the system.
Thus, in the specific case, the denial does not correspond to a capricious or discriminatory action, but to an objectively established technical and environmental impossibility: absence of a distribution network in the sector, location outside the institutional coverage area, and restrictions derived from the protection of the aquifer that supplies a significant part of the population of the canton of Pococí. These elements constitute a real and current material impossibility that prevents granting the requested availability.
In this way, no illegitimate omission or arbitrary conduct by the respondent authorities is evident. On the contrary, the administrative action is supported by technical, environmental, and regulatory criteria, in strict adherence to the principle of legality enshrined in Article 11 of the Constitución Política and the Ley General de la Administración Pública.
In another vein, regarding the appellant's argument alleging discrimination, this Chamber has repeatedly and thoroughly stated that the right to equality, enshrined in Article 33 of the Constitución Política, does not imply mathematical parity or identical treatment for all administered parties under any circumstance. On the contrary, constitutional equality requires that equal treatment be given to those who are in substantially identical factual situations, and unequal treatment to those in diverse situations. In the case of access to potable water, a fundamental human right elevated to constitutional rank in Article 50, its enforceability is contingent not only on the existence of the resource but also on compliance with technical, environmental, and legal parameters that guarantee the sustainability of the system and public health. For the appellant to access water availability under terms similar to her neighbors, she must submit to the technical evaluation procedure and remedy the infrastructure deficiencies and environmental studies that her specific location demands, in accordance with Articles 14 of the Reglamento de Prestación de Servicios and 46 of the Reglamento de ASADAS. Therefore, as to this point, the appeal is dismissed.
Finally, since no violation of the fundamental rights of the protected party has been demonstrated, the appropriate course is to dismiss the appeal, as will be indicated in the operative part of this Judgment.
VI.- DISSENTING VOTE OF JUDGES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, WITH THE REASONING DRAFTED BY THE LATTER. In the sub examine, the complainant party claims that new water availabilities are not being approved because there is insufficient water nor a budget to lay pipes. She asserts that the pipe is already laid and there is a tank of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 700 meters away.
In this regard, it is established in the proven facts that the appellant's property is not within the coverage area of the ICAA and the ASADA does not have infrastructure in that sector, nor are there approved studies for its extension. Furthermore, the area is partially within a protection zone for a well and there are no diagnostics or technical feasibility studies.
Consequently, we consider it essential to include the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) as a party so that it may be determined whether the institutions involved bear any responsibility regarding the current capacity of the water systems and the provision of services in that zone. In other matters, this Court (ruling no. 2020007754 of 9:45 hours on April 24, 2020) assessed that Aresep, when rendering its report, pointed out a series of problems of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in relation to investment in infrastructure, losses from unaccounted-for water, and execution capacity. On that occasion, the Chamber considered: “In this regard, it is not only established that the problem of water shortage had been apparent since 2017, but that ARESEP pointed out that ICAA had a backlog in infrastructure investment and, additionally, significant losses from unaccounted-for water. Likewise, the regulatory body also affirmed that the project execution capacity of the potable water service operators has not been as desired.” Consequently, we dissent and order the continuation of the appeal process so that a report may be requested from the general regulator of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
VII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that, should they have submitted any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this Judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is dismissed. Judges Cruz Castro and Rueda Leal dissent and order the continuation of the appeal process so that a report may be requested from the general regulator of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2026006255 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-001015-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad N°CED02, contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL DE BUENOS AIRES SUR DE JIMÉNEZ Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:26 horas del 12 de enero de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo a favor de Nombre02 contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL DE BUENOS AIRES SUR DE JIMÉNEZ Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Manifiesta que, el 5 de marzo la amparada compró un lote en la calle nombrada Dirección01, inscrita en el registro de la propiedad, sección de bienes inmuebles del partido de Limón N° 7-73218-000. Y desde entonces empezó la lucha por obtener los servicios básicos que cualquier costarricense merece. Señala que han sido años de luchar en contra de varias administraciones, promesa tras promesa sin lograr el objetivo de tener acceso al preciado líquido en nuestras propiedades. Se han planteado cantidades de solicitudes. Que junto con el grupo de vecinos organizados se logró la constitución de la ASADA de Buenos Aires Sur, de la cual se beneficiarían todos los vecinos; sin embargo, el personero del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados fue tajante en restringir el servicio, -a su juicio- sin fundamentación técnica que respaldara la denegatoria del otorgamiento de disponibilidad de agua, y con unas excusas completamente ilógicas. Así solo le autorizó el servicio de agua a cuarenta casas pertenecientes al grupo Comunidad de Valle Verde. Que la amparado solicitó formalmente el acceso al servicio de agua a la Asada Buenos Aires Sur, la cual se ha mostrado anuente a colaborar siempre y cuando reciban la autorización del AyA y es ahí donde se les niega el pase, dejándoles en completa indefensión. Agrega que le han rechazado la gestión sin brindar el servicio, sin ningún fundamento técnico que respalde la decisión. Que como justificación del rechazo indica los siguientes puntos: "(…) 1. Que las propiedades no contaban con los permisos municipales y visados de los planos, cuando los planos están perfectamente visados, y se realizan los pagos puntualmente a los impuestos municipales y cada declaración que corresponde. 2. Que supuestamente los terrenos que le vendieron le pertenecían a personas no gratas para la institución del AyA, excusa totalmente ilógica, tratándose de una discriminación a título personal. 3. Que no había suficiente líquido para brindar el servicio, cuando los informes de la ASADA Buenos Aires Sur indican que tiene suficiente líquido para brindarnos el servicio. 4 .Que no tenían presupuesto para crear la tubería que nos diera el servicio hasta nuestras casas, cuando hace varios años ya los vecinos de Dirección02 pagamos por esas tuberías y que ya están instaladas listas para brindar el servicio, pero según un oficio del AyA le prohíbe a la ASADA liberar el líquido hacia donde está la propiedad del amparado. 5. Que existe un gran tanque del AyA (fotos que se adjuntan) a escasos 700 metros de distancia de la propiedad del amparado y según el AyA el agua no va a llegar hasta la propiedad (…)". Acusa que en diferentes oportunidades el AyA les ha ofrecido a los vecinos -en cuenta al amparado- el servicio pero con la condición de que sean éstos quienes deben costear ciertos gastos, y a pesar que después de hacer un gran esfuerzo económico y dar el dinero que se le solicito el servicio de agua potable continua sin llegar a su propiedad, tal es el ejemplo de la constitución de la asada y para movilizar el líquido de la Asada Buenos Aires de Jiménez a Buenos Aires Sur, les pidieron 100.000 (cien mil colones) a cada familia, con la sorpresa que una vez se construyó el tanque, el AyA generó la orden que sólo se le iba a brindar servicio a 40 casas y dejó al resto de lotes sin el servicio, de forma injusta y arbitraria. Que el amparado lleva años soportando esa discriminación sin fundamento jurídico ni estudio técnico alguno, estando su lote entre un tanque del AyA y la tubería de la ASADA Buenos Aires Sur. Solicita se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de Presidencia de las 11:15 horas del 15 de enero de 2026, se dio curso al proceso.
3.- Informa bajo juramento Lourdes María Sáurez Barboza, Rafael Barboza Topping y Randy Madrigal Rodríguez, bajo ese mismo orden presidenta ejecutiva, director de la UEN gestión de ASADAS y encargado de la oficina de Pococí, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que:
“SEGUNDO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00195 del 19 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que:
“En los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable específicamente donde se ubica el inmueble del recurrente que se menciona corresponde al número de finca Dirección03 con el plano L-0318497-1996. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.” De la normativa citada en este hecho, cabe indicar que no corresponde al articulado vigente del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, las constancias de disponibilidad de servicios se encuentran en los artículos 7 inc. 31, 15, 29, 30 y concordantes.
[…]
según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00062 del 19 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que:
“tal como se ha indicado en el oficio GSP-RHC-P-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843 (adjuntos), el sector de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los acueductos administrados por AyA directamente. Específicamente los sistemas HC-A-13 Cariari - Anita Grande y HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (ver imagen número 2). Dado lo anterior, a la amparada se le hizo entrega del documento GSP-RHC-2023-01214 (adjunto) con fecha del 15 de agosto del 2023, en atención a la consulta realizada sobre el área de cobertura de AyA con relación a la propiedad matrícula . En este se le indica que dicha propiedad no se encuentra dentro del área cobertura del sistema HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez.” […]
Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00195 del 19 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que:
“El recurrente enumera cinco supuestas justificaciones del rechazo: permisos municipales, discriminación personal, falta de agua, inexistencia de presupuesto, y cercanía de infraestructura del AyA.
(…)
1. Permisos municipales y planos: No le consta al AyA la totalidad de gestiones municipales alegadas. En todo caso, el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA (Ley N.º 2726) establece que todo proyecto de urbanización o lotificación requiere aprobación previa del AyA, sin la cual cualquier permiso municipal carece de eficacia jurídica.
2. Alegato sobre discriminación personal: No le consta a esta Institución tal afirmación, las decisiones del AyA se basan exclusivamente en criterios técnicos, legales y ambientales, nunca en consideraciones subjetivas sobre personas.
3. Disponibilidad hídrica: En la UEN Gestión de ASADAS, no consta el ingreso de ninguna gestión formal de solicitud de disponibilidad de agua, ni saneamiento para el sector donde el recurrente posee sus propiedades. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico (Estudios técnico específico para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la viabilidad o factibilidad del abastecimiento de agua potable y saneamiento para dicho sector por parte de la ASADA Buenos Aires Sur.
4. Infraestructura y presupuesto: No consta infraestructura de la ASADA Buenos Aires Sur en el sector donde se ubica el inmueble del recurrente, ni estudios aprobados para su extensión.
5. Cercanía del Tanque Numancia: La sola proximidad física a infraestructura del AyA no genera derecho automático a la conexión. El criterio ambiental UEN-GA-2025-03793 establece que el área se encuentra parcialmente dentro de la zona de protección absoluta del Pozo Numancia, lo cual impone severas restricciones para desarrollos habitacionales y nuevas conexiones.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00062 del 19 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que:
“…no se realizan mayores observaciones, siendo que la amparada indica la intención de acceder al servicio de agua potable de la ASADA de Buenos Aires Sur. AyA Región Huetar Caribe, ostenta competencia sólo para los sistemas administrados por AyA. En el caso específico el acueducto de AyA más cercano es el HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, que como ya se ha indicado no alcanza a cubrir el sector de Valle Verde. Tal como lo indica la amparada, el tanque de Numancia que forma parte del acueducto del AyA se ubica cercano al sector de Valle Verde, y que de acuerdo con lo indicado en los oficios GSP-RHC-P-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843, este tanque se encuentra a una elevación menor en relación con Valle Verde, razón por la cual no resulta técnicamente viable ampliar la cobertura. Esta condición es conocida por el recurrente, al punto de gestionar que el abastecimiento se otorgue por la ASADA de Buenos Aires, que se ubica a una elevación mayor.” QUINTO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00195 del 19 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que:
“El recurrente sostiene que cumple condiciones para recibir el servicio y que la negativa vulnera derechos fundamentales.
(…)
No se cuenta con diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica presentados conforme a la Definición N.º 12 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, que exige verificar capacidad hídrica, hidráulica, ambiental y legal. Sin dicho análisis, no es jurídicamente posible otorgar disponibilidad de agua potable.
[…]
De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00062 del 19 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que:
“…efectivamente el amparado tiene su derecho a gestionar el abastecimiento de agua, siempre y cuando cumpla con los procedimientos establecidos. Por lo que AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica, legal y ambiental. Como bien lo indica la amparada, su propiedad se encuentra a escasos metros del tanque de Numancia, lo que hace que exista insuficiencia de carga estática producto de la diferencia de elevación del punto del tanque de Numancia al punto de la propiedad en cuestión, al estar a una altura similar no hay suficiente columna de agua, por lo que se estaría ante un incumplimiento de presión mínima.” En ese sentido, cabe citar además lo establecido en el artículo 7 inciso 134 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA que indica:
“…134. Zona de restricción ambiental: Superficie territorial delimitada por condiciones geomorfológicas o zonas de riesgo, zonas de protección y áreas protegidas o reservas patrimonio del Estado donde por disposiciones legales o de planificación territorial de orden local, regional o nacional no deben aprobarse disponibilidades de servicios o conexiones para la prestación de los servicios de acueducto o alcantarillado sanitario o ambos por parte de un prestador de servicio público.” Además, tal como se ha manifestado por parte de la recurrente, no se han cumplido los requisitos establecidos para generar una constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva, ya que, no se ha cumplido por parte de los interesados con los estudios técnicos y obras de mejora necesarios para optar por un servicio.
SEXTO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00195 del 19 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, se indica que:
“…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00062 del 19 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que:
“…para el servicio brindado que indica la recurrente, el cual se otorgó hace más de 30 años en condiciones que la normativa actual no permite. En este caso, el servicio se brinda directamente de la tubería de conducción y no del tanque de Numancia, situación que en su momento fue permitida, pero que la normativa actual (Reglamento de Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, según acuerdo de Junta Directiva de AyA 2021-0004) indica que todo servicio debe de abastecerse de un tanque.” […]
OCTAVO: Este acápite no es un hecho. Sin embargo, cabe citar lo expuesto en el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00195 del 19 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, en el cual se indica que:
“La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que el derecho al agua no implica obligación de otorgar el servicio cuando exista imposibilidad técnica, jurídica o ambiental debidamente acreditada. En el presente caso, la negativa se sustenta en criterios técnicos y ambientales objetivos, particularmente en la protección de fuentes estratégicas de abastecimiento (…)
De lo expuesto se concluye que no existe actuación arbitraria, discriminatoria ni carente de fundamento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Las decisiones adoptadas responden a criterios técnicos, ambientales y normativos, orientados a la protección del recurso hídrico y al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.” […]
De forma adicional, es importante indicar que el sector de Valle Verde y alrededores se encuentra sobre un acuífero vulnerable a la contaminación, según se desprende de los informes SUB-AID-GA-2015-432 y UEN-GA-2025-03793 elaborados por la Dirección de Gestión Ambiental de AyA (adjuntos). Tal y como se observa en la imagen número 2 de este documento, AyA mantiene sus principales fuentes de agua para el sistema HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez en la zona aledaña a Valle Verde (Nacientes Numancia, Pozo Numancia y Dirección04), por lo que al realizar el estudio para abastecer con agua potable al sector, debe valorarse cuál será el sistema de recolección y tratamiento de las aguas residuales que se generen, de manera que se garantice la protección de la cantidad y calidad del acuífero que subyace este terreno y que es utilizado para brindar el servicio a más de 60 mil personas del cantón de Pococí. En estos casos, la recomendación es que se aplique lo dispuesto en la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Matriz de SENARA) siendo que no existe una específica para el sector.
[…]
De este documento se desprende que el fraccionamiento Valle Verde, al cual pertenece la propiedad de la amparada, así como la Urbanización Nuevo Guápiles y el Fraccionamiento Green Valley, según criterio del INVU, se llevó a cabo inobservando las Leyes y Reglamentos que regulan el desarrollo urbano, entre ellos la existencia de disponibilidad de servicios previo a las segregaciones de las fincas.
Dado lo anterior, se considera que lo expuesto por la recurrente no tiene relación con las actuaciones de AyA Región Huetar Caribe, siendo que la comunidad de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los sistemas de acueductos que administra AyA y que lo pretendido es que la ASADA de Buenos Aires le otorgue la disponibilidad de agua potable, siempre y cuando se cumpla con la normativa urbanística y en especial el resguardo del recurso hídrico que subyace estos terrenos y que es utilizado para el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población del cantón de Pococí." […]
Conforme lo expuesto, es evidente que en el caso que nos ocupa existe una imposibilidad técnica de brindar el servicio de agua potable a la recurrente, sin que con ello se vulnere derechos constitucionales.
[…]
En este caso concreto, tal y como se expone en los informes de referencia, existe una imposibilidad técnica de otorgar la constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva dado que en la zona no existe un sistema de acueducto, siendo que, para realizar una ampliación se deberá cumplir por los interesados con los requisitos establecidos en el Reglamento de Prestación de Servicios de AyA”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa bajo juramento Juan Carlos Barquero Lópezen su condición de representante legal de la Asociación de acueducto Rural Buenos Aires Sur que: “1. La comunidad se encuentra dividida en tres sectores, el cuadrante sur en la parte final de la Dirección05, la cual cuenta con el abastecimiento de agua potable, sector central ausente de un ente operador que brinde el servicio de agua (donde se ubican las propiedades en cuestión). Y sector norte que esta abastecido por el AyA. 2. El acueducto de Buenos Aires únicamente brinda el servicio de agua en el cuadrante ubicado en el sector sur de la comunidad por una disposición de AyA del cual se adjunta copia. 3. El sector central es un sector donde no se encuentra ningún ente operador y tampoco cuenta con tuberías del acueducto para brindar el servicio de agua. En dado caso que esta honorable sala, solicite la intervención de dicho sector por parte de la ASADA, los interesados deberán de asumir los costes económicos de la extensión del ramal del acueducto hasta el sector donde se encuentran las propiedades en cuestión. 4. La ASADA de Buenos Aires, no ha recibido ni solicitado dineros a los vecinos con la promesa de brindar disponibilidades a cambio. 5. La extensión de las tuberías en el sector sur de la comunidad fue asumida por los vecinos de la comunidad Valle verde quienes aportaron para la extensión de la tubería hasta el sector delimitado por el AyA. Este acueducto reitera, que si bien, cuenta con todas las intenciones de asumir el sector central de Valle verde, esta es una decisión que no compete únicamente a este Acueducto”. Solicita se declare sin lugar el recurso.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le ha negado de manera injustificada a la tutelada la disponibilidad de agua para su propiedad ubicada en Dirección06. Manifiesta que, a pesar de contar con planos visados y estar al día con sus obligaciones municipales, el Instituto recurrido restringe el servicio basándose en criterios que considera arbitrarios, discriminatorios y carentes de sustento técnico. Señala que, aunque existe una ASADA (Buenos Aires Sur) con capacidad hídrica suficiente para abastecerla y que incluso los vecinos costearon la instalación de las tuberías necesarias, el AyA emitió una orden que limita el suministro a solo cuarenta viviendas, excluyendo su inmueble de forma injusta. Asimismo, reclama que tras haber realizado un aporte económico de 100.000 colones solicitado para la construcción de infraestructura hídrica, las autoridades recurridas continúan negándole el acceso, dejando a la amparada en un estado de indefensión pese a encontrarse su propiedad a escasos setecientos metros de un tanque de almacenamiento del Instituto.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE. La jurisprudencia de la Sala ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que esta resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Así, en la Sentencia N° 2006-1898 de las 09:53 hrs. de 17 de febrero de 2006, este Tribunal dispuso lo siguiente:
“(…) El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen (…)”.
Asimismo, en el Voto N° 2018-3907 de las 09:30 horas del 9 de marzo de 2018, la Sala señaló:
“(…) IV.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA APROBAR UNA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE. Al respecto, este Tribunal ha reconocido reiteradamente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y las municipalidades que prestan el servicio de suministro de agua potable, de previo a aprobar o rechazar las solicitudes de disponibilidad de agua potable que les sean formuladas, están en plena capacidad de exigir el cumplimiento de requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, y ponderar razones de orden legal y técnico.
V.- Sobre el caso concreto. De los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades recurridas, y la documentación aportada al expediente, se desprende que el 14 de enero de 2013, la amparada presentó una solicitud de trámite de disponibilidad de agua ante la Oficina Cantonal de Guácimo Región Huetar, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en un inmueble de su propiedad, ubicado en África de Guácimo. El 13 de mayo de 2013, el Departamento de Ingeniería, mediante oficio N° RHAOM-2013-0886, retirado por la amparada el 6 de junio de 2013 indicó, respecto a la solicitud de disponibilidad de servicios y extensión de tubería en terrenos con servidumbre de paso, los requisitos para dicho trámite. Posteriormente, la amparada, el 19 de mayo de 2015 envió al Departamento de Ingeniería del AyA una nota solicitando una carta de Capacidad Hídrica. Por Oficio N° SB-GSP-RHAOMSAP-2015-1492, de 10 de julio de 2015 el Departamento de Ingeniería del AyA indicó a la amparada nuevamente los requisitos para otorgarle la carta de capacidad hídrica, relacionados con la extensión de ramal en servidumbre de paso, sin embargo a la fecha que se rinde el informe la amparada no ha cumplido con lo indicado. De lo anterior se concluye que en el presente caso no existe lesión a los derechos fundamentales de la amparada, pues de la inspección de campo realizada por el ICAA se acreditó la ausencia de infraestructura de agua potable frente a la propiedad de la amparada, y la necesidad de efectuar una extensión de ramal en servidumbre de paso. Es evidente entonces que el ICAA no puede brindar el servicio solicitado por el recurrente porque técnicamente no le es factible y, por ende, no es posible acoger su solicitud en los términos en que lo pretende. Así las cosas, considera la Sala que no se ha dado una negativa arbitraria del ICAA para brindarle disponibilidad del servicio de agua potable a la gestionante como lo solicita, sino que, lo que en realidad ha ocurrido, es que existe una imposibilidad técnica y material debido a la inexistencia en el sitio de la infraestructura necesaria para acceder a lo peticionado por la recurrente, lo cual ya es de su conocimiento. Recuérdese que, sobre el particular, esta Sala ha reconocido en múltiples sentencias lo que ha llamado la imposibilidad técnica o material, que es la falta de infraestructura, y se ha manifestado en el sentido de que cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se vulnera derecho fundamental alguno de los administrados porque la omisión en la prestación del servicio obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración (ver en ese sentido, entre otras, sentencias 2007-03355, 2007-010341, y 2017-011477). En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se ordena (…)”.
Se entiende entonces que, si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o ante las respectivas ASADAS, la prestación del servicio también debe sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen brindarlo.
IV.- SOBRE EL FONDO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, que la propiedad de la amparada, matrícula , ubicada en Dirección02, se encuentra fuera del área de cobertura de los sistemas de acueducto administrados directamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), específicamente de los sistemas HC-A-13 Cariari-Anita Grande y HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez. Tal circunstancia fue formalmente comunicada mediante el oficio N° GSP-RHC-2023-01214 del 15 de agosto de 2023. Asimismo, quedó acreditado que en el sector donde se ubica el inmueble no existe infraestructura de distribución perteneciente a la ASADA Buenos Aires Sur, ni estudios técnicos aprobados para la eventual extensión del sistema. Por el contrario, se determinó que el área se encuentra parcialmente dentro de la zona de protección absoluta del Pozo Numancia, conforme al criterio ambiental UEN-GA-2025-03793, lo cual impone restricciones severas a nuevos desarrollos habitacionales y conexiones, en resguardo de fuentes estratégicas de abastecimiento hídrico. En igual sentido, se constató que la interesada no presentó diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica conforme a la Definición N° 12 del Reglamento de Prestación de los Servicios del AyA, normativa que exige verificar la capacidad hídrica, hidráulica, ambiental y legal del sistema antes de otorgar una constancia de disponibilidad. Tampoco se acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos y obras de mejora necesarios para posibilitar la ampliación del servicio en la zona. Adicionalmente, el informe técnico N° GSP-RHC-P-2026-00062, indicó que el servicio que menciona la interesada fue otorgado hace más de treinta años bajo condiciones normativas que actualmente no se encuentran permitidas, pues consistía en una conexión directa a una tubería de conducción y no desde un tanque de almacenamiento, lo cual contraviene lo dispuesto en el Reglamento de Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial (Acuerdo de Junta Directiva 2021-0004), que exige que todo servicio se abastezca desde tanque para garantizar condiciones adecuadas de presión y seguridad sanitaria.
Debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal (ver las Sentencias Nº 2006-1898 de las 09:53 horas del 17 de febrero de 2006 y Nº 2018-3907 de las 09:30 horas del 9 de marzo de 2018), la inexistencia de infraestructura hídrica o la carencia de capacidad técnica para otorgar nuevos servicios de agua potable constituye una imposibilidad material que exime de responsabilidad a la administración y que, por lo tanto, no puede reputarse violatoria de derechos fundamentales. Tal circunstancia no depende de la voluntad o arbitrariedad del ente prestador del servicio, sino de la disponibilidad real de los recursos hídricos y de las condiciones técnicas del sistema.
Así las cosas, en el caso concreto, la denegatoria no corresponde a una actuación antojadiza o discriminatoria, sino a una imposibilidad técnica y ambiental objetivamente acreditada: inexistencia de red de distribución en el sector, ubicación fuera del área de cobertura institucional y restricciones derivadas de la protección del acuífero que abastece a una parte significativa de la población del cantón de Pococí. Tales elementos configuran una imposibilidad material real y actual que impide otorgar la disponibilidad solicitada.
De esta forma, no se evidencia omisión ilegítima ni conducta arbitraria por parte de las autoridades recurridas. Por el contrario, la actuación administrativa se encuentra sustentada en criterios técnicos, ambientales y normativos, en estricto apego al principio de legalidad consagrado en el artículo 11, de la Constitución Política y en la Ley General de la Administración Pública.
En otro orden de ideas, en cuanto al alegato de la parte recurrente que acusa discriminación, esta Sala ha reiterado de forma prolija que el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 33, de la Constitución Política, no implica una paridad matemática ni un trato idéntico para todos los administrados en cualquier circunstancia. Por el contrario, la igualdad constitucional exige que se otorgue un trato igual a quienes se hallen en situaciones de hecho sustancialmente idénticas, y desigual a quienes se encuentren en situaciones diversas. En el caso del acceso al agua potable, derecho humano fundamental elevado a rango constitucional en el artículo 50, su exigibilidad está supeditada no solo a la existencia del recurso, sino al cumplimiento de parámetros técnicos, ambientales y legales que garanticen la sostenibilidad del sistema y la salud pública. Para que la parte recurrente pueda acceder a una disponibilidad de agua en términos similares a sus vecinos, debe someterse al procedimiento de evaluación técnica y subsanar las carencias de infraestructura y estudios ambientales que su ubicación específica demanda, conforme a los artículos 14, del Reglamento de Prestación de Servicios y 46, del Reglamento de ASADAS. Por ende en cuanto este extremo, se declara sin lugar el recurso.
Finalmente, al no haberse demostrado vulneración alguna a los derechos fundamentales de la parte tutelada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso como se indicará en la parte dispositiva de esta Sentencia.
VI.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En el sub examine, la parte accionante reclama que no se aprueban nuevas disponibilidades de agua, por cuanto no existe suficiente agua ni hay presupuesto para colocar tuberías. Asevera que la tubería ya está colocada y hay un tanque del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a 700 metros de distancia.
Al respecto, consta en los hechos probados que la propiedad de la recurrente no se encuentra dentro del área de cobertura del ICAA y la ASADA no cuenta con infraestructura en ese sector, ni tampoco existen estudios aprobados para su extensión. Asimismo, el área se encuentra parcialmente dentro de una zona de protección de un pozo y no se cuenta con diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica.
En consecuencia, consideramos imprescindible tener como parte a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) a los efectos de que se determine si las instituciones involucradas tienen algún tipo de responsabilidad con respecto a la capacidad actual de los sistemas hídricos y la prestación de los servicios en esa zona. En otros asuntos, este Tribunal (sentencia nro. 2020007754 de las 9:45 horas de 24 de abril de 2020) valoró que Aresep, al rendir su informe, puntualizó una serie de problemas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en relación con la inversión en infraestructura, pérdidas por agua no contabilizada y capacidad de ejecución. En esa oportunidad, la Sala consideró: “Al respecto, no solo consta que la problemática de desabastecimiento de agua se venía reflejando desde el 2017, sino que la ARESEP puntualizó que el ICAA tenía un rezago en la inversión en infraestructura y, además, significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada. Asimismo, el ente regulador también afirmó que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable”.
En consecuencia, salvamos el voto y ordenamos continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y ordenan continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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