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Res. 07237-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/02/2026
OutcomeResultado
The Chamber ordered INDER to complete the titling of parcel 25 in the Costa Ana Settlement within four months and held it liable for costs and damages.La Sala ordenó al INDER concluir en un máximo de cuatro meses la titulación de la parcela 25 del Asentamiento Costa Ana y lo condenó al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo on behalf of an older adult whose parcel, awarded by the former Agrarian Development Institute, remained untitled because of family complications, surveying errors, and successive technical proceedings. Although INDER conducted surveys, pursued municipal approval, and reported on the file’s progress, the Chamber held that those actions had not produced a useful and timely result. Since the proceeding was formally reactivated in 2020, title remained unresolved with no definite completion date, preventing the claimant from seeking housing assistance, construction permits, and other public services. The process also required excluding a wetland belonging to the State Natural Heritage and obtaining certifications from MINAE and INTA. The prolonged delay was disproportionate, particularly given the beneficiary’s age and vulnerability. The Chamber ordered INDER to complete the titling process within no more than four months and held the institution liable for costs and the damages caused, to be assessed through enforcement proceedings before the administrative courts.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo interpuesto a favor de una persona adulta mayor cuya parcela, adjudicada por el antiguo Instituto de Desarrollo Agrario, permanecía sin titular debido a problemas familiares, errores de medición y sucesivos trámites técnicos. Aunque el INDER realizó levantamientos topográficos, gestionó el visado municipal e informó sobre el avance del expediente, la Sala consideró que esas actuaciones no produjeron un resultado útil y oportuno. Desde la reactivación formal del procedimiento en 2020, la titulación continuó indefinida y sin una fecha cierta de conclusión, lo que impedía al amparado solicitar ayudas de vivienda, permisos de construcción y otros servicios públicos. El trámite también debía excluir un humedal perteneciente al Patrimonio Natural del Estado y obtener certificaciones del MINAE y del INTA. La prolongación fue considerada desproporcionada, especialmente por la edad y vulnerabilidad del beneficiario. La Sala ordenó concluir la titulación en un máximo de cuatro meses y condenó al INDER al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
In this matter, the Chamber finds a violation of the protected party’s fundamental rights for the reasons set out below. First, it must be clarified that the constitutional complaint does not concern an absolute absence of action by the respondent authority, but rather the lack of a useful and timely result that would allow the protected person to effectively exercise the powers arising from his status as allottee of the property. Although various technical measures and interinstitutional coordination efforts are described, the fact remains that the titling process has not materialized and the registration status continues to be unresolved. Next, although the institution refers to earlier circumstances to explain the proceeding’s development, the decisive point for this analysis is that, since the formal reactivation of the procedure at least as of March 16, 2020, there has likewise been no administrative management capable of completing it within a reasonable period. Despite the technical adjustments made and the new topographic survey conducted on January 28, 2025, the plan remains pending registration review, and there is no definite date for the final completion of the process. Finally, in this context, the continuation of the titling process for several years after its reactivation, without an effective determination or a clear timetable for completion, is disproportionate, especially because the person concerned is an older adult. The appeal must therefore be granted, and the respondent authority must be ordered to undertake and coordinate the measures needed to complete the proceeding within a short and verifiable period, without prejudice to issuing a duly reasoned final decision and notifying the interested party if an insurmountable legal impediment exists.En el presente asunto, esta Sala verifica la violación de los derechos fundamentales de la parte amparada, en virtud de las razones que a continuación serán expuestas. En primer término, debe precisarse que el reproche constitucional no se centra en la inexistencia absoluta de actuaciones por parte de la autoridad recurrida, sino en la falta de un resultado útil y oportuno que permita al tutelado ejercer efectivamente las facultades derivadas de su condición de asignatario del inmueble, pues, aun cuando se detallan diversas gestiones técnicas y coordinaciones institucionales, lo cierto es que, a la fecha, el proceso de titulación no se ha materializado y la situación registral continúa indefinida. Seguidamente, aun cuando la institución alude a circunstancias anteriores para explicar la evolución del trámite, lo determinante para este análisis es que, desde la reactivación formal del procedimiento al menos a partir del 16 de marzo de 2020, tampoco se advierte una conducción administrativa que haya permitido su culminación dentro de un plazo razonable, ya que, pese a los ajustes técnicos efectuados y al nuevo levantamiento topográfico realizado el 28 de enero de 2025, el plano continúa pendiente de calificación registral y no existe una fecha cierta para la conclusión definitiva del proceso. Finalmente, en este contexto, la prolongación del proceso de titulación por varios años desde su reactivación, sin una definición efectiva ni un horizonte temporal claro para su culminación, resulta desproporcionada, especialmente tratándose de una persona adulta mayor, por lo que procede declarar con lugar el recurso y ordenar a la autoridad recurrida que gestione y coordine lo necesario para concluir el trámite dentro de un plazo breve y verificable, sin perjuicio de que, de existir un impedimento legal insuperable, se emita la resolución final correspondiente, debidamente fundamentada y notificada al interesado.
Pull quotesCitas destacadas
"Luego, si bien la autoridad recurrida informó al tutelado sobre el estado del trámite mediante oficios de 11 de marzo de 2024 y 23 de junio de 2025, tales comunicaciones no desvirtúan la lesión alegada, en tanto no se tradujeron en la regularización efectiva del inmueble, sino que confirmaron que el procedimiento seguía sujeto a etapas pendientes, manteniendo al amparado en una situación de incertidumbre prolongada."
"Although the respondent authority informed the protected person of the proceeding’s status through letters dated March 11, 2024, and June 23, 2025, those communications do not disprove the alleged violation because they did not result in the effective regularization of the property. Instead, they confirmed that the proceeding remained subject to pending stages, keeping the protected person in a state of prolonged uncertainty."
Considerando IV
"Luego, si bien la autoridad recurrida informó al tutelado sobre el estado del trámite mediante oficios de 11 de marzo de 2024 y 23 de junio de 2025, tales comunicaciones no desvirtúan la lesión alegada, en tanto no se tradujeron en la regularización efectiva del inmueble, sino que confirmaron que el procedimiento seguía sujeto a etapas pendientes, manteniendo al amparado en una situación de incertidumbre prolongada."
Considerando IV
"Se declara con lugar el recurso."
"The appeal is granted."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso."
Por tanto
"En consecuencia, se ordena a Cindy Bravo Castro, en su condición de gerente general del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, o a quien ocupe dicho cargo, que gestione lo necesario dentro del ámbito de su competencia, para que, en un plazo máximo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, concluya el proceso de titulación de la parcela 25 del Asentamiento Costa Ana."
"Accordingly, Cindy Bravo Castro, in her capacity as general manager of the National Rural Development Institute, or whoever holds that office, is ordered to undertake the measures necessary within the scope of her authority to complete the titling process for parcel 25 of the Costa Ana Settlement within a maximum of FOUR MONTHS from notice of this judgment."
Por tanto
"En consecuencia, se ordena a Cindy Bravo Castro, en su condición de gerente general del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, o a quien ocupe dicho cargo, que gestione lo necesario dentro del ámbito de su competencia, para que, en un plazo máximo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, concluya el proceso de titulación de la parcela 25 del Asentamiento Costa Ana."
Por tanto
"Se condena al Instituto Nacional de Desarrollo Rural al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
"The National Rural Development Institute is ordered to pay the costs and damages caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in enforcement proceedings before the administrative courts."
Por tanto
"Se condena al Instituto Nacional de Desarrollo Rural al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review Case: 26-002800-0007-CO Decision No. 2026007237 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty a.m. on February twenty-seventh, two thousand twenty-six.
Amparo action (recurso de amparo) processed under case number 26-002800-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], identity card [Value 002], against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL -INDER-.
Findings of Fact:
“Preamble: Before submitting the report concerning the amparo proceeding (recurso de amparo) filed, it is necessary to clarify to the Sala Constitucional that this administrative office has no record of any request made by the appellant concerning the alleged facts. This makes sense precisely because agrarian proceedings (trámites agrarios) of this type are technical and substantive in nature and are handled by the INDER Development Regions assigned jurisdiction based on geographic area; in this case, that would be the Oficina de Desarrollo Territorial de Guatuso, which is responsible for serving the Asentamiento Costa Ana, located in San Rafael de Guatuso. Nevertheless, although these matters do not fall within the administrative functions inherent in the jurisdiction of this Gerencia General, in observance of the principle of administrative coordination (principio de coordinación administrativa), a response will be provided based on the information gathered internally.
That said, the response is as follows: FIRST: It is partially true that the appellant is an older adult, as confirmed by the information on the Registro Civil website. However, it must be made clear that the Institute has no record of how the appellant entered into possession of the parcel. SECOND: It is true. The IDA, now INDER, acquired the property by purchase and sale (compraventa), and in 1991, through Deed N°4 of 4 de mayo de 1991, executed by notaries Carlos Enrique García Anchía and Jorge Manuel Solano Chinchilla, the Registro Público was requested to consolidate properties from which 52 lots were granted, including Lot 25 to the appellant and his wife, pursuant to the following Board of Directors resolutions: - By Board of Directors resolution, article XXXII, session 383-86, dated 15 de abril del año 1986, Mr. [Nombre 002], identification card [Valor 003], was declared a beneficiary of the institution. - By Board of Directors resolution, article I, session 08-88, dated 26 de enero del 1988, item 2 resolved to award the parcel to Mr. [Nombre 002] in Asentamiento Costa Ana, without specifying a parcel number. - By Board of Directors resolution, article XIII, session 26-91, dated 1 de abril del 1991, the award, subdivision (segregación), and conveyance (traspaso) of Parcel 25 of Asentamiento Costa Ana to [Nombre 002] and [Nombre 003] were approved. - In 1991, for unknown reasons, the Zumbado Prendas family did not appear to sign at the scheduled execution of the Protocol. - In 2014 (23 years later), information was received concerning summary judicial divorce proceeding 14-0000223-FA-6, which refers to Judgment N°959-2014 issued by the Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de Alajuela and concerns the divorce proceeding filed by Mr. [Nombre 002] against [Nombre 003].
Based on this information, the Oficina Territorial considers that the Zumbado Prendas family did not again request title to Parcel 25 of Asentamiento Costa Ana. THIRD: The allegation is denied as stated. With respect to this allegation, it is important to note that, although the health condition reported by the appellant is deeply regrettable, that condition cannot per se be attributed to the institution. Note that the appellant himself acknowledges—and the information gathered confirms—that, after the property was assigned to him, the interested party waited 23 years before informing the Oficina Territorial of the family circumstances he was experiencing. (See Divorce Judgment of the Juzgado de Familia II Circuito Judicial de Alajuela, issued on 28 de noviembre del 2014.) This means that he likewise failed to make the corresponding payment and that the award was not recorded in the registry, the practical effect of which was the dismissal of the proceeding.
The information gathered further indicates that the appellant filed a new application for title (solicitud de titulación) with the Oficina Territorial de Guatuso. However, the conditions of the property and the application of the regulations required an assessment of the parcel. Accordingly, through official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-129-2020 of 16 de marzo del 2020, the Office submitted a formal request to the Direccion Territorial Huetar Norte for the assignment of a surveyor to conduct a new survey of Parcel 25, Asentamiento Costa Ana. This was required because, according to SINAC criteria, significant portions of the property are affected by wetlands. Therefore, once the new duly registered cadastral plan (plano debidamente catastrado) was available, the Oficina Territorial de Guatuso would continue processing the title application and subsequently record it with the Registro Nacional.
It is relevant to note here that, in response to official letter INDER-GG-DRT-RDHNOTSR-1277-2021, the Oficina Territorial has continued processing the appellant’s application. It should be emphasized that it asked the Oficina de Información y Registro de Tierras to modify plan A-20850990-1989, which remained in effect to date, because an area within the parcel belonging to the Patrimonio Natural del Estado was identified. Consequently, registered cadastral plan A38722-2021 was prepared without including the PNE area. (See official letter INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI0115-2026.) Pursuant to Minute 2022-94845-C, that plan was submitted to the Municipalidad de Guatuso for the corresponding approval (visado), which indicated that the plan required a certificate of compliant land use (certificación de uso Conforme de suelo) for that property. Through official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-011-2023, a formal request was submitted to the Institute’s Unidad de Agroeconómicos to prepare that certificate, which was issued as Certificate 23044001 on 16 de agosto del 2023.
The plan and the notice requiring the land-use certificate were subsequently resubmitted to the Municipalidad de Guatuso, which stated by email dated 4 de diciembre del 2023 that the plan-approval forms had to be completed again because the prior application had been canceled. (See official letter INDER-GGDRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025.) The appellant submitted a request for title and for the status of the case by a filing dated 25/2/2024 (see folio 128 of the administrative file), and a formal response was provided to the appellant through Official Letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024 of 11/3/2024. The acknowledgment of receipt was signed by Ms. Sirlene Zumbado Prendas, daughter of Mr. [Nombre 002] (see folio 131 of the administrative file). According to official letter INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI-0115-2026, and at the request of the Oficina Territorial de Guatuso to the Oficina de Informacion y Registro de Tierras, the area shown in cadastral filing 202294845-C (corresponding to plan A-38722-2024) was to be corrected because it was smaller than the area existing on the ground.
On 28 de enero del 2025, official Marvin Cruz Fuentes conducted a new topographic survey (medida topográfica) of Parcel 25. Using that survey, the Oficina de Informacion y Registro de Tierras prepared the survey plan (plano de agrimensura), which was submitted to the Registro Inmobiliario under CFIA Contract number 1240251. It is awaiting review so that it may subsequently be submitted to the Municipalidad de Guatuso for the corresponding approval. To continue processing the Titling Proceeding (Proceso de Titulación) in favor of the appellant, the following statutory requirements must be satisfied: the Registered Cadastral Plan (Plano Catastrado); the Land-Use Certificate (Certificado de uso de Suelos), issued by INTA; and the MINAE certification stating that the property does not form part of any area belonging to the Patrimonio Natural del Estado. FOURTH: The allegation is denied as stated.
Although there have indeed been inconsistencies in the preparation of the Registered Cadastral Plan, the first plan was prepared a very long time ago and had to be corrected because it included an area of the Patrimonio Natural del Estado (wetland). A second correction became necessary due to the reduction in the parcel’s area, and another was required because of the Municipalidad de Guatuso’s request concerning the Certificate of Compliant Land Use. The plan has now been duly submitted to the Registro Inmobiliario for the corresponding review. The appellant’s assertions are therefore unfounded because INDER HAS NOT failed to address his requests. Note that, for purposes of processing the proceeding, the Institute depends on reviews or certifications from entities external to the institution to satisfy the outstanding requirements. CONCERNING THE SPECIFIC CASE AND THE PROPER RESPONSE TO THE APPELLANT.
It is important to reiterate that, in view of the appellant’s request for information, the Institute, through the Oficina Territorial de Guatuso, duly processed that verbal request as explained above. In response to his request, it is reiterated that a new plan was surveyed in order to comply with the new specifications required by the Departamento de Catastro y Visados de la Municipalidad de Guatuso. The appellant was notified of the current status of the title proceeding through official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 dated 23 de junio del 2025, through his daughter Sirlene Zumbado Prendas, who signed as acknowledgment and is authorized to carry out any proceeding on behalf of Mr. [Nombre 002] (see image in the administrative file, folio 128). In this regard, the Sala Constitucional has held: “(…) the information requested by the appellant concerned matters of direct interest to him, as justified by his journalistic work.
However, if the requested information was not in the possession of the respondents or did not exist, they had a duty to state so in writing. (…)”. (Decision n.° 2637-1993 of 9 de junio de 1993.) Subsequently, after the information was received verbally and by telephone from the Oficina Territorial de Guatuso, this Office asked the Oficina de Informacion y Registro de Tierras to modify the plan corresponding to Parcel 25 of Asentamiento Costa Ana, as indicated in official letter INDER-GG-DRT-RDHNOTGU-OFI-0354-2025 dated 23 de junio del 2025, in order to continue advancing the Titling Proceeding in favor of the appellant. As noted, the Sala Constitucional has also held: “(…) when an interested party submits a request for information, the response provided by the requested public official or entity may not be limited to acknowledging receipt of the request; rather, it must examine the request’s contents and decide it in accordance with its legal powers, responding as promptly as possible so that the interested party may, if appropriate, pursue the corresponding administrative or judicial actions if the decision causes prejudice.
If the request fails to satisfy any requirements, the Administration must issue a notice to cure (prevención), or, if it was submitted to an entity lacking jurisdiction, it must also give notice of that fact and refer the matter to the appropriate entity (article 220 Ley General de la Administración Pública), while notifying the interested party of the decision taken. In all cases, if no impediment exists, the Administration must provide the requested information or identify the obstacle preventing it from doing so and state the status of the matter. (…)”. (Decision n.° 4923-2001 of 8 de junio del 2001.) The underlining does not appear in the original. Likewise, as stated above, the Sala Constitucional has held the following concerning the response issued by the Administration: “(…) Although the right to petition and receive a prompt response (derecho de petición y pronta respuesta) does not entail an affirmative response to the requests submitted, the response provided by the Administration must nevertheless address the interested party’s concerns or requests clearly, whether affirmatively or negatively. (…)”.
(Resolution No. 11397-2013 of 27 August 2013) The underlining does not appear in the original. It is important to note that, through official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068- 2024 of 11/3/2024 and official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 dated 23 June 2025, before INDER was notified of this amparo proceeding (recurso de amparo), the appellant had repeatedly been informed of the progress of the process; those letters were received by his daughter, stating: “In response to the verbal inquiry made by telephone to the Guatuso Territorial Office, pursuant to official letter INDER-GG-DRT-RDHNOTGU-OFI-0354-2025 dated 23 June 2025, we respectfully provide the background of the case of Mr. [Name 002] and the circumstances that have arisen in the titling process (trámite de titulación) for Plot 25, Asentamiento Costa Ana. We are currently awaiting the assessment of the new plan survey by the Registro Nacional, and once it has been duly recorded in the cadastre, it will be resubmitted to the Municipalidad de Guatuso for the corresponding approval (visado).
Thank you for your attention.” Nevertheless, INDER was subsequently notified of this amparo proceeding, and we are still awaiting the assessment by the Registro Nacional. REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ACT. As explained above, INDER has already formally addressed and responded to the appellant concerning the current status of his titling process through the most recent official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 dated 23 June 2025. In this regard, while this amparo proceeding is pending, INDER must comply, within titling processes, with a series of requirements that have changed over time. Accordingly, every institutional titling process must now include a Land-Use Certificate (Certificado de Uso de Suelos) issued by an INTA certifier and a MINAE Certification stating that the property to be titled does not belong to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado).
The primary requirement for obtaining these documents is the cadastral plan (Plano Catastrado), which is currently filed with the Catastro Nacional under Contract 1240251. For the foregoing reasons, it is requested that INDER be exempted from the payment of costs, damages, and losses, on the grounds that, by issuing and serving upon the appellant official letters INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024 of 11/3/2024 and INDER-GGDRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 dated 23 June 2025, INDER is faithfully complying with the challenged conduct. Accordingly, this Institute considers that this proceeding should be decided without a specific award of costs, damages, and losses, based on the following: 1. Although this matter is before the constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional), in applying and interpreting the provisions of the Constitutional Jurisdiction Act, supplementary sources must include the principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law, followed, in order, by the General Public Administration Act, the Contentious-Administrative Procedure Code, and the other procedural codes.
In the matter under review, within contentious-administrative law, Article 35, subsection 2, of the Contentious-Administrative Procedure Code, which could be applied by analogy, provides: “2) If the judicial avenue has been pursued directly, the judge or Court shall grant the highest-ranking officer of the entity or the competent body a maximum period of fifteen business days, with the proceeding stayed, to perform the required conduct. If it does so, the proceeding shall be terminated without a specific award of costs, (…)” (The underlining does not appear in the original). 2. The Sala Constitucional has repeatedly stated: “(…) VI. Regarding the award of costs, damages, and losses pursuant to Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act. Upon further consideration, the majority of the Chamber finds that, in the sub examine, pursuant to paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (‘If, while the amparo proceeding is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate’), the appeal must be granted without a specific award of costs, damages, and losses, based on the following considerations.
Although the Act contains express language requiring the operative portion of the judgment to state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo proceeding is pending, it is no less true that the concluding language of that same paragraph states that the appeal is granted ‘solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.’ It bears emphasizing that the Act states ‘if appropriate,’ which means that whether compensation and costs are appropriate depends on the Court’s evaluation, assessment, or weighing of the circumstances. In cases such as this one, the substance of the relief sought by the protected person and the conduct of the respondent authority in recognizing that relief suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations do not directly concern an impact on a constitutional right of an evidently economic nature (as would occur, for example, with an infringement of the right to wages).
To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Act, which provides that: ‘every decision granting the appeal shall impose an unliquidated award (condena en abstracto) of compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the appeal, with their calculation reserved for enforcement of the judgment,’ and does not provide for an assessment of whether compensation and costs are appropriate. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law, followed, in order, by the General Public Administration Act, the Contentious-Administrative Procedure Code, and the other procedural codes, are supplementary sources for applying and interpreting the provisions of the Constitutional Jurisdiction Act—cf. Article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislature established in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code a provision fully applicable to this case by analogy, which reflects procedural logic in any area of law.
In any event, the affected party in the sub lite retains the option, should it deem it appropriate, to bring a full adjudicatory proceeding (proceso de conocimiento) to demonstrate that it has suffered some form of impairment. Based on the foregoing, the majority’s position is that this appeal should be decided without an award of costs, damages, and losses. (…)” (See Resolution No. 02924 – 2022, Resolution No. 14043 – 2021, and Resolution No. 2020-016759) Based on the foregoing, it is requested that INDER be deemed to have complied with the challenged conduct, that INDER be exempted, and that this amparo proceeding be decided without a specific award of costs, damages, and losses.”
Justice Garro Vargas delivers the opinion; and,
Considering:
I.Subject matter of the amparo proceeding (recurso de amparo). The petitioner (recurrente) states that the protected party (amparado) is an older adult, a farmer, and a resident of Costa Ana de San Rafael de Guatuso, who was awarded a parcel by the then Instituto de Desarrollo Agrario in the 1980s as a result of a process involving the purchase and distribution of land among several families. He asserts that, due to circumstances beyond his control, initially connected to a family situation and subsequently to technical errors by the awarding entity in measuring the land, the corresponding deeds and survey maps were annulled, and his land-registration status has not yet been regularized. He alleges that the absence of a survey map and deed has persisted for years without a solution from INDER, preventing the protected party from accessing state housing programs, applying for construction permits, or completing basic procedures before other institutions.
He maintains that this omission is particularly burdensome given the protected party’s status as an older adult, his poor health and that of his domestic partner, the precarious condition of the dwelling in which they live, and their dependence on a pension from the Régimen No Contributivo. In that context, he requests constitutional protection so that the respondent institution may be ordered to adopt the measures necessary to regularize title to the parcel and remove the obstacles preventing him from fully exercising his fundamental rights.
II.Preliminary issue. Before examining the merits of the matter, it must be clarified that, since judgment number 2008-02545 issued at 08:55 on 22 de febrero de 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with some exceptions—those matters in which the issue is whether the public administration has complied with the reasonably established time limits for deciding applications submitted by private parties, in light of the provisions of article 41 of the Constitución Política. Specifically, the sub judice matter presents one such exception because it concerns an application submitted by an older adult that was allegedly not resolved within a reasonable time. In view of the petitioner’s status as an older adult and the nature of the application, this Chamber will assess the possible delays in deciding applications of this type. Having clarified this point, the Chamber proceeds to decide the specific situation raised in this amparo proceeding.
III.Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter, either because they have been proven or because the respondent party failed to address them as directed in the initial order:
IV.The specific case. The petitioner maintains that the protected party is an older adult, a farmer, and a resident of Costa Ana de San Rafael de Guatuso, who was awarded a parcel in the 1980s by the then Instituto de Desarrollo Agrario as part of a process involving the purchase and distribution of land. He asserts that, due to circumstances beyond his control—initially of a family nature and subsequently involving technical errors in measuring the land attributable to the institution itself—the deeds and maps were annulled, and INDER has not regularized the land-registration status to date. He states that this prolonged omission prevents him from accessing state housing programs, applying for construction permits, and completing basic procedures before various public entities, a situation that is particularly burdensome given his status as an older adult, his poor health and that of his domestic partner, the precarious condition of the dwelling in which they live, and his dependence on a pension from the Régimen No Contributivo. In that context, he requests constitutional protection so that the respondent institution may be ordered to adopt the measures necessary to regularize title to the parcel and remove the obstacles preventing him from fully exercising his fundamental rights.
In this matter, this Chamber finds that the protected party’s fundamental rights were violated for the reasons set forth below. First, it must be clarified that the constitutional grievance does not focus on a complete absence of action by the respondent authority, but rather on the lack of a useful and timely outcome that would allow the protected party to effectively exercise the rights arising from his status as the person to whom the property was allocated. Although various technical measures and institutional coordination efforts are described, the fact remains that, to date, the titling process has not been completed and the land-registration status remains unresolved.
Furthermore, although the institution refers to prior circumstances to explain how the proceeding developed, the decisive factor for this analysis is that, since the formal reactivation of the procedure at least as of 16 de marzo de 2020, there has likewise been no administrative handling capable of bringing it to completion within a reasonable time. Despite the technical adjustments made and the new topographic survey conducted on 28 de enero de 2025, the map remains pending registry examination, and there is no definite date for the final completion of the process.
Moreover, although the respondent authority informed the protected party of the status of the proceeding through official letters dated 11 de marzo de 2024 and 23 de junio de 2025, those communications do not refute the alleged violation because they did not result in the effective regularization of the property. Instead, they confirmed that the procedure remained subject to pending stages, leaving the protected party in a prolonged state of uncertainty.
Finally, in this context, the continuation of the titling process for several years after its reactivation, without an effective resolution or a clear timeframe for its completion, is disproportionate, particularly because the protected party is an older adult. The amparo petition must therefore be granted, and the respondent authority must be ordered to undertake and coordinate the actions necessary to conclude the proceeding within a short and verifiable period, without prejudice to the issuance of the corresponding final decision, duly reasoned and served on the interested party, should an insurmountable legal impediment exist. Accordingly, the amparo petition must be granted, as is hereby done.
V.Note by Justice Castillo Víquez regarding prompt and effective administrative justice. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings (sede administrativa), the Administrative Litigation Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo), rather than this Chamber, must hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is eligible for judicial protection through the amparo proceeding (recurso de amparo) established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in connection with article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the Administration’s material actions, administrative acts, or response are affecting the petitioner’s fundamental rights.
In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Court must modify its line of precedent, since, pursuant to section 7 of its Law, it has exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-law disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional circumstances and that may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 of 8:55 hours on 22 de febrero de 2008), jurisdiction lies with the Judges of the administrative litigation jurisdiction, all of which is consistent with section 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VI.Documents submitted to the case file. The parties are hereby advised that, if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced by new technologies, these must be retrieved from the court office within a maximum period of thirty business days from service of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at Session No. 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The amparo proceeding is granted. Accordingly, Cindy Bravo Castro, in her capacity as general manager of the Instituto Nacional de Desarrollo Rural, or whoever holds that position, is ordered to take the necessary steps within the scope of her authority so that, within a maximum period of FOUR MONTHS from service of this judgment, the titling process (proceso de titulación) for parcel 25 of Asentamiento Costa Ana is completed. The respondent is warned that, in accordance with article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that must be complied with or enforced and fails to comply with or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Instituto Nacional de Desarrollo Rural is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be determined during enforcement of the judgment before the administrative litigation jurisdiction. Justice Castillo Víquez files a note. Let notice be served.
Fernando Castillo V.
Chief Justice Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-002800-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL -INDER-.
Resultando:
“Preámbulo: De previo a rendir el informe con relación al recurso de amparo presentado, es menester aclarar a la Sala Constitucional que en este despacho administrativo no consta ninguna solicitud que haya realizado el recurrente sobre los hechos que acusa. Lo anterior, precisamente guarda sentido en vista de que ese tipo de trámites agrarios son de naturaleza técnico-sustantivo, se encuentran a cargo de las Regiones de Desarrollo del Inder que, según la competencia geográfica se les haya asignado, en este caso sería Oficina de Desarrollo Territorial de Guatuso, encargados de la atención del Asentamiento Costa Ana, ubicado en San Rafael de Guatuso. No obstante, a pesar de que no corresponden a funciones de administración, inherentes a la competencia esta Gerencia General, en observancia del principio de coordinación administrativa se procederá a responder conforme a la información recabada internamente.
Dicho esto, se responde de la siguiente manera: PRIMERO: Es cierto en parte que el recurrente es un adulto mayor, información confirmada así en la página del Registro Civil. Sin embargo, debe quedar claro que al instituto no le consta la forma de ingreso del recurrente a la parcela. SEGUNDO: Es cierto. El IDA hoy INDER adquirió la finca por medio de Compraventa y en el año 1991, mediante Escritura N°4 del 4 de mayo de 1991, de los notarios Carlos Enrique García Anchía y Jorge Manuel Solano Chinchilla, mediante la cual se solicitó al Registro Público reunir fincas de las cuales otorgo 52 lotes, entre ellos el Lote 25 al recurrente y su esposa, de acuerdo con los siguientes acuerdos de Junta Directiva: - Que, mediante acuerdo de Junta Directiva, articulo XXXII, sesión 383-86, fecha 15 de abril del año 1986, el señor [Nombre 002], cedula [Valor 003], es declarado beneficiario de la institución. - Que, mediante acuerdo de Junta Directiva, articulo I, sesión 08-88, fecha 26 de enero del 1988, en el punto 2 se acuerda adjudicar la parcela al señor [Nombre 002], se acuerda adjudicar la parcela en Asentamiento Costa Ana, sin indicar número de parcela. - Que, mediante acuerdo de Junta Directiva, articulo XIII, sesión 26-91, fecha 1 de abril del 1991, se acuerda aprobar la adjudicación, segregación y traspaso de la Parcela 25 del Asentamiento Costa Ana a favor de los señores [Nombre 002] y [Nombre 003]. - Que, en el año 1991, la familia Zumbado Prendas, por motivos desconocidos no se presentaron a firmar la convocatoria de firma de Protocolo convocada. - En el año 2014 (23 años después), se tiene información del proceso Judicial de Divorcio sumaria 14-0000223-FA-6, mismo que hace referencia a la Sentencia N°959-2014 emitida por el Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de Alajuela, mismo que refiere proceso de Divorcio presentado por el señor [Nombre 002] contra [Nombre 003], a raíz de esta información la Oficina Territorial considera que la familia Zumbado Prendas no solicito nuevamente la titulación de la Parcela 25 Asentamiento Costa Ana.
TERCERO: Se rechaza como viene expuesto. En este hecho se torna importante indicar que, pese a que resulta muy lamentable la condición de salud que indica el recurrente, no se puede trasladar dicha condición per se a la institución. Nótese que el mismo recurrente reconoce y conforme a la información recabada se tiene por cierto, que el administrado desde su asignación tardó 23 años en dar a conocer a la Oficina Territorial la situación familiar por la que estaba pasando. (Ver Sentencia de Divorcio del Juzgado de Familia II Circuito Judicial de Alajuela, emitida el 28 de noviembre del 2014), lo que significa que tampoco hizo el pago respectivo ni se materializó registralmente la adjudicación, cuyo efecto material es la desestimación del trámite. Ahora bien, de la información recabada se vislumbra que el recurrente realizó una nueva solicitud de titulación ante la Oficina Territorial de Guatuso, empero, las condiciones del fundo y la aplicación de la normativa, impuso que se realizara una valoración de la parcela, siendo que la Oficina mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-129-2020 del 16 de marzo del 2020, realizó solicitud formal ante la Direccion Territorial Huetar Norte, con el fin de asignar un topógrafo para que realizara un nuevo levantamiento de la Parcela 25, Asentamiento Costa Ana, la misma obedeció a que según criterios del SINAC en el inmueble se presenta importantes áreas afectadas por humedales, de modo que hasta contar con el nuevo plano debidamente catastrado se procedería a continuar por parte de la Oficina Territorial de Guatuso con el trámite de titulación y posteriormente su inscripción ante el Registro Nacional.
Es relevante en este acto indicar que en respuesta del oficio INDER-GG-DRT-RDHNOTSR-1277-2021, la Oficina Territorial ha venido dando trámite a la solicitud del recurrente. Cabe resaltar que por parte de esta se solicito a la Oficina de Información y Registro de Tierras la modificación del plano A-20850990-1989, existente hasta la fecha, ya que se logró identificar un área dentro del predio correspondiente al Patrimonio Natural del Estado, por lo que se llevó a cabo el levantamiento del plano catastrado A38722-2021 sin inclusión del área del PNE. (ver oficio INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI0115-2026). De acuerdo con la Minuta 2022-94845-C se presentó dicho plano ante la Municipalidad de Guatuso para su respectivo visado, mismo que indica que el plano requiere la certificación de uso Conforme de suelo de ese inmueble. Mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-011-2023, realiza la solicitud formal a la Unidad de Agroeconómicos del instituto la confección de dicho certificado el cual fue emitido mediante Certificado 23044001 el 16 de agosto del 2023.
Posteriormente se presenta nuevamente el plano y la prevención del certificado de uso de suelos ante la Municipalidad de Guatuso, quien mediante correo electrónico de fecha 4 de diciembre del 2023, indica que se debe llenar nuevamente los formularios para el visado del plano, por cuanto la anterior se encontraba cancelada. (ver oficio INDER-GGDRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025). Que el recurrente presento solicitud de titulación y estado del caso según escrito presentado en fecha 25/2/2024 (ver folio 128 del expediente Administrativo) y mediante Oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024 del 11/3/2024, se dio formal respuesta al recurrente y quien firma conforme el recibido la señora Sirlene Zumbado Prendas hija del señor [Nombre 002] (ver folio 131 del expediente Administrativo). Que según el oficio INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI-0115-2026 y ha solicitud de la Oficina Territorial de Guatuso a la Oficina de Informacion y Registro de Tierras, rectificar el área en la presentación catastral 202294845-C (misma del plano A-38722-2024) ya que el área era inferior a la existente en campo, y el 28 de enero del 2025 el funcionario Marvin Cruz Fuentes, procedió con el Levantamiento de la nueva medida topográfica en la Parcela 25, tomado dicho levantamiento Informacion y Registro de Tierras procedió con la confección del plano de agrimensura que ingreso al Registro Inmobiliario mediante el Contrato CFIA número 1240251, encontrándose en espera de su calificación para posteriormente presentarse ante la Municipalidad de Guatuso para su respectivo visado.
Ahora bien, para continuar el avance de la tramitación del Proceso de Titulación en favor del recurrente, se debe cumplir con los siguientes requisitos establecidos por ley como lo es: el Plano Catastrado, Certificado de uso de Suelos, emitido por el INTA y la Certificación del MINAE que el inmueble no corresponde a ningún área del Patrimonio Natural del Estado. CUARTO: Se rechaza como viene expuesto. Si bien es cierto que se ha dado inconsistencias con la confección del Plano Catastrado, el primero de ellos fue realizado de muy vieja data, debiendo corregir por encontrase inmersa dentro de este plano un área del Patrimonio Natural del Estado (humedal), por segunda ocasión se dio por la disminución de área de la parcela por lo que se debió modificar nuevamente y también por la solicitud de la Municipalidad de Guatuso respecto al Certificado del Uso de Conforme de suelos, actualmente este se encuentra debidamente presentado ante el Registro Inmobiliario para su respectiva calificación, por lo que no es de recibo las manifestaciones del recurrente por cuanto el INDER NO ha desatendido sus solicitudes, nótese que para la tramitología del proceso los requisitos pendientes el instituto de debe a calificaciones o certificaciones de entes externos a la institución.
SOBRE EL CASO CONCRETO Y DEBIDA RESPUESTA AL RECURRENTE. Es importante reiterar que, en razón de la petitoria de información solicitada por el recurrente, el Instituto por medio de la Oficina Territorial de Guatuso procedió a darle trámite correspondiente a dicha solicitud verbal como se explicó, y en atención a su solicitud se reitera que se procedió con el levantamiento de un nuevo plano, con el fin de cumplir con las nuevas especificaciones solicitadas por el Departamento de Catastro y Visados de la Municipalidad de Guatuso, notificándose el estado actual del trámite de titulación al recurrente según oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025por medio de su hija Sirlene Zumbado Prendas quien firma para constancia y se encuentra autorizada para cualquier trámite en nombre del señor [Nombre 002] (ver img expediente administrativo folio 128 ). En tal sentido a respecto la Sala Constitucional ha señalado que: “(…) la información que solicitó el recurrente lo fue sobre asuntos que le interesaban directamente, pues su labor periodística lo justifica.
Sin embargo, si la información requerida no se encontraba en poder de los recurridos o no existía, tenían el deber de indicarlo por escrito. (…)”. (Resolución n.° 2637-1993 del 9 de junio de 1993) Posteriormente, una vez recibida la información por parte de la Oficina Territorial de Guatuso en forma verbal y via telefónica, esta oficina solicito a la oficina de Informacion y Registro de Tierras, la solicitud de modificación del plano correspondiente a la Parcela 25 del Asentamiento Costa Ana según se indica en el oficio INDER-GG-DRT-RDHNOTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025 con el fin de continuar con el avance del Proceso de Titulación en favor del recurrente. Según lo señalado la Sala Constitucional también ha indicado que: “(…) ante una solicitud de información presentada por algún administrado, la contestación que ofrezca el funcionario o entidad pública requerido no puede limitarse a dar constancia de que se recibió la petición, sino que debe examinar el contenido de la solicitud y resolverla conforme a las atribuciones jurídicas que le competen, respondiendo lo antes posible a fin de que eventualmente el administrado pueda plantear las respectivas acciones administrativas o judiciales, si el acto le depara perjuicio.
En caso de que la solicitud adolezca de requisitos, lo propio es que la Administración haga la prevención, o, en caso de haberse presentado ante un órgano incompetente, procede también advertirlo y pasar el asunto a quien corresponda (artículo 220 Ley General de la Administración Pública), pero notificando la decisión tomada, siempre partiendo de que de no haber obstáculo alguno debe la Elaborado por PEP Administración brindar la información requerida o señalar el escollo que le impide hacerlo e indicar el estado de la gestión. (…)”. (Resolución n.° 4923-2001 del 8 de junio del 2001). El subrayado no pertenece a su original. De igual forma según lo expuesto, la Sala Constitucional ha señalado con respecto a la respuesta que emita la Administración lo siguiente: “(…) Si bien es cierto que el derecho de petición y pronta respuesta no implica una respuesta afirmativa a las solicitudes que se presenten, también es cierto que la respuesta que brinde la Administración debe responder de una manera clara las inquietudes o peticiones del administrado, sea positiva o negativamente.
(…)”. (Resolución n.° 11397-2013 del 27 de agosto del 2013) El subrayado no pertenece a su original. Es importante, señalar que mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068- 2024 del 11/3/2024 y oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025 antes de ser notificado el INDER del presente recurso se le ha informado en reiteradas ocasiones del avance del proceso al recurrente, mismos que se encuentran recibidos por la hija que “En atención a la consulta verbal mediante via telefónica a la Oficina Territorial de Guatuso, según oficio INDER-GG-DRT-RDHNOTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025, de la manera más atenta se comunica los antecedentes del caso del señor [Nombre 002] y los pormenores que se han presentado en el trámite de titulación de la Parcela 25, Asentamiento Costa Ana que actualmente se está a la espera de la calificación del nuevo levantamiento del plano ante el Registro Nacional y cuando el mismo se encuentre debidamente catastrado, presentarlo nuevamente ante la Municipalidad de Guatuso para su respectivo visado.
Agradecemos la atención.”, sin embargo, posteriormente se notifica al INDER el presente recurso de amparo, y aun nos encontramos pendientes de la calificación del Registro Nacional. SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Como se ha venido exponiendo el INDER ya procedió a dar formal atención y respuesta al recurrente sobre el estado actual de su proceso de titulación mediante el ultimo oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025, bajo esta tesitura, estando en curso el presente recurso de amparo el INDER, dentro de los Procesos de titulación debe cumplirse con una serie de requisitos que con el pasar del tiempo ha venido cambiando por lo que actualmente para todo proceso de titulación institucional se debe contar con el Certificado de Uso de Suelos emitido por un certificador del INTA y la Certificación del MINAE donde se indique que el predio a titular no pertenece al Patrimonio Natural del Estado, y para poder realizar estos requisitos se tiene como requisito primordial el Plano Catastrado el cual se encuentra actualmente presentado ante el Catastro Nacional según Contrato 1240251.
Por los motivos expuestos se solicita, se exonere al INDER del pago de costas, daños y perjuicios, fundamentados, en que el INDER al emitir y notificarle al recurrente los oficios INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024 del 11/3/2024 y oficio INDER-GGDRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025, está dando fiel cumplimiento con la conducta impugnada, de tal forma, valora este Instituto que el presente proceso debe resolverse sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios basado en lo siguiente: 1. Si bien estamos ante la jurisdicción constitucional, para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se debe tomar en cuenta como fuente supletoria los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, y para el caso en estudio en materia Contencioso Administrativo, el art. 35 inciso 2 del Código Proceso Contencioso Administrativo el cual se podría usar por analogía, señala: “2) De haberse acudido directamente a la vía jurisdiccional, el juez o el Tribunal concederá, al jerarca supremo de la entidad o el órgano competente, un plazo máximo de quince días hábiles, con suspensión del proceso, para que cumplimente la conducta debida.
De hacerlo así, se dará por terminado el proceso sin especial condenatoria en costas, (…)” (El subrayado no pertenece a su original). 2. La Sala Constitucional en reiteradas ocasiones ha indicado que: “(…) VI. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones.
Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” . Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario).
Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-.
Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. (…)” (Ver Resolución Nº 02924 – 2022, Resolución Nº 14043 – 2021 y Res. Nº 2020-016759) Por lo anterior expuesto se tenga por cumplida por parte del INDER la conducta impugnada, se exonere al INDER y se declare sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios el presente recurso de amparo”.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente señala que el amparado es una persona adulta mayor, agricultor y vecino de Costa Ana de San Rafael de Guatuso, a quien le fue adjudicada una parcela por parte del entonces Instituto de Desarrollo Agrario en la década de 1980, como resultado de un proceso de compra y reparto de tierras entre varias familias. Afirma que, por circunstancias ajenas a su voluntad, vinculadas primero a una situación familiar y posteriormente a errores técnicos en la medición del terreno por parte del ente adjudicador, se anularon las escrituras y planos correspondientes, sin que a la fecha se haya regularizado su situación registral. Aduce que la ausencia de plano y escritura ha persistido por años sin solución por parte del INDER, lo que le impide al tutelado acceder a programas estatales de vivienda, gestionar permisos de construcción o realizar trámites básicos ante otras instituciones.
Sostiene que dicha omisión resulta especialmente gravosa dada la condición de adulto mayor del amparado, su delicado estado de salud y el de su compañera sentimental, así como las precarias condiciones de la vivienda en que habitan y su dependencia de una pensión del Régimen No Contributivo. En ese contexto, solicita la tutela constitucional para que se ordene a la institución recurrida adoptar las medidas necesarias a fin de regularizar la titulación de la parcela y remover los obstáculos que le impiden ejercer plenamente sus derechos fundamentales.
II.Cuestión preliminar. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una solicitud gestionada por un adulto mayor, que presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo a la condición de adulto mayor del recurrente que se encuentra involucrada y a la naturaleza de la gestión, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de las solicitudes de este tipo. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.Sobre el caso concreto. La parte recurrente sostiene que el amparado es una persona adulta mayor, agricultor y vecino de Costa Ana de San Rafael de Guatuso, a quien en la década de 1980 le fue adjudicada una parcela por el entonces Instituto de Desarrollo Agrario, como parte de un proceso de compra y reparto de tierras. Afirma que, por circunstancias ajenas a su voluntad –primero de índole familiar y luego por errores técnicos en la medición del terreno atribuibles a la propia institución– las escrituras y planos fueron anulados, sin que hasta la fecha el INDER haya regularizado la situación registral. Indica que esta omisión prolongada le impide acceder a programas estatales de vivienda, gestionar permisos de construcción y realizar trámites básicos ante diversas entidades públicas, situación que resulta especialmente gravosa dada su condición de adulto mayor, su delicado estado de salud y el de su compañera sentimental, las precarias condiciones de la vivienda en la que habitan y su dependencia de una pensión del Régimen No Contributivo. En ese contexto, solicita la tutela constitucional para que se ordene a la institución recurrida adoptar las medidas necesarias para regularizar la titulación de la parcela y remover los obstáculos que le impiden ejercer plenamente sus derechos fundamentales.
En el presente asunto, esta Sala verifica la violación de los derechos fundamentales de la parte amparada, en virtud de las razones que a continuación serán expuestas. En primer término, debe precisarse que el reproche constitucional no se centra en la inexistencia absoluta de actuaciones por parte de la autoridad recurrida, sino en la falta de un resultado útil y oportuno que permita al tutelado ejercer efectivamente las facultades derivadas de su condición de asignatario del inmueble, pues, aun cuando se detallan diversas gestiones técnicas y coordinaciones institucionales, lo cierto es que, a la fecha, el proceso de titulación no se ha materializado y la situación registral continúa indefinida.
Seguidamente, aun cuando la institución alude a circunstancias anteriores para explicar la evolución del trámite, lo determinante para este análisis es que, desde la reactivación formal del procedimiento al menos a partir del 16 de marzo de 2020, tampoco se advierte una conducción administrativa que haya permitido su culminación dentro de un plazo razonable, ya que, pese a los ajustes técnicos efectuados y al nuevo levantamiento topográfico realizado el 28 de enero de 2025, el plano continúa pendiente de calificación registral y no existe una fecha cierta para la conclusión definitiva del proceso.
Luego, si bien la autoridad recurrida informó al tutelado sobre el estado del trámite mediante oficios de 11 de marzo de 2024 y 23 de junio de 2025, tales comunicaciones no desvirtúan la lesión alegada, en tanto no se tradujeron en la regularización efectiva del inmueble, sino que confirmaron que el procedimiento seguía sujeto a etapas pendientes, manteniendo al amparado en una situación de incertidumbre prolongada.
Finalmente, en este contexto, la prolongación del proceso de titulación por varios años desde su reactivación, sin una definición efectiva ni un horizonte temporal claro para su culminación, resulta desproporcionada, especialmente tratándose de una persona adulta mayor, por lo que procede declarar con lugar el recurso y ordenar a la autoridad recurrida que gestione y coordine lo necesario para concluir el trámite dentro de un plazo breve y verificable, sin perjuicio de que, de existir un impedimento legal insuperable, se emita la resolución final correspondiente, debidamente fundamentada y notificada al interesado. Por consiguiente, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como en efecto se hace.
V.Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VI.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Cindy Bravo Castro, en su condición de gerente general del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, o a quien ocupe dicho cargo, que gestione lo necesario dentro del ámbito de su competencia, para que, en un plazo máximo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, concluya el proceso de titulación de la parcela 25 del Asentamiento Costa Ana. Se apercibe a la parte recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Nacional de Desarrollo Rural al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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