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Res. 05217-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/02/2026

Municipal duty to provide comprehensive flood solutionsDeber municipal de solución integral frente a inundaciones recurrentes

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the mayor to carry out necessary verifications and coordination for a definitive solution to the flooding within three months.La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo y ordenó al alcalde realizar las verificaciones y coordinaciones necesarias para una solución definitiva a las inundaciones en un plazo máximo de tres meses.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber heard an amparo action against the Municipality of San Rafael de Heredia regarding recurring floods at the petitioner's home, caused by an overflowing stream. The Chamber found that despite inspections and notifications, the measures taken were insufficient and reactive, lacking a structural solution to eliminate the risk. Based on Article 169 of the Constitution and Article 50 on the right to a healthy environment, the Chamber reaffirmed municipal jurisdiction over local interests and services and the duty of inter-institutional coordination to address flooding. It concluded that the ongoing risk violated the petitioner's fundamental rights, granted the amparo, and ordered the mayor to, within three months, conduct the necessary verifications and coordination for a definitive solution.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia por inundaciones reiteradas en la vivienda de la recurrente, causadas por el desbordamiento de un riachuelo. La Sala determinó que, pese a las inspecciones y notificaciones realizadas, las medidas adoptadas por el municipio fueron insuficientes y de carácter reactivo, sin ofrecer una solución estructural que eliminara el riesgo. Con fundamento en el artículo 169 constitucional y el artículo 50 sobre el derecho a un ambiente sano, la Sala reiteró la competencia municipal sobre los intereses y servicios locales y la obligación de coordinación interinstitucional para atender problemas de inundación. Concluyó que la persistencia del riesgo configuraba una violación de los derechos fundamentales de la amparada, declarando con lugar el recurso y ordenando al alcalde que en un plazo máximo de tres meses realizara las verificaciones y coordinaciones necesarias para una solución definitiva.

Key excerptExtracto clave

In this case, the Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the petitioner, as the comprehensive examination of the accredited factual framework shows that the reported problem, consisting of recurrent floods affecting her home during the rainy season, has not been effectively and definitively addressed by the respondent municipality, despite the actions deployed over time. Indeed, although it is recorded that the Municipality of San Rafael de Heredia conducted site inspections, notified the owners of the properties through which the stormwater channel runs, and carried out cleaning of the culvert located in the public area, the truth is that these actions failed to eliminate or neutralize the risk faced by the petitioner, since the floods persist and continue to cause damage both on the public road and inside her property. However, although the respondent authorities claim that the problem is due to factors such as the area's natural topography, the intensity of rainfall, and the existence of an anthropogenic channel crossing private properties, these circumstances are not sufficient to relieve the local government of its constitutional duty to protect local interests and services, when the safety, integrity, and property of the residents within its territorial jurisdiction are compromised.En el presente asunto, esta Sala verifica la violación de los derechos fundamentales de la parte amparada, en tanto del examen integral del marco fáctico acreditado se desprende que la problemática denunciada, consistente en inundaciones recurrentes que afectan su vivienda durante la época lluviosa, no ha sido atendida de manera efectiva y definitiva por la municipalidad recurrida, pese a las actuaciones desplegadas en el curso del tiempo. En efecto, si bien consta que la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó inspecciones en el sitio, notificó a los propietarios de las fincas por donde discurre el cauce pluvial y ejecutó labores de limpieza del alcantarillado ubicado en zona pública, lo cierto es que dichas actuaciones no lograron eliminar ni neutralizar el riesgo que afronta la recurrente, toda vez que las inundaciones persisten y continúan generando afectaciones tanto en la vía pública como en el interior de su propiedad. Ahora bien, aunque las autoridades recurridas alegan que la problemática obedece a factores como la topografía natural del área, la intensidad de las precipitaciones y la existencia de un cauce de origen antrópico que atraviesa propiedades privadas, tales circunstancias no resultan suficientes para relevar al gobierno local de su deber constitucional de tutelar los intereses y servicios locales, cuando se encuentra comprometida la seguridad, la integridad y el patrimonio de los munícipes dentro de su circunscripción territorial.

Pull quotesCitas destacadas

  • "las situaciones de inundación con riesgo para las personas y sus bienes se subsumen claramente dentro del ámbito de competencia municipal previsto en el artículo 169 de la Constitución Política, lo cual impone a las municipalidades no solo la obligación de realizar actuaciones puntuales, sino también la de procurar soluciones integrales, eficaces y sostenibles en el tiempo."

    "flooding situations that pose a risk to people and their property clearly fall within the scope of municipal jurisdiction provided for in Article 169 of the Political Constitution, which imposes on municipalities not only the obligation to carry out specific actions, but also to seek comprehensive, effective, and sustainable solutions over time."

    Considerando IV

  • "las situaciones de inundación con riesgo para las personas y sus bienes se subsumen claramente dentro del ámbito de competencia municipal previsto en el artículo 169 de la Constitución Política, lo cual impone a las municipalidades no solo la obligación de realizar actuaciones puntuales, sino también la de procurar soluciones integrales, eficaces y sostenibles en el tiempo."

    Considerando IV

  • "Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente"

    "It should also be noted that municipalities are required, under Article 50 of the Political Constitution, to strive to protect the environment"

    Sentencia 2020-010630 citada en Considerando IV

  • "Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente"

    Sentencia 2020-010630 citada en Considerando IV

  • "la problemática denunciada, consistente en inundaciones recurrentes que afectan su vivienda durante la época lluviosa, no ha sido atendida de manera efectiva y definitiva por la municipalidad recurrida, pese a las actuaciones desplegadas en el curso del tiempo."

    "the reported problem, consisting of recurrent floods affecting her home during the rainy season, has not been effectively and definitively addressed by the respondent municipality, despite the actions deployed over time."

    Considerando IV

  • "la problemática denunciada, consistente en inundaciones recurrentes que afectan su vivienda durante la época lluviosa, no ha sido atendida de manera efectiva y definitiva por la municipalidad recurrida, pese a las actuaciones desplegadas en el curso del tiempo."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

005217-26. MUNICIPALIDAD. SE ACUSA QUE EN CALLE LAS ARDILLAS DEL RESIDENCIAL DEL MONTE, LAS INUNDACIONES QUE PROVOCA EL DESBORDAMIENTO DE UN RIACHUELO COLINDANTE, GENERA MUCHOS PROBLEMAS Y, LA MUNICIPALIDAD, NO ADOPTA LAS MEDIDAS EFECTIVAS Y DEFINITIVAS PARA CORREGIR LA SITUACIÓN. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA AL ALCALDE DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES, SE REALICEN LAS VERIFICACIONES Y COORDINACIONES QUE CORRESPONDAN PARA DAR UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LA PARTE RECURRENTE Y SE LE INFORME DE MANERA FORMAL A LA PARTE RECURRENTE DE LO ACTUADO Y RESUELTO. VCG03/2026 “(…) IV.- On the specific case. The petitioner maintains that, since December 2024, their dwelling located on Calle Las Ardillas in Residencial del Monte has been affected by recurrent flooding caused by the overflow of an adjacent stream (riachuelo), whose flow increases during the rainy season and exceeds the capacity of the existing culvert, causing water to enter the public road and the interior of their property. They assert that, despite multiple complaints, municipal inspections, and repeated efforts—including notifying the owners of the involved lots—the respondent municipality has not adopted effective and definitive measures to correct the situation, maintaining the risk to their dwelling, their integrity, and their property, for which they request the corresponding constitutional protection.

On this particular matter, it is appropriate to cite judgment no. 2025-008672 of 09:30 hours on March 21, 2025, in which this Chamber heard a claim linked to an impact caused by the behavior of stormwater and the physical conditions of the land, wherein it was discussed whether, despite the actions deployed by the respondent authority within the scope of its powers, constitutional responsibility could be attributed to it for the persistence of the problem, when the main cause was associated with the topography of the area and elements inherent to the configuration or location of the petitioner's property. In said judgment, this Court resolved the following:

In this regard, this Chamber, through judgment No. 2020-010630 of 09:15 hours on June 12, 2020, ruled in the following terms:

“Municipal competence and the obligation of inter-institutional coordination. Article 169 of the Constitution provides that 'The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)'. This norm has been developed by the ordinary legislator; accordingly, Article 3 of the Municipal Code (Código Municipal), Law No. 7794 of April 30, 1998, provides that: 'The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government'. In this same sense, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence. For example, in Judgment No. 5445-99, of 14:30 hours on July 14, 1999, the following was ordered:

'VI.- OF THE POWERS OF THE MUNICIPALITIES RATIONE MATERIAE (CONCEPT OF "THE LOCAL"). By express constitutional provision—Article 169—there is an allocation of functions or powers in favor of local governments ratione materiae to "the local," that is, "the administration of the services and interests" of the locality to which it is circumscribed, for which it is endowed with autonomy (') Thus, their powers are generic, as there is no detailed enumeration of their own tasks, but a simple enunciation of the scope of their competence; but not for that reason indeterminable, to which this Court referred in judgment number 6469-97, of sixteen hours and twenty minutes on October eight, nineteen ninety-seven, in the following terms: "(...) the local has such a connotation that defining its scope by the legislator or the judge must lead to maintaining the integrity of local interests and services, such that the legislator could not even dictate norms tending to dismember the Municipality (territorial element) if it does not do so observing the procedures previously established in the Constitution; nor enact any that place its inhabitants (population) in clear conditions of inferiority in relation to the rest of the country; nor any that affects the very essence of the local (government), so that the Corporation becomes a simple empty container of which only the name subsists, but deactivating the entire regime as it was conceived by the National Constituent Assembly. On another turn, there will be tasks that by their nature are municipal—local—and cannot be subtracted from that area of competence to convert them into national services or interests, because doing so would imply disarticulating the Municipality, or better yet, emptying it of constitutional content, and therefore, it is not possible in advance to dictate the insurmountable limits of the local, but rather, to unravel what corresponds or not to the communal government, it must be extracted from the examination made in each specific case (...)". From the foregoing, the fact that, by the express will of our Fundamental Charter, a specific competence is assigned to local governments stands out, an attribution that is also exclusive to them; that is, it is an original competence of the municipality and only through a nationalization or regionalization law can it be displaced, totally or partially.' Consequently, if a group of municipal residents in their territorial jurisdiction suffer flooding with risk to their lives and serious property, psychological, quality of life, and general well-being damages, this is framed within the concept of 'local interests and services' of constitutional numeral 169, problems whose causes must be precisely identified and, even more so, the solutions, in order to implement them as soon as possible; for which it is the responsibility of the Municipality to coordinate with national-level institutions with the authority to act on the problem. Indeed, the Chamber has already developed the municipal obligation to coordinate with other state institutions in order to attend to the 'interests' and dutifully provide the 'local services'. In the cited Judgment No. 5445-99, the Chamber stated:

'(...) they refer to the coordination obligation that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Executive Branch, to carry out the functions that have been entrusted to them, which must be analyzed from the very nature of municipal autonomy. It is by virtue of the provisions of constitutional Article 170 that the municipalities (local corporate entities) enjoy functional, administrative, and financial autonomy in the administration of local interests and services (Article 169 of the Constitution) (...) A conflict cannot, then, be created by antagonism or protagonism between the matter that integrates the general purpose of "local interests and services" and the "national" or "state" public interests and services, intrinsically different from one another, but which in reality are called to coexist (....) Having defined the material competence of the municipality in a given territorial jurisdiction, it is clear that there will be tasks that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be deemed national or state; therefore, it is essential to define the form of co-participation of powers that is inevitable, since the public capacity of the municipalities is local, and that of the State and other entities, national; whence it results that the municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent that circumstances demand it. That is, municipalities can share their competences with the Public Administration in general, a relationship that must develop in the terms as defined in the law (Article 5 of the previous Municipal Code, Article 7 of the new Code), which establishes the obligation of "coordination" between the municipalities and the public institutions that concur in the performance of their competences, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy as it is its expression. In other terms, the municipality is called to enter into cooperative relations with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coincident nature—in many cases—of interests around a specific matter. In doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own purposes and decision-making powers, and potentially discrepant; despite this, there must be a community of purposes by matter, but by concurrence, insofar as the receiver object of the final results of the activity and acts of each one is common.' So that coordination is the ordering of relations between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. As there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, it is not possible to impose certain conducts on them, with which the indispensable inter-institutional "concert" arises, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role in view of a mission entrusted to the others.' Note, moreover, that the Municipalities are obliged, by imperative of Article 50 of the Constitution, to exert themselves in the protection of the environment (Judgment No. 2006-7994 of 8:57 hours on June 2, 2006)” (the highlighting and underlining is not from the original).

In the present matter, this Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the petitioner, insofar as from the comprehensive examination of the accredited factual framework, it is clear that the denounced problem, consisting of recurrent floods that affect their dwelling during the rainy season, has not been attended to in an effective and definitive manner by the respondent municipality, despite the actions deployed over the course of time. Indeed, while it is on record that the Municipality of San Rafael de Heredia carried out on-site inspections, notified the owners of the properties through which the stormwater channel (cauce pluvial) runs, and performed cleaning work on the culvert located in the public area, the truth is that these actions did not succeed in eliminating or neutralizing the risk faced by the petitioner, as the floods persist and continue causing impacts both on the public road and inside their property.

Now then, although the respondent authorities allege that the problem is due to factors such as the natural topography of the area, the intensity of the precipitation, and the existence of a channel of anthropic origin that crosses private properties, such circumstances are not sufficient to relieve the local government of its constitutional duty to protect local interests and services, when the safety, integrity, and property of the residents within its territorial jurisdiction are compromised. In this sense, as this Chamber has established in its jurisprudence, particularly in judgment no. 2020-010630, situations of flooding with risk to persons and their property are clearly subsumed within the scope of municipal competence provided for in Article 169 of the Constitution, which imposes on the municipalities not only the obligation to carry out specific actions, but also to seek integral, effective, and sustainable solutions over time.

Under that premise, even while recognizing that the respondent municipality has deployed certain administrative and operational actions, it is also verified that these have been of a fragmentary and reactive nature, without there being to date a structural intervention or a coordinated strategy that allows adequately addressing the cause of the problem and preventing its recurrence. In fact, from the reports rendered under oath themselves, it is evident that the current stormwater conveyance system is insufficient in the face of current climatic conditions, and that the maintenance of the channel is constant and burdensome, which demonstrates that the adopted solution does not guarantee the effective protection of the petitioner's dwelling or its immediate surroundings. Consequently, as a certain and current risk persists for the petitioner, without an integral solution having been implemented to reasonably mitigate it, it is concluded that the municipal action has been insufficient from the constitutional perspective, thus configuring the violation of the invoked fundamental rights, which makes the requested protection appropriate, in the terms that will be indicated in the operative part. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) II.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the timeframes set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, a situation of exception is raised, as we are faced with an environmental complaint, which, allegedly, has not been resolved within a reasonable timeframe by the respondent authorities. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)” VCG03/2026 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:

NO APLICA.

V.- Separate Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now then, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as situations of exception, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG03/2026 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

VI.- Separate Note by Magistrate Salazar Alvarado. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater scope, their disagreements. However, when from that omissive administrative conduct a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived, or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, in which it is claimed that since December 2024, their dwelling located on Calle Las Ardillas in Residencial del Monte has been affected by recurrent flooding caused by the overflow of an adjacent stream (riachuelo), whose flow increases during the rainy season and exceeds the capacity of the existing culvert, causing water to enter the public road and the interior of their property. They assert that, despite multiple complaints, municipal inspections, and repeated efforts—including notifying the owners of the involved lots—the respondent municipality has not adopted effective and definitive measures to correct the situation, maintaining the risk to their dwelling, their integrity, and their property, for which they request the corresponding constitutional protection.

VCG03/2026 ... Ver más  Res. Nº 2026005217 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del trece de febrero de dos mil veintiseis .

Amparo remedy processed under case file number 25-034656-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA.

Resultando:

1.- Through a brief filed before this Chamber at 11:18 hours on November 7, 2025, the petitioner files an amparo remedy against the Municipality of San Rafael de Heredia. They state that since December 2024, they have faced a problem directly affecting their dwelling located on Calle "Las Ardillas," house 37C, Residencial del Monte. They indicate that the inconvenience consists of the fact that during the rainy season, a stream (riachuelo) located at the rear of two properties (E2 and E1 of Camino del Bosque) increases considerably with heavy rains, overflowing and losing its original channel. They comment that said overflow causes a large amount of water to exit through a lot in front of their property and head towards the street, generating a flow that the culvert cannot drain, causing flooding both on the public road and inside their dwelling. They add that, given the problem described, they filed a first complaint under No. 0157-2024 and as a consequence of this, the Municipality carried out an inspection in which it did not detect problems, since it did not rain that day; so, given the persistence of the inconvenience, they filed the complaint again, which led to another inspection on February 7, 2025, and since then, the respondent municipality has reported that it has tried to locate the owners of the involved lots, without success. They indicate that on February 15, 2025, sent to the email addresses: [email protected] and [email protected], stating the following: "(…) This is to bring to your attention a problem that is affecting our property in Residencial del Monte (El Tirol). My husband and I are residents of Calle Las Ardillas, according to the reference map of the residential development. We are writing because there is indeed an issue that concerns us and in fact, since December 5, 2024, we opened a ticket with the Municipality. (Ticket number 0157-2024). The problem: At the rear of properties E2 and E1 of Condominio del Bosque, a stream (riachuelo) (the municipality calls it a "sequía") passes through during the rainy season. It increases considerably in heavy rains, and overflows, losing its original channel. This overflow causes a large amount of water to exit through lot C22 and head to Calle Las Ardillas, making a flow so large that the culvert cannot handle draining all the water. The consequences of this event are that it generates a large flood, both on the street, as well as outside and inside our property. (We attach evidence of the problem). Follow-up: It has been examined that the stream (riachuelo) must be dredged because it has already silted up. With the passage of time, factors like dirt, plants, grass cuttings, branches, leaves, etc., cause the basin to be very shallow and the stream (riachuelo) to silt up. That is why we present the case to you because every time it rains heavily, our house floods. The Municipality made an inspection in the month of December which reported that there was no problem (that day it was not raining and the street was not flooded). When we re-presented the problem to them, they carried out another inspection on February 7 of this year, and to date they have notified us that they have been looking for the owners but say they have not been able to. Regarding this case, who is responsible for cleaning or has the responsibility to do so? We await your prompt response. (…)". They add that on February 25 and March 4, 2025, they coordinated with the Environmental Management Unit (Unidad de Gestión Ambiental) for new visits and on April 10, 2025, the municipality issued official letter UGA-062-2025, notifying the owners to carry out the respective maintenance; however, the situation was not resolved, and the floods continued. They mention that on September 18 and October 24, 2025, they sent emails reiterating the seriousness of the problem and providing videos and photographs as evidence; however, despite the steps taken, the respondent municipality has not adopted definitive measures to solve the problem, which puts their dwelling at risk and violates their fundamental rights such as life, physical integrity, private property, and the right to a healthy environment. Therefore, they request that this remedy be granted and that what is legally appropriate be ordered.

2.- By resolution at 18:29 hours on November 13, 2025, the Presidency of the Chamber gave course to this constitutional process and requested a report from the mayor, the environmental manager, and the Director of Urban and Territorial Planning, all of the Municipality of San Rafael de Heredia, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- Through a brief incorporated into the digital case file at 11:26 hours on November 21, 2025, Jorge Eduardo Arias Santamaría, in his capacity as mayor of San Rafael de Heredia, reported that he provided official letter No. UGA-179-2025 of November 18, 2025, prepared by the environmental manager, and Official Letter DPUT-252-2025 of November 20, 2025, prepared by the director of the Directorate of Territorial Urban Management (Dirección de Gestión Urbana Territorial), both of the Municipality of San Rafael de Heredia. In official letter No. UGA-179-2025, the following was indicated:

“II. PRESENTED SITUATION: In response to what is indicated in amparo remedy No. 25-034656-0007-CO, where it is indicated that the Municipality has not taken definitive measures to solve the flooding problem affecting Mrs. Medina, I detail the following: The following actions have been carried out by this Environmental Management Unit:  On March 17 of the current year, a site visit was made where Mrs. [Name 001] and her mother were present, during which the conditions of the properties through which the channel passes were observed.  Then, on April 10, I sent official letter No. UGA-062-2025, which is on file and a copy of which was sent via email to Mrs. [Name 001], indicating to Engineer Erick Camacho and Luis Campos, the latter head of the Works Department (Departamento de Obras), the need to clean a culvert located in a public area, so that the stormwater can flow through the sector located behind the old Hotel el Tirol, district of los Ángeles.  On that same date, three owners were notified, as observed below in the following table:

FincasNombre PropietarioResolución notificadaMes notificación
82540YORUKEN S.R. – Yorleny Ruiz Hernandez (representante legal)UGA-020-202510 de Abril
82538Eva Isabel Mora Solórzano / Angie Yesenia Mora SolórzanoUGA-021-202510 de Abril
98695 y 80600SAH INTERNACIONAL HOLDING COMPANY – Scott Allen Huseby (representante legal)UGA-022-202510 de Abril

In that same month, the cleaning of the culvert in the public area was carried out, as evidenced in official letter no. UGA-065-2025.  On May 8 of the current year, one of the owners of property no. 82538 sent an email attaching photographs showing that the channel has been given the respective maintenance, as observed in the following photographs: […] […]  Then, a second visit was made on June 9, where two of the three owners of the three notified properties were present. In said visit, it was verified that the sediment had already been removed from the channel through which the stormwater passes in two of the three properties, as observed in the following photographs: […] […] […] […] […] […] III. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS: 1- As observed in this official letter and as evidenced in the file, the respective notifications have been made to the owners through whose property the passage channel for stormwater runs, which were made in the month of April, when we were still in the dry season. 2- Said notifications were complied with at the time by the owners who were notified. 3- It is important to indicate that there is no indication or parameter in the current legislation applicable to the Municipality of how much the free height of the channel through which stormwater passes must be, since much will depend on the terrain conditions and the contour lines, so that the water flows and does not remain stagnant in one or several sites. 4- Said passage channel has not been cemented, which is why there is a greater presence of organic material, not only leaves or branches from trees, but it also carries sediment from the land. 5- In verbal conversations that I held with the owners of properties no. 82540, 82538, they have expressed their interest in cementing said channel for next year, so that it has greater fluidity and prevents the ingress of organic waste and sediment, since they indicate that maintenance is constant, especially in the rainy season, which makes it somewhat costly.

On the other hand, it is important to consider the change regarding the amount of rain that falls in a short period, which evidently has an impact, since the current structure of the sewer system and water passageways is probably not coping with the amount of rain that falls, which is why this water disperses and invades private properties and part of the public street, causing flooding.” Likewise, in official communication No. DPUT-252-2025, the following was recorded:

Receive a cordial greeting, in response to the Amparo Appeal processed under case file No. 25-034656-0007-CO, filed by Mrs. [Name 001] against the Municipality of San Rafael de Heredia, I inform you: 1. Analyzing the information contained in the administrative file of the case presented by Mrs. [Name 001], it is determined that the problem stems mainly from the topography of the area and the lack of maintenance of an apparently anthropic channel (cauce) that crosses several private properties. When it is obstructed on some occasions, it can cause the waters to reach the public road without adequate channelization, which causes, through the area's natural runoff, the overflow waters to affect the property of Mrs. [Name 001], which is at a lower topographical level with respect to the public road. 2. According to current regulations, the maintenance of this type of channel (cauce) must be paid for and executed by the owners of the land through which the channel (cauce) passes; it cannot be maintained by the Municipality, as public resources would be invested in private properties. However, as recorded in the file, this Municipality, in application of the Municipal Code, has notified the owners to provide proper maintenance, and on some occasions they have acted as requested. Nevertheless, due to heavy rainfall, the stormwater can overflow, and since Mrs. Medina's property is at a lower topographical level than the road, the waters will enter more easily and affect her dwelling, this despite the fact that the Municipality has cleaned the drainage system on the public road. Finally, as can be seen in the file and according to the above, the Municipality has carried out the competent actions in order to minimize the impact indicated by Mrs. [Name 001], even though, due to the natural topography of the area, her property is at a lower level with respect to the public road.” 5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellant points out that, since December 2024, her dwelling located on Calle Las Ardillas in Residencial del Monte has been affected by recurring flooding caused by the overflow of an adjacent stream (riachuelo), whose flow increases during the rainy season and exceeds the capacity of the existing culvert, allowing water to enter the public road and the interior of her property. She affirms that, despite multiple complaints, municipal inspections, and repeated efforts—including notification to the owners of the involved lots—the respondent municipality has not adopted effective and definitive measures to correct the situation, maintaining the risk to her dwelling, her integrity, and her property, for which reason she requests the corresponding constitutional protection.

II.- Preliminary matter. Prior to analyzing the merits of the case—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied, or not, with the time frames set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is raised, as it involves an environmental complaint which, allegedly, has not been resolved within a reasonable time by the respondent authorities. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent party has failed to refer to them as provided in the initial order:

  • a)On February 15, 2025, the appellant sent to the email addresses: [email protected] and [email protected], stating the following:

"The purpose of this message is to inform you of a problem that is affecting our property in Residencial del Monte (El Tirol). My husband and I are neighbors of Calle Las Ardillas, according to the residential development's reference map. We are writing because there is an issue that worries us, and in fact, since December 5, 2024, we opened a ticket with the Municipality. (Ticket number 0157-2024). The problem: Behind properties E2 and E1 of Condominio del Bosque, a stream (riachuelo) (the municipality calls it a "dry creek (sequía)") passes during the rainy season. It increases considerably during heavy rains and overflows, losing its original course. This overflow causes a large amount of water to exit through lot C22 and flow toward Calle Las Ardillas, creating such a large flow that the culvert cannot handle draining all the water. The consequences of this event are that it generates a large flood, both on the street, as well as outside and inside our property. (We attach the evidence of the problem). Follow-up: It has been examined that the stream (riachuelo) must be dredged because it has already silted up. Over time, factors such as dirt, plants, grass clippings, branches, leaves, etc., make the basin (cuenca) very shallow and the stream (riachuelo) silts up. That is why we are presenting the case to you, because every time it rains heavily our house floods. The Municipality conducted an inspection in the month of December, which reported that there was no problem (that day it was not raining and the street was not flooded). When we presented the problem again, they conducted another inspection on February 7 of this year, and to date they have notified us that they have been looking for the owners but say they have not been successful. Regarding this case, who is responsible for cleaning or has the responsibility to do so? We await your prompt response" (see the filing brief and the evidence provided in the digital file).

  • b)On March 17, 2025, personnel from the Environmental Management Unit of the Municipality of San Rafael de Heredia conducted a visit to the site affected by the flooding problem, in the presence of Mrs. [Name 001] and her mother, an opportunity during which the conditions of the properties through which the stormwater channel (cauce) runs were observed (see the reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital file).
  • c)On April 10, 2025, the Environmental Management Unit of the Municipality of San Rafael de Heredia issued official communication No. UGA-062-2025, by which personnel from the Works Department were informed of the need to clean a culvert located in a public area, in order to allow the proper flow of stormwater in the sector located behind the old Hotel El Tirol, district of Los Ángeles (see the reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital file).
  • d)On April 10, 2025, the Municipality of San Rafael de Heredia notified administrative resolutions to the owners of properties No. 82540, 82538, 98695, and 80600, located in the area through which the stormwater channel (cauce) passes, in order for them to carry out the corresponding maintenance of the water passage canal (see the reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital file).
  • e)During the month of April 2025, the Municipality of San Rafael de Heredia carried out cleaning work on the sewer system located in the public area of the affected sector, as recorded in official communication No. UGA-065-2025 (see the reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital file).
  • f)On May 8, 2025, one of the owners of property No. 82538 sent an electronic communication to the Environmental Management Unit, in which she provided photographic evidence of the maintenance carried out on the stormwater passage canal within her property (see the reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital file).
  • g)On June 9, 2025, personnel from the Environmental Management Unit of the Municipality of San Rafael de Heredia conducted a second inspection visit to the site, with the presence of two of the owners of the notified properties, confirming the removal of sediments in the stormwater channel (cauce) on two of the three intervened properties (see the reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital file).
  • h)According to the analysis conducted by the Directorate of Territorial Urban Management of the Municipality of San Rafael de Heredia, the flooding problem affecting Mrs. [Name 001] is related to the natural topography of the area and the occasional obstruction of a channel (cauce) of anthropic origin that crosses several private properties, with the plaintiff's dwelling being located at a lower topographical level with respect to the public road (see the reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital file).

IV.- On the specific case. The appellant maintains that, since December 2024, her dwelling located on Calle Las Ardillas in Residencial del Monte has been affected by recurring flooding caused by the overflow of an adjacent stream (riachuelo), whose flow increases during the rainy season and exceeds the capacity of the existing culvert, allowing water to enter the public road and the interior of her property. She affirms that, despite multiple complaints, municipal inspections, and repeated efforts—including notification to the owners of the involved lots—the respondent municipality has not adopted effective and definitive measures to correct the situation, maintaining the risk to her dwelling, her integrity, and her property, for which reason she requests the corresponding constitutional protection.

On this particular matter, it is appropriate to cite ruling No. 2025-008672 at 09:30 a.m. on March 21, 2025, in which this Chamber heard a claim related to an impact caused by the behavior of stormwater and the physical conditions of the land, discussing whether, despite the efforts deployed by the respondent authority within the scope of its powers, constitutional responsibility could be attributed to it for the persistence of the problem, when the main cause was associated with the area's topography and elements inherent to the configuration or location of the petitioner's property. In said ruling, this Court resolved the following:

In this regard, this Chamber, through ruling No. 2020-010630 at 09:15 a.m. on June 12, 2020, pronounced as follows:

"Municipal competence and obligation for inter-institutional coordination. Article 169 of the Political Constitution provides that 'The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)'. This norm has been developed by the ordinary legislator; accordingly, Article 3 of the Municipal Code, Law No. 7794 of April 30, 1998, provides that: 'The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government'. In this same sense, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence. For instance, in Ruling No. 5445-99, at 2:30 p.m. on July 14, 1999, the following was ordered:

'VI.- ON THE POWERS OF MUNICIPALITIES BY REASON OF SUBJECT MATTER (CONCEPT OF "THE LOCAL"). By express constitutional provision -Article 169-, there is an allocation of functions or powers in favor of local governments by reason of subject matter to "the local," that is, "the administration of the services and interests" of the locality to which it is circumscribed, for which it is endowed with autonomy. Therefore, its powers are generic, as there is no detailed enumeration of its own tasks, but rather a simple statement of the scope of its competence; but this does not mean it is not determinable, to which this Court referred in ruling number 6469-97, at four twenty p.m. on October eight, nineteen ninety-seven, in the following terms: "(...) the local has such a connotation that defining its scope by the legislator or the judge must lead to maintaining the integrity of local interests and services, so that the legislator could not even enact regulations that tend to dismember the Municipality (territorial element), unless done in compliance with the procedures previously established in the Political Constitution; nor enact any that places its inhabitants (population) in clear conditions of inferiority with respect to the rest of the country; nor any that affects the very essence of the local (government), so that the Corporation becomes a simple empty container from which only the name survives, but deactivating the entire regime as conceived by the National Constituent Assembly. At another turn, there will be tasks that are by their nature municipal -local- and cannot be removed from that sphere of competence to turn them into national services or interests, because doing so would imply dismantling the Municipality, or better yet, emptying it of constitutional content, and therefore, it is not possible in advance to dictate the unbreachable limits of the local, but rather to unravel what corresponds or not to the communal government, it must be extracted from the examination carried out in each specific case (...)" From the above, the fact stands out that, by the express will of our Fundamental Charter, a specific competence is assigned to local governments, an attribution that is also exclusive to them; that is, it is an original competence of the municipality and only through a law of nationalization or regionalization can it be displaced, totally or partially.' Consequently, if a group of citizens, in their territorial constituency, suffers flooding with risk to their lives and serious property damage, psychological impacts, quality of life, and general well-being, this falls within the concept of 'local interests and services' of constitutional numeral 169, problems whose causes must be identified with precision and, even more so, the solutions, in order to implement them as soon as possible; for which it is the responsibility of the Municipality to coordinate with national-level institutions with competence to act on the problem. Indeed, the Chamber has already developed the municipal obligation to coordinate with other state institutions in order to attend to the 'interests' and fully provide 'local services'. In the cited Ruling No. 5445-99, the Chamber stated:

'(...) they refer to the obligation of coordination that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Executive Branch, to carry out the functions entrusted to them, which must be analyzed based on the very nature of municipal autonomy. It is by virtue of the provisions of constitutional article 170, that municipalities (local corporate entities) enjoy functional, administrative, and financial autonomy in the administration of local interests and services (article 169 of the Political Constitution) (...) A conflict cannot, then, be created by antagonism or protagonism between the matter that makes up the general purpose of "local interests and services" and the "national" or "state" public interests and services, intrinsically distinct from one another, but which in reality are meant to coexist (....) Having defined the material competence of the municipality in a specific territorial constituency, it is clear that there will be tasks that by their nature are exclusively municipal, alongside others that may be considered national or state; therefore, it is essential to define the form of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of municipalities is local, and that of the State and other entities is national; hence the municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent required by the circumstances. That is, municipalities can share their competencies with the Public Administration in general, a relationship that must develop under the terms defined by law (article 5 of the former Municipal Code, article 7 of the new Code), which establishes the obligation of "coordination" between municipalities and public institutions that concur in the performance of their competencies, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy as it is its expression. In other words, the municipality is called to enter into cooperative relations with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coincident nature -in many cases- of interests around a concrete matter. In doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own tasks and decision-making powers, and potentially discrepant ones; despite this, there must be a community of ends by subject matter, but by concurrence, insofar as the object receiving the final results of the activity and the acts of each one is common.' So that coordination is the ordering of relations between these various independent activities, which addresses that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship of decentralized institutions, nor of the State itself in relation to municipalities, the imposition of certain behaviors on them is not possible, thus the indispensable inter-institutional "concert" arises, in the strict sense, as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others.' Note, moreover, that Municipalities are obliged, by imperative of ordinal 50 of the Political Constitution, to exert themselves in the protection of the environment (Ruling No. 2006-7994 at 8:57 a.m. on June 2, 2006)" (the highlighting and underlining are not from the original).

In the present matter, this Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the protected party, insofar as from the comprehensive examination of the accredited factual framework, it emerges that the denounced problem, consisting of recurring flooding that affects her dwelling during the rainy season, has not been addressed effectively and definitively by the respondent municipality, despite the actions deployed over time. Indeed, while it is evident that the Municipality of San Rafael de Heredia conducted on-site inspections, notified the owners of the properties through which the stormwater channel (cauce) runs, and carried out cleaning work on the sewer system located in the public area, the fact is that said actions failed to eliminate or neutralize the risk faced by the appellant, as the flooding persists and continues to cause impacts both on the public road and inside her property.

Now, although the respondent authorities claim that the problem is due to factors such as the area's natural topography, the intensity of precipitation, and the existence of a channel (cauce) of anthropic origin that crosses private properties, such circumstances are not sufficient to relieve the local government of its constitutional duty to protect local interests and services, when the safety, integrity, and property of citizens within its territorial constituency are compromised. In this sense, as established by this Chamber in its jurisprudence, particularly in ruling No. 2020-010630, flooding situations with risk to people and their property are clearly subsumed within the scope of municipal competence provided for in article 169 of the Political Constitution, which imposes on municipalities not only the obligation to carry out specific actions, but also to seek integral, effective, and sustainable solutions over time.

Under this premise, even though it is recognized that the respondent municipality has deployed certain administrative and operational efforts, it is also verified that these have been fragmentary and reactive in nature, without there being to date a structural intervention or a coordinated strategy that allows adequately addressing the cause of the problem and preventing its recurrence. In fact, from the very reports rendered under oath, it emerges that the current stormwater conveyance system is insufficient given the current climatic conditions, and that the maintenance of the channel (cauce) is constant and costly, which shows that the adopted solution does not guarantee the effective protection of the protected party's dwelling or her immediate surroundings. Consequently, as a certain and current risk persists for the protected party, without an integral solution having been implemented to mitigate it reasonably, it is concluded that the municipal action has been insufficient from the constitutional perspective, thus configuring the violation of the fundamental rights invoked, which makes the requested protection appropriate, under the terms indicated in the operative part.

V.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and fulfilled administrative justice. I have supported this Court's thesis that when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative venue, those who should hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is up to this Court, based on numeral 7 of its Law, to exclusively define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may appropriately be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons this Court has given (ruling No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Constitution's Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VI.- Note from Magistrate Salazar Alvarado. As a principle thesis, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly. However, when a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the case, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where it is claimed that since December 2024, her dwelling located on Calle Las Ardillas in Residencial del Monte has been affected by recurring flooding caused by the overflow of an adjacent stream (riachuelo), whose flow increases during the rainy season and exceeds the capacity of the existing culvert, allowing water to enter the public road and the interior of her property. She affirms that, despite multiple complaints, municipal inspections, and repeated efforts—including notification to the owners of the involved lots—the respondent municipality has not adopted effective and definitive measures to correct the situation, maintaining the risk to her dwelling, her integrity, and her property, for which reason she requests the corresponding constitutional protection.

VII.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is GRANTED. Consequently, Jorge Eduardo Arias Santamaría, in his capacity as mayor of San Rafael de Heredia, or whoever holds that position, is ordered, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this ruling, to carry out the corresponding verifications and coordination to provide a definitive solution to the problem raised by the appellant and to formally inform the appellant of what has been done and resolved. The respondent party is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo appeal, and does not fulfill it or have it enforced, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of San Rafael de Alajuela is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of sentence of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.

Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document -- Verification code -- *O143BE4CZQ1O61* CASE FILE N° 25-034656-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch.

Prohibited its reproduction and/or distribution for profit.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:21:22.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

005217-26. MUNICIPALIDAD. SE ACUSA QUE EN CALLE LAS ARDILLAS DEL RESIDENCIAL DEL MONTE, LAS INUNDACIONES QUE PROVOCA EL DESBORDAMIENTO DE UN RIACHUELO COLINDANTE, GENERA MUCHOS PROBLEMAS Y, LA MUNICIPALIDAD, NO ADOPTA LAS MEDIDAS EFECTIVAS Y DEFINITIVAS PARA CORREGIR LA SITUACIÓN. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA AL ALCALDE DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES, SE REALICEN LAS VERIFICACIONES Y COORDINACIONES QUE CORRESPONDAN PARA DAR UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LA PARTE RECURRENTE Y SE LE INFORME DE MANERA FORMAL A LA PARTE RECURRENTE DE LO ACTUADO Y RESUELTO. VCG03/2026 “(…) IV.- Sobre el caso concreto. La parte recurrente sostiene que, desde diciembre de 2024, su vivienda ubicada en la Calle Las Ardillas del Residencial del Monte se ve afectada por inundaciones recurrentes provocadas por el desbordamiento de un riachuelo colindante, cuyo caudal aumenta en época lluviosa y supera la capacidad de la alcantarilla existente, ingresando agua a la vía pública y al interior de su propiedad. Afirma que, pese a las múltiples denuncias, inspecciones municipales y gestiones reiteradas –incluida la notificación a los propietarios de los lotes involucrados– la municipalidad recurrida no ha adoptado medidas efectivas y definitivas para corregir la situación, manteniéndose el riesgo para su vivienda, su integridad y su patrimonio, por lo que solicita la tutela constitucional correspondiente.

Sobre este particular, conviene a traer a colación la sentencia n.°2025-008672 de las 09:30 horas del 21 de marzo de 2025, en la cual esta Sala conoció un reclamo vinculado a una afectación causada por el comportamiento de aguas pluviales y las condiciones físicas del terreno, en el que se discutía si, pese a las gestiones desplegadas por la autoridad recurrida dentro del ámbito de sus competencias, podía atribuírsele responsabilidad constitucional por la persistencia del problema, cuando la causa principal se asociaba a la topografía del área y a elementos propios de la configuración o ubicación de la propiedad del gestionante. En dicha sentencia, este Tribunal resolvió lo siguiente:

Al respecto, esta Sala a través de la sentencia N.º 2020-010630 de las 09:15 horas del 12 de junio de 2020, se pronunció en los siguientes términos:

“Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Verbigracia, en Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, se dispuso lo siguiente:

"VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a lo que hizo referencia este Tribunal en sentencia número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos:"(...) lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial), si no lo hace observando los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de inferioridad con relación al resto del país; ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la Asamblea Nacional Constituyente. En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto (...)". De lo anterior, resalta el hecho de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la municipalidad y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente".

En consecuencia, si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufren inundaciones con riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de "intereses y servicios locales" del numeral 169 constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aun, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema. En efecto, la Sala ya ha desarrollado la obligación municipal de coordinar con otras instituciones estatales en aras de atender los "intereses" y prestar cumplidamente los "servicios locales". En la citada Sentencia N° 5445-99, la Sala manifestó:

"(...) se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal. Es en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, que las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera en la administración de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política) (...) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir (....) Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno". De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros".

Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (Sentencia N° 2006-7994 de las 8:57 horas de 2 de junio de 2006)” (lo resaltado y subrayado no es del original).

En el presente asunto, esta Sala verifica la violación de los derechos fundamentales de la parte amparada, en tanto del examen integral del marco fáctico acreditado se desprende que la problemática denunciada, consistente en inundaciones recurrentes que afectan su vivienda durante la época lluviosa, no ha sido atendida de manera efectiva y definitiva por la municipalidad recurrida, pese a las actuaciones desplegadas en el curso del tiempo. En efecto, si bien consta que la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó inspecciones en el sitio, notificó a los propietarios de las fincas por donde discurre el cauce pluvial y ejecutó labores de limpieza del alcantarillado ubicado en zona pública, lo cierto es que dichas actuaciones no lograron eliminar ni neutralizar el riesgo que afronta la recurrente, toda vez que las inundaciones persisten y continúan generando afectaciones tanto en la vía pública como en el interior de su propiedad.

Ahora bien, aunque las autoridades recurridas alegan que la problemática obedece a factores como la topografía natural del área, la intensidad de las precipitaciones y la existencia de un cauce de origen antrópico que atraviesa propiedades privadas, tales circunstancias no resultan suficientes para relevar al gobierno local de su deber constitucional de tutelar los intereses y servicios locales, cuando se encuentra comprometida la seguridad, la integridad y el patrimonio de los munícipes dentro de su circunscripción territorial. En este sentido, conforme lo ha establecido esta Sala en su jurisprudencia, particularmente en la sentencia n.° 2020-010630, las situaciones de inundación con riesgo para las personas y sus bienes se subsumen claramente dentro del ámbito de competencia municipal previsto en el artículo 169 de la Constitución Política, lo cual impone a las municipalidades no solo la obligación de realizar actuaciones puntuales, sino también la de procurar soluciones integrales, eficaces y sostenibles en el tiempo.

Bajo esa premisa, aun cuando se reconoce que la municipalidad accionada ha desplegado determinadas gestiones administrativas y operativas, también se constata que estas han sido de carácter fragmentario y reactivo, sin que exista a la fecha una intervención estructural o una estrategia coordinada que permita atender de forma adecuada la causa del problema y prevenir su reiteración. De hecho, de los propios informes rendidos bajo juramento se desprende que el sistema actual de conducción de aguas pluviales resulta insuficiente frente a las condiciones climáticas actuales, así como que el mantenimiento del cauce es constante y oneroso, lo cual evidencia que la solución adoptada no garantiza la protección efectiva de la vivienda de la amparada ni de su entorno inmediato. En consecuencia, al persistir un riesgo cierto y actual para la amparada, sin que se haya implementado una solución integral que lo mitigue de manera razonable, se concluye que la actuación municipal, ha resultado insuficiente desde la óptica constitucional, configurándose así la vulneración de los derechos fundamentales invocados, lo que torna procedente la tutela solicitada, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) II.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de las autoridades recurridas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG03/2026 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:

NO APLICA.

V.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG03/2026 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

VI.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se reclama, que desde diciembre de 2024, su vivienda ubicada en la Calle Las Ardillas del Residencial del Monte se ve afectada por inundaciones recurrentes provocadas por el desbordamiento de un riachuelo colindante, cuyo caudal aumenta en época lluviosa y supera la capacidad de la alcantarilla existente, ingresando agua a la vía pública y al interior de su propiedad. Afirma que, pese a las múltiples denuncias, inspecciones municipales y gestiones reiteradas –incluida la notificación a los propietarios de los lotes involucrados– la municipalidad recurrida no ha adoptado medidas efectivas y definitivas para corregir la situación, manteniéndose el riesgo para su vivienda, su integridad y su patrimonio, por lo que solicita la tutela constitucional correspondiente.

VCG03/2026 ... Ver más  Res. Nº 2026005217 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del trece de febrero de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-034656-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.

Resultando:

1.- Por escrito presentado ante esta Sala a las 11:18 horas del 07 de noviembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Expone que que desde diciembre de 2024 ha enfrentado una problemática que afecta directamente su vivienda ubicada en Calle "Las Ardillas", casa 37C, Residencial del Monte. Señala que el inconveniente consiste en que durante la temporada lluviosa, un riachuelo ubicado en la parte trasera de dos propiedades (E2 y E1 del Camino del Bosque) se incrementa considerablemente con las lluvias fuertes, desbordándose y perdiendo su cauce original. Comenta que dicho desbordamiento provoca que gran cantidad de agua salga por un lote frente a su propiedad y se dirija hacia la calle, generando un caudal que la alcantarilla no logra desaguar, ocasionando inundaciones tanto en la vía pública como dentro de su vivienda. Agrega que ante la problemática descrita, interpuso una primer denuncia bajo el No. 0157-2024 y como consecuencia de esta la Municipalidad realizó una inspección de la que no detectó problemas, ya que ese día no llovía, por lo que, ante la persistencia del inconveniente, presentó nuevamente la denuncia, lo que motivó otra inspección el 7 de febrero de 2025 y desde entonces, la municipalidad accionada ha informado que ha intentado localizar a los propietarios de los lotes involucrados, sin éxito. Indica que en fecha 15 de febrero de 2025, remitió a las direcciones electrónicas: [email protected] y [email protected], manifestando lo siguiente: "(…) La presente es para hacerle llegar una problemática que está afectando nuestra propiedad en el Residencial del Monte (El Tirol). Mi esposo y yo somos vecinos de la Calle Las Ardillas, según el mapa de referencia del residencial. Les escribimos porque sí hay un tema que nos preocupa y de hecho, desde diciembre 5/2024 abrimos un tiquete con la Municipalidad. (Número del tiquete 0157-2024). El problema: En la parte trasera de las propiedades E2 y E1 del Condominio del Bosque, pasa un riachuelo (la municipalidad lo llama "sequía") en temporada lluviosa. La misma se incrementa considerablemente en lluvias fuertes, y se desborda perdiendo su cause original. Este desborde hace que gran cantidad de agua salga por el lote C22 y se dirija a la Calle Las Ardillas haciendo un caudal tan grande que la alcantarilla no de abasto para desaguar toda el agua. Las consecuencias de este suceso es que genera una inundación grande, tanto en la calle, como afuera y dentro de nuestra propiedad. (Dejamos adjunto las evidencias de la problemática). El seguimiento: Se ha examinado que el riachuelo deben de dragarlo porque ya se ha sedimentado. Con el paso del tiempo factores como suciedad, plantas, cortas de zacate, ramas, hojas, etc, hacen que la cuenca esté muy superficial y el riachuelo se sedimente. Es por ello que le presentamos el caso porque cada vez que llueve fuere nuestra casa se inunda. La Municipalidad hizo una inspección en el mes de diciembre el cual reportó que no había ningún problema (ese día no estaba lloviendo y la calle no estaba inundada). Nosotros al presentarles nuevamente el problema, realizaron otra inspección el día 7 de febrero del presente año, y hasta la fecha nos notificaron que han estado buscando a los propietarios pero dicen que no lo han logrado. Con respecto a este caso, ¿Quién es el encargado de limpiar o tiene la responsabilidad de hacerlo? Quedamos atentos a su pronta respuesta. (…)". Añade que el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2025, coordinó con la Unidad de Gestión Ambiental para nuevas visitas y el 10 de abril de 2025 el municipio emitió el oficio UGA-062-2025, notificando a los propietarios para que realizaran el mantenimiento respectivo; no obstante, la situación no se resolvió y las inundaciones continuaron. Menciona que el 18 de setiembre y el 24 de octubre de 2025 envió correos electrónicos reiterando la gravedad del problema y aportando videos y fotografías como evidencia, sin embargo, a pesar de las gestiones realizadas la municipalidad recurrida no ha adoptado medidas definitivas para solucionar el problema, lo que pone en riesgo su vivienda y vulnera sus derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la propiedad privada y el derecho a un ambiente sano. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda.

2.- Por resolución de las 18:29 horas del 13 de noviembre de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso constitucional y se le solicitó informe al alcalde, la gestora ambiental y al director de Planificación Urbana y Territorial, todos de la Municipalidad San Rafael de Heredia, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 11:26 horas del 21 de noviembre de 2025, Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde de San Rafael de Heredia, informó que aportó el oficio n.°UGA-179-2025 del 18 de noviembre de 2025, elaborado por la gestora ambiental y el Oficio DPUT-252-2025 del 20 de noviembre de 2025, elaborado por el director de la Dirección de Gestión Urbana Territorial, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. El oficio n.°UGA-179-2025, se indicó lo siguiente:

“II. SITUACION PRESENTADA: En respuesta a lo indicado en el recurso de amparo N° 25-034656-0007-CO, en donde se indica que la Municipalidad no ha tomado medidas definitivas para solucionar el problema de inundación que le afecta a la Sra. Medina, detallo lo siguiente: Se han realizado las siguientes acciones por parte de esta Unidad de Gestión Ambiental:  El 17 de marzo del año en cuso, se hizo una visita al sitio en donde estuvo presente la Sra. [Nombre 001] y su mamá, en donde se observaron las condiciones de las propiedades por donde pasa el cauce.  Luego, el 10 de abril realice el oficio N°UGA-062-2025, el cual consta en el expediente y del cual se le envió copia vía correo electrónico a la Sra. [Nombre 001], en donde se indica al Ing. Erick Camacho y Luis Campos este último encargado del Departamento de Obras, la necesidad de limpiar una alcantarilla que se ubica en zona pública, para que el agua pluvial pueda fluir por el sector ubicado detrás del antiguo Hotel el Tirol, distrito de los Ángeles  En esa misma fecha se procedió a notificar a tres propietarios, tal como se observa a continuación en la siguiente tabla:

Fincas Nombre Propietario Resolución notificada Mes notificación 82540 YORUKEN S.R. – Yorleny Ruiz Hernandez (representante legal) UGA-020-2025 10 de Abril 82538 Eva Isabel Mora Solórzano / Angie Yesenia Mora Solórzano UGA-021-2025 10 de Abril 98695 y 80600 SAH INTERNACIONAL HOLDING COMPANY – Scott Allen Huseby (representante legal) UGA-022-2025 10 de Abril En ese mismo mes se hace la limpieza del alcantarillado, en zona pública, tal como se consta en el oficio n°UGA-065-2025.  El 08 de mayo del año en curso una de las propietarias de la finca n°82538, envía un correo en donde adjunta fotografías de que el canal se le ha dado el mantenimiento respectivo, tal como se observa en las siguientes fotografías: […] […]  Luego se hizo una segunda visita el 09 de junio en donde estuvieron presentes dos de los tres propietarios de las tres fincas notificadas. En dicha visita se constata que ya se eliminó el sedimento del canal por donde pasa el agua pluvial en dos de las tres propiedades, tal como se observa en las siguientes fotografías: […] […] […] […] […] […] III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1- Como se observa en el presente oficio y como consta en expediente, se han realizado las notificaciones respectivas a los propietarios por donde pasa el canal de paso para las aguas pluviales, los cuales fueron en el mes de abril, donde aún estábamos en época seca. 2- Dichas notificaciones han sido cumplidas en su momento, por parte de los propietarios a los que se les notificó. 3- Es importante indicar que no existe en la legislación actual competente a la Municipalidad, un indicativo o parámetro de cuanto tiene que ser la altura libre del cauce por donde pasa el agua pluvial, ya que mucho va a depender de las condiciones del terreno y las curvas de nivel, para que el agua fluya y no se quede estancada en uno o varios sitios. 4- Dicho canal de paso no se ha cementado, motivo por el cual hay mayor presencia de material orgánico, no solo de hojas o ramas provenientes de los árboles, si no también arrastra sedimentación de los terrenos. 5- En conversaciones verbales que mantuve con los dueños de las fincas n° 82540, 82538 me han manifestado el interés de ellos de cementar dicho canal para el próximo año, y así que tenga una mayor fluidez y evitar el ingreso de los residuos orgánicos y del sedimento, ya que según indican el mantenimiento es constante sobre todo en época de lluvia por lo que se vuelve en cierta parte costoso. Por otra parte, es importante que se considere el cambio en lo que respecta a la cantidad de lluvia que cae en un corto plazo, lo cual evidentemente afecta, ya que la estructura actual del alcantarillado y del paso del agua, es probable que no esté dando abasto con la cantidad de lluvia que cae, motivo por el cual dicha agua se dispersa e invade a las propiedades privadas y parte de la calle pública, provocando las inundaciones”.

Asimismo, en el oficio n.°DPUT-252-2025, se consignó lo siguiente:

Reciba un cordial saludo, en atención al Recurso de Amparo tramitado bajo el expediente N°25-034656-0007-CO, interpuesto por la señora [Nombre 001] contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia, le indico: 1. Analizando la información contenida en el expediente administrativo del caso expuesto por la Sra. [Nombre 001], se determina que la problemática radica principalmente por la topografía del área y por la falta de mantenimiento de un cauce aparentemente antrópico que atraviesa varias propiedades privadas, el cual al estar obstruido en algunas ocasiones puede ocasionar que las aguas lleguen a la vía pública sin una canalización adecuada, lo cual provoca que por escorrentía natural de la zona, las aguas desbordadas afecten la propiedad de la Sra. [Nombre 001], la cual se encuentra a nivel topográfico inferior con respecto a la vía pública. 2. De acuerdo a la normativa vigente, el mantenimiento de este tipo de cauces debe ser costeados y ejecutados por los propietarios de los terrenos por donde pasa el cauce, no pueden ser mantenidos por la Municipalidad, ya que se estarían invirtiendo recursos públicos en propiedades privadas. No obstante, como consta en el expediente esta Municipalidad en aplicación al Código Municipal ha notificado a los propietarios para que brinden su debido mantenimiento, los cuales en algunas ocasiones han actuado conforme lo solicitado, sin embargo, debido a las fuertes precipitaciones las aguas pluviales pueden desbordarse y al estar la propiedad de la Sra. Medina a un nivel topográfico mas bajo que la vía, las aguas van ingresar con mayor facilidad y afectar su casa de habitación, esto a pesar de que la Municipalidad ha realizado la limpieza del sistema de drenajes en vía pública. Finalmente, como se puede apreciar en el expediente y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la Municipalidad ha realizado las acciones competentes con el fin de minimizar la afectación indicada por la Sra. [Nombre 001], a pesar que por topografía natural de la zona su propiedad se encuentra a un nivel inferior con respecto a la vía pública”.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente señala que, desde diciembre de 2024, su vivienda ubicada en la Calle Las Ardillas del Residencial del Monte se ve afectada por inundaciones recurrentes provocadas por el desbordamiento de un riachuelo colindante, cuyo caudal aumenta en época lluviosa y supera la capacidad de la alcantarilla existente, ingresando agua a la vía pública y al interior de su propiedad. Afirma que, pese a las múltiples denuncias, inspecciones municipales y gestiones reiteradas –incluida la notificación a los propietarios de los lotes involucrados– la municipalidad recurrida no ha adoptado medidas efectivas y definitivas para corregir la situación, manteniéndose el riesgo para su vivienda, su integridad y su patrimonio, por lo que solicita la tutela constitucional correspondiente.

II.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de las autoridades recurridas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 15 de febrero de 2025, la recurrente remitió a las direcciones electrónicas: [email protected] y [email protected], manifestando lo siguiente:

"La presente es para hacerle llegar una problemática que está afectando nuestra propiedad en el Residencial del Monte (El Tirol). Mi esposo y yo somos vecinos de la Calle Las Ardillas, según el mapa de referencia del residencial. Les escribimos porque sí hay un tema que nos preocupa y de hecho, desde diciembre 5/2024 abrimos un tiquete con la Municipalidad. (Número del tiquete 0157-2024). El problema: En la parte trasera de las propiedades E2 y E1 del Condominio del Bosque, pasa un riachuelo (la municipalidad lo llama "sequía") en temporada lluviosa. La misma se incrementa considerablemente en lluvias fuertes, y se desborda perdiendo su cause original. Este desborde hace que gran cantidad de agua salga por el lote C22 y se dirija a la Calle Las Ardillas haciendo un caudal tan grande que la alcantarilla no de abasto para desaguar toda el agua. Las consecuencias de este suceso es que genera una inundación grande, tanto en la calle, como afuera y dentro de nuestra propiedad. (Dejamos adjunto las evidencias de la problemática). El seguimiento: Se ha examinado que el riachuelo deben de dragarlo porque ya se ha sedimentado. Con el paso del tiempo factores como suciedad, plantas, cortas de zacate, ramas, hojas, etc, hacen que la cuenca esté muy superficial y el riachuelo se sedimente. Es por ello que le presentamos el caso porque cada vez que llueve fuere nuestra casa se inunda. La Municipalidad hizo una inspección en el mes de diciembre el cual reportó que no había ningún problema (ese día no estaba lloviendo y la calle no estaba inundada). Nosotros al presentarles nuevamente el problema, realizaron otra inspección el día 7 de febrero del presente año, y hasta la fecha nos notificaron que han estado buscando a los propietarios pero dicen que no lo han logrado. Con respecto a este caso, ¿Quién es el encargado de limpiar o tiene la responsabilidad de hacerlo? Quedamos atentos a su pronta respuesta” (véase el escrito de interposición y la prueba aportada al expediente digital).

  • b)El 17 de marzo de 2025, personal de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó una visita al sitio afectado por la problemática de inundaciones, en presencia de la señora [Nombre 001] y de su madre, oportunidad en la que se observaron las condiciones de las propiedades por donde discurre el cauce de aguas pluviales (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).
  • c)El 10 de abril de 2025, la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Rafael de Heredia emitió el oficio n.° UGA-062-2025, mediante el cual se comunicó a funcionarios del Departamento de Obras la necesidad de realizar la limpieza de una alcantarilla ubicada en zona pública, con el fin de permitir el adecuado flujo de las aguas pluviales en el sector ubicado detrás del antiguo Hotel El Tirol, distrito de Los Ángeles (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).
  • d)El 10 de abril de 2025, la Municipalidad de San Rafael de Heredia notificó resoluciones administrativas a los propietarios de las fincas n.os 82540, 82538, 98695 y 80600, ubicadas en el área por donde atraviesa el cauce pluvial, con el objeto de que efectuaran el mantenimiento correspondiente del canal de paso de aguas (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).
  • e)Durante el mes de abril de 2025, la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó labores de limpieza del alcantarillado ubicado en zona pública del sector afectado, conforme consta en el oficio n.° UGA-065-2025 (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).
  • f)El 08 de mayo de 2025, una de las propietarias de la finca n.° 82538 remitió comunicación electrónica a la Unidad de Gestión Ambiental, en la que aportó evidencia fotográfica del mantenimiento realizado en el canal de paso de aguas pluviales dentro de su propiedad (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).
  • g)El 09 de junio de 2025, personal de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Rafael de Heredia efectuó una segunda visita de inspección al sitio, con la presencia de dos de los propietarios de las fincas notificadas, constatándose la eliminación de sedimentos en el cauce pluvial en dos de las tres propiedades intervenidas (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).
  • h)Conforme al análisis efectuado por la Dirección de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, la problemática de inundación que afecta a la señora [Nombre 001] guarda relación con la topografía natural del área y con la obstrucción ocasional de un cauce de origen antrópico que atraviesa varias propiedades privadas, siendo que la vivienda de la accionante se ubica a un nivel topográfico inferior respecto de la vía pública (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

IV.- Sobre el caso concreto. La parte recurrente sostiene que, desde diciembre de 2024, su vivienda ubicada en la Calle Las Ardillas del Residencial del Monte se ve afectada por inundaciones recurrentes provocadas por el desbordamiento de un riachuelo colindante, cuyo caudal aumenta en época lluviosa y supera la capacidad de la alcantarilla existente, ingresando agua a la vía pública y al interior de su propiedad. Afirma que, pese a las múltiples denuncias, inspecciones municipales y gestiones reiteradas –incluida la notificación a los propietarios de los lotes involucrados– la municipalidad recurrida no ha adoptado medidas efectivas y definitivas para corregir la situación, manteniéndose el riesgo para su vivienda, su integridad y su patrimonio, por lo que solicita la tutela constitucional correspondiente.

Sobre este particular, conviene a traer a colación la sentencia n.°2025-008672 de las 09:30 horas del 21 de marzo de 2025, en la cual esta Sala conoció un reclamo vinculado a una afectación causada por el comportamiento de aguas pluviales y las condiciones físicas del terreno, en el que se discutía si, pese a las gestiones desplegadas por la autoridad recurrida dentro del ámbito de sus competencias, podía atribuírsele responsabilidad constitucional por la persistencia del problema, cuando la causa principal se asociaba a la topografía del área y a elementos propios de la configuración o ubicación de la propiedad del gestionante. En dicha sentencia, este Tribunal resolvió lo siguiente:

Al respecto, esta Sala a través de la sentencia N.º 2020-010630 de las 09:15 horas del 12 de junio de 2020, se pronunció en los siguientes términos:

“Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Verbigracia, en Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, se dispuso lo siguiente:

"VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a lo que hizo referencia este Tribunal en sentencia número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos:"(...) lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial), si no lo hace observando los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de inferioridad con relación al resto del país; ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la Asamblea Nacional Constituyente. En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto (...)". De lo anterior, resalta el hecho de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la municipalidad y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente".

En consecuencia, si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufren inundaciones con riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de "intereses y servicios locales" del numeral 169 constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aun, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema. En efecto, la Sala ya ha desarrollado la obligación municipal de coordinar con otras instituciones estatales en aras de atender los "intereses" y prestar cumplidamente los "servicios locales". En la citada Sentencia N° 5445-99, la Sala manifestó:

"(...) se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal. Es en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, que las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera en la administración de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política) (...) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir (....) Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno". De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros".

Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (Sentencia N° 2006-7994 de las 8:57 horas de 2 de junio de 2006)” (lo resaltado y subrayado no es del original).

En el presente asunto, esta Sala verifica la violación de los derechos fundamentales de la parte amparada, en tanto del examen integral del marco fáctico acreditado se desprende que la problemática denunciada, consistente en inundaciones recurrentes que afectan su vivienda durante la época lluviosa, no ha sido atendida de manera efectiva y definitiva por la municipalidad recurrida, pese a las actuaciones desplegadas en el curso del tiempo. En efecto, si bien consta que la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó inspecciones en el sitio, notificó a los propietarios de las fincas por donde discurre el cauce pluvial y ejecutó labores de limpieza del alcantarillado ubicado en zona pública, lo cierto es que dichas actuaciones no lograron eliminar ni neutralizar el riesgo que afronta la recurrente, toda vez que las inundaciones persisten y continúan generando afectaciones tanto en la vía pública como en el interior de su propiedad.

Ahora bien, aunque las autoridades recurridas alegan que la problemática obedece a factores como la topografía natural del área, la intensidad de las precipitaciones y la existencia de un cauce de origen antrópico que atraviesa propiedades privadas, tales circunstancias no resultan suficientes para relevar al gobierno local de su deber constitucional de tutelar los intereses y servicios locales, cuando se encuentra comprometida la seguridad, la integridad y el patrimonio de los munícipes dentro de su circunscripción territorial. En este sentido, conforme lo ha establecido esta Sala en su jurisprudencia, particularmente en la sentencia n.° 2020-010630, las situaciones de inundación con riesgo para las personas y sus bienes se subsumen claramente dentro del ámbito de competencia municipal previsto en el artículo 169 de la Constitución Política, lo cual impone a las municipalidades no solo la obligación de realizar actuaciones puntuales, sino también la de procurar soluciones integrales, eficaces y sostenibles en el tiempo.

Bajo esa premisa, aun cuando se reconoce que la municipalidad accionada ha desplegado determinadas gestiones administrativas y operativas, también se constata que estas han sido de carácter fragmentario y reactivo, sin que exista a la fecha una intervención estructural o una estrategia coordinada que permita atender de forma adecuada la causa del problema y prevenir su reiteración. De hecho, de los propios informes rendidos bajo juramento se desprende que el sistema actual de conducción de aguas pluviales resulta insuficiente frente a las condiciones climáticas actuales, así como que el mantenimiento del cauce es constante y oneroso, lo cual evidencia que la solución adoptada no garantiza la protección efectiva de la vivienda de la amparada ni de su entorno inmediato. En consecuencia, al persistir un riesgo cierto y actual para la amparada, sin que se haya implementado una solución integral que lo mitigue de manera razonable, se concluye que la actuación municipal, ha resultado insuficiente desde la óptica constitucional, configurándose así la vulneración de los derechos fundamentales invocados, lo que torna procedente la tutela solicitada, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva.

V.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se reclama, que desde diciembre de 2024, su vivienda ubicada en la Calle Las Ardillas del Residencial del Monte se ve afectada por inundaciones recurrentes provocadas por el desbordamiento de un riachuelo colindante, cuyo caudal aumenta en época lluviosa y supera la capacidad de la alcantarilla existente, ingresando agua a la vía pública y al interior de su propiedad. Afirma que, pese a las múltiples denuncias, inspecciones municipales y gestiones reiteradas –incluida la notificación a los propietarios de los lotes involucrados– la municipalidad recurrida no ha adoptado medidas efectivas y definitivas para corregir la situación, manteniéndose el riesgo para su vivienda, su integridad y su patrimonio, por lo que solicita la tutela constitucional correspondiente.

VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde de San Rafael de Heredia, o a quien ocupe dicho cargo, para que, en el plazo máximo de TRES MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las verificaciones y coordinaciones que correspondan para dar una solución definitiva a la problemática planteada por la parte recurrente y se le informe de manera formal a la parte recurrente de lo actuado y resuelto. Se apercibe a la parte recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San Rafael de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

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    • Constitución Política Art. 169
    • Constitución Política Art. 50
    • Código Municipal Ley 7794 Art. 3
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 32

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