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Res. 03442-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/01/2026
OutcomeResultado
The Chamber ordered the Ministry of Health to decide upon, implement, and notify the claimants within one month of a definitive solution to Frumar's noise pollution, but denied the amparo concerning the complaints about wastewater, septic tanks, and foul odors.La Sala ordenó al Ministerio de Salud resolver, ejecutar y notificar en un mes una solución definitiva para la contaminación sónica de Frumar, pero rechazó el amparo respecto de las denuncias sobre aguas residuales, tanques sépticos y malos olores.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted an amparo filed by residents of Playas del Coco against the Ministry of Health. Although health authorities diligently investigated the complaint concerning septic tanks, wastewater, and foul odors, they confirmed that nighttime noise from Frumar exceeded the regulatory limit of 40 dB and failed to secure a definitive correction. The company submitted defective or ineffective acoustic-confinement plans, while the Administration kept its sanitary order in force and tolerated the repeated noncompliance to some degree, even though the applicable rules contemplate suspending or permanently eliminating the emitting source and potentially revoking the relevant permit. The Chamber held that the environmental and public-health implications justified hearing the claim as an exception to the general rule referring administrative-delay disputes to the administrative courts. It ordered the authorities to decide upon and implement a definitive solution within one month, notify the claimants of the resulting decisions, and required the State to pay costs and proven damages.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo presentado por residentes de Playas del Coco contra el Ministerio de Salud. Aunque las autoridades atendieron diligentemente la denuncia sobre tanques sépticos, aguas residuales y malos olores, comprobaron que el ruido nocturno de la empresa Frumar superaba el límite reglamentario de 40 dB y no lograron corregirlo definitivamente. La empresa presentó planes de confinamiento acústico defectuosos o ineficaces, mientras la Administración mantuvo la orden sanitaria y toleró en alguna medida los incumplimientos, pese a que la normativa contempla suspender o eliminar la fuente emisora e incluso revocar el permiso correspondiente. La Sala consideró que la afectación ambiental y de salubridad pública justificaba conocer el reclamo como excepción a la regla que remite las demoras administrativas a la jurisdicción contencioso-administrativa. Ordenó resolver y ejecutar una solución definitiva en un mes, notificarla a los recurrentes y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
However, the Chamber also notes that, although the Ministry of Health was able to verify that the noise pollution generated by the Frumar establishment is real, the fact remains that the situation has not yet been corrected because of Frumar Fish Market's repeated failures to produce and implement an effective confinement plan to resolve it, as ordered through the corresponding sanitary orders. In this regard, it is reported that, on September 9, 2025, the Customer Service Team of the Carrillo Health Governing Area received from Exportadora Frumar S.A. a document entitled “Noise Confinement or Mitigation Plan,” dated September 5, 2025, which was not signed by a qualified professional responsible for structural acoustic confinement. Likewise, on October 1, 2025, the Customer Service Team of the Carrillo Health Governing Area received from Frumar a document entitled “Noise Confinement or Mitigation Plan,” dated September 29, 2025, which was also not signed by a qualified professional. Then, on October 9, 2025, the Customer Service Team of the Carrillo Health Governing Area received from Frumar a “Noise Confinement or Mitigation Plan” dated October 7, 2025, signed by Alexander Barrantes Rodríguez, Civil Engineer IC-6645, which proved ineffective. Even so, although it is reported that no more than two noise-confinement plans may be submitted, the respondent authorities of the Ministry of Health nevertheless chose to keep sanitary order MS-DRRSCH-DARSCAR-OS-0079-2025, served on the Frumar establishment on August 14, 2025, in force and again ordered the respondents to submit a second confinement or mitigation plan to modify the property or the source in order to reduce the noise, all within ten business days. Under such circumstances, the appeal must be granted because the Administration has, to some extent, tolerated the aforementioned instances of noncompliance.Sin embargo, la Sala también nota que, en cambio, aunque el Ministerio de Salud sí pudo comprobar que la contaminación sónica generada por el establecimiento de Frumar es real, lo cierto es que esa situación no sido corregida todavía a causa de los constantes incumplimientos de la Pescadería Frumar en producir e implantar un plan de confinamiento eficaz para solucionarla, conforme le ha sido ordenado por medio de las respectivas órdenes sanitarias. En este sentido, se informa que, el 09 de setiembre de 2025, el Equipo de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Carrillo, recibió de parte de la empresa Exportadora Frumar S.A., un documento "Plan de Confinamiento o Mitigación de Ruido" con fecha 5 de setiembre de 2025, que no estaba firmado por un profesional responsable idóneo en confinamiento acústico de estructuras. Igualmente, el 1° de octubre de 2025, el Equipo de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Carrillo recibió de parte de la empresa Frumar un documento de "Plan de Confinamiento o mitigación de Ruido", fechado el 29 de setiembre de 2025, que tampoco venía firmado por un profesional idóneo. Luego, el 09 de octubre de 2025, el Equipo de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Carrillo recibió de parte de la empresa Frumar, un documento "Plan de Confinamiento o mitigación de Ruido" de fecha 7 de octubre de 2025, firmado por Alexander Barrantes Rodríguez, Ingeniero Civil IC-6645, que no resultó efectivo. Aun así, aunque se informa que solamente se permite la presentación máxima de dos planes de confinamiento de ruido, las Autoridades recurridas del Ministerio de Salud de todos modos optaron por mantener firme la orden sanitaria MS-DRRSCH-DARSCAR-OS-0079-2025, notificada el 14 de agosto de 2025 al establecimiento Frumar, y ordenarle nuevamente a los denunciados presentar un segundo Plan de Confinamiento o mitigación para la intervención del inmueble, o de la fuente para reducir el ruido; todo ello, en un plazo de 10 días hábiles. En semejantes condiciones, procede declarar con lugar el recurso porque la Administración ha tolerado, en alguna medida, los citados incumplimientos.
Pull quotesCitas destacadas
"Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante una situación que afecta el medio ambiente y la salubridad pública. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso."
"This case, however, presents precisely an exceptional circumstance because it involves a situation affecting the environment and public health. Accordingly, the Chamber will proceed to decide the appeal."
Considerando I
"Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante una situación que afecta el medio ambiente y la salubridad pública. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso."
Considerando I
"Del elenco de hechos probados, se colige que las Autoridades del Ministerio de Salud han sido diligentes en atender la denuncia presentada por los recurrentes en cuanto a la filtración de aguas provenientes de dos tanques sépticos y los malos olores generados, y les han notificado el resultado de sus acciones."
"The established facts show that the Ministry of Health authorities acted diligently in addressing the claimants' complaint regarding water leaking from two septic tanks and the resulting foul odors, and notified them of the results of their actions."
Considerando IV
"Del elenco de hechos probados, se colige que las Autoridades del Ministerio de Salud han sido diligentes en atender la denuncia presentada por los recurrentes en cuanto a la filtración de aguas provenientes de dos tanques sépticos y los malos olores generados, y les han notificado el resultado de sus acciones."
Considerando IV
"No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso."
"Nevertheless, I do examine the merits when other rights of persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution under Article 50 of the Constitution, as occurs in this case."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"Se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, únicamente en lo relacionado a las denuncias por contaminación sónica."
"The appeal is declared PARTIALLY GRANTED, solely with respect to the complaints concerning noise pollution."
Por tanto
"Se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, únicamente en lo relacionado a las denuncias por contaminación sónica."
Por tanto
Full documentDocumento completo
20250007034299-32950509-1.rtf SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty a.m. on treinta de enero de dos mil veintiseis.
Amparo proceeding (recurso de amparo) being processed under expediente número 25-034197-0007-CO, filed by [Nombre 001], passport N° [Valor 001], and [Nombre 002], residence card N° [Valor 002], against the MINISTERIO DE SALUD DE FILADELFIA.-
Findings:
− CARTA-MS-DRRSCH-DARSCAR-1008-2025, dated December 16, 2025. THIRTEENTH: On September 19, 2025, Lic. Mauricio Hernández Mora, an official with the Regulatory Team of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Chorotega, followed up on the noise-pollution complaint against the establishment Exportadora Frumar S.A.; it was observed that, outside the inspected property owned by Exportadora FRUMAR S.A. in Sardinal de Carrillo, there was no evidence of ongoing work related to possible sound containment or mitigation; furthermore, the document submitted by Exportadora FRUMAR S.A., the Noise Containment or Mitigation Plan filed on September 9, 2025, was not signed by a qualified professional responsible for the acoustic containment of structures, as required by Article 23 of Decreto Ejecutivo N° 44486-S, Reglamento para el Control del Ruido Ambiental; additionally, according to technical report N° MS-DRRSCH-DARSCAR-ER-IT-0410-2025, issued by personnel from the Regulatory Team of the Área Rectora de Salud de Carrillo, the Veterinary Operating Certificate (Certificado Veterinario de Operación, CVO) held by Exportadora FRUMAR S.A. had expired on Friday, September 05, 2025; accordingly, Technical Report MS-DRRSCH-URS-IT-071-2025 was prepared and signed by Lic. Mauricio Hernández Mora, an official with the Regulatory Team of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Chorotega.
CONCLUSION Finally, it is considered that the administrative act (acto administrativo) challenged herein complies with the substantive and procedural requirements established by current legislation, since the complaints received in June (0073-2025 and 0075-2025) from the appellants [Nombre 001] and [Nombre 002] were addressed in a timely and proper manner, as demonstrated in this report. It is clarified that this office did not receive any complaints in April or May 2025. Likewise, the Área Rectora de Salud de Carrillo and the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Chorotega, as the governing public-health authorities, understand that they must remain vigilant to ensure that the health of the population is protected; therefore, in the matter at hand, the foregoing and the documentary evidence submitted establish that all administrative actions falling within our jurisdiction have been carried out….” They request that the appeal filed be denied.
Justice Garro Vargas writes the opinion; and,
Whereas:
In the case at hand (sub judice), the complainants’ claim concerns the alleged failure to respond to complaints regarding pollution, which, if true, could constitute a violation of the right to obtain prompt and effective administrative justice. Therefore, before examining the merits of this matter concerning the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings, it must be clarified that, since judgment N° 2008-02545 at 8:55 hours on 22 de febrero de 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, both for issuing a final administrative act in administrative proceedings—initiated ex officio or at the request of a party—and for hearing the applicable administrative appeals. In this case, however, precisely such an exception is presented, because the situation affects the environment and public health. Accordingly, the Chamber shall rule on the appeal.
The complainants state that they are residents of Carrillo, Playas del Coco, 50 meters south of the second bridge on the road to Ocotal. They explain that the property where they reside is experiencing problems due to the operations of the company Frumar. In this regard, they report seepage of wastewater from two septic tanks, as well as vibrations and noise pollution (contaminación sónica). They state that they filed separate complaints with the Área Rectora de Salud de Filadelfia and the Área Rectora de Salud de Liberia, entities that, although they took action, have not definitively resolved the reported problem. They indicate that, consequently, they filed petitions with the Área de Salud de Filadelfia in abril, mayo y junio de 2025. They also filed complaints with the Área Rectora de Salud de Liberia in junio, agosto y setiembre. They claim that the inaction of those divisions of the Ministerio de Salud has violated their fundamental rights.
The following facts are deemed duly established and relevant to the determination of this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as required by the initial order:
The established facts show that the Authorities of the Ministerio de Salud acted diligently in addressing the complaint submitted by the petitioners concerning seepage from two septic tanks and the resulting foul odors, and that they notified them of the outcome of their actions. In this regard, it is reported that complaint N° 0075-2025 was addressed on 08 de julio de 2025 through report MS-DRRSCH-DARSCAR-ER-IT-0351-2025 dated 14 de julio de 2025, which verified that the Frumar establishment has a septic tank in good condition, without cracks or foul odors, and a clean stormwater drainage system free of foul odors, and that no wastewater, foul odors, or accumulated water were detected. Likewise, no loose sheets of corrugated metal were observed.
However, the Chamber also notes that, although the Ministerio de Salud was able to establish that the noise pollution (contaminación sónica) generated by the Frumar establishment is real, that situation has not yet been remedied because Pescadería Frumar has repeatedly failed to prepare and implement an effective confinement plan to resolve it, as ordered through the respective sanitary orders. In this regard, it is reported that, on 09 de setiembre de 2025, the Equipo de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Carrillo received from Exportadora Frumar S.A. a document entitled “Plan de Confinamiento o Mitigación de Ruido,” dated 5 de setiembre de 2025, which was not signed by a qualified professional responsible for the acoustic confinement of structures. Likewise, on 1° de octubre de 2025, the Equipo de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Carrillo received from Frumar a document entitled “Plan de Confinamiento o mitigación de Ruido,” dated 29 de setiembre de 2025, which was likewise not signed by a qualified professional. Subsequently, on 09 de octubre de 2025, the Equipo de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Carrillo received from Frumar a document entitled “Plan de Confinamiento o mitigación de Ruido,” dated 7 de octubre de 2025 and signed by Alexander Barrantes Rodríguez, Civil Engineer IC-6645, which proved ineffective.
Even so, although it is reported that a maximum of only two noise-confinement plans may be submitted, the respondent Authorities of the Ministerio de Salud nevertheless elected to uphold sanitary order MS-DRRSCH-DARSCAR-OS-0079-2025, served on the Frumar establishment on 14 de agosto de 2025, and once again ordered the respondents to submit a second confinement or mitigation plan for modifications to the property or to the source in order to reduce the noise, all within 10 business days. Under these circumstances, the petition for constitutional relief (recurso) must be granted because the Administration has, to some extent, tolerated the aforementioned instances of noncompliance.
I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, jurisdiction over the legal dispute lies with the Administrative Litigation Courts and not with this Chamber. However, the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, established that this right is subject to judicial protection through the petition for amparo relief (recurso de amparo) established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in conjunction with article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in cases where petitioners consider that the Administration’s material actions, administrative acts, or response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted legislation does not require this Court to modify its line of precedent, since, pursuant to section 7 of its Law, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction.
Accordingly, except for those constitutional-law disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, in all other cases—and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 at 8:55 hours on 22 de febrero de 2008)—jurisdiction lies with the judges of the administrative litigation jurisdiction. All of this is consistent with section 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and purposive interpretation of the legal system.
I consider that, in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and decide the matter lies with the administrative litigation jurisdiction. Nevertheless, I do examine the merits when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy, pollution-free environment (article 50 of the Constitución Política), as is the case here, where the petitioning party states that it reported to the Ministerio de Salud the problem of sewage and wastewater seeping onto its property, as well as noise-pollution problems, which affect the petitioners’ right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life, but which have not been definitively resolved.
The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced through new technologies, these must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days counted from service of this judgment. Otherwise, any such material not collected within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal (recurso) is declared partially GRANTED, solely with respect to the complaints concerning noise pollution (contaminación sónica). Hilda Barrantes Guerrero, in her capacity as Regional Director of the Chorotega Health Governance Office, and Suseth Rodríguez Vega, in her capacity as Director of the Carrillo Health Governance Area, or whoever holds those positions, are ordered, within the non-extendable period of ONE MONTH from notification of this decision, to definitively resolve, in accordance with health regulations, the noise pollution problem generated by the exporting company and fish market Frumar, to enforce the decision, and to notify the appellants of the decisions issued in that regard. In all other respects, the appeal is denied. Said Authorities, or whoever holds their positions, are advised that failure to comply with this order shall constitute the offense of disobedience and that, pursuant to Article 71 of the Law governing this jurisdiction, any person who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo), which that person is required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years or twenty to sixty day-fines (días multa), provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this declaration, which shall be assessed during enforcement of the judgment (ejecución de sentencia) in administrative litigation (contencioso administrativo). Justice Castillo Víquez files a note. Justice Salazar Alvarado files a note. Let notice be given.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the Perpetuo Socorro church).
20250007034299-32950509-1.rtf SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de enero de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-034197-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], pasaporte N° [Valor 001], y [Nombre 002], cédula de residencia N° [Valor 002], contra el MINISTERIO DE SALUD DE FILADELFIA.-
Resultando:
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
En el sub judice, el reclamo de los recurrentes se debe a la supuesta falta de respuesta a unas denuncias por contaminación, todo lo cual, de ser cierto, podría configurar una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida. Por lo tanto, antes de analizar el fondo del presente asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo —instruido de oficio o a instancia de parte— como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante una situación que afecta el medio ambiente y la salubridad pública. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.
Los recurrentes dicen ser vecinos de Carrillo, Playas del Coco, del segundo puente camino a Ocotal 50 metros sur. Explican que la propiedad en la que habitan tiene problemas por el funcionamiento de la empresa Frumar. En este sentido, señalan que existe una filtración de aguas provenientes de dos tanques sépticos, así como vibraciones y contaminación sónica. Afirman haber interpuesto sendas denuncias ante el Área Rectora de Salud de Filadelfia y el Área Rectora de Salud de Liberia, entidades que, si bien realizaron intervenciones, no han solucionado de manera definitiva la problemática denunciada. Señalan que, en consecuencia, interpusieron gestiones ante el Área de Salud de Filadelfia en abril, mayo y junio de 2025. Por su parte, ante el Área Rectora de Salud de Liberia incoaron denuncias en junio, agosto y setiembre. Reclaman que la inacción de esas instancias del Ministerio de Salud ha lesionado sus derechos fundamentales.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Del elenco de hechos probados, se colige que las Autoridades del Ministerio de Salud han sido diligentes en atender la denuncia presentada por los recurrentes en cuanto a la filtración de aguas provenientes de dos tanques sépticos y los malos olores generados, y les han notificado el resultado de sus acciones. En este sentido, se informa que la denuncia N° 0075-2025 fue atendida el 08 de julio de 2025, mediante informe MS-DRRSCH-DARSCAR-ER-IT-0351-2025 de fecha 14 de julio de 2025, verificándose que el establecimiento de Frumar cuenta con un tanque séptico en buen estado, sin grietas o malos olores, un sistemas de drenaje para las aguas pluviales limpio y sin malos olores, sin detectarse aguas residuales, malos olores o acumulación de aguas. Asimismo, no se observaron latas de zinc sueltas.
Sin embargo, la Sala también nota que, en cambio, aunque el Ministerio de Salud sí pudo comprobar que la contaminación sónica generada por el establecimiento de Frumar es real, lo cierto es que esa situación no sido corregida todavía a causa de los constantes incumplimientos de la Pescadería Frumar en producir e implantar un plan de confinamiento eficaz para solucionarla, conforme le ha sido ordenado por medio de las respectivas órdenes sanitarias. En este sentido, se informa que, el 09 de setiembre de 2025, el Equipo de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Carrillo, recibió de parte de la empresa Exportadora Frumar S.A., un documento "Plan de Confinamiento o Mitigación de Ruido" con fecha 5 de setiembre de 2025, que no estaba firmado por un profesional responsable idóneo en confinamiento acústico de estructuras. Igualmente, el 1° de octubre de 2025, el Equipo de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Carrillo recibió de parte de la empresa Frumar un documento de "Plan de Confinamiento o mitigación de Ruido", fechado el 29 de setiembre de 2025, que tampoco venía firmado por un profesional idóneo.
Luego, el 09 de octubre de 2025, el Equipo de Atención al Cliente del Área Rectora de Salud de Carrillo recibió de parte de la empresa Frumar, un documento "Plan de Confinamiento o mitigación de Ruido" de fecha 7 de octubre de 2025, firmado por Alexander Barrantes Rodríguez, Ingeniero Civil IC-6645, que no resultó efectivo.
Aun así, aunque se informa que solamente se permite la presentación máxima de dos planes de confinamiento de ruido, las Autoridades recurridas del Ministerio de Salud de todos modos optaron por mantener firme la orden sanitaria MS-DRRSCH-DARSCAR-OS-0079-2025, notificada el 14 de agosto de 2025 al establecimiento Frumar, y ordenarle nuevamente a los denunciados presentar un segundo Plan de Confinamiento o mitigación para la intervención del inmueble, o de la fuente para reducir el ruido; todo ello, en un plazo de 10 días hábiles. En semejantes condiciones, procede declarar con lugar el recurso porque la Administración ha tolerado, en alguna medida, los citados incumplimientos.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante el Ministerio de Salud, la problemática de filtración de aguas negras y residuales en su propiedad, así como complicaciones de contaminación sónica, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a los recurrentes, pero que no ha sido resuelta de forma definitiva.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, únicamente en lo relacionado a las denuncias por contaminación sónica. Se ordena a Hilda Barrantes Guerrero, en condición de directora regional de Rectoría de la Salud Chorotega, y Suseth Rodríguez Vega, en su carácter de directora del Área Rectora de Salud de Carrillo, o a quienes ocupen eso cargos, que en el término improrrogable de UN MES, contado a partir de la notificación de esta resolución, resuelvan de forma definitiva, conforme a la normativa de salud, al problema de contaminación sónica generado por la empresa exportadora y pescadería Frumar, ejecuten lo resuelto y le notifiquen a los recurrentes las resoluciones que se dicten en ese sentido. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se les advierte a dichas Autoridades, o a quienes ocupen sus cargos, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado y a al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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