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Res. 42066-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/12/2025
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denies the amparo, finding that technical inspections did not verify the alleged environmental or health risks, and that the authorities acted diligently.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo al constatar, mediante inspecciones técnicas, que no se comprobaron los riesgos ambientales ni sanitarios alegados, y que las autoridades actuaron diligentemente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed an amparo action filed by residents of Santa Gertrudis Norte, Grecia, against the Ministry of Health, the Municipality of Grecia, and SENASA. The residents claimed that a property housing farm animals (horses, donkeys, a pig, sheep, chickens, and dogs) generated foul odors, proliferation of flies, cockroaches, and rodents, disturbing noises, and fecal waste discharge into sewers and a nearby stream, affecting their health. The Chamber noted that the authorities conducted multiple inspections before and after the complaints, including joint visits. All inspections confirmed the absence of offensive odors, vectors, anomalous noises, or conditions posing a health or environmental risk; the animals were in adequate welfare conditions and the activity held a current veterinary operating certificate. Manure management was proper (daily collection and transfer for organic fertilizer) and pest control measures were applied. The Chamber concluded that the claims were unproven, and the authorities acted properly by closing the case without violating the right to a healthy environment. Justices Castillo Víquez and Salazar Alvarado added separate notes on jurisdiction and the exception for hearing the case due to alleged fundamental rights violations.La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo presentado por vecinos de Santa Gertrudis Norte de Grecia contra el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Grecia y SENASA. Los recurrentes denunciaban que una propiedad con animales de granja (caballos, burros, cerdo, ovejas, gallinas y perros) generaba malos olores, proliferación de moscas, cucarachas y roedores, ruidos molestos y vertido de desechos fecales a alcantarillado y quebrada, afectando su salud. La Sala constata que las autoridades realizaron múltiples inspecciones antes y después de las denuncias, coordinando visitas conjuntas. En todas se verificó que no existían olores ofensivos, vectores, ruidos anómalos ni condiciones de riesgo sanitario o ambiental; los animales se encontraban en condiciones adecuadas de bienestar y la actividad contaba con certificado veterinario vigente. El manejo de excretas era adecuado (recolección y traslado para abono orgánico) y se aplican medidas de control de plagas. La Sala concluye que no se demostraron los hechos alegados, por lo que las autoridades actuaron correctamente al cerrar el caso, sin vulnerar el derecho al ambiente sano. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado añaden notas sobre la competencia y la excepción para conocer del caso por la afectación a derechos fundamentales.
Key excerptExtracto clave
IV.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, set forth in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is an appropriate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which makes it necessary for the Public Powers to intervene on factors that may alter its balance and hinder the person's development in a healthy environment. The State becomes the guarantor of the protection and guardianship of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State; therefore, regarding environmental protection, the functions of rectoría, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, through the various administrative agencies. V.- ON THE SPECIFIC CASE. In the matter at hand, the petitioners, residents of the Santa Gertrudis Norte area of Grecia, claim that on October 22, 2025, they filed a complaint with the Municipality of Grecia requesting intervention due to environmental and health problems occurring on a property that keeps farm animals... In this regard, as shown in the report submitted by the Ministry of Health authority... since June 6, 2025, when complaint No. 131‑2025 was filed with the Ministry of Health for alleged health impacts related to the keeping of animals on the property... the respondent authorities conducted successive inspections; namely, on June 19, July 28, both in 2025, and in subsequent visits coordinated with SENASA and the Municipality of Grecia, in which the absence of offensive odors, vector proliferation, anomalous noises, or conditions posing a health or environmental risk was repeatedly confirmed. Likewise, the technical reports issued by the authorities concluded that the activity held a current Veterinary Operation Certificate, that the animals were in adequate welfare conditions, and that there were no sanitary violations and the alleged facts were not verified, recommending closure of the case. Thus, this Court holds it as proven, as shown in the record, that the respondent authorities, prior to notification of the order initiating this proceeding, carried out a series of actions to address the complaints filed, and that, contrary to the petitioners' claims, none of the alleged facts were observed, which led to the closure of the case. All of the above has been duly notified to the petitioners. Therefore, it is appropriate to dismiss the amparo.IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50, de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, los recurrentes vecinos de la zona de Santa Gertrudis Norte de Grecia, aseguran que el 22 de octubre de 2025 presentaron una denuncia ante la Municipalidad de Grecia en la que solicitaron intervención por los problemas ambientales y sanitarios que ocurren en una propiedad, que mantiene una actividad de tenencia de animales de granja... Al respecto, según se desprende del informe rendido por la autoridad del Ministerio de Salud... que desde el 06 de junio de 2025, cuando se presentó la denuncia N° 131‑2025 ante el Ministerio de Salud por presuntas afectaciones sanitarias relacionadas con el manejo de animales en la propiedad... las autoridades recurridas realizaron sucesivas inspecciones; a saber, el 19 de junio, el 28 de julio ambas de 2025 y en posteriores visitas coordinadas con SENASA y la Municipalidad de Grecia, en las que reiteradamente se constató la ausencia de olores ofensivos, proliferación de vectores, ruidos anómalos o condiciones de riesgo sanitario o ambiental. Asimismo, los informes técnicos emitidos por las autoridades concluyeron que la actividad contaba con certificado Veterinario de Operación, que los animales se encontraban en condiciones adecuadas de bienestar y que no existían infracciones sanitarias ni se verificaron los hechos denunciados, recomendándose el cierre del caso. Así, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que las autoridades recurridas previo a la notificación de la resolución de curso de este proceso, han realizado una serie de actuaciones para atender las denuncias planteadas, y que contrario a lo alegado por los recurrentes no se observaron ninguno de los hechos alegados, lo que llevó al cierre del caso. Todo lo anterior, ha sido debidamente notificado a los recurrentes. Por lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
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"La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano."
"Environmental protection is an appropriate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which makes it necessary for the Public Powers to intervene on factors that may alter its balance and hinder the person's development in a healthy environment."
Considerando IV
"La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano."
Considerando IV
"reiteradamente se constató la ausencia de olores ofensivos, proliferación de vectores, ruidos anómalos o condiciones de riesgo sanitario o ambiental."
"the absence of offensive odors, vector proliferation, anomalous noises, or conditions posing a health or environmental risk was repeatedly confirmed."
Considerando V
"reiteradamente se constató la ausencia de olores ofensivos, proliferación de vectores, ruidos anómalos o condiciones de riesgo sanitario o ambiental."
Considerando V
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Constitutional Chamber Date of Resolution: 7:30 a.m. on December 19, 2025 Case File: 25-035309-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal Judgment with protected data, in accordance with current regulations CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on December nineteenth, two thousand twenty-five.
An amparo appeal processed in case file No. 25-035309-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], [Name 003], identity card [Value 002], [Name 004], identity card [Value 003], [Name 005]., [Name 006], identity card [Value 004], [Name 007], identity card [Value 005], [Name 008], identity card [Value 006], [Name 009], identity card [Value 007], [Name 010], identity card [Value 008], [Name 011], identity card [Value 009], [Name 012], identity card [Value 010], [Name 013], identity card [Value 011], [Name 014], identity card [Value 012], [Name 015], identity card [Value 013], [Name 016], identity card [Value 014], [Name 017], identity card [Value 015], [Name 018], identity card [Value 016], [Name 019], identity card [Value 017], against the MINISTRY OF HEALTH, MUNICIPALITY OF GRECIA, and the NATIONAL ANIMAL HEALTH SERVICE (SENASA).
WHEREAS:
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,
WHEREAS:
Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative-contentious jurisdiction - with some exceptions - those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Public Administration Law (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure - initiated ex officio or upon petition of a party - or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception is raised, as this involves the lack of resolution of an environmental and sanitary complaint. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
The appellants, residents of the Santa Gertrudis Norte de Grecia area, assert that on October 22, 2025, they filed a complaint before the Municipality of Grecia requesting intervention regarding environmental and sanitary problems occurring on a property that maintains the activity of keeping farm animals (nine horses, five donkeys, one pig, two lambs, fifteen hens, and two dogs); however, they have not received a formal response, nor have concrete actions been taken to cease the reported contamination. On the other hand, they indicate that they have reported the sanitary problems of said farm to the Ministry of Health, but said ministry has declined to act based on the argument that it falls under SENASA's jurisdiction. Finally, they denounce that, although SENASA has verified sanitary irregularities, such as the lack of a waste management plan and vector control, it merely limited itself to issuing a sanitary order, without guaranteeing its compliance.
Of importance for the decision of this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent omitted to refer to them according to what was ordered in the initial writ:
On June 6, 2025, through the Ministry of Health's unified complaint form, the Directorate of the Grecia Health Governing Area received a complaint filed by the amparo petitioners, which was assigned No. 131-2025. In said complaint, they expressed concern about alleged sanitary effects linked to the presence and management of animals on the property of Yuliana Alondra Araya Solís and Marvin Durán Rojas, located in the district of San José de Grecia (see reports rendered and evidence provided by the respondent authorities). On June 19, 2025, the Ministry of Health authorities conducted an initial inspection of the denounced property (see reports rendered and evidence provided by the respondent authorities). As a result of that action, through technical report No. MS-DRRSCN-URS-IT-727-2025, signed by Master Ana Lucrecia Hernández Campos, Regional Environmental Manager, it was indicated that: "no offensive odors or proliferation of flies or other vectors were identified, and no accumulation of waste representing a sanitary risk was observed.
Mr. Durán Rojas indicated that he had removed previously accumulated excreta for use as organic fertilizer, which coincided with what was observed. Regarding the sound aspect, no unusual or continuous noises were recorded during the visit, beyond isolated vocalizations typical of normal animal behavior." Said technical report recommended: "1. Refer the case to the office of the National Environmental Health Service (SENASA) so that, in the exercise of its competencies, a joint inspection be coordinated with Ministry of Health officials, so that the physical-sanitary conditions of the place where the denounced animals are stabled can be assessed, and so that the SENASA authorities can assess the physical conditions of the referenced animals" (see reports rendered and evidence provided by the respondent authorities). On July 28, 2025, the Ministry of Health and SENASA conducted a joint inspection to broaden the assessment of the site where the animals subject to the complaint are located.
During said visit: "it was verified that the activity had a current Veterinary Operation Certificate, and that the animals, including horses, donkeys, a sow, lambs, dogs, and poultry, were in adequate welfare conditions, with food, water, shelter, and veterinary care. It was verified that excreta are collected daily and transported for use as organic fertilizer, and that pest control measures are applied. Likewise, no offensive odors or presence of vectors were perceived." The results were recorded in SENASA VISIT SHEET No. 0360719 and in TECHNICAL REPORT MS-DRRSCN-URS-IT-798-2025, signed by Master Lucrecia Hernández Campos, dated August 11, 2025, in which it was concluded: "1. The activity has a Veterinary Operation Certificate to be able to keep all the animals found at the site. 2. No risk conditions were found for the health of people or the environment. 3. The aspects indicated in the complaint were not verified, neither regarding the handling of excrement, nor regarding animal keeping," recommending the closure of the case as no sanitary infractions were found (see reports rendered and evidence provided by the respondent authorities).
On October 22, 2025, the appellants filed an environmental complaint before the Municipality of Grecia, in which they presented the existence of strong odors, loud noises, air pollution, residue burning, high proliferation of insects such as flies and cockroaches, presence of rodents, and excessive dust due to the large quantity of farm animals within the property of Mrs. Yuliana Alondra Araya Solís (see reports rendered and evidence provided by the respondent authorities). On that same date, the Licensing Department of the Municipality of Grecia conducted an inspection at the site, accompanied by municipal inspector Elian Piedra. Said inspection concluded that: "the development of a commercial activity or signage for such purpose was not observed, and the owner stated that the animals are her property. This conclusion limits municipal action under the Licensing Law" (see reports rendered and evidence provided by the respondent authorities).
Subsequently, by official letter No. IDC-190-2025, dated November 14, 2025, the respondent authority provided a response to the appellants, informing them about the coordination of a site visit with the Ministry of Health and SENASA (see reports rendered and evidence provided by the respondent authorities). After the notification of the initial writ, by Official Letter IDC-204-2025 of December 3, 2025, the Mayor's Office was informed that active coordination is underway with the National Animal Health Service (SENASA) and the Ministry of Health to conduct a joint inspection (see reports rendered and evidence provided by the respondent authorities). Through technical report No. MS-DRRSCN-DARSG-3498-2025, the Grecia Health Governing Area reported that, during the visit, the following were observed: "1. The existence of livestock pens and a stable with 9 horses, 5 donkeys, 1 sow, 2 sheep, 5 dogs, 2 rabbits, and approximately 20 hens, all with adequate food, water, shade, and shelter. 2.
The floors of the pens were clean, limed, and with application of products for controlling flying vectors and rodents, with no presence of fresh feces, and the recent application of vector control products was identified. 3. No feces, excreta, or accumulation of urine were observed; no offensive odors were perceived. 4. Packaged hay and solid waste collected in a cart for daily transport to a coffee farm were observed. 5. Presence of drainage for animal wash water and maintenance of dry bedding in pens." Additionally, it was indicated that "once again, no offensive odors or presence of vectors were perceived, nor were conditions representing a sanitary risk observed. The vocalizations heard corresponded to the natural behavior of the animals, with no evidence of continuous, intense, or irregular sound emissions," concluding that the facts alleged by the appellant concerning the presence of environmental contamination at the referenced location were not evidenced (see reports rendered and evidence provided by the respondent authorities).
On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of Public Powers on factors that can alter its balance and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The State is the guarantor in the protection and guardianship of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activity constitutes an essential function of the State, and therefore, regarding environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, through various administrative agencies.
In the sub lite, the appellants, residents of the Santa Gertrudis Norte de Grecia area, assert that on October 22, 2025, they filed a complaint before the Municipality of Grecia requesting intervention regarding environmental and sanitary problems occurring on a property that maintains the activity of keeping farm animals (nine horses, five donkeys, one pig, two lambs, fifteen hens, and two dogs); however, they have not received a formal response, nor have concrete actions been taken to cease the reported contamination. On the other hand, they indicate that they have reported the sanitary problems of said farm to the Ministry of Health, but said ministry has declined to act based on the argument that it falls under SENASA's jurisdiction.
Finally, they denounce that, although SENASA has verified the sanitary irregularities, such as the lack of a waste management plan and vector control, it merely limited itself to issuing a sanitary order, without guaranteeing its compliance.
In this regard, as is evident from the report rendered by the authority of the Ministry of Health—given under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—since June 6, 2025, when complaint No. 131‑2025 was filed before the Ministry of Health for alleged sanitary impacts related to the management of animals on the property of Araya Solís and Durán Rojas, the respondent authorities conducted successive inspections; namely, on June 19, July 28, both in 2025, and in subsequent visits coordinated with SENASA and the Municipality of Grecia, in which the absence of offensive odors, proliferation of vectors, anomalous noises, or conditions of sanitary or environmental risk was repeatedly verified. Likewise, the technical reports issued by the authorities concluded that the activity had a Veterinary Operation certificate, that the animals were in adequate welfare conditions, and that there were no sanitary infractions, nor were the denounced facts verified, recommending the closure of the case.
Thus, this Court holds as demonstrated, as is evident from the case file, that the respondent authorities, prior to the notification of the resolution processing this proceeding, carried out a series of actions to address the complaints raised, and that, contrary to what was alleged by the petitioners, none of the alleged facts were observed, which led to the closure of the case. All of the foregoing has been duly notified to the petitioners. Therefore, the appropriate course of action is to dismiss the appeal.
I have supported this Court’s thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in the remaining cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater scope, their disagreements. However, when a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as occurs in this case, in which the protection of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life is at stake, due to apparent contamination by animal waste, which causes bad odors and affects the health of the neighbors.
The parties are warned that, if they have submitted any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE:
The appeal is dismissed. Judges Castillo Víquez and Salazar Alvarado set forth separate notes.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 25-035309-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 005]., [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 004], [Nombre 007], cédula de identidad [Valor 005], [Nombre 008], cédula de identidad [Valor 006], [Nombre 009], cédula de identidad [Valor 007], [Nombre 010], cédula de identidad [Valor 008], [Nombre 011], cédula de identidad [Valor 009], [Nombre 012], cédula de identidad [Valor 010], [Nombre 013], cédula de identidad [Valor 011], [Nombre 014], cédula de identidad [Valor 012], [Nombre 015], cédula de identidad [Valor 013], [Nombre 016], cédula de identidad [Valor 014], [Nombre 017], cédula de identidad [Valor 015], [Nombre 018], cédula de identidad [Valor 016], [Nombre 019], cédula de identidad [Valor 017], contra el MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE GRECIA, SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA).
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la falta de resolución de una denuncia ambiental y sanitaria. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
Los recurrentes vecinos de la zona de Santa Gertrudis Norte de Grecia, aseguran que el 22 de octubre de 2025 presentaron una denuncia ante la Municipalidad de Grecia en la que solicitaron intervención por los problemas ambientales y sanitarios que ocurren en una propiedad, que mantiene una actividad de tenencia de animales de granja (nueve caballos, cinco burros, un cerdo, dos borregos, quince gallinas, y dos perros); sin embargo, no han recibido una respuesta formal ni se han realizado acciones concretas para cesar la contaminación denunciada. Por otro lado, señalan que han denunciado ante el Ministerio de Salud los problemas de salubridad de dicha granja, pero dicho ministerio se ha inhibido de actuar con el argumento de que le compete a SENASA. Por último, denuncian que, a pesar de que SENASA ha constatado las irregularidades sanitarias, como falta de plan de manejo de desechos y control de vectores, únicamente se limitó a emitir una orden sanitaria, sin garantizar su cumplimiento.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
El 06 de junio de 2025, mediante el formulario unificado de denuncias del Ministerio de Salud, la Dirección del Área Rectora de Salud de Grecia recibió una denuncia presentada por los amparados, a la cual se le asignó el N° 131-2025. En dicha denuncia, manifestaron su preocupación por presuntas afectaciones sanitarias vinculadas con la presencia y manejo de animales en la propiedad de Yuliana Alondra Araya Solís y Marvin Durán Rojas, ubicada en el distrito de San José de Grecia (véanse informes rendidos y prueba aportada por las autoridades recurridas). El 19 de junio de 2025, las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una inspección inicial en la propiedad denunciada (véanse informes rendidos y prueba aportada por las autoridades recurridas). Como resultado de esa actuación, mediante informe técnico N.° MS-DRRSCN-URS-IT-727-2025, suscrito por la Máster Ana Lucrecia Hernández Campos, Gestora Ambiental Regional, se indicó que: “no se identificaron olores ofensivos ni proliferación de moscas u otros vectores, y no se observó acumulación de desechos que representara un riesgo sanitario.
El señor Durán Rojas indicó que había retirado excretas previamente acumuladas para utilizar como abono orgánico, lo cual coincidió con lo observado. Respecto al aspecto sonoro, durante la visita no se registraron ruidos inusuales o continuos, más allá de vocalizaciones aisladas propias del comportamiento normal de los animales”. En dicho informe técnico se recomendó: “1. Remitir el caso a la oficina del Servicio Nacional de Salud Ambiental (SENASA) para que, en el ejercicio de sus competencias, se coordine inspección conjunta con los funcionarios del Ministerio de Salud, para que sean valoradas las condiciones físico sanitarias del lugar del lugar en donde se encuentran estabulados los animales denunciados y para que las autoridades de SENASA valoren las condiciones físicas de los animales de referencia” (véanse informes rendidos y prueba aportada por las autoridades recurridas). El 28 de julio de 2025, el Ministerio de Salud y el SENASA realizaron una inspección conjunta para ampliar la valoración del sitio en donde se encuentran los animales objeto de la denuncia.
Durante dicha visita: “se verificó que la actividad contaba con Certificado Veterinario de Operación vigente, y que los animales entre ellos caballos, burros, cerda, corderos, perros y aves de corral, se encontraban en condiciones adecuadas de bienestar, con alimento, agua, refugio y atención veterinaria. Se constató que las excretas se recolectan diariamente y se trasladan para su uso como abono orgánico, y que se aplican medidas de control de plagas. De igual forma, no se percibieron olores ofensivos ni presencia de vectores”. Los resultados quedaron consignados en la HOJA DE VISITA SENASA N.° 0360719 y en el INFORME TÉCNICO MS-DRRSCN-URS-IT-798-2025, suscrito por la Máster Lucrecia Hernández Campos, de fecha 11 de agosto de 2025, en el cual se concluyó: “1. La actividad posee Certificado Veterinario de Operación para poder tener todos los animales encontrados en el sitio. 2. No se encontraron condiciones de riesgo para la salud de las personas ni el ambiente. 3.
No se comprobaron los aspectos indicados en la denuncia, ni en cuanto al manejo de los excrementos, ni en cuanto a la tenencia de los animales”, recomendándose el cierre del caso al no encontrarse infracciones sanitarias (véanse informes rendidos y prueba aportada por las autoridades recurridas). El 22 de octubre de 2025, los recurrentes presentaron una denuncia ambiental ante la Municipalidad de Grecia, en la que expusieron la existencia de fuertes olores, ruidos fuertes, contaminación de aire, quemas de residuos, alta proliferación de insectos como moscas y cucarachas, presencia de roedores y polvo excesivo debido a la gran cantidad de animales de granja dentro de la propiedad de la señora Yuliana Alondra Araya Solís (véanse informes rendidos y prueba aportada por las autoridades recurridas). En esa misma fecha, el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Grecia realizó una inspección en el sitio, en compañía del inspector municipal Elian Piedra.
En dicha inspección se concluyó que: “no se observó el desarrollo de una actividad comercial ni rotulación a tal fin, y que la propietaria manifestó que los animales son de su propiedad. Esta conclusión limita la acción municipal bajo la Ley de Patentes” (véanse informes rendidos y prueba aportada por las autoridades recurridas). Posteriormente, mediante oficio N° IDC-190-2025, de fecha 14 de noviembre de 2025, la autoridad recurrida brindó respuesta a los recurrentes, informándoles sobre la coordinación de una visita al sitio con el Ministerio de Salud y el SENASA (véanse informes rendidos y prueba aportada por las autoridades recurridas). Luego de la notificación del auto de curso, mediante Oficio IDC-204-2025 del 03 de diciembre de 2025, se informó a la Alcaldía que se está en coordinación activa con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Ministerio de Salud para realizar una inspección conjunta (véanse informes rendidos y prueba aportada por las autoridades recurridas).
A través del informe técnico N.° MS-DRRSCN-DARSG-3498-2025, el Área Rectora de Salud de Grecia informó que, durante la visita, se observaron: “1. La existencia de corrales y cuadra con 9 caballos, 5 burros, 1 cerda, 2 ovejas, 5 perros, 2 conejos y aproximadamente 20 gallinas, todos ellos con alimento, agua, sombra y refugio adecuados. 2. Los pisos de los corrales se encontraban limpios, encalados y con aplicación de productos para control de vectores voladores y roedores, sin presencia de heces frescas y se identificó la aplicación reciente de productos para control de vectores. 3. No se observaron heces, excretas ni acumulación de orina; no se percibieron olores ofensivos. 4. Se observó heno empacado y residuos sólidos recogidos en carreta para transporte diario a finca cafetalera. 5. Presencia de drenaje para aguas de lavado de animales y mantenimiento de cama seca en corrales”. Adicionalmente, se indicó que “una vez más, no se percibieron olores ofensivos ni presencia de vectores, ni se observaron condiciones que representaran riesgo sanitario.
Las vocalizaciones escuchadas correspondieron al comportamiento natural de los animales, sin evidencia de emisiones sonoras continuas, intensas o irregulares”, por lo que se concluyó que no se evidenciaron los hechos alegados por el recurrente referentes a la presencia de contaminación ambiental en el lugar de referencia (véanse informes rendidos y prueba aportada por las autoridades recurridas).
En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50, de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.
En el sub lite, los recurrentes vecinos de la zona de Santa Gertrudis Norte de Grecia, aseguran que el 22 de octubre de 2025 presentaron una denuncia ante la Municipalidad de Grecia en la que solicitaron intervención por los problemas ambientales y sanitarios que ocurren en una propiedad, que mantiene una actividad de tenencia de animales de granja (nueve caballos, cinco burros, un cerdo, dos borregos, quince gallinas, y dos perros); sin embargo, no han recibido una respuesta formal ni se han realizado acciones concretas para cesar la contaminación denunciada. Por otro lado, señalan que han denunciado ante el Ministerio de Salud los problemas de salubridad de dicha granja, pero dicho ministerio se ha inhibido de actuar con el argumento de que le compete a SENASA. Por último, denuncian que, a pesar de que SENASA ha constatado las irregularidades sanitarias, como falta de plan de manejo de desechos y control de vectores, únicamente se limitó a emitir una orden sanitaria, sin garantizar su cumplimiento Al respecto, según se desprende del informe rendido por la autoridad del Ministerio de Salud -que se tiene dado bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción-, que desde el 06 de junio de 2025, cuando se presentó la denuncia N° 131‑2025 ante el Ministerio de Salud por presuntas afectaciones sanitarias relacionadas con el manejo de animales en la propiedad de Araya Solís y Durán Rojas, las autoridades recurridas realizaron sucesivas inspecciones; a saber, el 19 de junio, el 28 de julio ambas de 2025 y en posteriores visitas coordinadas con SENASA y la Municipalidad de Grecia, en las que reiteradamente se constató la ausencia de olores ofensivos, proliferación de vectores, ruidos anómalos o condiciones de riesgo sanitario o ambiental.
Asimismo, los informes técnicos emitidos por las autoridades concluyeron que la actividad contaba con certificado Veterinario de Operación, que los animales se encontraban en condiciones adecuadas de bienestar y que no existían infracciones sanitarias ni se verificaron los hechos denunciados, recomendándose el cierre del caso.
Así, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que las autoridades recurridas previo a la notificación de la resolución de curso de este proceso, han realizado una serie de actuaciones para atender las denuncias planteadas, y que contrario a lo alegado por los recurrentes no se observaron ninguno de los hechos alegados, lo que llevó al cierre del caso. Todo lo anterior, ha sido debidamente notificado a los recurrentes. Por lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que está de por medio la tutela del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida, por aparente contaminación mediante desechos animales, lo que provoca malos olores, y afecta la salud de los vecinos.
Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Castillo Víquez y magistrado Salazar Alvarado, consignan notas por separado.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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