Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 37611-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/11/2025

Right to petition regarding school and noise pollutionDerecho de petición sobre centro educativo y contaminación sónica

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

Partially granted against the Municipality of San José, ordering a response to the first point of the request, and granted against the MEP without an award of costs.Se declara parcialmente con lugar contra la Municipalidad de San José, ordenando responder el primer punto de la solicitud, y con lugar contra el MEP sin condenatoria en costas.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by an elderly neighbor and her husband against the Municipality of San José and the Ministry of Public Education (MEP). The petitioners requested information about the Kanely de Colores Educational Center, adjacent to their home, due to alleged noise pollution seriously affecting their health. The petitioner asked the Municipality for data on complaints against the center and a copy of the land-use permit file; and asked the MEP for clarification on the center's legal status and infrastructure approval. They claim that neither institution responded in a timely manner, violating their fundamental rights. The Chamber finds that the Municipality breached its duty to respond within ten business days, replying only after being notified of the amparo, and that the MEP also responded late—eight months after the request. The appeal is partially granted against the Municipality, ordering a response to the first point of the request, and granted against the MEP for violation of Article 41 of the Constitution, although without an award of costs or damages, by majority. The Municipality is ordered to pay costs and damages.La Sala Constitucional conoce recurso de amparo interpuesto por una vecina y su esposo, personas adultas mayores, contra la Municipalidad de San José y el Ministerio de Educación Pública (MEP). Los recurrentes solicitaron información sobre el Centro Pedagógico Kanely de Colores, colindante a su vivienda, por presunta contaminación sónica que afecta gravemente su salud. La recurrente pidió a la Municipalidad datos sobre denuncias contra el centro y copia del expediente de uso de suelo; y al MEP, aclaración sobre la situación legal del centro y la aprobación de su infraestructura. Alegan que ninguna institución respondió oportunamente, lesionando sus derechos fundamentales. La Sala determina que la Municipalidad incumplió su deber de respuesta dentro del plazo de diez días hábiles, contestando solo tras la notificación del amparo, y que el MEP también respondió tardíamente, ocho meses después de la gestión. Se declara parcialmente con lugar contra la Municipalidad, ordenando responder el primer punto de la solicitud, y con lugar contra el MEP por violación al artículo 41 constitucional, aunque sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, por mayoría. Se condena a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

VIII.- Conclusion. Thus, the constitutional violation being proven in the terms stated, the appeal must be partially granted against the Municipality of San José regarding the first question of the request filed, and as for the second point, the amparo is dismissed. As for the MEP, the appeal is granted, although without a special award as explained below, since the petitioner's request has already been addressed. VIII.- Regarding the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the present case, in accordance with the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable”), the estimation should be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is express text in the law that requires the operative part of the judgment to state that the appeal is granted when, during the amparo proceedings, the grievance is resolved, it is no less true that the same paragraph in fine provides that the estimation is issued “solely for purposes of compensation and costs, if applicable”. It is emphasized that the Law states “if applicable”, which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, evaluation, or weighing by the Court. Therefore: The appeal is partially granted against the Municipality of San José and only regarding the first point of the information request filed by the petitioner. Regarding the Ministry of Public Education, the appeal is granted, without a special award of costs, damages, and losses, in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.VIII.- Conclusión. Así las cosas, al acreditarse la infracción constitucional en los términos dichos, el recurso debe ser declarado parcialmente con lugar contra la Municipalidad de San José respecto a la primera pregunta de la gestión presentada y en lo que corresponde al segundo punto, se desestima el amparo. En cuanto el MEP, se declara con lugar el recurso, aunque sin especial condenatoria como se explica a continuación, pues ya se atendió la gestión de la recurrente. VIII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso contra la Municipalidad de San José y solo en cuanto al primer punto de la solicitud de información presentada por la recurrente. Respecto al Ministerio de Educación Pública, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Esta Sala ha señalado que en caso de que la Administración no pueda responder de forma definitiva la gestión en el plazo de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo dispone el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, está obligada a explicar las razones y motivos por las cuales no puede cumplir con lo pedido, explicación formal que deberá ser profusa y detallada con el objeto que el peticionario sea informado del trámite que ha seguido su gestión, para lo cual, incluso, deberá señalar un plazo en el que se le estará facilitando la información."

    "This Chamber has indicated that in the event that the Administration cannot definitively respond to the request within ten days of receipt of the petition, as provided in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, it is obliged to explain the reasons and grounds why it cannot comply with the request, a formal explanation that must be thorough and detailed so that the petitioner is informed of the progress of their request, for which purpose it must even indicate a deadline by which the information will be provided."

    Considerando VI

  • "Esta Sala ha señalado que en caso de que la Administración no pueda responder de forma definitiva la gestión en el plazo de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo dispone el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, está obligada a explicar las razones y motivos por las cuales no puede cumplir con lo pedido, explicación formal que deberá ser profusa y detallada con el objeto que el peticionario sea informado del trámite que ha seguido su gestión, para lo cual, incluso, deberá señalar un plazo en el que se le estará facilitando la información."

    Considerando VI

  • "En ese contexto, se estima que el cabildo recurrido infringió el derecho de petición y pronta respuesta (artículo 27 de la Constitucional Política), en perjuicio de la recurrente, debido a la demora en atender lo peticionado, por lo que se considera procedente el amparo."

    "In this context, it is considered that the respondent municipal council infringed the right to petition and prompt response (Article 27 of the Political Constitution), to the detriment of the petitioner, due to the delay in addressing the request, and therefore the amparo is deemed appropriate."

    Considerando VI

  • "En ese contexto, se estima que el cabildo recurrido infringió el derecho de petición y pronta respuesta (artículo 27 de la Constitucional Política), en perjuicio de la recurrente, debido a la demora en atender lo peticionado, por lo que se considera procedente el amparo."

    Considerando VI

  • "el plazo que transcurrió para que se atendiera la gestión de la recurrente, superior a ocho meses, resulta irrazonable."

    "The time that elapsed for the petitioner's request to be addressed—more than eight months—is unreasonable."

    Considerando VII

  • "el plazo que transcurrió para que se atendiera la gestión de la recurrente, superior a ocho meses, resulta irrazonable."

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Case File: 25-030250-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  Case File: 25-030250-0007-CO Res. No. 2025037611 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of November, two thousand twenty-five.

An amparo appeal processed in case file number 25-030250-0007-CO, filed by Nombre49293, of legal age, identity card number CED24837, on her own behalf and on behalf of Nombre49294, adult, identity card number CED24838, against the Municipalidad de San José and the Ministerio de Educación Pública.

Whereas:

1.- By a document received in the Secretariat of the Chamber at 09:08 hours on October 2, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Municipalidad de San José and the Ministerio de Educación Pública -MEP- and states that she is an elderly person. On August 28, 2025, she submitted a request for information to the Office of the Mayor of San José, in which she requested: "(...) 1. Please indicate expressly and in detail whether that Municipality has any registered complaints filed against the Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (also Kenely de Nombre99240 S. A.), located at Dirección6454#250 east and 50 north, northwest corner of Dirección6455. This center provides preschool and primary school services and also operates as a Red de Cuido. The place has been operating for 30 years. If complaints exist, please indicate the filing date and the result of each proceeding. 2. In accordance with what is indicated in official communication DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 of August 20, 2025, issued by the Ministerio de Educación Pública, in point a) of page 1 (a photocopy of which I attach), I request a copy of the file that this municipality opened for the approval of the location of the indicated educational center (land-use permit (permiso de uso de suelo)). (...)” (see copy of the request and the proof of remittance provided as evidence). The foregoing, because she and her husband - also an elderly person - are investigating, as they intend to file legal or administrative actions against the Centro Pedagógico Kanely de Colores, a private school that also operates as a red de cuido (daycare), due to the severe noise pollution it produces and that affects them because it borders their dwelling house. She claims that, as of the filing date of this appeal, no response had been given, nor any access provided to the requested information. She considers that the foregoing violates the fundamental rights of the association protected by this appeal.

2.- By resolution at 21:33 hours on October 10, 2025, the Presidency of the Chamber granted leave to proceed with this amparo and ordered the Mayor of San José to submit a report on the facts alleged by the appellant.

3.- By a document received in the Secretariat of the Chamber at 09:01 hours on October 20, 2025, the appellant states the following:

"On the recently past October 17, the Assistant to the Mayor of the Municipalidad de San José notified me of official communication D|CG-642-2025 issued by the head of the Departamento de información Catastral y Geografía of that municipality.

In the first place, an attempt has been made to give a PARTIAL RESPONSE to my request for information because point 1 of my written request was not answered, wherein I requested:

1. Please indicate expressly and in detail whether that Municipality has any registered complaints filed against the Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (also Kenely de Nombre99240 S. A.), located in Hatillo #2, from the Liceo Roberto Brenes Mesén 250 east and 50 north, northwest corner of the Parque de Los Leones. This center provides preschool and primary school services and also operates as a Red de Cuido. The place has been operating for 30 years. If complaints exist, please indicate the filing date and the result of each proceeding.

I affirm that an attempt is being made to give a partial response as point one is not being answered, which represents a mockery of authority since in reality there is TOTAL NON-COMPLIANCE with the duty to respond by the Municipalidad de San José, this by virtue of the fact that I requested:

2. In accordance with what is indicated in official communication DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 of August 20, 2025, issued by the Ministerio de Educación Pública, in point a) of page 1 (a photocopy of which I attach), I request a copy of the file that this municipality opened for the approval of the location of the indicated educational center (land-use permit (permiso de uso de suelo)).

In the official communication from the Departamento de Información Catastral y Geografía, I am not given access to the file indicated by the MEP; only an image is inserted, largely illegible, which leaves my husband and me in total defenselessness and prevents us from exercising an effective defense of our constitutional rights to health and a healthy environment.

This amparo appeal was also filed against the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública (the Chamber has not yet ordered the transfer of the amparo appeal), precisely because neither institution provides a proper response to our desperate request for information, as our health continues to weaken, day by day, due to the behavior of the indicated educational center.

I request that a proper and complete response be ordered from the MEP and the Municipalidad de San José, because, as this Chamber has stated, not just any response releases the Public Administration from liability, since as citizens we have the Right to receive specific, serious, and complete answers.

I attach the MEP's official communication that gave rise to the requests for information that motivated the amparo appeal now being heard, and it should be verified that the Mayor's Office is not giving a proper response and that the unmet request for information to the MEP is completely valid." 4.- Luis Diego Miranda Méndez, in his capacity as Mayor of San José, reports under oath (document submitted at 13:49 hours on October 20, 2025) as follows:

"Once the cited resolution was notified, the Dirección de Asuntos Jurídicos of this Municipality proceeded to investigate the matter, forwarding it, along with the Amparo Appeal, to the following dependencies:

1. DAJ-2097-11-2025, sent to Yariela Franciny Quirós Álvarez, Acting Municipal Mayor.

2. DAJ-2101-11-2025, sent to Eng. Guillermo Núñez Quesada, Head of the Departamento de Información Catastral y Geográfica.

REPORT FROM THE COMPETENT DEPENDENCIES:

FIRST: OFFICIAL COMMUNICATION DICG-644-2025, signed by Eng. Guillermo Núñez Quesada, Head of the Departamento de Información Catastral y Geográfica, which states the following (…)

SECOND: OFFICIAL COMMUNICATION MSJ-ALCALDIA-4310-2025 signed by Lic. Luis Vega Campos, Assistant to the Mayor, which states the following:

"...By virtue of the foregoing, this Mayor's Office proceeds to comply with the order of the Constitutional Chamber, notifying Mrs. Nombre49293, via official communication MSJ-ALCALDIA-4309-2025, through which official communications DICG-642-2025 and DICG-644-2025, issued by the Departamento de Información Catastral y Geográfica, are provided.

As this Honorable Chamber may appreciate, through this Municipality, via official communication MSJ-ALCALDIA-4309-2025, sent to the email address: ...563, a response was given to the request submitted by the appellant to this Municipality, as is accredited with documentary evidence, which is provided.

This Representation respectfully states to this Chamber that the appellant, in her filing document dated October 2, 2025, visible in the cited electronic file, also filed the Amparo Appeal against the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública.

Consequently, we render the report required by this Chamber with the technical advice: Lic. Luis Vega Campos, Assistant to the Mayor. Regarding the Legal Advice for the response to the Amparo Appeal filed, this Office was assisted by Licenciada Xinia Marín Barrantes, Attorney, from the Dirección de Asuntos Jurídicos.

EVIDENCE To support the Municipality's position in this Appeal, we offer as documentary evidence the following official communications:

• Authority of Lic. Luis Diego Miranda Méndez, Mayor of San José.

• DAJ-2097-11-2025, sent to Yariela Franciny Quirós Álvarez, Acting Municipal Mayor.

• DAJ-2101-11-2025, sent to Eng. Guillermo Núñez Quesada, Head of the Departamento de Información Catastral y Geográfica.

• MSJ-ALCALDIA-3669-2025, sent by Lic. Luis Vega Campos, to Eng. Guillermo Núñez Quesada, Head of the Departamento de Información Catastral y Geográfica.

• Official Communication DICG-642-2025, signed by Eng. Guillermo Núñez Quesada, Head of the Departamento de Información Catastral y Geográfica.

• Official Communication DICG-644-2025, signed by Eng. Guillermo Núñez Quesada, Head of the Departamento de Información Catastral y Geográfica.

• MSJ-ALCALDIA-4309-2025, signed by Lic. Luis Vega Campos, Assistant to the Mayor.

• MSJ-ALCALDIA-4310-2025, signed by Lic. Luis Vega Campos, Assistant to the Mayor.

PETITION In accordance with the foregoing, in this Report, we respectfully request the Honorable Magistrates to declare the appeal without merit in all its aspects, since the alleged and imputed constitutional violations that are the basis for this action do not occur in this case, and the municipal action conforms to the constitutional order and the violations indicated by the appellant are not legally admissible, an action that has been carried out in accordance with the provisions established by the Fundamental Charter in the matter and in observance and protection of the Principles it enshrines, mainly due process and defense." 5.- By resolution at 13:40 hours on October 30, 2025, the Investigating Magistrate expanded the appeal against the Director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the MEP based on the following facts:

"FACTS 1.- We have initiated an investigation procedure to file legal and/or administrative actions against the Centro Pedagógico Kenely de Nombre99240 for a severe noise pollution problem that is produced and that affects us because our dwelling house borders that educational center.

2.- My husband and I face health ailments as a result of the excessive noise, as I had surgery for a nodular basal cell carcinoma in my left ear, due to which my sense of hearing was diminished after the operation, this means that my auditory load is borne by my right ear, which makes me sensitive to excessive noise (I provide proof). My husband, an elderly person, is diagnosed with anxiety and receives medications to control his moods. Both ailments force us to take medications, but in no way prevent our health discomfort resulting from the permanent exposure to these excessive noises.

3.- Based on the foregoing and after various unsuccessful conversations with the owners of the private school, which also operates as a red de cuido (daycare), we decided to initiate the necessary administrative actions so that the school owners comply with the provisions contained in Decreto Ejecutivo No.44486 of January 17, 2024, Reglamento para el control del ruido ambiental, in force as of December 20, 2024.

It is for this reason that on August 28, 2025, we submitted documents requesting information essential to continue with the defense of our rights to health and a healthy environment (I provide proof). It can be seen that in the cited request, the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública was asked for the following:

"I, Nombre49293, known in the proceedings, present the following request for information, based on Article 27 of the Political Constitution:

I require clarification of official communication DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 of August 20, 2025, issued by that Ministry, related to the operation of the Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (also Kenely de Nombre99240 S. A.), located at Dirección381# which provides preschool and primary school services and also operates as a Red de Cuido, where it is indicated that:

"Before the DIE, said center does not have a formal administrative file, as it has not processed infrastructure approval requests." Tell me how a private education center can be operating if it does not have the mandatory approval of its infrastructure by the competent authority.

If the school does not have its infrastructure duly reviewed and approved by the competent authority, how is it possible that this office has conducted site visits to address complaints or grievances from some neighbors, according to the log annexed to the official communication, and has not proceeded to initiate the corresponding administrative procedures.

I would appreciate being expressly provided with the legal and technical basis that could support the operation of a private educational center under these conditions.

As a Costa Rican citizen, I have the right to access the indicated information as it is of public interest.

I require the documents and information because my husband and I will initiate administrative and judicial proceedings for acts that are seriously affecting our health.

Finally, I request that, in accordance with the provisions of Article 27 of the Political Constitution, in relation to Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a response to this request for information be given to me within 10 days." 4.- As of the filing date of this appeal, neither of the two public institutions has responded to the request for information (in the case of the MEP, a clarification of vital importance was requested to know the operational status of the private educational center), this prevents us from continuing with the procedures in defense of our constitutional rights to health (right to life, Article of the Political Constitution, as established by this Honorable Court) and to a healthy environment (Article 50 of the Political Constitution).

LEGAL BASIS The facts set forth affect the right to life and health, as well as to a healthy environment, in addition to the Special Protection of the Family and especially of the elderly person, enshrined in Articles 21, 50, and 51 of our Political Constitution.

Regarding the protection of elderly persons, in this case referring to my husband's case, such emphasis has been given that even in the newspaper La Nación in its digital edition of June 14, 2013, it was indicated in the relevant part:

The Constitutional Chamber has accepted amparo appeals to make preferential attention effective. As a result, public institutions must take the necessary measures to guarantee elderly persons preferential access for their procedures and transactions.

PETITION That the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública and the Municipal Mayor of the Municipalidad de San José be ordered to provide an immediate response to the requests submitted since August 28, 2025, and thus be able to continue with the necessary procedures for the protection of our fundamental rights." 6.- Allan Ramírez Solano, in his capacity as Director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the MEP, reports under oath (document submitted at 08:58 hours on November 5, 2025) as follows:

"That through official communication DVM-A-DIE-DS-CP-0049-2025, dated November 3 of this year, a response was provided to what was requested by the appellant via email on November 3 of this year, regarding the Centro Pedagógico Kenely de Colores.

Likewise, attached is official communication DVM-A-DIE-DS-0146-2025, dated November 3 of this year, signed by Arch. Mario Shedden Harris, head of the Departamento de Procesos y Soporte of this Directorate, through which he makes observations regarding the procedure that must be followed in situations such as the one expressed by the appellant.

EVIDENCE Attached are official communications DVM-A-DIE-DS-CP-0049-2025; DVM-A-DIE-DS-0146- 2025 and notification email to the appellant.

PETITION For the aforementioned reasons, I request that this Amparo Appeal be declared without merit, consequently ordering the archiving of the respective case file." 7.- By a document received in the Secretariat of the Chamber at 10:06 hours on November 10, 2025, the appellant states the following:

"The Municipalidad de San José and the Dirección de Infraestructura Educativa of the MEP sent me documents with which they intend to demonstrate that they responded to my requests for information.

Unfortunately, both State institutions mock us, evade their responsibilities, and continue to harm our right to health and a healthy environment. They send us, in a true vicious circle, from office to office, and we do not obtain a file verifying compliance with requirements by the educational center to be able to continue with the defense of our rights.

They do not assume responsibilities, they do not tell us what will happen to that private educational center that is causing us serious damage to our health and that is adjacent to dwelling houses that house sick and elderly people, as is the case with my husband and me.

Based on the foregoing, we respectfully request that both offices be ordered to coordinate, within the timeframe you deem appropriate, what is pertinent so that the relevant verifications are made, the inspections of the physical facilities (infrastructure), and that whatever is legally appropriate for compliance with the laws and regulations be ordered, with due communication to us.

We are exhausted from being mocked, from going from one place to another, from being lied to, and even more so because we are elderly persons with various ailments.

I take the opportunity to attach the discharge summary that I was given at the Hospital San Juan de Dios, where my hearing situation is described.

We deeply appreciate the good disposition of the Chamber." 8.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- On the cognizance of this case for injury to Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-002545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in the case sub judice, an exceptional situation is raised, as it involves a claim before the MEP where what is sought by the appellant is to demand that the educational institution demonstrate that its infrastructure does not endanger her health and that of her husband, and that, allegedly, it has not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- Object of the appeal. The appellant alleges that on February 28, 2025, she submitted requests to the Municipalidad de San José and the Dirección de Infraestructura Educativa of the MEP requesting information about the Centro Pedagógico Kanely de Colores, located at Dirección381# bordering her dwelling house, where she lives with the protected party. However, at the time this appeal was filed, she had not received a response. In a subsequent communication, she stated that the defendant municipality provided a partial response.

III.- Proven facts. Deemed duly proven for the importance of the decision in this matter, either because they have been accredited or because the respondents have omitted to refer to them according to the provisions of the initial order:

  • 1)On August 28, 2025, the appellant requested the Mayor of San José the following: "1. Please indicate expressly and in detail whether that Municipality has any registered complaints filed against the Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (also Kenely de Nombre99240 S. A.), located in Hatillo #2 from the Liceo Roberto Brenes Mesén 250 east and 50 north, northwest corner of the Parque de Los Leones. This center provides preschool and primary school services and also operates as a Red de Cuido. The place has been operating for 30 years. If complaints exist, please indicate the filing date and the result of each proceeding. 2. In accordance with what is indicated in official communication DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 of August 20, 2025, issued by the Ministerio de Educación Pública, in point a) of page 1 (a photocopy of which I attach), I request a copy of the file that this municipality opened for the approval of the location of the indicated educational center (land-use permit (permiso de uso de suelo))" (see copy of the request with received stamp provided by the appellant).
  • 2)On February 28, 2025, the appellant requested the Dirección de Infraestructura Educativa of the MEP the following: "I require clarification of official communication DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 of August 20, 2025, issued by that Ministry, related to the operation of the Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (also Kenely de Nombre99240 S. A.), located at Dirección381# which provides preschool and primary school services and also operates as a Red de Cuido, where it is indicated that: "Before the DIE, said center does not have a formal administrative file, as it has not processed infrastructure approval requests." Tell me how a private education center can be operating if it does not have the mandatory approval of its infrastructure by the competent authority. If the school does not have its infrastructure duly reviewed and approved by the competent authority, how is it possible that this office has conducted site visits to address complaints or grievances from some neighbors, according to the log annexed to the official communication, and has not proceeded to initiate the corresponding administrative procedures. I would appreciate being expressly provided with the legal and technical basis that could support the operation of a private educational center under these conditions" (see copy of the request with received stamp provided by the appellant).
  • 3)On October 15, 2025, the defendant municipal authority was notified of the resolution at 21:33 hours on October 10, 2025, through which this amparo was granted leave to proceed (see the respective notification record).
  • 4)Through official communication No. MSJ-ALCALDIA-4309-2025 of October 17, 2025, Luis Antonio Vega Campos, in his capacity as Assistant to the Mayor of the Municipalidad de San José, communicated to the appellant what is transcribed below: "Dear Madam: Please receive warm greetings from this Municipal Mayor's Office of the city of San José. In compliance with the order of the Constitutional Chamber through resolution at twenty-one hours thirty-three minutes on the tenth of October, two thousand twenty-five, processed under Case File No. 25-030250-0007-CO, in this regard, you are informed: This Mayor's Office proceeds to provide a response to the submitted request and, based on the order of the Constitutional Chamber; attached are official communications DICG-642-2025 and DICG-644-2025, issued by the Departamento de Información Catastral y Geográfica" (see report from the defendant mayor and documentary evidence provided).
  • 5)On October 17, 2025, via email, official communication No. MSJ-ALCALDIA-4309-2025 with the attached data was sent to the appellant (see report from the defendant mayor and documentary evidence provided).
  • 6)On October 30, 2025, at 17:00 hours, the defendant ministerial authority was notified of the resolution at 13:40 hours on that same day, by which the scope of this amparo was expanded (see the respective notification record).
  • 7)Through official communication No. DVM-A-DIE-DS-CP-0049-2025 of November 3, 2025, Johanna Marchena Rodríguez and Mario Enrique Shedden Harris, both from the Departamento de Procesos y Soporte of the Dirección de Infraestructura Educativa of the MEP, responded to the appellant's request regarding the Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (see report from the defendant ministry authority and documentary evidence provided).
  • 8)On November 3, 2025, via email, official communication No. DVM-A-DIE-DS-CP-0049-2025 was sent to the appellant (see report from the defendant ministry authority and documentary evidence provided).

IV.- Unproven fact. The following fact of relevance for the resolution of this amparo is considered unproven.

Sole. That the Municipalidad de San José communicated to the appellant a timeframe for delivering the information requested on August 28, 2025 (see report from the defendant mayor and documentary evidence provided).

V.- Regarding the right to petition and prompt response. The right to petition and prompt response, protected under Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliges public officials to resolve requests from the administered parties within a period of ten business days from the date of submission of such requests, in the absence of another deadline having been set for responding. However, cited Article 32 also provides that, in deciding the petition, the Chamber will assess the reasons adduced to consider that period insufficient, given the circumstances and the nature of the matter, in which case the Administration is always obliged to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a decision. In any event, the duty to resolve does not imply obtaining a favorable or unfavorable response, but it does imply the necessary congruence between the purpose of what was requested and that of what was answered.

VI.- Regarding the request submitted to the Municipalidad de San José. From the report rendered by the defendant authority, given under oath, with timely warning of the consequences provided in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and the documentary evidence provided, it is accredited that, the appellant requested the Mayor of San José on August 28, 2025, the following:

"1. Please indicate expressly and in detail whether that Municipality has any registered complaints filed against the Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (also Kanely de Nombre99240 S. A.), located in Hatillo #2 from the Liceo Roberto Brenes Mesén 250 east and 50 north, northwest corner of the Parque de Los Leones. This center provides preschool and primary school services and also operates as a Red de Cuido. The place has been operating for 30 years. If complaints exist, please indicate the filing date and the result of each proceeding.

2. In accordance with what is indicated in official communication DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 of August 20, 2025, issued by the Ministerio de Educación Pública, in point a) of page 1 (a photocopy of which I attach), I request a copy of the file that this municipality opened for the approval of the location of the indicated educational center (land-use permit (permiso de uso de suelo))".

It is accredited that, through official communication No. MSJ-ALCALDIA-4309-2025 of October 17, 2025, Luis Antonio Vega Campos, in his capacity as Assistant to the Mayor of the Municipalidad de San José, communicated to the appellant what is transcribed below:

"Dear Madam:

Please receive warm greetings from this Municipal Mayor's Office of the city of San José.

In compliance with the order of the Constitutional Chamber through resolution at twenty-one hours thirty-three minutes on the tenth of October, two thousand twenty-five, processed under Case File No. 25-030250-0007-CO, in this regard, you are informed:

This Mayor's Office proceeds to provide a response to the submitted request and, based on the order of the Constitutional Chamber; attached, issued by the Departamento de Información Catastral y Geográfica." It is stated in official communications No. DICG-642-2025 and No. DICG-644-2025 mentioned in the response that: "I inform you that this department has not granted a land-use certificate (certificado de uso del suelo) for the site under consultation. Upon review of the documentation on site, it is determined that there is a land-use certificate (certificado de uso del suelo), issued by Eng. Felipe Cordero, in the year 1995".

Additionally, an image is included.

This Chamber has indicated that in the event the Administration cannot definitively respond to the request within the ten-day period following receipt of the petition, as provided by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it is obliged to explain the reasons and motives why it cannot comply with what was requested, a formal explanation that must be extensive and detailed so that the petitioner is informed of the processing that their request has followed, for which purpose it must, even, indicate a deadline by which the information will be provided. Without it being on record that, in the specific case, the Municipality of San José (Municipalidad de San José) communicated to the appellant, within the ten business-day period, a date for the delivery of the information.

Furthermore, it is on record that the request was addressed in the aspects considered to be appropriate and the referred response was notified after the challenged authority was notified on October 15, 2025, of the resolution issued at 9:33 p.m. on October 10, 2025, by which this amparo was given course. Consequently, in the sub examine, it is demonstrated that the respondent party acted once it had knowledge of the filing of this amparo appeal.

In this context, it is deemed that the respondent municipal council (cabildo) infringed the right of petition and prompt response (Article 27 of the Political Constitution), to the detriment of the appellant, due to the delay in addressing what was requested; therefore, the amparo is deemed appropriate. Regarding the first question of the request, concerning the existence of complaints against the Kanely de Colores Pedagogical Center (Centro Pedagógico Kanely de Colores), no response whatsoever is issued. Hence, it is deemed that the appellant is correct in her claim. Regarding the second petition, it is observed that, on the occasion of this amparo, she was informed of what is transcribed above, and any disagreement with that response or the documentation sent to her shall be raised before the respondent local government (ayuntamiento), since the truth is that she was informed that it “has not granted a land-use certificate (certificado de uso del suelo) to the site under consultation.” VII.- Regarding the request filed before the Educational Infrastructure Directorate of the MEP. The appellant also accuses the Educational Infrastructure Directorate of the MEP (Dirección de Infraestructura Educativa del MEP) of a lack of response to the request she filed on February 28, 2025, through which she requested the following:

“I hereby submit the following request for information, based on Article 27 of the Political Constitution:

I require clarification of official letter DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 of August 20, 2025, issued by that Ministry, related to the operation of the Kanely Pedagogical Center of Nombre99240 (also Kenely of Nombre99240 s. A.), located at Dirección381# which provides preschool and primary services and also operates as a Care Network (Red de Cuido), in that it states:

\"Before the DIE, said center does not have a formal administrative file, since it has not processed infrastructure approval requests.\" Indicate to me how a private education center can be operating if it does not have the mandatory approval of its infrastructure from the competent authority.

If the school does not have the infrastructure duly reviewed and approved by the competent authority, how is it possible that this office has conducted visits to the location to address complaints or grievances from some neighbors, according to the logbook attached to the official letter, and has not proceeded to initiate the corresponding administrative procedures.

I request that the legal and technical basis that could potentially support the operation of a private educational center under these conditions be expressly provided to me.

As a Costa Rican citizen, I have the right to access the indicated information as it is of public interest.

I require the documents and information because my husband and I will file administrative and judicial proceedings for acts that are seriously affecting our health.

Finally, I request that, in accordance with the provisions of Article 27 of the Political Constitution, in relation to Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a response to this request for information be given to me within 10 days.” It is verified that, through official letter No. DVM-A-DIE-DS-CP-0049-2025 of November 3, 2025, Johanna Marchena Rodríguez and Mario Enrique Shedden Harris, both from the Processes and Support Department of the Educational Infrastructure Directorate of the MEP, informed the appellant of what is transcribed below:

“In response to your request dated August 28, 2025, and received in this Department on November 3, 2025, related to the Kenely de Colores Pedagogical Center, I hereby answer your inquiries:

1. Indicate to me how a private education center can be operating if it does not have the mandatory approval of its infrastructure from the competent authority.

In this regard, you are informed that in accordance with an official communication issued by the Private Education Directorate (Dirección de Educación Privada, DEP) via email dated July 30, 2025, at 9:48 a.m. (see attached copy), the Kenely Pedagogical Center of Nombre99240 was accredited through Executive Decree No. 25900-MEP (Decreto Ejecutivo N.º 25900-MEP), a mechanism used in accordance with the legal framework in force at that time, further supported by the Regulation of Private Teaching Centers (Reglamento de Centros Docentes Privados) (Decree No. 24017-MEP, 1995). It is worth emphasizing that, in the cited approval, compliance with the civil and architectural requirements established in the regulatory framework of the time was not verified; therefore, it is clear that this unit had no involvement in this type of decision.

2. If the school does not have the infrastructure obviously reviewed and approved by the competent authority, how is it possible that this office has conducted visits to the location to address complaints or grievances from some neighbors, according to the logbook attached to the official letter, and has not proceeded to initiate the corresponding administrative procedures.

As was indicated to you via official letter DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 dated August 20, 2025, and as stated in official letter CENIFE 2907-2004 dated September 22, 2004, the visit was conducted by the former National Center for Educational Physical Infrastructure (Centro nacional de infraestructura física educativa, CENIFE) in response to a specific neighbor complaint and not as part of a formal infrastructure approval process requested by the educational center, as described in the document; therefore, the only thing it generated was a warning of specific infrastructure non-compliances and the Procedure that the owners of the educational center should follow if they wished to update the compliance of the existing infrastructure.

Note that, since that time, the respective report recommended channeling the complaint to the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the competent authority for inspection and control in noise matters.

3. I request that the legal and technical basis that could potentially support the operation of a private educational center under these conditions be expressly provided to me.

In this regard, it is indicated that according to ARTICLE 1 of the Regulation of Architectural Design Requirements for Buildings for Public and Private Education in Costa Rica (Reglamento de Requerimientos de Diseño Arquitectónico Sobre Edificios para la Educación Pública y Privada en Costa Rica), the competence of this unit is framed within the context of verifying the architectural requirements of buildings for education requested by the state authorities responsible for exercising control, supervision, or oversight powers (Private Teaching Centers Directorate of the Ministry of Public Education, Higher Education Council, or National Council of Private University Higher Education) and does not have the competence to rule on legal requirements that could support the operation of an educational center, for which purpose you may address the Legal Directorate of the Ministry of Public Education (Dirección Jurídica del Ministerio de Educación Pública) directly.

Regarding the technical aspects of the building, you are informed that since no formal application has been made to the DIE by the cited competent authorities, the opening of a technical file by this Directorate is not appropriate; likewise, the Law does not grant this unit the power to accredit, close, or sanction private educational centers. These powers fall upon the aforementioned authorities of the MEP, as well as the governing area of the Ministry of Health and the Municipality of the area.

4. She requires the documents and information because my husband and I will plan administrative and judicial proceedings for acts that are seriously affecting our health.

In this regard, it must be indicated to you that the DIE, through this official letter and the previous one (DVM-ADIE-DS-CP-0044-2025), has already delivered to you all the required information as well as the actions carried out by the former CENIFE; likewise, both now and in 2004, you were informed of the names of the competent agencies that can contribute to your purpose, the respective procedures, as well as the regulatory framework in force regarding educational infrastructure.

It is worth noting that, in the procedure that was delivered to you, it is clearly defined that inquiries with this unit must be made via email ...

It is hoped that your concerns have been clarified.

We remain attentive to any additional questions, and if so, please address them to the cited email.” A response that was communicated to her that same day, but after, on October 30, the respondent ministerial authority was notified of the resolution issued at 1:40 p.m. on that same day, by which the course of this amparo against it was expanded. Due to this, in the judgment of this Chamber, the conduct displayed by the respondent Administration occurred on the occasion of having had knowledge of the filing of this appeal. Furthermore, in the opinion of this Court, the time that elapsed for the appellant's request to be addressed, exceeding eight months, is unreasonable. Consequently, it is deemed that the appellant is correct in her claim, as it is verified that the right protected in Article 41 of the Political Constitution has been infringed.

VIII.- Conclusion. This being the case, upon accrediting the constitutional infringement in the terms stated, the appeal must be declared partially with merit (con lugar) against the Municipality of San José regarding the first question of the presented request, and with respect to the second point, the amparo is dismissed. Regarding the MEP, the appeal is declared with merit, although without special condemnation as explained below, since the appellant's request has already been addressed.

VIII.- On the condemnation for costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the grant of the appeal must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the judgment to indicate that the appeal is declared with merit when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is ordered "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." It is underlined that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Court. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident economic nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: "any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of judgment," where the possibility of assessing whether or not the matter of compensation and costs proceeds is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law, and, furthermore, in due order, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without condemnation for costs, damages, and losses.

IX.- Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that, when the citizen alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who should hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on Section 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional writ of amparo, in all other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-002545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Section 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

X.- DIFFERING REASONS AND PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.

Although I concur with the majority vote, which declares the appeal with merit for violation of the right of petition and prompt response, I consider that it must be granted but imposing on the respondent party the payment of costs, as well as compensation for the damages and losses caused, for the following reasons.

The right of petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obliges public officials to resolve requests from the administered within a period of ten business days from the date of filing such requests, unless a different period for answering has been indicated. However, the cited Article 32 further provides that, in the decision on the petition, the Chamber shall assess the reasons given for considering said period insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obliged to inform the petitioner of the causes for the delay in issuing a ruling. For the purposes of this analysis, it is relevant to keep in mind what is indicated by the aforementioned norms.

Article 27 of the Political Constitution establishes the following:

"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution are guaranteed." For its part, Section 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the following:

"When the amparo refers to the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and no deadline for answering has been set, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision on the appeal, the reasons given for considering that period insufficient shall be assessed, taking into account the circumstances and the nature of the matter." In the same vein, in the Law Regulating the Right of Petition No. 9097 of October 26, 2012, it is established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is of relevance to keep in mind what is indicated in Section 6 of said regulation:

"Filing of writings and response period.

The writing presenting the petition and any other documents and communications provided to the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational standard of each entity…." In this way, in amparo appeals referring to the alleged injury to this right, there is an express legal norm -constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction- that orders the required information to be provided within the ten business days following its request, as provided in Articles 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said period is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.

Likewise, the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 51, provides:

"...any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of judgment." This last norm establishes the general system that regulates the matter of compensation and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…." Consequently, in the case at hand, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period is verified -which, incidentally, is not required for the rest of the amparo appeals, except for that of rectification and response (Section 68 of the Law of Constitutional Jurisdiction)-.

Therefore, what is appropriate in this regard, and with all due respect to the majority's thesis, is to consider accredited the injury to the right of petition and prompt response, as well as to the right of access to public information (Article 30 of the Constitution), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, ordering the condemnation for costs, damages, and losses against the respondent authority.

Thus, given that it is a constitutionally endorsed period -by the legislator as well as by this Constitutional Court-, its non-compliance entails an injury to the fundamental right indicated, which prompted the appellant to file this amparo appeal as a mechanism for obtaining the response to her request or access to the information she has required, regardless of whether the response or delivery of the information occurred before or on the occasion of the amparo; because, the truth is that the person subject to administration finally saw her constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the amparo appeal she was forced to present, with the inconveniences and costs that this causes. It is insisted, the response or access given by the respondent Administration that occurs once the period in question has expired, even if it occurs before the notification of the course of the amparo, or, as in this case, on the occasion of the notification of said course, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by Sections 27 and 30 of the Constitution. It is clear that in this hypothesis, that untimely response satisfies the claim of the protected person, but this is not an obstacle to the recognition of the damages and losses that this indolence could have caused to the appellant, as well as the costs associated with the exercise of this judicial action, necessary for the safeguarding of her fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

Consequently, I partially dissent, and I impose on the respondent party the payment of costs, damages, and losses.

XI.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment with respect to the MEP. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.” My interpretation of that norm is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but rather restorative; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of judgment.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, condemnation in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being condemnation in the abstract, the damages and losses have not occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only he is responsible for considering the real existence and magnitude of the same as proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and I order the condemnation for damages and losses against the MEP, but not for costs.

XII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is declared partially with merit against the Municipality of San José and only regarding the first point of the request for information presented by the appellant. Regarding the Ministry of Public Education, the appeal is declared with merit, without special condemnation for costs, damages, and losses, in accordance with the provisions of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Luis Diego Miranda Méndez, in his capacity as Mayor of San José, or whoever holds that position, is ordered to coordinate and arrange all actions within the scope of his powers, so that within a period of five days from the notification of this judgment, the appellant Nombre49293 is provided with the information she requested in the first point of the request received on February 28, 2025. The respondent, or whoever holds that position, is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Municipality of San José is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment proceeding of the contentious-administrative court. Magistrate Castillo Víquez sets down a note. In all other matters regarding the Municipality of San José, the appeal is declared without merit. Magistrate Salazar Alvarado sets down differing reasons and partially dissents, solely for compensatory purposes, and imposes on the respondent party the payment of costs, damages, and losses. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses against the Ministry of Public Education, but not for costs. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --  South of the Perpetuo Socorro Church).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:48:21.

Marcadores

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2025037611 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-030250-0007-CO, interpuesto por Nombre49293, mayor, cédula de identidad CED24837, a su favor y de Nombre49294, adulto cédula de identidad CED24838, contra la Municipalidad de San José y el Ministerio de Educación Pública.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:08 horas del 02 de octubre de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de San José y el Ministerio de Educación Pública -MEP- y expresa que es una persona adulta mayor. El 28 de agosto de 2025 aportó en el Despacho del alcalde de San José una solicitud de información, en la que requirió: "(...) 1. Se indique expresamente y de forma detallada, si en esa Municipalidad se registran denuncias a nombre del Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (también Kenely de Nombre99240 s. A,), ubicado en Dirección6454#250 este y 50 al norte. costado noroeste del Dirección6455. Este centro presta servicios de preescolar y primaria y además opera como Red de Cuido. El lugar tiene 30 años de funcionamiento. De existir denuncias por favor indicar la fecha de interposición y el resultado de cada gestión. 2. De acuerdo con lo indicado en el oficio DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 de 20 de agosto de 2025, emitido por Ministerio de Educación Pública, en el punto a) de la página 1 (del cual adjunto fotocopia), solicito copia del expediente que levantó esa municipalidad para la aprobación de la ubicación del centro educativo indicado (permiso de uso de suelo). (...)” (véase copia de la gestión y del comprobante de remisión aportados como prueba). Lo anterior, por cuanto ella y su esposo -también persona adulta mayor- se encuentran investigando, ya que pretenden plantear las acciones judiciales o administrativas en contra del Centro Pedagógico Kanely de Colores, escuela privada que también opera como red de cuido (guardería), por la grave contaminación sónica produce y que les afecta porque colinda con su casa de habitación. Reclama que, a la fecha de interposición de este recurso, no se le había dado respuesta, ni acceso alguno a la información solicitada. Estima que lo expuesto lesiona los derechos fundamentales de la asociación amparada.

2.- Mediante resolución de las 21:33 horas del 10 de octubre de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Alcalde de San José sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:01 horas del 20 de octubre de 2025, la recurrente manifiesta lo siguiente:

“El 17 de octubre recién pasado, el Asistente de la Alcaldía de la Municipalidad de San José, me notificó el oficio D|CG-642-2025 emitido por el jefe del Departamento de información Catastral y Geografía de ese municipio.

En primer término, se está pretendido dar RESPUESTA PARCIAL a mi solicitud de información pues el punto 1 de mi escrito no fue contestado, en cuanto solicité:

1. Se indique expresamente y de forma detallada, si en esa Municipalidad se registran denuncia a nombre del Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (también Kenely de Nombre99240 S. A.), ubicado en Hatillo #2, del Liceo Roberto Brenes Mesén 250 este y 50 al norte, costado noroeste del Parque de Los Leones. Este centro presta servicios de preescolar y primaria y además opera como Red de Cuido. El lugar tiene 30 años de funcionamiento. De existir denuncias por favor indicar la fecha de interposición y el resultado de cada gestión.

Afirmo que se pretende dar una respuesta parcial pues no se está dando respuesta al punto uno, lo que representa una burla a la autoridad ya que en realidad hay un INCUMPLIMIENTO TOTAL al deber de respuesta de la Municipalidad de San José, esto en virtud de que yo solicite:

2. De acuerdo con lo indicado en el oficio DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 de 20 de agosto de 2025, emitido por Ministerio de Educación Pública, en el punto a) de la página 1 (del cual adjunto fotocopia). solicito copia del expediente que levantó esa municipalidad para la aprobación de la ubicación de! centro educativo indicado (permiso de uso de suelo).

En el oficio del Departamento de Información Catastral y Geografía, no se me da acceso al expediente que indica el MEP, solo se inserta una imagen, en mucho ilegible, lo que nos deja en total indefensión a mi esposo y a mí, y nos impide ejercer una defensa efectiva de nuestros derechos constitucionales a la salud y al ambiente sano.

Este recurso de amparo fue planteado también en contra de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (la Sala aún no le ha dado traslado del recurso de amparo), precisamente, porque ninguna de las instituciones da respuesta debida a nuestra solicitud desesperada de información, ya que nuestra salud se sigue debilitando, día a día, con el comportamiento del centro educativo señalado.

Solicito que se ordene la respuesta debida y completa al MEP y a la Municipalidad de San José, pues como lo ha manifestado esa Sala no es cualquier respuesta la que libera de responsabilidades a la Administración Pública, ya que como ciudadanos tenemos Derecho a que nos den respuestas puntuales, serias y completas Adjunto el oficio del MEP que originó las solicitudes de información que motivaron el recurso de amparo que ahora se conoce y se compruebe que la Alcaldía no está dando respuesta debida y que la solicitud de información incumplida al MEP es totalmente válida”.

4.- Informa bajo juramento Luis Diego Miranda Méndez, en su condición de Alcalde de San José (escrito presentado a las 13:49 horas del 20 de octubre de 2025) en los siguientes términos:

“Una vez que fuese notificada la resolución citada, se procedió por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Municipalidad a instruir el proceso, trasladando la misma que contenía el Recurso de Amparo a las siguientes dependencias:

1. DAJ-2097-11-2025, remitido a Yariela Franciny Quirós Álvarez, Alcaldesa Municipal a.i.

2. DAJ-2101-11-2025, remitido al Ing. Guillermo Núñez Quesada, Jefe Departamento de Información Catastral y Geográfica.

INFORME DE LA DEPENDENCIAS COMPETENTES:

PRIMERO: OFICIO DICG-644-2025, suscrito por el Ing. Guillermo Núñez Quesada, Jefe Departamento de Información Catastral y Geográfica, que manifiesta lo siguiente (…)

SEGUNDO: OFICIO MSJ-ALCALDIA-4310-2025 suscrito por el Lie. Luis Vega Campos, Asistente de Alcaldía, que manifiesta lo siguiente:

“...En virtud de lo anterior, esta Alcaldía procede a atender lo ordenado por la Sala Constitucional, notificando a la señora Nombre49293, mediante oficio MSJ-ALCALDIA-4309-2025, mediante el cual se aportan los oficios DICG-642-2025 y DICG-644-2025, emitido por el Departamento de Información Catastral y Geográfica.

Como podrá apreciar esa Honorable Sala, por parte de esta Municipalidad, mediante el oficio MSJ-ALCALDIA-4309-2025, enviado al correo electrónico: ...563, se dio respuesta a la solicitud planteada por la recurrente ante este Municipio, así se acredita con prueba documental, que se aporta.

Esta Representación respetuosamente, exterioriza a esa Sala, que la recurrente en su escrito de interposición de fecha 02 de octubre 2025, visible en el expediente electrónico citado, también interpuso el Recurso de Amparo, en contra la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública.

En consecuencia, rendimos el informe requerido por esa Sala con la asesoría técnica: Lie. Luis Vega Campos, Asistente de Alcaldía. En cuanto a la Asesoría Jurídica para la contestación del Recurso de Amparo planteado, este Despacho fue asistido por la Licenciada Xinia Marín Barrantes, Abogada, de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

PRUEBAS Para sustentar la posición de la Municipalidad en este Recurso, ofrecemos como prueba documental los siguientes oficios:

• Personería del Lie. Luis Diego Miranda Méndez, Alcalde de San José.

• DAJ-2097-11-2025, remitido a Yariela Franciny Quirós Álvarez, Alcaldesa Municipal a.i.

• DAJ-2101-11-2025, remitido al Ing. Guillermo Núñez Quesada, Jefe Departamento de Información Catastral y Geográfica.

• MSJ-ALCALDIA-3669-2025, remitido por parte del Lie. Luis Vega Campos, al Ing. Guillermo Núñez Quesada, Jefe Departamento de Información Catastral y Geográfica • Oficio DICG-642-2025, suscrito por el Ing. Guillermo Núñez Quesada, Jefe Departamento de Información Catastral y Geográfica.

• Oficio DICG-644-2025, suscrito por el Ing. Guillermo Núñez Quesada, Jefe Departamento de Información Catastral y Geográfica.

• MSJ-ALCALDIA-4309-2025, suscrito por el Lie. Luis Vega Campos, Asistente de Alcaldía.

• MSJ-ALCALDIA-4310-2025, suscrito por el Lie. Luis Vega Campos, Asistente de Alcaldía.

PETITORIA De conformidad, con lo expuesto, en el presente Informe, solicitamos respetuosamente a los señores Magistrados, se declare sin lugar el recurso en todos sus extremos, por cuanto no se dan en la especie, las supuestas violaciones constitucionales alegadas e imputadas y que fundamentan esta acción, y estar la actuación municipal, conforme al orden constitucional y no ser de recibo, jurídicamente hablando, las violaciones señaladas por la recurrente, actuación que se ha gestado conforme con las disposiciones que en la materia establece la Carta Fundamental y en observancia y tutela de los Principios que ella engarza, principalmente de debido proceso y defensa”.

5.- Mediante resolución de las 13:40 horas del 30 de octubre de 2025, la Magistrada Instructora amplió el recurso contra el Director de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP con sustento en los siguientes hechos:

"HECHOS 1.- Hemos iniciado un procedimiento de investigación para plantear las acciones judiciales y/o administrativas en contra del Centro Pedagógico Kenely de Nombre99240 por una grave contaminación sónica que se produce y que nos afecta por colindar nuestra casa de habitación con ese centro educativo.

2.- Mi esposo y yo enfrentamos quebrantos de salud producto del ruido excesivo, siendo que yo soy operada de un carcinoma basocelular nodular en el oído izquierdo, por lo que mi sentido del oído se vio disminuido a partir de la intervención, esto produce que la carga auditiva la tenga en el oído derecho lo que provoca que soy sensible al ruido excesivo (aporto prueba). Mi esposo, adulto mayor, está diagnosticado con ansiedad y recibe medicamentos para poder controlar sus estados de ánimo. Ambos padecimientos nos obligan a tomar medicamentos, pero de ninguna manera evitan nuestras molestias en la salud producto de la exposición permanente a esos ruidos excesivos.

3.- Según lo indicado y tras varias conversaciones con los dueños de la escuela privada, que opera también como red de cuido (guardería), sin algún éxito, decidimos iniciar las acciones administrativas necesarias para que los propietarios de la escuela cumplan las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo No.44486 del 17 de enero de 2024, Reglamento para el control del ruido ambiental, vigente desde el 20 de diciembre de 2024.

Es por esta razón que el 28 de agosto de 2025 presentamos escritos solicitando información indispensable para continuar con la defensa de nuestros derechos a la salud y a un ambiente sano (aporto prueba). Se aprecia que en la citada gestión se le solicitó a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública lo siguiente:

"Yo, Nombre49293 en autos conocida, presento la siguiente solicitud de información, con base en el artículo 27 de la Constitución Política:

Requiero aclaración del oficio DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 de 20 de agosto de 2025, emitido por ese Ministerio, relacionado con la operación del Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (también Kenely de Nombre99240 S. A.). ubicado en Dirección381# que presta servicios de preescolar y primaria y además opera como Red de Cuido, en cuanto se indica que:

"Ante la DIE. dicho centro no cuenta con expediente administrativo formal, ya que no ha gestionado solicitudes de aprobación de infraestructura." Indicarme cómo un centro de educación privada puede estar funcionando si no cuenta con la aprobación obligatoria de su infraestructura, por parte de la autoridad competente.

Si la escuela no tiene la infraestructura debidamente revisada y aprobada por la autoridad competente, cómo es posible que esa oficina haya realizado visitas en el lugar, para atender denuncias o quejas de algunos vecinos, según la bitácora que se anexo al oficio y no haya procedido a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

Agradezco que expresamente se me aporte el fundamento legal y técnico que podrían amparar la operación de un centro educativo privado, en esas condiciones.

Como ciudadana costarricense tengo derecho al acceso a la información indicada por ser de interés público.

Requiero los documentos y la información pues mi esposo y yo plantearemos procesos administrativos y judiciales por actos que están afectando gravemente nuestra salud.

Por último, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política, en relación con el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el plazo de 10 días se me dé respuesta a esta solicitud de información".

4.- A la fecha de presentación de este recurso ninguna de las dos instituciones públicas ha dado respuesta a la solicitud de información (en el caso del MEP se pidió una aclaración de radical importancia para saber el estado de funcionamiento del centro educativo privado), esto nos impide continuar con los trámites en defensa de nuestros derechos constitucionales a la salud (derecho a la vida, articulo de la Constitución Política, conforme lo ha establecido ese Honorable Tribunal) y a un ambiente sano (artículo 50 de la Constitución Política).

DERECHO Con los hechos que se expusieron resultan afectados el derecho a la vida y a la salud, así como a un ambiente sano, además de la Protección Especial a la Familia y en especial al adulto mayor consagrados en los artículos 21, 50 y 51 de nuestra Constitución Política.

AI tema de la protección a las personas adultas mayores, en este caso en referencia al caso de mi esposo, se le ha dado tanto énfasis que incluso en el Periódico La Nación en su edición digital del 14 de junio de 2013, se indicó en lo pertinente:

La Sala Constitucional ha acogido recursos de amparo para hacer efectiva la atención preferencial. Como resultado, las instituciones públicas deben tomar las medidas necesarias para garantizar a las personas mayores el acceso preferencial para sus gestiones y trámites.

PETITORIA Que se ordene a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y al Alcalde Municipal de la Municipalidad de San José que dé respuesta inmediata a las gestiones presentadas desde el 28 de agosto de 2025 y así poder continuar con lo procedimientos necesarios para la protección de nuestros derechos fundamentales".

6.- Informa bajo juramento Allan Ramírez Solano, en su condición de Director de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP (escrito presentado a las 08:58 horas del 05 de noviembre de 2025) en los siguientes términos:

“Que mediante oficio DVM-A-DIE-DS-CP-0049-2025, de fecha 03 de noviembre del presente año, se procedió a dar respuesta a lo solicitado por la recurrente en correo electrónico del 03 de noviembre del presente año, relacionada con el Centro Pedagógico Kenely de Colores.

Así mismo, se adjunta oficio DVM-A-DIE-DS-0146-2025, de fecha 03 de noviembre del presente año, suscrito por el Arq. Mario Shedden Harris, jefe del Departamento de Procesos y Soporte de esta Dirección, mediante el cual realiza observaciones referidas al trámite que se debe realizar ante situaciones como la manifestada por la recurrente.

PRUEBA Se adjunta oficios DVM-A-DIE-DS-CP-0049-2025; DVM-A-DIE-DS-0146- 2025 y correo de notificación a la recurrente.

PETITORIA Por las razones antes dichas, solicito, que se declare sin lugar el presente Recurso de Amparo, ordenando en consecuencia el archivo del expediente respectivo”.

7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:06 horas del 10 de noviembre de 2025, la recurrente manifiesta lo siguiente:

“La Municipalidad de San José y la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP me enviaron documentos con los que pretenden demostrar que dieron respuesta a mis solicitudes de información.

Lamentablemente, ambas instituciones del Estado se burlan de nosotros, evaden sus responsabilidades y continúan lesionando nuestro derecho a la salud y a un ambiente sano. Nos remiten, en un verdadero circulo vicioso, de oficina a oficina y no obtenemos un expediente en el que se verifique el cumplimiento de requisitos por parte del centre educative para poder continuar con la defensa de nuestros derechos.

No asumen responsabilidades, no nos dicen que va a suceder con ese centra educativo privado que nos está ocasionando graves danos a nuestra salud y que se encuentra colindante con casas de habitación que alojan personas enfermas y adultas mayores, como es el caso de mi esposo y yo.

Con base en lo indicado, solicitamos, con el debido respeto que se ordene a ambas oficinas coordinar, en el plazo que ustedes dispongan, lo pertinente para que se Hagan las verificaciones del caso, las inspecciones de las instalaciones físicas (infraestructura) y que se disponga lo que en Derecho corresponda para el cumplimiento de las leyes y de los reglamentos, con la debida comunicación a nosotros.

Estamos agotados de estar siendo burlados, de ir de un lado a otro, que nos mientan y con mayor razón por ser adultos mayores con varies padecimientos.

Aprovecho para acompañar la epicrisis que me dieron en el Hospital San Juan de Dios, en donde se describe mi situación auditiva.

Agradecemos profundamente la buena disposición de la Sala”.

8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- Sobre el conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante un reclamo ante el MEP donde lo pretendido por la recurrente es exigirle a la institución educativa demostrar que no se pone en riesgo su salud y la de su esposo con su infraestructura y que, presuntamente, no ha sido resuelto dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del recurso. La recurrente alega que el 28 de febrero de 2025 presentó gestiones ante la Municipalidad de San José y la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP requiriendo información sobre el Centro Pedagógico Kanely de Colores, ubicado en Dirección381# colindante con su casa de habitación, donde vive con el amparado. Sin embargo, al momento de interpuesto este recurso, no había recibido respuesta. En gestión posterior manifestó que el ayuntamiento accionado le brindó una respuesta parcial.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • 1)El 28 de agosto de 2025, la recurrente solicitó al Alcalde de San José lo siguiente: "1. Se indique expresamente y de forma detallada, si en esa Municipalidad se registran denuncias a nombre del Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (también Kenely de Nombre99240 s. A,), ubicado en Hatillo #2 del Liceo Roberto Brenes Mesén 250 este y 50 al norte. costado noroeste del Parque de Los Leones. Este centro presta servicios de preescolar y primaria y además opera como Red de Cuido. El lugar tiene 30 años de funcionamiento. De existir denuncias por favor indicar la fecha de interposición y el resultado de cada gestión. 2. De acuerdo con lo indicado en el oficio DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 de 20 de agosto de 2025, emitido por Ministerio de Educación Pública, en el punto a) de la página 1 (del cual adjunto fotocopia), solicito copia del expediente que levantó esa municipalidad para la aprobación de la ubicación del centro educativo indicado (permiso de uso de suelo)” (véase copia de la gestión con sello de recibido aportada por la recurrente).
  • 2)El 28 de febrero de 2025, la recurrente solicitó a la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP lo siguiente: “Requiero aclaración del oficio DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 de 20 de agosto de 2025, emitido por ese Ministerio, relacionado con la operación del Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (también Kenely de Nombre99240 s. A.), ubicado en Dirección381# que presta servicios de preescolar y primaria y además opera como Red de Cuido, en cuanto se indica que: "Ante la DIE, dicho centro no cuenta con expediente administrativo formal, ya que no ha gestionado solicitudes de aprobación de infraestructura." Indicarme cómo un centro de educación privada puede estar funcionando si no cuenta con la aprobación obligatoria de su infraestructura, por parte de la autoridad competente. Si la escuela no tiene la infraestructura debidamente revisada y aprobada por la autoridad competente, cómo es posible que esa oficina haya realizado visitas en el lugar, para atender denuncias o quejas de algunos vecinos, según la bitácora que se anexo al oficio y no haya procedido a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes. Agradezco que expresamente se me aporte el fundamento legal y técnico que podrían amparar la operación de un centro educativo privado, en esas condiciones” (véase copia de la gestión con sello de recibido aportada por la recurrente).
  • 3)El 15 de octubre de 2025 se notificó a la autoridad municipal recurrida la resolución de las 21:33 horas del 10 de octubre de 2025, mediante la cual se le dio curso a este amparo (véase acta de notificación respectiva).
  • 4)Mediante oficio No. MSJ-ALCALDIA-4309-2025 del 17 de octubre de 2025, Luis Antonio Vega Campos, en su condición de Asistente de Alcaldía de la Municipalidad de San José, comunicó a la recurrente lo que a continuación se trascribe: “Estimada señora: Reciba un cordial saludo de parte de esta Alcaldía Municipal de la ciudad de San José. En atención a lo ordenado por la Sala Constitucional mediante resolución del veintiuno horas treinta y tres minutos del diez de octubre de dos mil veinticinco, tramitada bajo Expediente No. 25-030250-0007-CO, al respecto se le indica: Esta Alcaldía procede a brindar repuesta a la solicitud planteada y en base a lo ordenado por la Sala Constitucional; se adjunta oficio DICG-642-2025 y DICG-644-2025, emitido por el Departamento de Información Catastral y Geográfica” (véanse informe del alcalde recurrido y prueba documental aportada).
  • 5)El 17 de octubre de 2025, vía correo electrónico, se remitió a la recurrente el oficio No. MSJ-ALCALDIA-4309-2025 con los datos adjuntos (véanse informe del alcalde recurrido y prueba documental aportada).
  • 6)El 30 de octubre de 2025, a las 17:00 horas, se notificó a la autoridad ministerial recurrida la resolución de las 13:40 horas de ese mismo día, mediante la cual se amplió el curso de este amparo (véase acta de notificación respectiva).
  • 7)Mediante oficio No. DVM-A-DIE-DS-CP-0049-2025 del 03 de noviembre de 2025, Johanna Marchena Rodríguez y Mario Enrique Shedden Harris, ambos del Departamento de Procesos y Soporte de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, dieron respuesta a la gestión de la recurrente relacionada con el Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (véanse informe de la autoridad ministerio recurrida y prueba documental aportada).
  • 8)El 03 de noviembre de 2025, vía correo electrónico, se remitió a la recurrente el oficio No. DVM-A-DIE-DS-CP-0049-2025 (véanse informe de la autoridad ministerio recurrida y prueba documental aportada).

IV.- Hecho no probado. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución de este amparo.

Único. Que la Municipalidad de San José comunicara a la recurrente un plazo de entrega de la información requerida el 28 de agosto de 2025 (véanse informe del alcalde recurrido y prueba documental aportada).

V.- Sobre el derecho de petición y pronta respuesta. El derecho de petición y pronta respuesta, cobijado en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, a falta de que no se hubiere señalado otro plazo para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto, en cuyo caso la Administración siempre está obligada a comunicarle al petente las causas de la demora en pronunciarse. En todo caso, el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado.

VI.- Sobre la gestión presentada ante la Municipalidad de San José. Del informe rendido por la autoridad recurrida, dado bajo juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la prueba documental aportada, se acredita que, la recurrente solicitó el 28 de agosto de 2025 al Alcalde de San José lo siguiente:

"1. Se indique expresamente y de forma detallada, si en esa Municipalidad se registran denuncias a nombre del Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (también Kanely de Nombre99240 s. A,), ubicado en Hatillo #2 del Liceo Roberto Brenes Mesén 250 este y 50 al norte. costado noroeste del Parque de Los Leones. Este centro presta servicios de preescolar y primaria y además opera como Red de Cuido. El lugar tiene 30 años de funcionamiento. De existir denuncias por favor indicar la fecha de interposición y el resultado de cada gestión.

2. De acuerdo con lo indicado en el oficio DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 de 20 de agosto de 2025, emitido por Ministerio de Educación Pública, en el punto a) de la página 1 (del cual adjunto fotocopia), solicito copia del expediente que levantó esa municipalidad para la aprobación de la ubicación del centro educativo indicado (permiso de uso de suelo)”.

Se acredita que, mediante oficio No. MSJ-ALCALDIA-4309-2025 del 17 de octubre de 2025, Luis Antonio Vega Campos, en su condición de Asistente de Alcaldía de la Municipalidad de San José, comunicó a la recurrente lo que a continuación se trascribe:

“Estimada señora:

Reciba un cordial saludo de parte de esta Alcaldía Municipal de la ciudad de San José.

En atención a lo ordenado por la Sala Constitucional mediante resolución del veintiuno horas treinta y tres minutos del diez de octubre de dos mil veinticinco, tramitada bajo Expediente No. 25-030250-0007-CO, al respecto se le indica:

Esta Alcaldía procede a brindar repuesta a la solicitud planteada y en base a lo ordenado por la Sala Constitucional; se adjunta, emitido por el Departamento de Información Catastral y Geográfica”.

Consta en los oficios No. DICG-642-2025 y No. DICG-644-2025 que se mencionan en la respuesta que se señala: “Le indicó que este departamento no ha otorgado certificado de uso del suelo al sitio en consulta. Conforme revisión de la documentación en sitio, se determina que existe un certificado de uso del suelo, emitido por el Ing. Felipe Cordero, en el año 1995”. Además, se incluye una imagen.

Esta Sala ha señalado que en caso de que la Administración no pueda responder de forma definitiva la gestión en el plazo de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo dispone el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, está obligada a explicar las razones y motivos por las cuales no puede cumplir con lo pedido, explicación formal que deberá ser profusa y detallada con el objeto que el peticionario sea informado del trámite que ha seguido su gestión, para lo cual, incluso, deberá señalar un plazo en el que se le estará facilitando la información. Sin que conste que, en el caso concreto, la Municipalidad de San José hubiese comunicado a la recurrente dentro del plazo de los diez días hábiles, una fecha de entrega de la información.

Además, consta que se atendió lo peticionado en los extremos que se consideró que procede y se notificó la respuesta referida después que el 15 de octubre de 2025 se notificara a la autoridad recurrida la resolución de las 21:33 horas del 10 de octubre de 2025, mediante la cual se le dio curso a este amparo. En consecuencia, en el sub examine se logra demostrar que la parte accionada actuó una vez que tuvo conocimiento de la interposición de este recurso de amparo.

En ese contexto, se estima que el cabildo recurrido infringió el derecho de petición y pronta respuesta (artículo 27 de la Constitucional Política), en perjuicio de la recurrente, debido a la demora en atender lo peticionado, por lo que se considera procedente el amparo. Respecto a la primera pregunta de la gestión, referente a la existencia de denuncias contra el Centro Pedagógico Kanely de Colores, no se emite respuesta alguna. De ahí que se estima que llevan razón la recurrente en su reclamo. En atención a la segunda petición se aprecia que, con ocasión de este amparo, se le informó lo antes trascrito y cualquier inconformidad con esa respuesta o la documentación que se le remitió, será ante el ayuntamiento accionado que se plantee lo correspondiente, pues es lo cierto que se le informó que “no ha otorgado certificado de uso del suelo al sitio en consulta”.

VII.- Sobre la gestión presentada ante la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP. También acusa la recurrente falta de respuesta de la gestión que presentó el 28 de febrero de 2025 ante la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, mediante la cual solicitó lo siguiente:

“presento la siguiente solicitud de información, con base en el artículo 27 de la Constitución Política:

Requiero aclaración del oficio DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 de 20 de agosto de 2025, emitido por ese Ministerio, relacionado con la operación del Centro Pedagógico Kanely de Nombre99240 (también Kenely de Nombre99240 s. A.), ubicado en Dirección381# que presta servicios de preescolar y primaria y además opera como Red de Cuido, en cuanto se indica que:

"Ante la DIE, dicho centro no cuenta con expediente administrativo formal, ya que no ha gestionado solicitudes de aprobación de infraestructura." Indicarme cómo un centro de educación privada puede estar funcionando si no cuenta con la aprobación obligatoria de su infraestructura, por parte de la autoridad competente.

Si la escuela no tiene la infraestructura debidamente revisada y aprobada por la autoridad competente, cómo es posible que esa oficina haya realizado visitas en el lugar, para atender denuncias o quejas de algunos vecinos, según la bitácora que se anexo al oficio y no haya procedido a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

Agradezco que expresamente se me aporte el fundamento legal y técnico que podrían amparar la operación de un centro educativo privado, en esas condiciones.

Como ciudadana costarricense tengo derecho al acceso a la información indicada por ser de interés público.

Requiero los documentos y la información pues mi esposo y yo plantearemos procesos administrativos y judiciales por actos que están afectando gravemente nuestra salud.

Por último, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política, en relación con el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el plazo de 10 días se me dé respuesta a esta solicitud de información”.

Se comprueba que, por oficio No. DVM-A-DIE-DS-CP-0049-2025 del 03 de noviembre de 2025, Johanna Marchena Rodríguez y Mario Enrique Shedden Harris, ambos del Departamento de Procesos y Soporte de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, informaron a la recurrente lo que a continuación se trascribe:

“En atención a su gestión fechada el 28 de agosto de 2025 y recibida en este Departamento el 03 de noviembre de 2025, relacionada con el Centro Pedagógico Kenely de Colores, me permito responder sus consultas:

1. Indicarme cómo un centro de educación privada puede estar funcionando si no cuenta con la aprobación obligatoria de su infraestructura por parte de la autoridad competente.

Al respecto se le indica que de conformidad con comunicación oficial emitida por la Dirección de Educación Privada (DEP) mediante correo electrónico con fecha 30 julio de 2025 a las 9:48 horas (ver copia adjunta), el Centro Pedagógico Kenely de Nombre99240 fue acreditado mediante Decreto Ejecutivo N.º 25900-MEP, mecanismo utilizado conforme al marco legal vigente en ese momento, sustentado además en el Reglamento de Centros Docentes Privados (Decreto N.º 24017-MEP, 1995). Vale recalcar que, en la citada aprobación, no se verificó el cumplimiento de los requerimientos civiles y arquitectónicos establecidos en la regulación normativa de la época, por lo cual es claro que esta dependencia no tuvo injerencia en este tipo de decisiones.

2. Si la escuela no tiene la infraestructura obviamente revisada y aprobada por la au se sucedería el punto 3toridad competente cómo es posible que esa oficina haya realizado visitas en el lugar Para atender denuncias o quejas de algunos vecinos según la bitácora que se anexa al oficio y no haya procedido a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes Tal como se le indicó a su persona mediante oficio DVM-A-DIE-DS-CP-0044-2025 con fecha 20 de agosto de 2025, y según consta en el oficio CENIFE 2907-2004 con fecha 22 de setiembre de 2004, la visita fue efectuada por el antiguo Centro nacional de infraestructura física educativa (CENIFE) ante una denuncia vecinal particular y no como parte de un trámite de aprobación formal de infraestructura solicitado por el centro educativo, tal y como se describe en el documento; por ende lo único que generó fue una advertencia de incumplimientos puntuales de la infraestructura así como el Procedimiento que deberían seguir los propietarios del centro educativo en caso de desear actualizar el cumplimiento de la infraestructura existente.

Nótese que, desde esa época, el informe respectivo recomendó canalizar la denuncia ante el Ministerio de Salud, autoridad competente para inspección y control en materia de ruido.

3. Agradezco que expresamente se me aporte el fundamento legal y técnico que podrían amparar la operación de un centro educativo privado en esas condiciones.

Al respecto se indica que según lo establecido mediante el ARTÍCULO 1 del Reglamento de Requerimientos de Diseño Arquitectónico Sobre Edificios para la Educación Pública y Privada en Costa Rica, la competencia de esta dependencia se enmarca dentro del contexto de la verificación de los requerimientos arquitectónicos de edificios para la educación solicitada por las autoridades estatales a cargo de ejercer las competencias de control, supervisión o fiscalización (Dirección de Centros Docentes Privados del Ministerio de Educación Pública, Consejo Superior de Educación o Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada) y no tiene competencia para pronunciarse en materia de requerimientos legales que podrían amparar la operación de un centro educativo, para lo cual usted puede dirigirse directamente a la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación Pública.

En cuanto a los aspectos técnicos de la edificación, se le indica que al no existir solicitud formal ante la DIE por parte de las autoridades competentes citadas, no procede la apertura de un expediente técnico por parte de esta Dirección; asimismo, la Ley no le da a esta dependencia potestad de acreditar, clausurar o sancionar a centros educativos privados. Estas potestades recaen sobre las autoridades del MEP referidas, así como el área rectora del Ministerio de Salud y la Municipalidad de la zona.

4. Requiere los documentos y la información pues mi esposo y yo planearemos procesos administrativos y judiciales por actos que están afectando gravemente nuestra salud.

Al respecto se le debe indicar, que ya la DIE, mediante este oficio y el anterior (DVM-ADIE-DS-CP-0044-2025), le entregó a su persona toda la información requerida así como las acciones realizadas por el antiguo CENIFE; asimismo tanto ahora como en 2004 se le indicó el nombre de las dependencias competentes que pueden contribuir con su propósito, los procedimientos respectivos, así como la regulación normativa vigente en materia de infraestructura educativa.

Vale anotar, que en el procedimiento que se le entregó, está claramente definido que las consultas con esta dependencia deben realizarse por medio del correo ...

Se espera haber podido aclarar sus dudas.

Quedamos atentos cualquier consulta adicional y de ser así favor referirla al correo citado”.

Respuesta que se le comunicó ese mismo día, pero después que el 30 de octubre se notificara a la autoridad ministerial recurrida la resolución de las 13:40 horas de ese mismo día, mediante la cual se amplió el curso de este amparo en su contra. Debido a ello, a juicio de esta Sala, la conducta desplegada por la Administración recurrida se dio con ocasión de haber tenido conocimiento de la interposición de este recurso. Además, en criterio de este Tribunal, el plazo que transcurrió para que se atendiera la gestión de la recurrente, superior a ocho meses, resulta irrazonable. Por consiguiente, se estima que lleva razón la recurrente en su reclamo, pues se comprueba que se ha infringido el derecho tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política.

VIII.- Conclusión. Así las cosas, al acreditarse la infracción constitucional en los términos dichos, el recurso debe ser declarado parcialmente con lugar contra la Municipalidad de San José respecto a la primera pregunta de la gestión presentada y en lo que corresponde al segundo punto, se desestima el amparo. En cuanto el MEP, se declara con lugar el recurso, aunque sin especial condenatoria como se explica a continuación, pues ya se atendió la gestión de la recurrente.

VIII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

IX.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

X.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.

Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.

El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa:

“Presentación de escritos y plazo de respuesta.

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”.

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho.

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

XI.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia en cuanto al MEP. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios al MEP, pero no en costas.

XII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso contra la Municipalidad de San José y solo en cuanto al primer punto de la solicitud de información presentada por la recurrente. Respecto al Ministerio de Educación Pública, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se ordena a Luis Diego Miranda Méndez, en su condición de Alcalde de San José o a quien ocupe ese cargo, coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le proporcione a la recurrente Nombre49293 la información que solicitó en el punto primero de la gestión recibida el 28 de febrero de 2025. Se advierte al recurrido, o a quien ocupe ese cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez pone nota. En lo demás en cuanto a la Municipalidad de San José, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios al Ministerio de Educación Pública, pero no en costas. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 27
    • Constitución Política Art. 41
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 32
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 52
    • Ley 9097 Art. 6

    Spanish key termsTérminos clave en español

    News & Updates Noticias y Actualizaciones

    All articles → Todos los artículos →

    Weekly Dispatch Boletín Semanal

    Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

    ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

    One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

    Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
    Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

    Stay Informed Mantente Informado

    Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

    Email Updates Actualizaciones por Correo

    Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

    Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

    WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

    Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

    Join Channel Unirse al Canal
    Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
    🙏