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Res. 36337-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/11/2025
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber rejects the amparo outright, holding that the claims involve ordinary legality, the discrimination allegations were unsubstantiated, and there was no direct infringement of religious freedom.La Sala Constitucional rechaza de plano el recurso de amparo por tratar aspectos de legalidad ordinaria, falta de acreditación de discriminación y no existir lesión directa a la libertad religiosa.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by the Benedictine Association Santa María del Pilar against the Municipality of Paraíso. The petitioner alleges violations of several fundamental rights, including the right to petition, property, good administration, legal certainty, equality before the law, transparency, religious freedom, and citizen participation. These violations allegedly occurred during negotiations for the sale of a property to the municipality, amid duplicate and disproportionate municipal charges, lack of response to administrative requests, unjustified delays, and discriminatory treatment compared to other offerors. The petitioner also challenges a regulatory provision that excludes certain Catholic religious communities from automatic exemption from the property tax. The Chamber declares the amparo inadmissible outright, holding that claims concerning the correctness of taxes and municipal services, as well as the lack of resolution within the procurement procedure, are matters of ordinary legality to be addressed through the administrative contentious jurisdiction. It also rules that the alleged breach of citizen participation concerns a mere request for a hearing, and the discrimination and equality arguments were not sufficiently substantiated or appropriate for this summary proceeding. Finally, the Chamber finds no direct infringement of religious freedom, as the sale of the property does not in itself condition the exercise of worship. The decision includes dissenting votes that would have admitted the amparo to protect the right to prompt and complete administrative justice and to examine the discrimination and religious freedom claims.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Benedictina Santa María del Pilar contra la Municipalidad de Paraíso. La recurrente alega violación de múltiples derechos fundamentales, incluyendo el derecho de petición y respuesta, propiedad, buena administración, seguridad jurídica, igualdad ante la ley, transparencia, libertad religiosa y participación ciudadana. Estas violaciones se habrían producido en el marco de un proceso de negociación para la venta de un inmueble a la municipalidad, durante el cual se han presentado cobros municipales duplicados y desproporcionados, falta de respuesta a gestiones, dilación injustificada y trato discriminatorio respecto a otros oferentes. Adicionalmente, se cuestiona una norma reglamentaria que excluye a ciertas comunidades religiosas católicas de la exoneración automática del impuesto sobre bienes inmuebles. La Sala declara inadmisible el recurso de plano, al considerar que los reclamos sobre la correcta determinación de tributos y servicios municipales, así como la falta de resolución en el procedimiento de contratación, constituyen cuestiones de mera legalidad ordinaria que deben ventilarse en la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, descarta la violación a la participación ciudadana por tratarse de una solicitud de audiencia, y considera que los alegatos de discriminación e igualdad no fueron suficientemente acreditados ni son viables en esta vía sumaria. Finalmente, no encuentra lesión directa a la libertad religiosa, pues la venta del inmueble no condiciona por sí misma el ejercicio del culto. Se incluyen votos salvados que defienden la admisibilidad del amparo para tutelar el derecho a la justicia administrativa pronta y cumplida, y para analizar la discriminación y libertad religiosa.
Key excerptExtracto clave
First, it is noted that it is not for this Court to determine whether the municipality should or should not acquire the property in question, much less to review whether the breakdown of taxes owed or for municipal services is correct or not, as this is a matter of mere legality. Therefore, if the protected party is dissatisfied with what has been decided or the omission of the respondent in that regard, on the grounds that it affects its property right, the appropriate course is to file the respective appeals and then go to the administrative contentious jurisdiction to raise its arguments. The protected party must also take into consideration that the alleged failure to resolve its requests, in this case, forms part of a contracting procedure with the municipality regarding the sale of the properties in question and does not constitute mere information requests protectable under the right to petition, but rather falls under the right to prompt and complete administrative justice, protected by Article 41 of the Political Constitution. Now, regarding the right to prompt and complete administrative justice, since ruling no. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, in relation to this type of delays, this Court has ruled as set forth below.En primer término, se advierte que no corresponde a este Tribunal, determinar si la municipalidad debe o no adquirir la propiedad en cuestión y menos aún revisar si el desglose de impuestos adeudados o por servicios municipales es el correcto o no, por tratarse de un aspecto de mera legalidad. De manera que, si el tutelado se encuentra inconforme con lo resuelto o la omisión de la recurrida en ese sentido por estimar que afecta su derecho a la propiedad, lo pertinente es que interponga los recursos respectivos y luego acuda a la vía contenciosa administrativa a plantear sus alegatos. Debe tomar en consideración también el tutelado que la acusada falta de resolución de sus gestiones, en este caso se enmarcan en un procedimiento de contratación que tiene con el municipio respecto de la venta de las propiedades en cuestión y no configuran meras solicitudes de información amparables por el derecho de petición, sino por el derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida, amparado por el artículo 41 de la Constitución Política. Ahora, respecto del derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida, desde la sentencia nro. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, en relación con este tipo de retardos, este Tribunal se ha pronunciado conforme se indica a continuación.
Pull quotesCitas destacadas
"En primer término, se advierte que no corresponde a este Tribunal, determinar si la municipalidad debe o no adquirir la propiedad en cuestión y menos aún revisar si el desglose de impuestos adeudados o por servicios municipales es el correcto o no, por tratarse de un aspecto de mera legalidad."
"First, it is noted that it is not for this Court to determine whether the municipality should or should not acquire the property in question, much less to review whether the breakdown of taxes owed or for municipal services is correct or not, as this is a matter of mere legality."
Considerando II
"En primer término, se advierte que no corresponde a este Tribunal, determinar si la municipalidad debe o no adquirir la propiedad en cuestión y menos aún revisar si el desglose de impuestos adeudados o por servicios municipales es el correcto o no, por tratarse de un aspecto de mera legalidad."
Considerando II
"la acusada falta de resolución de sus gestiones, en este caso se enmarcan en un procedimiento de contratación que tiene con el municipio respecto de la venta de las propiedades en cuestión y no configuran meras solicitudes de información amparables por el derecho de petición, sino por el derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida"
"the alleged failure to resolve its requests, in this case, forms part of a contracting procedure with the municipality regarding the sale of the properties in question and does not constitute mere information requests protectable under the right to petition, but rather falls under the right to prompt and complete administrative justice"
Considerando II
"la acusada falta de resolución de sus gestiones, en este caso se enmarcan en un procedimiento de contratación que tiene con el municipio respecto de la venta de las propiedades en cuestión y no configuran meras solicitudes de información amparables por el derecho de petición, sino por el derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida"
Considerando II
"no se advierte cómo la omisión municipal podría situar en riesgo la libertad religiosa así considerada, pues si bien podría entenderse que el argumento de la parte recurrente va en el sentido de ejercer esa libertad de culto en otra zona del país, lo acontecido con su inmueble en Paraíso de modo alguno resulta ser, por sí mismo, una afectación a dicha variable de la libertad religiosa como tal."
"it is not seen how the municipal omission could jeopardize religious freedom thus considered, for although it could be understood that the petitioner's argument is aimed at exercising that freedom of worship in another area of the country, what happened with its property in Paraíso in no way constitutes, in itself, an impairment of that variable of religious freedom as such."
Considerando VII
"no se advierte cómo la omisión municipal podría situar en riesgo la libertad religiosa así considerada, pues si bien podría entenderse que el argumento de la parte recurrente va en el sentido de ejercer esa libertad de culto en otra zona del país, lo acontecido con su inmueble en Paraíso de modo alguno resulta ser, por sí mismo, una afectación a dicha variable de la libertad religiosa como tal."
Considerando VII
Full documentDocumento completo
**File Number:** 25-032287-0007-CO **PROCEEDING:** AMPARO PETITION **RESOLUTION No. 2025036337** **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine thirty-five hours on November fourth, two thousand twenty-five.
Amparo petition filed by Nombre45733, known as Nombre45734, religious, with identity card number CED23089, in his capacity as Nombre211 and judicial and extrajudicial representative, with powers of unlimited general attorney-in-fact of the ASOCIACIÓN BENEDICTINA SANTA MARÍA DEL PILAR; against the MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO.
**Whereas:** 1.- By brief filed with the Secretariat of the Chamber on October 18, 2025, the petitioner files an amparo petition against the respondent municipality. He states that since 2014, he has owned a property located in the Cartago party, two hundred meters south of the municipal cemetery of Paraíso, in front of the bus terminal of Llanos de Santa Lucía. Said property consists of two registered farms. Although divided registrally, both farms constitute a single physical and functional unit, walled and intended, at the time, for exclusively religious purposes. Since the acquisition of the property, he has repeatedly claimed before the municipality of Paraíso the existence of improper charges for a non-existent water connection (paja de agua), which was uninstalled by the previous owner. Despite municipal experts confirming the non-existence of said water connection (paja de agua), the charge was never corrected, nor were the payments made recognized. Added to this situation are duplicate charges for municipal services and disproportionate amounts for water consumption, which at times were around one hundred thousand colones, without technical justification or relationship to the residual use of the property. Given the lack of a solution from the municipality despite repeated requests, it was decided to suspend tax payments until a solution was provided, which generated an accumulation of interest and a significant municipal debt. Given that the residence in Paraíso was transitional, while seeking a more suitable environment for the silence, solitude, and stability required by monastic life, his represented party undertook the search for a more adequate place to establish its permanent headquarters. As a result of this discernment, a property located in San Ramón de Alajuela was chosen. At an Ordinary General Assembly held on July 15, 2024, the sale of the property located in Paraíso was agreed upon, with the purpose of allocating its economic proceeds to the acquisition and consolidation of the new monastic headquarters in San Ramón. Efforts were initiated to sell the property, whose total area is nine thousand five hundred sixty-two square meters. Among the interested parties, the then mayor of Paraíso, Mr. Nombre45735, expressed concerns about the possibility of acquiring it to expand the municipal cemetery. However, the process did not advance, due to the existence of municipal debts inherited from the previous mayor, Mr. Nombre45736, and because the change of administration was already imminent. Subsequently, and already under the current administration, a client interested in developing an urban development project on the property was found. However, the municipality alleged that there was not sufficient water availability in the area, which was contradictory, given that large-scale housing projects have been authorized in neighboring sectors such as Las Cóncavas and La Laguna. Faced with such inconsistency, an audience was requested with the acting mayor, Mr. Nombre45737, who finally agreed to reconsider the project. However, the main obstacle to developing the property became the accumulated municipal debt of his represented party, whose interest continued to increase progressively. In response, efforts were resumed in the collections department, in charge of Mr. Nombre45738, so that the invoiced amounts would be adjusted and the payments previously made on the improperly charged items would be recognized, so that such payments could be applied to the corrected balance. Once said adjustment was made, regular payment of the remaining amount would proceed, in accordance with current municipal regulations. However, the lack of resolution by the collections area, despite the efforts made, caused the definitive loss of the client. Subsequently, the Cooperativa de Transportistas de Paraíso, R. L. (by its acronym COOPEPAR, R. L.), expressed interest in acquiring part of the property to establish a bus storage terminal, taking advantage of its strategic location in front of the Llanos de Santa Lucía terminal. However, the mayor rejected the proposal, alleging that the projected urban use would generate environmental pollution, despite the fact that the same cooperative operates a similar terminal right in the center of the canton, without said activity having been objected to for environmental reasons. Such contradiction prevented the negotiation from advancing and again caused the loss of a legitimate and functional opportunity for the development of the property. Given the absence of new interested parties in the property, the current mayor was consulted about the possibility of retaking the project promoted by the previous administration, according to which the municipality would acquire the property to enlarge the cemetery. The mayor requested that they submit a formal letter through the mayor's office email, in order to forward it to the Municipal Council, facilitate its processing, and find a way to help us. On June 18, 2024, the request was sent, offering the property for five hundred fifty million colones, with a financing option. Although the total commercial value, according to appraisals conducted before the pandemic, was around eight hundred million colones, the offer was limited to the land and excluded the value of the infrastructure, given that the sole purpose of the sale was to finance the acquisition of the property in San Ramón. After six months had passed and given the lack of response, on December 20, a follow-up inquiry was sent to the same email address, without obtaining a reply, so on January 8 of the current year, the request was resent to the Municipal Council's email, obtaining acknowledgment of receipt on January 10 from the Council Secretariat. On January 22, 2025, official communication CONMU – 108 – 2025 was received, where the Municipal Council agreed by firm, unanimous, and final vote: to request the closure of the property until its destination is defined, to require the Municipal Administration to conduct an economic feasibility study, to instruct a technical appraisal of the property, and to request the land-use report. For its part, his represented party expressed its consent to collaborate with the procedure and proposed that the municipal debt be deducted from the sale price, subject to correction for duplications and errors in the breakdown. In response to the Council's agreement, all sale signs were removed, and the property was definitively closed, having to inform those who later showed interest in the property that it was no longer available. On January 29, expert Nombre45739, from the department of Bienes Inmuebles y Catastro, scheduled an evaluation appointment for the following day. During the visit, she indicated that her immediate superior was the mayor and that the municipality valued the property as a possible site to expand its administrative offices. She noted that the existing infrastructure, although affected by vandalism present in the area, not being demolished, would allow for minimal investment for its conditioning, which would favor the negotiation. On that same occasion, she was informed that a four-hundred-square-meter lot, belonging to farm number two hundred forty-eight thousand nine hundred ten – zero zero zero, would be segregated, on which there was a purchase-sale option with a client from before the pandemic, whose business was still valid. Likewise, it was reported that in previous days, the owner of the distributorship El Avispón, located in front of the property, had expressed interest in acquiring farm number two hundred forty-two thousand five hundred seventy-four – zero zero zero, measuring six hundred three square meters, despite being told that the property had been closed to be offered to another potential client, that is, the municipality. It was warned that, if the municipal negotiation did not advance promptly, this sales opportunity should be considered to fulfill the relevant payments in San Ramón, whose purchase deadline expired in January two thousand twenty-seven. When the expert was consulted on whether both fractions would affect the municipal negotiation, she indicated that they would not, as the land offered would not be significantly reduced. At the end of the visit, the appraisals carried out before the pandemic, which supported the offered sale price, were sent to her by email. She stated that she would consult them to prepare the report, which would be ready within a period of no more than three business days. Despite the days elapsed, no relevant information on the appraisal performed had been received; therefore, on February 13, a follow-up on the case was conducted via email inquiry, since the absence of the report prevented assessing whether the amount estimated by the municipality would cover the commitments acquired in San Ramón and whether it was viable to continue the negotiation according to the price established. However, no response was obtained until March 4, when the professional indicated that the report had been forwarded to the department head on February 3, to be sent to the mayor's office and subsequently presented to the Municipal Council. Due to the lack of a municipal pronouncement on the ongoing negotiation, on February 17, it was decided to mortgage in first degree farm number two hundred forty-eight thousand nine hundred ten – zero zero zero, from which the aforementioned four-hundred-meter lot is projected to be segregated. The mortgage, for an amount of one hundred million colones, would be lifted if the municipality decided to acquire the property and was constituted in order to secure the upcoming payments in San Ramón, while the municipality ruled on the matter. On February 18, official communication CONMU – 194 – 2025 was received, where the Municipal Council agreed to forward the submission presented by his represented party to the Municipal Administration, indicating that the compensation of taxes was only possible under certain legal parameters. In follow-up, the municipal offices were visited to propose a solution to the recurring problem in the charge breakdown; however, despite his insistence and the evidence presented reflecting duplicate charges, those in charge of the area alleged that there were no errors in the billing. On March 13, 2025, official communication CONMU – 310 – 2025 was received, in which the Municipal Council indicated that the debt compensation proposed by his represented party was not legally permissible and that the tax debt had to be brought up to date. In response, the relevant funds were collected by negotiating the four-hundred-meter lot, with deep regret for having to assume a charge that the municipality never corrected, despite the errors pointed out in a timely manner. Given the absence of a report on the appraisal performed, on April 23, the Council was asked for the value assigned to the property, in exercise of the right as owners and sellers to know this fundamental piece of information. However, faced with the persistent institutional silence, on May 16, a request was made to be received in session to advance the sale negotiation, indicating that a third party offered to lend them the money to cover the tax debt, conditional on the municipality confirming its intention to purchase. It was not until May 19 that official communication CONMU – 606 – 2025 was received, where the Council notified the existence of progress on the appraisal, but that the matter had been returned to the Administration to comprehensively address the adopted agreement, including not only the value of the property but also the financial and technical viability of its acquisition. Furthermore, on June 12, official communication CONMU – 725 – 2025 was received, through which the Council reported that the report requested from the Municipal Administration on the property's conditions and the budgetary capacity for its acquisition was still pending; therefore, the possibility of being received would be suspended. On June 16, he again went to the collections department to seek a solution to the municipal debt and its ongoing problem with the invoiced breakdown. In that context, a payment arrangement contract was signed, solely with the objective that the debt would no longer represent an obstacle to the property's sale negotiation to the municipality. However, at that time, no solutions were offered regarding the questioned charges; instead, they had to be processed again through the service request system, this time under three formal requests with consecutive numbers COR 202500000968, COR 202500000969, and COR 202500000970, referring to the persistence of the charge for the water connection (paja de agua), the billed garbage collection service —despite the property having been uninhabited for the previous two years— and the request for a reassessment of the property's use, considering the damages suffered from vandalism and theft, due to the drug addiction and homelessness present in the district. A resolution was expected by July 16, the maximum deadline defined by the municipal system, but a fair resolution was not obtained, despite the payment arrangement continuing to be paid punctually. On September 16, a response was formally requested from the municipality regarding the steps presented through the service request system. The duplicate charges were reiterated, as well as the unused services that continued to be billed and the high quarterly tax, despite having requested the reassessment of the land and its land use. Given that the communication covered various aspects and gave rise to an extensive exchange of correspondence, which includes testimonial evidence of the act, in order not to extend the present fact. On September 18, an email was received attaching a payment arrangement, whose amounts remained without modification. In response, the collections department was consulted whether said document corresponded to the requested adjustment, but it was indicated that the resolutions from the Acueducto and Bienes Inmuebles departments were still pending to modify or undo it. In that context, it was concluded —by deduction— that the email constituted an automatic reminder of the agreed monthly payment, which had not yet been made, pending the municipal resolution. On September 29, given the persistence of institutional silence and lack of resolution, a joint "ultimatum" was sent to the collections department and the Municipal Administration, granting a fifteen-day period. It was warned that, if the billing issue was not resolved within the period, the corresponding rights as consumers and taxpayers would be exercised. Likewise, it was reminded that, if the sale of the property was not finalized before January 2027, his represented party would lose the property it was acquiring in San Ramón, along with the works already undertaken, due to the economic impossibility of continuing to pay off the debt, which could only be covered by selling the land in Paraíso. However, no response or solution whatsoever was received, as has happened on repeated occasions. Given the continuing uncertainty of the property's purchase by the municipality and, since time in San Ramón is running against them, on October 8, a purchase-sale option agreement was signed with the person responsible for the distributorship El Avispón, who would process the corresponding bank financing to acquire farm number two hundred forty-two thousand five hundred seventy-four – zero zero zero, of 603 square meters. On October 10, the form to update the real estate declaration for both farms in Paraíso was requested, in accordance with the correspondence, in response to the current state of the internal infrastructure. Said update was considered necessary given the high current quarterly tax, with the expectation that the amounts would decrease to the benefit of their limited economic capacity. On October 15, the transfer of the four-hundred-square-meter lot, already segregated from farm number two hundred forty-eight thousand nine hundred ten – zero zero zero, was formalized, such that the remainder of said farm remains closed and without advertising, in accordance with the Council's order, whose sole potential client so far is the municipality, which has still not defined the purchase, continues to fail to provide a report on the appraisal performed, nor has it known how to provide a real solution to the old and constant billing problem. Furthermore, for its part, the balance of the payment arrangement continues to be paid normally, despite the improperly charged items, from which automatic judicial collection is envisioned in case of non-compliance with the corresponding contract. In circumstances similar to those described in the twenty-first fact, on October 16, a new email was received with the initial payment arrangement, as a reminder that the current monthly payment had not been canceled, because a fair municipal resolution was awaited before making the corresponding payment. The municipality of Paraíso incurred repeated omissions regarding submissions presented by his represented party between June 2024 and October 2025, related to the sale of the property, the technical appraisal, the billing of duplicate and disproportionate services, as well as the requests mentioned in the nineteenth fact. The lack of substantial response and the unjustified delay in essential procedures directly violate the right to petition and response, both in its constitutional and legal dimensions. The administrative indecision prevents them from making informed patrimonial decisions, as it is unknown whether the property sale will be finalized and whether the charges will be corrected, both with a direct impact on the institutional economy. This uncertainty compromises the availability of resources to meet the obligations acquired in San Ramón and exposes them to the real risk of losing their current headquarters, as well as the foreclosure of the mortgage in Paraíso, given the simultaneous expiration of deadlines. This negligent conduct constitutes a denial of justice contrary to current law and injurious to fundamental rights. His represented party has been prevented from executing the purchase in San Ramón, due to the inaction of the Municipal Administration of Paraíso regarding the firm, unanimous, and final agreement of the Council, through which the acquisition of the offered property was approved in writing. Said agreement provided, among other measures, for the closure of the property until the municipality defined the destination of the land. However, the administrative silence has affected its patrimonial planning and keeps them in prolonged uncertainty as to whether said acquisition will be finalized, which blocks all possibility of offering the property to third parties and of applying the income derived from its sale to acquire the property in San Ramón and continue exercising its institutional purposes without obstacles. The municipality, without formalizing any commitment or issuing any signal of dealing, has unilaterally conditioned the use and disposal of the property as if it were a public asset, when in fact it is a privately owned property. In this context, the municipality cannot assume prerogatives that exceed those of any civil person. The administrative omission violates the principle of legality and the duty of institutional execution, by failing to comply with the obligation to give course to acts adopted in accordance with the legal system. In this case, the Municipal Council, in accordance with the General Law of Public Administration, has authorized through written rule the acquisition of the property; therefore, said decision must be executed in a timely manner and with sufficient reasoning. Such omission compromises the right to legal certainty of his represented party, understood as the guarantee of stability, predictability, and control over the administration, disposal, and outcome of its assets. Likewise, the right to good public administration is violated, which imposes on every authority the duty to act with legality, reasonableness, efficiency, and respect for the rights of the administered. This violation is not limited to the imposition of restrictions on the property but extends to the lack of resolution of the billing problems raised in a timely manner by the Association, which remain without response or effective processing, harming the institutional economic stability and the patrimonial management of his represented party. He affirms that, in the present case, the municipality of Paraíso has subjected his represented party to more onerous conditions than those applied in other municipal acquisition processes, by imposing unilateral restrictions on the disposal of the property without formalizing any commitment or legally justifying the differential treatment. While other offerors have been attended to with speed and clarity after project approval —such as the installation of a Nombre45740 in the place and large-scale urban developments— his represented party has faced institutional silence, closure instructions, and a total absence of dealing signals, despite having expressed from the beginning its patrimonial urgency in San Ramón. This administrative conduct, devoid of reasonableness and normative support, violates the principle of equality before the law, by unjustifiably excluding his represented party from equitable treatment under equivalent legal conditions. To date, no clear justification has been received from the Municipal Administration regarding the reasons why it has not proceeded to provide the complete information requested by the Council for the purchase of the property. Nor has his inquiry regarding the presentation of the purchase project for its respective financial study been answered, with both the date it was presented and whether said project was approved or rejected being unknown. In case it was dismissed, the technical or budgetary reasons that would justify the non-acquisition have also not been set forth, especially considering the previously recorded budget surplus. Likewise, no explanation whatsoever has been offered for the prolonged institutional silence that has prevented the negotiation from advancing and being concluded. The lack of basic information prevents verifying the institutional course of the agreement and seriously compromises the transparency of the process. As owners and offerors, they also have not been informed of the result of the appraisal carried out by the municipality on the property, despite the fact that, due to their status, they should be the first to know it. The absence of information on this essential aspect, without any justification, reinforces the perception of opacity and generates legitimate concern about the prolonged silence and lack of transparency in the entire process. This gives rise to a reasonable concern as to whether the funds that could eventually be approved and allocated for the purchase might be being redirected toward other municipal projects or interests, different from those approved in this case. The lack of transparency also extends to the requests submitted by the Association through the service request system since June of this year, which remain without resolution, despite the municipal system having established a maximum period of one month for their attention. This administrative omission violates the duty of legality and efficiency, and is directly reflected in the current charges, where each service appears marked with the indication "revisar finca" (review farm), without said review having been resolved nor the amounts adjusted, which forces the association to continue paying for duplicated, unused, and disproportionate services from 2014 to date, as recorded in the history of the municipal system, which results in a great loss of economic funds that could be used to satisfy other projects and purposes of their association. Furthermore, regarding the existing duplicate charges, these could not be justified under the argument that the property is composed of two independent farms, given that both have historically operated as a single functional unit, supplied by a single potable water meter. If they were truly separate services, there should be two independent meters and differentiated consumption systems, which is not the case and would evidence a substantial inconsistency in the application of charges. In the present case, a direct impact on the right to religious freedom is constituted by the inoperativeness of the Municipal Administration of Paraíso, by not finalizing the purchase of the property nor allowing his represented party to dispose of it to offer it to third parties and, with the resources obtained, consolidate its territorial presence in San Ramón and exercise its spiritual mission under adequate structural, patrimonial, and economic conditions. This omission prevents not only the fulfillment of its spiritual purposes but also the secure continuity of its spiritual legacy in the place it has freely chosen. Consequently, and considering the definition of the Real Academia Española (RAE) of the term freedom as "facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza" (ease, looseness, natural disposition to do something with skill), the municipal conduct constitutes undue interference in the exercise of its religious freedom, by imposing administrative constraints that prevent the progress of the work and place his represented party at serious risk of losing both properties, both due to the expiration of the purchase deadline and the enforcement of the supported mortgage. Additionally, a normative violation is constituted by the Costa Rican State, by excluding Catholic religious communities of active and contemplative life —monks, nuns, religious men and women— from the automatic tax benefit provided for in article thirty-six of the Regulations to Law number 7509, the Real Estate Tax Law (Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Said article contemplates the ex officio non-subjection to tax only for properties registered in the name of the Temporalidades de la Iglesia Católica, the Conferencia Episcopal de Costa Rica, the Arquidiócesis, and the dioceses of the country, expressly excluding religious communities whose assets are registered under their respective religious legal entities, as recorded in the official registry of the ministry of Relaciones Exteriores y Culto. This normative differentiation between entities of the same faith—diocesan priests, on one hand, and religious communities on the other— lacks objective justification and violates the principle of equality before the law, as well as the right of religious communities to exercise their institutional freedom without undue and unfounded restrictions. In their particular case, the represented party had to process the application before the ministry of Hacienda under the annual application regime, with a sworn statement, as if it were a non-Catholic denomination, which is recorded in the documentary proof corresponding to the twentieth fact. This normative exclusion is not directly attributable to the municipality, but it does form part of the present petition because it is a regulatory provision that violates fundamental rights such as equality before the law and religious freedom. Consequently, it requests that this part of the petition be formally remitted to the ministry of Hacienda and the Poder Ejecutivo, as the bodies responsible for the issuance and approval of the regulations cited in the year 2024, so that the normative omission is reviewed and full respect for the rights of all religious communities recognized by the State is guaranteed, without distinction or internal discrimination within the Catholic faith, for recognizing automatic tax benefits only to diocesan structures. In the present case, the right to citizen participation was violated when, on April 23, 2025, the association requested to be received in a session of the Municipal Council, in order to take advantage of the presence of the mayor or vice-mayor and establish concrete ways to advance the sale negotiation of the offered property. However, the Council reported via official communication that the possibility of being received was suspended, because the report requested from the Municipal Administration on the property's conditions and the budgetary capacity for its acquisition was still pending, as recorded in the eighteenth fact and in the attached evidence.
That request did not imply on their part a demand for immediate resolution, but rather the legitimate right to be heard, to directly present a viable payment solution, and to inquire about the current status of the proceedings, which is unknown to them. Therefore, the failure to address said petition, under an illegal justification, had the effect of excluding the association from a legitimate space for citizen participation, which cannot be conditioned upon the existence or non-existence of technical or financial reports. The implicit refusal to receive them in a municipal session, without legal basis or express resolution, constitutes an institutional omission that violates the right to citizen participation, in contravention of the constitutional and conventional principles that govern democratic exercise at the local level.
2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any action brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient grounds to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected action.
Drafted by Judge Nombre41879; and,
Considering:
I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant claims violations, to the detriment of its represented party, of the right of petition and response, the right to property, the free use and disposition of property, the right to good public administration, legal certainty, equality before the law, administrative transparency and legality, religious freedom, and citizen participation, alleging that the sale of a property to the respondent was negotiated with the deduction of the corresponding payment of certain taxes owed; however, the amount charged for municipal services is incorrect. Nombre3803, furthermore, that it has filed multiple requests so that the sale of the property may be finalized, but nothing is definitively resolved nor are they informed of the respective procedure, which has immobilized the property without them being able to sell it to other persons. That is, the municipality has not yet decided on the purchase, continues to fail to provide a report on the appraisal carried out, nor has it provided a real solution to the long-standing and constant problem of those charges. Nor does it respond to their request to be received by the Municipal Council to express themselves, which they consider harms their right to citizen participation. They also consider that they have been treated in a discriminatory manner because for other offerors such as KFC, the municipality has resolved their large-scale urban projects and developments with speed and clarity, unlike their case. Furthermore, they consider religious freedom harmed by the inaction of the Municipal Administration of Paraíso, by not finalizing the purchase of the property or allowing its represented party to dispose of it to offer it to third parties and, with the resources obtained, consolidate its territorial presence in San Ramón and exercise its spiritual mission under adequate structural, patrimonial, and economic conditions. On the other hand, it accuses a violation of the principle of equality by the State, by excluding Catholic religious communities of active and contemplative life—monks, nuns, male religious, and female religious—from the automatic tax benefit provided in Article 36 of the Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, which contemplates the tax exemption only for properties registered in the name of the Temporalidades of the Catholic Church, the Conferencia Episcopal de Costa Rica, the Arquidiócesis and the dioceses of the country, expressly excluding religious communities whose assets are registered under their respective religious legal entities, as recorded in the official registry of the ministry of Relaciones Exteriores y Culto. It deems that this normative differentiation between entities of the same faith—diocesan priests, on one hand, and religious communities on the other—lacks objective justification and violates the principle of equality before the law, as well as the right of religious communities to exercise their institutional freedom without undue and unfounded restrictions. They consider that their property should be equally exempted from the payment of that tax.
II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. In the first place, it is noted that it does not fall to this Court to determine whether the municipality should or should not acquire the property in question, and even less so to review whether the breakdown of taxes owed or for municipal services is correct or not, as this is an aspect of mere legality. Thus, if the petitioner is dissatisfied with what was resolved or the respondent's omission in that regard, deeming it affects its right to property, the appropriate course is to file the respective appeals and then resort to the contentious-administrative jurisdiction to present its arguments.
The petitioner must also take into consideration that the alleged failure to resolve its requests, in this case, falls within a procurement procedure it has with the municipality regarding the sale of the properties in question and does not constitute mere requests for information protected by the right of petition, but rather by the right to obtain prompt and fulfilled administrative justice, protected by Article 41 of the Constitución Política. Now, regarding the right to obtain prompt and fulfilled administrative justice, since ruling no. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, in relation to this type of delays, this Court has ruled as indicated below.
III.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND FULFILLED MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF INDIVIDUALS. The Sala Constitucional, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations grounded in the infra-constitutional legal order or the legality parameter, which are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it must not be lost from perspective that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, provides indirect grounding for any conceivable substantial legal situation of persons. However, upon better consideration and given the enactment of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that litigants now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for performing various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of admissible claims, orality – and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity –, the single instance with appeal only in expressly specified situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing process or “amparo de legalidad”, pure legal proceedings, the new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial execution, seizure of assets of the fiscal domain and some of the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of case law to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All of these novel procedural institutions have the manifest end and purpose of achieving procedural economy, celerity, promptness, and the effective or fulfilled protection of the substantial legal situations of individuals, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the protection and effective safeguarding of the substantial legal situations of individuals where it is necessary to gather evidence or define certain ordinary legality issues.
IV.- VERIFICATION OF THE TIME LIMITS SET BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES: an evident ordinary legality issue. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the time limits set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the admissible administrative appeals, is an evident ordinary legality issue that, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense – that is, appearing without legal representation – and of gratuitousness for the appellants.
Consequently, outright rejection is imposed with respect to these points and the moving party is advised that, if it deems it appropriate, it may resort to the contentious-administrative jurisdiction to claim the delay.
V.- Regarding the alleged violation of citizen participation because, as the petitioner indicates, the municipality does not respond whether it will receive it in a municipal session, the moving party must note that the lack of response to a request for a hearing does not constitute a violation of the right of petition. This Chamber has so indicated:
“I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant comes to this Constitutional Jurisdiction and alleges that on January 30, 2023, February 13 and 27, 2023, it requested a hearing with the mayor of Puntarenas to help resolve a situation with the community neighbors who invaded part of the street preventing the construction of a sidewalk, curb, and gutter at the site; however, it has obtained no response. It requests the intervention of the Chamber in this matter.
II.- CONCERNING THE SPECIFIC CASE. It must be indicated that a request for a hearing does not fit within the assumption provided in Article 27 of the Constitución Política. The appellant must keep in mind that the request made in that sense is not the exercise of the right of petition, and even less of the right to prompt and fulfilled justice, but rather a simple request to be attended to by public authorities, a hearing that, in any case, will be determined according to the possibilities and activities of the respondent authority (see in a similar sense Ruling No. 2006-016123 of 3:56 p.m. on November 7, 2006). Thus, as things stand, the appeal is inadmissible and its outright rejection proceeds.” (Ruling no. 2023-15415 of 9:50 a.m. on June 27, 2023) On the other hand, the hearings of the Municipal Council are, in principle, public, so nothing prevents the petitioner from appearing at them and, if applicable, requesting the floor, whenever that is possible. Consequently, the appeal is not admissible in this regard.
VI.- The plaintiff alleges that the respondent authority has treated them in a discriminatory manner, because with other offerors such as KFC, it has resolved its large-scale urban projects and developments with speed and clarity, unlike their case, where there has been delay. Likewise, it considers that the principle of equality is violated, by excluding Catholic religious communities of active and contemplative life—monks, nuns, male religious, and female religious—from the automatic tax benefit provided in Article 36 of the Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, which contemplates the tax exemption only for properties registered in the name of the Temporalidades of the Catholic Church, the Conferencia Episcopal de Costa Rica, the Arquidiócesis and the dioceses of the country, expressly excluding religious communities whose assets are registered under their respective religious legal entities, as recorded in the official registry of the ministry of Relaciones Exteriores y Culto. It deems that this normative differentiation between entities of the same faith—diocesan priests, on one hand, and religious communities on the other—lacks objective justification and violates the principle of equality before the law, as well as the right of religious communities to exercise their institutional freedom without undue and unfounded restrictions. They consider that their property should be equally exempted from the payment of that tax.
This Chamber has pointed out that in those cases where a violation of Article 33 of the Constitución Política is alleged, it is not sufficient for the appellant to affirm that a different treatment has occurred between two or more specific subjects to consider the breach of the constitutional norm proven, since whoever alleges the violation of this principle is obligated to provide ab initio sufficient elements that suggest—with a reasonable degree of probability—that a differentiated treatment has been unjustifiably given to equal situations (see rulings nos. 2024-5123, of 9:20 a.m. on February 23, 2024, 2024-10334, of 9:20 a.m. on April 19, 2024, and 2023-31036, of 9:55 a.m. on November 28, 2023, among others). Given the eminently summary nature of the amparo proceeding, it is obvious that the element of comparison must be of such a nature that it does not make it necessary to first analyze the situation of the affected party at the level of ordinary legality. In the specific case, as indicated, from the appellant's account, all the necessary elements are not proven to demonstrate that it finds itself in the same legal situation or in identical conditions that would allow the alleged inequality to be assessed, since it has been presented in very general terms and even though it mentions the case of Nombre45740 as a comparison parameter, this is not consistent, because at first glance they are not under equal conditions. It should be noted that the plaintiff itself expects to be given differentiated treatment because it is a religious order, a condition that Nombre45740 does not possess, nor is it evident that the latter has tried to sell a property to the respondent municipality with the same situation of tax indebtedness, so that which is not equal cannot be equated. In any case, as indicated, given the eminently summary—that is, brief and simple—nature of the amparo proceeding, the processing of which is incompatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine—with a declaratory character—whether the infra-constitutional rank rights that the parties cite as part of the factual list of the amparo appeal or of the legal report, as the case may be, actually exist, it is obvious that the element of comparison must be of such a nature that it does not make it necessary to first analyze the situation of the affected party at the level of ordinary legality, science, or technique. In this sense, it must be kept in mind that the Sala Constitucional is not a comptroller of the legality of the actions or resolutions of the active Administration and cannot replace it in the management of its competencies, so it is not its role to act as an appellate instance in the matter and review whether its decisions conform or not to the current legal regulations, and much less to usurp its attributions and, upon verification of the legal and regulatory requirements of the case, declare that a specific right must be granted to an individual, because all these are aspects of ordinary legality that must be settled in the common, administrative or jurisdictional, venue. Therefore, it would not be appropriate to admit an amparo to discuss a supposed violation of Article 33 of the Constitución Política, if this also made it necessary to analyze in this venue the legality of the claims made by the affected party.
On the other hand, the moving party considers that the inequality established by Article 36 of the regulation to the Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles is unreasonable, because in its opinion, if all belong to the same Catholic religion, all its organizations and not just the Temporalidades of the Church, the Conferencia Episcopal de Costa Rica, the Arquidiócesis and the dioceses of the country should be officially exempted from said tax. In this regard, it is pertinent to indicate that, in principle, the filing of amparo appeals against regulations is not admissible, as provided in Article 30 subsection a) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, unless there exists an act of individual application. Now, although in this case there is a charge for supposedly owed taxes, the truth is that, in reality, a problem of interpretation and application of the regulatory norm is raised that should be settled in the respective legality venue, because it is not for this Chamber to determine whether a congregation or Catholic religious order should or should not be officially exempted under the protection of that norm, that is, whether a specific Catholic association—such as the one represented by the appellant—should be considered as included or considered within the exceptions established in the regulatory norm, a determination that, in itself, corresponds to the application of the norm in the sphere of ordinary legality.
VII.- Finally, in the appellant's opinion, a direct impact on the right to religious freedom arises from the inaction of the Municipal Administration of Paraíso, by not finalizing the purchase of the property nor allowing its represented party to dispose of it to offer it to third parties and, with the resources obtained, consolidate its territorial presence in San Ramón and exercise its spiritual mission under adequate structural, patrimonial, and economic conditions. However, the alleged harm to religious freedom is not evident either, since the sale or encumbrance of a real estate property does not, by itself, determine the exercise of a person's religious freedom, as this does not always depend on a specific space. Note that the appellant seeks to link or relate the omission of the Municipality of Paraíso to an undue limitation on religious freedom; however, it must be remembered that this freedom contains within itself two variables, namely the freedom to profess the faith itself as an intimate conviction of the person—religious freedom in a strict sense—and then, as the freedom of worship properly speaking, that is, the freedom to publicly manifest the belief one professes. In the case under study, it is not apparent how the municipal omission could place religious freedom, thus considered, at risk, for although it could be understood that the appellant's argument goes in the direction of exercising that freedom of worship in another area of the country, what has happened with its property in Paraíso in no way proves to be, by itself, an impact on said variable of religious freedom as such. Indeed, note that the appellant certainly alleges the benefit that having the appropriate economic resources, which would derive from the sale of the property they claim, would represent for such manifestation, but this lacks the direct effect of establishing itself as a specific violation or limitation on religious freedom in the stated terms, because the manifestation of worship itself is dissociated from or unconditioned by economic factors in themselves as those alleged here.
VIII.- In conclusion, the possible injury to fundamental rights that would allow the admission of this matter for a merits review does not emerge from what is claimed. Due to the foregoing, if the appellant deems it appropriate, it may resort to the respondent authority itself or to the corresponding ordinary jurisdictional venue. Regarding this jurisdiction, the appropriate course is to declare the appeal inadmissible.
IX.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE Nombre41993. Although in the past I have held the majority opinion of the Court, upon better consideration of the fundamental rights being claimed, I consider that administrative delay constitutes an injury to a fundamental procedural guarantee, which is why I change the opinion I had expressed, admitting the possible infringement of the right to prompt and fulfilled administrative justice, separating myself from the majority view of the Court, in the sense that—save for few exceptions—this type of reproaches must be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and fulfilled justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of competence assigned to this Court in the matter of protecting fundamental rights, in attention to the provisions of Articles 10 and 48 of the Constitución Política. Although I understand the importance of the reforms to the contentious-administrative jurisdiction as of the effectiveness of Law 8508 of April twenty-four, two thousand six, the truth is that this situation does not justify the referral to that instance of matters that pertain to the competence of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is a swift and effective means for the protection of the fundamental rights of the country's inhabitants.
X.- DISSENTING VOTE OF JUDGE Nombre41880. I must warn that since ruling no. 2019002355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been as follows regarding amparo appeals when these have been filed in favor of a legal entity:
“…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Corte Interamericana de Derechos Humanos indicated that although some States recognize the right of petition to legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that “Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, therefore, legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.” On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons may come to exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as happened in the case of Nombre32579 and others v. Venezuela); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, “the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection by the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are indeed being protected and not those of the legal entities. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities proper to the legal entity, so that such participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.” (emphasis added) (OC. 22/16).” In the sub lite case, the amparo appeal is filed in favor of the Asociación Benedictina Santa María del Pilar. By virtue of the foregoing, I consider that, due to its legal nature, there exists an essential relationship between the alleged impact on a legal entity and the eventual injury to a natural person, which is why I deem it appropriate to analyze the matter on the merits.
On the other hand, from reading the writ of filing, I consider that a mere violation of Article 41 of the Constitution is not alleged, but rather it refers to a presumed grievance due to discrimination and violation of religious freedom. Consequently, I deem it pertinent to process the amparo in order to have more evidentiary elements to corroborate or rule out the accused injury. Hence, I dissent and order the amparo to be processed.
XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, should they have provided any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is rejected outright. Judge Nombre41993 partially dissents, in relation to Article 41 of the Constitution. Judge Nombre41880 dissents and orders the amparo to be processed.
Nombre210.
Nombre211 a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Hubert Fernández A.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2025036337 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre45733, conocido como Nombre45734, religioso, con cédula de identidad número CED23089, en su condición de Nombre211 y representante judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la ASOCIACIÓN BENEDICTINA SANTA MARÍA DEL PILAR; contra la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO.
Resultando:
1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 18 de octubre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la municipalidad recurrida. Manifiesta que desde el 2014 posee un bien inmueble ubicado en el partido de Cartago, doscientos metros al sur del cementerio municipal de Paraíso, frente a la terminal de buses de Llanos de Santa Lucía. Dicho inmueble está conformado por dos fincas registrales. Aunque divididas registralmente, ambas fincas constituyen una sola unidad física y funcional, amurallada y destinada, en su momento, a fines exclusivamente religiosos. Desde la adquisición del inmueble, ha reclamado reiteradamente ante la municipalidad de Paraíso la existencia de cobros indebidos por una paja de agua inexistente, la cual fue desinstalada por la anterior propietaria. A pesar de que los peritos municipales confirmaron la inexistencia de dicha paja de agua, nunca se corrigió el cobro ni se reconocieron los pagos realizados. A esta situación se suman cobros duplicados por servicios municipales y montos desproporcionados por consumo de agua, que en ocasiones rondaban los cien mil colones, sin justificación técnica ni relación con el uso residual del inmueble. Ante la falta de solución por parte de la municipalidad ante reiteradas solicitudes, se optó por suspender el pago de impuestos hasta que se brindara una solución, lo cual generó una acumulación de intereses y una deuda municipal significativa. Dado que la residencia en Paraíso era de carácter transitorio, mientras se procuraba un entorno más propicio para el silencio, la soledad y la estabilidad requeridos por la vida monástica, su representada emprendió la búsqueda de un lugar más adecuado para establecer su sede definitiva. Como resultado de dicho discernimiento, se escogió una propiedad ubicada en San Ramón de Alajuela. En Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de julio de 2024, se acordó la venta del inmueble ubicado en Paraíso, con el fin de destinar su producto económico a la adquisición y consolidación de la nueva sede monástica en San Ramón. Se iniciaron gestiones para vender el inmueble, cuya extensión total es de nueve mil quinientos sesenta y dos metros cuadrados. Entre los interesados, el entonces alcalde de Paraíso, don Nombre45735, manifestó inquietudes sobre la posibilidad de adquirirlo para ampliar el cementerio municipal. Sin embargo, el proceso no avanzó, debido a la existencia de deudas municipales heredadas por el alcalde anterior, don Nombre45736, y a que ya estaba próximo el cambio de administración. Posteriormente, y ya bajo la administración actual, se obtuvo un cliente interesado en desarrollar un proyecto urbanístico en el inmueble. No obstante, la municipalidad alegó que no existía disponibilidad de agua suficiente en la zona, lo cual resultó contradictorio, dado que en sectores aledaños como Las Cóncavas y La Laguna se han autorizado proyectos habitacionales de gran escala. Ante tal inconsistencia, se solicitó audiencia con el alcalde en funciones, don Nombre45737, quien finalmente accedió a reconsiderar el proyecto. Sin embargo, el principal obstáculo para desarrollar el inmueble pasó a ser la deuda municipal acumulada por su representada, cuyos intereses continuaban incrementándose progresivamente. Ante ello, se retomaron gestiones en el departamento de cobros, a cargo del señor Nombre45738, con el fin de que se ajustaran los montos facturados y se reconocieran los abonos previamente realizados sobre los conceptos mal cobrados, de modo que tales pagos pudieran aplicarse al saldo corregido. Una vez efectuado dicho ajuste, se procedería al pago regular del monto restante, conforme a la normativa municipal vigente. No obstante, la falta de resolución por parte del área de cobros, a pesar de las gestiones realizadas, provocó la pérdida definitiva del cliente. Posteriormente, la Cooperativa de Transportistas de Paraíso, R. L. (por sus siglas COOPEPAR, R. L.), manifestó interés en adquirir parte del inmueble para establecer una terminal de resguardo de autobuses, aprovechando su ubicación estratégica frente a la terminal de Llanos de Santa Lucía. Sin embargo, el señor alcalde rechazó la propuesta, alegando que el uso urbano proyectado generaría contaminación ambiental, a pesar de que la misma cooperativa opera una terminal similar en pleno centro del cantón, sin que se haya objetado dicha actividad por razones ambientales. Tal contradicción impidió avanzar en la negociación y provocó nuevamente la pérdida de una oportunidad legítima y funcional para el desarrollo del inmueble. Ante la ausencia de nuevos interesados en el inmueble, se consultó al actual alcalde sobre la posibilidad de retomar el proyecto impulsado por la administración anterior, según el cual la municipalidad adquiriría la propiedad para agrandar el cementerio. El señor alcalde solicitó que presentaran una carta formal a través del correo electrónico de la alcaldía, con el fin de trasladarla al Concejo Municipal, facilitar su trámite y buscar una forma de ayudarnos. El 18 de junio de 2024 se envió la solicitud, ofreciendo el inmueble por quinientos cincuenta millones de colones, con opción de financiamiento. Aunque el valor comercial total, según avalúos realizados antes de la pandemia, rondaba los ochocientos millones de colones, la oferta se limitó al terreno y se excluyó el valor de la infraestructura, dado que la venta tenía como único propósito financiar la adquisición de la propiedad en San Ramón. Transcurridos seis meses después y ante la falta de respuesta, el 20 de diciembre se envió una consulta de seguimiento al mismo correo, sin obtener contestación, por lo que el 8 de enero del presente año se reenvió la solicitud al correo del Concejo Municipal, obteniéndose acuse de recibido el 10 de enero por parte de la Secretaría del Concejo. El 22 de enero de 2025 se recibió el oficio CONMU – 108 – 2025, donde el Concejo Municipal acordó por voto firme, unánime y definitivo: solicitar el cierre del inmueble hasta que se definiera su destino, requerir a la Administración Municipal un estudio de factibilidad económica, instruir el avalúo técnico del inmueble y solicitar el informe de uso de suelo. Por su parte, su representada manifestó su anuencia a colaborar con el trámite y propuso que la deuda municipal fuera descontada del precio de venta, sujeta a corrección por duplicaciones y errores en el desglose. En atención al acuerdo del Concejo, se retiraron todos los rótulos de venta y el inmueble fue cerrado definitivamente, debiendo informar a quienes más adelante se mostraban interesados en la propiedad, que ya no se encontraba disponible. El 29 de enero, la perito Nombre45739, del departamento de Bienes Inmuebles y Catastro, agendó cita de evaluación para el día siguiente. Durante la visita, indicó que su superior inmediato era el alcalde y que la municipalidad valoraba el inmueble como posible sede para ampliar sus oficinas administrativas. Señaló que la infraestructura existente, aunque afectada por vandalismo presente en la zona, al no estar demolida, permitiría una inversión mínima para su acondicionamiento, lo que favorecería la negociación. En esa misma ocasión, se le informó que sería segregado un lote de cuatrocientos metros cuadrados, perteneciente a la finca número doscientos cuarenta y ocho mil novecientos diez – cero cero cero, sobre el cual existía una opción de compraventa con un cliente desde antes de la pandemia, cuyo negocio seguía vigente. Asimismo, se comunicó que en días anteriores el propietario de la distribuidora El Avispón, ubicada frente a la propiedad, había manifestado su interés en adquirir la finca número doscientos cuarenta y dos mil quinientos setenta y cuatro – cero cero cero, de seiscientos tres metros cuadrados, pese a que se le indicó que el inmueble había sido cerrado para ser ofrecido a otro cliente potencial, es decir, la municipalidad. Se advirtió que, si la negociación municipal no avanzaba con prontitud, debía considerarse dicha oportunidad de venta para cumplir con los abonos pertinentes en San Ramón, cuyo plazo de compra vencía en enero de dos mil veintisiete. Consultada la perita sobre si ambas fracciones afectarían la negociación municipal, indicó que no, dado que no se reduciría significativamente el terreno ofrecido. Al finalizar la visita, se le remitieron por correo electrónico sus avalúos efectuados antes de la pandemia, los cuales sustentaban el precio de venta ofrecido. Manifestó que los consultaría para elaborar el informe que estaría listo en un plazo no mayor a tres días hábiles. Pese a los días transcurridos, no se había recibido información pertinente sobre el avalúo realizado, por ello el 13 de febrero se dio seguimiento al caso mediante consulta por correo electrónico, puesto que la ausencia del informe impedía valorar si el monto estimado por la municipalidad permitiría cubrir los compromisos adquiridos en San Ramón y si resultaba viable continuar con la negociación conforme al precio que se estableciera. Sin embargo, no se obtuvo respuesta sino hasta el 4 de marzo, cuando la profesional señaló que el informe había sido trasladado a jefatura desde el 3 de febrero, para ser remitido a la alcaldía y posteriormente presentado al Concejo Municipal. Debido a la falta de pronunciamiento municipal sobre la negociación vigente, el 17 de febrero se decidió hipotecar en primer grado la finca número doscientos cuarenta y ocho mil novecientos diez – cero cero cero, de la cual se proyecta segregar el lote ya referido de cuatrocientos metros. La hipoteca, por un monto de cien millones de colones, sería levantada en caso de que la municipalidad decidiera adquirir el inmueble y se constituyó con el fin de asegurar los próximos abonos en San Ramón, mientras la municipalidad se pronunciaba al respecto. El 18 de febrero se recibió el oficio CONMU – 194 – 2025, donde el Concejo Municipal acordó trasladar a la Administración Municipal la gestión presentada por su representada, indicando que la compensación de tributos solo era posible bajo ciertos parámetros legales. En seguimiento, se acudió a las instalaciones municipales con el fin de plantear una solución a la reiterada problemática en el desglose de cobros; no obstante, pese a su insistencia y a las evidencias presentadas donde se reflejaban los cobros duplicados, los encargados del área alegaron que no existían errores en la facturación. El 13 de marzo de 2025 se recibió el oficio CONMU – 310 – 2025, en el que el Concejo Municipal indicó que la compensación de deudas propuesta por su representada no era legalmente procedente y que debía ponerse al día la deuda tributaria. Ante ello, se procedió a recaudar los fondos pertinentes mediante la negociación del lote de cuatrocientos metros, con profundo pesar por tener que asumir un cobro que la municipalidad nunca corrigió, pese a los errores señalados oportunamente. Ante la ausencia de un informe sobre el avalúo realizado, el 23 de abril se solicitó al Concejo el valor asignado al inmueble, en ejercicio del derecho como propietarios y vendedores a conocer ese dato fundamental. Sin embargo, ante el silencio institucional persistente, el 16 de mayo se pidió ser recibidos en sesión para avanzar en la negociación de venta, indicando que un tercero ofrecía prestarles el dinero para cubrir la deuda de los impuestos, condicionado a que la municipalidad confirmara su intención de compra. No fue sino hasta el 19 de mayo cuando se recibió el oficio CONMU – 606 – 2025, donde el Concejo notificó la existencia de avances en el avalúo, pero que el tema había sido devuelto a la Administración para atender integralmente el acuerdo adoptado, incluyendo no solo el valor del inmueble, sino también la viabilidad financiera y técnica de su adquisición. Además, el 12 de junio se recibió el oficio CONMU – 725 – 2025, mediante el cual el Concejo informó que seguía pendiente el informe solicitado a la Administración Municipal sobre las condiciones del inmueble y la capacidad presupuestaria para su adquisición, por ello se dejaría en suspenso la posibilidad de ser recibidos. El 16 de junio acudió nuevamente al departamento de cobros para buscar una solución ante la deuda municipal y su problemática vigente en el desglose facturado. En ese contexto, se firmó un contrato de arreglo de pago, únicamente con el objetivo de que la deuda no siguiera representando un obstáculo para la negociación de venta del inmueble a la municipalidad. No obstante, en el acto no se ofrecieron soluciones respecto a los cobros cuestionados, sino que debieron gestionarse nuevamente en planilla de servicios, esta vez bajo tres solicitudes formales con los consecutivos COR 202500000968, COR 202500000969 y COR 202500000970, referidas a la persistencia del cobro por paja de agua, el servicio facturado de recolección de basura —a pesar de que el inmueble permanecía deshabitado desde hacía dos años atrás— y la solicitud de reevaluación del uso del inmueble, considerando los daños sufridos por vandalismo y hurto, debidos a la drogadicción e indigencia presentadas en el distrito. Se esperaba resolución para el 16 de julio, plazo máximo definido por el sistema municipal, pero no se obtuvo una justa resolución, pese a que el arreglo de pago continuaba saldándose puntualmente. El 16 de septiembre, se solicitó formalmente a la municipalidad una respuesta sobre las gestiones presentadas en planilla de servicios. Se reiteraron los cobros duplicados, los servicios no utilizados que seguían facturándose y el impuesto trimestral elevado, pese a haberse solicitado la reevaluación del terreno y su uso de suelo. Dado que la comunicación abarcó diversos aspectos y dio lugar a un extenso intercambio de correspondencia, donde constan las pruebas testimoniales del acto, a fin de no extender el presente hecho. El 18 de septiembre se recibió un correo electrónico en el que se anexaba un arreglo de pago, cuyos montos permanecían sin modificación. Ante ello, se consultó al departamento de cobros si dicho documento correspondía al ajuste solicitado, pero se indicó que aún estaban pendientes las resoluciones de los departamentos de Acueducto y Bienes Inmuebles para modificarlo o deshacerlo. En ese contexto, se concluyó —por deducción— que el correo constituía un recordatorio automático del pago mensual pactado, el cual aún no se había efectuado, en espera de la resolución municipal. El 29 de septiembre, ante la persistencia del silencio institucional y la falta de resolución, se remitió un “ultimátum” conjunto al departamento de cobros y a la Administración Municipal, otorgando un plazo de quince días. Se advirtió que, de no solucionarse la problemática de cobros dentro del lapso, se procedería a ejercer los derechos correspondientes como consumidores y contribuyentes. Asimismo, se recordó que, de no concretarse la venta del inmueble antes de enero de 2027, su representada perdería la propiedad que estaba adquiriendo en San Ramón, junto con las obras ya emprendidas, por la imposibilidad económica de continuar saldando la deuda, la cual solo podía cubrirse mediante la venta del terreno en Paraíso. Sin embargo, no se recibió respuesta ni solución alguna, como ha sucedido en reiteradas ocasiones. Ante la continua incertidumbre de compra del inmueble por parte de la municipalidad y, dado que el tiempo en San Ramón corre en su contra, el 8 de octubre se suscribió un contrato de opción de compraventa con el responsable de la distribuidora El Avispón, quien tramitaría el financiamiento bancario correspondiente para adquirir la finca número doscientos cuarenta y dos mil quinientos setenta y cuatro – cero cero cero, de 603 metros cuadrados. El 10 de octubre se solicitó el formulario para actualizar la declaratoria de bienes inmuebles sobre ambas fincas en Paraíso, conforme a la correspondencia, en atención al estado actual de la infraestructura interna. Dicha actualización se consideró necesaria ante el elevado impuesto trimestral vigente, con la expectativa de que los montos disminuyeran en beneficio de su limitada capacidad económica. El 15 de octubre se formalizó el traspaso del lote de cuatrocientos metros cuadrados, ya segregado de la finca número doscientos cuarenta y ocho mil novecientos diez – cero cero cero, de manera que el resto de dicha finca permanece cerrado y sin publicidad, conforme a lo ordenado por el Concejo, cuyo único cliente potencial hasta ahora es la municipalidad, quien aún no define la compra, sigue sin brindar un informe sobre el avalúo realizado, ni tampoco ha sabido brindar una solución real a la antigua y constante problemática de cobros. Además, por su parte continúa abonándose con normalidad el saldo del arreglo de pago, a pesar de los rubros mal cobrados, de los cuales se prevé el cobro judicial automático en caso de incumplimiento del contrato correspondiente. En circunstancias similares a las descritas en el hecho vigésimo primero, el 16 de octubre se recibió un nuevo correo con el arreglo de pago inicial, a modo de recordatorio de que la mensualidad vigente no había sido cancelada, en razón de que se aguardaba una justa resolución municipal antes de efectuar el pago correspondiente. La municipalidad de Paraíso incurrió en omisiones reiteradas frente a gestiones presentadas por su representada entre junio de 2024 y octubre de 2025, relativas a la venta del inmueble, el avalúo técnico, la facturación de servicios duplicados y desproporcionados, así como las solicitudes mencionadas en el hecho décimo noveno. La falta de respuesta sustancial y la dilación injustificada en trámites esenciales vulneran directamente el derecho de petición y respuesta, tanto en su dimensión constitucional como legal. La indefinición administrativa les impide tomar decisiones patrimoniales fundadas, al desconocer si se concretará la venta del inmueble y si se corregirán los cobros, ambos con incidencia directa en la economía institucional. Esta incertidumbre compromete la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones adquiridas en San Ramón y los expone al riesgo real de perder su sede actual, así como a la ejecución de la hipoteca en Paraíso, ante el vencimiento simultáneo de los plazos. Esta conducta negligente configura una denegación de justicia contraria al ordenamiento vigente y lesiva de derechos fundamentales. Su representada ha sido impedida de ejecutar la compra en San Ramón, debido a la inacción de la Administración Municipal de Paraíso frente al acuerdo firme, unánime y definitivo del Concejo, mediante el cual se aprobó por escrito la adquisición del bien ofrecido. Dicho acuerdo dispuso, entre otras medidas, el cierre del inmueble hasta que la municipalidad definiera el destino del terreno. No obstante, el silencio administrativo ha afectado su planificación patrimonial y los mantiene en una incertidumbre prolongada sobre si se concretará dicha adquisición, lo que bloquea toda posibilidad de ofrecer el bien a terceros y de aplicar los ingresos derivados de su venta para adquirir la propiedad en San Ramón y continuar ejerciendo sin obstáculos sus fines institucionales. La municipalidad, sin formalizar compromiso alguno ni emitir señal de trato, ha condicionado unilateralmente el uso y disposición del inmueble como si se tratara de un activo público, cuando en realidad se trata de un bien de propiedad privada. En este contexto, el municipio no puede asumir prerrogativas que excedan las de cualquier persona civil. La omisión administrativa vulnera el principio de legalidad y el deber de ejecución institucional, al incumplir la obligación de dar curso a actos adoptados conforme al ordenamiento jurídico. En este caso, el Concejo Municipal, conforme a la Ley General de la Administración Pública, ha autorizado mediante norma escrita la adquisición del inmueble, por lo que dicha decisión debe ejecutarse en tiempo oportuno y con motivación suficiente. Tal omisión compromete el derecho de seguridad jurídica de su representada, entendido como la garantía de estabilidad, previsibilidad y control sobre la administración, disposición y desenlace de sus bienes. Asimismo, se vulnera el derecho a una buena administración pública, que impone a toda autoridad el deber de actuar con legalidad, razonabilidad, eficiencia y respeto por los derechos de los administrados. Esta vulneración no se limita a la imposición de restricciones sobre el inmueble, sino que se extiende a la falta de resolución de los problemas de cobro planteados oportunamente por la Asociación, los cuales siguen sin respuesta ni trámite efectivo, perjudicando la estabilidad económica institucional y la gestión patrimonial de su representada. Afirma que, en el presente caso, la municipalidad de Paraíso ha sometido a su representada a condiciones más gravosas que las aplicadas en otros procesos de adquisición municipal, al imponer restricciones unilaterales sobre la disposición del inmueble sin formalizar compromiso alguno ni justificar legalmente el trato diferencial. Mientras otros oferentes han sido atendidos con celeridad y claridad tras la aprobación de proyectos —como la instalación de un Nombre45740 en el lugar y desarrollos urbanos de gran escala— su representada ha enfrentado silencio institucional, instrucciones de cierre y ausencia total de señal de trato, pese a haber manifestado desde el inicio su urgencia patrimonial en San Ramón. Esta conducta administrativa, carente de razonabilidad y respaldo normativo, vulnera el principio de igualdad ante la ley, al excluir injustificadamente a su representada de un trato equitativo en condiciones jurídicas equivalentes. Hasta la fecha, no se ha recibido una justificación clara por parte de la Administración Municipal sobre las razones por las cuales no ha procedido a brindar la información completa solicitada por el Concejo para la compra del inmueble. Tampoco se ha respondido su consulta sobre la presentación del proyecto de compra para su respectivo estudio financiero, desconociéndose tanto la fecha en que fue presentado como si dicho proyecto fue aprobado o rechazado. En caso de haber sido desestimado, tampoco se han expuesto las razones técnicas o presupuestarias que justificarían la no adquisición, especialmente considerando el superávit presupuestario previamente registrado. Asimismo, no se ha ofrecido explicación alguna sobre el prolongado silencio institucional que ha impedido avanzar en la negociación y llevarla a término. La carencia de información básica impide verificar el curso institucional del acuerdo y compromete gravemente la transparencia del proceso. Como propietarios y oferentes, tampoco se les ha comunicado el resultado del avalúo efectuado por la municipalidad sobre el inmueble, a pesar de que, por su condición, deberían ser los primeros en conocerlo. La ausencia de información sobre este aspecto esencial, sin justificación alguna, refuerza la percepción de opacidad y genera legítima preocupación sobre el prolongado silencio y la falta de transparencia en todo el proceso. Ello da lugar a una inquietud razonable respecto de si los fondos que eventualmente podrían ser aprobados y destinados para la compra estarían siendo redirigidos hacia otros proyectos o intereses municipales, distintos de los que fueron aprobados en este caso. La falta de transparencia se extiende también a las solicitudes presentadas por la Asociación en la planilla de servicios desde junio del presente año, las cuales siguen sin resolución, a pesar de que el sistema municipal estableció un plazo máximo de un mes para su atención. Esta omisión administrativa vulnera el deber de legalidad y eficiencia, y se refleja directamente en los cobros actuales, donde cada servicio aparece marcado con la indicación “revisar finca”, sin que se haya resuelto dicha revisión ni ajustado los montos, lo que obliga a la asociación a seguir pagando por servicios duplicados, sin utilizar y desproporcionados desde 2014 hasta la fecha, según consta en el historial del sistema municipal, lo cual repercute en una gran pérdida de fondos económicos que pudieran emplearse para satisfacer otros proyectos y fines de su asociación. Además, en relación con los cobros duplicados existentes, estos no podrían justificarse bajo el argumento de que la propiedad está conformada por dos fincas independientes, dado que ambas han operado históricamente como una sola unidad funcional, abastecida por un único medidor de servicio potable. Si realmente se tratara de servicios separados, deberían existir dos medidores independientes y sistemas de consumo diferenciados, lo cual no ocurre y evidenciaría una incoherencia sustancial en la aplicación de cobros. En el presente caso, se configura una afectación directa al derecho de libertad religiosa por parte de la inoperancia de la Administración Municipal de Paraíso, al no concretar la compra del inmueble ni permitir que su representada disponga de él para ofrecerlo a terceros y, con los recursos obtenidos, consolidar su presencia territorial en San Ramón y ejercer su misión espiritual en condiciones estructurales, patrimoniales y económicas adecuadas. Esta omisión impide no solo el cumplimiento de sus fines espirituales, sino también la continuidad segura de su legado espiritual en el lugar que ha escogido libremente. En consecuencia, y considerando la definición de la Real Academia Española (RAE) sobre el término libertad como la “facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza”, la conducta municipal constituye una interferencia indebida en el ejercicio de su libertad religiosa, al imponer ataduras administrativas que impiden el avance de la obra y colocan a su representada en grave riesgo de perder ambas propiedades, tanto por el vencimiento del plazo de compra como por la ejecución de la hipoteca soportada. Adicionalmente, se configura una violación normativa por parte del Estado costarricense, al excluir a las comunidades religiosas católicas de vida activa y contemplativa —monjes, monjas, religiosos y religiosas— del beneficio tributario automático previsto en el artículo treinta y seis del Reglamento a la Ley número 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dicho artículo contempla la no sujeción tributaria de oficio únicamente para inmuebles registrados a nombre de las Temporalidades de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la Arquidiócesis y las diócesis del país, excluyendo expresamente a las comunidades religiosas cuyos bienes están inscritos bajo sus respectivas personerías jurídicas religiosas, conforme consta en el registro oficial del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Esta diferenciación normativa entre entidades del mismo credo—sacerdotes diocesanos, por un lado, y comunidades religiosas por otro— carece de justificación objetiva y vulnera el principio de igualdad ante la ley, así como el derecho de las comunidades religiosas a ejercer su libertad institucional sin restricciones indebidas e infundada. En su caso particular, la representada debió gestionar el trámite ante el ministerio de Hacienda bajo el régimen de solicitud anual, con declaración jurada, como si se tratara de una denominación no católica, lo cual consta en la prueba documental correspondiente al hecho vigésimo. Esta exclusión normativa no es atribuible directamente a la municipalidad, pero sí forma parte del presente recurso por tratarse de una disposición reglamentaria que vulnera derechos fundamentales como la igualdad ante la ley y la libertad religiosa. En consecuencia, solicita que esta parte del recurso sea formalmente remitida al ministerio de Hacienda y al Poder Ejecutivo, como órganos responsables de la emisión y aprobación del reglamento citado en el año 2024, para que se revise la omisión normativa y se garantice el respeto pleno de los derechos de todas las comunidades religiosas reconocidas por el Estado, sin distinción o discriminación interna dentro del credo católico, al reconocer beneficios tributarios automáticos únicamente a estructuras diocesanas. En el presente caso, el derecho de participación ciudadana fue vulnerado cuando, el día 23 de abril de 2025, la asociación pidió ser recibida en sesión del Concejo Municipal, con el fin de aprovechar la presencia del alcalde o la vicealcaldesa y establecer formas concretas de avance en la negociación de venta del inmueble ofrecido. Sin embargo, el Concejo informó a través de oficio que la posibilidad de ser recibidos quedaba en suspenso, debido a que aún estaba pendiente el informe solicitado a la Administración Municipal sobre las condiciones del inmueble y la capacidad presupuestaria para su adquisición, según consta en el hecho décimo octavo y en las pruebas adjuntas. Tal solicitud no implicaba de su parte una exigencia de resolución inmediata, sino el legítimo derecho de ser escuchados, de presentar directamente una solución viable de pago y de consultar el estado actual del proceso, el cual les resulta desconocido. Por tanto, la omisión de atender dicha petición, bajo una justificación ilegal, tuvo como efecto excluir a la asociación de un espacio legítimo de participación ciudadana, el cual no puede condicionarse a la existencia o no de informes técnicos o financieros. La negativa implícita a recibirlos en sesión municipal, sin fundamento jurídico ni resolución expresa, constituye una omisión institucional que vulnera el derecho de participación ciudadana, en contravención de los principios constitucionales y convencionales que rigen el ejercicio democrático en el ámbito local.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Nombre41879; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reclama violados, en perjuicio de su representada, el derecho de petición y respuesta, el derecho a la propiedad, al libre uso y disposición de la propiedad, a la buena administración pública, a la seguridad jurídica, a la igualdad ante la ley, a la transparencia y legalidad administrativa, a la libertad religiosa y a la participación ciudadana, por cuanto aduce que se gestionó la venta de una propiedad a la recurrida con la deducción del respectivo pago de unos impuestos adeudados; sin embargo, el monto cobrado por servicios municipales no es el correcto. Nombre3803, además, que ha planteado múltiples gestiones, a fin de que se haga efectiva la venta de la propiedad, pero no se resuelve nada en definitiva ni les informan del trámite respectivo, lo que ha inmovilizado la propiedad sin que puedan vendérsela a otras personas. Es decir, la municipalidad aún no define la compra, sigue sin brindar un informe sobre el avalúo realizado, ni ha brindado una solución real a la antigua y constante problemática de esos cobros. Tampoco les contesta la gestión para ser recibidos en el Concejo Municipal para manifestarse, lo que consideran lesiona su derecho de participación ciudadana. También consideran que se les ha tratado de forma discriminatoria porque a otros oferentes como KFC, el municipio les ha resuelto con celeridad y claridad sus proyectos y desarrollos urbanos de gran escala, a diferencia de su caso. Además, considera lesionada la libertad religiosa por parte de la inoperancia de la Administración Municipal de Paraíso, al no concretar la compra del inmueble ni permitir que su representada disponga de él para ofrecerlo a terceros y, con los recursos obtenidos, consolidar su presencia territorial en San Ramón y ejercer su misión espiritual en condiciones estructurales, patrimoniales y económicas adecuadas. De otro lado, acusa una violación al principio de igualdad por parte del Estado, al excluir a las comunidades religiosas católicas de vida activa y contemplativa —monjes, monjas, religiosos y religiosas— del beneficio tributario automático previsto en el artículo 36 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el cual contempla la exoneración tributaria únicamente para inmuebles registrados a nombre de las Temporalidades de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la Arquidiócesis y las diócesis del país, excluyendo expresamente a las comunidades religiosas cuyos bienes están inscritos bajo sus respectivas personerías jurídicas religiosas, conforme consta en el registro oficial del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Estima que esta diferenciación normativa entre entidades del mismo credo—sacerdotes diocesanos, por un lado, y comunidades religiosas por otro— carece de justificación objetiva y vulnera el principio de igualdad ante la ley, así como el derecho de las comunidades religiosas a ejercer su libertad institucional sin restricciones indebidas e infundadas. Consideran que su propiedad debe ser igualmente exonerada del pago de ese impuesto.
II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. En primer término, se advierte que no corresponde a este Tribunal, determinar si la municipalidad debe o no adquirir la propiedad en cuestión y menos aún revisar si el desglose de impuestos adeudados o por servicios municipales es el correcto o no, por tratarse de un aspecto de mera legalidad. De manera que, si el tutelado se encuentra inconforme con lo resuelto o la omisión de la recurrida en ese sentido por estimar que afecta su derecho a la propiedad, lo pertinente es que interponga los recursos respectivos y luego acuda a la vía contenciosa administrativa a plantear sus alegatos.
Debe tomar en consideración también el tutelado que la acusada falta de resolución de sus gestiones, en este caso se enmarcan en un procedimiento de contratación que tiene con el municipio respecto de la venta de las propiedades en cuestión y no configuran meras solicitudes de información amparables por el derecho de petición, sino por el derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida, amparado por el artículo 41 de la Constitución Política. Ahora, respecto del derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida, desde la sentencia nro. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, en relación con este tipo de retardos, este Tribunal se ha pronunciado conforme se indica a continuación.
III.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.
IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: cuestión evidente de legalidad ordinaria. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes.
Consecuentemente, se impone el rechazo de plano en cuanto a estos extremos e indicar a la parte gestionante que, si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa a reclamar su retardo.
V.- En cuanto a la acusada violación a la participación ciudadana porque según indica el tutelado, el municipio no le contesta si lo recibe o no en una sesión municipal, advierta el gestionante que la falta de respuesta de una solicitud de audiencia no configura una violación al derecho de petición. Así lo ha indicado esta Sala:
“I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente acude a esta Jurisdicción Constitucional y acusa que los días 30 de enero de 2023, 13 y 27 de febrero de 2023, solicitó una audiencia con el alcalde de Puntarenas para que ayude a solventar una situación con los vecinos de la comunidad que invadieron parte de la calle que impide que se construya acera, cordón y caño en el sitio, no obstante, no ha obtenido respuesta. Solicita la intervención de la Sala en el presente asunto.
II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Debe indicarse que una solicitud de audiencia no encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 27 de la Constitución Política. Debe tener presente el recurrente que la solicitud planteada en ese sentido no es el ejercicio del derecho de petición, y aún menos del derecho a una justicia pronta y cumplida, sino una simple solicitud ser atendido por las autoridades públicas, audiencia que, en todo caso, se determinará de acuerdo con las posibilidades y actividades que tenga la autoridad recurrida (véase en similar sentido la sentencia No. 2006-016123 de las 15:56 horas del 7 de noviembre de 2006). Así las cosas, el recurso es inadmisible y procede su rechazo de plano”. (Sentencia nro. 2023-15415 de las 9:50 horas del 27 de junio de 2023) Por otro lado, las audiencias del Concejo Municipal, en principio son públicas, de manera que nada le impide al tutelado apersonarse a las mismas y si es del caso gestionar el uso de la palabra, cuando ello sea posible. Por consiguiente, no resulta admisible el recurso en este sentido.
VI.- Alega el accionante que la autoridad recurrida los ha tratado de forma discriminatoria, porque con otros oferentes como KFC, este ha resuelto con celeridad y claridad sus proyectos y desarrollos urbanos de gran escala, a diferencia de su caso, donde se ha tardado. Asimismo, considera que se violenta el principio de igualdad, al excluir a las comunidades religiosas católicas de vida activa y contemplativa —monjes, monjas, religiosos y religiosas— del beneficio tributario automático previsto en el artículo 36 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el cual contempla la exoneración tributaria únicamente para inmuebles registrados a nombre de las Temporalidades de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la Arquidiócesis y las diócesis del país, excluyendo expresamente a las comunidades religiosas cuyos bienes están inscritos bajo sus respectivas personerías jurídicas religiosas, conforme consta en el registro oficial del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Estima que esta diferenciación normativa entre entidades del mismo credo—sacerdotes diocesanos, por un lado, y comunidades religiosas por otro— carece de justificación objetiva y vulnera el principio de igualdad ante la ley, así como el derecho de las comunidades religiosas a ejercer su libertad institucional sin restricciones indebidas e infundadas. Consideran que su propiedad debe ser igualmente exonerada del pago de ese impuesto.
Esta Sala ha señalado que en aquellos casos en que se acuse vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos o más sujetos determinados para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales (véanse las sentencias nros. 2024-5123, de las 9:20 horas del 23 de febrero de 2024, 2024-10334, de las 9:20 horas del 19 de abril de 2024 y 2023-31036, de las 9:55 horas del 28 de noviembre de 2023, entre otras). Dado el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, es obvio que el elemento de comparación debe ser de tal naturaleza que no haga necesario entrar a analizar, de previo, cuál es la situación de la parte afectada en el plano de la legalidad ordinaria. En el caso concreto, tal como se indicó, del dicho del recurrente no se acreditan todos los elementos necesarios para demostrar que se encuentre en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas que permitan valorar la aducida desigualdad, pues ha sido planteado en términos muy generales y aun cuando menciona el caso de Nombre45740 como parámetro de comparación, este no resulta consecuente, pues a simple vista no se encuentran en igualdad de condiciones. Adviértase que el propio accionante espera que se le dé un tratamiento diferenciado por tratarse de una orden religiosa, condición que no ostenta Nombre45740, ni se advierte que la misma haya intentado vender una propiedad al municipio recurrido con la misma situación de adeudo de impuestos, por lo que no se puede equiparar lo que no es igual. En todo caso, tal como se indicó. dado el carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— del proceso de amparo, cuya tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad, es obvio que el elemento de comparación debe ser de tal naturaleza que no haga necesario entrar a analizar, previamente, cuál es la situación de la parte afectada en el plano de la legalidad ordinaria, de la ciencia o de la técnica. En este sentido, debe tenerse presente que la Sala Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración activa y tampoco puede reemplazarla en la gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde hacer las veces de alzada en la materia y revisar si sus decisiones se ajustan o no a la normativa legal vigente, y mucho menos usurpar sus atribuciones y, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios del caso, declarar que un determinado derecho debe ser otorgado a un administrado, pues todos éstos son aspectos de legalidad ordinaria que deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional. Por lo tanto, no sería procedente admitir un amparo para discutir una supuesta violación al artículo 33 de la Constitución Política, si ello también hiciera necesario analizar en esta vía la legalidad de las pretensiones formuladas por la parte afectada.
Por otro lado, el gestionante considera que es irrazonable la desigualdad que establece el artículo 36 del reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, porque en su criterio, si todos son de la misma religión católica, todas las organizaciones de esta y no solo las Temporalidades de la Iglesia, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la Arquidiócesis y las diócesis del país deberían ser exoneradas de oficio de tal impuesto. Al respecto procede indicar que, en principio, no cabe la interposición de recursos de amparo contra normas, según lo dispuesto en el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excepto que exista un acto de aplicación individual. Ahora, si bien en este caso hay un cobro de presuntos impuestos adeudados, lo cierto es que, en realidad se plantea un problema de interpretación y aplicación de la norma reglamentaria que corresponde ser dirimido en la vía de legalidad respectiva, pues no le compete a esta Sala determinar si una congregación u orden religiosa católica debe ser o no exonerada de oficio al amparo de esa norma, es decir, si una determinada asociación de carácter católica -como la que representa el recurrente- debe ser considerada como incluida o considerada dentro de las excepciones establecidas en la norma reglamentaria, determinación que, de suyo, corresponde a la aplicación de la norma en el ámbito de la legalidad ordinaria.
VII.- Finalmente, en criterio del recurrente se configura una afectación directa al derecho de libertad religiosa por parte de la inoperancia de la Administración Municipal de Paraíso, al no concretar la compra del inmueble ni permitir que su representada disponga de él para ofrecerlo a terceros y, con los recursos obtenidos, consolidar su presencia territorial en San Ramón y ejercer su misión espiritual en condiciones estructurales, patrimoniales y económicas adecuadas. Si embargo, tampoco se advierte la aducida lesión a la libertad religiosa, pues la venta o gravamen de un bien inmueble no determina por sí mismo, el ejercicio de la libertad religiosa de una persona, ya que ello no siempre depende de un espacio determinado. Nótese que el recurrente pretende enlazar o relacionar la omisión de la Municipalidad de Paraíso con una limitación indebida a la libertad religiosa; sin embargo, debe recordarse que esta libertad contiene en sí misma dos variables, sea la libertad de profesar el credo en sí mismo como una íntima convicción de la persona -libertad religiosa en sentido estricto-, y luego, como libertad de culto propiamente dicha, es decir, la libertad de manifestar públicamente la creencia que se profesa. En el caso bajo estudio, no se advierte cómo la omisión municipal podría situar en riesgo la libertad religiosa así considerada, pues si bien podría entenderse que el argumento de la parte recurrente va en el sentido de ejercer esa libertad de culto en otra zona del país, lo acontecido con su inmueble en Paraíso de modo alguno resulta ser, por sí mismo, una afectación a dicha variable de la libertad religiosa como tal. En efecto, adviértase que ciertamente el recurrente aduce el beneficio que para tal manifestación sería contar con los recursos económicos apropiados y que derivarían de la venta del inmueble que reclaman, pero ello carece del efecto directo de erigirse como una violación concreta o limitante a la libertad religiosa en los términos dichos, pues la manifestación del culto en sí, se encuentra disociada o no condicionada a factores económicos en sí mismos como los aquí aducidos.
VIII.- En conclusión, de lo reclamado no se desprende la posible lesión a derechos fundamentales que permita la admisión a estudio de fondo de este asunto. Por lo anterior, si a bien lo tiene el recurrente, acuda ante la propia autoridad recurrida o a la vía jurisdiccional ordinaria correspondiente. En lo que respecta a esta jurisdicción, lo procedente es declarar inadmisible el recurso.
IX.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO Nombre41993. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.
X.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO Nombre41880. Debo advertir que desde la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:
“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre32579 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.
En el sub lite, el recurso de amparo es interpuesto a favor de la Asociación Benedictina Santa María del Pilar. En virtud de lo anterior, considero que, por su naturaleza jurídica, existe una relación esencial entre la argüida afectación a una persona jurídica y la eventual lesión a una física, por lo que estimo procedente analizar por el fondo el asunto.
Por otra parte, de la lectura del escrito de interposición, considero que no se alega una mera violación al artículo 41 constitucional, sino que refiere a un presunto agravio por discriminación y violación a la libertad religiosa. En consecuencia, estimo pertinente cursar el amparo a fin de contar con más elementos de conocimiento para corroborar o descartar la lesión acusada. De ahí que salvo el voto y dispongo cursar el amparo.
XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Nombre41993 salva parcialmente el voto, en relación con el artículo 41 constitucional. El magistrado Nombre41880 salva el voto y dispone dar curso al amparo.
Nombre210.
Nombre211 a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Hubert Fernández A.
Ileana Sánchez N.
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