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Res. 35926-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 31/10/2025
OutcomeResultado
The Constitutional Court granted the amparo for violation of the right to petition and timely response, finding that SINAC did not answer within the ten-business-day legal period, with no award of costs or damages as per the majority, and a dissenting opinion by two judges who would have imposed such award.La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo por violación del derecho de petición y pronta respuesta, al constatar que el SINAC no contestó en el plazo legal de diez días hábiles, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios según la mayoría, con voto salvado de dos magistrados que sí imponía dicha condena.
SummaryResumen
The Constitutional Court heard an amparo action against the Ministry of Environment and Energy for failing to respond to an information request. On September 1, 2025, the petitioner had sought data on SINAC’s 2022–2025 budget, including resources allocated to interventions under the National Development Plan, amounts under budget line 5 for land purchases to increase forest cover, and access to international financing. The respondent acknowledged the omission, attributing it to operational constraints, and responded belatedly on October 21, 2025, prompted by the amparo. The Court found a violation of the right to petition and timely response, as over a month had elapsed without an answer, and granted the amparo under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. The majority, however, declined to award costs or damages, reasoning that no direct financial harm was shown, while two judges dissented, arguing that the respondent should bear the costs and damages for the rights violation.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto contra el Ministerio de Ambiente y Energía por la ausencia de respuesta a una solicitud de información. El recurrente había solicitado, el 1 de septiembre de 2025, datos sobre el presupuesto del SINAC para el período 2022-2025, incluyendo recursos asignados a intervenciones del Plan Nacional de Desarrollo, montos de la partida 5 para compra de terrenos y acceso a financiamiento internacional. La autoridad recurrida reconoció la omisión, atribuyéndola a limitaciones operativas, y respondió extemporáneamente el 21 de octubre de 2025, con ocasión del amparo. La Sala verificó la violación del derecho de petición y pronta respuesta, pues transcurrió más de un mes sin contestación, y declaró con lugar el recurso en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, la mayoría de la Sala decidió no imponer condena en costas, daños y perjuicios, al considerar que no hubo afectación patrimonial directa, mientras que dos magistrados emitieron un voto salvado sosteniendo que sí debía condenarse a la parte recurrida por la lesión a los derechos fundamentales.
Key excerptExtracto clave
After analyzing the evidence submitted, this Court verifies the violation of the petitioner’s fundamental rights. This is because, in the report rendered by the representative of the respondent authority – which is given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law Governing this Jurisdiction – and the evidence provided for the resolution of the case, it has been duly proven that on September 1, 2025, the petitioner sent a request to the email addresses ...259 and ..., in which he requested the following: '(...) 1. What has been the amount of resources allocated in SINAC’s budget for the 2022-2025 period, intended for the fulfillment of the interventions visible in the attached image, broken down by budget line item? 2. What has been the amount of resources in the 2022-2025 period included in Budget Line 5-Durable Goods, intended for the purchase of land to increase the forest cover under environmental protection? 3. Does SINAC have access to international financing to undertake environmental protection actions, for example, with the IDB or other entities? (...)' The email addresses ...259 and ... are the official channels of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy for receiving requests. In this regard, it is recorded that from when the information request was filed – September 1, 2025 – and the date the amparo was filed – October 7, 2025 – a period of approximately 1 month and 1 week had elapsed, meaning that the request was not addressed within the ten-business-day period, so the amparo is not premature. Now, it is verified that, on the occasion of the filing of this appeal, the respondent authority responded to the petitioner’s information request. Therefore, given that it was on the occasion of this proceeding that the respondent authority carried out the necessary actions to safeguard the petitioner’s fundamental rights, the amparo must be granted, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, with the consequences detailed below.Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales del recurrente. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 01 de setiembre de 2025, el recurrente envió una gestión a las direcciones electrónicas ...259 y ..., en donde solicitó lo siguiente: “(…) 1. ¿Cuál ha sido la cantidad de recursos asignados en el presupuesto del SINAC para el periodo 2022-2025, destinados al cumplimiento de las intervenciones visibles en la imagen adjunta, desglosado por subpartida presupuestaria? 2. ¿Cuál ha sido la cantidad de recursos en el periodo 2022-2025 incluidos en la Partida presupuestaria 5-Bienes duraderos, destinados a la compra de terrenos para aumentar el nivel de zona boscosa bajo resguardo ambiental? 3. ¿Tiene el SINAC acceso a financiamiento internacional para emprender acciones de resguardo ambiental, por ejemplo, con el BID u otras instancias? (…)”. Así, los correos electrónicos ...259 y ... son medios oficiales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía para recibir gestiones. En este sentido, consta que desde que se presentó la solicitud de información -01 de setiembre de 2025- y para la fecha de formulado el amparo -07 de octubre de 2025- había trascurrido un plazo aproximado de 1 mes y 1 semana, es decir, no se atendió la solicitud dentro del plazo de diez días hábiles, por lo que el amparo no es prematuro. Ahora bien, se comprueba que, con ocasión a la interposición del presente recurso, la autoridad recurrida respondió la gestión de información de la recurrente. Así las cosas, dado que fue con ocasión del presente proceso que la autoridad recurrida llevó a cabo las actuaciones necesarias, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del recurrente, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se particularizan más adelante.
Pull quotesCitas destacadas
"Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución."
"Freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution is guaranteed."
Artículo 27 de la Constitución Política, citado en el voto salvado
"Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución."
Artículo 27 de la Constitución Política, citado en el voto salvado
"Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto."
"When the amparo refers to the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and there is no specified deadline for responding, the violation shall be deemed to have occurred once ten business days have elapsed since the request was filed with the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision on the appeal, the reasons adduced for considering said deadline insufficient may be assessed, taking into account the circumstances and nature of the matter."
Artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, citado en el voto salvado
"Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto."
Artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, citado en el voto salvado
"El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley."
"The document in which the petition is submitted and any other documents and communications filed with the relevant public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof and respond within the non-extendable period of ten business days from the day following receipt, provided the requirements established in this law are met."
Artículo 6 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, citado en el voto salvado
"El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley."
Artículo 6 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, citado en el voto salvado
"Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ('Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes'), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
"Upon better consideration, the majority of the Court considers that, in the case at hand, in accordance with the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (‘If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable’), the granting should be without a special award of costs and damages."
Considerando IV — mayoría de la Sala
"Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ('Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes'), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
Considerando IV — mayoría de la Sala
Full documentDocumento completo
Res. No. 2025035926 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the thirty-first of October, two thousand twenty-five.
Amparo action filed by Nombre44788, identity card CED22654, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.
Whereas:
1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber on October 7, 2025, the petitioner files an amparo action against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY and states that, by email sent to accounts ...259 and ...260 on September 1, 2025, he requested the following information from the Executive Directorate of the National System of Conservation Areas: “(…) 1. What has been the amount of resources allocated in the SINAC budget for the 2022-2025 period, destined for compliance with the interventions visible in the attached image, broken down by budget sub-item? 2. What has been the amount of resources in the 2022-2025 period included in Budget Item 5-Durable Goods, destined for the purchase of land to increase the level of forested area under environmental protection? 3. Does SINAC have access to international financing to undertake environmental protection actions, for example, with the IDB or other entities? (…)”. He comments that, by email on September 19, 2025, his request was forwarded to accounts ...261 and ...262 with a copy to ...263 and ...264. He notes that, having received no response, on that same date he reiterated his request to all the email accounts indicated above; however, he claims that at the time he filed the amparo action, he had not obtained the required information. Based on the foregoing, he requests the intervention of this Chamber.
2.- By resolution at 16:09 hours on October 15, 2025, this Court issued the procedural resolution for this matter.
3.- David Chavarría Morales, in his capacity as acting executive director of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath (report rendered on October 22, 2025), in the following terms: “FIRST: It is accepted. Mr. Nombre44788 sent a request for information on September 1, 2025, to the institutional addresses ... and , within the framework of a research project approved by the UNED. SECOND: It is accepted. The request was forwarded on September 19, 2025, by the Secretariat of the Executive Directorate to the corresponding units, including the Financial Administrative Directorate. THIRD: It is accepted. We recognize that no formal response was issued within the legal deadline of 10 business days, in accordance with article 27 of the Political Constitution and Law No. 9097, which constitutes an administrative omission that we regret; however, said omission is due to an exceptional situation and not to a deliberate intention to fail in the duty to respond. This administrative omission is framed within a context of operational limitations that have affected SINAC's response capacity, such as the high workload, the scarcity of technical and administrative personnel, and budget restrictions that have impacted institutional management. Despite these circumstances, the importance of the right to petition and response is fully recognized, as well as the duty of the Public Administration to act with diligence and transparency. Therefore, we offer our most sincere apologies for the involuntary omission incurred and, in strict compliance with the provisions, we proceed to send the petitioner the report containing the requested information, which has been sent to the email co on today's date, October 21, 2025. In view of the foregoing, the commitment to strengthen internal mechanisms to prevent similar situations from recurring in the future is reiterated. FOURTH: It is accepted. However, it is placed on record that SINAC's omission to respond was not due to an intention to fail to comply with constitutional jurisprudence regarding access to environmental information, but rather to a series of operational and structural limitations that have affected the institutional capacity to timely address all requests received. In particular, SINAC has faced a significant work overload, added to budget and personnel restrictions, which has made it difficult to timely address certain requests, especially those requiring inter-institutional coordination or specialized technical review. Despite this, the constitutional and legal obligation to provide access to environmental information is recognized, as the Constitutional Chamber has repeatedly established in rulings such as 2231-1996, 10689-2002, and 13917-2006, and the institutional commitment to improve internal mechanisms to guarantee a more efficient and timely response in the future is reiterated. It is important to state that information was required that falls under the competence of several institutional departments and covers several budget periods; therefore, unfortunately, it was not possible to respond within the requested timeframe, but it was being followed up on, considering the multiple tasks of the personnel and this Executive Directorate.” He requests that the filed action be dismissed.
4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Judge Araya García; and,
Considering:
I.- Purpose of the action. The petitioner claims a violation of his fundamental rights, as he points out that on September 1, 2025, via email, he submitted a request for information to the Executive Directorate of the National System of Conservation Areas. He alleges that, however, to date, his request has not been answered.
II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:
III.- On the merits. This Tribunal will proceed to analyze the specific queries formulated by the amparo-protected party and the responses provided by the respondent party, in order to determine whether each of these were addressed in full, as required.
What was requested Whether or not what was requested is subject to amparo Whether or not what was requested was addressed | --- | --- | --- | | 1. What has been the amount of resources allocated in the SINAC budget for the 2022-2025 period, destined for compliance with the interventions visible in the attached image, broken down by budget sub-item? | Yes, it is subject to amparo. | Yes, it was addressed, through official communication SINAC-SE-DAF-0180-2025 of October 21, 2025, notified to the petitioner on the occasion of the notification of the procedural resolution to the respondent authority. | | 2. What has been the amount of resources in the 2022-2025 period included in Budget Item 5-Durable Goods, destined for the purchase of land to increase the level of forested area under environmental protection? | Yes, it is subject to amparo. | Yes, it was addressed, through official communication SINAC-SE-DAF-0180-2025 of October 21, 2025, notified to the petitioner on the occasion of the notification of the procedural resolution to the respondent authority. | | 3. Does SINAC have access to international financing to undertake environmental protection actions, for example, with the IDB or other entities? (…)” | Yes, it is subject to amparo. | Yes, it was addressed, through official communication SINAC-SE-DAF-0180-2025 of October 21, 2025, notified to the petitioner on the occasion of the notification of the procedural resolution to the respondent authority. | After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies the violation of the petitioner's fundamental rights. The foregoing, because in the report rendered by the representative of the respondent authority—which is taken as given under oath with the consequences, even criminal, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on September 1, 2025, the petitioner sent a request to the electronic addresses ...259 and ..., requesting the following: “(…) 1. What has been the amount of resources allocated in the SINAC budget for the 2022-2025 period, destined for compliance with the interventions visible in the attached image, broken down by budget sub-item? 2. What has been the amount of resources in the 2022-2025 period included in Budget Item 5-Durable Goods, destined for the purchase of land to increase the level of forested area under environmental protection? 3. Does SINAC have access to international financing to undertake environmental protection actions, for example, with the IDB or other entities? (…)”. Thus, the electronic accounts ... and are official means of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy for receiving requests. Now then, after the notification of the procedural resolution to the respondent authority, on October 21, 2025, the head of the Financial Administrative Directorate of the National System of Conservation Areas communicated to the petitioner, at the email address indicated for this purpose, the following: “Good afternoon, Mr. , Mr. Nombr. In response to your request and with superior instructions, official communication SINAC-SE-DAF-0180-2025 is sent, with its respective attachments”. Additionally, that email includes the following attachments: “SINAC-SE-DAF-0180-2025 Response to Nombre44788's action; Annex No. 1-Consolidated DELFOS 31-1-2024.pdf; Annex No. 2-Annual Follow-up-Environment 2024.pdf; Annex No. 3-CARTA-SINAC-SE-DE-DT-CUSBSE-RT-0002-2025.pdf; Annex No. 4-Annual Evaluation Report 2023-SINAC.pdf; Annex No. 5-Annual Evaluation Report 2024-SINAC.pdf; Annex No. 6- Evaluation Report I Semester 2025-SINAC.pdf”. Likewise, in official communication SINAC-SE-DAF-0180-2025 of October 21, 2025, the following is indicated: “(...) 1. What has been the amount of resources allocated in the SINAC budget for the 2022-2025 period, destined for compliance with the interventions visible in the attached image, broken down by budget sub-item? (…) R/ According to what was consulted and the inputs obtained, said chart belongs to the National Public Investment Development Plan (PNDIP) 2023-2026. The preparation of the PNDIP corresponds to the Ministry of National Planning and Economic Policy (MIDEPLAN) and is based on a consultation process in which the interlocutors with the institutions are usually the Planning Directorates or Departments. It goes without saying that said information corresponds to the Environment and Energy Sector. It is also worth highlighting that the information contained in said chart refers mainly to resources external to SINAC. According to what was reported by the Planning and Evaluation Department, we have: In the year 2023: Only the goal was reported: blue restoration (currently under the responsibility of the Vice Ministry of Environment of MINAE, and SINAC reports data for its compliance), regarding the effectiveness tool (60%). The chart is attached in Annex No. 1, below, a summary: Name of the strategic intervention. On resources (Sub-execution) (…) In the year 2024: 50 thousand hectares of restoration; and blue restoration (currently under the responsibility of the Vice Ministry of Environment of MINAE, and SINAC reports data for its compliance). Annex No. 2 is attached, below, a summary. Name of the strategic intervention. On resources (budget information) (…) In the year 2025: Only the goal of 50 thousand hectares was reported and that the achievement to date is 104,932 hectares. It is important to mention that although SINAC reports this goal, it is a country-wide goal, therefore information is required that must be reported by other institutions, such as FONAFIFO, MAG, among others. Name of the strategic intervention. On resources (Budget information) (…) Additionally, according to what was reported by the Coordination of Protected Wild Areas and the Nombre2042 Por Siempre Program of the Department of Conservation and Sustainable Use of Biodiversity and its Ecosystem Services (CUSBSE), the following chart shows a detail of amounts by year and source of financing, corresponding to the II United States Nombre2042 Debt-for-Nature Swap (IICD) and the Nombre2042 Por Siempre Irrevocable Trust (FICRXS). NOMBRE2042 POR SIEMPRE PROGRAM BUDGET. YEAR 2022 (…) SOURCE (…) COLONES (…) DOLLARS (…) YEAR 2023 (…) SOURCE (…) COLONES (…) DOLLARS (…) YEAR 2024 (…) SOURCE (…) COLONES (…) DOLLARS (…) YEAR 2025-2026 (…) SOURCE (…) COLONES (…) DOLLARS (…) Regarding the year 2025, it is necessary to clarify that a single amount was approved for the years 2025 and 2026. Also mention that these investments are prioritized and focused on 51 terrestrial and marine-coastal Protected Wild Areas of SINAC and are distributed in three main thematic areas: ecological representativeness, management effectiveness, and adaptation and mitigation to climate change. Furthermore, Nombre2042, through the implementation of the REDD+ National Strategy, became eligible for monetary resources to invest in strengthening SINAC (Benefit Distribution Plan), which, according to negotiations with the World Bank and due to the change in the administration of the resources, a variation is made in the validity period for their implementation from the year 2025 to 2028; therefore, in the current year, the Executing Unit and the respective procedures have been structured with the start of resource execution. Regarding institutional resources, the budget allocated to SINAC through the National Budget is not distributed by projects but refers to comprehensive management. The Physical and Financial Evaluation Reports of Budget Execution for the years 2023, 2024, and the I semester of 2025 are attached, according to the following annexes: • Annex No. 4-Annual Evaluation Report 2023-SINAC • Annex No. 5-Annual Evaluation Report 2024-SINAC • Annex No. 3-Evaluation Report I Semester 2025-SINAC. 2. What has been the amount of resources in the 2022-2025 period included in Budget Item 5-Durable Goods, destined for the purchase of land to increase the level of forested area under environmental protection? According to what was indicated by the Department of Information and Land Regularization, since the year 2020, no resources have been specifically budgeted for the payment of lands. However, according to the records of the Financial Accounting Department, the payment of some judgments has been processed that correspond to case files referred by the Legal Advisory Office. In the year 2022: (…) In the year 2023: (…) In the year 2024: • Payment of judgment CED22655, in the name of KEEPING TRACK LIMITADA, $14,724,134.13, supplement to the previous file, the settlement of interests (latterés) and personal costs of the expropriated party, paid under sub-item E-50301-Terrenos. In the year 2025: • MINAE-SINAC-DAJ-OFI-0337-2025, corresponds to the expropriation and expert payment according to file 25-001133-1028-CA-7, in the name of Mr. Nombre44789, identification card CED22656. The administrative appraisal for an amount of ¢15,655,220.00 paid under budget sub-item 50301-Terrenos and the expert's fees, for the sum of $169,500.00, paid under sub-item E-10403. 3. Does SINAC have access to international financing to undertake environmental protection actions, for example, with the IDB or other entities? (...)". Indeed, SINAC has access to international financing for the different actions under its competence, as seen in the data from the first question. Specifically, to non-reimbursable international cooperation funds. Regarding "reimbursable financing," this type of financing is not granted to the institution; it is granted to the country, meaning: the country has access to international financing (loans) for different types of actions, including environmental protection actions, but the procedure established by law regarding loans must be followed (…) It is important to state that, as can be seen in the responses provided, the requested information involves the competences of several institutional departments and covers different budget periods. For this reason, unfortunately, it was not possible to address the request within the established timeframe. However, the request has been followed up on, also considering the multiple responsibilities handled by the staff of the Financial Administrative Directorate and the Executive Directorate”.
In this sense, it is evident that from the time the request for information was submitted—September 1, 2025—and the date the amparo action was filed—October 7, 2025—an approximate period of 1 month and 1 week had elapsed, meaning the request was not addressed within the ten business day period; therefore, the amparo is not premature. Now then, it is verified that, on the occasion of the filing of this action, the respondent authority responded to the petitioner's information request. That being the case, given that it was on the occasion of this process that the respondent authority carried out the necessary actions to safeguard the petitioner's fundamental rights, the amparo action must be granted, in application of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, with the consequences detailed below.
IV.- Regarding the award of costs, damages, and losses in accordance with article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is express text in the law that obliges the operative part of the judgment to state that the action is granted when, during the course of the amparo, the grievance is resolved, it is no less true that this same final paragraph states that the granting is dictated “solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable”. It is underlined that the Law states “if applicable”, which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Tribunal. In cases like this, the content of the petitioner's claim and the respondent authority's conduct in recognizing it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that grants the action shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”, where the possibility of assessing whether or not matters concerning indemnification and costs are applicable is not foreseen.
The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law and, additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedure Code and the other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the rules of the Law of Constitutional Jurisdiction - cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it deems appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs (costas), damages (daños y perjuicios).
V.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND SALAZAR MURILLO.
Respectfully, we dissent from the majority criterion; and, on the contrary, we consider that the appeal should be granted, solely for indemnification purposes, imposing on the respondent party the payment of costs, as well as the damages caused by the violation of the fundamental rights of the protected party, for the following reasons.
The right to petition and prompt response, contained in articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obliges public officials to resolve the requests of administered parties within a period of ten business days from the date of submission of such requests, unless a different period for responding has been indicated. However, the cited article 32 also provides that, in the decision on the petition, the Chamber will assess the reasons adduced for considering said period insufficient, considering the circumstances and the nature of the matter. In any event, the Administration is obliged to communicate to the petitioner the causes of the delay in issuing a decision, within the aforementioned period. For the purposes of this analysis, it is relevant to bear in mind what is indicated by the rules cited above.
Article 27 of the Political Constitution establishes the following:
"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution, is guaranteed." For its part, numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the following:
"When the amparo (amparo) refers to the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in article 27 of the Political Constitution, and no period for responding has been indicated, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date on which the request was submitted in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision of the appeal, the reasons adduced for considering that period insufficient are assessed, considering the circumstances and the nature of the matter." In the same vein, Law on the Regulation of the Right of Petition No. 9097 of October 26, 2012, establishes that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to bear in mind what is indicated in numeral 6 of said regulation:
"Submission of writings and response period.
The writing in which the petition is submitted and any other documents and communications provided to the corresponding public administration, as indicated in article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational norm of each entity…" Thus, in amparo appeals referring to the alleged violation of this right, there is an express legal norm - constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction - that orders the required information to be provided within the ten business days following the request, as provided in articles 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 27 of the Political Constitution, as indicated previously. Additionally, said period is reiterated in article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intent regarding the protection of this right.
Likewise, the Law of Constitutional Jurisdiction, in article 51, provides:
"...any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." This last norm establishes the general system regulating matters related to indemnification and payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…" Consequently, in the case before us, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period is verified - which, incidentally, is not required for the rest of the amparo appeals, except for the appeal for rectification and response (numeral 68 of the Law of Constitutional Jurisdiction).
Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority thesis, is to deem the violation of the right to petition and prompt response proven, as well as the right of access to public information (article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, ordering the imposition of costs and damages against the respondent authority.
Thus, dealing with a constitutionally endorsed period - both by the legislator, as well as by this Constitutional Court -, its non-compliance entails a violation of the fundamental right indicated, which prompted the petitioner to file the present amparo appeal as a mechanism for obtaining the response to their request or access to the information they required, the foregoing independently of whether the response or the delivery of the information occurred before or on the occasion of the amparo; because the truth is that, ultimately, the administered party saw their constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the amparo appeal which they were forced to present, with the inconveniences and costs that this entails. It is insisted, the response or access provided by the respondent Administration that occurs once the period in question has expired, even when it occurs before the notification of the commencement of the amparo, does not constitute a timely fulfillment of the obligation imposed by ordinals 27 and 30 Constitutional. It is clear that in this hypothesis, that extemporaneous response implies satisfaction of the petitioner's claim, but that is not an obstacle to the recognition of the damages that such indolence could have caused the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of the present procedural action, necessary for the protection of their fundamental rights.
Consequently, we dissent, we grant the appeal, solely for indemnification purposes, and we impose on the respondent party the payment of costs and damages.
VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is granted, based on the provisions of article 52, paragraph 1, of the Law of Constitutional Jurisdiction, without a special award of costs and damages. Magistrates Salazar Alvarado and Salazar Murillo dissent, grant the appeal, solely for indemnification purposes, and impose on the respondent party the payment of costs and damages. Notifíquese.- Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2025035926 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre44788, cédula de identidad CED22654, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 07 de octubre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA y manifiesta que, por correo electrónico remitido a las cuentas ...259 y ...260, el 01 de setiembre de 2025, solicitó la siguiente información a la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación: “(…) 1. ¿Cuál ha sido la cantidad de recursos asignados en el presupuesto del SINAC para el periodo 2022-2025, destinados al cumplimiento de las intervenciones visibles en la imagen adjunta, desglosado por subpartida presupuestaria? 2. ¿Cuál ha sido la cantidad de recursos en el periodo 2022-2025 incluidos en la Partida presupuestaria 5-Bienes duraderos, destinados a la compra de terrenos para aumentar el nivel de zona boscosa bajo resguardo ambiental? 3. ¿Tiene el SINAC acceso a financiamiento internacional para emprender acciones de resguardo ambiental, por ejemplo, con el BID u otras instancias? (…)”. Comenta que, por correo electrónico de 19 de setiembre de 2025, su solicitud fue trasladada a las cuentas ...261 y ...262 con copia a ...263 y ...264. Acota que, al no haber recibido respuesta, en esa misma fecha reiteró su solicitud a todas las cuentas de correo electrónico supra indicadas; sin embargo, reclama que en el momento en que acudió en amparo, no había obtenido la información requerida. Por lo expuesto solicita la intervención de esta Sala.
2.- Mediante resolución de las 16:09 horas del 15 de octubre de 2025, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.
3.- Informa bajo juramento David Chavarría Morales, en su condición de director ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (informe rendido el 22 de octubre de 2025), en los siguientes términos: “PRIMERO: Se acepta. El señor Nombre44788 envió el 1 de septiembre de 2025 una solicitud de información a las direcciones institucionales ... y , en el marco de un proyecto de investigación aprobado por la UNED. SEGUNDO: Se acepta. La solicitud fue reenviada el 19 de septiembre de 2025 por la Secretaría de la Dirección Ejecutiva a las unidades correspondientes, incluyendo a la Dirección Administrativa Financiera. TERCERO: Se acepta. Reconocemos que no se emitió una respuesta formal dentro del plazo legal de 10 días hábiles, conforme al artículo 27 de la Constitución Política y la Ley N.º 9097, lo cual constituye una omisión administrativa que lamentamos, sin embargo, dicha omisión obedece a una situación excepcional y no a una intención deliberada de incumplir con el deber de respuesta. Esta omisión administrativa se enmarca en un contexto de limitaciones operativas que han afectado la capacidad de respuesta del SINAC, tales como la alta carga de trabajo, la escasez de personal técnico y administrativo, y restricciones presupuestarias que han impactado la gestión institucional. A pesar de estas circunstancias, se reconoce plenamente la importancia del derecho de petición y respuesta, así como el deber de la Administración Pública de actuar con diligencia y transparencia. Por ello, se presenta las más sinceras disculpas por la omisión involuntaria incurrida y, en estricto cumplimiento de lo dispuesto, se procede a remitir al recurrente el informe que contiene la información solicitada, el cual ha sido enviado al correo electrónico co en la fecha de hoy, 21 de octubre de 2025 ante lo expuesto se reitera el compromiso de fortalecer los mecanismos internos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. CUARTO: Se acepta. No obstante, se hace constar que la omisión de respuesta por parte del SINAC no obedeció a una intención de incumplir con la jurisprudencia constitucional en materia de acceso a la información ambiental, sino a una serie de limitaciones operativas y estructurales que han afectado la capacidad institucional para atender oportunamente todas las solicitudes recibidas. En particular, el SINAC ha enfrentado una sobrecarga significativa de trabajo, sumada a restricciones presupuestarias y de personal, lo cual ha dificultado la atención oportuna de ciertos requerimientos, especialmente aquellos que requieren coordinación interinstitucional o revisión técnica especializada. A pesar de ello, se reconoce la coligación constitucional y legal de brindar acceso a la información ambiental, conforme lo han establecido reiteradamente la Sala Constitucional en sentencias como la 2231-1996, 10689-2002 y 13917-2006, y se reitera el compromiso institucional de mejorar los mecanismos internos para garantizar una respuesta más eficiente y oportuna en el futuro. Es importante manifestar que, se requería de información que es competencia de varios departamentos institucionales y que abarca varios periodos presupuestarios, por lo que lamentablemente no fue posible responder en el plazo solicitado, pero se le estaba dando seguimiento; considerando las múltiples ocupaciones del personal y esta Dirección Ejecutiva”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues señala que el 01 de setiembre de 2025, vía correo electrónico, presentó una solicitud de información ante la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Acusa que, sin embargo, a la fecha no se ha contestado su gestión.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.- Sobre el fondo. Se pasará a analizar las consultas puntuales formuladas por la parte amparada y las respuestas brindadas por la parte recurrida, con el fin de determinar si cada una de estas fueron atendidas o no íntegramente, según lo requerido.
Lo requerido Resulta o no amparable lo requerido Fue o no atendido lo solicitado 1. ¿Cuál ha sido la cantidad de recursos asignados en el presupuesto del SINAC para el periodo 2022-2025, destinados al cumplimiento de las intervenciones visibles en la imagen adjunta, desglosado por subpartida presupuestaria?
Sí es amparable.
Sí fue atendida, mediante el oficio SINAC-SE-DAF-0180-2025 del 21 de octubre de 2025, notificado al recurrente con ocasión de la notificación de la resolución de curso a la autoridad recurrida.
2. ¿Cuál ha sido la cantidad de recursos en el periodo 2022-2025 incluidos en la Partida presupuestaria 5-Bienes duraderos, destinados a la compra de terrenos para aumentar el nivel de zona boscosa bajo resguardo ambiental?
Sí es amparable.
Sí fue atendida, mediante el oficio SINAC-SE-DAF-0180-2025 del 21 de octubre de 2025, notificado al recurrente con ocasión de la notificación de la resolución de curso a la autoridad recurrida.
3. ¿Tiene el SINAC acceso a financiamiento internacional para emprender acciones de resguardo ambiental, por ejemplo, con el BID u otras instancias? (…)” Sí es amparable.
Sí fue atendida, mediante el oficio SINAC-SE-DAF-0180-2025 del 21 de octubre de 2025, notificado al recurrente con ocasión de la notificación de la resolución de curso a la autoridad recurrida.
Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales del recurrente. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 01 de setiembre de 2025, el recurrente envió una gestión a las direcciones electrónicas ...259 y ..., en donde solicitó lo siguiente: “(…) 1. ¿Cuál ha sido la cantidad de recursos asignados en el presupuesto del SINAC para el periodo 2022-2025, destinados al cumplimiento de las intervenciones visibles en la imagen adjunta, desglosado por subpartida presupuestaria? 2. ¿Cuál ha sido la cantidad de recursos en el periodo 2022-2025 incluidos en la Partida presupuestaria 5-Bienes duraderos, destinados a la compra de terrenos para aumentar el nivel de zona boscosa bajo resguardo ambiental? 3. ¿Tiene el SINAC acceso a financiamiento internacional para emprender acciones de resguardo ambiental, por ejemplo, con el BID u otras instancias? (…)”. Así, los correos electrónicos os ... y son medios oficiales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía para recibir gestiones. Ahora bien, posterior a la notificación de la resolución de curso a la autoridad recurrida, el 21 de octubre de 2025, el jefe de la Dirección Administrativa Financiera del Sistema Nacional de Áreas de Conservación le comunicó al recurrente, al correo indicado para tal efecto, lo siguiente: “Buenas tardes, Don , Don Nombr. En atención a lo solicitado y con instrucciones superiores, se remite el oficio SINAC-SE-DAF-0180-2025, con sus respectivos adjuntos”. Además, ese correo incluye los siguientes adjuntos: “SINAC-SE-DAF-0180-2025 Respuesta recurso de Nombre44788; Anexo N°1-Consolidado DELFOS 31-1- 2024.pdf; Anexo N°2-Seguimiento Anual-Ambiente 2024.pdf; Anexo N°3-CARTA-SINAC-SE-DE-DT-CUSBSE-RT-0002-2025.pdf; Anexo N°4-Informe Evaluación Anual 2023-SINAC.pdf; Anexo N°5-Informe Evaluación Anual 2024-SINAC.pdf; Anexo N°6- Informe Evaluación I Semestre 2025-SINAC.pdf”. Igualmente, en el oficio SINAC-SE-DAF-0180-2025 del 21 de octubre de 2025 se indica lo siguiente: “(...) 1. ¿Cuál ha sido la cantidad de recursos asignados en el presupuesto del SINAC para el periodo 2022-2025, destinados al cumplimiento de las intervenciones visibles en la imagen adjunta, desglosado por subpartida presupuestaria? (…) R/ De acuerdo con lo consultando y los insumos obtenidos, dicho cuadro pertenece al Plan Nacional de Desarrollo Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026. La elaboración del PNDIP corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y se fundamenta en un proceso de consulta en las que los interlocutores con las instituciones suelen ser las Direcciones o Departamentos de Planificación. Esta demás decir que dicha información corresponde al Sector Ambiente y Energía. También cabe resaltar, que la información contenida en dicho cuadro se refiere principalmente a recursos externos al SINAC. Según lo reportado por el Departamento de Planificación y Evaluación, tenemos: En el año 2023: Solo se reportó la meta: restauración azul (actualmente a cargo del Viceministerio de Ambiente del MINAE y SINAC reporta datos para su cumplimiento), en cuanto a la herramienta de efectividad (60%). Se adjunta cuadro en el Anexo N°1, a continuación, un resumen: Nombre de la intervención estratégica. Sobre los recursos (Subejecución) (…) En el año 2024: 50mil hectáreas de restauración; y restauración azul (actualmente a cargo del viceministerio de ambiente del MINAE y SINAC reporta datos para su cumplimiento. Se adjunta Anexo N°2, a continuación, un resumen. Nombre de la intervención estratégica. Sobre los recursos (información presupuestaria) (…) En el año 2025: Solamente se reportó la meta de las 50 mil hectáreas y que se tiene el logro a la fecha de 104.932 hectáreas. Es importante mencionar que esta meta a pesar de que la reporta EL SINAC, es una meta a nivel país, por lo que se requiere de información que deben reportar otras instituciones, tales como FONAFIFO, MAG, entre otras. Nombre de la intervención estratégica. Sobre los recursos (Información presupuestaria) (…) Adicionalmente, según lo reportado por la Coordinación de Áreas Silvestres Protegidas y del Programa Nombre2042 por Siempre del Departamento Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (CUSBSE), en el siguiente cuadro se muestra un detalle de montos por año y fuente de financiamiento, correspondiente a Il Canje de deuda por naturaleza Estados Unidos Nombre2042 (IICD) y el Fideicomiso Irrevocable Nombre2042 por siempre (FICRXS). PRESUPUESTO PROGRAMA Nombre2042 POR SIEMPRE. AÑO 2022 (…) FUENTE (…) COLONES (…) DOLARES (…) AÑO 2023 (…) FUENTE (…) COLONES (…) DOLARES (…) AÑO 2024 (…) FUENTE (…) COLONES (…) DOLARES (…) AÑO 2025-2026 (…) FUENTE (…) COLONES (…) DOLARES (…) En lo que respecta al año 2025, es necesario aclarar que se aprobó un solo monto para los años 2025 y 2026. También mencionar, que estas inversiones están focalizadas de forma priorizada en 51 Áreas Silvestres Protegidas terrestres y marino costeras del SINAC y que están distribuidas en tres áreas temáticas principales: representatividad ecológica, efectividad de manejo de la gestión y adaptación y mitigación al cambio climático. Además, Nombre2042 mediante la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ se hizo acreedor a recursos monetarios para invertirlos en el fortalecimiento del SINAC (Plan de Distribución de Beneficios), los cuales según las negociaciones con el Banco Mundial y en razón del cambio de administración de los recursos, se realiza una variación en el periodo de vigencia para la implementación de los mismos del año 2025 al 2028, por lo que en el presente año, se ha estado estructurando la Unidad Ejecutora y las respectivas gestiones con el inicio de la ejecución de recursos. Con relación a los recursos institucionales, el presupuesto asignado al SINAC mediante el Presupuesto de la República, no se encuentra distribuido por proyectos, sino que se refiere a la gestión integral. Se adjuntan los informes de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto de los años 2023, 2024 y el I semestre del 2025, según los anexos siguientes: • Anexo N°4-Infonme Evaluación Anual 2023-SINAC • Anexo N°5-Informe Evaluación Anual 2024-SINAC • Anexo N°3-informe Evaluación | Semestre 2025-SINAC. 2. ¿Cuál ha sido la cantidad de recursos en el periodo 2022-2025 incluidos en la Partida presupuestaria 5- ¿Bienes duraderos, destinados a la compra de terrenos para aumentar el nivel de zona boscosa bajo resguardo ambiental? Según lo indicado por el Departamento de Información y Regularización del Territorio, desde el año 2020 no se presupuestan recursos específicamente para el pago de tierras. Sin embargo, de acuerdo con los registros del Departamento Financiero Contable, se ha tramitado el pago de algunas sentencias que corresponden a expedientes remitidos por la Asesoría Jurídica. En el año 2022: (…) En el año 2023: (…) En el año 2024: • Pago de sentencia encia CE, a nombre de KEEPING TRACK LIMITADA, $14.724.134,13, complemento al expediente anterior, la liquidación de Laterés y costas personales de la parte expropiada, cancelada en la subpartida E-50301-Terrenos. En el año 2025: • MINAE-SINAC-DAJ-OFI-0337-2025, corresponde al pago de expropiación y perito según expediente 25-001133-1028-CA-7, a nombre del señor Nombre44789, cédula édula CE. El avalúo administrativo por un monto de ¢15.655.220,00 cancelados en la subpartida presupuestaria 50301-Terrenos y los honorarios del perito, por la suma de $169.500,00, cancelado en la subpartida E-10403. 3. ¿Tiene el SINAC acceso a financiamiento internacional para emprender acciones de resguardo ambiental, por ejemplo, con el BID u otras instancias? (...)". Efectivamente EL SINAC cuenta con acceso a financiamiento internacional para las diferentes acciones bajo su competencia, tal y como se visualiza en los datos de la primera pregunta. Específicamente a fondos de cooperación internacional no reembolsable. Con respecto a "financiamiento reembolsable" este tipo de financiamiento no se otorga a la institución, se otorga al país, es decir: el país tiene acceso a financiamiento internacional (prestamos) para diferente tipo de acciones entre ellas las de resguardo ambiental, pero debe seguirse el procedimiento que la ley establece en torno a los empréstitos (…) Es importante manifestar que, como se puede observar en las respuestas proporcionadas, la información solicitada involucra competencias de varios departamentos institucionales y abarca distintos periodos presupuestarios. Por esta razón, lamentablemente no fue posible atender la solicitud en el plazo establecido. No obstante, se ha estado dando seguimiento al requerimiento, considerando además las múltiples responsabilidades que atiende el personal de la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Ejecutiva”.
En este sentido, consta que desde que se presentó la solicitud de información -01 de setiembre de 2025- y para la fecha de formulado el amparo -07 de octubre de 2025- había trascurrido un plazo aproximado de 1 mes y 1 semana, es decir, no se atendió la solicitud dentro del plazo de diez días hábiles, por lo que el amparo no es prematuro. Ahora bien, se comprueba que, con ocasión a la interposición del presente recurso, la autoridad recurrida respondió la gestión de información de la recurrente. Así las cosas, dado que fue con ocasión del presente proceso que la autoridad recurrida llevó a cabo las actuaciones necesarias, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del recurrente, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se particularizan más adelante.
IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
V.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y SALAZAR MURILLO.
Respetuosamente, disentimos del criterio de la mayoría; y, por el contrario, consideramos que el recurso debe ser declarado con lugar, sólo para efectos indemnizatorios, imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como los daños y perjuicios ocasionados por la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada, por las siguientes razones.
El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse, eso sí, dentro del citado plazo. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.
El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:
“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.
Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:
“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.
En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa:
“Presentación de escritos y plazo de respuesta.
El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”.
De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho.
Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.
Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.
Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, salvamos el voto, declaramos con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios e imponemos a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los magistrados Salazar Alvarado y Salazar Murillo salvan el voto, declaran con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. Notifíquese.- Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
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