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Res. 35858-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 31/10/2025
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the amparo after confirming that seven of the ten protected parties already had service installed and the remaining three had not completed the required procedure, with no violation of fundamental rights.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo al constatar que siete de los diez amparados ya tenían el servicio instalado y los tres restantes no habían completado el trámite requerido, sin violación a derechos fundamentales.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by a resident of Santa Fe de Cóbano against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). The petitioner claimed that despite the formal inauguration of an aqueduct project, AyA had subjected residents to unjustified administrative delays in connecting drinking water service, affecting dozens of families and the local school. Delays were imposed for inspections and meter connections, and later it was argued that the network had not been entered into internal systems, while third parties were being issued availability certificates. The respondent authority reported that out of ten protected parties, seven had fulfilled regulatory requirements and had service installed between October 8 and 10, 2025, before notification of the action. The other three had not submitted new service applications. The Chamber found no violation of fundamental rights and declared the amparo without merit.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un vecino de la comunidad de Santa Fe de Cóbano contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). El recurrente alegó que, pese a la inauguración formal de un proyecto de acueducto, el AyA había sometido a los vecinos a demoras administrativas injustificadas para la conexión del servicio de agua potable, afectando a decenas de familias y a la escuela local. Señaló que se impusieron plazos de espera para inspecciones y conexión de medidores, y luego se adujo que la red no estaba ingresada en los sistemas internos, mientras que a terceros sí se les emitían constancias de disponibilidad. La autoridad recurrida informó que de los diez amparados, siete ya habían cumplido con los requisitos reglamentarios y se les había instalado el servicio entre el 8 y 10 de octubre de 2025, antes de la notificación del recurso. Los otros tres no habían presentado la solicitud de nuevo servicio. La Sala concluyó que no existía violación a derechos fundamentales y declaró sin lugar el recurso.
Key excerptExtracto clave
III.- ON THE MERITS. From the report rendered under oath by the respondent authority, with the criminal consequences provided for in article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, an infringement of the fundamental rights of the petitioner is ruled out, based on the considerations set forth below. In this regard, it is certified that Technical Report No. GSP-RPC-CO-2025-00242, prepared by Licda. Francela Quesada Mairena as head of the Cóbano Cantonal Office of AyA, stated: Third: As a third point, it is indicated that from the documentary evidence provided by Mr. Nombre86949, only 7 persons (see image 03) have submitted the application for new services and have complied with the regulatory requirements; however, the parties Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L., Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo (see image 04) have not submitted the application for new service, which is why the required connection has not been completed for them. It is worth noting that the installation of new services will be carried out once the applicants complete the new service connection form and provide the corresponding regulatory requirements. Images 05, 06, 07, 08 are provided, showing the moment when drinking water service is installed in Santa Fe (see table in proven fact a). Note that the installation of the seven new services for the petitioners who did comply with the regulatory requirements was carried out between October 8 and 10, 2025, that is, before the order issued in this proceeding was notified, which occurred on October 14, 2025. Furthermore, the respondent authority reported that Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L., Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo have not submitted the new service application, which is why the required connection has not been completed for them. Thus, this appeal must be dismissed, as is hereby ordered.III.- SOBRE EL FONDO. Del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, con las consecuencias incluso penales que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se descarta una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente, con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que en Informe Técnico No. GSP-RPC-CO-2025-00242, elaborado por la Licda. Francela Quesada Mairena como encargada de la Cantonal de Cóbano del AyA, se indicó: Tercero: Como tercer punto, se indica que, de la prueba documental aportada por el señor Nombre86949 únicamente 7 personas (ver imagen 03) han realizado la solicitud de nuevos servicios y han cumplido con los requisitos reglamentarios, no obstante, los señores Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L, Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo (ver imagen 04) no han efectuado la solicitud de nuevo servicio, razón por la cual no se les ha materializado la conexión requerida. Es menester señalar que, la instalación de nuevos servicios se ejecutará una vez que los recurrentes, llenen el formulario de conexión de nuevo servicio y aporten los requisitos reglamentario-correspondientes. Se aportan las imágenes 05, 06 ,07, 08, en donde se puede observar el momento donde se instalan servicio de agua potable en Santa Fe (ver cuadro en el hecho probado a). Nótese que la instalación de los siete nuevos servicios de la parte recurrente que si cumplieron con los requisitos reglamentarios se llevó a cabo entre el 8 al 10 de octubre de 2025, es decir, con anterioridad a que se notificara la resolución de curso emitida dentro del presente recurso, lo cual se efectuó hasta el 14 de octubre de 2025. Por otra parte los autoridad recurrida informó que los señores Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L, Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo no han efectuado la solicitud de nuevo servicio, razón por la cual no se les ha materializado la conexión requerida. Así las cosas, el presente recurso debe ser declarado sin lugar, como en efecto se ordena.
Pull quotesCitas destacadas
"Se acredita que en Informe Técnico No. GSP-RPC-CO-2025-00242... únicamente 7 personas han realizado la solicitud de nuevos servicios y han cumplido con los requisitos reglamentarios... los señores Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L, Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo no han efectuado la solicitud de nuevo servicio, razón por la cual no se les ha materializado la conexión requerida."
"It is certified that in Technical Report No. GSP-RPC-CO-2025-00242... only 7 persons have submitted the application for new services and have complied with the regulatory requirements... Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L., Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo have not submitted the application for new service, which is why the required connection has not been completed for them."
Considerando III
"Se acredita que en Informe Técnico No. GSP-RPC-CO-2025-00242... únicamente 7 personas han realizado la solicitud de nuevos servicios y han cumplido con los requisitos reglamentarios... los señores Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L, Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo no han efectuado la solicitud de nuevo servicio, razón por la cual no se les ha materializado la conexión requerida."
Considerando III
"Nótese que la instalación de los siete nuevos servicios de la parte recurrente que si cumplieron con los requisitos reglamentarios se llevó a cabo entre el 8 al 10 de octubre de 2025, es decir, con anterioridad a que se notificara la resolución de curso emitida dentro del presente recurso."
"Note that the installation of the seven new services for the petitioners who did comply with the regulatory requirements was carried out between October 8 and 10, 2025, that is, before the order issued in this proceeding was notified."
Considerando III
"Nótese que la instalación de los siete nuevos servicios de la parte recurrente que si cumplieron con los requisitos reglamentarios se llevó a cabo entre el 8 al 10 de octubre de 2025, es decir, con anterioridad a que se notificara la resolución de curso emitida dentro del presente recurso."
Considerando III
"Así las cosas, el presente recurso debe ser declarado sin lugar, como en efecto se ordena."
"Thus, this appeal must be dismissed, as is hereby ordered."
Por tanto
"Así las cosas, el presente recurso debe ser declarado sin lugar, como en efecto se ordena."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: October 31, 2025, at 09:30 Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Res. No. 2025035858 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on the thirty-first of October of two thousand twenty-five.
Amparo appeal filed by Nombre86949, identification card CED16005, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS
WHEREAS:
1.- By written submission provided to the Secretariat of the Chamber on October 3, 2025, the appealing party files an amparo appeal and states that they file this appeal on behalf of the residents of the Santa Fé de Cóbano community, against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. They argue that the community of Santa Fe, in the district of Cóbano, is a population that lacks potable water service. To solve this basic need, approximately three months ago, the President of the Republic and the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers formally inaugurated an aqueduct project intended to supply the community, generating a public commitment and a legitimate expectation that access to the water resource would finally be obtained. They recount that, despite the official inauguration, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has subjected the residents to a series of unjustified administrative delays and excuses. Initially, it was indicated that they had to wait a period of one month for the corresponding inspections to be carried out before approving the water availability requests. They comment that, once that period had elapsed and the requests were approved, a second month of waiting was imposed for the connection of the meters. After both periods had elapsed, the recent justification by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for not proceeding with the service connection is a purely bureaucratic and unforeseeable obstacle for the administered parties. It is alleged that the new aqueduct network in the community of Santa Fe was not entered into its internal systems, and consequently, the inspection by engineers must be awaited to carry out said procedure. This situation demonstrates a serious lack of planning that should have been resolved before the project's inauguration. In turn, the institutional omission becomes arbitrary upon verifying that, during this same waiting period, the institution has issued new service availability certificates to other applicants on neighboring properties that belong to the same hydraulic system. They mention that these new pronouncements, issued in August and September of the current year, not only confirm that according to the water balance update the system is positive, but that one of them expressly acknowledges that this zone was enabled within the coverage area with project BPIP 1507, which was recently inaugurated. That is, the community is denied connection, while the respondent authority certifies to third parties that the inaugurated system has capacity and operability. They maintain that, to date, almost three months have elapsed since the aqueduct's inauguration without the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers having connected a single meter in the community, affecting dozens of families and the local school itself. Currently, there is dependence on a tanker truck to supply in a precarious manner once a week, a service that is threatened during the rainy season by the poor condition of the roads and the swelling of a river that isolates the residents of the locality, preventing the passage of vehicles. This unjustified institutional omission is what motivates the filing of this amparo appeal. The Political Constitution of the Republic of Costa Rica enshrines fundamental rights for the population, which in turn translate into obligations for the State and, therefore, for administrative entities, as well as for their officials. They consider that, in the specific case, this is an institutional omission, which by failing to address the facts brought to the attention of the respondent institution, becomes a violation of the administered parties' fundamental rights, such as the right to petition, legality, prompt and complete justice, the right to life, and access to potable water. The failure to materialize access to potable water service for the community of Santa Fe materializes a violation of the alleged rights, as well as the omission of compliance with the obligations legally granted to public officials, in accordance with the purposes of public institutions, in this case especially as the effective access to the water resource of an entire community is involved. Therefore, they request the intervention of the Chamber.
2.- By resolution at 11:58 hours on October 14, 2025, the process is admitted and reports are requested from the respondent authorities.
3.- Lourdes María Sáurez Barboza reports under oath, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, that this response is provided based on the provisions of Technical Report No. GSP-RPC-CO-2025-00242, prepared by Licda. Francela Quesada Mairena as the head of the Cóbano Cantonal Office, wherein it was indicated that due to the supply problems presented by system PC-A-25 Cóbano, a Project for Improvements to the Cóbano Aqueduct System Stage II Puntarenas was executed, registered in the Public Investment Project Bank of MIDEPLAN under number 001560, with an investment exceeding ₡1.870 billion and which guarantees potable water to more than 7,900 people in Cóbano, Santa Fe, La Mencha, Río Negro, Los Mangos, and La Tranquilidad, moving from a deficit system to a surplus one, which was inaugurated on August 7, 2025. (see technical report) After the inauguration and start-up of the Project for Improvements to the Cóbano Aqueduct System Stage II, users must make a potable water availability request before the Institute. Once the availability is approved, the new services form must be completed and the corresponding requirements established in the current institutional regulations must be submitted (articles 67 and 68). (see technical report) Now, for the specific case, verifying the evidence provided by the appellant, of the 10 amparo beneficiaries, only 7 submitted the new services request form and provided the regulatory requirements; these 7 people already have the service installed on the public street adjacent to each of their properties. However, the parties Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L, Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo, have not made the new service request, which is why the required connection has not been materialized for them. In the present case, it is verified that no constitutional right has been violated, since as has been evidenced in the technical report that forms an integral part of the submission presented in this act, once the Project for Improvements to the Cóbano Aqueduct System Stage II was started, the administered parties wishing to be users of the Institution must initially complete the potable water availability request form and provide the requirements indicated in said form. After the approval of the potable water availability, the new services request form must be completed and, in the same act, the requirements established in the Regulation for the Provision of AyA Services must be attached; after verification of compliance with requirements, the new service connection is materialized. For the specific case, of the 10 amparo beneficiaries, only 3 have not carried out the procedure before the Institute of presenting the new services request form and providing the respective requirements established in the current Institutional regulations, this being the reason why the required service has not been installed for them. It is necessary to emphasize that the remaining 7 amparo beneficiaries carried out the new service request procedure before the ICAA and all had the new service installed prior to the transfer of this amparo appeal made by the Constitutional Court to the Institute. They request that the appeal be declared without merit.
4.- In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Judge Salazar Murillo; and,
Considering:
I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that approximately three months ago, the President of the Republic and the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers formally inaugurated an aqueduct project intended to supply the community of Santa Fe, in the district of Cóbano. They complain that AyA has subjected the residents to a series of unjustified administrative delays and excuses, since initially, it was indicated that they had to wait a period of one month for the corresponding inspections to be carried out before approving the water availability requests. They comment that, once that period had elapsed and the requests were approved, a second month of waiting was imposed for the connection of the meters. After both periods had elapsed, the recent justification by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for not proceeding with the service connection is a purely bureaucratic and unforeseeable obstacle for the administered parties. They complain that the new aqueduct network in the community of Santa Fe was not entered into its internal systems, and consequently, the inspection by engineers must be awaited to carry out said procedure.
II.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are accredited:
NEW SERVICES INSTALLED SANTA FE SECTORS
| Number of request | Name | ID | Nis | F. installation |
|---|---|---|---|---|
| CED51863 | Nombre91715 | Telf72305568704 | 5 | |
| CED51864 | Nombre24920 | 1-630-0710 | 5568700 | 08/10725 |
| CED51864 | Nombre24920 | 1-630-0710 | 5568701 | 08/10725 |
| CED51865 | Botanic Lab | 3-102-847123 | 5567721 | 08/10725 |
| CED51866 | Nombre91716 | 1-1534-0030 | 5568748 | 09/10725 |
| CED51866 | Nombre91717 | 9-0061-499 | 5568695 | 08/10725 |
| CED51867 | Nombre91718 | Telf72315568765 | 5 |
III.- ON THE MERITS. From the report rendered under oath by the respondent authority, with the consequences, including criminal ones, provided for in numeral 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, an infringement of the fundamental rights of the appealing party is ruled out, based on the considerations set forth below. In this regard, it is accredited that in Technical Report No. GSP-RPC-CO-2025-00242, prepared by Licda. Francela Quesada Mairena as head of the Cóbano Cantonal Office of AyA, it was indicated: Third: As a third point, it is indicated that, from the documentary evidence provided by Mr. Nombre86949, only 7 people (see image 03) have made the request for new services and have complied with the regulatory requirements; however, the parties Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L, Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo (see image 04) have not made the new service request, which is why the required connection has not been materialized for them. It is necessary to point out that the installation of new services will be carried out once the appellants complete the new service connection form and provide the corresponding regulatory requirements. Images 05, 06, 07, 08 are provided, where the moment of potable water service installation in Santa Fe can be observed (see table in proven fact a). Note that the installation of the seven new services for the appealing party members who did comply with regulatory requirements was carried out between October 8 and 10, 2025, that is, prior to the notification of the resolution admitting the present appeal, which was effected until October 14, 2025. Furthermore, the respondent authority reported that the parties Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L, Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo have not made the new service request, which is why the required connection has not been materialized for them. Thus, the present appeal must be declared without merit, as is hereby ordered.
IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are advised that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE:
The appeal is declared without merit.
Fernando Cruz C. Interim President Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Digitally Signed Document -- Verification Code -- Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:42:49.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2025035858 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre86949, cédula de identidad CED16005, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS
RESULTANDO:
1.- Por escrito aportado en la Secretaría de la Sala el 3 de octubre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que interpone este recurso a favor de los vecinos de la comunidad Santa Fé de Cóbano, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Aduce que la comunidad de Santa Fe, en el distrito de Cóbano, es una población que carece del servicio de agua potable. Para solventar esta necesidad básica, hace aproximadamente tres meses, el Presidente de la República y el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados inauguraron formalmente un proyecto de acueducto destinado a abastecer a la comunidad, generando un compromiso público y una expectativa legítima de que finalmente se tendría acceso al recurso hídrico. Narra que, a pesar de la inauguración oficial, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha sometido a los vecinos a una serie de demoras y excusas administrativas injustificadas. Inicialmente, se indicó que debían esperar el plazo de un mes para la realización de las inspecciones correspondientes antes de aprobar las solicitudes de disponibilidad de agua. Comenta que, una vez cumplido ese plazo y aprobadas las solicitudes, se procedió a imponer un segundo mes de espera para la conexión de los medidores. Tras transcurrir ambos plazos, la reciente justificación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para no prolongar la conexión del servicio es un obstáculo puramente burocrático e imprevisible para los administrados. Se alega que la nueva red de acueducto en la comunidad de Santa Fe no fue ingresada en sus sistemas internos, y en consecuencia, se debe esperar la inspección de ingenieros para realizar dicho trámite. Esta situación evidencia una grave falta de planificación que debió ser resuelta antes de la inauguración del proyecto. A su vez, la omisión institucional se torna arbitraria al constatar que, durante este mismo período de espera, la institución ha emitido nuevas constancias de disponibilidad de servicio a otros solicitantes en propiedades vecinas que pertenecen al mismo sistema hidráulico. Menciona que esos nuevos pronunciamientos, emitidos en agosto y septiembre del presente año, no solo confirman que según actualización de balance hídrico el sistema es positivo, sino que uno de ellos reconoce expresamente que esa zona se habilitó dentro de la zona de cobertura con el proyecto BPIP 1507, la cual se inauguró recientemente. Es decir, a la comunidad se le niega la conexión, mientras la autoridad recurrida certifica a terceros que el sistema inaugurado tiene capacidad y operatividad. Sostiene que, a la fecha, han transcurrido casi tres meses desde la inauguración del acueducto sin que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados haya conectado un medidor en la comunidad, afectando a decenas de familias y a la propia escuela local. Actualmente, hay dependencia de un camión cisterna para abastecer de manera precaria una vez por semana, servicio que se ve amenazado en la época lluviosa por el mal estado de las calles y la crecida de un río que aísla a los vecinos de la localidad, impidiendo el paso de vehículos. Esta omisión institucional injustificada es la que motiva la interposición del presente recurso de amparo. La Constitución Política de la República de Costa Rica, consagra los derechos fundamentales para la población, que a su vez se traducen en obligaciones para el Estado y, por ende, para las entidades administrativas, así como para sus funcionarios y las funcionarias. Estima que, en el caso concreto, se está ante una omisión institucional, que al no dar atención a los hechos puestos en conocimiento de la institución recurrida, deviene en una violación a los derechos fundamentales de los administrados, como el de petición, de legalidad, justicia pronta y cumplida, el derecho a la vida y acceso al agua potable. El hecho de no materializar el acceso al servicio de agua potable para la comunidad de Santa Fe, se materializa una violación a los derechos alegados, así como la omisión de cumplimiento de las obligaciones que legalmente se le conceden a los funcionarios públicos, en concordancia con los fines de las instituciones públicas, en este caso especialmente al verse involucrado el acceso efectivo al recurso hídrico de toda una comunidad. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala 2.- Por resolución de las 11:58 horas del 14 de octubre de 2025, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.
3.- Informa bajo juramento Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que la presente respuesta se brinda con fundamento en lo dispuesto en el Informe Técnico N°GSP-RPC-CO-2025-00242, elaborado por la Licda. Francela Quesada Mairena como encargada de la Cantonal de Cóbano en donde se indicó que debido a los problemas de abastecimiento que presentaba el sistema PC-A-25 Cóbano, se ejecutó un Proyecto de Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano Etapa II Puntarenas, inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN con el número 001560, con una inversión que supera los ₡1.870 millones y que garantiza agua potable a más de 7 900 personas en Cóbano, Santa Fe, La Mencha, Río Negro, Los Mangos y La Tranquilidad, pasando de un sistema deficitario a superavitario, el cual fue inaugurado el 07 de Agosto del 2025. (ver informe técnico) Posteriormente a la inauguración y puesta en marcha del Proyecto de Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano Etapa II, los usuarios deben efectuar ante el Instituto la solicitud de disponibilidad de agua potable. Una vez aprobada la disponibilidad se debe llenar el formulario de nuevos servicios y aportar los requisitos correspondientes establecidos en la normativa institucional vigente (artículos 67 y 68). (ver informe técnico) Ahora bien, para el caso en concreto, verificando la prueba aportada por el recurrente, de los 10 amparados únicamente 7 presentaron el formulario de solicitud de nuevos servicios y aportaron los requisitos reglamentarios, estas 7 personas ya cuentan con el servicio instalado sobre calle pública en cada uno de sus inmuebles. No obstante, los señores Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L, Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo, no han efectuado la solicitud de nuevo servicio, razón por la cual no se les ha materializado la conexión requerida. En el presente caso, se constata que no se ha violentado ningún derecho constitucional, ya que como ha quedado evidenciado en el informe técnico que forma parte integral del libelo que se presenta en este acto, una vez puesto en marcha el Proyecto de Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano Etapa II, los administrados que desean ser usuarios de la Institución deben inicialmente llenar el formulario de solicitud de disponibilidad de agua potable y aportar los requisitos indicados en dicho formulario. Posterior a la aprobación de la disponibilidad de agua potable se debe llenar el formulario de solicitud de nuevos servicios y en el mismo acto, adjuntar los requisitos establecidos en el Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, posteriormente a la verificación del cumplimiento de requisitos, se materializa la conexión del nuevo servicio. Para el caso en específico, de los 10 amparados únicamente 3 no han efectuado el trámite ante el Instituto de presentar el formulario de solicitud de nuevos servicios y aportar los respectivos requisitos establecidos en la normativa Institucional vigente, siendo esta la razón por la cual no se les ha instalado el servicio requerido. Es menester recalcar que, los 7 amparados restantes, efectuaron el trámite de solicitud de nuevo servicio ante el ICAA y a todos se les realizó la instalación del nuevo servicio con antelación al traslado del presente recurso de amparo que efectuó el Tribunal Constitucional a el Instituto. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que hace aproximadamente tres meses, el Presidente de la República y el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados inauguraron formalmente un proyecto de acueducto destinado a abastecer a la comunidad de Santa Fe, en el distrito de Cóbano. Reclama que el AyA ha sometido a los vecinos a una serie de demoras y excusas administrativas injustificadas, pues inicialmente, se indicó que debían esperar el plazo de un mes para la realización de las inspecciones correspondientes antes de aprobar las solicitudes de disponibilidad de agua. Comenta que, una vez cumplido ese plazo y aprobadas las solicitudes, se procedió a imponer un segundo mes de espera para la conexión de los medidores. Tras transcurrir ambos plazos, la reciente justificación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para no prolongar la conexión del servicio es un obstáculo puramente burocrático e imprevisible para los administrados. Reclama que la nueva red de acueducto en la comunidad de Santa Fe no fue ingresada en sus sistemas internos, y en consecuencia, se debe esperar la inspección de ingenieros para realizar dicho trámite.
II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
III.- SOBRE EL FONDO. Del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, con las consecuencias incluso penales que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se descarta una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente, con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que en Informe Técnico No. GSP-RPC-CO-2025-00242, elaborado por la Licda. Francela Quesada Mairena como encargada de la Cantonal de Cóbano del AyA, se indicó: Tercero: Como tercer punto, se indica que, de la prueba documental aportada por el señor Nombre86949 únicamente 7 personas (ver imagen 03) han realizado la solicitud de nuevos servicios y han cumplido con los requisitos reglamentarios, no obstante, los señores Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L, Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo (ver imagen 04) no han efectuado la solicitud de nuevo servicio, razón por la cual no se les ha materializado la conexión requerida. Es menester señalar que, la instalación de nuevos servicios se ejecutará una vez que los recurrentes, llenen el formulario de conexión de nuevo servicio y aporten los requisitos reglamentario-correspondientes. Se aportan las imágenes 05, 06 ,07, 08, en donde se puede observar el momento donde se instalan servicio de agua potable en Santa Fe (ver cuadro en el hecho probado a). Nótese que la instalación de los siete nuevos servicios de la parte recurrente que si cumplieron con los requisitos reglamentarios se llevó a cabo entre el 8 al 10 de octubre de 2025, es decir, con anterioridad a que se notificara la resolución de curso emitida dentro del presente recurso, lo cual se efectuó hasta el 14 de octubre de 2025. Por otra parte los autoridad recurrida informó que los señores Bienes y Raíces R&E del Cerro S.R.L, Kimberly Mora Marín, Gerardo Barboza Murillo no han efectuado la solicitud de nuevo servicio, razón por la cual no se les ha materializado la conexión requerida. Así las cosas, el presente recurso debe ser declarado sin lugar, como en efecto se ordena.
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
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