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Res. 40620-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 05/12/2025

Arrest During Eviction in a Wildlife RefugeAprehensión durante desalojo en refugio de vida silvestre

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied habeas corpus because it found no manifest arbitrariness, disappearance, disproportionate force, or other constitutional violation in the arrest and referral of the protected person to prosecutors for alleged resisting authority.La Sala rechazó el hábeas corpus porque no constató arbitrariedad manifiesta, desaparición, fuerza desproporcionada ni otra lesión constitucional en la aprehensión y remisión de la tutelada a la Fiscalía por presunta resistencia.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denied a habeas corpus petition filed for an activist arrested while documenting the eviction and demolition of structures in the Border Corridor National Wildlife Refuge in Chorreras de Cutris. According to the sworn official report, the Public Force repeatedly asked her to leave the security perimeter; after a conflict arose, she was arrested on suspicion of resisting authority under the prosecutor’s functional direction, advised of her rights, and delivered to the competent authority. The Chamber found no disappearance, manifest arbitrariness, disproportionate force, or physical injury of constitutional significance. It held that whether her conduct constituted a crime, and any dispute over the evidence, belonged in the ordinary criminal proceedings. It also found no apparent duty to disclose her whereabouts to the petitioner, who had shown neither a legal relationship requiring notification nor a prior request for that information. Finally, the Chamber held that habeas corpus was not the proper proceeding for deciding whether temporary police custody of her phone was unlawful.La Sala Constitucional declaró sin lugar el hábeas corpus interpuesto a favor de una activista aprehendida mientras documentaba el desalojo y la demolición de estructuras en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, en Chorreras de Cutris. Según el informe rendido bajo juramento, la Fuerza Pública le solicitó reiteradamente retirarse del perímetro de seguridad; posteriormente, tras una situación de conflicto, fue detenida por presunta resistencia bajo dirección funcional de la Fiscalía, informada de sus derechos y remitida a la autoridad competente. La Sala no constató una desaparición, arbitrariedad manifiesta, fuerza desproporcionada ni lesión física de relevancia constitucional. Consideró que determinar si la conducta constituía delito y controvertir la prueba correspondía al proceso penal ordinario. Tampoco advirtió una obligación de comunicar el paradero al recurrente, quien no acreditó vínculo jurídico ni solicitud previa de información. Finalmente, indicó que la legalidad de la custodia temporal del teléfono no debía resolverse mediante hábeas corpus.

Key excerptExtracto clave

Although the arrest is alleged to have been arbitrary and unfounded, it is also true that, according to the police report, the Public Force addressed a conflict in which the protected person was involved, as a result of which she was arrested and subsequently placed at the disposal of the Flagrancy Prosecutor’s Office of the Second Judicial Circuit of Alajuela (San Carlos). That office opened a case against her “for the offense of resisting authority,” questioned her that same day, and even notified her of another proceeding scheduled for the following December 10. Thus, for purposes of this constitutional jurisdiction, no manifest arbitrariness or action exceeding the scope of Article 235 of the Code of Criminal Procedure has been established, without prejudice to a determination in ordinary proceedings as to whether she committed an offense. It is precisely in those ordinary proceedings that the party with standing may, if deemed appropriate, submit her position to adversarial examination and present evidence fully. Moreover, the petitioner did not demonstrate any legal relationship requiring the Public Force to inform him of the protected person’s whereabouts, nor did he state that he had requested such information. Prima facie, therefore, no violation is apparent in that respect. As of the filing of the petition and based on what the petitioner knew at the time of the arrest, no infringement capable of being declared through habeas corpus was established. Finally, it is not for the Chamber to determine whether the protected person’s cell phone was unlawfully seized. Rather, the police authorities stated that it “was temporarily held in custody” pursuant to the “Protocol for the Handling, Escort, Custody, and Transportation of Detainees by Police Forces Assigned to the Ministry of Public Security.” Likewise, the petitioner did not identify any concrete and individualized harm suffered by the protected person during transportation. Nor did the petitioner mention that she had disclosed any personal circumstance or medical condition requiring consideration.Ahora, aun cuando se acusa se la detención fue arbitraria e infundada, no menos cierto es que la Fuerza Pública, según el informe policial, abordó una situación de conflicto en la que estuvo involucrada la amparada, en virtud de la cual fue aprehendida y, posteriormente, puesta a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), la cual le abrió una causa “por el delito de resistencia” y la indagó el mismo día e, incluso, le notificó la fecha de otra diligencia a realizarse el 10 de diciembre siguiente. Es decir, a los efectos de esta jurisdicción constitucional no constata alguna arbitrariedad manifiesta ni alguna actuación que haya desbordado el contenido del artículo 235 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se determine si ella cometió o no algún delito. Justamente, es en tal cauce procesal ordinario es donde la parte legitimada puede, si lo estima pertinente, someter a contradictorio su posición y evacuar prueba de forma amplia. Por otro lado, el recurrente no demostró contar con algún vínculo jurídico que obligara a la Fuerza Pública a comunicarle a él el paradero de la tutelada, ni tampoco expuso haber solicitado tal información, por lo que prima facie no se observa alguna vulneración en ese sentido. A la fecha de interposición del recurso y hasta donde tuvo conocimiento el accionante (momento de la aprehensión), no se configura alguna transgresión susceptible de ser declarada en la vía del habeas corpus. Finalmente, no corresponde a la Sala determinar si hubo o no algún decomiso ilegal del celular de la amparada. Más bien, las autoridades policiales señalaron que “se mantuvo provisionalmente en custodia” como parte “del Protocolo Para el abordaje, Conducción, Custodia y Traslado de aprehendidos de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública”. De igual manera, la recurrente no se expuso alguna afectación concreta e individualizada que le haya ocurrido a la tutelada durante su traslado. Tampoco mencionó que haya comunicado alguna situación personal o condición médica que ameritaran ser tomadas en consideración.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Desde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala."

    "Against this background, and under the terms presented in the petition, the existence of any situation currently warranting the Chamber’s intervention is ruled out."

    Considerando III

  • "Desde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala."

    Considerando III

  • "Sobre el particular, la parte accionante no describe alguna situación de uso desproporcionado de la fuerza ni tampoco alega que se haya causado alguna lesión física de relevancia constitucional."

    "In this regard, the petitioner does not describe any disproportionate use of force, nor allege that any physical injury of constitutional significance was caused."

    Considerando III

  • "Sobre el particular, la parte accionante no describe alguna situación de uso desproporcionado de la fuerza ni tampoco alega que se haya causado alguna lesión física de relevancia constitucional."

    Considerando III

  • "Ahora, advierta el recurrente que no le compete a esta Cámara determinar si finalmente los hechos resultan constitutivos o no de un delito, ni tampoco establecer la calificación según la normativa penal sustantiva."

    "The petitioner should note that it is not for this Chamber to determine whether the facts ultimately constitute a criminal offense or to establish their classification under substantive criminal law."

    Jurisprudencia citada en el Considerando III

  • "Ahora, advierta el recurrente que no le compete a esta Cámara determinar si finalmente los hechos resultan constitutivos o no de un delito, ni tampoco establecer la calificación según la normativa penal sustantiva."

    Jurisprudencia citada en el Considerando III

  • "Se declara sin lugar el recurso."

    "The petition is denied."

    Por tanto

  • "Se declara sin lugar el recurso."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

EV Template Generation: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH004.dpj CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-three a.m. on December fifth, two thousand twenty-five.

Petition for habeas corpus (recurso de habeas corpus) being processed under expediente nro. 25-036808-0007-CO, filed by Nombre87592, identity card CED48213, on behalf of Nombre91426, identity card CED22584, against the MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Findings of Fact:

  1. 1By a filing added to the electronic case file on November 25, 2025, the petitioner filed a petition for habeas corpus on behalf of Nombre91426. The petitioner states: “at this very moment she has been physically restrained, arbitrarily detained by the Fuerza Pública in the community of Chorreras, in Cutris, San Carlos Alajuela, for no reason whatsoever, in an arbitrary manner, and, most seriously, her current whereabouts are unknown. Are we witnessing the first documented disappearance of a social activist in Costa Rica under the current government’s regime? In the community of Las Chorreras, a process of demolition, tearing down, and eviction (desalojo) of the community that has been settled there for decades is being carried out, and Señora Nombre91426 was documenting it and broadcasting it live to the country. Furthermore, Señora Nombre91426 informed the State’s repressive forces of the existence of two petitions for constitutional relief (recursos de amparo) against those acts, and it was at that moment that they restrained her, unlawfully confiscated the cell phone with which she was keeping the country informed of what was happening in Chorreras, detained her, and transported her in a police transport vehicle to an unknown destination.At this time, the whereabouts of Señora Nombre91426 are unknown. RIGHT VIOLATED: The Fuerza Pública deployed in the community of Las Chorreras, in Cutris de San Carlos, has, in the specific case of Señora Nombre91427, violated Article 48 of our Constitution, which reads: ARTICLE 48.- Every person has the right to habeas corpus relief to safeguard their personal freedom and integrity, and to constitutional relief to maintain or restore the enjoyment of the other rights enshrined in this Constitution, as well as the fundamental rights established in the international human-rights instruments applicable to the Republic. Both forms of relief shall fall within the jurisdiction of the Chamber referred to in Article 10. Likewise, since the issuance of ruling number 1739-92 by our Constitutional Chamber at eleven forty-five a.m. on July first, nineteen ninety-two, which was subsequently reinforced by judgment 01185-95 of the same Chamber, the right to be heard by a judge before a judicial decision is made that restricts a citizen’s freedom of movement has been established as an essential component of criminal due process (debido proceso penal).REQUEST I request that the MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA be required to state where Señora Nombre91426 is being unlawfully detained and, upon determining that Señora Nombre91426 has not been tortured and has not disappeared, that she be released immediately, because no criminal charges exist against her, and that she also be freely permitted to continue documenting the demolition and tearing down of the community of Chorreras, in the exercise of her freedom of expression, to show the country, as a monument to this government, that what is occurring in Chorreras—the crushing of the excluded and those who have the least—is a State policy” (sic).
  2. 2By order issued at 15:48 on November 25, 2025, the Presidency of the Chamber ordered: “Having reviewed the petition for habeas corpus being processed under expediente número 25- 036808-0007-CO, filed by Nombre87592, identity card CED48213, on behalf of Nombre91426, identity card CED22584, against the MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, pursuant to Articles 19 and 22 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the director general of the Fuerza Pública and the head of the Delegación Policial de San Carlos, both of the MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, shall report on the facts alleged by the petitioner, summarized as follows: that the protected person is a social activist and was arbitrarily detained by the Fuerza Pública in the community of Chorreras, in Cutris, San Carlos Alajuela, for no reason whatsoever. The petitioner asserts that, as of the date the petition was filed, the whereabouts of the person represented were unknown, which the petitioner considers ‘the first documented disappearance of a social activist in Costa Rica under the current government’s regime.’ The petitioner states that, in the community of Las Chorreras, a process of demolition, tearing down, and eviction of the community that has been settled there for decades is being carried out, and that Señora Nombre91426 was documenting it and broadcasting it live to the country.The petitioner states that the protected person informed the Fuerza Pública of the existence of two petitions for constitutional relief against those acts, and it was at that moment that they restrained her, unlawfully confiscated the cell phone with which she was informing the community, detained her, and transported her in a police transport vehicle to an unknown destination. The petitioner considers that the fundamental rights of the person represented have been violated and requests the intervention of this Chamber.”
  3. 3In a written submission received by the Secretariat of the Chamber on November 27, 2025, Marlon Cubillo Hernández, Director General of the Fuerza Pública, submitted a report under oath in the following terms: “SECOND: It must first be clarified to this Honorable Chamber that, under the political-administrative territorial division, the district of Cutris belongs to the Central Canton of San Carlos. With respect to the operational police division of the Fuerza Pública, due to considerations of reach, police control, oversight, and the geographic reality, the district of Cutris falls within the jurisdiction of the Delegación Policial de los Chiles, which is attached to the Dirección Regional Chorotega Norte, comprising the cantons of los Chiles and Upala and the districts of Cutris and Pocosol, which administratively belong to the central canton of San Carlos. Accordingly, the operation to comply with the court order contained in a final criminal judgment was placed under the command of Commander Junier Villalta Rubí, Deputy Regional Director of the Dirección Chorotega Norte, and was carried out pursuant to Operations Order N° 216-2025-DO-PYO.THIRD: To begin the account contained in this report, it is appropriate to inform you that I have no personal knowledge of the facts alleged by the petitioner, nor did I take any action, because the cited events occurred in the Cutris area. Commander Junier Villalta, who, as previously mentioned, was in charge of the operation, was therefore asked to submit a report for the purpose of responding to your honorable authority. FOURTH: By official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025, dated November 26, 2025, Commander Junier Villalta Rubí described the challenged events as quoted below: ‘... The Sistema Nacional de Áreas de Conservación filed a criminal complaint with the Fiscalía del II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos for the offense of Invasion of a Protected Area, which was processed under expediente 25-000857-0306- PE. In this regard, it is stated that, on a date prior to May 07, 2025, persons whose identities were unknown invaded the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, located in Chorreras and Las Crucitas de Cutris, San Carlos, and constructed homes and commercial establishments within the border zone and engaged in agricultural and livestock activities, all without authorization.Subsequently, the Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela heard the case and granted the application of the Fiscalía del II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos; namely, the application of section 140 of the Código Procesal Penal, insofar as it found that there was a probability that the conduct at issue constituted a criminal offense (defined by law, unlawful, and punishable), and that, furthermore, the constitutional and legal mandate to ensure the conservation of areas designated for environmental protection must be fulfilled ...’ The account of the facts continues as follows: ‘For that purpose, the following was determined: a. The invasion occurred within a Refugio Nacional de Vida Silvestre; b. Although use and lease permits had been granted for that border strip, they had already expired and had not been renewed since 2010. c. The persons occupying or potentially occupying this land were doing so unlawfully. d. Evidence was submitted (satellite images from 2014 to 2017) showing that those structures did not exist. e. The structures lacked the respective permits from State entities and must therefore be deemed illegal. f. There was a sufficient and required degree of probability to consider imposing the precautionary measure (medida cautelar); moreover, harm to natural resources resulting from the actions undertaken was verified, which ultimately endangered the delicate balance of the ecosystems protected by these refuges.This gave rise to the need for the State, through the Judiciary, to intervene in the reported events in order to prevent greater harm to the environment or, in the worst case, irreversible harm; the intended precautionary measure would restore matters to their prior condition). Four rulings have been issued in this regard, three by the Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela and one by the Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos. By order of the Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, affirmed by the Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, the demolition of 76 structures was ordered, including homes (some under construction), small grocery stores, and a bar-restaurant, as well as the demolition and removal of debris. If this was not carried out, Municipalidad de San Carlos and SINAC would be required to perform the demolition and dispose of the waste.It also warned interested parties that failure to comply with the order could result in prosecution for the offense of disobedience to authority.’ It should be noted that there is an extensive prior judicial record initiated by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, which filed a criminal complaint with the Fiscalía del II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos for the offense of Invasion of a Protected Area, processed under expediente 25-000857-0306- PE. FIFTH: In compliance with the rulings issued by the judicial authority, the Fuerza Pública appeared to carry out the judgment for the purpose of maintaining public order, ensuring the safety of officials of the Poder Judicial and the Poder Ejecutivo, and accompanying personnel from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), who were responsible for arranging the procedures necessary to execute the eviction (desalojo), while also ensuring the safety of those unlawfully occupying public property, as detailed below: ‘...Prior to executing the judicial eviction in expediente 25-000857-0306- PE, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), through official letter CARTA SINAC-ACAHN-DR-329-2025, signed by Mariana Jiménez A., Acting Regional Director, Área de Conservación Arenal Huetar Norte, requested the assistance of the Fuerza Pública in carrying out that eviction ...’ Furthermore, in compliance with Decreto N° 39277-MP-MSP-JP-MIVHA-MDHIS, the Reglamento para el trámite de desalojos administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Publica, and in accordance with Circular MSP-DM-DVURFP-DGFP-DO-PYO-0061-2023, all interinstitutional coordination was undertaken before the court order was carried out so that the process would be as minimally harmful as possible, as quoted below: ‘... On Tuesday, November 25, 2025, at approximately 06:00, the eviction ordered in expediente 25-000857-0306- PE began.Authorities participating in the operation included SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica, Coopelesca, Policía de Migración, and Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. During its execution, the Fuerza Pública, among other measures, established a perimeter around the area to be cleared, controlled the entry and exit of persons, identified persons, recorded structures, and performed other tasks aimed at ensuring the safety of the persons being evicted and of the participating authorities ...’ SIXTH: Regarding the matter before us, the following events occurred during the actual execution of the eviction: ‘At approximately 07:30, a group of approximately five persons (unconnected with the eviction) was observed inside the secured area where the judicial eviction was being executed. Fuerza Pública personnel approached them and asked them to leave the area being cleared.One of these persons stated that she was an attorney and encouraged the others not to leave the premises voluntarily. She shouted that she had documents authorizing them to remain there, but SHE DID NOT PRODUCE (sic) ANY DOCUMENTATION SUPPORTING HER CLAIM. She identified herself as Nombre91426. She was therefore asked to leave the premises and was repeatedly told that the area was being cleared and that, for safety reasons, they had to leave. She failed to comply with the instructions of the Fuerza Pública while continuing to shout to the persons at the site that they should come out and that they could not be removed. She obstructed police work by encouraging people not to leave their homes voluntarily and stated that she represented the persons being evicted. Fuerza Pública personnel therefore escorted her outside the area where the eviction was being executed. Nevertheless, while passing one of the structures used as a small grocery store (which had no permit whatsoever), she attempted to enter it and even sat on a bench immediately outside it and asked one of the occupants to bring her coffee.Fuerza Pública personnel therefore attempted to remove her from the premises using the minimum necessary force, at which point she attempted to assault Police Officer Nombre91428, identity card CED51670. She was accordingly apprehended in the act at 08:05 and was advised of her rights, namely: to know the reason for her apprehension; to have her apprehension communicated to any person, group of persons, association, organization, or entity she wished to notify; to be assisted, from the first procedural act, by counsel designated by her, her relatives, or the organization notified of her arrest or, in the absence thereof (sic), by a public defender; to refrain from making a statement; and, if she agreed to make one, to have her counsel present when giving her statement and during other proceedings requiring her presence. Likewise, Licdo. Berny Abarca Vega, Police Legal Advisor for the Región Chorotega Norte, informed Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, Assistant Prosecutor for San Carlos (who was participating in the execution of the aforementioned eviction), of the events.At 08:15, she ordered that the individual be detained under her authority for the offense of resisting authority, to be processed under the expedited procedure for offenses committed in flagrante delicto (procedimiento expedito para los delitos en Flagrancia), and that a police report on the matter, together with the records verifying domicile, health status, and notification of the accused’s rights, be forwarded to the Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). Police report number 0199641-2025 was prepared in this regard. SEVENTH (sic): The actions taken did not constitute a “disappearance,” as the petitioner seeks to portray them. Rather, the police actions were taken to maintain public order and ensure the safety of the persons who remained at the site. Furthermore, the police acted under the functional direction (dirección funcional) of the Assistant Prosecutor for San Carlos, as stated: ‘...The protected party (amparada), Nombre91426, was detained under the functional direction of the Assistant Prosecutor for San Carlos, Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, for the offense of resisting authority and other offenses. Petitioner Nombre87592 is untruthful in stating that the protected party was arbitrarily detained by the Fuerza Pública, because, as previously indicated, she was initially approached while engaging in conduct that could jeopardize the safety and orderly conduct of the judicial eviction then being executed, and was subsequently detained under functional direction after being caught in flagrante delicto ...’

“Note that, although the protected party was instructed on several occasions to leave the site where the operation was being carried out, she disregarded those instructions and became violent toward the officers involved; she even entered a property that did not belong to her, causing fear among its occupants. EIGHTH: Regarding the appellant’s allegation that the protected party’s telephone was seized, the above-cited report states: ‘... The Fuerza Pública did not seize the protected party Nombre91426’s cellular telephone; it was held temporarily in the custody of the Fuerza Pública as part of the accused person’s belongings (the protected party in proceeding 25-036808-0007-CO), such custody being undertaken in compliance with the Protocolo Para el abordaje, Conducción, Custodia y Traslado de aprehendidos de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. According to information provided by the Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), that prosecution office opened expediente 25-001026-1261-PE against the protected party Nombre91426 for the offense of resisting authority and other offenses; likewise, on 25 de noviembre del año 2025, she was questioned as an accused person by that judicial authority and was notified of a hearing scheduled for 10 de diciembre del año 2025 at the Fiscalía de Flagrancias de San Carlos ...’ In other words, the protected party was placed at the disposal of the competent judicial authority, which determined her legal status and set a date for the corresponding hearing.

The Honorable Justices should take into consideration that, during enforcement of the judgment, the authority representing the Ministerio Público was present at the site, supervising the various activities of both the judicial and administrative authorities and providing functional direction based on the presumption, arising from the existing facts, that a publicly prosecutable offense (delito de acción pública) had been committed against the police authority; see case file 25-001026-1261-PE. NINTH: As for the police operation conducted on the stated date, it was carried out in response to SINAC’s request for assistance concerning the encroachment by persons irregularly occupying the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, located in Chorreras and Las Crucitas de Cutris, San Carlos. The Fuerza Pública acted in accordance with its constitutional and statutory functions and powers to safeguard and preserve public order, namely, to prevent manifestations of criminal activity and cooperate in suppressing them as prescribed by the legal system.

These functions are established in Articles 11, 12, and 50 of the Political Constitution and Articles 8, 10, and 22 of the Ley General de Policía N° 7410. The police officers acted under Costa Rican law, and there was no unlawful or arbitrary apprehension (aprehensión), abuse of authority, or other infringement of the protected party’s constitutional rights. TENTH: It is important to mention that heavy machinery was present at the site and was demolishing the structures (see annexes); consequently, the continued presence of persons there could endanger their physical safety. Therefore, the actions and statements of Ms. Nombre91426, who was telling people not to leave the site, placed not only herself but also the other persons remaining in the area at risk. Through this conduct, she sought to obstruct compliance with the judgment issued by a judicial authority, which must be obeyed by both the authorities and residents, since it is a judicial judgment issued in proceedings in which all parties had the opportunity to use the remedies established for such purposes under Costa Rican criminal procedure.

ON THE MERITS According to the appellant, who states that: ‘... the protected party is a social activist and was arbitrarily detained by the Fuerza Pública in the community of Chorreras, in Cutris, San Carlos, Alajuela, without any reason. The appellant asserts that, as of the date the proceeding was filed, the whereabouts of the represented party were unknown, which the appellant considers “the first documented disappearance of a social activist in Costa Rica under the current government’s regime.” The appellant explains that a process of demolition, destruction, and eviction (desalojo) of the community that has been settled in Las Chorreras for decades is being carried out, and that Ms. Nombre91426 was documenting it and broadcasting it live to the country. The appellant states that the protected party informed the Fuerza Pública of the existence of two amparo proceedings (recursos de amparo) against those actions, and that it was at that moment that they subdued her, unlawfully seized the cellular telephone she was using to inform the community, detained her, and transported her in a police transport vehicle to an unknown destination.

The appellant considers the represented party’s fundamental rights to have been violated ...’ For this Dirección General, and based on the evidence submitted, the police actions taken were duly grounded, reasoned, and in accordance with law. They were carried out with respect for due process (debido proceso) and the protected party’s constitutional guarantees, pursuant to the powers granted by law, as previously stated. The police measures were undertaken to safeguard public order and the safety of the persons present at the eviction site, the persons unlawfully occupying public property, SINAC workers, and personnel from other institutions who appeared at the site to ensure proper enforcement of the judicial judgment.

In this case, as previously stated, the property subject to eviction is part of the Refugio Nacional de Vida Silvestre del Corredor Fronterizo. Because it is a protected wildlife area (área silvestre protegida), it forms part of the State’s forest heritage (patrimonio forestal del Estado). Accordingly, in compliance with the Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, the Fuerza Pública assisted the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) in enforcing the judgment to recover the property, as required by law, while safeguarding public order and public safety. Because the actions perpetrated by the protected party herein interfered with the proper conduct of the proceedings, she was apprehended in accordance with the Fiscalía’s functional direction and was subsequently brought before the competent judicial authority, which determined her legal status.

With all due respect, because Ms. Nombre91426’s fundamental rights were not violated, it is important to state that, as of the date the operation concluded, the only violent act recorded was the criminal conduct of the protected party, who, as of today, is subject to criminal proceedings being handled by the Fiscalía de Flagrancia de la Jurisdicción de San Carlos. With all due respect, I request that the Habeas Corpus Action be declared WITHOUT MERIT and that the case file be closed. (…) RELIEF REQUESTED 1. Your Honorable Authority is requested to declare WITHOUT MERIT the Habeas Corpus Action processed under expediente 25-036808-0007-CO, filed by Nombre87592, identity card CED48213, on behalf of Nombre91426, identity card CED22584, against the MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, so that the case file may be closed.”

  1. 4In a written submission incorporated into the digital case file (expediente) on 2 de diciembre de 2025, Marianela Rodríguez Delgado, chief of the Delegación Policial de San Carlos Este of the Ministerio de Seguridad Pública, submitted a sworn report in the following terms: “FIRST: The Sistema Nacional de Áreas de Conservación filed with the fiscalía de San Carlos II Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos a criminal complaint for the offense of invasion of a Protected Area (Área Protección), which is being processed under expediente 25-000857-0306- PE. This had ruling 967-2025, which had (sic) two months from the date this ruling became final for the eviction (desalojo) ordered by the Juzgado Penal de San Carlos to be carried out, the ruling being issued at thirteen hours and twenty minutes on veintidós de setiembre del dos mil veinticinco. SECOND: Prior to enforcement of the judicial eviction in expediente 25-000857-0306- PE, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), by means of official letter Carta SINAC-ACAHNDR-329-2025, signed by Mariana Jiménez A., Acting Regional Director of Área de Conservación Arenal Huetar Norte, requested assistance in carrying out that eviction.THIRD: On martes 25 de noviembre del año 2025, at approximately 06:00 hours, the eviction ordered in expediente 25-000857-3006-PE began; several institutions participated in the eviction operation. FOURTH: Chorreras Cutris, where the eviction took place, does not fall within the jurisdiction of the Delegación de San Carlos Este; therefore, the police personnel of the Delegación de San Carlos were not summoned to that event, and consequently we have no record of the petitioner in the Delegación’s logs. FIFTH: Honorable Chamber, it is important to mention that the Director Regional Chorotega Norte, Commander Junier Villalta Rubí, is responsible for overseeing the Chorreras sector, and he responded to the proceedings addressed to the Director General de la Fuerza Pública, Commissioner Marlon Cubillo Hernández, under Official Letter MSP-DM-DVURFP-DGFP – DROCHN-2619-2025. RELIEF SOUGHT In view of all the foregoing, the Honorable Chamber is respectfully requested, by virtue of the alleged facts and the grounds presented, to dismiss the writ of habeas corpus filed by Ms. Nombre91426.”
  2. 5The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Alvarado Paniagua drafts the opinion; and,

Considering:

I.Subject matter of the application. The applicant states that, arbitrarily and without grounds, the Fuerza Pública detained the protected person (persona tutelada) in the community of Chorreras, in Cutris de San Carlos de Alajuela. The applicant asserts that the whereabouts of the amparo-protected person (amparada) are unknown. The applicant explains that, in connection with the eviction, razing, and demolition of the community of Las Chorreras, the litigant (justiciable), who was present at the location, “informed the State’s repressive forces of the existence of two applications for amparo (recursos de amparo) against those actions, and it was at that moment that they subdued her, illegally confiscated the cell phone with which she was keeping the country informed of what was happening in Chorreras, and she was detained and transported in a police transport vehicle to an unknown destination” (sic).

II. Proven facts. The following facts are deemed duly proven and relevant to the determination of this matter

a. The protected person is 42 years old. (Search conducted on the website of the Tribunal Supremo de Elecciones).

b. Fuerza Pública Report No. 199641-25 of 25 de noviembre de 2025 recorded the following police actions: “1. AT 08:10, WHILE AN EVICTION WAS BEING CARRIED OUT IN THE SECTOR Dirección5913 PURSUANT TO RULING NUMBER 967-2025, CASE NUMBER 25-000857-0306-PE, WHILE THE POLICE WORK WAS BEING PERFORMED, A WOMAN NAMED Nombre91426 , IDENTITY CARD CED25412, ARRIVED AT THE LOCATION, BEHAVING AGGRESSIVELY AND INCITING THE PEOPLE AT THE LOCATION, WHO DID NOT IDENTIFY THEMSELVES, NOT TO LEAVE AND TO DISOBEY THE ORDER TO LEAVE VOLUNTARILY, INSULTING THE FUERZA PÚBLICA OFFICERS BY SAYING SHAMELESS COPS, STARVING WRETCHES, YOU DON’T KNOW WHAT YOU’RE DOING, DAMN YOU; SHE ALSO STATED THAT SHE WAS A LAWYER REPRESENTING THEM, BUT SHE DID NOT PRODUCE ANY DOCUMENT IDENTIFYING HER AS SUCH NOR DID SHE CARRY ANY DOCUMENT SUPPORTING HER STATEMENT, SO SHE WAS ASKED TO LEAVE THE LOCATION FOR THE SAFETY OF EVERYONE PRESENT DURING THE EVICTION WORK; SHE DEFIANTLY REFUSED AND STATED THAT SHE WOULD NOT LEAVE UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR WHICH REASON SHE WAS APPREHENDED, WHEREUPON SHE BECAME AGGRESSIVE TOWARD THE POLICE; AT THE TIME OF HER APPREHENSION, AN ODOR OF ALCOHOL WAS DETECTED; SHE WAS INFORMED OF THE REASON FOR HER APPREHENSION, NAMELY OBSTRUCTING POLICE WORK; SHE WAS INFORMED THAT SHE HAD THE RIGHT TO REMAIN SILENT, TO REPORT HER LEGAL STATUS, AND TO AN ATTORNEY, WHICH SHE UNDERSTOOD PROPERLY; AT 08:24, LEGAL SUPPORT COUNSEL BERNY ABARCA VEGA INSTRUCTED THAT SHE BE KEPT IN CUSTODY AT THE DISPOSAL OF THE PROSECUTOR ON DUTY, ADRIANA RODRIGUEZ CÓRDOBA, ASSISTANT PROSECUTOR OF SAN CARLOS, FOR THE OFFENSE 2. OF OBSTRUCTION OF POLICE WORK; AT 09:00 HOURS, A POLICE REPORT WAS PREPARED FOR REFERRAL TO THE CORRESPONDING AUTHORITY” (sic). (Evidence submitted by the Director General de la Fuerza Pública).

c. Commander Junier Villalta Rubí, Deputy Regional Director of the Dirección Chorotega Norte de la Fuerza Pública, recorded the following in official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025 of 26 de noviembre de 2025: “On martes 25 de noviembre del año 2025, at approximately 06:00 hours, the eviction ordered in expediente 25-000857-0306- PE began, an operation in which authorities such as SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica, Coopelesca, Policía de Migración, and Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado participated. During its execution, the (sic) Fuerza Pública, among other actions, established a perimeter in the area to be cleared, controlled the entry and exit of persons, identified persons, inspected structures, and undertook other measures aimed at ensuring the safety of the persons to be evicted, as well as that of the participating authorities (…) At approximately 07:30 hours, inside the secured area where the judicial eviction was being carried out, a group of approximately five persons (unconnected with the eviction) was observed; Fuerza Pública personnel approached them and asked them to leave the area to be cleared.

One of these persons stated that she was a lawyer and incited the others not to leave the location voluntarily; she shouted that she had documents authorizing them to remain at the location; SHE PRODUCED NO DOCUMENTATION WHATSOEVER (sic) SUPPORTING HER STATEMENT. She identified herself as Nombre91426, and for that reason she was asked to leave the location. It was even explained to her repeatedly that this was an area being cleared and that, for safety reasons, they needed to leave. She failed to comply with the instructions of the Fuerza Pública while continuing to shout to the persons at the location not to leave, that they could not be removed; she obstructed police work by inciting people not to leave their homes voluntarily, stating that she was the representative of the persons being evicted. She was therefore escorted by Fuerza Pública personnel out of the area where the eviction was being carried out.

However, while passing one of the structures used as a small neighborhood grocery store (pulpería) (without any permit), she attempted to enter it and even sat on a bench immediately outside and told one of the occupants to bring her coffee. Fuerza Pública personnel therefore attempted to remove her from the location using the minimum necessary force, at which point she attempted to assault Police Officer Nombre91428, identity card CED51670. She was consequently apprehended in the act at 08:05 hours and informed of her rights, namely: to know the reason for her apprehension; the right to communicate her apprehension to the person, group of persons, association, organization, or entity of her choosing; to be assisted, from the first procedural act, by counsel designated by her, her relatives, or the organization notified of her capture and, in the absence thereof (sic), by a public defender; to refrain from testifying and, if she agreed to do so, to have her counsel present when giving her statement and during other proceedings requiring her presence.

Likewise, Lic. Berny Abarca Vega, Police Legal Advisor for Región Chorotega Norte, informed Lic. Adriana Rodríguez Córdoba, Assistant Prosecutor of San Carlos (who was participating in the enforcement of the aforementioned eviction), of the events, and at 08:15 hours she ordered that the detainee be held at her disposal for the offense of resistance (resistencia), to be processed under the expedited procedure for offenses committed in flagrante delicto (procedimiento expedito para los delitos en Flagrancia), and that the corresponding police report, together with the records verifying domicile, health status, and notification of the accused’s rights, be forwarded to the Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). In this regard, police report number 0199641-2025 was prepared. (…) The amparo-protected person Nombre91426 was detained under the functional direction (dirección funcional) of Lic. Adriana Rodríguez Córdoba, Assistant Prosecutor of San Carlos, for the offense of resistance and other offenses.

(…) According to information provided by the Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), that office opened expediente 25-001026-1261-PE against the amparo-protected person Nombre91426 for the offense of resistance and other offenses; likewise, on 25 de noviembre del año 2025, she was formally questioned as an accused person (indagada) by that judicial authority and was notified of a hearing scheduled for 10 de diciembre del año 2025 at the Fiscalía de Flagrancias de San Carlos.” (Evidence submitted by the Director General de la Fuerza Pública).

III.Regarding the specific case. In the matter at hand (sub lite), the applicant states that, arbitrarily and without grounds, the Fuerza Pública detained the protected person in the community of Chorreras, in Cutris de San Carlos de Alajuela. The applicant asserts that the whereabouts of the amparo-protected person are unknown. The applicant explains that, in connection with the eviction, razing, and demolition of the community of Las Chorreras, the litigant, who was present at the location, “informed the State’s repressive forces of the existence of two applications for amparo against those actions, and it was at that moment that they subdued her, illegally confiscated the cell phone with which she was keeping the country informed of what was happening in Chorreras, and she was detained and transported in a police transport vehicle to an unknown destination” (sic).

The record demonstrates that the protected person (persona tutelada) is 42 years old. Public Force Report No. 199641-25 dated 25 de noviembre de 2025 recorded the following police actions: “1. AT 08:10 AN EVICTION WAS BEING CARRIED OUT IN THE Dirección5913 SECTOR PURSUANT TO RULING NUMBER 967-2025, CASE NUMBER 25-000857-0306-PE. WHILE THE POLICE OPERATION WAS BEING CONDUCTED, A WOMAN NAMED Nombre91426 , IDENTITY CARD CED25412, ARRIVED AT THE SCENE, ACTING AGGRESSIVELY AND INCITING THE PEOPLE THERE, WHO DID NOT IDENTIFY THEMSELVES, NOT TO LEAVE AND TO DISOBEY THE ORDER TO DEPART VOLUNTARILY, INSULTING THE PUBLIC FORCE OFFICERS BY SAYING, ‘YOU SHAMELESS, STARVING POLICE OFFICERS, YOU DON’T KNOW WHAT YOU’RE DOING, DAMN YOU.’ SHE ALSO STATED THAT SHE WAS THE ATTORNEY REPRESENTING THEM, BUT SHE DID NOT PRODUCE ANY DOCUMENT IDENTIFYING HER AS SUCH, NOR DID SHE HAVE ANY DOCUMENT SUPPORTING HER STATEMENT.

SHE WAS THEREFORE ASKED TO LEAVE THE AREA FOR THE SAFETY OF EVERYONE PRESENT DURING THE EVICTION OPERATION. SHE DEFIANTLY REFUSED AND STATED THAT SHE WOULD NOT LEAVE UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR WHICH REASON SHE WAS APPREHENDED, AT WHICH POINT SHE BECAME AGGRESSIVE TOWARD THE POLICE OFFICERS. AT THE TIME OF HER APPREHENSION, AN ODOR OF ALCOHOL WAS DETECTED ON HER. SHE WAS INFORMED THAT THE REASON FOR HER APPREHENSION WAS OBSTRUCTION OF POLICE DUTIES. SHE WAS ADVISED THAT SHE HAD THE RIGHT TO REMAIN SILENT, TO REPORT HER LEGAL STATUS, AND TO AN ATTORNEY. SHE UNDERSTOOD THESE RIGHTS FULLY. AT 08:24, LEGAL SUPPORT COUNSEL BERNY ABARCA VEGA INSTRUCTED THAT SHE BE HELD IN CUSTODY AT THE DISPOSAL OF THE PROSECUTOR ON DUTY, ADRIANA RODRIGUEZ CÓRDOBA, ASSISTANT PROSECUTOR OF SAN CARLOS, FOR THE OFFENSE 2. OF OBSTRUCTION OF POLICE DUTIES. AT 09:00, A POLICE REPORT WAS PREPARED FOR REFERRAL TO THE APPROPRIATE AUTHORITY” (sic).

Commander Junier Villalta Rubí, Regional Deputy Director of the Dirección Chorotega Norte of the Public Force, stated in official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025 dated 26 de noviembre de 2025: “On Tuesday, 25 de noviembre del año 2025, at approximately 06:00, the eviction ordered in expediente 25-000857-0306- PE began. The authorities participating in the operation included SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, Policía de Migración, and Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. During its execution, the Public Force, among other actions, established a perimeter in the area to be cleared, controlled the entry and exit of persons, identified persons, inspected structures, and undertook other actions aimed at ensuring the safety of the persons being evicted and the participating authorities (…) At approximately 07:30, a group of approximately five persons (unconnected with the eviction) was observed inside the secured area where the judicial eviction was being carried out.

Public Force personnel approached them and asked them to leave the area to be cleared. One of these persons stated that she was an attorney and incited the others not to leave the premises voluntarily. She shouted that she had documents authorizing them to remain there; SHE PRODUCED NO DOCUMENTATION WHATSOEVER SUPPORTING HER CLAIM (sic). She identified herself as Nombre91426. Accordingly, she was asked to leave, and it was repeatedly explained to her that this was an area being cleared and that, for safety reasons, they needed to depart. She failed to comply with the Public Force’s instructions while continuing to shout to the persons who were there that they should come out and that they could not be removed. She obstructed police duties by inciting people not to leave their homes voluntarily and claiming that she represented the persons being evicted. Public Force personnel therefore escorted her out of the area where the eviction was being conducted.

Nevertheless, while passing one of the structures used as a small grocery shop (pulpería) (without any permit), she attempted to enter it and even sat on a bench immediately outside it and told one of the occupants to bring her coffee. Public Force personnel therefore attempted to remove her from the premises using the minimum necessary force, at which point she attempted to assault Police Officer Nombre91428, identity card CED51670. She was therefore apprehended in the act at 08:05 and advised of her rights, namely: to know the reason for her apprehension; to have her apprehension communicated to any person, group of persons, association, organization, or entity of her choosing; to be assisted, from the first procedural act onward, by counsel designated by her, her relatives, or the organization notified of her arrest and, in the absence thereof (sic), by a public defender; and to refrain from making a statement or, should she agree to make one, to have her counsel present when giving her statement and during other proceedings requiring her presence.

Likewise, Lic. Berny Abarca Vega, Police Legal Advisor for the Región Chorotega Norte, informed Lic. Adriana Rodríguez Córdoba, Assistant Prosecutor of San Carlos (who was participating in the execution of the aforementioned eviction), of the events. At 08:15, she ordered that the woman be detained at her disposal for the offense of resisting authority (resistencia), to be processed under the expedited procedure for offenses committed in flagrante delicto (procedimiento expedito para los delitos en Flagrancia), and that the relevant police report, together with the records verifying her address, state of health, and notification of the accused’s rights, be forwarded to the Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). Police report number 0199641-2025 was prepared in this regard. (…) The protected party (amparada), Nombre91426, was detained pursuant to the functional direction (dirección funcional) of the Assistant Prosecutor of San Carlos, Lic. Adriana Rodríguez Córdoba, for the offense of resisting authority and others.

(…) According to information provided by the Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), that office opened expediente 25-001026-1261-PE against the protected party Nombre91426 for the offense of resisting authority and others. Furthermore, on 25 de noviembre del año 2025, she was questioned as a defendant (indagada) by that judicial authority and was notified of a hearing scheduled for 10 de diciembre del año 2025 at the Fiscalía de Flagrancias de San Carlos.” Against this background, in view of the terms in which the petition was filed, the Court finds no situation that currently warrants its intervention.

In particular, the petitioner does not describe any disproportionate use of force, nor does the petitioner allege that any physical injury of constitutional significance was caused. In that regard, the petitioner merely asserts that she was “rendered powerless,” while the police authorities state that “minimum force” was used.

Although it is alleged that the detention was arbitrary and unfounded, it is nonetheless true that, according to the police report, the Public Force responded to a conflict involving the protected party, as a result of which she was apprehended and subsequently placed at the disposal of the Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), which opened a case against her “for the offense of resisting authority,” questioned her that same day, and even notified her of another proceeding scheduled for the following 10 de diciembre. In other words, for the purposes of this constitutional jurisdiction, the Court finds no manifest arbitrariness or any action exceeding the scope of Article 235 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), without prejudice to a determination in the ordinary proceedings as to whether or not she committed an offense. It is precisely through those ordinary procedural channels that the party with standing may, if deemed appropriate, submit her position to adversarial examination and present evidence fully.

Moreover, the petitioner did not demonstrate the existence of any legal relationship requiring the Public Force to inform him of the protected person’s whereabouts, nor did he state that he had requested such information; therefore, prima facie, no violation is apparent in that regard. As of the filing date of the petition, and based on what the petitioner knew at the time of the apprehension, no infringement capable of being declared in habeas corpus proceedings is established.

Finally, it is not for the Court to determine whether the protected party’s cell phone was unlawfully seized. Rather, the police authorities stated that it “was temporarily held in custody” pursuant to the “Protocol for the Handling, Escort, Custody, and Transportation of Apprehended Persons by Police Forces Attached to the Ministerio de Seguridad Pública.” Likewise, the petitioner did not describe any specific and individualized harm suffered by the protected person during her transport. Nor did the petitioner mention that any personal circumstance or medical condition requiring consideration had been communicated.

With regard to the matter sub examine, the Court ruled in judgment No. 2025011242 at 9:20 on 10 de abril de 2025, in a case whose reasoning is applicable here:

“First, regarding the grounds for and manner of the apprehension, the Court preliminarily finds no violation of the protected person’s fundamental rights capable of being declared in these summary habeas corpus proceedings.

In this regard, the evidence submitted in the record establishes that on 13 de marzo de 2025, the protected person was apprehended by officers of the OIJ de Santa Cruz because, while in the waiting room of that office, he behaved violently, to the point of striking one of the officials with whom he had previously been speaking. This situation, as shown in the videos entered into the record, justified the police action, which this Chamber does not find excessive or disproportionate, since the officers merely placed security restraints (metal handcuffs) on his hands and transferred him to the holding cells. Thus, in the sub iudice matter, it has not been established that the judicial police officers used force of such magnitude as to warrant intervention by this Constitutional Court.

The petitioner challenges the apprehension on the ground that, in his view, he committed no offense. However, it is established that the protected person is being prosecuted in connection with the events at issue for the offense of resisting authority, in expediente nro. 25-000139-1260-PE before the Tribunal de Flagrancia de Santa Cruz. In this regard, it bears emphasizing that section 236 of the Code of Criminal Procedure provides:

ARTICLE 235.—Apprehension of persons. Police authorities may apprehend any person, even without a judicial warrant, when:

  • a)The person has been caught in the commission of an offense or violation, or is pursued immediately after attempting or committing it (…)”.

In turn, Article 236 eiusdem provides:

“ARTICLE 236.—Flagrante delicto. Flagrante delicto shall exist when the perpetrator of a punishable act is caught while committing it or immediately thereafter, while being pursued, or when the perpetrator possesses objects or bears traces giving rise to a strong presumption that the perpetrator has just participated in an offense.” Thus, contrary to the claimant’s assertions, the challenged police action arose from facts being investigated as a criminal offense in summary criminal proceedings (sumaria penal) conducted under the flagrante delicto procedure (procedimiento de flagrancia); therefore, for purposes of this constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional), it does not constitute an unlawful action. The appellant should note that it is not for this Chamber to determine whether the facts ultimately constitute a criminal offense, nor to establish their classification under substantive criminal law (normativa penal sustantiva). Accordingly, any disagreement with such matters must be raised in the criminal proceedings themselves, through the mechanisms established for such purposes by procedural law (legislación procesal).

Consequently, with respect to these issues, the appeal is denied.” Ergo, the appeal is denied.

IV.Documentation submitted to the case file (expediente). The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document or any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, such materials must be retrieved within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. The parties are advised that any material not retrieved within that period will be destroyed pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Poder Judicial” (“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”) (approved by the Corte Plena in artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 and published in Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) and artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

The appeal is denied.

Fernando Castillo V.

Chief Justice Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo Alexandra Alvarado P.

Telephone numbers: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. south of the Perpetuo Socorro church).

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EV Generación de Machote: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH004.dpj SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del cinco de diciembre de dos mil veinticinco .

Recurso de habeas corpus que se tramita en el expediente nro. 25-036808-0007-CO, interpuesto por Nombre87592, cédula de identidad CED48213, a favor de Nombre91426, cédula de identidad CED22584, contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Resultando:

  1. 1Por escrito incorporado al expediente digital 25 de noviembre de 2025, la parte accionante interpone recurso de habeas corpus a favor de Nombre91426. Expone: “ha sido en este momento reducida a la impotencia fisica, detenida arbitrariamente por la fuerza publica en la comunidad de Chorreras, en Cutris, San Carlos Alajuela, sin razón alguna, de manera arbitraria y lo más grave se desconoce su actual paradero. Estamos en presencia de la primera desaparición documentada de un activista social en Costa Rica bajo el regimen del actual gobierno? En la comunidad de Las Chorreras se está llevando a cabo un proceso de demolición, derribo y desalojo de la comunidad asentada en ese lugar por decadas, el cual estaba siendo documentado y expuesto en vivo la pais por parte de la Señora Nombre91426,. Además la Señora Nombre91426 puso en conocimiento de las fuerzas represivas del Estado de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia , le decomisaron ilegalmente su celular con el que ponia al pais al tanto de lo que ocurria en Chorreras y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido.En este momento se desconoce el paradero de la Señora Nombre91426. DERECHO VIOLENTADO: La fuerza publica destacada en la comunidad de las Chorreras, en Cutris de San Carlos, ha violentado en el caso concreto de la señora Nombre91427 el articulo 48 de nuestra Carta Magna que reza: ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10. Asimismo Desde la emisión del voto de nuestra Sala Constitucional número 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, que posteriormente fue reforzado en la sentencia 01185-95 de la misma Sala, se ha plasmado como elemento esencial del Debido Proceso Penal, el derecho a ser oído y escuchado, por parte de un juez, de previo a tomarse una decisión judicial que limite la libertad ambulatoria de un ciudadano.SOLICITUD Solicito que se exija al Ministerio de Seguridad Pública que indique dónde tienen detenida ilegalmente a la Señora Nombre91426, y determinando que la Señora Nombre91426 no ha sido torturada y no está desaparecida, que sea puesta en libertad de manera inmediata, pues no existen cargos penales contra ella y adicional se le permita libremente seguir documentando los actos de demolición y derribo de la comunidad de Chorreras, en el ejecicio de su libertad de expresión, para exponer al pais como un monumento de este gobierno que lo que ocurre en Chorreras de aplastar a los excluidos y a los que menos tienen, es una politica de Estado” (sic).
  2. 2Mediante resolución de las 15:48 horas de 25 de noviembre de 2025, la Presidencia de la Sala dispuso: “Visto el recurso de habeas corpus que se tramita en expediente número 25- 036808-0007-CO, interpuesto por Nombre87592, cédula de identidad CED48213, a favor de Nombre91426, cédula de identidad CED22584, contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informe el director general de la Fuerza Pública y el jefe de la Delegación Policial de San Carlos, ambos del Ministerio de Seguridad Pública, sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: que la tutelada es activista social y fue detenida arbitrariamente por la Fuerza Pública, en la comunidad de Chorreras, en Cutris, San Carlos Alajuela, sin razón alguna. Afirma que al día de interposición del recurso se desconoce el paradero de su representada, lo que considera como "la primera desaparición documentada de un activista social en Costa Rica bajo el régimen del actual gobierno".Expone que en la comunidad de Las Chorreras se está llevando a cabo un proceso de demolición, derribo y desalojo de la comunidad asentada en ese lugar por décadas, el cual estaba siendo documentado y expuesto en vivo el país por parte de la Señora Nombre91426. Refiere que la tutelada puso en conocimiento la Fuerza Pública de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos, y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia, le decomisaron ilegalmente su celular con el que informaba a la comunidad y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido. Estima lesionados los derechos fundamentales de su representada. Solicita la intervención de esta Sala”.
  3. 3Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 27 de noviembre de 2025, rinde informe bajo juramento Marlon Cubillo Hernández, director general de la Fuerza Pública, en los siguientes términos: “SEGUNDO: En primera instancia se debe aclarar a esta Honorable Sala, que en la división territorial político administrativo el distrito de Cutris pertenece al Cantón Central de San Carlos. En lo que respecta a la división policial operativa de la Fuerza Pública, por un tema de alcance, control policial, fiscalización y por la realidad geográfica el distrito de Cutris es competencia de la Delegación Policial de los Chiles, la cual está adscrita a la Dirección Regional Chorotega Norte, que está compuesta por los cantones de los Chiles, Upala y los distritos de Cutris y Pocosol pertenecientes administrativamente al cantón central de San Carlos, por lo que el dispositivo para dar cumplimiento a la orden judicial con sentencia penal firme, estuvo a cargo del Comandante Junier Villalta Rubí, Sub Director Regional de la Dirección Chorotega Norte y se desarrolló bajo la Orden de Operaciones N° 216-2025-DO-PYO.TERCERO: Para iniciar con la narrativa del presente informe, es prudente informarle que, los hechos alegados por la recurrente no constan de forma personal, ni tuve actuaciones dado que las acciones citadas se dan en el sector de Cutris, por lo que se le solicito al Comandante Junier Villalta, el cual como ya se mencione anteriormente fue quien estuvo encargado de la operación, que rindiera un informe con la finalidad de dar respuesta a su honorable autoridad. CUARTO: Mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025, del 26 de noviembre del 2025 el Comandante, Junier Villalta Rubí, detalla acerca de los hechos recurridos según se cita a continuación: “... El Sistema Nacional de Áreas de Conservación interpuso ante la Fiscalía del II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos denuncia penal por el delito de Invasión a Área de Protección, mismo tramitado bajo expediente 25-000857-0306- PE.Al respecto se detalla que, en fecha anterior al 07 de mayo del año 2025, personas de calidades ignoradas, invadieron el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, ubicado en la localidad de Chorreras y Las Crucitas de Cutris, San Carlos, para lo cual dentro del cordón fronterizo construyeron casas de habitación, locales comerciales y el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas; sin autorización alguna. Posteriormente el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela conoce la causa y acoge la solicitud de la Fiscalía del II Circuito Judicial de Alajuela. San Carlos; sea la aplicación del ordinal 140 del Código Procesal Penal, en el tanto que considera que existe una probabilidad de que nos encontremos ante una conducta delictiva (típica, antijurídica y sujeta a pena), y por otro lado debe cumplirse con el mandato constitucional y legal de procurar la conservación de las zonas destinadas a la protección ambiental ..." Continua con la narración de hechos indicando: “Para ello se determinó: a. La invasión se realiza dentro de un Refugio Nacional de Vida Silvestre, b. Que, pese a que se habían otorgado permisos de uso y arrendamiento en dicha franja fronteriza, los mismos ya vencieron y no han sido renovados desde el año 2010. c. Que las personas que ocupan o podrían estar ocupando estos terrenos lo hacen de manera ilegítima, d. Se aportó prueba (imagen satelital de los años 2014 al 2017), de que dichas estructuras no existían. e. Construcciones carecen de permisos respectivos por las entidades del Estado, por lo que deben considerarse ilegales, f. Se cuenta con el grado de probabilidad suficiente y requerido para valorar la imposición de la medida cautelar, aunado a ello, se verifica detrimento en los recursos naturales por las acciones realizadas, que en definitiva ponen en peligro el delicado balance de los ecosistemas que estos refugios protegen, surgiendo la necesidad que el Estado por medio del Poder Judicial, intervenga los hechos denunciados, con la finalidad de evitar una lesión mayor al medio ambiente o en el peor de los casos que sea irreversible; con la implementación de la medida cautelar pretendida la restitución de las cosas a su estado anterior).Al respecto se han emitido cuatro resoluciones, tres de ellas resueltas por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela y una resuelta por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos. Por disposición del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, ratificada por Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos se ordenó la demolición de 76 estructuras; casas de habitación (algunas en construcción), pulperías, bar-restaurante, la demolición y limpieza de escombros, en caso de no realizarse la obligación de Municipalidad de San Carlos y el SINAC de realizar la demolición y disposición de residuos. Además, advierte a interesados en caso de no acatar lo dispuesto la posibilidad de ser procesados por el delito de desobediencia a la autoridad". Nótese, que existe todo un antecedente judicial previo, gestionado por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación quien interpuso ante la Fiscalía del II Circuito Judicial de Alajuela.San Carlos denuncia penal por el delito de Invasión a Área de Protección, mismo tramitado bajo expediente 25-000857-0306- PE. QUINTO: Que la Fuerza Pública, en cumplimento de las resoluciones que emite la autoridad judicial se presentó a dar cumplimento a lo sentenciado con el objetivo de garantizar el orden público, la seguridad de los funcionarios del Poder Judicial, de los funcionarios del Poder Ejecutivo y acompañando al personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes fueron los encargados de gestionar los trámites para la ejecución del desalojo, además, garantizar la seguridad de los usurpadores del dominio público, según se detalla: " ... Que previo a la ejecución del desalojo judicial expediente 25-000857-0306- PE, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) mediante oficio CARTA SINAC-ACAHN-DR-329-2025, suscrito por Mariana Jiménez A. Directora Regional a. I. Área de Conservación Arenal Huetar Norte, solicita la colaboración de la Fuerza Pública para la ejecución de dicho desalojo ...” Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 39277-MP-MSP-JP-MIVHA-MDHIS, el Reglamento para el trámite de desalojos administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Publica y en concordancia con la Circular MSP-DM-DVURFP-DGFP-DO-PYO-0061-2023, previo a dar cumplimiento a la orden judicial se realizó todas las coordinaciones interinstitucionales a efectos de que el proceso fuese lo menos lesivo posible, según se cita a continuación: “ ...El martes 25 de noviembre del año 2025 al ser aproximadamente las 06:00 horas dio inicio el desalojo ordenado en expediente 25-000857-0306- PE dispositivo en el cual participan autoridades como SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, Policía de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. Durante su ejecución La (sic) Fuerza Pública entre otras diligencias estableció un perímetro en el área a desalojar, control de ingreso y salida de personas, identificación de personas, registro de estructuras, y otras enfocadas a garantizar la seguridad de las personas a desalojar, así como de las autoridades participantes ... " SEXTO: Sobre el caso que nos ocupa, ya propiamente en lo que fue la ejecución del desalojo se presentan los siguientes hechos: “Al ser aproximadamente las 07:30 horas en el interior del área asegurada y en la cual se ejecutaba el desalojo judicial se observa a un grupo de aproximadamente cinco personas (ajenas al desalojo), se abordan por parte de personal de la Fuerza Pública y se les invita a salir de la zona a desalojar, una de estas personas indica que ella es abogada e incita a las demás personas para que no desalojen el lugar en forma voluntaria, grita que ella tiene documentos que autorizan a mantenerse el lugar, NO PRESENTO (sic) DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE ACREDITARA SU DECIR, se identifica como Nombre91426, en razón de ello se le solicita que se retire del lugar e incluso se le explica en reiteradas ocasiones que esa corresponde a un área que se está desalojando y que por razones de seguridad es necesario que se retiren, omite acatar las disposiciones de la Fuerza Pública mientras continúa gritando a las personas que estaban en el lugar que salieran, que no los podían sacar, obstruye la labor policial incitando a la gente a no salir de sus casas de forma voluntaria indicando que ella es representante de las personas desalojadas, por lo que es escoltada por parte de personal de la Fuerza Pública hacia fuera de la zona donde se ejecutaba el desalojo, no obstante, al pasar por una de las estructuras utilizada como pulpería (sin contar con permiso alguno), intenta introducirse a su interior e incluso se sienta en una banca ubicada en la parte inmediata externa y le dice a una de las ocupantes que le alcance café, por lo cual personal de la Fuerza Pública utilizado la Fuerza mínima y necesaria la intenta sustraer del lugar, momento en el cual intenta agredir a la figura de Policía Nombre91428, cédula de identidad CED51670, por lo cual a las 08:05 horas es aprehendida en el acto, se le comunica los derechos que le asisten; sea: conocer el motivo de su aprehensión, que le asiste el derecho a comunicarla a la persona, grupo de personas, asociación, agrupación o entidad a la que desee comunicar su aprehensión, ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en su defecto de éste (sic), por un defensor público, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las cuales se requiera su presencia.Asimismo, el Licdo. Berny Abarca Vega; Asesor Legal Policial de la Región Chorotega Norte pone en conocimiento de los hechos a la Licda. Adriana Rodríguez Córdoba; Fiscal Auxiliar de San Carlos (misma que se encontraba participando en la ejecución del citado desalojo), e indica a las 08:15 horas, que se detenga a su orden por el delito de Resistencia para ser tramitado por el procedimiento expedito para los delitos en Flagrancia y se remita informe policial al respecto, así como las actas de verificación de domicilio, estado de salud, información de derechos del imputado a la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). Al respecto se confeccionó el informe policial con el consecutivo 0199641-2025. SETIMO (sic): Que las acciones realizadas no responden a una "desaparición", tal como lo quiere hacer ver la recurrente si no que las actuaciones policiales se realizaron en procura de garantizar el orden público y la seguridad de las personas que se mantenían en el lugar, que además se actuó bajo la dirección funcional de la Fiscal Auxiliar de San Carlos según se señala: " ...La amparada Nombre91426 fue detenida por dirección funcional de la Fiscal Auxiliar de San Carlos Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, por el delito de resistencia y otros. Falta a la verdad el recurrente Nombre87592 al indicar que la amparada fue arbitrariamente detenida por la Fuerza Pública, puesto que tal y como se ha indicado anteriormente la amparada fue inicialmente abordada realizando actos que podían atentar contra la seguridad y tranquilidad del desalojo judicial que se estaba ejecutando y posteriormente y bajo dirección funcional al ser sorprendida en flagrante delito ... " Obsérvese, que pese a que se le indico (sic) en varias ocasiones a la amparada que se retirara del sitio donde se llevaba a cabo el dispositivo, la misma hizo caso omiso y asumió actitudes violentas en contra de los oficiales actuantes, inclusive ingreso (sic) a un inmueble que no era de su propiedad, causando temor en los ocupantes del inmueble.OCTAVO: En relación al (sic) alegato de la parte recurrente que a la amparada se le decomiso (sic) su teléfono, en el informe supra citado se establece: “... La Fuerza Pública no realizó el decomiso del teléfono celular de la amparada Nombre91426, el mismo se mantuvo provisionalmente en custodia de Fuerza Pública como parte de los haberes de la Imputada (amparada en el recurso 25-036808-0007-CO), custodia realizada en acatamiento del Protocolo Para el abordaje, Conducción, Custodia y Traslado de aprehendidos de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. Según información proporcionada por la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), contra la amparada Nombre91426 dicha fiscalía abrió el expediente 25-001026-1261-PE por el delito de resistencia y otros, asimismo el 25 de noviembre del año 2025 fue indagada por dicha autoridad judicial y se le notificó audiencia para el 10 de diciembre del año 2025 en la Fiscalía de Flagrancias de San Carlos ..." Es decir, que la amparada fue puesta a la ordenes de la autoridad judicial competente donde se definió su situación jurídica y se le fijo fecha para la audiencia correspondiente, que valoren los señores magistrados que en el cumplimiento de la sentencia la autoridad que representa al Ministerio Público estuvo presente en sitio fiscalizando las distintas labores de las autoridades tanto judiciales como administrativas , dando dirección funcional por la presunción con los hechos existentes de la comisión de un delito de acción pública en perjuicio de la autoridad policial obsérvese sumaria 25-001026-1261-PE. NOVENO: En cuanto a la operación policial realizada, la fecha señalada, responde a la solicitud de colaboración del SINAC, por la invasión que hacen las personas que ocupan de manera irregular el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, ubicado en la localidad de Chorreras y Las Crucitas de Cutris, San Carlos, la Fuerza Pública actuó de acuerdo en (sic) sus funciones y atribuciones constitucionales y legales de vigilancia- y conservación del orden público, que son las de prevenir manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico, establecida estas en los artículos 11,12 y 50 de la Constitución Política artículos 8, 10 y 22 de la Ley General de Policía N° 7410, los funcionarios policiales actuaron bajo el amparo de la normativa costarricense, y no ha existido ninguna ilegítima aprehensión de forma arbitraria, abuso de autoridad u otra transgresión a los derechos constitucionales de la amparada.DECIMO (sic): Es importante mencionar, que en el sitio se contaba con maquinaria pesada que se mantenía demoliendo las estructuras (ver anexos), por lo que la permanencia de personas en el lugar podría comprometer la integridad física de las mismas, por lo que las acciones y manifestaciones de la señora Nombre91426, donde le indicaba a las personas que no se retiraran del sitio, no solo la ponía en riesgo a ella si no a las otras personas que se mantenían en la zona, y con este comportamiento se trataba por parte de esta de incumplir la sentencia judicial que fue emitida por una autoridad judicial y que debe ser de acatamiento de autoridades y de habitantes pues es una sentencia judicial que fue emitida durante un proceso donde todas las partes tuvieron la oportunidad de utilizar los recursos que para dichos efectos a establecido el proceso penal costarricense. SOBRE EL FONDO De acuerdo a (sic) lo que señala la parte recurrente, donde indica que: " ... que la tutelada es activista social y fue detenida arbitrariamente por la Fuerza Pública, en la comunidad de Chorreras, en Cutris, San Carlos Alajuela, sin razón alguna.Afirma que al día de interposición del recurso se desconoce el paradero de su representada, lo que considera como “la primera desaparición documentada de un activista social en Costa Rica bajo el régimen del actual gobierno”. Expone que en la comunidad de Las Chorreras se está llevando a cabo un proceso de demolición, derribo y desalojo de la comunidad asentada en ese lugar por décadas, el cual estaba siendo documentado y expuesto en vivo el país por parte de la Señora Nombre91426. Refiere que la tutelada puso en conocimiento la Fuerza Pública de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos, y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia, le decomisaron ilegalmente su celular con el que informaba a la comunidad y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido. Estima lesionados los derechos fundamentales de su representada ... " Para esta Dirección General y de acuerdo a (sic) la prueba aportada se considera que las actuaciones policiales realizadas, estuvieron debidamente fundamentadas, motivadas y se encuentran conforme a derecho, se realizaron respetando el debido proceso, las garantías constitucionales de la amparada conforme a las potestades otorgadas por ley como se mencionó anteriormente, las diligencias policiales se realizaron en procura de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas que se mantenían en el lugar del desalojo, las personas que usurpaban el dominio público, trabajadores del SINAC y otras instituciones que se apersonaron al sitio, para la adecuada atención del cumplimiento de la sentencia judicial.En el presente caso, el inmueble a desalojar como ya se citó anteriormente, corresponde a un Refugio Nacional de Vida Silvestre del Corredor Fronterizo, al ser un área silvestre protegidas, forma parte del patrimonio forestal del Estado, por lo cual en cumplimento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, la Fuerza Pública apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en la ejecución de la sentencia para la recuperación del mismo, como en derecho corresponde, velando por el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, dado que las acciones perpetradas por la aquí amparada atentaban contra el adecuado desarrollo del proceso se procedió con su aprehensión, siguiendo la dirección funcional de la Fiscalía, y posteriormente es remitida a la autoridad judicial competente donde se definió su situación jurídica. Con todo respecto por no haberse vulnerado derechos fundamentales de la señora Nombre91426, es importante indicar, que a la fecha al cierre de la operación el único acto de violencia que se registró fue la actuación delictiva de la amparada quién a la fecha de hoy está sujeta a un proceso penal que tramita la Fiscalía de Flagrancia de la Jurisdicción de San Carlos.Con todo respeto le solicito declarar SIN LUGAR la Acción de Habeas Corpus interpuesto, y se proceda al archivo del expediente. (…) PETITORIA 1. Se le solicita a su honorable autoridad declarar SIN LUGAR el Acción de Habeas Corpus, tramitado bajo el expediente número 25-036808-0007-CO, interpuesto por Nombre87592, cédula de identidad CED48213, a favor de Nombre91426, cédula de identidad CED22584, contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, de, a efectos de archivar el expediente”.
  4. 4Por escrito incorporado al expediente digital el 2 de diciembre de 2025, rinde informe bajo juramento Marianela Rodríguez Delgado, jefe de la Delegación Policial de San Carlos Este del Ministerio de Seguridad Pública, en los siguientes términos: “PRIMERO: El Sistema Nacional de Áreas de Conservación interpuso ante la fiscalía de San Carlos II Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos denuncia penal por delito de invasión a Área Protección, misma tramitando bajo expediente 25-000857-0306- PE. Lo cual tenía una resolución 967-2025 que tenia (sic) dos meses a partir de la firmeza de la presente resolución para que se ejecute desalojo ordenado por el Juzgado Penal de San Carlos, la resolución al ser las trece horas veinte minutos del veintidós de setiembre del dos mil veinticinco. SEGUNDO: Previo a la ejecución del desalojo judicial expediente 25-000857-0306- PE el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) Mediante oficio Carta SINAC-ACAHNDR-329-2025, suscrita por Mariana Jiménez A. Directora Regional a.i.Área de Conservación Arenal Huetar Norte, solicita la colaboración de la ejecución de dicho desalojo. TERCERO: El martes 25 de noviembre del año 2025 al ser aproximadamente a la 06:00 horas dio inicio el desalojo ordenado en el expediente 25-000857-3006-PE operativo participo varias instituciones al desalojo. CUARTO: La Delegación de San Carlos Este no es la jurisdicción de la competencia de dicho desalojo de Chorreras Cutris, por ende, el personal policial de la Delegación de San Carlos, no estaba convocado en dicho evento por lo tanto en los libros de la Delegación no tenemos registro de la recurrente. QUINTO: Honorable Sala es importante mencionar el Director Regional Chorotega Norte, Comandante Junier Villalta Rubí, es el responsable ver el sector de Chorreras el mismo contesto las diligencias al Director General de la Fuerza Pública al Comisario Marlon Cubillo Hernández bajo el Oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP – DROCHN-2619-2025.PRETENSIÓN Por todo lo anterior expuesto, se le solicita con el respeto debido a la Honorable Sala, que, en virtud de los hechos alejados, y la fundamentación presentada, se declare sin lugar el recurso de Habeas corpus presentado por la señora Nombre91426”.
  5. 5En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. La parte accionante indica que, de forma arbitraria e infundada, la Fuerza Pública detuvo a la persona tutelada en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos de Alajuela. Afirma que se desconoce el paradero de la amparada. Expone que, con ocasión del desalojo, derribo y demolición de la comunidad de Las Chorreras, la justiciable, quien se encontraba presente en el lugar, “puso en conocimiento de las fuerzas represivas del Estado de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia , le decomisaron ilegalmente su celular con el que ponia al pais al tanto de lo que ocurria en Chorreras y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido” (sic).

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a. La persona tutelada tiene 42 años. (Consulta en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones).

b. El Informe de la Fuerza Pública nro. 199641-25 de 25 de noviembre de 2025, consignó las siguientes diligencias policiales: “1. AL SER LAS 08:10 SE REALIZANDO DESALOJO EN EL SECTOR Dirección5913 BAJO RESOLUCION NUMERO 967-2025 CAUSA NÚMERO 25-000857-0306-PE A LA HORA DE ESTAR REALIZANDO LA LABOR POLICIAL SE APERSONA AL LUGAR UNA FEMENINA DE NOMBRE Nombre91426 CEDULA CED25412 CON UNA CONDUCTA AGRESIVA AGITANDO LAS PERSONAS DEL LUGAR A QUE NO SALGAN LAS CUALES NO SE IDENTIFICAN Y QUE DESOVEDESCA LA ORDEN DE SALIR VULUMTARIAMENTE, OFENDIENDO A LA FIGURA DE LOS OFICIALES DE FUERZA PÚBLICA DICIENDO SINVERGÜENZAS POLICÍAS MUERTOS DE HAMBRE USTEDES NO SEBEN LO QUE HACEN MALDITOS, TAMBIEN INDICA QUE ELLA ES ABOGADA QUE LOS REPRESENTA PERO LA. MISMA NO PRESENTA NINGÚN DOCUMENTO QUE LA ACREDITE COMO TAL NI PORTA NINGUN DOCUMENTO QUE AVALE SU MANIFESTACION POR LO QUE SE LE INVITA A SALIR DEL LUGAR POR SEGURIDAD DE TODOS PRESENTES EN LA EN LA LABOR DE DESALOO ESTA SE NIEGA DE FORMA DESAFIANTE Y MANIFIESTA NO VA SALIR DE NINGUNA MANERA POR LO QUE APREHENDE Y ESTA SE TORNA AGRESIVA HACIA LA FIGURA POLÍCIAL, A LA HORA DE LA APREHENCION SE LE.

PERSIBE UN OLOR A ALCOHOL SE LE INDICA EL MOTIVO DE LA APREHENCION AL OSTRUIR LA LABOR POLICIAL, SE LE INDICA QUE TIENE DERECHO A NO DECLARAR, A INFORMAR SU CONDICIÓN JURIDICA Y DERECHO A UN ABOGADO ESTA LOS. COMPRENDE DE BUENA FORMA AL SER LAS 08:24 INDICA LICENCIADO DE APOYO LEGAL BERNY ABARCA VEGA DEJAR DETENIDA DETENIDA A LA ORDEN LA FISCAL DE TURNO ADRIANA RODRIGUEZ CÓRDOBA FISCAL AUXILIAR DE SAN CARLOS POR EL DELITO 2. DE OBSTRUCCION A LA LABOR POLICIAL AL SER LAS 09:00 HORAS SE. CONFECCIÓNA INFORME POLICIAL PARA REMITIRLO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE” (sic). (Prueba aportada por el director general de la Fuerza Pública).

c. El comandante Junier Villalta Rubí, subdirector regional de la Dirección Chorotega Norte de la Fuerza Pública, mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025 de 26 de noviembre de 2025, consignó: “El martes 25 de noviembre del año 2025 al ser aproximadamente las 06:00 horas dio inicio el desalojo ordenado en expediente 25-000857-0306- PE dispositivo en el cual participan autoridades como SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, Policía de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. Durante su ejecución La (sic) Fuerza Pública entre otras diligencias estableció un perímetro en el área a desalojar, control de ingreso y salida de personas, identificación de personas, registro de estructuras, y otras enfocadas a garantizar la seguridad de las personas a desalojar, así como de las autoridades participantes (…) Al ser aproximadamente las 07:30 horas en el interior del área asegurada y en la cual se ejecutaba el desalojo judicial se observa a un grupo de aproximadamente cinco personas (ajenas al desalojo), se abordan por parte de personal de la Fuerza Pública y se les invita a salir de la zona a desalojar, una de estas personas indica que ella es abogada e incita a las demás personas para que no desalojen el lugar en forma voluntaria, grita que ella tiene documentos que autorizan a mantenerse el lugar, NO PRESENTO (sic) DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE ACREDITARA SU DECIR, se identifica como Nombre91426, en razón de ello se le solicita que se retire del lugar e incluso se le explica en reiteradas ocasiones que esa corresponde a un área que se está desalojando y que por razones de seguridad es necesario que se retiren, omite acatar las disposiciones de la Fuerza Pública mientras continúa gritando a las personas que estaban en el lugar que salieran, que no los podían sacar, obstruye la labor policial incitando a la gente a no salir de sus casas de forma voluntaria indicando que ella es representante de las personas desalojadas, por lo que es escoltada por parte de personal de la Fuerza Pública hacia fuera de la zona donde se ejecutaba el desalojo, no obstante, al pasar por una de las estructuras utilizada como pulpería (sin contar con permiso alguno), intenta introducirse a su interior e incluso se sienta en una banca ubicada en la parte inmediata externa y le dice a una de las ocupantes que le alcance café, por lo cual personal de la Fuerza Pública utilizado la Fuerza mínima y necesaria la intenta sustraer del lugar, momento en el cual intenta agredir a la figura de Policía Nombre91428, cédula de identidad CED51670, por lo cual a las 08:05 horas es aprehendida en el acto, se le comunica los derechos que le asisten; sea: conocer el motivo de su aprehensión, que le asiste el derecho a comunicarla a la persona, grupo de personas, asociación, agrupación o entidad a la que desee comunicar su aprehensión, ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en su defecto de éste (sic), por un defensor público, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las cuales se requiera su presencia.

Asimismo, el Licdo. Berny Abarca Vega; Asesor Legal Policial de la Región Chorotega Norte pone en conocimiento de los hechos a la Licda. Adriana Rodríguez Córdoba; Fiscal Auxiliar de San Carlos (misma que se encontraba participando en la ejecución del citado desalojo), e indica a las 08:15 horas, que se detenga a su orden por el delito de Resistencia para ser tramitado por el procedimiento expedito para los delitos en Flagrancia y se remita informe policial al respecto, así como las actas de verificación de domicilio, estado de salud, información de derechos del imputado a la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). Al respecto se confeccionó el informe policial con el consecutivo 0199641-2025. (…) La amparada Nombre91426 fue detenida por dirección funcional de la Fiscal Auxiliar de San Carlos Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, por el delito de resistencia y otros.

(…) Según información proporcionada por la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), contra la amparada Nombre91426 dicha fiscalía abrió el expediente 25-001026-1261-PE por el delito de resistencia y otros, asimismo el 25 de noviembre del año 2025 fue indagada por dicha autoridad judicial y se le notificó audiencia para el 10 de diciembre del año 2025 en la Fiscalía de Flagrancias de San Carlos”. (Prueba aportada por el director general de la Fuerza Pública).

III.Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte accionante indica que, de forma arbitraria e infundada, la Fuerza Pública detuvo a la persona tutelada en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos de Alajuela. Afirma que se desconoce el paradero de la amparada. Expone que, con ocasión del desalojo, derribo y demolición de la comunidad de Las Chorreras, la justiciable, quien se encontraba presente en el lugar, “puso en conocimiento de las fuerzas represivas del Estado de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia , le decomisaron ilegalmente su celular con el que ponia al pais al tanto de lo que ocurria en Chorreras y fue detenida, y traslada en una perrera con rumbo desconocido” (sic).

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la persona tutelada tiene 42 años. El Informe de la Fuerza Pública nro. 199641-25 de 25 de noviembre de 2025, consignó las siguientes diligencias policiales: “1. AL SER LAS 08:10 SE REALIZANDO DESALOJO EN EL SECTOR Dirección5913 BAJO RESOLUCION NUMERO 967-2025 CAUSA NÚMERO 25-000857-0306-PE A LA HORA DE ESTAR REALIZANDO LA LABOR POLICIAL SE APERSONA AL LUGAR UNA FEMENINA DE NOMBRE Nombre91426 CEDULA CED25412 CON UNA CONDUCTA AGRESIVA AGITANDO LAS PERSONAS DEL LUGAR A QUE NO SALGAN LAS CUALES NO SE IDENTIFICAN Y QUE DESOVEDESCA LA ORDEN DE SALIR VULUMTARIAMENTE, OFENDIENDO A LA FIGURA DE LOS OFICIALES DE FUERZA PÚBLICA DICIENDO SINVERGÜENZAS POLICÍAS MUERTOS DE HAMBRE USTEDES NO SEBEN LO QUE HACEN MALDITOS, TAMBIEN INDICA QUE ELLA ES ABOGADA QUE LOS REPRESENTA PERO LA. MISMA NO PRESENTA NINGÚN DOCUMENTO QUE LA ACREDITE COMO TAL NI PORTA NINGUN DOCUMENTO QUE AVALE SU MANIFESTACION POR LO QUE SE LE INVITA A SALIR DEL LUGAR POR SEGURIDAD DE TODOS PRESENTES EN LA EN LA LABOR DE DESALOO ESTA SE NIEGA DE FORMA DESAFIANTE Y MANIFIESTA NO VA SALIR DE NINGUNA MANERA POR LO QUE APREHENDE Y ESTA SE TORNA AGRESIVA HACIA LA FIGURA POLÍCIAL, A LA HORA DE LA APREHENCION SE LE.

PERSIBE UN OLOR A ALCOHOL SE LE INDICA EL MOTIVO DE LA APREHENCION AL OSTRUIR LA LABOR POLICIAL, SE LE INDICA QUE TIENE DERECHO A NO DECLARAR, A INFORMAR SU CONDICIÓN JURIDICA Y DERECHO A UN ABOGADO ESTA LOS. COMPRENDE DE BUENA FORMA AL SER LAS 08:24 INDICA LICENCIADO DE APOYO LEGAL BERNY ABARCA VEGA DEJAR DETENIDA DETENIDA A LA ORDEN LA FISCAL DE TURNO ADRIANA RODRIGUEZ CÓRDOBA FISCAL AUXILIAR DE SAN CARLOS POR EL DELITO 2. DE OBSTRUCCION A LA LABOR POLICIAL AL SER LAS 09:00 HORAS SE. CONFECCIÓNA INFORME POLICIAL PARA REMITIRLO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE” (sic). El comandante Junier Villalta Rubí, subdirector regional de la Dirección Chorotega Norte de la Fuerza Pública, mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DROHN-2619-2025 de 26 de noviembre de 2025, consignó: “El martes 25 de noviembre del año 2025 al ser aproximadamente las 06:00 horas dio inicio el desalojo ordenado en expediente 25-000857-0306- PE dispositivo en el cual participan autoridades como SINAC, Municipalidad de San Carlos, SENASA, PANI, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio Publico, Bomberos de Costa Rica Coopelesca, Policía de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado.

Durante su ejecución La (sic) Fuerza Pública entre otras diligencias estableció un perímetro en el área a desalojar, control de ingreso y salida de personas, identificación de personas, registro de estructuras, y otras enfocadas a garantizar la seguridad de las personas a desalojar, así como de las autoridades participantes (…) Al ser aproximadamente las 07:30 horas en el interior del área asegurada y en la cual se ejecutaba el desalojo judicial se observa a un grupo de aproximadamente cinco personas (ajenas al desalojo), se abordan por parte de personal de la Fuerza Pública y se les invita a salir de la zona a desalojar, una de estas personas indica que ella es abogada e incita a las demás personas para que no desalojen el lugar en forma voluntaria, grita que ella tiene documentos que autorizan a mantenerse el lugar, NO PRESENTO (sic) DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE ACREDITARA SU DECIR, se identifica como Nombre91426, en razón de ello se le solicita que se retire del lugar e incluso se le explica en reiteradas ocasiones que esa corresponde a un área que se está desalojando y que por razones de seguridad es necesario que se retiren, omite acatar las disposiciones de la Fuerza Pública mientras continúa gritando a las personas que estaban en el lugar que salieran, que no los podían sacar, obstruye la labor policial incitando a la gente a no salir de sus casas de forma voluntaria indicando que ella es representante de las personas desalojadas, por lo que es escoltada por parte de personal de la Fuerza Pública hacia fuera de la zona donde se ejecutaba el desalojo, no obstante, al pasar por una de las estructuras utilizada como pulpería (sin contar con permiso alguno), intenta introducirse a su interior e incluso se sienta en una banca ubicada en la parte inmediata externa y le dice a una de las ocupantes que le alcance café, por lo cual personal de la Fuerza Pública utilizado la Fuerza mínima y necesaria la intenta sustraer del lugar, momento en el cual intenta agredir a la figura de Policía Nombre91428, cédula de identidad CED51670, por lo cual a las 08:05 horas es aprehendida en el acto, se le comunica los derechos que le asisten; sea: conocer el motivo de su aprehensión, que le asiste el derecho a comunicarla a la persona, grupo de personas, asociación, agrupación o entidad a la que desee comunicar su aprehensión, ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en su defecto de éste (sic), por un defensor público, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las cuales se requiera su presencia.

Asimismo, el Licdo. Berny Abarca Vega; Asesor Legal Policial de la Región Chorotega Norte pone en conocimiento de los hechos a la Licda. Adriana Rodríguez Córdoba; Fiscal Auxiliar de San Carlos (misma que se encontraba participando en la ejecución del citado desalojo), e indica a las 08:15 horas, que se detenga a su orden por el delito de Resistencia para ser tramitado por el procedimiento expedito para los delitos en Flagrancia y se remita informe policial al respecto, así como las actas de verificación de domicilio, estado de salud, información de derechos del imputado a la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos). Al respecto se confeccionó el informe policial con el consecutivo 0199641-2025. (…) La amparada Nombre91426 fue detenida por dirección funcional de la Fiscal Auxiliar de San Carlos Licda. Adriana Rodríguez Córdoba, por el delito de resistencia y otros.

(…) Según información proporcionada por la Fiscalía de Flagrancias del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), contra la amparada Nombre91426 dicha fiscalía abrió el expediente 25-001026-1261-PE por el delito de resistencia y otros, asimismo el 25 de noviembre del año 2025 fue indagada por dicha autoridad judicial y se le notificó audiencia para el 10 de diciembre del año 2025 en la Fiscalía de Flagrancias de San Carlos”.

Desde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala.

Sobre el particular, la parte accionante no describe alguna situación de uso desproporcionado de la fuerza ni tampoco alega que se haya causado alguna lesión física de relevancia constitucional. En ese sentido, únicamente sostiene que fue “reducida a la impotencia” y, por su parte, las autoridades policiales señalan que se utilizó la “fuerza mínima”.

Ahora, aun cuando se acusa se la detención fue arbitraria e infundada, no menos cierto es que la Fuerza Pública, según el informe policial, abordó una situación de conflicto en la que estuvo involucrada la amparada, en virtud de la cual fue aprehendida y, posteriormente, puesta a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), la cual le abrió una causa “por el delito de resistencia” y la indagó el mismo día e, incluso, le notificó la fecha de otra diligencia a realizarse el 10 de diciembre siguiente. Es decir, a los efectos de esta jurisdicción constitucional no constata alguna arbitrariedad manifiesta ni alguna actuación que haya desbordado el contenido del artículo 235 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se determine si ella cometió o no algún delito. Justamente, es en tal cauce procesal ordinario es donde la parte legitimada puede, si lo estima pertinente, someter a contradictorio su posición y evacuar prueba de forma amplia.

Por otro lado, el recurrente no demostró contar con algún vínculo jurídico que obligara a la Fuerza Pública a comunicarle a él el paradero de la tutelada, ni tampoco expuso haber solicitado tal información, por lo que prima facie no se observa alguna vulneración en ese sentido. A la fecha de interposición del recurso y hasta donde tuvo conocimiento el accionante (momento de la aprehensión), no se configura alguna transgresión susceptible de ser declarada en la vía del habeas corpus.

Finalmente, no corresponde a la Sala determinar si hubo o no algún decomiso ilegal del celular de la amparada. Más bien, las autoridades policiales señalaron que “se mantuvo provisionalmente en custodia” como parte “del Protocolo Para el abordaje, Conducción, Custodia y Traslado de aprehendidos de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública”. De igual manera, la recurrente no se expuso alguna afectación concreta e individualizada que le haya ocurrido a la tutelada durante su traslado. Tampoco mencionó que haya comunicado alguna situación personal o condición médica que ameritaran ser tomadas en consideración.

Atinente al sub examine, la Sala, en la sentencia nro. 2025011242 de las 9:20 horas de 10 de abril de 2025, resolvió en un asunto cuyas consideraciones resultan aplicables:

“En primer lugar, respecto del motivo y dinámica de la aprehensión, a priori se descarta alguna situación lesiva de los derechos fundamentales del tutelado, susceptible de ser declarada en esta vía sumaria de habeas corpus.

Al respecto, de los elementos de prueba aportados a los autos se verifica que el 13 de marzo de 2025 el tutelado fue aprehendido por agentes del OIJ de Santa Cruz, toda vez que, en la sala de espera de esa dependencia, el justiciable se comportó de manera violenta, al punto que propició un golpe a uno de los funcionarios con el que se encontraba previamente dialogando. Esta situación, evidenciada en los videos incorporados a los autos, justificó el actuar policial, el cual no observa esta Cámara que haya sido desmedido o desproporcionado, pues simplemente los agentes le colocaron los dispositivos de seguridad (esposas metálicas) en sus manos y lo trasladaron a las celdas. De manera que en el sub iudice no se tiene por acreditado que los agentes judiciales hayan utilizado una fuerza de tal magnitud como para justificar la intervención de este Tribunal Constitucional.

Ahora bien, el recurrente cuestiona que la aprehensión se haya efectuado pese a que, a su juicio, no cometió ningún delito; sin embargo, se constata que por los hechos en cuestión al tutelado se le sigue un proceso penal por el delito de resistencia, que se tramita en el expediente nro. 25-000139-1260-PE ante el Tribunal de Flagrancia de Santa Cruz. En tal sentido, conviene resaltar que el ordinal 236 del Código Procesal Penal estatuye:

ARTICULO 235.-Aprehensión de las personas Las autoridades de policía podrán aprehender a toda persona, aun sin orden judicial, cuando:

  • a)Haya sido sorprendida en flagrante delito o contravención o sea perseguida inmediatamente después de intentarlo o cometerlo (…)”.

Por su parte, el artículo 236 eiusdem dispone:

“ARTICULO 236.-Flagrancia Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.”.

De tal manera, contrario a lo alegado por el accionante, la actuación policial cuestionada obedeció a hechos que se investigan como delito en una sumaria penal tramitada bajo el procedimiento de flagrancia, de modo que a los efectos de esta jurisdicción constitucional no se trata de una actuación ilegítima. Ahora, advierta el recurrente que no le compete a esta Cámara determinar si finalmente los hechos resultan constitutivos o no de un delito, ni tampoco establecer la calificación según la normativa penal sustantiva. Así, cualquier inconformidad con tales aspectos deberá formularla en la propia vía penal, a través de los mecanismos que la legislación procesal establece para tales efectos.

En consecuencia, en relación con estos extremos se declara sin lugar el recurso”.

Ergo, se declara sin lugar el recurso.

IV.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo Alexandra Alvarado P.

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