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Res. 39367-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/11/2025

Ban on Fishing with Anchored FADsProhibición de pesca con FADs anclados

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber ordered MOPT, INCOPESCA, and the National Coast Guard Service to prevent, within three months, fishing with FADs anchored to the seabed by large concrete weights.La Sala ordenó al MOPT, a INCOPESCA y al Servicio Nacional de Guardacostas impedir, dentro de tres meses, la pesca mediante FADs fijados al fondo marino con grandes pesos de hormigón.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo against the MOPT Maritime-Port Division, INCOPESCA, and the National Coast Guard Service because effective measures had not been taken against the use of fish aggregating devices—FADs or “plantados”—anchored to the seabed with large concrete weights. The judgment recognizes the environmental dimension of this practice, which is associated with the artificial concentration of fish, intensified fishing effort, and potential effects on marine and benthic ecosystems. The majority ordered the three authorities, acting within their respective powers, to take every necessary measure to prevent this fishing method within three months of notice of the judgment. It also warned officials of the criminal consequences of failing to comply and ordered the State to pay costs and compensation for resulting damages, to be assessed in contentious-administrative enforcement proceedings. Two justices dissented in whole or in part.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la División Marítimo Portuaria del MOPT, INCOPESCA y el Servicio Nacional de Guardacostas por la falta de medidas eficaces frente al empleo de dispositivos agregadores de peces —FADs o “plantados”— fijados al fondo marino mediante grandes pesos de hormigón. La sentencia reconoce la dimensión ambiental de esta práctica, asociada con la concentración artificial de peces, la intensificación del esfuerzo pesquero y los posibles efectos sobre ecosistemas marinos y bentónicos. La mayoría ordenó a las tres autoridades, dentro de sus respectivas competencias, realizar todas las actuaciones necesarias para impedir esa modalidad de pesca en un plazo de tres meses desde la notificación. También advirtió sobre las consecuencias penales del incumplimiento de la orden y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, por liquidar en la vía contencioso-administrativa. Dos magistrados salvaron el voto total o parcialmente.

Key excerptExtracto clave

The amparo is granted. Verny Gerardo Jiménez Rojas, Nelson Peña Navarro, and Juan Carlos Alvarado Quesada, in their respective capacities as Director General of the Maritime-Port Division of the Ministry of Public Works and Transportation, Executive President of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, and Director General of the National Coast Guard Service, or whoever holds those offices, are ordered to issue the appropriate instructions and carry out all actions within the scope of their powers so that, within three months from notice of this judgment, fishing using FADs or fish aggregating devices fixed to the seabed with large concrete weights is prevented. The State is ordered to pay the costs and compensation for damages caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction.Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Verny Gerardo Jiménez Rojas, a Nelson Peña Navarro y a Juan Carlos Alvarado Quesada, respectivamente, en su condición de Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y de Director General del Servicio Nacional de Nombre91437 o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se impida la práctica pesquera utilizando FADS o Dispositivos agregadores de peces fijados con grandes pesos de hormigón a los fondos marinos. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."

    "The respondents, or whoever holds their offices, are warned that, under Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or enforce, and fails to do so, shall be punished by imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not subject to a more severe penalty."

    Por tanto

  • "Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."

    Por tanto

  • "Ciertamente existe un deber de fiscalización constante de la administración para que no se infrinjan las leyes, pero considero que la aplicación del principio precautorio no puede ser llevado a extremos tan irrazonables y desproporcionados como al hecho de sancionar a la administración por intenciones de terceros de infringir la ley a futuro, cuando no se demuestra que ello haya ocurrido y menos aún sin el consentimiento o conocimiento previo de los recurridos."

    "The administration certainly has a duty of continuous oversight to prevent violations of the law, but I consider that the precautionary principle cannot be taken to such unreasonable and disproportionate extremes as sanctioning the administration for third parties’ intentions to violate the law in the future, when it has not been shown that this occurred, much less with the respondents’ prior consent or knowledge."

    Voto salvado del magistrado Castillo Víquez

  • "Ciertamente existe un deber de fiscalización constante de la administración para que no se infrinjan las leyes, pero considero que la aplicación del principio precautorio no puede ser llevado a extremos tan irrazonables y desproporcionados como al hecho de sancionar a la administración por intenciones de terceros de infringir la ley a futuro, cuando no se demuestra que ello haya ocurrido y menos aún sin el consentimiento o conocimiento previo de los recurridos."

    Voto salvado del magistrado Castillo Víquez

  • "Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad."

    "In environmental matters, this makes it necessary to distinguish constitutional review from legality review."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

  • "Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

  • "Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales."

    "The opposite approach would transform amparo into an ordinary full-merits proceeding, distorting it and frustrating the purposes for which it was designed, thereby depriving it of its character as an instrument for the effective protection of fundamental rights."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

  • "Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

*250218560007CO* Decision No. 2025039367 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty a.m. on November twenty-eighth, two thousand twenty-five.

Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under expediente number 25-021856-0007-CO, filed by Nombre91436, of legal age, holder of identity card CED51677, against the Maritime-Port Division of the Ministry of Public Works and Transportation, the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, and the National Nombre91437 Service of the Ministry of Public Security.

Findings of Fact (Resultando):

  1. 1By submission received at the Secretariat of the Chamber at 16:53 hours on 25 de julio de 2025, the appellant files an amparo proceeding (recurso de amparo) against the División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT-, the Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura -INCOPESCA-, and the Servicio Nacional de Nombre91437 del Ministerio de Seguridad Pública, and states that fish-aggregating devices (dispositivos agregadores de peces) have evolved from a simple drifting log, whose shade provides shelter to fish species that attract other predatory species, to artificial floating devices constructed with PVC structures, nets, and covering fabrics, which are widely used in offshore tuna fishing and fitted with beacons so they can be located. By aggregating fish, they also aggregate tuna, and this phenomenon is exploited by purse-seine tuna fishing (pesca de atún de cerco), a practice known as tuna fishing on floating fish-aggregating devices (pesca de atún sobre plantados).More recently, more elaborate devices designed for sport fishing have appeared; these are fixed devices consisting of a concrete weight of approximately one ton, popularly known as a “queso,” which is dropped onto the seabed to anchor a cable that, in turn, supports a submerged buoy, normally at a depth of approximately 20 or 40 feet (6 a 12 mts), together with old nets, mesh, or other elements that provide shade, causing fish to aggregate around them and thereby attracting species of interest such as tuna or billfish. Costa Rica has prohibited tuna fishing on floating fish-aggregating devices under agreement Nombre3504 A.J.D.I.P./241-99. That provision concerns purse-seine tuna fishing conducted by large vessels, a fishery regulated beginning with Article 49 of Ley de Pesca y Acuacultura No. 8436. This fishery is conducted entirely by international vessels because the country has no such vessels.As of that date, the concept of a prohibited floating fish-aggregating device under the aforementioned Board of Directors agreement covered only the floating device used in tuna fishing. Currently, moreover, Article 60 of the LPA prohibits these vessels from operating within the first 80 nautical miles of the Exclusive Economic Zone. Thus, this broad area of our Exclusive Economic Zone, known for its abundance of tuna and billfish (marlin, sailfish), as well as other species of interest such as mahi-mahi, is effectively left without regulations governing fish-aggregating devices, precisely because the latest version of the anchored fish-aggregating device described above remains unregulated. Beginning in approximately 2008, numerous private sport-fishing initiatives (marinas, sport-fishing operators, and commercial-fishing operators) have developed a widespread practice of installing FADs, or new-generation fish-aggregating devices, intended for sport fishing; that is, devices anchored to the seabed by means of a cement weight of up to one ton, which supports a cable that anchors a buoy by means of a steel cable, normally a metal buoy fixed at a depth of approximately 20 or 40 feet (6 a 12 mt).This type of underwater installation is normally deployed approximately 20 or 40 nautical miles offshore, in this case departing from Herradura, Quepos, or the Osa Peninsula, in shallow areas (submerged plateau areas), which are benthic seabeds (suelos bentónicos) with substantial biodiversity and which, because of their characteristics, are called underwater mountains (montes submarinos), or “seamounts” in English, a concept that could be accurate in the southern part of the country because these geological formations are part of the chain of underwater mountains. Two impacts are evident: first, alteration of the seabed along these submerged foothills due to the weights dropped onto the bottom; and, more importantly, the fishing impact caused by tourist-fishing operators who concentrate their fishing effort in specific areas around the installations. These impacts occur within a diverse ecosystem of extreme fragility and importance to the Costa Rican Pacific.This FAD or fish-aggregating-device configuration makes it possible to determine its position precisely with the aid of GPS, so that those who placed the device know that they can go fishing there because of the aggregation of fish generated by the shade. Because they are not explicitly regulated, the term “FAD” is commonly used, and the term “fishing on underwater mountains” (pesca en montes submarinos) has also recently come into use, as has the English combination of the two: “FAD Seamounts.” Thus, countless sport-fishing advertisements in Costa Rica, both in the Quepos area (Marina Los Sueños) and at the marinas of Quepos, as well as advertisements by various sport-fishing initiatives, promote this type of fishing as an attraction for tourist fishing. Marinas and operators clearly have an interest in ensuring that their customers, normally foreign tourists with limited time available, have a “successful” fishing trip—that is, that they are able to catch several specimens—and this type of device provides them with a reliable catch in record time.Fish-aggregating devices have a significant impact by altering the normal behavior of pelagic fish populations. They artificially create shade that attracts small species, which are then followed by larger fish. When the fish are concentrated and sport or tourist fishing, or commercial fishing, is conducted around them, a far greater impact is generated on marine ecosystems over a shorter period, causing much greater harm; furthermore, the weight of these installations affects the seabed and creates fishing advantages for those who finance them, to the detriment of those who fish freely. In addition to the open offers by sport-fishing operators (hotels, marinas, companies, or individuals engaged in tourist fishing) to come fish at “FAD seamounts,” that is, to fish around these fish-aggregating devices, marinas constantly organize fishing tournaments, many of which include fishing on fish-aggregating devices or FADs.These tournaments must be approved and authorized by INCOPESCA, an institution that, to date, has failed to address the use of this technique, leaving unregulated an activity that clearly affects vulnerable ecosystems. In addition to tourist fishing (marinas and corporate or individual commercial operators), many sport-fishing operators (owners of yachts located at the marinas) also use the geolocation data for the fish-aggregating devices supplied by the marinas to conduct fishing activities. Because there is no regulation of any kind—that is, because they are not authorized—and interpreting environmental law in favor of nature, namely, restrictively, they are technically prohibited; and because they are used as part of fishing gear (artes pesqueras), all fishing derived from these installations would constitute illegal fishing (pesca ilegal). Nevertheless, in the absence of a clear rule, it is difficult for the SNG, Nombre3504, or the prosecutors’ offices in port areas to process any complaint relating to this practice, because such complaints could not clearly be processed under art. 142, 147 148, 150, all of the LPA.It is impossible to determine with certainty the number of anchored fish-aggregating devices in existence, but after more than 15 years of this practice, the number may be expected to be considerable. There is no known oversight, procedure, or permit for the use of these installations. No regulation permits the use of fishery resources (recurso pesquero) under these conditions. This regulatory gap, which is clearly contrary to the principle of legality (principio de legalidad) and has been tolerated for years by Nombre3504, which is plainly aware of the practice, certainly benefits tourist fishing, but at the expense of the country’s vulnerable resources. Nombre3504 has produced no study, report, or opinion regarding this practice, evidencing extremely poor management of the activity. A significant additional aggravating factor is that, because they are located at a shallow depth (approximately 20 feet or 6 meters) and between 20 and 40 nautical miles offshore, the installations known as fish-aggregating devices or “FADSseamounts” could endanger the navigation of large international vessels.It should be borne in mind that an international cargo ship may have a draft of 50 feet or more, that is, approximately 16 meters. Because neither the buoy nor the cable is identified as an obstacle along navigation routes, they could interfere with propellers, causing significant navigation problems. Nevertheless, the División Marítima del MOPT has issued no regulations concerning maritime routes in this regard, nor is there any provision for assistance by the Servicio Nacional de Nombre91437 in monitoring these underwater installations. Neither Nombre3504 nor the División Marino Portuaria del MOPT has issued any opinion concerning the already extensive use of this fishing practice, or its impact on or danger to ecosystems or navigation. Nor has Nombre3504 conducted any study that would allow the impact or benefit of this practice on marine ecosystems to be measured; the practice affects both the ecosystems present in the water column and benthic ecosystems because of the weight of the so-called “quesos,” or concrete blocks, sunk at various locations.All of this leads us to conclude that the precautionary principle (principio precautorio) is also being violated. The free and unregulated use of FADs or fish-aggregating devices by tourist-fishing companies, marinas, individual operators, or sport-fishing operators, whether directly or through fishing tournaments, grossly violates constitutional principles such as the right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho a un ambiente sano y equilibrado), enshrined in Article 50 of our Constitución Política, as well as Article 89 of the Constitution, concerning the protection of natural beauty; and, insofar as this is an unregulated fishing practice, it violates Article 41 of the Constitution because that regulatory omission prevents legal actions from being pursued to sanction violations. In this regard, the constitutional position set forth in judgment 10540-2013 is clear, in which the Sala Constitucional establishes both the obligations of the State—meaning, in this case, the aforementioned institutions—and the understanding that we are clearly facing an environmental problem.It is therefore abundantly clear that, regarding the use and management of fishery resources and marine ecosystems, the State is responsible for regulating, protecting, and conserving those resources, a constitutional mandate that none of the respondent institutions is clearly fulfilling because, to date, FADs or fish-aggregating devices have been installed without any institutional pronouncement, regulation, or opinion, and private parties are the ones using these installations, even with approval for their activities, as in the case of fishing tournaments, sport- or tourist-fishing licenses, or even approval of landings of fishery products from commercial fishing. In light of the cited sources, it is clear that the now-common practice among various tourist- and sport-fishing operators, among others, of freely deploying the so-called FADs, fish-aggregating devices, or anchored installations for aggregating fish in order to increase the effectiveness of their fishing trips, together with their promotion as an attraction for trips and tournaments, constitutes a practice that infringes the principle of a healthy and ecologically balanced environment, in addition to being contrary to the principle of legality, because fishing, as an activity that constitutes an exception regarding wildlife (pursuant to art.

2 definition of wildlife (vida silvestre) under ley 7317) is an activity whose practices require mandatory and strict authorization; that is, it must be interpreted restrictively, and therefore anything not explicitly authorized must be understood to be prohibited, since the resources in question are part of the State’s natural heritage (patrimonio natural del Estado); accordingly, the principle of legality (principio de legalidad) applies fully. Fishing is therefore not an unrestricted activity freely accessible to everyone, and fishing operators are duly authorized users employing authorized and properly regulated fishing gear (artes de pesca), a situation that does not occur in the case of FADs or fish aggregating devices locally known as plantados. Conveniently, Nombre3504 has never sought to regulate this activity, even though it falls within the public domain (dominio público), as demonstrated by the attached publications, which must be regarded as a sample.

Nor has it been regulated even though the installations clearly pose a danger to the navigation of large vessels with drafts exceeding 30 feet (bulk carriers, container ships, oil tankers, etc.), because the matter has not been studied or regulated by the División Marítima del MOPT. Consequently, in the absence of clear regulations, these practices cannot be linked to the criminal offenses (tipos penales) set forth in Articles 142, 147, and 149(a) of the Ley de Pesca y Acuacultura, thereby limiting action by the SNG or by the environmental prosecutors’ offices (fiscalías ambientales) in the port areas near where the activities take place. This situation clearly violates Article 41 of the Constitution because the activity cannot be reported as illegal or processed as such by the Administration or the Judiciary. Accordingly, the following is requested: “Based on the foregoing, given the existence of a fishing practice consisting of the use of FADs, or fish aggregating devices (dispositivos agregadores de peces), secured by large concrete weights to the seabed, which Nombre3504 and the División Marino Portuaria del MOPT have failed to regulate and in which the SNG has not intervened, the following is respectfully requested. 1- Declare unconstitutional the use of fish aggregating devices known as FADs seamounts as an aid or resource in fishing, whether as a tourist attraction to promote the activity or as a resource available for commercial fishing. 2- Order Nombre3504, within a reasonable period of three months and before the next peak fishing season, to adopt a Board of Directors resolution prohibiting all types of fish aggregating devices, or FADs, or FADs–seamounts, and prohibiting the promotion of tourist or sport-fishing activities in which fish aggregating devices form part of the promotion. 3- On that basis, order Nombre3504 not to issue authorizations for tournaments or sport-fishing, tourist-fishing, or commercial-fishing operations in which fish aggregating devices or FADs-seamounts form part of the practice. 4- Order the División Marino Portuaria del MOPT to issue a provision prohibiting the installation of devices with buoys anchored to the seabed because of the danger they pose to domestic and international navigation. 5- Order MOPT–SNG to remove installed fish aggregating devices or FADs whose coordinates are known, to seize any components that can be recovered from the devices already installed (buoys, cables, beacons), and to prohibit the transportation or future installation of such devices for reasons of maritime-route safety.”

  1. 2By a ruling issued at 16:08 hours on July 31, 2025, the Presidency of the Chamber admitted this amparo proceeding (recurso de amparo) for consideration and requested a report from the Head of the Maritime Division of the Ministry of Public Works and Transportation -MOPT-, the Executive Director of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture -INCOPESCA-, and the Director of the National Coast Guard Service regarding the facts alleged by the petitioner, regarding the facts alleged by the petitioner.
  2. 3In a written submission received by the Chamber’s Secretariat at 16:46 hours on August 05, 2025, the petitioner states as follows:

“For the purpose of providing useful information, the undersigned, Nombre91436, petitioner in these proceedings, has undertaken to investigate the locations of the buoys or FADs currently installed in Pacific coastal waters. As may be expected, such information is restricted by those who operate this type of fishing, and to date I have been able to identify the following locations, so that if the Amparo results in a declaration of unconstitutionality, these locations, together with any others that may be provided, could be included in a possible order to investigate them or even to cut or deactivate them by the corresponding authorities (the first two were submitted with the initial filing) Position 1:

Latitude 08° 03.245N Longitude 083° 531202 o Range 46.59 mn Derm 237°V Position 2:

Latitude 07° 53'.308N Longitude 084° 00..457 o Range 58.36mn Derm 232°V Position 3 Latitude 08° 03..289 N Longitude 083° 52'.595 O Position 4 Latitude 08 20 262 N Longitude 085 28 199 o Position 5 Latitude 08 31 782 N Longitude 083 56 00 O

  1. 4Juan Carlos Alvarado Quesada, in his capacity as Director General of the National Nombre91437 Service, reports under oath (written submission filed at 13:35 hours on August 06, 2025) in the following terms:

“FACTS SOLE FACT: This National Coast Guard Service has NO direct involvement in policies governing the management, use, conservation, and administration of marine resources, because this is a legal authority assigned to INCOPESCA. Thus, Law N°8436, the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), provides as follows in Articles 12, 13, and 14:

"Article 12. -Nombre3504 shall be the authority responsible for implementing this Law and the Fisheries and Aquaculture Development Plan issued by the Executive Branch, without prejudice to the powers conferred by law upon other State institutions, which must coordinate with this Institute on matters relating to the fisheries and aquaculture sector.

Article 13. - Nombre3504 shall exercise oversight over fisheries and aquaculture activities conducted in marine and inland waters and shall provide technical assistance for aquaculture activities in continental and marine waters.

Article 14. - In addition to those set forth in Law No. 7384, Creation of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, the powers of INCOPESCA shall be as follows:

  • a)Implement policies relating to scientific and technical research on fisheries and aquaculture resources, in accordance with national needs.
  • b)Establish and implement the necessary and sufficient monitoring systems to reliably determine catch data, fishing effort, catch per unit of effort, and landings at national ports...

In this regard, it is important to clarify to the honorable Constitutional Chamber that the National Coast Guard Service has at all times performed its duties of safeguarding and monitoring the lawful use of marine and coastal resources, guaranteeing compliance with the Costa Rican legal system; and, in the present case, our actions have focused on ensuring that marine resources are used (in any part of the country, and not solely in the areas identified by the petitioner, whether Quepos, Golfito, or any other area) in accordance with the guidelines issued by INCOPESCA and in compliance with the provisions of section 133 of the aforementioned law, which states:

“It shall be the responsibility of the authorities of the National Nombre91437 Service to conduct operations aimed at making arrests and seizing property, equipment, fishing gear (artes de pesca), or fishery products used to commit offenses and violations of fisheries legislation or obtained as a result of such acts. Both vessels and all other property shall immediately be placed at the disposal of the respective judicial authority for the appropriate legal action.

The National Nombre91437 Service shall act on its own initiative or at the request of accredited inspectors from Nombre3504 or third parties.

For the better fulfillment of the purposes of this Law, Nombre3504 shall establish the agreements or coordination mechanisms necessary with the National Coast Guard Service. For this purpose, Nombre3504 may allocate the necessary budgetary resources.” To this end, the National Nombre91437 Service conducts routine and effective enforcement patrols to prevent any violation against the environment and marine resources, strengthening environmental protection and the protection of fishery resources for our future generations.

Regarding the facts asserted in this amparo proceeding, as I indicated, this Police Force has no involvement in establishing the policies adopted by Nombre3504 for the use of fishery resources, or in the permits issued by Nombre3504 to authorize recreational or sportfishing tournaments or sportfishing, recreational fishing, or commercial fishing operators; nor do we have any involvement in determining which fishing gear is permitted or prohibited, because all such actions fall within the purview of that entity. It is exclusively within that institution’s authority to determine whether fish aggregating devices (dispositivos de agregación de peces), or FADs-seamounts, are authorized.

Accordingly, our function focuses on enforcing the provisions established in our enabling law (Law No. 8000, Law Creating the National Coast Guard Service), the relevant provisions of Law No. 7410, as amended (General Police Law), Law No. 8436 (Fisheries and Aquaculture Law), and all other related regulations, while also ensuring compliance with the provisions issued by the Board of Directors of Incopesca regarding this matter, given the authority conferred upon that Board of Directors by the aforementioned Fisheries and Aquaculture Law.

In this regard, I wish to clarify that the National Service has a series of responsibilities.

Article 2 of our law provides: "The Service shall have the following responsibilities:

  • a)Monitor and safeguard the State’s maritime borders and jurisdictional maritime waters, as defined in Article 6° of the Political Constitution and the United Nations Convention on the Law of the Sea.
  • b)Monitor and safeguard the State’s navigable inland waters.
  • c)Ensure the lawful use and protection of the natural resources existing in the State’s jurisdictional maritime waters and inland waters, in accordance with applicable national and international legislation.
  • d)Ensure the safety of port and maritime traffic involving both national and foreign vessels in the State’s jurisdictional waters.
  • e)Conduct the operations necessary to rescue persons who are missing or in danger in national waters and to locate missing vessels.
  • f)Ensure effective compliance with the national legal system governing the State’s inland waters and jurisdictional maritime waters, in coordination with the competent national authorities.
  • g)Cooperate with the administrative and judicial authorities responsible for protecting natural resources, combating the illicit trafficking of narcotics, drugs, psychotropic substances, and related activities, as well as illegal migration, arms trafficking, and other unlawful activities.
  • h)Take all actions necessary for the faithful fulfillment of its statutory and regulatory purposes. " (underlining added) Therefore, if we encounter any device that endangers safe navigation and the private party does not hold the necessary permits to conduct a particular activity or use a fishery resource, we are obligated to ensure safe navigation within our actual capabilities (recovery, removal, or otherwise). Evidence of this is provided by the patrols we conducted to search for such devices, accompanied by INCOPESCA personnel; see trip report number 1605 (folios 250 and 251), corresponding to vessel GC 38-10, and trip report number 2428 (folios 233 and 234), corresponding to vessel GC 32-2.

Regarding the internal administrative procedure carried out by Nombre3504 pursuant to its administrative authority, I have no knowledge of the proceedings because they fall within its jurisdiction, and this Dirección5915 has no involvement whatsoever in that administrative processing or its results.

RELIEF REQUESTED For the foregoing factual and legal reasons, I respectfully request that this honorable Constitutional Chamber dismiss the present amparo proceeding filed against me, because neither I personally nor in my capacity as Director General of the National Coast Guard Service have committed any acts that could constitute a violation or infringement of the legal provisions or constitutional guarantees cited by the petitioner.”

  1. 5Nelson Peña Navarro, in his capacity as Executive President of Nombre3504, reports under oath (written submission filed at 16:16 hours on August 06, 2025) in the following terms:

“Regarding the filing of the proceeding.

In filing the present amparo proceeding, the petitioner argued in general terms that the Costa Rican State had failed to regulate the use of Fish Aggregating Devices, known as FADs or anchored “plantados” at sea, which, according to his complaint, are apparently used in sport and recreational fishing.

Institutional responsibilities INCOPESCA, created by Law N.° 7384 and governed by Fisheries and Aquaculture Law N.° 8436, is the technical body responsible for administering, regulating, and ensuring the sustainable development of the country’s fisheries and aquaculture resources. Although it is responsible for issuing regulations and granting fishing licenses, functions relating to navigational safety and the control of structures at sea fall to MOPT and the National Nombre91437 Service (SNG), in accordance with their statutory responsibilities.

Institutional efforts and interinstitutional coordination Contrary to the petitioner’s assertion, Nombre3504 has acted diligently and undertaken specific measures to verify the possible existence of fish aggregating devices at the coordinates he himself provided:

. First inspection: Conducted on June 12, 2025, at coordinate 1 identified by the complainant (08°03.235N, Telf7211), with the participation of officials from Nombre3504 and the National Coast Guard Service. No buoys, floating objects, or signs of biological activity attributable to submerged plantados were detected.

- Second Inspection: Conducted on June 26, 2025, at both coordinates reported by the petitioner (08°03.235N, 083"53.219O and 07°53.328N, 084°00.4590), using a vessel with greater range. Once again, no floating or submerged devices were found; only a yacht engaged in trolling around one of the points was observed, which does not constitute evidence of the existence of plantados.

These inspections were duly documented and reported to the Fiscalía de Protección Ambiental de Osa within the ongoing criminal proceedings, demonstrating the institution’s commitment to investigating complaints and protecting fisheries resources.

Regarding the petitioner’s statements concerning fishing tournaments The petitioner states that Nombre91438 allegedly authorized tournaments involving fishing over fish aggregating devices (plantados). This allegation is unfounded and is therefore rejected in its entirety. Nombre3504 has never authorized a tournament that expressly or implicitly provides for the use of fish aggregating devices or anchored FADs as a fishing technique.

The authorizations issued by Nombre3504 for sporting tournaments are limited to licenses governed by the general sport-fishing regulations and do not include or endorse practices such as those described in the amparo action (recurso de amparo).

Consequently, the petitioner’s assertion is false and unsupported by evidence, which substantially undermines the factual basis of the amparo action filed.

Existence of parallel criminal proceedings.

It should be noted that the facts alleged by the petitioner have already been the subject of a criminal complaint filed with the Fiscalía de Protección Ambiental de Osa, in a case currently being handled by Lic. Camilo Flores Pacheco.

As of the date of this response, the proceedings have not reached a final disposition (acto conclusivo), confirming that the investigation remains ongoing and that there are no judicial or administrative determinations substantiating the petitioner’s assertions.

Absence of arbitrary omission and the petitioner’s failure to provide evidence The regulations currently in force already prohibit the use of floating fish aggregating devices for purse-seine tuna fishing (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99).

With respect to anchored fish aggregating devices, this is an alleged emerging practice whose regulation requires technical studies and interinstitutional coordination. Nevertheless, we must state emphatically that this practice is neither endorsed nor authorized by INCOPESCA for any fleet.

Furthermore, we consider that the petitioner has provided no direct evidence of the existence of the fish aggregating devices alleged in his complaint, and the inspections conducted produced negative results, demonstrating that his complaints have been addressed.

Consequently, no violation of the right to a healthy environment or of the other fundamental rights invoked can be sustained when there is no conclusive evidence that these structures are actually present on the seabed.

Conclusion

This Institute denies the existence of any arbitrary omission or violation of fundamental rights concerning the matter raised. On the contrary, it has acted with due diligence, in coordination with other competent institutions, by investigating the complaints submitted and maintaining the fisheries regulations currently in force.

In this regard, this Honorable Chamber is respectfully requested to take into account that the respondent Administration acted neither willfully nor with an express refusal to provide the information.

For the foregoing reasons, it is requested that this amparo action be dismissed and that procedural costs be assessed against the private party.”

  1. 6Verny Gerardo Jiménez Rojas, in his capacity as Director General of the División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, reports under oath (submission filed at 10:31 hours on 08 de agosto de 2025) as follows:

“First: Ley No. 3155 of 05 de agosto de 1963, as amended, section 2, subsections c), g), et seq., and related provisions, as well as the Organizational and Functional Reform of the División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, provides that:

“(…) c) To plan, construct, improve, and maintain deep-water and coastal-shipping ports, inland waterways and navigation terminals, ferry systems, and similar facilities. To regulate and oversee international maritime transport, coastal shipping, and inland waterway transport. (…)” (Italics not in the original) Second: Decreto Ejecutivo número 45103-MOPT, entitled PARTIAL ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL REFORM OF THE DIVISIÓN MARÍTIMO-PORTUARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, REPEAL OF ARTICLE 13 OF DECRETO EJECUTIVO Nº 42454-MP-MOPT OF 18 DE JUNIO DEL 2020, AND REPEAL OF DECRETO EJECUTIVO Nº 40803-MOPT OF 12 DE DICIEMBRE DEL 2017, dated the seventh day of July of the year two thousand twenty-five, provides in section 2 that:

“(…) Article 2.- Purpose of the División Marítimo Portuaria: To direct the development and implementation of processes related to the management and oversight of nautical infrastructure projects and services, as well as navigation and water safety, through the evaluation of nautical projects, oversight of nautical projects undertaken by third parties, water safety, prevention of water pollution resulting from maritime transport, maritime security, and regulation of processes involving seafarers, thereby strengthening the Minister’s exercise of governing authority over the maritime-port subsector.” (Italics not in the original) Regarding the facts stated by Mr. Nombre91439:

It is necessary to explain that the meaning of the term “Marine Routes” used by the petitioner is unclear. This point is important to clarify because, pursuant to the Act on the Concession and Operation of Tourist Marinas and Berthing Facilities, Ley No. 7744, of 19 de diciembre de 1997, section 2 defines the concept of access routes (vías de acceso) as follows:

“(…) Article 2.- Definitions: For purposes of this law, a tourist marina shall mean the collection of maritime or land-based facilities intended to protect and shelter recreational, tourist, and sporting vessels of any flag and regardless of their size, and to provide them with all types of services, as well as to serve their domestic or foreign visitors and users. It shall also include facilities operated, administered, and managed by a tourism company.

The following shall be deemed parts of a marina: real property, facilities, access routes to the various areas, and any other privately owned property designated by its owners to provide services to the tourist marina and included in the concession (concesión). For such property to be subject to this designation, its owners must expressly consent thereto, and the designation must be incorporated into the project plan. Areas required for public uses must be transferred to the State. The transfer shall be determined by the Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (Cimat), which shall take into account the applicable coastal regulatory plan for the area concerned.

The following shall be deemed tourist berthing facilities (atracaderos turísticos): landing facilities, fixed or floating docks, ramps, and other structures necessary to allow tourist, recreational, and sporting vessels to berth for the enjoyment and safety of tourists. The following shall form part of a tourist berthing facility: the real property, facilities, access routes to the various areas, and any other privately owned property designated by its owners to provide services to the tourist berthing facility and included in the concession.

The right of every person to use and enjoy the public zone throughout its entire extent is guaranteed, without prejudice to any restrictions imposed by Cimat for topographical reasons or for reasons involving personal safety or health. (As amended by Article 2° of Ley No. 8969 of 7 de julio del 2011)” (Italics and boldface not in the original).

However, the concept of “Marine Routes” is not defined, leaving this Maritime Authority unable to address it.

Furthermore, our areas of authority include applying what is known in Maritime Law as the Principle of Freedom of Navigation (Principio de Libertad de la Navegación). Freedom of navigation (FON) is a principle of the law of the sea under which vessels flying the flag of any sovereign State shall not be subject to interference by other States while in international waters, except as provided under international law. Another applicable principle is the Principle of Innocent Passage (Principio de Paso Inocente). Ley número 7291 - J of 23 de marzo de 1992, known as the United Nations Convention on the Law of the Sea, or CONVEMAR by its initials, provides in section 19:

“(…) Article 19 Meaning of innocent passage

  1. 1Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order, or security of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with this Convention and other rules of international law. 2.- Passage of a foreign ship shall be considered prejudicial to the peace, good order, or security of the coastal State if, while in the territorial sea, it engages in any of the following activities:
  • a)Any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity, or political independence of the coastal State, or in any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations; b) Any exercise or practice involving weapons of any kind; c) Any act aimed at collecting information to the prejudice of the defense or security of the coastal State; d) Any act of propaganda aimed at affecting the defense or security of the coastal State; e) The launching, landing, or taking on board of any aircraft; f) The launching, landing, or taking on board of any military device; g) The loading or unloading of any commodity, currency, or person contrary to the customs, fiscal, immigration, or sanitary laws and regulations of the coastal State; h) Any act of willful and serious pollution contrary to this Convention; i) Any fishing activities; j) The carrying out of research or hydrographic survey activities; k) Any act aimed at interfering with communications systems or any other services or facilities of the coastal State; l) Any other activity not directly related to passage.

(…)” (Italics not in the original) Navigation channels or waterways (vías de navegación), in turn, have been regulated by the Executive Branch through Decreto Ejecutivo número 34551 of 30 de abril del 2008, as well as the Reglamento de Navegación y Cabotaje en la Red de los canales del Norte Administrados por La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), published in Alcance 144 of La Gaceta 155 of 23 de agosto del 2024.

Likewise, the Ministerio de Obras Públicas y Transportes website provides a section entitled Ayudas a la Navegación (https://www.mopt.go.cr/destacados/infraestructura/maritimo-portuaria/avisos-navegantes) for both coasts.

It should be clarified that this Division has received no application or other filing concerning this matter from the petitioner herein.

Relief requested:

In view of the arguments and legal authorities set forth above, because neither this Ministry nor the División Marítima Portuaria has jurisdiction to grant or authorize concessions or feasibility studies for the placement of devices consisting of buoys anchored to the seabed for fishing, and because the substance of the action concerns regulation of the harvesting of fishery products and the techniques, practices, and authorizations associated with it—all of which fall outside MOPT’s jurisdiction—I respectfully request, pursuant to the principle of legality (principio de legalidad), that the amparo action filed by Mr. Nombre91439 against the Ministerio de Obras Públicas y Transportes and the División Marítimo Portuaria be denied on the merits.”

  1. 7In a written submission received by the Secretariat of the Chamber at 09:52 hours on 12 de agosto de 2025, the appellant states as follows:

“I appear before your authority to state the following regarding the reports submitted by the respondents in this amparo proceeding.

First, regarding the MOPT report, it is more than noteworthy that the institution simply seeks to wash its hands of a matter of this importance without assuming any responsibility whatsoever. It is true that the law on navigable waterways, or whatever it may be called, has not yet been enacted in the country, so that, except for floods and maneuvering areas at docks, the maritime division of MOPT does not actually address important matters such as maritime safety, not even, as in this case, upon learning that navigable waterways may potentially be affected by large-draft foreign vessels. It is clear that this department has not yet assumed the environmental implications and responsibility of its activities, since, pursuant to the Constitutional Chamber’s ruling 10540-2013, all activity at sea must be understood as environmental activity, verbatim:

“Since the World Charter for Nature, and with greater influence following the Rio Declaration, the principles of environmental law (Derecho Ambiental) have fulfilled the cross-cutting function of informing and regulating economic activity at sea. This branch of law is no longer merely an external limitation, because from that point forward, all economic, social, and cultural activity related to the sea and its natural resources has become increasingly subject to environmental law.” This is therefore not merely a technical function; rather, this department’s responsibility is closely connected to environmental law and, consequently, to the principles governing the subject, particularly the precautionary principle (principio precautorio). As asserted in the amparo proceeding as one line of analysis, the absence of studies—and, in this case, the institution’s open lack of knowledge—does not provide sufficient justification for inaction, much less does it justify requesting, as has been done, that the case be dismissed and the amparo appeal denied.

From my perspective as a fisher and a responsible user of this country’s fishery resources, I simply cannot accept a position so detached from the institution’s duties to protect the environment, a commitment that cuts across all activity involving marine resources generally and fishery resources specifically. Indeed, in their citation to Executive Decree number 45103-MOPT, Article 2, one of the powers granted to MOPT is, with absolute clarity, precisely aquatic safety. It must therefore be understood that the subject matter of the amparo proceeding, insofar as the FADs or plantados are floating objects that are invisible to the naked eye from the sea surface but lie within the draft range of cargo ships, should at least be a matter of concern for the safety of aquatic navigation—a matter that they could investigate and develop either to effectively rule out any jurisdiction or to assume it.

What is unacceptable is simply seeking to evade responsibility through a kind of willful ignorance of the situation, particularly from a position that seeks to disclaim both environmental responsibility and responsibility for aquatic safety or aquatic waterways. This is especially important when the respondent department’s jurisdiction does extend to providing an assessment of whether this type of installation poses a danger to navigability.

Regarding the report of the Servicio Nacional de Guardacostas, this agency admittedly does not have jurisdiction to regulate fishery resources, and the reported effort to visit one or more of the specified locations is acknowledged. The problem here is clearly one of approach oi (sic) methodology: Nombre91437 understands perfectly well that these objects are located below the surface, at depths greater than 6 meters, and have the same effects as a surface FAD or plantado. It is regrettable that resources are spent on these costly trips, yet the search is conducted incorrectly and they claim to have found nothing, when it is clear, both to the undersigned and to many other fishing operators, that the objects are there and operate exactly as described. The objects cannot be seen from the surface because they are not on the surface, and a more thorough search is required, specifically a dive to a depth of 6 or 7 meters. Clearly, one cannot find what one does not look for.

With regard to the INCOPESCA report, it is more than regrettable that the institution whose principal statutory mandate is the administration, regulation, and development of the country’s fishery resources would reason as it does, stating that it found no floating or submerged FADs, that Nombre3504 has not authorized tournaments involving anchored FADs as a fishing technique, and that its work is limited to issuing licenses, when the evidence plainly shows that this practice is widely known and promoted specifically among sport-fishing providers, all of whom are regulated by Nombre3504 through licenses. The practice cannot be unknown to the Institute when it is plainly obvious and manifest that it is a widespread and public practice used to promote sport and tourism fishing.

It should be noted that, as stated in the amparo proceeding, the use of plantados is regulated only for offshore tuna fishing, and that law 8436, Ley de Pesca y Acuacultura, states in Article 60 that this activity may be conducted only 80 miles offshore; consequently, this amparo proceeding does not concern that type of plantado. It is clear that sport fishing routinely uses this mechanism to promote fishing, and it is clear that this is possible because the practice is not properly regulated or because Nombre3504 has failed to regulate it. In its response to the Environmental Prosecutor, official letter DOPA-RBGO-116-2025, the Institute employs a legal argument that is simply inconsistent with the applicable environmental rationale. INCOPESCA states:

“...Nombre3504’s regulation of fishing activity around plantados applies solely to tuna fishing vessels, pursuant to agreements AJDIP/241-99 of 15/07/1999 and AJIP/282-99 of 30/08/1999. In a consultation with legal counsel, I was advised that the fact that it is not expressly (siuc) written does not mean that it is permitted for other fleets, such as tourism, sport-fishing, or commercial longline fleets. The fact that there is no express agreement or administrative penalty does not mean that no violation of Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 is being committed, since acts that are not permitted would be carried out, and because they are not permitted, they are prohibited... there is no express provision in ;Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436, nor any article or section of the law, or any agreement issued by lncopesca, prescribing a penalty for sport-fishing agencies that promote fishing around plantados.

That does not mean that no violation of Ley de Pesca y Acuacultura is being committed, since they would be carrying out acts that are not permitted, and because they are not permitted, they are prohibited.” Through this confused reasoning, the Institute—whose jurisdiction consists precisely of regulating the management of fishery resources and whose primary instrument is the issuance of agreements binding upon users of fishery resources—simply attempts legal sleight of hand that cannot be accepted. On the contrary, this argument merely proves its historical failure to act: it regulated plantados only for tuna fishing beginning in 1999 and has issued no regulations since then governing the use of plantados or fish aggregating devices (FADs) by tourism or sport fishing. This failure CANNOT be attributed to lack of knowledge, since a simple Internet search produces hundreds of tourism-fishing offers involving FADs.

A simple, non-exhaustive Google search for fishing around fads costa rica returns results such as the following (sample):

https://www.yelu.cr/companies/fad fishing costa rica http:llvvvmN.southerncostarica.biz/spanishlQueposlcat-pescalCosta-Rica-Fad-Fishing/1 5591 https:/lvillafirenzecr.com/fad-fishing-in-costa-rica https://fadfishingcostarica.com https://www.centralamerica.com/exoeriencing/traveI/fad-fishing-costa-rica The argument is grossly inconsistent with INCOPESCA’s exercise of its jurisdiction: the Institute is responsible for properly regulating fishing practices, and fishing around plantados, as offered in Costa Rica and as shown by way of example in the evidence, is a fishing practice that Nombre3504 HAS NOT REGULATED and apparently continues to avoid regulating. It is as though traveling to the locations and failing to find the devices—without diving—were proof that they do not exist, when the sheer number of offers from various tourism-fishing operators expressly advertising fishing around FADs and seamounts is simply overwhelming.

Nombre3504 takes refuge in a kind of legal sophism: whatever is not expressly permitted is prohibited. Although that principle is certainly applicable in environmental law, it is plainly not customary in the private sphere, which is the sphere in which sport-fishing ventures operate, and the absence of regulation clearly creates an enormous loophole for the development of these practices. Nombre3504 assumes that users will refrain from using FADs because there is no express regulation permitting their use, and that they will continue to refrain until such regulation exists. On the contrary, this argument appears more like tacit permission than the genuine performance of the institution’s fishing-regulation function, under which, in light of the applicable provisions, only what is expressly regulated or permitted is allowed, because fishing is an activity constituting an exception within wildlife management 1; conversely, any practice likely to threaten the resource must be expressly prohibited, particularly when no study whatsoever exists indicating the impact of this practice. In this regard, Nombre3504 violates the provisions of the Code of Conduct for Responsible Fisheries, which states in Article 6.5:

“States and subregional and regional fisheries management organizations should broadly apply the precautionary approach to the conservation, management, and exploitation of living aquatic resources in order to protect them and to preserve the aquatic environment, taking into account the best scientific evidence available. The absence of adequate scientific information should not be used as a reason for postponing or failing to adopt measures to conserve target species, associated or dependent species, non-target species, and their environment.” As early as 2013, the Constitutional Chamber itself stated with absolute clarity in ruling 10541-2013—a ruling well known to Nombre3504 and which was answered at the time with similar arguments:

  1. 1Preventive approach (criterio preventivo): The vital importance of anticipating, preventing, and addressing the causes of biodiversity loss or threats to biodiversity is recognized.
  2. 2Precautionary approach or in dubio pro natura (criterio precautorio o indubio pro natura): When there is a danger or threat of serious or imminent harm to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty must not be used as a reason to postpone the adoption of effective protective measures.
  3. 3Public environmental interest criterion (criterio de interés público ambiental): The use of the elements of biodiversity must safeguard development options for future generations, food security, ecosystem conservation, the protection of human health, and improvement of citizens’ quality of life.
  4. 4Integration criterion (criterio de integración): The conservation and sustainable use of biodiversity must be incorporated into sectoral and intersectoral plans, programs, activities, and strategies, so that

they are integrated into the development process.” These principles, derived from International Environmental Law, are directly applicable to human activity at sea, most notably fishing activity, which from that point forward became subject to such provisions, compliance with which the States are responsible for ensuring.” An additional important factor concerns the biology inherent to fish aggregations: submerged fish aggregating devices (plantados or FADs), some of which are located even beyond 80 miles, generate concentrations of juvenile and smaller fish, which in turn attract other predators such as juvenile tuna; and within approximately 21 days, there may be one or 2 hectares (the term is used to establish an approximate area) of juvenile tuna mixed with other offshore fish. International tuna vessels know the positions of these buoys or FADs and deploy their nets, catching enormous quantities of juvenile tuna and other species, and then discard everything that is not tuna or is not of sufficient size, resulting in the loss of a large quantity of fish precisely through such discarding. They engage in this practice precisely because the use of FADs is not properly regulated.

Accordingly, the reports simply cannot be accepted because they are not framed within the proper perspective established by both the aforementioned Constitutional Judgment and other rulings. It is particularly ironic to suggest that, because there is no regulation—regulation that clearly falls not to the Law but to INCOPESCA’s exercise of regulatory authority—the phenomenon at issue, specifically fishing over anchored fish aggregating devices, should remain unregulated, and to claim that the amparo proceeding (amparo) should be dismissed. We are facing a clear institutional omission in the management of marine resources, in flagrant violation of the constitutional principles that have been established in this area for more than 12 years. It is more than troubling that the institutions directly involved in maritime safety matters, and especially in marine-resource management, would respond by, as the popular expression goes, “washing their hands of the matter,” while fishing trips over fish aggregating devices continue to be offered as a tourist attraction.

I respectfully maintain my request that the amparo be granted, that fishing practices of any kind, including sport and tourist fishing over fish aggregating devices or “fads-samounts,” be declared unconstitutional, and that Nombre3504 be ordered immediately, by agreement of its Board of Directors, to issue the relevant and necessary regulations so that this practice ceases both in tournaments and on fishing trips and tourist offerings; likewise, that the removal of the existing devices be ordered.”

  1. 8By ruling issued at 11:07 on 30 October 2025, as evidence to facilitate adjudication (prueba para mejor resolver), the Reporting Justice (Magistrada Instructora) ordered Nelson Peña Navarro, in his capacity as Executive President of Nombre3504, or whoever holds that office, to report the following to this Chamber: 1) The oversight activities carried out by that technical body to prevent fishing activities in which anchored fish aggregating devices or FADs are used as a fishing technique. 2) The actions taken by the entity he represents regarding fishing activities promoted online in which the FAD system is used. By way of example, in his latest submission the petitioner listed the following links: https://www.yelu.cr/companies/fad fishing costa rica. http:llvvvmN.southerncostarica.biz/spanishlQueposlcat-pescalCosta-Rica-FadFishing/1 5591. https:/lvillafirenzecr.com/fad-fishing-in-costa-rica https://fadfishingcostarica.com. https://www.centralamerica.com/exoeriencing/traveI/fad-fishing-costa-rica.
  2. 9Nelson Peña Navarro, in his capacity as Executive President of Nombre3504, reports under oath (submission filed at 16:04 on 03 November 2025) as follows:

“1) Regarding INCOPESCA’s oversight activities to prevent fishing activities in which anchored fish aggregating devices or FADs are used as a fishing technique.

It is reiterated that Nombre3504 has taken specific actions to verify the possible existence of fish aggregating devices at the coordinates provided by the petitioner:

First inspection: Conducted on 12 June 2025, at coordinate 1 identified by the complainant (08°03.235N, Telf7211), with the participation of officials from Nombre3504 and the National Coast Guard Service. No buoys, floating objects, or signs of biological activity attributable to submerged fish aggregating devices were detected.

Second inspection: Conducted on 26 June 2025, at both coordinates reported by the petitioner (08°03.235N, 083°53.219O and 07°53.328N, 084°00.4590), using a vessel with greater range. Once again, no floating or submerged devices were found; only a yacht engaged in trolling (pesca en movimiento or troleo) around one of the points was observed, which does not constitute evidence of the existence of fish aggregating devices.

These inspections were duly documented and reported to the Osa Environmental Protection Prosecutor’s Office as part of criminal proceeding 25-000048-1111-PE, which currently has Prosecutorial Archive status (Archivo Fiscal), because, based on the evidence submitted, the prosecuting authority was unable to establish the existence of these devices or identify an alleged responsible party.

Likewise, as stated in the response to this proceeding, although INCOPESCA is the technical body responsible for the administration, regulation, and sustainable development of the country’s fisheries and aquaculture resources, and although its powers include issuing regulations and granting fishing licenses, under the current legal framework, functions relating to navigational safety and the control of structures at sea fall to MOPT, the National Nombre91437 Service (SNG), and particularly MINAE; accordingly, these Ministries must verify and ensure maritime and environmental compliance and must exercise control and oversight.

  • 2)Regarding the actions Nombre3504 has taken in relation to fishing activities promoted online in which the FAD system is used.

It is important to note that, on 15 October of this year, INCOPESCA filed a formal complaint with the Puntarenas Deputy Prosecutor’s Office regarding a social-media search that identified unauthorized sales of fishery products or fishing tours on the FACEBOOK social network. The complaint specifies contact points that we consider highly important and necessary for interinstitutional action concerning those sales, for the purpose of influencing their consumption and bringing such conduct into compliance with current regulations, all within the framework of the institution’s commitment to assisting in the protection of public marine space.

Conclusion

This Institute reiterates that there has been no arbitrary omission or violation of fundamental rights concerning the matter raised. On the contrary, it has acted with due diligence in coordination with other competent institutions, verifying the complaints submitted and maintaining the current fisheries regulations.”

  1. 10The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Pacheco Salazar writes for the Court; and,

Whereas:

I.Subject matter of the proceeding. The petitioner alleges that fish aggregating devices have evolved from a simple drifting log, whose shade provides shelter for fish species that attract other predatory species, to artificial floating devices constructed with PVC structures, nets, and covering fabrics, widely used in offshore tuna fishing and fitted with beacons so they can be located. By aggregating fish, they also aggregate tuna, and this phenomenon is exploited by purse-seine tuna fishing, a practice known as fishing for tuna around fish aggregating devices. More recently, more elaborate devices designed for sport fishing have emerged, this time fixed devices consisting of a concrete weight of approximately one ton, popularly known as a “cheese,” which is dropped onto the seabed to anchor a cable that, in turn, supports a submerged buoy, normally at a depth of approximately 20 or 40 feet (6 to 12 mts), together with old nets, mesh, or other elements that provide shade, causing fish to aggregate around them and thereby attracting species of interest such as tuna or billfish.

Costa Rica has prohibited fishing for tuna around fish aggregating devices under agreement Nombre3504 A.J.D.I.P./241-99. That provision concerns purse-seine tuna fishing carried out by large vessels, a fishery regulated beginning with Article 49 of Ley de Pesca y Acuacultura No. 8436. This fishing is conducted entirely by foreign vessels because the country has no such vessels. In the cited Board of Directors agreement, as of that date, the concept of a prohibited fish aggregating device encompassed only the floating device used in tuna fishing. Currently, moreover, Article 60 of the LPA prohibits these vessels from operating within the first 80 nautical miles of the Exclusive Economic Zone. Thus, this broad area of our Exclusive Economic Zone, known for its abundance of tuna and billfish (marlin, sailfish), as well as other species of interest such as mahi-mahi, is technically left without regulation concerning fish aggregating devices, precisely because the latest version of the anchored device described above remains unregulated.

Since approximately 2008, many private sport-fishing ventures (marinas, sport-fishing operators, and commercial fishing operators) have developed a widespread practice of installing new-generation FADs or fish aggregating devices intended for sport fishing; that is, devices anchored to the seabed by means of a cement weight of up to one ton, which supports a cable that anchors a buoy by means of a steel cable, usually a metal buoy secured at a depth of approximately 20 or 40 feet (6 to 12 mt). This type of underwater installation is normally deployed approximately 20 or 40 nautical miles off the coast, in this case departing from Herradura, Quepos, or the Osa Peninsula, in shallow areas (submerged plateau areas), which are benthic seafloors with considerable biodiversity and which, given their characteristics, are called seamounts, a concept that may be accurate in the southern part of the country because these geological formations are part of the seamount chain.

Two impacts are evident: first, alteration of the seabed along these submerged foothills due to the weights dropped onto the bottom; and, most importantly, the fishing impact caused by tourist-fishing operators who concentrate their fishing effort in specific areas around the installations. These impacts occur within a diverse ecosystem that is nevertheless extremely fragile and important to the Costa Rican Pacific. This FAD or fish-aggregating-device configuration makes it possible to determine its position precisely with the aid of GPS, so those who placed the device know that they can fish there because of the aggregation of fish generated by the shade. Because they are not explicitly regulated, the term “FAD” is normally used, and more recently the term “seamount fishing” has also been used, as has the English combination of the two: “FAD Seamounts.” Thus, countless sport-fishing advertisements in Costa Rica, both in the Quepos area (Marina Los Sueños) and at the marinas of Quepos, as well as advertisements by various sport-fishing ventures, promote this type of fishing as an attraction for tourist fishing.

Marinas and operators clearly have an interest in ensuring that their customers, normally foreign tourists with little time available, enjoy a “successful” fishing trip—that is, that they are able to catch several specimens—and these devices provide them with a reliable catch in record time. Fish aggregating devices have a significant impact by changing the normal behavior of pelagic fish populations. They artificially create shade that attracts small species, which are then followed by larger fish. Because the fish are concentrated and are targeted by sport or tourist fishing, or by commercial fishing, a much greater impact is generated on marine ecosystems in a shorter period, resulting in substantially greater harm. Furthermore, the weight of these installations affects the seabed, while also providing fishing advantages to those who finance them, to the detriment of those who fish freely.

In addition to the open offerings by sport-fishing operators (hotels, marinas, companies, or individuals engaged in tourist fishing) to fish at “FAD seamounts,” that is, to fish around these devices, marinas constantly organize fishing tournaments, many of which include fishing around fish aggregating devices or FADS. Such tournaments must be approved and authorized by INCOPESCA, an institution that, to date, has failed to address the use of this technique, leaving unregulated an activity that clearly affects vulnerable ecosystems. In addition to tourist fishing (marinas and corporate or individual commercial operators), many sport-fishing operators (owners of yachts berthed at the marinas) also use the geolocation data for the devices provided by the marinas to conduct fishing activities. Because there is no regulation of any kind—that is, because they are not permitted—and construing environmental law in favor of nature, meaning restrictively, they are technically prohibited; and because they are used as part of fishing gear (artes pesqueras), all fishing conducted using these installations would constitute illegal fishing.

II.Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter, either because they have been proven or because the respondents failed to address them as ordered in the initial ruling:

Anchored fish aggregating devices are purportedly an emerging practice whose regulation requires technical studies and interinstitutional coordination, but this practice is neither endorsed nor authorized by Nombre3504 for any fleet (see report of the Executive President of Incopesca).

The regulations currently in force prohibit the use of floating fish aggregating devices for purse-seine tuna fishing (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99) (see report of the Executive President of Incopesca).

On 12 de junio de 2025, the first inspection was conducted at coordinate 1 identified by the complainant (08°03.235N, Telf7211), with the participation of officials from Nombre91438 and the Servicio Nacional de Guardacostas; however, no buoys, floating objects, or signs of biological activity attributable to submerged fish aggregating devices were detected (see report of the Executive President of Nombre3504 and documentary evidence submitted).

On 26 de junio de 2025, during the second inspection conducted at the coordinates reported by the petitioner (08°03.235N, 083"53.219O and 07°53.328N, 084°00.4590), using a vessel with greater range, once again no floating or submerged devices were found. Only a yacht engaged in fishing while underway (trolling) around one of the points was observed, which does not constitute proof of the existence of fish aggregating devices (see report of the Executive President of Nombre3504 and documentary evidence submitted).

Both inspections were reported to the Fiscalía de Protección Ambiental de Osa within criminal proceeding No. 25-000048-1111-PE, which is currently classified as closed by the prosecutor’s office pursuant to the decision issued at 07:15 on 16 de octubre de 2025, because, based on the evidence submitted, the prosecutorial authority was unable to establish the existence of these devices or identify an alleged responsible party (see reports of the Executive President of Nombre3504 and documentary evidence submitted).

Both inspections were conducted without diving or the use of any specialized sonar equipment because Nombre3504 does not possess such resources. At the request of the Ministerio Público, the Dirección de Nombre91437 (Comisionado de Guardacostas) was asked on 30 de junio de 2025 whether it had such equipment, but it has not yet responded (see documentation submitted by the Executive President of Incopesca).

The authorizations issued by Nombre3504 for sport-fishing tournaments are limited to licenses granted under the general sport-fishing regulations and neither include nor endorse practices such as those described in this proceeding (see report of the Executive President of Incopesca).

Tourist-fishing operators promote fishing around FADS and seamounts in the country (see subsequent filing submitted by the petitioner).

On 15 de octubre de 2025, Nombre3504 filed a complaint with the Organismo de Investigación Judicial -OIJ-, stating that a search of social media had identified, on the FACEBOOK social network, sales of fishery products or unauthorized fishing tours. The complaint provides contact information deemed highly important and necessary for enabling interinstitutional action regarding those sales, in order to influence their consumption and bring such conduct into compliance with the regulations in force, as part of the institution’s commitment to helping protect the public marine area (see second report of the Executive President of Nombre3504 and documentary evidence submitted).

III. Unproven fact. The following fact relevant to the disposition of this amparo proceeding (amparo) is deemed unproven

Sole fact: That Nombre3504 authorized a tournament that expressly or implicitly provides for the use of anchored fish aggregating devices or FADs as a fishing technique (see report of the Executive President of Incopesca).

IV.On the right to a healthy and ecologically balanced environment. It should first be noted that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through the international law applicable in Costa Rica. In this regard, in judgment No. 2006-005928 at 15:00 hours on May 2, 2006, this Court ruled: “The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the other fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, the right to health is grounded in that provision of the Political Constitution, since life is inconceivable unless human beings are guaranteed the minimum conditions necessary for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution.

Specifically, constitutional Article 50 expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has employed the notion of ‘environmental quality’ (calidad ambiental) precisely as a measure of people’s quality of life, in conjunction with other elements such as health, food, work, and housing, noting that every person has the right to use the environment for their own development, but not without limitation, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations—the principle of sustainable development (principio de desarrollo sostenible).” Likewise, Article 50 of the Political Constitution gives rise to the State’s obligation to protect the environment. That provision establishes: “The State shall seek the greatest well-being of all the country’s inhabitants by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth.

Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing to report acts that infringe that right and to seek redress for the harm caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding liabilities and penalties.” This confirms that the various public authorities have an inescapable duty to preserve, defend, and guarantee every person’s fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment.

V.On coordination among public institutions in the comprehensive protection of the environment. The State—as a whole—is under an obligation to take the measures necessary to protect the environment in order to prevent levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of those subject to the public administration (administrados). For purposes of this task, the term public institution encompasses both the Central Administration—ministries such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministerio de Salud—which, by reason of their subject-matter jurisdiction, have broad involvement and responsibility regarding environmental conservation and preservation and which, in most cases, act through their specialized divisions. Municipalities likewise bear significant responsibility for this task within their territorial jurisdiction.

Given the diversity of actors that may be involved, one might think that this shared responsibility would create chaos in administrative management. Therefore, to avoid the simultaneous coexistence of spheres of authority having different origins and natures, duplication of national and local efforts, and confusion concerning the rights and obligations of the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordinating relationships among the various divisions of the Executive Branch and decentralized institutions, and between those bodies and the municipalities, so that they may perform the functions entrusted to them. This Chamber has previously addressed the principle of coordination (principio de coordinación) between public agencies and municipalities in pursuing common purposes, stating in judgment No. 1999-005445 at 14:30 hours on July 14, 1999, that: “Coordination is the ordering of relationships among these various independent activities, taking account of their convergence upon the same object or entity so as to make that convergence useful to a comprehensive public plan, without eliminating the reciprocal independence of the participating entities.

Because there is no hierarchical relationship among decentralized institutions, or between the State itself and the municipalities, specific conduct cannot be imposed upon them. This gives rise to the indispensable interinstitutional ‘concerted action,’ strictly speaking, whereby autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and comprehensive framework, within which each performs a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, relationships between municipalities and other public entities may be carried out only on an equal footing, resulting in agreed forms of coordination and excluding any mandatory arrangement that would impair their autonomy by subjecting corporate public entities to a coordination framework without or against their consent; nevertheless, this does permit the necessary subordination of such entities to the State and in its interest (through the State’s ‘administrative oversight’ (tutela administrativa), and specifically through the function of reviewing legality entrusted to it, with powers of general supervision over the entire sector.”

VI.Protection of aquatic biological resources (recursos hidrobiológicos). Various reasons require the State to use its best efforts to adequately safeguard its vast territorial waters, exclusive economic zone, and internal waters. The same may be said of its duty to avoid at all costs becoming complicit in the degradation of the environment and marine biodiversity beyond its territorial and patrimonial waters. On the one hand, it has an inescapable duty to ensure preservation of the environment, which of course includes adopting the measures necessary to prevent harm to marine and aquatic ecosystems generally, protect the species of living organisms inhabiting those environments, prevent pollution of the seas and internal waters, and respond forcefully to conduct that threatens the integrity of the aquatic environment. Likewise, the Political Constitution also compels the State to guarantee dignified and sufficient means of subsistence for all its inhabitants, while seeking an appropriate distribution of the wealth generated.

In that context, the Public Administration (Administración) must foster the sustainable use of natural resources, thereby enabling the country to develop economically without compromising environmental integrity. Fishing and aquaculture are lawful economic activities of great importance to the population’s food security, generating considerable benefits for those engaged in them and for the country; however, because of the fragility and importance of the environment in which they are conducted, they must be subject to strict regulation. It is also necessary to protect public assets, particularly the aquatic biological resources belonging to the Nation as public property (bienes públicos) (judgment No. 2006-001109 at 09:40 hours on February 03, 2006).

VII.On the specific case. The appellant (recurrente) alleges the use of fish aggregating devices, known as FADs or anchored “plantados” at sea, which are used in sport and tourism fishing despite not being legally authorized.

In this regard, Nombre3504 denies having authorized a tournament that expressly or implicitly contemplated the use of anchored “plantados” or FADs as a fishing technique. It has also been established that the regulations currently in force prohibit the use of floating “plantados” for purse-seine tuna fishing (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99). It must also be noted that two inspections found no submerged objects at the coordinates identified by the appellant. Specifically: 1) On June 12, 2025, the first inspection was conducted at coordinate 1 identified by the complainant (08°03.235N, 083°53.2190), with the participation of officials from Nombre3504 and the Servicio Nacional de Guardacostas, but no buoys, floating objects, or signs of biological activity attributable to submerged “plantados” were detected. 2) On June 26, 2025, during the second inspection conducted at the coordinates reported by the petitioner (08°03.235N, 083"53.219O and 07°53.328N, 084°00.4590), using a vessel with greater range, no floating or submerged devices were found; only a yacht engaged in trolling around one of the points was observed, which does not constitute evidence that “plantados” exist.

In addition, both inspections were reported to the Fiscalía de Protección Ambiental de Osa in criminal proceeding No. Telf7212, which is currently closed by the Prosecutor’s Office pursuant to the decision issued at 07:15 hours on October 16, 2025, because, based on the evidence submitted, the prosecutorial authority was unable to establish the existence of these devices or identify an alleged responsible party.

Nevertheless, it is true, first, that both inspections were admittedly conducted without diving or using any specialized sonar equipment, because Nombre3504 does not have such resources. Accordingly, at the request of the Ministerio Público, the Dirección de Nombre91437 (Comisionado de Guardacostas) was asked on June 30, 2025 whether it had such equipment, but it has not yet responded. Second, in subsequent filings, the appellant identifies other coordinates where he claims there are additional devices and provides internet links through which tourism-fishing operators promote fishing over FADs and seamounts in the country. Nombre3504 acknowledges the foregoing, since on October 15, 2025 it filed a complaint with the OIJ stating that a search of social media had revealed, on the FACEBOOK social network, the sale of fishery products or unauthorized fishing tours, and identifying points of contact that it considered highly important and necessary for interinstitutional action regarding those sales in order to influence their consumption and bring such conduct into compliance with the regulations currently in force (see the documentary evidence submitted with the second report filed in response to evidence requested by this Chamber to better adjudicate the matter (prueba para mejor resolver)).

On repeated occasions, this Court has had the opportunity to address the precautionary principle (principio precautorio), or indubio pro natura, which is essential to safeguarding the right to a healthy and ecologically balanced environment pursuant to Article 50 of the Political Constitution. In this regard, in decisions Nos. 14180-10 at 14:35 hours on August 25, 2010, and 108889-11 at 15:22 hours on August 16, 2011, as reiterated in judgment No. 2019-012746 at 12:11 hours on July 10, 2019, the Chamber stated the following concerning the matter at issue:

“IV.- On the precautionary principle (principio precautorio) and sustainable development (desarrollo sostenible). In addition to the foregoing, in resolving this matter it is important to take into account two principles of particular relevance in environmental matters: the precautionary principle and the principle of sustainable development. As to the former, it should be noted that this Chamber has recognized that the protection of our natural resources requires a preventive approach, under which the State must provide for everything necessary—within the scope permitted by law—to prevent irreversible damage to the environment. This is also known as the principle of ‘prudent avoidance,’ set forth in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states:

“Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there is a danger of serious and irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” Accordingly, action must be taken in advance to avoid the adverse effects of a project and to ensure the protection, conservation, and proper management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention (principio rector de prevención) is based on the need to take and implement all precautionary measures necessary to prevent or contain possible harm to the environment or human health. Thus, where there is a risk of serious or irreversible harm—or uncertainty in that regard—a precautionary measure must be adopted, and the activity in question may even be postponed.

This is because, in environmental matters, ex post coercive action is ineffective, since once biologically and socially harmful consequences have already occurred, punishment may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment.” Against this backdrop, and primarily because of the existing uncertainty, this Chamber, on the basis of the precautionary principle, considers that the relief sought by the appellant must be granted, since the fact that Nombre3504 did not authorize it does not mean that it is not being carried out. This is particularly so because compelling evidence of its execution has been submitted. Moreover, Nombre3504 acknowledges that the inspections in question, which it claims found no floating or submerged devices, were not even conducted using the equipment deemed appropriate, at least divers. In addition, Nombre91437 was asked whether it had such equipment, and it is stated that more than four months have passed without a response.

Those actions are insufficient to address the problem reported by the appellant, particularly since even the Director General of the Maritime-Port Division of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes reports that the entity he represents bears no responsibility for the alleged acts, disregarding the protection that the State must provide to the environment as a whole.

VIII. Conclusion. Accordingly, the appeal is granted, with the effects indicated in the operative portion

IX.INDIVIDUAL REASONS OF JUSTICES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL REGARDING CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MATTERS, DRAFTED BY THE LATTER.

Although we agree with the majority of the Court that the sub judice matter should be granted, we consider it appropriate to make the following determinations regarding constitutional principles in environmental matters.

Concerning the preventive principle (principio preventivo) and the precautionary principle, in judgment no. 2021024807 at 9:20 on 5 de noviembre de 2021, this Chamber stated:

“In this regard, specialized legal scholarship has noted that the preventive principle requires that, when there is certainty of possible environmental harm, the harmful activity must be prohibited, limited, or made subject to compliance with certain requirements. In general, this principle applies when risks are clearly defined and identified as at least probable; likewise, it is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but sufficient grounds exist to anticipate potential adverse impacts. The precautionary principle, in turn, provides that where there is a danger of serious and irreversible harm, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. It follows from the foregoing that the principle is premised on reasonable scientific uncertainty combined with the threat of serious and irreversible environmental harm.

In general terms, a material distinction between the preventive principle and the precautionary principle lies in the degree of knowledge and certainty regarding the risks posed by an activity or project. Whereas such certainty exists under the former, under the latter there is a state of uncertainty resulting from scientific information or technical studies (…)” Specifically, the precautionary principle must be understood as provided in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “Where there is a danger of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” In other words, this does not entail requiring scientific studies in order to reach ‘absolute certainty’ that an activity is harmless to the environment (in principle, complete assurance is scarcely attainable); rather, it means that even if the danger of serious or irreversible environmental harm is not fully established, such uncertainty can never justify or excuse delaying the implementation of effective measures to prevent environmental degradation.

In this respect, it should be noted, first, that not just any type of threat is involved, since it must plausibly entail a serious danger, and, second, that the measure requires the effective and efficient use of the resources employed. Consistent with this view, although the precautionary principle is linked to a certain degree of scientific uncertainty, this does not mean that it may be applied without restriction on the ground that any activity could cause environmental harm, which would distort its purpose. Rather, there must be some degree of identification of the dangers of serious or irreversible harm that could arise, the determination of which varies according to the particular circumstances of the specific case. Thus, when a situation requires application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or modification that reasonably entails a serious risk; they are even required to suspend ongoing activities. At the same time, they must efficiently and effectively adopt all measures required to preserve a healthy and ecologically balanced environment.

That principle is likewise embodied in a source of hard law, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change, ratified by Costa Rica through Law no. 7414 of 13 de junio de 1994 and by all OEA Member States, provides:

“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent, or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to address climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To that end, such policies and measures should take into account different socioeconomic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks, and reservoirs of greenhouse gases, and encompass all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties.” The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which has been ratified by 32 OEA Member States, including Costa Rica. In this regard, see Law no. 8538 of 23 de agosto de 2006, which reads:

“ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary approach enshrined in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)”.

Likewise, that principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OEA Member States, including Costa Rica, through Law no. 7416 of 30 de junio de 1994, whose preamble provides: “(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent, and attack at source the causes of significant reduction or loss of biological diversity. Noting also that where there is a threat of substantial reduction or loss of biological diversity, lack of unequivocal scientific evidence should not be invoked as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)”.

Consistent with the aforementioned regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also addressed the precautionary principle in Advisory Opinion OC 23/17 of 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle to protect the rights to life and personal integrity in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible harm to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible harm. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle and, accordingly, even in the absence of scientific certainty, must adopt measures that are ‘effective’ in preventing serious or irreversible harm.” Subsequent to that decision, and by means of a judgment in Indigenous Communities Members of the Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) v. Argentina, the IDEH Court ruled on 6 de febrero de 2020 as follows: “the right to a healthy environment ‘must be deemed included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,’ given the States’ obligation to achieve the ‘integral development’ of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33, and 34 of the Charter.” Of great significance, it should be emphasized that, in this ruling, the Inter-American Court of Human Rights (Corte IDH) refers to advisory opinion no. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of that right, as a result of which the legal considerations set forth in the latter have logically acquired the legally binding force inherent in a judgment.

Along these lines, the international court reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humankind,’ and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding risk to individual persons. It concerns protecting nature,’ not only because of its ‘utility’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but because of its importance to the other living organisms with which the planet is shared.’ The foregoing does not preclude, of course, the possibility that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage (daño ambiental).” Specifically, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Corte IDH sets out with complete clarity the obligations of States in the face of possible harm to the environment, such as the duty of prevention (deber de prevención), the precautionary principle (principio de precaución), the obligation to cooperate, and access to information.

In short, application of the precautionary principle (principio precautorio) means that when there are indications that a particular activity could plausibly cause serious and irreversible harm to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence concerning such potential harm does not relieve the obligation to adopt all efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.ccc With regard to the preventive principle (principio preventivo), the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of 30 de noviembre de 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of 10 de mayo de 2018 (no. A/72/L.51), conceptualizes it as a normative guideline of customary international law (derecho internacional consuetudinario) “confirmed by the relevant practice reflected in many environmental treaties and major codification projects.” Although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm (daño transfronterizo), the fact is that this general principle of law, as aptly stated in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’) (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session no. 28-2020 of 25 de mayo de 2020), has a much broader scope because, as a hermeneutic guide (guía hermenéutica), it dictates that “the causes and sources of environmental problems shall be addressed as a priority and in an integrated manner, seeking to prevent any adverse effects that may be produced upon the environment.

The criterion of prevention shall therefore prevail over any other criterion in the public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing makes perfect sense, since it is consistent with the duty to prevent environmental damage from occurring, rather than merely deciding on reparation for harmful consequences that have already been confirmed, including by ordering that the harmful effects be halted. ccc This legal doctrine (instituto) is reflected, among other provisions, in Articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law no. 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law no. 8059), as well as in constitutional case law (see judgments nos. 2021024807 at 9:20 on 5 de noviembre de 2021 and 2018016383 at 17:00 on 28 de setiembre de 2018, among many others) and treaty-based case law, for example, advisory opinion no. OC-23/17 of 15 de noviembre de 2017, paragraphs 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242, and the judgment of 24 de noviembre de 2022 in Nombre78923 v. Chile. Specifically, in the latter, the Corte IDH expressly states:

“208. Without prejudice to the foregoing, specifically in environmental matters, it should be emphasized that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law and entails the obligation of States to implement the necessary measures before environmental damage occurs, bearing in mind that, because of its particular characteristics, it will often be impossible to restore the previously existing situation after such damage has occurred. By virtue of the duty of prevention, the Court has stated that ‘States are obliged to use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the [...] environment.’ This obligation must be fulfilled in accordance with a due-diligence standard (debida diligencia) that is appropriate and proportionate to the degree of risk of environmental damage.

Moreover, although it is not possible to provide a detailed enumeration of every measure that States could adopt to fulfill this duty, certain measures concerning potentially harmful activities may be identified: i) regulating; ii) supervising and monitoring; iii) requiring and approving environmental impact studies (estudios de impacto ambiental); iv) establishing contingency plans; and v) mitigating when environmental damage occurs.” For its part, the in dubio pro natura principle (principio in dubio pro natura) means, according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Environmental Rule of Law’ (‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’), that “in cases of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. No actions shall be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see Principle V).

Following the same approach, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’) (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session no. 28-2020 of 25 de mayo de 2020), “Every person applying environmental rules must always bear in mind the pro-nature principle (principio pro naturaleza), pursuant to which risks shall be avoided, general collective interests shall be given priority over private interests, preservation of the environment shall be favored, and, in cases of doubt, preference shall be given to the interpretation that protects the environment most broadly.” An evolution of the foregoing has led to the establishment of the “pro natura principle” (“principio pro natura”), in which the “in dubio” component is set aside, thereby broadening its scope of application to cover situations in which legal uncertainty does not necessarily exist.

Thus, application of the pro natura principle does not depend on the existence of a danger of serious or irreversible harm—as is the case with the precautionary principle—but instead entails a “general rule of conduct governing the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to every area of decision-making in which there is a risk of harm to the environment, and requiring us to refrain from choosing forms of conduct that may cause environmental harm when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).

The Inter-American Court of Human Rights referred to this principle for the first time in Advisory Opinion OC-32/25 of 29 de mayo de 2025, in which it determined that, within the framework of protecting nature as a rights-bearing subject (sujeto de derechos), the pro natura principle must be interpreted harmoniously with the pro persona principle (principio pro persona). Likewise, the Corte IDH linked the pro natura principle to other procedural principles (principios procesales), namely, “the principles of availability of evidence, procedural cooperation, pro persona (...) and pro actione,” as part of the evidentiary rules (reglas probatorias) to be applied in connection with the right of access to justice.

In short, the pro natura principle establishes that, in any legal dispute, the interpretation that best promotes the protection of nature and the full enjoyment of environmental rights must always prevail, even when there is no uncertainty. This hermeneutic guideline must be followed in every relationship among the State, society, and the environment, so that the solution that best protects or most favors nature is always chosen.

Furthermore, in judgment no. 2012013367 at 11:33 on 21 de setiembre de 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression (principios de progresividad y de no regresión) in environmental matters as follows:

“V. On the principles of progressive realization (progresividad) and non-regression (no regresión) in environmental protection. The principle of progressive realization of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these provisions, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent permitted by its capabilities and development, the levels of human-rights protection, with special consideration for those rights—such as the right to the environment (Article 11 of the Protocol)—that require multiple affirmative actions by the State to ensure their protection and full enjoyment by all rights holders.

The principle of non-regressivity (no regresividad), or the irreversibility of benefits or protections already attained, derives from the principle of progressive realization of human rights and the principle that rules may not be applied retroactively to the detriment of acquired rights (derechos adquiridos) and consolidated legal situations (situaciones jurídicas consolidadas), as enshrined in Section 34 of the Constitution. This principle serves as a substantive guarantee of rights—in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment—under which the State is required not to adopt measures or policies, or enact legal rules, that, without reasonable and proportionate justification, worsen the level of protection that those rights have attained. This principle does not entail absolute irreversibility, since all States experience domestic situations of an economic, political, or social nature, or situations caused by nature, that adversely affect the achievements made up to that point and require the new level of protection to be revised downward.

In such cases, the Law of the Constitution and the principles under examination require any reduction in protection levels to be justified in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality. In this regard, the Constitutional Chamber has stated in its case law concerning the right to health: ‘…under the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, measures that diminish the protection of fundamental rights are prohibited. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of broadening access to medicines, it cannot—and much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restrictive under the pretext of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07).’ With respect to the right to the environment, it stated: ‘The foregoing constitutes an evolutionary interpretation of environmental protection in accordance with the Law of the Constitution, which does not permit regression to its detriment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (Emphasis does not appear in the original).

(See also Judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397).” Accordingly, under the principle of progressive realization, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of human-rights protection, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. In turn, application of the principle of non-regression constitutes a guarantee that compels the State to refrain from adopting measures, policies, or rules that, without reasonable and proportionate justification, worsen the level of protection already attained for fundamental rights and, where applicable, requires the corresponding compensatory measures (medidas de compensación) to be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) as follows:

“With respect to the environment, the object of the fundamental right described above, our Constitution also requires that it be ‘healthy.’ The requirement that it be ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ (capacidad regenerativa) and ‘successional capacity’ (capacidad de sucesión) as necessary to sustain life. From both requirements—‘healthy’ and ‘balanced’—arises the need for sustainable development (desarrollo sostenible y sustentable); quality of life and environmental quality depend on it. Through the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ and ‘ecologically balanced,’ the constitutional provision introduced science and technology into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, pursuant to Sections 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, State actions in environmental matters must be grounded in, and may not contradict, the unequivocal rules of science and technology, in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, ‘greater well-being for all inhabitants of the country.’ Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technology, the Chamber has termed this the principle of objectification of environmental protection: ‘Objectification of environmental protection (…) is a principle that cannot in any way be confused with the preceding principle [the precautionary principle (principio precautorio), or “principle of prudent avoidance” (principio de la evitación prudente)], because, as a principle derived from Sections 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it entails the need to support decision-making in this field with technical studies, both in relation to individual measures and to provisions of general application—whether statutory or regulatory.

From this arises the requirement of adherence to science and technology, which constrains the Administration’s discretion in this area. Accordingly, in view of the results of those technical studies—such as environmental impact studies (estudios de impacto ambiental)—if objective technical criteria reveal the likelihood of manifest harm to the environment, natural resources, or human health, the proposed project, work, or activity must be rejected; and where there is “reasonable doubt,” decisions must be made in favor of nature (pro-nature principle (principio pro-natura)), which may entail the adoption of both compensatory and precautionary measures in order to adequately protect the environment.’ (Judgments of the Constitutional Chamber Nos. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)” (emphasis added). (Decision No. 2012-13367, issued at 11:33 hours on September 21, 2012).

In the case under review (sub examine), the violation of fundamental rights has been established due to the failure of the respondent authorities to act diligently, promptly, and in coordination to prevent fishing activities that use fish aggregating devices (dispositivos agregadores de peces) secured to the seabed with large concrete weights. On this point, it should be noted that, under the precautionary principle, the lack of absolute certainty that this type of activity is being conducted in the manner alleged in this case—which, in any event, stems from the respondent authorities’ own inaction in carrying out the corresponding inspections with the necessary technical equipment—does not relieve them of their obligation to adopt efficient and effective measures to prevent harm to the environment, since in the present case (sub lite) there is sufficient evidence that such activity could cause serious and irreversible environmental damage.

X.Justice Castillo Víquez dissents and would deny the petition. Unlike the majority, I consider that the constitutional protection proceeding (amparo) should be dismissed for the following reasons. As acknowledged in the judgment, Nombre3504 denied under oath having authorized any tournament that expressly or implicitly contemplated the use of anchored fish aggregating devices, or FADs, as a fishing technique. Indeed, the regulations currently in force prohibit the use of floating fish aggregating devices for purse-seine tuna fishing (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99). Moreover, during the two inspections conducted at the locations identified by the petitioner, no submerged objects were found at the coordinates he provided. Based on the foregoing, in the undersigned’s view, the mere fact that, in a subsequent filing, the petitioner submitted internet links through which recreational fishing operators unlawfully promote fishing around FADs and seamounts in the country does not necessarily warrant attributing to the Administration the intention of third parties to violate the law in the future.

The Administration certainly has a duty of ongoing oversight to ensure that the laws are not violated, but I consider that the precautionary principle cannot be taken to such unreasonable and disproportionate extremes as sanctioning the Administration for third parties’ intentions to violate the law in the future, when it has not been shown that any such violation occurred, much less that it occurred with the respondents’ consent or prior knowledge. In this case, I believe the precautionary principle should be applied so that, once the Administration is shown to have knowledge of such intentions, it must then adopt oversight and preventive measures to keep that situation from occurring; it should not, however, be sanctioned in an amparo proceeding for an event that has not been verified, of which it has not been shown to have had prior knowledge, and which it has certainly not been shown to have authorized.

Otherwise, the absurd result would be that the Administration could be sanctioned for every danger arising from a third party’s mere intention to violate an environmental law or from the online publication, through any medium, of an intention to do so. For these reasons, I depart from the majority, deny the petition, and caution the respondent that, from this point forward, now that it has learned through this amparo proceeding of what those third parties published, it must adopt the investigative, oversight, and preventive measures necessary to prevent their objective from being carried out.

XI. PARTIAL DISSENTING OPINION OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO

Protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, under the Costa Rican legal system, is guaranteed not only by Article 50 of the Political Constitution, but also by a series of laws and executive decrees (regulations) currently in force, such as the Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; the Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; and Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to name only a few. This makes it necessary, in environmental matters, to distinguish constitutional review (control de constitucionalidad) from legality review (control de legalidad). In this regard, it is the undersigned Justice’s view that, through an application for amparo relief (recurso de amparo), this Chamber should hear a matter alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment only if the Administration has not yet intervened and the violation of that right is manifest and evident, readily ascertainable, of a certain significance or seriousness, and directly affects a particular person or community.

Otherwise, the matter must be raised and litigated through legality review proceedings (vía de legalidad). Accordingly, mere noncompliance with obligations and duties legally imposed upon the various public administrations in environmental matters is properly heard through administrative or judicial legality review proceedings, where the alleged instances of noncompliance or omissions may be examined far more comprehensively. It must be borne in mind that amparo proceedings (proceso de amparo) are summary, informal, simple, and expeditious; therefore, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter in the exercise of its powers and conducts a proceeding culminating in the issuance of administrative acts (actos administrativos), review of the matter falls outside the scope of this specialized jurisdiction. Thus, review of administrative actions taken in connection with an environmental matter which, for proper assessment, requires plenary proceedings (proceso de conocimiento pleno) is possible only in the ordinary jurisdiction, since the design of amparo proceedings is incompatible with comparing or reviewing technical or legal criteria developed pursuant to the laws or regulations in force, or with taking new and more extensive evidence needed to compare or review the criteria already contained in the administrative case file (expediente administrativo) for the matter.

The contrary would entail transforming amparo into ordinary plenary proceedings, thereby distorting its nature and frustrating the purposes for which it was designed, with the result that it would lose its status as an instrument for the effective protection of fundamental rights. Consequently, I consider that when a public entity or body has intervened in various ways, or has issued administrative acts in connection with an environmental matter, review and oversight thereof fall within the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso-administrativo). It is precisely verification of the existence of such administrative intervention that determines that the matter falls within the jurisdiction of legality review proceedings. Consequently, this application should have been summarily dismissed with respect to this issue, since its subject matter is a question properly litigated, analyzed, and decided through legality review proceedings.

However, because this was not done, the appropriate course is to deny the application without ruling on the merits of the issue raised, since it falls to the ordinary jurisdiction—and specifically the contentious-administrative jurisdiction—to determine whether the challenged administrative acts and conduct substantively comply with the provisions of the legal system having the force of law regarding the protection, safeguarding, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

XII.Documentation submitted for inclusion in the case file. The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computerized, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, such items must be collected from the Court within a maximum period of thirty business days from service of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period shall be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

The application is granted. Verny Gerardo Jiménez Rojas, Nelson Peña Navarro, and Juan Carlos Alvarado Quesada, respectively in their capacities as Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, and Director General del Servicio Nacional de Nombre91437, or whoever holds those offices, are ordered to issue the appropriate directives and take all actions within the scope of their powers so that, within three months from service of this judgment, the fishing practice involving the use of FADs, or fish aggregating devices (Dispositivos agregadores de peces), anchored to the seabed with large concrete weights, is prevented. The respondents, or whoever holds their offices, are advised that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in amparo proceedings that the person is required to comply with or enforce, and fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.

The State is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement proceedings (ejecución de sentencia) before the contentious-administrative jurisdiction. Justices Cruz Castro and Rueda Leal set forth separate reasons concerning constitutional principles in environmental matters. Justice Castillo Víquez dissents and would deny the application. Justice Salazar Alvarado dissents and would deny the application insofar as it concerns the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Let notice be given.

Fernando Castillo V.

Presiding Justice Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Aracelly Pacheco S.

*5E3AQVYGZ0I61* Telephone numbers: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).

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*250218560007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-021856-0007-CO, interpuesto por Nombre91436, mayor. cédula de identidad CED51677, contra la División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y el Servicio Nacional de Nombre91437 del Ministerio de Seguridad Pública.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:53 horas del 25 de julio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT-, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura -INCOPESCA- y el Servicio Nacional de Nombre91437 del Ministerio de Seguridad Pública y expresa que los dispositivos agregadores de peces han evolucionado desde un simple tronco a la deriva, cuya sombra proporciona refugio a especies de peces que atraen a otras especies depredadoras, pasando por artefactos flotantes artificiales, construidos con estructuras de pvc, redes y textiles de cobertura, muy utilizados por la pesca de atún de altura, ubicados con balizas para su localización. Al agregar peces, agrega también atunes y este fenómeno es utilizado por la pesca de atún de cerco, práctica conocida como pesca de atún sobre plantados.Más recientemente se encuentran artefactos más elaborados y diseñados para pesca deportiva, esta vez artefactos fijos, consistentes en una pesa de concreto de alrededor de una tonelada denominada popularmente como “queso”, la cual se arroja al fondo marino para anclar un cable que sostiene a su vez una boya sumergida normalmente a unos 20 o 40 pies de profundidad (6 a 12 mts), en combinación con redes viejas, mallas u otros elementos que al dar sombra, sirven para que los peces se agreguen a su alrededor y con ello atraigan a especies de interés como atunes o picudos. Costa Rica ha prohibido la pesca de atún sobre plantados en el acuerdo de Nombre3504 A.J.D.I.P./241-99. Tal disposición versa sobre la pesca de atún de cerco practicada por las embarcaciones de grandes dimensiones, pesca regulada a partir del artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuacultura No. 8436. Esta pesca es practicada enteramente por embarcaciones internacionales por no tener el país ninguna embarcación.En el acuerdo de Junta Directiva citado, para la fecha, el concepto de plantado prohibido, sólo contempla el plantado flotante usado por la pesca de atún. Actualmente, además, la LPA en su artículo 60 prohíbe la operación de estos barcos dentro de las primeras 80 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva. De manera que esta amplia zona de nuestra Zona Económica Exclusiva, conocida por su riqueza de atún y picudos (marlin, pez vela) y otras especies de interés como dorado, queda entonces técnicamente carente de regulación sobre plantados, precisamente por quedar sin regulación la última versión de plantado anclado antes descrita. A partir del 2008 aproximadamente, muchas iniciativas privadas de pesca deportiva (marinas, operadores de pesca deportiva y operadores de pesca comercial) han desarrollado una amplia práctica para la instalación de FADs o plantados de nueva generación, orientados a la pesca deportiva, esto es, artefactos anclados al suelo marino mediante una pesa de cemento de hasta una tonelada, la cual sostiene un cable que ancla una boya mediante un cable de acero, boya normalmente metálica que queda fijada a unos 20 o 40 pies (6 a 12 mt) de profundidad.Normalmente este tipo de instalación submarina se bota a unas 20 o 40 millas náuticas de la costa, para el caso, a partir de Herradura, de Quepos o bien de la península de Osa, en zonas poco profundas (zonas de mesetas hundidas), las cuales son suelos bentónicos con mucha biodiversidad y los cuales, dadas sus características, son llamados montes submarinos o “seamounts” en inglés, concepto que podría ser correcto en la parte sur del país, al ser estas formaciones geológicas, parte de la cadena de montes submarinos. Se evidencian dos impactos, el primero la alteración de los fondos marinos de estas estribaciones sumergidas, merced de los pesos que se lanzan al fondo y el más importante, el impacto pesquero ejercido por los operadores de pesca turística que concentran su esfuerzo pesquero en zonas determinadas alrededor de las instalaciones. Impactos realizados sobre un ecosistema diverso, pero de suma fragilidad e importancia para el pacífico costarricense.Esta configuración de FAD o plantado, permite establecer con precisión la posición del mismo, con ayuda de GPS, con lo cual, quienes han colocado el artefacto saben que pueden ir a pescar debido a la agregación de peces que se genera por la sombra. Debido a que no están explícitamente regulados, se usa normalmente el término “FAD” y también recientemente se utiliza el término “pesca en montes submarinos” o la combinación en inglés de ambos: “FAD Seamounts”. Así, innumerables anuncios de pesca deportiva en Costa Rica tanto en la zona de Quepos (Marina Los Sueños) como las marinas de Quepos y las distintas iniciativas de pesca deportiva anuncian este tipo de pesca como un atractivo para la pesca turística. Claramente a las marinas y operadores les interesa lograr que sus usuarios, normalmente turistas extranjeros con poco tiempo disponible, logren un viaje de pesca “exitoso” es decir, que puedan lograr pescar varios ejemplares, y este tipo de artefactos les brindan una pesca segura en un tiempo récord.Los agregadores de peces generan un impacto importante al cambiar el normal comportamiento de las poblaciones de peces pelágicos. Generan artificialmente una sombra que atrae a las especies pequeñas y tras de ellas vienen peces de mayor tamaño. Al estar concentrados y practicar sobre ellos ya sea la pesca deportiva o turística, o bien, la pesca comercial, se genera un impacto mucho mayor y en menor plazo sobre los ecosistemas marinos y con ello una mucho mayor afectación, además que la colocación de estas instalaciones afecta con su peso el lecho marino, además de generar ventajas pesqueras para quienes lo financian, en detrimento de quienes pescan libremente. Además de la oferta abierta de operadores de pesca deportiva (hoteles, marinas, empresas o individuos dedicados a la pesca turística) para venir a pescar en “FAD seamounts”, es decir, para pescar alrededor de estos plantados, las marinas constantemente están organizando torneos de pesca, muchos de los cuales incluyen la pesca sobre plantados o FADS, torneos que deben ser aprobados y autorizados por el INCOPESCA, institución que, hasta la fecha, no ha reparado en el uso de esta técnica, dejando una actividad sin regulación que claramente afecta ecosistemas vulnerables.Agregado a la pesca turística (marinas, operadores comerciales de empresas o individuales) muchos operadores de pesca deportiva (dueños de yates ubicados en las marinas) también usan la geolocalización de los plantados que les ofrecen las marinas, para realizar actividades de pesca. Al no haber ningún tipo de regulación, es decir, al no estar permitidos, interpretando el derecho ambiental en favor de la naturaleza, esto es, en sentido restrictivo, técnicamente están prohibidos y al ser usados como parte de las artes pesqueras, todo tipo de pesca derivada de estas instalaciones sería pesca ilegal. No obstante, a falta de una norma clara, resulta difícil para el SNG, para Nombre3504 o bien para las fiscalías de zonas portuarias, tramitar alguna denuncia relacionada con esta práctica, puesto que no podrían ser claramente tramitados al amparo los art. 142, 147 148, 150 todos de la LPA. No es posible establecer con certeza la cantidad de plantados anclados que existen, pero en más de 15 años de práctica, puede esperarse que sea considerable.No existe control alguno, trámite o permiso conocido para la utilización de estas instalaciones. No existe regulación que permita la utilización del recurso pesquero en estas condiciones. Tal vacío, claramente contrario a la legalidad y por años permitido por el Nombre3504 que claramente conoce de la práctica, ciertamente beneficia a la actividad de la pesca turística, pero a costa del recurso vulnerable del país. No existe ningún estudio, informe o criterio del Nombre3504 al respecto de esta práctica, lo cual evidencia un pésimo manejo de la actividad. Un agravante importante agregado es el hecho que, al estar a escasa profundidad (unos 20 pies o 6 metros) y ubicarse entre 20 y 40 millas náuticas de la costa, las instalaciones denominadas plantados o “FADSseamounts” podrían comprometer la navegación de las grandes embarcaciones internacionales. Téngase en cuenta que un barco de carga internacional puede tener un calado de 50 pies o más, es decir, unos 16 metros.Tanto la boya como el cable al no estar advertidos dentro de las rutas como obstáculos, podrían comprometer las hélices, generando problemas importantes de navegación. No obstante no existe ninguna regulación de vías marinas de la División Marítima del MOPT al respecto, ni ninguna disposición para el auxilio del Servicio Nacional de Nombre91437 en el control de estas instalaciones subacuáticas. No existe por parte del Nombre3504 ni de la División Marino Portuaria del MOPT, ningún criterio respecto del uso extensivo ya de esta práctica pesquera, de su impacto o peligro para los ecosistemas o para la navegación. Tampoco existe ningún estudio por parte del Nombre3504 que permita medir el impacto o beneficio de esta práctica en los ecosistemas marinos que afecta tanto los presentes en la columna de agua, como los ecosistemas bentónicos debido al peso de los llamados “quesos” o bloques de hormigón que se hunden en distintas localidades, todo lo cual nos lleva a pensar que se vulnera, además, el principio precautorio.Con la utilización libre y no regulada de los FADs o agregadores de peces, por parte de las empresas de pesca turística, marinas, operadores individuales o los operadores de pesca deportiva, ya sea de forma directa o bien a través de torneos de pesca, se violentan groseramente principios constitucionales como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, así como el artículo 89 de la carta magna, relacionado con la protección de las bellezas naturales y en tanto es una práctica de pesca no regulada, violenta el artículo 41 constitucional al impedir tal omisión normativa el desarrollo de acciones legales para sancionar las infracciones. En este sentido es claro el criterio constitucional contenido en la sentencia 10540-2013 en la cual la Sala Constitucional que establece tanto las obligaciones del Estado, para el caso las instituciones referidas, como la inteligencia de que estamos claramente ante una problemática ambiental.De esta manera queda meridianamente claro que en materia de uso y manejo de recursos pesqueros y ecosistemas marinos corresponde al Estado regular, proteger y conservar los recursos, encomienda constitucional que claramente no está cumpliendo ninguna de las instituciones recurridas, por cuando, hasta la fecha, los FADs o plantados se han instalado sin ningún pronunciamiento, regulación o criterio institucional y son los privados quienes hacen uso de estas instalaciones, contando incluso con aprobación de sus actividades, como es el caso de los torneos de pesca, licencias de pesca deportiva o turística o incluso con la aprobación de los desembarcos de producto pesquero por parte de la pesca comercial. Claramente, a la luz de las fuentes citadas, la práctica ya común de los distintos operadores de pesca turística y pesca deportiva entre otros, tendientes a colocar a su libre disposición los llamados FADs o agregadores de peces o instalaciones ancladas para la agregación de peces, con la finalidad de incrementar la eficacia de sus viajes de pesca, aunado a su promoción como atractivo de viajes y de torneos, resulta una práctica lesiva al principio de un ambiente sano y equilibrado, amén de ser una práctica contraria al principio de legalidad, puesto que la pesca, por ser una actividad –excepción sobre la vida silvestre (a tenor del art. 2 definición de vida silvestre de la ley 7317) es una actividad de obligatoria y estricta autorización de sus prácticas, es decir, se debe interpretar en sentido restrictivo, por lo cual lo que no esté explícitamente autorizado, deberá entenderse como prohibido, puesto que hablamos de recursos que son patrimonio natural del Estado, por tanto aplica plenamente el principio de legalidad.La pesca no es, por tanto, una actividad liberal y de libre acceso para todos y los operadores de pesca son usuarios debidamente autorizados, con artes autorizados y debidamente regulados, situación que en el caso de los FADs o plantados no ocurre y, convenientemente, Nombre3504 nunca ha querido regular esta actividad pese a que es de dominio público, como se demuestra en las publicaciones que se anexan, las cuales deben considerarse una muestra. Tampoco se ha regulado en tanto las instalaciones claramente resultan en un peligro para la navegación de grandes buques con calado mayor a los 30 pies (graneleros, portacontenedores, petroleros, etc.), porque la situación no ha sido objeto de estudio o regulación por parte de la División Marítima del MOPT. Consecuentemente, al no haber una regulación clara las prácticas no pueden relacionarse como contenido de los tipos penales 142,147, 149 a) de la Ley de Pesca y Acuacultura, limitando la acción del SNG o de las fiscalías ambientales de las zonas portuarias cercanas a las actividades.Tal situación violenta claramente el artículo 41 constitucional puesto que la actividad no puede ser denunciada como ilegal o tramitada como tal por la Administración o por el Poder Judicial. Así las cosas, solicita lo siguiente: "Con base en lo expuesto, existiendo una práctica pesquera, cual es el uso de FADS o Dispositivos agregadores de peces fijados con grandes pesos de hormigón a los fondos marinos, la cual el Nombre3504 y la División Marino Portuaria del MOPT han omitido regular y la cual no ha sido intervenida por el SNG respetuosamente se solicita. 1- Declarar inconstitucional el uso de dispositivos agregadores de peces conocidos como FADs seamounts como auxilio o recurso en la pesca ya sea como atractivo turístico para la promoción de la actividad o como uso a disposición de la pesca comercial. 2- Ordenar al Nombre3504 que en un tiempo prudencial de tres meses y antes de la próxima temporada alta de pesca, elaborar un acuerdo de Junta Directiva en el cual se prohíba todo tipo de dispositivos de agregación de peces o FADs o FADs – seamounts y se prohíba la promoción de actividades de pesca turística o deportiva en donde los agregadores de peces sean parte de la promoción. 3- Con base en ello, ordenar al Nombre3504 no emitir autorizaciones de torneos, u operaciones de pesca deportiva o turística o pesca comercial en donde los agregadores de peces o FADS -seamounts sean parte de la práctica. 4- Ordenar a la División Marino Portuaria del MOPT emitir una disposición prohibiendo la instalación de artefactos con boyas anclados a fondos marino por el peligro para la navegación nacional e internacional. 5- Ordenar al MOPT – SNG eliminar los agregadores de peces o FADS instalados cuyas coordenadas sean conocidas, así como proceder al decomiso de los elementos que sea posible extraer de los agregadores ya instalados (boyas, cables, balizas) y se prohíba el transporte o la instalación futura de tales dispositivos, por razones de seguridad de las vías marítimas".
  2. 2Mediante resolución de las 16:08 horas del 31 de julio de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Jefe de la División Marítima del Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT-, el director ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura -INCOPESCA- y el director del Servicio Nacional de Guardacostas, sobre los hechos alegados por la parte recurrente, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
  3. 3Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:46 horas del 05 de agosto de 2025, el recurrente manifiesta lo siguiente:

“Con el fin de aportar datos útiles, el suscrito Nombre91436, accionante en el presente proceso, se ha avocado a investigar la posición de las boyas o FADS instalados en este momento en aguas de la costa pacifica. Como es de esperar, tales datos son restringidos por quienes operan este tipo de pesca y hasta la fecha he podido dar con las siguientes posiciones, de manera que de resultar el Amparo en una declaración de inconstitucionalidad, estas posiciones y las que se puedan aportar, podrían incorporarse en una eventual orden de investigación o incluso de corte o desactivación de las mismas por parte de las autoridades correspondientes, (las primeras dos se aportaron con el escrito inicial) Posición 1:

Latitud 08° 03.245N Longitud 083° 531202 o Alcance 46.59 mn Derm 237°V Posición 2:

Latitud 07° 53'.308N Longitud 084° 00..457 o Alcance 58.36mn Derm 232°V Posición 3 Latitud 08° 03..289 N Longitud 083° 52'.595 O Posición 4 Latitud 08 20 262 N Longitud 085 28 199 o Posición 5 Latitud 08 31 782 N Longitud 083 56 00 O

  1. 4Informa bajo juramento Juan Carlos Alvarado Quesada, en su condición de Director General del Servicio Nacional de Nombre91437 (escrito presentado a las 13:35 horas del 06 de agosto de 2025) en los siguientes términos:

“HECHOS UNICO: Este Servicio Nacional de Guardacostas. NO tiene injerencia directa sobre las políticas de manejo, aprovechamiento. conservación y administración de los recursos marinos, por cuanto es una competencia legal atribuida al INCOPESCA. Así la Ley N°8436, de la Ley de Pesca y Acuicultura establece en sus artículos 12. 13 y 14 lo siguiente:

"Articulo 12. -El Nombre3504 será la autoridad ejecutora de esta Ley y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola que dicte el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las atribuciones otorgadas por ley a otras instituciones del Estado, las cuales necesariamente deberán coordinar con este Instituto lo referente al sector pesquero y de acuicultura.

Artículo 13. - El Nombre3504 ejercerá el control de la actividad pesquera y acuícola que se realice en aguas marinas e interiores y brindará asistencia técnica a la actividad acuícola en aguas continentales y marinas.

Artículo 14. - Las atribuciones del INCOPESCA, además de las ordenadas en la Ley No. 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, serán las siguientes:

  • a)Ejecutar las políticas relativas a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros y acuícolas, de acuerdo con las necesidades nacionales.
  • b)Establecer e implementar los sistemas de control necesarias y suficientes para determinar, fehacientemente, los datos de captura, esfuerzo pesquero, captura por unidad de esfuerzo y su desembarque en ¡os puertos nacionales...

En tal sentido es Importante aclarar a la honorable Sala Constitucional, que el Servicio Nacional de Guardacostas, en todo momento ha realizado sus funciones de resguardo y vigilancia del legítimo aprovechamiento de los recursos marino y costeros, siendo garantes del respeto por el ordenamiento jurídico costarricense, y en el presente caso nuestra actuación se ha enfocado en procurar que el aprovechamiento de los recursos marinos (en cualquier parte de país, y no solamente en la zonas indicadas por el recurrente sea Quepos, Golfito o cualquier otra) se realice de conformidad con las pautas emanadas por el INCOPESCA, y en acatamiento de lo dispuesto por el numeral 133 de la citada ley el cual refiere que:

“Corresponde a las autoridades del Servicio Nacional de Nombre91437 realizar los operativos tendientes a arrestar y decomisar bienes, equipo, anos de pesca o productos pesqueros utilizados para cometer delitos e infracciones contra la legislación pesquera u obtenidos como producto de tales hechos. Tanto las naves como los demás bienes serán puestos en forma inmediata a la orden de la autoridad judicial respectiva para lo que corresponda en derecho.

El Servicio Nacional de Nombre91437 actuará de oficio o a instancia de los inspectores acreditados de Nombre3504 o de terceros.

Para el mejor cumplimiento de los fines de esta Ley, el Nombre3504 establecerá los convenios o los mecanismos necesarios de coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas. Para tal efecto, el Nombre3504 podrá afectar los recursos presupuestarios que se necesiten”.

Para tal efecto es el Servicio Nacional de Nombre91437 realiza patrullajes de rutina y de control efectivo, a efecto de evitar cualquier infracción en contra del ambiente y de los recursos marinos. fortaleciendo el tema ambiental y de protección del recurso pesquero para nuestras futuras generaciones.

En cuanto a los hechos que se argumentan en el presente recurso de amparo, tal y como indique, este Cuerpo Policial no tiene injerencia en el establecimiento de las políticas establecidas por Nombre3504 para el aprovechamiento de los recursos pesqueros, así como de los permisos dados por el Nombre3504 para la autorización de torneos de pesca turística o deportiva, u operadores de pesca deportiva, turística o comercial, como tampoco la tenemos en la determinación de las artes de pesca permitidas o prohibidas, por ser todas ellas actuaciones propias de dicha entidad. Siendo una potestad exclusiva de dicha institución determinar si los dispositivos de agregación de peces o FADs-seamounts son o no autorizados.

Por lo anterior. nuestra función se enfoca en hacer cumplir los preceptos establecidos en nuestra ley constitutiva (Ley No. 8000, Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas), lo dispuesto al respecto en la Ley No. 7410 y sus reformas (Ley General de Policía), la Ley No. 8436 (Ley de Pesca y Acuicultura) y demás normativa relacionada, no olvidando el velar por el cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Junta Directiva de Incopesca, en lo que a esta materia respecta. dadas las facultades que la referida Ley de Pesca y Acuicultura le atribuye a dicha Junta Directiva.

En este sentido quiero aclarar que el Servicio Nacional de tiene una serie de competencias.

El artículo 2 de nuestra ley establece: "Son competencias del Servicio:

  • a)Vigilar y resguardar las fronteras marítimas del Estado y las aguas marítimas jurisdiccionales, definidas en el artículo 6° de la Constitución Política y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
  • b)Vigilar y resguardar las aguas interiores navegables del Estado.
  • c)Velar por el legítimo aprovechamiento y la protección de los recursos naturales existentes en las aguas marítimas jurisdiccionales y en las aguas interiores del Estado, según la legislación vigente, nacional e internacional.
  • d)Velar por la seguridad del tráfico portuario y marítimo, tanto de naves nacionales como extranjeras en las aguas jurisdiccionales del Estado.
  • e)Desarrollarlos operativos necesarios para rescatar a personas extraviadas o en situación de peligro en las aguas nacionales y para localizar embarcaciones extraviadas.
  • f)Velar por el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico nacional sobre las aguas interiores y las aguas marítimas jurisdiccionales del Estado, en coordinación con las autoridades nacionales competentes.
  • g)Colaborar con las autoridades administrativas y judiciales encargadas de proteger los recursos naturales, luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas, sustancias sicotrópicas y actividades conexas, así como contra la migración ilegal, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas.
  • h)Todas las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de sus fines legales y reglamentarios. " (lo subrayado es propio) De modo tal que si estamos en presencia de algún dispositivo que ponga en peligro la navegación segura y no cuente (el particular) con los permisos necesarios para realizar determinada actividad o aprovechamiento de recurso pesquero. estamos en la obligación de garantizar la navegación segura, según nuestras posibilidades reales (levantamiento, remoción u otros). Prueba de ello son los patrullajes que hemos realizado para la búsqueda de tales dispositivos, en compañía de personeros del INCOPESCA, ver reporte de viaje número 1605 (folios 250 y 251) correspondiente a la embarcación GC 38-10 y reporte de viaje número 2428 (folios 233 y 234) correspondiente a la embarcación GC 32-2.

En cuanto al procedimiento interno administrativo realizado por parte del Nombre3504 según su potestad administrativa, desconozco de las diligencias al ser un trámite de su competencia sin que esta Dirección5915, tenga injerencia alguna en dicha tramitología administrativa y en los resultados de la misma.

PETITORIA Por las razones de hecho y de derecho expuestas, solicito respetuosamente a esa honorable Sala Constitucional se declare sin lugar el presente recurso de amparo interpuesto en mi contra, toda vez que de mi parte a título personal o como Director General del Servicio Nacional de Guardacostas, no se han derivado actos que pudieran significar violación o lesión a normas legales o garantías constitucionales, señaladas por el recurrente”.

  1. 5Informa bajo juramento Nelson Peña Navarro, en su condición de Presidente Ejecutivo de Nombre3504 (escrito presentado a las 16:16 horas del 06 de agosto de 2025) en los siguientes términos:

“De la interposición del recurso.

En la interposición del recurso de amparo que nos ocupa, en términos generales el recurrente argumentó la omisión del Estado costarricense para regular el uso de Dispositivos Agregadores de Peces, conocidos como FADs o "plantados" anclados en el mar, los cuales según denuncia que en apariencia son empleados en pesca deportiva y turística.

Competencias institucionales INCOPESCA, creado mediante la Ley N.° 7384 y regido por la Ley de Pesca y Acuicultura N.° 8436, es el órgano técnico encargado de la administración, regulación y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas del país. Si bien le compete dictar normativa y otorgar licencias en materia de pesca, las funciones relativas a seguridad de la navegación y control de estructuras en el mar corresponden al MOPT y al Servicio Nacional de Nombre91437 (SNG), conforme a sus competencias legales.

Esfuerzos institucionales y coordinación interinstitucional Contrario a lo que indica el recurrente, el Nombre3504 ha sido diligente y ha desplegado acciones concretas para verificar la posible existencia de dispositivos agregadores de peces en las coordenadas que él mismo aportó:

. Primera inspección: Realizada el 12 de junio de 2025, en la coordenada 1 señalada por el denunciante (08°03.235N, Telf7211), con participación de funcionarios de Nombre3504 y del Servicio Nacional de Guardacostas. No se detectaron boyas, objetos flotantes ni signos de actividad biológica atribuible a plantados sumergidos.

- Segunda Inspección: Realizada el 26 de junio de 2025, en ambas coordenadas reportadas por el actor (08°03.235N, 083"53.219O y 07°53.328N, 084°00.4590), utilizando una embarcación de mayor autonomía. Nuevamente, no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, únicamente se observó un yate realizando pesca en movimiento (troleo) alrededor de uno de los puntos, lo que no constituye prueba de la existencia de plantados.

Estas inspecciones fueron debidamente documentadas y comunicadas a la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa dentro del proceso penal en curso, evidenciando el compromiso institucional con la verificación de denuncias y la protección del recurso pesquero.

Sobre las afirmaciones del actor respecto a torneos de pesca El recurrente indica que Nombre91438 habría autorizado torneos que incluyen pesca sobre plantados. Este señalamiento carece de sustento por lo que se rechaza totalmente esta afirmación el Nombre3504 nunca ha autorizado un torneo que, expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca.

Las autorizaciones emitidas por Nombre3504 para torneos deportivos se limitan a licencias bajo las normas generales de pesca deportiva, sin incluir ni avalar prácticas como las descritas en el recurso.

En consecuencia, la afirmación del actor resulta falsa y sin respaldo probatorio, lo cual debilita sustancialmente la base fáctica del amparo interpuesto.

Existencia de proceso penal paralelo.

Cabe señalar que los hechos alegados por el actor ya han sido objeto de denuncia penal ante la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa, expediente que actualmente tramita el Lic. Camilo Flores Pacheco.

A la fecha de esta respuesta, el proceso no cuenta con acto conclusivo, lo que confirma que la investigación se encuentra en curso y que no existen determinaciones judiciales o administrativas que confirmen las aseveraciones del recurrente.

Ausencia de omisión arbitraria y falta de prueba del actor La regulación vigente ya prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99).

Respecto de los plantados anclados, se trata de una supuesta práctica emergente cuya regulación requiere estudios técnicos y coordinación interinstitucional. Sin embargo, debemos ser enfáticos en manifestar que esta práctica no es avalada ni autorizada por el INCOPESCA, para ninguna flota.

Además, consideramos que el actor no ha aportado prueba directa de la existencia de los plantados que denuncia, y las inspecciones realizadas resultaron negativas, lo cual demuestra que sus denuncias han sido atendidas.

En consecuencia, no puede sostenerse la existencia de una vulneración del derecho a un ambiente sano ni de otros derechos fundamentales invocados cuando no existe prueba contundente de que realmente estemos ante la presencia de estas estructuras en el fondo marino.

Conclusión

Este Instituto niega la existencia de una omisión arbitraria o violatoria de derechos fundamentales en la materia planteada. Por el contrario, se ha actuado con la debida diligencia en coordinación con otras instituciones competentes, verificando las denuncias presentadas y manteniendo la normativa pesquera vigente.

En ese giro, respetuosamente debe tenerse en cuenta por parte de esa Honorable Sala, que no existe por parte Administración recurrida dolo o una negativa expresa en brindar la información.

Por lo anteriormente expuesto se solicita el archivo del presente recurso, y la condenatoria en costas procesales para el administrado”.

  1. 6Informa bajo juramento Verny Gerardo Jiménez Rojas, en su condición de Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (escrito presentado a las 10:31 horas del 08 de agosto de 2025) en los siguientes términos:

“Primero: Mediante la Ley No. 3155 del 05 de agosto de 1963 y sus reformas, numeral 2 inciso c), g) siguientes y concordantes; así como en la Reforma Organizativa y Funcional de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dispone que:

“(…) c) Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y similares. Regular y controlar el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por vías de navegación interior. (…)”. (La cursiva no es del original) Segundo: Por su parte el Decreto Ejecutivo número 45103-MOPT denominado REFORMA PARCIAL ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DE LA DIVISIÓN MARÍTIMO-PORTUARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 42454-MP-MOPT, DEL 18 DE JUNIO DEL 2020 Y DEROGATORIA DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 40803-MOPT, DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017, del siete días del mes de julio del año dos mil veinticinco, dispone en su numeral 2 que:

“(…) Artículo 2. - Objetivo de la División Marítimo Portuaria: Dirigir el desarrollo y ejecución de los procesos relacionados con la gestión y fiscalización de proyectos y servicios de infraestructura náutica y la navegación y seguridad acuática; a través de la evaluación de proyectos náuticos, la fiscalización de los proyectos náuticos ejecutados por terceros, la seguridad acuática, la prevención de la contaminación acuática producto del transporte marítimo, la protección marítima y la regulación de procesos relacionados con la gente de mar, permitiendo con esto fortalecer el ejercicio de la rectoría del Ministro en el subsector marítimo portuario.”. (La cursiva no es del original) En cuanto a los hechos indicados por el señor Nombre91439:

Es menester exponer que no hay claridad en cuanto al término “Vías Marinas” utilizado por el recurrente, aspecto que es importante aclarar, por cuanto a la luz de lo dispuesto en la Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos, Ley No. 7744, del 19 de diciembre de 1997, se dispone en el ordinal 2, el concepto vías de acceso de la siguiente manera:

“(…) Artículo 2.- Definiciones: Para los efectos de la presente ley, se entenderá por marina turística el conjunto de instalaciones, marítimas o terrestres, destinadas a la protección, el abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las embarcaciones de recreo, turísticas y deportivas, de cualquier bandera e independientemente de su tamaño, así como a los visitantes y usuarios de ellas, nacionales o extranjeros; asimismo, comprende las instalaciones que se encuentren bajo la operación, la administración y el manejo de una empresa turística.

Se considerarán partes de una marina: los inmuebles, las instalaciones, las vías de acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada destinados, por sus dueños, a brindar servicios a la marina turística y que se hayan considerado en la concesión. Para afectar estos bienes es necesario que sus dueños acepten, en forma expresa, tal afectación, que deberá ser incorporada a la planificación del proyecto. Deberán cederse al Estado las áreas requeridas para usos públicos. La cesión será determinada por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (Cimat), que deberá considerar lo dispuesto por el plan regulador costero de la zona que se trate.

Se considerarán atracaderos turísticos: los desembarcaderos, los muelles fijos o flotantes, las rampas y otras obras necesarias, a fin de permitir el atraque de embarcaciones turísticas, recreativas y deportivas, para el disfrute y la seguridad de los turistas. Formarán parte de un atracadero turístico: el inmueble, las instalaciones, las vías de acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada, destinados, por sus dueños, a brindar servicios al atracadero turístico y que se hayan considerado en la concesión.

Se garantiza el derecho de toda persona a usar la zona pública y disfrutar de ella en toda su extensión, sin perjuicio de las restricciones que la Cimat establezca por razones topográficas, de seguridad o salud de las personas. (Así reformado por el artículo 2° de la ley No. 8969 del 7 de julio del 2011)”. (La cursiva y negrita no es del original).

Sin embargo, no se esboza el concepto de “Vías Marinas”, lo cual deja en una posición en la que está Autoridad Marítima no pueda referirse a la misma.

Por otra parte como parte de nuestras competencias tenemos la aplicación de lo que en el Derecho Marítimo se conoce como Principio de Libertad de la Navegación, el cual es la libertad de navegación (FON por sus siglas en inglés) es un principio del derecho del mar según el cual los buques que enarbolan el pabellón de cualquier Estado soberano no sufrirán interferencias de otros Estados cuando se encuentren en aguas internacionales, salvo las excepciones previstas en el derecho internacional. Y por otra el Principio de Paso Inocente, la Ley número 7291 - J del 23 de marzo de 1992, conocida como Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR por sus siglas, en su ordinal 19 dispone:

“(…) Artículo 19 Significado de paso inocente

  1. 1El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Ese paso se efectuará con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional. 2.- Se considerará que el paso de un buque extranjero es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño si ese buque realiza, en el mar territorial, alguna de las actividades que se indican a continuación
  • a)Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política del Estado ribereño o que de cualquier otra forma viole los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas; b) Cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase; c) Cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la defensa o la seguridad del Estado ribereño; d) Cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa o la seguridad del Estado ribereño; e) El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves; f) El lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares; g) El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona, en contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios del Estado ribereño; h) Cualquier acto de contaminación intencional y grave contrario a esta Convención; i) Cualesquiera actividades de pesca; j) La realización de actividades de investigación o levantamientos hidrográficos; k) Cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones o cualesquiera otros servicios o instalaciones del Estado ribereño; l) Cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas con el paso.

(…)”. (La cursiva no es del original) Por su parte, en cuanto a canales de navegación o vías de navegación se ha regulado por parte del Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo número 34551 del 30 de abril del 2008, así como Reglamento de Navegación y Cabotaje en la Red de los canales del Norte Administrados por La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) publicado en el Alcance 144 de La Gaceta 155 del 23 de agosto del 2024.

Así mismo, en el portal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes se cuenta habilitada una sección denominada Ayudas a la Navegación (https://www.mopt.go.cr/destacados/infraestructura/maritimo-portuaria/avisos-navegantes) para ambos litorales.

Cabe aclarar que, ante esta División no se ha recibido solicitud o gestión alguna, que verse al respecto, promovida por el acá recurrente.

Petitoria:

En razón de los argumentos y citas de ley expuestos, al no ser competencia de esta Cartera ni de la División Marítima Portuaria, habilitar o autorizar concesiones ni estudios de factibilidad para colocar artefactos con boyas ancladas en el fondo del mar para pesca, siendo el fondo del recurso contra la regulación de la extracción de producto pesquero, sus técnicas, prácticas y autorizaciones, todas en el marco de competencias fuera del alcance del MOPT, por lo que solicito bajo el principio de legalidad con el respeto debido, se rechace por el fondo el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Nombre91439 contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la División Marítimo Portuaria”.

  1. 7Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:52 horas del 12 de agosto de 2025, el recurrente manifiesta lo siguiente:

“me apersono ante su autoridad para manifestar lo siguiente respecto a los informes de los recurridos en el presente amparo.

En primer lugar, sobre el informe del MOPT resulta más que interesante que simplemente la institución pretenda desentenderse de un asunto de esta importancia sin siquiera asumir ninguna responsabilidad. Ciertamente en el país, la ley de vías navegables o como deba llamarse, aún no se ha aprobado, de manera que, con excepción de riadas y espacios para maniobras en muelles, el MOPT realmente, en su división marítima, no se ocupa de aspectos importantes como la seguridad naviera, ni siquiera, como en este caso, ante la noticia de que existe la posibilidad de afectar las vías navegables a barcos extranjeros de gran calado. Es claro que esta dependencia aún no asume el contenido y la responsabilidad ambiental de su actividad, puesto que, conforme a lo dispuesto por la Sala Constitucional en la sentencia 10540-2013 toda actividad sobre el mar debe entenderse como una actividad ambiental, textualmente:

"Desde la Carta Mundial de la Naturaleza y con mayor influencia a partir de la Declaración de Río, los principios del Derecho Ambiental cumplen la función transversal de informar y regular la actividad económica sobre el mar. Esta rama del derecho deja de ser un mero límite externo, puesto que en adelante, toda actividad económica, social y cultural relacionada con el mar y sus riquezas naturales queda sujeta de forma creciente al Derecho Ambiental”.

No se trata simplemente entonces de una función meramente técnica sino que la responsabilidad de esta dependencia está estrechamente relacionada con el derecho ambiental y con ello a los principios que rigen la materia, en particular el principio precautorio y, como se ha planteado en el amparo como una de las líneas de reflexión, la ausencia de estudios, y para el caso, la franca ignorancia por parte de la institución, no son justificación suficiente para la inacción, mucho menos, son justificación para solicitar, como se hace, que se desestime la causa y se rechace el recursos de amparo. Desde mi punto de vista como pescador, como usuario responsable del recurso pesquero de este país, simplemente no puedo admitir una postura tan distante de los deberes institucionales de compromiso con el ambiente, compromiso que es transversal a toda actividad sobre el recurso marino en general y pesquero en particular.

Precisamente en la cita que hacen del Decreto Ejecutivo número 45103-MOPT en su artículo 2, con meridiana claridad una de las atribuciones otorgadas al MOPT es precisamente la seguridad acuática, se entiende, entonces que el objeto del amparo, en tanto los FADS o plantados son objetos flotantes, invisibles a simple vista desde la superficie del mar pero que están dentro del rango del calado de los barcos de carga, debería ser, al menor, un tema de interés para la seguridad de la navegación acuática, tema que bien podrían investigar y desarrollar sea para efectivamente descartar cualquier competencia o bien para poder asumirla. Lo que no es aceptable es que simplemente se pretenda salvar la responsabilidad desde una especie de desconocimiento voluntario de la situación, más aún, desde una postura que pretende desconocer tanto la responsabilidad ambiental, como la responsabilidad en el tema de seguridad acuática o de las vías acuáticas. Es particularmente importante cuando la competencia de la dependencia recurrida, sí alcanza para ofrecer criterio sobre si existe o no peligro para la navegabilidad en este tipo de instalaciones.

Respecto al tema del informe del Servicio Nacional de Guardacostas, ciertamente esta instancia no tiene como competencia regular los recursos pesqueros, y se reconoce el esfuerzo que consignan de visitar alguna o algunas posiciones indicadas. El problema aquí es claramente un problema de aproximación oi (sic) de método: El Nombre91437 entiende perfectamente que la característica de estos objetos que se encuentran bajo la superficie, por debajo de los 6 metros y con los mismos efectos que un FAD o plantado superficial. Resulta lamentable que se inviertan recursos en los viajes, que son costosos, pero se equivoquen en lo que busquen y que afirmen no haber encontrado nada, cuando es claro, tanto para quien suscribe como para muchos otros operadores pesqueros, que los objetos están allí y funcionan tal como se han descrito, los objetos no se ven desde la superficie porque no son superficiales y se requiere un mayor esfuerzo de búsqueda, en concreto una inmersión a 6 o 7 metros. Claramente no se logra encontrar lo que no se busca.

En relación al informe de INCOPESCA, resulta más que lamentable que la institución que por ley tiene como competencia central la administración, regulación y desarrollo de los recursos pesqueros del país razone como lo hace, indicando que no encontraron FADS flotantes o sumergidos o que Nombre3504 no ha autorizado torneos que contemplen los FADS anclados como técnica de pesca y que su labor se limita a otorgar licencias, cuando es evidente según se desprende de la prueba, que la práctica es ampliamente conocida y difundida precisamente entre los oferentes de pesca deportiva, todos regulados por el Nombre3504 a través de las licencias. La práctica no puede ser ajena al Instituto, cuando es claro evidente y manifiesto que es una práctica extendida y pública que se usa para promover la pesca deportiva y turística.

Nótese que, como se indicó en el amparo, únicamente se regula el uso de plantados para la pesca atunera de altura, que la ley 8436, Ley de Pesca y Acuacultura, en su artículo 60 indica que solo se puede practicar 80 millas fuera de la costa, de manera que en este Amparo no se habla de este tipo de plantados. Es claro que la pesca deportiva usa asiduamente el mecanismo para promover la pesca y es claro que esto lo permite el hecho de que no esté debidamente regulado, o el Nombre3504 no se preocupa por regularlo, en la respuesta que el Nombre3504 hace al Fiscal Ambiental, oficio DOPA-RBGO-116-2025 el Instituto hace uso de una argumentación jurídica que simplemente no concuerda con la lógica ambiental aplicable, indica el Incopesca:

“…desde el Nombre3504 la regulación de la actividad pesquera sobre plantados está únicamente referida para la pesca de atuneros, según los acuerdos AJDIP/241-99 del 15/07/1999 y el AJIP/282-99 del 30/08/1999, en consulta realizada a asesoría jurídica , me indican que el hecho que no esté expresaste (siuc) escrito no significa que sea permitido para otras flotas como la turística, la deportiva o la comercial de palangre, el hecho que no exista una (sic) acuerdo expreso o una sanción administrativa, no indica que no se esté cometiendo una violación a la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 ya que se estarían realizando actos que no están permitidos y al no estar permitidos están prohibidos... no existe expresamente en la ;Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 ningún artículo o aparte de la ley algún acuerdo desde lncopesca que dicte alguna sanción para agencias de pesca deportiva que promuevan la pesca sobre plantados, eso no significa que no se esté cometiendo una violación a la Ley de Pesca y Acuacultura , ya que estarían realizando actos que no están permitidos y al no estar permitidos están prohibidos".

En este confuso razonamiento del Instituto cuya competencia es precisamente regular el manejo de los recursos pesqueros y que tiene como instrumento fundamental la emisión de acuerdos que son obligatorios para los usuarios del recurso pesquero, simplemente intenta hacer malabares jurídicos que no pueden ser de recibo, tal argumentación, por el contrario, sólo prueba su omisión histórica, solo reguló los plantados para la pesca de atún desde 1999 y no ha emitido ninguna regulación para el uso de plantados o FADS por parte de la pesca turística o deportiva desde entonces, y tal omisión NO puede atribuirse al desconocimiento, puesto que con hacer una simple búsqueda en Internet aparecen cientos de ofertas de pesca turística sobre FADS.

Una simple búsqueda no exhaustiva en Google de pesca sobre fads costa rica arroja resultados como los siguientes (muestra):

https://www.yelu.cr/companies/fad fishing costa rica http:llvvvmN.southerncostarica.biz/spanishlQueposlcat-pescalCosta-Rica-Fad-Fishing/1 5591 https:/lvillafirenzecr.com/fad-fishing-in-costa-rica https://fadfishingcostarica.com https://www.centralamerica.com/exoeriencing/traveI/fad-fishing-costa-rica La argumentación riñe groseramente con el ejercicio de la competencia del INCOPESCA: al Instituto le compete la correcta regulación de las prácticas pesqueras, y la pesca sobre plantados, tal como se ofrece en Costa Rica y como se indicó en las pruebas, como una muestra, es un ejercicio de pesca que claramente el Nombre3504 NO HA REGULADO y al parecer, sigue evitando hacerlo, como si ir a las posiciones y no ubicar los artefactos (sin hacer inmersión) resultara una prueba de que no existen, cuando es simplemente apabullante la oferta de distintos operadores de pesca turística que de manera expresa hablan de pesca sobre FADS y montes submarinos.

El Nombre3504 se refugia en una especie de sofisma legal: lo que no esté expresamente permitido está prohibido. Claramente tal principio, aplicable ciertamente en derecho ambiental, no es usual en el ámbito privado, que es el ámbito en el que se mueven las iniciativas de pesca deportiva, y claramente, al no estar regulado, se abre un enorme portillo para el desarrollo de estas prácticas. El Nombre3504 supone que los usuarios van a evitar hacer uso de los FADS porque no hay regulación expresa que los permita, y que hasta que no haya, se van a abstener, tal argumentación, por el contrario, parece más un permiso solapado que una verdadera función institucional de regulación pesquera en donde, a la luz de lo dispuesto en la materia vigente, solo se permite lo que esté expresamente regulado o permitido, por ser la pesca un ejercicio que es excepción dentro del manejo de la vida silvestre 1 pero, en contrario sensu, se debe prohibir expresamente toda práctica tendiente a amenazar el recurso, máxime cuando no existe ningún estudio que indique cuál es el impacto de esta práctica. En este sentido, el Nombre3504 vulnera lo dispuesto en el Código de Conducta para la Pesca Responsable que indica en su artículo 6.5:

"Los Estados y las organizaciones subregionales y regionales de ordenación pesquera deberían aplicar ampliamente el criterio de precaución en la conservación, la ordenación y la explotación de los recursos acuáticos vivos con el fin de protegerlos y de presentar el medio ambiente acuático, tomando en consideración los datos científicos más fidedignos disponibles. La falta de información científica adecuada no debería utilizarse como razón para aplazar o dejar de tomar medidas para conservar las especies que son objeto de la pesca, las especies asociadas o dependientes y aquéllas que no son objeto de la pesca, así como su medio ambiente" La misma Sala Constitucional ya desde el 2013, en la sentencia 10541-2013, sentencia de sobra conocida por el Nombre3504 y que en su momento fuera respondida con argumentos similares, indica con meridiana claridad:

  1. 1Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.
  2. 2Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.
  3. 3Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
  4. 4Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de

que se integren al proceso de desarrollo. " Estos principios, provenientes del Derecho Ambiental Internacional, son directamente aplicables a ia actividad humana sobre el mar, entre las que destaca la actividad pesquera, que a partir de entonces vino a quedar sometida a tales disposiciones por cuyo cumplimiento corresponde velar a los Estados." Un elemento adicional importante que tiene que ver con la biología propia de las agregaciones de peces: los plantados o FAD sumergidos, algunos ubicados incluso fuera de las 80 millas, generan aglomeraciones de peces juveniles y de menor tamaño, y éstos a su vez atraen otros depredadores como atunes juveniles y en términos de unos 21 días puede haber una o 2 hectáreas (se usa el término para establecer un área aproximada) de atún juvenil mezclado con otros peces de altura. Los atuneros internacionales conocen la posición de estas boyas o FADS y lanzan sus redes capturando enormes cantidades de atún juvenil y de otras especies, para luego descartar todo lo que no es atún o lo que no tiene tamaño suficiente, descarte en donde se pierde una gran cantidad de peces precisamente por el descarte. Esta práctica la realizan precisamente por no estar debidamente regulado el uso de FADS.

Así las cosas, simplemente los informes no son de recibo, por no estar enfocados dentro de la perspectiva correcta que tanto la Sentencia Constitucional referida y otros pronunciamientos han establecido. Resulta particularmente irónico que se pretenda indicar que al no haber regulación, que claramente corresponde no ya a la Ley sino al ejercicio regulatorio de INCOPESCA, el fenómeno al que se hace referencia, concretamente la pesca sobre plantados anclados, deba mantenerse sin regulación y se pretenda indicar que deba rechazarse el amparo. Estamos ante una clara omisión institucional, pero realizada en el manejo de recursos marinos, en flagrante violación de los principios constitucionales que ya están establecidos hace más de 12 años en la materia. Que las instituciones que directamente tienen que ver con aspectos de seguridad marina y especialmente con el manejo de recursos marinos respondan como se dice popularmente "lavándose las manos" simplemente resulta más que preocupante, y mientras siguen las ofertas de pesca sobre plantados como atractivo turístico.

Mantengo respetuosamente mi solicitud de que se declare con lugar el amparo, se declaren inconstitucionales las prácticas de pesca de cualquier tipo, incluyendo la deportiva y la turística sobre plantados o "fads-samounts" y se ordene de forma inmediata al Nombre3504 realizar mediante acuerdo de Junta Directiva las regulaciones pertinentes y necesarias para que tal práctica desaparezca tanto en torneos, como en viajes de pesca. ofertas turísticas, asimismo, se ordene la desinstalación de los dispositivos existentes”.

  1. 8Mediante resolución de las 11:07 horas del 30 de octubre de 2025, como prueba para mejor resolver, la Magistrada Instructora previno a Nelson Peña Navarro, en su condición de Presidente Ejecutivo del Nombre3504 o a quien ocupe ese cargo, que informe a esta Sala lo siguiente: 1) Las labores de fiscalización que ese órgano técnico ha llevado a cabo para evitar la realización de actividades de pesca, en las que se utilicen plantados o FADs anclados como técnica de pesca. 2) Las acciones que ha tomado su representada respecto a las actividades de pesca que se promocionan en internet donde se utiliza el sistema de FADs. A modo de ejemplo, el recurrente en el último escrito indicó los siguientes links: https://www.yelu.cr/companies/fad fishing costa rica. http:llvvvmN.southerncostarica.biz/spanishlQueposlcat-pescalCosta-Rica-FadFishing/1 5591. https:/lvillafirenzecr.com/fad-fishing-in-costa-rica https://fadfishingcostarica.com. https://www.centralamerica.com/exoeriencing/traveI/fad-fishing-costa-rica.
  2. 9Informa bajo juramento Nelson Peña Navarro, en su condición de Presidente Ejecutivo de Nombre3504 (escrito presentado a las 16:04 horas del 03 de noviembre de 2025) en los siguientes términos:

“1) Sobre las labores de fiscalización del INCOPESCA, para evitar la realización de actividades de pesca, en las que se utilicen plantados o FADs anclados como técnica de pesca.

Se reitera que el Nombre3504 ha realizado acciones concretas para verificar la posible existencia de dispositivos agregadores de peces en las coordenadas que él actor aportó:

Primera inspección: Realizada el 12 de junio de 2025, en la coordenada 1 señalada por el denunciante (08°03.235N, Telf7211), con participación de funcionarios de Nombre3504 y del Servicio Nacional de Guardacostas. No se detectaron boyas, objetos flotantes ni signos de actividad biológica atribuible a plantados sumergidos.

Segunda inspección: Realizada el 26 de junio de 2025, en ambas coordenadas reportadas por el actor (08°03.235N, 083°53.219O y 07°53.328N, 084°00.4590), utilizando una embarcación de mayor autonomía. Nuevamente, no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, únicamente se observó un yate realizando pesca en movimiento (troleo) alrededor de uno de los puntos, lo que no constituye prueba de la existencia de plantados.

Estas inspecciones fueron debidamente documentadas y comunicadas a la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa dentro del proceso penal 25-000048-1111-PE, que actualmente se encuentra en condición de Archivo Fiscal, ya que el ente Ministerial, con base a las pruebas aportadas no logro acreditar la existencia de estos dispositivos ni la individualización de un presunto responsable.

Asimismo, como se indicó en la contestación de este recurso, pese que es el INCOPESCA, el órgano técnico encargado de la administración, regulación y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas del país, y que dentro de sus competencias le corresponde dictar normativa y otorgar licencias en materia de pesca, las funciones relativas a seguridad de la navegación y control de estructuras en el mar, de conformidad con el marco jurídico vigente recae en el MOPT, Servicio Nacional de Nombre91437 (SNG), y particularmente en el MINAE por lo cual se debe verificar y garantizar el cumplimiento marítimo y ambiental, así como el control y fiscalización por parte de estos Ministerios.

  • 2)Sobre las acciones que Nombre3504 ha tomado respecto a las actividades de pesca que se promocionan en internet donde se utiliza el sistema FADs.

Es importante mencionar que el INCOPESCA, presentó en fecha 15 de octubre del presente año, denuncia formal, ante la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, respecto a una búsqueda en redes sociales que determinó la existencia ventas de productos pesqueros o tours de pesca no autorizados en la red social FACEBOOK, en el cual se detallan puntos de contacto que estimamos altamente importantes y necesarios poder actuar interinstitucionalmente ante esas ventas a los efectos de incidir en su consumo y ajustar dicho actuar a la normativa vigente, lo cual se enmarca dentro del compromiso institucional por colaborar con la protección del espacio marino público.

Conclusión

Este Instituto reitera que no existe omisión arbitraria o violatoria de derechos fundamentales en la materia planteada. Por el contrario, se ha actuado con la debida diligencia en coordinación con otras instituciones competentes, verificando las denuncias presentadas y manteniendo la normativa pesquera vigente”.

  1. 10En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. El recurrente alega que los dispositivos agregadores de peces han evolucionado desde un simple tronco a la deriva, cuya sombra proporciona refugio a especies de peces que atraen a otras especies depredadoras, pasando por artefactos flotantes artificiales, construidos con estructuras de pvc, redes y textiles de cobertura, muy utilizados por la pesca de atún de altura, ubicados con balizas para su localización. Al agregar peces, agrega también atunes y este fenómeno es utilizado por la pesca de atún de cerco, práctica conocida como pesca de atún sobre plantados. Más recientemente se encuentran artefactos más elaborados y diseñados para pesca deportiva, esta vez artefactos fijos, consistentes en una pesa de concreto de alrededor de una tonelada denominada popularmente como “queso”, la cual se arroja al fondo marino para anclar un cable que sostiene a su vez una boya sumergida normalmente a unos 20 o 40 pies de profundidad (6 a 12 mts), en combinación con redes viejas, mallas u otros elementos que al dar sombra, sirven para que los peces se agreguen a su alrededor y con ello atraigan a especies de interés como atunes o picudos.

Costa Rica ha prohibido la pesca de atún sobre plantados en el acuerdo de Nombre3504 A.J.D.I.P./241-99. Tal disposición versa sobre la pesca de atún de cerco practicada por las embarcaciones de grandes dimensiones, pesca regulada a partir del artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuacultura No. 8436. Esta pesca es practicada enteramente por embarcaciones internacionales por no tener el país ninguna embarcación. En el acuerdo de Junta Directiva citado, para la fecha, el concepto de plantado prohibido, sólo contempla el plantado flotante usado por la pesca de atún. Actualmente, además, la LPA en su artículo 60 prohíbe la operación de estos barcos dentro de las primeras 80 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva. De manera que esta amplia zona de nuestra Zona Económica Exclusiva, conocida por su riqueza de atún y picudos (marlin, pez vela) y otras especies de interés como dorado, queda entonces técnicamente carente de regulación sobre plantados, precisamente por quedar sin regulación la última versión de plantado anclado antes descrita.

A partir del 2008 aproximadamente, muchas iniciativas privadas de pesca deportiva (marinas, operadores de pesca deportiva y operadores de pesca comercial) han desarrollado una amplia práctica para la instalación de FADs o plantados de nueva generación, orientados a la pesca deportiva, esto es, artefactos anclados al suelo marino mediante una pesa de cemento de hasta una tonelada, la cual sostiene un cable que ancla una boya mediante un cable de acero, boya normalmente metálica que queda fijada a unos 20 o 40 pies (6 a 12 mt) de profundidad. Normalmente este tipo de instalación submarina se bota a unas 20 o 40 millas náuticas de la costa, para el caso, a partir de Herradura, de Quepos o bien de la península de Osa, en zonas poco profundas (zonas de mesetas hundidas), las cuales son suelos bentónicos con mucha biodiversidad y los cuales, dadas sus características, son llamados montes submarinos o “seamounts” en inglés, concepto que podría ser correcto en la parte sur del país, al ser estas formaciones geológicas, parte de la cadena de montes submarinos.

Se evidencian dos impactos, el primero la alteración de los fondos marinos de estas estribaciones sumergidas, merced de los pesos que se lanzan al fondo y el más importante, el impacto pesquero ejercido por los operadores de pesca turística que concentran su esfuerzo pesquero en zonas determinadas alrededor de las instalaciones. Impactos realizados sobre un ecosistema diverso, pero de suma fragilidad e importancia para el pacífico costarricense. Esta configuración de FAD o plantado, permite establecer con precisión la posición del mismo, con ayuda de GPS, con lo cual, quienes han colocado el artefacto saben que pueden ir a pescar debido a la agregación de peces que se genera por la sombra. Debido a que no están explícitamente regulados, se usa normalmente el término “FAD” y también recientemente se utiliza el término “pesca en montes submarinos” o la combinación en inglés de ambos: “FAD Seamounts”.

Así, innumerables anuncios de pesca deportiva en Costa Rica tanto en la zona de Quepos (Marina Los Sueños) como las marinas de Quepos y las distintas iniciativas de pesca deportiva anuncian este tipo de pesca como un atractivo para la pesca turística. Claramente a las marinas y operadores les interesa lograr que sus usuarios, normalmente turistas extranjeros con poco tiempo disponible, logren un viaje de pesca “exitoso” es decir, que puedan lograr pescar varios ejemplares, y este tipo de artefactos les brindan una pesca segura en un tiempo récord. Los agregadores de peces generan un impacto importante al cambiar el normal comportamiento de las poblaciones de peces pelágicos. Generan artificialmente una sombra que atrae a las especies pequeñas y tras de ellas vienen peces de mayor tamaño. Al estar concentrados y practicar sobre ellos ya sea la pesca deportiva o turística, o bien, la pesca comercial, se genera un impacto mucho mayor y en menor plazo sobre los ecosistemas marinos y con ello una mucho mayor afectación, además que la colocación de estas instalaciones afecta con su peso el lecho marino, además de generar ventajas pesqueras para quienes lo financian, en detrimento de quienes pescan libremente.

Además de la oferta abierta de operadores de pesca deportiva (hoteles, marinas, empresas o individuos dedicados a la pesca turística) para venir a pescar en “FAD seamounts”, es decir, para pescar alrededor de estos plantados, las marinas constantemente están organizando torneos de pesca, muchos de los cuales incluyen la pesca sobre plantados o FADS, torneos que deben ser aprobados y autorizados por el INCOPESCA, institución que, hasta la fecha, no ha reparado en el uso de esta técnica, dejando una actividad sin regulación que claramente afecta ecosistemas vulnerables. Agregado a la pesca turística (marinas, operadores comerciales de empresas o individuales) muchos operadores de pesca deportiva (dueños de yates ubicados en las marinas) también usan la geolocalización de los plantados que les ofrecen las marinas, para realizar actividades de pesca. Al no haber ningún tipo de regulación, es decir, al no estar permitidos, interpretando el derecho ambiental en favor de la naturaleza, esto es, en sentido restrictivo, técnicamente están prohibidos y al ser usados como parte de las artes pesqueras, todo tipo de pesca derivada de estas instalaciones sería pesca ilegal.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

Los plantados anclados se trata de una supuesta práctica emergente cuya regulación requiere estudios técnicos y coordinación interinstitucional, pero esta práctica no es avalada ni autorizada por el Nombre3504 para ninguna flota (véase informe del Presidente Ejecutivo de Incopesca).

La regulación vigente prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99) (véase informe del Presidente Ejecutivo de Incopesca).

El 12 de junio de 2025 se realizó la primera inspección en la coordenada 1 señalada por el denunciante (08°03.235N, Telf7211), con participación de funcionarios de Nombre91438 y del Servicio Nacional de Guardacostas, pero no se detectaron boyas, objetos flotantes ni signos de actividad biológica atribuible a plantados sumergidos (véanse informe del Presidente Ejecutivo de Nombre3504 y prueba documental aportada).

El 26 de junio de 2025, en la segunda inspección realizada en las coordenadas reportadas por el actor (08°03.235N, 083"53.219O y 07°53.328N, 084°00.4590), utilizando una embarcación de mayor autonomía, nuevamente, no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, solo se observó un yate realizando pesca en movimiento (troleo) alrededor de uno de los puntos, lo que no constituye prueba de la existencia de plantados (véanse informe del Presidente Ejecutivo de Nombre3504 y prueba documental aportada).

Ambas inspecciones fueron comunicadas a la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa dentro del proceso penal No. 25-000048-1111-PE que actualmente se encuentra en condición de archivo fiscal, dispuesto por resolución de las 07:15 horas del 16 de octubre de 2025, ya que el ente ministerial, con base a las pruebas aportadas, no logró acreditar la existencia de estos dispositivos ni la individualización de un presunto responsable (véanse informes del Presidente Ejecutivo de Nombre3504 y prueba documental aportada).

Ambas inspecciones se efectuaron sin realizar buceo ni utilizar algún equipo especial de sonar, pues Nombre3504 no cuenta con ese tipo de recursos. A solicitud del Ministerio Público se consultó el 30 de junio de 2025 a la Dirección de Nombre91437 (Comisionado de Guardacostas) si tienen ese equipo, pero todavía no han contestado (véase documentación aportada por el Presidente Ejecutivo de Incopesca).

Las autorizaciones emitidas por Nombre3504 para torneos deportivos se limitan a licencias bajo las normas generales de pesca deportiva, sin incluir ni avalar prácticas como las descritas en este recurso (véase informe del Presidente Ejecutivo de Incopesca).

Operadores de pesca turística promueven la pesca sobre FADS y montes submarinos en el país (véase gestión posterior presentada por el recurrente).

El 15 de octubre de 2025, Nombre3504 presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial -OIJ- refiriendo que en una búsqueda en redes sociales se determinó en la red social FACEBOOK la existencia de ventas de productos pesqueros o tours de pesca no autorizados, en el cual se detallan puntos de contacto que estiman altamente importantes y necesarios de poder actuar interinstitucionalmente ante esas ventas a los efectos de incidir en su consumo y ajustar dicho actuar a la normativa vigente, lo cual se enmarca dentro del compromiso institucional por colaborar con la protección del espacio marino público (véanse segundo informe del Presidente Ejecutivo de Nombre3504 y prueba documental aportada).

III. Hecho no probado. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución de este amparo

Único: Que Nombre3504 haya autorizado un torneo que, expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca (véase informe del Presidente Ejecutivo de Incopesca).

IV.Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental.

Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”.

Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

V.Sobre la coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial.

Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia No. 1999-005445 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes.

Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de este (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector".

VI.La protección de los recursos hidrobiológicos. Diversas razones obligan al Estado a hacer uso de sus mejores esfuerzos con el objeto de tutelar en forma adecuada sus inmensos espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas internas. Lo mismo se puede decir acerca de su deber de evitar a toda costa convertirse en un cómplice de la degradación del medio ambiente y la biodiversidad marina fuera de sus aguas territoriales y patrimoniales. Por un lado, tiene un deber ineludible de velar por la preservación del medio ambiente, y ello por supuesto incluye la adopción de aquellas medidas necesarias para evitar daños en los ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten contra la integridad del medio ambiente acuático.

Asimismo, el Estado está igualmente compelido por la Constitución Política a garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos sus habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza generada. En ese contexto, debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente. La pesca y la acuicultura constituyen actividades económicas lícitas y de gran importancia para la salud alimentaria de la población, generadoras de considerables beneficios para quienes a ellas se dedican y para el país, pero que por la delicadeza e importancia del medio en que se desarrollan, deben estar sometidas a una estricta regulación. Es necesario, asimismo, que se defienda el patrimonio público, en particular en lo concerniente a los recursos hidrobiológicos que le pertenecen a la Nación en su condición de bienes públicos (sentencia No. 2006-001109 de las 09:40 horas del 03 de febrero de 2006).

VII.Sobre el caso concreto. Acusa el recurrente el uso de dispositivos agregadores de peces, conocidos como FADs o "plantados" anclados en el mar, los cuales son empleados en pesca deportiva y turística, a pesar de no estar legalmente autorizado.

Al respecto, Nombre3504 niega que haya autorizado un torneo que, expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca. También se comprueba que la regulación vigente prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99). A lo anterior se debe agregar que en dos inspecciones no se encontraron los objetos sumergidos en las coordenadas que indicó el recurrente. En concreto: 1) El 12 de junio de 2025 se realizó la primera inspección en la coordenada 1 señalada por el denunciante (08°03.235N, 083°53.2190), con participación de funcionarios de Nombre3504 y del Servicio Nacional de Guardacostas, pero no se detectaron boyas, objetos flotantes ni signos de actividad biológica atribuible a plantados sumergidos. 2) El 26 de junio de 2025, en la segunda inspección realizada en las coordenadas reportadas por el actor (08°03.235N, 083"53.219O y 07°53.328N, 084°00.4590), utilizando una embarcación de mayor autonomía, nuevamente, no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, solo se observó un yate realizando pesca en movimiento (troleo) alrededor de uno de los puntos, lo que no constituye prueba de la existencia de plantados.

Además, ambas inspecciones fueron comunicadas a la Fiscalía de Protección Ambiental de Osa dentro del proceso penal No. Telf7212 que actualmente se encuentra en condición de archivo fiscal, dispuesto por resolución de las 07:15 horas del 16 de octubre de 2025, ya que el ente ministerial, con base a las pruebas aportadas, no logró acreditar la existencia de estos dispositivos ni la individualización de un presunto responsable No obstante, es lo cierto, primeramente, que se acepta que ambas inspecciones se efectuaron sin realizar buceo ni utilizar algún equipo especial de sonar, pues Nombre3504 no cuenta con ese tipo de recursos. De ahí que a solicitud del Ministerio Público se consultó el 30 de junio de 2025 a la Dirección de Nombre91437 (Comisionado de Guardacostas) si tienen ese equipo, pero todavía no han contestado. En segundo lugar, el recurrente en gestiones posteriores indica otras coordenadas donde asegura que hay más dispositivos y aporta unos links en internet donde operadores de pesca turística promueven la pesca sobre FADS y montes submarinos en el país.

Lo anterior es aceptado por Nombre3504, ya que el 15 de octubre de 2025 presentaron una denuncia ante el OIJ refiriendo que en una búsqueda en redes sociales se determinó en la red social FACEBOOK la existencia de ventas de productos pesqueros o tours de pesca no autorizados, en el cual se detallan puntos de contacto que estiman altamente importantes y necesarios de poder actuar interinstitucionalmente ante esas ventas a los efectos de incidir en su consumo y ajustar dicho actuar a la normativa vigente (véase prueba documental aportada con el segundo informe rendido en atención a una prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala).

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha tenido la oportunidad de referirse al principio precautorio o indubio pro natura, el cual resulta esencial en la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política. En ese sentido, en los votos números 14180-10 de las 14:35 del 25 de agosto de 2010 y 108889-11 de las 15:22 del 16 de agosto de 2011, reiterado en la sentencia No. 2019-012746 de las 12:11 horas del 10 de julio de 2019, la Sala señaló sobre el tema en cuestión, lo siguiente:

“IV.- Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

En consecuencia, deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente”.

Ante ese panorama y principalmente, por la duda existente, esta Sala con sustento en el principio precautorio considera que se debe tutelar lo planteado por el recurrente, pues el hecho de que Nombre3504 no lo haya autorizado no significa que no se esté llevando a cabo. Máxime que se aporta prueba contundente de su ejecución. Aparte de que Nombre3504 acepta que las referidas inspecciones, producto de las cuales asegura no se encontraron dispositivos flotantes o sumergidos, ni siquiera se realizaron con el equipo que se estima corresponde, por lo menos buceadores. Además, se consultó a Nombre91437 sí lo tienen y se indica que más de cuatro meses no han contestado. Esas insuficientes acciones para atender el problema denunciado por el recurrente, pues incluso el Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informa que su representada no tiene responsabilidad en los hechos acusados, obviando la tutela que debe brindar el Estado al ambiente en su conjunto.

VIII. Conclusión. Por consiguiente, se declara con lugar el recurso, con los efectos que de indican en la parte dispositiva

IX.RAZONES PARTICULARES DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL SOBRE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO.

Si bien coincidimos con la mayoría del Tribunal en cuanto a la estimatoria del sub iudice, consideramos pertinente determinar lo siguiente en relación con los principios constitucionales en materia ambiental.

Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza, pues plausiblemente debe involucrar un peligro serio, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En consonancia con esta tesitura, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente lo que desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto.

Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas”.

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica. En ese sentido véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible”.

Con posterioridad a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En esa línea, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.

Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta sobre tales perjuicios eventuales no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.ccc Atinente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como una pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos. ccc Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, en la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre78923 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

Con igual orientación, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

Una evolución de lo antedicho ha desembocado en la instauración del “principio pro natura”, en la cual se deja de lado la parte de “in dubio”, de manera que su ámbito de aplicación se ensancha y cubre situaciones en las cuales no necesariamente existe incertidumbre jurídica. De este modo, la aplicación del principio pro natura no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió por primera vez a este principio en la Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, en la cual determinó que, en el marco de protección de la naturaleza como sujeto de derechos, el principio pro natura debe interpretarse de manera armónica con el principio pro persona. Asimismo, la Corte IDH vinculó el principio pro natura con otros procesales, a saber “los principios de disponibilidad de la prueba, cooperación procesal, pro persona (…) y pro actione” como parte de las reglas probatorias a emplearse en cuanto al derecho de acceso a la justicia.

En suma, el principio pro natura estatuye que, ante cualquier conflicto jurídico, siempre debe prevalecer aquella interpretación que mejor favorezca la protección de la naturaleza y el pleno disfrute de los derechos ambientales, aun cuando no se esté ante una situación en la que medie incertidumbre. Esta pauta hermenéutica debe seguirse en toda relación entre estado, sociedad y ambiente, de manera que siempre se elija la solución que mejor proteja o más favorezca a la naturaleza.

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental de esta manera:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los (sic) estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.

Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.

En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (Ver igualmente las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.

En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (sentencias de la Sala Constitucional nros. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

Ahora bien, en el sub examine se acredita la lesión a los derechos fundamentales, debido a la falta de actuación diligente, célere y coordinada de las autoridades recurridas a los efectos de impedir la actividad pesquera que emplee dispositivos agregadores de peces fijados con grandes pesos de hormigón en fondos marinos. Acerca del punto, adviértase que, en aplicación del principio precautorio, la falta de certeza absoluta de que se esté llevando a cabo ese tipo de actividad en los términos acusados en el caso de marras -lo que en todo caso deviene de la propia inercia de las autoridades recurridas para efectuar las inspecciones correspondientes con el equipo técnico necesario-, no les exime de la obligación de adoptar las medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente, toda vez que en el sub lite existen indicios suficientes de que tal actividad podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente.

X.El magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara sin lugar el recurso. A diferencia de la mayoría considero que el amparo debe ser desestimado por los siguientes motivos. Tal como se reconoce en la sentencia, Nombre3504 negó bajo la fe de juramento haber autorizado torneo alguno que expresa o implícitamente, contemple el uso de plantados o FADs anclados como técnica de pesca. De hecho, la regulación vigente prohíbe el uso de plantados flotantes para pesca de atún de cerco (Acuerdo A.J.D.I.P./241-99). De otro lado, en las dos inspecciones realizadas a los lugares señalados por el recurrente no se encontraron los objetos sumergidos en las coordenadas que este indicó. A partir de lo anterior, en criterio del suscrito, el mero hecho de que el recurrente en gestión posterior aportara unos links en internet donde operadores de pesca turística promueven ilegalmente la pesca sobre FADS y montes submarinos en el país, no conlleva necesariamente a imputar a la administración la intención que tienen terceras personas de infringir la ley a futuro.

Ciertamente existe un deber de fiscalización constante de la administración para que no se infrinjan las leyes, pero considero que la aplicación del principio precautorio no puede ser llevado a extremos tan irrazonables y desproporcionados como al hecho de sancionar a la administración por intenciones de terceros de infringir la ley a futuro, cuando no se demuestra que ello haya ocurrido y menos aún sin el consentimiento o conocimiento previo de los recurridos. En este caso, estimo que el principio precautorio debe ser aplicado para que la administración, a partir de que se demuestra el conocimiento de tales intenciones, entonces sí deba adoptar medidas de fiscalización y prevención que eviten que tal situación se lleve a cabo, pero no a ser sancionados en un proceso de amparo por un hecho que no se ha constatado, del cual no se demuestra haber tenido conocimiento previo y menos aún haberlo autorizado, pues en ese sentido se llegaría al absurdo de sancionar a la administración por cada peligro que implique la mera intención de un tercero de infringir una ley ambiental o respecto de la publicación en cualquier medio vía internet de llevar a cabo tal intención.

Es por lo anterior que me separo de la mayoría, declaro sin lugar el recurso con la advertencia al recurrido de que, a partir de ahora, al tener conocimiento por este amparo de lo publicado por esas terceras personas, adopte las medidas necesarias de investigación, fiscalización y prevención para evitar que tal cometido se lleve a cabo.

XI. VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto.

De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso.

Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad.

Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

XII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Verny Gerardo Jiménez Rojas, a Nelson Peña Navarro y a Juan Carlos Alvarado Quesada, respectivamente, en su condición de Director General de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y de Director General del Servicio Nacional de Nombre91437 o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se impida la práctica pesquera utilizando FADS o Dispositivos agregadores de peces fijados con grandes pesos de hormigón a los fondos marinos. Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal consignan razones particulares en cuanto a los principios constitucionales en materia ambiental. El magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Aracelly Pacheco S.

*5E3AQVYGZ0I61*

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