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Res. 30562-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/09/2025
OutcomeResultado
The Chamber denied the amparo because the agencies responded diligently and on a technical basis to the quarry risks, while cautioning Health and SETENA to decide pending matters promptly and directing the appellant to submit her specific complaints to the competent authorities.La Sala declaró sin lugar el amparo porque las instituciones actuaron diligentemente y con sustento técnico ante los riesgos del tajo, sin perjuicio de que Salud y SETENA deben resolver con celeridad los trámites pendientes y la recurrente debe presentar sus reclamos específicos ante las autoridades competentes.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denied the amparo challenging operations at the Hacienda San Rafael Quarry, finding that the respondent agencies acted within their respective powers and coordinated adequately in response to worsening landslides along the right bank of the Chiquito River. The Municipality of La Unión, Ministry of Health, SETENA, and General Directorate of Geology and Mines conducted inspections, studies, meetings, controls, and monitoring measures aimed at protecting residents, the environment, and the river channel. The Chamber held that the mining decisions rested on technical criteria and the principle that environmental protection must be objectively grounded, while compliance with the extraction program had reduced danger and prevented channel blockages. It nevertheless instructed Health and SETENA to decide their pending proceedings promptly. Complaints about dust and noise require an individual, identifiable complaint before Health so measurements can be taken, while concerns about heavy vehicles exceeding the bridge’s capacity must be submitted to the Ministry of Public Works and Transport.La Sala Constitucional rechazó el amparo promovido contra la operación del Tajo Hacienda San Rafael, al concluir que las instituciones recurridas actuaron dentro de sus competencias y con coordinación suficiente frente al agravamiento de los deslizamientos en la margen derecha del río Chiquito. La Municipalidad de La Unión, el Ministerio de Salud, la SETENA y la Dirección General de Geología y Minas realizaron inspecciones, estudios, reuniones, controles y medidas de seguimiento dirigidas a proteger a las personas, el ambiente y el cauce. La Sala estimó que las decisiones mineras se sustentaron en criterios técnicos y en el principio de objetivación de la tutela ambiental, y que el programa de explotación había reducido la peligrosidad y evitado represamientos. Advirtió, sin embargo, que Salud y SETENA deben resolver con celeridad los trámites pendientes. Los reclamos por polvo y ruido requieren una denuncia individual ante Salud, mientras que el peso de los vehículos sobre el puente debe plantearse ante el MOPT.
Key excerptExtracto clave
In this specific case, it is apparent that the Municipality, the Ministry of Health, and SETENA acted promptly and diligently upon detecting the worsening of the landslides at the Chiquito River quarry, taking organized action and implementing appropriate measures to protect the environment and natural resources. The duty of the State—and all its public institutions—not to harm the environment, as well as to protect it actively, restore it, and prevent its deterioration, requires real and verifiable results. This has also been reiterated by the Inter-American Court of Human Rights, which established that the right to a healthy environment is an autonomous right protected by Article 11 of the Protocol of San Salvador and developed in Advisory Opinion OC-23/17. That opinion emphasizes that States must prevent, regulate, and remedy environmental harm that endangers life, health, integrity, or human dignity, even when there is no immediate physical harm but the ecological and functional integrity of ecosystems is affected. Analysis of this case confirms that the respondent institutions acted consistently with Article 50 of the Constitution and regional human-rights protection mechanisms. The Chamber also notes that the proceedings initiated by these agencies remain pending. The authorities of the Health Governing Area and SETENA must therefore promptly adopt the corresponding decisions in those pending matters, while strictly safeguarding personal integrity and the right to a healthy and ecologically balanced environment. Regarding noise and airborne dust, the respondent health authority stated in its report that it had received no complaints attributing harm to residents’ health or well-being to the concessionaire. According to the sworn report, allegations concerning noise and dust must be specific and identify an affected person so that measurements can be taken inside the complainant’s home and any possible impact on particular residences can be assessed objectively. The appropriate course is therefore for the appellant herself to file a complaint with the Ministry of Health so that it may conduct the relevant studies.En el caso concreto, se logra visibilizar la manera en que la Municipalidad, el Ministerio de Salud y la SETENA han actuado de manera célere y diligente ante la detección del agravamiento en los deslizamientos del tajo del río Chiquito, ejerciendo acciones de manera organizada y llevando a cabo las medidas procedentes a favor de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. El deber del Estado -y de todas sus instituciones públicas- de no dañar el ambiente, así como de protegerlo activamente, restaurarlo y prevenir su deterioro, requiere resultados reales y verificables, conforme lo ha reiterado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo, protegido por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y desarrollado en su Opinión Consultiva OC-23/17, donde se subraya que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y reparar afectaciones ambientales que pongan en riesgo la vida, la salud, la integridad o la dignidad humana, incluso cuando no haya daño físico inmediato, pero sí una afectación a la integridad ecológica y funcional de los ecosistemas. De un análisis del caso en concreto, se verifica que el actuar de las instituciones accionadas es conforme con lo exigido en el artículo 50 constitucional y en los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel regional. Ahora bien, nota también la Sala que los trámites iniciados por estas instancias están pendientes de consideración, por lo que deben tomar nota las autoridades del Área Rectora de Salud y de la SETENA que deberán adoptar de forma célere las decisiones que correspondan en estos asuntos pendientes, con estricta tutela de la integridad de las personas y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por un lado, en cuanto al ruido y al levantamiento de polvo, la autoridad de salud accionada indicó en el informe rendido que no ha recibido denuncias sobre estos agravios que sean atribuibles a la empresa concesionaria sobre una afectación en la salud o el bienestar de los vecinos. De conformidad con lo informado bajo juramento, estas acusaciones por ruido y por polvo deben ser específicas y referidas a una persona identificable, con el fin de realizar mediciones desde el interior de la vivienda del denunciante y valorar objetivamente una posible afectación en domicilios específicos. Por ello, lo procedente es que la propia recurrente interponga su denuncia ante el Ministerio de Salud para que este lleve a cabo los estudios respectivos.
Pull quotesCitas destacadas
"La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos."
"Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal order and binds all public entities."
Considerando V
"La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos."
Considerando V
"Contrario a lo alegado, la accionada actuó en función del principio de objetivación de la tutela ambiental, puesto que que acreditó con estudios técnicos la toma de decisiones que se dio dentro de la materia de su competencia."
"Contrary to what was alleged, the respondent acted pursuant to the principle that environmental protection must be objectively grounded, because it supported with technical studies the decisions made within its sphere of authority."
Considerando VII
"Contrario a lo alegado, la accionada actuó en función del principio de objetivación de la tutela ambiental, puesto que que acreditó con estudios técnicos la toma de decisiones que se dio dentro de la materia de su competencia."
Considerando VII
"Un aspecto importante de valorar es que la autoridad informa bajo juramento que, durante las visitas de control realizadas hasta el momento se ha determinado el cumplimiento del programa de explotación, lo que significa que se han evitado represamientos en el cauce del río Chiquito y se han conseguido disminuir los índices de peligrosidad."
"An important consideration is the authority’s sworn report that the control visits conducted to date have confirmed compliance with the extraction program, meaning that blockages in the Chiquito River channel have been avoided and danger levels have been reduced."
Considerando VII
"Un aspecto importante de valorar es que la autoridad informa bajo juramento que, durante las visitas de control realizadas hasta el momento se ha determinado el cumplimiento del programa de explotación, lo que significa que se han evitado represamientos en el cauce del río Chiquito y se han conseguido disminuir los índices de peligrosidad."
Considerando VII
"Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota."
"The appeal is denied. Justice Salazar Alvarado records a separate note."
Por tanto
"Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota."
Por tanto
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*CO* Case: 25-009199-0007-CO Decision No. 2025030562 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-one a.m. on veintitrés de setiembre de dos mil veinticinco.
Amparo proceeding processed under case number 25-009199-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against THE MUNICIPALITY OF LA UNIÓN AND THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE.
Findings of Fact:
In this line of reasoning, appropriate communication and joint, duly coordinated action are recommended among the authorities of the Municipalidad de la Unión, the Secretaría Técnica Ambiental, the Dirección de Geología y Minas, and the Ministerio de Salud, since, as the principal actors in the case under review, they have a duty to bring their respective powers (competencias) to bear toward the same end, in a coordinated and systemic manner, so that a solution may be found to the situation involving the appellant. Por tanto, CNE has acted proactively within the scope of our powers by arranging the corresponding expert assessments (pericias) and warning the Corporación Municipal de la Unión of the degree of risk and vulnerability in the area; this Commission is precluded from establishing extraordinary measures because, pursuant to constitutional, statutory, and case-law mandates, no national emergency (arising from a state of necessity and urgency) has been established. Rather, the matter must be addressed through the normal and ordinary channels of the entities having jurisdiction over it. (…)”. It requests that the appeal (recurso) be dismissed insofar as it concerns the party it represents.
Finally, on 19 de agosto de 2024, a verification visit was conducted to assess compliance with the health order (orden sanitaria), which was documented in report MSDRRSCE-DARSLU-IT-1322-2024. Full compliance with the ordered measures was verified, and the corresponding administrative case file (expediente administrativo) was formally closed. These actions demonstrate that the Ministerio de Salud, through the Área Rectora de Salud La Unión, has acted in accordance with the principle of legality, carrying out effective, timely, and documented health inspections, limited to the powers expressly conferred by the regulations in force. Evidence of the foregoing is the consolidated report CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU-0393-2025, Anexo 1, prepared in response to matter PR-DP-GD-CE-1187- 2025 concerning the Operating Health Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento, PSF) for Tajo Hacienda San Rafael, which provides a much more (sic) extensive account of this Ministry’s actions regarding Tajo San Rafael.
That official communication (oficio) constitutes a detailed technical-administrative report through which the Área Rectora de Salud La Unión provides the documentary background of the case: A chronology of the original issuance of the PSF by the Área Rectora de Salud de Curridabat in 2019. A complete chronology of PSF applications and renewals, including dates, official communication numbers, and administrative actions taken by this Dirección de Área. An analysis of the applicable regulations and institutional powers, defining the role of the Ministerio de Salud with respect to health oversight and distinguishing it from municipal, environmental, and risk-management powers. Details of the health inspections conducted, technical reports issued, health orders imposed, and the corresponding follow-up. Institutional conclusions reaffirming that the PSF was issued in accordance with law, that the establishment meets the applicable health requirements, and that the Ministry’s actions have been strictly limited to its legal sphere of authority.
That official communication supports the institutional traceability of the health-related procedure concerning Tajo Hacienda San Rafael and demonstrates that the Ministerio de Salud has acted diligently, lawfully, and in accordance with technical standards at all times. The establishment’s administrative case file is also included as evidence of the foregoing (Anexo 2). (…)”. It requests that the appeal be denied insofar as it concerns the Ministerio de Salud.
Justice Hess Herrera drafts the opinion; and,
CONSIDERING
The appellant states that the Municipalidad de La Unión granted a business license (patente) to the company Tajo Hacienda San Rafael, which operates on land prone to landslides. She alleges that heavy cargo vehicles crossing the cantonal bridge exceed the daily maximum. She states that truck and machinery traffic covers neighboring residents’ homes with dust, adversely affecting people’s health and generating excessive noise. She requests that the appeal be granted.
The following facts are deemed duly established and relevant to the determination of this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial decision:
Regarding the Comisión Nacional de Emergencias a) On 5 de setiembre de 2011, through technical report No. DPM-INF-0852-2011, in response to MINAE’s request for a technical opinion, the respondent authority recommended the following: “(…) the movement of the río Chiquito landslide will continue over time; it is necessary to conduct a comprehensive assessment through an integrated study and, if feasible, implement corrective measures in the area, in addition to establishing actions such as monitoring, movement control using (GPS), and channel clearing, as well as informing the competent authorities of any significant development so that decisions may be made jointly with the Municipalidad de La Unión and CNE (…)” (see report submitted and evidence provided).
Establish the necessary arrangements for the CME, CCE and CNE to implement a Landslide Monitoring Plan for 2025, in accordance with the Operating Plan established by the concessionaire before the Dirección de Geología y Minas and SETENA. 3. Request that the quarry concessionaire submit a plan for intervention in the fill and the measures to be adopted to prevent future displacement of material toward the río Chiquito channel. 4. That the municipal entity and the CME request a follow-up report from the Dirección de Geología y Minas and SETENA concerning the monitoring and oversight of this quarry project, in accordance with expediente DGM: No 2754, Res: R-0083-2015-MINAE, Exp: D1-1573- 2011-SETENA, with environmental feasibility approval (viabilidad ambiental) No. 2191-2013-SETENA. (…)” (see report submitted and evidence provided).
Regarding the Municipalidad de La Unión, the Ministerio de Salud and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental d) On 29 de agosto de 2013, through decision No. 2191-2013-SETENA, SETENA granted environmental feasibility approval to the project “Concesión de cantera para la extracción de minerales,” operated by Hacienda San Rafael HSR S.A. (see report submitted and evidence provided).
A tour was conducted of the working face and concluded at the lowest level with an inspection of the Río Chiquito protection zone, which has been significantly affected; this will be documented through the CNE report and the comparative photographic record over time and since the depositing of soil and plant material began. (…)”. The following was requested of these departments: i) determine whether the company has any outstanding construction-related matters requiring regularization; ii) consult with the Municipality of Curridabat as to whether the company holds permits for earthmoving; iii) determine whether there is a business license for depositing soil, debris, and plant material on the company’s property; and iv) submit a series of inquiries to the La Unión Health Governing Area regarding the operating permit, as well as a request that it reconsider that permit because of inconsistencies between the environmental viability granted by SETENA and the expansion of said operating permit, which is causing a negative impact (see report submitted and evidence provided).
aa) On January 9, 2025, through resolution No. MLU-DIDECU-ING-004-2025, following an inspection that found that Hacienda San Rafael HSR S.A. was carrying out earthmoving without a municipal permit, the Municipality: i) ordered the closure of the works; and ii) granted Hacienda San Rafael HSR S.A. a period of 30 days to bring itself into compliance with the law (see report submitted and evidence provided).
bb) On January 10, 2025, through official letter No. MLU-DAM-020-2025, the Municipality requested that the La Unión Health Governing Area suspend the operating permit granted to Hacienda San Rafael HSR S.A. due to the aforementioned closure of the works (see report submitted and evidence provided).
dd) On January 13, 2025, through written communication No. MS-DRRSCE-DARSLU-0011-2025, the La Unión Health Governing Area informed the Municipality that it had referred the request contained in official letter No. MLU-DAM-020-2025 to the Ministry of Health’s Legal Directorate so that it could evaluate the matter concerning suspension of the operating permit (see report submitted and evidence provided).
ee) On March 11, 2025, SETENA conducted the inspection requested by the La Unión Municipal Emergency Committee and prepared inspection record ASA-ACT-INS-0048-2025 (see report submitted and evidence provided).
ff) On June 9, 2025, the Chamber served notice of this amparo proceeding on the Municipality and SETENA (see certificates of service).
gg) On June 10, 2025, through technical report No. INF-TEC-DT-ASA-0329-2025 addressed to SETENA’s own Plenary Commission, following the inspection conducted at the request of the La Unión Municipal Emergency Committee, SETENA’s Auditing and Monitoring Department issued the following recommendations: “(…) FIRST: Order the application of the Precautionary Principle in environmental matters and establish, in accordance with the matters set forth in the Recitals, a Precautionary Measure suspending works in the area of the AP where soil is received. That is, the activities associated with the modification of less than 20% approved through official letter SETENA-DT-ASA-1602-2023, dated August 17, 2023. Submit the following studies within two months: An updated topographic survey of the site where soil is received and deposited within the AP, detailing all engineering works associated with the receipt of materials approved in official letter SETENA-DT-ASA-1602-2023.
A geotechnical study supporting the compaction and slope-stability parameters that must be considered in said area of the AP. Based on the results obtained, determine the appropriate location for placement of the material so that it does not cause landslides. Engineering measures to prevent sediment from being carried into the river, taking into account data on maximum precipitation in the area and the characteristics of the material being deposited in the AP. This precautionary measure shall remain in effect until the interaction between the receipt and depositing of soil and the natural hazards identified by the CNE has been clarified technically and scientifically. SECOND: Order the project developer to immediately apply environmental control measures that minimize the negative impact caused by the project. THIRD: Order the environmental officer for the aforementioned project to conduct such periodic visits as deemed necessary to verify compliance with the precautionary measure and application of the environmental control measures, and to make the corresponding entry in the Digital Environmental Logbook.
FOURTH: Request that the Municipality of La Unión ensure compliance with the precautionary measure ordered in this resolution and refrain from granting a construction permit in the suspended project area until SETENA lifts the precautionary measure. FIFTH: Initiate sanction proceedings pursuant to articles 87 and 88 of the Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulations (Decreto N° 43898- MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS) and article 99 of the Organic Law of the Environment N° 7554, for the following instances of noncompliance and violations identified by the Environmental Auditing and Monitoring Department (ASA) in the Quarry Concession for the Extraction of Materials project, file D1-1573-2011-SETENA: Noncompliance 1. Failure to keep the digital Environmental Logbook up to date in accordance with the number of visits made by the project’s environmental officer. The foregoing is deemed a minor violation pursuant to article 87 of Decreto N°43898- MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS. (…)” (see report submitted and evidence provided).
hh) On June 25, 2025, the Chamber served notice of this amparo proceeding on the Ministry of Health authorities (see certificates of service).
jj) By judgment No. 001235-F-S1-2025 at 09:05 on August 22, 2025, the First Chamber of the Supreme Court of Justice ruled on appeals in cassation against judgment no. 001-2022-IV at 10:30 on January 4, 2022, issued by the Administrative and Civil Court of the Treasury, Fourth Section. Said judgment states as follows: “… By majority, the State’s appeal is granted, as is the plaintiff’s appeal in part. Accordingly, the challenged judgment is reversed solely insofar as it ruled without awarding costs with respect to the State and Hacienda San Rafael H.R.S S.A. In its place, ruling on the merits, the Sierras de La Unión Residential Community Residents’ Association is ordered to pay costs in favor of the State. In addition, Hacienda San Rafael is ordered to pay costs in favor of the plaintiff Association. The remainder of the ruling remains unchanged. Justice Zamora Campos dissents.”.
Regarding the General Directorate of Geology and Mines kk) The mining operations program of Hacienda San Rafael HSR S.A., approved by SETENA—the granting of Environmental Viability No. 2191-2013-SETENA dated August 29, 2013—provides for a series of risk indices and was implemented to reduce the threats posed by the Río Chiquito landslide (see report submitted).
mm) On 20 de setiembre de 2013, the company Hacienda San Rafael HSR S.A. filed an application for a materials-extraction concession (Concesión de Extracción de Materiales) in a quarry (Cantera), which was assigned administrative expediente No. 2754 (see report submitted).
nn) On 30 de setiembre de 2013, by official letter No. DGM-CMRC 1-63-2013, the respondent authority denied the concession application because documentation required for processing was missing (see report submitted).
oo) On 24 de marzo de 2014, the company Hacienda San Rafael HSR S.Nombre02. submitted the documentation requested in official letter No. DGM-CMRC 1-63-2013 (see report submitted).
pp) By official letter No. DGM-CMRC-1-20-2014, the respondent authority approved the extraction project (proyecto de explotación) and recommended that the Registro Nacional Minero continue with the corresponding procedures (see report submitted).
qq) On 15 de diciembre de 2014, by official letter No. DGM-RNM-834-2014, the respondent authority issued its recommendation to the ministro de Ambiente y Energía that the concession be granted (see report submitted).
rr) On 20 de marzo de 2015, by resolution No. R-0083-2015-MINAE, the Poder Ejecutivo granted the concession for a term of 15 years to the company Hacienda San Rafael HSR S.A. (see report submitted).
ss) On 7 de julio de 2015, a representative of the respondent authority conducted a compliance inspection (visita de control) of the concession area (see report submitted).
tt) On 16 de noviembre de 2015, by official letter No. DGM-RNM-985-2015, the respondent authority addressed a series of inquiries submitted by the Municipalidad de La Unión through its official letter No. MLU552-2015 (see report submitted).
uu) On 21 de octubre de 2015, by official letter No. DGM-CMRC1-98-2015, the respondent authority responded to inquiries submitted by residents of Yerbabuena de La Unión (see report submitted).
ww) On 17 de diciembre de 2015, by official letter No. DGM-OD-586-2015, the respondent authority sent CNE a CD containing technical information provided by the concessionaire company (see report submitted).
yy) On 6 de noviembre de 2019, the respondent authority conducted a compliance inspection of the site together with municipal and CNE authorities, which was documented in report No. DGM-CRC1-008-2020 dated 28 de enero de 2020, stating as follows: “(…) It is concluded that there is no relationship between the extraction operations and the landslides that occurred on Monday 28 and Thursday 31 de octubre de 2019. Work is being performed on the extraction face (frente de extracción) in the northeastern part of the property, and no extraction operations have been carried out on the landslide lobe, the site where the slope failures occurred in octubre de 2019. The presence of machinery at the site and the planning established in the extraction program and the instrument granting title, which states that the concessionaire company will clear materials from the Chiquito riverbed in the event of obstructions, enabled a rapid response and removal of the obstruction. The potential adverse effects of a blockage and the formation of a reservoir are noted, as it could breach violently and suddenly, causing an avalanche downstream. (…)” (see report submitted).
zz) Through official letters DGM-CRC1-078-2021, DGM-RNM-508-2021, and DGM-CRC1-096-2021, the respondent authority provided clarifications to the Tribunal Contencioso Administrativo and the Procuraduría General de la República concerning the proceeding processed under expediente No. 16-005584-1027-CA (see report submitted).
aaa) On 23 de setiembre de 2021, the respondent authority conducted a compliance inspection of the site together with CNE authorities, which was documented in report No. DGMCRC1-103-2021. The report concluded that dump-truck traffic through the community was light, with only one vehicle observed during a period of 10 minutes, and that vehicle had not come from the concession area (see report submitted).
bbb) On 18 de noviembre de 2021, by official letter No. DGM-TOP-O361-2021, the respondent authority issued an inspection report stating as follows: “(…) Conclusions: 1. With respect to the landslide, ongoing activity caused by instability is evident in several discrete and localized areas. The areas of greatest instability are primarily in the upper parts of the terrain, but far from the riverbed, and therefore do not directly compromise the normal flow of Río Chiquito. 2. The risk of blockage is currently very low as a result of the work to remove the main lobe of the landslide that existed before the extraction process; as the project progresses, the landslide is expected to be contained in the area where work has been performed. Recommendations: 1. Widen the hydraulic cross-section (sección hidráulica) of the middle and upper portion of the riverbed in the area identified as C2 in Image 2, before the next rainy season. 2.
Continuously perform maintenance on the internal access roads leading to the upper portion of the landslide and the eastern area, identified as A1 and A2 in Image 2. 3. Maintain the western and northern boundaries of the concession, since they are in a state of complete abandonment, and periodically remark and number the boundary markers (mojones). 4. Continue extracting and removing unstable soil in accordance with the extraction program and the recommendations of the Coordinating Geologist and Supervising Geologist (Geólogo Regente). (…)” (see report submitted).
ddd) On 7 de mayo de 2024, by Memorandum No. DGM-CRC1-010-2024, the respondent authority provided its opinion in the proceeding concerning the complaint filed against the Municipalidad de La Unión, concluding as follows: “(…) There is no technical basis that should be considered grounds for recommending the imposition of a precautionary suspension measure (medida cautelar de suspensión). Based on the undersigned’s technical training, it is not possible to establish a need to suspend operations under concession 2754 for reasons related to an application for a municipal business license (patente municipal). Based on this mining coordination office’s technical knowledge, I would note that it is normal to find for-profit activities unrelated to mining that may coexist on the same property where a mining concession has been granted. It is reasonable to understand that Costa Rica has agro-industrial activities, livestock farming, crop cultivation, space rentals, recreational properties, tourism operations, sales of non-mining products, spoil heaps, water reservoirs, and other activities on properties where formal mining also takes place, to mention only a few examples.
It is evident that the oversight, procedures, and administrative actions relating to such non-mining activities do not fall within the jurisdiction of this Dirección General de Geología y Minas; accordingly, we focus on our assigned duty, which is to oversee mining activity and ensure that it is neither disrupted nor obstructed by the other activities. (…)” In addition, regarding the allegation of potential hazards in the area, the document states: “(…) During the visit, no omission or negligent action warranting the imposition of a precautionary suspension measure was observed, nor was any element posing a risk to public health or the environment observed. A risk condition exists and has been discussed extensively in the mining file, but that condition is accounted for in the extraction and other operational activities, which were planned to reduce rather than exacerbate the risk condition.
It should be recalled that the concession granted under expediente 2754 has, from its inception, included an element of cross-institutional coordination requiring proper Risk Management (Gestión del Riesgo), involving institutions such as DGM, SETENA, CNE, and the Municipalidad de La Unión. (…)” On those grounds, they recommended dismissing the complaint filed by the appellant (see report submitted and evidence provided).
eee) On 20 de febrero de 2025, through official letter No. CME-LA UNIÓN-010-2025, and in light of the recommendation contained in technical report No. CNE-UIAR-INF-020-2025 of the Comisión Nacional de Emergencias, the Comité Municipal de Emergencias de La Unión requested that the respondent authority inspect the quarry and prepare a corresponding report, as follows: “(…) The report must include a detailed account of the results of the assessments conducted, the corrective actions implemented, and the preventive measures being carried out to mitigate the environmental and geological risks arising from the displacement of material. Additionally, we request that the report address monitoring of the conditions of the Río Chiquito riverbed in connection with the landslide reported on 07 de enero de 2025, which revealed an accumulation of plant debris and soil directly affecting the riverbed protection zone (zona de protección) and moving toward the riverbed itself. (…)” (see report submitted and evidence provided).
fff) On 11 de marzo de 2025, the Mining Oversight Department (Departamento de Control Minero) of the respondent authority inspected the site together with CNE authorities to verify the machinery. They verified that i) the machinery in the concession area operates approximately 500 meters from the nearest homes; ii) vegetation cover (cobertura vegetal) exists between the homes and the project; iii) rainfall dissipates dust and noise; and iv) the dump trucks transporting the material travel on paved public roads and therefore do not raise dust. Accordingly, they concluded that i) the presence of the concession’s machinery does not pose a hazard to persons living in homes near the area; ii) dump-truck traffic and potential damage to infrastructure were considered in the project routes, which were assessed by SETENA; and iii) they lack jurisdiction to determine the weight authorized to cross the community bridge (see report submitted).
Regarding the preventive and precautionary principles (principios preventivo y precautorio), in judgment no. 2021024807 issued at 9:20 on 5 de noviembre de 2021, this Chamber stated:
“In this regard, specialized legal scholarship has noted that the preventive principle requires that, when there is certainty as to possible environmental damage, the activity causing such damage must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when risks are clearly defined and identified as at least probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient grounds to foresee potential adverse impacts. The precautionary principle, in turn, provides that, where there is a threat of serious and irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. It follows from the foregoing that the principle is premised on reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant distinction between the preventive and precautionary principles lies in the level of knowledge and certainty regarding the risks posed by an activity or project. Whereas such certainty exists under the former, under the latter there is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)” (boldface supplied).
Indeed, the precautionary principle must be understood as set forth in principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” In other words, it does not require scientific studies in order to attain “absolute certainty” that an activity is harmless to the environment (as a matter of principle, total certainty is scarcely attainable); rather, even if the danger of serious or irreversible environmental damage has not been fully established, such uncertainty can never justify or excuse postponing the implementation of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on the one hand, that not just any type of threat is involved—it must plausibly entail a serious danger—and, on the other, that the measure requires the effective and efficient use of the resources employed.
In the sense stated above, although the precautionary principle is linked to a certain degree of scientific uncertainty, this does not mean that it may be applied without restriction on the ground that any activity could cause environmental damage—which would distort its underlying purpose—but rather that there must be some degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could arise, the determination of which varies according to the particular circumstances of the specific case. Thus, when faced with a situation requiring application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or application for modification that reasonably entails a serious risk; they are even required to suspend activities already underway. At the same time, they must efficiently and effectively adopt all measures required to preserve a healthy and ecologically balanced environment.
The aforementioned principle is likewise embodied in a source of hard law, since principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change—ratified by Costa Rica through law no. 7414 of 13 de junio de 1994 and by all OAS Member States—provides:
“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to address climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To this end, such policies and measures should take into account different socioeconomic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases, and encompass all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties” (emphasis added).
The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which has been ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica—see law no. 8538 of 23 de agosto de 2006—which reads:
“ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary approach as set forth in principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)”.
Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through law no. 7416 of 30 de junio de 1994, whose preamble provides: “(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)”.
Consistent with the aforementioned legislation in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also addressed the precautionary principle in OC 23/17 of 15 de noviembre de 2017:
“180. (…) Por tanto, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle in order to protect the rights to life and personal integrity in cases where there are plausible indications that an activity could cause serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Por tanto, States must act with due caution to prevent potential damage. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle and must therefore, even in the absence of scientific certainty, adopt measures that are ‘effective’ in preventing serious or irreversible damage” (emphasis added).
Subsequent to that decision, in a judgment in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, the Inter-American Court of Human Rights ruled on 6 de febrero de 2020 as follows: “the right to a healthy environment ‘must be deemed included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,’ given the obligation of States to achieve the ‘integral development’ of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter.” Of great significance, it must be emphasized that, in this ruling, the Inter-American Court refers to advisory opinion no. OC- 23/17 for the purpose of developing the content and scope of that right, by virtue of which the latter’s legal considerations have logically acquired the legally binding force inherent in a judgment. In this regard, the international court reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humankind,’ and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding risks to individuals.
It is about protecting nature,’ not only because of its ‘utility’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but because of its importance to the other living organisms with which the planet is shared.’ The foregoing does not preclude, of course, the possibility that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.” Specifically, in developing the concept of the right to the environment, the Inter-American Court very clearly details the obligations of States in the face of potential environmental damage, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation to cooperate, and access to information.
In sum, application of the precautionary principle means that, where there are indications that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible environmental damage, the lack of certainty or absolute scientific evidence in this regard does not relieve the obligation to adopt all efficient and effective measures to prevent harm to the environment.
With respect to the preventive principle, the UN’s first report on the state of international environmental law, document A/73/419 of 30 de noviembre de 2018, prepared by its Secretary-General pursuant to the General Assembly resolution of 10 de mayo de 2018 (no. A/72/L.51), conceptualizes it as a normative rule of customary international law “confirmed by relevant practice in numerous environmental treaties and major codification projects.” Although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, this general principle of law, as properly stated in the document “95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development” (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session no. 28-2020 of 25 de mayo de 2020), has a much broader scope because, as a hermeneutical guide, it dictates that “the causes and sources of environmental problems shall be addressed as a priority and in an integrated manner, seeking to prevent the adverse effects that may be produced upon the environment.
The preventive criterion shall therefore prevail over any other criterion in the public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing makes perfect sense, since it is consistent with the duty to prevent environmental damage from occurring and not merely to rule on reparation for harmful consequences that have already been verified, including by ordering the cessation of the harmful effects.
This legal doctrine is reflected, among other provisions, in Articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through law no. 7291) and 5 and Anexo II of the United Nations Fish Stocks Agreement relating to Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through law no. 8059), as well as in constitutional case law (see judgments nos. 2021024807 at 9:20 hours on 5 de noviembre de 2021 and 2018016383 at 17:00 hours on 28 de setiembre de 2018, among many others) and treaty-based case law, for example, advisory opinion no. OC-23/17 of 15 de noviembre de 2017, paragraphs 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242, and the judgment of 24 de noviembre de 2022 in Nombre03 v. Chile. Specifically, in the latter, the Inter-American Court expressly states:
“208. Without prejudice to the foregoing, specifically in environmental matters, it should be emphasized that the principle of prevention of environmental damage (principio de prevención de daños ambientales) forms part of customary international law and entails the obligation of States to take the necessary measures ex ante, before environmental damage occurs, bearing in mind that, due to its particular characteristics, it will frequently be impossible to restore the previously existing situation after such damage has occurred. By virtue of the duty of prevention (deber de prevención), the Court has stated that “States are required to use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the […] environment”200. This obligation must be fulfilled in accordance with a due diligence standard (estándar de debida diligencia) that is appropriate and proportionate to the degree of risk of environmental damage201.
Moreover, although it is not possible to provide a detailed enumeration of all the measures that States might take to fulfill this duty, some measures relating to potentially harmful activities may be identified: i) regulate; ii) supervise and monitor compliance; iii) require and approve environmental impact studies (estudios de impacto ambiental); iv) establish contingency plans; and v) mitigate environmental damage when it occurs202.” For its part, according to the ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’, the in dubio pro natura principle (principio in dubio pro natura) means that “in cases of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers must be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. No action shall be undertaken when its potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the resulting benefits” (see principle V).
In this regard, according to the document ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (approved at the XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session no. 28-2020 of May 25, 2020), “Every person applying environmental rules must always bear in mind the pro-nature principle (principio pro naturaleza), under which risks shall be avoided, general collective interests shall be given precedence over private interests, preservation of the environment shall be favored, and, in cases of doubt, preference shall be given to the interpretation that protects the environment most broadly.” The in dubio pro natura principle, therefore, does not depend on the existence of a danger of serious or irreversible harm—as is the case with the precautionary principle (principio precautorio)—but instead entails a “general rule of conduct governing the relationship between the State—and society in general—and the environment, applicable to all areas of decision-making in which there is a risk of harm to the environment, and requiring us to avoid choosing conduct that may cause environmental harm when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).
Furthermore, in judgment no. 2012013367 issued at 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters (principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental) as follows:
“V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of the progressive realization of human rights (principio de progresividad de los derechos humanos) has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these provisions, the State assumes the obligation to increase, to the extent permitted by its capabilities and development, the levels of human-rights protection, with special consideration for rights that, like the right to the environment (Article 11 of the Protocol), require multiple affirmative actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights holders.
From the principle of the progressive realization of human rights and the principle prohibiting the retroactive application of rules to the detriment of vested rights and settled legal situations (principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas), enshrined in Article 34 of the Constitution, arises the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection attained (principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada). This principle constitutes a substantive guarantee of rights—in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment—under which the State is required not to adopt measures or policies, or approve legal rules, that, without reasonable and proportionate justification, worsen the level of rights protection attained up to that point.
This principle does not imply absolute irreversibility, because all States experience domestic circumstances of an economic, political, social, or natural character that adversely affect the achievements attained up to that time and require the new level of protection to be reconsidered downward. In such cases, constitutional law and the principles under examination require any reduction in levels of protection to be justified in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality. In this regard, the Sala Constitucional has stated in its case law, concerning the right to health: ‘…under the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, measures that diminish the protection of fundamental rights are prohibited. Accordingly, if the Costa Rican State, in seeking to protect the right to health and the right to life, has a policy of broadening access to medicines, it cannot—and much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restrictive under the pretext of protecting trade.
(Judgment of the Sala Constitucional No. 9469-07).’ With respect to the right to the environment, it stated: ‘The foregoing constitutes an evolving interpretation of environmental protection in accordance with constitutional law, which does not permit regression to its detriment.’ (Judgment of the Sala Constitucional No. 18702-10).” (Emphasis not in the original). (To the same effect, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017- 005994, 2019-012745, and 2019-017397).” Thus, in accordance with the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, insofar as possible, the levels of human-rights protection, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, application of the principle of non-regression constitutes a guarantee requiring the State to refrain from adopting measures, policies, or rules that, without reasonable and proportionate justification, worsen the level of protection of fundamental rights already attained and, where applicable, requiring the corresponding compensatory measures to be weighed.
Finally, this Court explained the principle of evidence-based environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) in the following terms:
“With respect to the environment, which is the subject of the fundamental right described above, our Constitution further requires it to be ‘healthy.’ The requirement that it be ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘successional capacity’ as means of sustaining life. From both requirements, ‘healthy’ and ‘balanced,’ arises the need for sustainable development; quality of life and environmental quality depend on it. Now, through the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ and ‘ecologically balanced,’ the constitutional provision introduced science and technology into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, pursuant to Articles 16 of the Ley General de la Administración Pública and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, State actions in environmental matters must be grounded in, and may not contradict, the unequivocal rules of science and technology, with a view to securing the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, additionally, ‘greater well-being for all inhabitants of the country.’ Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technology, the Chamber has termed this the principle of evidence-based environmental protection: ‘Evidence-based environmental protection (…) is a principle that can in no way be confused with the preceding principle [the precautionary principle or “principle of prudent avoidance”], since, as a principle derived from Articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública, it translates into the need to support decision-making in this field with technical studies, both in relation to individual acts and provisions of general application—whether statutory or regulatory—which gives rise to the requirement of adherence to science and technology, thereby constraining the Administration’s discretion in this area.
Consequently, in light of the results obtained from those technical studies—such as environmental impact studies—if an objective technical assessment demonstrates the probability of manifest harm to the environment, natural resources, or human health, the proposed project, work, or activity must be rejected; and where there is “reasonable doubt,” decisions must be made in favor of the environment (pro-nature principle), which may result in the adoption of both compensatory and precautionary measures to protect the environment adequately.’ (Judgments of the Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (emphasis added). (Decision no. 2012-13367 issued at 11:33 a.m. on September 21, 2012).
After analyzing the evidence submitted, this Court finds that the Comisión Nacional de Emergencias did not violate the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. First, the claims made by the appellant are: i) the issuance of the business license (patente) to Hacienda San Rafael HSR S.A.; ii) the operation of heavy cargo vehicles on the cantonal bridge; and iii) the effects on the neighbors’ health and the noise caused by airborne dust; these are not matters falling within the respondent’s constitutional and statutory powers.
Furthermore, although the landslide at the Río Chiquito quarry is indeed a matter concerning the respondent by virtue of its disaster-risk management and disaster-prevention function, it should be noted that the authority granted to it is to serve as the lead agency for risk prevention and as the coordinating agency when emergencies occur. Accordingly, as may be gathered from the list of proven facts, it cannot be concluded that the Comisión has failed to exercise any of its powers or violated fundamental rights in environmental matters. Evidence of this is the fact that, since September 5, 2011, through technical report No. DPM-INF-0852-2011, the respondent warned that the Río Chiquito landslide process would continue over time and requested that the institutions responsible for monitoring the area implement corrective measures there, such as monitoring, control of the movement using GPS, clearing of the riverbed, among others.
After conducting this expert examination (pericia), the respondent continued carrying out comprehensive assessments and studies at the quarry (tajo), examples of which include reports No. DPM-INF-0852-2011, IAR-INF-0579-2015, IAR-INF-0087-2016, IAR-INF-1016-2016, IAR-INF-1062-2017, IAR-INF-0043-2018, IAR-INF-1218-2018, CNE-UIAR-INF-0507-2020, CNE-UIAR-INF-0595-2021 and CNE-UIAR-INF-0254-2023. This continuity in the official communications issued following its field visits demonstrates that monitoring of the area has been constant. The right to a healthy environment (derecho al ambiente sano), as the Sala Constitucional has stated, is not merely a programmatic clause, but rather has full normative force, enjoys direct and immediate protection through an amparo proceeding (recurso de amparo), and requires public authorities to comply with positive obligations by acting in a timely, preventive, and effective manner. This diligent conduct by the Commission leads this Chamber to conclude that the respondent has complied with the mandate contained in Article 50 of the Constitution.
Lastly, with regard to technical report No. CNE-UIAR-INF-020-2025, which is the document through which the respondent authority provided its latest assessment of the landslide at the Chiquito River, it was established that material had accumulated within the protection zone (zona de protección) of the Chiquito River channel (cauce), which, in and of itself, poses a danger to the water body (cuerpo de agua) where the extraction activity is being carried out. Notwithstanding the foregoing, as established in the proven facts, the Commission ordered the municipal authorities to: i) request periodic reports from the company’s environmental manager (regente ambiental); ii) undertake measures to implement a monitoring plan with all institutions responsible for managing the permits; iii) require the concessionaire (concesionario) to submit a fill plan (plan de relleno); and iv) request follow-up reports from the Dirección de Geología y Minas and SETENA.
This means that they acted in accordance with constitutional principles governing environmental matters. This Chamber has stated that the preventive principle (principio preventivo) establishes that, when there is certainty regarding potential environmental harm, the activity causing the harm must be prohibited, restricted, or made subject to compliance with certain requirements. This is consistent with the conduct of the respondent Commission, because, in view of potential dangers to the channel of the water body located alongside the quarry where materials are extracted, the respondent instructed the competent authorities, in turn, to require the concessionaire to comply with certain guidelines in order to continue its activity in the area.
For the foregoing reasons, the application is denied insofar as it concerns the Comisión Nacional de Emergencias.
After analyzing the evidence submitted, this Court rules out any violation by the municipal authorities, the health authorities, or SETENA of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado). In conducting the corresponding substantive analysis of the actions of the three respondent parties, it must be taken into account that the concessionaire was granted an operating permit (permiso de funcionamiento) to conduct two distinct activities: i) the extraction of stone, sand, and clay; and ii) the receipt and disposal of soil and debris (collection of materials).
With regard to the first activity carried out by Hacienda San Rafael HSR S.A., the processing of the corresponding permits before these three authorities involved the following documents: i) environmental viability (viabilidad ambiental) granted by SETENA through resolution No. 2191-2013-SETENA; ii) municipal license (licencia municipal) No. 04-0717 issued by the Municipalidad de La Unión; iii) sanitary operating permit (permiso de funcionamiento sanitario) No. CS-ARS-CU-205-2019 issued by the Área Rectora de Salud de Curridabat of the Ministerio de Salud; and iv) renewal of the sanitary operating permit through document No. ARSLU-3386-05-2024.
Nevertheless, the evidence in the record shows that the legality of the municipal license granted for the materials-extraction activity was litigated before the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa). Through resolution No. 001-2022-IV of January 4, 2022, issued by the Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, the following was ordered with respect to the Municipalidad de La Unión:
“The complaint filed by the Asociación de Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión against the Municipalidad de la Unión and Hacienda San Rafael HSR S.A. is partially granted and is deemed denied as to all relief not expressly granted: i) Administrative Resolution No. MLU-PAT-0127-2016 of January 26, 2016, issued by the Dirección de Administración Tributaria and the Coordinación del Departamento de Patentes of the respondent Municipal Administration, through which Hacienda San Rafael HRS S.A. was granted Municipal License No. 04-0717 for the activity of ‘QUARRIES,’ is annulled, as are all other acts connected with it—whether prior or subsequent, procedural, or procedural acts having independent legal effect. For greater clarity, the nullity hereby declared with respect to the aforementioned Commercial License extends to official communications MLU-DJUR-023-2016 of the Dirección Jurídica, dated January 19, 2016, and MLU-DJUR-480-2017 of June 5, 2017, both signed by Licenciado Rommel Calvo Padilla, as well as Resolution MLU-DAM-DJUR-292-2016 issued by the Alcaldía Municipal at 9:00 a.m. on May 26, 2016, with respect to which the Sección Tercera of this Court rejected the appeal (Recurso de Apelación) on the ground that it had been filed out of time.
Furthermore, any decision adopted by the municipal entity or another Public Administration on the basis of the statements made by the aforementioned legal professional in those official communications is likewise absolutely null and void. (…)” That judgment became final through decision No. 001235-F-S1-2025 issued at 09:05 on August 22, 2025, by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, through which that cassation chamber (cámara de casación) left the ruling issued by the Tribunal Contencioso Administrativo undisturbed.
In accordance with the foregoing, it is appropriate to clarify that this Chamber lacks jurisdiction to order enforcement of rulings issued through ordinary judicial proceedings, such as the ruling at issue here, which annulled the administrative resolution through which the concessionaire was granted the municipal license. Given that this matter is already subject to substantive res judicata (cosa juzgada material), and that the substantive arguments have already been litigated before the competent jurisdiction—particularly considering that annulment of the municipal license requires Hacienda San Rafael HSR S.A. to cease its extraction activities—this portion of the application is denied.
With respect to the collection of materials, which is the second activity carried out by Hacienda San Rafael HSR S.A., a distinction must be drawn between two separate periods in which the respondent authorities acted on the matter: i) the complaints filed before 2025; and ii) the management of the quarry landslide beginning in 2025.
Regarding the first point, as stated in the proven facts, both SETENA and the Área Rectora de Salud received a series of administrative complaints concerning the materials-receiving activity being carried out by the concessionaire, alleging that it was conducted without the corresponding permits and in breach of the environmental viability. The respondent Secretaría resolved the complaint by finding that there had been no breach of the permit granted and that conducting an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) was unnecessary. As for the health authorities, although they initially conducted site inspections and dismissed the allegations because they did not observe the reported conditions, after confirming in connection with one of the complaints that the materials-receiving activity was indeed being carried out, they closed the company’s operations at the quarry through sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCE-DARSLU-OS-018-2024 until it obtained the corresponding sanitary operating permit. As a result, after the concessionaire completed the required procedure and submitted the corresponding documentation on May 28, 2024, the Área Rectora de Salud de La Unión granted Hacienda San Rafael HSR S.A. a sanitary operating permit for the materials-receiving activity.
Based on the foregoing circumstances, this Chamber concludes that the authorities did not commit any omission in fulfilling their duties of monitoring, enforcement, and implementation, because they addressed the complaints within a reasonable period, issued the corresponding orders when violations did occur, and processed the relevant permits when appropriate. This conduct by the competent authorities complies with constitutional and treaty-based standards for environmental protection, thereby respecting the rights of the protected party as an environmental complainant and the diffuse interests (intereses difusos) of the public. Accordingly, this portion of the application must also be denied.
Regarding the second point, it must be emphasized that the chronology set out in the list of proven facts shows that, beginning in January 2025, the competent authorities determined that the landslide at the Chiquito River quarry had become more severe than it had previously been. According to the evidence in the record, on January 7, 2025, the Comisión Municipal de Emergencias de La Unión, during a visit coordinated with CNE, identified a deposit of materials in the Chiquito River channel. This led it to request assistance from other departments of the municipal authority in determining which permits the concessionaire held and to ask the Área Rectora de Salud de La Unión to reconsider the sanitary operating permit granted on May 28, 2024, due to inconsistencies between the environmental viability granted by SETENA and the expansion of that operating permit.
In addition, the municipal authorities also took the following actions: i) closed the worksite operated by the concessionaire because it lacked a municipal license; ii) formally requested that the Área Rectora de Salud de la Unión suspend the operating permit granted to Hacienda San Rafael HSR S.A.; and iii) requested that SETENA visit the quarry and prepare a report on corrective actions and preventive measures arising from the landslide detected on January 7, 2025. In the proven facts, this Chamber finds that the Ministerio de Salud and SETENA complied with those directives because: i) on January 13, 2025, the Área Rectora de Salud de la Unión referred the request to the legal directorate of the Ministerio de Salud for an assessment of the suspension of the operating permit, which is currently under review; and ii) SETENA conducted the requested inspection, ordered an interim measure (medida cautelar) suspending the work, directed that sanction proceedings (procedimiento sancionatorio) be opened, and required the concessionaire to submit a series of documents and studies before resuming its activity; the Comisión Plenaria de la SETENA is currently reviewing the technical report that resulted in the aforementioned orders.
From the foregoing overview, it may be concluded that the conduct of these three respondent authorities is consistent with the principle of interinstitutional coordination (principio de coordinación interinstitucional). As this Chamber has explained on previous occasions, this is one of the guiding principles of administrative organization, since it concerns the coordination that must exist among all public entities and bodies when exercising their powers and providing the services assigned to them by the legal system. Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire body of administrative law and binds all public entities. Such coordination is achieved by establishing fluid and permanent levels or channels of information among public entities, all of which may be accomplished through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies (see judgment No. 18896-2014 at 9:05 a.m. on 21 November 2014).
In this specific case, it is possible to discern how the Municipalidad, the Ministerio de Salud, and SETENA acted promptly and diligently upon detecting the worsening landslides (deslizamientos) at the río Chiquito quarry (tajo), taking coordinated action and implementing the appropriate measures to protect the environment and natural resources. The duty of the State—and of all its public institutions—not to harm the environment, as well as to actively protect and restore it and prevent its deterioration, requires real and verifiable results, as the Inter-American Court of Human Rights has also repeatedly held in establishing that the right to a healthy environment is an autonomous right protected by Article 11 of the Protocol of San Salvador and developed in its Advisory Opinion OC-23/17, which emphasizes that States have an obligation to prevent, regulate, and remedy environmental impacts that endanger human life, health, integrity, or dignity, even where there is no immediate physical harm but the ecological and functional integrity of ecosystems is affected. An analysis of this specific case confirms that the conduct of the respondent institutions is consistent with the requirements of Article 50 of the Constitution and regional human-rights protection mechanisms.
However, the Chamber also notes that the proceedings initiated by these bodies remain pending consideration. Accordingly, the authorities of the Área Rectora de Salud and SETENA are advised that they must promptly adopt the appropriate decisions in these pending matters, while strictly safeguarding personal integrity and a healthy and ecologically balanced environment.
VI.Lastly, with respect to the petitioner’s complaints regarding the noise and dust raised by trucks traveling toward the quarry, as well as the allegation that the passage of these vehicles over the cantonal bridge exceeds the maximum daily weight that the structure can support, the amparo proceeding (amparo) must be dismissed.
On the one hand, regarding the noise and dust, the respondent health authority stated in its report that it had received no complaints concerning these grievances attributable to the concessionaire company that alleged an impact on the health or well-being of local residents. According to the information provided under oath, these noise and dust complaints must be specific and refer to an identifiable person so that measurements may be taken from inside the complainant’s home and any possible impact on specific residences may be objectively assessed. The appropriate course, therefore, is for the petitioner herself to file her complaint with the Ministerio de Salud so that it may conduct the relevant studies.
As for the transit of heavy vehicles over the cantonal bridge and the protected party’s allegation that the structure is not designed to bear such weight, matters relating to the conditions under which heavy freight vehicles operate, their weight, and the effects they may have on bridges and roads must be raised before the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, in accordance with the Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga (Decreto Ejecutivo n.º 31363-MOPT) and the Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres (Ley n.º 9078). For all the foregoing reasons, the petition is denied insofar as it concerns the Municipalidad de La Unión, the Ministerio de Salud, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
After analyzing the evidence submitted, this Court finds no violation by the authorities of the Dirección General de Geología y Minas of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment.
Within the scope of its statutory powers, this specialized body is responsible for processing mining concession applications and conducting the corresponding procedure for granting them, in accordance with the Código de Minería and its Reglamento, which entails overseeing safety and environmental-protection matters relating to mining projects and developments. Accordingly, an analysis of the actions taken by the respondent Dirección in the proceedings at issue confirms that there were no acts or omissions violating Article 50 of the Constitution.
First, regarding the recommendation issued by the respondent to MINAE to grant the concessionaire company a concession for a term of 15 years, it must be clarified that this decision was based on technical criteria, took into account the existence of a series of risk indicators, and was implemented to reduce the threats posed by the Río Chiquito landslide. In other words, according to the information provided under oath, the granting of the permit is intended, rather, to contribute to the adaptation and stabilization of the terrain where the quarry is located, with the aim of reducing hazard levels in the area. Contrary to the allegation, the respondent acted in accordance with the principle of evidence-based environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental), because it supported the decisions made within its area of competence with technical studies.
In addition to the foregoing, it has already been noted that the municipal authorities, the health authorities, and SETENA acted diligently and in accordance with the principle of interinstitutional coordination developed in this Court’s case law. In the case of the respondent Dirección, its actions are shown to have followed the same approach, as it has conducted inspection visits (visitas de control) to the concession area—either independently or together with municipal authorities and CNE—and has responded to inquiries from the competent institutions and neighborhood organizations. Furthermore, it has participated in interinstitutional meetings by providing relevant technical information and has prepared technical reports on the progression of the quarry landslide, among other forms of cooperation.
An important consideration is that the authority states under oath that the inspection visits conducted to date have established compliance with the extraction program (programa de explotación), meaning that obstructions in the río Chiquito channel have been prevented and hazard levels have been reduced.
For the foregoing reasons, the petition is denied insofar as it concerns the Dirección General de Geología y Minas.
In environmental matters, it is also the undersigned’s view that, if the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and decide the matter lies with the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). Nevertheless, I do address the merits when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), as in this case, where the petitioner filed an environmental complaint that has not been finally resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent standard of quality of life.
This Chamber must advise the petitioner that, if she submitted any documents, whether on paper, as well as objects or evidence stored on any additional device or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology media, these must be collected from the Court within 30 business days after notification of this judgment is received; otherwise, all such materials will be destroyed in accordance with the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The petition is denied. Justice Salazar Alvarado files a note. - Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Nombre04.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Hubert Fernández A.
*CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y un minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veinticinco.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-009199-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
Resultando:
vida. De acuerdo con la Constitución, todos los ciudadanos tenemos derecho a un ambiente adecuado para desarrollar nuestras actividades cotidianas, lo cual incluye el derecho a un entorno adecuado para el trabajo". Pide se declare con lugar el recurso.
Redacta la magistrada Hess Herrera; y,
CONSIDERANDO
La recurrente manifiesta que la Municipalidad de La Unión otorgó una patente a la empresa Tajo Hacienda San Rafael, la cual opera en un terreno propenso a deslizamientos. Acusa que el paso de los vehículos de carga pesada sobre el puente cantonal excede el máximo diario. Señala que el tránsito de camiones y maquinaria llena de polvo las viviendas de los vecinos, lo que afecta la salud de las personas y genera mucho ruido. Solicita que se declare con lugar el recurso.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados, o bien, porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En cuanto a la Comisión Nacional de Emergencias a) El 5 de setiembre de 2011, por medio del informe técnico No. DPM-INF-0852-2011, ante la solicitud de criterio técnico por parte del MINAE, la autoridad recurrida recomendó lo siguiente: “(…) el proceso de movimiento del deslizamiento del río Chiquito, continuará a través del tiempo, es necesario, que evalúe exhaustivamente por medio de un estudio integral y si es viable medidas correctivas en el área, además, de establecer acciones tales como: monitoreo, control del movimiento utilizando (GPS), limpieza del cauce, además de que se informe a las autoridades competentes de cualquier manifestación importante para toma de decisiones con la Municipalidad de La Unión y CNE (…)” (ver informe rendido y prueba aportada).
Establecer las gestiones para la implementación de un Plan de Vigilancia por parte del CME, CCE y CNE del deslizamiento para el 2025, acorde con el Plan de Explotación establecido por el concesionario ante la Dirección de Geología y Minas y la SETENA. 3. Solicitarle al concesionario del Tajo un plan de intervención del relleno y de las medidas a optar para prevenir a futuro desplazamiento de material hacia el cauce del río Chiquito. 4. Por parte del ente Municipal y el CME solicitarle un informe de seguimiento a la Dirección de Geología y Minas y la SETENA con respecto al monitoreo y vigilancia de este proyecto del Tajo acorde a expediente DGM: No 2754, Res: R-0083-2015-MINAE, Exp: D1-1573- 2011-SETENA, con otorgamiento de la viabilidad ambiental No. 2191-2013-SETENA. (…)” (ver informe rendido y prueba aportada).
En cuanto a la Municipalidad de La Unión, el Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental d) El 29 de agosto de 2013, mediante resolución No. 2191-2013-SETENA, la SETENA otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto “Concesión de cantera para la extracción de minerales”, por la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A. (ver informe rendido y prueba aportada).
Se observa actividad en ubicación distinta a la del depósito, propiamente en el frente de explotación de la concesión de minería 2754, se utiliza un único equipo y su operador, para cargar y tamizar material pétreo. 5. Se realizó un recorrido por el frente de explotación y concluyó en el nivel más bajo con revisión de la zona de protección del rio Chiquito, la cual cuenta con afectación importante lo cual se documentará a través del informe de la CNE así como del registro fotográfico comparativo a través del tiempo y a partir del depósito de tierras y material vegetal. (…)”. Les solicitaron a estos departamentos lo siguiente: i) definir si existen temas pendientes por regularizar a nivel constructivo por parte de la empresa, ii) consultar con la Municipalidad de Curridabat si la empresa cuenta con permisos para movimiento de tierras, iii) determinar si existe licencia comercial para depósito de tierras, escombro y material vegetal en la propiedad de la empresa, iv) realizar una serie de consultas al Área Rectora de Salud de La Unión respecto del permiso de funcionamiento, así como formular una solicitud de reconsideración al mismo en razón de incongruencias entre la viabilidad ambiental otorgada por SETENA y la ampliación de dicho permiso de funcionamiento, lo cual está causando un impacto negativo (ver informe rendido y prueba aportada).
aa) El 9 de enero de 2025, mediante resolución No. MLU-DIDECU-ING-004-2025, ante la realización de una inspección que encontró que la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A. estaba realizando movimientos de tierra sin licencia municipal, la Municipalidad: i) ordenó la clausura de la obra; y ii) concedió el plazo de 30 días a la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A. para ponerse a derecho (ver informe rendido y prueba aportada).
bb) El 10 de enero de 2025, mediante oficio No. MLU-DAM-020-2025, la Municipalidad le solicita al Área Rectora de Salud de la Unión que suspenda el permiso de funcionamiento otorgado a la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A. debido a la clausura de las obras indicada supra (ver informe rendido y prueba aportada).
dd) El 13 de enero de 2025, por medio del escrito No. MS-DRRSCE-DARSLU-0011-2025, el Área Rectora de Salud de la Unión le informa a la Municipalidad que elevaron la solicitud contenida en el oficio No. MLU-DAM-020-2025 a la dirección jurídica del Ministerio de Salud para que evalúen lo correspondiente al respecto de la suspensión del permiso de funcionamiento (ver informe rendido y prueba aportada).
ee) El 11 de marzo de 2025, la SETENA realizó la inspección solicitada por el Comité Municipal de Emergencias de La Unión y elaboró el acta de inspección ASA-ACT-INS-0048-2025 (ver informe rendido y prueba aportada).
ff) El 9 de junio de 2025, la Sala notificó del presente amparo a la Municipalidad y a la SETENA (ver actas de notificación).
gg) El 10 de junio de 2025, mediante informe técnico No. INF-TEC-DT-ASA-0329-2025 dirigido a la Comisión Plenaria de la propia SETENA, en razón de la inspección realizada y solicitada por el Comité Municipal de Emergencias de La Unión, el Departamento de Auditoría y Seguimiento de la SETENA emitió las siguientes recomendaciones: “(…) PRIMERO: Ordenar la aplicación del Principio Precautorio en materia ambiental y establecer, de conformidad con lo expuesto en los Considerandos, una medida Cautelar de Suspensión de obras sobre el área del AP donde se lleva a cabo la recepción de tierra. Es decir, en las actividades relacionadas a la modificación menor al 20% aprobada mediante oficio SETENA-DT-ASA-1602-2023, del día 17 de agosto de 2023. Presentar en un plazo de dos meses los siguientes estudios: Levantamiento topográfico actualizado del sitio donde se realiza la recepción y depósito de tierra dentro del AP, detallando todas las obras ingenieriles que acompañan a la recepción de materiales que se aprobó en el oficio SETENA-DT-ASA-1602-2023.
Estudio geotécnico, que respalde los parámetros de compactación y estabilidad de taludes que deben contemplarse en dicha zona del AP. Definir acorde a los resultados obtenidos el lugar adecuado para colocar el material y que de esta forma no propicie deslizamientos. Medidas ingenieriles para evitar que se dé el arrastre sedimentos hacia el río, contemplando los datos de máxima precipitación de la zona y las características del material que se está depositando en el AP. Esta medida cautelar persistirá hasta que se aclare técnica y científicamente la interacción entre la recepción y depósito de tierra y las amenazas naturales dictaminadas por la CNE. SEGUNDO: Ordenar al desarrollador del proyecto la aplicación inmediata de las medidas de control ambiental que minimicen el impacto negativo ocasionado por el proyecto. TERCERO: Ordenar al responsable ambiental del proyecto supra citado a realizar las visitas periódicas que considere necesarias para verificar el cumplimiento de la medida cautelar y aplicación de las medidas de control ambiental, así como realizar el respectivo reporte en la Bitácora Ambiental Digital CUARTO: Solicitar a la Municipalidad La Unión velar por el cumplimiento de la medida cautelar dictada en la presente resolución y abstenerse de otorgar permiso de construcción en el área del proyecto paralizada, hasta tanto la SETENA no proceda con el levantamiento de la medida cautelar.
QUINTO: Iniciar el procedimiento sancionatorio de conformidad al artículo 87 y 88 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Decreto N° 43898- MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS) y artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, por lo siguientes incumplimientos y faltas evidenciados por el Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental (ASA), en el proyecto Concesión de Cantera para la Extracción de Materiales, con expediente D1-1573-2011-SETENA: Incumplimiento 1. No mantener al día la Bitácora ambiental digital, según el número de visitas que realice el responsable ambiental al proyecto. Lo anterior se considera falta leve de acuerdo con el artículo 87 del Decreto N°43898- MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS. (…)” (ver informe rendido y prueba aportada).
hh) El 25 de junio de 2025, la Sala notificó del presente amparo a las autoridades del Ministerio de Salud (ver actas de notificación).
jj) Mediante sentencia No. 001235-F-S1-2025 de las 09:05 horas del 22 de agosto de 2025, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resuelve recursos de casación contra la sentencia no. 001-2022-IV de las 10:30 horas del 4 de enero de 2022, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativos y Civil de Hacienda, Sección Cuarta. Dicha sentencia indica lo siguiente: “… Por mayoría, se acoge el recurso del Estado y parcialmente el de la parte actora. En consecuencia, se casa el fallo impugnado solo en cuanto resolvió sin condenatoria en costas respecto al Estado y a la empresa Hacienda San Rafael H.R.S S.A. En su lugar, fallando por el fondo, se impone a la Asociación de Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión el pago de las costas a favor del Estado. Además, se condena a la sociedad Hacienda San Rafael al pago de las costas a favor de la Asociación actora. En lo demás se mantiene incólume la resolución. Salva el voto el magistrado Zamora Campos.”.
En cuanto a la Dirección General de Geología y Minas kk) El programa de explotación minera de la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A., aprobado por el SETENA -otorgamiento de la Viabilidad Ambiental No. 2191-2013-SETENA del 29 de agosto de 2013-, contempla la existencia de una serie de índices de riesgo y se implementó para disminuir las amenazas del deslizamiento del Río Chiquito (ver informe rendido).
mm) El 20 de setiembre de 2013, la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A. presentó solicitud de Concesión de Extracción de Materiales en una Cantera, a la cual se le asignó el expediente administrativo No. 2754 (ver informe rendido).
nn) El 30 de setiembre de 2013, mediante oficio No. DGM-CMRC 1-63-2013, la autoridad recurrida rechazó la solicitud de concesión por faltar documentación necesaria para el trámite (ver informe rendido).
oo) El 24 de marzo de 2014, la empresa Hacienda San Rafael HSR S.Nombre02. presentó la documentación solicitada en el oficio No. DGM-CMRC 1-63-2013 (ver informe rendido).
pp) Mediante oficio No. DGM-CMRC-1-20-2014, la autoridad recurrida aprobó el proyecto de explotación y recomendó al Registro Nacional Minero continuar con los trámites correspondientes (ver informe rendido).
qq) El 15 de diciembre de 2014, mediante oficio No. DGM-RNM-834-2014, la autoridad recurrida emitió la recomendación de otorgamiento de concesión ante el ministro de Ambiente y Energía (ver informe rendido).
rr) El 20 de marzo de 2015, mediante la resolución No. R-0083-2015-MINAE, el Poder Ejecutivo otorgó la concesión por un plazo de 15 años a favor de la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A. (ver informe rendido).
ss) El 7 de julio de 2015, una representante de la autoridad recurrida realizó una visita de control al área de la concesión (ver informe rendido).
tt) El 16 de noviembre de 2015, mediante oficio No. DGM-RNM-985-2015, la autoridad recurrida atendió una serie de consultas formuladas por la Municipalidad de La Unión a través de su oficio No. MLU552-2015 (ver informe rendido).
uu) El 21 de octubre de 2015, mediante oficio No. DGM-CMRC1-98-2015, la autoridad recurrida respondió a consultas formuladas por vecinos de Yerbabuena de La Unión (ver informe rendido).
ww) El 17 de diciembre de 2015, mediante oficio No. DGM-OD-586-2015, la autoridad recurrida le remitió a la CNE un CD con información técnica que aportó la sociedad concesionaria (ver informe rendido).
yy) El 6 de noviembre de 2019, la autoridad recurrida realizó una visita de control al sitio junto con autoridades municipales y de la CNE, lo cual se documentó en el informe No. DGM-CRC1-008-2020 del 28 de enero de 2020, el cual indica lo siguiente: “(…) Se concluye que no hay relación entre las labores de extracción y los deslizamientos ocurridos el lunes 28 y jueves 31 de octubre de 2019. El frente de extracción se está laborando al noreste de la propiedad y no se han realizado labores extractivas en el lóbulo del deslizamiento, sitio donde ocurrió los desprendimientos de octubre de 2019. La presencia de maquinaria en el sitio y la planificación establecida desde el programa de explotación y el título de otorgamiento donde se indica que la sociedad concesionaria realizará labores de limpieza de materiales en el cauce del río Chiquito en caso de obstrucciones, permitió un accionar rápido y la liberación de la obstrucción. Se recuerda sobre los posibles efectos negativos en caso de ocurrir un represamiento y la formación de un embalse, el cual podría romperse de manera violenta y súbita provocando una avalancha aguas abajo. (…)” (ver informe rendido).
zz) Mediante los oficios DGM-CRC1-078-2021, DGM-RNM-508-2021 y DGM-CRC1-096-2021, la autoridad recurrida brinda aclaraciones al Tribunal Contencioso Administrativo y a la Procuraduría General de la República al respecto del procedimiento tramitado a través del expediente No. 16-005584-1027-CA (ver informe rendido).
aaa) El 23 de setiembre de 2021, la autoridad recurrida realizó una visita de control al sitio junto con autoridades de la CNE, lo cual se documentó en el informe No. DGMCRC1-103-2021, el cual concluyó que el tránsito de vagonetas por la comunidad es escaso, observando solo una unidad en un periodo de 10 minutos, la cual no provenía de la concesión (ver informe rendido).
bbb) El 18 de noviembre de 2021, mediante oficio No. DGM-TOP-O361-2021, la autoridad recurrida emite informe de inspección e indica lo siguiente: “(…) Conclusiones: 1. Respecto al deslizamiento se evidencia la actividad constante por inestabilidad de manera segmentada y sectorizada, en varios puntos. Los sectores de gran inestabilidad están principalmente en las partes altas del terreno, pero lejanas de cauce, por lo que no comprometen directamente el flujo normal del Río Chiquito. 2. El riesgo de represamiento hoy es muy reducido gracias a las labores de remoción del lóbulo principal del deslizamiento existente antes del proceso de extracción, con el trascurrir del proyecto se espera la contención del deslizamiento en el sector intervenido. Recomendaciones: 1. Realizar la ampliación de la sección hidráulica de la parte media y alta del cauce sector indicado en Imagen 2, como C2, esto antes del próximo invierno. 2.
Realizar labores de mantenimiento a los accesos internos, hacia la parte alta del deslizamiento y el sector Este, sector indicado en Imagen 2, como A1 y A2 esto de manera constante. 3. Realizar un mantenimiento de los límites de la concesión sector Oeste y Norte, dado que están en estado de total abandono, además de remarcar y enumerar los mojones de manera periódica. 4. Continuar las labores de extracción y remoción de terreno inestable, según el programa de explotación y recomendaciones del Geólogo Coordinador y Geólogo Regente. (…)” (ver informe rendido).
ddd) El 7 de mayo de 2024, mediante Memorándum No. DGM-CRC1-010-2024, la autoridad recurrida brinda criterio dentro del proceso de la denuncia establecida contra la Municipalidad de La Unión, concluyendo lo siguiente: “(…) No existe ningún elemento técnico que deba considerarse para recomendar la aplicación de una medida cautelar de suspensión. Desde la formación técnica del suscrito no se logra determinar la necesidad de suspender las labores de la concesión 2754 por motivos relacionados a una solicitud de patente municipal. Desde el conocimiento técnico de esta coordinación minera, me permito indicarle que es normal encontrar actividades lucrativas no relacionadas con la actividad minera que pueden co-existir en una misma finca donde se otorgó una concesión minera. Es lógico comprender que en Costa Rica existen actividades de agroindustria, ganadería, cultivos, alquileres de espacios, fincas de recreo, aprovechamiento turístico, ventas de productos no mineros, escombreras, embalses de agua y otras actividades dentro de propiedades donde también existe actividad minera formal y esto solo por mencionar algunos ejemplos.
Es evidente que la vigilancia, trámites y gestiones para este tipo de actividades no mineras, no son competencia de esta Dirección General de Geología y Minas, por lo que nos enfocamos en el deber que nos compete que es el control de la actividad minera y que no interfiera o se vea entorpecida por las otras actividades. (…)”. Añadido a esto, al respecto del señalamiento de posibles peligros en la zona, dicho documento dice: “(…) Durante la visita no se observó ninguna omisión, o actuación negligente que amerite la aplicación de una medida cautelar de suspensión, tampoco se observó ningún elemento de riesgo a la salud pública o al ambiente. Existe una condición de riesgo, discutida ampliamente dentro del expediente minero, pero esta condición está considerada dentro de las labores extractivas y demás labores operativas, las cuales fueron planificadas para disminuir la condición de riesgo y no a empeorarla.
Se le recuerda que la concesión otorgada con número de expediente 2754 posee un elemento desde su concepción que opera bajo la transversalidad institucional que exige una adecuada Gestión del Riesgo, involucrando instituciones como la DGM, SETENA, CNE y la Municipalidad de La Unión. (…)”. Por lo anterior, recomiendan declarar la denuncia planteada por la recurrente sin lugar (ver informe rendido y prueba aportada).
eee) El 20 de febrero de 2025, mediante el oficio No. CME-LA UNIÓN-010-2025, y ante la recomendación contenida en el informe técnico No. CNE-UIAR-INF-020-2025 de la Comisión Nacional de Emergencias, el Comité Municipal de Emergencias de La Unión solicita a la autoridad recurrida que realice una visita al tajo y elabore un informe correspondiente, de la siguiente manera: “(…) El informe deberá incluir, de manera detallada, los resultados de las evaluaciones realizadas, las acciones correctivas implementadas, así como las medidas preventivas en ejecución para mitigar los riesgos ambientales y geológicos derivados del desplazamiento de material. Adicionalmente, solicitamos que dicho informe contemple el monitoreo de las condiciones del cauce del río Chiquito, con respecto al deslizamiento reportado el 07 de enero de 2025, que evidenció la acumulación de escombros vegetales y tierra, afectando directamente la zona de protección del cauce y mostrando un desplazamiento hacia el mismo. (…)” (ver informe rendido y prueba aportada).
fff) El 11 de marzo de 2025, el Departamento de Control Minero de la autoridad recurrida realizó una visita al sitio, en conjunto con autoridades de la CNE, con el objetivo de verificar la maquinaria, con lo cual verifican que i) la maquinaria del área de concesión labora a aproximadamente 500 metros de las viviendas más cercanas, ii) hay cobertura vegetal entre las viviendas y el proyecto, iii) las lluvias disipan el polvo y el ruido; y iv) las vagonetas que transportan el material atraviesan caminos públicos asfaltados, por lo que no hay levantamiento de polvo. Debido a lo anterior, concluyen que i) la presencia de la maquinaria de la concesión no representa algo nocivo para quienes habitan las casas próximas al área, ii) el tránsito de vagonetas y los posibles perjuicios a la infraestructura, fueron considerados en las rutas del proyecto, el cual fue evaluado por SETENA; y iii) no son competentes para determinar el peso autorizado para transitar por el puente comunal (ver informe rendido).
Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:
“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).
Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza -plausiblemente debe involucrar un peligro serio-, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados.
En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente -lo que desnaturalizaría su razón de ser-, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:
“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).
El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica -véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006-, en la que se lee:
“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.
Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.
En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:
“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).
Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC- 23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.
Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.
En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.
Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.
Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.
Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre03 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:
“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.
Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).
En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.
El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).
Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:
“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.
Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.
En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017- 005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.
De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.
Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:
“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.
En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).
Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta que se haya lesionado el derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. En primer lugar, los reclamos formulados por la recurrente son: i) el otorgamiento de la patente a favor de Hacienda San Rafael HSR S.A., ii) los vehículos de carga pesada sobre el puente cantonal; y iii) las afectaciones de salud de los vecinos y el ruido provocados por el levantamiento de polvo; no son situaciones que se encuentren en el marco de competencias constitucionales y legales de la accionada.
Por otro lado, si bien la situación del deslizamiento del tajo del río Chiquito sí es algo que concierne a la recurrida en virtud de su función de gestión del riesgo y prevención de desastres, nótese que la competencia que le ha sido otorgada es aquella de función rectora en prevención de riesgos y función coordinadora en el acontecer de emergencias. De conformidad con esto, tal como se extrae del elenco de hechos probados, no es posible afirmar que la Comisión ha incurrido en alguna omisión de sus competencias, ni en una violación a derechos fundamentales en materia ambiental. Como prueba de ello, está el hecho de que, desde el 5 de setiembre de 2011, por medio del informe técnico No. DPM-INF-0852-2011, la accionada advirtió que el proceso de deslizamiento del río Chiquito iba a continuar a través del tiempo, solicitando a las instituciones a cargo de la vigilancia de la zona que llevaran a cabo medidas correctivas en el área, tales como monitoreo, control del movimiento utilizando con GPS, limpieza del cauce, entre otros.
Después de haber realizado esta pericia, la recurrida continuó haciendo evaluaciones y estudios integrales en el tajo, de los cuales son ejemplo los dictámenes No. DPM-INF-0852-2011, IAR-INF-0579-2015, IAR-INF-0087-2016, IAR-INF-1016-2016, IAR-INF-1062-2017, IAR-INF-0043-2018, IAR-INF-1218-2018, CNE-UIAR-INF-0507-2020, CNE-UIAR-INF-0595-2021 y CNE-UIAR-INF-0254-2023. Esta continuidad en los oficios emitidos tras sus visitas de campo son demostración de que el monitoreo de la zona ha sido constante. El derecho al ambiente sano, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional, no es simplemente una cláusula programática, sino que tiene fuerza normativa plena, goza de protección directa e inmediata mediante el recurso de amparo y su respeto impone obligaciones positivas a las autoridades públicas, las cuales deben actuar de manera oportuna, preventiva y eficaz. Este actuar diligente de la Comisión es lo que lleva a esta Sala a concluir que la accionada ha respetado el mandato contenido en el artículo 50 constitucional.
Por último, en lo que corresponde al informe técnico No. CNE-UIAR-INF-020-2025, que es el documento por medio del cual la autoridad recurrida brindó su último criterio sobre la situación de deslizamiento del río Chiquito, se logró constatar que se acumuló material en la zona de protección del cauce del río Chiquito, lo que por sí solo, presupone un peligro para el cuerpo de agua sobre el que se está realizando la actividad extractiva. No obstante lo anterior, como se acreditó en los hechos probados, que la Comisión haya ordenado a las autoridades municipales que i) soliciten informes periódicos al regente ambiental de la empresa, ii) establezcan gestiones para llevar a cabo un plan de vigilancia con todas las instituciones encargadas de gestionar los permisos, iii) soliciten al concesionario un plan de relleno; y iv) soliciten informes de seguimiento a la Dirección de Geología y Minas y a la SETENA; significa que han actuado de conformidad con los principios constitucionales en materia ambiental.
Esta Sala ha indicado que el principio preventivo detalla que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. Esto coincide con el actuar de la Comisión accionada, pues ante posibles peligros para el cauce del cuerpo de agua que se encuentra al margen del tajo sobre el cual se realiza la extracción de materiales, la recurrida instruye a las autoridades competentes que, a su vez, exijan determinados lineamientos al concesionario para continuar con su actividad en la zona.
Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en lo que respecta a la Comisión Nacional de Emergencias.
Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta que se haya lesionado el derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte de las autoridades municipales, las autoridades en materia de salud y la SETENA. Para realizar el análisis de fondo correspondiente respecto de las actuaciones de las tres partes recurridas, es preciso tomar en cuenta que a la concesionaria se le otorgó un permiso de funcionamiento para el desarrollo de dos actividades diferenciadas: i) la extracción de piedra, arena y arcilla; y ii) la recepción y disposición de tierra y escombros (recolección de materiales).
En lo que corresponde a la primera actividad desarrollada por la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A., la tramitación de los permisos correspondientes ante estas tres autoridades consistió en los siguientes documentos: i) viabilidad ambiental otorgada por SETENA por medio de la resolución No. 2191-2013-SETENA, ii) licencia municipal No. 04-0717 entregada por la Municipalidad de La Unión, iii) permiso de funcionamiento sanitario No. CS-ARS-CU-205-2019 brindado por el Área Rectora de Salud de Curridabat del Ministerio de Salud; y iv) renovación del permiso sanitario de funcionamiento a través del documento No. ARSLU-3386-05-2024.
No obstante, de la prueba aportada en autos se extrae que la legalidad de la licencia municipal otorgada para la actividad de extracción de materiales fue discutida ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por medio de la resolución No. 001-2022-IV del 4 de enero de 2022, dictada por la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, se dispuso lo siguiente con respecto a la Municipalidad de La Unión:
“Se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por la Asociación de Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión contra la Municipalidad de la Unión y la Hacienda San Rafael HSR S.A., entendiéndose denegada en lo no expresamente concedida: i) Se anula la Resolución Administrativa No. MLU-PAT-0127-2016 del 26 de enero de 2016, emitida por la Dirección de Administración Tributaria y la Coordinación del Departamento de Patentes de la Administración Municipal accionada, mediante la cual se dispuso otorgar a la empresa Hacienda San Rafael HRS S.A. la Licencia Municipal No. 04-0717 para la actividad de "TAJOS" y todos los demás actos conexos con la misma -entiéndase anteriores o posteriores, de trámite o de trámite con efecto propio-. En este sentido, para mayor claridad, ha de indicarse que la nulidad aquí decretada de la referida Licencia Comercial, se extiende a los oficios de la Dirección Jurídica MLU-DJUR-023-2016, fechado 19 de enero de 2016 y MLU-DJUR-480-2017 del 5 de junio de 2017, ambos suscritos por el Licenciado Rommel Calvo Padilla, así como la Resolución MLU-DAM-DJUR-292-2016 de las 9:00 horas del 26 de mayo de 2016 emitida por la Alcaldía Municipal, respecto de la cual, la Sección Tercera de este Tribunal rechazó el Recurso de Apelación por considerarlo interpuesto extemporáneamente, Además, cualquier decisión adoptada por el ente municipal u otra Administración Pública, al amparo de lo indicado por el mencionado profesional en Derecho en los referidos oficios, resulta de igual forma absolutamente nula.
(…)” Dicha sentencia quedó en firme por medio del voto No. 001235-F-S1-2025 de las 09:05 horas del 22 de agosto de 2025 dictado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a través del cual esta cámara de casación mantiene incólume la resolución dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo.
De conformidad con lo anterior, es oportuno aclarar que la Sala carece de competencia para ordenar la ejecución de disposiciones decretadas por la vía jurisdiccional ordinaria, tales como la del caso que nos ocupa, donde se anuló la resolución administrativa a través de la cual se confirió la licencia municipal a la empresa concesionaria. En vista de que este es un asunto que ya goza de cosa juzgada material, cuyos alegatos de fondo ya fueron discutidos en la jurisdicción competente, sobre todo, tomando en consideración que la nulidad de la licencia municipal implica un cese de las actividades extractivas por parte de Hacienda San Rafael HSR S.A, este extremo del recurso se declara sin lugar.
Ahora bien, en lo que concierne a la recolección de materiales, que es la segunda actividad desarrollada por la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A., hay que discernir entre dos momentos distintos en los que las autoridades recurridas actuaron al respecto: i) las denuncias presentadas antes del año 2025; y ii) el manejo del deslizamiento del tajo a partir del año 2025.
En cuanto al primer punto, como se indicó en los hechos probados, tanto SETENA como el Área Rectora de Salud, recibieron una serie de denuncias a nivel administrativo debido a la actividad de recepción de materiales que estaba realizando la empresa concesionaria, alegando que la misma se llevó a cabo sin los permisos correspondientes e incumpliendo la viabilidad ambiental. Por parte de la Secretaría accionada, esta resolvió la denuncia planteada indicando que no había incumplimiento del permiso otorgado y que era innecesario llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental. Por el lado de las autoridades en salud, si bien al inicio realizaban inspecciones al sitio y descartaban los hechos por no observar las condiciones denunciadas, tras constatar en una de las denuncias que sí se estaba llevando a cabo la actividad de recepción de materiales, a través de la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSLU-OS-018-2024 se clausuraron las obras de la empresa en el tajo hasta que obtuvieran el correspondiente permiso sanitario de funcionamiento. Como producto de lo anterior, ante la ejecución del trámite y la entrega de la documentación correspondiente el 28 de mayo de 2024 por parte de la concesionaria, el Área Rectora de Salud de La Unión otorgó el permiso sanitario de funcionamiento a la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A., para la actividad de recepción de materiales.
Del panorama anterior, esta Sala concluye que las autoridades no incurren en algún tipo de omisión en cuanto al cumplimiento de deberes de vigilancia, sanción y ejecución, ya que atendieron las denuncias formuladas en un tiempo prudente, emitieron las órdenes respectivas en el momento en que sí se dieron incumplimientos y tramitaron los permisos respectivos cuando estos fueron procedentes. Este actuar de las autoridades competentes es conforme a los estándares constitucionales y convencionales de protección del ambiente, lo cual conlleva un respeto a los derechos de la amparada como denunciante ambiental y a los intereses difusos de la colectividad. En virtud de ello, también es procedente declarar sin lugar este extremo del recurso.
En cuanto al segundo punto, es menester recalcar que, de la línea cronológica expuesta en el elenco de hechos probados, se logra entender que, a partir de enero del 2025, las autoridades competentes identificaron que el deslizamiento del tajo del río Chiquito se volvió más severo en comparación a lo que estaba aconteciendo previamente. De acuerdo con la prueba aportada en autos, se verifica que el 7 de enero de 2025, la Comisión Municipal de Emergencias de La Unión, en una visita coordinada junto con la CNE logró identificar un depósito de materiales en el cauce del río Chiquito, lo que les llevó a solicitar colaboración a otros departamentos de la autoridad municipal, con el fin de averiguar los permisos con los que cuenta la concesionaria, así como solicitar al Área Rectora de Salud de La Unión la reconsideración del permiso de funcionamiento sanitario otorgado el 28 de mayo de 2024, por incongruencias entre la viabilidad ambiental otorgada por SETENA y la ampliación de dicho permiso de funcionamiento.
Añadido a lo anterior, las autoridades municipales también llevaron a cabo las siguientes actuaciones: i) la clausura de la obra en la que trabaja la empresa concesionaria por no contar con licencia municipal, ii) la solicitud formal al Área Rectora de Salud de la Unión que suspenda el permiso de funcionamiento otorgado a la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A.; y iii) la solicitud a SETENA de que realice una visita al tajo y elabore un informe sobre acciones correctivas y medidas preventivas en razón del deslizamiento detectado el 7 de enero de 2025. En los hechos probados, esta Sala constata que el Ministerio de Salud y la SETENA acataron dichas disposiciones, ya que i) el Área Rectora de Salud de la Unión elevó el 13 de enero de 2025, la solicitud a la dirección jurídica del Ministerio de Salud para que evalúen lo correspondiente respecto a la suspensión del permiso de funcionamiento, lo cual se está evaluando actualmente; y ii) la SETENA realizó la inspección solicitada, decretó una medida cautelar de suspensión de obras, ordenó la apertura de un procedimiento sancionatorio y solicitó a la concesionaria que aporte una serie de documentos y estudios previo a retomar su actividad; actualmente, la Comisión Plenaria de la SETENA se encuentra conociendo el informe técnico que concluyó en las órdenes que se mencionan.
Del panorama anterior, es posible concluir que el actuar de estas tres autoridades recurridas es conforme al principio de coordinación interinstitucional. Como lo ha expuesto esta Sala en ocasiones anteriores, este es uno de los principios rectores de la organización administrativa, ya que se trata de la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. Dicha coordinación se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación (véase sentencia No. 18896-2014 de las 9:05 horas del 21 de noviembre del 2014).
En el caso concreto, se logra visibilizar la manera en que la Municipalidad, el Ministerio de Salud y la SETENA han actuado de manera célere y diligente ante la detección del agravamiento en los deslizamientos del tajo del río Chiquito, ejerciendo acciones de manera organizada y llevando a cabo las medidas procedentes a favor de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. El deber del Estado -y de todas sus instituciones públicas- de no dañar el ambiente, así como de protegerlo activamente, restaurarlo y prevenir su deterioro, requiere resultados reales y verificables, conforme lo ha reiterado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo, protegido por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y desarrollado en su Opinión Consultiva OC-23/17, donde se subraya que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y reparar afectaciones ambientales que pongan en riesgo la vida, la salud, la integridad o la dignidad humana, incluso cuando no haya daño físico inmediato, pero sí una afectación a la integridad ecológica y funcional de los ecosistemas. De un análisis del caso en concreto, se verifica que el actuar de las instituciones accionadas es conforme con lo exigido en el artículo 50 constitucional y en los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel regional.
Ahora bien, nota también la Sala que los trámites iniciados por estas instancias están pendientes de consideración, por lo que deben tomar nota las autoridades del Área Rectora de Salud y de la SETENA que deberán adoptar de forma célere las decisiones que correspondan en estos asuntos pendientes, con estricta tutela de la integridad de las personas y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
VI.Por último, en lo que respecta a los reclamos de la recurrente sobre el ruido y el levantamiento de polvo que generan los camiones que transitan en dirección al tajo, así como lo manifestado en cuanto a que el paso de estos vehículos sobre el puente cantonal sobrepasa el peso máximo diario que la estructura puede soportar, cabe desestimar el amparo.
Por un lado, en cuanto al ruido y al levantamiento de polvo, la autoridad de salud accionada indicó en el informe rendido que no ha recibido denuncias sobre estos agravios que sean atribuibles a la empresa concesionaria sobre una afectación en la salud o el bienestar de los vecinos. De conformidad con lo informado bajo juramento, estas acusaciones por ruido y por polvo deben ser específicas y referidas a una persona identificable, con el fin de realizar mediciones desde el interior de la vivienda del denunciante y valorar objetivamente una posible afectación en domicilios específicos. Por ello, lo procedente es que la propia recurrente interponga su denuncia ante el Ministerio de Salud para que este lleve a cabo los estudios respectivos.
En cuanto al tránsito de vehículos pesados sobre el puente cantonal y el alegato formulado por la parte amparada, en cuanto a que dicha estructura no está diseñada para soportar tal peso, los aspectos relacionados con las condiciones en que circulan los vehículos de carga pesada, su peso y los efectos que puedan generar sobre puentes y caminos, deben ser planteados ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con el Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga (Decreto Ejecutivo n.º 31363-MOPT) y la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres (Ley n.º 9078). Por todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en lo que respecta a la Municipalidad de La Unión, al Ministerio de Salud y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta que se haya lesionado el derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte de las autoridades de la Dirección General de Geología y Minas.
Dentro del ámbito de sus competencias legales, a este órgano especializado le corresponde, tramitar las solicitudes de concesiones mineras y llevar a cabo el respectivo procedimiento para el otorgamiento de estas, de conformidad con el Código de Minería y su Reglamento, lo que conlleva controlar aspectos de seguridad y de protección ambiental, relativos a los proyectos y desarrollos mineros. Por ello, de un análisis de las actuaciones de la Dirección accionada dentro del proceso que nos ocupa, se constata que no se configuraron acciones u omisiones que vulnerasen el artículo 50 constitucional.
En primera instancia, ante la recomendación emitida por la recurrida frente al MINAE para otorgar la concesión por un plazo de 15 años a favor de la empresa concesionaria, es necesario aclarar que se trata de una decisión tomada con base en criterios técnicos, la cual contempló la existencia de una serie de índices de riesgo y que fue implementada para disminuir las amenazas del deslizamiento del Río Chiquito. Es decir, de acuerdo con lo informado bajo juramento, el otorgamiento del permiso pretende, más bien contribuir con la adaptación y el acomodo del terreno en el que se encuentra el tajo, procurando disminuir los índices de peligrosidad en la zona. Contrario a lo alegado, la accionada actuó en función del principio de objetivación de la tutela ambiental, puesto que que acreditó con estudios técnicos la toma de decisiones que se dio dentro de la materia de su competencia.
Añadido a lo anterior, ya fue mencionado que el actuar de las autoridades municipales, las autoridades de salud y del SETENA fue ejecutado de forma diligente y apegado al principio de coordinación interinstitucional desarrollado en la jurisprudencia de este Tribunal. En el caso de la Dirección recurrida, se verifica que sus actuaciones han ido en la misma línea, pues se han realizado visitas de control al área de la concesión -por su cuenta, o bien, en compañía de autoridades municipales y de la CNE- han atendido consultas formuladas por las instituciones competentes y por organizaciones de vecinos. Aunado a ello, han participado de reuniones interinstitucionales aportando información técnica de interés, han elaborado informes técnicos de la evolución del deslizamiento del tajo, entre otros mecanismos de colaboración.
Un aspecto importante de valorar es que la autoridad informa bajo juramento que, durante las visitas de control realizadas hasta el momento se ha determinado el cumplimiento del programa de explotación, lo que significa que se han evitado represamientos en el cauce del río Chiquito y se han conseguido disminuir los índices de peligrosidad.
Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en lo que respecta a la Dirección General de Geología y Minas.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia ambiental que no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. - Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Nombre04.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Hubert Fernández A.
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