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Res. 37558-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/11/2025
OutcomeResultado
The Chamber ordered the Municipality of San Mateo and CONAVI to coordinate, investigate, and definitively resolve the runoff problem within six months, formally notify the claimants, and bear the resulting costs and damages.La Sala ordenó a la Municipalidad de San Mateo y al CONAVI coordinar, verificar y solucionar definitivamente en seis meses el problema de escorrentía, informar formalmente a los recurrentes y responder por las costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed by residents of Estanquillos because the authorities had not produced a definitive solution to increased stormwater runoff affecting their access road and properties near National Route 713. Although the Municipality of San Mateo conducted inspections, issued technical requirements, and coordinated with CONAVI, more than eighteen months passed without fully resolving the complaint or identifying the additional measures required. CONAVI’s report attributed the increased flow to modifications to the cantonal road known as “Calle División,” the closure of drainage outlets, and housing development, while also recognizing effects on the national highway. The Chamber found the delay disproportionate and held that divided institutional responsibilities did not justify inaction because both institutions had to coordinate their responses. It ordered them to complete, within six months, the necessary inspections and interinstitutional coordination to resolve the problem definitively and formally notify the claimants. It also ordered both authorities to pay costs and any damages caused, to be assessed in judgment-enforcement proceedings before the administrative courts.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo promovido por vecinos de Estanquillos ante la falta de una solución definitiva al aumento de escorrentía que afecta su acceso y propiedades cerca de la Ruta Nacional 713. Aunque la Municipalidad de San Mateo efectuó inspecciones, formuló prevenciones técnicas y coordinó con el CONAVI, durante más de dieciocho meses no resolvió integralmente la denuncia ni aclaró las medidas adicionales necesarias. El informe del CONAVI atribuyó el incremento del caudal a modificaciones de la calle cantonal denominada “Calle División”, al cierre de desfogues y al desarrollo habitacional, pero también reconoció la incidencia sobre la ruta nacional. La Sala consideró desproporcionada la demora y determinó que la existencia de competencias diferenciadas no justificaba la inacción, pues ambas instituciones debían coordinarse. Ordenó realizar, dentro de seis meses, las verificaciones y coordinaciones interinstitucionales necesarias para solucionar definitivamente el problema e informar formalmente a los recurrentes, además de condenar a ambas autoridades al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
Moreover, the record does not yet disclose any action capable of definitively resolving the reported problem, nor does it clearly identify what additional actions the respondent authorities will undertake to address the underlying situation, because, as previously stated, the problem persists. Despite the inspections conducted and the findings made, by the filing date of this action—and although eighteen months had already passed since the claimants submitted their complaint—no additional administrative acts had been issued to definitively resolve the stormwater situation affecting them. Furthermore, although the respondent municipality conducted another inspection in connection with this action on September 22, 2025, and stated that no erosion existed, CONAVI’s authorities emphatically reported: “The interventions on the land and cantonal road, together with the closure of the drainage outlets within the cantonal road, will increase the stormwater flow discharged onto the National Route, with the added problem that stormwater generated on the Cantonal Route is not efficiently captured by the National Route’s existing stormwater system; the complaint concerns this water flowing uncontrolled over the roadway at the intersection with National Route No. 713, whose technical solution requires management on the cantonal route (…)” (emphasis not in the original). Consequently, this Chamber finds that the time taken by the respondent authorities to resolve the protected parties’ complaint and communicate their decision is disproportionate. More than eighteen months have passed since the first complaint was filed without its complete resolution, aggravated by the fact that the reported impact remains ongoing. Although CONAVI’s authorities consider the matter to fall within the municipality’s responsibility, a national road is involved, and both authorities must take the appropriate steps to resolve the situation. On this basis, the Chamber concludes that the amparo must be granted, subject to the terms stated in the operative portion of this judgment.Aunado a lo anterior, de los autos no se evidencia aún que exista actuación alguna que pueda resolver la problemática denunciada de manera definitiva, ni tampoco se indica de manera clara cuáles actuaciones adicionales realizarán las autoridades recurridas para resolver la situación de fondo, debido a que, como se dijo de previo, el problema persiste. Nótese que, pese a las visitas de inspección realizadas y a los hallazgos allí encontrados, a la fecha de presentación de este recurso, y pese a que transcurrieron ya dieciocho meses desde la presentación de la denuncia por parte de los recurrentes, no se han emitido actos administrativos adicionales para solucionar definitivamente la situación que les aflige y afecta en cuanto a las aguas pluviales. Además, si bien el municipio recurrido realizó una nueva inspección con ocasión de este recurso el 22 de septiembre de 2025 y señalan que no hay erosión, no menos cierto es que, en el informe rendido por las autoridades del CONAVI son enfáticos en señalar que: “Las intervenciones en el terreno y en la calle cantonal, junto con el cierre de los desfogues dentro de la calle cantonal; incrementaran el caudal de aguas pluviales que desembocan en la Ruta Nacional, con el agravante que las aguas pluviales generadas en la Ruta Cantonal, no son captadas eficientemente al sistema pluvial existente de la Ruta Nacional, y la denuncia recae en esa agua que escurre sobre la calzada sin control en la intersección con la Ruta Nacional No. 713, lo cual su solución técnica es el manejo en la ruta cantonal (…)” (el resaltado no es del original). En consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la denuncia planteada por las partes tuteladas y comunicarles lo respectivo por parte de las autoridades recurridas es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de más de dieciocho meses desde la presentación de la primera denuncia apuntada, sin que a la fecha esta haya sido resuelta en su totalidad, con el agravante que la afectación denunciada continúa vigente y si bien las autoridades del CONAVI consideran que es una situación resorte del municipio, ciertamente, existe una calle nacional de por medio y lo correcto es que ambas autoridades gestionen lo que corresponda para solucionar la situación. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"Ciertamente, el caso expone una serie de preocupaciones legítimas por parte de los vecinos de Estanquillos -quienes figuran como recurrentes en este proceso- ante intervenciones en la Ruta 713 y la “Cuesta del Diablo”, que según alegan podrían afectar la seguridad de viviendas y cultivos por alteraciones en el sistema pluvial."
"The case indeed presents a series of legitimate concerns raised by the residents of Estanquillos—the claimants in these proceedings—regarding interventions on Route 713 and the “Cuesta del Diablo,” which they allege could endanger homes and crops because of alterations to the stormwater system."
Considerando III
"Ciertamente, el caso expone una serie de preocupaciones legítimas por parte de los vecinos de Estanquillos -quienes figuran como recurrentes en este proceso- ante intervenciones en la Ruta 713 y la “Cuesta del Diablo”, que según alegan podrían afectar la seguridad de viviendas y cultivos por alteraciones en el sistema pluvial."
Considerando III
"Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa el desvío de aguas pluviales y residuales hacia su propiedad, generando daños y riesgos de derrumbes, lo que amenaza la integridad de las personas, pero que presuntamente no ha sido atendido por las autoridades competentes."
"However, when such administrative inaction causes a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do examine the merits as an exception to my position on this matter, as occurs here, where the claimants allege that stormwater and wastewater were diverted onto their property, causing damage and landslide risks that threaten personal safety but were allegedly not addressed by the competent authorities."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa el desvío de aguas pluviales y residuales hacia su propiedad, generando daños y riesgos de derrumbes, lo que amenaza la integridad de las personas, pero que presuntamente no ha sido atendido por las autoridades competentes."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Karen Tatiana Alfaro Jiménez, en su condición de Alcaldesa y Ana Silvia Castro González, en su condición de Directora de Gestión Vial y Control Urbano, ambas de la Municipalidad de San Mateo, así como a Jason Adrián Pérez Anchía, en su condición de Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quienes ocupen dichos cargos, que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las verificaciones y coordinaciones interinstitucionales que correspondan para dar solución definitiva a la problemática planteada, y se informe de manera formal a las partes recurrentes de lo resuelto."
"The amparo is granted. Karen Tatiana Alfaro Jiménez, as Mayor, and Ana Silvia Castro González, as Director of Road Management and Urban Control, both of the Municipality of San Mateo, as well as Jason Adrián Pérez Anchía, as Acting Executive Director of the National Road Council, or whoever holds those offices, are ordered to take the actions within their respective powers so that, within no more than six months from notice of this judgment, the appropriate inspections and interinstitutional coordination are completed to provide a definitive solution to the problem and the claimants are formally informed of the decision."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Karen Tatiana Alfaro Jiménez, en su condición de Alcaldesa y Ana Silvia Castro González, en su condición de Directora de Gestión Vial y Control Urbano, ambas de la Municipalidad de San Mateo, así como a Jason Adrián Pérez Anchía, en su condición de Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quienes ocupen dichos cargos, que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las verificaciones y coordinaciones interinstitucionales que correspondan para dar solución definitiva a la problemática planteada, y se informe de manera formal a las partes recurrentes de lo resuelto."
Por tanto
"Se condena a la Municipalidad de San Mateo y al Consejo Nacional de Vialidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
"The Municipality of San Mateo and the National Road Council are ordered to pay the costs and damages caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in judgment-enforcement proceedings before the administrative courts."
Por tanto
"Se condena a la Municipalidad de San Mateo y al Consejo Nacional de Vialidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review Decision No. 2025037558 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning on catorce de noviembre de dos mil veinticinco.
Amparo proceeding (recurso de amparo) filed by [Name 001], [Value 001], [Name 002], [Value 002], [Name 003], [Value 003], [Name 004], [Value 004], [Name 005], [Value 005], [Name 006], [Name 007], [Value 006], [Name 008], [Value 007], [Name 009], [Value 008], [Name 010], [Value 009], [Name 011], [Value 010], [Name 012], [Value 011], [Name 013], [Value 012], [Name 014], [Value 013], [Name 015], [Value 014], [Name 016], [Value 015], [Name 017], [Value 016], [Name 018], [Value 017], [Name 019], [Value 018], [Name 020], [Value 019], against the MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO and the CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).
Findings of Fact:
Consequently, all actions taken by CONAVI have been carried out in strict compliance with the principle of legality, limited to performing maintenance, cleaning, and monitoring of the stormwater system within the right-of-way (derecho de vía) of National Route No. 713, without exceeding the powers conferred upon it by the regulations in force. 3. Response to the reported problem: CONAVI has responded to requests from local residents, keeping the stormwater system in optimal condition and documenting variations in runoff (escorrentía) through technical report CARTA-CONAVI-DRC-05-2025-1426, which demonstrates that the increase in stormwater flow (caudal pluvial) originates on Calle División and in adjacent urban developments, the management of which falls under the municipality’s jurisdiction (competencia). 4. Limitation of CONAVI’s liability: The discharge (desfogue) of stormwater onto private property and the proper management of runoff within cantonal streets do not fall within CONAVI’s jurisdiction.
Therefore, any impact resulting from modifications to Calle División or from housing developments cannot be attributed to this Council, since its role is limited to maintaining national routes and their corresponding stormwater systems. 5. Follow-up with the community: Notwithstanding the foregoing, CONAVI has assisted the community and followed up on its concerns on several occasions through the Ingeniería de Zona and the Contraloría de Servicios, thereby fulfilling its duty of oversight and maintenance within the national route’s right-of-way. 6. Technical recommendation: To mitigate the effects of runoff on National Route No. 713, the municipality must ensure stormwater management on Calle División and in the adjacent residential developments by maintaining the discharge outlets and water-diversion cuts (cortes de agua), and by overseeing any work that could affect the hydraulics of the national route.
The actions undertaken by CONAVI have been diligent, timely, and consistent with the regulatory framework. The institution has acted by channeling the case through the proper procedure and observing the principles of administrative coordination, reasonableness, efficient use of public resources, and compliance with the legal framework in force. CONAVI reaffirms its willingness to coordinate with the Municipalidad de San Mateo, always in strict compliance with the principle of legality, so that each institution acts within its respective regulatory framework, thereby avoiding any misuse of authority (desviación de poder) or assumption of powers beyond its jurisdiction. Consequently, there is no evidence of arbitrary action or any omission attributable to CONAVI that could be deemed a violation of the fundamental rights invoked by the appellants. On the contrary, it has been demonstrated that the institution has acted objectively, responsibly, and within the scope of its jurisdiction. (…)” It requests that the appeal (recurso) be dismissed.
Justice Araya García drafts the opinion; and,
Considering:
I.Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the case—concerning the alleged violation of the right to prompt and proper proceedings—it must be clarified that, since Judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 hours on 22 de febrero de 2008, this Chamber has referred to the administrative-law jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, either to conclude an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—by issuing a final administrative act, or to hear the applicable administrative appeals. This case specifically presents an exception, because it concerns a complaint regarding circumstances that are creating a risk to the safety of the people living in the area and to the protection of their property, which the respondent authorities allegedly failed to resolve within a reasonable period. Having clarified this point, the Chamber proceeds to decide the specific situation raised in this writ of amparo (amparo).
II.Subject Matter of the Action. The petitioners—residents of Estanquillos, San Mateo—state that, since febrero de 2024, a residential development has diverted stormwater (aguas pluviales) and wastewater (aguas residuales) toward their properties, causing serious damage to the area’s only access road and creating a risk of landslides. They complain that, despite requests submitted to the Municipalidad de San Mateo and CONAVI, as of the date on which they sought amparo relief they had not received comprehensive solutions to the problem; accordingly, they request the intervention of this Chamber.
Given this situation, we turn to you so that you may provide the technical assistance necessary to intervene and enable preventive work regarding earthworks (movimientos de tierra) and drainage. We trust in the work that you, as the municipal government, can perform. We submit this request on behalf of [Nombre 002] and the siblings ([Nombre 008]), [Nombre 021], [Nombre 022], [Nombre 023], [Nombre 024], and [Nombre 025], with the latter signing as the principal contact for follow-up (…)” (see evidence submitted by the respondent authorities).
Naranjo to inform him of what occurred at that time and of the current situation. – My department head informed me that this same case, which was addressed months ago, was addressed again today through interdisciplinary work by professionals from Urban Development and the DTGV surveying unit. – The surveyor was asked whether he had any report on the matter, and he stated that he did not. – The surveying unit was asked to prepare a report on water management and whether the water could cause damage to any type of nearby infrastructure. – A field visit will be conducted on Thursday at 10am to carry out social mapping in the affected area. With nothing further, we await the requested report, which will indicate the potential risks to existing infrastructure. The community spokesperson will be kept informed so that they are fully aware of the work performed, as will you. (…)” (see evidence submitted by the respondent authorities).
Expansion of the space between the asphalt surface and the earthen wall to maintain an adequate hydraulic cross-section, ensuring that the water remains controlled within the roadway without overflowing toward the National Route until it reaches its discharge point in the existing pipe measuring 90 cm in diameter. (…)” (see the report submitted and the evidence provided by the respondent authorities).
In that report, Ms. Ana Silvia requests the construction of hydraulic infrastructure elements for the discharge of stormwater that were NEVER considered during the design stage or included in the plans approved by the municipality under construction license PC-1094-2024. 8. Because the road known as “Cuesta del Diablo” is not included in the inventory records of the Municipalidad de San Mateo, any financial resources allocated to it cannot come from the Tax Simplification and Efficiency Law (Ley de simplificación y eficiencia tributaria); Ley 8114, and must therefore be provided for by the municipal administration. (…)” (see evidence submitted by the respondent authorities).
III.The case at bar. In this case (sub lite), the appellants—residents of Estanquillos, San Mateo—state that, since febrero de 2024, a residential development has diverted stormwater and wastewater toward their properties, causing serious damage to the sole access to that area and creating a risk of landslides. They complain that, despite requests submitted to the Municipalidad de San Mateo and CONAVI, as of the date on which they filed this amparo proceeding (recurso de amparo), they had not received comprehensive solutions to the matter and therefore seek the intervention of this Chamber.
In this regard, the reports submitted under oath by the respondent authorities show that the protected parties did, in fact, file an initial complaint on 10 de abril de 2024 with the Municipalidad de San Mateo, warning of works on Ruta 713 that were altering the natural course of stormwater, creating risks to homes, crops, and road infrastructure. As a result of that filing, inspections were conducted that identified recently constructed terraces, with no apparent impact on the road but with indications of illegal earthworks (movimientos de tierra), and the case was therefore referred to Desarrollo Urbano. On 12 de agosto de 2024, a municipal technical report documented deficiencies in the stormwater-channeling works and recommended their removal, in addition to establishing technical specifications for future interventions. It was subsequently reiterated that the works required CONAVI authorization and did not meet the technical requirements.
In December of that year, another report determined that the developer had closed the stormwater system without a permit and was required to reactivate it and assume responsibility for the works, as well as ensure safety and provide an adequate transition between roads. On 10 de enero de 2025, they filed a new complaint, prompting an inspection in the area known as “la cuesta del diablo.” That inspection established that some works had been completed, others had been shut down, and deficiencies were detected in the drainage ditches. The Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Mateo therefore warned of impacts on the stormwater system and a risk of runoff (escorrentía). Although the works within private property were licensed, preventive measures were recommended because a home was located in a low-lying area.
In March and April 2025, further inspections were conducted, with recommendations to restore the natural discharge of water and construct adequate infrastructure to prevent damage. The respondent municipality notified the responsible engineer that the work did not conform to what had been approved. He replied that the works complied with the permits and that the affected road was not included in the inventory, and therefore funds under Ley 8114 did not apply. Subsequently, the deadline for complying with the technical recommendations was suspended, and a meeting was scheduled to resolve the situation. Throughout this process, the record shows that the respondent Mayor’s Office maintained informal communication with the petitioners and undertook to provide a formal response. In June of the current year, a joint inspection with CONAVI ruled out any risk of collapse or erosion. Finally, in September, CONAVI attributed the increased flow to modifications on “Calle División” and to urban development, stating that the matter falls under the responsibility of the Municipalidad de San Mateo.
The case certainly reveals a series of legitimate concerns on the part of the residents of Estanquillos—who are the petitioners in these proceedings—regarding interventions on Ruta 713 and “Cuesta del Diablo,” which they allege could jeopardize the safety of homes and crops because of alterations to the stormwater system. However, despite the multiple filings, inspections, and technical recommendations made by the respondent municipality, inconsistencies remain between the works performed and the permits granted, as does the lack of clarity concerning institutional responsibility, particularly with respect to the respective authority of the Municipalidad de San Mateo and CONAVI.
Furthermore, the record does not yet show that any action has been taken that could definitively resolve the reported problem, nor does it clearly indicate what additional steps the respondent authorities will take to resolve the underlying situation, because, as previously stated, the problem persists. It should be noted that, despite the inspections conducted and the findings made during them, as of the date this amparo proceeding (recurso de amparo) was filed—and although eighteen months had already elapsed since the petitioners submitted their complaint—no additional administrative acts (actos administrativos) had been issued to definitively resolve the stormwater situation that is causing them distress and harm. Moreover, although the respondent municipality conducted a new inspection in connection with this proceeding on 22 de septiembre de 2025 and stated that there was no erosion, it is equally true that, in the report submitted by the CONAVI authorities, they emphatically stated: “The interventions on the land and the cantonal road, together with the closure of the outlets within the cantonal road, will increase the stormwater flow discharged onto the National Route, with the aggravating circumstance that the stormwater generated on the Cantonal Route is not efficiently captured by the National Route’s existing stormwater system, and the complaint concerns that water flowing uncontrolled over the roadway at the intersection with National Route No. 713; the technical solution therefore lies in managing it on the cantonal route (…)” (emphasis not in the original).
Consequently, this Chamber finds that the time elapsed for the respondent authorities to resolve the complaint filed by the protected parties and inform them accordingly is disproportionate, since more than eighteen months have passed since the first complaint was filed without its having been fully resolved to date, compounded by the fact that the reported harm remains ongoing. Although the CONAVI authorities consider the situation to be a municipal matter, a national road is clearly involved, and the proper course is for both authorities to take the appropriate measures to resolve the situation. On this understanding, this Chamber considers that the petition must be granted, subject to the provisions set forth in the operative part of this judgment.
IV.Note by Justice Castillo Víquez concerning prompt and effective administrative justice. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings (sede administrativa), the courts that must hear the legal dispute are the Administrative Litigation Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo), rather than this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is eligible for judicial protection through the amparo proceeding established by artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting the petitioner’s fundamental rights.
In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Court should modify its line of precedent, since, under section 7 of its Law, it has exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-law disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional circumstances that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding, in all other cases—and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008)—jurisdiction lies with the judges of the administrative-litigation jurisdiction. All of this is consistent with section 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitutional Law (its values, principles, and rules), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and purposive interpretation of the legal system.
V.Note by Justice Salazar Alvarado. As a matter of principle, I consider that cases concerning the failure of the Public Administration to repair, construct, modify, or demolish any infrastructure work should be dismissed because such an omission is a matter of statutory legality whose adjudication belongs to the ordinary courts, before which the interested person may litigate their objections more fully. However, when such administrative inaction results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do examine the merits because such a situation constitutes an exception to my position on this matter, as occurs in this case, in which the petitioning party alleges the diversion of stormwater and wastewater onto their property, causing damage and risks of landslides, thereby threatening people’s physical integrity, but which the competent authorities have allegedly failed to address.
VI.Documentation submitted to the case file. The party is hereby advised that, if it submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, these must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 de 26 de enero de 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The petition is granted. Karen Tatiana Alfaro Jiménez, in her capacity as Mayor, and Ana Silvia Castro González, in her capacity as Director of Gestión Vial y Control Urbano, both of the Municipalidad de San Mateo, as well as Jason Adrián Pérez Anchía, in his capacity as Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, or whoever may hold those positions, are ordered to take the actions within the scope of their authority so that, within a maximum period of six months from notification of this judgment, the appropriate interinstitutional verifications and coordination may be carried out to definitively resolve the problem raised, and the petitioning parties may be formally informed of the decision. The respondents are warned that failure to comply with this order will constitute the offense of disobedience and that, pursuant to article 71 of the Law governing this jurisdiction, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that they must comply with or cause to be complied with, and who fails to comply with it or cause it to be complied with, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The Municipalidad de San Mateo and the Consejo Nacional de Vialidad are ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts forming the basis of this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the administrative-litigation jurisdiction. Justice Castillo Víquez files a note. Justice Salazar Alvarado files a note. Let notice be given.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the Perpetuo Socorro church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], [Valor 001], [Nombre 002], [Valor 002], [Nombre 003], [Valor 003], [Nombre 004], [Valor 004], [Nombre 005], [Valor 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Valor 006], [Nombre 008], [Valor 007], [Nombre 009], [Valor 008], [Nombre 010], [Valor 009], [Nombre 011], [Valor 010], [Nombre 012], [Valor 011], [Nombre 013], [Valor 012], [Nombre 014], [Valor 013], [Nombre 015], [Valor 014], [Nombre 016], [Valor 015], [Nombre 017], [Valor 016], [Nombre 018], [Valor 017], [Nombre 019], [Valor 018], [Nombre 020], [Valor 019], contra la MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO y el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia por situaciones que están generando un riesgo para la integridad de las personas que habitan en la zona y por el resguardo de su propiedad, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de las autoridades recurridas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. Los recurrentes -vecinos de Estanquillos, San Mateo-, manifiestan que desde febrero de 2024 un desarrollo habitacional ha desviado aguas pluviales y residuales hacia sus propiedades, causando graves daños al único acceso de dicha zona y generando riesgo de derrumbes. Reclaman que a pesar de gestiones presentadas ante la Municipalidad de San Mateo y el CONAVI, a la fecha en la que acuden en amparo no han recibido soluciones integras al respecto, por lo que solicitan la intervención de esta Sala.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Ante esta situación, recurrimos a ustedes para que puedan generar el apoyo técnico necesario para intervenir, para que se pueda hacer un trabajo preventivo en cuanto a los movimientos de tierra y desagües. Confiamos en el trabajo que ustedes como municipalidad pueden realizar. Hacemos llegar esta solicitud en nombre de [Nombre 002] y los hermanos ([Nombre 008]), [Nombre 021], [Nombre 022], [Nombre 023], [Nombre 024] y [Nombre 025], firmando este último como contacto principal para el seguimiento (…)” (ver prueba aportada por las autoridades recurridas).
Sin más a la espera del informe solicitado, el cual nos indicará los posibles riesgos en la infraestructura existente. Se mantendrá informado al vocera de la comunidad para que conozca con amplitud lo realizado al igual que a su persona. (…)” (ver prueba aportada por las autoridades recurridas).
Ampliación del espacio entre la carpeta asfáltica y el muro de tierra para mantener una sección hidráulica adecuada, asegurando el control de las aguas dentro de la vía sin desbordarse hacia la Ruta Nacional hasta su punto de descarga en la tubería existente de 90 cm de diámetro. (…)” (ver informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).
Se realizan inspecciones necesarias para valorar si las obras corresponden a lo aprobado en los permisos. Igualmente, la ingeniera Vial realiza las inspecciones para realizar las verificaciones sobre temas de la calle perteneciente a ruta cantonal. Les recomiendo realizar trabajos preventivos dentro de sus propiedades, ya que como sabemos su propiedad se encuentra a un nivel más bajo de la calle y esto siempre va a provocarles problemas, tanto este proyecto como venideros. (…)” (ver prueba aportada por las autoridades recurridas).
Los elementos solicitados a construir en este informe NUNCA fueron parte de las recomendaciones generadas mediante oficio; DTGV-INT165-09 2024. 7. En dicho informe la señora Ana Silvia solicita la construcción de elementos de infraestructura hidráulica para el desfogue de las aguas pluviales que NUNCA fueron considerados en la etapa de diseño ni incluidos en los planos aprobados por la municipalidad bajo la licencia de construcción PC-1094-2024. 8. Siendo el camino denominado “Cuesta del Diablo” un camino no inventariado en el registro de la Municipalidad de San Mateo, los recursos económicos que se destinen a este no pueden provenir de la Ley de simplificación y eficiencia tributaria; Ley 8114 y por consiguiente deber ser previstos por la administración municipal. (…)” ver prueba aportada por las autoridades recurridas).
III.Sobre el caso concreto. En el sub lite, los recurrentes -vecinos de Estanquillos, San Mateo-, manifiestan que desde febrero de 2024 un desarrollo habitacional ha desviado aguas pluviales y residuales hacia sus propiedades, causando graves daños al único acceso de dicha zona y generando riesgo de derrumbes. Reclaman que a pesar de gestiones presentadas ante la Municipalidad de San Mateo y al CONAVI, a la fecha en la que acuden en amparo no han recibido soluciones integras al respecto, por lo que solicitan la intervención de esta Sala.
Al respecto, de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas se desprende que, en efecto, los amparados presentaron una primer denuncia el 10 de abril de 2024 ante la Municipalidad de San Mateo, alertando sobre obras en la Ruta 713 que alteraban el cauce natural de aguas pluviales, generando riesgos para viviendas, cultivos y la infraestructura vial, siendo que, a raíz de esta gestión, se realizaron inspecciones que identificaron construcciones recientes de terrazas, sin afectación vial aparente, pero con indicios de movimientos de tierra ilegales, por lo que el caso fue trasladado a Desarrollo Urbano. El 12 de agosto de 2024, un informe técnico municipal evidenció deficiencias en las obras de canalización pluvial y recomendó su remoción, además de establecer especificaciones técnicas para futuras intervenciones. Posteriormente, se reiteró que las obras requerían autorización del CONAVI y no cumplían con los requisitos técnicos.
En diciembre de dicho año, otro informe determinó que el desarrollador había cerrado el sistema pluvial sin permiso, debiendo reactivarlo y asumir la responsabilidad de las obras, además de garantizar la seguridad y realizar una transición adecuada entre rutas. El 10 de enero de 2025 presentaron una nueva denuncia, lo que motivó una inspección en la zona conocida como “la cuesta del diablo”, y a raíz de esta se constató que algunas obras estaban concluidas, otras clausuradas, y se detectaron deficiencias en las cunetas, por lo que el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Mateo advirtió sobre afectaciones al sistema pluvial y riesgo de escorrentía, siendo que, aunque las obras dentro de propiedad privada contaban con licencia, se recomendaron medidas preventivas por la ubicación de una vivienda en zona baja.
En marzo y abril de 2025 se realizaron nuevas inspecciones, recomendando rehabilitar la descarga natural de aguas y construir infraestructura adecuada para evitar daños y la municipalidad accionada notificó al ingeniero responsable que los trabajos no se ajustaban a lo aprobado, quien respondió que las obras cumplían con los permisos y que el camino intervenido no estaba inventariado, por lo que no aplicaban recursos de la Ley 8114. Posteriormente, se suspendió el plazo de cumplimiento de las recomendaciones técnicas y se agendó una reunión para resolver la situación. Durante todo este proceso, consta que la Alcaldía recurrida mantuvo comunicación informal con los recurrentes, comprometiéndose a brindar una respuesta formal y es en junio del presente año, que una inspección conjunta con CONAVI descartó riesgos de colapso o erosión. Finalmente, en septiembre, CONAVI atribuyó el aumento del caudal a modificaciones en la “Calle División” y al desarrollo urbanístico, indicando que la gestión corresponde a la Municipalidad de San Mateo.
Ciertamente, el caso expone una serie de preocupaciones legítimas por parte de los vecinos de Estanquillos -quienes figuran como recurrentes en este proceso- ante intervenciones en la Ruta 713 y la “Cuesta del Diablo”, que según alegan podrían afectar la seguridad de viviendas y cultivos por alteraciones en el sistema pluvial. Sin embargo, a pesar de múltiples gestiones, inspecciones y recomendaciones técnicas efectuadas por la municipalidad accionada, persisten inconsistencias entre las obras ejecutadas y los permisos otorgados, así como la falta de claridad sobre la responsabilidad institucional, especialmente en lo relativo a la competencia entre la Municipalidad de San Mateo y el CONAVI.
Aunado a lo anterior, de los autos no se evidencia aún que exista actuación alguna que pueda resolver la problemática denunciada de manera definitiva, ni tampoco se indica de manera clara cuáles actuaciones adicionales realizarán las autoridades recurridas para resolver la situación de fondo, debido a que, como se dijo de previo, el problema persiste. Nótese que, pese a las visitas de inspección realizadas y a los hallazgos allí encontrados, a la fecha de presentación de este recurso, y pese a que transcurrieron ya dieciocho meses desde la presentación de la denuncia por parte de los recurrentes, no se han emitido actos administrativos adicionales para solucionar definitivamente la situación que les aflige y afecta en cuanto a las aguas pluviales. Además, si bien el municipio recurrido realizó una nueva inspección con ocasión de este recurso el 22 de septiembre de 2025 y señalan que no hay erosión, no menos cierto es que, en el informe rendido por las autoridades del CONAVI son enfáticos en señalar que: “Las intervenciones en el terreno y en la calle cantonal, junto con el cierre de los desfogues dentro de la calle cantonal; incrementaran el caudal de aguas pluviales que desembocan en la Ruta Nacional, con el agravante que las aguas pluviales generadas en la Ruta Cantonal, no son captadas eficientemente al sistema pluvial existente de la Ruta Nacional, y la denuncia recae en esa agua que escurre sobre la calzada sin control en la intersección con la Ruta Nacional No. 713, lo cual su solución técnica es el manejo en la ruta cantonal (…)” (el resaltado no es del original).
En consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la denuncia planteada por las partes tuteladas y comunicarles lo respectivo por parte de las autoridades recurridas es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de más de dieciocho meses desde la presentación de la primera denuncia apuntada, sin que a la fecha esta haya sido resuelta en su totalidad, con el agravante que la afectación denunciada continúa vigente y si bien las autoridades del CONAVI consideran que es una situación resorte del municipio, ciertamente, existe una calle nacional de por medio y lo correcto es que ambas autoridades gestionen lo que corresponda para solucionar la situación. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.
IV.Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
V.Nota del magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa el desvío de aguas pluviales y residuales hacia su propiedad, generando daños y riesgos de derrumbes, lo que amenaza la integridad de las personas, pero que presuntamente no ha sido atendido por las autoridades competentes.
VI.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Karen Tatiana Alfaro Jiménez, en su condición de Alcaldesa y Ana Silvia Castro González, en su condición de Directora de Gestión Vial y Control Urbano, ambas de la Municipalidad de San Mateo, así como a Jason Adrián Pérez Anchía, en su condición de Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quienes ocupen dichos cargos, que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las verificaciones y coordinaciones interinstitucionales que correspondan para dar solución definitiva a la problemática planteada, y se informe de manera formal a las partes recurrentes de lo resuelto. Se les advierte a los recurridos que, de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de San Mateo y al Consejo Nacional de Vialidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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