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Res. 37551-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/11/2025

Municipal Duty to Protect Playa DominicalDeber municipal de proteger Playa Dominical

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber ordered the Municipality of Osa to inspect Playa Dominical, process the complaint, take the measures necessary to enforce protection of the maritime-terrestrial zone, and notify the complainant of the result within four months.La Sala ordenó a la Municipalidad de Osa inspeccionar Playa Dominical, tramitar la denuncia, adoptar las medidas necesarias para hacer respetar la zona marítimo terrestre y notificar el resultado al recurrente dentro de cuatro meses.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted the amparo against the Municipality of Osa for failing to address and effectively resolve a complaint filed on May 19, 2025, concerning illegal occupation, unauthorized structures, unlawful sales, and other violations in Playa Dominical’s maritime-terrestrial zone. Although the Municipality documented evictions, demolitions, inspections, interagency coordination, and a pending criminal case, the Chamber held that these measures neither definitively resolved the reported problem nor replaced the duty to provide the complainant with a timely response. It rejected the municipality’s reliance on its 221-kilometer coastline and insufficient staff as an adequate justification because Articles 3 and 13 of the Maritime-Terrestrial Zone Law assign local government direct responsibilities for oversight, proceedings, eviction, and protection. The Municipality was ordered to inspect the beach, process the complaint, take all necessary measures if violations are confirmed, and notify the complainant of the matter’s status, follow-up, and result within four months. It was also ordered to pay costs and resulting damages.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo contra la Municipalidad de Osa por no atender y resolver eficazmente una denuncia presentada el 19 de mayo de 2025 sobre ocupaciones ilegales, construcciones, ventas irregulares y otros incumplimientos en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical. Aunque la Municipalidad acreditó desalojos, demoliciones, inspecciones, coordinación interinstitucional y una causa penal, la Sala determinó que esas actuaciones no resolvieron definitivamente la problemática ni sustituyeron el deber de informar oportunamente al denunciante. Rechazó como justificación suficiente la extensión de 221 kilómetros de costa y la insuficiencia de personal, pues los artículos 3 y 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre atribuyen al gobierno local competencias directas de vigilancia, tramitación, desalojo y protección. Ordenó inspeccionar la playa, tramitar la denuncia, adoptar las medidas necesarias si se acredita una infracción y comunicar al recurrente el estado, seguimiento y resultado, todo dentro de cuatro meses. También condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

Although the respondent municipality reported that the authorities of the Municipality of Osa’s Maritime-Terrestrial Zone Department had diligently carried out eviction and demolition proceedings in the public zone—which is supported by the evidence in the record—it is no less true that they acknowledged that, to date, the offenders repeatedly return and attempt to reoccupy the same places. Moreover, when this proceeding was filed, the local government had neither addressed nor resolved the complainant’s report. Additionally, the respondents seek to justify their delay in fulfilling their statutory obligations by arguing that the Maritime-Terrestrial Zone encompasses more than 221 linear kilometers of coastline, making the task highly complex because insufficient personnel must cover an extensive territory. This Court does not accept that justification because municipalities are the authorities empowered to evict occupants and demolish structures located in the maritime-terrestrial zone without proper authorization. Consequently, as soon as the Municipality learns of illegal occupants and offenders engaged in encroachment, unlawful sales, or unauthorized construction in Playa Dominical’s Maritime-Terrestrial Zone, it must initiate the corresponding administrative proceeding to directly ensure compliance with the provisions governing ownership, development, exploitation, and use of the maritime-terrestrial zone, as established by Articles 3 and 13 of the Maritime-Terrestrial Zone Law. Accordingly, this Chamber finds a violation of the complainant’s fundamental rights. Although the respondent municipality stated that it had taken steps to address the complaint, the record does not show that the matter was definitively resolved; moreover, the Municipality failed to comply with its duty to act as required by Articles 3 and 13 of the Maritime-Terrestrial Zone Law.Ahora, si bien se informó por parte del municipio accionado que las autoridades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa han efectuado diligentemente los procesos de desalojo y demolición en la zona pública -lo cual se puede acreditar a través de la prueba aportada en autos-, no menos cierto es que se reconoció que a la fecha los infractores reinciden e intentan reinstalarse en los mismos lugares, con el agravante de que a la fecha de interposición de este recurso el gobierno local no había atendido ni resuelto la denuncia planteada por parte del recurrente. Adicionalmente, se debe advertir que los recurridos pretenden justificar su retardo en cumplir con las obligaciones que la ley les impone bajo la excusa de que la Zona Marítimo Terrestre constituye una franja costera de más de 221 kilómetros lineales lo que resulta una tarea de alta complejidad, dado el amplio territorio a cubrir con recursos humanos insuficientes, lo cual a criterio de este Tribunal no resulta de recibido debido a que las Municipalidades son los entes competentes para proceder al desalojo y demolición de construcciones que, sin la autorización debida, se encuentren ubicadas en la zona marítimo terrestre, motivo por el cual tan pronto tenga noticia de la existencia de ocupantes e infractores ilegales por concepto de usurpación, venta y construcción ilegal en la Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical debe instaurar el procedimiento administrativo correspondiente a efectos de velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre, tal como lo establecen los artículos 3 y 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Así las cosas, esta Sala acredita la vulneración a los derechos fundamentales del recurrente, toda vez que, si bien el municipio accionado indicó haber realizado acciones tendientes a atender la denuncia formulada por el recurrente, lo cierto del caso es que de los autos no consta que haya sido resuelta de forma definitiva, con el agravante de que se acreditó una inobservancia de las obligaciones del municipio accionado en actuar como lo exigen los artículos 3 y 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.

Pull quotesCitas destacadas

  • "De ahí que, esta Sala no logra tener por demostrado que las autoridades de la Municipalidad de Osa hayan resuelto de forma definitiva la problemática denunciada por parte del recurrente desde el 19 de mayo de 2025."

    "Therefore, this Chamber cannot find that the authorities of the Municipality of Osa have definitively resolved the problem reported by the complainant on May 19, 2025."

    Considerando V

  • "De ahí que, esta Sala no logra tener por demostrado que las autoridades de la Municipalidad de Osa hayan resuelto de forma definitiva la problemática denunciada por parte del recurrente desde el 19 de mayo de 2025."

    Considerando V

  • "Es menester aclararle a la autoridad recurrida que, en el marco de sus funciones, no basta con tomar las acciones que se indican para la atención del caso en cuestión, siendo que ello no inhibe a la administración de dar la debida atención y resolución a las denuncias planteadas por los usuarios, lo cual contempla comunicar todo lo relacionado al estado, al seguimiento y a la adopción de las acciones pertinentes en atención a las denuncias formuladas."

    "The respondent authority must be advised that, within the scope of its functions, merely taking the measures described to address the matter is insufficient; those measures do not relieve the administration of its duty to properly address and resolve complaints submitted by users, including communicating their status, follow-up, and the pertinent actions adopted."

    Considerando V

  • "Es menester aclararle a la autoridad recurrida que, en el marco de sus funciones, no basta con tomar las acciones que se indican para la atención del caso en cuestión, siendo que ello no inhibe a la administración de dar la debida atención y resolución a las denuncias planteadas por los usuarios, lo cual contempla comunicar todo lo relacionado al estado, al seguimiento y a la adopción de las acciones pertinentes en atención a las denuncias formuladas."

    Considerando V

  • "Se declara con lugar el recurso."

    "The amparo is granted."

    Por tanto

  • "Se declara con lugar el recurso."

    Por tanto

  • "Se condena a la Municipalidad de Osa al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

    "The Municipality of Osa is ordered to pay the costs and the damages caused by the facts underlying this ruling, to be assessed during enforcement proceedings before the contentious-administrative jurisdiction."

    Por tanto

  • "Se condena a la Municipalidad de Osa al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

    Por tanto

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Sections

Procedural marks

Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty hours on catorce de noviembre de dos mil veinticinco.

Amparo action (recurso de amparo) filed by Nombre87592, identity card CED48213, against the MUNICIPALIDAD DE OSA.

Considering the Facts:

  1. 1By a written submission received by the Office of the Clerk of the Chamber on 29 de agosto de 2025, the petitioner filed an amparo action against the Municipalidad de Osa. The petitioner states that Playa Dominical has long been experiencing a chaotic situation, where the Maritime-Terrestrial Zone (zona marítimo terrestre) has been illegally occupied by groups that have brought about crime, theft, drug sales, and even the establishment of permanent stands for the sale of liquor. The petitioner states that the most critical incident occurred on 1 de diciembre de 2023, when a 32-year-old German tourist was murdered while camping on the beach after attempting to prevent a robbery in front of his Ukrainian partner. The petitioner explains that these illegal occupants disguise themselves as artisans or massage therapists to conceal criminal activities such as robberies, drug sales, and procuring; in response to this problem, the petitioner indicates that several requests have been submitted to the Municipalidad de Osa, including a letter delivered in person on 19 de mayo de 2025 to the Departamento de Zona Marítimo Terrestre of the canton, signed by Mr.Carlos López Umaña on behalf of the Comité de Comerciantes y Ciudadanos Pro Defensa Playa Dominical, through which he reported the problem described above and requested: “Express request to evict the illegal occupants and demolish their shacks erected in the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Dominical in the canton of Osa. Current Social Problem. Playa Dominical is currently experiencing a chaotic situation because the public-domain property located within the so-called Maritime-Terrestrial Zone has been illegally seized by a criminal organization that has created chaos and entrenched crime in the area. Since these persons arrived and illegally occupied the Maritime-Terrestrial Zone, there have been numerous thefts and break-ins involving the vehicles of tourists visiting the beach, daily robberies of tourists, sales of all kinds of drugs in the area, and the permanent parking of large trucks that obstruct the free flow of traffic and are used as warehouses for storing merchandise sold illegally and possibly drugs; now, even a bartender has set up a permanent stand for selling cocktails and alcoholic drinks in the Maritime-Terrestrial Zone.But the last straw was the murder of a German man who was camping at Playa Dominical and was killed by criminals on viernes 01 de diciembre de 2023. The 32-year-old man attempted to prevent a robbery and was fatally shot in front of his Ukrainian partner. The current situation is utterly chaotic; the criminal underworld has taken control of the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Dominical and, in order to carry out its criminal activities, has devised the strategy of masquerading as artisans or massage therapists. They set up their tents at the site, but behind this façade of artisans or massage therapists are criminals who rob tourists, disguise drug sales, and conceal sexual procuring activities. In view of the social problem described above, we merchants who operate businesses in Playa Dominical and pay our municipal taxes on time demand that the Municipalidad de Osa take concrete and effective action to remove the illegal occupants from the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Dominical.These persons should already be evicted solely because of that act of illegal occupation, but they have also turned our beloved beach into a veritable high-crime area where all kinds of criminal acts take place: robberies, thefts, drug sales, and the sale of sexual services. To achieve this objective, we have formed a community committee called the Comité de Comerciantes y Ciudadanos Pro Defensa Playa Dominical, whose principal objective is to remove the illegal occupants from the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Dominical and restore the area as a place freely accessible to the public, including both Costa Rican and foreign tourists, and as a clean, orderly, and safe place.” The respondent municipality acknowledged receipt of the letter with an official stamp on the same date. Nevertheless, the petitioner complains that, as of the date on which this amparo action was filed, no response or solution had been received from the respondent authority, which has remained completely silent and taken no concrete action, thereby demonstrating total inertia in the face of the reported problem. The petitioner considers that this omission infringes the petitioner’s fundamental rights and therefore requests that this action be granted and that the appropriate relief under the law be ordered.
  2. 2By an order issued at 15:50 hours on 3 de setiembre de 2025, the petitioner was directed to cure deficiencies (prevención).
  3. 3By an order issued at 17:45 hours on 11 de setiembre de 2025, this proceeding was admitted, and the mayor and the head of the Departamento de la Zona Marítimo Terrestre, both of the Municipalidad de Osa, were asked to submit a report concerning the facts alleged by the petitioner.
  4. 4By a written submission added to the electronic case file on 16 de setiembre de 2025, the petitioner entered an appearance and stated that “for greater clarity for the Court, the requested material is attached again. The documentation attached again includes the letter sent by Mr. Carlos López Umaña, President of the Comité de Comerciantes y Ciudadanos Pro defensa Playa Dominical, a resident and community leader, to the Departamento de Zona Maritimo Terrestre del Cantón de Osa on 19 de mayo del 2025, so that the municipal authority would take action on the matter and permanently evict all those persons illegally occupying the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Dominical. Also attached is the acknowledgment of receipt from the Municipalidad de Osa for the aforementioned letter, dated 19 de mayo de 2025.”
  5. 5In a written submission added to the digital case file on 19 de setiembre de 2025, Mainor Anchia Angulo, in his capacity as mayor, and Diego Arias Morales, in his capacity as internal officer in charge of the Maritime-Terrestrial Zone Department, both of the Municipalidad de Osa, state under oath that: “FIRST. The petitioner states in an amparo proceeding (recurso de amparo) that on 19 de mayo del 2025 he requested information from the Maritime-Terrestrial Zone Department. The request was processed as part of the institution’s responsibilities, and acknowledgment of receipt was provided by means of procedure intake form number 805-2025 (see attached evidence). It was forwarded to the department for proper processing on 20 de mayo del 2025. Once received by the ZMT Department, and given the ongoing nature of the problem, it was added to the case file maintained since 2012 concerning the repeated eviction and demolition actions carried out in the Playa Dominical area against persons encroaching upon the Public Zone (see attached official communications AZM-242-2012, AZM-0137-2013, AZM-1057-2013, ORA7-2912- 2013, AIZ-026-2017, AZM-1014-2017, AIZ-0023-2020, AIZ-0049-2023).Accordingly, the problem concerning encroachment upon the Dominical Public Zone has been addressed through administrative channels. SECOND: Within the scope of the powers assigned to the Maritime-Terrestrial Zone Department, various eviction proceedings have repeatedly been conducted both in that sector and in other public-use areas within the canton. It must be noted, however, that the department currently has only two duly appointed inspectors, one of whom is restricted from performing fieldwork for duly documented health reasons. Consequently, overseeing more than 221 linear kilometers of Maritime-Terrestrial Zone, comprising both the coastal strip and estuaries, is a highly complex task because of the extensive territory to be covered with insufficient human resources. Despite these structural limitations, this department has endeavored, to the extent possible, to perform diligently and responsibly the duties and obligations entrusted to it by law, thereby ensuring the continuity of public service and the protection of natural and municipal property.THIRD: It has been established that the Municipality, through the Maritime-Terrestrial Zone Department, consistently and diligently carries out eviction and demolition proceedings in the Public Zone. Operational experience shows, however, that on many occasions the same offenders reoffend and attempt to reestablish themselves in the same locations days or weeks after being removed. This phenomenon stems from a regulatory and operational limitation, since the current legal framework does not grant local governments enforcement powers regarding the immediate surveillance and custody of the Public Zone, nor does it expressly authorize municipalities to order the seizure of merchandise so as to create an economic disincentive against repeat offenses. Consequently, municipal action is limited to physical eviction, which offenders perceive as a temporary rather than permanent burden, thus creating a practice that undermines the effectiveness of the protection of public property.Notwithstanding the foregoing, the Municipality has fulfilled and will continue to fulfill its legal duty by carrying out evictions and demolitions pursuant to Law No. 6043, particularly Articles 1, 7, 8, 10, 12, 13, 61, 62 and 63 thereof, which categorically establish that protection of the Maritime-Terrestrial Zone is an obligation of the State as a whole, including all its institutions, and not the exclusive responsibility of local governments. In this regard, it is considered necessary to emphasize that the active cooperation of the Ministerio de Seguridad Pública and other police forces is essential, since repeated occupation of the Public Zone may, under certain circumstances, even constitute criminal conduct pursuant to Article 62 of Ley 6043, which imposes a custodial sentence of one to three years on anyone who constructs, conducts activities, or erects infrastructure contrary to the applicable regulations.Accordingly, intervention by the police is not only legitimate but necessary to ensure the effectiveness of the administrative measures adopted by the Municipality and to prevent recovered areas from once again becoming subject to unlawful occupation. In this respect, it is reaffirmed that the Municipality has fulfilled and will continue to fulfill its duty to carry out evictions and demolitions within the limits of its powers, but coordinated action with other State institutions, particularly the police forces, is indispensable to ensure comprehensive, effective, and permanent protection of the Public Zone. FOURTH: In view of the foregoing, the Municipality, in coordination with the Ministerio Público, has decided to pursue the corresponding judicial proceedings in order to give greater enforcement strength to the actions taken against offenders. Criminal case file No. 24-000013-1111-PE contains formal complaints seeking the imposition, through judicial proceedings, of more severe consequences than those available in administrative proceedings.This is because, from an administrative standpoint, the measures applied are limited to eviction and a specific demolition, causing offenders only to lose the sales they would have made on the day the measure is enforced, which encourages them to reoffend as soon as municipal personnel are no longer physically present in the area. It bears repeating that it is physically impossible to keep officials continuously monitoring every critical sector of the Public Zone 24 hours a day, given an area encompassing more than 221 linear kilometers of ZMT. Notwithstanding the foregoing, as part of those judicial proceedings, the Municipality has maintained constant, documented monitoring and has prepared reports identifying offenders, environmental damage, and unlawful activities, which have been forwarded to the Fiscalía Ambiental. Inspections were conducted in enero de 2024 and marzo de 2025 as part of the monitoring of the cited case file; the case remains pending, awaiting a judicial decision that will allow new eviction and demolition strategies with stronger deterrent consequences to be adopted.It is likewise placed on record that in 2023, through official communication SZM-429-2023, the scheduled evictions in the Public Zone were coordinated. Subsequently, official communication AIZ-046-2024 issued a report on the evictions and notices carried out in the Dominical area on 4 de abril of that year. Furthermore, in connection with judicial case file 24- 000013-1111-PE, official communications SPM-011-2024, AIZ-005-2025 and PZM-052-2025, as well as certification PZM-052-2025, have been issued, all with the aim of keeping the judicial proceedings up to date and supporting the work of the Fiscalía. Consequently, the Municipality has been fulfilling its duty to protect the Public Zone by coordinating both administrative and judicial efforts, and it is awaiting the imposition in criminal proceedings of consequences having a stronger deterrent effect. This would provide offenders with a genuine disincentive to reoffend, overcoming the limitations of the administrative framework, which authorizes the Municipality only to carry out evictions and demolitions under each periodic schedule.FIFTH: The request identified by the appellant, submitted by note dated 19 de mayo of this year, was duly received and processed in accordance with administrative due process (debido proceso administrativo), and a response was issued through official communication PZM-389-2025, served on 18 de setiembre of this year. It must be clarified, however, that in order to ensure the effectiveness of the eviction proceedings and prevent information leaks that could frustrate their execution, the Administration has had to employ certain confidentiality strategies. On some occasions, scheduled operations cannot be completed because the offenders are absent when the action is undertaken; for this reason, notice of certain actions has been deferred until verifiable results are available. Furthermore, beyond the administrative actions, the Municipality duly coordinated with the Fiscalía Ambiental to open criminal case No. 24-000013-1111-PE in order to reinforce municipal actions with judicial consequences capable of producing a more effective deterrent against offenders.Likewise, through an electronic communication dated 26 de mayo de 2025, the Alcaldía Municipal arranged for the relevant institutions (Fiscalía, SINAC, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, among others) to be convened for the purpose of forming an interinstitutional commission to address the problem of unlawful occupation of the Public Zone. As a follow-up, official communication AM-1133-2025-2028 of 11 de setiembre reiterated the invitation to those entities to plan an interinstitutional operation involving the Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, Fiscalía Ambiental, and the municipal departments of Patentes, Zona Marítimo Terrestre and Gestión Ambiental. The objectives of this operation are to strengthen environmental protection, ensure land-use planning (ordenamiento territorial), and secure compliance with the regulations in force.The interinstitutional meeting has been scheduled for next martes 30 de setiembre for the purpose of defining the joint implementation strategy and coordinating comprehensive measures to address effectively the unlawful appropriation of the Public Zone in the canton. SIXTH: As part of this matter, copies of the cited official communications are attached in chronological order for the purpose of conclusively demonstrating that, for years, the Municipality has carried out sustained eviction and demolition actions in the Public Zone. These efforts have not been limited to isolated actions, but have formed part of a continuous and progressive institutional strategy in which efforts have been coordinated with various State entities through interinstitutional coordination, with a view to achieving more definitive and effective solutions to the problem of unlawful occupation. The Municipality’s ongoing monitoring of judicial case file No. 24-000013-1111- PE is likewise emphasized, reflecting its commitment to supplementing administrative proceedings with judicial proceedings so as to ensure that the consequences imposed on offenders extend beyond mere physical eviction and produce a deterrent effect consistent with the legal system in force.”
  6. 6In a written submission added to the digital case file (expediente digital) on 12 de noviembre de 2025, the appellant appeared and stated that “it is apparent from the municipal authority’s response to this amparo proceeding (recurso de amparo) that it is aware of the problem, but unfortunately it has not known how to address it with the required efficiency, and citizens who wish to enjoy Playa Dominical cannot be forced to file amparo proceedings every six months because of the municipal authority’s manifest inability to enforce constitutional provisions and permit the free enjoyment of Playa Dominical in a healthy environment. The esteemed Mayor of Osa’s excuse that he lacks the human resources to address the problem is unacceptable, because the ley Maritimo Terrestre is sufficiently clear regarding the municipal authority’s duty, within its respective jurisdiction, to attend directly to the care and conservation of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and its natural resources and, for those purposes, to appoint the necessary inspectors.Articulos 13-34 de la ley Maritimo Terrestre. By now, such a team of inspectors should be in place. As for the excuse that the illegal occupants of the maritime-terrestrial zone of Playa Dominical cannot be permanently evicted because of a ‘regulatory and operational limitation, since the current legal framework does not grant local governments enforcement powers for the immediate monitoring and custody of the Public Zone (Zona Pública),’ this is false, because those illegal occupants are clearly committing criminal offenses, and municipal officials have a duty to file the corresponding criminal complaints, whether for usurpation of public property (usurpación de dominio público), an offense defined in articulo 227 del Código Penal, or, where construction or any type of development has been carried out, by applying articulo 62 de la Ley 6043, which likewise entails criminal consequences.The reports provided by the Municipalidad de Osa itself show that it has a complete list of the recurring illegal occupants of the maritime-terrestrial zone in Playa Dominical, and therefore it is unclear why they have not been reported to the judicial authorities so that criminal proceedings may be opened against them. The same applies to the seizure (decomiso) of merchandise because, although the law does not expressly authorize municipalities to order the seizure of merchandise, it is clear that, once the corresponding judicial complaint has been filed, the seized property must be delivered to the appropriate judge, who will surely issue an order placing that merchandise in judicial custody (depósito judicial), and those defendants will have to wait until the criminal proceedings have concluded before they may potentially regain access to the merchandise, thereby creating an enormous disincentive to illegal occupation for commercial purposes.Finally, regarding the structures, La Ley de La Zona Marítimo Terrestre is unequivocal in establishing in artículo 12 the prohibition against erecting buildings without proper legal authorization; that Law likewise provides in artículo 13 that, where such illegal structures exist, the competent authorities must immediately demolish what was unlawfully built (…) From the foregoing, the Honorable Court can see that legal mechanisms do exist to bring a definitive end to the problem of illegal occupation in the maritime-terrestrial zone of Playa Dominical. Accordingly, the Court is respectfully requested to issue a judgment that advances environmental protection and provides a definitive solution to the problem of illegal occupation in the Zona Maritima Terrestre de Playa Dominical, so that Costa Ricans may freely access that territory and enjoy a healthy environment entirely free from pollution, drug sales, robberies, and chaos.”
  7. 7The statutory requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Garro Vargas authors the opinion; and,

Considering:

I.Regarding the exception to artículo 41 de la Constitución Política. Before examining the merits, it must be clarified that, since judgment número 2008-02545 de las 8 horas 55 minutos del 22 de febrero de 2008, this Chamber has referred to the administrative-law jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the reasonably established time limits for deciding requests submitted by private parties, in light of artículo 41 de la Constitución Política. Nevertheless, in the case at bar (sub lite), an exceptional circumstance is alleged based on the Administration’s purported delay in addressing an environmental complaint concerning the illegal occupants of the maritime-terrestrial zone of Playa Dominical. With that point clarified, the Chamber proceeds to decide the specific situation raised in this amparo proceeding.

II.Subject matter of the proceeding. The appellant alleges that the Municipalidad de Osa failed to act in exercising its function of providing effective protection in the maritime-terrestrial zone of Playa Dominical, because that omission has resulted in the illegal occupation of those public-domain areas, preventing the public from freely accessing and enjoying those common-use areas, since they have been unlawfully taken over by a criminal organization that has created chaos and established criminal activity at the site. Accordingly, he states that on 19 de mayo de 2025 he submitted a petition (gestión) to the Zona Marítimo Terrestre department of the Municipalidad de Osa; however, he complains that, as of the date on which he sought amparo relief, he had received neither a response nor any solution from the respondent authority, which had remained completely silent and had taken no concrete action, thereby demonstrating an attitude of total inertia toward the reported problem.

III. Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter

a. On 21 al 22 de diciembre de 2017, the authorities of the Municipalidad de Osa carried out evictions (desalojos) in the Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical (see sworn report and evidence submitted); b. On 18 de mayo de 2023, the authorities of the Municipalidad de Osa carried out evictions of illegal occupants and offenders for usurpation, illegal sales, and illegal construction in the Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical (see sworn report and evidence submitted); c. On 26 de febrero de 2025, the authorities of the Municipalidad de Osa found persons conducting commercial activities in the Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical (see sworn report and evidence submitted); d. On 19 de mayo de 2025, the appellant submitted a petition to the Municipalidad de Osa, in which he reported: “a chaotic situation currently exists in Playa Dominical because public-domain property located within the so-called Zona Marítimo Terrestre has been unlawfully taken over by a criminal organization that has created chaos and established criminal activity at the site.

Since those persons arrived and began illegally occupying the Zona Marítimo Terrestre, there have been numerous thefts from and break-ins of vehicles belonging to tourists visiting the beach, daily robberies of tourists, sales of all types of drugs in the area, and the permanent parking of large trucks that obstruct the free flow of traffic and are used as warehouses to store merchandise sold illegally and possibly drugs; even a bartender has now set up a permanent stand selling cocktails and alcoholic drinks in the maritime-terrestrial zone. But the last straw was the murder of a German national who was camping at Playa Dominical and was killed by criminals on viernes 01 de diciembre de 2023. The 32-year-old man attempted to prevent a robbery and was fatally shot in front of his Ukrainian partner (…) respectfully requests that the appropriate legal measures be taken to evict the de facto occupants (ocupantes de hecho) of the public-domain property of Playa Dominical under its administration, as well as to proceed with the destruction of the structures erected and the seizure of both the trucks obstructing the free flow of traffic and the merchandise being sold illegally at the site” (see evidence submitted); e. According to the authorities of the Municipalidad de Osa: “attending to more than 221 linear kilometers of Zona Marítimo Terrestre, comprising the coastal strip and estuaries, is a highly complex task given the extensive territory that must be covered with insufficient human resources” (see sworn report); f. The authorities of the Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa have diligently carried out eviction and demolition proceedings in the public zone; however, the offenders reoffend and attempt to reestablish themselves in the same locations (see sworn report); g. The authorities of the Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa reported that “in 2023, through official letter (oficio) SZM-429-2023, the implementation of the evictions scheduled in the Zona Pública was coordinated (…) through oficio AIZ-046-2024, a report was issued concerning the evictions and notices carried out in the Dominical area on 4 de abril de ese año” (see sworn report); h. On 16 de setiembre de 2025, the authorities of the Municipalidad de Osa were served with notice of the order admitting this proceeding (see certificates of service); i. Through oficio nro. AM-1133-2025-2028 del 11 de setiembre de 2025, the mayor of the Municipalidad de Osa requested institutional support for operations from the Ministerio de Seguridad Pública, the Ministerio de Salud, the Ministerio de Ambiente, and the Fiscalía Ambiental, stating for that reason: “I hereby formally request a meeting with representatives of your respective institutions in order to coordinate joint actions within the framework of interinstitutional operations aimed at environmental protection, land-use planning (ordenamiento territorial), and compliance with the regulations in force in the Cantón de Osa.

The meeting will be held next martes 07 de octubre de 2025, a las 10:00 a.m., at the offices of the Alcaldía Municipal de Osa. The principal purpose of this meeting is to establish mechanisms for collaboration, define operational responsibilities, and strengthen institutional coordination in addressing situations requiring joint intervention. We thank you in advance for your willingness and commitment to sustainable development and the strengthening of local governance” (see sworn report and evidence submitted); j. By official letter no. PZM-389-2025 dated 18 de setiembre de 2025, the authorities of the Departamento de Zona Marítimo Terrestre of the Municipalidad de Osa addressed the request submitted on 19 de mayo de 2025 as follows: “In response to your letter, received by this department on 20 de mayo del 2025, first of all, I apologize for the extremely delayed response, since, due to the high workload, large volume of correspondence, and insufficient staff to handle it, we have a significant backlog in providing timely responses.

Nevertheless, we must report that both this department and the Alcaldía Municipal have viewed with great concern the illegal occupation of the maritime-terrestrial zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT) and all the social and environmental problems this has caused, deeply regretting the loss of a life that could have been prevented. This is despite the fact that, as is known, an eviction (desalojo) and demolition were carried out at Playa Dominical in the month of mayo 2023, once again leaving the area free of offenders. Regrettably, however, there were already reports in the month of junio 2023 that the offenders had reentered the public zone (zona pública). Accordingly, new strategies have been developed to address this serious problem because, as is publicly known, the municipal administration has repeatedly entered various locations in the public zone of the canton to carry out different evictions and demolitions of the structures built there.

However, owing to the staff shortage, it has been impossible to work as quickly as we would like. We have therefore been planning different strategies intended to impose more significant consequences than those we can implement administratively through evictions and demolitions, since these measures have merely prevented offenders from selling products while officials are present, but once the officials leave the area, the same offenders return. As you know, in order to prevent information leaks, it is not possible to report all the actions and coordination efforts being undertaken by the administration. Nevertheless, we can assure you that we are working on those efforts to address this problem and seek a more permanent solution.” That official letter was sent to the means designated for receiving notices ...2645- (see report submitted under oath and evidence provided); k. The authorities of the Municipalidad de Osa coordinated in a timely manner with the Fiscalía Ambiental to open criminal case no. 24-000013-1111-PE, in order to reinforce municipal measures with judicial consequences that would generate a more effective deterrent effect against offenders (see report submitted under oath).

IV.Fact not proven. The following fact is not deemed duly established: Sole fact. That the authorities of the Municipalidad de Osa have definitively resolved the problem reported by the petitioner (recurrente) since 19 de mayo de 2025 (the case record).

V.Regarding the specific case. In the sub judice case (sub lite), the petitioner objects to the Municipalidad de Osa’s failure to act in exercising its duty of effective protection over the maritime-terrestrial zone of Playa Dominical, given that this omission has resulted in the illegal occupation of those public-domain areas, preventing the public from freely accessing and enjoying those common-use areas, since they have been illegally taken over by a criminal organization that has created chaos and entrenched crime in the area. Accordingly, he states that on 19 de mayo de 2025 he submitted a request to the Departamento de Zona Marítimo Terrestre of the Municipalidad de Osa; however, he complains that, as of the date on which he filed this amparo proceeding (amparo), he had received neither a response nor any solution from the respondent authority (autoridad recurrida), which had remained completely silent and had taken no concrete action, thereby demonstrating an attitude of total inertia toward the reported problem.

In this regard, a review of the case record establishes that, on 19 de mayo de 2025, the petitioner did in fact submit a request to the Municipalidad de Osa, in which he reported: “There is currently a chaotic situation at Playa Dominical because public-domain property located within the so-called Zona Marítimo Terrestre has been illegally taken over by a criminal organization that has created chaos and entrenched crime in the area. Since those individuals arrived and illegally occupied the Zona Marítimo Terrestre, there have been numerous thefts and break-ins involving the vehicles of tourists visiting the beach, daily robberies of tourists, the sale of all kinds of drugs in the area, and the permanent parking of large trucks that obstruct the free flow of traffic and are used as warehouses for storing illegally sold merchandise and possibly drugs. Even a bartender has now set up a permanent stand for the sale of cocktails and alcoholic beverages in the Zona Marítimo Terrestre.

But the last straw was the murder of a German national who was camping at Playa Dominical and was killed by criminals on viernes 01 de diciembre de 2023. The 32-year-old man attempted to prevent a robbery and died from a gunshot in front of his Ukrainian partner (…) respectfully requests that the appropriate legal measures be taken to evict the de facto occupants (ocupantes de hecho) from the public-domain property at Playa Dominical under its administration, as well as to destroy the structures erected there and seize both the trucks obstructing the free flow of traffic and the merchandise being sold illegally at that location.” Although the respondent municipality (municipio accionado) reported that the authorities of the Departamento de Zona Marítimo Terrestre of the Municipalidad de Osa have diligently carried out eviction and demolition proceedings in the public zone—which can be substantiated by the evidence submitted in the case record—it is no less true that it acknowledged that, as of the present date, the offenders continue to reoffend and attempt to reestablish themselves in the same locations, compounded by the fact that, as of the filing date of this action, the local government had neither addressed nor resolved the complaint submitted by the petitioner.

Additionally, it must be noted that the respondents seek to justify their delay in complying with the obligations imposed on them by law by claiming that the Zona Marítimo Terrestre comprises a coastal strip extending more than 221 linear kilometers, making this a highly complex task because of the extensive territory to be covered with insufficient human resources. In this Court’s judgment, that explanation is unacceptable because the municipalities are the entities with jurisdiction to evict occupants and demolish structures located in the maritime-terrestrial zone without proper authorization. Therefore, as soon as it becomes aware of illegal occupants and offenders engaged in trespass (usurpación), illegal sales, and illegal construction in the Zona Marítimo Terrestre of Playa Dominical, it must institute the corresponding administrative proceeding (procedimiento administrativo) in order to directly ensure compliance with the provisions of that law relating to the ownership, development, exploitation, and use of the maritime-terrestrial zone, as established by Articles 3 and 13 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.

Furthermore, it is important to note that there has been an unreasonable and improper delay in addressing the complaint filed by the petitioner on 19 de mayo de 2025. Although the record shows that, upon notice that the action had been admitted for processing, the petitioner was served with official letter no. PZM-389-2025 dated 18 de setiembre de 2025, through which he was informed of the measures taken by the respondent municipality, it is no less true that the response itself shows that it was acknowledged that the corresponding work was still underway to address this problem and seek a more permanent solution. Consequently, this Chamber cannot deem it established that the authorities of the Municipalidad de Osa have definitively resolved the problem reported by the petitioner since 19 de mayo de 2025.

Accordingly, this Chamber finds that the petitioner’s fundamental rights have been violated because, although the respondent municipality stated that it had taken measures aimed at addressing the complaint filed by the petitioner, the fact remains that the case record does not show that it has been definitively resolved, compounded by the established failure of the respondent municipality to comply with its obligations to act as required by Articles 3 and 13 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. The respondent authority must be advised that, within the scope of its duties, taking the measures described to address the case at issue is insufficient, since doing so does not relieve the administration of its obligation to duly address and resolve complaints submitted by users, which includes communicating all information concerning the status, follow-up, and adoption of the appropriate measures in response to the complaints filed. In view of the foregoing, the action must be granted, subject to the directions set forth in the operative portion (parte dispositiva) of this judgment.

VI.Note by Justice Castillo Víquez regarding prompt and effective administrative justice (justicia administrativa pronta y cumplida). I have supported this Court’s position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the courts that must hear the legal dispute are the Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, not this Chamber. That said, the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, established that this right is eligible for judicial protection through the amparo proceeding provided for in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in cases where the petitioner believes that the Administration’s material actions, administrative acts (actos administrativos), or response are affecting his or her fundamental rights.

In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to modify its line of precedent, since, pursuant to section 7 of its Law, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-law disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases and that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional protective proceeding of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 at 8:55 hours on 22 de febrero de 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso-administrativo). All of this is consistent with section 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) (values, principles, and rules), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.Documentation submitted to the case file. The appellant is hereby advised that, if any paper document was submitted, as well as any objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, they must be retrieved from the court within a maximum period of 30 business days counted from notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary” (“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”), approved by the Full Court at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is granted. Mainor Anchia Angulo, in his capacity as mayor, and Diego Arias Morales, in his capacity as internal officer in charge of the Maritime-Terrestrial Zone Department (Departamento de Zona Marítimo Terrestre), both of the Municipalidad de Osa, or whoever may hold those positions in their stead, are ordered to undertake the necessary coordination and carry out all actions within the scope of their authority so that, within FOUR MONTHS counted from notification of this judgment, a) the beach where the appellant reported noncompliance with the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) in his complaint of 19 de mayo de 2025 is addressed, processed, and inspected, and, if noncompliance with the law is established, they shall take all necessary measures to ensure that the maritime zone is respected, in accordance with the broad powers established by the Ley de la Zona Marítimo Terrestre; and b) additionally, within that same period, they shall notify the appellant of the outcome of his complaint, including communication of everything related to its status, follow-up, and the adoption of the pertinent actions in response to the complaint filed.

The respondent party is hereby warned that failure to comply with the foregoing order shall constitute the offense of disobedience and that, pursuant to article 71 of the Law governing this jurisdiction, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that must be complied with or enforced and who fails to comply with or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipalidad de Osa is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts forming the basis of this ruling, which shall be assessed in judgment-enforcement proceedings (ejecución de sentencia) before the contentious-administrative jurisdiction. Justice Castillo Víquez files a note. Let notice be given.- Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Telephone numbers: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre87592, cédula de identidad CED48213, contra la MUNICIPALIDAD DE OSA.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 29 de agosto de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Osa. Manifiesta que desde hace tiempo se vive una situación caótica en Playa Dominical, donde la zona marítimo terrestre ha sido tomada ilegalmente por grupos que han generado delincuencia, robos, venta de drogas, y hasta la instalación de puestos fijos para la venta de licor. Señala que el acontecimiento más crítico ocurrió el 1 de diciembre de 2023 cuando un turista alemán de 32 años fue asesinado mientras acampaba en la playa, tras intentar evitar un asalto frente a su compañera sentimental de origen ucraniano. Comenta que dichos ocupantes ilegales se disfrazan de artesanos o masajistas para encubrir actividades delictivas como asaltos, venta de drogas y proxenetismo, ante cuya problemática, indica que se han realizado varias gestiones ante la Municipalidad de Osa, incluyendo una carta presentada de forma presencial en fecha 19 de mayo de 2025 dirigida al Departamento de Zona Marítimo Terrestre del cantón, firmada por el señor Carlos López Umaña, en representación del Comité de Comerciantes y Ciudadanos Pro Defensa Playa Dominical, mediante la cual denunció la problemática descrita y solicitó: “Solicitud expresa de desalojar a los ocupantes ilegales y de demoler sus ranchos, instalados en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical en el cantón de Osa.Problemática Social Actual. Actualmente se vive una caótica situación en Playa Dominical por cuanto los bienes de dominio público ubicados dentro de la llamada Zona Marítimo terrestre han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Desde que llegaron dichas personas a ocupar ilegalmente la zona Marítimo Terrestre, hay muchos robos y tachas de vehículos de turistas que llegan a visitar la playa, asaltos diarios a turistas, venta de todo tipo de drogas en la zona, estacionamiento permanente de camiones grandez que obstruyen el libre tránsito y que usan como bodegas para almacenar mercadería que venden ilegalmente y posiblemente drogas y ya hasta un bartender instaló un puesto fijo para venta de cocteles y tragos en la zona marítimo terrestre. Pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato de un hombre de nacionalidad alemana que se encontraba acampando en Playa Dominical y que murió a manos de delincuentes el viernes 01 de diciembre de 2023.El joven de 32 años trató de evitar un asalto y falleció por un disparo frente a su compañera sentimental de origen ucraniano. La situación actual es absolutamente caótica, el hampa se ha apoderado de la zona marítimo terrestre de Playa Dominical y para realizar sus actividades delictivas han diseñado la estrategia de disfrazarse de artesanos o masajistas, instalan sus carpas en el lugar, pero detrás de esa fachada de artesanos o masajistas, se esconden maleantes que asaltan turistas, se disimulan ventas de drogas y se ocultan actividades de proxenetismo sexual. Dada la problemática social expuesta, los comerciantes que tenemos negocios en Playa Dominical y que pagamos puntualmente nuestros impuestos municipales exigimos de la Municipalidad de Osa acciones concretas y eficaces para erradicar a los ocupantes ilegales de la zona marítimo terrestre de Playa Dominical, que ya de por sí, con sólo ese ato de ocupación ilegal deben ser desalojados, pero que además han convertido nuestra querida playa en una verdadera zona roja en la cual se desarrollan todo tipo de actos delictivos: asaltos, hurtos, ventas de drogas y venta de servicios sexuales.Para lograr este objetivo nos hemos constituido en un comité comunal denominado Comité de Comerciantes y Ciudadanos Pro Defensa Playa Dominical que tiene como objetivo principal lograr erradicar a los ocupantes ilegales de la zona marítimo terrestre de Playa Dominical, y que la zona vuelva a ser un lugar de libre acceso público tanto para el turista nacional como extranjero, y que vuelva a ser un lugar limpio, ordenado y seguro”, sobre la cual la municipalidad recurrida acusó recibo mediante sello oficial, en la misma fecha. No obstante, reclama que a la fecha en la que acude en amparo no ha recibido respuesta ni solución alguna por parte de la autoridad recurrida, la cual se ha mantenido en absoluto silencio y sin ejecutar ninguna acción concreta, evidenciando una actitud de total inercia frente a la problemática denunciada. Considera que dicha omisión, lesiona sus derechos fundamentales, por lo que, solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda.
  2. 2Mediante resolución de las 15:50 horas del 3 de setiembre de 2025, se le realizó una prevención a la parte recurrente.
  3. 3Mediante resolución de las 17:45 horas del 11 de setiembre de 2025, se dio curso a este proceso y se le solicitó informe al alcalde y al encargado del Departamento de la Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Osa, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
  4. 4Por escrito incorporado al expediente digital el 16 de setiembre de 2025, la parte recurrente se apersona y manifiesta que “para mayor claridad del Tribunal se vuelve a adjuntar lo solicitado. En dicha documentación que nuevamente se adjunta, se aprecia la carta remitida por el Señor Carlos López Umaña, Presidente del Comité de Comerciantes y Ciudadanos Pro defensa Playa Dominical, vecino y líder de la comunidad, al Departamento de Zona Maritimo Terrestre del Cantón de Osa, el dia 19 de mayo del 2025, para que el ente municipal tomara cartas en el asunto y realizar el desalojo permanente de todas esas personas que ocupan ilegalmente la zona marítimo terrestre de Playa Dominical. Asimismo se adjunta el acuse de recibido de la Municipalidad de Osa de la carta anteriormente mencionada, con fecha de 19 de mayo de 2025”.
  5. 5Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de setiembre de 2025, Mainor Anchia Angulo, en su condición de alcalde, y Diego Arias Morales, en su condición de encargado interno del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Osa, informan bajo juramento que “PRIMERO. Que el usuario expresa mediante recurso de amparo que procedió a solicitar información el día 19 de mayo del 2025, dirigida al departamento de Zona Marítimo Terrestre, la cual se procede a atender como parte de las responsabilidades institucionales, brindando acuse de recibo mediante boleta de ingreso de tramite numero 805-2025 (ver prueba adjunta), y fue remitido al departamento para su debida gestión el 20 de mayo del 2025, una vez en el departamento de ZMT y debido a la problemática constante, se adjunta al expediente que ha venido llevándose desde el año 2012, con relación a las reiteradas acciones de desalojo y demolición realizadas en el sector de Playa Dominical, con respecto a invasores de la Zona Publica (ver oficios adjuntos AZM-242-2012, AZM-0137-2013, AZM-1057-2013, ORA7-2912- 2013, AIZ-026-2017, AZM-1014-2017, AIZ-0023-2020, AIZ-0049-2023), por lo que administrativamente se ha venido atendiendo la problemática con respecto a la invasión de la Zona Publica de Dominical.SEGUNDO: Que, en el marco de las competencias asignadas al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, se han ejecutado de manera reiterada diversos procesos de desalojo tanto en dicho sector como en otras áreas de uso público dentro del cantón. No obstante, debe señalarse que actualmente el departamento cuenta únicamente con dos inspectores debidamente nombrados, de los cuales uno se encuentra limitado para la realización de labores de campo por razones de salud debidamente acreditadas. En consecuencia, la atención de más de 221 kilómetros lineales de Zona Marítimo Terrestre, comprendidos entre franja costera y rías, resulta una tarea de alta complejidad, dado el amplio territorio a cubrir con recursos humanos insuficientes. Pese a dichas limitaciones estructurales, este departamento ha procurado, dentro de sus posibilidades, cumplir de manera diligente y responsable con las funciones y obligaciones que la ley le ha encomendado, garantizando así la continuidad del servicio público y la tutela del patrimonio natural y municipal.TERCERO: Se ha constatado que la Municipalidad, a través del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, realiza de manera constante y diligente los procesos de desalojo y demolición en la Zona Pública. Sin embargo, la realidad operativa demuestra que, en muchas ocasiones, los mismos infractores reinciden e intentan reinstalarse en los mismos lugares días o semanas después de haber sido retirados. Este fenómeno obedece a una limitación normativa y operativa, ya que el marco legal vigente no dota a los gobiernos locales de potestades represivas en materia de vigilancia y custodia inmediata de la Zona Pública, ni faculta de manera expresa a las municipalidades para ordenar decomisos de mercadería que produzcan un desincentivo económico frente a la reincidencia. En consecuencia, la acción municipal se ve circunscrita al desalojo material, lo cual los infractores perciben como una carga temporal, pero no definitiva, configurándose así una práctica que menoscaba la efectividad de la tutela de los bienes públicos.No obstante, lo anterior, la Municipalidad ha cumplido y continuará cumpliendo con su deber legal, ejecutando los desalojos y demoliciones conforme a la Ley N.° 6043, en especial sus artículos 1, 7, 8, 10, 12, 13, 61, 62 y 63, que establecen de forma categórica que la protección de la Zona Marítimo Terrestre constituye una obligación del Estado en su conjunto, incluyendo a todas sus instituciones, y no como una responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales. Bajo esta línea, se estima necesario reforzar que la colaboración activa del Ministerio de Seguridad Pública y demás cuerpos policiales resulta esencial, puesto que la reincidencia en la ocupación de la Zona Pública configura, en determinados supuestos, incluso conductas de carácter penal, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 6043, que sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a quienes construyan, desarrollen actividades o levanten infraestructura contraria a lo dispuesto en la normativa.De ahí que la intervención de la fuerza pública no solo es legítima, sino necesaria, a fin de garantizar la efectividad de las medidas administrativas adoptadas por la Municipalidad, evitando que las áreas que han sido recuperadas se conviertan nuevamente en objeto de ocupaciones ilegales. En este sentido, se reafirma que la Municipalidad ha cumplido y seguirá cumpliendo con su deber de ejecutar desalojos y demoliciones dentro de los límites de sus competencias, pero es indispensable la acción coordinada con otras instituciones del Estado, especialmente los cuerpos policiales, para asegurar una protección integral, efectiva y permanente de la Zona Pública. CUARTO: En atención a lo expuesto, la Municipalidad, en coordinación con el Ministerio Público, ha tomado la decisión de impulsar los procesos judiciales correspondientes, con el fin de dotar de mayor fuerza represiva las actuaciones contra los infractores.Bajo el expediente penal N.° 24-000013-1111-PE se han formalizado denuncias, procurando que, desde la vía jurisdiccional, se impongan consecuencias de mayor severidad que las previstas en sede administrativa. Esto porque, desde la perspectiva administrativa, las medidas aplicadas se circunscriben al desalojo y la demolición puntual, generando para el infractor únicamente la pérdida de las ventas del día en que se ejecuta la medida, lo que incentiva la reincidencia tan pronto cesa la presencia física del personal municipal en la zona. Cabe reiterar que resulta materialmente imposible mantener funcionarios en vigilancia continua durante las 24 horas en todos los sectores críticos de la Zona Pública, con una extensión de mas de 221 kilometros lineales de ZMT. No obstante, lo anterior, como parte de dicho proceso judicial, la Municipalidad ha mantenido un seguimiento constante y documentado, levantando informes donde se identifican personas infractoras, daños ambientales y actividades irregulares, los cuales han sido remitidos a la Fiscalía Ambiental.En este sentido, se han efectuado inspecciones en enero de 2024 y marzo de 2025, como parte del seguimiento al expediente citado, encontrándose la causa en trámite y a la espera de resolución judicial que permita adoptar nuevas estrategias de desalojo y demolición con mayores consecuencias disuasorias. De igual manera, se hace constar que, en el año 2023, mediante oficio SZM-429-2023, se coordinó la ejecución de los desalojos programados en la Zona Pública. Posteriormente, a través del oficio AIZ-046-2024, se emitió informe de desalojos y notificaciones realizados en la zona de Dominical el 4 de abril de ese año. Asimismo, en el marco del expediente judicial 24- 000013-1111-PE, se han emitido los oficios SPM-011-2024, AIZ-005-2025 y PZM-052-2025, así como la certificación PZM-052-2025, todos orientados a mantener actualizado el proceso judicial y respaldar la labor de la Fiscalía. En consecuencia, la Municipalidad ha venido cumpliendo con su deber de tutela de la Zona Pública, articulando esfuerzos tanto administrativos como judiciales, y se encuentra a la espera de que, en sede penal, se impongan consecuencias con mayor efecto disuasorio.Ello permitiría que los infractores enfrenten un verdadero desincentivo a reincidir, superando los límites del marco administrativo, que únicamente faculta al Municipio a ejecutar desalojos y demoliciones en cada programación periódica. QUINTO: Que la gestión señalada por el recurrente, presentada mediante nota del 19 de mayo del presente año, fue debidamente recibida y atendida conforme al debido proceso administrativo, emitiéndose respuesta mediante oficio PZM-389-2025, notificado el 18 de setiembre del presente. No obstante, debe aclararse que, en aras de garantizar la eficacia de los procedimientos de desalojo y evitar filtraciones de información que pudieran frustrar su ejecución, la Administración ha debido aplicar ciertas estrategias de reserva. Ya que en ocasiones, las diligencias programadas no logran concretarse por la ausencia de los infractores al momento de la actuación, razón por la cual se ha diferido la comunicación de algunas gestiones hasta tanto existan resultados verificables.Asimismo, y más allá de las actuaciones administrativas, la Municipalidad coordinó oportunamente con la Fiscalía Ambiental la apertura de la causa penal N.° 24-000013-1111-PE, con el fin de reforzar las acciones municipales con repercusiones judiciales que generen un efecto disuasorio más eficaz frente a los infractores. De igual modo, la Alcaldía Municipal, mediante comunicación electrónica del 26 de mayo de 2025, gestionó la convocatoria de instituciones competentes (Fiscalía, SINAC, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, entre otros), a efectos de conformar una comisión interinstitucional orientada a enfrentar la problemática de la ocupación indebida de la zona pública. En seguimiento a lo anterior, mediante oficio AM-1133-2025-2028 del 11 de setiembre, se reiteró la convocatoria a las citadas entidades para la planificación de un operativo interinstitucional que involucre al Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, Fiscalía Ambiental, así como a las dependencias municipales de Patentes, Zona Marítimo Terrestre y Gestión Ambiental.Este operativo tiene como objetivos: reforzar la protección ambiental, garantizar el ordenamiento territorial y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Se ha programado la celebración de la reunión interinstitucional para el próximo martes 30 de setiembre, con el propósito de definir la estrategia de ejecución conjunta y articular medidas integrales que atiendan de manera eficaz la usurpación de la zona pública en el cantón SEXTO: Como parte de la presente gestión, se adjuntan copias de los oficios citados, ordenados cronológicamente, con el propósito de acreditar de manera fehaciente que la Municipalidad ha venido ejecutando, desde años atrás, actuaciones sostenidas en materia de desalojos y demoliciones en la zona pública. Dichas gestiones no se han limitado a acciones aisladas, sino que han formado parte de una estrategia institucional continua y progresiva, en la cual se han integrado esfuerzos con diversas entidades estatales mediante coordinación interinstitucional, en procura de alcanzar soluciones más definitivas y efectivas frente a la problemática de ocupación indebida.De igual modo, se resalta el seguimiento constante al expediente judicial N.° 24-000013-1111- PE, lo que refleja el compromiso municipal de complementar la vía administrativa con la jurisdiccional, en aras de asegurar que las consecuencias para los infractores trasciendan el mero desalojo material y se genere un efecto disuasorio conforme al ordenamiento jurídico vigente”.
  6. 6Por escrito incorporado al expediente digital el 12 de noviembre de 2025, la parte recurrente se apersona y manifiesta que “se aprecia de la respuesta del ente municipal a este recurso de amparo que tiene conciencia del problema, pero lamentablemente no ha sabido abordarlo con la eficiencia requerida y no es posible que los ciudadanos que deseamos disfrutar de Playa Dominical nos veamos obligados a interponer amparos cada seis meses por la incapacidad manifiesta del ente municipal de hacer cumplir los preceptos constitucionales y permitir el libre disfrute, en un ambiente sano, de Playa Dominical. No es atendible la excusa del estimable Señor Alcalde de Osa de no contar con recurso humano para atender el problema, pues la ley Maritimo Terrestre es suficientemente clara en cuanto al deber del ente municipal en su respectiva jurisdicción, de atender directamente el cuidado y conservación de la zona marítimo terrestre y de sus recursos naturales, y que, para esos efectos, deberá nombrar, los inspectores necesarios.Articulos 13-34 de la ley Maritimo Terrestre. A estas alturas debe contarse con tal equipo de inspectores. En cuanto a la excusa que impide desalojar de forma permanente a los ocupantes ilegales de la zona marítimo terrestre de Playa Dominical por una “ limitación normativa y operativa, ya que el marco legal vigente no dota a los gobiernos locales de potestades represivas en materia de vigilancia y custodia inmediata de la Zona Pública”, ello es falso , pues claramente esos ocupantes ilegales están cometiendo delitos penales y es deber de los funcionarios municipales poner las denuncias penales respectivas, sea como es la usurpación de dominio publico , tipificado en el articulo 227 del Código Penal, o bien en el caso de haberse realizado construcciones o cualquier tipo de desarrollo, aplicarles el articulo 62 de la Ley 6043, también con consecuencias penales. De los infomes brindados por la misma municipalidad de Osa se desprende que tienen un listado completo de quienes son los ocupantes ilegales recurrentes de la zona marítimo terrestre en Playa Dominical, por lo que no se entiende porqué no los han denunciado en sede judicial para abrirles una causa penal.Lo mismo ocurre con el tema del decomiso de las mercaderías, pues si bien es cierto que la ley no faculta de manera expresa a las municipalidades para ordenar decomisos de mercadería, es claro que al interponerse la denuncia judicial correspondiente, los bienes decomisados deben ser entregados al Juez correspondiente quien seguramente dictará una resolución poniendo en deposito judicial tales mercaderías y deberán tales imputados esperar a que concluya el proceso penal para poder eventualmente acceder a dichas mercaderías, con lo que se genera un desincentivo enorme en la ocupación ilegal con fines comerciales. Finalmente, en cuanto al tema de las construcciones , La Ley de La Zona Marítimo Terrestre es tajante al establecer en su artículo 12 la prohibición de levantar edificaciones sin la debida autorización legal, asimismo dicha la Ley dispone en su artículo 13 que en caso de existir tales construcciones ilegales, las autoridades competentes, deben demoler lo ilegalmente construido de manera inmediata (…) De lo expuesto puede apreciar el honorable Tribunal que sí existen las herramientas jurídicas para poner fin definitivamente al problema de la ocupación ilegal en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical y en ese sentido se ruega que se pueda dictar una sentencia con sentido progresivo en materia ambiental, que otorgue una solución definitiva al problema de la ocupación ilegal en la Zona Maritima Terrestre de Playa Dominical, para que los costarricenses puedan libremente acceder a dicho territorio y poder disfrutar de un ambiente sano que sea totalmente ajeno a la contaminación , venta de drogas, asaltos y al caos”.
  7. 7En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.Sobre la excepción al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8 horas 55 minutos del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. No obstante, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción por la supuesta demora de la Administración en atender una denuncia ambiental planteada respecto a los ocupantes ilegales en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.Objeto del recurso. El recurrente reprocha una inacción por parte de la Municipalidad de Osa en ejercer su función de tutela efectiva en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical, dado que esa omisión ha provocado la ocupación ilegal en dichas áreas de dominio público que impiden a la ciudadanía poder acceder y disfrutar libremente de dichas áreas de uso común, toda vez que han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Por lo anterior, señala que el 19 de mayo de 2025 remitió una gestión ante el departamento de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa; sin embargo, reclama que a la fecha en la que acude en amparo no ha recibido respuesta ni solución alguna por parte de la autoridad recurrida, la cual se ha mantenido en absoluto silencio y sin ejecutar ninguna acción concreta, evidenciando una actitud de total inercia frente a la problemática denunciada.

III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a. En las fechas del 21 al 22 de diciembre de 2017, las autoridades de la Municipalidad de Osa efectuaron desalojos en la Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); b. El 18 de mayo de 2023, las autoridades de la Municipalidad de Osa efectuaron desalojos en contra de ocupantes e infractores ilegales por concepto de usurpación, venta y construcción ilegal en la Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); c. El 26 de febrero de 2025, las autoridades de la Municipalidad de Osa ubicaron personas con actividades comerciales en la Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); d. El 19 de mayo de 2025, el recurrente remitió una gestión ante la Municipalidad de Osa, por medio de la cual denunció: “actualmente se vive una caótica situación en Playa Dominical por cuanto los bienes de dominio público ubicados dentro la (sic) llamada Zona Marítimo Terrestre, han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar.

Desde que llegaron dichas personas a ocupar ilegalmente la zona Marítimo Terrestre, hay muchos robos y tachas de vehículos de turistas que llegan a visitar la playa, asaltos diarios a turistas, venta de todo tipo de drogas en la zona, estacionamiento permanente de camiones grandes que obstruyen el libre tránsito y que usan como bodegas para almacenar mercadería que venden ilegalmente y posiblemente drogas y ya hasta un bartender instaló un puesto fijo para venta de cocteles y tragos en la zona marítimo terrestre. Pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato de un hombre de nacionalidad alemana que se encontraba acampando en Playa Dominical y que murió a manos de delincuentes el viernes 01 de diciembre de 2023. El joven de 32 años trató de evitar un asalto y falleció por un disparo frente a su compañera sentimental de origen ucraniano (…) solicita respetuosamente que se tomen las acciones legales pertinentes para desalojar a los ocupantes de hecho de los bienes de dominio público de Playa Dominical, sometida a su administración, así como proceder con la destrucción de las edificaciones realizadas y el decomiso tanto de los camiones que obstruyen el libre tránsito como de las mercaderías que se venden ilegalmente en el lugar” (ver pruebas aportadas); e. Según las autoridades de la Municipalidad de Osa indicaron que: “la atención de más de 221 kilómetros lineales de Zona Marítimo Terrestre, comprendidos entre franja costera y rías, resulta una tarea de alta complejidad, dado el amplio territorio a cubrir con recursos humanos insuficientes” (ver informe rendido bajo juramento); f. Las autoridades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa han efectuado diligentemente los procesos de desalojo y demolición en la zona pública; sin embargo, los infractores reinciden e intentan reinstalarse en los mismos lugares (ver informe rendido bajo juramento); g. Las autoridades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa informaron que “en el año 2023, mediante oficio SZM-429-2023, se coordinó la ejecución de los desalojos programados en la Zona Pública (…) a través del oficio AIZ-046-2024, se emitió informe de desalojos y notificaciones realizados en la zona de Dominical el 4 de abril de ese año” (ver informe rendido bajo juramento); h. El 16 de setiembre de 2025, las autoridades de la Municipalidad de Osa fueron notificadas de la resolución que dio curso a este proceso (ver actas de notificación); i. Mediante oficio nro. AM-1133-2025-2028 del 11 de setiembre de 2025, el alcalde de la Municipalidad de Osa requirió una solicitud de apoyo institucional para operativos ante el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía Ambiental, motivo por el cual consignó: “me permito solicitar formalmente una audiencia con representantes de sus respectivas instituciones, con el fin de coordinar acciones conjuntas en el marco de operativos interinstitucionales orientados a la protección ambiental, el ordenamiento territorial y el cumplimiento de la normativa vigente en el Cantón de Osa.

La audiencia se llevará a cabo el próximo martes 07 de octubre de 2025, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Osa. El objetivo principal de este encuentro es establecer mecanismos de colaboración, definir responsabilidades operativas y fortalecer la articulación institucional para la atención de situaciones que requieren intervención conjunta. Agradecemos de antemano su disposición y compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la gobernanza local” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); j. Mediante oficio nro. PZM-389-2025 del 18 de setiembre de 2025, las autoridades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa atendieron la gestión presentada el 19 de mayo de 2025 de la siguiente manera: “En atención a su nota, recibida en este departamento el pasado 20 de mayo del 2025, primero que nada, solicito disculpas por la respuesta tan a destiempo, ya que, debido al alto volumen de trabajo, gran cantidad de correspondencia y poco personal para la atención de esta, contamos con un rezago importante en la respuesta oportuna de la misma.

Sin embargo, debemos informar que tanto este departamento como la Alcaldía Municipal, han visto con gran preocupación la ocupación ilegal de la ZMT y todas las problemáticas tanto sociales y ambientales que esto ha provocado, lamentando con profundo pesar una víctima que pudo haberse evitado, eso a pesar de que en el mes de mayo 2023, como es de conocimiento, se realizó un desalojo y demolición en playa dominical, dejando una vez más el área libre de infractores, sin embargo para pesar de todos existen notificaciones ya en el mes de junio 2023, de los infractores nuevamente ingresados en la zona publica, de ahí que se han venido trabajando nuevas estrategias para la atención de esta gran problemática, ya que como es de conocimiento público, la administración municipal en reiteradas ocasiones a ingresado a distintos lugares de la zona publica del cantón, con la finalidad de realizar distintos desalojos y demoliciones de lo ahí construido, sin embargo por el faltante de personal, ha sido imposible trabajar con la rapidez que quisiéremos, de ahí que hemos estado planeando estrategias diferentes, con la finalidad de poder causar mayores implicaciones a las que administrativamente podemos realizar por medio de desalojos y demoliciones, siendo que esto únicamente ha causado que los infractores no puedan comerciar productos mientras los funcionarios están, pero que una vez los funcionarios abandonan el sector, los mismos infractores regresan.

Como saben por motivos de evita fugas de información, no es posible informar de todas las actuaciones y coordinaciones que esta ejecutando la administración, sin embargo, si podemos asegurar que estamos trabajando en dichas labores con la finalidad de atender esta problemática y buscar una solución más definitiva”. Dicho oficio fue remitido al medio que se señaló para atender notificaciones ...2645- (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); k. Las autoridades de la Municipalidad de Osa coordinaron oportunamente con la Fiscalía Ambiental para la apertura de la causa penal nro. 24-000013-1111-PE, con el fin de reforzar las acciones municipales con repercusiones judiciales que generen un efecto disuasorio más eficaz frente a los infractores (ver informe rendido bajo juramento).

IV.Hecho no probado. No se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho: Único. Que las autoridades de la Municipalidad de Osa hayan resuelto de forma definitiva la problemática denunciada por parte del recurrente desde el 19 de mayo de 2025 (los autos).

V.Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente reprocha una inacción por parte de la Municipalidad de Osa en ejercer su función de tutela efectiva en la zona marítimo terrestre de Playa Dominical, dado que esa omisión ha provocado la ocupación ilegal en dichas áreas de dominio público que impiden a la ciudadanía poder acceder y disfrutar libremente de dichas áreas de uso común, toda vez que han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Por lo anterior, señala que el 19 de mayo de 2025 remitió una gestión ante el departamento de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa; sin embargo, reclama que a la fecha en la que acude en amparo no ha recibido respuesta ni solución alguna por parte de la autoridad recurrida, la cual se ha mantenido en absoluto silencio y sin ejecutar ninguna acción concreta, evidenciando una actitud de total inercia frente a la problemática denunciada.

Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que efectivamente el 19 de mayo de 2025, el recurrente remitió una gestión ante la Municipalidad de Osa, por medio de la cual denunció: “actualmente se vive una caótica situación en Playa Dominical por cuanto los bienes de dominio público ubicados dentro la (sic) llamada Zona Marítimo Terrestre, han sido tomados ilegalmente por una mafia que ha generado el caos y asentado la delincuencia en el lugar. Desde que llegaron dichas personas a ocupar ilegalmente la zona Marítimo Terrestre, hay muchos robos y tachas de vehículos de turistas que llegan a visitar la playa, asaltos diarios a turistas, venta de todo tipo de drogas en la zona, estacionamiento permanente de camiones grandes que obstruyen el libre tránsito y que usan como bodegas para almacenar mercadería que venden ilegalmente y posiblemente drogas y ya hasta un bartender instaló un puesto fijo para venta de cocteles y tragos en la zona marítimo terrestre.

Pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato de un hombre de nacionalidad alemana que se encontraba acampando en Playa Dominical y que murió a manos de delincuentes el viernes 01 de diciembre de 2023. El joven de 32 años trató de evitar un asalto y falleció por un disparo frente a su compañera sentimental de origen ucraniano (…) solicita respetuosamente que se tomen las acciones legales pertinentes para desalojar a los ocupantes de hecho de los bienes de dominio público de Playa Dominical, sometida a su administración, así como proceder con la destrucción de las edificaciones realizadas y el decomiso tanto de los camiones que obstruyen el libre tránsito como de las mercaderías que se venden ilegalmente en el lugar”.

Ahora, si bien se informó por parte del municipio accionado que las autoridades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa han efectuado diligentemente los procesos de desalojo y demolición en la zona pública -lo cual se puede acreditar a través de la prueba aportada en autos-, no menos cierto es que se reconoció que a la fecha los infractores reinciden e intentan reinstalarse en los mismos lugares, con el agravante de que a la fecha de interposición de este recurso el gobierno local no había atendido ni resuelto la denuncia planteada por parte del recurrente.

Adicionalmente, se debe advertir que los recurridos pretenden justificar su retardo en cumplir con las obligaciones que la ley les impone bajo la excusa de que la Zona Marítimo Terrestre constituye una franja costera de más de 221 kilómetros lineales lo que resulta una tarea de alta complejidad, dado el amplio territorio a cubrir con recursos humanos insuficientes, lo cual a criterio de este Tribunal no resulta de recibido debido a que las Municipalidades son los entes competentes para proceder al desalojo y demolición de construcciones que, sin la autorización debida, se encuentren ubicadas en la zona marítimo terrestre, motivo por el cual tan pronto tenga noticia de la existencia de ocupantes e infractores ilegales por concepto de usurpación, venta y construcción ilegal en la Zona Marítimo Terrestre de la Playa Dominical debe instaurar el procedimiento administrativo correspondiente a efectos de velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre, tal como lo establecen los artículos 3 y 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.

Por otra parte, resulta importante señalar que se ha producido una dilación irrazonable e indebida para la atención a la denuncia formulada por el recurrente desde el 19 de mayo de 2025, dado que si bien consta que con ocasión a la notificación de curso al recurrente se le notificó el oficio nro. PZM-389-2025 del 18 de setiembre de 2025, por medio del cual le procedieron a comunicar las acciones realizadas por parte del municipio accionado, no menos cierto es que de la propia lectura de la respuesta que se le brindó se denota que se reconoció que se continúan efectuando los trabajos correspondientes con la finalidad de atender esta problemática y buscar una solución más definitiva. De ahí que, esta Sala no logra tener por demostrado que las autoridades de la Municipalidad de Osa hayan resuelto de forma definitiva la problemática denunciada por parte del recurrente desde el 19 de mayo de 2025.

Así las cosas, esta Sala acredita la vulneración a los derechos fundamentales del recurrente, toda vez que, si bien el municipio accionado indicó haber realizado acciones tendientes a atender la denuncia formulada por el recurrente, lo cierto del caso es que de los autos no consta que haya sido resuelta de forma definitiva, con el agravante de que se acreditó una inobservancia de las obligaciones del municipio accionado en actuar como lo exigen los artículos 3 y 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Es menester aclararle a la autoridad recurrida que, en el marco de sus funciones, no basta con tomar las acciones que se indican para la atención del caso en cuestión, siendo que ello no inhibe a la administración de dar la debida atención y resolución a las denuncias planteadas por los usuarios, lo cual contempla comunicar todo lo relacionado al estado, al seguimiento y a la adopción de las acciones pertinentes en atención a las denuncias formuladas. En mérito de lo expuesto, lo procedente es acoger el recurso, con las indicaciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.

A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mainor Anchia Angulo, en su condición de alcalde, y a Diego Arias Morales, en su condición de encargado interno del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Osa, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que dentro del plazo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a) se aborde, tramite e inspeccione la playa en que el recurrente denunció el incumplimiento a la Zona Marítimo Terrestre en su denuncia del 19 de mayo de 2025 y de acreditar la inobservancia a la legislación, deberán tomar todas las medidas necesarias para que la zona marítima sea respetada, de conformidad con las amplias potestades que establece la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; y b) además, dentro de ese mismo plazo, deberán notificarle al recurrente el resultado de su denuncia, lo cual contempla comunicar todo lo relacionado al estado, al seguimiento y a la adopción de las acciones pertinentes en atención al denuncia formulada.

Se advierte a la parte recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Osa al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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