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Res. 36638-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/11/2025
OutcomeResultado
The Chamber ordered SINAC to resume immediately the expropriation of property 43135-000 within Las Baulas and held it liable for costs and damages.La Sala ordenó al SINAC retomar de inmediato la expropiación de la finca 43135-000 dentro de Las Baulas y lo condenó al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo action against SINAC because of its unjustified delay in completing the expropriation of a property located entirely within Las Baulas National Marine Park. Although the owner requested expropriation in 2021 and accepted the administrative appraisal in December 2022, the proceeding remained suspended from January 2024 while the validity of the property registration was investigated and a cadastral map was prepared. The Chamber acknowledged that the Administration had to avoid purchasing land affected by possible absolute-nullity defects, but found it decisive that more than a year and a half passed without resuming the process and that property-specific legal studies were requested only after SINAC received notice of the amparo. Applying its precedents concerning expropriation delays in Las Baulas, the Chamber ordered the authorities to take and coordinate all necessary measures to resume the proceeding immediately. It also ordered SINAC to pay costs and compensation, to be assessed in contentious-administrative enforcement proceedings.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el SINAC por la demora injustificada en culminar la expropiación de una finca situada íntegramente dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. Aunque la propietaria solicitó la expropiación en 2021 y aceptó el avalúo administrativo en diciembre de 2022, el procedimiento permaneció suspendido desde enero de 2024 mientras se aclaraba la validez de la inscripción registral y se elaboraba el mapa catastral. La Sala reconoció que la Administración debía evitar adquirir terrenos con posibles vicios de nulidad, pero consideró determinante que transcurriera más de año y medio sin reanudar el trámite y que los estudios jurídicos específicos se solicitaran únicamente después de notificarse el amparo. Aplicando precedentes sobre retrasos expropiatorios en Las Baulas, ordenó adoptar inmediatamente las medidas y coordinaciones necesarias para retomar el procedimiento. Además, condenó al SINAC al pago de costas, daños y perjuicios, liquidables en la vía contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
The Chamber considers that the precedents transcribed above apply to the case at hand, since there are no grounds for departing from the criteria expressed therein or reasons to assess the situation presented differently. Consequently, the Court finds that SINAC delayed completing the expropriation process for the property owned by the protected company, which is located within Las Baulas National Marine Park. It should be noted that, when Law No. 7524 of July 10, 1995, “Creation of Las Baulas National Marine Park of Guanacaste,” was enacted, the legislature established in Article 2: “To implement this Law, the competent institution shall arrange the expropriation of all or part of the properties within the area delimited in the preceding article. Privately owned lands within that boundary shall be subject to expropriation and shall be considered part of Las Baulas National Marine Park until acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership.” Although the expropriation process for the property under examination began in 2021 and the corresponding appraisal was accepted, it is also true that, beginning in January 2024, SINAC informed the protected party that it “would refrain from carrying out expropriation procedures for properties located within Las Baulas National Marine Park until the registration status of the lands is clarified, thereby avoiding the acquisition of lands affected by nullity defects.” In this regard, the Court observes that, when this action was filed, more than a year and a half had passed since that communication without the expropriation process being resumed so that the cadastral map needed to complete the process at issue could be prepared. Notably, it was only after SINAC was notified that this action was being processed that memorandum SINAC-ACT-OR-DR-1507-2025 of October 10, 2025, was issued, requesting that legal counsel conduct the studies needed to determine whether the property’s registration complied with the law.La Sala estima que los precedentes transcritos resultan aplicable al sub iudice, dado que no se encuentran motivos para variar los criterios vertidos, ni razones para valorar de forma diferente la situación planteada. En consecuencia, el Tribunal comprueba la demora del SINAC en culminar el proceso de expropiación de la finca propiedad de la sociedad tutelada, la cual se encuentra dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. Véase que, desde el dictado de la ley nro. 7524 del 10 de julio de 1995 ‘Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste’, el legislador determinó en su ordinal 2 que: “Para cumplir con la presente Ley, la institución competente gestionará las expropiaciones de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada en el artículo anterior. Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio”. Ahora, si bien desde el año 2021 se inició el proceso de expropiación de la finca bajo estudio e incluso se configuró la aceptación del avalúo correspondiente, no menos cierto es que, desde enero de 2024, el SINAC comunicó a la tutelada que “se abstiene de realizar trámites de expropiación de muebles ubicados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, hasta que se esclarezca la situación de inscripción de los terrenos de manera que se evite adquirir terrenos que presenten vicios de nulidad”. Acerca de esto, el Tribunal observa que, al momento de interposición de este asunto, había transcurrido más de un año y medio después de tal comunicación, sin que el proceso de expropiación en cuestión haya sido reanudado, a fin de efectuar el mapa catastral que permita culminar el proceso de expropiación objeto de este asunto. Nótese que no fue sino con posterioridad a que el SINAC fue notificado de la tramitación de este asunto cuando se emitió el memorial SINAC-ACT-OR-DR-1507-2025 del 10 de octubre de 2025, por medio del cual se requirió a la asesoría jurídica la realización de los estudios jurídicos para determinar si la inscripción del inmueble fue o no acorde a derecho.
Pull quotesCitas destacadas
"La finca con Folio Real N.°5-0043135-000 se encuentra en un 100% dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. 4. Asimismo, la finca con Folio Real N.°5-0043135-000 se localiza en un 100% dentro de los 150 metros de la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre."
"The property recorded under Real Property Folio No. 5-0043135-000 is located entirely within Las Baulas National Marine Park. It is also located entirely within the 150-meter restricted zone of the Maritime-Terrestrial Zone."
Hechos probados
"La finca con Folio Real N.°5-0043135-000 se encuentra en un 100% dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. 4. Asimismo, la finca con Folio Real N.°5-0043135-000 se localiza en un 100% dentro de los 150 metros de la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre."
Hechos probados
"En consecuencia, se le ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, o a quien en su lugar ejerza el cargo de Ministro de Ambiente y Energía, iniciar inmediatamente y en forma célere los trámites de expropiación, bajo la advertencia de que, en caso de no hacerlo, podrá incurrir en las sanciones que al afecto prevé el artículo 71 de la Ley que rige esta Jurisdicción."
"Consequently, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, or whoever holds the office of Minister of Environment and Energy, is ordered to commence the expropriation proceedings immediately and expeditiously, with the warning that failure to do so may result in the sanctions established by Article 71 of the law governing this jurisdiction."
Considerando III, precedente citado
"En consecuencia, se le ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, o a quien en su lugar ejerza el cargo de Ministro de Ambiente y Energía, iniciar inmediatamente y en forma célere los trámites de expropiación, bajo la advertencia de que, en caso de no hacerlo, podrá incurrir en las sanciones que al afecto prevé el artículo 71 de la Ley que rige esta Jurisdicción."
Considerando III, precedente citado
"Se declara con lugar el recurso."
"The amparo action is granted."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso."
Por tanto
"Se condena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
"The National System of Conservation Areas is ordered to pay the costs and damages caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in enforcement proceedings before the contentious-administrative jurisdiction."
Por tanto
"Se condena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Case: 25-028543-0007-CO Decision No. 2025036638 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty a.m. on seven November two thousand twenty-five.
Amparo action (recurso de amparo) processed under case number 25-028543-0007-CO, filed by Nombre91186 DE PEISSANT, residence identification card CED51397, on behalf of EL PELICANO MARINO, S. A., corporate identification number CED51398, against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
Findings:
Justice Garita Navarro authors the decision; and,
Considering:
The petitioner (accionante) states that law no. 7524 established the boundaries of Parque Nacional Marino Las Baulas, and Article 2 provides that all privately owned properties within those boundaries would be subject to expropriation (expropiación) and would be considered part of the park until acquired by the State. She states that the protected company (sociedad tutelada) is the registered owner of the property recorded under real property folio (folio real) 43135-000 of Guanacaste (Santa Cruz, Cabo Velas). She alleges that, by email dated 19 de diciembre de 2022, Área de Conservación Tempisque notified the company of official letter ACT-OR-DR-1603-2022, to which administrative appraisal (avalúo administrativo) ATSJO-SVAT-AVA-001-2022 was attached for purposes of expropriating property 43135-000, and that the appraisal was accepted on that same date. She recounts that, through official letter SINAC-ACT-DR-079-2024 dated 24 de enero 2024, the director of Área de Conservación Tempisque communicated that, in accordance with the recommendations of legal opinion (criterio legal) DAJ-MINAE-1074-2023 issued by the legal advisory office of Ministerio de Ambiente y Energía, they would refrain from carrying out expropriation proceedings until the status of the registration of the lands was clarified, in order to avoid acquiring lands affected by grounds for nullity (vicios de nulidad).
She emphasizes that this halted the administrative expropriation proceeding concerning the property of the protected corporation. She explains that, because approximately one year and seven months had elapsed without any news of progress in the expropriation proceeding, on 14 de julio de 2025, in her capacity as president of the protected company, she emailed a letter to the respondent conservation area requesting information. She notes that, by email dated 7 de agosto 2025, the respondent authority sent response CARTA-SINAC-ACT-DR-1182-2025; however, she considers that the response given in no way justifies the administration’s inaction in processing the expropriation or clarifies the legal status of the property owned by the protected company that is located within Parque Marino Las Baulas.
The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter:
The requirements for processing purchase or expropriation proceedings include determining that the real properties are duly registered and that there are no presumptions of nullity that would result in an improper use of the public administration’s budget through payment to private parties for property that should never have left the public domain (demanio estatal).’ Pursuant to Directive No. 001-2022, matters related to the assessment of the specific case, the case file, budgetary allocation, and the formal requirements of the Manual de procedimientos para adquisición de terrenos dentro de áreas silvestres protegidas, regulation Nº 4-2008, Manual de expropiación para creación, consolidación o ampliación de límites de áreas silvestres protegidas, R-SINAC-CONAC- 23-2012, and Ley de expropiaciones are operational matters that must be resolved by the competent administration. IMPLEMENTATION: The consulting Administration itself is able to assess, through its own means, the substantive and legal implications of the statements made in this opinion, so that it may proceed accordingly in specific cases, entirely and exclusively under its own responsibility.” (See documentary evidence).
A new surveyor was subsequently hired but, unfortunately, transferred to Ministerio de Obras Públicas y Transportes in abril del 2025, a few months after being hired. To resume this matter as a matter of urgency, the Viceministerio de Ambiente has been asked to assign a legal adviser who, together with the surveying engineer beginning work with ACT-SINAC on 16 de agosto de 2025, will resume preparation of this cadastral map as a priority. 2-In particular, any action related to property recorded under real property folio number 43135- 000 of the Guanacaste registry district, owned by the party I represent. To date, no action has been taken in connection with the the (sic) property recorded under real property folio number 5-43135-000. 3-The current status of the expropriation proceeding originally communicated through the aforementioned official letter. The expropriation proceeding remains suspended pending resolution of the matter concerning the registration status of the property in question.” (See documentary evidence).
In the case at hand (sub lite), the petitioner states that law no. 7524 established the boundaries of Parque Nacional Marino Las Baulas, and Article 2 provides that all privately owned properties within those boundaries would be subject to expropriation and would be considered part of the park until acquired by the State. She states that the protected company is the registered owner of the property recorded under real property folio 43135-000 of Guanacaste (Santa Cruz, Cabo Velas). She alleges that, by email dated 19 de diciembre de 2022, Área de Conservación Tempisque notified the company of official letter ACT-OR-DR-1603-2022, to which administrative appraisal ATSJO-SVAT-AVA-001-2022 was attached for purposes of expropriating property 43135-000, and that the appraisal was accepted on that same date. She recounts that, through official letter SINAC-ACT-DR-079-2024 dated 24 de enero 2024, the director of Área de Conservación Tempisque communicated that, in accordance with the recommendations of legal opinion DAJ-MINAE-1074-2023 issued by the legal advisory office of Ministerio de Ambiente y Energía, they would refrain from carrying out expropriation proceedings until the status of the registration of the lands was clarified, in order to avoid acquiring lands affected by grounds for nullity.
She emphasizes that this halted the administrative expropriation proceeding concerning the property of the protected corporation. She explains that, because approximately one year and seven months had elapsed without any news of progress in the expropriation proceeding, on 14 de julio de 2025, in her capacity as president of the protected company, she emailed a letter to the respondent conservation area requesting information. She notes that, by email dated 7 de agosto 2025, the respondent authority sent response CARTA-SINAC-ACT-DR-1182-2025; however, she considers that the response given in no way justifies the administration’s inaction in processing the expropriation or clarifies the legal status of the property owned by the protected company that is located within Parque Marino Las Baulas.
The Chamber finds that Pelícano Marino S. A. owns the property recorded under real property folio no. 43135-000. On 5 de noviembre de 2021, the petitioner (accionante) requested the expropriation (expropiación) of property no. 43135-000 because it is located within the boundaries of Parque Nacional Marino Las Baulas. By submission ACT-OR-DR-1603-2022 dated 19 de diciembre de 2022, SINAC notified the petitioner of the property appraisal (avalúo), and that same day the claimant company accepted it. By official letter DAJ-MINAE-1074-2023 dated 27 de setiembre de 2023, MINAE informed SINAC: “The MINAE Legal Directorate has analyzed the regulations and documents attached to the inquiry and concludes that the appropriate course is to ratify opinion SINAC-SE-AJ-244-2023, which in turn ratifies ACT-OR-DR-DL-593-2023, solely with respect to general matters concerning legality, particularly the following recommendation: ‘Finally, this body concurs with the opinion expressed in official letter ACT-OR-DR-DL-593-2023 regarding the status of the real properties located in Parque Nacional Marino las Baulas and the suspension of expropriation proceedings in this protected wildlife area (área silvestre protegida, ASP); therefore, ACT must refrain from carrying out such proceedings until the legal status of the registration of the properties has been clarified, in order to avoid acquiring land that may be affected by defects of absolute nullity (nulidad absoluta).
One of the requirements applicable to purchase or expropriation proceedings is to ascertain that the real properties are duly registered and that there are no grounds for presuming nullity that could result in the improper allocation of public-administration funds through payment to private parties for property that should never have left the public domain (demanio estatal).’ In accordance with Directriz No. 001-2022, matters concerning the assessment of the specific case, the case file, budgetary availability, and the formalities established in the Manual de procedimientos para adquisición de terrenos dentro de áreas silvestres protegidas, reglamento Nº 4-2008, Manual de expropiación para creación, consolidación o ampliación de límites de áreas silvestres protegidas, R-SINAC-CONAC- 23-2012 and Ley de expropiaciones are operational matters that must be resolved by the competent administrative authority.
IMPLEMENTATION: The consulting administrative authority itself is able to assess, through its own means, the material and legal implications of the statements made in this opinion, so that it may proceed accordingly in specific cases, entirely and exclusively under its own responsibility.” By submission SINAC-ACT-OR-DR-079-2024 dated 24 de enero de 2024, SINAC informed the petitioner: “In response to the official letter dated 19 de diciembre de 2022, we acknowledge receipt of the acceptance of administrative appraisal ATSJO-SVAT-SVAT-AVA-001-2022, which has been included in the administrative case file for this matter. Furthermore, you are advised that, in accordance with (sic) the recommendations in legal opinion DAJMINAE- 1074-2023, issued by Ms. Lorena Polanco Morales, Director of the Legal Advisory Directorate of the Ministerio de Ambiente y Energía, this Directorate adopts that opinion and will refrain from carrying out proceedings to expropriate movable properties located within Parque Nacional Marino Las Baulas until the status of the registration of the land has been clarified, so as to avoid acquiring land affected by defects of nullity.
Legal opinion DAJ-MINAE-1074-2023 is attached for your information” (boldface added). By submission dated 11 de julio de 2025, the petitioner filed a request with SINAC in which she made inquiries concerning the expropriation process. By official letter CARTA-SINAC-ACT-DR-1182-2025 dated 7 de agosto de 2025, SINAC informed the petitioner: “SUBJECT: Inquiry concerning property 5-43135-000. Dear Madam: In response to: 1-The administrative or judicial actions that have been brought or are pending to clarify the registry status of the land located within Parque Nacional Marino Las Baulas. Although official letter ACT-OR-DR-1142-2022 dated 05 de octubre de 2022 appointed a commission to conduct the topographic and cadastral survey, as well as legal studies and the preparation of case files for all properties located within Parque Marino las Baulas, and to prepare the Cadastral Map and legal studies of Parque Nacional Marino las Baulas, the commission left its work unfinished following the retirement in diciembre de 2023 of the legal adviser who headed the commission and the transfer of the ACT survey engineer to the Ministerio de Cultura y Juventud.
A new surveyor was subsequently hired but, unfortunately, transferred to Ministerio de Obras Públicas y Transportes in abril del 2025, only a few months after being hired. To resume this matter as a matter of urgency, the Viceministerio de Ambiente has been asked to assign a legal adviser who, together with the survey engineer beginning work with ACT-SINAC on 16 de agosto de 2025, will resume preparation of this cadastral map as a priority. 2- In particular, any action concerning property real property folio number 43135- 000 of the Guanacaste registry district, owned by the party I represent. To date, no action has been taken concerning the the (sic) property under real property folio number 5-43135-000. 3- The current status of the expropriation proceeding originally reported through the aforementioned official letter. The expropriation proceeding remains suspended pending resolution of matters concerning the registry status of the property in question.” By official letter SINAC-ACT-OR-DR-1507-2025 dated 10 de octubre de 2025, SINAC requested that its legal advisory office conduct the legal studies needed to determine whether the registration of the property was lawful.
Through official letter ACT-DR-T-1520-2025 dated 13 de octubre de 2025, SINAC concluded: “1. The property registered under Folio Real N°5-0043135-000 has no associated cadastral plan (plano catastrado). 2. Plan N.°5-2260515-2021 did not generate the corresponding registry entry and is therefore currently canceled. 3. The property under Folio Real N.°5-0043135-000 lies 100% within Parque Nacional Marino Las Baulas. 4. Likewise, the property under Folio Real N.°5-0043135-000 lies 100% within the 150 metros of the restricted zone (zona restringida) of the Zona Marítimo Terrestre.” In view of the foregoing, the Chamber deems it appropriate to cite judgment no. 2008007549, issued at 17:38 on 30 de abril de 2008:
“IV.- Subject matter of the proceeding. The petitioners allege a violation of their fundamental rights, particularly those protected by Articles 21 and 50 of the Political Constitution, arising from the failure of the authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía, the Ministerio de Hacienda, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental to expropriate the privately owned properties within Parque Nacional Las Baulas, even though Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995 establishes that obligation in order to protect the nesting of leatherback turtles, which are endangered. They also allege that the Ministerio de Hacienda has not set aside the funds required to compensate the owners for the value of their properties, while SETENA has granted several environmental approvals (viabilidades ambientales) without verifying compliance with the requirements established for that purpose in the legal system. For its part, the Municipalidad del Cantón de Santa Cruz issued various construction permits without requiring the aforementioned approval. In their view, the foregoing is unjustified and violates the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) (…)
VI.The amparo proceeding (amparo) against the Ministerio de Ambiente y Energía. The petition challenges the respondent Ministry’s failure to expropriate the privately owned properties located within Parque Nacional Las Baulas, even though the law creating that National Park, Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995, establishes that obligation in order to safeguard the nesting of the leatherback turtle, which is endangered. In this regard, Article 2 of Ley Nº7524 provides:
“ARTICLE 2.- Expropriations. To implement this Law, the competent institution shall arrange for the expropriation of all or part of the properties located within the area delimited in the preceding article.
The privately owned land within that boundary shall be subject to expropriation and shall be considered part of Parque Nacional Marino las Baulas until acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, the owners shall enjoy the full exercise of the rights inherent in ownership.” In this regard, although the respondent Minister states in his report that resolution NºR–421–MINAE, issued at 10:30 hrs. on 8 de noviembre de 2004 and published in Diario Oficial La Gaceta Nº237 on 3 de diciembre de 2004, declared the acquisition of a property located within the aforementioned park to be in the public interest, such that “as of that date, the State has expressed through appropriate means its interest and intent to acquire the land within the aforementioned national park” (report at folio 67), the Constitutional Court finds it deeply troubling that Ley Nº7524 entered into force on 16 de agosto de 1995.
Thus, the nearly ten-year period that elapsed before the Executive Branch began expropriating those properties is unjustified and violates the rights protected by Articles 21 and 50 of the Political Constitution, insofar as the State has disregarded its obligation to adopt appropriate and necessary measures, in accordance with international law and on the basis of the most reliable scientific data available, to protect, conserve, and restore sea-turtle populations and their habitats, including restricting human activities that may seriously affect sea turtles, especially during breeding, incubation, and migration periods, under the terms of the Convención interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas, approved through Ley Nº7906 de 24 de setiembre de 1999. In light of the foregoing, the appropriate course is to grant the amparo insofar as it is directed against the Ministerio de Ambiente y Energía—for its failure to initiate, with due promptness, the expropriation proceedings referred to in Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995—but not without first warning the respondent, in accordance with Article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, that it must not in the future engage in the acts or omissions that gave rise to the granting of the petition (…)
Por tanto: The petition is granted solely insofar as it is directed against the Ministerio de Ambiente y Energía for having delayed nearly 10 years before initiating proceedings to expropriate the privately owned properties located within Parque Nacional Marino Las Baulas, under the terms of Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995. Accordingly, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, or whoever holds the office of Ministro de Ambiente y Energía in his stead, is ordered to initiate the expropriation proceedings immediately and expeditiously, with the warning that failure to do so may subject him to the penalties provided for that purpose in Article 71 of the Law governing this Jurisdiction. In all other respects, the amparo is denied. The State is ordered to pay costs and damages, which shall be quantified during enforcement of the judgment before the administrative litigation jurisdiction.” Furthermore, judgment no. 2016012501, issued at 9:05 on 2 de setiembre de 2016, addressed a grievance similar to the one in the case at bar (sub iudice):
“I.- Subject Matter of the Appeal.- The appellant, who states that he built a tourist resort known as “Hotel Tortugas de Playa Grande” within Las Baulas National Marine Park, considers that his right to private property has been violated because, after this Chamber ordered the annulment of all environmental viability approvals granted for properties located within Las Baulas National Marine Park and ordered the Ministry of Environment and Energy to continue the expropriation proceedings for such properties, the respondent Municipality denied his application to expand and repair the Hotel. Nevertheless, as of the date this appeal was filed, no expropriation proceeding had been initiated, nor had he been permitted to expand his hotel (…)
III.On the Merits.- From the reports submitted by the representatives of the respondent authorities—which are deemed to have been given under oath, with the consequences, including criminal consequences, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted for resolution of this matter, it is established that the Municipality did, through official letter DIM-328-2011 dated 17 de mayo del 2011, deny the appellant’s expansion permit because, according to the Environmental Department’s assessment, Hotel Las Tortugas de Playa Grande lies entirely within the boundaries of Las Baulas National Marine Park, and that it also rejected the motions for reconsideration and appeal. In this regard, the appellant states that this was subsequently annulled by the improper hierarchical superior. It is also established that SINAC has not continued processing the expropriation of the appellant’s properties because it requires the preparation of the National Marine Park’s cadastral map, which is being prepared by the National University and is expected to be completed within ten months, that is, by mid-2017.
In this regard, to contextualize the situation raised in this appeal, it should be recalled that, through decision Nº 2008-018529 at 8:58 hours on 16 de diciembre de 2008, the amparo appeal processed under expediente N°07-005611-0007- CO was granted, and the operative part issued the following orders:
“a) Annuls all environmental viability approvals granted for properties located within Las Baulas National Marine Park and orders the Ministry of Environment and Energy to immediately continue the expropriation proceedings for such properties. b) Orders SONIA ESPINOZA VALVERDE, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever holds that office, to issue instructions within the scope of her authority not to process any new viability applications within the park. c) Orders SONIA ESPINOZA VALVERDE, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever holds that office, in coordination with the Ministry of Environment and Energy, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipalities of Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya, and Carrillo, to conduct a comprehensive study of the impact that construction and tourism and urban development in the buffer zone of Las Baulas National Marine Park would have on the environment and of the measures that must be taken, assessing whether it would also be preferable to expropriate the properties located there, and expressly indicating the impact that noise, lights, the use of water for human consumption, sewage and wastewater, human presence, and other factors would have on the entire ecosystem of the area, particularly on the leatherback turtle.
For this purpose, a maximum period of six months from notification of this decision is granted, within which the aforementioned study must be completed. d) Orders the suspension of, and makes the validity of, the environmental viability approvals granted for properties located within the buffer zone (500-meter strip) of Las Baulas National Marine Park conditional upon completion of the foregoing comprehensive study. e) Orders SONIA ESPINOZA VALVERDE, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever holds that office, to suspend the processing of applications for environmental viability for properties located within the buffer zone (500-meter strip) of Las Baulas National Marine Park until the foregoing comprehensive study is completed. f) Orders the suspension of, and makes the validity of, the building permits granted by the Municipality of Santa Cruz for properties located within the buffer zone (500-meter strip) of Las Baulas National Marine Park conditional upon completion of the foregoing comprehensive study. g) Annuls all building permits granted for properties located within the buffer zone (500-meter strip) of Las Baulas National Marine Park that lacked environmental viability approval, if the Municipality of Santa Cruz granted any permits under such circumstances.
In that event, this judgment shall be communicated to the Office of the Comptroller General of the Republic so that it may conduct the appropriate investigations and determine liability. h) Orders SONIA ESPINOZA VALVERDE, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat; ROBERTO DOBLES MORA, in his capacity as Minister of Environment and Energy, Executive Secretary of the National Council of Conservation Areas (CONAC), and Senior Director of the National System of Conservation Areas; MOISES BERMUDEZ GARCIA, in his capacity as Head of the Watershed Department of the Institute of Aqueducts and Sewers; JUAN RAFAEL MARIN QUIROS, in his capacity as Mayor of the Municipality of Hojancha; LUIS GERARDO RODRIGUEZ QUESADA, in his capacity as Mayor of the Municipality of Nandayure, or whoever holds those offices in their stead; and the Mayors of the Municipalities of Santa Cruz, Carrillo, and Nicoya, to take all measures and precautions within the scope of their authority to preserve the entire ecosystem of Las Baulas National Marine Park.
All of the foregoing is ordered with the warning that failure to comply may constitute the offense defined in article 71 of the Law on Constitutional Jurisdiction, which provides that anyone who receives an order issued in an amparo appeal that he or she is required to comply with or enforce and fails to comply with or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State and the Municipality of Santa Cruz are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be assessed in proceedings to enforce the judgment before the contentious-administrative jurisdiction. This shall be communicated to all parties, as well as to the Comptroller General of the Republic and the Mayors of the Municipalities of Santa Cruz, Carrillo, and Nicoya.
SONIA ESPINOZA VALVERDE, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever holds that office, and the Mayor of the Municipality of Santa Cruz shall be personally served.” Likewise, in a similar case in which the Ministry of Environment and Energy had also delayed initiating proceedings to expropriate properties likewise located in Las Baulas National Marine Park, this Chamber held, through decision number 2009-003446 at 13:58 hours on 27 de febrero del 2009, that such delay caused a violation of fundamental rights, referring that case to the general order previously issued to that Ministry through decision number 2008-007549 at 17:38 hours on 30 de abril de 2008, which stated verbatim:
“The appeal is granted solely insofar as it is directed against the Ministry of Environment and Energy for having delayed nearly 10 years in initiating proceedings to expropriate the privately owned properties situated within Las Baulas National Marine Park, pursuant to Ley Nº7524 of 10 de julio de 1995. Consequently, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, or whoever holds the office of Minister of Environment and Energy in his stead, is ordered to initiate the expropriation proceedings immediately and expeditiously, with the warning that failure to do so may subject him to the sanctions provided for that purpose in article 71 of the Law governing this Jurisdiction. (…)” In that context, and there being no reason to depart from the criterion in the judgment transcribed above, which applies to the present case, this appeal must be granted because of SINAC’s delay in initiating the expropriation proceedings.
Although it is established that SINAC entered into a contract with the National University and that the latter has not yet delivered the cadastral map, it should be noted that the contract was not signed until 2013, whereas the expropriation proceedings should have begun years earlier. SINAC’s delay in taking action to initiate the expropriation proceedings is therefore established. In conclusion: 1) With respect to the actions of the Municipality of Santa Cruz, the appeal is denied, not only because the challenged action dates back five years, but also because the denial of the permit and the other motions was not arbitrary, as it is supported by this Chamber’s ruling in judgment number 2008-018529 at 8:58 hours on 16 de diciembre de 2008, which annulled the environmental viability approvals granted for properties located within Las Baulas National Marine Park. It should also be noted that, according to the appellant, the improper hierarchical superior apparently annulled that denial in 2013, such that an annulled act would thereby be challenged. 2) With respect to the omissions of the Ministry of Environment and Energy, this appeal must be granted because of the delay in initiating proceedings to expropriate the appellant’s properties located in Las Baulas National Marine Park.
The foregoing is ordered without any specific directive, because the corresponding directives were already issued in judgment number 2008-007549, and without prejudice to the filing, in the case file for that judgment, of claims alleging noncompliance with this Chamber’s order, or to the affected party filing before the administrative authorities or the ordinary courts any claims it deems appropriate if it considers that its rights have been infringed” (emphasis added).
The Chamber considers that the precedents transcribed above apply to the sub judice matter, because there are no grounds for departing from the criteria expressed therein or reasons to assess the situation presented differently.
Consequently, the Court finds that SINAC has delayed completing the expropriation process for the property owned by the protected company, which is located within Las Baulas National Marine Park. It should be noted that, since the enactment of law no. 7524 of 10 de julio de 1995, ‘Creation of Las Baulas de Guanacaste National Marine Park,’ the legislature established in section 2 that: “To comply with this Law, the competent institution shall undertake the expropriation of all or part of the properties included within the area delimited in the preceding article. Privately owned land included within that delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of Las Baulas National Marine Park until acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, the owners shall enjoy the full exercise of the rights of ownership.” Now, although the expropriation process concerning the property under review began in 2021 and the corresponding appraisal was even accepted, it is no less true that, since January 2024, SINAC informed the protected party that it “will refrain from carrying out expropriation proceedings concerning movable property located within Las Baulas National Marine Park until the status of the registration of the lands is clarified, so as to avoid acquiring lands whose registration may be null and void.” In this regard, the Court observes that, when this matter was filed, more than a year and a half had elapsed since that communication, without the expropriation process in question having been resumed in order to prepare the cadastral map necessary to complete the expropriation process at issue in this matter.
It should be noted that it was only after SINAC was notified that this matter was being processed that memorandum SINAC-ACT-OR-DR-1507-2025 of October 10, 2025, was issued, requesting the legal advisory office to conduct the legal studies necessary to determine whether or not the registration of the property was lawful.
Consequently, the matter is granted, in accordance with the provisions set forth in the operative part of this matter.
The parties are hereby advised that, if they have submitted any paper document or any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. They are warned that any material not retrieved within that period will be destroyed pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary” (approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and Article LXXXI of session no. 43-12 of the Superior Council of the Judiciary of May 3, 2012.
Por tanto:
The appeal for constitutional relief is granted. David Chavarría Morales and Nelson Marín Mora, in their respective capacities as acting executive director and director of the Tempisque Conservation Area, both of the National System of Conservation Areas, or whoever holds those positions, are ordered to take all necessary measures and coordinate as appropriate, within the scope of their respective authority, so that the expropriation process concerning the property owned by El Pelícano Marino S. A., recorded under real property folio no. 43135-000, is resumed immediately. The respondent authority is warned that, pursuant to Article 71 of the Law on Constitutional Jurisdiction, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that they are required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The National System of Conservation Areas is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment in the administrative litigation jurisdiction. Let notice be given.
Fernando Cruz C.
Acting President Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Jose Roberto Garita N.
CASE FILE N° 25-028543-0007-CO Telephone numbers: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 meters south of the Perpetuo Socorro Church).
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de noviembre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-028543-0007-CO, interpuesto por Nombre91186 DE PEISSANT, cédula de residencia CED51397, a favor de EL PELICANO MARINO, S. A., cédula jurídica CED51398, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
Resultando:
Redacta el Magistrado Garita Navarro; y,
Considerando:
La accionante señala que la ley nro. 7524 fijó los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas y el artículo 2 dispone que todas las fincas privadas dentro de dicha delimitación serían susceptibles de expropiación y se considerarían parte del parque hasta que fueran adquiridas por el Estado. Señala que la sociedad tutelada es la dueña registral del inmueble folio real 43135-000 de Guanacaste (Santa Cruz, Cabo Velas). Alega que, mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2022, el Área de Conservación Tempisque le notificó a la sociedad el oficio ACT-OR-DR-1603-2022 donde se adjuntó el avalúo administrativo ATSJO-SVAT-AVA-001-2022 para efectos de expropiación de la finca 43135-000, el cual fue aceptado en la misma fecha. Relata que, mediante oficio SINAC-ACT-DR-079-2024 del 24 de enero 2024, el director del Área de Conservación Tempisque comunicó que, de acuerdo con las recomendaciones del criterio legal DAJ-MINAE-1074-2023 de la dirección de asesoría jurídica del Ministerio de Ambiente y Energía, se abstendrían de realizar trámites de expropiación hasta que se esclareciera la situación de la inscripción de los terrenos, a fin de evitar la adquisición de terrenos con vicios de nulidad.
Destaca que lo anterior paralizó el procedimiento administrativo de expropiación de la propiedad de la sociedad anónima tutelada. Explica que, debido a que había transcurrido aproximadamente año y siete meses sin tener noticia acerca de algún avance en el procedimiento de expropiación, el 14 de julio de 2025, en su condición de presidenta de la sociedad amparada, remitió vía correo electrónico una nota dirigida al área de conservación accionada donde solicitó información. Apunta que, mediante correo electrónico del 7 de agosto 2025, la autoridad recurrida remitió la respuesta CARTA-SINAC-ACT-DR-1182-2025; sin embargo, estima que lo ahí contestado no justifica de modo alguno la inercia de la administración en el trámite de expropiación, ni esclarece la situación jurídica del inmueble propiedad de la sociedad tutelada que se encuentra dentro del Parque Marino Las Baulas.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Parte de los requisitos del trámite de procesos de compra o de expropiación es el analizar que los bienes inmuebles se encuentren debidamente inscritos o que no exista presunciones de nulidad que impliquen un inadecuado destino del presupuesto de la administración pública al efectuar el pago a sujetos privados de bienes que nunca debieron haber salido del demanio estatal.” De conformidad con la Directriz No. 001-2022 los aspectos relacionados con la evaluación del caso concreto, el expediente, contenido presupuestario y formalidades del Manual de procedimientos para adquisición de terrenos dentro de áreas silvestres protegidas, reglamento Nº 4-2008, Manual de expropiación para creación, consolidación o ampliación de límites de áreas silvestres protegidas, R-SINAC-CONAC- 23-2012 y Ley de expropiaciones son aspectos operativos que debe resolver la administración competente. IMPLEMENTACIÓN: La propia Administración consultante está en posibilidad de evaluar, por sus propios medios, las implicaciones materiales y jurídicas de las manifestaciones vertidas en este criterio, a fin de proceder de conformidad para casos concretos; todo bajo su entera y exclusiva responsabilidad”. (Ver prueba documental).
Posteriormente se logró contratar un nuevo topógrafo el cual, lamentablemente se trasladó a Ministerio de Obras Públicas y Transportes en abril del 2025, pocos meses después de su contratación. Para retomar este tema con carácter de urgencia, se ha solicitado al Viceministerio de Ambiente la asignación de un asesor jurídico que, junto con el ingeniero topógrafo que inicia labores con ACT-SINAC el 16 de agosto de 2025, retomen la elaboración de este mapa catastral de manera prioritaria. 2-En particular, cualquier gestión relacionada con la finca folio real número 43135- 000 del partido de Guanacaste, propiedad de mi representada. A la fecha no se ha realizado ninguna gestión relacionada con la la (sic) finca folio real número 5-43135-000. 3-El estado actual del trámite de expropiación que originalmente fue comunicado mediante el oficio antes citado. El trámite de expropiación continúa aún suspendido en espera de que se resuelta lo concerniente a la situación registral del inmueble en cuestión”. (Ver prueba documental).
En el sub lite, la accionante señala que la ley nro. 7524 fijó los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas y el artículo 2 dispone que todas las fincas privadas dentro de dicha delimitación serían susceptibles de expropiación y se considerarían parte del parque hasta que fueran adquiridas por el Estado. Señala que la sociedad tutelada es la dueña registral del inmueble folio real 43135-000 de Guanacaste (Santa Cruz, Cabo Velas). Alega que, mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2022, el Área de Conservación Tempisque le notificó a la sociedad el oficio ACT-OR-DR-1603-2022 donde se adjuntó el avalúo administrativo ATSJO-SVAT-AVA-001-2022 para efectos de expropiación de la finca 43135-000, el cual fue aceptado en la misma fecha. Relata que, mediante oficio SINAC-ACT-DR-079-2024 del 24 de enero 2024, el director del Área de Conservación Tempisque comunicó que, de acuerdo con las recomendaciones del criterio legal DAJ-MINAE-1074-2023 de la dirección de asesoría jurídica del Ministerio de Ambiente y Energía, se abstendrían de realizar trámites de expropiación hasta que se esclareciera la situación de la inscripción de los terrenos, a fin de evitar la adquisición de terrenos con vicios de nulidad.
Destaca que lo anterior paralizó el procedimiento administrativo de expropiación de la propiedad de la sociedad anónima tutelada. Explica que, debido a que había transcurrido aproximadamente año y siete meses sin tener noticia acerca de algún avance en el procedimiento de expropiación, el 14 de julio de 2025, en su condición de presidenta de la sociedad amparada, remitió vía correo electrónico una nota dirigida al área de conservación accionada donde solicitó información. Apunta que, mediante correo electrónico del 7 de agosto 2025, la autoridad recurrida remitió la respuesta CARTA-SINAC-ACT-DR-1182-2025; sin embargo, estima que lo ahí contestado no justifica de modo alguno la inercia de la administración en el trámite de expropiación, ni esclarece la situación jurídica del inmueble propiedad de la sociedad tutelada que se encuentra dentro del Parque Marino Las Baulas.
La Sala comprueba que el Pelícano Marino S. A. es propietaria de la finca con folio real nro. 43135-000. El 5 de noviembre de 2021, la accionante solicitó la expropiación de la finca nro. 43135-000, debido a que se ubica dentro del límite del Parque Nacional Marino Las Baulas. Por memorial ACT-OR-DR-1603-2022 del 19 de diciembre de 2022, el SINAC comunicó a la recurrente el avalúo de la propiedad y, ese mismo día, la sociedad amparada lo aceptó. Por oficio DAJ-MINAE-1074-2023 del 27 de setiembre de 2023, el MINAE comunicó al SINAC: “La Dirección Jurídica del MINAE ha procedido con el análisis de la normativa y documentos que se adjuntan a la consulta y concluye que lo procedente es ratificar el criterio SINAC-SE-AJ-244-2023 que a su vez ratifica el ACT-OR-DR-DL-593-2023, únicamente en cuanto a los aspectos generales relacionados con legalidad, en particular la recomendación siguiente: “Finalmente, la presente instancia comparte el criterio expresado en el oficio ACT-OR-DR-DL-593-2023 respecto a la situación de los bienes inmuebles ubicados en el Parque Nacional Marino las Baulas y la suspensión de los procedimientos de expropiación en este ASP, por lo tanto, el ACT debe abstenerse de efectuar dichos trámites hasta tanto no se esclarezca la situación legal de la inscripción de los inmuebles en aras de evitar adquirir terrenos que puedan presentar vicios de nulidad absoluta.
Parte de los requisitos del trámite de procesos de compra o de expropiación es el analizar que los bienes inmuebles se encuentren debidamente inscritos o que no exista presunciones de nulidad que impliquen un inadecuado destino del presupuesto de la administración pública al efectuar el pago a sujetos privados de bienes que nunca debieron haber salido del demanio estatal.” De conformidad con la Directriz No. 001-2022 los aspectos relacionados con la evaluación del caso concreto, el expediente, contenido presupuestario y formalidades del Manual de procedimientos para adquisición de terrenos dentro de áreas silvestres protegidas, reglamento Nº 4-2008, Manual de expropiación para creación, consolidación o ampliación de límites de áreas silvestres protegidas, R-SINAC-CONAC- 23-2012 y Ley de expropiaciones son aspectos operativos que debe resolver la administración competente. IMPLEMENTACIÓN: La propia Administración consultante está en posibilidad de evaluar, por sus propios medios, las implicaciones materiales y jurídicas de las manifestaciones vertidas en este criterio, a fin de proceder de conformidad para casos concretos; todo bajo su entera y exclusiva responsabilidad”.
Por memorial SINAC-ACT-OR-DR-079-2024 del 24 de enero de 2024, el SINAC comunicó a la accionante: “En atención al oficio con fecha 19 de diciembre de 2022, acusamos el recibido de la aceptación del avalúo administrativo ATSJO-SVAT-SVAT-AVA-001-2022, el cual ha sido incluido en el expediente administrativo de dicho caso. Por otra parte, se le informa que de acuerdo a (sic) las recomendaciones del criterio legal DAJMINAE- 1074-2023, emitido por la señora Lorena Polanco Morales, Directora Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y Energía, esta Dirección acoge dicho criterio y se abstiene de realizar trámites de expropiación de muebles ubicados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, hasta que se esclarezca la situación de inscripción de los terrenos de manera que se evite adquirir terrenos que presenten vicios de nulidad. Para su conocimiento se adjunta el criterio legal DAJ-MINAE-1074-2023” (la negrita fue añadida).
Por memorial fechado 11 de julio de 2025, la accionante planteó una gestión ante el SINAC, por medio de la cual efectuó consultas en relación con el proceso de expropiación. Por oficio CARTA-SINAC-ACT-DR-1182-2025 del 7 de agosto de 2025, el SINAC comunicó a la recurrente: “ASUNTO: Consulta sobre propiedad 5-43135-000. Estimada señora: En atención a: 1-Las acciones administrativas o judiciales que se han promovido o se encuentren en trámite para esclarecer la situación registral de los terrenos ubicados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. A pesar de que mediante oficio ACT-OR-DR-1142-2022 del 05 de octubre de 2022, se nombró una comisión para el levantamiento topográfico y catastral, así como estudios legales y conformación de expedientes de todos los inmuebles que se encuentran dentro del Parque Marino las Baulas, elaboración del Mapa Catastral y estudios legales del Parque Nacional Marino las Baulas.
Sin embargo, con la jubilación del asesor jurídico que estaba a cargo de la comisión en diciembre de 2023 y el traslado al Ministerio de Cultura y Juventud del ingeniero topógrafo del ACT, esta comisión dejó inconcluso el trabajo que estaba realizando. Posteriormente se logró contratar un nuevo topógrafo el cual, lamentablemente se trasladó a Ministerio de Obras Públicas y Transportes en abril del 2025, pocos meses después de su contratación. Para retomar este tema con carácter de urgencia, se ha solicitado al Viceministerio de Ambiente la asignación de un asesor jurídico que, junto con el ingeniero topógrafo que inicia labores con ACT-SINAC el 16 de agosto de 2025, retomen la elaboración de este mapa catastral de manera prioritaria. 2- En particular, cualquier gestión relacionada con la finca folio real número 43135- 000 del partido de Guanacaste, propiedad de mi representada. A la fecha no se ha realizado ninguna gestión relacionada con la la (sic) finca folio real número 5-43135-000. 3- El estado actual del trámite de expropiación que originalmente fue comunicado mediante el oficio antes citado.
El trámite de expropiación continúa aún suspendido en espera de que se resuelta lo concerniente a la situación registral del inmueble en cuestión”. Por oficio SINAC-ACT-OR-DR-1507-2025 del 10 de octubre de 2025, el SINAC requirió a la asesoría jurídica la realización de los estudios jurídicos, a fin de determinar si la inscripción del inmueble fue o no acorde a derecho. Mediante oficio ACT-DR-T-1520-2025 del 13 de octubre de 2025, el SINAC concluyó: “1. La finca inscrita bajo el Folio Real N°5-0043135-000, no cuenta con plano catastrado relacionado. 2. El plano N.°5-2260515-2021 no generó el movimiento registral correspondiente, por lo que actualmente se encuentra cancelado. 3. La finca con Folio Real N.°5-0043135-000 se encuentra en un 100% dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. 4. Asimismo, la finca con Folio Real N.°5-0043135-000 se localiza en un 100% dentro de los 150 metros de la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre”.
Visto lo anterior, la Sala estima oportuno traer a colación la sentencia nro. 2008007549 de las 17:38 horas del 30 de abril de 2008:
“IV.- Objeto del recurso. Las recurrentes reclaman la violación de sus derechos fundamentales, en particular de los derechos protegidos en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, por la omisión de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de expropiar los inmuebles privados dentro del Parque Nacional Las Baulas, pese a que la Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995 establece esa obligación para proteger la anidación de las tortugas baula, las cuales se encuentran en peligro de extinción. Acusan, asimismo, que el Ministerio de Hacienda no ha reservado los recursos necesarios para cubrir el valor de los fundos a sus propietarios, mientras que la SETENA ha otorgado varias viabilidades ambientales sin verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el ordenamiento con ese fin. Por su parte, la Municipalidad del Cantón de Santa Cruz confirió diversos permisos de construcción sin requerir la viabilidad aludida. En su criterio, lo anterior es injustificado y lesiona el Derecho de la Constitución (…)
VI.Del amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía. Se reclama la omisión del Ministerio recurrido de expropiar los fundos privados situados dentro del Parque Nacional Las Baulas, pese a que la Ley de creación de ese Parque Nacional, Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995, estipula esa obligación para salvaguardar la anidación de la tortura baula, que está en peligro de extinción. Al respecto, el artículo 2º de la Ley Nº7524, estipula:
“ARTICULO 2.- Expropiaciones. Para cumplir con la presente Ley, la institución competente gestionará las expropiaciones de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada en el artículo anterior.
Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio.” En este sentido, aunque el Ministro accionado en su informe menciona que por resolución NºR–421–MINAE de las 10:30 hrs. de 8 de noviembre de 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº237 de 3 de diciembre de 2004, se declaró de interés público la adquisición de un inmueble situado dentro del parque referido, con lo cual “desde esa fecha el Estado ha expresado por los medios idóneos su interés y voluntad de adquirir los terrenos dentro del mencionado parque nacional” (informe a folio 67), llama profundamente la atención del Tribunal Constitucional que la Ley Nº7524 entró en vigencia desde el 16 de agosto de 1995; de modo que el plazo transcurrido para que el Poder Ejecutivo comenzara la expropiación de esos inmuebles, de casi diez años, es injustificado y lesiona los derechos protegidos en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, en cuanto soslaya el Estado su obligación de tomar las medidas apropiadas y necesarias, de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de los datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitat, entre ellas, la restricción de las actividades humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación y migración, en los términos de la Convención interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas, aprobada por medio de la Ley Nº7906 de 24 de setiembre de 1999.
En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el amparo en cuanto se dirige contra el Ministerio de Ambiente y Energía –por su omisión de iniciar, con la celeridad debida, los procedimientos de expropiación a que hace referencia la Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995–, no sin antes advertir al recurrido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que no debe incurrir a futuro en los actos u omisiones que dieron base a la acogida del recurso (…)
Por tanto: Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto se dirige contra el Ministerio de Ambiente y Energía por haber demorado casi 10 años en iniciar los procedimientos de expropiación de los fundos privados situados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, en los términos de la Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995. En consecuencia se le ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, o a quien en su lugar ejerza el cargo de Ministro de Ambiente y Energía, iniciar inmediatamente y en forma célere los tramites de expropiación, bajo la advertencia de que, en caso de no hacerlo, podrá incurrir en las sanciones que al afecto prevé el artículo 71 de la Ley que rige esta Jurisdicción. En lo demás se declara sin lugar el amparo. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.
Además, en la sentencia nro. 2016012501 de las 9:05 horas del 2 de setiembre de 2016 se conoció un agravio similar al del sub iudice:
“I.- Objeto del recurso.- El recurrente, quien dice haber construido un centro turístico denominado "Hotel Tortugas de Playa Grande" dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, considera violado su derecho de propiedad privada por cuanto, luego de que esta Sala dispusiera anular todas la viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas y ordenara al Ministerio de Ambiente y Energía continuar con los procesos de expropiación de tales propiedades, la Municipalidad recurrida le ha denegado su solicitud de ampliación y reparación del Hotel. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no ha iniciado proceso expropiatorio alguno ni se le permite la ampliación de su hotel (…)
III.Sobre el fondo.- De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se comprueba que es cierto que la Municipalidad le denegó mediante oficio DIM-328-2011 del 17 de mayo del 2011 el permiso de ampliación al recurrente, por cuanto según criterio del Departamento Ambiental el Hotel Las Tortugas de Playa Grande se encuentra en su totalidad en los límites del Parque Marino Las Baulas, además que rechazó el recurso de revocatoria y el de apelación. Indicando el recurrente al respecto que luego ello fue anulado por el jerarca impropio. También que es cierto que, el SINAC no ha continuado con el trámite de expropiación de las fincas del recurrente por cuanto requiere la elaboración del mapa catastral del Parque Nacional Marino, el cual está siendo elaborado por la Universidad Nacional, siendo que se espera esté terminado dentro del plazo de diez meses, es decir, a mediados del año 2017.
Al respecto, para contextualizar la situación que se plantea en este recurso, debe recordarse que, mediante resolución Nº 2008-018529 de las 8:58 horas del 16 de diciembre de 2008 se declaró con lugar el Recurso de Amparo que se tramitó bajo el expediente N°07-005611-0007- CO y en la parte se dispositiva se emitieron las siguientes órdenes:
“a) Anulan todas las viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del Parque Nacional Marino la Baulas, y se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía continuar de inmediato con los procesos de expropiación de tales propiedades. b) Ordena a SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe este cargo, girar las instrucciones dentro del ámbito de su competencia para no tramitar nuevas viabilidad dentro del parque. c) Ordena a SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe este cargo, proceder en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las Municipalidades de Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya y Carrillo, a realizar un estudio integral sobre el impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas producirían al ambiente y las medidas necesarias a tomar, en donde se valore si conviene mejor también expropiar las propiedades que se encuentren allí, y se indique expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el ecosistema de la zona, en especial, la tortuga baula.
Para lo cual se le otorga un plazo máximo de seis meses contados desde la comunicación de esta resolución, plazo dentro del cual el estudio mencionado debe estar concluido. d) Ordena dejar suspendidas y supeditar la validez de las viabilidades ambientales otorgadas a las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas, hasta tanto no esté listo el estudio integral anterior. e) Ordena a SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe este cargo, suspender el trámite de las solicitudes de viabilidad ambiental de las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas, hasta tanto no esté listo el estudio integral anterior. f) Ordena dejar suspendidos y supeditar la validez de los permisos de construcción otorgados a las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas por la Municipalidad de Santa Cruz, hasta tanto no esté listo el estudio integral anterior. g) Anulan todos los permisos de construcción otorgados a las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas sin que tuvieran la viabilidades ambiental, si así lo hubieran hecho la Municipalidad de Santa Cruz.
En cuyo caso se comunica este fallo a la Contraloría General de la República para que realice las investigaciones del caso y siente responsabilidades. h) A SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a ROBERTO DOBLES MORA, en su calidad de Ministro de Ambiente y Energía, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y Director Superior del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a MOISES BERMUDEZ GARCIA, en su calidad de Jefe del Departamento de Cuencas Hidrográficas del Acueductos y Alcantarillados, a JUAN RAFAEL MARIN QUIROS, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Hojancha, a LUIS GERARDO RODRIGUEZ QUESADA, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Nandayure, o a quienes en su lugar ocupen estos cargos, y a los Alcaldes de las Municipalidades de Santa Cruz, Carrillo y Nicoya, a tomar todas las medidas y previsiones dentro del ámbito de sus competencias a efectos de preservar todo el ecosistema del Parque Nacional Marino Las Baulas.
Todo lo anterior, bajo apercibimiento bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Santa Cruz al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Comuníquese a todas las partes y además a la Contralora General de la República, y los Alcaldes de las Municipalidades de Santa Cruz, Carrillo y Nicoya. Notifíquese de forma personal a SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe este cargo, y al Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz.” Asimismo, en un caso similar, donde también el Ministerio de Ambiente y Energía se había demorado en el inicio de los procedimientos de expropiación de fincas ubicadas también en el Parque Nacional Marino Las Baulas, esta Sala consideró, mediante resolución número 2009-003446 de las 13:58 horas del 27 de febrero del 2009, que tal retraso ocasionaba una violación de derechos fundamentales, remitiendo a ese caso a la orden general dada a dicho Ministerio previamente mediante resolución número 2008-007549 de las 17:38 horas del 30 de abril de 2008, la cual literalmente indicó:
“Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto se dirige contra el Ministerio de Ambiente y Energía por haber demorado casi 10 años en iniciar los procedimientos de expropiación de los fundos privados situados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, en los términos de la Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995. En consecuencia se le ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, o a quien en su lugar ejerza el cargo de Ministro de Ambiente y Energía, iniciar inmediatamente y en forma célere los trámites de expropiación, bajo la advertencia de que, en caso de no hacerlo, podrá incurrir en las sanciones que al afecto prevé el artículo 71 de la Ley que rige esta Jurisdicción. (…)” En ese contexto y al no existir motivo para variar el criterio en el voto antes transcrito, que es de aplicación en la especie, procede la estimatoria de este recurso por el retraso en el inicio de los trámites expropiatorios por parte del SINAC.
Siendo que, aunque se comprueba que es cierto que el SINAC realizó un contrato con la Universidad Nacional, y que ésta todavía tiene pendiente la entrega del mapa catastral, nótese que la firma del contrato se da apenas en el año 2013, cuando el inicio de los procesos expropiatorios debía haber iniciado años atrás. Constatándose la tardanza, de parte del SINAC, en la toma de acciones para el inicio de los trámites expropiatorios. En conclusión: 1) En cuanto a las actuaciones de la Municipalidad de Santa Cruz, se declara sin lugar el recurso, no sólo porque lo impugnado data de cinco años atrás, sino por cuanto la denegatoria del permiso y demás recursos no fue arbitraria sino que encuentra sustento en lo resuelto por esta Sala mediante el voto número 2008-018529 de las 8:58 horas del 16 de diciembre de 2008, donde se anularon las viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del Parque Nacional Marino la Baulas.
Además nótese que al parecer, según el recurrente, desde el año 2013 el jerarca impropio anuló tal denegatoria, así que con ello se estaría impugnando un acto anulado. 2) En cuanto a las omisiones del Ministerio de Ambiente y Energía, debido al retraso en el inicio de los procesos expropiatorios de las fincas del recurrente ubicadas en el Parque Nacional Marino las Baulas, se impone la estimatoria de este recurso. Lo anterior, sin especial orden, puesto que ya se giraron las correspondientes en el voto número 2008-007549 y sin perjuicio de que, dentro del expediente de dicho voto se pueda presentar reclamos por desobediencia a lo ordenado por esta Sala, o de que, la parte afectada pueda presentar en sede administrativa o en la jurisdiccional común los reclamos que considere, si estima que han sido lesionados sus derechos” (el destacado fue añadido).
La Sala estima que los precedentes transcritos resultan aplicable al sub iudice, dado que no se encuentran motivos para variar los criterios vertidos, ni razones para valorar de forma diferente la situación planteada.
En consecuencia, el Tribunal comprueba la demora del SINAC en culminar el proceso de expropiación de la finca propiedad de la sociedad tutelada, la cual se encuentra dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. Véase que, desde el dictado de la ley nro. 7524 del 10 de julio de 1995 ‘Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste’, el legislador determinó en su ordinal 2 que: “Para cumplir con la presente Ley, la institución competente gestionará las expropiaciones de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada en el artículo anterior. Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio”.
Ahora, si bien desde el año 2021 se inició el proceso de expropiación de la finca bajo estudio e incluso se configuró la aceptación del avalúo correspondiente, no menos cierto es que, desde enero de 2024, el SINAC comunicó a la tutelada que “se abstiene de realizar trámites de expropiación de muebles ubicados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, hasta que se esclarezca la situación de inscripción de los terrenos de manera que se evite adquirir terrenos que presenten vicios de nulidad”. Acerca de esto, el Tribunal observa que, al momento de interposición de este asunto, había transcurrido más de un año y medio después de tal comunicación, sin que el proceso de expropiación en cuestión haya sido reanudado, a fin de efectuar el mapa catastral que permita culminar el proceso de expropiación objeto de este asunto. Nótese que no fue sino con posterioridad a que el SINAC fue notificado de la tramitación de este asunto cuando se emitió el memorial SINAC-ACT-OR-DR-1507-2025 del 10 de octubre de 2025, por medio del cual se requirió a la asesoría jurídica la realización de los estudios jurídicos para determinar si la inscripción del inmueble fue o no acorde a derecho.
En consecuencia, se estima el asunto, de acuerdo con lo establecido en la parte dispositiva de este asunto.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se les ordena a David Chavarría Morales y Nelson Marín Mora, por su orden, director ejecutivo a. i. y director del Área de Conservación Tempisque, ambos del Sistema Nacional de Área de Conservación, o a quienes ocupen esos cargos, que dispongan todas las medidas necesarias y coordinen lo pertinente, dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que, de forma inmediata, se retome el proceso de expropiación de la finca con folio real nro. 43135-000 propiedad de El Pelícano Marino S. A. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.
Fernando Cruz C.
Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Jose Roberto Garita N.
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