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Res. 34786-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/10/2025
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo upon verifying the municipality responded to the complaints only after the amparo was notified. The majority did not award costs or damages, with partial dissents from two justices.La Sala declaró con lugar el recurso al constatar que la municipalidad respondió a las denuncias después de notificado el amparo. La mayoría no impuso condenatoria en costas ni daños, con votos salvados parciales de dos magistrados.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted the amparo filed by Asociación Cívica de Hermosa against the Cóbano District Municipal Council. The petitioner claimed the municipality granted concessions in the Maritime Terrestrial Zone on lands with forest cover and wetlands, which constitute State Natural Heritage (PNE), and are therefore under the exclusive administration of SINAC. It filed three detailed complaints regarding concessions of Corporación Estimex Centroamericano SRL, Hukajo S.A. and Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, requesting recognition as a qualified complainant and that concessions not be renewed. Despite months having passed since its April 2025 submissions, the authority had not resolved its requests nor included it in the administrative files, allegedly violating rights to environmental participation and information. The Chamber noted the municipality's response was issued after the amparo was notified, thus upholding the claim. The majority denied costs and damages, while two justices partially dissented on this point.La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por la Asociación Cívica de Hermosa contra el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. La recurrente denunció que la municipalidad otorgó concesiones en la Zona Marítimo Terrestre sobre terrenos con cobertura boscosa y humedales, los cuales considera Patrimonio Natural del Estado (PNE) y, por tanto, bajo administración exclusiva del SINAC. Presentó tres denuncias detalladas —respecto a las concesiones de Corporación Estimex Centroamericano SRL, Hukajo S.A. y Santa Teresa Investments STI de Puntaguana— solicitando ser considerada denunciante calificada y que no se prorrogaran las concesiones. La recurrente alegó que, pese a haber transcurrido meses desde sus escritos de abril de 2025, la autoridad recurrida no había resuelto sus gestiones ni la había integrado a los expedientes, vulnerando sus derechos de participación e información ambiental. La Sala consideró que la contestación de la municipalidad se produjo después de notificado el amparo, por lo que acogió el reclamo. La mayoría decidió sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, aunque dos magistrados salvaron parcialmente el voto al respecto.
Key excerptExtracto clave
IV.- SPECIFIC CASE. What the petitioner association ultimately seeks with its actions is for the Cóbano District Municipal Council to review the concessions granted to Corporación Estimex Centroamericano SRL, Hukajo S.A. and Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, as, in its view, those complaints involved acts contrary to the Constitution and the law. It is on record that, upon notification of the transfer order to the respondents, that collegiate body confirmed its decision regarding those complaints. However, since this occurred after this matter was initiated, the Chamber deems it necessary to grant the appeal, as will be stated. V.- ON THE AWARD OF COSTS AND DAMAGES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. Upon better consideration, the majority of the Chamber finds that, in the case at hand, in accordance with paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable"), the grant must be without special award of costs and damages, based on the following considerations. While there is an express legal text requiring the operative part of the judgment to state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is equally true that the same final paragraph states that the grant is made "solely for purposes of compensation and costs, if applicable". It is emphasized that the Law states "if applicable", which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, evaluation or weighing by the Court.IV.- CASO CONCRETO. Lo que en el fondo pretende la asociación amparada con sus gestiones es que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano revise las concesiones otorgadas a Corporación Estimex Centroamericano SRL, a Hukajo S.A. y a Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, pues, a su juicio, en esas denuncias se dictaron actos contrarios a la Constitución y a la ley. Consta que, con ocasión de la notificación del auto de traslado a los recurridos, ese órgano colegiado confirmó lo resuelto respecto de esas denuncias. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá. V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal.
Pull quotesCitas destacadas
"Lo que en el fondo pretende la asociación amparada con sus gestiones es que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano revise las concesiones otorgadas a Corporación Estimex Centroamericano SRL, a Hukajo S.A. y a Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, pues, a su juicio, en esas denuncias se dictaron actos contrarios a la Constitución y a la ley."
"What the petitioner association ultimately seeks with its actions is for the Cóbano District Municipal Council to review the concessions granted to Corporación Estimex Centroamericano SRL, Hukajo S.A. and Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, as, in its view, those complaints involved acts contrary to the Constitution and the law."
Considerando IV
"Lo que en el fondo pretende la asociación amparada con sus gestiones es que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano revise las concesiones otorgadas a Corporación Estimex Centroamericano SRL, a Hukajo S.A. y a Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, pues, a su juicio, en esas denuncias se dictaron actos contrarios a la Constitución y a la ley."
Considerando IV
"Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
"The appeal is granted, without special award of costs and damages."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
Por tanto
"Consta que, con ocasión de la notificación del auto de traslado a los recurridos, ese órgano colegiado confirmó lo resuelto respecto de esas denuncias. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso."
"It is on record that, upon notification of the transfer order to the respondents, that collegiate body confirmed its decision regarding those complaints. However, since this occurred after this matter was initiated, the Chamber deems it necessary to grant the appeal."
Considerando IV
"Consta que, con ocasión de la notificación del auto de traslado a los recurridos, ese órgano colegiado confirmó lo resuelto respecto de esas denuncias. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso."
Considerando IV
"La falta de resolución de las apuntadas denuncias trasgrede el derecho de incidir en asuntos donde existe un interés público ambiental, así como el derecho de información y el derecho de participación en materia ambiental."
"The lack of resolution of the aforementioned complaints violates the right to influence matters where there is an environmental public interest, as well as the right to information and the right to participation in environmental matters."
Resultando 1 (argumentos de la recurrente)
"La falta de resolución de las apuntadas denuncias trasgrede el derecho de incidir en asuntos donde existe un interés público ambiental, así como el derecho de información y el derecho de participación en materia ambiental."
Resultando 1 (argumentos de la recurrente)
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-fourth of October of two thousand twenty-five.
An amparo action brought by Nombre89997, identity card CED14629, on behalf of the HERMOSA CIVIC ASSOCIATION, against the COBANO DISTRICT MUNICIPAL COUNCIL.
WHEREAS:
Drafted by Magistrate Sánchez Navarro; and,
WHEREAS:
The petitioner notes that she reported to the Cóbano District Municipal Council the granting of concessions in the maritime-terrestrial zone, where Natural State Heritage (Patrimonio Natural del Estado) existed and exists, which, in her opinion, are excluded from municipal jurisdiction. She adds that, given that the respondent authority sent her a report on the reported cases, in which some irregularities were evidenced, on April 8, 2025, she sent the respondent authority some briefs, among other things, so that they be considered as qualified complainants (denunciantes calificados); that what exists in the concession area, such as forest cover (bosque) and wetland of the company, be verified and cataloged; and that it be declared that acts contrary to the Constitution were issued, but to date, they continue without being taken into account, nor is anything resolved.
Before analyzing the merits of the matter regarding the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in the case at hand (sub lite), an exception is posited, since it involves actions related to environmental complaints filed before the respondent district municipal council, which allegedly have not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
Of relevance for the decision of this amparo, the following are deemed proven:
The principle of due process, contained in Article 41 of our Fundamental Charter, or as it is often called in doctrine, the principle of “bilaterality of the hearing” of “due legal process” or “adversarial principle,” and which for greater understanding has been summarized as follows: a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the proceeding; b) right to be heard, and opportunity for the interested party to present arguments and produce evidence. Due process must be respected in all administrative proceedings and guaranteed for all individuals subject to administrative authority in a general manner; we cannot act according to your claims in an arbitrary manner since that does not conform to law; indeed, the Procuraduría General de la República itself is following up on the same complaint that you filed. PLEASE LET US WORK, the case files are public; you may review them or request copies at any time…” (copy attached to the report).
What the petitioner association essentially seeks with its actions is for the Concejo Municipal de Distrito de Cóbano to review the concessions granted to Corporación Estimex Centroamericano SRL, to Hukajo S.A., and to Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, since, in its opinion, acts contrary to the Constitution and the law were issued in those complaints. It is on record that, upon notification of the order transferring the case to the respondents, that collegiate body confirmed what was resolved regarding those complaints. However, since this occurred once this matter was already in progress, this Chamber considers that the appeal must be upheld, as will be stated.
V.REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Under better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable"), the granting of the appeal must be without a specific award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to state that the appeal is declared with merit when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court.
In cases such as this, the content of the petitioner’s claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states: "every resolution that upholds the appeal shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr.
Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it sees fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.
I must advise that, since judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been as follows regarding amparo appeals when they have been filed on behalf of a legal entity:
“…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.’ On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court stated that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case Nombre32579 and others v. Venezuela); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not those of the legal entities, are effectively being protected.
Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities of the legal entity, such that said participation is substantially related to the rights alleged as violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16)”.
In this regard, the amparo appeal was filed by the representative of the Asociación Cívica de Hermosa and was pursued on behalf of this legal entity. Regarding this, the petitioner requested environmental information from the respondent authority, so I consider that there is indeed an essential relationship between the legal entity and the natural person, which merits examining the merits of the alleged transgression.
VII.PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
While I concur with the rest of the Chamber in declaring the appeal with merit, I depart from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:
“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:
“...every resolution that upholds the appeal shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” This latter norm establishes the general system that regulates matters relating to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of terminating the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.
In the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has verified the grievance; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, declares the appeal with merit, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a scenario contemplated in the cited Article 52—, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the offender for the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal.
This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has verified the grievance and examined the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceedings, with restoration to the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved person (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, whose basis is found in the principles of protection of individual rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.
Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and declared with merit, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not examined or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the petitioner, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the process.” The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and 2) that there is an administrative or judicial resolution that unequivocally orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights.
Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses; however, the granting of the appeal, in providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared with merit “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered through the injury to their constitutional rights.
In my criterion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly proven that in the specific case no compensable injury was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from paying those amounts. Since in this case, there is no element whatsoever that refutes the presumption that economic damages and losses arose for the petitioner from the challenged actions —the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and I so declare.
As an additional reason, it should be noted that the very dynamic and essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on such verification; however, it does not enter into weighing whether those issues have or have not generated injuries in the eminently patrimonial sphere of the petitioners. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of process, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when appropriate) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable.
By way of reference, numerals 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special process whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following object:
“ARTICLE 179.- It corresponds to the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo to execute the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.” It is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those respects, since that type of claim would not proceed within those types of cases when the judgment issued within the amparo process expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special process in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber.
In that order, in my judgment, pursuant to the aforementioned ordinal 52 of the LJC, the waiver of such patrimonial condemnation requires, in each case, the accreditation of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action does not rule out, per se, that prior to that cessation by the respondent entity's own cause or otherwise, the accused negligence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with what is regulated by the cited mandate 52, are proper to an abstract condemnation that then constitutes a basis for analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa.
The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not correspond to the petitioner to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Later, whether those administrative conducts have caused them injuries is a point that, by thesis of principle and save for exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, no evaluation is made as to whether or not there is an infringement, and therefore, much less can it be defined whether, from what is reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation.
Thus, the waiver of condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a principled, nature. Therefore, in those scenarios, the norm imposes an abstract condemnation, so that its applicability may be analyzed within another plenary process. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person would be at risk, who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, to the detriment of what is established by precept 45 of the Constitución Política, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted that causes the cessation of the conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the individual.
That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, if the permanence of the threat or deterioration of their situation until it ceased due to the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses, it is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary process, but that, it is reiterated, should in no way be denied, as a premise, by the mere materialization of the factual scenario regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority's position, I state my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and losses.
Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” My interpretation of this norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Furthermore, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.
Certainly, pursuant to Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that upholds the appeal shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title —derived from this process— to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If despite the abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, since only to them corresponds to take as proven the real existence and magnitude of the same.
With the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I issue a partial dissenting vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not costs.
The parties are warned that if any document in paper form has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computing, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is declared with merit, without a specific award of costs, damages, and losses. Magistrate Rueda Leal makes a note. Magistrate Salazar Alvarado issues a partial dissenting vote and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas issues a partial dissenting vote and orders the award of damages and losses, but not the award of costs. Let it be notified.
Paul Rueda L. Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:34:54.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo promovido por Nombre89997, cédula de identidad CED14629, a favor de la ASOCIACIÓN CÍVICA DE HERMOSA, contra el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO.
RESULTANDO:
Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,
CONSIDERANDO:
La recurrente acota que denunció ante el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano el otorgamiento de concesiones en la zona marítimo- terrestre, donde existió y existe Patrimonio Natural del Estado, los que, a su juicio, están excluidos de la competencia municipal. Agrega que, en vista de que la autoridad recurrida le remitió un informe sobre los casos denunciados, en el cual se evidenciaron algunas irregularidades, el pasado 8 de abril de 2025, remitió a la autoridad recurrida unos escritos, entre otras cosas, para que se les tuviera como denunciantes calificados; que se verificara y catalogara lo existente en el área de concesión, como bosque y humedal de la empresa y que se declara que se dictaron actos contrarios a la Constitución, pero a la fecha, continúan sin que se les tome en cuenta, ni se resuelva nada.
De previo a analizar el fondo del asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo - instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está antes gestiones que se relacionan con unas denuncias ambiental que se plantearon ante el concejo municipal de distrito recurrido, que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes:
Lo que en el fondo pretende la asociación amparada con sus gestiones es que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano revise las concesiones otorgadas a Corporación Estimex Centroamericano SRL, a Hukajo S.A. y a Santa Teresa Investments STI de Puntaguana, pues, a su juicio, en esas denuncias se dictaron actos contrarios a la Constitución y a la ley. Consta que, con ocasión de la notificación del auto de traslado a los recurridos, ese órgano colegiado confirmó lo resuelto respecto de esas denuncias. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.
V.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".
Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.
Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
Debo advertir que, desde la sentencia n.⸰ 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:
“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre32579 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado)(OC. 22/16)”.
Sobre el particular, el recurso de amparo fue formulado por la representante de la Asociación Cívica de Hermosa y se cursó a favor de esta persona jurídica. Al respecto, la parte accionante solicitó a la autoridad recurrida información de carácter ambiental, por lo que estimo que sí existe una relación esencial entre la persona jurídica y la persona física, lo cual amerita entrar a conocer por el fondo la transgresión acusada.
VII.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.
Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios; no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.
A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.
Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.
Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.
Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.
Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Rueda Leal pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.
Paul Rueda L.
Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
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