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Res. 33787-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/10/2025
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber partially grants the amparo solely against the Municipality of Desamparados and orders it to adopt, within six months, the pertinent administrative measures and resolutions to carry out the necessary retaining works in the risk zones of Barrio “La Isla”. The amparo is denied against the CNE.La Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el recurso únicamente contra la Municipalidad de Desamparados y le ordena adoptar en el plazo de seis meses las medidas y resoluciones administrativas pertinentes para realizar las obras de contención necesarias en las zonas de riesgo del Barrio “La Isla”. Contra la CNE, el recurso se declara sin lugar.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a property owner in Barrio “La Isla” in San Miguel de Desamparados, who claims that since 2022 recurring landslides have affected the community's sole access, preventing emergency vehicles from passing and exposing residents—especially the most vulnerable—to significant risks. The petitioner accuses both the Municipality of Desamparados and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE) of failing to provide an effective solution. The Chamber finds that, despite the Municipality's efforts (studies, contracting, and temporary measures), warnings about the slope's instability had existed since 2007 and more than three years have elapsed since the first landslides without any definitive retaining work being carried out. It therefore partially grants the amparo solely against the Municipality of Desamparados, ordering it to adopt the necessary administrative measures and carry out the required works in the risk zones within a maximum of six months to protect the residents. The claim against the CNE is denied, as the Chamber considers it has fulfilled its legal duties by issuing technical recommendations and supporting emergency response.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una propietaria del Barrio “La Isla” en San Miguel de Desamparados, quien alega que desde 2022 los recurrentes deslizamientos han afectado el único acceso a la comunidad, impidiendo el paso de vehículos de emergencia y exponiendo a los vecinos, especialmente a los más vulnerables, a riesgos significativos. La recurrente acusa tanto a la Municipalidad de Desamparados como a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) de no haber adoptado una solución efectiva. La Sala considera que, a pesar de las gestiones realizadas por la Municipalidad (estudios, contrataciones y medidas temporales), desde el año 2007 existían advertencias sobre la inestabilidad del talud y desde los primeros deslizamientos han transcurrido más de tres años sin que se haya ejecutado una obra de contención definitiva, por lo que declara parcialmente con lugar el recurso únicamente contra la Municipalidad de Desamparados. Le ordena que, en el plazo máximo de seis meses, adopte las medidas y resoluciones administrativas pertinentes para realizar las obras necesarias en las zonas de riesgo y proteger a los vecinos. Respecto a la CNE, declara sin lugar el recurso por considerar que ha cumplido con sus competencias emitiendo recomendaciones técnicas y apoyando la atención de la emergencia.
Key excerptExtracto clave
Now, based on the foregoing, it is evident that in the face of the critical situation facing the Barrio 'La Isla' community, the respondent municipality has taken various actions to address the risk. However, it is also true that from the record it does not appear that those efforts have culminated in the execution of any effective retaining work, as access to the sector remains highly vulnerable and the risk of landslides persists, directly compromising the safety, mobility, and physical integrity of the residents, which shows that the actions taken have been insufficient. Note that, despite the Municipality of Desamparados having full knowledge of the entire situation, and the findings of its professionals, as of the date of filing of this appeal and even though they have had full understanding of the problem for several years, no conclusive administrative act has been issued to resolve the alleged problem as required by law. Therefore, this Chamber finds that the time elapsed to resolve the landslide situation is disproportionate, since more than three years have passed since the first events without the situation having been resolved, aggravated by the fact that the impact continues. Under this reasoning, this Chamber considers the appeal must be partially granted, with the considerations that will be stated in the operative part of this judgment, solely against the authorities of the Municipality of Desamparados.Ahora bien, conforme a lo expuesto, se evidencia que ante la situación crítica que enfrenta la comunidad del Barrio “La Isla”, la municipalidad recurrida ha realizado diversas gestiones para atender el riesgo. No obstante, también es cierto que del análisis del expediente no se desprende que dichos esfuerzos hayan culminado en la ejecución de alguna obra de contención efectiva, pues el acceso al sector continúa siendo altamente vulnerable y el riesgo de deslizamientos persiste, comprometiendo directamente la seguridad, la movilidad y la integridad física de las personas residentes, lo que demuestra que las acciones emprendidas han sido insuficientes. Adviértase que, pese al conocimiento de la situación completa por parte de la Municipalidad de Desamparados, y a los hallazgos encontrados por sus profesionales, a la fecha de presentación de este recurso y pese a que desde hace varios años tienen pleno entendimiento de la problemática, no se ha emitido acto administrativo contundente, para resolver como en derecho corresponde la problemática aludida, por lo que en consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la situación de deslizamientos reclamada es desproporcionado, por cuanto, han transcurrido más de tres años desde los primeros eventos, sin que a la fecha la situación haya sido resuelta, con el agravante que la afectación continúa vigente. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado parcialmente con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia y únicamente, en contra de las autoridades de la Municipalidad de Desamparados.
Pull quotesCitas destacadas
"no se ha emitido acto administrativo contundente, para resolver como en derecho corresponde la problemática aludida, por lo que en consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la situación de deslizamientos reclamada es desproporcionado, por cuanto, han transcurrido más de tres años desde los primeros eventos, sin que a la fecha la situación haya sido resuelta, con el agravante que la afectación continúa vigente."
"no conclusive administrative act has been issued to resolve the alleged problem as required by law, so this Chamber finds that the time elapsed to resolve the claimed landslide situation is disproportionate, since more than three years have passed since the first events without the situation having been resolved, aggravating the fact that the impact continues."
Considerando VI
"no se ha emitido acto administrativo contundente, para resolver como en derecho corresponde la problemática aludida, por lo que en consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la situación de deslizamientos reclamada es desproporcionado, por cuanto, han transcurrido más de tres años desde los primeros eventos, sin que a la fecha la situación haya sido resuelta, con el agravante que la afectación continúa vigente."
Considerando VI
"las acciones emprendidas han sido insuficientes."
"the actions undertaken have been insufficient."
Considerando VI
"las acciones emprendidas han sido insuficientes."
Considerando VI
"Se ordena a Antonieta Naranjo Brenes y a Jesús Chinchilla González... que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las acciones y coordinaciones necesarias... para que en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se adopten las medidas y resoluciones administrativas pertinentes, para realizar cualquier obra que se considere necesaria, en las zonas de riesgo para proteger de deslizamientos y cualquier irregularidad a los vecinos del Barrio 'La Isla'."
"Antonieta Naranjo Brenes and Jesús Chinchilla González... are ordered to take actions within the scope of their competencies and establish the necessary actions and coordination... so that within a maximum period of six months from the notification of this judgment, the pertinent administrative measures and resolutions are adopted to carry out any work deemed necessary in the risk zones to protect the residents of Barrio 'La Isla' from landslides and any irregularity."
Por tanto
"Se ordena a Antonieta Naranjo Brenes y a Jesús Chinchilla González... que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las acciones y coordinaciones necesarias... para que en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se adopten las medidas y resoluciones administrativas pertinentes, para realizar cualquier obra que se considere necesaria, en las zonas de riesgo para proteger de deslizamientos y cualquier irregularidad a los vecinos del Barrio 'La Isla'."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Type of matter: Amparo appeal \*25133030007CO\* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the seventeenth of October, two thousand twenty-five.
An amparo appeal filed by Nombre76989, identity card CED41645, against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS AND THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE.
Whereas:
Technical assessment and immediate interventions On May 12, 2025, a technical inspection was carried out on site, with participation from the Infrastructure Department, representatives of the CNE, the Ministry of Health, and the awarded company CONSOST. Among the main actions executed, the following stand out: • Placement of plastic sheeting to prevent infiltration and runoff on the affected slope. • Installation of a safety barrier to restrict access to the unstable zone. • Assessment of the undermined concrete slab, with planning for controlled cutting. • Coordination of preliminary mitigation works according to the schedule of the company CONSOST. Note: This is according to the minute: MINUTA DE REUNIÓN IF-GR-19-2025.
2. Search for alternate evacuation routes One of the priority focuses has been the constant and insistent search for alternate evacuation routes, given the sector's isolated condition in the face of a possible worsening of the landslide. Various formal efforts were carried out with the following property owners and entities: • Dirección4610: The owner expressed their refusal to allow passage on at least four occasions. Although the request was formalized through official letter IF-GR-084-2025 (delivered physically), this effort was rendered void because no acknowledgment of receipt or official response was obtained. • Farm No. 903034: This alternative was discarded, since the only possibility for passage involved crossing directly through the interior of an inhabited dwelling, a situation that is unfeasible for safety and privacy reasons. • Farm No. 207997, located in the La Isla sector, canton of Aserrí: Coordination was carried out with the owner, the Municipality of Aserrí, and the company EBI.
Through official letter IF-GR-083-2025, the owner granted their consent to use the land as part of an alternate evacuation route. The proposed path considers initial entry through this farm, followed by passage through lands owned by the company EBI, which would finally allow connection with the community of Villas del Llano de Aserrí. However, this route is currently unusable, since community members have placed a tile wall that completely prevents transit through the sector. Given this situation, the company EBI has requested that the Municipality of Aserrí negotiate a formal agreement with the community of Villas del Llano, as a necessary condition for reconsidering the use of this path as a valid evacuation option. Note: The follow-ups carried out with the company EBI for enabling passage through the area as an evacuation route are documented in the following minutes and official letters: 1.
Official letter CMED-211-2024: Formal request for the opening of the evacuation route with EBI. Date: November 15, 2024. 2. Minute SM-GR-143-2024: Meeting held with EBI to address issues related to the opening of the passage. Date: December 20, 2024. 3. Official letter IF-GR-085-2025: Report on the current status of the process for enabling the evacuation route with EBI. Date: April 14, 2025. 4. Meeting minute IF-GR-20-2025: Joint coordination between EBI, the Municipality of Aserrí, the CNE, and the Ministry of Health for the opening of the evacuation route. Date: May 16, 2025. 5. Official letter IF-GR-100-2025: Follow-up on the coordination between the CNE, Municipality of Aserrí, and EBI for enabling the route. Date: May 28, 2025.
3. Community communication and neighborhood monitoring In order to strengthen community risk management: • A detailed census of families at risk was prepared, jointly with community leaders, which has been essential for focusing preventive actions. • On May 15, 2025, an official statement was published on the municipal website, and it was physically delivered to 40 families residing at Dirección4608– . • An exclusive WhatsApp group was created with residents of the sector, so they can report any change or impact directly and in real time, thus establishing an effective communication and response channel. • Periodic visits have been made to the site, during which the community is informed about progress regarding the opening of the evacuation route and the project.
4. Social and health actions • On May 16, 2025, through Situation Report INF-SIT-CMED-006-2025, the following actions were managed: o Request to IMAS to assess the granting of support to families identified as being at greatest risk, according to the geological report issued by the CNE (CNE-UIAR-INF-0669-2025). o Request to the Ministry of Health to conduct a technical visit to the affected dwellings. • Furthermore, through this same situation report, the CNE Liaison Officer, Mr. Julio Vargas, was informed of the efforts carried out to date within the framework of the emergency response. • According to official communication from Dr. Carolina Umaña Cisneros, director of the Health Governing Area, on May 21, 2025, the corresponding health orders were issued and delivered to the properties identified as being in critical condition.
5. Geological technical follow-up The recommendations of geological report CNE-UIARINF-0669-2025, prepared by geologist Julio Madrigal, have been complied with, maintaining constant technical visits by personnel from the Risk Management Department, in order to monitor the evolution of the landslide and support institutional actions with technical evidence.
6. Projected actions Once the company CONSOST formally enters the site, the execution of the following is planned: • Installation of a provisional metallic walkway, anchored at both ends of the slope. • Slope stabilization works, water control, and structural reinforcement. • Technical supervision by the municipal team and the CNE. Note: This is according to the minute: MINUTA DE REUNIÓN IF-GR-018-2025.
Conclusion The Municipal Emergency Committee and the Risk Management Department have responsibly executed a series of technical, social, and community communication actions, in coordination with the competent institutions, to reduce the imminent risk in Dirección4605 and guarantee minimum safety conditions. All these actions are reported in response to Recurso de Amparo No. 25-013303-0007-CO, reaffirming the institutional commitment to the protection of life, physical integrity, and the fundamental rights of the residents in the affected zone…” Given the foregoing and considering that information has been provided to the petitioner, representing the Comunidad del Llano de San Miguel de Desamparados, and that through the Reports set forth herein, of which the petitioner is aware, plus the documentary evidence attached, the concrete actions carried out by the Municipality of Desamparados are demonstrated, jointly with the National Emergency Commission, the Ministry of Health, the Municipality of Aserrí, and even negotiations with some neighbors to find alternate routes, so that they are not completely isolated when the works begin, and considering that this representation demonstrates the concrete actions carried out to date, duly set forth through Reports IF-GR-101-2025, dated May 29, 2025, from the Risk Management Department, submitted by the department coordinator Ronald Andrés Mendoza Fernández, and Report AM-IF-122-2025, dated June 2, 2025, from the Infrastructure Department, signed by the department coordinator Jesús Chinchilla González, which are attached as documentary evidence.- Based on all the foregoing, this local government respectfully requests your authority to declare this Recurso de Amparo, filed against my represented party, without merit in all its aspects, since this local government, through the attached documentary evidence, demonstrates that even through a Public Tender, the company has already been awarded to begin the works; however, it must also be considered, although the Reports do not indicate it, that work cannot be done during the rainy season, which is why the alternate measure of an exit with the help of neighbors, and from an adjacent community that is opposed, is urgent, since the houses that have the exit problem are like landlocked properties (fundos enclavados), which would be left without passage when the works begin, as they do not have alternate exit routes, hence the negotiations being carried out by colleagues from the Road Infrastructure Department of the Municipality of Desamparados with neighbors, in order to assist that community of La Isla, Dirección4609 in the locality of Llano de San Miguel de Desamparados, which suffers from the damages that nature has caused to the road that provides access to the exit from the place.- (...)" It requests that the recurso be declared without merit.
Drafted by Judge Araya García; and,
Considering:
I.Preliminary Issue. Before analyzing the merits of the matter —for the alleged violation of the right to a prompt and timely procedure— it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in this case, an exception scenario is raised, as this involves an alleged complaint regarding an environmental matter that affects the physical integrity of local residents, which apparently has not been resolved within a reasonable timeframe by the respondent authorities. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.Object of the recurso. The petitioner alleges that she is the owner of a house located in Barrio “La Isla” in Llano de San Miguel de Desamparados and requests the intervention of this Chamber due to the lack of an effective solution from the respondent authorities regarding the constant landslides that have been affecting the only access to the community since 2022. She emphasizes that these landslides have seriously compromised passability, preventing the passage of emergency vehicles and exposing the residents —especially the most vulnerable— to significant risks, which forced her family to leave the area in 2024.
Sole. That, prior to the filing of this amparo, the petitioner had filed any request before the respondent authorities for the purpose of reporting the problem that is the subject of this recurso.
In Judgment No. 2023029457 of 12:50 p.m. on November 10, 2023, it was clarified:
“V.- ON THE NEED TO FILE A COMPLAINT IN ENVIRONMENTAL MATTERS. In the first instance, the Chamber considers that it is imperative to make some observations regarding the need to file a complaint in environmental matters.
From a review of the case file, it is noted that the Secretary General of SETENA, in the attached report, essentially emphasized the following:
“After checking the databases of this Secretariat, no Environmental Assessment file with the indicated characteristics was located (…) Nor was any request from the petitioner addressed to this representation located, reporting any specific fact, a case in which it would have been redirected to the Administrative Environmental Tribunal, upon determining that no open Environmental Assessment file exists.” On this matter, this Chamber has stated that, in order for a violation or threat to environmental rights to be ventilated, generally or specifically, we would have to be facing a scenario where the affected person has filed a complaint and, during its processing, a threat has been determined or it has been established that the environment is indeed being damaged, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thereby violating the constitutional right enshrined in article 50 of the Carta Magna. Thus, in Judgment No. 2016-007678 of 10:50 a.m. on June 3, 2016, the following was resolved:
“III.- ON THE MERITS. In reiterated jurisprudence, this Constitutional Chamber has had the opportunity to rule on the precautionary principle in environmental matters, as well as regarding the State's obligation to ensure that all projects, of a public or private nature, are developed under strict standards that prevent any damage to the environment. In this way, the State, through the institutions created for such purposes, must exercise prior and subsequent control over the manner in which works, constructions, projects, or activities of companies and businesses are executed, to assure all administered parties that no type of environmental damage is caused by such activities. However, for the reasons stated, certain activities, such as mining, require, prior to being carried out, environmental impact studies and analyses, for which technical investigations are conducted by professionals in each area to determine whether the intended activity could or could not cause some harm of this type, all based on the different laws regulating environmental, water, forestry, mining matters, among others.
Subsequently, once these viability or feasibility permits are obtained, the administrative authorities must pay attention to and promptly address the complaints filed by those persons who consider themselves affected by any of the mentioned activities, whether a concession, or private and commercial works, in order to initiate investigations to establish the veracity of the complaints raised, for which, again, technical criteria must be relied upon. That is, for this Chamber to be able to corroborate a violation of environmental rights, generally or specifically, we would have to be facing a scenario where the affected person has filed a complaint, and during its processing, it has been determined that damage to the environment is indeed being caused, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thereby violating the constitutional right enshrined in article 50 of the Carta Magna.” (Emphasis not from the original).
Likewise, on repeated occasions, this Court has stated that it should not substitute the active Administration in its competencies, nor is it an instance for processing complaints. In that sense, in Judgment No. 2023019540 of 9:30 a.m. on August 11, 2023, the following was resolved:
“III.- Object of the recurso. The petitioners allege that approximately 25 years ago, the Municipality of Carrillo dug a trench using heavy machinery within private properties for water drainage that runs from Dirección4611, passing through Dirección4612, and ends in a protective zone owned by INDER. They claim they have been affected by the environmental pollution caused by the discharge of untreated sewage and water stagnation that generates vectors for the proliferation of disease-transmitting mosquitoes, affecting health and the environment.
(…)
(…)
In this regard, from the study of the case file, it is proven that the petitioners have not filed a formal, written request before the respondent authorities in order to raise the problematic situation described in the filing brief. From this perspective, it must be warned that this Chamber should not substitute the active Administration in its competencies nor is it an instance for processing complaints. The petitioners must take into account that the foregoing is not tantamount to exhausting the administrative remedy, but rather the simple acknowledgment that this Court should not directly substitute the will of the Administration and supplant public offices in the management of matters within their competence. Consequently, the petitioners may, if they see fit, raise their objections or claims before the respondent authorities formally and in writing, or else, in the ordinary jurisdictional venue, arenas in which they may extensively discuss the merits of the matter and assert their claims. By virtue of the foregoing, this amparo is declared inadmissible.
On this particular point, the Chamber has stated that complaints such as those raised by the petitioners in this amparo must be previously filed before the corresponding authorities. Through judgment No. 2017-020375 of 11:00 a.m. on December 19, 2017, the following was indicated:
“II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioners come directly to this Court to report a problem regarding pollution generated by a channeling of untreated sewage through their properties, which flows into a river. However, from the petitioners' own statements, it is inferred that they have not filed any complaint before the competent authorities, in this case, the Municipality of Flores de Heredia. Now then, as has been repeatedly stated, this Court should not substitute the active Administration in its competencies nor is it an instance for processing complaints, as stated in Judgment 2016-001150 of 2:30 p.m. on January 26, 2016. Considerations that are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor motives to assess the situation raised differently. Therefore, even if the proponents consider it unnecessary, in situations like this, it is necessary that they go before the respondent authorities to formally raise the aforementioned claim, prior to filing the recurso de amparo, so that it is those instances that take the pertinent measures to resolve the problem reported or, failing that, to establish their claim in the venue of ordinary legality.
The foregoing without prejudice to the petitioners' recourse to the constitutional venue, after an unreasonable period of time had elapsed without effective action by the Administration and provided there were a threat or violation of a fundamental right.” (Emphasis not from the original). (See in a similar sense Judgments No. 2023004954 of 9:30 a.m. on March 3, 2023, No. 2023004299 of 9:15 a.m. on February 24, 2023, and No. 2022026246 of 9:45 a.m. on November 4, 2022, among others).
Nevertheless, despite what has been stated so far, the Constitutional Court has indeed heard recursos where a violation of a healthy and ecologically balanced environment was demonstrated without the need for filing a prior complaint; this, under two exceptional scenarios, namely: 1) when it involves a case of great magnitude and; 2) when it can be derived from the case file that the competent authorities had knowledge of the reported situation that is threatening or causing damage to the environment, and have not taken any type of measure in this regard. In that sense, in Judgment No.
2008-04786 of 12:35 hours on March 27, 2008, resolved the following:
“II.— PURPOSE OF THE APPEAL.— The appellant alleges that he has gone to the Ministry of Health, the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), and other administrative bodies to report a pigsty (porqueriza) located adjacent to his home that produces foul odors; however, they have not addressed his requests (...)
IV.REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA.— In the case before us, the Municipal Code obliges the Municipalities of each canton to ensure that the administered party is guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and a healthy environment. From the documents provided to the file, as well as the report given under oath by the respondent Mayor, it is indicated that once municipal officials appeared at the site subject to this amparo appeal and verified that the activity lacked a municipal permit, they proceeded to grant the owner of the pigsty an eight-day period to obtain the respective license (patente). However, the Chamber considers that the role of the Municipality should not limit its action only when it receives a complaint of alleged anomalous situations, but rather its obligation lies in guaranteeing, defending, and preserving the right of everyone to enjoy a healthy and ecologically balanced environment through the continuous control of all activities carried out in the community.
In the judgment of this Chamber, in this specific case, the Municipality of Alajuela has shown an inability to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the enjoyment by the area's inhabitants of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of those people. Thus, the respondent Municipality, having full knowledge that within its territorial jurisdiction a citizen is carrying out an activity lacking the legal permits and which in itself is sensitive due to the handling of animals and waste, has limited itself to granting the denounced administered party an eight-day period to bring his situation into legal compliance, evading its responsibility to always be vigilant of the actions carried out by the community's inhabitants. It is thus observed that the respondent Municipality has not even attempted to verify whether the activity generates any type of contamination and whether contaminated waters are discharged.
The foregoing, for the purpose of imposing the sanctions that legally correspond once the due process and right of defense to which they are entitled have been granted. Consequently, the Municipality of Alajuela has not taken any action to determine the existence of the problem and its eventual impact on the alleged sanitary inconvenience that the appellant insistently reveals. By virtue of this, the granting of this appeal against the Municipality of Alajuela is imposed for the constitutional violation of Articles 50 and 21 of the Political Constitution.
V.REGARDING THE ACTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH.— While it is true that the State must respect the rights of individuals, it is also true that it must ensure the well-being of the community. Public Health and environmental protection are principles protected both at the constitutional level (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Magna Carta) and through international regulations. In this case, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions, whereby the Ministry of Health not only has the duty to enforce the General Health Law but also to protect public health, classified as a public interest good, since the rights to health and to a healthy and pollution-free environment —at least below the tolerable limits for human beings— are fundamental, inalienable rights, and their violation cannot be legitimately consented to.
Now, from the report submitted to this Chamber, the respondent Minister states that there is no record of any complaint filed regarding these events; however, the head of the Ministry of Health must bear in mind that this body should not act only upon a party's request, as it seems to understand, thus obviating the preventive function that is indispensable in the protection of human health and that merits its intervention, even ex officio, in the task of inspection and surveillance of compliance with the precepts of the General Health Law. According to what has been accredited in the record, the action of the health authorities in the case under study was limited to conducting an inspection of the pigsty reported here due to the filing of this amparo appeal, and they verified, among other things, that the swine farm has a swine population of 150 pigs and that the area is surrounded by houses.
While the health authority stated that it verified that there are no foul odors from decomposing food and that the wash water from the farm was not discharged onto the public road, it has not gone beyond that, declining in the exercise of its competencies and powers by not compelling those responsible to comply with the other requirements that the legal system demands for the operation of this type of activity, such as the proper permits from the different administrative bodies competent in this matter. Thus, it is demonstrated that beyond the inspection carried out by virtue of this amparo appeal, no other action is evident from the file on the part of this authority aimed at ensuring the pigsty complies with the legal requirements and thus being vigilant that said activity does not generate any type of sanitary or environmental contamination, and therefore, they have failed to fulfill their obligation to ensure the population's right to health, and hence, such omission has caused harm to the fundamental rights of all the inhabitants of the place.” (The highlighting is not from the original).
In the sub examine, it is deemed that the appropriate course is to dismiss the appeal, since the conditions indicated supra for understanding that we are facing an exceptional case are not met, that is, one of the two scenarios that could justify the Constitutional Chamber entering to hear this matter, despite there having been no complaint. And, as has been seen, it is not on record that prior to the filing of the appeal, the claimant had filed any formal complaint before the respondent authorities and that said complaint was not addressed.” Precisely, in line with the transcribed criterion, this Court considers that the present case falls within the scenarios in which it is appropriate to hear the situation raised by the appellant, even without the existence of a prior complaint, given the nature and gravity of the facts presented.
VI.Regarding the specific case. In the sub lite, the appellant party claims she is the owner of a house located in the “La Isla” neighborhood in Llano de San Miguel de Desamparados and requests the intervention of this Chamber given the lack of an effective solution by the respondent authorities to the constant landslides (deslizamientos) that, since 2022, have affected the only access to the community. She emphasizes that these landslides (derrumbes) have seriously compromised passability, preventing the passage of emergency vehicles and exposing the residents —especially the most vulnerable— to significant risks, which forced her family to leave the area in 2024.
In this regard, this Chamber verifies that, in the specific case, indeed, since 2007, the Comisión Nacional de Emergencias has warned about the instability of the slope (talud) on the access to the “La Isla” neighborhood of Desamparados, issuing technical recommendations directed to the municipality of said canton since then, and it is also on record that over the years various institutional efforts have been made to address the risk, such as the declaration of national emergency in 2022, the preparation of technical studies in 2023, the contracting of fluvial protection works in 2024, and in the current year, the formal start of the project, the execution of preventive measures such as technical inspections, placement of plastic sheeting, installation of safety barriers, constant monitoring, issuance of health orders, negotiation attempts to enable evacuation routes, and establishment of direct communication channels with the residents.
Now, according to the foregoing, it is evident that given the critical situation facing the community of the “La Isla” neighborhood, the respondent municipality has carried out various efforts to address the risk. However, it is also true that the analysis of the file does not reveal that said efforts have culminated in the execution of any effective containment work, as the access to the sector remains highly vulnerable and the risk of landslides persists, directly compromising the safety, mobility, and physical integrity of the resident persons, which demonstrates that the actions undertaken have been insufficient.
It should be noted that, despite the full knowledge of the situation by the Municipality of Desamparados, and the findings made by its professionals, as of the date of filing this appeal and despite having had a full understanding of the problem for several years, no forceful administrative act has been issued to resolve the alluded problem as legally appropriate. Consequently, this Chamber considers that the time that has elapsed to resolve the claimed landslide situation is disproportionate, given that more than three years have passed since the first events, without the situation having been resolved to date, with the aggravating factor that the impact remains in effect. Under this understanding, this Chamber considers that the appeal must be partially granted, with the considerations that will be stated in the operative part of this judgment and solely against the authorities of the Municipality of Desamparados.
VII.Finally, in relation to the authorities of the Comisión Nacional de Emergencias, this Chamber dismisses the appeal, since it has been proven that said institution has issued technical recommendations directed to the Municipality of Desamparados since 2007 and has maintained constant participation in the attention, support, and follow-up of the alleged landslide situation. Furthermore, according to what is indicated in its report rendered under oath, the actions necessary to eradicate the risk correspond to the Municipality of said canton, in compliance with the recommendations already issued. Therefore, it is concluded that the CNE has fulfilled its legal competencies and has no direct involvement in the object of this appeal.
VIII.Note by Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when the claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; this Court, based on Article 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional scenarios, which are appropriately heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
IX.Note by Judge Salazar Alvarado. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived from that omissive administrative conduct, or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as happens in this case, in which it is claimed that the landslide of an earthen slope adjacent to the protected parties' home, a situation that has been reported on several occasions, has not been resolved as of the date of filing the appeal. The described situation constitutes an exception to my general position on this matter, and therefore I deem it necessary for this Constitutional Court to analyze the substance of the matter in order to verify or rule out the appellant's allegations.
X.Partial dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that, within six months, counted from the notification of this judgment, the pertinent measures and administrative resolutions are adopted to carry out any work deemed necessary in the risk zones to protect the residents of the “La Isla” neighborhood, located in San Miguel de Desamparados, from landslides and any irregularity. Instead, what is provided by the Contentious-Administrative Procedural Code regarding execution (Article 155 et seq.) has clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.
XI.Documentation provided to the file. The party is warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Regulation on Electronic Files before the Judicial Branch,” approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is partially granted, solely against the authorities of the Municipality of Desamparados. It is ordered to Antonieta Naranjo Brenes and Jesús Chinchilla González, in their capacity as Mayor and Coordinator of the Infrastructure Area, respectively, both of the Municipality of Desamparados, or to whoever holds those positions, to carry out the actions that are within the scope of their competencies and to establish the necessary actions and coordination within their respective areas of competence, so that within a maximum period of six months counted from the notification of this judgment, the pertinent measures and administrative resolutions are adopted to carry out any work deemed necessary in the risk zones to protect the residents of the “La Isla” neighborhood, located in San Miguel de Desamparados, from landslides and any irregularity. The respondents are warned that, should they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided that the offense is not more severely penalized.
The Municipality of Desamparados is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Judge Castillo Víquez adds a note. Judge Salazar Alvarado adds a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in Articles 155 et seq. of the Contentious-Administrative Procedural Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution procedures for this ruling can be initiated. Notify.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de octubre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre76989, cédula de identidad CED41645, contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una presunta denuncia por un tema ambiental y que afecta la integridad física de los vecinos del lugar, la cual, aparentemente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de las autoridades recurridas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. La recurrente, acusa que es propietaria de una casa ubicada en el Barrio “La Isla” en el Llano de San Miguel de Desamparados y solicita la intervención de esta Sala ante la falta de solución efectiva de las autoridades recurridas frente a los constantes deslizamientos que desde el 2022 afectan el único acceso a la comunidad. Recalca que dichos derrumbes han comprometido seriamente la transitabilidad, impidiendo el paso de vehículos de emergencia y exponiendo a los vecinos —especialmente a los más vulnerables— a riesgos significativos, lo que obligó a su familia a abandonar la zona en 2024.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
IV.Hecho no probado. De importancia para la decisión de este asunto, no se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho:
Único. Que, con anterioridad a la interposición de este amparo, la recurrente haya planteado gestión alguna ante las autoridades accionadas a los efectos de denunciar la problemática objeto de este recurso.
En sentencia N.° 2023029457 de las 12:50 horas del 10 de noviembre de 2023, se aclaró:
“V.- SOBRE LA NECESIDAD DE INTERPONER UNA DENUNCIA EN TEMAS AMBIENTALES. En primera instancia, estima la Sala que resulta imperativo hacer algunas apreciaciones respecto a la necesidad de interponer una denuncia en temas ambientales.
Del estudio de los autos se advierte que el Secretario General de la SETENA en el informe adjunto subrayó, en lo medular, lo siguiente:
“Luego de la verificación de las bases de datos de esta Secretaría, no se localizó ningún expediente de Evaluación Ambiental con las características indicadas (…) Tampoco se localizó alguna solicitud del accionante dirigida a esta representación, denunciando algún hecho específico, caso en el cual se la hubiera redirigido al Tribunal Ambiental Administrativo, al determinase que no existe expediente abierto de Evaluación Ambiental”.
Sobre este aspecto, esta Sala ha dicho que, para que se pueda ventilar una lesión o amenaza a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia y que, durante su trámite, se haya determinado una amenaza o que efectivamente se esté dañando al medio ambiente, y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna. Así, en la sentencia No. 2016-007678 de las 10:50 horas del 03 de junio de 2016, se resolvió lo siguiente:
“III.- SOBRE EL FONDO. En reiterada jurisprudencia, esta Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el principio precautorio en materia ambiental, así como en relación con la obligación del Estado de asegurar que todos aquellos proyectos, de índole público o privado, se desarrollen bajo estrictos estándares que eviten cualquier daño al medio ambiente. De esta forma, el Estado, por medio de las instituciones creadas para tales efectos, deberá ejercer un control previo y posterior, en torno a la forma en la que se ejecutan los trabajos, las construcciones, los proyectos o las actividades de las empresas y comercios, para asegurar a todos los administrados, que no se ocasiona ningún tipo de daño ambiental con dichas actividades. Ahora bien, por las razones expuestas, ciertas actividades, como las mineras, requieren, de previo a llevarse a cabo, estudios y análisis de impacto ambiental, para lo cual se realizan investigaciones técnicas por parte de profesionales en cada área, para determinar si la actividad pretendida podría o no ocasionar algún perjuicio de ese tipo, todo con base en las diferentes legislaciones que regulan la materia ambiental, como de aguas, forestal, minera, entre otras.
Posteriormente, una vez que se obtienen esos permisos de viabilidad o factibilidad, las autoridades administrativas deben prestar atención y atender oportunamente, las denuncias que se presenten por parte de aquellas personas que se consideran afectadas por alguna de las actividades mencionadas, ya sea una concesión, o trabajos privados y comerciales, con el fin de iniciar investigaciones que permitan establecer la veracidad de las quejas planteadas, para lo cual, nuevamente, deberá contarse con criterios técnicos al respecto. Es decir, para que esta Sala pueda corroborar una lesión a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que, la persona afectada haya presentado una denuncia, y que durante su trámite se haya determinado que, efectivamente se está ocasionando una daño al medio ambiente y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así, el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna”. (El destacado no es del original).
Igualmente, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha dicho que no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. En ese sentido, en la sentencia No. 2023019540 de las 09:30 horas del 11 de agosto de 2023 se resolvió lo siguiente:
“III.- Objeto del recurso. Los recurrentes acusan que hace 25 años, aproximadamente, la Municipalidad de Carrillo realizó una zanja utilizando maquinaria pesada dentro de propiedades privadas, para el desagüe de aguas que va desde Dirección4611 , pasando por Dirección4612 y culmina en zona protectora propiedad del INDER. Afirman que se han visto afectados por la contaminación ambiental que provoca el desfogue de aguas negras, estancamiento de agua que genera vectores de proliferación de zancudos transmisores de enfermedades, lo que afecta la salud y el medio ambiente.
(…)
(…)
Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que los recurrentes no han presentado una gestión formal y escrita ante las autoridades recurridas, con el fin de plantear la problemática expuesta en el escrito de interposición. Desde este plano, se le debe advertir que esta Sala no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Tomen en cuenta los petentes que lo anterior no es lo mismo que agotar la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no debe sustituir directamente la voluntad de la Administración y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por consiguiente, podrá la parte accionante, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas de manera formal, por escrito, o bien, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones, en virtud de lo expuesto, el presente amparo se declara inadmisible.
Sobre este particular, la Sala ha manifestado que denuncias como las que plantean los recurrentes en este amparo, deben ser interpuestas previamente ante las autoridades correspondiente, por medio de la sentencia n.° 2017-020375 de las 11:00 horas del 19 de diciembre de 2017, se indicó lo siguiente:
“II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude directamente a este Tribunal a denunciar un problema con respecto a la contaminación generada por una canalización de aguas negras a través de sus propiedades, las cuales desembocan en un río. Sin embargo, del propio dicho de las recurrentes se colige que no han planteado denuncia alguna ante las autoridades competentes, en este caso la Municipalidad de Flores de Heredia. Ahora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncia, así lo señala la sentencia 2016-001150 de las 14:30 horas del 26 de enero de 2016. Consideraciones que son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada.
Por ende, aun cuando las promoventes lo consideren innecesario, en situaciones como esta es preciso que acudan ante las autoridades recurridas a plantear formalmente el reclamo aludido, de previo a interponer el recurso de amparo, para que sean dichas instancias las que tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, establecer su reclamo en la vía de la legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que las recurrentes acudan a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental”. (El destacado no es del original). (Véase en similar sentido las sentencias No. 2023004954 de las 09:30 horas del 03 de marzo de 2023, 2023004299 de las 09:15 horas del 24 de febrero de 2023, y 2022026246 de las 09:45 horas del 04 de noviembre de 2022, entre otras).
No obstante, pese a lo dicho hasta ahora, el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de una caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto. En ese sentido, en la sentencia No. 2008-04786 de las 12:35 horas del 27 de marzo de 2008, se resolvió lo siguiente:
“II.- OBJETO DEL RECURSO.- El recurrente alega que ha acudido al Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes y otras instancias administrativas a denunciar una porqueriza que se ubica contiguo a su vivienda y que produce malos olores; sin embargo no han atendido sus gestiones (…)
IV.EN CUANTO A LA ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.- Para el caso que nos ocupa, el Código Municipal obliga a las Municipalidades de cada cantón velar porque al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y a un ambiente sano. De los documentos aportados al expediente así como el informe dado bajo juramento por la Alcaldesa recurrida, indica que una vez que los funcionarios municipales se apersonaron al sitio objeto del presente recurso de amparo y constataron que la actividad carecía de permiso municipal procedieron a otorgarle al propietario de la porqueriza un plazo de ocho días para que obtuviera la patente respectiva. Sin embargo, considera la Sala que el papel de la Municipalidad no debe de limitar su actuación únicamente cuando recibe denuncia de supuestas situaciones anómalas sino que su obligación se encuentra en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado mediante el control continuo de todas las actividades que se realizan en la comunidad.
A juicio de esta Sala, en la especie la Municipalidad de Alajuela ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas. Es así como la Municipalidad recurrida teniendo pleno conocimiento de que dentro de su jurisdicción territorial un ciudadano realiza una actividad carente de los permisos de ley y que en sí resulta sensible debido al manejo de animales y desechos, se ha limitado a otorgarle al administrado denunciado un plazo de ocho días para poner a derecho su situación, evadiendo su responsabilidad de estar siempre vigilantes a las acciones que realicen los habitantes de la comunidad. Es así como se observa que la Municipalidad recurrida no ha ni siquiera intentado verificar si la actividad genera algún tipo de contaminación y si lanzan aguas contaminadas.
Lo anterior, con el fin de imponer las sanciones que en Derecho corresponda una vez otorgado el debido proceso y derecho de defensa que les asiste. En consecuencia, la Municipalidad de Alajuela no ha tomado acción alguna para determinar existencia del problema y su eventual incidencia en el supuesto inconveniente sanitario que con insistencia revela el recurrente. En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Alajuela por las violación constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política.
V.EN CUANTO A LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD.- Si bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad. La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional. En este caso, la Ley General de Salud, autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual el Ministerio de Salud no solo tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir.
Ahora bien, del informe presentado a esta Sala, la Ministra recurrida afirma que no consta ninguna denuncia presentada con relación a estos hechos, no obstante, debe tener presente la jerarca del Ministerio de Salud que ese órgano no debe actuar únicamente a gestión de parte, como parece entenderlo, obviando así la función preventiva que es indispensable en la protección de la salud humana y que amerita su intervención, aún de oficio, en la labor de fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los preceptos de la Ley General de Salud. Según lo acreditado en autos, la actuación de las autoridades sanitarias en el caso bajo estudio se limitó a realizar una inspección a la porqueriza aquí denunciada debido a la interposición del presente recurso de amparo y constataron entre otros que la granja porcina cuenta con una población porcina de 150 cerdos y que la zona se encuentra rodeada de viviendas.
Si bien, la autoridad sanitaria manifestó que verificó que no existen malos olores a comidas en descomposición ni que las aguas de lavado de la granja fueran lanzadas a la vía pública, de ahí no ha pasado, declinando en el ejercicio de sus competencias y atribuciones al no constreñir, a quienes corresponda, ajustare a los demás requisitos que exige el ordenamiento jurídico para la operación de este tipo de actividad como lo son los debidos permisos de los diferentes órganos administrativos competentes en esta materia, por lo que queda demostrado que más allá de la inspección realizada en virtud del presente recurso de amparo no se desprende del expediente ninguna otra actuación de parte de esta autoridad con la finalidad que la porqueriza cumpla con los requisitos de ley y así ser vigilantes de que dicha actividad no genere ningún tipo de contaminación sanitaria o ambiental y por ende, han omitido cumplir con su obligación de velar por el derecho a la salud de la población y por ende, tal omisión ha ocasionado lesiones a los derechos fundamentales de los todos los habitantes del lugar”. (El destacado no es del original).
En el sub examine, se estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso, por cuanto no se cumplen con los presupuestos indicados supra para entender que estamos ante un caso de excepción, esto es, ante uno de los dos supuestos que podrían justificar que la Sala Constitucional entre a conocer de este asunto, pese a que no hubo denuncia. Y, como se ha visto, no consta que previo a la interposición del recurso, el accionante haya interpuesto alguna denuncia formal ante las autoridades recurridas y que dicha denuncia no haya sido atendida”.
Precisamente, en consonancia con el criterio transcrito, este Tribunal considera que el presente caso se enmarca dentro de los supuestos en los que resulta procedente conocer la situación planteada por el recurrente, aun sin la existencia de una denuncia previa, dada la naturaleza y gravedad de los hechos expuestos.
VI.Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte recurrente acusa que es propietaria de una casa ubicada en el Barrio “La Isla” en el Llano de San Miguel de Desamparados y solicita la intervención de esta Sala ante la falta de solución efectiva de las autoridades recurridas frente a los constantes deslizamientos que desde el 2022 afectan el único acceso a la comunidad. Recalca que dichos derrumbes han comprometido seriamente la transitabilidad, impidiendo el paso de vehículos de emergencia y exponiendo a los vecinos —especialmente a los más vulnerables— a riesgos significativos, lo que obligó a su familia a abandonar la zona en 2024.
Al respecto, esta Sala verifica que, en el caso concreto, efectivamente, desde el 2007, la Comisión Nacional de Emergencias ha advertido sobre la inestabilidad del talud en el acceso al Barrio “La Isla” de Desamparados, emitiendo desde entonces recomendaciones técnicas dirigidas a la municipalidad de dicho cantón, así como también consta que a lo largo de los años se han realizado diversas gestiones institucionales para atender el riesgo, tales como la declaratoria de emergencia nacional en 2022, la elaboración de estudios técnicos en 2023, la contratación de obras de protección fluvial en 2024, y en el año en curso, el inicio formal del proyecto, la ejecución de medidas preventivas como inspecciones técnicas, colocación de plásticos, instalación de vallas de seguridad, monitoreo constante, emisión de órdenes sanitarias, intentos de negociación para habilitar rutas de evacuación y establecimiento de canales de comunicación directa con los vecinos.
Ahora bien, conforme a lo expuesto, se evidencia que ante la situación crítica que enfrenta la comunidad del Barrio “La Isla”, la municipalidad recurrida ha realizado diversas gestiones para atender el riesgo. No obstante, también es cierto que del análisis del expediente no se desprende que dichos esfuerzos hayan culminado en la ejecución de alguna obra de contención efectiva, pues el acceso al sector continúa siendo altamente vulnerable y el riesgo de deslizamientos persiste, comprometiendo directamente la seguridad, la movilidad y la integridad física de las personas residentes, lo que demuestra que las acciones emprendidas han sido insuficientes.
Adviértase que, pese al conocimiento de la situación completa por parte de la Municipalidad de Desamparados, y a los hallazgos encontrados por sus profesionales, a la fecha de presentación de este recurso y pese a que desde hace varios años tienen pleno entendimiento de la problemática, no se ha emitido acto administrativo contundente, para resolver como en derecho corresponde la problemática aludida, por lo que en consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la situación de deslizamientos reclamada es desproporcionado, por cuanto, han transcurrido más de tres años desde los primeros eventos, sin que a la fecha la situación haya sido resuelta, con el agravante que la afectación continúa vigente. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado parcialmente con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia y únicamente, en contra de las autoridades de la Municipalidad de Desamparados.
VII.Finalmente, en relación con las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias, esta Sala declara sin lugar el recurso, toda vez que ha quedado acreditado que dicha institución ha emitido recomendaciones técnicas dirigidas a la Municipalidad de Desamparados desde el 2007 y ha mantenido una participación constante en la atención, apoyo y seguimiento de la situación de deslizamientos alegada. Además, conforme a lo indicado en su informe rendido bajo juramento, las acciones necesarias para erradicar el riesgo corresponden a la Municipalidad de dicho cantón, en atención a las recomendaciones ya emitidas, por lo que, en consecuencia, se concluye que la CNE ha cumplido con sus competencias legales y no tiene injerencia directa en el objeto del presente recurso.
VIII.Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
IX.Nota del magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en el cual, se reclama que el deslizamiento de un talud de tierra contiguo a la vivienda de los tutelados, situación que ha sido denunciada en varias ocasiones, sin que a la fecha de interposición del recurso se haya resuelto el problema. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analice por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la recurrente.
X.Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se adopten las medidas y resoluciones administrativas pertinentes, para realizar cualquier obra que se considere necesaria, en las zonas de riesgo para proteger de deslizamientos y cualquier irregularidad a los vecinos del Barrio “La Isla”, ubicado en San Miguel de Desamparados. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
XI.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en contra de las autoridades de la Municipalidad de Desamparados. Se ordena a Antonieta Naranjo Brenes y a Jesús Chinchilla González, por su orden Alcaldesa y Coordinador del Área de Infraestructura, ambos de la Municipalidad de Desamparados, o a quienes ocupen dichos cargos, que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las acciones y coordinaciones necesarias dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para que en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se adopten las medidas y resoluciones administrativas pertinentes, para realizar cualquier obra que se considere necesaria, en las zonas de riesgo para proteger de deslizamientos y cualquier irregularidad a los vecinos del Barrio “La Isla”, ubicado en San Miguel de Desamparados. Se les advierte a los recurridos que, de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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