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Res. 32937-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/10/2025

Amparo for lacking timely response to request for information on Civic Environmental ParliamentAmparo por información del Parlamento Cívico Ambiental sin respuesta oportuna

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The amparo is denied because the authority responded to the request before being notified and the emails used were not official channels.Se declara sin lugar el recurso de amparo porque la autoridad respondió la solicitud antes de ser notificada y los correos usados no eran canales oficiales.

SummaryResumen

In this ruling, the Constitutional Chamber dismisses the amparo filed against the Legislative Assembly. The petitioner requested information from the Department of Citizen Participation about the organizations that make up the Civic Environmental Parliament, its internal regulations, and other data, using unofficial email addresses. The Chamber finds it proven that the authority did respond on September 10, 2025, before being notified of the amparo, and that the emails used were not an official means of communication. Based on the probative value of the report rendered by the authority and the lack of evidence to the contrary, it holds that no fundamental rights were violated. The ruling is denied in all its terms, with a separate opinion from Justice Castillo Víquez, who adds that the claim was inadmissible from the outset because no official channel was used.En esta resolución la Sala Constitucional desestima el recurso de amparo interpuesto contra el Poder Legislativo. El recurrente solicitó información al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa sobre las organizaciones que integran el Parlamento Cívico Ambiental, su reglamentación interna y otros datos, utilizando direcciones de correo electrónico no oficiales. La Sala considera acreditado que la autoridad recurrida sí brindó respuesta el 10 de septiembre de 2025, antes de ser notificada del recurso, y que los correos empleados no constituían un medio oficial de comunicación. Con base en el valor probatorio del informe rendido por la autoridad y ante la ausencia de prueba en contrario, estima que no hubo lesión a los derechos fundamentales del recurrente. El fallo es sin lugar en todos sus extremos, con una razón diferente del Magistrado Castillo Víquez, quien añade que el reclamo era improcedente desde el inicio al no utilizarse un canal oficial.

Key excerptExtracto clave

III.- ON THE MERITS. In this case, it was proven that on August 1, 2025, the petitioner requested information of his interest via email addresses ...4130 and ...4222 to the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly; however, the manager of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly asserts that: "(...) Pursuant to Circular 005-2025 (see Exhibit 1), the Civic Parliaments are collectives of freely affiliated organizations, protected under Articles 25 and 26 of the Political Constitution. Therefore, they do not constitute Public Administration bodies. Consequently, the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly has no competence or authority over said Civic Parliaments, which legally makes it impossible to provide or deliver the information requested by the petitioner regarding these private organizations (...)"; therefore, it was not until September 10, 2025, that the manager of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly provided a response to the petitioner within the possibilities of that department. Finally, it was noted that the email addresses ...4130 and ...4222 are not official means of communication; rather, the official one is: ...4131. At this point, it is important to reiterate the probative value that the legislator conferred, through the creation of the Law that underpins this jurisdiction, to the reports rendered by the respondent authorities, specifically the second paragraph of Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law. It is precisely on this basis that such reports, as long as they are not convincingly contradicted by other probative means, shall be considered true, without prejudice to the criminal liability that the respondent authority could incur if it fell within the scenarios established by that same law. Therefore, in the absence of evidence contradicting what the respondent authority stated, it is deemed proven that even though the petitioner submitted his information request through unofficial means, the manager of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly provided a response to the three points consulted within his competence before being notified of this proceeding. Thus, this amparo must be dismissed in its entirety, as is hereby ordered.III.- SOBRE EL FONDO. En este caso, se acreditó que el 1 de agosto de 2025, el recurrente solicitó información de su interés, a los correos electrónicos ...4130 y ...4222 al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa; no obstante, el gerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, asegura que: “(…) Conforme a lo establecido en la Circular 005-2025 (ver Prueba 1), los Parlamentos Cívicos son colectivos de organizaciones libremente afiliadas, amparados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política. Por tanto, no constituyen órganos de la Administración Pública. En consecuencia, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa no posee competencia ni autoridad sobre dichos Parlamentos Cívicos, lo que imposibilita jurídicamente aportar o entregar la información solicitada por el recurrente respecto a estas organizaciones privadas (…)”; por lo cual, es hasta el 10 de setiembre de 2025, que el gerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, otorgó respuesta al recurrente dentro de las posibilidades de dicho departamento. Finalmente se denotó que, las direcciones de correo ...4130 y ...4222, no son medios oficiales de comunicación; siendo más bien: ...4131. En este punto, es importante reiterar el valor probatorio que el legislador le otorgó, mediante la creación de la Ley que da fundamento a esta jurisdicción, a los informes rendidos por las autoridades recurridas, específicamente el párrafo segundo, del artículo 44, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Es precisamente con fundamento en lo anterior que dichos informes en tanto no logren ser desvirtuados fehacientemente mediante otros medios probatorios, se considerarán como ciertos, por supuesto sin perjuicio de la responsabilidad penal de que se haría acreedor la autoridad recurrida si incurriere en los supuestos que la misma ley establece. Por ende, al no existir prueba que desvirtúe lo señalado por la autoridad recurrida, se tiene por acreditado que aún cuando el recurrente presentó su solicitud de información a través de medios no oficiales para tales efectos, el gerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa le otorgó respuesta a los tres puntos consultados dentro de sus competencias de previo a la notificación del presente proceso. Así las cosas, el presente recurso debe ser desestimado en todos sus extremos, como en efecto se dispone.

Pull quotesCitas destacadas

  • "los Parlamentos Cívicos son colectivos de organizaciones libremente afiliadas, amparados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política. Por tanto, no constituyen órganos de la Administración Pública."

    "Civic Parliaments are collectives of freely affiliated organizations, protected under Articles 25 and 26 of the Political Constitution. Therefore, they do not constitute Public Administration bodies."

    Considerando III

  • "los Parlamentos Cívicos son colectivos de organizaciones libremente afiliadas, amparados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política. Por tanto, no constituyen órganos de la Administración Pública."

    Considerando III

  • "el gerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa le otorgó respuesta a los tres puntos consultados dentro de sus competencias de previo a la notificación del presente proceso."

    "the manager of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly provided a response to the three points consulted within his competence before being notified of the present proceeding."

    Considerando III

  • "el gerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa le otorgó respuesta a los tres puntos consultados dentro de sus competencias de previo a la notificación del presente proceso."

    Considerando III

  • "las direcciones de correo ...4130 y ...4222, no son medios oficiales de comunicación; siendo más bien: ...4131."

    "the email addresses ...4130 and ...4222 are not official means of communication; rather, the official one is: ...4131."

    Considerando III

  • "las direcciones de correo ...4130 y ...4222, no son medios oficiales de comunicación; siendo más bien: ...4131."

    Considerando III

  • "los correos electrónicos a los que la parte recurrente remitió la gestión no constituyen un mecanismo oficial para la atención de comunicaciones. Por lo anterior, estimo que el reclamo resulta improcedente."

    "the emails to which the petitioner sent the request do not constitute an official mechanism for handling communications. Therefore, I believe the claim is inadmissible."

    Considerando IV (Razón diferente del Magistrado Castillo Víquez)

  • "los correos electrónicos a los que la parte recurrente remitió la gestión no constituyen un mecanismo oficial para la atención de comunicaciones. Por lo anterior, estimo que el reclamo resulta improcedente."

    Considerando IV (Razón diferente del Magistrado Castillo Víquez)

Full documentDocumento completo

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the tenth of October, two thousand twenty-five.

Amparo action processed in expediente N° 25-025577-0007-CO, filed by JANEKEITH DURÁN BARBERENA, identity card CED68851, against the LEGISLATIVE BRANCH.

WHEREAS:

1.- By a brief filed with the Secretariat of the Chamber and added to the expediente on August 25, 2025, the petitioner files an amparo action against the Legislative Branch. He states that, on Director10281° , he sent to email addresses ...4130 and ...4222 a request for information addressed to the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly, through which he requested the following: “1. Updated list of the organizations that currently make up the Civic Environmental Parliament, indicating full name, type of organization (...) and institutional contact, if available. 2. Official database or document containing the basic information of said organizations: date of incorporation into the Civic Environmental Parliament, accredited representative, and criteria used for their admission or selection. 3. Copy of all internal regulations, normative instruments, or legal instruments that regulate the functioning of the Civic Environmental Parliament, including its structure, decision-making mechanisms, processes for incorporating new organizations, and any other relevant provision.” However, he claims that he has not yet received a response to the filed petition.

2.- By resolution issued at 08:46 hours on September 12, 2025, the proceeding was given course and a hearing was granted to the head of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly.

3.- Juan Carlos Chavarría Herrera, manager of the Department of Citizen Participation, reports, regarding the alleged facts, the following:

“(…) FIRST: The request filed by the petitioner was addressed to the undersigned, in my capacity as Manager of the Department of Citizen Participation. In response to this, the coordination of the actions related to this petition was delegated to Ms. Marta Núñez Barrionuevo, head of the Area of Civic Education and Political Communication, responsible for the Civic Environmental Parliament and representative of the Department before said program. In compliance with this delegation, Ms. Núñez Barrionuevo proceeded to forward the request for information filed by Mr. Janekeith Durán to the Directorate of the Environmental Parliament on August 4, requesting the required information (see Exhibit 3). Said referral was made by virtue of the fact that the requested information does not fall within the scope of competence of the Department of Citizen Participation, as indicated in the response email sent by the Environmental Parliament to Ms. Núñez Barrionuevo, representative of the Department before said program, dated August 12 (see Exhibit 4). SECOND: In accordance with the provisions of Circular 005-2025 (see Exhibit 1), the Civic Parliaments are collectives of freely affiliated organizations, protected under Articles 25 and 26 of the Political Constitution. Therefore, they do not constitute bodies of the Public Administration. Consequently, the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly possesses no competence or authority over said Civic Parliaments, which legally makes it impossible to provide or deliver the information requested by the petitioner regarding these private organizations. In this sense, this part of the amparo action must be declared without merit. In accordance with the foregoing, the Civic Environmental Parliament sent an email on August 12, 2025, to Ms. Marta Núñez Barrionuevo (see Exhibit 4), in which the president of the Directorate stated the following: “I must state that we address your request with an eagerness to cooperate. However, we will submit a motion to the plenary so that this type of information can only be provided if the request is addressed directly to our organization. Given that there is no hierarchical relationship between the DPC and our forum, we consider that this should be a necessary step that respects the autonomy of our functioning, for which we have even been demarcated the possibility of using logos and spaces within the Legislative Assembly.” (the boldface is not from the original) THIRD: In relation to points 1, 2, and 3 of the petitioner's request, as evidenced in the illustrative image attached as proof, it is shown that a response was sent via email dated September 10. Said email attaches the response previously sent by the Environmental Parliament to Ms. Núñez Barrionuevo. From the foregoing, it follows that the petitioner received a response on September 10, in which the available information was forwarded according to institutional competencies. Therefore, it is considered that the request was addressed within the Department's possibilities, which is why the present amparo action must be declared without merit (see Exhibit 5) FOURTH: The Constitutional Chamber requests “reporting whether the email address to which the petitioner claims to have sent the request for information is provided as an official mechanism for receiving petitions from users.” In this regard, the official email, the answer is NO; because the email for receiving petitions from users is: ...4131 (…)”.

4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,

WHEREAS:

I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner asserts that on August 1, 2025, via email addresses ...4130 and ...4222, he sent a request for information addressed to the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly; however, he alleges that he has not been given a response, thereby violating his fundamental rights.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of the present action, the following relevant facts are deemed duly demonstrated:

1. On Director14790° , the petitioner requested from email addresses ...4130 AND ...4222, of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly, the following: “(…) “1. Updated list of the organizations that currently make up the Civic Environmental Parliament, indicating full name, type of organization (...) and institutional contact, if available. 2. Official database or document containing the basic information of said organizations: date of incorporation into the Civic Environmental Parliament, accredited representative, and criteria used for their admission or selection. 3. Copy of all internal regulations, normative instruments, or legal instruments that regulate the functioning of the Civic Environmental Parliament, including its structure, decision-making mechanisms, processes for incorporating new organizations, and any other relevant provision (...)” (see in this regard the evidence provided in the case file).

2. The manager of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly asserts that: “(…) In accordance with the provisions of Circular 005-2025 (see Exhibit 1), the Civic Parliaments are collectives of freely affiliated organizations, protected under Articles 25 and 26 of the Political Constitution. Therefore, they do not constitute bodies of the Public Administration. Consequently, the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly possesses no competence or authority over said Civic Parliaments, which legally makes it impossible to provide or deliver the information requested by the petitioner regarding these private organizations (…)” (see in this regard the report rendered under oath and the evidence provided in the case file).

3. On September 10, 2025, the manager of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly provided a response to the petitioner within the Department's possibilities (see in this regard the report rendered under oath and the evidence provided in the case file).

4. The resolution giving course to this process was notified to the respondent authority on September 16, 2025 (see in this regard the notification record added to the case file).

5. The email addresses ...4130 and ...4222 are not official means of communication; rather, it is: ...4131 (see in this regard the report rendered by the respondent authority).

III.- ON THE MERITS. In this case, it was proven that on August 1, 2025, the petitioner requested information of his interest, from email addresses ...4130 and ...4222, to the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly; however, the manager of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly asserts that: “(…) In accordance with the provisions of Circular 005-2025 (see Exhibit 1), the Civic Parliaments are collectives of freely affiliated organizations, protected under Articles 25 and 26 of the Political Constitution. Therefore, they do not constitute bodies of the Public Administration. Consequently, the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly possesses no competence or authority over said Civic Parliaments, which legally makes it impossible to provide or deliver the information requested by the petitioner regarding these private organizations (…)”; therefore, it was not until September 10, 2025, that the manager of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly provided a response to the petitioner within the possibilities of said department. Finally, it was noted that the email addresses ...4130 and ...4222 are not official means of communication; rather, it is: ...4131.

At this point, it is important to reiterate the evidentiary value that the legislator granted, through the creation of the Law that gives foundation to this jurisdiction, to the reports rendered by the respondent authorities, specifically the second paragraph of Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction. It is precisely on the basis of the foregoing that said reports, insofar as they are not reliably disproven by other evidentiary means, shall be considered true, without prejudice, of course, to the criminal liability that the respondent authority would incur if they were to fall into the circumstances that the same law establishes. Therefore, in the absence of evidence that disproves what was stated by the respondent authority, it is taken as proven that even though the petitioner filed his request for information through non-official means for such purposes, the manager of the Department of Citizen Participation of the Legislative Assembly provided a response on the three points consulted, within his competencies, prior to the notification of the present process.

Therefore, the present action must be dismissed in all its aspects, as is hereby ordered.

IV.- DISSENTING REASONS OF JUDGE CASTILLO VÍQUEZ. Although I concur with the majority of the Chamber in dismissing the present amparo action, the truth is that I consider that the rights of the protected party were not harmed. As is evident from Considering II.- 5), the email addresses to which the petitioner sent the petition do not constitute an official mechanism for processing communications. Therefore, I deem the claim inadmissible, regardless of whether they responded or not, as it is noted that the email address to which the interested party sent his petition does not constitute an official means for the receipt of such petitions.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulations on the Electronic Expediente before the Judicial Branch," approved by the Full Court in Session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin N° 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The action is declared without merit. Judge Castillo Víquez records dissenting reasons.- Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document -- Verification code -- Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:31:23.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2025032937 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de octubre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 25-025577-0007-CO, interpuesto por JANEKEITH DURÁN BARBERENA, cédula de identidad CED68851, contra el PODER LEGISLATIVO.

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 25 de agosto de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Poder Legislativo. Manifiesta que, el Dirección10281° envió a los correos electrónicos ...4130 y ...4222 una solicitud de información dirigida al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, mediante la que pidió lo siguiente: “1. Listado actualizado de las organizaciones que actualmente integran el Parlamento Cívico Ambiental, indicando nombre completo, tipo de organización (...) y contacto institucional, si estuviera disponible. 2. Base de datos oficial o documento que contenga la información básica de dichas organizaciones: fecha de incorporación al Parlamento Cívico Ambiental, representante acreditado, y criterios utilizados para su admisión o selección. 3. Copia todos los reglamentos internos, normativas o instrumentos jurídicos que regulen el funcionamiento del Parlamento Cívico Ambiental, incluyendo su estructura, mecanismos de toma de decisiones, procesos de incorporación de nuevas organizaciones, y cualquier otra disposición relevante”. Sin embargo, acusa que aún no ha recibido respuesta a la gestión incoada.

2.- Por resolución de las 08:46 horas de 12 de setiembre de 2025, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al jefe del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa.

3.- Informa Juan Carlos Chavarría Herrera, gerente del Departamento de Participación Ciudadana, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:

“(…) PRIMERO: La solicitud presentada por el recurrente fue dirigida a quien suscribe, en calidad de Gerente del Departamento de Participación Ciudadana. En atención a ello, se delegó la coordinación de las acciones relacionadas con esta gestión en la señora Marta Núñez Barrionuevo, jefa del Área de Formación Cívica y Comunicación Política, encargada del Parlamento Cívico Ambiental y representante del Departamento ante dicho programa. En cumplimiento de esta delegación, la señora Núñez Barrionuevo procedió a reenviar la solicitud de información presentada por el señor Janekeith Durán al Directorio del Parlamento Ambiental el día 4 de agosto, solicitando la información requerida (ver Prueba 3). Dicha remisión se realizó en virtud de que la información solicitada no corresponde al ámbito de competencia del Departamento de Participación Ciudadana, como se indica en el correo electrónico de respuesta enviado por el Parlamento Ambiental a la señora Núñez Barrionuevo, representante del Departamento ante dicho programa, con fecha 12 de agosto (ver Prueba 4). SEGUNDO: Conforme a lo establecido en la Circular 005-2025 (ver Prueba 1), los Parlamentos Cívicos son colectivos de organizaciones libremente afiliadas, amparados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política. Por tanto, no constituyen órganos de la Administración Pública. En consecuencia, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa no posee competencia ni autoridad sobre dichos Parlamentos Cívicos, lo que imposibilita jurídicamente aportar o entregar la información solicitada por el recurrente respecto a estas organizaciones privadas. En este sentido, esta parte del recurso de amparo debe ser declarada sin lugar. En concordancia con lo anterior, el Parlamento Cívico Ambiental remitió un correo electrónico el 12 de agosto de 2025 a la señora Marta Núñez Barrionuevo (ver Prueba 4), en el cual el presidente del Directorio manifestó lo siguiente: “No omito manifestarle que atendemos su solicitud con el afán de colaborar. Sin embargo, vamos a someter una moción al plenario para que este tipo de información solamente pueda ser suministrada si la petición viene dirigida directamente a nuestra organización. Dado que no existe una relación jerárquica entre el DPC y nuestro foro, consideramos que ese debería ser un paso necesario que respete la autonomía de nuestro funcionamiento, por el cual se nos ha incluso demarcado la posibilidad de usar logos y espacios dentro de la Asamblea Legislativa.” (la negrita no es del original) TERCERO: En relación con los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud del recurrente, según consta en la imagen ilustrativa que se adjunta como prueba, se evidencia que se remitió respuesta mediante correo electrónico fechado el 10 de septiembre. En dicho correo se adjunta la respuesta previamente enviada por el Parlamento Ambiental a la señora Núñez Barrionuevo. De lo anterior se desprende que el recurrente recibió respuesta el día 10 de septiembre, en la cual se trasladó la información disponible conforme a las competencias institucionales. Por tanto, se considera que la solicitud fue atendida dentro de las posibilidades del Departamento, razón por la cual el presente recurso de amparo debe ser declarado sin lugar (ver Prueba 5) CUARTO: La Sala Constitucional solicita “informar si el correo electrónico al acusa cual la parte recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios”. Al respecto, el correo oficial la respuesta es que NO; pues el correo para recepción de gestiones de los usuarios es: ...4131 (…)”.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente asegura que el 1° de agosto de 2025, por medio de los correos electrónicos ...4130 y ...4222 remitió una solicitud de información dirigida al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa; no obstante, alega que no se la ha brindado respuesta, por lo que se vulneran sus derechos fundamentales.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:

1. El Dirección14790° , el recurrente solicitó a los correos electrónicos ...4130 Y ...4222, al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, lo siguiente: “(…) “1. Listado actualizado de las organizaciones que actualmente integran el Parlamento Cívico Ambiental, indicando nombre completo, tipo de organización (...) y contacto institucional, si estuviera disponible. 2. Base de datos oficial o documento que contenga la información básica de dichas organizaciones: fecha de incorporación al Parlamento Cívico Ambiental, representante acreditado, y criterios utilizados para su admisión o selección. 3. Copia todos los reglamentos internos, normativas o instrumentos jurídicos que regulen el funcionamiento del Parlamento Cívico Ambiental, incluyendo su estructura, mecanismos de toma de decisiones, procesos de incorporación de nuevas organizaciones, y cualquier otra disposición relevante (...)” (véase al respecto la prueba aportada en autos).

2. El gerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, asegura que: “(…) Conforme a lo establecido en la Circular 005-2025 (ver Prueba 1), los Parlamentos Cívicos son colectivos de organizaciones libremente afiliadas, amparados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política. Por tanto, no constituyen órganos de la Administración Pública. En consecuencia, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa no posee competencia ni autoridad sobre dichos Parlamentos Cívicos, lo que imposibilita jurídicamente aportar o entregar la información solicitada por el recurrente respecto a estas organizaciones privadas (…)” (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y la prueba aportada en autos).

3. El 10 de setiembre de 2025, el gerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, otorgó respuesta al recurrente dentro de las posibilidades del Departamento (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y la prueba aportada en autos).

4. La resolución de curso de este proceso se le notificó a la autoridad recurrida el 16 de setiembre de 2025 (véase al respecto el acta de notificación agregada en autos).

5. Las direcciones de correo ...4130 y ...4222, no son medios oficiales de comunicación; siendo más bien: ...4131 (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida).

III.- SOBRE EL FONDO. En este caso, se acreditó que el 1 de agosto de 2025, el recurrente solicitó información de su interés, a los correos electrónicos ...4130 y ...4222 al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa; no obstante, el gerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, asegura que: “(…) Conforme a lo establecido en la Circular 005-2025 (ver Prueba 1), los Parlamentos Cívicos son colectivos de organizaciones libremente afiliadas, amparados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política. Por tanto, no constituyen órganos de la Administración Pública. En consecuencia, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa no posee competencia ni autoridad sobre dichos Parlamentos Cívicos, lo que imposibilita jurídicamente aportar o entregar la información solicitada por el recurrente respecto a estas organizaciones privadas (…)”; por lo cual, es hasta el 10 de setiembre de 2025, que el gerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, otorgó respuesta al recurrente dentro de las posibilidades de dicho departamento. Finalmente se denotó que, las direcciones de correo ...4130 y ...4222, no son medios oficiales de comunicación; siendo más bien: ...4131.

En este punto, es importante reiterar el valor probatorio que el legislador le otorgó, mediante la creación de la Ley que da fundamento a esta jurisdicción, a los informes rendidos por las autoridades recurridas, específicamente el párrafo segundo, del artículo 44, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Es precisamente con fundamento en lo anterior que dichos informes en tanto no logren ser desvirtuados fehacientemente mediante otros medios probatorios, se considerarán como ciertos, por supuesto sin perjuicio de la responsabilidad penal de que se haría acreedor la autoridad recurrida si incurriere en los supuestos que la misma ley establece. Por ende, al no existir prueba que desvirtúe lo señalado por la autoridad recurrida, se tiene por acreditado que aún cuando el recurrente presentó su solicitud de información a través de medios no oficiales para tales efectos, el gerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa le otorgó respuesta a los tres puntos consultados dentro de sus competencias de previo a la notificación del presente proceso.

Así las cosas, el presente recurso debe ser desestimado en todos sus extremos, como en efecto se dispone.

IV.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. Si bien concuerdo con la mayoría de la Sala, en desestimar el presente recurso de amparo, lo cierto es que considero que los derechos de la parte tutelada no fueron lesionados. Tal y como se desprende del Considerando II.- 5), los correos electrónicos a los que la parte recurrente remitió la gestión no constituyen un mecanismo oficial para la atención de comunicaciones. Por lo anterior, estimo que el reclamo resulta improcedente, con independencia de si le contestaron o no, pues se denota que el correo electrónico al que el interesado remitió su gestión, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez consigna razones diferentes.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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