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Res. 32890-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/10/2025
OutcomeResultado
The amparo is partially granted only against the Municipality of San José for violation of Article 41 of the Constitution, ordering it to resolve the complaint within one month. The rest is dismissed.Se declara parcialmente con lugar el amparo únicamente contra la Municipalidad de San José por violación al artículo 41 de la Constitución, ordenándole resolver la denuncia en el plazo de un mes. En lo demás, se desestima.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by a property owner in Sabana Sur, San José, against the Municipality of San José, the National Emergency Commission (CNE), and SETENA. The plaintiff claimed that the “Condominio Torres de Valencia” project and authorized earthworks caused slope instability, structural damage, harm to a water spring and the María Aguilar biological corridor, and subsidence. She argued the authorities failed to timely and effectively address her complaint. The Chamber found that it was not proven that the developer’s earthworks were the cause of the instability; technical studies showed the area already had a high probability of landslides. It was also not established that CNE or SETENA failed in their duties. However, the Chamber found a violation of the right to prompt and complete justice (Article 41 of the Constitution), as the Municipality had not definitively resolved the complaint filed in 2019 and reiterated in 2025. The amparo was partially granted, and the Municipality was ordered to resolve the complaint within one month and to coordinate restrictions on land use on the slope.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por una propietaria en Sabana Sur, San José, contra la Municipalidad de San José, la CNE y SETENA. La recurrente alegaba que el proyecto “Condominio Torres de Valencia” y los movimientos de tierra autorizados provocaron inestabilidad en taludes artificiales, daños estructurales, afectación de una naciente de agua y del corredor biológico del río María Aguilar, así como hundimientos. Señaló que las autoridades no atendieron su denuncia de manera oportuna ni efectiva. La Sala determinó que no se probó que los movimientos de tierra del desarrollador fueran la causa de la inestabilidad; estudios técnicos indicaron que la zona ya presentaba alta probabilidad de deslizamientos. Tampoco se acreditó que la CNE o SETENA hubieran omitido sus deberes. Sin embargo, la Sala encontró lesionado el derecho a una justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución), pues la Municipalidad no había resuelto de forma definitiva la denuncia planteada en 2019 y reiterada en 2025. Declaró parcialmente con lugar el amparo y ordenó a la Municipalidad resolver la denuncia en el plazo de un mes, además de coordinar la restricción de uso del suelo en la ladera.
Key excerptExtracto clave
Under this picture, contrary to what the plaintiff claimed, in the terms in which the appeal was filed, no action or omission can be attributed to the respondent authorities regarding the fill instability issues, since the recommendations issued by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response are directed at actions that the property owners themselves must undertake for the benefit of their homes. However, the authorities of the Municipality of San José must take note that they must coordinate whatever is necessary to restrict land use on the site, preventing further construction permits on this slope unless all studies guaranteeing the safety of the work and neighboring structures are fulfilled, in accordance with the provisions of the National Commission. Finally, while it has been duly proven that the respondent Municipality has taken the pertinent actions to address the complaint filed by the plaintiff, the fact remains that it has not been shown that a written response has been provided definitively resolving the complaint filed by the plaintiff and the other neighbors, since from the standpoint of the right to prompt and complete justice enshrined in Article 41 of the Political Constitution, the Administration is obliged to issue a final decision that definitively resolves the complaint so that they may be informed of the outcome, as appropriate, and therefore this part of the appeal must be granted only against the Municipal authorities with the consequences indicated in the operative part. Therefore: The appeal is partially granted, only against the Municipality of San José for violation of Article 41 of the Political Constitution. Luis Diego Miranda Méndez, in his capacity as Mayor of the Municipality of San José, or whoever holds that office, is ordered to coordinate so that, within a maximum period of ONE MONTH from notification of this judgment, the complaint filed by the plaintiff is resolved and she is informed of the corresponding legal outcome.Bajo este panorama, contrario a lo alegado por la recurrente, en los términos en que fue planteado el recurso, no se advierte acción u omisión alguna que pueda ser reprochada contra las autoridades recurridas en atención a los problemas de inestabilidad del relleno, pues debe advertirse que de la lectura de la recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias se determina que van dirigidas a actuaciones que deberán efectuar los propios propietarios en beneficio de sus viviendas. No obstante, deberán tomar nota las autoridades de la Municipalidad de San José que deberán coordinar lo necesario para restringir el uso de suelo del terreno, impidiendo dar más permisos de construcción sobre esta ladera; a menos que se cumpla con todos los estudios que garanticen la seguridad de la obra, así como de las estructuras vecinas, lo anterior en seguimiento a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Finalmente, si bien ha quedado debidamente acreditado que la Municipalidad accionada ha ejecutado las acciones pertinentes para atender la denuncia formulada por la recurrente, lo cierto del caso es que no se logra tener por demostrado que se le haya brindado una respuesta por escrito mediante la cual se haya resuelto de forma definitiva la denuncia planteada por la recurrente y los demás vecinos, toda vez que desde el punto de vista del derecho a la justicia pronta y cumplida, consagrada en el artículo 41 de la Constitución Política, la Administración se encuentra en la obligación de dictar una resolución final que resuelve de forma definitiva la denuncia incoada a efecto de que puedan tener conocimiento acerca de lo resuelto, tal y como corresponde, motivo por el cual este extremo del recurso debe ser estimado solamente contra las autoridades de la Municipalidad con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra la Municipalidad de San José por la lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Se ordena a Luis Diego Miranda Méndez, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San José, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente para que, en el plazo máximo de UN MES, contando a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva la denuncia planteada por la recurrente y se le comunique lo que en Derecho corresponda.
Pull quotesCitas destacadas
"la Administración se encuentra en la obligación de dictar una resolución final que resuelve de forma definitiva la denuncia incoada a efecto de que puedan tener conocimiento acerca de lo resuelto, tal y como corresponde"
"the Administration is obliged to issue a final decision that definitively resolves the complaint so that they may be informed of the outcome, as appropriate"
Considerando V
"la Administración se encuentra en la obligación de dictar una resolución final que resuelve de forma definitiva la denuncia incoada a efecto de que puedan tener conocimiento acerca de lo resuelto, tal y como corresponde"
Considerando V
"deberán tomar nota las autoridades de la Municipalidad de San José que deberán coordinar lo necesario para restringir el uso de suelo del terreno, impidiendo dar más permisos de construcción sobre esta ladera; a menos que se cumpla con todos los estudios que garanticen la seguridad de la obra, así como de las estructuras vecinas"
"the authorities of the Municipality of San José must take note that they must coordinate whatever is necessary to restrict land use on the site, preventing further construction permits on this slope unless all studies guaranteeing the safety of the work and neighboring structures are fulfilled"
Considerando V
"deberán tomar nota las autoridades de la Municipalidad de San José que deberán coordinar lo necesario para restringir el uso de suelo del terreno, impidiendo dar más permisos de construcción sobre esta ladera; a menos que se cumpla con todos los estudios que garanticen la seguridad de la obra, así como de las estructuras vecinas"
Considerando V
"no se advierte acción u omisión alguna que pueda ser reprochada contra las autoridades recurridas en atención a los problemas de inestabilidad del relleno"
"no action or omission can be attributed to the respondent authorities regarding the fill instability issues"
Considerando V
"no se advierte acción u omisión alguna que pueda ser reprochada contra las autoridades recurridas en atención a los problemas de inestabilidad del relleno"
Considerando V
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: October 10, 2025 at 09:20 Case File: 25-022169-0007-CO Type of matter: Amparo action CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on October tenth, two thousand twenty-five.
Amparo action filed by Nombre01, identity card CED07, against the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ, the NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE, and the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT.
Whereas:
For this reason, the cause of the problem mentioned by Ms. Nombre01 is not supported by technical reports issued by the corresponding entities, and rather the documentation that has been generated shows that the problem has been present for many years, but has increased recently. Likewise, it is not evident to this municipality that the environment has been affected in the terms she describes, and rather the existing information in the registries (Registro Nacional, Dirección Nacional de Aguas, etc.) does not support what is cited in Ms. Nombre01's filing. In any case, the alleged earthworks (movimientos de tierra) were not carried out by the local entity. Finally, it is indicated that the municipality, together with other entities, is working on addressing the various steps and the problem at the site, even though the impact is of a private nature and caused by a fortuitous event, coupled with the inherent instability of the terrain."
Justice Garro Vargas writes; and,
Considering:
I.On the exception to Article 41 of the Constitución Política. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and diligent procedure—it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. In the case at hand, an exception is claimed: the alleged delay of the Administration in addressing a complaint regarding a problem of an artificial and unstable fill (relleno), which has caused landslides and subsidence, endangering the life, integrity, and property of the appellant. I clarify this point; the amparo appeal is decided.
II.Object of the appeal. The appellant states that she is the owner of the real property registered under folio real number 153913-A-000, located in the Mata Redonda district, San José, which is located in the southern sector of Dirección01, in Sabana Sur, built on artificial slopes and earth fills, which increases its structural fragility. For this reason, she indicates that a project called "Condominio Torres de Valencia" was promoted, for which the respondent Municipality granted the earth movement permit (permiso de movimiento de tierra) number 253-25, which led to intervening an area that houses a spring (naciente) of water, an easement (servidumbre) known as "Dirección02", which forms part of the biological corridor of the Río María Aguilar, these lands being built on artificial and unstable fills (rellenos), which has caused landslides and subsidence. She reproaches that gabion walls were damaged, the spring (naciente) was covered with earth without technical studies, and the geotechnical and hydrological balance of the terrain was altered, eliminating the natural drainage, removing the vegetative cover and accelerating erosion, which has generated ravines that advance toward the homes.
Therefore, she points out that a complaint was filed before the respondent municipality; however, as of the date of filing this appeal, no preventive measures have been adopted nor has said complaint been definitively resolved. She requests the intervention of the Chamber.
a. The appellant is the owner of the property registered under folio real number 153913-A-000, located in the Mata Redonda district, San José (see the filing brief and evidence provided); b. The property of San José district 112219, rights 000, belongs to Residencial TDV SRL (see report rendered under oath by the Municipality of San José); c. In the Mata Redonda District, Dirección04, Dirección01, between Dirección07, a problem has developed in that several homes are suffering damage to their structures (see report rendered under oath by the Municipality of San José); d. Through resolution number 2309-2014 SETENA of November 12, 2014, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the project with the following characteristics: "The project will consist of the construction of a condominium with two twenty-five-story towers and one eighteen-story tower for a total construction area of 101,634.59 m2 (together they will house 615 apartments of one, two, or three bedrooms and 24 penthouses).
Four basement levels will be built, connected among the three towers, with an area per floor of 6,060.51 m2; the total construction area of the 4 basement floors will be 24,242.04 m2. The basements will be used for apartment parking, and on the last basement floor, the water collection tanks, wastewater treatment plant, and fire suppression installations will be located. Each 25-story tower will have an approximate area of 33,155.695 m2, and the 18-story tower will have an approximate area of 11,081.16 m2" (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental); e. On November 15, 2016, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted an extension of the validity of the environmental viability (viabilidad ambiental) given on November 12, 2014 (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental); f. Through resolution number 592-2017-SETENA of March 21, 2017, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted an extension for an additional year of the validity of the environmental viability (viabilidad ambiental) given on November 12, 2014 (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental); g. On March 28, 2019, the appellant together with other neighbors filed a proceeding before the Municipality of San José, by means of which they formulated the following complaint: "this letter serves to file, for all purposes, a formal complaint against the construction of the housing development called 'TORRES DE VALENCIA' represented by the company Residencial TDV Sabana Sur SRL, which was previously Viviendas Solidarias de Costa Rica SRL, both under the legal identification number CED03 (…) we request the immediate suspension of the works, since the earth movement permit (permiso de movimiento de tierra) 253-15 does not have the backing of the necessary permits and procedures to carry out this activity, just as the requested construction permit and the earth movements (movimientos de tierra) do not have it, a proceeding granted on October 30, 2018, given that the viability permit issued by SETENA, which is the origin of this project, having expired, all subsequent actions are outside the lawful action.
In this case, which is not applicable, all permits related to your represented entity (Municipality of San José) are outside of legality. We reiterate the above, that the suspension of earth movement works (trabajos de movimientos de tierra) and other works be carried out, and the cancellation of any permit granted for the development project. Regarding the public road, we request that the removal of the gates installed by the developer be immediately carried out, allowing free passage, putting the public road in order, which has been abusively and arbitrarily taken by the developer with the sight and patience of the inspectors." Said complaint bears the corresponding receipt stamp (see the filing brief and evidence provided); h. Through technical report number CNE-UIAR-INF-0556-2019, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias carried out a study called "Land Risk Assessment for the construction of condominium towers on the slope of the Río María Aguilar in Sabana Sur" which yielded the following conclusions and recommendations: "VI.
Conclusions A. The land where the towers are intended to be built is the canyon of the Río María Aguilar. B. The site has a steep slope and has previously shown evidence of instability that has affected the adjacent properties. C. The earthworks (movimientos de tierra) have probably increased the instability of the site. D. Being steep terrain, what is indicated in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) regarding protection areas must be applied: 'A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the terrain is flat, and fifty horizontal meters, if the terrain is steep.' Therefore, the construction area is very reduced. E. Due to the geomorphological conditions of the terrain and the regulations of the Forest Law (Ley Forestal), the land is apparently not suitable for such a large project.
VII. Recommendations A. Through the visual assessment of the land, it is not recommended to carry out such a large project in an area with so much vulnerability. B. However, the developers have the option to demonstrate before authorities such as SETENA and the Municipality of San José that, in accordance with mitigation measures and modern engineering design techniques, some type of construction is viable, in accordance with what is stipulated by the Código Sísmico and the Código de Cimentaciones de Costa Rica, guaranteeing the safety of the adjacent properties. C. Therefore, carrying out any work on this land is the complete responsibility of the institutions that grant the permits, the project engineer, and the respective Municipality, which must request the reports and carry out the corresponding inspections and corrections" (see report rendered under oath by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias); i. Through resolution number R.229-2019-MINAE of September 9, 2019, the Minister of Environment resolved the following: "FIRST: Based on the previous considerations of fact and law and given the situations mentioned in the preceding considerandos, the appellant has been placed in a position of disadvantage before the Administration; therefore, in light of the foregoing and in observance of the right of defense that assists the appellant, who in good appearance has acted within the rules of good faith, and sheltered by the presumption of a valid claim—fummus bonis iuris—the appeal against resolution No. 636-2019-SETENA is hereby granted.
SECOND: Resolution No. 636-2019-SETENA is revoked, and the effects are rolled back to the appropriate procedural moment, so that an assessment of the facts carried out by the developer is performed in observance of the provisions of numeral 48 of the Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and the Plenary Commission agreement ACP-129-2018-SETENA as applicable, since the activities will be considered as having commenced according to what was reported by the appellant and the environmental overseer (regente ambiental) within the validity of the environmental viability (viabilidad ambiental). THIRD: The administrative route is exhausted with respect to what is known here" (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental); j. Through resolution number 3127-2019-SETENA of October 9, 2019, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolved: "FIRST: Not to hear the request for the adequacy of the validity of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) as it loses current interest since it was determined on appeal that in the aforementioned project, works had already commenced within the validity period of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental).
SECOND: To communicate this resolution to the Department of Environmental Audit and Monitoring, so that through this means it is made aware of resolution No. R-229-2019-MINAE of September 9, 2019, and so that it complies with what was ordered in the SECOND POR TANTO of said resolution" (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental); k. On October 22, 2019, the appellant together with other neighbors filed a revocation appeal with a subsidiary appeal against resolution number 3127-2019-SETENA of October 9, 2019 (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental); l. Through resolution number 0387-2020-SETENA of March 5, 2020, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolved: "FIRST: Based on the stated reasons of fact and law, to declare WITHOUT MERIT the present Revocation Appeal against Resolution No. 3127-2019-SETENA, of 11:00 a.m. on October 9, 2019, file No. D1-13154-2014-SETENA, which is upheld in all its terms.
SECOND: To order the Department of Environmental Audit and Monitoring to hear the arguments of the appellants regarding possible non-compliance with environmental commitments as a complaint, and to conduct an inspection at the project site in order to verify that each and every one of the environmental commitments established for the project are being fulfilled, as well as the issues of the right-of-way of the aforementioned Dirección05 and whether the project is in any way affecting the stability of the adjacent lands as reported by the appellants" (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental); m. Through resolution number 2115-2020-SETENA of December 9, 2020, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolved: "FIRST: To reject the arguments of Mr. Nombre02, Ms. Nombre01, and Ms. Ana Victoria Wo Ching Wong regarding possible non-compliance with the environmental commitments assumed by the Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia project.
The foregoing considering that the project exhibits progress where the environmental impacts analyzed by this Secretariat have not yet occurred and which require oversight by this Secretariat. SECOND: To endorse the request made by the Environmental Oversight (Regencia Ambiental) of the Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia project, regarding the frequency of IRA submission. Therefore, with the powers granted by the Plenary Commission Agreement CP-036-2011-SETENA, the periodicity of IRA submission is changed to every six months" (see report rendered under oath by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental); n. On May 22, 2025, the appellant together with other neighbors filed a proceeding before the Municipality of San José, by means of which they requested: "Urgent request for intervention due to risk of landslide and structural damage to homes built on slopes with fill (relleno)".
Said complaint bears the corresponding receipt stamp (see report rendered under oath by the Municipality of San José and evidence provided); o. Through official letter DICG-EST-0044-2025 of May 27, 2025, the authorities of the Department of Cadastral and Geographic Information of the Municipality of San José conducted an inspection at the reported site, from which the following data were taken: "-The area where the indicated road is located, a 3-meter-wide street according to the cadastral plans and map/parcel, is abandoned and full of brush. -Said street has two access points, one of them is closed with gates and the other is open. -At the open access point, a gray-work construction is observed where execution work is currently being carried out" (see report rendered under oath by the Municipality of San José and evidence provided); p. Through technical report number CNE-UIAR-INF-0766-2025 of June 18, 2025, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias carried out a study called "Risk assessment of homes in Dirección04 due to slope instability on the right bank of the Río María Aguilar" which yielded the following conclusions and recommendations: "VI.
Conclusions A. Apparently these homes were built on a fill (relleno) at the top of the slope of the canyon of the Río María Aguilar. B. The weight of the homes, added to the saturation of the ground from rains and poor management of stormwater, may be destabilizing the fill (relleno) and causing the damage to the structures. VII. Recommendations A. The owners must hire an engineer accredited by the CFIA to evaluate the foundations of the homes and determine the actions necessary to achieve stabilization of the structures. B. Additionally, the owners must also avoid discharging stormwater onto the slope, as this saturates the ground and causes deformations. C. The Municipality of San José must identify the owner of the land behind the affected homes, in order to notify them that they must take charge of the proper management of stormwater to reduce the risk of saturation. Due to the high vulnerability, the Municipality of San José must restrict the land use (uso de suelo) of the terrain, preventing the granting of more construction permits on this slope, unless all studies guaranteeing the safety of the work as well as the neighboring structures are completed" (see report rendered under oath by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias); q. Through official letter GPS-OMGRD-279-2025 of August 8, 2025, the Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastre pointed out: "According to the map 'Determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones estáticas y dinámicas en cantón Central de San José' carried out in 2015 by the geology department of UCR, the inspected area exhibits a condition of high to very high probability of landslides (see table 1 and image 2) under saturated ground conditions and a seismic acceleration of 0.20 g. The same study indicates that it is a terrain of steep slopes susceptible to landslides." To the foregoing must be added technical report number CNE-UIAR-INF-0766-2025 of June 18, 2025, called "Risk assessment of homes in Dirección04 due to slope instability on the right bank of the Río María Aguilar" (see report rendered under oath by the Municipality of San José and evidence provided); r. Through official letter number DICG-471-2025 of August 11, 2025, the Department of Cadastral and Geographic Information of the Municipality of San José stated: "between both properties there is a strip of land without registered title or cadastral map that represents it" (see report rendered under oath by the Municipality of San José); s. The Section of the Municipality of San José granted permits number 253-15 of May 11, 2015, through which earth movement (movimiento de tierras) was authorized, and number 641-2018 of December 3, 2018, through which the construction of the building was authorized, but the latter was not executed; both had the respective viability from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (see report rendered under oath by the Municipality of San José).
a.
That the authorities of the Municipality of San José have definitively resolved the complaint filed by the appellant and the other residents (the case record).
b. That the alleged earthworks (movimiento de tierra) carried out by the developer of the Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia project on November 29, 2019, is the cause of the problems described by the appellant in the initial brief (the case record).
V.Regarding the specific case. In the case at hand, the appellant states that she is the owner of the real property registered under folio real number 153913-A-000, located in the Mata Redonda district, San José, which is in the southern sector of Dirección01, in Sabana Sur, built on artificial slopes and earth fills, which increases its structural fragility. Due to the foregoing, she indicates that a project called “Condomio Torres de Valencia” was promoted, for which the respondent Municipality granted earthworks permit number 253-25, which led to intervention in an area that contains a spring (naciente), an easement (servidumbre) known as "Dirección02", which is part of the biological corridor of the María Aguilar River, these being lands built on artificial and unstable fills, which has caused landslides and subsidence. She criticizes that gabion walls were damaged, the spring was covered with earth without technical studies, and the geotechnical and hydrological balance of the land was altered, eliminating natural drainage, removing vegetation cover and accelerating erosion, which has generated gullies (cárcavas) that advance toward the homes; therefore, she points out that a complaint was filed with the respondent municipality; however, as of the date of filing of this appeal, no preventive measures have been adopted nor has said complaint been definitively resolved. She requests the intervention of this Chamber.
In this regard, from the study of the case record, it is clear that indeed on March 28, 2019, the appellant together with other residents filed a submission before the Municipality of San José, through which they formulated the following complaint: “may this document serve to file, for all purposes, a formal complaint against the construction of the housing development called “TORRES DE VALENCIA” represented by Sociedad Residencial TDV sabana Sur SRL, which was formerly Viviendas Solidarias de Costa Rica SRL, both under legal identification number CED03 (…) we request the immediate suspension of the works, since the earthworks permit 253-15 does not have the supporting permits and procedures necessary to carry out this activity, nor does the requested construction permit and the earthworks, a procedure granted on October 30, 2018, inasmuch as the environmental viability permit issued by SETENA, which is where this project originates, having expired, everything subsequently acted upon is outside the bounds of lawful action.
Being the case that it is not applicable, all permits related to your represented entity (Municipality of San José) are outside legality. We reiterate the foregoing, proceed with the suspension of the earthworks and other works and cancellation of any permit granted for the development project. Regarding the public street, we request that you immediately proceed to carry out the removal of the gates installed by the developer, allowing free passage, restoring the public street to legality, which has been abusively and arbitrarily taken by the developer with the sight and patience of the inspectors.” Said complaint bears the corresponding received stamp.
Now then, from the analysis of the reports rendered by the Municipality of San José and the Comisión Nacional de Emergencias (CNE), the various actions taken in response to the complaint filed by the appellant together with the other residents living in the sector of the Mata Redonda district, Dirección04, Dirección01, among Dirección07, are evident. Along these lines, it is shown that various officials of the respondent municipality carried out field studies, which determined the following regarding the permits granted: “the review and approval process for both permits was carried out in accordance with current regulations, said process included verification of documentary requirements and technical review of the plans, therefore the granting of the licenses was carried out in strict compliance with the applicable legal framework at the time.” They explain that said granted permits authorized, first, the earthworks that were executed by the developer on November 29, 2019, and, second, the construction of the building; however, it was never executed, which is why it is archived due to the fact that the project remains without any progress in constructive development.
Added to this, it is important to note that from the set of proven facts it is evident that the developer company also had the environmental viability granted by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). From this standpoint, it is important to warn that this Chamber is not a controller of the legality of the Administration's actions and resolutions, so it is not its responsibility to review whether the municipal permits granted for the development of the project under discussion complied or not with the provisions of the current legal regulations, much less to order the revocation of those authorizations or whether the resolution issued by SETENA granting environmental viability is in accordance with the law; those claims constitute matters of ordinary legality that must be resolved by the Administration or, where appropriate, by the ordinary jurisdiction.
On the other hand, from what was reported under the solemnity of oath by the respondent authorities —with the consequences, including criminal ones, provided for in numeral 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional— it cannot be considered proven that the alleged earthworks carried out by the developer of the Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia project on November 29, 2019, is the cause of the problems described by the appellant in the initial brief. Along these lines, it is observed that through official letter GPS-OMGRD-279-2025 of August 8, 2025, the Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastre indicated: “According to the map 'Determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones estáticas y dinámicas en cantón Central de San José' prepared in 2015 by the geology chair of UCR, the inspected area presents a condition of high to very high probability of landslide (see table 1 and image 2) under saturated soil conditions and a seismic acceleration of 0.20 g. The same study indicates that it is a terrain of steep slopes susceptible to landslides.” To the above must be added technical report number CNE-UIAR-INF-0766-2025 of June 18, 2025, called “Valoración de riesgo de viviendas en Dirección04 por inestabilidad de ladera en margen derecha del río María Aguilar” prepared by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, in which the following conclusions and recommendations were issued: “VI.
Conclusions A. Apparently these homes were built on a fill at the top of the slope of the María Aguilar river canyon. B. The weight of the homes, added to the saturation of the ground due to rains and poor stormwater management, may be destabilizing the fill and causing the damage to the structures. VII. Recommendations A. The owners must contract an engineer accredited by the CFIA to carry out the evaluation of the foundations of the homes and determine the necessary actions to achieve stabilization of the structures. B. In addition, the owners must also avoid discharging stormwater onto the slope since this saturates the ground and causes deformations. C. The Municipality of San José must identify the owner of the land behind the affected homes, in order to notify him that he must take charge of adequate stormwater management to reduce the risk of saturation. D. Due to the high vulnerability, the Municipality of San José must restrict the land use (uso de suelo) of the terrain, preventing the issuance of more construction permits on this slope; unless all studies guaranteeing the safety of the work as well as neighboring structures are completed.” Even the mayor of the respondent municipality emphatically stated that there is no record that the developer company has affected the topography, vegetation, and stability of the land, nor that it has caused structural damage to neighboring properties, including the appellant's home.
Under this panorama, contrary to what was alleged by the appellant, in the terms in which the appeal was filed, no action or omission is observed that can be held against the respondent authorities in response to the problems of fill instability, since it must be noted that from a reading of the recommendations issued by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, it is determined that they are directed at actions that the owners themselves must carry out for the benefit of their homes. However, the authorities of the Municipality of San José must take note that they must coordinate what is necessary to restrict the land use of the terrain, preventing the issuance of more construction permits on this slope; unless all studies guaranteeing the safety of the work, as well as neighboring structures, are completed, the foregoing in follow-up to what was ordered by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
Finally, although it has been duly accredited that the respondent Municipality has executed the pertinent actions to address the complaint formulated by the appellant, the truth of the matter is that it cannot be considered proven that a written response has been provided through which the complaint filed by the appellant and the other residents was definitively resolved, since from the perspective of the right to prompt and complete justice, enshrined in Article 41 of the Constitución Política, the Administration is obligated to issue a final resolution that definitively resolves the initiated complaint so that they may have knowledge of what was decided, as is appropriate, which is why this aspect of the appeal must be upheld only against the authorities of the Municipality, with the consequences indicated in the operative part.
VII.Note of magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Tribunal that when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Tribunals of the Contencioso-Administrativo and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights.
In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, exclusively has the responsibility to define its own jurisdiction. Therefore, except for those juridical-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of garantía del amparo, in other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VIII.Note of magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by acts that threaten the environment are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), just as happens in this case, in which the appellant filed a complaint regarding illegal construction permits on land that contains a spring and a section of the biological corridor of the María Aguilar River, which, additionally, has caused landslides and subsidence, involving the right to health, physical integrity, and a healthy environment, and it is alleged that it has not been definitively resolved.
IX.Documentation provided to the case file. The appellant is forewarned that if any paper document was provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is partially granted, only against the Municipality of San José for the violation of Article 41 of the Constitución Política. Luis Diego Miranda Méndez, in his capacity as mayor of the Municipality of San José, or whoever holds that position in his stead, is ordered to coordinate what is pertinent so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the complaint filed by the appellant is resolved and she is notified of what is appropriate under the Law. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on whoever receives an order that must be carried out or enforced, issued within an amparo appeal, and does not carry it out or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of San José is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. In all other respects, the appeal is dismissed. Let it be notified.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de octubre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED07, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS y la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Resultando:
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
I.Sobre la excepción al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. En el sub lite, se plantea un supuesto de excepción: la alegada demora de la Administración en atender una denuncia por un problema por un relleno artificial e inestable lo que ha ocasionado deslizamientos y hundimientos, que pone en peligro la vida, integridad y la propiedad de la recurrente. Aclaro este punto, se resuelve el recurso de amparo.
II.Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que es propietaria del bien inmueble inscrito bajo folio real nro. 153913-A-000, ubicado en el distrito Mata Redonda, San José, el cual se encuentra en el sector sur de la Dirección01, en Sabana Sur, construido sobre taludes artificiales y rellenos de tierra, lo que incrementa su fragilidad estructural. Por lo anterior, indica que se promovió un proyecto denominado “Condomio Torres de Valencia”, por el cual la Municipalidad accionada otorgó el permiso de movimiento de tierra nro. 253-25 que provocó intervenir un área que alberga una naciente de agua, una servidumbre conocida como "Dirección02", que forma parte del corredor biológico del río María Aguilar, siendo terrenos construidos sobre rellenos artificiales e inestable lo que ha ocasionado deslizamientos y hundimientos. Reprocha que se dañaron muros de gaviones, se cubrió la naciente con tierra sin estudios técnicos, y se alteró el equilibrio geotécnico e hidrológico del terreno, eliminando el drenaje natural, removiendo la cobertura vegetal y acelerando la erosión, lo que ha generado cárcavas que avanzan hacia las viviendas, por ello, señala que se interpuso una denuncia ante el municipio accionado; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso no se han adoptado medidas preventivas ni se ha resuelto de forma definitiva dicha denuncia. Solicita la intervención de la Sala.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
a. La recurrente es propiedad del inmueble inscrito bajo folio real nro. 153913-A-000, ubicado en el distrito Mata Redonda, San José (ver escrito de interposición y prueba aportada); b. El inmueble del partido de San José 112219, derechos 000, pertenece al Residencial TDV SRL (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José); c. En el Distrito Mata Redonda, Dirección04, Dirección01, entre Dirección07 se ha desarrollado una problemática en cuanto a que varias viviendas están sufriendo daños en sus estructuras (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José); d. Mediante resolución nro. 2309-2014 SETENA del 12 de noviembre de 2014, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al proyecto con las siguientes características: “El proyecto consistirá en la construcción de un condominio de dos torres de veinticinco plantas y una torre de dieciocho plantas para un total de área constructiva de 101.634,59 m2 (juntas albergarán 615 apartamentos de una, dos o tres habitaciones y 24 pent-houses).
Se construirán cuatro niveles de sótano comunicados entre las tres torres con un área por planta de 6.060,51 m2, el área constructiva total de las 4 plantas de sótano será de 24.242,04 m2. Los sótanos serán destinados al parqueo de los apartamentos, y en la última planta de sótano se situarán los tanques de captación de aguas, planta de tratamiento de aguas residuales e instalaciones contra incendio. Cada torre de 25 plantas tendrá un área aproximada de 33.155,695 m2, y la torre de 18 plantas contará con un área aproximadamente 11.081,16 m2” (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental); e. El 15 de noviembre de 2016, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó una prórroga de la vigencia de la viabilidad ambiental dada el 12 de noviembre de 2014 (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental); f. Mediante resolución nro. 592-2017-SETENA del 21 de marzo de 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó una prórroga por un año adicional de la vigencia de la viabilidad ambiental dada el 12 de noviembre de 2014 (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental); g. El 28 de marzo de 2019, la recurrente junto con otros vecinos presentaron una gestión ante la Municipalidad de San José, por medio de la cual formularon la siguiente denuncia: “sirva la presente para interponer para todos los efectos, denuncia formal contra la construcción del desarrollo habitacional llamado “TORRES DE VALENCIA” representado por la Sociedad Residencial TDV sabana Sur SRL, la cual anteriormente era Viviendas Solidarias de Costa Rica SRL, ambas bajo el número de cédula jurídica CED03 (…) solicitamos la suspensión inmediata de las obras, por cuanto el permiso de movimiento de tierra 253-15 no tiene los sustentos de permisos y procedimiento necesarios para realizar esta actividad, como tampoco lo tiene el permiso de construcción solicitado y los movimientos de tierra, trámite otorgado el 30 de octubre de 2018, pro cuanto al estar vencido el permiso de viabilidad emitido por SETENA que es donde se da origen a este proyecto, todo lo actuado en consiguiente se encuentra fuera de la actuación a derecho.
Siendo para el caso que no ocupa, todos los permisos relacionados con su representada (Municipalidad de San José) están fuera de la legalidad. Reiteramos lo anterior, se proceda con la suspensión de los trabajos de movimientos de tierra y demás trabajos y cancelación de cualquier permiso otorgado con el proyecto de desarrollo. En lo referente a la calle pública, le solicitamos que de manera inmediata se proceso a realizar el levantamiento de los portones instalados por el desarrollador, permitiendo el libre paso, poniendo a derecho la calle pública, la cual de manera abusiva y arbitraria ha sido tomada por el desarrollador a vista y paciente de los inspectores”. Dicha denuncia cuenta con el sello de recibido correspondiente (ver escrito de interposición y prueba aportada); h. Mediante informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-0556-2019, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias realizó un estudio denominado “Valoración de riesgo de terreno para construcción de torres de condominio en talud el río María Aguilar en Sabana Sur” que arrogó las siguientes conclusiones y recomendaciones: “VI.
Conclusiones A. El terreno donde se pretende realizar las torres es el cañón del rio María Aguilar B. El sitio es de fuerte pendiente y anteriormente ha mostrado evidencias de inestabilidad que ha afectado las propiedades colindantes. C. Probablemente los movimientos de tierra han incrementado la instabilidad del sitio. D. Al ser un terreno quebrado se debe aplicar lo que indica el artículo 33 de la Ley Forestal en cuanto a las áreas de protección: “Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado” Por lo que el área de construcción es muy reducida. E. Por las condiciones geomorfológicas del terreno y las regulaciones de la ley forestal; aparentemente el terreno no es apto para un proyecto tan grande.
VII. Recomendaciones A. Mediante la valoración visual del terreno, no se recomienda realizar un proyecto tan grande en un área con tanta vulnerabilidad. B. No obstante; los desarrolladores tienen la opción de demostrar ante las autoridades como SETENA, y Municipalidad de San José que acorde con las medidas de mitigación y técnicas modernas de diseño en ingeniería que es viable algún tipo de construcción, acorde con lo que estipula el Código Sísmico y Código de Cimentaciones de Costa Rica; garantizando la seguridad de las propiedades colindantes. C. Por lo que de realizar cualquier obra en este terreno queda bajo total responsabilidad de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero del proyecto y de la Municipalidad respectiva, que debe, solicitar los informes; realizar las inspecciones y correcciones correspondientes” (ver informe rendido bajo juramento de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias); i. Mediante resolución nro. R.229-2019-MINAE del 9 de setiembre de 2019, el Ministro de Ambiente resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Con fundamento en las anteriores consideraciones de hecho y derecho y ante las situaciones mencionadas en los considerandos anteriores, se ha colocado al recurrente en una posición de desventaja ante la Administración, por lo que, a la luz de lo expuesto y en observancia del derecho de defensa que le asiste al recurrente en una posición de desventaja ante la Administración, por lo que, a la luz de lo expuesto y en observancia del derecho de defensa que le asiste al recurrente, el cual en buena apariencia ha actuado dentro de las reglas de la buena fe, y abrigado por la presunción de buen derecho- fummus bonis iuris- es que se acoge el recurso de apelación contra la resolución N°636-2019-SETENA.
SEGUNDO: Se revoca la resolución N° 636-2019-SETENA, se retrotraen los efectos al momento procesal oportuno, de modo tal que se realice una valoración de los hechos efectuados por el desarrollador en observancia de lo dispuesto en el numeral 48 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y el acuerdo de Comisión Plenaria ACP-129-2018-SETENA en lo que le sea aplicable, toda vez que se tendrán como iniciadas las actividades de acuerdo con lo informado por el recurrente y el regente ambiental dentro de la vigencia de la viabilidad ambiental. TERCERO: Se agota la vía administrativa en cuanto a lo que aquí se conoce” (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental); j. Mediante resolución nro. 3127-2019-SETENA del 9 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolvió: “PRIMERO: No entrar a conocer la solicitud de adecuación de la vigencia de la Viabilidad Ambiental por perder interés actual toda vez que en alzada se determinó que en el proyecto de marras ya se iniciaron obras dentro del plazo de vigencia de la Viabilidad Ambiental.
SEGUNDO: Comunicar la presente resolución al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, para que por este medio se dé por enterado de la resolución No. R-229-2019-MINAE del 9 de setiembre del 2019 y para que se cumpla con lo ordenado en el POR TANTO SEGUNDO de dicha resolución” (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental); k. El 22 de octubre de 2019, la recurrente junto con otros vecinos presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución nro. 3127-2019-SETENA del 9 de octubre de 2019 (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental); l. Mediante resolución nro. 0387-2020-SETENA del 5 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolvió: “PRIMERO: Con fundamento en las razones de hecho y derecho mencionadas, declarar SIN LUGAR el presente Recurso de revocatoria contra la Resolución Nº 3127-2019-SETENA, de las 11 horas y 00 minutos del 09 de octubre del 2019, expediente No. D1-13154-2014-SETENA, la cual se mantiene en todos sus extremos.
SEGUNDO: Ordenar al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental conocer los argumentos de los recurrentes, sobre posibles incumplimientos de los compromisos ambientales como una denuncia, realizar una inspección al sitio de proyecto con el fin de verificar que se están cumpliendo todos y cada uno de los compromisos ambientales establecidos para el proyecto, así como los temas del derecho de vía de la mencionada Dirección05 y si el proyecto está afectando de alguna manera la estabilidad de los terrenos colindantes según lo denunciado por los recurrentes” (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental); m. Mediante resolución nro. 2115-2020- SETENA del 9 de diciembre de 2020, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolvió: “PRIMERO: Rechazar los argumentos de los señores Nombre02, Nombre01 y Ana Victoria Wo Ching Wong, sobre los posibles incumplimientos a los compromisos ambientales asumidos por el proyecto Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia.
Lo anterior en vista que el proyecto presenta un avance donde aún no se han ocasionado los impactos ambientales analizados por esta Secretaría, y que requieren la fiscalización por parte de esta Secretaría. SEGUNDO: Avalar la solicitud planteada por la Regencia Ambiental del proyecto Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia, respecto a la frecuencia en la presentación de IRAs. Por lo tanto, con facultades otorgadas el Acuerdo de Comisión Plenaria CP-036-2011-SETENA, se procede a cambiar la periodicidad de presentación de los IRAs a cada seis meses” (ver informe rendido bajo juramento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental); n. El 22 de mayo de 2025, la recurrente junto con otros vecinos presentaron una gestión ante la Municipalidad de San José, por medio de la cual solicitaron: “Solicitud urgente de intervención ante riesgo de deslizamiento y daño estructural en viviendas construidas sobre taludes con relleno”.
Dicha denuncia cuenta con el sello de recibido correspondiente (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José y prueba aportada); o. Mediante oficio DICG-EST-0044-2025 del 27 de mayo de 2025, las autoridades del Departamento de Información Catastral y Geográfica de la Municipalidad de San José realizaron una inspección en el sitio denunciado de la cual se tomaron los siguientes datos: “-La zona donde se encuentra la señalada una calle de 3 metros de ancho según los planos catastrados y el mapa/parcela, está abandonada llena de charral. -Dicha calle posee dos accesos, uno de ellos se encuentra cerrado con portones y el otro se encuentra abierto. -En el acceso abierto se observa una construcción de obra gris donde actualmente se está trabajando en su ejecución” (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José y prueba aportada); p. Mediante informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-0766-2025 del 18 de junio de 2025, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias realizó un estudio denominado “Valoración de riesgo de viviendas en Dirección04 por inestabilidad de ladera en margen derecha del río María Aguilar” que arrogó las siguientes conclusiones y recomendaciones: “VI.
Conclusiones A. Aparentemente estas viviendas fueron construidas en un relleno en la parte alta de la ladera del cañón del rio Maria Aguilar. B. El peso de las viviendas, sumado a la saturación del terreno por las lluvias y el mal manejo de las aguas pluviales; puede estar inestabilizando el relleno y provocando los daños en las estructuras. VII. Recomendaciones A. Los propietarios deberán contratar a un ingeniero acreditado por el CFIA; para que realice la evaluación de los cimientos de las viviendas y determine las acciones necesarias para lograr la estabilización de las estructuras. B. Además, los propietarios deberán también evitar desfogar las aguas pluviales sobre la ladera ya que esto satura el terreno y provoca las deformaciones. C. La Municipalidad de San José deberá identificar al propietario del terreno tras las viviendas afectadas, para que le notifique que se debe hacer cargo del adecuado manejo de las aguas pluviales para disminuir el riesgo de saturación.
Por la alta vulnerabilidad la Municipalidad de San José deberá restringir el uso de suelo del terreno, impidiendo dar más permisos de construcción sobre esta ladera; a menos que se cumpla con todos los estudios que garanticen la seguridad de la obra así como de las estructuras vecinas” (ver informe rendido bajo juramento de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias); q. Mediante el oficio GPS-OMGRD-279 -2025 del 8 de agosto de 2025, la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastre señaló: “Según el mapa “Determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones estáticas y dinámicas en cantón Central de San José” realizado en 2015 por catedra de geología de UCR, el área inspeccionada presenta la condición de alta a muy alta probabilidad a deslizamiento (ver tabla 1 e imagen 2) en condiciones del suelo saturado y una aceleración sísmica de 0,20 g. El mismo estudio indica que es un terreno de fuertes pendientes susceptibles a deslizamientos”.
A lo anterior, se le debe sumar el informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-0766-2025 del 18 de junio de 2025 denominado “Valoración de riesgo de viviendas en Dirección04 por inestabilidad de ladera en margen derecha del río María Aguilar” (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José y prueba aportada); r. Mediante oficio nro. DICG-471-2025 del 11 de agosto de 2025, el Departamento de Información Catastral y Geográfica de la Municipalidad de San José consignó: “entre ambas fincas hay una franja de terreno sin titularidad 1egistral o plano catastro que la represente” (ver informe rendido bajo juramento de la Municipalidad de San José); s. La Sección de la Municipalidad de San José otorgó los permisos nro. 253-15 del 11 de mayo de 2015 por medio del cual se autorizó el movimiento de tierras y nro. 641-2018 del 3 de diciembre de 2018 a través del cual se autorizó la construcción del edificio, pero este último no se ejecutó, ambos contaban con la respectiva viabilidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (ver informe rendido bajo juramento de la Municipalidad de San José).
a. Que las autoridades de la Municipalidad de San José hayan resuelto de forma definitiva la denuncia planteada por la recurrente y los demás vecinos (los autos).
b. Que el supuesto movimiento de tierra que realizó la empresa desarrolladora del proyecto Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia el 29 de noviembre de 2019 sea la causa de la problemática expuesta por la recurrente en el memorial inicial (los autos).
V.Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente manifiesta que es propietaria del bien inmueble inscrito bajo folio real nro. 153913-A-000, ubicado en el distrito Mata Redonda, San José, el cual se encuentra en el sector sur de la Dirección01, en Sabana Sur, construido sobre taludes artificiales y rellenos de tierra, lo que incrementa su fragilidad estructural. Por lo anterior, indica que se promovió un proyecto denominado “Condomio Torres de Valencia”, por el cual la Municipalidad accionada otorgó el permiso de movimiento de tierra nro. 253-25 que provocó intervenir un área que alberga una naciente de agua, una servidumbre conocida como "Dirección02", que forma parte del corredor biológico del río María Aguilar, siendo terrenos construidos sobre rellenos artificiales e inestable lo que ha ocasionado deslizamientos y hundimientos. Reprocha que se dañaron muros de gaviones, se cubrió la naciente con tierra sin estudios técnicos, y se alteró el equilibrio geotécnico e hidrológico del terreno, eliminando el drenaje natural, removiendo la cobertura vegetal y acelerando la erosión, lo que ha generado cárcavas que avanzan hacia las viviendas, por ello, señala que se interpuso una denuncia ante el municipio accionado; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso no se han adoptado medidas preventivas ni se ha resuelto de forma definitiva dicha denuncia. Solicita la intervención de la Sala.
Al respecto, del estudio de los autos, se desprende que efectivamente el 28 de marzo de 2019, la recurrente junto con otros vecinos presentaron una gestión ante la Municipalidad de San José, por medio de la cual formularon la siguiente denuncia: “sirva la presente para interponer para todos los efectos, denuncia formal contra la construcción del desarrollo habitacional llamado “TORRES DE VALENCIA” representado por la Sociedad Residencial TDV sabana Sur SRL, la cual anteriormente era Viviendas Solidarias de Costa Rica SRL, ambas bajo el número de cédula jurídica CED03 (…) solicitamos la suspensión inmediata de las obras, por cuanto el permiso de movimiento de tierra 253-15 no tiene los sustentos de permisos y procedimiento necesarios para realizar esta actividad, como tampoco lo tiene el permiso de construcción solicitado y los movimientos de tierra, trámite otorgado el 30 de octubre de 2018, pro cuanto al estar vencido el permiso de viabilidad emitido por SETENA que es donde se da origen a este proyecto, todo lo actuado en consiguiente se encuentra fuera de la actuación a derecho.
Siendo para el caso que no ocupa, todos los permisos relacionados con su representada (Municipalidad de San José) están fuera de la legalidad. Reiteramos lo anterior, se proceda con la suspensión de los trabajos de movimientos de tierra y demás trabajos y cancelación de cualquier permiso otorgado con el proyecto de desarrollo. En lo referente a la calle pública, le solicitamos que de manera inmediata se proceso a realizar el levantamiento de los portones instalados por el desarrollador, permitiendo el libre paso, poniendo a derecho la calle pública, la cual de manera abusiva y arbitraria ha sido tomada por el desarrollador a vista y paciente de los inspectores”. Dicha denuncia cuenta con el sello de recibido correspondiente.
Ahora bien, del análisis de los informes rendidos por parte de la Municipalidad de San José y de la Comisión Nacional de Emergencias se desprenden las distintas acciones realizadas en atención a la denuncia presentada por la recurrente junto con los demás vecinos que viven en el sector del distrito Mata Redonda, Dirección04, Dirección01, entre Dirección07. En esa línea, se evidencia que distintos funcionarios del municipio accionado efectuaron estudios de campo, los cuales determinaron lo siguiente respecto a los permisos otorgados: “el proceso de revisión y aprobación de ambos permisos se realizó conforme a la normativa vigente, dicho proceso incluyó la verificación de los requisitos documentales y la revisión técnica de los planos, por lo que el otorgamiento de las licencias se efectuó en estricto cumplimiento del marco legal aplicable al momento”. Explican que tales permisos otorgados autorizaban, en primer lugar, el movimiento de tierras que fue ejecutado por el desarrollador el 29 de noviembre de 2019 y, en segundo lugar, la construcción del edificio; sin embargo, nunca se ejecutó, motivo por el cual se encuentra archivado debido a que el proyecto se mantiene sin ningún avance en el desarrollo constructivo.
Aunado a ello, es importante, señalar que del elenco de hechos probados se evidencia que la empresa desarrolladora también contó con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Desde este plano, resulta importante advertir que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones y resoluciones de la Administración, de modo que no le corresponde revisar si los permisos municipales otorgados para el desarrollo del proyecto en discusión se ajustaron o no a lo dispuesto en la normativa legal vigente y menos aún disponer la revocatoria de esas autorizaciones o si la resolución dictada por SETENA en la que se otorgó la viabilidad ambiental está ajustada a derecho, esos reclamos constituyen extremos de legalidad ordinaria que deben ser resueltos por la Administración o, en su caso, por la jurisdicción ordinaria.
Por otra parte, de lo informado bajo la solemnidad del juramento por parte de las autoridades recurridas -con las consecuencias, incluso penales, que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- no se logra tener por demostrado que el supuesto movimiento de tierra que realizó la empresa desarrolladora del proyecto Condominio Vertical Residencial Torres de Valencia el 29 de noviembre de 2019 sea la causa de la problemática expuesta por la recurrente en el memorial inicial. En esa línea, véase que mediante el oficio GPS-OMGRD-279 -2025 del 8 de agosto de 2025, la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastre señaló: “Según el mapa “Determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones estáticas y dinámicas en cantón Central de San José” realizado en 2015 por catedra de geología de UCR, el área inspeccionada presenta la condición de alta a muy alta probabilidad a deslizamiento (ver tabla 1 e imagen 2) en condiciones del suelo saturado y una aceleración sísmica de 0,20 g. El mismo estudio indica que es un terreno de fuertes pendientes susceptibles a deslizamientos”.
A lo anterior, se le debe sumar el informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-0766-2025 del 18 de junio de 2025 denominado “Valoración de riesgo de viviendas en Dirección04 por inestabilidad de ladera en margen derecha del río María Aguilar” elaborado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en el cual se emitieron las siguientes conclusiones y recomendaciones: “VI. Conclusiones A. Aparentemente estas viviendas fueron construidas en un relleno en la parte alta de la ladera del cañón del rio Maria Aguilar. B. El peso de las viviendas, sumado a la saturación del terreno por las lluvias y el mal manejo de las aguas pluviales; puede estar inestabilizando el relleno y provocando los daños en las estructuras. VII. Recomendaciones A. Los propietarios deberán contratar a un ingeniero acreditado por el CFIA; para que realice la evaluación de los cimientos de las viviendas y determine las acciones necesarias para lograr la estabilización de las estructuras.
B. Además los propietarios deberán también evitar desfogar las aguas pluviales sobre la ladera ya que esto satura el terreno y provoca las deformaciones. C. La Municipalidad de San José deberá identificar al propietario del terreno tras las viviendas afectadas, para que le notifique que se debe hacer cargo del adecuado manejo de las aguas pluviales para disminuir el riesgo de saturación. D. Por la alta vulnerabilidad la Municipalidad de San José deberá restringir el uso de suelo del terreno, impidiendo dar más permisos de construcción sobre esta ladera; a menos que se cumpla con todos los estudios que garanticen la seguridad de la obra así como de las estructuras vecinas”. Incluso el alcalde del municipio accionado fue enfático en afirmar que no consta que la empresa desarrolladora haya afectado la topografía, vegetación y la estabilidad del terreno, así como tampoco que haya provocado daños estructurales en propiedades vecinas, incluida la vivienda de la recurrente.
Bajo este panorama, contrario a lo alegado por la recurrente, en los términos en que fue planteado el recurso, no se advierte acción u omisión alguna que pueda ser reprochada contra las autoridades recurridas en atención a los problemas de inestabilidad del relleno, pues debe advertirse que de la lectura de la recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias se determina que van dirigidas a actuaciones que deberán efectuar los propios propietarios en beneficio de sus viviendas. No obstante, deberán tomar nota las autoridades de la Municipalidad de San José que deberán coordinar lo necesario para restringir el uso de suelo del terreno, impidiendo dar más permisos de construcción sobre esta ladera; a menos que se cumpla con todos los estudios que garanticen la seguridad de la obra, así como de las estructuras vecinas, lo anterior en seguimiento a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
Finalmente, si bien ha quedado debidamente acreditado que la Municipalidad accionada ha ejecutado las acciones pertinentes para atender la denuncia formulada por la recurrente, lo cierto del caso es que no se logra tener por demostrado que se le haya brindado una respuesta por escrito mediante la cual se haya resuelto de forma definitiva la denuncia planteada por la recurrente y los demás vecinos, toda vez que desde el punto de vista del derecho a la justicia pronta y cumplida, consagrada en el artículo 41 de la Constitución Política, la Administración se encuentra en la obligación de dictar una resolución final que resuelve de forma definitiva la denuncia incoada a efecto de que puedan tener conocimiento acerca de lo resuelto, tal y como corresponde, motivo por el cual este extremo del recurso debe ser estimado solamente contra las autoridades de la Municipalidad con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva.
VII.Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VIII.Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por actos que atentan contra el ambiente, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia por permisos ilegales de construcción sobre un terreno que alberga una naciente de agua y un tramo del corredor biológico del río María Aguilar, lo cual, además, ha provocado deslizamientos y hundimientos, lo que involucra el derecho a la salud, a la integridad física y a un ambiente sano, y que se alega que no ha sido resuelta en forma definitiva.
IX.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra la Municipalidad de San José por la lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Se ordena a Luis Diego Miranda Méndez, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San José, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente para que, en el plazo máximo de UN MES, contando a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva la denuncia planteada por la recurrente y se le comunique lo que en Derecho corresponda. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. En lo demás, se desestima el recurso. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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