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Res. 34701-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/10/2025
OutcomeResultado
The Chamber orders the Ministry of Health, Municipality of Poás, and AyA to take immediate measures and coordinate a definitive solution within six months for the abandoned wastewater treatment plant polluting the Poás River.La Sala ordena al Ministerio de Salud, Municipalidad de Poás y AyA tomar medidas inmediatas y coordinar una solución definitiva en seis meses para la planta de tratamiento de aguas residuales abandonada que contamina el río Poás.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially grants an amparo filed by residents of La Senda housing development in Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, against the Ministry of Health, the Municipality of Poás, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewerage (AyA). The petitioners claimed that the development's wastewater treatment plant, built approximately 25 years ago, was abandoned and lacked proper maintenance, discharging untreated sewage directly into the Poás River, causing pollution, pest proliferation, foul odors, and ecosystem damage. Despite multiple complaints since 2014, the authorities had not resolved the problem. The Chamber finds that the Ministry of Health issued insufficient sanitary orders and failed to fully exercise its enforcement powers; that the Municipality refused to act, claiming lack of jurisdiction, breaching its duty of environmental coordination and prevention; and that AyA, despite documenting the deterioration since 2021, took no effective action for collection, treatment, and final disposal. The Chamber orders these institutions to take immediate measures to protect residents' health and, within six months, implement a definitive solution to the environmental and public health problem. The claim against SENARA and the Environmental Administrative Tribunal is dismissed as no omissions were attributed to them.La Sala Constitucional declara parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por vecinos de la urbanización La Senda, en Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, contra el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Poás y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Los recurrentes denunciaban que la planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización, construida hace aproximadamente 25 años, se encontraba abandonada y sin mantenimiento adecuado, vertiendo aguas sin tratar —incluidas aguas fecales— directamente al río Poás, lo que generaba contaminación, proliferación de plagas, olores nauseabundos y afectaciones al ecosistema. A pesar de múltiples denuncias desde 2014, las autoridades no habían solventado el problema. La Sala considera que el Ministerio de Salud emitió órdenes sanitarias insuficientes y no ejerció plenamente sus facultades para hacerlas cumplir; que la Municipalidad se negó a actuar alegando falta de competencia, infringiendo su obligación de coordinación y prevención ambiental; y que el AyA, a pesar de haber documentado el deterioro desde 2021, no desplegó acciones efectivas de recolección, tratamiento y disposición final. La Sala ordena a estas instituciones tomar medidas inmediatas para proteger la salud de los habitantes y, en un plazo máximo de seis meses, implementar una solución definitiva a la problemática ambiental y de salubridad. Se desestima el recurso contra el SENARA y el Tribunal Ambiental Administrativo por no atribuírseles omisiones.
Key excerptExtracto clave
In the present case, the plaintiffs state that they are neighbors of the La Senda housing development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. They claim that this development was established about 25 years ago and has a wastewater treatment plant; however, they argue that it has not received proper maintenance, causing wastewater to be discharged directly into the Poás River, polluting its channel and affecting the surrounding ecosystem. They assert that this problem has led to the proliferation of pests, such as disease-transmitting mosquitoes like dengue, and has generated nauseating odors that affect the quality of life of all residents. They state that they have filed the corresponding complaints with the respondent authorities; nevertheless, they complain that the situation does not improve. They consider that the above violates their fundamental rights and therefore request the intervention of the Chamber. To facilitate the resolution of the specific case, the following recitals will separately analyze the actions of each of the respondent authorities: [...] Based on the foregoing considerations and the evidentiary elements in the file, it is appropriate to partially grant this amparo, with the consequences set forth in the operative part. The amparo is partially granted, only against the authorities of the Ministry of Health, the Municipality of Poás, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewerage. Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as acting minister, and Gabriela Miranda Murillo, in her capacity as director of the Health Area of Poás, both of the Ministry of Health; Roy Chaves Gómez, in his capacity as acting council president, Heibel Antonio Rodríguez Araya, in his capacity as mayor, and Mariam Lawrence Álvarez, in her capacity as head of Territorial Management, all of the Municipality of Poás de Alajuela; Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president, María Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager, and Alejandro Calderón Acuña, in his capacity as assistant manager of GAM System Management, all of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewerage, or whoever holds such positions, are ordered to IMMEDIATELY, upon notification of this judgment, jointly and in coordination, take all necessary measures to temporarily ensure that there are no health impacts on the people living in La Senda development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, while a definitive solution to the problem subject of this proceeding is achieved. Likewise, these authorities are ordered to coordinate among themselves, issue the pertinent orders, and carry out all actions within their competence so that, within a maximum period of SIX MONTHS from the notification of this judgment, a definitive solution is provided to the environmental and health problem proven regarding the wastewater treatment plant in La Senda development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela.En el sub lite, los recurrentes manifiestan que son vecinos de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. En ese sentido, señalan que dicha urbanización fue establecida desde hace 25 años y cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, acusan que no ha recibido el mantenimiento adecuado, motivo por el cual dichas aguas son vertidas de forma directa en el río Poás provocando contaminación en su cauce y afectando el ecosistema circulante. Sostienen que dicha problemática expuesta ha causado proliferación de plagas, como mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, y ha generado olores nauseabundos que afectan la calidad de vida de todos los residentes. Afirman que han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades recurridas; no obstante, reprochan que la situación no mejora. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales, por lo que solicitan la intervención de la Sala. Para facilitar la resolución del caso concreto en los siguientes considerandos se analizará de forma separada el actuar de cada una de las autoridades recurridas: [...] En mérito de las anteriores consideraciones y con sustento en los elementos probatorios que constan en el expediente, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el presente recurso de amparo, con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra las autoridades del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Poás y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se le ordena a Mariela de los Ángeles Marín Mena, en su condición de ministra a. i. y a Gabriela Miranda Murillo, en su condición de directora del Área Rectora de Salud Poás, ambas del Ministerio de Salud; a Roy Chaves Gómez, en su condición de presidente a. i. del Concejo, a Heibel Antonio Rodríguez Araya, en su condición de alcalde, y a Mariam Lawrence Álvarez, en su condición de encarga de Gestión Territorial, todos de la Municipalidad de Poás de Alajuela; a Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva, a María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general, y a Alejandro Calderón Acuña, en su condición de subgerente de Gestión de Sistema GAM, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que de forma INMEDIATA, a partir de la notificación de esta sentencia, de manera conjunta y coordinada, dispongan lo necesario para asegurar temporalmente que no hayan afectaciones a la salud de las personas que habitan en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, mientras se da una solución definitiva del problema objeto de este proceso. Asimismo, se les ordena a dichas autoridades que coordinen entre sí lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se brinde una solución definitiva a la problemática ambiental y de salubridad acreditada respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela.
Pull quotesCitas destacadas
"la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política."
"public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution."
Considerando IV
"la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política."
Considerando IV
"la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental que posee el municipio accionado dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, motivo por el cual no es de recibo el argumento expuesto en el informe rendido para la resolución de este proceso, toda vez que se han negado a ejecutar medidas de mitigación o prevención en beneficio de los habitantes de la urbanización La Senda."
"the obligation of coordination and prevention in environmental matters that the respondent municipality has within its territorial jurisdiction, which is why the argument presented in the report submitted for the resolution of this proceeding is not acceptable, since they have refused to implement mitigation or prevention measures for the benefit of the inhabitants of La Senda development."
Considerando VI (Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Poás)
"la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental que posee el municipio accionado dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, motivo por el cual no es de recibo el argumento expuesto en el informe rendido para la resolución de este proceso, toda vez que se han negado a ejecutar medidas de mitigación o prevención en beneficio de los habitantes de la urbanización La Senda."
Considerando VI (Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Poás)
"no se logra observar alguna acción dentro del ámbito de sus competencias para tratar de mitigar de forma coordinada con las diversas instancias respectivas la recolección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales lo que representa un quebranto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los recurrentes."
"no action can be observed within the scope of its powers to try to mitigate, in coordination with the various respective entities, the collection, treatment, and final disposal of wastewater, which represents a violation of the petitioners' right to a healthy and ecologically balanced environment."
Considerando VI (Sobre las actuaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)
"no se logra observar alguna acción dentro del ámbito de sus competencias para tratar de mitigar de forma coordinada con las diversas instancias respectivas la recolección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales lo que representa un quebranto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los recurrentes."
Considerando VI (Sobre las actuaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)
"teniendo en cuenta que se trata de una amenaza al medio ambiente y a la salud pública, la legalidad y los formalismos se ven desplazados."
"taking into account that it is a threat to the environment and public health, legality and formalities are displaced."
Considerando VI (Citando sentencia 2020-018888)
"teniendo en cuenta que se trata de una amenaza al medio ambiente y a la salud pública, la legalidad y los formalismos se ven desplazados."
Considerando VI (Citando sentencia 2020-018888)
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Type of matter: Amparo action Judgment with Dissenting Vote Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant Judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Strategic Themes: Economic, social, cultural, and environmental rights Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics:
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
034701-2025. EXECUTIVE BRANCH. MUNICIPALITY. THEY ACCUSE THAT THEY ARE RESIDENTS OF THE LA SENDA DEVELOPMENT, CARRILLOS BAJO DE POÁS IN ALAJUELA, AND THAT SAID DEVELOPMENT HAS NOT RECEIVED ADEQUATE MAINTENANCE OF ITS WASTEWATER TREATMENT PLANT, AFFECTING THE POÁS RIVER. GRANTED PARTIALLY IN FAVOR OF THE PETITIONERS ONLY, AND ORDERING THE MINISTER AND THE DIRECTOR OF THE POÁS HEALTH AREA OF THE MINISTRY OF HEALTH, THE MAYOR AND THE TERRITORIAL MANAGER OF THE MUNICIPALITY OF POÁS DE ALAJUELA, AND THE EXECUTIVE PRESIDENT, GENERAL MANAGER, AND DEPUTY MANAGER OF GAM SYSTEM MANAGEMENT OF AYA TO IMMEDIATELY, UPON NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, JOINTLY AND IN A COORDINATED MANNER, ARRANGE WHAT IS NECESSARY TO TEMPORARILY ENSURE THAT THERE ARE NO AFFECTATIONS TO THE HEALTH OF THE PERSONS INHABITING THE LA SENDA DEVELOPMENT, CARRILLOS BAJO DE POÁS, ALAJUELA, WHILE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OBJECT OF THIS PROCESS IS PROVIDED.
LIKEWISE, SAID AUTHORITIES ARE ORDERED TO COORDINATE AMONG THEMSELVES WHAT IS NECESSARY, ISSUE THE PERTINENT ORDERS, AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF SIX MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, A DEFINITIVE SOLUTION IS PROVIDED TO THE PROVEN ENVIRONMENTAL AND HEALTH PROBLEM REGARDING THE WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE LA SENDA DEVELOPMENT, CARRILLOS BAJO DE POÁS, ALAJUELA. VCG11/2025
"(...) VI.- Regarding the specific case. In the sub lite case, the petitioners state that they are residents of the La Senda development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. In that regard, they indicate that said development was established 25 years ago and has a wastewater treatment plant; however, they accuse that it has not received adequate maintenance, which is why said waters are discharged directly into the Poás River, causing contamination in its channel and affecting the circulating ecosystem. They maintain that said exposed problem has caused a proliferation of pests, such as mosquitoes transmitting diseases like dengue, and has generated nauseating odors that affect the quality of life of all residents. They affirm that they have filed the corresponding complaints before the respondent authorities; however, they reproach that the situation does not improve. They consider that the foregoing injures their fundamental rights, for which reason they request the intervention of the Chamber.
In order to facilitate the resolution of the specific case, in the following recitals (considerandos) the actions of each of the respondent authorities will be analyzed separately:
Regarding the actions of the Ministry of Health.
On this point, from the list of proven facts, it is demonstrated that since 2014 they have had full knowledge of the problem object of this process. Along those lines, note that on May 22, 2014, the petitioners filed a complaint before the Poás Governing Area (Área Rectora de Poás) regarding the treatment plant of the La Senda development. Although it is evident that the authorities of the Poás Governing Area have carried out various inspections in which they have evidenced the lack of maintenance of the treatment plant of the La Senda development, which has caused the reported environmental contamination, namely the spillage of wastewater into the Poás River and the bad odors. Due to the foregoing, it is recorded that they issued the following sanitary orders No. CN-ARS-P-297-2014, No. 098-2015, No. 144-2016, No. 045-2018, No. 023-2020 directed to the president of the La Lucha de Carrillos Bajo de Poás Association for Housing and Social Welfare (Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás); however, such measures were not complied with, which is why it was decided to file a complaint before the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), which is being processed under expediente No. 128-20-02-TAA.
Under this scenario, although it is verified that the authorities of the Ministry of Health carried out actions aimed at resolving the problem, it is no less true that they have been insufficient, with the aggravating factor that they have verified an omission in exercising the full powers that the law grants them to try to enforce the issued sanitary orders. The foregoing has undoubtedly caused an uncontrolled contamination that currently persists, affecting the environment and the health of the inhabitants of the La Senda development. Note that in the inspection carried out this year, specifically on April 7, 2025, it was recorded: "it is concluded that the Wastewater Treatment Plant of the La Senda Development has not received improvements (the schedule was not implemented), therefore the situation that originated the complaint before the Environmental Tribunal remains the same and all stages of what was this wastewater treatment system do not function". Thus, the flagrant violation of the fundamental rights of the residents of the mentioned community is accredited, and consequently, it is appropriate to grant the amparo action in favor of the petitioners regarding these authorities, with the consequences set forth in the operative part.
Regarding the actions of the Municipality of Poás.
In this regard, from the analysis of the report rendered by the authorities of the Municipality of Poás, it is evident that they have full knowledge of the problem object of this process; however, they base their inaction on a lack of competence to address the situation because they are not the operator of the treatment plant and indicate that it is the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). In that sense, for the resolution of this aspect of the amparo action, it is relevant to bring up what was resolved by this Chamber in judgment No. 2020-018888 of 09:15 hours on October 2, 2020, reiterated in judgment No. 2025-023963 of 09:15 hours on August 1, 2025, through which the issue of the abandonment of the sanitary landfill in question and its consequences have been discussed:
"the constitutional transcendence is limited to verifying whether the respondent authorities have been diligent in attending to and finally resolving said environmental problem, which, as is easily verifiable, has not been the case. Apart from the foregoing, the attitude assumed by the municipality of Cartago is unacceptable, because, although it no longer deposits waste at the place of controversy, it cannot ignore that it must come to the protection of the fundamental rights of its residents. Attention to the citizenry of its canton is unavoidable above any conflict ...". Furthermore, it cannot ignore that "...This Tribunal has recognized that local corporations have, within the scope of their competencies and obligations, a high share of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements is demanded that accredit adequate environmental management before other instances of public power, or through regular inspections and channeling of risk situations to the instances with greater intervention competence.
It has already been established that local governments are bound by the obligation of coordination and prevention in environmental matters within the scope of their territorial jurisdiction, from which it follows that municipalities are certainly important actors in the task of protecting the environment. As indicated supra, not only that council, but all the other respondent authorities, have broad powers of action, and although they are subject to legality and reasonableness, the truth is that considering that it is a threat to the environment and public health, legality and formalisms are displaced" (the highlighting does not belong to the original).
Based on the foregoing, it must be reiterated that the respondent municipality has the obligation of coordination and prevention in environmental matters within the scope of its territorial jurisdiction, which is why the argument set forth in the report rendered for the resolution of this process is not admissible, since they have refused to execute mitigation or prevention measures for the benefit of the inhabitants of the La Senda development, despite the fact that the condition of abandonment of the treatment plant has been duly proven, which means an imminent danger to public health, which persists uncontrollably. Additionally, it is advisable to reiterate to them the obligations derived from what is contemplated in Articles 169 and 170 of the Political Constitution (Constitución Política) regarding that municipalities are responsible for the administration of local services and interests, in order to promote the comprehensive development of the cantons in harmony with national development; as well as to watch over the rights of their residents so that they cannot remain inert, when the fundamental rights of the residents are affected as occurs in the specific case. Consequently, grant the amparo action in favor of the petitioners regarding these authorities, with the consequences set forth in the operative part.
Regarding the actions of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.
On this point, from the analysis of the reports rendered by the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, it is evident that they have full knowledge of the problem object of this process; however, they base their inaction on the fact that they do not have a record of the data for the managed, reviewed, or approved development regarding the La Senda development project; nor are they the operator of said treatment plant.
Now, for the analysis of this aspect of the amparo action, it is relevant to remind the respondent institute of its obligation to ensure the protection of a healthy and ecologically balanced environment, which undoubtedly includes the proper collection, treatment, and final disposal of wastewater. In that sense, the very Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados), Law No. 2726, establishes it, specifically in its Articles 1 and 2:
"ARTICLE 1.- With the purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing, and development, and of resolving everything related to the supply of drinking water and the collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm sewer systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) is created as an autonomous institution of the State.
ARTICLE 2.- The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for:
Under no circumstances may it delegate the administration of the aqueduct and sanitary sewer systems of the Metropolitan Area.
Nor may it delegate the administration of systems for which there is financial responsibility and while this corresponds directly to the Institute.
The institution is empowered to agree with local bodies on the administration of such services or to administer them through mixed integration administrative boards between the Institute and the respective communities, provided this is convenient for the better provision of services and in accordance with the respective regulations.
For the same reasons and with the same characteristics, regional administrative boards involving several municipalities may also be created; h) Enforcing the General Law of Drinking Water (Ley General de Agua Potable), for which purpose the Institute will be considered as the substitute body for the ministries and municipalities indicated in said law; i) Constructing, expanding, and reforming aqueduct and sewer systems in those cases where necessary and so advised by the better satisfaction of national needs; and j) Controlling the adequate investment of all resources that the State allocates for sanitary aqueduct and sewer works.
(*)k) The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is authorized to formalize, through an inter-institutional agreement with municipal corporations, the construction, expansion, and rehabilitation of works for the supply of drinking water and sewer service, in order to provide those services in those areas where the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers does not have coverage in certain areas or that, having it, cannot provide the service due to constructive limitations of the system, but where there is technically availability of the water resource.
The prior studies and the construction plans for the different drinking water and sewer systems carried out by the municipalities must have prior approval in their technical and design aspects by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, to ensure their incorporation into the systems that the Institute already has in operation, once the works are completed, in accordance with subsection b).
Municipalities are authorized to prepare, by themselves or through third parties, the construction plans for the aqueduct and sewer systems.
Once the work built by the municipal corporation is received to satisfaction by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the corresponding item must be incorporated into the service rate to make full payment in favor of the municipal corporation for the work previously approved by AyA, as well as the cost of expropriations and the constitution of easements (servidumbres) necessary for the construction and operation of the system. Both the work and the land will become part of the AyA's assets. The rate model for the payment of the work must be approved by the Regulatory Authority for Public Services (Aresep).
(*) (Subsection k) above thus added by Article 1 of the Law to allow municipalities the construction of aqueduct and sewer works, No. 10595 of November 11, 2024)" (the highlighting does not belong to the original).
From the analysis of the regulations cited above, the duty of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to exercise, in a coordinated manner, the matter of collection, treatment, and final disposal of wastewater to ensure the respective effectiveness and efficiency is verified. Despite the foregoing, from the list of proven facts, it is accredited that they have had full knowledge regarding the existence of the environmental problem caused by the treatment plant since 2021, since through official communication No. GSD-UEN-GAR-2021-00159 it was recorded, in what is relevant: "The sanitation system visited emits bad odors that reach some of the nearby homes, likewise, the effluent from the WWTP appears turbid. • Some structures are found destroyed, and, therefore, out of operation. Other units are not being used for the function for which they were designed"; through official communication No. GSD-UEN-GAR-2023-A it was detailed: "The WWTP of the La Senda Development shows signs of abandonment, with serious damage to its structures and operation and maintenance problems. • The sanitation system visited emits bad odors that reach some of the nearby homes, likewise, the effluent from the WWTP appears turbid.
Some structures are found destroyed, and, therefore, out of operation. Other units are not being used for the function for which they were designed (...) it is recommended to design a proposal for the treatment of wastewater adapted to the social, environmental, economic, and technical needs of the community with a preliminary budget so that the community can seek funds from different entities and thus have access to correct sanitation"; and through official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01361 it was indicated: "The sanitation system of the La Senda Development has suffered abandonment and deterioration for more than 25 years, making it unusable at this time. The wastewater from the La Senda development is being collected by means of a sanitary sewer system, but the WWTP is not performing the necessary purification, so the water overflows near the protection zone of the Poás River and subsequently flows towards its channel".
However, no action is observed within the scope of their competencies to try to mitigate, in a coordinated manner with the various respective instances, the collection, treatment, and final disposal of wastewater, which represents a breach of the right to a healthy and ecologically balanced environment of the petitioners and the residents of the La Senda development. Consequently, grant the amparo action in favor of the petitioners regarding these authorities, with the consequences set forth in the operative part.
Regarding the actions of the National Service for Groundwater, Risk, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riesgo y Avenamiento) and the Administrative Environmental Tribunal.
Finally, regarding the authorities of the National Service for Groundwater, Risk, and Drainage and the Administrative Environmental Tribunal, there is no reason to allow the amparo action against them because the petitioners do not attribute any omission to them.
VII.Conclusion. By virtue of the foregoing considerations and based on the evidentiary elements contained in the expediente, it is appropriate to declare this amparo action partially granted in favor of the petitioners, with the consequences set forth in the operative part. (...)"
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Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 050- Environment Subtopics: NOT APPLICABLE. ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION
"(...) IV.- Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. It must first be indicated that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through applicable international regulations in Costa Rica. In this regard, in judgment No. 2006-005928 of 15:00 hours on May 2, 2006, reiterated in judgment No. 2023-008920 of 09:20 hours on April 21, 2023, this Tribunal resolved:
"The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, in that article of the political charter, the right to health finds its foundation, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Tribunal has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of the quality of life of people, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations - principle of sustainable development".
Likewise, from Article 50 of the Political Constitution derives the State's obligation to protect the environment. A norm that establishes to that effect: "The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. For this reason, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions".
With which it is corroborated that the different public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment. (...)" VCG11/2025 ... See more Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE Topic: Coordination Subtopics: NOT APPLICABLE. PRINCIPLE OF COORDINATION
"(...) V.- Coordination among public agencies for the protection of the environment. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that the protection of the environment is a task that corresponds to everyone equally, that is, that there is an obligation for the State -as a whole- to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, by public institution, both the central administration and the decentralized administration must be understood as included. It is for this reason that it might be thought that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, in order to be able to carry out the functions that have been entrusted to them.
This Chamber has previously -and quite clearly- referred to the principle of coordination of public agencies. So that coordination is the ordering of the relationships between these diverse independent activities, which takes charge of this concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions with the larger public entity, it is not possible to impose certain conducts on them, with which the indispensable inter-institutional 'concert' arises, in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others.
Thus, relationships with public powers can only be carried out on a level of equality, which results in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the administrative oversight of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to the State, with powers of general surveillance over the entire public sector) (see in that sense judgments No. 21258-2010 of 14:00 on November 22, 2010, No. 2913-2011 of 12:00 hours on March 4, 2011, and No. 2023-008920 of 09:20 hours on April 21, 2023). (...)" VCG11/2025 ... See more Content of Interest:
Type of content: Separate Note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. VIII.- Note of Judge Salazar Alvarado. I consider that in environmental matters, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioners claim to have reported, before the respondent authorities, the problem of sewage that is discharged into the Poás River, generating contamination of the channel, the proliferation of pests, and the emission of bad odors, without it allegedly having been duly addressed, which affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a decent level of quality of life of the petitioners and other residents of the community.
VCG11/2025 ... See more Content of Interest:
Type of content: Dissenting Vote Branch of Law: 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE Topic: 056- Execution of judgments Subtopics: NOT APPLICABLE. IX.- Partial dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Although I agree with the majority of the Chamber that the amparo action must be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects, as is the case here so that within six months, counted from the notification of this judgment, a definitive solution is provided to the proven environmental and health problem regarding the wastewater treatment plant in the La Senda development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela.
In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Article 155 et seq.) have clear advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe the execution phase should be carried out before the Execution Division of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the judgment execution rules of said Code.
VCG11/2025 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes of October twenty-fourth, two thousand twenty-five.
Recurso de amparo filed by [Nombre 001], [Valor 001], [Nombre 002], [Valor 002], [Nombre 003], [Valor 003], [Nombre 004], [Valor 004], [Nombre 005], [Valor 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Valor 006], [Nombre 008], [Valor 007], [Nombre 009], [Valor 008], [Nombre 010], [Valor 009], [Nombre 011], [Valor 010], [Nombre 012], [Valor 011], [Nombre 013], [Valor 012], [Nombre 014], [Valor 013], [Nombre 015], [Valor 014], [Nombre 016], [Valor 015], [Nombre 017], [Nombre 018], [Valor 016], [Nombre 019], [Nombre 020], [Valor 017], [Nombre 021], [Valor 018], [Nombre 022], [Valor 019], [Nombre 023], [Valor 020], [Nombre 024], [Valor 021], [Nombre 025], [Valor 022], [Nombre 026], [Valor 023], [Nombre 027], [Valor 024], [Nombre 028], [Valor 025], [Nombre 029], [Valor 026], [Nombre 030], [Valor 027], [Nombre 031], [Valor 028], [Nombre 032], [Valor 029], [Nombre 033], [Valor 030], [Nombre 034], [Nombre 035], [Valor 031], [Nombre 036], [Valor 032], [Nombre 037], [Valor 033], [Nombre 038], [Valor 034], [Nombre 039], [Valor 035], [Nombre 040], [Valor 036], [Nombre 041], [Valor 037], [Nombre 042], [Valor 038], [Nombre 043], [Valor 039], [Nombre 044], [Valor 040], [Nombre 045], [Valor 041], [Nombre 046], [Valor 042], [Nombre 047], [Valor 043], [Nombre 048], [Valor 044], [Nombre 049], [Valor 045], [Nombre 050], [Valor 046], [Nombre 051], [Valor 047], [Nombre 052], [Nombre 053], [Valor 048], [Nombre 054], [Valor 049], [Nombre 055], [Nombre 056], [Valor 050], [Nombre 057], [Valor 051], [Nombre 058], [Valor 052], [Nombre 059], [Valor 053], [Nombre 060], [Valor 054], [Nombre 061], [Valor 055], [Nombre 062], [Valor 056], [Nombre 063], [Valor 057], [Nombre 064], [Valor 058], [Nombre 001], [Valor 001], [Nombre 065], [Valor 059], [Nombre 066], [Valor 060], [Nombre 067], [Valor 061], [Nombre 068], [Valor 062], [Nombre 069], [Valor 063], [Nombre 070], [Valor 064], [Nombre 071], [Valor 065], [Nombre 072], [Valor 066], [Nombre 073], [Valor 067], [Nombre 074], [Valor 068], [Nombre 075], [Valor 069], [Nombre 076], [Valor 070], [Nombre 077], [Valor 071], [Nombre 078], [Valor 072], [Nombre 079], [Valor 073], [Nombre 080], [Valor 074], [Nombre 081], [Valor 075], [Nombre 082], [Valor 076], [Nombre 083], [Valor 077], [Nombre 084], [Valor 078], [Nombre 085], [Valor 079], [Nombre 086], [Valor 080], [Nombre 087], [Valor 081], [Nombre 088], [Valor 082], [Nombre 089], [Valor 083], [Nombre 090], [Valor 088], [Nombre 091], [Valor 085], [Nombre 092], [Valor 086], [Nombre 093], [Valor 087], [Nombre 094], [Valor 089], [Nombre 095], [Valor 090], [Nombre 096], [Valor 091] and [Nombre 097], [Valor 092], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, THE MINISTERIO DE SALUD, THE SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO, THE MUNICIPALIDAD DE POÁS, AND THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.
Resultando:
b. Regarding the duties of SENARA and the proper protection of water resources: It is important to note that water resources, as essential for human life, require effective actions from the State and its institutions for their preservation, for the benefit of present and future generations, and thus fulfill the right to a healthy and ecologically balanced environment as provided in Article 50 of the Political Constitution. In this regard, SENARA received an express mandate in its Constitutive Law number 6877 of July 4, 1983, in the sense that it must be called upon to be the autonomous entity that carries out research, protection, and promotion of the country's water resources, both surface and underground (art. 3 subsection ch) and it also has among its functions to monitor compliance with legal provisions in matters within its purview, and for such purposes the law provided that decisions made by SENARA regarding well drilling, and the exploitation, maintenance, and protection of waters carried out by public institutions and individuals, shall be definitive and of mandatory compliance (art. 3 subsection h).
Thus, Article 3 in its subsections ch) and h) provides: “ARTICLE 3.- The functions of SENARA are: (...) ch) To investigate, protect, and promote the use of the country's water resources, both surface and underground. (...) h) To monitor compliance with legal provisions in matters within its purview. The decisions made by the Service for this reason, regarding well drilling, and the exploitation, maintenance, and protection of waters - carried out by public institutions and individuals - shall be definitive and of mandatory compliance. Nevertheless, such decisions may be appealed within ten days on grounds of illegality, before the Tribunal Superior Contencioso Administrativo. The Court shall resolve within a period not exceeding ninety days.” Thus, SENARA has been conceived as an autonomous institution with a set of powers and attributions that place it as a specialized technical autonomous entity in the research, protection, and promotion of water resources, a position that has even been supported and reinforced by the Constitutional Chamber, which has had occasion to rule in repeated decisions, because the regulatory matter that SENARA possesses on the issue of protection and monitoring of water resources, by its very nature, has raised a series of positions in repeated sectors, both public and private, especially considering that water resources are an element that mainstreams all human activities, so, as in the vast majority of countries, the broad regulatory spectrum that regulates water resources from different perspectives is made up of a set of laws and institutions with various competencies over the same resource (…) Thus, SENARA is a specialized technical-scientific autonomous entity, created by special law to investigate, protect, and promote the use of the country's water resources, that is, it is a guarantor entity for the citizenry of the correct management of water resources, therefore, the citizen is provided with information of their interest.”
• There are collection wells and pipes whose easement (servidumbre) has been encroached upon by constructions, as parts of houses that have been remodeled. • There are wells completely covered by asphalt or concrete, rendering them inaccessible. Preliminary rehabilitation proposal Based on report GSD-UEN-GAR-2023-B, a preliminary design and proposal exists for the rehabilitation of the WWTP; this document does not include the possible rehabilitation needed in the wastewater collection network. The main points addressed by this report are: • A treatment train is proposed with the following units: - Bar screen channel - Grit chamber - Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente, RAFA) - Constructed wetland - Chlorination chamber - Drying beds • The quality and quantity information of the generated wastewater is assumed, as complete information on this matter is not available.
Conclusions Based on this report, as well as other cited and attached documents, the following is concluded: - The sanitation system of La Senda Development has suffered abandonment and deterioration for over 25 years, rendering it unusable at this time. - The wastewater from La Senda development is being collected by means of the sanitary sewer system, but the WWTP is not performing the necessary treatment, causing the waters to overflow near the protection zone of the Poás River and subsequently flow into its channel. - There are complaints from neighbors, who have turned to ASADA Tacares, AyA, the Municipality of Poás, the Ministry of Health, and even the Environmental Administrative Tribunal. - The property where the WWTP is located was not transferred to the Municipality of Poás, nor to any water operating entity, so it remains in the name of the Neighborhood Association. - Neither the developer of the Development nor the Neighborhood Association carried out a reception procedure before AyA, ASADA, or the Municipality to hand over the operation of the sanitation system to an authorized operating entity; instead, the neighborhood association performed that function for several years.
The reception procedure for a sanitation system is an obligation of whoever develops a residential complex, as it is the only way to be released from their responsibility to operate and maintain the system they built. - If an ASADA receives the potable water system of a new development, it is also obligated to receive the sanitation system, following the procedures and regulations established for that purpose. - The GAR division has conducted visits and preliminary analyses of the rehabilitation works required for the proper functioning of the La Senda sanitation system."
SECOND: That for scheduling reasons it is agreed to reschedule the proceeding for the 6th day of the month of May of the year 2025 at 8:30 a.m. at the headquarters of the Environmental Administrative Tribunal. (…)” (The bold and underline belong to the original). See folios 164 to 167 of the administrative file.
Drafted by Judge Sánchez Navarro; and,
Considering:
I.Preliminary matter. Before resolving what is appropriate in law, it must be noted that case file no. 25-024012-0007-CO was consolidated into this proceeding, through which a report was requested from the following respondent authorities: the president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the president of the Environmental Administrative Tribunal, and the director of the Área Rectora de Salud de Poás, which is why they are considered respondent authorities; as well as the appellants who filed said amparo appeal. Therefore, each of the actions of the respondent authorities will be analyzed based on the allegations made by the appellants.
II.Regarding the exception to Article 41 of the Political Constitution (Constitución Política). Before analyzing the merits of the matter—due to the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure—it must be clarified that, beginning with judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has remitted to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the timeframes established by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve through a final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in this appeal, a case of exception is raised because it concerns a complaint in the area of the environment and public health related to a wastewater treatment plant that has not received adequate maintenance.
For this reason, said waters are directly discharged into the Poás River, causing contamination in its channel and affecting the circulating ecosystem, which is why this Chamber will assess possible delays in resolving this type of proceeding. With this point clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
III.Object of the appeal. The appellants state that they are residents of the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. In this regard, they indicate that said residential development was established 25 years ago and has a wastewater treatment plant; however, they allege that it has not received adequate maintenance, for which reason said waters are directly discharged into the Poás River, causing contamination in its channel and affecting the circulating ecosystem. They maintain that said exposed problem has caused a proliferation of pests, such as mosquitoes that transmit diseases like dengue, and has generated nauseating odors that affect the quality of life of all residents. They affirm that they have filed the corresponding complaints before the respondent authorities; however, they complain that the situation does not improve. They consider that the foregoing harms their fundamental rights, therefore they request the intervention of this Chamber.
The appellants are residents of the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela (an undisputed fact); The La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, is a social welfare project developed approximately 25 years ago, in which a wastewater treatment plant was built in order to provide the water treatment service for the residents of said residential development (see report rendered under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); The residents of the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, organized themselves to create the Asociación de Bienestar Social La Senda (see report rendered under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).
Regarding the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
On January 12, 2021, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados conducted a visit to the wastewater treatment plant of the La Senda residential development; from said inspection, official letter no. GSD-UEN-GAR-2021-00159 was issued, which stated: “4. Conclusions As a result of the visit made and the information provided by the ASADA and the neighborhood association, the following is concluded: • The WWTP (PTAR) of the La Senda Residential Development shows signs of abandonment, with serious damage to its structures and problems of operation and maintenance. • The visited sanitation system gives off bad odors that reach some of the nearby homes, likewise, the WWTP effluent is observed to be cloudy. • Some structures are found destroyed, and, therefore, out of operation. Other units are not being used for the function for which they were designed. • The Asociación de Bienestar Social La Senda does not have the economic or technical means to make the improvements that the WWTP currently requires. • The ASADA Tacares Sur does not have the economic means to make the improvements that the WWTP currently requires, nor could it carry out a reception process due to the malfunctioning of the system. 5.
Recommendations It is recommended to inform the Environmental Tribunal about the observed situation and provide any additional information that may be required” (see report rendered under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and evidence provided); On February 10, 2023, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados conducted a visit to the wastewater treatment plant of the La Senda residential development; from said inspection, official letter no. GSD-UEN-GAR-2023-A was issued, which stated: “4. Conclusions As a result of the visit made and the information provided by the ASADA and the neighborhood association, the following is concluded: • The WWTP of the La Senda Residential Development shows signs of abandonment, with serious damage to its structures and problems of operation and maintenance. • The visited sanitation system gives off bad odors that reach some of the nearby homes, likewise, the WWTP effluent is observed to be cloudy. • Some structures are found destroyed, and, therefore, out of operation.
Other units are not being used for the function for which they were designed. • The Asociación de Bienestar Social La Senda does not have the economic or technical means to make the improvements that the WWTP currently requires. • The ASADA Tacares Sur does not have the economic means to make the improvements that the WWTP currently requires, nor could it carry out a reception process due to the malfunctioning of the system. • The sewer system must be analyzed in depth to determine possible leaks or maintenance. 5. Recommendations Due to the above, it is recommended to design a proposal for the treatment of wastewater adapted to the social, environmental, economic, and technical needs of the community with a preliminary budget so that the community can seek funds from different entities and in this way have access to proper sanitation” (see report rendered under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and evidence provided); Through official letter no. GSD-UEN-GAR-2023-B, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proceeded to detail a design proposal for a new wastewater treatment plant, in which the following was detailed: “3.3.
Preliminary Design Based on the parameters mentioned above and the necessary engineering criteria, the implementation of a new treatment train consisting of several components is suggested. The detailed treatment train is shown below: 1. Screening Pretreatment: To retain the largest solids and floating debris present in the wastewater. This helps protect downstream equipment and processes from blockages and damage. 2. Grit Chamber (Desarenador): To remove heavy sediments in order to reduce the organic load. 3. Upflow Anaerobic Reactor: The wastewater treated in previous stages enters an upflow anaerobic reactor. Here, microorganisms decompose the organic matter present in the water in the absence of oxygen. 4. Wetland (Humedal): The water treated in the anaerobic reactor flows to a wetland, and additional removal of contaminants, such as nutrients and organic compounds, occurs. 5. Sludge Drying Beds (Lechos de Secado de Lodos) for Sludge Extracted from the Reactor: The sludge generated in the treatment process in the reactor is dehydrated and dried through exposure to air and sun, which facilitates its handling and final disposal. 6.
Chlorination: As a final stage, after the wetland, the treated water undergoes a chlorination process to disinfect it and guarantee the elimination of pathogens and harmful microorganisms. Chlorination helps meet water quality standards before its possible reuse or discharge into the environment (...) 4. Conclusions • There is a preliminary design proposal, which responds to the need of the La Senda community, Poás de Alajuela, for wastewater treatment. • There is a detailed cost estimate, which does not correspond to a final design budget, but is sufficiently detailed to be presented to entities that may provide support to the community. 5. Recommendations • It is important to take into account that this budget is adapted to current market prices, so if too much time is waited to start the project, costs may vary. • It is recommended to analyze the current state of the sanitary sewer system, to know the design capacity and also its condition” (see report rendered under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and evidence provided); Through official letter no. GSD-UEN-GAR-2025-01361 of April 8, 2025, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados concluded: “• The sanitation system of the La Senda Residential Development has suffered abandonment and deterioration for more than 25 years, and is therefore unusable at this time. • The wastewater from the La Senda residential development is being collected through the sanitary sewer system, but the WWTP is not performing the necessary purification, so the waters overflow near the protection zone of the Poás River and subsequently flow into its channel. • There are complaints by residents, who have gone to the ASADA Tacares, AyA, the Municipality of Poás (Municipalidad de Poás), the Ministry of Health (Ministerio de Salud), and even to the Environmental Administrative Tribunal. • The property where the WWTP is located was not transferred to the Municipality of Poás, so it is still in the name of the neighborhood association. • Neither the developer of the Residential Development nor the neighborhood association carried out a reception procedure before AyA, ASADA, or Municipality to hand over the operation of the sanitation system to an authorized operating entity; rather, the neighborhood board performed that function for several years. • The GAR Directorate has conducted visits and preliminary analyses of the rehabilitation works required for the proper functioning of the La Senda sanitation system” (see report rendered under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and evidence provided).
Regarding the authorities of the Municipality of Poás:
Through official letter no. MPO-SCM-016-2016 of January 25, 2016, the secretary of the Council of the Municipality of Poás brought the following to the attention of the officials of the Municipal Works Commission (Comisión de Obras Municipal): “It is agreed: AGREEMENT No. 9355-01-2016 The Municipal Council of Poás, having knowledge of the note received from the Asociación para la Vivienda y Bienestar Social de Carrillos de Poás, addressed to this Municipal Council, regarding streets, walkways (alamedas), parks of the La Senda Residential Development, Carrillos de Poás, transfer a copy of this note to the Works Commission and its technical and legal advisors, so that they can technically and legally analyze the cited case and present a report in this regard. Notify the Works Commission and its technical and legal advisors, as well as the Mayor of this Municipality” (see evidence provided); Through official letter no. MPO-GDT-002-2017 of January 10, 2017, the heads of the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial) and Urban Management (Gestión Urbana) of the Municipality of Poás informed the Council as follows: “With receipts dated January 25 and 26, 2016, in the Urban Management and Road Management Departments, it being that unfortunately no follow-up was given in a timely manner to what was requested in the aforementioned agreement and that the Association is again managing the transfer of six areas, namely: two lots where the play areas are located, three walkways, and the main street area, described by plans No. A-891429-2003, A-889222-2003, A-888916-2003, A-891430-2003, A-888887-2003, and A-891431-2003: -two lots where the play areas are located -three walkways -main street area Leaving out the remainder of the Mother Property (Finca Madre) which corresponds to the area where the wastewater treatment plant is located, where the Association is responsible for administering it since the project began, and considering: a) there is approval by the Urban Planning Directorate (Dirección de Urbanismo) for the La Senda Residential Development dated March 17, 1999.
Annex 1 b) there is approval by the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica) of the Site Design of the La Senda Residential Development c) all the indicated plans are cadastrally registered d) the plans correspond to reality e) the accesses, walkways, and streets destined for public use are identified in the road shapefile (shp) according to what was established by the Public Roads Map (Mapa de Vías Públicas) that the National Cadastre (Catastro Nacional) has, made official through Decree 33797-MJ-MOPT and Notice No. 01-2011 IGN Officialization of the 2011 Basic Cartography f) there is an interest on the part of the Association to cede the area of walkways, parks, and roads g) there is Agreement 9355-01-2016 h) it is important that the walkways, parks, and roads, which have always been in use, with service and public benefit described in the respective plans, be duly transferred to the Municipality of Poás, to legalize their situation.
For all of the above, according to our technical criterion, it is advisable to regularize this legal situation of those lands and to materialize through a public deed the cession by the Association in favor of the Municipality of Poás of those areas” (see evidence provided); Through official letter no. MPO-ALM-564-2020, the mayor of the Municipality of Poás directed the complaint to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados as follows: “After a cordial greeting, I am forwarding a complaint made by the Área Rectora de Salud de Poás, against the Administrator of the Wastewater Treatment System (Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales) of the La SENDA Residential Development in Carrillos Bajo de Poás, for your information and in order to have the intervention of AyA, so that the ASADA of Tacares assumes its responsibility in this very delicate matter, which is reported to the Environmental Tribunal” (see evidence provided); In ordinary session no. 065-2022 of December 1, 2022, held by the Council of the Municipality of Poás, the existing problems of the treatment plant of the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela were discussed; the president of the Asociación para la Vivienda y Bienestar Social, la Lucha de Carrillos Bajo de Poás and the mayor of the Municipality of Poás participated in said discussion (see evidence provided).
Regarding the authorities of the Ministry of Health:
On May 22, 2014, the appellants filed a complaint before the Área Rectora de Poás regarding the treatment plant of the La Senda residential development (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On June 23, 2014, the authorities of the Área Rectora de Poás conducted an inspection of the site where the treatment plant of the La Senda residential development is located; from said visit, the following findings were issued: “-The first reception tank for wastewater does not have its two covers, as observed in the following figures. -The space for sludge drying was observed completely full, and the access gate is open and has no padlock. -At the time of the visit, no bad odors were perceived coming from the treatment system that were considered unbearable to remain in the place.” Furthermore, the following conclusions and recommendations were issued: “1.
In the wastewater treatment system of the La Senda Residential Development, adequate maintenance of the system's infrastructure was not observed; tanks do not have covers, the sludge drying lagoon is full, and access lacks a security padlock. It was not possible to observe evidence of the wastewater management and handling logbook (bitácora de manejo de aguas residuales), therefore, it violates the provisions of Article 41 of Decree No. 33601-MINAE-S, Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater (Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales), which establishes the following: '…Every generating entity must possess a foliated file that it will use as a Wastewater Management Logbook…' (...) 2. In the operational report for wastewater presented for the first semester of 2014, the BOD and COD parameters exceeded the maximum permitted limits. A corrective action plan is attached to the operational report; however, the proposed actions are not clear and are not considered viable to achieve lowering the parameters that exceed the limit.
Therefore, it violates what is cited in Decree No. 33601-MINAE-S Article 67 For failure to comply with parameters in state control (...) 3. Regarding what was reported about odors, it is concluded that at the time of the visit, no strong odors were perceived coming from the wastewater treatment system; however, it is considered important to follow up on the improvements that will be requested for the system in order to reduce the nuisance caused by odors to the neighbors and at the same time achieve compliance with the provisions of the current legislation regulating the activity. Based on the foregoing, the personnel who handled the complaint recommend: That the respective administrative act be issued, ordering Ms. [Name 098], representative of the wastewater treatment system and president of the Board of the La Senda Residential Development, within a period of 15 business days from notification, to proceed to: 1.
Make improvements to the treatment plant, such as placing the missing covers on the tanks, placing a security padlock on gates that lack one, cleaning the sludge drying area that is full, and cleaning the surroundings of the treatment system. 2. Proceed to present a copy of the Wastewater Management Logbook for the treatment system, which must comply with the aspects established by Article 41 of Decree No. 33601-MINAE-S. 3. Present a corrective action plan that includes a schedule of activities with realistic deadlines that clearly describes the actions taken immediately and the short- and medium-term actions to comply with the parameters that exceed the maximum limit permitted by Decree No. 33601-MINAE-S. Said plan must be approved by this Ministry” (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On June 30, 2014, the authorities of the Área Rectora de Poás issued sanitary order (orden sanitaria) no. CN-ARS-P-297-2014, which was notified to the appellant ([Name 098]) (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On June 7, 2015, the director of the Área Rectora de Poás met with the personnel of the Board of Directors of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On September 4, 2015, the authorities of the Área Rectora de Poás issued sanitary order no. 098-2015, which was notified to the president of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On September 23, 2016, the authorities of the Área Rectora de Poás issued sanitary order no. 144-2016, which was notified to the president of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On November 23, 2016, the president of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás presented the improvement plan (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On November 25, 2016, the authorities of the Área Rectora de Poás approved the improvement plan presented by the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On May 21, 2018, the authorities of the Área Rectora de Poás issued sanitary order no. 045-2018, which was notified to the president of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On March 11, 2020, the authorities of the Área Rectora de Poás conducted an inspection of the site where the treatment plant of the La Senda residential development is located; from said visit, the following findings were issued: "a.
There is a leak in the rectangular horizontal tank that constitutes the second stage of the system's treatment. This leak occurs in one of the walls and the spill stagnates in this sector of the plant, producing foul odors. b. There is an overflow in the biofilter that causes the waters to spill into the surrounding areas and be channeled (by the topography of the land) toward the Poás River. Foul odors also occur for this reason. c. In both cases, the spills occur before the waters are completely treated. d. There exists in the file of the La Senda Urbanization an operational report, received on September 5, 2019, which indicates that, due to non-compliance with the parameters for BOD, COD, TSS, and SAAM, studies were proposed and the improvements to rebuild the biofilter would take 6 months. Said schedule was approved on September 11, 2019. It should be noted that, on the day of the visit, 6 months had already passed since the approval of said remedial plan, and no repair has been observed.
The remedial plan only referred to the repair of the biofilter, because according to Mr. Guido, at that time the leak in the horizontal tank did not exist" (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On March 13, 2020, the authorities of the Poás Health Board (Área Rectora de Poás) issued sanitary order no. 023-2020, which was notified to the president of the Administrative Board (Junta Administrativa) of the La Senda Urbanization (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); By means of official letter no. MS-DRRSCN-DARSP-283-2020 of May 8, 2020, the director of the Poás Health Board filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) regarding the problems with the treatment plant of the La Senda urbanization. Said complaint was filed on May 16, 2020, and is being processed under file no. 128-20-02-TAA (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On October 4, 2022, the authorities of the Poás Health Board conducted an inspection of the site where the treatment plant of the La Senda urbanization is located, from which visit the following findings were issued: "The horizontal tank that constituted the second treatment stage, and that had leaks, as detailed in Technical Report MS-DRRSCN-DARSP-IT-053-2020, is not functioning because it is destroyed.
In Technical Report MS-DRRSCN-DARSP-IT-053-2020, the situation regarding the overflow in the biofilter was noted; however, currently there is not an overflow, but rather there is a pipe that does not discharge into this device, but instead goes directly to a ditch on the land that channels the wastewater toward the Poás River, without being completely treated beforehand. The remedial plan that had been submitted was not implemented and the current situation worsened, due to what was described above. With respect to what was noted in Technical Report MS-DRRSCN-DARSP-IT-101-2020, it was indicated that a new inspection should be carried out to verify the current situation of the second-stage horizontal treatment tank, but as noted in point 1 of this section, it no longer works within the system. The drying beds are not in operation and vegetation grew on the site." Based on the foregoing, it was concluded: "it is concluded that the Wastewater Treatment Plant of the La Senda Urbanization has not received improvements (the schedule was not implemented), so the situation that gave rise to the complaint before the Environmental Tribunal remains the same" (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided); On April 7, 2025, the authorities of the Poás Health Board conducted an inspection of the site where the treatment plant of the La Senda urbanization is located, from which visit the following findings were issued: "The horizontal tank is not functioning, because it is destroyed.
Regarding the biofilter, it does not work; rather, there is a pipe that does not discharge into this device, but instead goes directly to a ditch on the land that channels the wastewater toward the Poás River, without being completely treated beforehand. The situation worsened, due to what was described above and because the foul odors are evident. The drying beds are not in operation. Vegetation grew on the site and it is not maintained." Based on the foregoing, it was concluded: "it is concluded that the Wastewater Treatment Plant of the La Senda Urbanization has not received improvements (the schedule was not implemented), so the situation that gave rise to the complaint before the Environmental Tribunal remains the same and all stages of what was this wastewater treatment system do not work" (see reports rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided).
Regarding the authorities of the Administrative Environmental Tribunal:
By means of a resolution at 08:50 hours on November 17, 2021, the Administrative Environmental Tribunal declared the opening of the complaint filed by the Poás Health Board of the Ministry of Health against the Association for Housing and Social Welfare La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (Asociación para la Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás), and therefore convened an oral and public hearing for October 14, 2022 (see reports rendered under oath); By means of resolution no. 1348-22-TAA of October 14, 2022, the Administrative Environmental Tribunal suspended the hearing scheduled for that same day and it was rescheduled for November 18, 2022 (see reports rendered under oath); By means of resolution no. 1529-20-22-TAA of November 14, 2022, the Administrative Environmental Tribunal suspended the scheduled hearing and rescheduled it for June 30, 2023 (see reports rendered under oath); By means of resolution no. 890-2023-TAA of June 19, 2023, the Administrative Environmental Tribunal suspended the scheduled hearing and rescheduled it for September 29, 2023 (see reports rendered under oath); By means of resolution no. 1322-2023-TAA of September 22, 2023, the Administrative Environmental Tribunal suspended the scheduled hearing and rescheduled it for March 11, 2024 (see reports rendered under oath); By means of resolution no. 128-2024-TAA of March 5, 2024, the Administrative Environmental Tribunal suspended the scheduled hearing and rescheduled it for October 25, 2025 (see reports rendered under oath); By means of resolution no. 1180-2024-TAA of October 18, 2024, the Administrative Environmental Tribunal corrected resolution no. 128-2024-TAA of March 5, 2024, to indicate that the correct date for the rescheduling of the hearing was for October 25, 2024, but it was rescheduled for May 6, 2025 (see reports rendered under oath); By means of resolution no. 410-2025-TAA of April 29, 2025, the Administrative Environmental Tribunal suspended the scheduled hearing and rescheduled it for July 8, 2025 (see reports rendered under oath); By means of resolution no. 625-2025-TAA of June 10, 2025, the Administrative Environmental Tribunal suspended the scheduled hearing and rescheduled it for November 10, 2025 (see reports rendered under oath).
Regarding the authorities of the National Service for Groundwater, Risk, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento):
The authorities of the National Service for Groundwater, Risk, and Drainage indicated that, upon reviewing the hydrogeological vulnerability map of the canton of Poás, specifically the area of the La Senda Carrillos de Poás urbanization, they classified it as having intrinsic vulnerability—aquifer (acuífero) impact—in one sector as low, in another sector as high, and the aquifer recharge is unfavorable (see report rendered under oath and evidence provided).
IV.On the right to a healthy and ecologically balanced environment. It must first be indicated that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through international regulations applicable in Costa Rica. In this regard, in judgment no. 2006-005928 of 15:00 hours on May 2, 2006, reiterated in judgment no. 2023-008920 of 09:20 hours on April 21, 2023, this Tribunal resolved:
"The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that section of the political charter, the right to health finds its foundation, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Now then, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, constitutional article 50 expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Tribunal has resorted to the use of the notion of "environmental quality" as a parameter, precisely, of the quality of life of individuals, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations—principle of sustainable development—." Likewise, from article 50 of the Political Constitution derives the obligation of the State to protect the environment.
A rule that establishes to that effect: "The State shall seek the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimized to denounce the acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." This corroborates that the various public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment.
V.Coordination among public agencies for environmental protection. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that corresponds to everyone equally, that is, that there exists an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or inadequate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, the term public institution must be understood to include both the central and decentralized administration. This is why one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, since in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, in order to carry out the functions that have been entrusted to them.
This Chamber has previously—and quite clearly—referred to the principle of coordination among public agencies. Thus, coordination is the ordering of the relationships between these various independent activities, which takes charge of that concurrence in a single object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions with the larger public entity, it is not possible to impose certain behaviors on them, which gives rise to the essential inter-institutional "concert," in the strict sense, as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role in view of a mission entrusted to the others.
Thus, relationships with public powers can only be carried out on a level of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which allows subjecting the corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the State's administrative tutelage, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with general supervisory powers over the entire public sector) (see in that regard judgments no. 21258-2010 of 14:00 on November 22, 2010, no. 2913-2011 of 12:00 hours on March 4, 2011, and no. 2023-008920 of 09:20 hours on April 21, 2023).
VI.On the specific case. In the sub lite (case under consideration), the petitioners state that they are residents of the La Senda urbanization, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. In that regard, they point out that said urbanization was established 25 years ago and has a wastewater treatment plant; however, they allege that it has not received adequate maintenance, which is why said waters are discharged directly into the Poás River, causing contamination in its channel and affecting the circulating ecosystem. They maintain that the exposed problem has caused a proliferation of pests, such as mosquitoes that transmit diseases like dengue, and has generated nauseating odors that affect the quality of life of all residents. They affirm that they have filed the corresponding complaints before the respondent authorities; however, they reproach that the situation does not improve. They consider that the foregoing harms their fundamental rights, for which they request the intervention of the Chamber.
To facilitate the resolution of the specific case, the following recitals (considerandos) will separately analyze the actions of each of the respondent authorities:
On the actions of the Ministry of Health.
On this point, from the list of proven facts, it has been demonstrated that since 2014 they have had full knowledge of the problem that is the subject of this proceeding. In that line, note that on May 22, 2014, the petitioners filed a complaint before the Poás Health Board regarding the treatment plant of the La Senda urbanization. While it is evident that the authorities of the Poás Health Board have conducted various inspections in which they have evidenced the lack of maintenance of the treatment plant of the La Senda urbanization, which has caused the reported environmental contamination, specifically the spillage of wastewater into the Poás River and foul odors, it is recorded that they issued the following sanitary orders no. CN-ARS-P-297-2014, no. 098-2015, no. 144-2016, no. 045-2018, no. 023-2020 directed to the president of the Association for Housing and Social Welfare La Lucha de Carrillos Bajo de Poás; however, such measures were not complied with, which is why it was decided to file a complaint before the Administrative Environmental Tribunal, which is under processing in file no. 128-20-02-TAA.
Under this scenario, although it is verified that the authorities of the Ministry of Health took actions aimed at solving the problem, it is no less true that these have not been sufficient, with the aggravating factor that they have verified a failure to execute the full exercise of the powers that the law grants them to try to enforce the issued sanitary orders. The foregoing has undoubtedly caused a current persistence of uncontrolled contamination that affects the environment and the health of the inhabitants of the La Senda urbanization. Note that in the inspection carried out this year, specifically on April 7, 2025, it was recorded: "it is concluded that the Wastewater Treatment Plant of the La Senda Urbanization has not received improvements (the schedule was not implemented), so the situation that gave rise to the complaint before the Environmental Tribunal remains the same and all stages of what was this wastewater treatment system do not work." In this way, the flagrant violation of the fundamental rights of the residents of the mentioned community is accredited, and consequently, the appropriate action is to declare the remedy (recurso) with merit (con lugar el recurso) with respect to these authorities with the consequences ordered in the operative part.
On the actions of the Municipality of Poás.
In this regard, from the analysis of the report rendered by the authorities of the Municipality of Poás, it is evident that they have full knowledge of the problem that is the subject of this proceeding; however, they base their inaction on a lack of competence to address the situation because they are not the operator of the treatment plant and they point out that it is the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). In that sense, for the resolution of this aspect of the remedy, it is relevant to bring up what was resolved by this Chamber in judgment no. 2020-018888 of 09:15 hours on October 2, 2020, reiterated in judgment no. 2025-023963 of 09:15 hours on August 1, 2025, by means of which the issue of the abandonment of the landfill in question and its consequences have been discussed:
"the constitutional transcendence is limited to verifying whether the respondent authorities have been diligent in attending to and finally solving said environmental problem, which, as is easily verifiable, has not been the case. Apart from the above, the attitude assumed by the municipality of Cartago is unacceptable, since, although it no longer deposits waste at the place of controversy, it cannot ignore that it must act in protection of the fundamental rights of its residents. Attention to the citizens of its canton is unavoidable over any conflict…". Furthermore, it cannot ignore that "…This Tribunal has recognized that local corporations have, within the scope of their powers and obligations, a high degree of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements is demanded that accredit before other public authorities adequate environmental management, or through regular inspections and channeling of risk situations before the authorities with greater competence for intervention.
It has already been established that local governments are subject to the obligation of coordination and prevention in environmental matters within their territorial jurisdiction, from which it follows that municipalities are certainly important actors in the task of environmental protection. As indicated supra, not only that council, but all the other respondent authorities, have broad powers of action, and although they are subject to legality and reasonableness, the truth is that considering that it is a threat to the environment and public health, legality and formalisms are displaced" (the highlighting does not belong to the original).
Based on the foregoing, it must be reiterated that the respondent municipality has an obligation of coordination and prevention in environmental matters within its territorial jurisdiction, which is why the argument presented in the report rendered for the resolution of this proceeding is not acceptable, given that they have refused to execute mitigation or prevention measures for the benefit of the inhabitants of the La Senda urbanization, despite the fact that the abandoned condition of the treatment plant has been duly proven, which constitutes an imminent danger to public health, which persists uncontrollably. Additionally, it is appropriate to reiterate to them the obligations derived from what is contemplated in articles 169 and 170 of the Political Constitution regarding the fact that municipalities are responsible for the administration of local services and interests, in order to promote the integral development of the cantons in harmony with national development; as well as to ensure the rights of their residents so that they cannot remain inert when their residents' fundamental rights are affected, as happens in the specific case. Consequently, declare the remedy with merit with respect to these authorities with the consequences ordered in the operative part.
On the actions of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.
On this point, from the analysis of the reports rendered by the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, it is evident that they have full knowledge of the problem that is the subject of this proceeding; however, they base their inaction on the fact that they do not have a record of the data of the development managed, reviewed, or approved regarding the La Senda urbanization project; likewise, they are not the operator of said treatment plant.
Now then, for the analysis of this part of the remedy, it is relevant to remind the respondent institute of its obligation to ensure the protection of a healthy and ecologically balanced environment, which undoubtedly includes the proper collection, treatment, and final disposal of wastewater. In that sense, it is established by the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados), Law no. 2726, specifically in its articles 1 and 2:
"ARTICLE 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting the planning, financing, and development, and of resolving everything related to the supply of potable water and the collection and evacuation of sewage (aguas negras) and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm sewer systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is created, as an autonomous institution of the State.
ARTICLE 2.- The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for:
Under no concept may it delegate the administration of the aqueduct and sanitary sewer systems of the Metropolitan Area.
Nor may it delegate the administration of systems for which there is financial responsibility and while this corresponds directly to the Institute.
The institution is authorized to agree with local organizations on the administration of such services, or to administer them through administrative boards (juntas administradoras) of mixed integration between the Institute and the respective communities, whenever this is suitable for the better provision of services and in accordance with the respective regulations.
For the same reasons and with the same characteristics, regional administrative boards involving several municipalities may also be created; h) Enforcing the General Law of Potable Water, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the ministries and municipalities indicated in said law; i) Constructing, expanding, and reforming aqueduct and sewer systems in those cases where it is necessary and the better satisfaction of national needs so advises; and j) Controlling the adequate investment of all resources that the State allocates for sanitary aqueduct and sewer works.
(*)k) The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is authorized to formalize, through an inter-institutional agreement with municipal corporations, the construction, expansion, and rehabilitation of works for the supply of potable water and sewer service, in order to provide those services in those areas where the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers does not have coverage in certain zones, or, having it, cannot provide the service due to constructive limitations of the system, but where there is technically availability of the water resource.
The preliminary studies and the constructive plans for the different potable water and sewer systems, carried out by the municipalities, must have prior approval in their technical and design aspects from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, to ensure their incorporation into the systems that the Institute already has in operation, once the works are completed, in accordance with subsection b).
Municipalities are authorized to prepare, by themselves or through third parties, the constructive plans for the aqueduct and sewer systems.
Once the work constructed by the municipal corporation is received to the satisfaction of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the corresponding item must be incorporated into the service tariff to make full payment in favor of the municipal corporation, for the work previously approved by the AyA, as well as the cost of expropriations and constitution of easements (servidumbres) necessary for the construction and operation of the system. Both the work and the lands shall become part of the assets of the AyA. The tariff model for the payment of the work must be approved by the Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Aresep).
(*) (Subsection k) above thus added by article 1 of Law to Allow Municipalities the Construction of Aqueduct and Sewer Works, No. 10595 of November 11, 2024)" (the highlighting does not belong to the original).
From the analysis of the aforementioned regulations, the duty of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to exercise, in a coordinated manner, the matter of collection, treatment, and final disposal of wastewater, in order to ensure the respective effectiveness and efficiency, is verified. Despite the foregoing, from the list of proven facts, it is accredited that they have full knowledge of the existence of the environmental problem caused by the treatment plant since 2021, given that through official letter no. GSD-UEN-GAR-2021-00159 it was recorded in what is relevant: "The visited sanitation system emits foul odors that reach some of the nearby homes; likewise, the effluent from the WWTP appears turbid. • Some structures are found destroyed, and, therefore, out of operation. Other units are not being used for the function for which they were designed"; through official letter no. GSD-UEN-GAR-2023-A it was detailed: "The WWTP of the La Senda Urbanization shows signs of abandonment, with serious damage to its structures and operational and maintenance problems." • The visited sanitation system emits foul odors that reach some of the nearby dwellings; likewise, the effluent from the wastewater treatment plant (PTAR) appears turbid.
Some structures are found destroyed, and, therefore, out of operation. Other units are not being used for the function for which they were designed (…) it is recommended to design a wastewater treatment proposal tailored to the social, environmental, economic, and technical needs of the community, with a preliminary budget so that the community can seek funds from different entities and thus have access to proper sanitation”; and by means of official letter no. GSD-UEN-GAR-2025-01361, it was indicated: “The sanitation system of the La Senda Urbanization has suffered abandonment and deterioration for more than 25 years, and it is therefore unusable at this time. The wastewater from the La Senda urbanization is being collected by means of a sanitary sewer system, but the PTAR is not performing the necessary treatment, so the waters overflow near the protection zone of the Poás River and subsequently flow into its channel.” However, no action can be observed within the scope of their competences to attempt to mitigate, in a coordinated manner with the various respective authorities, the collection, treatment, and final disposal of the wastewater, which represents a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment of the petitioners and the residents of the La Senda urbanization. Consequently, the appeal is declared with merit regarding these authorities, with the consequences set forth in the operative part.
Regarding the actions of the National Service for Groundwater, Risk, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riesgo y Avenamiento) and the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo).
Finally, regarding the authorities of the National Service for Groundwater, Risk, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento) and the Environmental Administrative Tribunal, there is no reason to uphold the appeal against them, as the petitioners do not attribute any omission to them.
VII.Conclusion. By virtue of the foregoing considerations and based on the evidentiary elements contained in the case file, it is appropriate to partially grant this amparo appeal, with the consequences set forth in the operative part.
VIII.Note by Judge Salazar Alvarado. I consider that in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. Nevertheless, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the petitioner claims to have reported, to the respondent authorities, the problem of untreated sewage (aguas negras) being discharged into the Poás River, generating contamination of the channel, the proliferation of pests, and the emission of foul odors, without it allegedly having been properly addressed, which affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life of the petitioners and other residents of the community.
IX.Partial dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a term of six months, counted from the notification of this judgment, a definitive solution is provided to the proven environmental and public health problem regarding the wastewater treatment plant in the La Senda urbanization, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. Instead, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code in matters of enforcement (article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal (Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the rules of judgment enforcement of said Code.
X.Documentation submitted to the case file. The petitioners are warned that if they have submitted any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is partially granted, solely against the authorities of the Ministry of Health, the Municipality of Poás, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). It is ordered to Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as acting minister, and to Gabriela Miranda Murillo, in her capacity as director of the Poás Health Governing Area, both of the Ministry of Health; to Roy Chaves Gómez, in his capacity as acting president of the Council, to Heibel Antonio Rodríguez Araya, in his capacity as mayor, and to Mariam Lawrence Álvarez, in her capacity as person in charge of Territorial Management, all of the Municipality of Poás de Alajuela; to Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president, to María Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager, and to Alejandro Calderón Acuña, in his capacity as assistant manager of GAM System Management, all of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or to whoever occupies those positions in their stead, to IMMEDIATELY, upon notification of this judgment, jointly and in a coordinated manner, take the necessary measures to temporarily ensure that there are no health impacts on the people residing in the La Senda urbanization, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, while a definitive solution to the problem that is the subject of this proceeding is provided.
Likewise, the said authorities are ordered to coordinate among themselves what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their competences so that, within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, a definitive solution is provided to the proven environmental and public health problem regarding the wastewater treatment plant in the La Senda urbanization, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. The respondent authorities are warned that, should they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished.
The Municipality of Poás, the State, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado records a note. Judge Garro Vargas issues a dissenting vote regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, orders that it must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the enforcement rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent so that the enforcement procedures for this ruling may commence. As for the authorities of the National Service for Groundwater, Risk, and Drainage and the Environmental Administrative Tribunal, the appeal is dismissed. Notify.- Paul Rueda L. Acting President Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
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Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
034701-2025. PODER EJECUTIVO. MUNICIPALIDAD. ACUSAN QUE SON VECINOS DE LA URBANIZACIÓN LA SENDA, CARRILLOS BAJO DE POÁS EN ALAJUELA Y QUE DICHA URBANIZACIÓN NO HA RECIBIDO MANTENIMIENTO ADECUADO DE SU PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS AFECTANDO AL RÍO POÁS. CON LUGAR ÚNICAMENTE Y ORDENANDO A LA MINISTRA Y A LA DIRECTORA DEL ÁREA DE SALUD DE POÁS DEL MINISTERIO DE SALUD, AL ALCALDE Y LA GESTORA TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POAS DE ALAJUELA Y A LA PRESIDENTA EJECUTIVA, GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE DE GESTIÓN DE SISTEMA GAM DEL AYA QUE DE FORMA INMEDIATA, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, DE MANERA CONJUNTA Y COORDINADA, DISPONGAN LO NECESARIO PARA ASEGURAR TEMPORALMENTE QUE NO HAYAN AFECTACIONES A LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LA URBANIZACIÓN LA SENDA, CARRILLOS BAJO DE POÁS, ALAJUELA, MIENTRAS SE DA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTE PROCESO.
ASIMISMO, SE LES ORDENA A DICHAS AUTORIDADES QUE COORDINEN ENTRE SÍ LO NECESARIO, GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SENTENCIA, SE BRINDE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DE SALUBRIDAD ACREDITADA RESPECTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA URBANIZACIÓN LA SENDA, CARRILLOS BAJO DE POÁS, ALAJUELA. VCG11/2025 “(…) VI.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, los recurrentes manifiestan que son vecinos de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. En ese sentido, señalan que dicha urbanización fue establecida desde hace 25 años y cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, acusan que no ha recibido el mantenimiento adecuado, motivo por el cual dichas aguas son vertidas de forma directa en el río Poás provocando contaminación en su cauce y afectando el ecosistema circulante.
Sostienen que dicha problemática expuesta ha causado proliferación de plagas, como mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, y ha generado olores nauseabundos que afectan la calidad de vida de todos los residentes. Afirman que han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades recurridas; no obstante, reprochan que la situación no mejora. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales, por lo que solicitan la intervención de la Sala.
Para facilitar la resolución del caso concreto en los siguientes considerandos se analizará de forma separada el actuar de cada una de las autoridades recurridas:
Sobre las actuaciones del Ministerio de Salud.
Sobre el particular, del elenco de hechos probados, se tiene por demostrado que desde el 2014 tienen pleno conocimiento de la problemática objeto de este proceso. En esa línea, véase que el 22 de mayo de 2014, los recurrentes presentaron una denuncia ante el Área Rectora de Poás por la planta de tratamiento de la urbanización La Senda. Si bien, se desprende que las autoridades del Área Rectora de Poás han realizado diversas inspecciones en las cuales han evidenciado la falta de mantenimiento de la planta de tratamiento de la urbanización La Senda lo que ha provocado la contaminación ambiental denunciada, sea el derrame de las aguas residuales al río Poás y los malos olores. Por lo anterior, consta que emitieron las siguientes órdenes sanitarias nro. CN-ARS-P-297-2014, nro. 098-2015, nro. 144-2016, nro. 045-2018, nro. 023-2020 dirigidas al presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás; sin embargo, tales medidas no fueron cumplidas, motivo por el cual se decidió interponer una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, la cual se encuentra en trámite bajo el expediente nro. 128-20-02-TAA.
Bajo este panorama, si bien se comprueba que las autoridades del Ministerio de Salud efectuaron acciones destinadas a solventar la problemática, no menos cierto es que no han sido suficientes, con el agravante de que han comprobado una omisión en ejecutar el pleno ejercicio de las facultades que la ley les otorga para tratar de hacer cumplir las órdenes sanitarias dictadas. Lo anterior, sin duda ha provocado que en la actualidad persista una contaminación descontrolada que afecta al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la urbanización La Senda. Véase que en la inspección que se llevó a cabo en este año, específicamente el 7 de abril de 2025, se consignó: “se concluye que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización La Senda no ha recibido mejoras (el cronograma no fue implementado), por lo que la situación que originó la denuncia ante el Tribunal Ambiental sigue igual y todas las etapas del que fue este sistema de tratamiento de aguas residuales no funcionan”. De ese modo, se acredita la violación flagrante a los derechos fundamentales de los vecinos de la comunidad mencionada y, en consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a estas autoridades con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Poás.
Al respecto, del análisis del informe rendido por parte de las autoridades de la Municipalidad de Poás se desprende que tienen pleno conocimiento de la problemática objeto de este proceso; no obstante, sustentan su inacción en una falta de competencia para abordar la situación por no ser el operador de la planta de tratamiento y señalan que es responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En ese sentido, para la resolución de este extremo del recurso, resulta relevante traer a colación lo resuelto por esta Sala en la sentencia nro. 2020-018888 de las 09:15 horas del 2 de octubre de 2020, reiterada en la sentencia nro. 2025-023963 de las 09:15 horas del 1 de agosto de 2025, por medio de las cuales se han discutido el tema del abandono del relleno sanitario en cuestión y sus consecuencias:
“la trascendencia constitucional se limita en verificar si las autoridades accionadas han sido diligentes en atender y solventar finalmente dicha problemática ambiental, que como es fácilmente constatable, no ha sido así. Aparte de lo anterior, es inaceptable la actitud asumida por el ayuntamiento de Cartago, pues, aunque ya no deposite los desechos el lugar de controversia, no puede obviar que debe acudir en tutela de los derechos fundamentales de sus munícipes. Es insoslayable la atención a la ciudadanía de su cantón por encima de cualquier conflicto …”. Además, no puede obviar que“…Este Tribunal ha reconocido que las corporaciones locales tienen, dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta cuota de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención.
Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente. Como se indicó supra, no solo ese cabildo, sino todas las demás autoridades recurridas, cuentan con amplias facultades de actuación, y si bien se encuentran sujetas a la legalidad y la razonabilidad, lo cierto es que teniendo en cuenta que se trata de una amenaza al medio ambiente y a la salud pública, la legalidad y los formalismos se ven desplazados” (el resaltado no pertenece al original).
A partir de lo expuesto, se debe reiterar que la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental que posee el municipio accionado dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, motivo por el cual no es de recibo el argumento expuesto en el informe rendido para la resolución de este proceso, toda vez que se han negado a ejecutar medidas de mitigación o prevención en beneficio de los habitantes de la urbanización La Senda, a pesar de que ha sido debidamente comprobado la condición de abandono de la planta de tratamiento lo que significa un inminente peligro a la salud pública, el cual persistente de forma descontrolado. Adicionalmente, conviene reiterarles las obligaciones derivadas de lo contemplando en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política respecto a que a las municipalidades les corresponde la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional; así como también velar por los derechos de sus munícipes de manera que no puede permanecer inerte, cuando a los munícipes se les afectan derechos fundamentales como sucede en el caso concreto. En consecuencia, declarar con lugar el recurso en cuanto a estas autoridades con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
Sobre las actuaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Sobre el particular, del análisis de los informes rendidos por parte de las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se desprende que tienen pleno conocimiento de la problemática objeto de este proceso; no obstante, sustentan su inacción respecto a que no cuentan con un registro de los datos del desarrollo gestionado, revisado o aprobado en cuanto al proyecto de la urbanización La Senda; así como tampoco son el operador de dicha planta de tratamiento.
Ahora bien, para el análisis del presente extremo del recurso, resulta relevante recordarle al instituto recurrido su obligación de velar por la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado lo que indudablemente incluye la debida recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. En ese sentido, lo establece la propia Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, Ley nro. 2726, específicamente en sus artículos 1 y 2:
“ARTICULO 1º.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.
ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.
Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.
Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos.
Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades; h) Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley; i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario.
(*)k) Se autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que formalice, mediante convenio interinstitucional con las corporaciones municipales, la construcción, ampliación y rehabilitación de obras para el suministro de agua potable y servicio de alcantarillado, con el fin de proporcionar esos servicios en aquellas zonas en donde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no tenga cobertura en determinadas zonas o que teniendo, no pueda brindar el servicio por limitaciones constructivas del sistema, pero que técnicamente existe disponibilidad del recurso hídrico.
Los estudios previos y los planos de las obras constructivas de los diferentes sistemas de agua potable y alcantarillado, que lleven a cabo las municipalidades, deben contar con la aprobación previa en sus aspectos técnicos y de diseño por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para asegurar su incorporación a los sistemas que ya tenga en operación el Instituto, una vez concluidas las obras, de conformidad con el inciso b).
Se autoriza a las municipalidades para que elaboren, por sí mismas o terceros, los planos constructivos de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
Una vez recibida a satisfacción la obra que construye la corporación municipal, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe incorporarse en la tarifa del servicio el rubro correspondiente para efectuar el pago íntegro a favor de la corporación municipal, por la obra previamente aprobada por el Ay A, así como el costo de las expropiaciones y constitución de servidumbres necesarias para la construcción y operación del sistema. Tanto la obra como los terrenos pasarán a formar parte del patrimonio del AyA. El modelo tarifario para el pago de la obra debe ser aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
(*) (Así adicionado el inciso k) anterior por el artículo 1° de la Ley para permitir a las municipalidades la construcción de obra de acueducto y alcantarillado, N° 10595 del 11 de noviembre de 2024)” (el resaltado no pertenece al original).
Del análisis de la normativa supracitada, se comprueba el deber del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en ejercer de forma coordinada la materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales para asegurar así la eficacia y eficiencia respectiva. A pesar de lo anterior, del elenco de hechos probados, se acredita que tienen pleno conocimiento respecto a la existencia de la problemática ambiental provocada por la planta de tratamiento desde el 2021, toda vez que por medio del oficio nro. GSD-UEN-GAR-2021-00159 se consignó en lo que interesa: “El sistema de saneamiento visitado despide malos olores que llegan hasta algunas de las viviendas cercanas, así mismo, el efluente de la PTAR se observa turbio. • Algunas estructuras de encuentras destruidas, y, por lo tanto, fuera de operación. Otras unidades no se están utilizando para la función que fueron diseñadas”; a través del oficio nro. GSD-UEN-GAR-2023-A se detalló: “La PTAR de la Urbanización La Senda presenta signos de abandono, con daños graves en sus estructuras y problemas de operación y mantenimiento. • El sistema de saneamiento visitado despide malos olores que llegan hasta algunas de las viviendas cercanas, así mismo, el efluente de la PTAR se observa turbio.
Algunas estructuras de encuentras destruidas, y, por lo tanto, fuera de operación. Otras unidades no se están utilizando para la función que fueron diseñada (…) se recomienda diseñar una propuesta de tratamiento de las aguas residuales adaptada a las necesidades sociales, ambientales, económicas y técnicas de la comunidad con un presupuesto preliminar para que la comunidad pueda buscar fondos en diferentes entidades y de esta manera tengan acceso a un correcto saneamiento”; y mediante el oficio nro. GSD-UEN-GAR-2025-01361 se indicó: “El sistema de saneamiento de la Urbanización La Senda ha sufrido abandono y deterioro por más de 25 años, por lo que se encuentra inutilizable en este momento. Las aguas residuales de la urbanización La Senda están siendo recolectadas por medio de alcantarillado sanitario, pero la PTAR no está ejerciendo la depuración necesaria, por lo que las aguas se rebalsan cerca de la zona de protección del Río Poás y posteriormente fluyen hacia el cauce del mismo”.
Sin embargo, no se logra observar alguna acción dentro del ámbito de sus competencias para tratar de mitigar de forma coordinada con las diversas instancias respectivas la recolección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales lo que representa un quebranto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los recurrentes y los vecinos de la urbanización La Senda. En consecuencia, declarar con lugar el recurso en cuanto a estas autoridades con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
Sobre las actuaciones del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo.
Finalmente, en cuanto a las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo no hay motivo para estimar el recurso en su contra pues los recurrentes no les atribuyen ninguna omisión.
VII.Conclusión. En mérito de las anteriores consideraciones y con sustento en los elementos probatorios que constan en el expediente, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el presente recurso de amparo, con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva. (…)”
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) IV.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia nro. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, reiterada en la sentencia nro. 2023-008920 de las 09:20 horas del 21 de abril de 2023, este Tribunal resolvió:
“El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública.
En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible– ”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes".
Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)” VCG11/2025 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Coordinación Subtemas:
NO APLICA.
PRINCIPIO DE COORDINACIÓN “(…) V.- La coordinación entre las dependencias públicas, para la protección del medio ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la administración central, como la descentralizada. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas.
Esta Sala con anterioridad -y en forma bastante clara- se ha referido al principio de coordinación de las dependencias públicas. De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, con el ente público mayor, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible “concierto” interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros.
Así, las relaciones con los poderes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la tutela administrativa del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector público) (ver en ese sentido las sentencias nro. 21258-2010 de las 14:00 del 22 de noviembre de 2010, nro. 2913-2011 de las 12:00 horas del 4 de marzo de 2011 y nro. 2023-008920 de las 09:20 horas del 21 de abril de 2023). (…)” VCG11/2025 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
VIII.Nota del magistrado Salazar Alvarado. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante las autoridades recurridas, la problemática de aguas negras que son vertidas al Río Poás, generando la contaminación del cauce, la proliferación de plagas y la emisión de malos olores, sin que presuntamente haya sido debidamente atendida, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida de los recurrentes y demás vecinos de la comunidad.
VCG11/2025 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 056- Ejecución de sentencias Subtemas:
NO APLICA.
IX.Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución definitiva a la problemática ambiental y de salubridad acreditada en cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
VCG11/2025 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], [Valor 001], [Nombre 002], [Valor 002], [Nombre 003], [Valor 003], [Nombre 004], [Valor 004], [Nombre 005], [Valor 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Valor 006], [Nombre 008], [Valor 007], [Nombre 009], [Valor 008], [Nombre 010], [Valor 009], [Nombre 011], [Valor 010], [Nombre 012], [Valor 011], [Nombre 013], [Valor 012], [Nombre 014], [Valor 013], [Nombre 015], [Valor 014], [Nombre 016], [Valor 015], [Nombre 017], [Nombre 018], [Valor 016], [Nombre 019], [Nombre 020], [Valor 017], [Nombre 021], [Valor 018], [Nombre 022], [Valor 019], [Nombre 023], [Valor 020], [Nombre 024], [Valor 021], [Nombre 025], [Valor 022], [Nombre 026], [Valor 023], [Nombre 027], [Valor 024], [Nombre 028], [Valor 025], [Nombre 029], [Valor 026], [Nombre 030], [Valor 027], [Nombre 031], [Valor 028], [Nombre 032], [Valor 029], [Nombre 033], [Valor 030], [Nombre 034], [Nombre 035], [Valor 031], [Nombre 036], [Valor 032], [Nombre 037], [Valor 033], [Nombre 038], [Valor 034], [Nombre 039], [Valor 035], [Nombre 040], [Valor 036], [Nombre 041], [Valor 037], [Nombre 042], [Valor 038], [Nombre 043], [Valor 039], [Nombre 044], [Valor 040], [Nombre 045], [Valor 041], [Nombre 046], [Valor 042], [Nombre 047], [Valor 043], [Nombre 048], [Valor 044], [Nombre 049], [Valor 045], [Nombre 050], [Valor 046], [Nombre 051], [Valor 047], [Nombre 052], [Nombre 053], [Valor 048], [Nombre 054], [Valor 049], [Nombre 055], [Nombre 056], [Valor 050], [Nombre 057], [Valor 051], [Nombre 058], [Valor 052], [Nombre 059], [Valor 053], [Nombre 060], [Valor 054], [Nombre 061], [Valor 055], [Nombre 062], [Valor 056], [Nombre 063], [Valor 057], [Nombre 064], [Valor 058], [Nombre 001], [Valor 001], [Nombre 065], [Valor 059], [Nombre 066], [Valor 060], [Nombre 067], [Valor 061], [Nombre 068], [Valor 062], [Nombre 069], [Valor 063], [Nombre 070], [Valor 064], [Nombre 071], [Valor 065], [Nombre 072], [Valor 066], [Nombre 073], [Valor 067], [Nombre 074], [Valor 068], [Nombre 075], [Valor 069], [Nombre 076], [Valor 070], [Nombre 077], [Valor 071], [Nombre 078], [Valor 072], [Nombre 079], [Valor 073], [Nombre 080], [Valor 074], [Nombre 081], [Valor 075], [Nombre 082], [Valor 076], [Nombre 083], [Valor 077], [Nombre 084], [Valor 078], [Nombre 085], [Valor 079], [Nombre 086], [Valor 080], [Nombre 087], [Valor 081], [Nombre 088], [Valor 082], [Nombre 089], [Valor 083], [Nombre 090], [Valor 088], [Nombre 091], [Valor 085], [Nombre 092], [Valor 086], [Nombre 093], [Valor 087], [Nombre 094], [Valor 089], [Nombre 095], [Valor 090], [Nombre 096], [Valor 091] y [Nombre 097], [Valor 092], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD, EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO, LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.
Resultando:
Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,
Considerando:
I.Cuestión preliminar. De previo a resolver lo que en derecho corresponde, se debe advertir que a este proceso se acumuló el expediente nro. 25-024012-0007-CO a través del cual se requirió informe a las siguientes autoridades recurridas: al presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al presidente del Tribunal Ambiental Administrativo y a la directora del Área Rectora de Salud de Poás, motivo por el cual se tienen como autoridades recurridas; así como los recurrentes que interpusieron dicho recurso de amparo. Por lo anterior, se procederá analizar cada una de las actuaciones de las autoridades recurridas a partir de los alegatos expuestos por los recurrentes.
II.Sobre la excepción al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción pues se trata de denuncia en materia de ambiente y de salubridad pública relacionada a una planta de tratamiento de aguas residuales que no ha recibido el mantenimiento adecuado, motivo por el cual dichas aguas son vertidas de forma directa en el río Poás provocando contaminación en su cauce y afectando el ecosistema circulante, por lo que esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de este tipo de gestión. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
III.Objeto del recurso. Los recurrentes manifiestan que son vecinos de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. En ese sentido, señalan que dicha urbanización fue establecida desde hace 25 años y cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, acusan que no ha recibido el mantenimiento adecuado, motivo por el cual dichas aguas son vertidas de forma directa en el río Poás provocando contaminación en su cauce y afectando el ecosistema circulante. Sostienen que dicha problemática expuesta ha causado proliferación de plagas, como mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, y ha generado olores nauseabundos que afectan la calidad de vida de todos los residentes. Afirman que han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades recurridas; no obstante, reprochan que la situación no mejora. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales, por lo que solicitan la intervención de la Sala.
IV.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Los recurrentes son vecinos de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela (hecho incontrovertido); La urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela se trata de un proyecto de bien social desarrollado hace aproximadamente 25 años, en la cual se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales a efectos de brindar el servicio de tratamiento de agua para los habitantes de dicha urbanización (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); Los vecinos de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela se organizaron para crear la Asociación de Bienestar Social La Senda (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).
En cuanto a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
El 12 de enero de 2021, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados efectuaron una visita a la planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización La Senda, de dicha inspección se emitió el oficio nro. GSD-UEN-GAR-2021-00159 donde se consignó: “4. Conclusiones A raíz de la visita efectuada y la información brindada por la ASADA y la asociación de vecinos, se concluye lo siguiente: • La PTAR de la Urbanización La Senda presenta signos de abandono, con daños graves en sus estructuras y problemas de operación y mantenimiento. • El sistema de saneamiento visitado despide malos olores que llegan hasta algunas de las viviendas cercanas, así mismo, el efluente de la PTAR se observa turbio. • Algunas estructuras de encuentras destruidas, y, por lo tanto, fuera de operación. Otras unidades no se están utilizando para la función que fueron diseñadas. • La Asociación de Bienestar Social La Senda no cuenta con los medios económicos o técnicos para realizar las mejoras que la PTAR requiere en la actualidad. • La ASADA Tacares Sur no cuenta con los medios económicos para realizar las mejoras que la PTAR requiere en la actualidad, ni podría realizar un proceso de recepción debido al mal funcionamiento del sistema. 5.
Recomendaciones Se recomienda informar al Tribunal Ambiental acerca de la situación observada y brindar cualquier información adicional que se requiera” (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y pruebas aportadas); El 10 de febrero de 2023, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados efectuaron una visita a la planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización La Senda, de dicha inspección se emitió el oficio nro. GSD-UEN-GAR-2023-A donde se consignó: “4. Conclusiones A raíz de la visita efectuada y la información brindada por la ASADA y la asociación de vecinos, se concluye lo siguiente: • La PTAR de la Urbanización La Senda presenta signos de abandono, con daños graves en sus estructuras y problemas de operación y mantenimiento. • El sistema de saneamiento visitado despide malos olores que llegan hasta algunas de las viviendas cercanas, así mismo, el efluente de la PTAR se observa turbio. • Algunas estructuras de encuentras destruidas, y, por lo tanto, fuera de operación.
Otras unidades no se están utilizando para la función que fueron diseñadas. • La Asociación de Bienestar Social La Senda no cuenta con los medios económicos o técnicos para realizar las mejoras que la PTAR requiere en la actualidad. • La ASADA Tacares Sur no cuenta con los medios económicos para realizar las mejoras que la PTAR requiere en la actualidad, ni podría realizar un proceso de recepción debido al mal funcionamiento del sistema. • El sistema de alcantarillado debe ser analizado en profundidad para determinar posibles fugas o mantenimiento. 5. Recomendaciones Debido a lo anterior se recomienda diseñar una propuesta de tratamiento de las aguas residuales adaptada a las necesidades sociales, ambientales, económicas y técnicas de la comunidad con un presupuesto preliminar para que la comunidad pueda buscar fondos en diferentes entidades y de esta manera tengan acceso a un correcto saneamiento” (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y pruebas aportadas); Mediante oficio nro. GSD-UEN-GAR-2023-B, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados procedieron a detallar una propuesta de diseño de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, en el cual se detalló: “3.3.Diseño preliminar Basándose en los parámetros mencionados anteriormente y los criterios ingenieriles necesarios, se sugiere la implementación de un nuevo tren de tratamiento que consta de varios componentes.
El tren de tratamiento detallado se muestra a continuación: 1. Pretratamiento de Rejillas: Para retener los sólidos más grandes y los desechos flotantes presentes en el agua residual. Esto ayuda a proteger los equipos y procesos posteriores de obstrucciones y daños. 2. Desarenador: Para eliminar sedimentos pesados con el fin de reducir la carga orgánica. 3. Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente: El agua residual tratada en etapas anteriores ingresa a un reactor anaerobio de flujo ascendente. Aquí, los microorganismos descomponen la materia orgánica presente en el agua en ausencia de oxígeno. 4. Humedal: El agua tratada en el reactor anaerobio fluye hacia un humedal y se da la remoción adicional de contaminantes, como nutrientes y compuestos orgánicos. 5. Lechos de Secado de Lodos extraídos del Reactor: Loss lodos generados en el proceso de tratamiento en el reactor se deshidratan y secan mediante la exposición al aire y al sol, lo que facilita su manejo y disposición final. 6.
Cloración: Como última etapa, luego del humedal, el agua tratada se somete a un proceso de cloración para desinfectarla y garantizar la eliminación de patógenos y microorganismos perjudiciales. La cloración ayuda a cumplir con los estándares de calidad del agua antes de su posible reutilización o descarga al medio ambiente (…) 4. Conclusiones • Se cuenta con una propuesta de diseño preliminar, que responde a la necesidad de la comunidad La Senda, Poás de Alajuela para el tratamiento de aguas residuales. • Se cuenta con una estimación de costos detallada, la cual no corresponde a presupuesto de diseño final, pero es suficientemente detallada para ser presentada a los entes que puedan dar el apoyo a la comunidad. 5. Recomendaciones • Es importante tomar en cu8enta que este presupuesto está adaptado a los precios del mercado actual, por lo que si se espera mucho tiempo para iniciar el proyecto los cotos pueden variar. • Se recomienda analizar el estado actual del alcantarillado sanitario, para saber la capacidad de diseño y además el estado de este” (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y pruebas aportadas); Mediante oficio nro. GSD-UEN-GAR-2025-01361 del 8 de abril de 2025, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados concluyeron: “• El sistema de saneamiento de la Urbanización La Senda ha sufrido abandono y deterioro por más de 25 años, por lo que se encuentra inutilizable en este momento. • Las aguas residuales de la urbanización La Senda están siendo recolectadas por medio de alcantarillado sanitario, pero la PTAR no está ejerciendo la depuración necesaria, por lo que las aguas se rebalsan cerca de la zona de protección del Río Poás y posteriormente fluyen hacia el cauce del mismo. • Existen denuncias por parte de los vecinos, quienes han acudido a la ASADA Tacares, AyA, Municipalidad de Poás, Ministerio de Salud e incluso al Tribunal Ambiental Administrativo. • La propiedad donde se encuentra la PTAR no fue traspasada a la Municipalidad de Poás, por lo que aún se encuentra a nombre de la Asociación de vecinos. • Ni el desarrollador de la Urbanización ni la Asociación de vecinos realizaron un procedimiento de recepción ante AyA, ASADA o Municipalidad para entregar la operación del sistema de saneamiento a un ente operador autorizado, sino que la junta de vecinos realizó esa función por varios años. • La dirección GAR ha realizado visitas y análisis preliminares de las obras de rehabilitación requeridas para el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento La Senda” (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y pruebas aportadas).
En cuanto a las autoridades de la Municipalidad de Poás:
Por medio del oficio nro. MPO-SCM-016-2016 del 25 de enero de 2016, la secretaria del Concejo de la Municipalidad de Poás puso en conocimiento de los funcionarios de la Comisión de Obras Municipal lo siguiente: “Se acuerda: ACUERDO N° 9355-01-2016 El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento de la nota recibida por parte de la Asociación para la Vivienda y Bienestar Social de Carrillos de Poás, dirigida a este Concejo Municipal, sobre calles, alamedas, parques de la Urbanización La Senda, Carrillos de Poás, trasladar copia de esta nota a la Comisión de Obras y sus asesores técnico y legal, para que analicen técnica y legalmente el citado caso y presenten un informe al respecto. Notifíquese a la Comisión de Obras y sus asesores técnico y legal, así como al Alcalde de esta Municipalidad” (ver prueba aportada); Por medio del oficio nro. MPO-GDT-002-2017 del 10 de enero de 2017, los encargados de la Unidad Técnica de Gestión Vial y de la Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás le informaron al Concejo lo siguiente: “Con acuses de recibido el 25 y 26 de enero del 2016, en los Departamentos de Gestión Urbana y Gestión Vial, siendo que lamentablemente no se brindó seguimiento en tiempo y oportunidad a lo solicitado en el acuerdo en marras y que nuevamente la Asociación está gestionando el traspaso de seis áreas a saber: dos lotes donde se ubican las áreas de juego, tres alamedas y el área de la calle principal, descrita por los planos No. A-891429-2003, A-889222-2003, A-888916-2003, A-891430-2003, A-888887-2003 y A-891431-2003: -dos lotes donde se ubican las áreas de juego -tres alamedas -área de la calle principal Quedando por fuera el residual de la Finca Madre que corresponde al área donde se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales, donde la Asociación es la responsable de administrarla desde que se inició el proyecto y considerando: a) existe la aprobación por la Dirección de Urbanismo la Urbanización la Senda con fecha del 17 de marzo de 1999.
Anexo 1 b) existe la aprobación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica del Diseño de Sitio de la Urbanización la Senda c) todos los planos señalados están catastrados d) los planos corresponden a la realidad e) los accesos de alamedas y calles destinadas al uso público se encuentran identificadas en el shp de vías conforme lo estableció el Mapa de Vías Públicas con cuenta el Catastro Nacional oficializado mediante el Decreto 33797-MJ-MOPT y Aviso N° 01-2011 IGN Oficializado de la Cartografía Básica 2011 f) existe el interés de la Asociación de ceder el área de alamedas, parques y caminos g) existe el acuerdo 9355-01-2016 h) es importante que las alamedas, parques y caminos, siempre han estado de uso, con servicio y beneficio público descrito en los planos respectivos serán debidamente traspasados a la Municipalidad de Poás, para legalizar su situación. Por todo lo anterior, según nuestro criterio técnico es conveniente regularizar esta situación legal de esos terrenos y se concrete mediante escritura pública la cesión por parte de la Asociación a favor de la Municipalidad de Poás de esas áreas” (ver prueba aportada); Por medio del oficio nro. MPO-ALM-564-2020, el alcalde de la Municipalidad de Poás dirigió la denuncia ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de la siguiente manera: “Después de un cordial saludo, remito denuncia realizada por parte del Área Rectora de Salud de Poás, contra el Administrador del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización la SENDA en Carrillos Bajo de Poás, para su información y con el fin de contar con la intervención del AyA, para que la ASADA de Tacares, asuma su responsabilidad en este asunto tan delicado, el cual se encuentra denunciado del Tribunal Ambiental” (ver prueba aportada); En la sesión ordinaria nro. 065-2022 del 1 de diciembre de 2022, celebrada por parte del Concejo de la Municipalidad de Poás se discutió la problemática existente de la planta de tratamiento de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, en dicha discusión participó el presidente de la Asociación para la Vivienda y Bienestar Social, la Lucha de Carrillos Bajo de Poás y el alcalde de la Municipalidad de Poás (ver prueba aportada).
En cuanto a las autoridades del Ministerio de Salud:
El 22 de mayo de 2014, los recurrentes presentaron una denuncia ante el Área Rectora de Poás por la planta de tratamiento de la urbanización La Senda (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 23 de junio de 2014, las autoridades del Área Rectora de Poás realizaron una inspección al sitio donde se ubica la planta de tratamiento de la urbanización La Senda, de dicha visita se emitieron los siguientes hallazgos: “-El primer tanque de recepción de las aguas residuales no posee sus dos tapas, como se observa en las siguientes figuras. -El espacio para el secado de lodos se observó completamente llena y el portón de acceso se encuentra abierto y no posee candado. -Al momento de la visita no se percibieron malos olores provenientes del sistema de tratamiento que se consideraran insoportables para permanecer en el lugar”. Además, se emitieron las siguientes conclusiones y recomendaciones: “1.
En el sistema de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización La Senda no se observó un adecuado mantenimiento de la infraestructura del sistema; tanques no poseen tapas, laguna de secado de lodos se encuentra llena y acceso está sin candado de seguridad. No se logró observar la evidencia de la bitácora de mantenimiento y manejo de aguas residuales, por lo que se incumple con lo que indica el artículo 41 del Decreto N° 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y reúso de aguas residuales, el cual establece lo siguiente: “…Todo ente generador deberá poseer un expediente foliado que utilizará como Bitácora de Manejo de Aguas Residuales…” (…) 2. El reporte operacional de aguas residuales presentado del primer semestre del año 2014, los parámetros de DBO y DQO sobrepasaron los límites máximo permitido. Se adjunta plan de acciones correctivas en el reporte operacional, sin embargo las acciones propuestas no son claras ni se consideran viables para lograr bajar los parámetros que sobrepasan el límite.
Por tanto, se incumple con lo que cita el Decreto N° 33601-MINAE-S artículo 67 Por incumplimiento de parámetros en el control estatal (…) 3. En cuanto a lo denunciado por olores, se concluye que al momento de la visita no se percibieron olores fuertes que provengan del sistema de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, se considera importante dar seguimiento a las mejoras que se van a solicitar al sistema para así disminuir las molestias por los olores de parte de los vecinos y logrando a la vez cumplir con lo establecido en la legislación vigente que regula la actividad. Por lo anterior expuesto el personal que atendió la denuncia recomienda: Se dicte el respectivo acto administrativo, donde se le ordene a la Sra. [Nombre 098], representante del sistema de tratamiento de aguas residuales y presidenta de la Junta de la Urbanización La Senda en un plazo de 15 días hábiles a partir de su notificación, proceda a: 1.
Realizar las mejoras a la planta de tratamiento, como la colocación de las tapas faltantes a los tanques, colocar candado de seguridad a los portones que estén sin el mismo, limpiar el área de secado de lodos que se encuentre lleno y limpiar los alrededores del sistema de tratamiento. 2. Proceda a presentar una copia de la Bitacora de Manejo de Aguas Residuales del sistema de tratamiento, la cual deberá cumplir con los aspectos que establece el artículo 41 del Decreto N° 33601-MINAE-S. 3. Presentar un plan de acciones correctivas que incluya, un cronograma de actividades con plazos reales que describa claramente las acciones tomadas de manera inmediata y las acciones de corto y mediano plazo para el cumplimiento de los parámetros que sobrepasan el límite máximo permitido por el Decreto N° 33601-MINAE-S. Dicho plan deberá ser aprobado por este Ministerio” (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 30 de junio de 2014, las autoridades del Área Rectora de Poás emitieron la orden sanitaria nro. CN-ARS-P-297-2014, la cual fue notificada a la recurrente ([Nombre 098]) (ver informe rendido bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 7 de junio de 2015, la directora del Área Rectora de Poás se reunió con el personal de la Junta Directiva de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 4 de setiembre de 2015, las autoridades del Área Rectora de Poás emitieron la orden sanitaria nro. 098-2015, la cual fue notificada al presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 23 de setiembre de 2016, las autoridades del Área Rectora de Poás emitieron la orden sanitaria nro. 144-2016, la cual fue notificada al presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 23 de noviembre de 2016, el presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás presentó el plan de mejoras (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 25 de noviembre de 2016, las autoridades del Área Rectora de Poás aprobaron el plan de mejoras presentado por la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 21 de mayo de 2018, las autoridades del Área Rectora de Poás emitieron la orden sanitaria nro. 045-2018, la cual fue notificada al presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 11 de marzo de 2020, las autoridades del Área Rectora de Poás realizaron una inspección al sitio donde se ubica la planta de tratamiento de la urbanización La Senda, de dicha visita se emitieron los siguientes hallazgos: “a.
Existe una fuga en el tanque horizontal rectangular que constituye la segunda etapa del tratamiento del sistema. Esta fuga se presenta en una de las paredes y el derrame se estanca en este sector de la planta produciendo malos olores. b. Se presenta un rebalse en el biofiltro que ocasiona que las aguas se derramen por los alrededores y sean conducidas (por la topografía del terreno) hacía el Río Poás. También se presentan malos olores por este motivo. c. En ambos casos, los derrames ocurren antes de que las aguas se encuentren tratadas por completo. d. Existe en el expediente de la Urbanización La Senda, un reporte operacional con fecha de recibido del 5 de setiembre del 2019, indica que, debido al incumplimiento de los parámetros de DBO, DQO, SST y SAAM, se planteaba la realización de estudios y las mejoras para reconstruir el biofiltro era de 6 meses. Dicho cronograma se aprueba el 11 de setiembre del 2019.
Cabe señalar que, al día de la visita, ya han pasado 6 meses de la aprobación de dicho plan remedial y no se observa ninguna reparación realizada. En el plan remedial, solamente se hizo alusión a la reparación del biofiltro, porque según señala don Guido, en ese momento no existía la fuga en el tanque horizontal” (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 13 de marzo de 2020, las autoridades del Área Rectora de Poás emitieron la orden sanitaria nro. 023-2020, la cual fue notificada al presidente de la Junta Administrativa de la Urbanización La Senda (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); Mediante oficio nro. MS-DRRSCN-DARSP-283-2020 del 8 de mayo de 2020, la directora del Área Rectora de Poás formuló una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo por la problemática respecto a la planta de tratamiento de la urbanización La Senda.
Dicha denuncia se presentó el 16 de mayo de 2020 y se encuentra en trámite bajo el expediente nro. 128-20-02-TAA (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 4 de octubre de 2022, las autoridades del Área Rectora de Poás realizaron una inspección al sitio donde se ubica la planta de tratamiento de la urbanización La Senda, de dicha visita se emitieron los siguientes hallazgos: “El tanque horizontal que constituía segunda etapa de tratamiento, y que tenía fugas, según se detalló en el Informe Técnico MS-DRRSCN-DARSP-IT-053-2020, no se encuentra funcionando debido a que se encuentra destruido. En el Informe Técnico MS-DRRSCN-DARSP-IT-053-2020, se señaló la situación sobre rebalse en el biofiltro, sin embargo, actualmente no es un rebalse lo que hay, sin más bien hay una tubería que no tiene salida a este dispositivo, sino que va directo a una zanja en el terreno que conduce las aguas residuales hacia el Río Poás, sin ser previamente tratadas por completo.
El plan remedial que habían presentado, no se implementó y la situación actual empeoró, por lo antes descrito. Con respecto a lo señalado en el Informe Técnico MS-DRRSCN-DARSP-IT-101-2020, se indicó que debía realizar una nueva inspección para verificar la situación actual del tanque horizontal de segunda etapa de tratamiento, pero como fue señalado en el punto 1 de este apartado, el mismo ya no trabaja en el sistema. Los lechos de secado no están en funcionamiento y en el sitio creció vegetación”. Por lo anterior, se concluyó: “se concluye que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización La Senda no ha recibido mejoras (el cronograma no fue implementado), por lo que la situación que originó la denuncia ante el Tribunal Ambiental sigue igual” (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 7 de abril de 2025, las autoridades del Área Rectora de Poás realizaron una inspección al sitio donde se ubica la planta de tratamiento de la urbanización La Senda, de dicha visita se emitieron los siguientes hallazgos: “El tanque horizontal no se encuentra funcionando, debido a que se encuentra destruido.
Sobre el biofiltro, este no funciona, más bien hay una tubería que no tiene salida a este dispositivo, sino que va directora a una zanja en el terreno que conduce las aguas residuales hacia el Río Poás, sin ser previamente tratadas por completo. La situación empeoró, por lo antes descrito y porque los malos olores son evidentes. Los lechos de secado no están en funcionamiento. En el sitio creció vegetación y no se le da mantenimiento”. Por lo anterior, se concluyó: “se concluye que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización La Senda no ha recibido mejoras (el cronograma no fue implementado), por lo que la situación que originó la denuncia ante el Tribunal Ambiental sigue igual y todas las etapas del que fue este sistema de tratamiento de aguas residuales no funcionan” (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada).
En cuanto a las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo:
Mediante resolución de las 08:50 horas del 17 de noviembre de 2021, el Tribunal Ambiental Administrativo declaró la apertura de la denuncia presenta por el Área Rectora de Poás del Ministerio de Salud contra la Asociación para la Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás, por lo anterior convocó a audiencia oral y pública para el 14 de octubre de 2022 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 1348-22-TAA del 14 de octubre de 2022, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada para este mismo y fue reprogramada para el 18 de noviembre de 2022 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 1529-20-22-TAA del 14 de noviembre de 2022, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 30 de junio de 2023 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 890-2023-TAA del 19 de junio de 2023, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 29 de setiembre de 2023 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 1322-2023-TAA del 22 de setiembre de 2023, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 11 de marzo de 2024 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 128-2024-TAA del 5 de marzo de 2024, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 25 de octubre de 2025 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 1180-2024-TAA del 18 de octubre de 2024, el Tribunal Ambiental Administrativo corrigió la resolución nro. 128-2024-TAA del 5 de marzo de 2024 para indicar que la fecha correcta de la reprogramación de la audiencia era para el 25 de octubre de 2024, pero se reprogramó para el 6 de mayo de 2025 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 410-2025-TAA del 29 de abril de 2025, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 8 de julio de 2025 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 625-2025-TAA del 10 de junio de 2025, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 10 de noviembre de 2025 (ver informes rendidos bajo juramento).
En cuanto a las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento:
Las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento indicaron que, al revisar el mapa de vulnerabilidad hidrogeológica del cantón de Poás, específicamente la zona de la urbanización La Senda Carrillos de Poás, la cual clasificaron como vulnerabilidad intrínseca -afectación del acuífero- en un sector baja, en otro sector alta y la recarga acuífera es desfavorable (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).
IV.Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia nro. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, reiterada en la sentencia nro. 2023-008920 de las 09:20 horas del 21 de abril de 2023, este Tribunal resolvió:
“El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública.
En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible– ”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes".
Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
V.La coordinación entre las dependencias públicas, para la protección del medio ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la administración central, como la descentralizada. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas.
Esta Sala con anterioridad -y en forma bastante clara- se ha referido al principio de coordinación de las dependencias públicas. De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, con el ente público mayor, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible “concierto” interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros.
Así, las relaciones con los poderes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la tutela administrativa del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector público) (ver en ese sentido las sentencias nro. 21258-2010 de las 14:00 del 22 de noviembre de 2010, nro. 2913-2011 de las 12:00 horas del 4 de marzo de 2011 y nro. 2023-008920 de las 09:20 horas del 21 de abril de 2023).
VI.Sobre el caso concreto. En el sub lite, los recurrentes manifiestan que son vecinos de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. En ese sentido, señalan que dicha urbanización fue establecida desde hace 25 años y cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, acusan que no ha recibido el mantenimiento adecuado, motivo por el cual dichas aguas son vertidas de forma directa en el río Poás provocando contaminación en su cauce y afectando el ecosistema circulante. Sostienen que dicha problemática expuesta ha causado proliferación de plagas, como mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, y ha generado olores nauseabundos que afectan la calidad de vida de todos los residentes. Afirman que han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades recurridas; no obstante, reprochan que la situación no mejora. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales, por lo que solicitan la intervención de la Sala.
Para facilitar la resolución del caso concreto en los siguientes considerandos se analizará de forma separada el actuar de cada una de las autoridades recurridas:
Sobre las actuaciones del Ministerio de Salud.
Sobre el particular, del elenco de hechos probados, se tiene por demostrado que desde el 2014 tienen pleno conocimiento de la problemática objeto de este proceso. En esa línea, véase que el 22 de mayo de 2014, los recurrentes presentaron una denuncia ante el Área Rectora de Poás por la planta de tratamiento de la urbanización La Senda. Si bien, se desprende que las autoridades del Área Rectora de Poás han realizado diversas inspecciones en las cuales han evidenciado la falta de mantenimiento de la planta de tratamiento de la urbanización La Senda lo que ha provocado la contaminación ambiental denunciada, sea el derrame de las aguas residuales al río Poás y los malos olores. Por lo anterior, consta que emitieron las siguientes órdenes sanitarias nro. CN-ARS-P-297-2014, nro. 098-2015, nro. 144-2016, nro. 045-2018, nro. 023-2020 dirigidas al presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás; sin embargo, tales medidas no fueron cumplidas, motivo por el cual se decidió interponer una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, la cual se encuentra en trámite bajo el expediente nro. 128-20-02-TAA.
Bajo este panorama, si bien se comprueba que las autoridades del Ministerio de Salud efectuaron acciones destinadas a solventar la problemática, no menos cierto es que no han sido suficientes, con el agravante de que han comprobado una omisión en ejecutar el pleno ejercicio de las facultades que la ley les otorga para tratar de hacer cumplir las órdenes sanitarias dictadas. Lo anterior, sin duda ha provocado que en la actualidad persista una contaminación descontrolada que afecta al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la urbanización La Senda. Véase que en la inspección que se llevó a cabo en este año, específicamente el 7 de abril de 2025, se consignó: “se concluye que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización La Senda no ha recibido mejoras (el cronograma no fue implementado), por lo que la situación que originó la denuncia ante el Tribunal Ambiental sigue igual y todas las etapas del que fue este sistema de tratamiento de aguas residuales no funcionan”. De ese modo, se acredita la violación flagrante a los derechos fundamentales de los vecinos de la comunidad mencionada y, en consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a estas autoridades con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Poás.
Al respecto, del análisis del informe rendido por parte de las autoridades de la Municipalidad de Poás se desprende que tienen pleno conocimiento de la problemática objeto de este proceso; no obstante, sustentan su inacción en una falta de competencia para abordar la situación por no ser el operador de la planta de tratamiento y señalan que es responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En ese sentido, para la resolución de este extremo del recurso, resulta relevante traer a colación lo resuelto por esta Sala en la sentencia nro. 2020-018888 de las 09:15 horas del 2 de octubre de 2020, reiterada en la sentencia nro. 2025-023963 de las 09:15 horas del 1 de agosto de 2025, por medio de las cuales se han discutido el tema del abandono del relleno sanitario en cuestión y sus consecuencias:
“la trascendencia constitucional se limita en verificar si las autoridades accionadas han sido diligentes en atender y solventar finalmente dicha problemática ambiental, que como es fácilmente constatable, no ha sido así. Aparte de lo anterior, es inaceptable la actitud asumida por el ayuntamiento de Cartago, pues, aunque ya no deposite los desechos el lugar de controversia, no puede obviar que debe acudir en tutela de los derechos fundamentales de sus munícipes. Es insoslayable la atención a la ciudadanía de su cantón por encima de cualquier conflicto …”. Además, no puede obviar que“…Este Tribunal ha reconocido que las corporaciones locales tienen, dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta cuota de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención.
Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente. Como se indicó supra, no solo ese cabildo, sino todas las demás autoridades recurridas, cuentan con amplias facultades de actuación, y si bien se encuentran sujetas a la legalidad y la razonabilidad, lo cierto es que teniendo en cuenta que se trata de una amenaza al medio ambiente y a la salud pública, la legalidad y los formalismos se ven desplazados” (el resaltado no pertenece al original).
A partir de lo expuesto, se debe reiterar que la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental que posee el municipio accionado dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, motivo por el cual no es de recibo el argumento expuesto en el informe rendido para la resolución de este proceso, toda vez que se han negado a ejecutar medidas de mitigación o prevención en beneficio de los habitantes de la urbanización La Senda, a pesar de que ha sido debidamente comprobado la condición de abandono de la planta de tratamiento lo que significa un inminente peligro a la salud pública, el cual persistente de forma descontrolado. Adicionalmente, conviene reiterarles las obligaciones derivadas de lo contemplando en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política respecto a que a las municipalidades les corresponde la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional; así como también velar por los derechos de sus munícipes de manera que no puede permanecer inerte, cuando a los munícipes se les afectan derechos fundamentales como sucede en el caso concreto. En consecuencia, declarar con lugar el recurso en cuanto a estas autoridades con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
Sobre las actuaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Sobre el particular, del análisis de los informes rendidos por parte de las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se desprende que tienen pleno conocimiento de la problemática objeto de este proceso; no obstante, sustentan su inacción respecto a que no cuentan con un registro de los datos del desarrollo gestionado, revisado o aprobado en cuanto al proyecto de la urbanización La Senda; así como tampoco son el operador de dicha planta de tratamiento.
Ahora bien, para el análisis del presente extremo del recurso, resulta relevante recordarle al instituto recurrido su obligación de velar por la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado lo que indudablemente incluye la debida recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. En ese sentido, lo establece la propia Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, Ley nro. 2726, específicamente en sus artículos 1 y 2:
“ARTICULO 1º.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.
ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.
Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.
Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos.
Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades; h) Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley; i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario.
(*)k) Se autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que formalice, mediante convenio interinstitucional con las corporaciones municipales, la construcción, ampliación y rehabilitación de obras para el suministro de agua potable y servicio de alcantarillado, con el fin de proporcionar esos servicios en aquellas zonas en donde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no tenga cobertura en determinadas zonas o que teniendo, no pueda brindar el servicio por limitaciones constructivas del sistema, pero que técnicamente existe disponibilidad del recurso hídrico.
Los estudios previos y los planos de las obras constructivas de los diferentes sistemas de agua potable y alcantarillado, que lleven a cabo las municipalidades, deben contar con la aprobación previa en sus aspectos técnicos y de diseño por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para asegurar su incorporación a los sistemas que ya tenga en operación el Instituto, una vez concluidas las obras, de conformidad con el inciso b).
Se autoriza a las municipalidades para que elaboren, por sí mismas o terceros, los planos constructivos de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
Una vez recibida a satisfacción la obra que construye la corporación municipal, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe incorporarse en la tarifa del servicio el rubro correspondiente para efectuar el pago íntegro a favor de la corporación municipal, por la obra previamente aprobada por el Ay A, así como el costo de las expropiaciones y constitución de servidumbres necesarias para la construcción y operación del sistema. Tanto la obra como los terrenos pasarán a formar parte del patrimonio del AyA. El modelo tarifario para el pago de la obra debe ser aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
(*) (Así adicionado el inciso k) anterior por el artículo 1° de la Ley para permitir a las municipalidades la construcción de obra de acueducto y alcantarillado, N° 10595 del 11 de noviembre de 2024)” (el resaltado no pertenece al original).
Del análisis de la normativa supracitada, se comprueba el deber del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en ejercer de forma coordinada la materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales para asegurar así la eficacia y eficiencia respectiva. A pesar de lo anterior, del elenco de hechos probados, se acredita que tienen pleno conocimiento respecto a la existencia de la problemática ambiental provocada por la planta de tratamiento desde el 2021, toda vez que por medio del oficio nro. GSD-UEN-GAR-2021-00159 se consignó en lo que interesa: “El sistema de saneamiento visitado despide malos olores que llegan hasta algunas de las viviendas cercanas, así mismo, el efluente de la PTAR se observa turbio. • Algunas estructuras de encuentras destruidas, y, por lo tanto, fuera de operación. Otras unidades no se están utilizando para la función que fueron diseñadas”; a través del oficio nro. GSD-UEN-GAR-2023-A se detalló: “La PTAR de la Urbanización La Senda presenta signos de abandono, con daños graves en sus estructuras y problemas de operación y mantenimiento. • El sistema de saneamiento visitado despide malos olores que llegan hasta algunas de las viviendas cercanas, así mismo, el efluente de la PTAR se observa turbio.
Algunas estructuras de encuentras destruidas, y, por lo tanto, fuera de operación. Otras unidades no se están utilizando para la función que fueron diseñada (…) se recomienda diseñar una propuesta de tratamiento de las aguas residuales adaptada a las necesidades sociales, ambientales, económicas y técnicas de la comunidad con un presupuesto preliminar para que la comunidad pueda buscar fondos en diferentes entidades y de esta manera tengan acceso a un correcto saneamiento”; y mediante el oficio nro. GSD-UEN-GAR-2025-01361 se indicó: “El sistema de saneamiento de la Urbanización La Senda ha sufrido abandono y deterioro por más de 25 años, por lo que se encuentra inutilizable en este momento. Las aguas residuales de la urbanización La Senda están siendo recolectadas por medio de alcantarillado sanitario, pero la PTAR no está ejerciendo la depuración necesaria, por lo que las aguas se rebalsan cerca de la zona de protección del Río Poás y posteriormente fluyen hacia el cauce del mismo”.
Sin embargo, no se logra observar alguna acción dentro del ámbito de sus competencias para tratar de mitigar de forma coordinada con las diversas instancias respectivas la recolección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales lo que representa un quebranto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los recurrentes y los vecinos de la urbanización La Senda. En consecuencia, declarar con lugar el recurso en cuanto a estas autoridades con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
Sobre las actuaciones del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo.
Finalmente, en cuanto a las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo no hay motivo para estimar el recurso en su contra pues los recurrentes no les atribuyen ninguna omisión.
VII.Conclusión. En mérito de las anteriores consideraciones y con sustento en los elementos probatorios que constan en el expediente, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el presente recurso de amparo, con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
VIII.Nota del magistrado Salazar Alvarado. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante las autoridades recurridas, la problemática de aguas negras que son vertidas al Río Poás, generando la contaminación del cauce, la proliferación de plagas y la emisión de malos olores, sin que presuntamente haya sido debidamente atendida, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida de los recurrentes y demás vecinos de la comunidad.
IX.Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución definitiva a la problemática ambiental y de salubridad acreditada en cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
X.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra las autoridades del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Poás y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se le ordena a Mariela de los Ángeles Marín Mena, en su condición de ministra a. i. y a Gabriela Miranda Murillo, en su condición de directora del Área Rectora de Salud Poás, ambas del Ministerio de Salud; a Roy Chaves Gómez, en su condición de presidente a. i. del Concejo, a Heibel Antonio Rodríguez Araya, en su condición de alcalde, y a Mariam Lawrence Álvarez, en su condición de encarga de Gestión Territorial, todos de la Municipalidad de Poás de Alajuela; a Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva, a María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general, y a Alejandro Calderón Acuña, en su condición de subgerente de Gestión de Sistema GAM, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que de forma INMEDIATA, a partir de la notificación de esta sentencia, de manera conjunta y coordinada, dispongan lo necesario para asegurar temporalmente que no hayan afectaciones a la salud de las personas que habitan en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, mientras se da una solución definitiva del problema objeto de este proceso.
Asimismo, se les ordena a dichas autoridades que coordinen entre sí lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se brinde una solución definitiva a la problemática ambiental y de salubridad acreditada respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. Se advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Poás, al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. En cuanto a las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo se desestima el recurso. Notifíquese.- Paul Rueda L.
Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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