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Res. 34701-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/10/2025
OutcomeResultado
The Chamber ordered the Ministry of Health, the Municipality of Poás, and AyA to protect community health immediately and definitively resolve the plant's environmental and public-health problems within six months, while denying the claim against SENARA and the Environmental Administrative Tribunal.La Sala ordenó al Ministerio de Salud, la Municipalidad de Poás y el AyA proteger inmediatamente la salud de la comunidad y resolver definitivamente en seis meses la problemática ambiental y sanitaria de la planta, pero desestimó el amparo contra SENARA y el Tribunal Ambiental Administrativo.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted an amparo filed by residents of the La Senda residential development concerning the abandonment and deterioration of its wastewater treatment plant. The evidence established that the system was not providing the necessary treatment, wastewater was overflowing near the Poás River protection zone and subsequently entering the river, and residents faced foul odors and health risks. The Chamber held that the Ministry of Health, the Municipality of Poás, and the Costa Rican Water and Sewer Institute knew of the problem but had failed to provide a sufficient, coordinated response within their respective powers. This omission violated the rights to health, a dignified quality of life, and a healthy and ecologically balanced environment. The authorities were ordered to adopt immediate temporary health protections and deliver a definitive solution within six months. The claim against SENARA and the Environmental Administrative Tribunal was denied because the applicants attributed no omission to those agencies.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo presentado por vecinos de la Urbanización La Senda ante el abandono y deterioro de su planta de tratamiento de aguas residuales. La prueba acreditó que el sistema no efectuaba la depuración necesaria, que las aguas residuales se rebalsaban cerca de la zona de protección del río Poás y luego alcanzaban su cauce, y que existían malos olores y riesgos sanitarios. La Sala consideró que el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Poás y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados conocían el problema, pero no habían desplegado una respuesta coordinada suficiente dentro de sus competencias, con lo cual vulneraron los derechos a la salud, a una calidad de vida digna y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ordenó adoptar medidas temporales inmediatas y brindar una solución definitiva en seis meses. Desestimó el recurso contra SENARA y el Tribunal Ambiental Administrativo porque no se les atribuyó una omisión.
Key excerptExtracto clave
The appeal is partially granted, solely against the authorities of the Ministry of Health, the Municipality of Poás, and the Costa Rican Water and Sewer Institute. Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as acting minister, and Gabriela Miranda Murillo, in her capacity as director of the Poás Health Governing Area, both of the Ministry of Health; Roy Chaves Gómez, in his capacity as acting president of the Council, Heibel Antonio Rodríguez Araya, in his capacity as mayor, and Mariam Lawrence Álvarez, in her capacity as head of Territorial Management, all of the Municipality of Poás de Alajuela; and Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president, María Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager, and Alejandro Calderón Acuña, in his capacity as deputy manager of GAM Systems Management, all of the Costa Rican Water and Sewer Institute, or whoever holds those offices, are ordered, IMMEDIATELY upon notice of this judgment, to act jointly and in coordination and make the necessary arrangements to ensure temporarily that the health of the people living in the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, is not harmed while a definitive solution is provided to the problem at issue in this proceeding. Those authorities are likewise ordered to coordinate as necessary, issue the pertinent directives, and carry out every action within their respective powers so that, within a maximum period of SIX MONTHS from notice of this judgment, a definitive solution is provided to the established environmental and public-health problem concerning the wastewater treatment plant in the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. As to the authorities of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service and the Environmental Administrative Tribunal, the appeal is denied.Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra las autoridades del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Poás y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se le ordena a Mariela de los Ángeles Marín Mena, en su condición de ministra a. i. y a Gabriela Miranda Murillo, en su condición de directora del Área Rectora de Salud Poás, ambas del Ministerio de Salud; a Roy Chaves Gómez, en su condición de presidente a. i. del Concejo, a Heibel Antonio Rodríguez Araya, en su condición de alcalde, y a Mariam Lawrence Álvarez, en su condición de encarga de Gestión Territorial, todos de la Municipalidad de Poás de Alajuela; a Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva, a María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general, y a Alejandro Calderón Acuña, en su condición de subgerente de Gestión de Sistema GAM, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que de forma INMEDIATA, a partir de la notificación de esta sentencia, de manera conjunta y coordinada, dispongan lo necesario para asegurar temporalmente que no hayan afectaciones a la salud de las personas que habitan en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, mientras se da una solución definitiva del problema objeto de este proceso. Asimismo, se les ordena a dichas autoridades que coordinen entre sí lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se brinde una solución definitiva a la problemática ambiental y de salubridad acreditada respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. En cuanto a las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo se desestima el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"Sin embargo, no se logra observar alguna acción dentro del ámbito de sus competencias para tratar de mitigar de forma coordinada con las diversas instancias respectivas la recolección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales lo que representa un quebranto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los recurrentes y los vecinos de la urbanización La Senda."
"However, no action within the scope of their powers can be identified to seek, in coordination with the relevant agencies, to mitigate the problems involving wastewater collection, treatment, and final disposal; this constitutes a violation of the applicants' and La Senda residents' right to a healthy and ecologically balanced environment."
Considerando VI
"Sin embargo, no se logra observar alguna acción dentro del ámbito de sus competencias para tratar de mitigar de forma coordinada con las diversas instancias respectivas la recolección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales lo que representa un quebranto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los recurrentes y los vecinos de la urbanización La Senda."
Considerando VI
"Finalmente, en cuanto a las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo no hay motivo para estimar el recurso en su contra pues los recurrentes no les atribuyen ninguna omisión."
"Finally, as to the authorities of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service and the Environmental Administrative Tribunal, there is no basis for granting the appeal against them because the applicants attribute no omission to them."
Considerando VI
"Finalmente, en cuanto a las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo no hay motivo para estimar el recurso en su contra pues los recurrentes no les atribuyen ninguna omisión."
Considerando VI
"No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso."
"Nevertheless, I do examine the merits when other rights of the people affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution under Article 50 of the Constitution, as occurs in this case."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"Se condena a la Municipalidad de Poás, al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
"The Municipality of Poás, the State, and the Costa Rican Water and Sewer Institute are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, to be assessed during enforcement proceedings before the administrative courts."
Por tanto
"Se condena a la Municipalidad de Poás, al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
Por tanto
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Document Review Decision No. 2025034701 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning on veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed by [Name 001], [Value 001], [Name 002], [Value 002], [Name 003], [Value 003], [Name 004], [Value 004], [Name 005], [Value 005], [Name 006], [Name 007], [Value 006], [Name 008], [Value 007], [Name 009], [Value 008], [Name 010], [Value 009], [Name 011], [Value 010], [Name 012], [Value 011], [Name 013], [Value 012], [Name 014], [Value 013], [Name 015], [Value 014], [Name 016], [Value 015], [Name 017], [Name 018], [Value 016], [Name 019], [Name 020], [Value 017], [Name 021], [Value 018], [Name 022], [Value 019], [Name 023], [Value 020], [Name 024], [Value 021], [Name 025], [Value 022], [Name 026], [Value 023], [Name 027], [Value 024], [Name 028], [Value 025], [Name 029], [Value 026], [Name 030], [Value 027], [Name 031], [Value 028], [Name 032], [Value 029], [Name 033], [Value 030], [Name 034], [Name 035], [Value 031], [Name 036], [Value 032], [Name 037], [Value 033], [Name 038], [Value 034], [Name 039], [Value 035], [Name 040], [Value 036], [Name 041], [Value 037], [Name 042], [Value 038], [Name 043], [Value 039], [Name 044], [Value 040], [Name 045], [Value 041], [Name 046], [Value 042], [Name 047], [Value 043], [Name 048], [Value 044], [Name 049], [Value 045], [Name 050], [Value 046], [Name 051], [Value 047], [Name 052], [Name 053], [Value 048], [Name 054], [Value 049], [Name 055], [Name 056], [Value 050], [Name 057], [Value 051], [Name 058], [Value 052], [Name 059], [Value 053], [Name 060], [Value 054], [Name 061], [Value 055], [Name 062], [Value 056], [Name 063], [Value 057], [Name 064], [Value 058], [Name 001], [Value 001], [Name 065], [Value 059], [Name 066], [Value 060], [Name 067], [Value 061], [Name 068], [Value 062], [Name 069], [Value 063], [Name 070], [Value 064], [Name 071], [Value 065], [Name 072], [Value 066], [Name 073], [Value 067], [Name 074], [Value 068], [Name 075], [Value 069], [Name 076], [Value 070], [Name 077], [Value 071], [Name 078], [Value 072], [Name 079], [Value 073], [Name 080], [Value 074], [Name 081], [Value 075], [Name 082], [Value 076], [Name 083], [Value 077], [Name 084], [Value 078], [Name 085], [Value 079], [Name 086], [Value 080], [Name 087], [Value 081], [Name 088], [Value 082], [Name 089], [Value 083], [Name 090], [Value 088], [Name 091], [Value 085], [Name 092], [Value 086], [Name 093], [Value 087], [Name 094], [Value 089], [Name 095], [Value 090], [Name 096], [Value 091], and [Name 097], [Value 092], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD, EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO, LA MUNICIPALIDAD DE POÁS, and EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.
Findings of Fact (Resultando):
Furthermore, it is evident that this Ministry has fully complied with the application of the legislation in force in the interest of protecting Public Health; therefore, with due respect and consideration, it is requested that, as regards this agency, the application for constitutional relief (recurso de amparo) be denied.”
This information is set forth in reports GSD-UEN-GAR-2023-A and GSD-UEN-GAR-2023-B, which are attached to this document (…) Based on the cited provisions, it is concluded that the Municipalidad de Poás de Alajuela is responsible for coordinating with the Asociación de los vecinos to determine the measures required to resolve the problem concerning the administration and operation of the wastewater treatment plant (Planta de Tratamiento de aguas residuales), since it was the entity that originally approved the urban development (desarrollo urbanístico) in that area; and, should it decide to transfer administration to AyA so that AyA may, in turn, delegate it to the ASADA, this must be done in compliance with the Regulations for the Approval and Acceptance of Sanitation Systems (Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento), Agreement No.2022-354 of the Junta Directiva del AyA, published in ALCANCE No.171 to GACETA No.151 of Wednesday, August 10, 2022, without prejudice to its coordinating with entities capable of taking the necessary steps to ensure that the sewerage system is adequate and likewise ensuring that property owners use the system properly, given that it accepted into its administration the components and land on which the treatment plant is located.
In this regard, it must be considered that the Municipalidad de Poás de Alajuela is obligated to enforce the laws governing land-use planning (ordenamiento territorial) and to guarantee the inhabitants of the area the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, in view of the health consequences for those persons arising from the nature of the sanitation problem affecting them. Despite having full knowledge of the problems affecting the residents of its canton, the Municipalidad has limited itself to confirming their existence and evading its responsibility, failing to take timely action to mitigate or control the problem (note that official communication MPO-GDT-022-2017 (10/01/2017) from the Municipalidad’s land-development administration revisits the matter and recommends acceptance of the public areas, but explicitly excludes the lot containing the development’s PTAR); it is therefore responsible for coordinating with the Asociación de Vecinos to ensure compliance with the requirements specified in the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento, Agreement No.2022-354 of the Junta Directiva del AyA, published in ALCANCE No. 171 to GACETA No. 151 of Wednesday, August 10, 2022, so that AyA may carry out the corresponding acceptance after the requirements established by the regulations have been met and may subsequently delegate administration to the ASADA.” RESPONSE TO FIFTH FACT: The Municipalidad de Poas REJECTS the fifth fact in this constitutional-rights petition (recurso de amparo) on the grounds that it lacks lawful jurisdiction (Competencia legitima), because the Municipalidad cannot accept the public areas due to the notarial errors demonstrated by the cancellation pursuant to Article 468, subsection 5, of the Civil Code (código civil).”
Furthermore, it is evident that this Ministry has fully complied with the application of the legislation in force in the interest of protecting Public Health; therefore, with due respect and consideration, it is requested that, as regards this agency, the application for constitutional relief (recurso de amparo) be denied.”
Furthermore, it has been established that two of the wastewater treatment plant (planta de tratamiento) units are operating inefficiently (the biofilter (Biofiltro) and a wastewater leak in the rectangular tank), and that there is a leak of untreated wastewater that stagnates on the property, as well as an overflow of untreated wastewater that, due to the topography, may reach the Río Poás. From the foregoing, it is clear that this Tribunal has taken the necessary steps to ascertain the factual truth (verdad real) of the reported events and, as of this date, is taking the appropriate actions to hold the hearing scheduled for November 10 of this year. Regarding the statements made by the petitioners (recurrentes), this Tribunal has knowledge only of what is stated herein; therefore, it is at the scheduled hearing that all evidence submitted by the parties will be examined, and the final decision (acto final) will determine whether the reported parties bear responsibility and, if so, the appropriate actions will be determined.”
Justice Sánchez Navarro writes the opinion; and,
Considering:
I.Preliminary matter. Before ruling as required by law, it should be noted that expediente nro. 25-024012-0007-CO was consolidated with this proceeding, through which a report was requested from the following respondent authorities (autoridades recurridas): the president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the president of the Tribunal Ambiental Administrativo, and the director of the Área Rectora de Salud de Poás; accordingly, they are deemed respondent authorities, as are the petitioners who filed that amparo proceeding (recurso de amparo). In light of the foregoing, each of the respondent authorities’ actions will be analyzed based on the allegations made by the petitioners.
II.Regarding the exception to Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to prompt and proper proceedings—it should be clarified that, beginning with judgment No. 2008-02545 of 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings (procedimientos administrativos especiales), either to conclude an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—by issuing a final administrative act (acto final), or to hear the applicable administrative appeals (recursos administrativos).
This amparo proceeding specifically presents an exception because it concerns a complaint involving environmental and public-health matters related to a wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) that has not received adequate maintenance; consequently, the wastewater is discharged directly into the río Poás, polluting its channel and affecting the surrounding ecosystem. This Chamber will therefore assess any possible delays in resolving this type of petition. Having clarified this point, the Chamber proceeds to rule on the specific situation raised in this amparo proceeding.
III.Subject matter of the proceeding. The petitioners state that they are residents of the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. They explain that the residential development was established 25 years ago and has a wastewater treatment plant; however, they allege that it has not received adequate maintenance, and consequently the wastewater is discharged directly into the río Poás, polluting its channel and affecting the surrounding ecosystem. They contend that this problem has caused the proliferation of pests, including mosquitoes that transmit diseases such as dengue, and has generated nauseating odors that affect the quality of life of all residents. They state that they have filed the corresponding complaints with the respondent authorities; nevertheless, they object that the situation has not improved. They consider that the foregoing violates their fundamental rights and therefore request the Chamber’s intervention.
The petitioners are residents of the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela (undisputed fact); The La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, is a social-housing project developed approximately 25 years ago, in which a wastewater treatment plant was built to provide water-treatment services to the residents of that development (see report submitted under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); The residents of the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, organized to create the Asociación de Bienestar Social La Senda (see report submitted under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).
Regarding the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
On 12 de enero de 2021, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados visited the wastewater treatment plant of the La Senda residential development. Following that inspection, oficio nro. GSD-UEN-GAR-2021-00159 was issued, stating: “4. Conclusions Based on the visit conducted and the information provided by the ASADA and the residents’ association, the following conclusions are reached: • The WWTP (PTAR) of the Urbanización La Senda shows signs of abandonment, with serious damage to its structures and operational and maintenance problems. • The sanitation system (sistema de saneamiento) inspected gives off foul odors that reach some nearby homes, and the WWTP effluent (efluente) appears turbid. • Some structures are destroyed and therefore out of operation. Other units are not being used for the purpose for which they were designed. • The Asociación de Bienestar Social La Senda lacks the financial or technical means to make the improvements currently required by the WWTP. • The ASADA Tacares Sur lacks the financial means to make the improvements currently required by the WWTP and could not undertake a transfer-acceptance process (proceso de recepción) due to the system’s malfunction. 5.
Recommendations It is recommended that the Tribunal Ambiental be informed of the observed situation and that any additional information requested be provided” (see report submitted under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and evidence provided); On 10 de febrero de 2023, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados visited the wastewater treatment plant of the La Senda residential development. Following that inspection, oficio nro. GSD-UEN-GAR-2023-A was issued, stating: “4. Conclusions Based on the visit conducted and the information provided by the ASADA and the residents’ association, the following conclusions are reached: • The WWTP of the Urbanización La Senda shows signs of abandonment, with serious damage to its structures and operational and maintenance problems. • The sanitation system inspected gives off foul odors that reach some nearby homes, and the WWTP effluent appears turbid. • Some structures are destroyed and therefore out of operation.
Other units are not being used for the purpose for which they were designed. • The Asociación de Bienestar Social La Senda lacks the financial or technical means to make the improvements currently required by the WWTP. • The ASADA Tacares Sur lacks the financial means to make the improvements currently required by the WWTP and could not undertake a transfer-acceptance process due to the system’s malfunction. • The sewerage system (sistema de alcantarillado) must be thoroughly analyzed to identify possible leaks or maintenance needs. 5. Recommendations In light of the foregoing, it is recommended that a wastewater-treatment proposal be designed and adapted to the community’s social, environmental, economic, and technical needs, together with a preliminary budget, so that the community may seek funding from different entities and thereby obtain access to proper sanitation” (see report submitted under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and evidence provided); Through oficio nro. GSD-UEN-GAR-2023-B, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados detailed a design proposal for a new wastewater treatment plant, which stated: “3.3.
Preliminary design Based on the parameters mentioned above and the necessary engineering criteria, the implementation of a new treatment train (tren de tratamiento) consisting of several components is proposed. The detailed treatment train is shown below: 1. Bar-Screen Pretreatment: To retain the largest solids and floating waste present in the wastewater. This helps protect downstream equipment and processes from blockages and damage. 2. Grit Chamber: To remove heavy sediment in order to reduce the organic load. 3. Upflow Anaerobic Reactor: Wastewater treated in the preceding stages enters an upflow anaerobic reactor. There, microorganisms break down the organic matter present in the water in the absence of oxygen. 4. Wetland: The water treated in the anaerobic reactor flows into a wetland, where additional pollutants, such as nutrients and organic compounds, are removed. 5. Drying Beds for Sludge Extracted from the Reactor: The sludge generated during the reactor treatment process is dewatered and dried through exposure to air and sunlight, facilitating its handling and final disposal. 6.
Chlorination: As the final stage, after passing through the wetland, the treated water undergoes chlorination to disinfect it and ensure the elimination of harmful pathogens and microorganisms. Chlorination helps meet water-quality standards before the water is potentially reused or discharged into the environment (…) 4. Conclusions • A preliminary design proposal is available that addresses the wastewater-treatment needs of the La Senda, Poás de Alajuela community. • A detailed cost estimate is available; although it is not a final design budget, it is sufficiently detailed to be submitted to entities that may provide support to the community. 5. Recommendations • It is important to bear in mind that this budget is adapted to current market prices; therefore, if the project is not initiated for a long time, the costs may vary. • It is recommended that the current condition of the sanitary sewerage system (alcantarillado sanitario) be analyzed to determine its design capacity and condition” (see report submitted under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and evidence provided); Through oficio nro. GSD-UEN-GAR-2025-01361 of 8 de abril de 2025, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados concluded: “• The sanitation system of the Urbanización La Senda has suffered abandonment and deterioration for more than 25 years and is currently unusable. • The wastewater from the Urbanización La Senda is being collected through the sanitary sewerage system, but the WWTP is not providing the necessary treatment; consequently, the wastewater overflows near the protection zone (zona de protección) of the Río Poás and subsequently flows into its channel. • Complaints have been filed by residents, who have approached the ASADA Tacares, AyA, Municipalidad de Poás, Ministerio de Salud, and even the Tribunal Ambiental Administrativo. • The property where the WWTP is located was not transferred to the Municipalidad de Poás and therefore remains registered in the name of the residents’ association. • Neither the developer of the Urbanización nor the residents’ association completed a transfer-acceptance process with AyA, the ASADA, or the Municipalidad to transfer operation of the sanitation system to an authorized operator; instead, the residents’ board performed that function for several years. • The GAR directorate has conducted visits and preliminary analyses of the rehabilitation works required for the proper operation of the La Senda sanitation system” (see report submitted under oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and evidence provided).
Regarding the authorities of the Municipalidad de Poás:
By means of official letter no. MPO-SCM-016-2016 dated January 25, 2016, the secretary of the Concejo de la Municipalidad de Poás informed the officials of the Comisión de Obras Municipal of the following: “It is resolved: RESOLUTION N° 9355-01-2016 The Concejo Municipal de Poás, having taken cognizance of the communication received from the Asociación para la Vivienda y Bienestar Social de Carrillos de Poás, addressed to this Concejo Municipal, concerning the streets, pedestrian lanes (alamedas), and parks of Urbanización La Senda, Carrillos de Poás, hereby forwards a copy of that communication to the Comisión de Obras and its technical and legal advisers so that they may analyze the aforementioned case from a technical and legal standpoint and submit a report thereon. The Comisión de Obras and its technical and legal advisers, as well as the Mayor of this Municipalidad, shall be notified” (see evidence submitted); By means of official letter no. MPO-GDT-002-2017 dated January 10, 2017, the persons in charge of the Unidad Técnica de Gestión Vial and Gestión Urbana of the Municipalidad de Poás informed the Council of the following: “Acknowledgment of receipt was issued on January 25 and 26, 2016, by the Gestión Urbana and Gestión Vial Departments; unfortunately, the request contained in the resolution in question was not followed up in a timely and appropriate manner, and the Asociación is once again pursuing the transfer of six areas, namely: two lots where the play areas are located, three pedestrian lanes, and the area of the main street, described in plans No. A-891429-2003, A-889222-2003, A-888916-2003, A-891430-2003, A-888887-2003 and A-891431-2003: -two lots where the play areas are located -three pedestrian lanes -area of the main street This excludes the remainder of the Parent Property (Finca Madre), corresponding to the area where the wastewater treatment plant is located, which the Asociación has been responsible for managing since the project began, and considering that: a) the Dirección de Urbanismo approved Urbanización La Senda on March 17, 1999.
Anexo 1 b) the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica approved the Site Design of Urbanización La Senda c) all the indicated plans are registered with the cadastre d) the plans reflect the actual conditions e) the access routes comprising pedestrian lanes and streets intended for public use are identified in the road shapefile (shp), as established by the Mapa de Vías Públicas maintained by the Catastro Nacional and made official through Decreto 33797-MJ-MOPT and Aviso N° 01-2011 IGN Oficializado de la Cartografía Básica 2011 f) the Asociación is interested in transferring the pedestrian-lane, park, and roadway areas g) resolution 9355-01-2016 exists h) it is important that the pedestrian lanes, parks, and roadways, which have always been used and provided as public services and for the public benefit as described in the respective plans, be duly transferred to the Municipalidad de Poás in order to regularize their legal status.
In view of all the foregoing, in our technical opinion it is advisable to regularize the legal status of those lands and to formalize, through a public deed (escritura pública), their conveyance by the Asociación to the Municipalidad de Poás” (see evidence submitted); By means of official letter no. MPO-ALM-564-2020, the mayor of the Municipalidad de Poás submitted the complaint to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados as follows: “Following a cordial greeting, I am forwarding the complaint filed by the Área Rectora de Salud de Poás against the Administrator of the Wastewater Treatment System of Urbanización la SENDA in Carrillos Bajo de Poás, for your information and for the purpose of obtaining the intervention of AyA so that the ASADA de Tacares assumes its responsibility in this highly sensitive matter, which has been reported to the Tribunal Ambiental” (see evidence submitted); At ordinary session no. 065-2022 of December 1, 2022, held by the Concejo de la Municipalidad de Poás, the existing problems involving the treatment plant of Urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, were discussed.
The president of the Asociación para la Vivienda y Bienestar Social, la Lucha de Carrillos Bajo de Poás and the mayor of the Municipalidad de Poás participated in that discussion (see evidence submitted).
With respect to the authorities of the Ministerio de Salud:
On May 22, 2014, the petitioners filed a complaint with the Área Rectora de Poás concerning the treatment plant of Urbanización La Senda (see reports submitted under oath by the Ministerio de Salud and evidence submitted); On June 23, 2014, the authorities of the Área Rectora de Poás inspected the site where the treatment plant of Urbanización La Senda is located. The following findings resulted from that visit: “-The first wastewater receiving tank is missing both of its covers, as shown in the following figures. -The sludge-drying area was observed to be completely full, and the access gate was open and had no padlock. -At the time of the visit, no foul odors from the treatment system were perceived that would be considered unbearable for remaining at the site.” In addition, the following conclusions and recommendations were issued: “1. The wastewater treatment system of Urbanización La Senda did not exhibit proper maintenance of the system’s infrastructure; tanks lack covers, the sludge-drying lagoon is full, and access is not secured with a padlock.
No evidence of the wastewater maintenance and management logbook (bitácora de mantenimiento y manejo de aguas residuales) could be observed, thereby failing to comply with Article 41 of Decreto N° 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y reúso de aguas residuales, which provides as follows: ‘…Every generating entity must maintain a paginated file to be used as a Wastewater Management Logbook…’ (…) 2. In the wastewater operating report submitted for the first half of 2014, the BOD (DBO) and COD (DQO) parameters exceeded the maximum permitted limits. A corrective-action plan was attached to the operating report; however, the proposed actions are neither clear nor considered feasible for reducing the parameters that exceed the limit. Therefore, there is noncompliance with Decreto N° 33601-MINAE-S Article 67 Due to noncompliance with parameters under government monitoring (…) 3. With respect to the complaint concerning odors, it is concluded that, at the time of the visit, no strong odors originating from the wastewater treatment system were perceived.
Nevertheless, it is considered important to follow up on the improvements that will be required of the system, thereby reducing the nuisance caused to neighbors by odors while also achieving compliance with the provisions of the legislation currently governing the activity. In view of the foregoing, the personnel who handled the complaint recommend: That the corresponding administrative act (acto administrativo) be issued ordering Ms. [Nombre 098], representative of the wastewater treatment system and president of the Board of Urbanización La Senda, within 15 business days following notification, to: 1. Make improvements to the treatment plant, such as installing the missing tank covers, placing security padlocks on gates that do not have them, cleaning any sludge-drying area that is full, and cleaning the surrounding areas of the treatment system. 2. Submit a copy of the system’s Wastewater Management Logbook, which must comply with the requirements established in Article 41 of Decreto N° 33601-MINAE-S. 3.
Submit a corrective-action plan that includes an activity schedule with realistic deadlines, clearly describing the actions taken immediately and the short- and medium-term actions for achieving compliance with the parameters that exceed the maximum limit permitted by Decreto N° 33601-MINAE-S. That plan must be approved by this Ministerio” (see reports submitted under oath by the Ministerio de Salud and evidence submitted); On June 30, 2014, the authorities of the Área Rectora de Poás issued health order (orden sanitaria) no. CN-ARS-P-297-2014, which was served on the petitioner ([Nombre 098]) (see report submitted under oath by the Ministerio de Salud and evidence submitted); On June 7, 2015, the director of the Área Rectora de Poás met with members of the Board of Directors of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (see reports submitted under oath by the Ministerio de Salud and evidence submitted); On September 4, 2015, the authorities of the Área Rectora de Poás issued health order no. 098-2015, which was served on the president of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (see reports submitted under oath by the Ministerio de Salud and evidence submitted); On September 23, 2016, the authorities of the Área Rectora de Poás issued health order no. 144-2016, which was served on the president of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (see reports submitted under oath by the Ministerio de Salud and evidence submitted); On November 23, 2016, the president of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás submitted the improvement plan (see reports submitted under oath by the Ministerio de Salud and evidence submitted); On November 25, 2016, the authorities of the Área Rectora de Poás approved the improvement plan submitted by the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (see reports submitted under oath by the Ministerio de Salud and evidence submitted); On May 21, 2018, the authorities of the Área Rectora de Poás issued health order no. 045-2018, which was served on the president of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (see reports submitted under oath by the Ministerio de Salud and evidence submitted); On March 11, 2020, the authorities of the Área Rectora de Poás inspected the site where the treatment plant of Urbanización La Senda is located.
The following findings resulted from that visit: “a. There is a leak in the horizontal rectangular tank that constitutes the second treatment stage of the system. The leak is located in one of the walls, and the spill pools in this area of the plant, producing foul odors. b. The biofilter is overflowing, causing the water to spill into the surrounding areas and flow (due to the topography of the land) toward the Río Poás. This also produces foul odors. c. In both cases, the spills occur before the water has been fully treated. d. The file for Urbanización La Senda contains an operating report bearing a receipt date of September 5, 2019, indicating that, due to noncompliance with the BOD (DBO), COD (DQO), TSS (SST), and MBAS (SAAM) parameters, studies would be conducted and that the period for completing the improvements to rebuild the biofilter would be 6 months. That schedule was approved on September 11, 2019.
It should be noted that, as of the date of the visit, 6 months had already elapsed since the approval of that remedial plan, and no repairs were observed to have been made. The remedial plan referred only to repairing the biofilter because, according to Mr. Guido, the leak in the horizontal tank did not exist at that time” (see reports submitted under oath by the Ministerio de Salud and evidence submitted); On 13 de marzo de 2020, the authorities of the Área Rectora de Poás issued health order (orden sanitaria) nro. 023-2020, which was served on the president of the Junta Administrativa de la Urbanización La Senda (see sworn reports submitted by the Ministerio de Salud and evidence provided); By official letter nro. MS-DRRSCN-DARSP-283-2020 of 8 de mayo de 2020, the director of the Área Rectora de Poás filed a complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo concerning the problems with the wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) of Urbanización La Senda.
Said complaint was filed on 16 de mayo de 2020 and is being processed under expediente nro. 128-20-02-TAA (see sworn reports submitted by the Ministerio de Salud and evidence provided); On 4 de octubre de 2022, the authorities of the Área Rectora de Poás inspected the site where the treatment plant of Urbanización La Senda is located. The following findings resulted from that visit: “The horizontal tank that constituted the second stage of treatment and that had leaks, as detailed in Technical Report MS-DRRSCN-DARSP-IT-053-2020, is not operating because it has been destroyed. Technical Report MS-DRRSCN-DARSP-IT-053-2020 noted an overflow from the biofilter (biofiltro); however, there is currently no overflow. Rather, there is a pipe that does not discharge into this device but instead runs directly to a ditch on the property that conveys the wastewater (aguas residuales) to the Río Poás without its first being fully treated.
The remediation plan (plan remedial) they had submitted was not implemented, and the current situation has worsened as described above. Regarding the findings in Technical Report MS-DRRSCN-DARSP-IT-101-2020, it was stated that a new inspection had to be conducted to verify the current condition of the horizontal tank used for the second stage of treatment, but, as noted in item 1 of this section, that tank is no longer part of the operating system. The drying beds (lechos de secado) are not operating, and vegetation has grown at the site.” Based on the foregoing, it was concluded: “It is concluded that the Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización La Senda has not undergone any improvements (the schedule was not implemented), and therefore the situation that gave rise to the complaint filed with the Tribunal Ambiental remains unchanged” (see sworn reports submitted by the Ministerio de Salud and evidence provided); On 7 de abril de 2025, the authorities of the Área Rectora de Poás inspected the site where the treatment plant of Urbanización La Senda is located.
The following findings resulted from that visit: “The horizontal tank is not operating because it has been destroyed. As for the biofilter, it is not operating; rather, there is a pipe that does not discharge into this device but instead runs directly to a ditch on the property that conveys the wastewater to the Río Poás without its first being fully treated. The situation has worsened as described above and because foul odors are evident. The drying beds are not operating. Vegetation has grown at the site, and no maintenance is being performed.” Based on the foregoing, it was concluded: “It is concluded that the Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización La Senda has not undergone any improvements (the schedule was not implemented), and therefore the situation that gave rise to the complaint filed with the Tribunal Ambiental remains unchanged, and none of the stages of what was formerly this wastewater treatment system are operating” (see sworn reports submitted by the Ministerio de Salud and evidence provided).
With regard to the authorities of the Tribunal Ambiental Administrativo:
By ruling issued at 08:50 hours on 17 de noviembre de 2021, the Tribunal Ambiental Administrativo ordered the commencement of proceedings on the complaint filed by the Área Rectora de Poás of the Ministerio de Salud against the Asociación para la Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás and, accordingly, scheduled an oral and public hearing (audiencia oral y pública) for 14 de octubre de 2022 (see sworn reports submitted); By ruling nro. 1348-22-TAA of 14 de octubre de 2022, the Tribunal Ambiental Administrativo suspended the hearing scheduled for that same date and rescheduled it for 18 de noviembre de 2022 (see sworn reports submitted); By ruling nro. 1529-20-22-TAA of 14 de noviembre de 2022, the Tribunal Ambiental Administrativo suspended the scheduled hearing and rescheduled it for 30 de junio de 2023 (see sworn reports submitted); By ruling nro. 890-2023-TAA of 19 de junio de 2023, the Tribunal Ambiental Administrativo suspended the scheduled hearing and rescheduled it for 29 de setiembre de 2023 (see sworn reports submitted); By ruling nro. 1322-2023-TAA of 22 de setiembre de 2023, the Tribunal Ambiental Administrativo suspended the scheduled hearing and rescheduled it for 11 de marzo de 2024 (see sworn reports submitted); By ruling nro. 128-2024-TAA of 5 de marzo de 2024, the Tribunal Ambiental Administrativo suspended the scheduled hearing and rescheduled it for 25 de octubre de 2025 (see sworn reports submitted); By ruling nro. 1180-2024-TAA of 18 de octubre de 2024, the Tribunal Ambiental Administrativo corrected ruling nro. 128-2024-TAA of 5 de marzo de 2024 to indicate that the correct date to which the hearing had been rescheduled was 25 de octubre de 2024, but it was rescheduled for 6 de mayo de 2025 (see sworn reports submitted); By ruling nro. 410-2025-TAA of 29 de abril de 2025, the Tribunal Ambiental Administrativo suspended the scheduled hearing and rescheduled it for 8 de julio de 2025 (see sworn reports submitted); By ruling nro. 625-2025-TAA of 10 de junio de 2025, the Tribunal Ambiental Administrativo suspended the scheduled hearing and rescheduled it for 10 de noviembre de 2025 (see sworn reports submitted).
With regard to the authorities of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento:
The authorities of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento stated that, upon reviewing the hydrogeological vulnerability map (mapa de vulnerabilidad hidrogeológica) of the canton of Poás, specifically the area of Urbanización La Senda Carrillos de Poás, they classified its intrinsic vulnerability (vulnerabilidad intrínseca)—impact on the aquifer—as low in one sector and high in another, and found that aquifer recharge (recarga acuífera) is unfavorable (see sworn report submitted and evidence provided).
IV.On the right to a healthy and ecologically balanced environment. First, it must be noted that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73 and 89 of the Constitución Política), as well as recognized through the international law applicable in Costa Rica. In this regard, in judgment nro. 2006-005928 issued at 15:00 hours on 2 de mayo del 2006, reiterated in judgment nro. 2023-008920 issued at 09:20 hours on 21 de abril de 2023, this Tribunal held:
“The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the remaining fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, the right to health is grounded in that provision of the political charter, since life is inconceivable unless human beings are guaranteed the minimum conditions necessary for an adequate and harmonious mental, physical, and environmental balance. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73 and 89 of the Constitución Política. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Tribunal has used the concept of ‘environmental quality’ (calidad ambiental) as a measure precisely of people’s quality of life, considered together with other elements such as health, food, work, and housing.
This reflects the principle that every person has the right to use the environment for their own development, but not without limitation, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations—the principle of sustainable development (principio de desarrollo sostenible).” Likewise, Article 50 of the Constitución Política gives rise to the State’s obligation to protect the environment. That provision states: “The State shall seek the greatest welfare of all inhabitants of the country by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing to report acts that violate that right and to seek reparation for the harm caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding liabilities and penalties.” This confirms that the various public authorities have an inescapable duty to preserve, defend, and guarantee every person’s fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment.
V.Coordination among public agencies for the protection of the environment. On various occasions, constitutional case law has stated that protecting the environment is a task that falls equally to everyone; that is, the State—as a whole—is obligated to take the measures necessary to protect the environment in order to prevent levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of the governed. For purposes of this task, the term public institution must be understood to encompass both the central and decentralized administrations. It might therefore be thought that this shared responsibility would cause chaos in administrative management. That is not the case, however, because avoiding the simultaneous coexistence of spheres of authority of different origins and natures, duplication of efforts, and confusion regarding the rights and obligations of the various parties involved requires the establishment of a series of coordinating relationships among the various agencies of the Poder Ejecutivo and decentralized institutions so that they may carry out the functions entrusted to them.
This Sala has previously—and quite clearly—addressed the principle of coordination among public agencies (principio de coordinación de las dependencias públicas). Coordination is thus the ordering of the relationships among these various independent activities, taking account of their convergence upon the same object or entity so as to make that convergence useful to an overall public plan, without eliminating the mutual independence of the acting entities. Because there is no hierarchical relationship between decentralized institutions and the larger public entity, specific conduct cannot be imposed upon them. This gives rise to the indispensable interinstitutional “concerted action” (concierto), in the strict sense, whereby autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and comprehensive framework, within which each fulfills a role in furtherance of a mission entrusted to the others.
Thus, relations with public authorities (poderes públicos) may be conducted only on an equal footing, resulting in mutually agreed forms of coordination, to the exclusion of any mandatory arrangement detrimental to their autonomy that would subject corporate entities (entes corporativos) to a coordination scheme without or against their consent; this does, however, permit the necessary subordination of these entities to the State and in the State’s interest (through the State’s administrative oversight (tutela administrativa), and specifically through the function of reviewing legality entrusted to it, with powers of general supervision over the entire public sector) (see, to that effect, judgments no. 21258-2010 of 14:00 on 22 de noviembre de 2010, no. 2913-2011 of 12:00 hours on 4 de marzo de 2011, and no. 2023-008920 of 09:20 hours on 21 de abril de 2023).
VI.The specific case. In the sub lite case, the petitioners state that they are residents of the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. In this regard, they indicate that this residential development was established 25 years ago and has a wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales); however, they allege that it has not received adequate maintenance, which is why the wastewater is discharged directly into the río Poás, polluting its channel and affecting the surrounding ecosystem. They maintain that this problem has caused a proliferation of pests, such as mosquitoes that transmit diseases including dengue, and has generated nauseating odors that affect the quality of life of all residents. They state that they have filed the corresponding complaints with the respondent authorities; nevertheless, they object that the situation has not improved. They consider that the foregoing violates their fundamental rights and therefore request the Chamber’s intervention.
To facilitate resolution of the specific case, the following recitals (considerandos) will separately analyze the conduct of each respondent authority:
Regarding the actions of the Ministerio de Salud.
In this respect, the established facts demonstrate that, since 2014, it has been fully aware of the problem at issue in these proceedings. In this regard, it should be noted that on 22 de mayo de 2014, the petitioners filed a complaint with the Área Rectora de Poás concerning the treatment plant of the La Senda residential development. Although it appears that the authorities of the Área Rectora de Poás have conducted various inspections revealing the lack of maintenance of the treatment plant of the La Senda residential development, which has caused the reported environmental pollution—namely, the discharge of wastewater into the río Poás and foul odors—the record shows that they issued the following sanitary orders (órdenes sanitarias): no. CN-ARS-P-297-2014, no. 098-2015, no. 144-2016, no. 045-2018, and no. 023-2020, addressed to the president of the Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás. However, those measures were not complied with, which is why it was decided to file a complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo, currently pending under expediente no. 128-20-02-TAA.
Against this background, although it has been established that the authorities of the Ministerio de Salud took action intended to resolve the problem, it is equally true that such action has been insufficient, compounded by the fact that they have failed to fully exercise the powers granted to them by law in an effort to enforce the sanitary orders issued. This has undoubtedly allowed uncontrolled pollution affecting the environment and the health of the residents of the La Senda residential development to persist to this day. It should be noted that the inspection conducted this year, specifically on 7 de abril de 2025, recorded the following: “it is concluded that the Wastewater Treatment Plant of the La Senda Residential Development has not received improvements (the schedule was not implemented); therefore, the situation that gave rise to the complaint before the Tribunal Ambiental remains unchanged, and none of the stages of what was formerly this wastewater treatment system is operational.” Accordingly, the flagrant violation of the fundamental rights of the residents of the aforementioned community has been established and, consequently, the appropriate course is to grant the petition as to these authorities, with the consequences set forth in the operative portion (parte dispositiva).
Regarding the actions of the Municipalidad de Poás.
In this regard, the analysis of the report submitted by the authorities of the Municipalidad de Poás shows that they are fully aware of the problem at issue in these proceedings; nevertheless, they justify their inaction on the ground that they lack jurisdiction to address the situation because they are not the operator of the treatment plant, and they state that responsibility lies with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In this regard, for purposes of deciding this aspect of the petition, it is relevant to recall the ruling of this Chamber in judgment no. 2020-018888 of 09:15 hours on 2 de octubre de 2020, reiterated in judgment no. 2025-023963 of 09:15 hours on 1 de agosto de 2025, which addressed the abandonment of the landfill in question and its consequences:
“the constitutional significance is limited to determining whether the respondent authorities have acted diligently in addressing and ultimately resolving that environmental problem, which, as can readily be established, they have not. In addition, the position taken by the Cartago municipal government is unacceptable because, although it no longer deposits waste at the disputed site, it cannot disregard its duty to act in defense of the fundamental rights of its residents. Meeting the needs of the residents of its canton must take precedence over any dispute …” Furthermore, it cannot disregard that “…This Court has recognized that, within the scope of their powers and obligations, local governments bear a substantial share of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements demonstrating proper environmental management to other public authorities is mandatory, or through regular inspections and the referral of risk situations to the authorities possessing greater powers of intervention.
It has already been established that local governments are subject to a duty of coordination and prevention in environmental matters within their territorial jurisdiction; it follows that municipalities are indeed important actors in the task of environmental protection. As indicated supra, not only that municipal council but also all the other respondent authorities possess broad powers to act, and although they are subject to legality and reasonableness, the fact remains that, given the threat to the environment and public health, legality requirements and formalities must yield” (emphasis not in the original).
Based on the foregoing, it must be reiterated that the respondent municipality has a duty of coordination and prevention in environmental matters within its territorial jurisdiction. Accordingly, the argument set forth in the report submitted for resolution of these proceedings is unpersuasive, because the municipality has refused to implement mitigation or preventive measures for the benefit of the residents of the La Senda residential development, even though the abandoned condition of the treatment plant has been duly established and constitutes an imminent danger to public health that persists in an uncontrolled manner. Additionally, it is appropriate to remind the municipality of the obligations arising under Articles 169 and 170 of the Constitución Política, pursuant to which municipalities are responsible for administering local services and interests in order to promote the comprehensive development of the cantons in harmony with national development, as well as for safeguarding the rights of their residents; therefore, the municipality cannot remain inactive when its residents’ fundamental rights are affected, as they are in this specific case. Consequently, the petition must be granted as to these authorities, with the consequences set forth in the operative portion.
Regarding the actions of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
In this respect, the analysis of the reports submitted by the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados shows that they are fully aware of the problem at issue in these proceedings; nevertheless, they justify their inaction by stating that they have no record of data concerning the development as processed, reviewed, or approved in connection with the La Senda residential development project, and that they are not the operator of the treatment plant.
For purposes of analyzing this aspect of the petition, it is relevant to remind the respondent institute of its obligation to safeguard the right to a healthy and ecologically balanced environment, which unquestionably includes the proper collection, treatment, and final disposal of wastewater. This is established by the Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, Ley no. 2726, specifically in Articles 1 and 2:
“ARTICLE 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing and enforcing standards, conducting and promoting planning, financing, and development, and resolving all matters related to the supply of drinking water and the collection and disposal of sewage and liquid industrial waste, as well as the regulation of storm-sewer systems in urban areas throughout the national territory, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is hereby created as an autonomous State institution.
ARTICLE 2.- The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados shall be responsible for:
Under no circumstances may it delegate the administration of the water-supply and sanitary sewerage systems of the Área Metropolitana.
Nor may it delegate the administration of systems for which financial responsibility exists, for as long as that responsibility rests directly with the Instituto.
The institution is authorized to enter into agreements with local bodies for the administration of such services or to administer them through mixed-management boards comprising the Instituto and the respective communities, whenever this is advisable for the better provision of services and in accordance with the applicable regulations.
For the same reasons and with the same characteristics, regional administrative boards involving several municipalities may also be created; h) Enforce the Ley General de Agua Potable, for which purpose the Instituto shall be deemed the successor body to the ministries and municipalities specified in that law; i) Construct, expand, and renovate water-supply and sewerage systems wherever necessary and where doing so is advisable to better meet national needs; and j) Oversee the proper investment of all resources allocated by the State to water-supply and sanitary sewerage works.
(*)k) The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is authorized to formalize, through interinstitutional agreements with municipal corporations, the construction, expansion, and rehabilitation of works for the supply of drinking water and the provision of sewerage services, in order to provide those services in areas where the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados lacks coverage or where, despite having coverage, it cannot provide the service because of construction-related limitations of the system, but where water resources are technically available.
The preliminary studies and construction plans for the various drinking-water and sewerage systems undertaken by the municipalities must receive prior approval from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados as to their technical and design aspects, to ensure their incorporation into the systems already operated by the Instituto once the works have been completed, in accordance with subsection b).
The municipalities are authorized to prepare, either themselves or through third parties, the construction plans for water-supply and sewerage systems.
Once the works constructed by the municipal corporation have been accepted as satisfactory by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the corresponding charge must be incorporated into the service rate so that full payment may be made to the municipal corporation for the works previously approved by Ay A, as well as for the cost of expropriations and the creation of easements (servidumbres) necessary for the construction and operation of the system. Both the works and the land shall become part of AyA’s assets. The rate model for payment of the works must be approved by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
(*) (Subsection k) above added by Article 1 of the Ley para permitir a las municipalidades la construcción de obra de acueducto y alcantarillado, N° 10595 del 11 de noviembre de 2024)” (emphasis not in the original).
An analysis of the aforementioned regulations confirms the duty of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to coordinate the collection, treatment, and final disposal of wastewater (aguas residuales), thereby ensuring the corresponding effectiveness and efficiency. Notwithstanding the foregoing, the established facts show that it has been fully aware since 2021 of the environmental problem caused by the treatment plant (planta de tratamiento), given that official letter nro. GSD-UEN-GAR-2021-00159 stated, insofar as relevant: “The sanitation system (sistema de saneamiento) inspected emits foul odors that reach some nearby homes; likewise, the effluent from the wastewater treatment plant (PTAR) appears turbid. • Some structures have been destroyed and are therefore out of operation. Other units are not being used for the purpose for which they were designed”; official letter nro. GSD-UEN-GAR-2023-A explained: “The PTAR of Urbanización La Senda shows signs of abandonment, with severe damage to its structures and operational and maintenance problems. • The sanitation system inspected emits foul odors that reach some nearby homes; likewise, the effluent from the PTAR appears turbid.
Some structures have been destroyed and are therefore out of operation. Other units are not being used for the purpose for which they were designed (…) it is recommended that a wastewater-treatment proposal adapted to the community’s social, environmental, economic, and technical needs be designed, together with a preliminary budget, so that the community may seek funding from different entities and thereby gain access to proper sanitation”; and official letter nro. GSD-UEN-GAR-2025-01361 stated: “The sanitation system of Urbanización La Senda has suffered abandonment and deterioration for more than 25 years and is currently unusable. The wastewater from Urbanización La Senda is being collected through sanitary sewerage (alcantarillado sanitario), but the PTAR is not providing the necessary treatment, causing the water to overflow near the protection zone (zona de protección) of Río Poás and subsequently flow into its channel.” However, no action within the scope of its powers can be identified to attempt, in coordination with the various competent bodies, to mitigate the problems concerning the collection, treatment, and final disposal of wastewater.
This constitutes a violation of the petitioners’ and Urbanización La Senda residents’ right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, the petition is to be granted with respect to these authorities, with the consequences set forth in the operative portion.
Regarding the actions of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riesgo y Avenamiento and the Tribunal Ambiental Administrativo.
Finally, as to the authorities of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento and the Tribunal Ambiental Administrativo, there are no grounds for granting the petition against them, since the petitioners do not attribute any omission to them.
VII.Conclusion. In view of the foregoing considerations and based on the evidence contained in the case file, the appropriate course is to partially grant this petition for amparo (recurso de amparo), with the consequences set forth in the operative portion.
VIII.Note by Justice Salazar Alvarado. I consider that, in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and decide the matter lies with the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). Nevertheless, I do address the merits when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (artículo 50, de la Constitución Política), as occurs in this case, in which the petitioning party asserts that it reported to the respondent authorities the problem of sewage being discharged into Río Poás, causing contamination of the river channel, the proliferation of pests, and the emission of foul odors, without allegedly receiving proper attention, thereby affecting the petitioners’ and other community residents’ right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified quality of life.
IX.Partial dissenting opinion (voto salvado parcial) of Justice Garro Vargas regarding the operative portion of this judgment. Although I agree with the majority of the Sala that the petition should be granted, I disagree as to the forum in which the enforcement phase should be conducted, because the regulations governing this constitutional jurisdiction do not provide adequate mechanisms for monitoring compliance with a judgment involving highly complex technical matters, as in this case, in which a definitive solution must be provided within six months of notification of this judgment for the established environmental and public-health problems involving the wastewater treatment plant in Urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. By contrast, the enforcement provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (artículo 155 y siguientes) offer clear advantages, such as the possibility of requiring schedules, imposing fines, assigning responsibility, monitoring stages of compliance, and so forth. Therefore, pursuant to artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the enforcement phase should be conducted before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment-enforcement rules of that Code.
X.Documentation submitted to the case file. The petitioning party is advised that, if it submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, these must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period shall be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI and published in Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
The petition (recurso) is partially granted, solely against the authorities of the Ministerio de Salud, the Municipalidad de Poás, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as Acting Minister, and Gabriela Miranda Murillo, in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud Poás, both of the Ministerio de Salud; Roy Chaves Gómez, in his capacity as Acting President of the Council, Heibel Antonio Rodríguez Araya, in his capacity as Mayor, and Mariam Lawrence Álvarez, in her capacity as Head of Gestión Territorial, all of the Municipalidad de Poás de Alajuela; and Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as Executive President, María Alejandra Mora Segura, in her capacity as General Manager, and Alejandro Calderón Acuña, in his capacity as Deputy Manager of Gestión de Sistema GAM, all of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever may hold those offices in their stead, are ordered, IMMEDIATELY upon notification of this judgment, jointly and in coordination, to take all necessary measures to ensure temporarily that there are no adverse effects on the health of the persons residing in the La Senda residential development (urbanización), Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, while a permanent solution is provided to the problem at issue in these proceedings.
Those authorities are likewise ordered to coordinate among themselves as necessary, issue the relevant orders, and carry out all actions within the scope of their authority so that, within a maximum period of SIX MONTHS from notification of this judgment, a permanent solution is provided to the established environmental and public-health problem involving the wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) in the La Senda residential development, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. The respondent authorities (autoridades recurridas) are warned that failure to comply with the foregoing order will constitute the offense of disobedience and that, pursuant to Article 71 of the Law governing this jurisdiction, any person who receives an order that they are required to comply with or enforce, issued in an amparo action (recurso de amparo), and fails to comply with or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The Municipalidad de Poás, the State, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment (ejecución de sentencia) before the administrative-litigation jurisdiction. Justice Salazar Alvarado files a separate note. Justice Garro Vargas dissents with respect to the enforcement of this judgment and, pursuant to Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, directs that enforcement be conducted before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in Articles 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso Administrativo. She further orders that a copy of the judgment be forwarded so that proceedings to enforce this ruling may be initiated. As to the authorities of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento and the Tribunal Ambiental Administrativo, the petition is denied. Let notice be served.- Paul Rueda L.
Acting President Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the iglesia del Perpetuo Socorro).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], [Valor 001], [Nombre 002], [Valor 002], [Nombre 003], [Valor 003], [Nombre 004], [Valor 004], [Nombre 005], [Valor 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Valor 006], [Nombre 008], [Valor 007], [Nombre 009], [Valor 008], [Nombre 010], [Valor 009], [Nombre 011], [Valor 010], [Nombre 012], [Valor 011], [Nombre 013], [Valor 012], [Nombre 014], [Valor 013], [Nombre 015], [Valor 014], [Nombre 016], [Valor 015], [Nombre 017], [Nombre 018], [Valor 016], [Nombre 019], [Nombre 020], [Valor 017], [Nombre 021], [Valor 018], [Nombre 022], [Valor 019], [Nombre 023], [Valor 020], [Nombre 024], [Valor 021], [Nombre 025], [Valor 022], [Nombre 026], [Valor 023], [Nombre 027], [Valor 024], [Nombre 028], [Valor 025], [Nombre 029], [Valor 026], [Nombre 030], [Valor 027], [Nombre 031], [Valor 028], [Nombre 032], [Valor 029], [Nombre 033], [Valor 030], [Nombre 034], [Nombre 035], [Valor 031], [Nombre 036], [Valor 032], [Nombre 037], [Valor 033], [Nombre 038], [Valor 034], [Nombre 039], [Valor 035], [Nombre 040], [Valor 036], [Nombre 041], [Valor 037], [Nombre 042], [Valor 038], [Nombre 043], [Valor 039], [Nombre 044], [Valor 040], [Nombre 045], [Valor 041], [Nombre 046], [Valor 042], [Nombre 047], [Valor 043], [Nombre 048], [Valor 044], [Nombre 049], [Valor 045], [Nombre 050], [Valor 046], [Nombre 051], [Valor 047], [Nombre 052], [Nombre 053], [Valor 048], [Nombre 054], [Valor 049], [Nombre 055], [Nombre 056], [Valor 050], [Nombre 057], [Valor 051], [Nombre 058], [Valor 052], [Nombre 059], [Valor 053], [Nombre 060], [Valor 054], [Nombre 061], [Valor 055], [Nombre 062], [Valor 056], [Nombre 063], [Valor 057], [Nombre 064], [Valor 058], [Nombre 001], [Valor 001], [Nombre 065], [Valor 059], [Nombre 066], [Valor 060], [Nombre 067], [Valor 061], [Nombre 068], [Valor 062], [Nombre 069], [Valor 063], [Nombre 070], [Valor 064], [Nombre 071], [Valor 065], [Nombre 072], [Valor 066], [Nombre 073], [Valor 067], [Nombre 074], [Valor 068], [Nombre 075], [Valor 069], [Nombre 076], [Valor 070], [Nombre 077], [Valor 071], [Nombre 078], [Valor 072], [Nombre 079], [Valor 073], [Nombre 080], [Valor 074], [Nombre 081], [Valor 075], [Nombre 082], [Valor 076], [Nombre 083], [Valor 077], [Nombre 084], [Valor 078], [Nombre 085], [Valor 079], [Nombre 086], [Valor 080], [Nombre 087], [Valor 081], [Nombre 088], [Valor 082], [Nombre 089], [Valor 083], [Nombre 090], [Valor 088], [Nombre 091], [Valor 085], [Nombre 092], [Valor 086], [Nombre 093], [Valor 087], [Nombre 094], [Valor 089], [Nombre 095], [Valor 090], [Nombre 096], [Valor 091] y [Nombre 097], [Valor 092], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD, EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO, LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.
Resultando:
Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,
Considerando:
I.Cuestión preliminar. De previo a resolver lo que en derecho corresponde, se debe advertir que a este proceso se acumuló el expediente nro. 25-024012-0007-CO a través del cual se requirió informe a las siguientes autoridades recurridas: al presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al presidente del Tribunal Ambiental Administrativo y a la directora del Área Rectora de Salud de Poás, motivo por el cual se tienen como autoridades recurridas; así como los recurrentes que interpusieron dicho recurso de amparo. Por lo anterior, se procederá analizar cada una de las actuaciones de las autoridades recurridas a partir de los alegatos expuestos por los recurrentes.
II.Sobre la excepción al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción pues se trata de denuncia en materia de ambiente y de salubridad pública relacionada a una planta de tratamiento de aguas residuales que no ha recibido el mantenimiento adecuado, motivo por el cual dichas aguas son vertidas de forma directa en el río Poás provocando contaminación en su cauce y afectando el ecosistema circulante, por lo que esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de este tipo de gestión. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
III.Objeto del recurso. Los recurrentes manifiestan que son vecinos de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. En ese sentido, señalan que dicha urbanización fue establecida desde hace 25 años y cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, acusan que no ha recibido el mantenimiento adecuado, motivo por el cual dichas aguas son vertidas de forma directa en el río Poás provocando contaminación en su cauce y afectando el ecosistema circulante. Sostienen que dicha problemática expuesta ha causado proliferación de plagas, como mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, y ha generado olores nauseabundos que afectan la calidad de vida de todos los residentes. Afirman que han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades recurridas; no obstante, reprochan que la situación no mejora. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales, por lo que solicitan la intervención de la Sala.
IV.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Los recurrentes son vecinos de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela (hecho incontrovertido); La urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela se trata de un proyecto de bien social desarrollado hace aproximadamente 25 años, en la cual se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales a efectos de brindar el servicio de tratamiento de agua para los habitantes de dicha urbanización (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); Los vecinos de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela se organizaron para crear la Asociación de Bienestar Social La Senda (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).
En cuanto a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
El 12 de enero de 2021, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados efectuaron una visita a la planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización La Senda, de dicha inspección se emitió el oficio nro. GSD-UEN-GAR-2021-00159 donde se consignó: “4. Conclusiones A raíz de la visita efectuada y la información brindada por la ASADA y la asociación de vecinos, se concluye lo siguiente: • La PTAR de la Urbanización La Senda presenta signos de abandono, con daños graves en sus estructuras y problemas de operación y mantenimiento. • El sistema de saneamiento visitado despide malos olores que llegan hasta algunas de las viviendas cercanas, así mismo, el efluente de la PTAR se observa turbio. • Algunas estructuras de encuentras destruidas, y, por lo tanto, fuera de operación. Otras unidades no se están utilizando para la función que fueron diseñadas. • La Asociación de Bienestar Social La Senda no cuenta con los medios económicos o técnicos para realizar las mejoras que la PTAR requiere en la actualidad. • La ASADA Tacares Sur no cuenta con los medios económicos para realizar las mejoras que la PTAR requiere en la actualidad, ni podría realizar un proceso de recepción debido al mal funcionamiento del sistema. 5.
Recomendaciones Se recomienda informar al Tribunal Ambiental acerca de la situación observada y brindar cualquier información adicional que se requiera” (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y pruebas aportadas); El 10 de febrero de 2023, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados efectuaron una visita a la planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización La Senda, de dicha inspección se emitió el oficio nro. GSD-UEN-GAR-2023-A donde se consignó: “4. Conclusiones A raíz de la visita efectuada y la información brindada por la ASADA y la asociación de vecinos, se concluye lo siguiente: • La PTAR de la Urbanización La Senda presenta signos de abandono, con daños graves en sus estructuras y problemas de operación y mantenimiento. • El sistema de saneamiento visitado despide malos olores que llegan hasta algunas de las viviendas cercanas, así mismo, el efluente de la PTAR se observa turbio. • Algunas estructuras de encuentras destruidas, y, por lo tanto, fuera de operación.
Otras unidades no se están utilizando para la función que fueron diseñadas. • La Asociación de Bienestar Social La Senda no cuenta con los medios económicos o técnicos para realizar las mejoras que la PTAR requiere en la actualidad. • La ASADA Tacares Sur no cuenta con los medios económicos para realizar las mejoras que la PTAR requiere en la actualidad, ni podría realizar un proceso de recepción debido al mal funcionamiento del sistema. • El sistema de alcantarillado debe ser analizado en profundidad para determinar posibles fugas o mantenimiento. 5. Recomendaciones Debido a lo anterior se recomienda diseñar una propuesta de tratamiento de las aguas residuales adaptada a las necesidades sociales, ambientales, económicas y técnicas de la comunidad con un presupuesto preliminar para que la comunidad pueda buscar fondos en diferentes entidades y de esta manera tengan acceso a un correcto saneamiento” (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y pruebas aportadas); Mediante oficio nro. GSD-UEN-GAR-2023-B, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados procedieron a detallar una propuesta de diseño de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, en el cual se detalló: “3.3.Diseño preliminar Basándose en los parámetros mencionados anteriormente y los criterios ingenieriles necesarios, se sugiere la implementación de un nuevo tren de tratamiento que consta de varios componentes.
El tren de tratamiento detallado se muestra a continuación: 1. Pretratamiento de Rejillas: Para retener los sólidos más grandes y los desechos flotantes presentes en el agua residual. Esto ayuda a proteger los equipos y procesos posteriores de obstrucciones y daños. 2. Desarenador: Para eliminar sedimentos pesados con el fin de reducir la carga orgánica. 3. Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente: El agua residual tratada en etapas anteriores ingresa a un reactor anaerobio de flujo ascendente. Aquí, los microorganismos descomponen la materia orgánica presente en el agua en ausencia de oxígeno. 4. Humedal: El agua tratada en el reactor anaerobio fluye hacia un humedal y se da la remoción adicional de contaminantes, como nutrientes y compuestos orgánicos. 5. Lechos de Secado de Lodos extraídos del Reactor: Loss lodos generados en el proceso de tratamiento en el reactor se deshidratan y secan mediante la exposición al aire y al sol, lo que facilita su manejo y disposición final. 6.
Cloración: Como última etapa, luego del humedal, el agua tratada se somete a un proceso de cloración para desinfectarla y garantizar la eliminación de patógenos y microorganismos perjudiciales. La cloración ayuda a cumplir con los estándares de calidad del agua antes de su posible reutilización o descarga al medio ambiente (…) 4. Conclusiones • Se cuenta con una propuesta de diseño preliminar, que responde a la necesidad de la comunidad La Senda, Poás de Alajuela para el tratamiento de aguas residuales. • Se cuenta con una estimación de costos detallada, la cual no corresponde a presupuesto de diseño final, pero es suficientemente detallada para ser presentada a los entes que puedan dar el apoyo a la comunidad. 5. Recomendaciones • Es importante tomar en cu8enta que este presupuesto está adaptado a los precios del mercado actual, por lo que si se espera mucho tiempo para iniciar el proyecto los cotos pueden variar. • Se recomienda analizar el estado actual del alcantarillado sanitario, para saber la capacidad de diseño y además el estado de este” (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y pruebas aportadas); Mediante oficio nro. GSD-UEN-GAR-2025-01361 del 8 de abril de 2025, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados concluyeron: “• El sistema de saneamiento de la Urbanización La Senda ha sufrido abandono y deterioro por más de 25 años, por lo que se encuentra inutilizable en este momento. • Las aguas residuales de la urbanización La Senda están siendo recolectadas por medio de alcantarillado sanitario, pero la PTAR no está ejerciendo la depuración necesaria, por lo que las aguas se rebalsan cerca de la zona de protección del Río Poás y posteriormente fluyen hacia el cauce del mismo. • Existen denuncias por parte de los vecinos, quienes han acudido a la ASADA Tacares, AyA, Municipalidad de Poás, Ministerio de Salud e incluso al Tribunal Ambiental Administrativo. • La propiedad donde se encuentra la PTAR no fue traspasada a la Municipalidad de Poás, por lo que aún se encuentra a nombre de la Asociación de vecinos. • Ni el desarrollador de la Urbanización ni la Asociación de vecinos realizaron un procedimiento de recepción ante AyA, ASADA o Municipalidad para entregar la operación del sistema de saneamiento a un ente operador autorizado, sino que la junta de vecinos realizó esa función por varios años. • La dirección GAR ha realizado visitas y análisis preliminares de las obras de rehabilitación requeridas para el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento La Senda” (ver informe rendido bajo juramento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y pruebas aportadas).
En cuanto a las autoridades de la Municipalidad de Poás:
Por medio del oficio nro. MPO-SCM-016-2016 del 25 de enero de 2016, la secretaria del Concejo de la Municipalidad de Poás puso en conocimiento de los funcionarios de la Comisión de Obras Municipal lo siguiente: “Se acuerda: ACUERDO N° 9355-01-2016 El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento de la nota recibida por parte de la Asociación para la Vivienda y Bienestar Social de Carrillos de Poás, dirigida a este Concejo Municipal, sobre calles, alamedas, parques de la Urbanización La Senda, Carrillos de Poás, trasladar copia de esta nota a la Comisión de Obras y sus asesores técnico y legal, para que analicen técnica y legalmente el citado caso y presenten un informe al respecto. Notifíquese a la Comisión de Obras y sus asesores técnico y legal, así como al Alcalde de esta Municipalidad” (ver prueba aportada); Por medio del oficio nro. MPO-GDT-002-2017 del 10 de enero de 2017, los encargados de la Unidad Técnica de Gestión Vial y de la Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás le informaron al Concejo lo siguiente: “Con acuses de recibido el 25 y 26 de enero del 2016, en los Departamentos de Gestión Urbana y Gestión Vial, siendo que lamentablemente no se brindó seguimiento en tiempo y oportunidad a lo solicitado en el acuerdo en marras y que nuevamente la Asociación está gestionando el traspaso de seis áreas a saber: dos lotes donde se ubican las áreas de juego, tres alamedas y el área de la calle principal, descrita por los planos No. A-891429-2003, A-889222-2003, A-888916-2003, A-891430-2003, A-888887-2003 y A-891431-2003: -dos lotes donde se ubican las áreas de juego -tres alamedas -área de la calle principal Quedando por fuera el residual de la Finca Madre que corresponde al área donde se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales, donde la Asociación es la responsable de administrarla desde que se inició el proyecto y considerando: a) existe la aprobación por la Dirección de Urbanismo la Urbanización la Senda con fecha del 17 de marzo de 1999.
Anexo 1 b) existe la aprobación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica del Diseño de Sitio de la Urbanización la Senda c) todos los planos señalados están catastrados d) los planos corresponden a la realidad e) los accesos de alamedas y calles destinadas al uso público se encuentran identificadas en el shp de vías conforme lo estableció el Mapa de Vías Públicas con cuenta el Catastro Nacional oficializado mediante el Decreto 33797-MJ-MOPT y Aviso N° 01-2011 IGN Oficializado de la Cartografía Básica 2011 f) existe el interés de la Asociación de ceder el área de alamedas, parques y caminos g) existe el acuerdo 9355-01-2016 h) es importante que las alamedas, parques y caminos, siempre han estado de uso, con servicio y beneficio público descrito en los planos respectivos serán debidamente traspasados a la Municipalidad de Poás, para legalizar su situación. Por todo lo anterior, según nuestro criterio técnico es conveniente regularizar esta situación legal de esos terrenos y se concrete mediante escritura pública la cesión por parte de la Asociación a favor de la Municipalidad de Poás de esas áreas” (ver prueba aportada); Por medio del oficio nro. MPO-ALM-564-2020, el alcalde de la Municipalidad de Poás dirigió la denuncia ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de la siguiente manera: “Después de un cordial saludo, remito denuncia realizada por parte del Área Rectora de Salud de Poás, contra el Administrador del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización la SENDA en Carrillos Bajo de Poás, para su información y con el fin de contar con la intervención del AyA, para que la ASADA de Tacares, asuma su responsabilidad en este asunto tan delicado, el cual se encuentra denunciado del Tribunal Ambiental” (ver prueba aportada); En la sesión ordinaria nro. 065-2022 del 1 de diciembre de 2022, celebrada por parte del Concejo de la Municipalidad de Poás se discutió la problemática existente de la planta de tratamiento de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, en dicha discusión participó el presidente de la Asociación para la Vivienda y Bienestar Social, la Lucha de Carrillos Bajo de Poás y el alcalde de la Municipalidad de Poás (ver prueba aportada).
En cuanto a las autoridades del Ministerio de Salud:
El 22 de mayo de 2014, los recurrentes presentaron una denuncia ante el Área Rectora de Poás por la planta de tratamiento de la urbanización La Senda (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 23 de junio de 2014, las autoridades del Área Rectora de Poás realizaron una inspección al sitio donde se ubica la planta de tratamiento de la urbanización La Senda, de dicha visita se emitieron los siguientes hallazgos: “-El primer tanque de recepción de las aguas residuales no posee sus dos tapas, como se observa en las siguientes figuras. -El espacio para el secado de lodos se observó completamente llena y el portón de acceso se encuentra abierto y no posee candado. -Al momento de la visita no se percibieron malos olores provenientes del sistema de tratamiento que se consideraran insoportables para permanecer en el lugar”. Además, se emitieron las siguientes conclusiones y recomendaciones: “1.
En el sistema de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización La Senda no se observó un adecuado mantenimiento de la infraestructura del sistema; tanques no poseen tapas, laguna de secado de lodos se encuentra llena y acceso está sin candado de seguridad. No se logró observar la evidencia de la bitácora de mantenimiento y manejo de aguas residuales, por lo que se incumple con lo que indica el artículo 41 del Decreto N° 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y reúso de aguas residuales, el cual establece lo siguiente: “…Todo ente generador deberá poseer un expediente foliado que utilizará como Bitácora de Manejo de Aguas Residuales…” (…) 2. El reporte operacional de aguas residuales presentado del primer semestre del año 2014, los parámetros de DBO y DQO sobrepasaron los límites máximo permitido. Se adjunta plan de acciones correctivas en el reporte operacional, sin embargo las acciones propuestas no son claras ni se consideran viables para lograr bajar los parámetros que sobrepasan el límite.
Por tanto, se incumple con lo que cita el Decreto N° 33601-MINAE-S artículo 67 Por incumplimiento de parámetros en el control estatal (…) 3. En cuanto a lo denunciado por olores, se concluye que al momento de la visita no se percibieron olores fuertes que provengan del sistema de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, se considera importante dar seguimiento a las mejoras que se van a solicitar al sistema para así disminuir las molestias por los olores de parte de los vecinos y logrando a la vez cumplir con lo establecido en la legislación vigente que regula la actividad. Por lo anterior expuesto el personal que atendió la denuncia recomienda: Se dicte el respectivo acto administrativo, donde se le ordene a la Sra. [Nombre 098], representante del sistema de tratamiento de aguas residuales y presidenta de la Junta de la Urbanización La Senda en un plazo de 15 días hábiles a partir de su notificación, proceda a: 1.
Realizar las mejoras a la planta de tratamiento, como la colocación de las tapas faltantes a los tanques, colocar candado de seguridad a los portones que estén sin el mismo, limpiar el área de secado de lodos que se encuentre lleno y limpiar los alrededores del sistema de tratamiento. 2. Proceda a presentar una copia de la Bitacora de Manejo de Aguas Residuales del sistema de tratamiento, la cual deberá cumplir con los aspectos que establece el artículo 41 del Decreto N° 33601-MINAE-S. 3. Presentar un plan de acciones correctivas que incluya, un cronograma de actividades con plazos reales que describa claramente las acciones tomadas de manera inmediata y las acciones de corto y mediano plazo para el cumplimiento de los parámetros que sobrepasan el límite máximo permitido por el Decreto N° 33601-MINAE-S. Dicho plan deberá ser aprobado por este Ministerio” (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 30 de junio de 2014, las autoridades del Área Rectora de Poás emitieron la orden sanitaria nro. CN-ARS-P-297-2014, la cual fue notificada a la recurrente ([Nombre 098]) (ver informe rendido bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 7 de junio de 2015, la directora del Área Rectora de Poás se reunió con el personal de la Junta Directiva de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 4 de setiembre de 2015, las autoridades del Área Rectora de Poás emitieron la orden sanitaria nro. 098-2015, la cual fue notificada al presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 23 de setiembre de 2016, las autoridades del Área Rectora de Poás emitieron la orden sanitaria nro. 144-2016, la cual fue notificada al presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 23 de noviembre de 2016, el presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás presentó el plan de mejoras (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 25 de noviembre de 2016, las autoridades del Área Rectora de Poás aprobaron el plan de mejoras presentado por la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 21 de mayo de 2018, las autoridades del Área Rectora de Poás emitieron la orden sanitaria nro. 045-2018, la cual fue notificada al presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 11 de marzo de 2020, las autoridades del Área Rectora de Poás realizaron una inspección al sitio donde se ubica la planta de tratamiento de la urbanización La Senda, de dicha visita se emitieron los siguientes hallazgos: “a.
Existe una fuga en el tanque horizontal rectangular que constituye la segunda etapa del tratamiento del sistema. Esta fuga se presenta en una de las paredes y el derrame se estanca en este sector de la planta produciendo malos olores. b. Se presenta un rebalse en el biofiltro que ocasiona que las aguas se derramen por los alrededores y sean conducidas (por la topografía del terreno) hacía el Río Poás. También se presentan malos olores por este motivo. c. En ambos casos, los derrames ocurren antes de que las aguas se encuentren tratadas por completo. d. Existe en el expediente de la Urbanización La Senda, un reporte operacional con fecha de recibido del 5 de setiembre del 2019, indica que, debido al incumplimiento de los parámetros de DBO, DQO, SST y SAAM, se planteaba la realización de estudios y las mejoras para reconstruir el biofiltro era de 6 meses. Dicho cronograma se aprueba el 11 de setiembre del 2019.
Cabe señalar que, al día de la visita, ya han pasado 6 meses de la aprobación de dicho plan remedial y no se observa ninguna reparación realizada. En el plan remedial, solamente se hizo alusión a la reparación del biofiltro, porque según señala don Guido, en ese momento no existía la fuga en el tanque horizontal” (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 13 de marzo de 2020, las autoridades del Área Rectora de Poás emitieron la orden sanitaria nro. 023-2020, la cual fue notificada al presidente de la Junta Administrativa de la Urbanización La Senda (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); Mediante oficio nro. MS-DRRSCN-DARSP-283-2020 del 8 de mayo de 2020, la directora del Área Rectora de Poás formuló una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo por la problemática respecto a la planta de tratamiento de la urbanización La Senda.
Dicha denuncia se presentó el 16 de mayo de 2020 y se encuentra en trámite bajo el expediente nro. 128-20-02-TAA (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 4 de octubre de 2022, las autoridades del Área Rectora de Poás realizaron una inspección al sitio donde se ubica la planta de tratamiento de la urbanización La Senda, de dicha visita se emitieron los siguientes hallazgos: “El tanque horizontal que constituía segunda etapa de tratamiento, y que tenía fugas, según se detalló en el Informe Técnico MS-DRRSCN-DARSP-IT-053-2020, no se encuentra funcionando debido a que se encuentra destruido. En el Informe Técnico MS-DRRSCN-DARSP-IT-053-2020, se señaló la situación sobre rebalse en el biofiltro, sin embargo, actualmente no es un rebalse lo que hay, sin más bien hay una tubería que no tiene salida a este dispositivo, sino que va directo a una zanja en el terreno que conduce las aguas residuales hacia el Río Poás, sin ser previamente tratadas por completo.
El plan remedial que habían presentado, no se implementó y la situación actual empeoró, por lo antes descrito. Con respecto a lo señalado en el Informe Técnico MS-DRRSCN-DARSP-IT-101-2020, se indicó que debía realizar una nueva inspección para verificar la situación actual del tanque horizontal de segunda etapa de tratamiento, pero como fue señalado en el punto 1 de este apartado, el mismo ya no trabaja en el sistema. Los lechos de secado no están en funcionamiento y en el sitio creció vegetación”. Por lo anterior, se concluyó: “se concluye que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización La Senda no ha recibido mejoras (el cronograma no fue implementado), por lo que la situación que originó la denuncia ante el Tribunal Ambiental sigue igual” (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada); El 7 de abril de 2025, las autoridades del Área Rectora de Poás realizaron una inspección al sitio donde se ubica la planta de tratamiento de la urbanización La Senda, de dicha visita se emitieron los siguientes hallazgos: “El tanque horizontal no se encuentra funcionando, debido a que se encuentra destruido.
Sobre el biofiltro, este no funciona, más bien hay una tubería que no tiene salida a este dispositivo, sino que va directora a una zanja en el terreno que conduce las aguas residuales hacia el Río Poás, sin ser previamente tratadas por completo. La situación empeoró, por lo antes descrito y porque los malos olores son evidentes. Los lechos de secado no están en funcionamiento. En el sitio creció vegetación y no se le da mantenimiento”. Por lo anterior, se concluyó: “se concluye que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización La Senda no ha recibido mejoras (el cronograma no fue implementado), por lo que la situación que originó la denuncia ante el Tribunal Ambiental sigue igual y todas las etapas del que fue este sistema de tratamiento de aguas residuales no funcionan” (ver informes rendidos bajo juramento por parte del Ministerio de Salud y prueba aportada).
En cuanto a las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo:
Mediante resolución de las 08:50 horas del 17 de noviembre de 2021, el Tribunal Ambiental Administrativo declaró la apertura de la denuncia presenta por el Área Rectora de Poás del Ministerio de Salud contra la Asociación para la Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás, por lo anterior convocó a audiencia oral y pública para el 14 de octubre de 2022 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 1348-22-TAA del 14 de octubre de 2022, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada para este mismo y fue reprogramada para el 18 de noviembre de 2022 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 1529-20-22-TAA del 14 de noviembre de 2022, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 30 de junio de 2023 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 890-2023-TAA del 19 de junio de 2023, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 29 de setiembre de 2023 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 1322-2023-TAA del 22 de setiembre de 2023, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 11 de marzo de 2024 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 128-2024-TAA del 5 de marzo de 2024, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 25 de octubre de 2025 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 1180-2024-TAA del 18 de octubre de 2024, el Tribunal Ambiental Administrativo corrigió la resolución nro. 128-2024-TAA del 5 de marzo de 2024 para indicar que la fecha correcta de la reprogramación de la audiencia era para el 25 de octubre de 2024, pero se reprogramó para el 6 de mayo de 2025 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 410-2025-TAA del 29 de abril de 2025, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 8 de julio de 2025 (ver informes rendidos bajo juramento); Mediante resolución nro. 625-2025-TAA del 10 de junio de 2025, el Tribunal Ambiental Administrativo suspensión la audiencia programada y la reprogramó para el 10 de noviembre de 2025 (ver informes rendidos bajo juramento).
En cuanto a las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento:
Las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento indicaron que, al revisar el mapa de vulnerabilidad hidrogeológica del cantón de Poás, específicamente la zona de la urbanización La Senda Carrillos de Poás, la cual clasificaron como vulnerabilidad intrínseca -afectación del acuífero- en un sector baja, en otro sector alta y la recarga acuífera es desfavorable (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).
IV.Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia nro. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, reiterada en la sentencia nro. 2023-008920 de las 09:20 horas del 21 de abril de 2023, este Tribunal resolvió:
“El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública.
En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible– ”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes".
Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
V.La coordinación entre las dependencias públicas, para la protección del medio ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la administración central, como la descentralizada. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas.
Esta Sala con anterioridad -y en forma bastante clara- se ha referido al principio de coordinación de las dependencias públicas. De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, con el ente público mayor, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible “concierto” interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros.
Así, las relaciones con los poderes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la tutela administrativa del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector público) (ver en ese sentido las sentencias nro. 21258-2010 de las 14:00 del 22 de noviembre de 2010, nro. 2913-2011 de las 12:00 horas del 4 de marzo de 2011 y nro. 2023-008920 de las 09:20 horas del 21 de abril de 2023).
VI.Sobre el caso concreto. En el sub lite, los recurrentes manifiestan que son vecinos de la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. En ese sentido, señalan que dicha urbanización fue establecida desde hace 25 años y cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, acusan que no ha recibido el mantenimiento adecuado, motivo por el cual dichas aguas son vertidas de forma directa en el río Poás provocando contaminación en su cauce y afectando el ecosistema circulante. Sostienen que dicha problemática expuesta ha causado proliferación de plagas, como mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, y ha generado olores nauseabundos que afectan la calidad de vida de todos los residentes. Afirman que han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades recurridas; no obstante, reprochan que la situación no mejora. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales, por lo que solicitan la intervención de la Sala.
Para facilitar la resolución del caso concreto en los siguientes considerandos se analizará de forma separada el actuar de cada una de las autoridades recurridas:
Sobre las actuaciones del Ministerio de Salud.
Sobre el particular, del elenco de hechos probados, se tiene por demostrado que desde el 2014 tienen pleno conocimiento de la problemática objeto de este proceso. En esa línea, véase que el 22 de mayo de 2014, los recurrentes presentaron una denuncia ante el Área Rectora de Poás por la planta de tratamiento de la urbanización La Senda. Si bien, se desprende que las autoridades del Área Rectora de Poás han realizado diversas inspecciones en las cuales han evidenciado la falta de mantenimiento de la planta de tratamiento de la urbanización La Senda lo que ha provocado la contaminación ambiental denunciada, sea el derrame de las aguas residuales al río Poás y los malos olores. Por lo anterior, consta que emitieron las siguientes órdenes sanitarias nro. CN-ARS-P-297-2014, nro. 098-2015, nro. 144-2016, nro. 045-2018, nro. 023-2020 dirigidas al presidente de la Asociación para Vivienda y Bienestar Social La Lucha de Carrillos Bajo de Poás; sin embargo, tales medidas no fueron cumplidas, motivo por el cual se decidió interponer una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, la cual se encuentra en trámite bajo el expediente nro. 128-20-02-TAA.
Bajo este panorama, si bien se comprueba que las autoridades del Ministerio de Salud efectuaron acciones destinadas a solventar la problemática, no menos cierto es que no han sido suficientes, con el agravante de que han comprobado una omisión en ejecutar el pleno ejercicio de las facultades que la ley les otorga para tratar de hacer cumplir las órdenes sanitarias dictadas. Lo anterior, sin duda ha provocado que en la actualidad persista una contaminación descontrolada que afecta al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la urbanización La Senda. Véase que en la inspección que se llevó a cabo en este año, específicamente el 7 de abril de 2025, se consignó: “se concluye que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización La Senda no ha recibido mejoras (el cronograma no fue implementado), por lo que la situación que originó la denuncia ante el Tribunal Ambiental sigue igual y todas las etapas del que fue este sistema de tratamiento de aguas residuales no funcionan”. De ese modo, se acredita la violación flagrante a los derechos fundamentales de los vecinos de la comunidad mencionada y, en consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a estas autoridades con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Poás.
Al respecto, del análisis del informe rendido por parte de las autoridades de la Municipalidad de Poás se desprende que tienen pleno conocimiento de la problemática objeto de este proceso; no obstante, sustentan su inacción en una falta de competencia para abordar la situación por no ser el operador de la planta de tratamiento y señalan que es responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En ese sentido, para la resolución de este extremo del recurso, resulta relevante traer a colación lo resuelto por esta Sala en la sentencia nro. 2020-018888 de las 09:15 horas del 2 de octubre de 2020, reiterada en la sentencia nro. 2025-023963 de las 09:15 horas del 1 de agosto de 2025, por medio de las cuales se han discutido el tema del abandono del relleno sanitario en cuestión y sus consecuencias:
“la trascendencia constitucional se limita en verificar si las autoridades accionadas han sido diligentes en atender y solventar finalmente dicha problemática ambiental, que como es fácilmente constatable, no ha sido así. Aparte de lo anterior, es inaceptable la actitud asumida por el ayuntamiento de Cartago, pues, aunque ya no deposite los desechos el lugar de controversia, no puede obviar que debe acudir en tutela de los derechos fundamentales de sus munícipes. Es insoslayable la atención a la ciudadanía de su cantón por encima de cualquier conflicto …”. Además, no puede obviar que“…Este Tribunal ha reconocido que las corporaciones locales tienen, dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta cuota de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención.
Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente. Como se indicó supra, no solo ese cabildo, sino todas las demás autoridades recurridas, cuentan con amplias facultades de actuación, y si bien se encuentran sujetas a la legalidad y la razonabilidad, lo cierto es que teniendo en cuenta que se trata de una amenaza al medio ambiente y a la salud pública, la legalidad y los formalismos se ven desplazados” (el resaltado no pertenece al original).
A partir de lo expuesto, se debe reiterar que la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental que posee el municipio accionado dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, motivo por el cual no es de recibo el argumento expuesto en el informe rendido para la resolución de este proceso, toda vez que se han negado a ejecutar medidas de mitigación o prevención en beneficio de los habitantes de la urbanización La Senda, a pesar de que ha sido debidamente comprobado la condición de abandono de la planta de tratamiento lo que significa un inminente peligro a la salud pública, el cual persistente de forma descontrolado. Adicionalmente, conviene reiterarles las obligaciones derivadas de lo contemplando en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política respecto a que a las municipalidades les corresponde la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional; así como también velar por los derechos de sus munícipes de manera que no puede permanecer inerte, cuando a los munícipes se les afectan derechos fundamentales como sucede en el caso concreto. En consecuencia, declarar con lugar el recurso en cuanto a estas autoridades con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
Sobre las actuaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Sobre el particular, del análisis de los informes rendidos por parte de las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se desprende que tienen pleno conocimiento de la problemática objeto de este proceso; no obstante, sustentan su inacción respecto a que no cuentan con un registro de los datos del desarrollo gestionado, revisado o aprobado en cuanto al proyecto de la urbanización La Senda; así como tampoco son el operador de dicha planta de tratamiento.
Ahora bien, para el análisis del presente extremo del recurso, resulta relevante recordarle al instituto recurrido su obligación de velar por la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado lo que indudablemente incluye la debida recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. En ese sentido, lo establece la propia Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, Ley nro. 2726, específicamente en sus artículos 1 y 2:
“ARTICULO 1º.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.
ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.
Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.
Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos.
Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades; h) Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley; i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario.
(*)k) Se autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que formalice, mediante convenio interinstitucional con las corporaciones municipales, la construcción, ampliación y rehabilitación de obras para el suministro de agua potable y servicio de alcantarillado, con el fin de proporcionar esos servicios en aquellas zonas en donde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no tenga cobertura en determinadas zonas o que teniendo, no pueda brindar el servicio por limitaciones constructivas del sistema, pero que técnicamente existe disponibilidad del recurso hídrico.
Los estudios previos y los planos de las obras constructivas de los diferentes sistemas de agua potable y alcantarillado, que lleven a cabo las municipalidades, deben contar con la aprobación previa en sus aspectos técnicos y de diseño por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para asegurar su incorporación a los sistemas que ya tenga en operación el Instituto, una vez concluidas las obras, de conformidad con el inciso b).
Se autoriza a las municipalidades para que elaboren, por sí mismas o terceros, los planos constructivos de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
Una vez recibida a satisfacción la obra que construye la corporación municipal, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe incorporarse en la tarifa del servicio el rubro correspondiente para efectuar el pago íntegro a favor de la corporación municipal, por la obra previamente aprobada por el Ay A, así como el costo de las expropiaciones y constitución de servidumbres necesarias para la construcción y operación del sistema. Tanto la obra como los terrenos pasarán a formar parte del patrimonio del AyA. El modelo tarifario para el pago de la obra debe ser aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
(*) (Así adicionado el inciso k) anterior por el artículo 1° de la Ley para permitir a las municipalidades la construcción de obra de acueducto y alcantarillado, N° 10595 del 11 de noviembre de 2024)” (el resaltado no pertenece al original).
Del análisis de la normativa supracitada, se comprueba el deber del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en ejercer de forma coordinada la materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales para asegurar así la eficacia y eficiencia respectiva. A pesar de lo anterior, del elenco de hechos probados, se acredita que tienen pleno conocimiento respecto a la existencia de la problemática ambiental provocada por la planta de tratamiento desde el 2021, toda vez que por medio del oficio nro. GSD-UEN-GAR-2021-00159 se consignó en lo que interesa: “El sistema de saneamiento visitado despide malos olores que llegan hasta algunas de las viviendas cercanas, así mismo, el efluente de la PTAR se observa turbio. • Algunas estructuras de encuentras destruidas, y, por lo tanto, fuera de operación. Otras unidades no se están utilizando para la función que fueron diseñadas”; a través del oficio nro. GSD-UEN-GAR-2023-A se detalló: “La PTAR de la Urbanización La Senda presenta signos de abandono, con daños graves en sus estructuras y problemas de operación y mantenimiento. • El sistema de saneamiento visitado despide malos olores que llegan hasta algunas de las viviendas cercanas, así mismo, el efluente de la PTAR se observa turbio.
Algunas estructuras de encuentras destruidas, y, por lo tanto, fuera de operación. Otras unidades no se están utilizando para la función que fueron diseñada (…) se recomienda diseñar una propuesta de tratamiento de las aguas residuales adaptada a las necesidades sociales, ambientales, económicas y técnicas de la comunidad con un presupuesto preliminar para que la comunidad pueda buscar fondos en diferentes entidades y de esta manera tengan acceso a un correcto saneamiento”; y mediante el oficio nro. GSD-UEN-GAR-2025-01361 se indicó: “El sistema de saneamiento de la Urbanización La Senda ha sufrido abandono y deterioro por más de 25 años, por lo que se encuentra inutilizable en este momento. Las aguas residuales de la urbanización La Senda están siendo recolectadas por medio de alcantarillado sanitario, pero la PTAR no está ejerciendo la depuración necesaria, por lo que las aguas se rebalsan cerca de la zona de protección del Río Poás y posteriormente fluyen hacia el cauce del mismo”.
Sin embargo, no se logra observar alguna acción dentro del ámbito de sus competencias para tratar de mitigar de forma coordinada con las diversas instancias respectivas la recolección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales lo que representa un quebranto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los recurrentes y los vecinos de la urbanización La Senda. En consecuencia, declarar con lugar el recurso en cuanto a estas autoridades con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
Sobre las actuaciones del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo.
Finalmente, en cuanto a las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo no hay motivo para estimar el recurso en su contra pues los recurrentes no les atribuyen ninguna omisión.
VII.Conclusión. En mérito de las anteriores consideraciones y con sustento en los elementos probatorios que constan en el expediente, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el presente recurso de amparo, con las consecuencias que se disponen en la parte dispositiva.
VIII.Nota del magistrado Salazar Alvarado. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante las autoridades recurridas, la problemática de aguas negras que son vertidas al Río Poás, generando la contaminación del cauce, la proliferación de plagas y la emisión de malos olores, sin que presuntamente haya sido debidamente atendida, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida de los recurrentes y demás vecinos de la comunidad.
IX.Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución definitiva a la problemática ambiental y de salubridad acreditada en cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
X.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra las autoridades del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Poás y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se le ordena a Mariela de los Ángeles Marín Mena, en su condición de ministra a. i. y a Gabriela Miranda Murillo, en su condición de directora del Área Rectora de Salud Poás, ambas del Ministerio de Salud; a Roy Chaves Gómez, en su condición de presidente a. i. del Concejo, a Heibel Antonio Rodríguez Araya, en su condición de alcalde, y a Mariam Lawrence Álvarez, en su condición de encarga de Gestión Territorial, todos de la Municipalidad de Poás de Alajuela; a Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva, a María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general, y a Alejandro Calderón Acuña, en su condición de subgerente de Gestión de Sistema GAM, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que de forma INMEDIATA, a partir de la notificación de esta sentencia, de manera conjunta y coordinada, dispongan lo necesario para asegurar temporalmente que no hayan afectaciones a la salud de las personas que habitan en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, mientras se da una solución definitiva del problema objeto de este proceso.
Asimismo, se les ordena a dichas autoridades que coordinen entre sí lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se brinde una solución definitiva a la problemática ambiental y de salubridad acreditada respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales en la urbanización La Senda, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela. Se advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Poás, al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. En cuanto a las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento y del Tribunal Ambiental Administrativo se desestima el recurso. Notifíquese.- Paul Rueda L.
Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
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