← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 34914-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/10/2025
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo, ordered the claimant’s immediate referral to CONAPDIS for a socioeconomic assessment, and held the Municipality of Santa Cruz liable for costs and damages.La Sala declaró con lugar el amparo, ordenó remitir inmediatamente el caso al CONAPDIS para una valoración socioeconómica y condenó a la Municipalidad de Santa Cruz al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted relief to a person with disabilities whose home was cleared and demolished by the Municipality of Santa Cruz in the public strip of the maritime-terrestrial zone at Playa Avellanas. Although the Chamber recognized that this land forms part of the public domain and that the State must recover illegally occupied public property, it held that when such occupation is residential, the Administration must communicate the eviction order beforehand and provide time to exercise the right of defense. Here, the formal order was issued on the same day as the demolition, with no evidence that a period to vacate had been granted, while actions toward removal had begun the previous day. Moreover, although the municipality knew of the claimant’s physical disability, it did not coordinate beforehand with CONAPDIS to assess his socioeconomic circumstances and possible vulnerability. Because the eviction and demolition had already occurred, the Chamber ordered the immediate referral of his case to CONAPDIS and imposed costs and damages on the municipality.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo de una persona con discapacidad cuya vivienda fue desalojada y demolida por la Municipalidad de Santa Cruz en la zona pública de la zona marítimo terrestre de Playa Avellanas. Aunque reconoció el carácter demanial de esos terrenos y el deber estatal de recuperar los ocupados ilegalmente, sostuvo que, cuando el inmueble tiene uso habitacional, la Administración debe comunicar previamente la orden de desalojo y conceder un plazo para ejercer la defensa. En este caso, la orden formal se emitió el mismo día de la demolición, sin constancia de un plazo para desalojar, y hubo actuaciones materiales desde el día anterior. Además, pese a que la municipalidad conocía la discapacidad física del recurrente, no coordinó previamente con el CONAPDIS para valorar su situación socioeconómica y posible vulnerabilidad. Como el desalojo ya se había consumado, ordenó remitir inmediatamente el caso al CONAPDIS y condenó a la municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
Thus, although the Court has recognized that the maritime-terrestrial zone is public-domain property excluded from the ordinary property regime and, therefore, that the State is required to recover full control over such land when it has been illegally occupied, it is no less true that, in matters where this type of occupation is residential, before carrying out eviction measures there must be prior communication of the eviction order and a period must be granted for exercising the right of defense. In the case under review, it was established that, in August 2025, the Municipality of Santa Cruz initiated summary proceeding No. 001-2025 against the protected party and Nombre73482 because it had been confirmed that they “are illegally occupying land within the public strip of the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Avellanas”; the occupants were also given time to submit conclusions, legal grounds, and evidence. Nevertheless, the eviction order was formally issued through Resolution No. DAM-RES-070-2025 at 9:30 a.m. on August 12, 2025, in which the mayor of Santa Cruz ordered the eviction and demolition of every structure erected on lots located in the public strip of the maritime-terrestrial zone in the Playa Avellanas sector and occupied by the protected party and (Nombre73478), among others. Despite this, not only is there no evidence that this resolution granted the protected party a period to vacate the property, but Memorandum DIM-1351-2025 of October 10, 2025, explained that actions intended to carry out the demolition and eviction had begun on August 11, 2025, before the formal eviction order was issued. It should be recalled that the memorandum stated: “On August 11, 2025, demolitions were carried out on structures located in the Public Strip of the Maritime-Terrestrial Zone. Among them was the structure occupied by Nombre73471 and Nombre73478, which had been voluntarily vacated by them. It was also confirmed that the structure had been dismantled during the weekend following issuance of the summary act and was found without a roof, belongings, or personal items. It is unknown who carried out that action. For its part, the Municipality of Santa Cruz, in strict observance of due process, proceeded with the total demolition of the structure on August 12, 2025.” In addition, Memorandum DIM-1351-2025 of October 10, 2025, also explained that “In 2021, social worker Lic. Nombre73479 conducted a census of the homes occupied in the public strip of the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Avellanas, located at Dirección4378. The purpose of this intervention was to collect information on the social and family circumstances of persons residing in that area, including the case of Nombre73473,” at which time it was determined that the protected party was a person with a “physical disability.” Despite this, it has not been shown that, before the eviction at issue, the local government of Santa Cruz coordinated in advance with the National Council for Persons with Disabilities so that the protected party’s socioeconomic circumstances could be assessed and it could be determined whether he was in a vulnerable condition.De este modo, si bien el Tribunal ha reconocido que la zona marítimo terrestre es un bien demanial que está excluido del régimen de propiedad ordinaria y, por ende, que el Estado está obligado a recuperar el pleno dominio sobre ese tipo de terrenos que hayan sido ocupados ilegalmente, no menos cierto es que al tratarse de asuntos en que ese tipo de ocupación se efectúa con uso habitacional, es necesario que, antes de ejecutar actos de desalojo exista una comunicación previa de la orden de desalojo y se otorgue un plazo para ejercer el derecho de defensa. En el sub examine, se acredita que, en agosto de 2025, la Municipalidad de Santa Cruz inició el proceso sumario nro. 001-2025 contra el amparado y Nombre73482, debido a que se corroboró que estos “se encuentran ocupando ilegalmente un terreno dentro de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Avellanas”; además, se confirió plazo a los ocupantes para formular conclusiones, aportar fundamentos jurídicos y pruebas. Sin embargo, la orden de desalojo se emitió formalmente, por medio de la resolución nro. DAM-RES-070-2025 de las 9:30 horas del 12 de agosto de 2025, en la que el alcalde de Santa Cruz dispuso el desalojo y demolición de toda obra que haya sido edificada en los lotes ubicados en la zona pública de la zona marítimo terrestre del sector de playa Avellanas y que son ocupados por el amparado y (Nombre73478), entre otros. Pese a ello, no solo no consta que en tal resolución se confiriera un plazo a la parte amparada para desalojar el inmueble, sino que en el oficio DIM-1351-2025 del 10 de octubre de 2025 se explicó que desde el día 11 de agosto de 2025 se comenzaron a realizar actos tendientes a materializar la demolición y desalojo en cuestión, lo cual acaeció de previo a la emisión formal de la orden de desalojo. Recuérdese que en ese oficio se indicó: “El 11 de agosto de 2025, se llevaron a cabo las demoliciones de las estructuras ubicadas en la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre. Entre ellas, destaca la construcción ocupada por los señores Nombre73471 y Nombre73478, la cual había sido desocupada voluntariamente por los mencionados. Además, se constató que dicha estructura fue desmantelada durante el fin de semana posterior a la emisión del acto sumario, encontrándose en el lugar sin techo, enseres ni objetos personales. Se desconoce quién o quiénes llevaron a cabo dicha acción. Por su parte, la Municipalidad de Santa Cruz, en estricto apego al debido proceso, procedió con la demolición total de la estructura el 12 de agosto de 2025”. Aunado a lo anterior, en el citado oficio DIM-1351-2025 del 10 de octubre de 2025 también se explicó que “En el año 2021, la trabajadora social, Licda. Nombre73479, realizó un censo de las viviendas ocupadas en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Avellanas, ubicada en el Dirección4378. El objetivo de esta intervención fue recabar información sobre la situación sociofamiliar de las personas residentes en dicha área, incluyendo el caso de la señora Nombre73473”, momento en que se determinó que el amparado es una persona con “discapacidad física”. Pese a ello, en la especie no se tiene por demostrado que, de previo al desalojo objeto de este asunto, la corporación local de Santa Cruz haya coordinado previamente con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, a fin de que se valore la condición socioeconómica del tutelado y se determine si se encuentra o no en condición de vulnerabilidad.
Pull quotesCitas destacadas
"En consideración de lo anterior, el Tribunal comprueba la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada."
"In view of the foregoing, the Court finds that the protected party’s fundamental rights were violated."
Considerando III
"En consideración de lo anterior, el Tribunal comprueba la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada."
Considerando III
"Ahora bien, dado que el desalojo y demolición bajo estudio ya se materializaron, lo procede estimar el recurso, de acuerdo con lo establecido en la parte dispositiva de este asunto."
"Because the eviction and demolition under review had already been carried out, the appropriate course is to grant the petition in accordance with the operative part of this decision."
Considerando III
"Ahora bien, dado que el desalojo y demolición bajo estudio ya se materializaron, lo procede estimar el recurso, de acuerdo con lo establecido en la parte dispositiva de este asunto."
Considerando III
"Se declara con lugar el recurso."
"The petition is granted."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso."
Por tanto
"Se condena a la Municipalidad de Santa Cruz al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
"The Municipality of Santa Cruz is ordered to pay the costs and the damages caused by the facts underlying this ruling, to be assessed in enforcement proceedings before the administrative-law jurisdiction."
Por tanto
"Se condena a la Municipalidad de Santa Cruz al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
Por tanto
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty on veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.
Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under expediente número 25-029506-0007-CO, filed by Nombre73471, identity card CED39862, against the MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (GUANACASTE).
Findings of Fact:
Justice Salazar Murillo drafts the opinion; and, Legal Grounds (Considerando):
The petitioner states that he is a person with a disability and that on 6 de agosto de 2025 he was notified of summary administrative proceeding (procedimiento sumario administrativo) nro. 001-2025, which was upheld and ordered the demolition of his home because it was located within the strip corresponding to the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre); the demolition was carried out on 11 de agosto. He explains that, for more than twenty years, he had permanently, openly, and in good faith occupied the demolished property together with his mother, an older adult who died in abril de 2025. He maintains that, as a consequence of the demolition, he currently has no home of his own. He complains that, despite his repeated requests, the municipality has denied his request for relocation without considering his vulnerable status, even though he is a resident citizen (ciudadano poblador) with more than ten years of continuous residence and whose only inhabited property was in the maritime-terrestrial zone.
He explains that the resident certification (carta de poblador) was submitted and processed by his mother on 10 de marzo de 2025 before the Departamento de Zona Marítimo Terrestre of the respondent local government and that, although it was granted for his mother’s benefit, she stated that he lived with her in the now-demolished home and that, because of his disability, he had been unable to obtain dignified employment. He requests recognition of his status, that he not be left abandoned, and that he be granted the benefit of decent housing because of the demolition he suffered.
The following facts are deemed duly established and relevant to the determination of this matter:
The information obtained during this update is detailed below: N.° Case File: Exp.1 Head of Household: Nombre73473 The woman died approximately 3 months ago, and her son, Mr. Nombre73471, 65 years old and physically disabled, replaced doña Nombre29876 as head of the household, together with her son Nombre73478, holder of identity-card number CED39861, a 26-year-old Costa Rican who works as a surfing instructor in the same area. (…) 4. Execution of the demolition. On 11 de agosto de 2025, the structures located in the Public Zone of the Zona Marítimo Terrestre were demolished. These included, notably, the structure occupied by Messrs. Nombre73471 and Nombre73478, which they had voluntarily vacated. It was also established that the structure had been dismantled during the weekend following the issuance of the summary administrative decision (acto sumario) and was found at the site without a roof, household belongings, or personal items.
It is unknown who carried out that action. For its part, the Municipalidad de Santa Cruz, in strict observance of due process, proceeded with the complete demolition of the structure on 12 de agosto de 2025, ensuring compliance with the regulations in force and ensuring that no elements remained that could constitute unlawful occupation of the area.” (See documentary evidence).
In the matter at hand (sub lite), the petitioner states that he is a person with a disability and that on 6 de agosto de 2025 he was notified of summary administrative proceeding nro. 001-2025, which was upheld and ordered the demolition of his home because it was located within the strip corresponding to the maritime-terrestrial zone; the demolition was carried out on 11 de agosto. He explains that, for more than twenty years, he had permanently, openly, and in good faith occupied the demolished property together with his mother, an older adult who died in abril de 2025. He maintains that, as a consequence of the demolition, he currently has no home of his own. He complains that, despite his repeated requests, the municipality has denied his request for relocation without considering his vulnerable status, even though he is a resident citizen with more than ten years of continuous residence and whose only inhabited property was in the maritime-terrestrial zone.
He explains that the resident certification was submitted and processed by his mother on 10 de marzo de 2025 before the Departamento de Zona Marítimo Terrestre of the respondent local government and that, although it was granted for his mother’s benefit, she stated that he lived with her in the now-demolished home and that, because of his disability, he had been unable to obtain dignified employment. He requests recognition of his status, that he not be left abandoned, and that he be granted the benefit of decent housing because of the demolition he suffered.
The Chamber finds that the protected party is 64 years old and is a person with a disability. The Administrative and Civil Court of the Treasury issued judgment no. 2023005443 at 15:27 on November 15, 2023, ordering the Municipal Council of Santa Cruz to undertake the immediate eviction and demolition, with due process safeguards, of every structure existing in the public zone (zona pública) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of playa Avellanas. On March 12, 2025, the protected party’s mother submitted an application to the Municipality of Santa Cruz seeking recognition of resident status in the maritime-terrestrial zone (categoría de pobladora de la zona marítimo terrestre). The protected party and one of his brothers occupied a structure located in the maritime-terrestrial zone of playa Avellanas that lacked a building permit. In August 2025, the Municipality of Santa Cruz initiated summary proceeding (proceso sumario) no. 001-2025 against the protected party and Nombre73482, because it had been verified that they “are illegally occupying land within the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Avellanas.” The occupants were also granted a period within which to submit final arguments, legal grounds, and evidence.
The foregoing was served on the petitioner on August 6, 2025. At ordinary session no. 32-2025, held on August 7, 2025, the Municipal Council of Santa Cruz agreed to “Approve the recommendation contained in official letter ZMT-479-2025 from the Maritime-Terrestrial Zone Department, which states: Resident status is strictly personal and cannot be transferred through any type of legal act intended to convey it; any such act is absolutely null and void, and purported third-party acquirers cannot take the resident’s place in this special status. The Civil Registry was consulted, and it was determined that Ms. Nombre73474 died on April 03, 2025; because resident status cannot be transferred, the application is denied.” By resolution no. DAM-RES-070-2025, issued at 9:30 on August 12, 2025, the mayor of Santa Cruz ordered the eviction and demolition of every structure erected on the lots located in the public zone of the maritime-terrestrial zone in the playa Avellanas sector and occupied by the protected party and (Nombre73478), among others.
On August 12, 2025, the local government of Santa Cruz carried out the eviction and demolition of the structure in which the protected party lived. In memorandum DIM-1351-2025 dated October 10, 2025, the Administrative Directorate of the Municipality of Santa Cruz stated: “In 2021, the social worker, Licda. Nombre73479, conducted a census of the dwellings occupied in the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Avellanas, located at Dirección4378. The purpose of this intervention was to gather information concerning the social and family circumstances of the persons residing in that area, including the case of Ms. Nombre73473 (may she rest in peace). As a result of this work, Licda. Nombre73480 prepared Case File No. 1, which records the corresponding social and family information, detailed below: Case File 1—Nombre73481. The verification of the families occupying the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Avellanas was updated by the social worker, Licda. Nombre73479, on July 31, 2025, in compliance with administrative resolution DAM-RES- 009-2025 and Municipal Council Agreement SM-2141-Ord.53-2024.
The information obtained during that update is detailed below: Case File No.: File 1. Head of Household: Nombre73473. The woman died approximately 3 months ago, and her son, Mr. Nombre73471, age 65 and physically disabled, and her son Nombre73478, holder of identity card number CED39861, a 26-year-old Costa Rican who works as a surfing instructor in the same area, remain in place of doña Nombre29876 as heads of household. (…) 4. Execution of the demolition. On August 11, 2025, the structures located in the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone were demolished. Among them was the structure occupied by Messrs. Nombre73471 and Nombre73478, which those individuals had voluntarily vacated. It was also found that the structure had been dismantled during the weekend following the issuance of the summary order and was found at the site without a roof, household belongings, or personal items.
It is unknown who carried out that action. For its part, the Municipality of Santa Cruz, in strict observance of due process, proceeded with the complete demolition of the structure on August 12, 2025, ensuring compliance with the regulations in force and that no elements remained that could constitute unlawful occupancy of the zone.” As of October 13, 2025, the petitioner had not instituted any proceeding before the respondent local government concerning the application for resident status.
In view of the foregoing, it is appropriate to recall the Court’s holding in judgment no. 2023022320, issued at 9:40 on August 6, 2024, which challenged an order to evict and demolish a dwelling because it was located within the maritime-terrestrial zone. On that occasion, the Court held:
“I.- SUBJECT MATTER OF THE AMPARO PROCEEDING. The petitioner states that the protected party is an applicant for a concession (concesión) in the maritime-terrestrial zone of isla Palo Seco in Parrita and has occupied that parcel for residential use for 17 years. Nevertheless, by resolution DAM-391-2024 of July 15, 2024, the mayor ordered the eviction and demolition of all structures in the area, to be carried out on July 23, 2024. According to the resolution, the parcel lies outside the coastal regulatory plan (plan regulador costero) and therefore cannot qualify for a concession. The petitioner asserts that the municipality has not issued a regulatory plan for the zone. The petitioner considers that fundamental rights have been violated and requests the annulment of resolution DAM-391-2024.
In view of the relief expressly sought in this amparo proceeding (amparo), namely the annulment of resolution DAM-391-2024 ordering the demolition of and eviction from the parcel where the protected party resides, the following must be noted: The allegations made and the evidence submitted show that this land is located in the maritime-terrestrial zone. In this regard, it bears reiterating that the maritime-terrestrial zone is public-domain property (bien demanial) designated for public use and subject to a special legal regime. Consequently, it is excluded from the ordinary property regime, making it adjoining State property over which the State exercises sovereignty. It should likewise be emphasized that municipalities have jurisdiction to administer the public property assigned to them. Moreover, the existence of clearly arbitrary actions by the respondent authority is ruled out, because the petitioner submits the resolution served on him by the respondent municipality, in which a period was granted for vacating the property because the buildings and structures were deemed illegal.
Furthermore, the petitioner must be advised that mere occupancy or an application for a concession does not per se confer any right over this property, because the maritime-terrestrial zone is considered public-domain property over which the respondent municipality is responsible for exercising its governmental authority (poder de imperio). Finally, it should be noted that determining whether the protected party’s occupancy of the property at issue complies with the law lies entirely outside the Chamber’s jurisdiction. Consequently, by its nature, that claim must be litigated before the ordinary courts of legality (sede de legalidad ordinaria). Accordingly, the amparo proceeding must be summarily dismissed, without prejudice to the petitioner’s right to present the petitioner’s arguments before the appropriate legal authorities (…)” (boldface added).
Furthermore, in judgment no. 2025026353, issued at 9:40 on August 19, 2025, the Court held:
“II.- THE SPECIFIC CASE. It must be noted that an amparo proceeding cannot be used as an instrument for reviewing the legality of acts by the various Public Administrations. In the case at bar (sub lite), the petitioner’s own statements establish that the disputed eviction and demolition were ordered because the property is located in the maritime-terrestrial zone. In this regard, this Chamber has repeatedly had occasion to define the characteristics of the maritime-terrestrial zone, in which no rights of possession—only rights of use—may be claimed because it is public-domain property; thus, because such property is entrusted to public use, public institutions are required to recover full dominion over land that has been illegally occupied.
However, it should be noted that it is not for this Chamber to analyze the respondents’ actions and decide whether the eviction began before the expiration of the period stated in the notice or whether an ordinary rather than summary proceeding should have been conducted, based on the factual circumstances and the subconstitutional rules governing the matter. As repeatedly established in the case law of this jurisdiction, this Court is not a court for reviewing legality that may examine every aspect of the eviction proceeding; consequently, any claim or disagreement concerning the actions taken must be raised within the proceeding itself or before the ordinary courts of legality, because it is a matter exceeding the summary nature of the amparo proceeding and the jurisdiction of this Chamber. Moreover, in these cases, the only fundamental right this jurisdiction may examine is the right to due process (which, in this case, entails prior notice of the eviction order and the granting of a period within which to exercise the right of defense, both of which were provided here), because the subconstitutional rights that the protected party believes entitle that party to remain as an inhabitant of the zone are a matter of legality.
In view of the foregoing, the petitioner remains free to raise any disagreements or claims directly through the competent administrative or judicial channel (according to the evidence submitted, the matter was reviewed on nonhierarchical appeal (jerarquía impropia)). Ergo, the amparo proceeding is summarily dismissed” (emphasis added).
Thus, although the Court has recognized that the maritime-terrestrial zone is public-domain property excluded from the ordinary property regime and, accordingly, that the State is required to recover full dominion over such land when it has been illegally occupied, it is no less true that, when such occupancy is residential, prior notice of the eviction order must be given and a period must be granted within which to exercise the right of defense before any eviction action is carried out.
In the case under review (sub examine), it has been established that, in August 2025, the Municipalidad de Santa Cruz initiated summary proceeding (proceso sumario) no. 001-2025 against the protected party (amparado) and Nombre73482, because it was verified that they “are illegally occupying land within the public zone (zona pública) of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of Playa Avellanas”; moreover, the occupants were granted a period in which to submit closing arguments, legal grounds, and evidence. However, the eviction order (orden de desalojo) was formally issued by resolution no. DAM-RES-070-2025 at 9:30 a.m. on 12 August 2025, in which the mayor of Santa Cruz ordered the eviction and demolition of all structures built on the lots located in the public zone of the maritime-terrestrial zone in the Playa Avellanas sector and occupied by the protected party and (Nombre73478), among others.
Despite this, not only is there no record that the resolution granted the protected party a period in which to vacate the property, but official letter DIM-1351-2025 of 10 October 2025 explained that actions intended to carry out the demolition and eviction in question had begun on 11 August 2025, which occurred before the formal issuance of the eviction order. It should be recalled that the official letter stated: “On 11 August 2025, the structures located in the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone were demolished. Among them was the structure occupied by Nombre73471 and Nombre73478, which had been voluntarily vacated by the aforementioned individuals. It was also verified that the structure had been dismantled during the weekend following the issuance of the summary administrative act (acto sumario), and was found at the site without a roof, furnishings, or personal belongings.
It is unknown who carried out that action. For its part, the Municipalidad de Santa Cruz, in strict observance of due process (debido proceso), proceeded with the complete demolition of the structure on 12 August 2025.” In addition to the foregoing, the aforementioned official letter DIM-1351-2025 of 10 October 2025 also explained that “In 2021, social worker Licda. Nombre73479 conducted a census of the dwellings occupied in the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone of Playa Avellanas, located at Dirección4378. The purpose of this intervention was to gather information on the social and family circumstances of the persons residing in that area, including the case of Nombre73473,” at which time it was determined that the protected party is a person with a “physical disability.” Despite this, it has not been established in this case that, prior to the eviction at issue, the local government of Santa Cruz coordinated in advance with the Consejo Nacional de Personas con Discapacidad so that the protected person’s socioeconomic circumstances could be assessed and it could be determined whether or not he was in a vulnerable condition.
In view of the foregoing, the Court finds that the protected party’s fundamental rights were violated. Nevertheless, since the eviction and demolition under review have already been carried out, the appropriate course is to grant the petition, in accordance with the operative portion (parte dispositiva) of this matter.
In the case at bar (sub iudice), I consider it important to clarify that, although I dissented in the aforementioned judgment no. 2025026353 at 9:40 a.m. on 19 August 2025, it is no less true that I did so in order for the proceedings in the matter to continue, because I considered that the allegations could entail a violation of the protected party’s due process and right of defense (derecho de defensa).
The parties are hereby advised that, if they submitted any paper documents, objects, or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, these must be collected within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Notice is given that any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of 22 August 2011 and published in Boletín Judicial no. 19 of 26 January 2012) and Article LXXXI of the Consejo Superior del Poder Judicial session no. 43-12 of 3 May 2012.
Por tanto:
The petition is granted. Nombre55535 and Nombre73472, respectively mayor and acting coordinator of the Departamento Zona Marítimo Terrestre, both of the Municipalidad de Santa Cruz, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to take all necessary measures and coordinate all pertinent actions, within the scope of their respective authority, so that, IMMEDIATELY, the protected party’s case is referred to the Consejo Nacional de Personas con Discapacidad for a socioeconomic assessment. The respondent authority is advised that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that they must comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipalidad de Santa Cruz is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts forming the basis of this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the administrative-law court. Justice Rueda Leal files a note. Let notice be given.
Paul Rueda L.
Acting President Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
CASE FILE N° 25-029506-0007-CO Telephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-029506-0007-CO, interpuesto por Nombre73471, cédula de identidad CED39862, contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (GUANACASTE).
Resultando:
Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,
Considerando:
El accionante indica que es una persona con condición de discapacidad y que el 6 de agosto de 2025 fue notificado del procedimiento sumario administrativo nro. 001-2025, el cual se declaró con lugar y se ordenó la demolición de su vivienda, por encontrarse dentro de la franja correspondiente a la zona marítimo terrestre, lo que se materializó el 11 de agosto. Explica que desde hace más de veinte años habitaba de manera permanente, pública y de buena fe la propiedad demolida junto con su madre, persona adulta mayor, quien falleció en abril de 2025. Sostiene que, actualmente, como consecuencia de la demolición, no cuenta con vivienda propia. Reclama que, a pesar de su insistencia, la municipalidad ha rechazado su petición de reubicación, sin considerar su condición vulnerable, pese a tratarse de un ciudadano poblador con más de diez años de residencia continua y única propiedad habitada en la zona marítimo terrestre.
Explica que la carta de poblador fue aportada y tramitada por su madre el 10 de marzo de 2025 ante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre del gobierno local recurrido y, aunque fue otorgada en beneficio de su progenitora, esta planteó que él vivía junto con ella en la vivienda ahora demolida y que, debido a su condición de discapacidad, no ha podido laborar dignamente. Solicita el reconocimiento de su condición y que no se le deje en estado de abandono, así como se le otorgue el beneficio de una vivienda digna en virtud de la demolición sufrida.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
A continuación, se detalla la información obtenida durante esta actualización: N.° Expediente: Exp.1 Cabeza Familia: Nombre73473 La señora se encuentra fallecida desde aproximadamente 3 meses, quedando como cabeza en sustitución de doña Nombre29876, su hijo, el señor Nombre73471 de 65 años con discapacidad física y su hijo Nombre73478 portador del número de cédula CED39861, costarricense de 26 años, que se desempeña como instructor de Surf en la misma zona. (…) 4. Ejecución de la demolición. El 11 de agosto de 2025, se llevaron a cabo las demoliciones de las estructuras ubicadas en la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre. Entre ellas, destaca la construcción ocupada por los señores Nombre73471 y Nombre73478, la cual había sido desocupada voluntariamente por los mencionados. Además, se constató que dicha estructura fue desmantelada durante el fin de semana posterior a la emisión del acto sumario, encontrándose en el lugar sin techo, enseres ni objetos personales.
Se desconoce quién o quiénes llevaron a cabo dicha acción. Por su parte, la Municipalidad de Santa Cruz, en estricto apego al debido proceso, procedió con la demolición total de la estructura el 12 de agosto de 2025, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y asegurando que no quedaran elementos que pudieran constituir una ocupación irregular en la zona”. (Ver prueba documental).
En el sub lite, el accionante indica que es una persona con condición de discapacidad y que el 6 de agosto de 2025 fue notificado del procedimiento sumario administrativo nro. 001-2025, el cual se declaró con lugar y se ordenó la demolición de su vivienda, por encontrarse dentro de la franja correspondiente a la zona marítimo terrestre, lo que se materializó el 11 de agosto. Explica que desde hace más de veinte años habitaba de manera permanente, pública y de buena fe la propiedad demolida junto con su madre, persona adulta mayor, quien falleció en abril de 2025. Sostiene que, actualmente, como consecuencia de la demolición, no cuenta con vivienda propia. Reclama que, a pesar de su insistencia, la municipalidad ha rechazado su petición de reubicación, sin considerar su condición vulnerable, pese a tratarse de un ciudadano poblador con más de diez años de residencia continua y única propiedad habitada en la zona marítimo terrestre.
Explica que la carta de poblador fue aportada y tramitada por su madre el 10 de marzo de 2025 ante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre del gobierno local recurrido y, aunque fue otorgada en beneficio de su progenitora, esta planteó que él vivía junto con ella en la vivienda ahora demolida y que, debido a su condición de discapacidad, no ha podido laborar dignamente. Solicita el reconocimiento de su condición y que no se le deje en estado de abandono, así como se le otorgue el beneficio de una vivienda digna en virtud de la demolición sufrida.
La Sala verifica que el amparado tiene 64 años y es una persona con condición de discapacidad. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dictó la sentencia nro. 2023005443 de las 15:27 horas del 15 de noviembre de 2023, por medio de la cual ordenó al Concejo Municipal de Santa Cruz el desalojo y demolición inmediata, con las garantías del debido proceso, de toda construcción existente en la zona pública de la zona marítimo terrestre de playa Avellanas. El 12 de marzo de 2025, la madre del tutelado formuló una solicitud de reconocimiento de la categoría de pobladora de la zona marítimo terrestre ante la Municipalidad de Santa Cruz. El amparado y un hermano ocupaban una construcción ubicada en la zona marítimo terrestre de playa Avellanas, la cual carecía de permiso de construcción. En agosto de 2025, la Municipalidad de Santa Cruz inició el proceso sumario nro. 001-2025 contra el amparado y Nombre73482, debido a que se corroboró que estos “se encuentran ocupando ilegalmente un terreno dentro de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Avellanas”.
Además, se confirió plazo a los ocupantes para formular conclusiones, aportar fundamentos jurídicos y pruebas. Lo anterior fue notificado al accionante el 6 de agosto de 2025. En la sesión ordinaria nro. 32-2025 celebrada el 7 de agosto de 2025 por el Concejo Municipal de Santa Cruz se acordó “Aprobar la recomendación bajo el oficio ZMT-479-2025 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, en lo que se indica: La categoría de poblador es personalísima y no puede ser trasmitida por algún tipo de acto jurídico tendiente a transmitirla es absolutamente nulo y los supuestos terceros adquirentes no podrían venir a sustituirle en su especial situación. Se realizó consulta en el Registro Civil, y se determina que la señora Nombre73474 falleció en fecha 03 de abril de 2025, y al no poder trasmitir la categoría de poblador se rechaza la solicitud”. Por resolución nro. DAM-RES-070-2025 de las 9:30 horas del 12 de agosto de 2025, el alcalde de Santa Cruz dispuso el desalojo y demolición de toda obra que haya sido edificada en los lotes ubicados en la zona pública de la zona marítimo terrestre del sector de playa Avellanas y que son ocupados por el amparado y (Nombre73478), entre otros.
El 12 de agosto de 2025, el gobierno local de Santa Cruz efectuó el desalojo y demolición de la construcción que habitaba el tutelado. Por memorial DIM-1351-2025 del 10 de octubre de 2025, la Dirección Administrativa de la Municipalidad de Santa Cruz expuso: “En el año 2021, la trabajadora social, Licda. Nombre73479, realizó un censo de las viviendas ocupadas en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Avellanas, ubicada en el Dirección4378. El objetivo de esta intervención fue recabar información sobre la situación sociofamiliar de las personas residentes en dicha área, incluyendo el caso de la señora Nombre73473 (q.d.D.g.). Producto de esta labor, la Licda. Nombre73480 elaboró el Expediente N.° 1, donde se consigna la información sociofamiliar correspondiente, la cual se detalla a continuación: Expediente 1- Nombre73481 La verificación de las familias ocupantes de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Avellanas fue actualizada por la trabajadora social, Licda. Nombre73479, el pasado 31 de julio de 2025, en cumplimiento de la resolución administrativa DAM-RES- 009-2025 y del Acuerdo del Concejo SM-2141-Ord.53-2024.
A continuación, se detalla la información obtenida durante esta actualización: N.° Expediente: Exp.1 Cabeza Familia: Nombre73473 La señora se encuentra fallecida desde aproximadamente 3 meses, quedando como cabeza en sustitución de doña Nombre29876, su hijo, el señor Nombre73471 de 65 años con discapacidad física y su hijo Nombre73478 portador del número de cédula CED39861, costarricense de 26 años, que se desempeña como instructor de Surf en la misma zona. (…) 4. Ejecución de la demolición. El 11 de agosto de 2025, se llevaron a cabo las demoliciones de las estructuras ubicadas en la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre. Entre ellas, destaca la construcción ocupada por los señores Nombre73471 y Nombre73478, la cual había sido desocupada voluntariamente por los mencionados. Además, se constató que dicha estructura fue desmantelada durante el fin de semana posterior a la emisión del acto sumario, encontrándose en el lugar sin techo, enseres ni objetos personales.
Se desconoce quién o quiénes llevaron a cabo dicha acción. Por su parte, la Municipalidad de Santa Cruz, en estricto apego al debido proceso, procedió con la demolición total de la estructura el 12 de agosto de 2025, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y asegurando que no quedaran elementos que pudieran constituir una ocupación irregular en la zona”. Al 13 de octubre de 2025, el recurrente no había planteado algún trámite ante el gobierno local recurrido atinente a la solicitud de categoría de poblador.
Visto lo anterior, se estima oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2023022320 de las 9:40 horas del 6 de agosto de 2024, en la que se cuestionó la orden de desalojo y demolición de una vivienda por estar dentro de la zona marítimo terrestre. En esa ocasión se dispuso:
“I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente afirma que la tutelada es solicitante de una concesión en la zona marítimo terrestre de isla Palo Seco en Parrita, y tiene 17 años de ocupar tal parcela con uso habitacional. No obstante, por resolución DAM-391-2024 del 15 de julio de 2024, el alcalde ordenó el desalojo y la demolición de todas las construcciones en el área, a efectuarse el 23 de julio de 2024. Según se informó en la resolución, la parcela se encuentra fuera del plan regulador costero y por ello no puede obtener la concesión. Asegura que la municipalidad no ha emitido el plan regulador en la zona. Estima lesionados los derechos fundamentales. Solicita que se anule la resolución DAM-391-2024.
Vista la pretensión expresamente planteada en este amparo, en el sentido de que se anule la resolución DAM-391-2024 que dispone la demolición y desalojo de la parcela en la que habita la tutelada, se advierte lo siguiente: De los alegatos expuestos y la prueba aportada se desprende que tal territorio se encuentra en la zona marítimo terrestre. Al respecto, es conveniente reiterar que la zona marítimo terrestre es un bien demanial que está destinado a un uso público y sometido a un régimen especial. En consecuencia, está excluido del régimen de la propiedad ordinaria; lo que lo convierte en propiedad adyacente del Estado, en la que este ejerce su soberanía. Asimismo, cabe destacar que es competencia de las municipalidades administrar los bienes públicos que se le asignan. Aunado a lo anterior, se descarta la existencia de actuaciones claramente arbitrarias de la autoridad recurrida, pues el petente aporta la resolución que le fue notificada por la municipalidad recurrida, en la cual se otorgó un plazo para desalojar el inmueble, pues las edificaciones y construcciones se estimaron ilegales.
De otra parte, resulta menester indicarle a la parte accionante que la mera ocupación o solicitud de concesión no otorga per se derecho sobre estos bienes, pues la zona marítimo terrestre es considerada un bien demanial que compete a la municipalidad recurrida ejercer su poder de imperio sobre este. Finalmente, debe advertirse que determinar si la ocupación de la amparada en el inmueble de interés se encuentra ajustada a derecho o no, escapa totalmente del resorte de la Sala.. Consecuentemente, esa pretensión, por su naturaleza debe ser ventilada en la sede de legalidad ordinaria. Por consiguiente, lo correspondiente es rechazar de plano el recurso, sin perjuicio de que la parte recurrente acuda a las instancias legales pertinentes a plantear sus alegatos (…)” (la negrita fue añadida).
Además, en la sentencia nro. 2025026353 de las 9:40 horas del 19 de agosto de 2025, se dispuso:
“II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Es preciso señalar que el amparo no puede ser empleado como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. En el sub lite, del propio dicho de la parte recurrente se constata que el desalojo y demolición en disputa se estableció debido a que se trata de zona marítimo terrestre. Al respecto, esta Sala ha tenido oportunidad de definir en reiteras oportunidades las características de la zona marítimo terrestre, en la cual no se pueden alegar derechos de posesión -solo de aprovechamiento-, por tratarse de un bien de dominio público, de modo que, al tratarse de bienes demaniales confiados al uso público, las instituciones públicas están obligadas a recuperar el pleno dominio de los terrenos que hayan sido ilegalmente ocupados.
Ahora bien, adviértase que no le corresponde a esta Sala analizar las actuaciones de los recurridos y decidir si el desalojo se inició de previo al vencimiento del plazo señalado en la notificación o si debía realizarse un procedimiento ordinario y no sumario, según los supuestos fácticos y la normativa infraconstitucional que rige la materia. Se destaca que, según se ha establecido reiteradamente en la jurisprudencia de esta jurisdicción, este Tribunal no es una instancia de legalidad que pueda revisar todos los extremos del procedimiento de desalojo, por lo que cualquier reclamo o disconformidad con lo actuado deberá plantearla dentro propio procedimiento o bien, en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria, por ser una cuestión que excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo y la competencia de esta Sala. Por lo demás, en estos casos, el único derecho fundamental que esta jurisdicción puede analizar es el derecho al debido proceso (el cual se traduce en este caso, en una comunicación previa de la orden del desalojo y en el otorgamiento de un plazo para ejercer su derecho de defensa, lo que sí se concedió en este caso), por cuanto, los derechos infra constitucionales que la parte amparada considera que tiene para permanecer como habitante de la zona es una cuestión de legalidad.
Dado lo anterior, la parte recurrente tiene abierta la posibilidad de plantear sus inconformidades o reclamos directamente ante la vía administrativa o judicial competente (según prueba aportada, se conoció en jerarquía impropia). Ergo, se rechaza de plano el recurso” (el énfasis fue añadido).
De este modo, si bien el Tribunal ha reconocido que la zona marítimo terrestre es un bien demanial que está excluido del régimen de propiedad ordinaria y, por ende, que el Estado está obligado a recuperar el pleno dominio sobre ese tipo de terrenos que hayan sido ocupados ilegalmente, no menos cierto es que al tratarse de asuntos en que ese tipo de ocupación se efectúa con uso habitacional, es necesario que, antes de ejecutar actos de desalojo exista una comunicación previa de la orden de desalojo y se otorgue un plazo para ejercer el derecho de defensa.
En el sub examine, se acredita que, en agosto de 2025, la Municipalidad de Santa Cruz inició el proceso sumario nro. 001-2025 contra el amparado y Nombre73482, debido a que se corroboró que estos “se encuentran ocupando ilegalmente un terreno dentro de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Avellanas”; además, se confirió plazo a los ocupantes para formular conclusiones, aportar fundamentos jurídicos y pruebas. Sin embargo, la orden de desalojo se emitió formalmente, por medio de la resolución nro. DAM-RES-070-2025 de las 9:30 horas del 12 de agosto de 2025, en la que el alcalde de Santa Cruz dispuso el desalojo y demolición de toda obra que haya sido edificada en los lotes ubicados en la zona pública de la zona marítimo terrestre del sector de playa Avellanas y que son ocupados por el amparado y (Nombre73478), entre otros. Pese a ello, no solo no consta que en tal resolución se confiriera un plazo a la parte amparada para desalojar el inmueble, sino que en el oficio DIM-1351-2025 del 10 de octubre de 2025 se explicó que desde el día 11 de agosto de 2025 se comenzaron a realizar actos tendientes a materializar la demolición y desalojo en cuestión, lo cual acaeció de previo a la emisión formal de la orden de desalojo.
Recuérdese que en ese oficio se indicó: “El 11 de agosto de 2025, se llevaron a cabo las demoliciones de las estructuras ubicadas en la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre. Entre ellas, destaca la construcción ocupada por los señores Nombre73471 y Nombre73478, la cual había sido desocupada voluntariamente por los mencionados. Además, se constató que dicha estructura fue desmantelada durante el fin de semana posterior a la emisión del acto sumario, encontrándose en el lugar sin techo, enseres ni objetos personales. Se desconoce quién o quiénes llevaron a cabo dicha acción. Por su parte, la Municipalidad de Santa Cruz, en estricto apego al debido proceso, procedió con la demolición total de la estructura el 12 de agosto de 2025”.
Aunado a lo anterior, en el citado oficio DIM-1351-2025 del 10 de octubre de 2025 también se explicó que “En el año 2021, la trabajadora social, Licda. Nombre73479, realizó un censo de las viviendas ocupadas en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Avellanas, ubicada en el Dirección4378. El objetivo de esta intervención fue recabar información sobre la situación sociofamiliar de las personas residentes en dicha área, incluyendo el caso de la señora Nombre73473”, momento en que se determinó que el amparado es una persona con “discapacidad física”. Pese a ello, en la especie no se tiene por demostrado que, de previo al desalojo objeto de este asunto, la corporación local de Santa Cruz haya coordinado previamente con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, a fin de que se valore la condición socioeconómica del tutelado y se determine si se encuentra o no en condición de vulnerabilidad.
En consideración de lo anterior, el Tribunal comprueba la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. Ahora bien, dado que el desalojo y demolición bajo estudio ya se materializaron, lo procede estimar el recurso, de acuerdo con lo establecido en la parte dispositiva de este asunto.
En el sub iudice, estimo importante aclarar que, si bien en la citada sentencia nro. 2025026353 de las 9:40 horas del 19 de agosto de 2025, salvé el voto, no menos cierto es que lo hice a fin de continuar la tramitación del asunto, dado que estimé que lo acusado podría implicar una lesión al debido proceso y derecho de defensa de la parte amparada.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se les ordena a Nombre55535 y Nombre73472, por su orden, alcalde y coordinador a. i. del Departamento Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Santa Cruz, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que dispongan todas las medidas necesarias y coordinen lo pertinente, dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que, DE MANERA INMEDIATA, se remita el caso del amparado al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, a fin de que se lleve a cabo su valoración socioeconómica. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Santa Cruz al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Rueda Leal consigna nota. Notifíquese.
Paul Rueda L.
Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
Document not found. Documento no encontrado.