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Res. 31083-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/09/2025

Right to a Healthy Environment in Schools and Janitor StaffingDerecho a ambiente sano en centros educativos y asignación de conserje

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OutcomeResultado

Granted (partially)Con lugar (parcial)

The amparo is granted concerning the janitor post for violation of the right to a healthy environment at the school, without costs. The claim for specialized support teachers is denied due to lack of specific harm.Se declara con lugar el recurso respecto a la plaza de conserje por vulneración al derecho a un ambiente sano en el centro educativo, sin condenatoria en costas. El extremo sobre docentes de apoyo especializados se declara sin lugar por falta de agravio concreto.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by students of Los Robles School against the Ministry of Public Education. The petitioners alleged that the lack of a full-time janitor and specialized support teachers violated their right to a healthy environment and inclusive education. The Chamber granted the appeal regarding the janitor position, finding that since 2021 the school director had repeatedly requested a permanent post, and only after the amparo was notified did the Ministry offer a partial solution (a second part-time assignment). The Chamber reiterated its precedent linking the right to a healthy and balanced environment (Article 50 of the Constitution) with the provision of education, requiring the State to ensure adequate hygiene and safety. However, the claim for support teachers was dismissed as inadmissible due to lack of concrete harm and prior request. The majority did not award costs, though Justice Salazar dissented, arguing that the law mandates an award even when the authority rectifies after the amparo.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por estudiantes de la Escuela Los Robles contra el Ministerio de Educación Pública. Los recurrentes reclamaron la falta de un conserje a tiempo completo y de docentes de apoyo especializados, lo que a su juicio afectaba las condiciones de salubridad y la inclusión educativa. La Sala acogió parcialmente el recurso en cuanto a la plaza de conserje, al constatar que desde 2021 la dirección del centro había solicitado insistentemente el código y solo tras la notificación del amparo se ofreció una solución (un segundo recargo). La Sala recordó su jurisprudencia que vincula el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional) con la prestación del servicio educativo, señalando que el Estado debe garantizar condiciones óptimas de higiene y seguridad. En cambio, respecto a los docentes de apoyo, declaró inadmisible ese extremo por ausencia de lesión concreta y falta de gestión previa. La mayoría no impuso condenatoria en costas, aunque el magistrado Salazar salvó el voto por considerar que la ley obliga a ella incluso cuando la autoridad cesa la conducta tras el amparo.

Key excerptExtracto clave

IV.- Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment in schools. This Chamber, in Decision No. 2019-3032 ... stated: “(…) The right to health ... is closely linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution. ... Consequently, the State has an obligation to ensure adequate environmental protection ... This right is especially recognized when associated with other fundamental rights, such as the right to education. ... Therefore, the very least the State can do is, when providing this public service, not undermine other fundamental rights, such as the right to health and a healthy environment, for both students and the teaching and administrative staff of the educational institution.” V.- The specific case. ... This Court has repeatedly held that the right to a quality education must be provided under optimal environmental and health conditions, and mere bureaucratic budgetary arguments cannot be used to delay the full realization of fundamental rights.IV.- Sobre el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los centros de educación. Esta Sala, en Sentencia N° 2019-3032 ... se indicó lo siguiente: “(…) El derecho a la salud ... se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional. ... En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente ... Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. ... Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa”. V.- Caso concreto. ... Este Tribunal ha señalado en repetidas ocasiones que, el derecho a recibir una educación de calidad debe darse en condiciones ambientales y de salubridad óptimas, no siendo oponibles meros argumentos burocráticos presupuestarios para prolongar la debida realización de los derechos fundamentales.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política ... se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional."

    "The right to health recognized in Article 21 of the Constitution ... is closely linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution."

    Considerando IV

  • "El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política ... se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional."

    Considerando IV

  • "Este Tribunal ha señalado en repetidas ocasiones que, el derecho a recibir una educación de calidad debe darse en condiciones ambientales y de salubridad óptimas, no siendo oponibles meros argumentos burocráticos presupuestarios para prolongar la debida realización de los derechos fundamentales."

    "This Court has repeatedly held that the right to a quality education must be provided under optimal environmental and health conditions, and mere bureaucratic budgetary arguments cannot be used to delay the full realization of fundamental rights."

    Considerando V

  • "Este Tribunal ha señalado en repetidas ocasiones que, el derecho a recibir una educación de calidad debe darse en condiciones ambientales y de salubridad óptimas, no siendo oponibles meros argumentos burocráticos presupuestarios para prolongar la debida realización de los derechos fundamentales."

    Considerando V

  • "lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa"

    "the very least the State can do is, when providing this public service, not undermine other fundamental rights, such as the right to health and a healthy environment, for both students and the teaching and administrative staff of the educational institution."

    Considerando IV

  • "lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa"

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente  Res. Nº 2025031083 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty-five hours of the twenty-sixth of September of two thousand twenty-five .

Amparo appeal processed in expediente number 25-025151-0007-CO, filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], [Nombre 002], identity card [Valor 002], [Nombre 003], identity card [Valor 004], on behalf of [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], and [Nombre 008], against the MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Resultando:

1.- By a writing filed with the Secretariat of the Chamber and added to the expediente at 15:34 hours on August 21, 2025, the appellant files an amparo appeal against the MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. It states, in summary, that Escuela Los Robles, belonging to the Dirección Regional de Educación de Occidente, currently has a modern 1,727.31 m² infrastructure and serves an enrollment of forty-nine students, with the support of four permanent teachers, two with an overload assignment (recargo), and a cook hired by the Junta de Educación. However, they claim that the institution lacks a full-time janitor (conserje), having only one overload assignment (recargo) of four hours per day (from 6:00 a.m. to 10:00 a.m.), which is insufficient to meet the cleaning and hygiene needs in an 833.86 m² space that includes six classrooms, a principal's office, a dining hall, a central courtyard, two toilet blocks (baterías sanitarias), and an adapted restroom in accordance with Law N° 7600. They comment that the area's climatic conditions—high humidity, frequent rains, and strong winds—aggravate the situation, generating constant dirt and increasing the risk of slip-and-fall accidents during the school day. Furthermore, they argue that the school serves students with special educational needs (ADD, learning, emotional, and behavioral problems, and speech therapy needs), without specialized support services, which forces the referral of the minors to another educational center located five kilometers away, without adequate transportation, violating the principle of inclusion and the right to equal opportunities. By virtue of the foregoing, they consider the fundamental rights of the minors to be injured, and therefore, they request that the appeal be declared with merit (con lugar) and that the Ministerio de Educación Pública be ordered to immediately assign a full-time janitor (conserje) position to guarantee cleanliness, hygiene, and safety at Escuela Los Robles, as well as the creation and assignment of specialized support teacher positions (in learning, emotional, and behavioral problems and speech therapy), for the benefit of the student population of this institution and neighboring schools.

2.- By resolution at 17:50 hours on August 28, 2025, this appeal was granted leave to proceed (se dio curso).

3.- Glenda Lobo González, in her capacity as principal (directora) of Escuela Los Robles, reports under oath that: I have repeatedly processed before the Departamento de Recursos Financieros of the Ministerio de Educación Pública the assignment of a permanent code (código fijo) for the janitor (conserje) position in the institution. She adds that, to said requests, she has received official responses in which the budgetary impossibility of attending to the request is repeatedly indicated, further noting that the institution is on a waiting list. She adds that the situation is repeated with the specialized support services required to address the educational needs of the student population. She affirms that they have been informed that, due to sectorización, students must be referred to Escuela Santiago Crespo Calvo to receive such services, which makes it difficult to provide timely and adequate attention in the educational center itself. She notes that, in the absence of a support services teacher, she has ensured that both the teaching staff and herself participate in the training sessions organized by the MEP and the Asesoría de Enseñanza Especial of the DREO, on curricular accommodations (adecuaciones curriculares) and the use of workbooks in the different support services, in order to guarantee the best possible attention to the students. She reports that she held conversations with the Special Education Advisor (Asesora de Educación Especial) of the Dirección Regional de Educación Occidente, who confirmed that, for reasons of sectorización and code limitations, there are no itinerant support teachers available for this institution. She points out that, on March 5, 2025, training was coordinated for the teaching staff with Licda. Katherina Badilla, support teacher at Escuela Santiago Crespo Calvo, on updating in the area of Curricular Accommodations (Adecuaciones Curriculares). She asserts that, on April 2, 2025, the workshop “Rompiendo Estereotipos: Niños con TEA, TDAH, entre otros” was organized, aimed at parents and teaching staff, taught by Licda. Cindy Hidalgo Porras, Occupational Therapist. As support, circular DREO-SCE05-ELR-007-2025 is attached. She emphasizes that the assignment of a permanent janitor (conserje fijo) constitutes a primary need, as it guarantees conditions of cleanliness, hygiene, and safety, fundamental for the well-being of the students and the teaching staff. She explains that, during the last two years, an increase in the enrollment of students with special educational needs has been evident, which demands greater human and logistical resources, both for the teachers and for the educational center in general, in order to ensure an inclusive and quality teaching-learning process.

4.- Geovanny Rojos Morales reports under oath, in his capacity as supervisor of Educational Centers of Circuito O5-DREO, that the approval of a janitor (Conserje) code at Escuela Los Robles to ensure cleanliness in said Educational Center is an urgent need to be addressed, an approval that must come from the central offices of the Ministerio de Educación Público; that is, it is not the direct competence of the Supervisión de Centros Educativos of Circuito 05. He specifies that, since 2021, the administration of Escuela Los Robles has been instructed and the request for assigning a permanent code (código fijo) for a janitor (conserje) position in the aforementioned educational center has been processed before the Departamento de Recursos Financieros. He explains that, given what has been processed, the institution has received official communications indicating the budgetary impossibility of attending to such a request, noting that Escuela Los Robles is on a waiting list. He reveals that, in the absence of a support services teacher, the administration of Escuela Los Robles has been instructed to participate in training sessions convened by the Ministerio de Educación Pública and the Asesoría de Enseñanza Especial of the DREO, such as curricular accommodations (adecuaciones curriculares) and the use of workbooks in the different support services. He specifies that the foregoing is to stay updated and guarantee the best possible attention to the student population. He comments that, in this regard, a virtual meeting was held in February 2025, through the TEAMS platform, with the Special Education Advisor (Asesora de Educación Especial) of the Dirección Regional de Educación Occidente, and there, it was indicated that for reasons of sectorización, students must be referred to Escuela Santiago Crespo Calvo to receive the corresponding support services. Likewise, it was noted that due to code limitations, there are no itinerant support teachers available to serve this institution. They argue that, in a complementary manner, on March 5, 2025, training was coordinated for the teaching staff with the support teacher from Escuela Santiago Crespo Calvo on updating in the area of Curricular Accommodations (Adecuaciones Curriculares). He notes that, on April 2, 2025, the workshop "Rompiendo Estereotipos: Niños con TEA, TDAH, entre otros" was organized, aimed at parents and teaching staff, taught by Licda. Cindy Hidalgo Porras, Occupational Therapist.

5.- José Leonardo Sánchez Hernández reports under oath, in his capacity as Minister of Educación Pública that, the head of the Departamento de Formulación Presupuestaria indicates the following:

“(…) Via email on Monday, September 1, 2025, Mrs. Vanessa Solís Camacho, Regional Advisor for Special Education (Asesora Regional de Educación Especial), Dirección Regional de Occidente, informs this unit that she is conducting the technical study to determine the educational center's need, according to what has been filed. 4. Regarding the analysis for the provision of an educational center janitor (conserje) service, this department has no competence...”.

He points out that the principal (directora) of the Dirección de Planificación Institucional, in this regard, stated:

“• …According to our information records, Escuela Los Robles, budget code 573-01-55-1325, belonging to the Dirección Regional de Educación (DRE) de Occidente, sent the request for the assignment of an educational center janitor (conserje) code.

• The Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos (DDSE), through official letter DVM-PICR-DPI-DDSE-0548-2025, addressed to Mrs. Glenda Lobo González, in her capacity as principal (directora) of Escuela Los Robles, reported that the request is on a waiting list until the authorization for the creation of positions (plazas) by the higher authorities and the due economic content for the assignment of the requested position are available.

• This Ministry has worked on action plans to try to resolve the situation until the authorization for the creation of positions (plazas) is available; however, at this time, it has not been possible to meet the needs of all the educational centers that are on the waiting list.

• Consequently, and in the absence of codes, the DDSE assigns function overloads (recargos de funciones) to the educational centers (two overloads (recargos) are equivalent to one code), so that the needs required by the educational centers can be met.

For the assignment of an educational center janitor (conserje de centro educativo) resource, the current regulations detail that it is assigned according to the number of sections of the institution, with one code of said nature being used to serve up to 10 sections. As detailed in the following table:

[…]

• Upon reviewing and evaluating the case at hand, regarding the request for an educational center janitor (conserje) code, it is identified that Escuela Los Robles, budget code 573-01-55-1325, has a total of 8 sections (reported by the Departamento de Análisis Estadístico) and, verifying in the INTEGRA 2 System, it has 1 overload assignment (recargo) of said nature, which is in use.

• According to the request registry, Escuela Los Robles has not requested more educational center janitor (conserje) overloads (recargos); therefore, assessing the request posed by the appellant, the DDSE evaluated the possibility of assigning a second educational center janitor (conserje) overload assignment (recargo), with which they can attend to the cleaning of all the infrastructure detailed by the appellant.

• Consequently, the DDSE sent official letter DVM-PICR-DPI-DDSE-1731-2025 to the educational center, indicating that the code request is on the waiting list until the authorization for the creation of positions (plazas) by the higher authorities and the due economic content for the assignment of the requested position are available, and the procedure to follow to request a second overload assignment (recargo) of said nature was detailed, so that with the two overloads (recargos), the assignment of the code is compensated, until the authorization for the creation of positions (plazas) by the budgetary authorities and the due economic content for the assignment of the requested position are available (…)”.

He explains that the Dirección de Planificación Institucional has made the necessary coordinations and actions to guarantee the continuity and quality of the cleaning and maintenance service at Escuela Los Robles. He warns that the corresponding technical study by the Dirección Regional de Occidente is underway, in order to determine the specific needs of the educational center. He considers that the necessary measures have been adopted to guarantee the adequate functioning of the service and that it is not affected, in accordance with current regulations. He requests that the appeal be declared without merit (sin lugar).

6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Redacts Magistrate Araya García; and,

Considerando:

I.- Object of the appeal. The appellant requests that the filed appeal be declared with merit (con lugar) and that the Ministerio de Educación Pública be ordered to immediately assign a full-time janitor (conserje) position for Escuela Los Robles, in order to guarantee adequate conditions of cleanliness, hygiene, and safety in its facilities. Likewise, it requests the creation and assignment of positions for specialized support teachers in learning, emotional, and behavioral problems and speech therapy, with the purpose of ensuring adequate attention for students with special educational needs and respecting their fundamental rights to inclusion and equal opportunities.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order (auto inicial):

  • a)The persons in whose favor the appeal is brought (amparados) are students of Escuela Los Robles (an undisputed fact).
  • b)The infrastructure of Escuela Los Robles has six classrooms, two restroom blocks (baterías de servicio), a restroom adapted to Law N° 7600, a corridor that functions as a gymnasium, a preschool courtyard, and two handwashing stations for students (see copy of official letter DREO-SCE05-ELR- 005-2025).
  • c)Through official letter ELR-004-2021, dated March 12, 2021, the principal (directora) of the educational center requested from the Administrative Unit of the Departamento de Asignación de Recurso Humano of the respondent Ministry the assignment of a permanent janitor (conserje) code, since it only has one overload assignment (recargo) for four hours (see copy of the official letter).
  • d)By memorial DVM-PICR-DPI-DDSE-0857-2021 dated March 15, 2021, the Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos informed the Principal (Directora) of the school that the request for the assignment of a janitor (conserje) code was placed on the waiting list while the budget content procedure was being completed (see copy of the official letter).
  • e)Through official letter DREO-SCE05-ELR-022-2023 dated June 22, 2023, the principal (directora) of the educational institution requested from the Departamento de Formulación Presupuestaria the need to have a janitor (conserje) in the institution (see copy of the official letter).
  • f)By official letter DVM-PICR-DPI-DDSE-1790-2023, dated June 26, 2023, the Dirección de Planificación Institucional informed the principal (directora) of the school that the request for the assignment of a janitor (conserje) code was placed on the waiting list while the budget content procedure was being completed (see copy of the official letter).
  • g)Through official letter DREO-SCE05-ELR- 005-2025, dated March 10, 2025, the principal (directora) of the school informed the Departamento de Servicios Educativos that they are without a janitor (conserje) at the school, because the overload assignment (recargo) of four daily lessons for a janitor (conserje) was not approved, which is why she requested the appointment of a janitor (conserje) (see copy of the official letter).
  • h)By memorial DREO-SCE05-ELR- 0548-2025, dated March 13, 2025, to the Head of the Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos, the principal (directora) of the educational center was told that the janitor (conserje) code is on the waiting list due to budgetary limitations and that the educational center does have a janitor (conserje) overload assignment (recargo) for this school year, which is assigned in payroll N° 1-2025, and the appointment process must be managed at the Dirección de Gestión del Talento Humano (see copy of the memorial).
  • i)On March 25, 2025, the teaching staff of the school had training with the support teacher from Escuela Santiago Crespo Calvo on curricular accommodations (adecuaciones curriculares) and there, it was indicated that for reasons of sectorización, students must be referred to Escuela Santiago Crespo Calvo (see copy of the minutes).
  • j)Through circular DREO-SCEO5-ELR-007-2025, the principal (directora) of the school reminded the parents of the mandatory participation in the Workshop rompiendo estereotipos: Niños con TEA, TDAH, which was held on April 2 (see copy of the circular).
  • k)Escuela Los Robles, with budget code 573-01-55-1325, has a total of 8 sections, according to information from the Departamento de Análisis Estadístico (see report).
  • l)In the INTEGRA 2 System, Escuela Los Robles has been assigned a single educational center janitor (conserje) overload assignment (recargo), which is currently in use (see reports).
  • m)On August 28, 2025, the respondent Minister was notified of the resolution that gave course to this appeal (see notification record).
  • n)Through official letter DVM-PICR-DPI-DDSE-1731-2025, dated September 1, 2025, the Departamento de Desarrollo del Sistema Educativo informed the principal (directora) of the school: “(…) the request for the code of said nature is on our waiting list; at the time when the authorization for the creation of positions (plazas) by the budgetary authorities and the due economic content for the assignment of the requested positions are available, the formal communication will be sent to the educational center by this department. As an alternative measure given the absence of the position, and with the aim of not affecting the cleaning and tidying service of the educational center, the administration has been approving a function overload assignment (recargo de funciones) of this nature, however, assessing the request, we make available the assignment of a second overload assignment (recargo), so that with the two overloads (recargos), the assignment of the code is resolved, this, until the corresponding assignment can be made (…)”. Additionally, it was indicated that she was asked to complete form F-DDSE-02 and send it to the email [email protected] (see copy of the official letter).

III.- Unproven facts. The following facts of relevance for this resolution are not deemed proven:

  • a)That prior to the notification of this appeal to the respondent authorities, they had provided a solution due to the lack of a janitor (conserje) code at Escuela Los Robles.
  • b)That the persons in whose favor the appeal is brought (amparados) require specialized support services.
  • c)That the principal (directora) of the school had requested the position for a specialized support service teacher for the persons in whose favor the appeal is brought (amparados).

IV.- On the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment in education centers. This Chamber, in Judgment N° 2019-3032, at 9:45 a.m. on February 22, 2019, reiterated on multiple occasions, including recently in Nº 2024-023273, at 09:15 a.m. on August 16, 2024, stated the following:

“(…) III.- On the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment in Education Centers - The right to health recognized in articles 21 of the Political Constitution, 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, 4 of the American Convention on Human Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, is intimately linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in constitutional article 50. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; like health, food, work, housing, education, among others. Consequently, the State has the obligation to provide adequate protection to the environment, for which it must take the necessary measures to ensure that the environment is free from contamination, and that the alterations produced both by man and by nature, in the near or distant surroundings, do not constitute an injury to the environment or to the health of the people who inhabit it. This right is especially recognized when it is associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter is configured as a fundamental right, which translates into the public service that the State provides in the different educational centers of the country. Therefore, the least the State can do is that in providing this public service, it does not injure other fundamental rights, such as the right to health and a healthy environment, both of the students and of the teaching and administrative staff of the educational institution”.

V.- Specific case. From the reports rendered by both the Minister and the Principal (Directora) of Escuela Los Robles, plus the evidence provided, this Chamber verifies the imminent need that said educational center has to have a janitor (conserje) position to meet the sanitary needs of said educational center, since according to what is alleged by the appellant party, the current conditions threaten the health of the students and the administrative staff. In the same sense, from the list of proven facts, it can be deduced that the Principal (Directora) of the educational center, since 2021, has been submitting various efforts before the competent departments of the Ministerio de Educación Pública, requesting the budget assignment for a janitor (conserje) code in said educational center. Likewise, it has been proven that said effort was denied on at least two occasions, citing budgetary limitations. Note that for the current school year, for the third time, the effort was denied to the principal (directora) of the school, and the Head of the Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos told her that the janitor (conserje) code is on the waiting list due to budgetary limitations and that the educational center already has a janitor (conserje) overload assignment (recargo), which is assigned in payroll N° 1-2025, so the appointment process must be managed at the Dirección de Gestión del Talento Humano. However, it was not until the notification of the resolution that gave course to this amparo appeal, that the Director of the Dirección de Planificación Institucional proposed to the principal (directora) of the school, as an alternative measure given the absence of the position, “and with the aim of not affecting the cleaning and tidying service of the educational center, made available the assignment of a second overload assignment (recargo), so that with the two overloads (recargos), the assignment of the code is resolved, this, until the corresponding assignment can be made (…)”. Based on the foregoing, this Tribunal finds that the authorities of the Ministerio de Educación did not act with due promptness and efficiency, as it was only after this amparo was notified that a solution was proposed to the effort raised four years ago by the aforementioned Principal (Directora), which she has been reiterating year after year. This Tribunal has stated on repeated occasions that the right to receive a quality education must be provided under optimal environmental and health conditions, and mere bureaucratic budgetary arguments cannot be invoked to prolong the due realization of fundamental rights. This being the case, by virtue of the foregoing and taking into consideration that it was not until the filing of this matter that the effort of the Educational Center's Principal (Directora) was addressed, it is appropriate to uphold this matter, as it has been verified that the respondent authority did not fulfill its duty to address the effort raised by her in a timely and expeditious manner.

VI.- Regarding the request for the creation and assignment of specialized support teacher positions (plazas) at Escuela Los Robles, there is no record that the appellant or others have requested the appointment of a position in said educational center, given that, for the moment, the right to education in that sense has been guaranteed, since according to what was reported by the respondent party, the teaching staff of the school conduct training with the support teacher from Escuela Santiago Crespo Calvo on curricular accommodations (adecuaciones curriculares) and others, and additionally, the students who require support services are referred to Escuela Santiago Crespo Calvo.

This Chamber notes that the appellant does not accuse any action that it considers illegitimate and that has caused a specific act or omission that implies a personal, direct, and certain grievance or threat of grievance, to the detriment of the fundamental rights of the protected minors or of a specific person. It is important to consider that standing in an amparo action is measured by the harm or injury inflicted on the appellant or on the person in whose favor the appeal was brought, and not for the benefit of any individual, based on the mere interest in legality.

In this sense, it is important to point out to the appellant that this Tribunal has repeatedly resolved on the impossibility of appealing in the abstract and has indicated that the injuries alleged before this venue should not be made in a general, indiscriminate, and non-individualized manner, but must indicate what the specific obligations established in the law are that are not being fulfilled, likewise, how these impact the matter of fundamental rights and, above all, if a grievance against a particular subject is produced, causing a clear and individualizable harm, which is not specified in the present claim (see Judgment N° 2012-015142, reiterated in N° 2013-008668 at 9:05 a.m. on June 28, 2013, and recently in 2024-009352, at 12:50 p.m. on April 9, 2024). Given the considerations expressed, this aspect of the appeal is inadmissible and it is appropriate to declare it without merit (sin lugar).

VII.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the contested action, the appeal shall be declared with merit (con lugar) solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”), the granting of the appeal must be without a special award for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the appeal is declared with merit (con lugar) when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is dictated “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”. It is underlined that the Law indicates “if they are applicable”, which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this, the content of the claim of the amparo-protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “every resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”, where the possibility of assessing whether or not what concerns indemnification and costs is applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of General Public and Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, moreover, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it deems it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of detriment.

Based on the foregoing, it is the majority’s criterion to resolve this recurso without an award of costs, daños y perjuicios.

VIII.- NOTE BY JUDGE LARA GAMBOA REGARDING THE AWARD OF COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS. I consider that when an amparo proceeding is granted in the terms set forth in Articles 50 and 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, an award of costas, daños y perjuicios is appropriate. However, in order not to cause disruptions in the functioning of the Chamber and the stability of its jurisprudence, I have inclined to adhere to the majority vote, as I am appointed for a brief period.

IX.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS AGAINST THE PARTE RECURRIDA.

While I concur with the rest of the Chamber in granting the recurso, I depart from the majority’s criterion insofar as it exempts the parte recurrida from being ordered to pay the costas, daños y perjuicios derived from the injury caused to the fundamental rights of the parte tutelada.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be granted solely for the purposes of indemnification and costas, if they are applicable.” Furthermore, Article 51 ibidem establishes that:

“...any resolution that upholds the recurso shall order, in abstracto, the indemnification of the daños y perjuicios caused and the payment of the costas of the recurso, and its liquidation shall be reserved for the sentence execution phase.” This latter norm establishes the general system governing matters related to indemnification and payment of costas, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority’s view, Article 51, cited above, regulates scenarios in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costas, daños y perjuicios. However, in the undersigned’s judgment, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right, and therefore grants the recurso, and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the full enjoyment of their fundamental rights upon learning of the amparo—a scenario contemplated in Article 52, referenced above—by the imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the infringer for the indemnification of the daños y perjuicios caused and the payment of the recurso’s costas. This rule is nothing more than the acknowledgment, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection (tutela judicial efectiva) regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the granting of the recurso, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the autoridad recurrida itself, once it became aware of the amparo proceeding, with restoration of the full enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved person (Article 52), in any of these scenarios, the imperative need arises for an award of costas, daños y perjuicios against the infringer, whose basis lies in the principles of protection of individuals’ rights and that the Administration must be held responsible for the daños y perjuicios caused by its unconstitutional conduct.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not undermine the appropriateness of the award of costas, daños y perjuicios, as such a case forms an integral part of the general system of necessary award on those points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned above, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the amparo party by virtue of the restoration of the full enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that gave course to the amparo; and 2) that there exists an administrative or judicial resolution that undoubtedly orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Indeed, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costas, daños y perjuicios, despite granting the recurso, by providing that in the cases regulated therein, the recurso shall be granted “solely for the purposes of indemnification and costas, if they are applicable.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the daños y perjuicios suffered from the injury to their constitutional rights.

In my view, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costas, daños y perjuicios in the face of a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even in the case where the parte recurrida issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is established in an unmistakable and clear manner that, in the specific case, no compensable injury whatsoever was caused. Solely and exclusively in such scenarios could the Administración recurrida be exempted from the payment of those items. Since in this case there is no element whatsoever to refute the presumption that daños y perjuicios of an economic nature arose for the amparo party due to the challenged actions—whose concrete determination does not fall within this jurisdiction—the granting of this recurso must necessarily entail the award of costas, daños y perjuicios, and I so declare.

As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings do not have as their primary objective the analysis of the existence or non-existence of daños y perjuicios, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach in the regime of individuals’ fundamental rights. From that perspective, the analysis conducted by this forum focuses on said verification, but does not enter into the weighing of whether those issues have or have not generated injuries in the strictly patrimonial sphere of the amparo parties. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, states that such award (of daños, perjuicios, and costas) operates if applicable, the undersigned do not consider that said examination of pertinence can be a priori and automatically excluded in this type of proceeding, given that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the recurso de amparo, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when appropriate) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, Articles 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:

“ARTICLE 179.— The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo is responsible for the execution of the judgments issued by the Jurisdicción Constitucional in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.” It is clear that this proceeding is directed at analyzing the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in abstracto on those items, as such claims would not be appropriate in such causes when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the inappropriateness of daños, perjuicios, and/or costas, or when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the contencioso administrativo venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, according to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is rendered that revokes, halts, or suspends the challenged action, does not per se rule out that, prior to that cessation on the part of the sued entity, the accused indolence or reproached disturbance may have caused daños y perjuicios. However, such a substantive question, concerning the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, as regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of an award in abstracto that later forms the basis for analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The tutela sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of daños y perjuicios, as, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it is not incumbent upon the amparo party to claim or demonstrate daños, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts have produced injuries is an extreme that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis for these types of causes. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no analysis of whether or not there is an infringement, and therefore, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the dispensation from an award to which that norm alludes is exceptional, not a matter of principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes an award in abstracto, so that its applicability can be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from daños, perjuicios, and costas were applied as a rule, it would jeopardize the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the claimed party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, to the detriment of what is established in precept 45 of the Constitución Política, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Moreover, it must not be forgotten that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted causing the cessation of the conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the individual. That is, to obtain the safeguarding of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, whether the persistence of the threat or the deterioration of their situation—insofar as it was made to cease due to the causes mentioned in the norm under examination—generated daños y perjuicios is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but, it is repeated, in no way should be denied as a budget by the mere realization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect for the majority's position, I express my vote and reiterate that the granting of this recurso must necessarily entail the award in abstracto of costas, daños y perjuicios.

X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Sesión N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial N° 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Sesión N° 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The recurso is granted, without a special award of costas, daños y perjuicios. Judge Lara Gamboa subscribes a note regarding the award of costas, daños y perjuicios. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders an award of daños, perjuicios, and costas.-

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente  Res. Nº 2025031083 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintiseis de setiembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-025151-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 004], a favor de [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], y [Nombre 008], contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a las 15:34 horas del 21 de agosto de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Manifiesta, en resumen, que La Escuela Los Robles, perteneciente a la Dirección Regional de Educación de Occidente, actualmente dispone de una infraestructura moderna de 1.727,31 m² y atiende a una matrícula de cuarenta y nueve estudiantes, con el apoyo de cuatro docentes fijos, dos con recargo y una cocinera contratada por la Junta de Educación. No obstante, reclaman que la institución carece de un conserje a tiempo completo, contando únicamente con un recargo de cuatro horas diarias (de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.), lo que resulta insuficiente para atender las necesidades de limpieza e higiene en un espacio de 833,86 m² que incluye seis aulas, dirección, comedor, patio central, dos baterías sanitarias y un servicio adaptado conforme a la Ley N° 7600. Comentan que, las condiciones climáticas de la zona -alta humedad, lluvias frecuentes y fuertes vientos- agravan la situación, generando suciedad constante y aumentando el riesgo de accidentes por caídas durante la jornada escolar. Además, aducen que la escuela atiende estudiantes con necesidades educativas especiales (TDA, problemas de aprendizaje, emocionales y de conducta, y necesidades de terapia de lenguaje), sin contar con servicios de apoyo especializados, lo que obliga a referir a los menores a otro centro educativo ubicado a cinco kilómetros de distancia, sin transporte adecuado, vulnerando el principio de inclusión y el derecho a la igualdad de oportunidades. En virtud de lo expuesto, consideran lesionados los derechos fundamentales de los menores de edad, por lo que, solicitan se declare con lugar el recurso y se ordene al Ministerio de Educación Pública la asignación inmediata de una plaza de conserje a tiempo completo para garantizar la limpieza, higiene y seguridad en la Escuela Los Robles, así como la creación y asignación de plazas de docentes de apoyo especializados (en problemas de aprendizaje, emocionales, de conducta y terapia de lenguaje), en beneficio de la población estudiantil de esta institución y de las escuelas vecinas.

2.- Mediante resolución de las 17:50 horas del 28 de agosto de 2025, se dio curso al presente recurso.

3.- Informa bajo juramento Glenda Lobo González, en su condición de directora de la Escuela Los Robles que, he tramitado en reiteradas ocasiones ante el Departamento de Recursos Financieros del Ministerio de Educación Pública la asignación de un código fijo para el puesto de conserje en la institución. Agrega que, a dichas solicitudes he recibido respuestas oficiales en las que se indica de forma reiterada la imposibilidad presupuestaria para atender la petición, señalando además que la institución se encuentra en lista de espera. Adiciona que, la situación se repite con los servicios de apoyo especializados requeridos para la atención de las necesidades educativas de la población estudiantil. Afirma que se les ha informado que, por sectorización, los estudiantes deben ser remitidos a la Escuela Santiago Crespo Calvo para recibir dichos servicios, lo que dificulta brindar una atención oportuna y adecuada en el propio centro educativo. Apunta que, ante la ausencia de un docente de servicios de apoyo, he procurado que tanto el personal docente como su persona participar en las capacitaciones organizadas por el MEP y la Asesoría de Enseñanza Especial de la DREO, sobre adecuaciones curriculares y el uso de cuadernillos en los diferentes servicios de apoyo, con el fin de garantizar la mejor atención posible a los estudiantes. Refiere que, sostuvo conversaciones con la Asesora de Educación Especial de la Dirección Regional de Educación Occidente, quien confirmó que, por motivos de sectorización y limitación de códigos, no se cuenta con docentes de apoyo itinerantes disponibles para esta institución. Señala que, se coordinó el 05 de marzo de 2025, una capacitación para el personal docente con la Licda. Katherina Badilla, docente de apoyo de la Escuela Santiago Crespo Calvo, sobre actualización en el tema de Adecuaciones Curriculares. Asevera que, el 02 de abril de 2025 se organizó el taller “Rompiendo Estereotipos: Niños con TEA, TDAH, entre otros”, dirigido a padres de familia y personal docente, impartido por la Licda. Cindy Hidalgo Porras, Terapeuta Ocupacional. Como respaldo, se adjunta la circular DREO-SCE05-ELR-007-2025. Enfatiza que la asignación de un conserje fijo constituye una necesidad primordial, pues garantiza condiciones de limpieza, higiene y seguridad, fundamentales para el bienestar de los estudiantes y del personal docente. Explica que, durante los dos últimos años se ha evidenciado un incremento en la matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que demanda mayores recursos humanos y logísticos, tanto para los docentes como para el centro educativo en general, con el fin de asegurar un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo y de calidad.

4.- Informa bajo juramento Geovanny Rojos Morales, en calidad de supervisor de Centros Educativos del Circuito O5-DREO, que la aprobación de un código de Conserje en lo Escuela Los Robles para asegurar lo limpieza en dicho Centro Educativo es una necesidad urgente de atender, aprobación que debe darse desde las oficinas centrales del Ministerio de Educación Público, es decir, no es competencia directo de la Supervisión de Centros Educativos del Circuito 05. Especifica que, desde el año 2021, se ha instruido a la dirección de lo Escuela Los Robles y se ha gestionado ante el Departamento de Recursos Financieros la solicitud de asignación de un código fijo para un puesto de conserje en el citado centro educativo. Explica que, ante lo gestionado, la institución ha recibido comunicaciones oficiales en las que se indica la imposibilidad presupuestaria para atender tal petición, señalando que la Escuela Los Robles se encuentra en lista de espera. Revela que, ante la ausencia de un docente de servicios de apoyo, se ha instruido a la dirección de la Escuela Los Robles participar en las capacitaciones convocadas por el Ministerio de Educación Pública y la Asesoría de Enseñanza Especial de la DREO, tales como adecuaciones curriculares y el uso de cuadernillos en los diferentes servicios de apoyo. Especifica que, lo anterior es para mantenerse actualizados y garantizar la mejor atención posible a la población estudiantil. Comenta que al respecto, se tuvo una reunían virtual en febrero de 2025, a través de la plataforma TEAMS, con la Asesora de Educación Especial de la Dirección Regional de Educación Occidente y allí, se indicó que por motivos de sectorización, los estudiantes deben ser remitidos a La Escuela Santiago Crespo Calvo para recibir los servicios de apoyo correspondientes. Asimismo, se señaló que por limitaciones de códigos, no se dispone de docentes de apoyo itinerantes que puedan atender a esta institución. Esgrimen, que de manera complementaria, se coordinó el 05 de marzo de 2025, una capacitación para el personal docente con la docente de apoyo de la Escuela Santiago Crespo Calvo sobre actualización en el tema de Adecuaciones Curriculares. Acota que, el 02 de abril de 2025 se organizó el taller "Rompiendo Estereotipos: Niños con TEA, TDAH, entre otros", dirigido a padres de familia y personal docente, impartido por lo Licda. Cindy Hidalgo Porras, Terapeuta Ocupacional.

5.- Informa bajo juramento José Leonardo Sánchez Hernández, en su condición de ministro de Educación Pública que, el jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria, indica lo siguiente:

“(…) Mediante correo electrónico del lunes 01 de septiembre 2025, la Señora Vanessa Solís Camacho, Asesora Regional de Educación Especial, Dirección Regional de Occidente, comunica a esta dependencia que se encuentra realizando el estudio técnico para determinar la necesidad del centro educativo, según lo interpuesto. 4. Con respecto al análisis para la dotación de un servicio de conserje de centro educativo, este departamento no tiene competencia...”.

Señala que, la directora de la Dirección de Planificación Institucional, al respecto manifestó:

“• …De acuerdo con nuestros registros de información la Escuela Los Robles, código presupuestario 573-01-55-1325 perteneciente a la Dirección Regional de Educación (DRE) de Occidente, envió la solicitud para la asignación código de conserje de centro educativo.

• El Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos (DDSE) mediante de oficio DVM-PICR-DPI-DDSE-0548-2025, dirigido a la señora Glenda Lobo González en calidad de directora de Escuela Los Robles, informó que la solicitud se encuentra en lista de espera mientras se cuente con la habilitación de creación de plazas por parte de las autoridades superiores y el debido contenido económico para la asignación del puesto solicitado.

• Este Ministerio, ha trabajado en planes de acción para tratar de solventar la situación hasta tanto se cuente con la habilitación de creación de plazas; sin embargo, de momento no se ha podido solventar la necesidad de todos los centros educativos que se encuentran en lista de espera.

• En consecuencia, y ante la ausencia de códigos el DDSE asigna recargos de funciones a los centros educativo (dos recargos equivalen a un código), de manera que se puedan solventar las necesidades requeridas por los centros educativos Para la asignación de recurso de conserje de centro educativo, la normativa vigente detalla que se asigna conforme a la cantidad de secciones de la institución, siendo que con un código de dicha naturaleza para atender hasta 10 secciones. Tal como se detalla en la siguiente tabla:

[…]

• Realizando la revisión y valoración del caso que nos ocupa, referente a la solicitud de código de conserje de centro educativo, se identifica que la Escuela Los Robles, código presupuestario 573-01-55-1325, cuenta con un total de 8 secciones (reportadas por el Departamento de Análisis Estadístico) y verificando en el Sistema INTEGRA 2, cuentan con 1 recargo de dicha naturaleza, el cual se encuentran en uso.

• De acuerdo con el registro de solicitudes, la Escuela Los Robles, no ha realizado la solicitud de más recargos de conserje de centro educativo, por lo que, apreciando la solicitud planeada por la recurrente, el DDSE valoró la posibilidad de asignar un segundo recargo de conserje de centro educativo, con el cual pueden atender la limpieza de toda la infraestructura detallada por la recurrente.

• En consecuencia, el DDSE remitió el oficio DVM-PICR-DPI-DDSE-1731-2025 al centro educativo, indicando que la solicitud del código se encuentra en lista de espera mientras se cuente con la habilitación de creación de plazas por parte de las autoridades superiores y el debido contenido económico para la asignación del puesto solicitado y se detalló el procedimiento a seguir para realizar la solicitud de un segundo recargo de dicha naturaleza, de manera que con los dos recargos se compense la asignación del código, hasta tanto se cuente con la habilitación para la creación de plazas por parte de las autoridades presupuestarias y el debido contenido económico para la asignación del puesto solicitado (…)”.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente solicitar que se declare con lugar el recurso interpuesto y se ordene al Ministerio de Educación Pública la asignación inmediata de una plaza de conserje a tiempo completo para la Escuela Los Robles, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de limpieza, higiene y seguridad en sus instalaciones. Asimismo, pide la creación y asignación de plazas para docentes de apoyo especializados en problemas de aprendizaje, emocionales, de conducta y terapia de lenguaje, con el propósito de asegurar la atención adecuada de estudiantes con necesidades educativas especiales y respetar sus derechos fundamentales a la inclusión y a la igualdad de oportunidades.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)Los amparados son alumnos de la escuela Los Robles (hecho no controvertido).
  • b)La infraestructura de la escuela Los Robles cuenta con seis aulas, dos baterías de servicio, un servicio adaptado a la Ley N° 7600, un corredor que funciona como gimnasio, un patio para preescolar y dos estaciones de lavamanos para los estudiantes (ver copia del oficio DREO-SCE05-ELR- 005-2025).
  • c)Mediante oficio ELR-004-2021, del 12 de marzo de 2021, la directora del centro educativo solicitó a la Unidad Administrativa del Departamento de Asignación de Recurso Humano del Ministerio recurrido la asignación de un código fijo de conserje, ya que tiene asignado uno solo de recargo por cuatro horas (ver copia del oficio).
  • d)Por memorial DVM-PICR-DPI-DDSE-0857-2021 del 15 de marzo de 2021, el Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos comunicó a la Directora de la escuela que la solicitud de la asignación de un código para conserje quedaba en lista de espera mientras se realizada el trámite del contenido presupuestario (ver copia del oficio).
  • e)Mediante oficio DREO-SCE05-ELR-022-2023 del 22 de junio de 2023, la directora de la institución educativa solicitó al Departamento de Formulación Presupuestaria la necesidad de contar con un conserje en la institución (ver copia del oficio).
  • f)Por oficio DVM-PICR-DPI-DDSE-1790-2023, del 26 de junio de 2023, la Dirección de Planificación Institucional comunicó a la directora de la escuela que, la solicitud de la asignación de un código para conserje quedaba en lista de espera mientras se realizada el trámite del contenido presupuestario (ver copia del oficio).
  • g)Mediante oficio DREO-SCE05-ELR- 005-2025, del 10 de marzo de 2025, la directora de la escuela comunicó al Departamento de Servicios Educativo que se encuentran sin conserje en la escuela, debido a que no se aprobó el recargo de cuatro lecciones diarias para un conserje, por lo que solicito el nombramiento de un conserje (ver copia del oficio).
  • h)Por memorial DREO-SCE05-ELR- 0548-2025, del 13 de marzo de 2025, al Jefe del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos le dijo a la directora del centro educativo que, el código de conserje se encuentra en lista de espera por limitaciones presupuestarias y que el centro educativo si cuenta con un recargo de conserje para este curso lectivo, el cual está asignado en nómina N° 1-2025, y el trámite de nombramiento debe ser gestionado en la Dirección de Gestión del Talento Humano (ver copia del memorial).
  • i)El 25 de marzo de 2025, el personal docente de la escuela tuvo una capacitación con la docente de apoyo de la Escuela Santiago Crespo Calvo, sobre adecuaciones curriculares y allí, se indicó que por motivos de sectorización, los estudiantes deben ser remitidos a La Escuela Santiago Crespo Calvo (ver copia del acta).
  • j)Mediante circular DREO-SCEO5-ELR-007-2025, la directora de la escuela les recordó a los padres de familia la participación obligatoria en el Taller rompiendo estereotipos: Niños con TEA, TDAH, la cual se llevó a cabo el 02 de abril (ver copia de la circular).
  • k)La Escuela Los Robles, con código presupuestario 573-01-55-1325, cuenta con un total de 8 secciones, según información del Departamento de Análisis Estadístico (ver informe).
  • l)En el Sistema INTEGRA 2, la Escuela Los Robles tiene asignado un único recargo de conserje de centro educativo, el cual está actualmente en uso (ver informes).
  • m)El 28 de agosto de 2025, el Ministro recurrido fue notificado de la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta de notificación).
  • n)Mediante oficio DVM-PICR-DPI-DDSE-1731-2025, del 01 de setiembre de 2025, el Departamento de Desarrollo del Sistema Educativo comunicó a la directora de la escuela: “ (…) la solicitud del código de dicha naturaleza se encuentra en nuestra lista de espera; en el momento en el que se cuente con la habilitación para la creación de plazas por parte de las autoridades presupuestarias y el debido contenido económico para la asignación de los puestos solicitados, se le estará enviando al centro educativo el comunicado formal por parte de este departamento. Como medida alternativa ante la ausencia del puesto, y con la finalidad de no afectar el servicio de limpieza y aseo del centro educativo, la administración le ha venido aprobando un recargo de funciones de esta naturaleza, sin embargo, valorando la solicitud, ponemos a disposición la asignación de un segundo recargo, de manera que con los dos recargos se solvente la asignación del código, esto, hasta que se pueda realizar la asignación correspondiente (…)”. Además, se le indicó que se le solicitaba completar el formulario F-DDSE-02 y enviarlo al correo electrónico [email protected] (ver copia del oficio).

III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

  • a)Que previo a la notificación del presente recurso a las autoridades recurridas hayan brindado una solución debido a la falta de un código para conserje en la Escuela Los Robles.
  • b)Que los amparados requieras servicios de apoyo especializado.
  • c)Que la directora de la escuela haya solicitado la plaza para un docente de servicio de apoyo especializado para los amparados.

IV.- Sobre el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los centros de educación. Esta Sala, en Sentencia N° 2019-3032, de las 9:45 horas de 22 de febrero de 2019, reiterada en múltiples ocasiones, entre ellas y recientemente en la Nº 2024-023273, de las 09:15 horas del 16 de agosto de 2024, se indicó lo siguiente:

“(…) III.- Sobre el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los Centros de Educación- El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan. Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa”.

V.- Caso concreto. De los informes rendido tanto por el Ministro y la Directora de la Escuela Los Robles más la prueba aportada, esta Sala comprueba la inminente necesidad que tiene dicho centro educativo de contar con una plaza de conserje para atender las necesidades sanitarias de dicho centro educativo, pues según lo alegado por la parte recurrente las condiciones actuales atentan contra la salud de los estudiantes y el personal administrativo. En el mismo sentido, del elenco de hechos probados se desprende que, la Directora del centro médico, desde el año 2021 ha venido presentado varias gestiones ante los departamentos competentes del Ministerio de Educación Pública, solicitando la asignación de presupuesto para un código de conserje en dicho centro educativo. Asimismo se tiene por demostrado que dicha gestión fue denegada en al menos dos ocasiones, alegando limitaciones de índole presupuestaria. Nótese que para el presente curso lectivo, por tercera vez se le negó la gestión a la directora de la escuela y la Jefe del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos le dijo que, el código de conserje se encuentra en lista de espera por limitaciones presupuestarias y que el centro educativo ya cuenta con un recargo de conserje, el cual está asignado en nómina N° 1-2025, por lo que el trámite de nombramiento debe ser gestionado en la Dirección de Gestión del Talento Humano. Sin embargo, no fue sino con ocasión de la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, que la Directora de la Planificación Institucional propuso a la directora de la escuela, como medida alternativa ante la ausencia del puesto, “y con la finalidad de no afectar el servicio de limpieza y aseo del centro educativo, puso a disposición la asignación de un segundo recargo, de manera que con los dos recargos se solvente la asignación del código, esto, hasta que se pueda realizar la asignación correspondiente (…)”. Por lo expuesto, este Tribunal estima que las autoridades del Ministerio de Educación no actuaron con la debida celeridad y eficiencia, pues fue hasta después de notificado este amparo, que propuso una solución a la gestión planteada desde hace cuatro años por la Directora mencionada, la cual ha venido reiterando año tras año. Este Tribunal ha señalado en repetidas ocasiones que, el derecho a recibir una educación de calidad debe darse en condiciones ambientales y de salubridad óptimas, no siendo oponibles meros argumentos burocráticos presupuestarios para prolongar la debida realización de los derechos fundamentales. Así las cosas, en virtud de lo expuesto y tomando en consideración que no fue hasta con ocasión de la interposición del presente asunto que se atendió la gestión de la Directora del Centro Educativo, procede acoger el presente asunto por haberse constatado que la autoridad recurrida no cumplió oportunamente y con celeridad su deber de atender la gestión planteada por esta.

VI.- En cuanto a la solicitud de una creación y asignación de plazas de docentes de apoyo especializados en la Escuela Los Robles, no consta que la recurrente u otros hayan solicitado el nombramiento de una plaza en dicho centro educativo, toda vez, que por el momento el derecho de educación en ese sentido se ha visto garantizado, ya que según lo informado por la parte recurrida, el personal docente de la escuela realiza capacitaciones con la docente de apoyo de la Escuela Santiago Crespo Calvo, sobre adecuaciones curriculares y otros y además, los estudiantes que requieran de servicios de apoyo son remitidos a La Escuela Santiago Crespo Calvo.

Llama la atención a la Sala, que la accionante no acusa alguna actuación que considera ilegítima y haya provocado un acto u omisión específica que implique un agravio o amenaza de agravio personal, directo y cierto, en perjuicio de los derechos fundamentales de los menores amparados o de una persona determinada. Es importante tener en consideración que, la legitimación en la acción de amparo, se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona en favor de la cual se promovió el recurso, y no, en beneficio de cualquier individuo, por el simple interés a la legalidad.

En este sentido, es importante indicar a la recurrente que, este Tribunal ha resuelto, reiteradamente, sobre la imposibilidad de recurrir en abstracto y ha indicado que las lesiones que se plantean ante esta sede no se deben de hacer de manera general, indiscriminada y no individualizada, sino que se debe de indicar cuáles son las obligaciones concretas establecidas en la ley, que no se están cumpliendo, asimismo, cómo repercuten éstas en la materia de los derechos fundamentales y, sobre todo, si se produce un agravio en contra de un sujeto en particular, que provoque un perjuicio claro e individualizable, lo cual no especifica en el presente reclamo (véase Sentencia N° 2012-015142, reiterada en la N° 2013-008668 de las 9:05 horas del 28 de junio de 2013 y recientemente en la 2024-009352, de las 12:50 horas del 09 de abril de 2024). Dadas las consideraciones vertidas, este extremo del recurso es inadmisible y lo procedente es declararlo sin lugar.

VII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO LARA GAMBOA EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS. Considero que al resolverse con lugar un proceso de amparo en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, procede la condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a efectos de no ocasionar trastornos en el funcionamiento de la Sala y la estabilidad de su jurisprudencia, me he inclinado por adherirme al voto de mayoría, al encontrarme nombrado por un breve lapso.

IX.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibidem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Lara Gamboa suscribe nota en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Fernando Enrique Lara G.

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