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Res. 30966-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/09/2025

Access to file and public information against ASADA denying water service due to water deficitAcceso al expediente e información pública frente a ASADA que niega servicio de agua por déficit hídrico

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The amparo is partially granted: the ASADA is ordered to provide the complete file and the requested information, but it is denied regarding the denial of water service because there are technical reasons that justify it.Se declara parcialmente con lugar el amparo: se ordena a la ASADA entregar el expediente completo y la información solicitada, pero se declara sin lugar en cuanto a la negativa de servicio de agua por existir razones técnicas que la justifican.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by the owners of two lots in Palmitos de Naranjo against the local ASADA, which had denied them drinking water service. The claimants argued that the denial was discriminatory and unjustified, and that the ASADA had provided only a partial copy of the administrative file, omitting pages containing copies of ID cards and powers of attorney on grounds of confidentiality. They also complained that the ASADA conditioned the delivery of public information (a list of water connections granted between 2020 and 2025) on proving a legitimate interest, since they were neither users nor members of the association. The Chamber found that the denial of water service was supported by technical reasons — a water deficit in the aqueduct and the need for a technical study the claimants had not funded — constituting a material impossibility, not an arbitrary act, and therefore denied the amparo regarding water access. However, it partially granted the appeal concerning access to information: it ordered the ASADA to provide the complete file and the requested list, holding that copies of IDs and powers of attorney are public information and that the condition of being a user or member cannot be required to access data of public interest related to a public service.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por propietarias de dos lotes en Palmitos de Naranjo contra la ASADA local, que les había negado el servicio de agua potable. Las recurrentes alegaron que la negativa era discriminatoria y sin justificación, y que la ASADA les había entregado solo una copia parcial del expediente administrativo, omitiendo folios con copias de cédulas y poderes bajo el argumento de confidencialidad. Además, denunciaron que la ASADA condicionó la entrega de información pública (listado de conexiones de agua entregadas entre 2020 y 2025) a que acreditaran un interés legítimo, ya que no eran usuarias ni asociadas. La Sala determinó que la negativa del servicio de agua estaba respaldada por razones técnicas —déficit hídrico del acueducto y necesidad de un estudio técnico que las recurrentes no habían costeado— configurando una imposibilidad material, no una actuación arbitraria, por lo que declaró sin lugar el amparo en cuanto al acceso al agua. Sin embargo, acogió parcialmente el recurso en lo relativo al acceso a la información: ordenó a la ASADA entregar el expediente completo y proporcionar el listado solicitado, al considerar que las copias de cédulas y poderes son información pública y que no puede exigirse la condición de usuaria o asociada para acceder a datos de interés público relacionados con un servicio público.

Key excerptExtracto clave

V.- REGARDING ACCESS TO THE FILE: It was proven that the claimants were given a partial copy of the ASADA file and that the following folios constitute the information not provided: folios 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 36, 42, 43, 51, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 92, 104, 116, 124, 1143, 144 and 170 —folios containing copies of ID cards and special powers of attorney. The respondent authority states that "This was done following the parameters communicated by AyA, via email on September 12, 2025, where we were told that personal or sensitive data could not be provided, and from that we interpreted that we should not attach copies of ID cards, powers of attorney or similar documents." In this regard, it is observed that what the claimant requested constitutes public information, such that the refusal to provide copies of ID cards and powers of attorney constitutes an injury to the fundamental rights of the petitioner. VI.- REGARDING THE LACK OF RESPONSE TO THE LETTERS SUBMITTED ON MAY 22, 2025: ... It is inadmissible for the representative of the respondent association to have replied that the request is improper because the claimant does not hold the status of member, since the fundamental right of access to public information enshrined in Article 30 of the Political Constitution does not allow such arbitrary and unfounded distinctions. As these are data of a public nature held by a public institution or by a private entity (as in the present case), any person may access them, and it is not valid to impose conditions such as those demanded of the protected party, in this case, as stated, being a user or member of the ASADA.V.- EN CUANTO AL ACCESO DEL EXPEDIENTE: Se demostró que a las recurrentes les entregaron una copia parcial del expediente de la ASADA y que los siguientes folios conforman la información no entregada: folios 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 36, 42, 43, 51, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 92, 104, 116, 124, 1143, 144 y 170 -folios en los que se consignan cédulas de identidad y poderes especiales-. La autoridad recurrida afirma que “Lo anterior se hizo siguiendo los parámetros comunicados por el A Y A, mediante correo electrónico del 12 de setiembre de 2025 donde se nos menciona que no se podía brindar datos personales o sensibles y de ello interpretamos que no debíamos de adjuntar las copias de cédulas, poderes o documentos similares”. Al respecto, se observa que lo requerido por la recurrente constituye información pública, de manera que la negativa a brindar las copias de cédulas y poderes constituye una lesión a los derechos fundamentales de la persona petente. VI.- SOBRE LA FALTA DE RESPUESTA A LOS OFICIOS PRESENTADOS EL 22 DE MAYO DE 2025: ... No resulta admisible el hecho que el representante de la asociación recurrida haya contestado que la gestión deviene en improcedente porque el recurrente no ostenta la condición asociada, en el tanto el derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado en el ordinal 30 de la Constitución Política no admite realizar este tipo de arbitrarias e infundadas distinciones. Al tratarse de datos de índole pública en poder de una institución pública o bien, de un sujeto de derecho privado (como sucede en el presente caso), cualquier administrado puede acceder a estos sin que, para tal efecto, resulte válido anteponer condiciones como las que han sido exigidas al tutelado, en el particular, como se dijo, ser usuaria o asociada de la Asada.

Pull quotesCitas destacadas

  • "lo requerido por la recurrente constituye información pública, de manera que la negativa a brindar las copias de cédulas y poderes constituye una lesión a los derechos fundamentales de la persona petente."

    "what the claimant requested constitutes public information, such that the refusal to provide copies of ID cards and powers of attorney constitutes an injury to the fundamental rights of the petitioner."

    Considerando V

  • "lo requerido por la recurrente constituye información pública, de manera que la negativa a brindar las copias de cédulas y poderes constituye una lesión a los derechos fundamentales de la persona petente."

    Considerando V

  • "No resulta admisible el hecho que el representante de la asociación recurrida haya contestado que la gestión deviene en improcedente porque el recurrente no ostenta la condición asociada, en el tanto el derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado en el ordinal 30 de la Constitución Política no admite realizar este tipo de arbitrarias e infundadas distinciones."

    "It is inadmissible for the representative of the respondent association to have replied that the request is improper because the claimant does not hold the status of member, since the fundamental right of access to public information enshrined in Article 30 of the Political Constitution does not allow such arbitrary and unfounded distinctions."

    Considerando VI

  • "No resulta admisible el hecho que el representante de la asociación recurrida haya contestado que la gestión deviene en improcedente porque el recurrente no ostenta la condición asociada, en el tanto el derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado en el ordinal 30 de la Constitución Política no admite realizar este tipo de arbitrarias e infundadas distinciones."

    Considerando VI

  • "siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales."

    "as long as the failure to provide drinking water service is not a whimsical, arbitrary or unfounded act, but rather is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights."

    Considerando IV (citando sentencia 2014-9134)

  • "siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales."

    Considerando IV (citando sentencia 2014-9134)

Full documentDocumento completo

Procedural marks

**JUDICIAL POWER** **Constitutional Chamber** **Resolution No. 30966 - 2025** **Date of Resolution:** September 26, 2025 at 09:25 **Expediente:** 25-021986-0007-CO **Drafted by:** Fernando Cruz Castro **Type of Matter:** *Recurso de amparo* **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Relevance Indicators** Relevant decision Decision with protected data, in accordance with current regulations **Content of Interest:** **Strategic Themes:** Economic, Social, Cultural, and Environmental Law **Type of Content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** PUBLIC SERVICES **Subtopics:** DRINKING WATER.

**Topic:** INFORMATION **Subtopics:** **Topic:** PETITION **Subtopics:** LACK OF RESPONSE.

030966-25. PUBLIC SERVICES. PETITION. INFORMATION. THE ACCUSATION IS THAT THE ASADA DENIES THEM WATER SERVICE AND, THAT UPON REQUESTING THE EXPEDIENTE, THEY ARE ONLY GIVEN A PART, ALLEGING IT CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION. THE RECURSO IS PARTIALLY GRANTED. THE PRESIDENT WITH POWERS OF A GENERAL POWER OF ATTORNEY WITHOUT SUM LIMITATION OF THE ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO IS ORDERED, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF THREE DAYS, TO ADDRESS AS LEGALLY APPROPRIATE THE FILING MADE BY THE APPELLANT (RECURRENTE) THAT IS THE SUBJECT OF THIS AMPARO PROCEEDING, RELATED TO THE ACCESS TO THE EXPEDIENTE INVOKED BY THE ASADA TO DENY THE SERVICE, AS WELL AS THE INFORMATION REQUESTED ON MAY 22, 2025. VCG10/2025 "(…) IV.- ON THE SPECIFIC CASE: On repeated occasions, this Chamber has held that, while the fundamental right to water and its access under equal conditions is recognized, as it is an essential service for life and health; it has also indicated that this right does not imply unrestricted access to water, since the Administration can validly establish general conditions and requirements for accessing this service. Likewise, it is valid that the entities -public or private- that administer the service may reject water applications, or the water availability letter, when the interested party does not meet the requirements or when there are technical or legal reasons that justify it. Thus, for example, in judgment number 2016-006027 of 09:05 hours on May 6, 2016, this Chamber considered the following:

"This Constitutional Court, in judgment 2014-9134 of 14:05 hours on June 19, 2014, which addressed an issue very similar to the one set forth in the present recurso, ordered: '(...) This Chamber has indicated in repeated judgments on the subject that the supply of drinking water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and as such, every public service provider -whether a public or private entity- is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one, and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four). It is therefore clear to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public service of drinking water, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now then, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of a legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulations) or in the face of a formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no drinking water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases it has been clear that it is not a denial of access to drinking water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, whenever the lack of provision of drinking water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by a legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that the AyA has not arbitrarily rejected the application filed by the appellant (recurrente), but due to the failure to comply with all the technical-legal requirements existing in the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for approving new services." Such arguments are fully applicable to the specific case, in which the amparo petitioners were denied the drinking water availability letter for technical reasons, based firstly on the prior requirement of a technical study -a study that the interested parties must conduct- and secondly, that there is a significant deficit in water production. Consequently, this Court finds that the denial of water availability issued by the respondent is supported by a material impossibility, and therefore the act does not constitute an arbitrary action. Now then, it should be noted that the appropriateness or not of the water service in question, as well as the pertinence or veracity of the technical reasons that supported the decision of the respondent party, and the appropriateness of the requirements requested for providing the service, are not issues to be discussed in this Jurisdiction, as they constitute a conflict of ordinary legality outside the scope of competence of this Chamber. Finally, regarding the alleged violation of the principle of equality and non-discrimination, it should be highlighted that, on repeated occasions, this Chamber has established that it is insufficient for the appellant (parte recurrente) to simply affirm that in a given case a different treatment has occurred between two subjects to have that breach deemed proven. On the contrary, the party alleging the violation is obligated to provide elements that allow for a full comparison between the subjects treated differently. However, given the eminently summary nature of the amparo process, it is obvious that the element of comparison must be of such a nature that it does not make it necessary to first analyze the situation of the affected party at the level of ordinary legality. In the present case, the appellants (recurrentes) do not offer greater elements of judgment that would lead this Chamber to presume the alleged inequality, since the mere fact of alleging that the properties contiguous to theirs do have drinking water service does not imply -per se- discrimination, as the provision of services depends not only on the fulfillment of requirements, the number of users, but also on other technical and legal reasons. In any case, to evaluate whether or not the alleged inequality invoked has occurred, it is necessary for this Chamber to first rule on a dispute of mere legality, that is, it would have to study case by case in order to analyze technical studies, dates of the applications, requirements, and the applicable regulations, which is not appropriate for this Chamber to hear via the amparo, as it is a task inherent to the administration. By virtue of the foregoing, the appellant (parte recurrente) must raise their disagreements or claims before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, venues in which they may, broadly, discuss the merits of the matter and assert their claims. Thus, the recurso is declared without merit as to this point.

V.- REGARDING ACCESS TO THE EXPEDIENTE: It was demonstrated that the appellants (recurrentes) were given a partial copy of the ASADA's expediente and that the following folios constitute the information not provided: folios 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 36, 42, 43, 51, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 92, 104, 116, 124, 1143, 144, and 170 -folios on which identity cards and special powers of attorney are recorded-. The respondent authority states that "The foregoing was done following the parameters communicated by the A Y A, via email dated September 12, 2025, where we are told that personal or sensitive data could not be provided and from that we interpreted that we should not attach copies of identity cards, powers of attorney, or similar documents." In this regard, it is observed that what was required by the appellant (recurrente) constitutes public information, such that the refusal to provide copies of identity cards and powers of attorney constitutes an injury to the fundamental rights of the petitioning person. By virtue of the foregoing, as it is not corroborated that the requested information has been provided by the respondent authorities, the granting of the recurso is appropriate, in the terms indicated in the operative part of this pronouncement.

VI.- ON THE LACK OF RESPONSE TO THE OFFICES FILED ON MAY 22, 2025: Regarding this point, it was demonstrated that on May 22, 2025, via official communication E-0001-05-2025 and E-0002-05-2025, the appellants (recurrentes) sent an email requesting the following information: "list of the service connections (conexiones de agua potable) provided by that ASADA, indicating their general location or installation address, during the period from January 2020 to May 2025" and that, by official communication ACPALNAR-CE-JD-25-2025 dated June 6, 2025, the respondent authority responded to communications E-0001-05-2025 and E-0002-05-2025 sent by the appellants (recurrentes), indicating: "Pursuant to the provision of Article 100 of the Reglamento de Asadas, prior to answering the request made, it is required that you clarify what the legitimate interest, according to the law, is that your person holds to request the information indicated in your communication. This is because, according to our records, your person is not a user of our aqueduct and is also not an associate, however, the cited regulation allows persons with a legitimate interest to make requests of that nature." That is, the information required by the appellants (recurrentes) has not been provided. The foregoing because -beforehand- they require demonstrating a legitimate interest to have access to the "list of service connections provided by this ASADA, indicating their general location or installation address, during the period from January 2020 to May 2025." Starting from the foregoing, the recurso becomes appropriate as to this point. This is because it is observed with clear clarity that, despite the fact that the data required have a clear and unequivocal public interest, given that they are intrinsically related to the provision of a public service such as the supply of drinking water, the latter have not been provided to the petitioner to date without any valid justification. The fact that the representative of the respondent association replied that the filing is improper because the petitioner does not hold the status of associate is not admissible, insofar as the fundamental right of access to public information enshrined in ordinal 30 of the Political Constitution does not admit making this type of arbitrary and unfounded distinctions. As these are data of a public nature held by a public institution or, alternatively, by a subject of private law (as happens in the present case), any person concerned can access them without it being valid, for that purpose, to impose conditions such as those that have been demanded of the protected party, in this case, as stated, being a user or associate of the Asada (see in similar sense judgment number 2019-014760 of nine hours twenty minutes on August nine, two thousand nineteen). (...)" ... See more **Related Decisions** **Content of Interest:** **Type of Content:** Majority vote **Branch of Law:** 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA **Topic:** 057- Amparo against subjects of private law **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL "(…) I.- PRELIMINARY: Pursuant to the provisions of Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the recurso de amparo is admissible against the actions or omissions of subjects of private law, when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a) of the same Law. In the present case, this Chamber considers that the recurso de amparo is admissible, since the respondent ASADA, being a subject of private law, provides a public service. (...)" VCG10/2025 ... See more **Text of the resolution**  Res. Nº 2025030966 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand twenty-five.

Recurso de amparo filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], identity card [Value 002], against the ASOCIACION ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO.

**Whereas:** 1.- By written submission filed in the Secretariat of this Chamber at 17:58 hours on July 27, 2025, the appellants (recurrentes) filed a recurso de amparo against the ASOCIACION ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO. They state that “FIRST: We, the appellants (recurrentes) here, acquired in good faith, and under legitimate titles, three lots in the community of Palmitos de Naranjo, which were purchased separately and are not part of any development (urbanización) or joint management among the current owners. SECOND: From the moment of acquisition, procedures were initiated to obtain drinking water service before the ASADA of Palmitos de Naranjo. All documentation required by the regulations was submitted and the corresponding administrative requirements were met. However, the ASADA insists on denying the right to connection, without valid technical justification. But the Administrative Board has clearly stated that the problem is with those lots, that any other person is given water except the owners of said lots. THIRD: Despite the foregoing, the ASADA has repeatedly denied the service connection, basing its decision on facts related to previous owners and on an expediente from the year two thousand eighteen, to which we are neither legally nor administratively linked. FOURTH: Said denial has been applied only to the lots of the appellants (recurrentes) here. In contrast, other legal entities, among them a company directly linked to the president of the ASADA, obtained the connection on the same day that the appellants (recurrentes) here were rejected. FIFTH: Access has been requested to the expediente invoked by the ASADA to deny the service, but it was provided incompletely, with multiple folios omitted, including folio 62, on which the revocation of the connection right supposedly appears. The ASADA justified the omission alleging 'confidential information,' which violates the principle of administrative publicity. SIXTH: The administrator of the ASADA has verbally stated that the connection right will be revoked without prior procedure, written resolution, or technical basis. These statements are recorded in a digital recording provided as evidence, in which, at eight hours and thirty minutes, said intention is expressed. SEVENTH: These actions seriously violate the right to due process, to defense, to equality, and to access to water as an essential human right. Likewise, there is evidence of discriminatory, arbitrary administrative conduct with a potential conflict of interest.” (sic). They note that, via email, on May 22, 2025, the following was requested: the “list of service connections (conexiones de agua potable) provided by that ASADA, indicating their general location or installation address, during the period from January 2020 to May 2025,” a request that refers solely to information of a public nature, as it does not seek to obtain personal or sensitive data protected by Law 8968. They maintain that, on June 6, 2025, the respondent indicated that prior to responding, they must clarify what the legitimate interest is, according to the law, that they hold to request the indicated information, since, by virtue of the respondent's records, they are not users of the aqueduct nor associates, in accordance with Article 100 of the Reglamento de Asadas, decree number 42582-S-MINAE, and they are told that said numeral “is a special provision, which is above any other regulatory provision that opposes it, and in that sense, it is not appropriate for any citizen without a legitimate interest to request information from a private organization, even if it is intended to satisfy a public service.” (sic). Based on the allegations set forth, they consider that, with the accused actions, fundamental rights are being violated. They request that the recurso be declared with merit, with the legal consequences. Furthermore, the respondent authority must report whether the email to which the appellant (parte recurrente) sent the information request is established as an official mechanism for receiving filings from users.

2.- By resolution of 14:25 hours on August 20, 2025, the present amparo was processed and transfer was given to JOSÉ MANUEL DEL CARMEN QUIROS CHINCHILLA, identity card 0204260453, in his capacity as president and judicial and extrajudicial representative with powers of a general power of attorney without sum limitation of the ASOCIACION ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO (see electronic record).

3.- JOSÉ MANUEL QUIRÓS CHINCHILLA, in his capacity as president with powers of a General Power of Attorney without sum limitation of the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO (see electronic record), answers the audience in the following terms: “It is important to highlight that it is an obligation of all ASADAs in general to conduct an Evaluation Study to determine the water and hydraulic capacity of the drinking water supply system administered by the ASADA. This study is based on Article 44 of the REGLAMENTO DE LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS COMUNALES which, as relevant, provides:

“Article 44. Technical Study of drinking water and wastewater sanitation systems. The ASADAs must have an updated study through which the water and hydraulic capacity of the administered system is determined, for these purposes the following provisions must be observed: a. Execution of Technical Studies: The technical studies of these systems must be carried out by the ASADA with the technical support of a responsible professional, duly incorporated into the corresponding Professional Association. b. Responsibility for the Technical Study: It is the shared responsibility of the ASADA and the responsible professional to ensure the correct application of technical regulations, policies, and directives issued by AyA, these being of mandatory observance both in the execution of the study, as well as in the design and construction of the resulting works...” TECHNICAL STUDIES ON WATER BALANCE IN OUR AQUEDUCT. In our case, there is a study from 2018 approved by the A y A, another study from 2020, and recently we have conducted a new Water Balance analysis, all the analyses conducted refer to the available water resource of our aqueduct, which are attached to this response.

OUR AQUEDUCT SYSTEM WITH A DEFICITARY FLOW. According to the mentioned studies, since 2018 a significant deficit has been projected, unless new sources are obtained. The maximum available water flow according to the 2025 study is barely 10.20 liters per second and 14.37 liters per second are required at this time, so each year that passes we are having a significant deficit (see table 17, page 42, 2025 Water Balance study). It is important to clarify that we are making an effort to incorporate new sources to increase the available flow. This has caused the deficit to start being visible since 2019 and it has obviously been increasing.

From the referred studies, it is evident that our aqueduct is experiencing a water deficit, thus it is not possible at this time to grant more availabilities, until new water intakes for our aqueduct system are developed.

In fact, through official communication number GSD-UEN-GAR-2021-04822 from Eng. Giovanni García Flores, head of the UEN Gestión de Acueductos Rurales, we were expressly told the following:

“In response to the consultation submitted by you in communication APCALNAR-CE-ADM-15-2021 regarding the scope of the recommendations issued in our Memorandum N°GSD-UEN-GAR-2021-0095, we are pleased to clarify that, due to the limited water capacity of the aqueduct administered by the Asada of Palmitos de Naranjo, we do not recommend approving water applications for new developments or for homes requiring extensions of the currently existing distribution network, until new supply sources are available. This recommendation is based on the results of the technical study prepared in March 2020 by Eng. Gustavo Adolfo Chacón Aguilar, whose report submitted by you was reviewed and approved in our office...” As the managing entity of the public drinking water supply service, we have the obligation to issue service availability certifications and water capacity certifications; however, such acts can only be fulfilled when the balance and analysis of the water resource so permits.

It is clearly indicated in the regulations that said certifications are issued when technically feasible. Pursuant to the foregoing and according to the attached study, the Aqueduct is technically not in a capacity to offer any service in that area. We are not authorized to grant services when the system capacity is in a critical situation or the granting of new services clearly harms other users, and for this, the technical opinion of Acueductos y Alcantarillados is required.

Our ASADA has the obligation to guarantee the validity of the fundamental principles of public service, namely: continuity, efficiency, adaptation, and equality in the treatment of users, hence, in protection of those principles, the regulations grant us a series of unavoidable obligations, among which is that of supplying water service to whoever requests it, prior fulfillment of the established requirements, which logically must be rational and possible.

We consider it is legal to deny the service if we are facing a technical impossibility or technical feasibility analysis, as occurs in this case, according to Article 14 of the current Reglamento para la Prestación de los Servicios del A y A, in relation with Article 7.49 and 7.12 of the cited regulation, which refer to technical feasibility as follows:

“7.12. Technical feasibility analysis for the granting of services: Verification process of the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For such purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass along the boundaries of the property or have direct access via a public road or easement (servidumbre) of passage for the property for which a service is requested. b. That the systems have sufficient water, hydraulic, potabilization, and treatment capacity to grant new services. c. That the system complies with the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations.” In general, a service availability is granted when there is the real and current existence, not future or potential, of the necessary global works and infrastructure and the water supply capacity to meet the service needs of a specific population. Article 14 of the cited regulation obligates any service provider to grant drinking water when:

Article 14- Of the conditions for service provision. AyA will provide its services once technical feasibility is verified in built properties or properties to be built, dedicated to the residence of persons, for commercial or industrial activities that meet the requirements and authorized uses in this regulation…” ABOUT THE TECHNICAL STUDY IN THE CASE OF LOTIFICACIONES The other important aspect and one that applies in this case is the duty of obedience to the legislation ordered in the regulations established by the Reglamento Prestación de Servicios A y A, articles 14 and 39, and in accordance with the Reglamento de ASADAS in its Article 44, therefore, the following must be applied:

“Studies for developments (urbanizaciones), subdivision (lotificaciones), segregations, or condominiums: For the development of developments (urbanizaciones), subdivisions (lotificaciones), segregations, or condominiums, the ASADA has the responsibility to guarantee that the corresponding diagnostic studies are conducted, for which the interested person must assume the costs, but not the execution thereof, which will always be under the competence of the Association. If as a result of the diagnostic study, the preparation of an improvement, expansion, or system modernization project is required, the interested person will be responsible for the preparation of the final designs and construction plans, as well as the construction of the works previously approved by the AyA, provided that flows are modified, all the foregoing under the permanent supervision of the ASADA, without prejudice to the oversight powers of the Institution…” In this way, for several years, it has been suggested to the interested parties of the alluded lots, including the appellants (recurrentes), that to obtain a certification of drinking water service availability, they must finance a Technical Study in which the Water and Hydraulic needs to provide water to that particular project are evaluated, specifically clarifying what the requirements, works to be constructed, are, which will also be economically assumed by the interested party(ies). In summary, a technical study is required that the interested parties must pay for, and the choice of the company or professional that will conduct the analysis must be selected by the ASADA. In our case and because the ASADA does not have water capacity, it would be up to the interested parties to remedy that deficiency by providing the water source that will serve as drinking water for the current and future residents of that subdivision (lotificación). The professional to be hired to conduct the Technical Study would be the competence of the ASADA, verifying that they are duly incorporated into the CFIA Professional Association; once said Study is completed, it will be sent to the A y A for its respective review and ratification.

On the other hand, in the latest Water Balance study, the professional in charge of it clearly indicated the following recommendation:

“Maintain strict control over urban developments, subdivisions (lotificaciones), or projects that demand high specific consumptions. Before granting the drinking water availability letter, it is of utmost importance that the ASADA impose the corresponding regulations so that each developer, prior to their project, conducts a technical study that includes a system diagnosis and proposes the necessary improvements for the project's supply. The foregoing, in accordance with the real design parameters of the aqueduct. Said study must be analyzed and approved by the Board of Directors of the aqueduct and the AyA. All urban developments and similar projects must comply with current technical and legal legislation…” HISTORY OF A LOTIFICACIÓN The appellants (recurrentes) present themselves as simple purchasers of two individual plots; however, on several occasions, it has been explained to them that said properties are part of a subdivision (lotificación) created in 2019 and whose previous owners refused to conduct the respective technical study.

For that reason, the file related to this subdivision is provided, which shows that the lands of both appellants originate from a subdivision carried out some years ago and that their previous owners refused to carry out the respective technical study.

The circumstance that the appellants were unaware of the history of the lands they acquired does not obligate the ASADA to consider the case as a simple ordinary growth procedure or that it is a request unrelated to the aforementioned subdivision. The law prohibits abuse of right; this is not the first case where subdivisions are made without meeting the requirements for granting water availability, subsequently the original owner sells, and then the new owners submit individual requests for water availability, claiming ignorance of the background. If the foregoing were accepted, we would be circumventing existing regulations.

There is no legal provision allowing potable water service operators to deem it unnecessary to carry out the technical study in cases where lots resulting from a subdivision have been transferred.

REGARDING THE FACTS OF THE APPEAL RESPONSE: Because the lots are not identified, and the documentation accessed through the online filing system also does not contain registry certifications or cadastral plans, a negative response must be given. Despite the omission in identifying the lots, according to our records and registry publicity, the appellants are the owners of the following properties in the locality of Palmitos de Naranjo, under the following registration numbers: [Name 001] owns registration number 586431 with an area of 619 square meters, and Libier Virginia owns registration number 586430, with an area of 667 square meters. It is no coincidence that the registration numbers differ only by the last digit, because both lots are the product of a consolidation and subdivision from which 9 lots emerged at the time with the following identifications: 586428, 526429, 526430, 526431, 526432, 526433, according to the document submitted to the registry under volume 2019-752811, whose deed is attached to this response; additionally, the registry studies, property history, and the ASADA file are attached. It is not true that these lots are not part of any "development (urbanización)," it was not a development but rather a subdivision (lotificación), whose meaning is distinct from an urban planning standpoint. The requests made by the appellants were directed at obtaining service availability for the registered properties, Alajuela registration numbers: 586430-000 and 586531-000. Both properties are part of the subdivision carried out in 2019, according to the previous explanation (see registry studies). On pages 20 to 24 of the file provided are 5 of the plans that the registered owners obtained from the segregation; it can be verified that the 5 lots are contiguous and that the abutting owners are Iván José Rodríguez Morera and Marco Antonio Rodríguez Herrera, who were the owners of the lands and who carried out the subdivision.

From the very beginning, the persons who subdivided were told that they had to carry out the technical study; however, they never did so. Thus, the situation of these two properties is that both are within a subdivision of nine properties or lots, and for a subdivision of this nature, this ASADA must comply with current legislation, which implies meeting the regulations related to subdivisions, concerning the need to carry out a technical study.

SECOND FACT RESPONSE: What is stated in this fact is not true. It is true that the interested parties have undertaken certain procedures, as can be seen in the attached file. The request for water availability has been denied for technical reasons; firstly, several years ago the interested parties were told of the need to carry out the respective technical study, an aspect they have systematically refused. Secondly, under the current conditions of our aqueduct, we face a significant deficit in water production. One of the attached Water Balance studies states verbatim the following:

"Taking appropriate technical and conservation measures, the total available water resource is practically exhausted. The search for, concession of, and interconnection of new water sources is a priority..." (see 2020 Water Balance study, page 32).

Elsewhere in the study, it also indicates:

"Based on the estimates made, it is currently not possible to supply real estate-related requests..." This Water Balance study already contains a reference to the subdivision related to the appellants' lands; on page 28 the following is read:

5.1.4 Urban developments.

In accordance with what was stated by those in charge of the aqueduct, the following significant real estate-related water availability requests are pending:

| --- | --- | | Hermanos Vargas. | 40 connections. | | Inversiones Familia Herrera Muñoz S.A: | 70 users. | | Juan Carlos Cruz Solís: | 8 projected. | | Marco Rodríguez and Iván Rodríguez: | 40 housing solutions. | | Total requests: | 158. | The mention of Marco Rodríguez and Iván Rodríguez corresponds to the owners who subdivided and subsequently sold. It is reiterated that the appellants' lands are within that subdivision carried out in 2019.

The last statement, to the effect that the Board had stated that those lots would never be provided with potable water service, is absolutely false.

THIRD FACT RESPONSE: What is related to the denial of the requests made is true; it is true that one of the arguments for the denial is that the lands form part of a subdivision that refused to carry out the respective technical study, but it is added that the other circumstance is related to the critical deficit of the flow supplying our aqueduct. The subjective disconnection the appellants claim between the subdivision that generated the lots and themselves does not grant them a right to disregard the omissions of their previous owners. The requirements for water resource availability and compliance with legislation on the matter do not discriminate between old owners or current owners; water availability is not related to persons, the availability of the water resource is related to lands and, above all, to the real and current water and hydraulic capacity of the public service operator.

FOURTH FACT RESPONSE: It is not true; there is no preference in granting water availability. The reasons for which the water availability has been denied have been extensively explained. Regarding the statement that availability was granted in favor of a company linked to the president, I clarify that the ASADA, despite the current situation, continues to grant availability for purposes of ordinary, vegetative, or maximum growth, as authorized by legislation. The problem with the appellants' lands is that they are part of a subdivision.

FIFTH FACT:

RESPONSE: It is true; this is due to the Law for the Protection of the Person Regarding the Processing of Their Personal Data, number 8968, which refers to sensitive data, personal data, or access-restricted data. It is clear that ASADAs, although they are private associations constituted under Law No. 218 and its regulations, have a public purpose, for which reason they are subject to the regulations concerning the public service they provide, and must provide the information requested of them, provided that this does not violate the scope of information confidentiality. Therefore, at the time of providing the required data, personal data must be safeguarded. What was omitted is related to identification numbers and information that was not of interest to the appellants. The ASADA was obligated to carry out an analysis to determine what was public information and what was of a sensitive and restricted nature, hence the absence of some pages.

SIXTH FACT RESPONSE: I am unaware of what the appellant is referring to, therefore I respond negatively. Without prejudice to the foregoing, it is evident that the submitted recording is absolutely illegal, and the administrator herself confirmed this to me; they never asked her permission to record her voice. Moreover, I am unaware of the possible statements or interpretations that the former administrator may have issued regarding this matter. In any case, it is the Board of Directors that makes the decisions in any organization of this nature, not the administrator. Notwithstanding the foregoing, the administrator was referring to the situation where the water availability was granted to build and the owner did not do so within the year indicated by the regulation; that inevitably causes the revocation of the availability without further procedure; that is what the administrator was referring to.

SEVENTH FACT RESPONSE: What is stated in this fact is not simple assessments, opinions, or conjectures lacking factual elements, so I respond negatively. What is indicated again injures the honor of our Board of Directors insofar as presumptions are made without any evidentiary element to accredit such types of behavior.

TECHNICAL REASONS FOR DENYING THE SERVICE. It is not true that the Managing Association I represent denied service to the appellants unjustifiably. Firstly, the lots are located in a subdivision, they never wanted to do the technical study, and there is a technical impossibility; there is a shortage of the water resource, which is why our ASADA only grants availability for growth denominated ordinary, vegetative, or maximum, as established by the existing definition on the matter in the Regulation for the Provision of AyA Services, which is mandatory compliance in our case.

"129. Maximum growth zone: Geographic area within a deficit zone, where the public service provider authorizes the issuance of positive service availability certificates or water capacity certificates, as appropriate, for any of the following cases: a) Individual single-family dwelling; b) Individual commerce. The following cases only when there are new flows that optimize the water and hydraulic capacity of the respective zone and the 'Percentage Flow Distribution Methodology' established by the GAM Systems Optimization UEN and the Peripheral Systems Optimization UEN is applied: c) Real estate developments, d) Social interest housing projects, e) Establishments and projects for community outreach, and f) State establishments and projects.

The Association I represent must obey the governing body, and we are not empowered to violate its directives, provisions, or the regulations established in the Regulation for the Provision of AyA Services and the ASADAS regulation. There is definitively a technical impediment to supplying water to the appellants' lots, unless better judgment from the governing body prevails, or this Chamber orders my represented party to grant the service.

It is important to clarify that the party also did not make use of ordinary remedies in this matter to challenge the decisions of my represented party.

To conclude these responses, I partially transcribe a resolution of the Constitutional Chamber, which, from early on, in similar cases, has inclined to consider the following:

RELATED RESOLUTIONS OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER. "This Court has pointed out that the administrative associations for aqueducts and sewer systems, municipalities, and other institutions that provide the potable water supply service, can validly reject those requests or condition them if there are technical or legal reasons that so justify. Thus, in ruling No. 2016-006027 of 09:05 hours on May 6, 2016, this Chamber considered the following:

"This Constitutional Court, in ruling 2014-9134 of 14:05 hours on June 19, 2014, which addressed a question very similar to the one raised in this appeal, ordered: '(...) This Chamber has indicated in repeated rulings on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every public service provider -whether a public entity or a private entity- is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and adapting to technological changes (see in this regard ruling 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-sixth, two thousand one, and ruling 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-third, two thousand four). It is therefore clear to conclude that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. However, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, faced with a legal impossibility (which is the lack of compliance with requirements established in the respective regulations) or faced with a formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and infrastructure construction is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a denial of access to potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is, the lack of infrastructure. In other words, whenever the lack of provision of potable water service is not an arbitrary, capricious, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that AyA has not arbitrarily rejected the request made by the appellant, but rather due to the lack of compliance with all the technical-legal requirements that exist in the Regulation for the Provision of Services to the Clients of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for approving new services." I reiterate to this honorable Constitutional Chamber and also to the appellants that, complying with the legislation regulating ASADAs, for every subdivision project, whether for social welfare purposes or sale of lots, the interested party must request the Potable Water Service Availability Certificate and attach the established requirements; subsequently, the Board of Directors of the ASADA must respond with the applicable technical and legal criteria, evaluating the current and real capacities. Consequently, in the case of a subdivision project, development (...) a technical study is required, carried out by the professional in the field and paid for by the interested party; this study is what determines the improvements or infrastructure works, contribution of a water source, among other things that entail investing and executing to make the project effective, as well as evaluating the viability of future constructions on the desired property. This means that for this subdivision, there is no formal request at the ASADA, so neither does the technical study exist. Notwithstanding the foregoing, we again indicate to the appellants that if they wish to convert the denial into a positive decision, they must state in writing if they agree to pay for a Technical Feasibility Study, which would be contracted by the ASADA and reviewed by AyA. (ASADAS Regulation, Article 44, subsection d)." It requests that the appeal be declared without merit.

4.- By resolution at sixteen hours zero minutes on September fifth, two thousand twenty-five, the investigating magistrate requested, AS EVIDENCE TO BETTER RESOLVE, a report from JOSÉ MANUEL QUIRÓS CHINCHILLA, IN HIS CAPACITY AS PRESIDENT WITH POWERS OF UNLIMITED GENERAL POWER OF ATTORNEY WITHOUT LIMITATION OF SUM OF THE MANAGING ASSOCIATION OF THE AQUEDUCT AND SANITARY SEWER SYSTEM OF PALMITOS DE NARANJO (ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO), in order to clarify what information contained in the minutes of the session held on April 1 of this year, as well as in the file processing the water service request, is considered confidential (see electronic record).

5.- JOSÉ MANUEL QUIRÓS CHINCHILLA, in his capacity as president with powers of Unlimited General Power of Attorney without limitation of sum of the MANAGING ASSOCIATION OF THE AQUEDUCT AND SANITARY SEWER SYSTEM OF PALMITOS DE NARANJO, answers the hearing (see electronic record) in the following terms: "1.- BACKGROUND OF THE BOARD OF DIRECTORS SESSION AND ITS CONTENT. In response to the resolution of September 5, 2025, I inform the honorable Constitutional Chamber, within the established deadline, that the content of the April 1, 2025 session is similar to the official communication found in the file, visible on pages 197 and 198. Specifically, the following was agreed upon in the session:

The foregoing was done following the parameters communicated by AyA, via email on September 12, 2025, where we are mentioned that personal or sensitive data could not be provided, and from that we interpreted that we should not attach copies of identification cards, powers of attorney, or similar documents. The mentioned email is attached, clarifying that, according to the information provided by AyA, we interpreted that certain data should not be supplied, considering they could violate the scope of information confidentiality. What was declared confidential or omitted is related to powers of attorney, identification numbers, identity cards, and information that was not of interest to the appellants. Furthermore, I detail below the pages of the file that were not provided: pages 2 and 3 copies of identity cards, 14 copy of identity card, 15 and 16 special power of attorney, 17 and 18 copies of identity cards, 25 and 26 copies of identity cards, 36 copy of identity card, 42 and 43 copies of identity cards, 51 copy of identity card, 55, 56, and 57 copies of identity cards, 68, 69, 70, 71, and 72 copies of identity card, special power of attorney, and payment receipt. 88 copy of identity card, 92 copy of identity card, 104 copy of identity card, 116 copy of identity card, 124 copy of identity card, 143 and 144 copies of identity card, 170 copy of identity card. To avoid misunderstandings, I attach all the pages that were omitted and which, as will be seen, are not relevant in this matter. 2.- NEW DOCUMENT ON THE DEFICITARY SITUATION OF THE WATER RESOURCE. Additionally, in an attached file, we provide a new opinion from AyA regarding the deficit situation of our aqueduct, and they even recommend NOT APPROVING new services and also not renewing the currently valid availability certificates. DOCUMENTS PROVIDED. In summary, the following are attached: copy of the board of directors session of April 1, images of the administrative file regarding the information that was not provided to the appellants, and a document issued by AyA on the deficit condition of our aqueduct." 6.- In a written brief filed with the Secretariat of this Chamber at 21:40 hours on September 24, 2025, the appellants state the following: "I. PURPOSE OF THE BRIEF. In a timely manner and proper form, we hereby submit observations that were not requested of us regarding the responses sent by the respondent party (ASADA Palmitos de Naranjo and its president José Manuel Quirós Chinchilla), in compliance with the order issued by this Honorable Court. The responses do not fully comply with what was requested by the Chamber; they contain significant omissions and provide incomplete or later documentation, which affects our right of defense and the transparency of the process. II. REGARDING THE IMPROPERLY INVOKED CONFIDENTIALITY. The respondent justified the omission of complete pages alleging they were copies of identity cards, powers of attorney, or other 'confidential' documents. However: • The Chamber had requested an explanation of what specific information was confidential and in which file; this explanation was never provided. • Under that excuse, entire pages and the required minutes were omitted, which has no legal basis. III. NEW ELEMENTS INTRODUCED. An AyA report from September 2025, advising against the authorization of new services due to a water deficit, was incorporated. We point out that: • This document is subsequent to our initial request, filed months earlier. • Attempting to apply it retroactively violates the principles of non-retroactivity and good administrative faith. • Our procedure met all the requirements at the time of its presentation. IV. NECESSARY CLARIFICATION. The respondent party has insisted on presenting this procedure as if it were a development (urbanización). This is absolutely incorrect. Our request refers solely to two individual lots, acquired in good faith by the current owners, without any legal relationship with former owners or previous urban developments. V. CONDUCT OF THE RESPONDENT PARTY. The repeated non-compliance with the order, the omission of key documents, the incomplete pagination, and the use of subsequent information reveal conduct that affects administrative transparency. Such facts constitute possible disobedience to what was ordered by this Constitutional Chamber, pursuant to Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. VI. PETITION. For the reasons stated, we respectfully request of this Honorable Chamber: 1. To admit these observations as submitted. 2. To declare that the order issued has not been adequately fulfilled by the respondent party. 3. To reiterate the order to remit the complete, paginated, and certified file, specifically including the minutes of the session of April 1, 2025. 4. To dismiss the retroactive application of the AyA report of September 2025, as it is subsequent to the original request. 5. To take into consideration that the procedure corresponds solely to two lots, and not to a development. 6. To assess the possible disobedience of the orders of this Court by the respondents" (see electronic record).

7.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER: Pursuant to the provisions of Article 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the amparo appeal is admissible against actions or omissions of private law subjects, when these act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights and freedoms referred to in Article 2, subsection a) of the same Law. In the present case, this Chamber considers the amparo appeal admissible, since the respondent ASADA, being a private law subject, provides a public service.

II.- SUBJECT OF THE APPEAL: The appellants allege that the respondent ASADA denied them water service without any justification. They add that they requested a copy of the file; however, it was partially delivered, claiming it contained "confidential information." III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority omitted to refer to them:

  • a)That the appellants are the registered owners of the following properties in the locality of Palmitos de Naranjo, under the following registration numbers: [Name 001] owns registration number 586431 with an area of 619 square meters, and Libier Virginia owns registration number 586430, with an area of 667 square meters (see report of the respondent authority).
  • b)That the aqueduct of Palmitos de Naranjo has a water deficit (see report of the respondent authority).
  • c)That through official communication number GSD-UEN-GAR-2021-04822, signed by Eng. Giovanni García Flores, head of the Rural Aqueducts Management UEN, it was indicated: "In response to the query presented by you in official communication APCALNAR-CE-ADM-15-2021 regarding the scope of the recommendations issued in our Memorandum No. GSD-UEN-GAR-2021-0095, we allow ourselves to clarify that, due to the limited water capacity of the aqueduct managed by the ASADA of Palmitos de Naranjo, we do not recommend that water requests be approved for new developments or for dwellings that require extensions to the existing distribution network at this time, until new supply sources are available. This recommendation is based on the results of the technical study prepared in March 2020 by Eng. Gustavo Adolfo Chacón Aguilar, whose report submitted by you was reviewed and approved in our office…" (see report of the respondent authority).
  • d)That the interested parties in the lots -including the appellants- were told that to obtain a potable water service availability certificate, they had to pay for a Technical Study evaluating the Water and Hydraulic Needs to supply water to that particular project, clearly specifying what the requirements and works to be constructed are, which will also be financially assumed by the interested parties (see report of the respondent authority).
  • e)That the respondent authority explained to the appellants that the acquired properties form part of a subdivision generated in 2019, whose previous owners refused to carry out the respective technical study (see report of the respondent authority).
  • f)That a partial copy of the ASADA file was delivered to the appellant (see report of the respondent authority).
  • g)That pages 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 36, 42, 43, 51, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 92, 104, 116, 124, 1143, 144, and 170 were not delivered to the appellants - pages containing identity cards and special powers of attorney - (see report of the respondent authority).
  • h)That on May 22, 2025, via official communications E-0001-05-2025 and E-0002-05-2025, the appellants sent an email requesting the delivery of the following information: "list of the service connections (potable water connections) provided by that ASADA, indicating their general location or installation address, during the period from January 2020 to May 2025" (see report of the respondent authority).
  • i)That via official communication ACPALNAR-CE-JD-25-2025 dated June 6, 2025, the respondent authority responded to official communications E-0001-05-2025 and E-0002-05-2025 sent by the appellants, indicating: "According to the provision of Article 100 of the ASADAS Regulation, before responding to the request made, it is required that you clarify what the legitimate interest is, according to the law, that your person holds to request the information indicated in your official communication. This is because, according to our records, your person is not a user of our aqueduct nor an associate; however, the cited regulation allows persons with a legitimate interest to make petitions of this nature" (see electronic record).

IV.- ON THE SPECIFIC CASE: On repeated occasions, this Chamber has held that, while the fundamental right to water and its access under equal conditions is recognized, as it is an essential service for life and health, it has also indicated that this right does not imply unrestricted access to water, given that the Administration can validly establish general conditions and requirements to access this service. Likewise, it is valid for entities -public or private- that administer the service to reject water requests, or the water availability certificate, when the interested party does not meet the requirements or when there are technical or legal reasons justifying it. Thus, for example, in ruling number 2016-006027 of 09:05 hours on May 6, 2016, this Chamber considered the following:

"This Constitutional Court, in ruling 2014-9134 of 14:05 hours on June 19, 2014, which addressed a question very similar to the one raised in this appeal, ordered: '(...) This Chamber has indicated in repeated rulings on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every public service provider -whether a public entity or a private entity- is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and adapting to technological changes (see in this regard ruling 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-sixth, two thousand one, and ruling 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-third, two thousand four)." It is therefore clear to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. That said, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulations) or in the face of formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to process service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases it has been clear that it is not a denial of access to potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, as long as the failure to provide potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that AyA has not arbitrarily rejected the request made by the petitioner, but rather due to the failure to comply with all the technical-legal requirements that exist in the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for approving new services.” These arguments are fully applicable to the specific case, in which the protected parties were denied the potable water availability letter for technical reasons, based firstly on the requirement of a prior technical study—a study that the interested parties must conduct—and secondly on the existence of a significant deficit in water production. Consequently, this Court finds that the denial of water availability issued by the respondent is grounded in a material impossibility, and therefore the act does not constitute arbitrary conduct. That said, it should be noted that the appropriateness or not of the water service in question, as well as the relevance or truthfulness of the technical reasons that supported the respondent's decision, and the appropriateness of the requirements requested for providing the service, are not matters to be discussed in this Jurisdiction, as they constitute a conflict of ordinary legality outside the scope of competence of this Chamber. Finally, regarding the alleged violation of the principle of equality and non-discrimination, it is worth highlighting that, on repeated occasions, this Chamber has established that it is not sufficient for the petitioner to merely assert that a different treatment has occurred between two subjects in a given case to have that violation demonstrated. On the contrary, the party alleging the violation is obligated to provide elements that allow for a full comparison between the subjects treated differently. However, given the eminently summary nature of the amparo proceeding, it is obvious that the element of comparison must be of such a nature that it does not make it necessary to first analyze the situation of the affected party at the level of ordinary legality. In the present case, the petitioners do not offer sufficient elements of judgment to lead this Chamber to presume the alleged inequality, since the mere fact of alleging that the properties adjacent to theirs do have potable water service does not—per se—constitute discrimination, as the provision of services depends not only on compliance with requirements, the number of users, but also on other technical and legal reasons. In any event, to evaluate whether or not the alleged inequality invoked has occurred, it is necessary for this Chamber to first rule on a dispute of mere legality, meaning it would have to study case by case in order to analyze technical studies, dates of requests, requirements, and applicable regulations, which does not correspond to this Chamber to hear through the amparo remedy, as it is a task proper to the administration. By virtue of the foregoing, the petitioner must present their disagreements or claims before the respondent authorities or through the competent jurisdictional channel, venues in which they will be able, in a broad manner, to discuss the merits of the matter and assert their claims. Thus, the motion is dismissed with respect to this point.

V.- REGARDING ACCESS TO THE EXPEDIENTE: It was demonstrated that the petitioners were given a partial copy of the ASADA expediente and that the following folios constitute the information not delivered: folios 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 36, 42, 43, 51, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 92, 104, 116, 124, 1143, 144, and 170—folios that contain identity cards and special powers of attorney. The respondent authority states that “The above was done following the parameters communicated by AyA, via email on September 12, 2025, where we were told that personal or sensitive data could not be provided, and we interpreted that we should not attach copies of identity cards, powers of attorney, or similar documents.” In this regard, it is noted that what was requested by the petitioner constitutes public information, such that the denial to provide the copies of identity cards and powers of attorney constitutes an injury to the fundamental rights of the requesting party. By virtue of the foregoing, as it is not corroborated that the requested information was provided by the respondent authorities, the granting of the motion is appropriate, under the terms set forth in the operative part of this ruling.

VI.- REGARDING THE LACK OF RESPONSE TO THE OFFICIAL LETTERS SUBMITTED ON MAY 22, 2025: With respect to this point, it was demonstrated that on May 22, 2025, through official letters E-0001-05-2025 and E-0002-05-2025, the petitioners sent an email requesting the delivery of the following information: “list of the service connections (conexiones de agua potable) provided by this ASADA, indicating their general location or installation address, during the period from January 2020 to May 2025,” and that, through official letter ACPALNAR-CE-JD-25-2025 dated June 6, 2025, the respondent authority responded to the official letters E-0001-05-2025 and E-0002-05-2025 sent by the petitioners, informing them: “In accordance with the provision of Article 100 of the Reglamento de Asadas, prior to responding to the request made, you are required to clarify what legitimate interest, in accordance with the law, you hold to request the information indicated in your official letter. This is because, according to our records, you are not a user of our aqueduct nor an associate; however, the cited regulation allows persons with a legitimate interest to make requests of this nature.” That is, the information requested by the petitioners has not been delivered. The foregoing because—first—they require proof of legitimate interest to access the “list of service connections provided by this ASADA, indicating their general location or installation address, during the period from January 2020 to May 2025.” Based on the above, the motion becomes appropriate with respect to this point. This is because it is observed with crystal clarity that, despite the fact that the requested data clearly and unequivocally hold public interest, given that they are intrinsically related to the provision of a public service such as the supply of potable water, these have not been provided to the petitioner to date without any valid justification. The fact that the representative of the respondent association responded that the request is improper because the petitioner does not hold associate status is not admissible, insofar as the fundamental right of access to public information enshrined in Article 30 of the Political Constitution does not permit making these types of arbitrary and unfounded distinctions. As the data are of a public nature held by a public institution or by a private law entity (as in the present case), any administrated party may access them without it being valid to impose conditions such as those demanded of the protected party, in particular, as stated, being a user or associate of the Asada (see, in similar sense, ruling number 2019-014760 of nine hours twenty minutes on August ninth, two thousand nineteen).

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 on August 22, 2011, published in the Boletín Judicial no. 19 on January 26, 2012, as well as in the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.

Por tanto:

The motion is partially granted. JOSÉ MANUEL QUIRÓS CHINCHILLA, in his capacity as president with powers of Apoderado Generalísimo without limitation of sum of the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO, or whoever holds the position in his stead, is ordered to coordinate the corresponding actions and carry out all acts within the scope of their respective competencies so that, within a maximum period of THREE DAYS, counted from the notification of this judgment, the request made by the petitioner and subject of this amparo proceeding related to access to the expediente invoked by the ASADA to deny the service, as well as the information requested on May 22, 2025, is attended to as legally appropriate. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with it or have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO is condemned to pay the costs and damages caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment through the contentious-administrative channel. Regarding the installation of the water resource, the motion is dismissed. Notify accordingly.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Fernando Enrique Lara G.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:

AGUA POTABLE.

Tema: INFORMACIÓN Subtemas:

Tema: PETICIÓN Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

030966-25. SERVICIOS PÚBLICOS. PETICIÓN. INFORMACIÓN. SE ACUSA QUE ASADA LES NIEGA SERVICIO AL AGUA Y, QUE AL SOLICITAR EL EXPEDIENTE, SÓLO LES ENTREGAN UNA PARTE, ADUCIENDO QUE CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA AL PRESIDENTE CON FACULTADES DE APODERADO GENERALÍSIMO SIN LIMITACIÓN DE SUMA DE LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO, QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS, SE ATIENDA COMO EN DERECHO CORRESPONDE LA GESTIÓN FORMULADA POR LA RECURRENTE OBJETO DE ESTE PROCESO DE AMPARO RELACIONADA CON EL ACCESO AL EXPEDIENTE INVOCADO POR LA ASADA PARA DENEGAR EL SERVICIO, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN SOLICITADA EL 22 DE MAYO DE 2025. VCG10/2025 “(…) IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que, si bien se reconoce el derecho fundamental al agua y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto al agua, toda vez que, la Administración puede válidamente, establecer condiciones y requisitos generales para acceder a este servicio. Asimismo, resulta válido que las entidades -públicas o privadas- que administren el servicio, puedan rechazar las solicitudes de agua, o bien, de la carta de disponibilidad de agua, cuando el interesado no cumple los requisitos o cuando existen razones técnicas o legales que los justifiquen. Así, por ejemplo, en sentencia número 2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:

“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.

Tales argumentos resultan plenamente aplicables al caso concreto, en el cual, a las amparadas se le negó la carta de disponibilidad de agua potable, por razones técnicas, con fundamento en primer lugar que se requiere de previo un estudio técnico -estudio que deben realizar los interesados- y en segundo lugar que existe un déficit importante en la producción de agua. En consecuencia, estima este Tribunal que la negativa de disponibilidad de agua emitida por la recurrida se encuentra sustentada en una imposibilidad material, por lo que el acto no constituye una actuación arbitraria. Ahora bien, cabe señalar que la procedencia o no del servicio de agua en cuestión, así como la pertinencia o veracidad de las razones técnicas que sustentaron la decisión de la parte recurrida, así como de la procedencia de los requisitos solicitados para que se le brinde el servicio, no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. Finalmente, en cuanto a la alegada violación al principio de igualdad y no discriminación, cabe destacar que, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha establecido que no le basta a la parte recurrente afirmar, sin más, que en un caso dado se ha producido un trato distinto entre dos sujetos, para tener por demostrado ese quebranto. Por el contrario, quien alega la violación, está obligado a aportar elementos que permitan efectuar una comparación plena entre los sujetos tratados en forma diferente. Sin embargo, dado el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, es obvio que el elemento de comparación debe ser de tal naturaleza que no haga necesario entrar a analizar, de previo, cuál es la situación de la parte afectada en el plano de la legalidad ordinaria. En el presente caso, las recurrentes no ofrecen mayores elementos de juicio que hagan presumir a esta Sala la presunta desigualdad, pues el solo hecho de aducir que las propiedades contiguas a la suya sí cuentan con el servicio de agua potable, no supone -per se- una discriminación, ya que la dotación de servicios depende no solo del cumplimiento de requisitos, la cantidad de usuarios, así como otras razones técnicas y legales. En todo caso, para evaluar si se ha producido o no la presunta desigualdad invocada, es necesario que, de previo, esta Sala se pronuncie sobre un diferendo de mera legalidad, es decir, tendría que estudiar caso por caso a fin de analizar estudios técnicos, fechas de las solicitudes, requisitos y la normativa aplicable, lo cual no corresponde a esta Sala conocer por la vía del amparo, por ser una labor propia de la administración. En virtud de lo anterior, deberá la parte recurrente plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Así las cosas se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo.

V.- EN CUANTO AL ACCESO DEL EXPEDIENTE: Se demostró que a las recurrentes les entregaron una copia parcial del expediente de la ASADA y que los siguientes folios conforman la información no entregada: folios 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 36, 42, 43, 51, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 92, 104, 116, 124, 1143, 144 y 170 -folios en los que se consignan cédulas de identidad y poderes especiales-. La autoridad recurrida afirma que “Lo anterior se hizo siguiendo los parámetros comunicados por el A Y A, mediante correo electrónico del 12 de setiembre de 2025 donde se nos menciona que no se podía brindar datos personales o sensibles y de ello interpretamos que no debíamos de adjuntar las copias de cédulas, poderes o documentos similares”. Al respecto, se observa que lo requerido por la recurrente constituye información pública, de manera que la negativa a brindar las copias de cédulas y poderes constituye una lesión a los derechos fundamentales de la persona petente. En virtud de lo expuesto, al no corroborarse que la información solicitada haya sido brindada por las autoridades recurridas, procede la estimatoria del recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

VI.- SOBRE LA FALTA DE RESPUESTA A LOS OFICIOS PRESENTADOS EL 22 DE MAYO DE 2025: En cuanto a este extremo se demostró que en fecha 22 de mayo de 2025 mediante oficio E-0001-05-2025 y E-0002-05-2025 las recurrentes remitieron un correo electrónico para que les entregaran la siguiente información: “listado de las pajas (conexiones de agua potable) entregadas por esa ASADA, indicando su ubicación general o dirección de instalación, durante el período de enero de 2020 a mayo de 2025” y que, mediante oficio ACPALNAR-CE-JD-25-2025 de fecha 06 de junio de 2025 la autoridad recurrida respondió los oficios E-0001-05-2025 y E-0002-05-2025 remitidos por las recurrentes indicándoles: “De acuerdo a la disposición del artículo 100 del Reglamento de Asadas, previo a responder la solicitud planteada se requiere que aclare cuál es el interés legítimo, conforme a la ley que ostenta su persona para solicitar la información indicada en su oficio. Ello por cuanto de acuerdo con nuestros registros su persona no es usuaria de nuestro acueducto y tampoco es asociada, sin embargo, la normativa citada permite que personas con un interés legítimo puede realizar peticiones de esa naturaleza”. Es decir, la información requerida por las recurrentes no ha sido entregada. Lo anterior porque -previo- requieren demostrar el interés legítimo para tener acceso al “listado de las pajas entregadas por esa ASADA, indicando su ubicación general o dirección de instalación, durante el período de enero de 2020 a mayo de 2025”. Partiendo de lo anterior el recurso deviene procedente en cuanto a este extremo. Esto, por cuanto se observa con meridiana claridad que, pese a que los datos requeridos revisten un claro e inequívoco interés público, habida cuenta que se encuentran intrínsecamente relacionados con la prestación de un servicio público como lo es el suministro de agua potable, estos últimos no han sido proporcionados a la fecha al promovente sin que medie justificación válida alguna. No resulta admisible el hecho que el representante de la asociación recurrida haya contestado que la gestión deviene en improcedente porque el recurrente no ostenta la condición asociada, en el tanto el derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado en el ordinal 30 de la Constitución Política no admite realizar este tipo de arbitrarias e infundadas distinciones. Al tratarse de datos de índole pública en poder de una institución pública o bien, de un sujeto de derecho privado (como sucede en el presente caso), cualquier administrado puede acceder a estos sin que, para tal efecto, resulte válido anteponer condiciones como las que han sido exigidas al tutelado, en el particular, como se dijo, ser usuaria o asociada de la Asada (ver en similar sentido sentencia número 2019-014760 de las nueve horas veinte minutos del nueve de agosto de dos mil diecinueve). (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 057- Amparo contra sujetos de derecho privado Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL “(…) I.- DE PREVIO: Al tenor de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es admisible el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el presente caso estima esta Sala que el recurso de amparo es admisible, pues la ASADA recurrida, siendo un sujeto de derecho privado, presta un servicio público. (…)” VCG10/2025 ... Ver más  Res. Nº 2025030966 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintiseis de setiembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo presentado por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra la ASOCIACION ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 17:58 horas del 27 de julio de 2025 las recurrentes presentan recurso de amparo contra la ASOCIACION ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO. Manifiestan que “PRIMERO: Los aquí recurrentes adquirimos de buena fe, y bajo títulos legítimos, tres lotes en la comunidad de Palmitos de Naranjo, los cuales fueron comprados por separado y no forman parte de ninguna urbanización ni gestión conjunta entre los actuales propietarios. SEGUNDO: Desde el momento de la adquisición, se iniciaron los trámites para obtener el servicio de agua potable ante la ASADA de Palmitos de Naranjo. Se presentó toda la documentación exigida por el reglamento y se cumplieron los requisitos administrativos correspondientes. Sin embargo, la ASADA insiste a negar el derecho de conexión, sin justificación técnica válida. Pero la Junta Administradora ha dicho claramente que el problema es con esos lotes que a cualquier otra persona si se le da agua menos a los de dichos lotes. TERCERO: A pesar de lo anterior, la ASADA ha denegado reiteradamente la conexión del servicio, fundamentándose en hechos relacionados con propietarios anteriores y en un expediente del año dos mil dieciocho, al cual no estamos vinculados ni jurídica ni administrativamente. CUARTO: Dicha negativa se ha aplicado únicamente a los lotes de los aquí recurrentes. En contraste, otras personas jurídicas, entre ellas una sociedad vinculada directamente al presidente de la ASADA, obtuvieron la conexión el mismo día en que los aquí recurrentes fueron rechazados. QUINTO: Se ha solicitado acceso al expediente invocado por la ASADA para denegar el servicio, pero este fue entregado de forma incompleta, con múltiples folios omitidos, incluyendo el folio 62, en el cual supuestamente consta la revocatoria del derecho de conexión. La ASADA justificó la omisión alegando “información confidencial”, lo cual viola el principio de publicidad administrativa. SEXTO: La administradora de la ASADA ha manifestado verbalmente que se revocará el derecho de conexión sin procedimiento previo, resolución escrita ni fundamento técnico. Estas declaraciones se encuentran registradas en una grabación digital que se aporta como prueba, en la cual, en la hora ocho con treinta minutos, se expresa dicha intención. SÉPTIMO: Estas acciones vulneran gravemente el derecho al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, y al acceso al agua como derecho humano esencial. Asimismo, se evidencia una conducta administrativa discriminatoria, arbitraria y con potencial conflicto de intereses.” (sic). Aporta que, por medio de correo electrónico, el 22 de mayo de 2025 se solicitó: el “listado de las pajas (conexiones de agua potable) entregadas por esa ASADA, indicando su ubicación general o dirección de instalación, durante el período de enero de 2020 a mayo de 2025”, solicitud que se refiere únicamente a información de naturaleza pública, ya que se persigue obtener datos personales o sensibles protegidos por la Ley 8968. Sostiene que, el 06 de junio de 2025, la recurrida le indicó que previo a responder debe aclarar cuál es el interés legitimo conforme a la ley que ostentan para solicitar la información indicada, ya que, en virtud de los registros de la recurrida no son usuarias del acueducto ni asociadas, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento de Asadas, decreto número 42582-S-MINAE, y se le indica que, dicho numeral “es una disposición especial, que está por encima de cualquier otra disposición reglamentaria que se le oponga y en ese sentido no es procedente que cualquier ciudadano sin un interés legítimo pida información de una organización privada, aunque este destinada a satisfacer un servicio público.” (sic). Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley. Además, la autoridad recurrida deberá informar si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios.

2.- Por resolución de las 14:25 horas del 20 de agosto de 2025 se dio curso al presente amparo y se le brindo traslado a JOSÉ MANUEL DEL CARMEN QUIROS CHINCHILLA, cédula de identidad 0204260453, en calidad de presidente y representante judicial y extrajudicial con facultados de apoderado generalísimo sin límite de suma de la ASOCIACION ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO (ver registro electrónico).

3.- Contesta audiencia JOSÉ MANUEL QUIRÓS CHINCHILLA, en su condición de presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “Es importante destacar que es obligación de todas las ASADAS en general realizar un Estudio de Evaluación para determinar la capacidad hídrica e hidráulica del sistema de suministro de agua potable que administra la ASADA. Este estudio se fundamenta en el artículo 44 de REGLAMENTO DE LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS COMUNALES que en lo que interesa dispone:

“Artículo 44. Estudio Técnico de los sistemas de agua potable y saneamiento de aguas residuales. Las ASADAS deberán contar con un estudio actualizado mediante el cual se determine la capacidad hídrica e hidráulica del sistema administrado, para estos efectos deberán observarse las siguientes disposiciones: a. Ejecución de los Estudios Técnicos: Los estudios técnicos de estos sistemas, deberán ser realizados por la ASADA con el respaldo técnico de un profesional responsable, debidamente incorporado al Colegio Profesional de su área respectiva. b. Responsabilidad del Estudio Técnico: Es responsabilidad compartida de la ASADA y el profesional responsable velar por la correcta aplicación de la normativa técnica, políticas y directrices emitidas por AyA, siendo éstas de acatamiento obligatorio tanto en la ejecución del estudio, como en el diseño y construcción de las obras resultantes…” ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE BALANCE HÍDRICO EN NUESTRO ACUEDUCTO. En nuestro caso existe un estudio del año 2018 aprobado por el A y A, otro estudio del año 2020 y en fecha reciente hemos realizado un nuevo análisis de Balance Hídrico, todos los análisis efectuados se refieren al recurso hídrico disponible de nuestro acueducto, los cuales se adjuntan a esta contestación.

NUESTRO SISTEMA DE ACUEDUCTO CON CAUDAL DEFICITARIO. De acuerdo con los estudios mencionados, desde el año 2018 se proyectaba un déficit importante, salvo que se obtuvieran nuevas fuentes. El caudal de agua máximo disponible de acuerdo con el estudio del año 2025 es de apenas 10.20 litros por segundo y se requiere en este momento de 14.37 litros por segundo, por lo que cada año que pasa estamos teniendo un déficit importante (véase cuadro 17, página 42, estudio de Balance Hídrico del año 2025). Es importante aclarar que estamos haciendo un esfuerzo por incorporar nuevas fuentes para aumentar el caudal disponible. Eso ha provocado que el déficit ya se empezó a visualizar desde el año 2019 y obviamente ha ido acrecentando.

De los estudios referidos se desprende que nuestro acueducto se encuentra con déficit hídrico, por lo que no es posible en este momento otorgar más disponibilidades, hasta tanto no se realicen nuevas captaciones de nuestro sistema de acueducto.

De hecho mediante el oficio número GSD-UEN-GAR-2021-04822 de parte del Ing. Giovanni García Flores, encargado de la UEN Gestión de Acueductos Rurales, se nos indicó expresamente lo siguiente:

“En atención a la consulta presentada por usted en oficio APCALNAR-CE-ADM-15-2021 referente a los alcances de las recomendaciones emitidas en nuestro Memorando N°GSD-UEN-GAR-2021-0095, nos permitimos aclararle que, debido a la limitada capacidad hídrica del acueducto administrado por la Asada de Palmitos de Naranjo, no recomendamos que se aprueben solicitudes de agua para nuevos desarrollos ni para viviendas que requieran de extensiones de la red de distribución existente actualmente, hasta que no se cuente con nuevas fuentes de abastecimiento. Esta recomendación se fundamenta en los resultados del estudio técnico elaborado en marzo del año 2020 por el Ing. Gustavo Adolfo Chacón Aguilar, del cual en nuestra oficina se revisó y aprobó el informe remitido por ustedes…” Como ente administrador del servicio público de suministro de agua potable, tenemos la obligación de emitir las constancias de disponibilidad del servicio y constancias de capacidad hídrica; sin embargo, tales actos solamente se pueden cumplir cuando el balance y análisis del recurso hídrico así lo permite.

Está claramente indicado en los reglamentos que dichas constancias se emiten cuando técnicamente sea factible. Conforme a lo expuesto y según el estudio adjunto, técnicamente el Acueducto no está en capacidad de ofrecer ningún servicio en esa zona. No estamos facultados para otorgar servicios cuando la capacidad del sistema tenga una situación crítica o, el otorgamiento de los nuevos servicios perjudique evidentemente a los demás usuarios y para ello se requiere el dictamen técnico de Acueductos y Alcantarillados.

Nuestra ASADA tiene la obligación de garantizar la vigencia de los principios fundamentales del servicio público, a saber: continuidad, eficiencia, adaptación e igualdad en el trato de los usuarios, de allí que en resguardo de esos principios, el reglamento nos otorga una serie de obligaciones ineludibles dentro de las que se encuentra la de suministrar el servicio de agua a quien lo solicite previo cumplimiento de los requisitos establecidos, los cuales lógicamente deben ser racionales y posibles.

Consideramos que es legal denegar el servicio, si estamos ante una imposibilidad técnica o análisis de factibilidad técnica, como ocurre en este caso, según artículo 14 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del A y A vigente, en relación con el artículo 7.49 y 7.12 del reglamento citado, que se refieren a la factibilidad técnica de la siguiente forma:

“7.12. Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente.” En general, una disponibilidad de servicio se otorga cuando hay la existencia real y actual, no futura ni potencial, de las obras e infraestructura global necesaria y capacidad hídrica de abastecimiento para solventar las necesidades de servicios de una población determinada. El artículo 14 del reglamento citado obliga a cualquier prestador de servicio a conceder agua potable cuando:

Artículo 14- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas, para actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados en este reglamento …” SOBRE EL ESTUDIO TÉCNICO EN EL CASO DE LOTIFICACIONES El otro aspecto importante y que aplica en este caso es el deber de obediencia a la legislación ordenada en la normativa que establece el Reglamento Prestación de Servicios A y A, artículos 14 y 39, y de conformidad con el Reglamento de ASADAS en su artículo 44, por lo que corresponde aplicar lo siguiente:

“Estudios para urbanizaciones, lotificaciones, segregaciones o condominios: Para el desarrollo de urbanizaciones, lotificaciones, segregaciones o condominios, la ASADA tiene la responsabilidad de garantizar que se realicen los estudios diagnósticos correspondientes para lo cual la persona interesada deberá asumir los costos, pero no la ejecución de los mismos, los que estarán siempre bajo competencia de la Asociación. Si como resultado del estudio diagnóstico se requiere la elaboración de un proyecto de mejoras, ampliación o modernización del sistema, le corresponderá a la persona interesada la confección de los diseños definitivos y los planos constructivos, así como la construcción de las obras previamente aprobados por el AyA, siempre que se modifique los caudales, todo lo anterior bajo la supervisión permanente de la ASADA, sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras de la Institución…” De esta forma desde hace varios años se le planteó a los interesados de los lotes aludidos, incluyendo a las recurrentes, que para obtener una constancia de disponibilidad de servicio de agua potable debían de costear un Estudio Técnico en el que se evalúen las necesidades Hídricas e Hidráulicas para dotar de agua a ese proyecto en particular, especificando claramente cuáles son los requerimientos, obras a construir, mismas que también serán asumidas económicamente por los interesados (as). En resumen, se requiere de un estudio técnico que los interesados deberán sufragar y la elección de la empresa o profesional que hará el análisis debe de elegirlo la ASADA. En nuestro caso y debido a que la ASADA no cuenta con capacidad hídrica le correspondería a los interesados subsanar esa deficiencia aportando la fuente de agua que servirá de agua potable a la actual y futura de esa lotificación. El profesional a contratar para realizar el Estudio Técnico sería competencia de la ASADA verificando que se encuentre debidamente incorporado al Colegio CFIA, una vez concluido dicho Estudio será enviado al A y A para su respectiva revisión y ratificación.

Por otra parte, en el último estudio de Balance Hídrico el profesional encargado del mismo claramente indicó la siguiente recomendación:

“Mantener un estricto control para los desarrollos urbanísticos, lotificaciones o proyectos que demanden altos gastos puntuales. Antes de otorgar la carta de disponibilidad de agua potable, es de suma importancia que la ASADA imponga las regulaciones correspondientes de manera que cada desarrollador, previo a su proyecto, realice un estudio técnico, donde se incluya un diagnóstico del sistema y se plantee las mejoras necesarias para el abastecimiento del proyecto. Lo anterior, en apego, a los parámetros de diseño reales del acueducto. Dicho estudio deberá ser analizado y aprobado por la Junta Directiva del acueducto y el AyA. Todos los desarrollos urbanísticos y similares deben de cumplir con legislación técnica y legal vigente…” HISTORIA DE UNA LOTIFICACIÓN Las recurrentes se presentan como simples adquirentes de dos terrenos individuales, sin embargo, en varias oportunidades se les ha explicado que dichos inmuebles forman parte de una lotificación generada en el año 2019 y cuyos dueños anteriores se negaron a realizar el estudio técnico respectivo. Por esa razón se aporta el expediente relacionado con esta lotificación donde consta que los terrenos de ambas recurrentes provienen de un fraccionamiento que se hizo hace algunos años y que sus dueños anteriores se negaron a realizar el estudio técnico respectivo.

La circunstancia de que las recurrentes desconocieran los antecedentes de los terrenos que adquirieron, tampoco obliga a la ASADA para que considere el caso como una simple gestión de crecimiento ordinario o que se trata de una solicitud no relacionada con la lotificación aludida. La ley prohíbe el abuso del derecho, no es el primer caso de que se hacen lotificaciones o fraccionamientos sin cumplir los requisitos para otorgar disponibilidades de agua, posteriormente el dueño original vende y de seguido los nuevos propietarios presentan solicitudes de disponibilidades en forma individual, alegando desconocer los antecedentes. De acogerse lo anterior estaríamos burlando la reglamentación existente.

No existe ninguna disposición legal que le permita a los operadores del servicio de agua potable que no es necesario realizar el estudio técnico en aquellos casos cuyos lotes producto de una lotificación se hubiesen traspasado.

SOBRE LOS HECHOS DEL RECURSO RESPUESTA: Debido a que no se identifican los lotes y tampoco en la documentación a la que se tuvo acceso en gestión en línea aparecen certificaciones registrales o planos catastrados se debe responder en forma negativa. Pese a la omisión en la identificación de los lotes, de acuerdo con nuestros registros y publicidad registral, los recurrentes son dueños de los siguientes inmuebles en la localidad de Palmitos de Naranjo, según las siguientes matrículas: [Nombre 001] es dueña de la matrícula 586431 con un área de 619 metros cuadrados y Libier Virginia es dueña de la matrícula 586430, con un área de 667 metros. No es casualidad que las matrículas si diferencien por el último número, debido a que ambos lotes son producto de una reunión y fraccionamiento del cual en su momento surgieron 9 lotes con las siguientes identificaciones: 586428, 526429, 526430, 526431, 526432, 526433, según documento presentado al registro al tomo 2019-752811, cuya escritura se adjunta a esta contestación, además se agregan los estudios registrales, histórico de finca y expediente de la ASADA. No es cierto que esos lotes no formen parte de alguna “urbanización”, no fue una urbanización sino una lotificación, cuyo significado es distinto desde el punto de vista urbanístico. Las solicitudes que hicieron las recurrentes se dirigía a la disponibilidad de un servicio para las propiedades inscritas matrículas de Alajuela números: 586430-000 y 586531-000. Ambos inmuebles son parte de la lotificación que se hizo en el 2019, según la explicación anterior (véase estudios registrales). En folios 20 al 24 del expediente que se aporta se encuentran 5 de los planos que los propietarios registrales obtuvieron de la segregación, se podrá comprobar que los 5 lotes están contiguos y que los colindantes son Iván José Rodríguez Morera y Marco Antonio Rodríguez Herrera, quienes fueron los dueños de los terrenos y quienes hicieron la lotificación.

Desde un primer momento se les indicó a las personas que lotificaron que debían realizar el estudio técnico, sin embargo, nunca lo hicieron. De esta forma, la situación de estas dos propiedades es que ambos se encuentran dentro de una lotificación de nueve propiedades o lotes y para un fraccionamiento de esta naturaleza esta ASADA debe acatar la legislación vigente, lo cual implica cumplir con la normativa relacionada con las lotificaciones, referente a la necesidad de realizar un estudio técnico.

HECHO SEGUNDO RESPUESTA: Lo expresado en este hecho no es cierto. Es cierto que los interesados han realizado algunas gestiones, según se aprecia en el expediente que se adjunta. Se ha negado la solicitud de disponibilidad por cuestiones técnicas, en primer lugar, desde hace varios años se les indicó a los interesados sobre la necesidad de realizar el estudio técnico respectivo, aspecto al que se han negado en forma sistemática. En segundo lugar, en las condiciones actuales de nuestro acueducto nos encontramos con un déficit importante en la producción de agua. En uno de los estudios de Balance Hídrico que se adjunta indica textualmente lo siguiente:

“Tomando las medidas técnicas y de conservación adecuadas, el recurso hídrico total disponible, se encuentra prácticamente agotado. Es prioridad la búsqueda, concesión e interconexión de nuevas fuentes de agua…” (véase estudio de Balance Hídrico del año 2020, página 32).

En otra parte del estudio también se indica:

“Con base en las estimaciones realizadas, no es posible abastecer actualmente las solicitudes de índole inmobiliaria…” En este estudio de Balance Hídrico ya se encuentra una referencia a la lotificación relacionada con los terrenos de las recurrentes, en la página 28 se lee lo siguiente:

5.1.4 Desarrollos urbanísticos.

De conformidad con lo manifestado por los encargados del acueducto se tienen las siguientes solicitudes pendientes de disponibilidad de agua de índole inmobiliario significativos:

Hermanos Vargas. 40 conexiones.

Inversiones Familia Herrera Muñoz S.A: 70 usuarios.

Juan Carlos Cruz Solís: 8 previstas Marco Rodríguez e Iván Rodríguez: 40 soluciones habitacionales.

Total de solicitudes: 158.

La mención de Marco Rodríguez e Iván Rodríguez corresponde a los dueños que lotificaron y que posteriormente vendieron. Se insiste que los terrenos de las recurrentes se encuentran dentro de esa lotificación que se hizo desde el año 2019.

Es absolutamente falsa la última afirmación en el sentido de que la Junta hubiese manifestado que a esos lotes nunca se le brindaría el servicio de agua potable.

HECHO TERCERO RESPUESTA: Es cierto lo relacionado con la negatoria de las solicitudes realizadas, es cierto que uno de los argumentos para la denegatoria es que los terrenos forman parte de una lotificación que se negó a realizar el estudio técnico respectivo, pero se agrega que la otra circunstancia está relacionada con el déficit crítico del caudal que abastece nuestro acueducto. La desconexión subjetiva que alegan los recurrentes entre la lotificación que generó los lotes y ellas, no les otorga un derecho para no considerar las omisiones de sus anteriores propietarios. Los requisitos para la disponibilidad del recurso hídrico y el cumplimiento de la legislación sobre la materia, no discriminan entre propietarios antiguos o propietarios actuales, la disponibilidad de agua no está relacionada con personas, la disponibilidad del recurso hídrico se relaciona con terrenos y sobre todo con la capacidad hídrica e hidráulica real y actual del operador del servicio público.

HECHO CUARTO RESPUESTA: No es cierto, no existe ninguna preferencia en el otorgamiento de disponibilidades. Se ha explicado ampliamente las razones por las cuales se ha denegado la disponibilidad. En cuanto a la afirmación de que se otorgó una disponibilidad a favor de una sociedad vinculada con el presidente, aclaro que la ASADA pese a la situación actual sigue otorgando disponibilidades para efectos de crecimiento ordinario, vegetativo o máximo, según lo autoriza la legislación. El inconveniente con los terrenos de las recurrentes es que forman parte de una lotificación.

HECHO QUINTO:

RESPUESTA: Es cierto, ello obedece a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus datos personales, número 8968, que se refiere a datos sensibles, datos personales o de acceso restringido. Está claro que las ASADAS aunque son asociaciones privadas constituidas bajo la Ley N° 218 y su reglamento, tienen un fin público, por lo cual, están sujetas a la normativa que concierne a la prestación del servicio público que realizan, debiendo brindar la información que les soliciten, siempre que con ello no transgreda el ámbito de confidencialidad de la información, por lo que al momento de brindar los datos requeridos, se debe de resguardar los datos personales. Lo omitido está relacionado con números de identificación e información que no era de interés para las recurrentes. La ASADA estaba obligada a realizar un análisis para determinar cuál era información pública y cuál era de carácter sensible y restringida, y de ahí la ausencia de algunos folios.

HECHO SEXTO RESPUESTA: Ignoro a que se refiere la recurrente, por lo que respondo en forma negativa. Sin perjuicio de lo expuesto es evidente que la grabación aportada es absolutamente ilegal y la propia administradora así me lo ratificó, nunca le pidieron permiso para grabar su voz. Por otra parte, desconozco las posibles afirmaciones o interpretaciones que la anterior administradora pudo haber emitido con respecto a este asunto. En todo caso, es la Junta Directiva la que toma las decisiones en cualquier organización de esta naturaleza, no la administradora. No obstante lo expuesto, la administradora se refería al caso de que se otorgara la disponibilidad para construir y el propietario no lo hacía dentro del año que indica el reglamento, eso provoca indefectiblemente la revocatoria de la disponibilidad sin mayor trámite, era a eso que se refería la administradora.

HECHO SÉPTIMO RESPUESTA: Lo afirmado en este hecho no simples apreciaciones, opiniones o conjeturas que carecen de elementos fácticos, por lo que respondo en forma negativa. Lo indicado nuevamente lesiona el honor de nuestra Junta Directiva en el tanto se hacen presunciones sin ningún elemento probatorio que acredite ese tipo de comportamientos.

RAZONES TÉCNICAS PARA DENEGAR EL SERVICIO. No es cierto que la Asociación Administradora que represento le hubiese negado el servicio a las recurrentes de forma injustificada. En primer lugar, los lotes se encuentran en una lotificación, nunca quisieron hacer el estudio técnico y existe imposibilidad técnica, hay un faltante del recurso hídrico, por lo que nuestra ASADA únicamente otorga disponibilidades para el crecimiento denominado ordinario, vegetativo o máximo, según lo dispone la definición existente al respecto en el Reglamento para la Prestación de los Servicios del A Y A, que es de obligado acatamiento en nuestro caso.

“129. Zona de crecimiento máximo: Área geográfica dentro de una zona deficitaria, donde el prestador de servicio público autoriza la emisión de constancias de disponibilidad de servicios positivas o constancias de capacidad hídrica según corresponda, para cualquiera de los siguientes casos: a) Vivienda unifamiliar individual; b) Comercio individual. Los siguientes supuestos únicamente cuando existan caudales nuevos que optimicen la capacidad hídrica e hidráulica de la zona respectiva y se aplique la "Metodología de Repartición Porcentual de Caudales" establecida por la UEN de Optimización de Sistemas GAM y la UEN de Optimización de Sistemas Periféricos: c) Desarrollos inmobiliarios, d) Proyectos de vivienda de interés social, e) Establecimientos y proyectos de proyección comunal, y f) Establecimientos y proyectos estatales.

La Asociación que represento, debe obediencia al ente rector y no estamos facultados para conculcar sus directrices, disposiciones o la normativa que se establece en el Reglamento de Prestación de los Servicios de A Y A y reglamento de Asadas. Definitivamente, existe un impedimento técnico para abastecer de agua a los lotes de las recurrentes, salvo mejor criterio del ente rector, o que esta Sala le ordene a mi representada conceder el servicio.

Es importante aclarar que tampoco la parte hizo uso de los recursos ordinarios en esta materia para impugnar las decisiones de mi representada.

Para finalizar estas respuestas, transcribo parcialmente una resolución de la Sala Constitucional, que desde vieja data, en casos similares, se ha inclinado por considerar lo siguiente RESOLUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL RELACIONADAS. “Este Tribunal ha señalado que las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente esas solicitudes o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. Así, en la sentencia n.°2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:

“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.

Reitero a esta honorable Sala Constitucional y también a las recurrentes que acatando la legislación que regula a las ASADAS, todo proyecto de fraccionamiento, sea con fines de bien social o venta de lotes, la parte interesada debe solicitar la Constancia de Disponibilidad de servicio de Agua Potable y adjuntar los requisitos establecidos, posteriormente la Junta Directiva de la ASADA debe responder con el criterio técnico y legal que procede evaluando las capacidades actuales y reales, en consecuencia al tratarse de un proyecto de lotificación, urbanización (…) se requiere un estudio técnico realizado por el profesional en la materia y costeado por el interesado, dicho estudio es el que dictamina las mejoras u obras de infraestructura, aporte de fuente de agua, entre otros que conlleva invertir y ejecutar para hacer efectivo el proyecto, como también se evalúa la viabilidad de las futuras construcciones en el inmueble deseado, lo que significa que para esta lotificación no existe ninguna solicitud formal en la ASADA, de modo que tampoco existe el estudio técnico. No obstante lo expuesto, nuevamente le indicamos a las recurrentes que si desean convertir la denegatoria en una decisión positiva deberán manifestar por escrito, si están de acuerdo en costear un Estudio Técnico de Factibilidad, que sería contratado por la Asada y revisado por el AyA. (Reglamento de ASADAS artículo 44, inciso d)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Por resolución de las dieciséis horas cero minutos del cinco de setiembre de dos mil veinticinco el magistrado instructor solicitó como PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER informe a JOSÉ MANUEL QUIRÓS CHINCHILLA, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE CON FACULTADES DE APODERADO GENERALÍSIMO SIN LIMITACIÓN DE SUMA DE LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO a fin de que aclare cuál es la información contenida en el acta de la sesión realizada el 01 de abril del año en curso así como del expediente en el que se tramita la solicitud del servicio de agua que es considerada como confidencial (ver registro electrónico).

5.- Contesta audiencia JOSÉ MANUEL QUIRÓS CHINCHILLA, en su condición de presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “1.- ANTECEDENTE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y SU CONTENIDO. En atención a la resolución del 5 de setiembre de 2025, informo a la honorable Sala Constitucional, dentro del plazo establecido, que el contenido de la sesión del 1 de abril del 2025 es similar al oficio que consta en el expediente visible a folio 197 y 198, concretamente en la sesión se acordó lo siguiente:

Lo anterior se hizo siguiendo los parámetros comunicados por el A Y A, mediante correo electrónico del 12 de setiembre de 2025 donde se nos menciona que no se podía brindar datos personales o sensibles y de ello interpretamos que no debíamos de adjuntar las copias de cédulas, poderes o documentos similares. Se adjunta el correo electrónico mencionado, aclarando que de acuerdo con la información suministrada por el A y A interpretamos que ciertos datos no se debían a suministrar por considerar que podían transgredir el ámbito de confidencialidad de la información. Lo que fue declarado confidencial u omitido está relacionado con poderes, números de identificación, cédulas de identidad e información que no era de interés para las recurrentes y que además a continuación detallo los folios o páginas del expediente que no fueron suministrados: folios 2 y 3 copias de cédulas de identidad 14 copia de cédula 15 y 16 poder especial 17 y 18 copias de cédulas 25 y 26 copias de cédulas 36 copia de cédula 42 y 43 copias de cédulas 51 copia de cédula 55, 56 y 57 copias de cédulas 68, 69, 70, 71 Y 72 copias de cédula, poder especial y entero. 88 copia de cédula 92 copia de cédula 104 copia de cédula 116 copia de cédula 124 copia de cédula 143 y 144 copias de cédula 170 copia de cédula Para evitar erróneos entendidos adjunto todos los folios que fueron omitidos y que como se verá no son relevantes en este asunto. 2.- NUEVO DOCUMENTO SOBRE LA SITUACIÓN DEFICITARIA DEL RECURSO HÍDRICO Además, en archivo adjunto aportamos un nuevo criterio del A y A sobre la situación deficitaria de nuestro acueducto e incluso hacen la recomendación de NO APROBAR nuevos servicios y tampoco renovar las constancias de disponibilidad actualmente vigentes. DOCUMENTOS QUE SE APORTAN. En resumen se adjuntan: copia de sesión de junta directiva del 1 de abril, imágenes del expediente administrativo sobre la información que no fue suministrada a los recurrentes, documento emitido por el A y A sobre la condición deficitaria de nuestro acueducto”.

6.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 21:40 horas del 24 de setiembre de 2025 las recurrentes manifiestan lo siguiente: “I. OBJETO DEL ESCRITO En tiempo y forma, venimos a presentar observaciones que no me solicitaron respecto de las respuestas remitidas por la parte recurrida (ASADA Palmitos de Naranjo y su presidente José Manuel Quirós Chinchilla), en cumplimiento de la prevención ordenada por este Honorable Tribunal. Las contestaciones no cumplen cabalmente con lo solicitado por la Sala, contienen omisiones significativas y aportan documentación incompleta o posterior, lo cual afecta nuestro derecho de defensa y la transparencia del proceso. II. SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD MAL INVOCADA La recurrida justificó la omisión de folios completos alegando que se trataba de copias de cédulas, poderes u otros documentos “confidenciales”. Sin embargo: • La Sala había solicitado explicar qué información concreta era confidencial y en qué expediente; esa explicación nunca se brindó. • Bajo esa excusa, se omitieron folios enteros y el acta requerida, lo cual no tiene sustento legal. III. NUEVOS ELEMENTOS INTRODUCIDOS Se incorporó un informe del AyA de septiembre de 2025, que desaconseja la autorización de nuevos servicios por déficit hídrico. Señalamos que: • Este documento es posterior a nuestra solicitud inicial, presentada meses antes. • Pretender aplicarlo retroactivamente viola los principios de irretroactividad y buena fe administrativa. • Nuestra gestión cumplía con todos los requisitos al momento de su presentación. IV. ACLARACIÓN NECESARIA La parte recurrida ha insistido en presentar esta gestión como si se tratara de una urbanización. Ello es absolutamente incorrecto. Nuestra petición se refiere únicamente a dos lotes individuales, adquiridos de buena fe por los actuales propietarios, sin relación jurídica con antiguos dueños ni con desarrollos urbanísticos previos. V. CONDUCTA DE LA PARTE RECURRIDA El reiterado incumplimiento de la prevención, la omisión de documentos claves, la foliatura incompleta y el uso de información posterior revelan una conducta que afecta la transparencia administrativa. Tales hechos constituyen una posible desobediencia a lo ordenado por esta Sala Constitucional, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. VI. PETITORIO Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente a esta Honorable Sala: 1. Tener por presentadas estas observaciones. 2. Declarar que la prevención ordenada no ha sido cumplida adecuadamente por la parte recurrida. 3. Reiterar la orden de que se remita el expediente completo, foliado y certificado, incluyendo específicamente el acta de la sesión del 1 de abril de 2025. 4. Desestimar la aplicación retroactiva del informe del AyA de septiembre de 2025, por ser posterior a la solicitud original. 5. Tomar en consideración que la gestión corresponde únicamente a dos lotes, y no a una urbanización. 6. Valorar la posible desobediencia a las órdenes de este Tribunal por parte de los recurridos” (ver registro electrónico).

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO: Al tenor de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es admisible el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el presente caso estima esta Sala que el recurso de amparo es admisible, pues la ASADA recurrida, siendo un sujeto de derecho privado, presta un servicio público.

II.- OBJETO DEL RECURSO: Las recurrentes alegan que la Asada recurrida les negó el servicio de agua sin justificación alguna. Agregan que solicitaron copia del expediente, sin embargo les fue entregado en forma parcial alegando que contenía “información confidencial”.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos:

  • a)Que las recurrentes son dueñas registrales de los siguientes inmuebles en la localidad de Palmitos de Naranjo, según las siguientes matrículas: [Nombre 001] es dueña de la matrícula 586431 con un área de 619 metros cuadrados y Libier Virginia es dueña de la matrícula 586430, con un área de 667 metros (ver informe de la autoridad recurrida).
  • b)Que el acueducto de Palmitos de Naranjo se encuentra con déficit hídrico (ver informe de la autoridad recurrida).
  • c)Que mediante el oficio número GSD-UEN-GAR-2021-04822 suscrito por el Ing. Giovanni García Flores, encargado de la UEN Gestión de Acueductos Rurales, se indicó: “En atención a la consulta presentada por usted en oficio APCALNAR-CE-ADM-15-2021 referente a los alcances de las recomendaciones emitidas en nuestro Memorando N°GSD-UEN-GAR-2021-0095, nos permitimos aclararle que, debido a la limitada capacidad hídrica del acueducto administrado por la Asada de Palmitos de Naranjo, no recomendamos que se aprueben solicitudes de agua para nuevos desarrollos ni para viviendas que requieran de extensiones de la red de distribución existente actualmente, hasta que no se cuente con nuevas fuentes de abastecimiento. Esta recomendación se fundamenta en los resultados del estudio técnico elaborado en marzo del año 2020 por el Ing. Gustavo Adolfo Chacón Aguilar, del cual en nuestra oficina se revisó y aprobó el informe remitido por ustedes…” (ver informe de la autoridad recurrida).
  • d)Que a los interesados en los lotes -incluidas las recurrentes- se les indicó que para obtener una constancia de disponibilidad de servicio de agua potable debían de costear un Estudio Técnico en el que se evalúen las necesidades Hídricas e Hidráulicas para dotar de agua a ese proyecto en particular, especificando claramente cuáles son los requerimientos, obras a construir, mismas que también serán asumidas económicamente por los interesados (as) (ver informe de la autoridad recurrida).
  • e)Que la autoridad recurrida les explicó a las recurrentes que los inmuebles adquiridos forman parte de una lotificación generada en el año 2019 y cuyos dueños anteriores se negaron a realizar el estudio técnico respectivo (ver informe de la autoridad recurrida).
  • f)Que al recurrente le entregaron una copia parcial del expediente de la ASADA (ver informe de la autoridad recurrida).
  • g)Que a las recurrentes no les entregaron los folios 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 36, 42, 43, 51, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 92, 104, 116, 124, 1143, 144 y 170 -folios en los que se consignan cédulas de identidad y poderes especiales- (ver informe de la autoridad recurrida).
  • h)Que en fecha 22 de mayo de 2025 mediante oficio E-0001-05-2025 y E-0002-05-2025 las recurrentes remitieron un correo electrónico para que les entregaran la siguiente información: “listado de las pajas (conexiones de agua potable) entregadas por esa ASADA, indicando su ubicación general o dirección de instalación, durante el período de enero de 2020 a mayo de 2025” (ver informe de la autoridad recurrida).
  • i)Que mediante oficio ACPALNAR-CE-JD-25-2025 de fecha 06 de junio de 2025 la autoridad recurrida respondió los oficios E-0001-05-2025 y E-0002-05-2025 remitidos por las recurrentes indicándoles: “De acuerdo a la disposición del artículo 100 del Reglamento de Asadas, previo a responder la solicitud planteada se requiere que aclare cuál es el interés legítimo, conforme a la ley que ostenta su persona para solicitar la información indicada en su oficio. Ello por cuanto de acuerdo con nuestros registros su persona no es usuaria de nuestro acueducto y tampoco es asociada, sin embargo, la normativa citada permite que personas con un interés legítimo puede realizar peticiones de esa naturaleza” (ver registro electrónico).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que, si bien se reconoce el derecho fundamental al agua y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto al agua, toda vez que, la Administración puede válidamente, establecer condiciones y requisitos generales para acceder a este servicio. Asimismo, resulta válido que las entidades -públicas o privadas- que administren el servicio, puedan rechazar las solicitudes de agua, o bien, de la carta de disponibilidad de agua, cuando el interesado no cumple los requisitos o cuando existen razones técnicas o legales que los justifiquen. Así, por ejemplo, en sentencia número 2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:

“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.

Tales argumentos resultan plenamente aplicables al caso concreto, en el cual, a las amparadas se le negó la carta de disponibilidad de agua potable, por razones técnicas, con fundamento en primer lugar que se requiere de previo un estudio técnico -estudio que deben realizar los interesados- y en segundo lugar que existe un déficit importante en la producción de agua. En consecuencia, estima este Tribunal que la negativa de disponibilidad de agua emitida por la recurrida se encuentra sustentada en una imposibilidad material, por lo que el acto no constituye una actuación arbitraria. Ahora bien, cabe señalar que la procedencia o no del servicio de agua en cuestión, así como la pertinencia o veracidad de las razones técnicas que sustentaron la decisión de la parte recurrida, así como de la procedencia de los requisitos solicitados para que se le brinde el servicio, no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. Finalmente, en cuanto a la alegada violación al principio de igualdad y no discriminación, cabe destacar que, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha establecido que no le basta a la parte recurrente afirmar, sin más, que en un caso dado se ha producido un trato distinto entre dos sujetos, para tener por demostrado ese quebranto. Por el contrario, quien alega la violación, está obligado a aportar elementos que permitan efectuar una comparación plena entre los sujetos tratados en forma diferente. Sin embargo, dado el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, es obvio que el elemento de comparación debe ser de tal naturaleza que no haga necesario entrar a analizar, de previo, cuál es la situación de la parte afectada en el plano de la legalidad ordinaria. En el presente caso, las recurrentes no ofrecen mayores elementos de juicio que hagan presumir a esta Sala la presunta desigualdad, pues el solo hecho de aducir que las propiedades contiguas a la suya sí cuentan con el servicio de agua potable, no supone -per se- una discriminación, ya que la dotación de servicios depende no solo del cumplimiento de requisitos, la cantidad de usuarios, así como otras razones técnicas y legales. En todo caso, para evaluar si se ha producido o no la presunta desigualdad invocada, es necesario que, de previo, esta Sala se pronuncie sobre un diferendo de mera legalidad, es decir, tendría que estudiar caso por caso a fin de analizar estudios técnicos, fechas de las solicitudes, requisitos y la normativa aplicable, lo cual no corresponde a esta Sala conocer por la vía del amparo, por ser una labor propia de la administración. En virtud de lo anterior, deberá la parte recurrente plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Así las cosas se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo.

V.- EN CUANTO AL ACCESO DEL EXPEDIENTE: Se demostró que a las recurrentes les entregaron una copia parcial del expediente de la ASADA y que los siguientes folios conforman la información no entregada: folios 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 36, 42, 43, 51, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 92, 104, 116, 124, 1143, 144 y 170 -folios en los que se consignan cédulas de identidad y poderes especiales-. La autoridad recurrida afirma que “Lo anterior se hizo siguiendo los parámetros comunicados por el A Y A, mediante correo electrónico del 12 de setiembre de 2025 donde se nos menciona que no se podía brindar datos personales o sensibles y de ello interpretamos que no debíamos de adjuntar las copias de cédulas, poderes o documentos similares”. Al respecto, se observa que lo requerido por la recurrente constituye información pública, de manera que la negativa a brindar las copias de cédulas y poderes constituye una lesión a los derechos fundamentales de la persona petente. En virtud de lo expuesto, al no corroborarse que la información solicitada haya sido brindada por las autoridades recurridas, procede la estimatoria del recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

VI.- SOBRE LA FALTA DE RESPUESTA A LOS OFICIOS PRESENTADOS EL 22 DE MAYO DE 2025: En cuanto a este extremo se demostró que en fecha 22 de mayo de 2025 mediante oficio E-0001-05-2025 y E-0002-05-2025 las recurrentes remitieron un correo electrónico para que les entregaran la siguiente información: “listado de las pajas (conexiones de agua potable) entregadas por esa ASADA, indicando su ubicación general o dirección de instalación, durante el período de enero de 2020 a mayo de 2025” y que, mediante oficio ACPALNAR-CE-JD-25-2025 de fecha 06 de junio de 2025 la autoridad recurrida respondió los oficios E-0001-05-2025 y E-0002-05-2025 remitidos por las recurrentes indicándoles: “De acuerdo a la disposición del artículo 100 del Reglamento de Asadas, previo a responder la solicitud planteada se requiere que aclare cuál es el interés legítimo, conforme a la ley que ostenta su persona para solicitar la información indicada en su oficio. Ello por cuanto de acuerdo con nuestros registros su persona no es usuaria de nuestro acueducto y tampoco es asociada, sin embargo, la normativa citada permite que personas con un interés legítimo puede realizar peticiones de esa naturaleza”. Es decir, la información requerida por las recurrentes no ha sido entregada. Lo anterior porque -previo- requieren demostrar el interés legítimo para tener acceso al “listado de las pajas entregadas por esa ASADA, indicando su ubicación general o dirección de instalación, durante el período de enero de 2020 a mayo de 2025”. Partiendo de lo anterior el recurso deviene procedente en cuanto a este extremo. Esto, por cuanto se observa con meridiana claridad que, pese a que los datos requeridos revisten un claro e inequívoco interés público, habida cuenta que se encuentran intrínsecamente relacionados con la prestación de un servicio público como lo es el suministro de agua potable, estos últimos no han sido proporcionados a la fecha al promovente sin que medie justificación válida alguna. No resulta admisible el hecho que el representante de la asociación recurrida haya contestado que la gestión deviene en improcedente porque el recurrente no ostenta la condición asociada, en el tanto el derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado en el ordinal 30 de la Constitución Política no admite realizar este tipo de arbitrarias e infundadas distinciones. Al tratarse de datos de índole pública en poder de una institución pública o bien, de un sujeto de derecho privado (como sucede en el presente caso), cualquier administrado puede acceder a estos sin que, para tal efecto, resulte válido anteponer condiciones como las que han sido exigidas al tutelado, en el particular, como se dijo, ser usuaria o asociada de la Asada (ver en similar sentido sentencia número 2019-014760 de las nueve horas veinte minutos del nueve de agosto de dos mil diecinueve).

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a JOSÉ MANUEL QUIRÓS CHINCHILLA, en su condición de presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO o a quien en su lugar ocupe el cargo que coordine lo correspondiente, y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, dentro del plazo máximo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda como en derecho corresponde la gestión formulada por la recurrente objeto de este proceso de amparo relacionada con el acceso al expediente invocado por la ASADA para denegar el servicio, así como la información solicitada el 22 de mayo de 2025. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALMITOS DE NARANJO al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de la vía contencioso-administrativa. En cuanto a la instalación del recurso hídrico se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Fernando Enrique Lara G.

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    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 57
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    • Reglamento de ASADAS (Decreto 42582-S-MINAE) Art. 44, Art. 100

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