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Res. 30948-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/09/2025
OutcomeResultado
The amparo was granted for violation of the rights to health and a healthy environment, ordering the three respondent authorities to take immediate containment measures and, in coordination, provide a definitive solution within a maximum of two months.Se declaró con lugar el amparo por violación de los derechos a la salud y al ambiente, ordenando a las tres autoridades recurridas adoptar medidas inmediatas de contención y, de forma coordinada, brindar una solución definitiva en el plazo máximo de dos meses.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo against the Municipality of Santa Cruz, the Santa Cruz Health Area, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), concerning serious pollution from the wastewater treatment plant (PTAR) of the El Cacao residential project, which for years had operated deficiently, causing overflows of raw sewage, foul odors, and untreated discharges into Quebrada Campero, affecting the health of approximately 600 residents. It was established that the PTAR is privately owned (Banco Improsa), was never transferred to the ICAA, and the developer (Construcciones Modulares) failed to comply with health orders and the sanitation system reception regulations. The Court found all three authorities committed omissions: the Municipality had limited itself to inspections and meetings without forceful action since 2021; the Health Ministry failed to effectively follow up on its orders after referring the case to criminal proceedings; and the ICAA, while not obligated to take over the plant, omitted to collaborate with the other authorities. The amparo was granted for violation of the rights to health and a healthy environment (Articles 21 and 50 of the Constitution), ordering the three authorities to take immediate provisional public health measures and, within a maximum of two months, to coordinate to provide a definitive solution to the proven problem.La Sala Constitucional conoció un amparo contra la Municipalidad de Santa Cruz, el Área Rectora de Salud de Santa Cruz y el ICAA, por la grave contaminación generada por la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del residencial El Cacao, que llevaba años operando deficientemente, con rebalses de aguas negras, malos olores y vertidos crudos a la Quebrada Campero, afectando la salud de unas 600 personas. Se constató que la PTAR es de propiedad privada (Banco Improsa), nunca fue entregada al ICAA y el desarrollador (Construcciones Modulares) no cumplió con las órdenes sanitarias ni con el reglamento de recepción de sistemas de saneamiento. La Sala determinó que las tres entidades incurrieron en omisiones: la Municipalidad se limitó a inspecciones y reuniones sin acciones contundentes desde 2021; el Ministerio de Salud no dio seguimiento efectivo a sus órdenes tras remitir el caso a la vía penal; y el ICAA, aunque no estaba obligado a asumir la planta, omitió colaborar con las otras autoridades. Se declaró con lugar el recurso por violación a los derechos a la salud y al ambiente (artículos 21 y 50 constitucionales) y se ordenó a las tres autoridades tomar medidas provisionales inmediatas de salud pública y, en el plazo máximo de dos meses, coordinarse para dar una solución definitiva a la problemática acreditada.
Key excerptExtracto clave
In this Court's view, there has been little joint action among the respondents, as they have failed to definitively solve the environmental pollution problem, to the detriment of public health. Therefore, the appeal is granted, due to violation of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, under the terms set forth in the operative part of this judgment. THEREFORE: The appeal is granted. The Municipality of Santa Cruz de Guanacaste, the Santa Cruz Health Area of the Ministry of Health, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are ordered to immediately, jointly and in coordination, take the necessary measures to temporarily ensure that there are no health effects on the people living in the El Cacao Social Housing Project, pending a definitive solution to the problem at issue in this case. Likewise, said authorities are ordered to coordinate among themselves, issue the pertinent orders, and carry out all actions within their competencies so that, within a maximum period of two months, a definitive solution to the proven environmental and health problem is provided.Para este Tribunal existe una escasa actuación conjunta entre los recurridos, pues no han logrado solucionar en definitiva el problema de contaminación ambiental, en detrimento de la salud pública. En virtud de lo anterior, se considera de mérito declarar con lugar el recurso, por violación a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, en los términos que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a la Municipalidad de Santa Cruz de Guanacaste, al Área Rectora de Salud de Santa Cruz del Ministerio de Salud y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que de forma inmediata, de manera conjunta y coordinada, dispongan lo necesario para asegurar temporalmente que no hayan afectaciones a la salud de las personas que habitan en el Residencial de Interés Social El Cacao, mientras se da una solución definitiva del problema objeto del presente proceso. Asimismo, se les ordena a dichas autoridades que coordinen entre sí lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de dos meses, se brinde una solución definitiva a la problemática ambiental y de salubridad acreditada.
Pull quotesCitas destacadas
"Si bien, como se dijo, el ICAA no se encuentra compelido a asumir el funcionamiento de la planta ni invertir fondos públicos en esta, sí puede colaborar y coordinar con el resto de instancias públicas citadas en los términos señalados."
"Although, as stated, the ICAA is not compelled to take over the operation of the plant or invest public funds in it, it can collaborate and coordinate with the other public entities mentioned in the terms indicated."
Considerando III
"Si bien, como se dijo, el ICAA no se encuentra compelido a asumir el funcionamiento de la planta ni invertir fondos públicos en esta, sí puede colaborar y coordinar con el resto de instancias públicas citadas en los términos señalados."
Considerando III
"No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para la seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas."
"The Chamber does not observe that the Ministry has adopted extraordinary measures, such as closing the site, the collaboration of the Public Force for the security of the site, or even the eventual evacuation of the residential complex or any other effective measures."
Considerando IV.B — cita Voto 2016-6368
"No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para la seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas."
Considerando IV.B — cita Voto 2016-6368
"la simple interposición de una denuncia penal por incumplimiento de una orden sanitaria y la excusa de que no han podido notificar la otra orden sanitaria, no resulta suficiente para esta Sala, tomando en cuenta que hay un problema serio comprobado de aguas llovidas y residuales incorrectamente manejadas."
"the mere filing of a criminal complaint for non-compliance with a health order and the excuse that the other health order could not be served is not sufficient for this Chamber, considering that there is a serious proven problem of stormwater and wastewater that are incorrectly managed."
Considerando IV.B — cita Voto 2022-10613
"la simple interposición de una denuncia penal por incumplimiento de una orden sanitaria y la excusa de que no han podido notificar la otra orden sanitaria, no resulta suficiente para esta Sala, tomando en cuenta que hay un problema serio comprobado de aguas llovidas y residuales incorrectamente manejadas."
Considerando IV.B — cita Voto 2022-10613
"Forzar mediante ordenes sanitarias la inversión de recursos públicos para subsanar falencias en infraestructura que debe ser diseñada, construida y operada en apego a la normativa, representaría una vía fácil y cuestionable, para que ciertos desarrolladores no cumplan con sus obligaciones fundamentales y normadas."
"Forcing through health orders the investment of public resources to remedy deficiencies in infrastructure that must be designed, built, and operated in accordance with regulations would represent an easy and questionable way for certain developers to fail to comply with their fundamental and regulated obligations."
Informe ICAA, Considerando II (Hechos Probados)
"Forzar mediante ordenes sanitarias la inversión de recursos públicos para subsanar falencias en infraestructura que debe ser diseñada, construida y operada en apego a la normativa, representaría una vía fácil y cuestionable, para que ciertos desarrolladores no cumplan con sus obligaciones fundamentales y normadas."
Informe ICAA, Considerando II (Hechos Probados)
Full documentDocumento completo
The petitioner, in her capacity as legal representative of the Asociación de Desarrollo Integral de El Cacao, located in Santa Cruz, Guanacaste, appeals for amparo. She explains that a residential complex and a treatment plant were built at that site to serve approximately 168 houses. She states that in April of this year, 2025, a serious problem was reported to the Municipality of Santa Cruz, as blackwater began to seep from the pipe belonging to the treatment plant due to paving work carried out.
She notes that the plant stopped operating for a few days, which caused a blockage that, in turn, produced a blackwater overflow and the deposit of fecal fluids in the open air, generating a foul odor and threatening the health of the community's residents.
She mentions that, although the municipality began procedures, the process has been very slow and the harmful effects of that situation persist as of the date this amparo was filed (as everything remains as it was on the first day). She adds that the Quebrada Campero is increasingly contaminated, as that is where all the waste is deposited.
For all the foregoing reasons, she requests the intervention of this Court to resolve the blackwater problem and restore the proper functioning of the treatment plant. She also requests that whatever is necessary be arranged for the waste to be transported to another treatment plant located in Las Maravillas de Santa Cruz.
Now, to begin the examination of the merits of this matter, it should be noted that, after reviewing the arguments presented by the petitioner, all the reports rendered by the respondent authorities (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Municipality of Santa Cruz, and Área Rectora de Salud of Santa Cruz), as well as all the evidence submitted to the case file, this Constitutional Court has been able to unquestionably establish the following relevant aspects:
First, that a residential complex of social interest called El Cacao was built in Santa Cruz de Guanacaste, which is composed of 170 houses and has an approximate population of 600 people. Furthermore, that the owner of this residential complex is a private legal entity called Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.
Second, that by virtue of this urban development, it was necessary to build a wastewater treatment plant (PTAR) for the management of wastewater. Furthermore, it is established that the developer and the party responsible for the construction and operation of said plant is Banco IMPROSA S.A., in its capacity as trustee. It is also recorded that the construction of the aforementioned plant was in charge of Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. and that this infrastructure is located on private property belonging to the aforementioned banking entity.
Third, that the permits to build said plant were granted in 2011 by the Ministry of Health and that the construction blueprints for this infrastructure were approved by the ICAA in July 2013.
Fourth, that said plant is not operated by the ICAA or by an ASADA (nor is it within the coverage area of an ASADA). All the plant's infrastructure is privately owned.
Fifth, that the referenced plant has not been delivered to the ICAA following the procedure established in the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento (since the requirements indicated for that purpose in the legal system have not been met). The developer has not submitted any request for the ICAA to assume the administration of the sanitary system.
Sixth, that, since at least 2021, the referenced treatment plant has presented a series of problems in its operation, which has generated, among other things, the irregular discharge of blackwater and the generation of foul odors. Even the irregular flow of said raw water into the Quebrada Campero was confirmed. Furthermore, it is recorded that in May 2024, a private company performed a diagnosis of the plant and found a series of technical deficiencies in it.
Seventh, that, in March 2025, due to some paving works carried out by a company contracted by the Municipality of Santa Cruz near the cited residential complex, a rupture occurred in the potable water pipe and the wastewater pipe, which aggravated the referenced state of affairs. As a result of this situation, inspections have been carried out by the authorities of the ICAA and the respondent municipality. When the events occurred, the respondent municipal authorities carried out an inspection and determined the existence of blackwater that generated bad odors and was contaminating the soil, particularly in the area excavated (by the cited company) to install a stormwater catch basin. Furthermore, on April 17, 2025, the site of the plant's discharge into the Quebrada Campero was inspected and it was determined that "the discharge is constant, the water has a dark coloration that differs from the water present in the channel and emits a very strong foul odor." On August 18, 2025, the ICAA confirmed that the treatment plant was not operating and was completely abandoned, that the sanitary sewer system presented obstructions in the line that conducts the discharge to the receiving body Rio Campero (because the construction company plugged the damaged pipe with concrete), that this latter situation caused a flooding of raw water at the site of approximately 60 cm above the natural ground level, and that bad and strong odors were perceived.
Eighth, that the three respondent authorities in this amparo, namely, the Municipality of Santa Cruz, the Área Rectora de Salud of Santa Cruz, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, have been fully aware of the situation described above for several months or years. Even it is recorded that several complaints have been filed before the municipality and the Área Rectora de Salud. The petitioner, for example, reported the case in April 2025 before the respondent municipal corporation.
Ninth, that the previous state of affairs (inadequate functioning of the treatment plant, irregular discharge of blackwater, stagnation of the same, and discharge of raw waste into the ravine, as well as the generation of bad odors), unfailingly and indisputably produces a serious problem of environmental contamination and harm to health, mainly for all the hundreds of people who live near the site in question. All these people who live, work, or study near the cited treatment plant, or who travel through the site where this infrastructure is located, are exposed to absolutely and totally unsanitary and deplorable conditions. Moreover, one cannot lose sight of the fact that the Quebrada Campero is also being seriously contaminated, as it is exposed to receiving blackwater (untreated or raw).
IV.Having said the above, it is necessary to examine the actions of the respondent authorities in the face of the referenced contamination problem.
A. Regarding the Municipality of Santa Cruz, it is established that said authorities have been aware of the problem under study since 2021 (by virtue of a first complaint filed for foul odors emitted from the treatment plant) and that, despite the several years elapsed to date, they have not carried out clear and forceful actions aimed at definitively resolving it. Note that, according to the section of proven facts in this amparo, regarding that complaint, only the issuance of a report in October 2021 (where the confirmation of the facts is recorded) and the issuance of a series of recommendations are documented, compliance with which is unknown. This same situation (complaint and intervention by the municipality) was repeated in March 2022 and June 2023; however, in both cases again, only the performance of an inspection (which confirmed the foul odors and discharge of blackwater into the ravine) and the issuance of recommendations were proven, compliance with which was also not proven in this amparo.
Now, regarding what occurred in March of this year (discharge of blackwater resulting from work carried out by the company paving the streets), it is recorded that the authorities of the municipality's Department of Road Management certainly, in April 2025, issued a large number of official letters to other public bodies within that same corporation and outside of it, aimed at setting up meetings, issuing criteria, conducting tests, performing inspections, etc. However, in the report and evidence provided to this Chamber, no reference was made to the outcome of these latter procedures. Additionally, the performance of an on-site inspection on April 17, 2025, was demonstrated, where the environmental problem under study is confirmed and the recommendation is issued solely to request the intervention of the environmental prosecutor's office, but not to carry out any other urgent action (on the part of the municipality itself) in order to guarantee and protect the health of the community's residents and prevent the serious pollution situation that persisted at that time (and that continues to date).
Subsequently, it was determined that, in May, July, and August 2025, the municipality has limited itself solely to holding meetings and work sessions with officials of the same corporation, other public bodies, and representatives of both Grupo Mutual and BANHVI, in order to seek a solution to the problem in question. However, the truth is that said working groups have not resulted in any forceful action that has alleviated the negative effects of the treatment plant's operation already noted.
Thus, for this Constitutional Chamber, there is no doubt that the authorities of the respondent municipality have incurred serious omissions that have contributed to the sanitary and environmental problem under study (detected approximately since 2021) persisting to date.
B. Regarding the Área Rectora de Salud of Santa Cruz of the Ministry of Health, it is established that these authorities have been aware of the problem under study since 2022 and that, since then, they also conducted on-site inspections and, upon confirming the reported facts, issued several sanitary orders, mainly to the owner of the treatment plant (representative of Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.) and to Banco IMPROSA S.A. (in its capacity as trustee of the project), both private legal entities. Likewise, it was demonstrated that, given the non-compliance with such measures, it was finally decided to refer the case in that same year 2022 to the Environmental Prosecutor's Office. Similarly, it was reported that the case was referred to the Tribunal Ambiental Administrativo. After this, it is only recorded that in April 2023, the respondent Área Rectora de Salud recommended making a "request for support" to fulfill a requirement made by the Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental; however, it was neither reported nor demonstrated whether this latter action was carried out.
It is also recorded that more than a year after having performed this last cited action, specifically, in May 2023, said Área Rectora de Salud limited itself to sending an official letter to the Asociación de Desarrollo Integral de El Cacao, in which it indicated that the administrative channel had been exhausted and that, since no solution had been found by those responsible, the case had been referred to the judicial channel (Environmental Prosecutor's Office).
Similarly, it was demonstrated that a year later, in March 2024, said Área Rectora de Salud issued a sanitary order to the Municipality of Santa Cruz (to the effect that it take "(…) the necessary measures or actions as well as a diagnosis, characterization, and evaluation of the wastewater treatment system of Residencial Nuevo El Cacao, in order to verify its operation (…)". However, it was neither reported nor proven that this latest order was given the corresponding follow-up.
Also, it is recorded that in March of the previous year, a sanitary order was issued to the ICAA, through which they were requested to assume the operation of the wastewater treatment system of Residencial El Cacao, until the criminal proceedings were resolved. However, the ICAA, through official letter No. GSP-RCHO-2024-01377 of May 2024, stated the reasons why it was not possible to assume or comply with what was ordered. Faced with this latter situation, the Área Rectora requested a criterion on how to proceed regarding the response provided by the ICAA, but this Chamber was not informed what happened after this latter request was issued and what was finally resolved in that regard.
In addition to the foregoing, it was demonstrated that a new order was also issued in 2024 to Banco IMPROSA S.A., which again was not complied with, as recorded in a report from August of that same year.
Similarly, according to what was reported, said authorities have requested the cited Environmental Prosecutor's Office to issue interim measures in light of the described problem. However, the report did not explain what that judicial body has ordered or resolved in that regard.
Thus, it is established, then, that for practically a year (August 2024), the Ministry of Health has not issued any measure or executed any concrete and forceful action aimed at addressing the serious pollution problem proven in this amparo proceeding. All this, despite the fact that these authorities, as stated, are fully aware that this situation persists to date and that it has even worsened with the events that occurred in March of this year, resulting from the work carried out by a company contracted by the respondent municipality.
At this point, it is important to remind the authorities of the Ministry of Health that the fact of having elevated the case to the Public Prosecutor's Office or to some other body does not relieve or exempt it from continuing to attend to it and providing the corresponding follow-up, through the issuance and execution of all those acts that are pertinent, in accordance, in turn, with what is stipulated in the Ley General de Salud and its regulations. In this regard, this jurisdiction, in Voto No. 2016-6368 of 09:30 hrs. of May 13, 2016, stated the following:
"(…) V. OF THE AMPARO AGAINST THE MINISTRY OF HEALTH. ON THE MERITS: From the foregoing facts, it is clear that the Ministry of Health, although it acted in a timely manner, issued sanitary orders, and even filed criminal complaints, the truth is that the sanitary problem subsists, as its representative indicates in the report rendered under oath. This Chamber does not observe that the Ministry has adopted extraordinary measures, such as the closure of the place, the collaboration of the Public Force for the security of the location, and even the eventual eviction of the residential complex or any other effective measures. The provision of a public service such as that in the hands of the Ministry of Health demands an efficiency and diligence perhaps beyond that necessary on the part of other public agencies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, in what pertains to its competencies.
The Chamber considers that the actions taken by the Ministry of Health have been insufficient and violate the fundamental right to health and to a healthy environment of the amparo beneficiary, and therefore, the appeal against it should be granted, ordering that the necessary measures, even radical ones, be arranged, and that the pertinent decisions be adopted in order to eliminate the existing sanitary problem on the border between Condominio Camino de Luna, Río Liberia, and Residencial El Río, within a term of two months, starting from the notification of the judgment. (…)" (The highlighting does not belong to the original).
Likewise, in Ruling No. 2022-10613 of 09:40 hrs. of May 13, 2022, this Chamber stated:
"(…) IV.- ON THE SPECIFIC CASE.- After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies that a violation of fundamental rights by the respondent authorities has occurred. The foregoing, because in the report rendered by the representative of said authority - which is considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction - and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that on August 16, 2021, the respondent received the complaint filed by the appellant against their neighbors for the discharge of sewage onto their property by the reported neighbors. On August 27, 2021, the Environmental Manager of the Área Rectora de Salud Alajuela 1 conducted an on-site inspection, in which the health authority determined the discharge of rainwater and residual water (black and sewage) onto the protected person's property, causing foul odors, risk of proliferation of insects and rodents that may affect the health of the people inhabiting the dwelling.
On September 3, 2021, the respondent issued and notified sanitary order No. 0188 ordering José Arístides Morera Jiménez to proceed to correct the problematic situation found, and within two months to sanely and adequately dispose of the rainwater, residual water, and blackwater that are not properly channeled in his own dwelling. On November 10, 2021, the respondent conducted a verification visit of compliance with the referenced sanitary order, verifying that the rainwater and residual water continued to discharge toward the protected person's property, thus confirming the non-compliance with the order. Through official letter MS-DRRSCN-DARSA1-3001-2021, the respondent referred a complaint to the Fiscalía Adjunta of Alajuela against José Arístides Morera Jiménez for the crime of disobedience to authority, without any resolution having been issued to date in that regard. On December 9, 2021, the appellant filed a complaint against Mr.
Aiut Avalos and indicates that the reported individual directs his rainwater and residual water (sewage) toward his property, therefore requesting that the neighbor be asked to channel those waters adequately. On January 6, 2022, the respondent conducted the inspection visit and although no one was at the reported individual's property, it was confirmed that the rainwater and sewage are directed to the protected person's property, so sanitary order 0030 was drafted ordering Mr. Aiut Avalos to sanely and adequately dispose of the rainwater that is not channeled in his dwelling; however, it has not been possible to serve notice, as no one is found at the location.
Thus, this Chamber considers that although the respondent argues that he has taken actions aimed at resolving the situation afflicting the protected person, the truth is that despite this, he has not managed to resolve it definitively, since the simple filing of a criminal complaint for non-compliance with a sanitary order and the excuse that they have not been able to serve notice of the other sanitary order is not sufficient for this Chamber, taking into account that there is a proven serious problem of rainwater and residual water incorrectly managed, all of which flows toward the appellant's property, due to a lack of drainage works by the neighbors, causing serious flooding and contamination problems for a long time that remain unsolved. Note that the Ministry of Health has broad powers to act in accordance with the Ley General de Salud and the corresponding Regulation, as the governing body responsible for the surveillance and control of health, such as: special sanitary measures for eviction of dwelling (Article 1, subsection c of the Regulation), declaration of uninhabitability, demolition, as well as fines, since it is clear that in accordance with the Ley General de Salud Articles 39 and 286, it is the duty of every owner and person in charge of movable and immovable property to avoid nuisances and damage to health as well as sources of contamination or infection, being obliged to carry out drainage works and even, in case of refusal, for the administration to do them at the expense of the person who failed to act, all while safeguarding due process. Therefore, the appropriate course is to declare the appeal granted, with the consequences that will be indicated in the operative part (…)" (The highlighting does not belong to the original).
More recently, in Voto No. 2025-583 of 09:20 hrs. of January 10, 2025, this constitutional body stated:
"(…) Regarding the Ministry of Health. Although, from the reports rendered and the evidence in the case file, it is proven that the respondent authorities of the Ministry of Health - Área Rectora de Salud of Puntarenas – Chacarita - have taken steps to comply with the orders that this Court gave at the time, as seen in the proven facts of this ruling, and that, given the non-compliance with sanitary order 0112-REG-2024 by the Municipality of Puntarenas, on December 4, 2024, a criminal complaint was filed against the Municipality of Puntarenas for the alleged Crime of Disobedience to Authority before the Fiscalía Adjunta of the Public Ministry in Puntarenas; however, the truth of the matter is that, for this Chamber, their duty has been insufficient, as said ministry demands observance, as well as guaranteeing the protection of the population's health and the environment (…)" (The highlighting does not belong to the original).
Under this scenario, it is clear that the respondent authorities of the Ministry of Health have also been negligent in addressing the serious environmental situation facing the community of El Cacao in Santa Cruz de Guanacaste.
C. Finally, regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it has been reported and proven from the evidence submitted that the treatment plant belongs to a private legal entity and that it has not been delivered to the ICAA following the procedure established in the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento (since the requirements indicated for that purpose have not been met). It was stated that the developer has not submitted any request for the ICAA to assume the administration of the sanitary system and that, since the plant is private property, "its operation, maintenance, and compliance with sanitary orders are the exclusive responsibility of the developer." It was also demonstrated that in March 2024, the Ministry of Health issued a sanitary order to the ICAA to assume the operation of the referenced plant, which, however, was not complied with, by virtue of the reasoning set forth in technical report No. GSP-RCHO-2024-01377 of May 9, 2024. Both in said report and in the report rendered to this Chamber, the ICAA clearly explained the following:
"(…) The sanitary infrastructure in the Cacao project that presents operational problems has not been formally delivered following the procedure indicated for this purpose. - There is no record of a formal request by the interested parties (Developer) for AyA to begin the process to assume this Sanitary System, in compliance with AyA's Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento. – The sanitary order directed to AyA to assume the system in its current conditions represents a mechanism that would exempt the developer from making the required investment. This would imply that the State, through public funds, would be charged with carrying out the works that the developer should have guaranteed to be built at the genesis of the project. (…) It is necessary to clarify that both the PTAR and the effluent collection and disposal system must be in good operational condition for the eventual start-up and reception process to materialize.
- Forcing, through sanitary orders, the investment of public resources to remedy deficiencies in infrastructure that must be designed, built, and operated in compliance with regulations would represent an easy and questionable path for certain developers to avoid fulfilling their fundamental and regulated obligations (…)" (The highlighting does not belong to the original).
After this last action, the only thing recorded is an inspection conducted by the ICAA at the site under study on August 18, 2025 (due to the filing of this amparo), through which the alleged facts were confirmed, it was reiterated that the operation and maintenance of the plant are not the responsibility of said institute for the reasons stated above, and a series of recommendations were issued directly to the respondent municipality.
Now, it should be noted that although this Constitutional Chamber is aware of and understands the objective reasons explained by the ICAA authorities for not assuming with public funds a problem that is the responsibility of a private legal entity, the truth is that, on the other hand, this state of affairs should not and cannot exempt it from collaborating with the rest of the respondent authorities in order to find a solution to the proven environmental and health problem. Given the seriousness of the demonstrated facts and, mainly, given the harm being caused by the malfunctioning of the treatment plant, this Constitutional Court considers that the ICAA must intervene (by virtue of the clear and broad knowledge it possesses in the matter) and execute the relevant coordination efforts both with the Municipality of Santa Cruz and with the Área Rectora de Salud of Santa Cruz to achieve, jointly, a response and address the situation under study.
Although, as stated, the ICAA is not compelled to assume the operation of the plant or invest public funds in it, it can collaborate and coordinate with the rest of the cited public bodies in the terms indicated. However, this latter task is absent in the present matter, as the ICAA limited itself to issuing report No. GSP-RCHO-2024-01377 and not providing any other type of collaboration or alternative solution; all this, to the detriment of the affected population.
* It is evident that the situation described above generates a clear violation of the fundamental rights not only of the petitioner but also of the other residents of the aforementioned human settlement, since knowledge of this situation has existed since 2021 and it has not been resolved definitively, with the aggravating factor that this entails not only damage to the environment but also to public health itself.
As explained, despite the efforts carried out mainly by the respondent local government and the Área Rectora de Salud of Santa Cruz, efficient and effective inter-institutional collaboration has not materialized in order to determine how to resolve the problem in question. Nor was it demonstrated that the ICAA authorities have intervened and contributed to finding a solution to this state of affairs.
For this Court, there is scarce joint action among the respondents, as they have not managed to definitively resolve the environmental contamination problem, to the detriment of public health. By virtue of the foregoing, it is considered merited to grant the appeal, for violation of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, in the terms that will be stated in the operative part of this ruling. (...)
GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
In environmental matters, it is also the opinion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where despite the fact that a complaint for environmental contamination was filed, it has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
VCG10/2025 ... See more CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty-five minutes on the twenty-sixth of September, two thousand twenty-five.
Recurso de amparo filed by [Name 001], identity card [Value 001], against THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, THE MINISTRY OF HEALTH, AND THE MUNICIPALITY OF SANTA CRUZ.
WHEREAS:
The General Health Law, in its Articles 285 to 292, indicates that there is an unavoidable duty on the part of the Ministry of Health to attend directly and to compel the Developer to immediately correct the problem caused by the incorrect disposal of wastewater, a situation that is generating health problems affecting the community surrounding the project. In this regard, AyA is NOT obligated to resolve the technical problem presented by the operation of the PTAR, since the Institution cannot absorb private infrastructure arbitrarily without respecting the due procedures for reception of works and operation (according to Chapter III of the Regulation for Approval and Reception of Sanitation Systems by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which regulates the requirements and procedures for assuming the administration, operation, and maintenance of sanitation systems). During the project reception procedure by AyA, the Developer must fully comply with Article 12 of the Regulation for Approval and Reception of Sanitation Systems by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; to date, there is no request filed by the person in charge of the El Cacao residential development to transfer the sanitation works to AyA.
Therefore, consequently, it is the Developer's responsibility to maintain the collection and treatment system of the El Cacao PTAR. It is also the Developer's responsibility to ensure that the systems are operated optimally and to comply with the sanitary orders issued by the Ministry of Health, which, in turn, is responsible for ensuring their mandatory nature, complying as it is competent to do under the General Health Law. Finally, it must be noted that compliance with legal, technical, and operational requirements that allow AyA to receive wastewater sanitation systems becomes necessary. These requirements must be met by the private party, so that the Institute can provide the required services efficiently, and not by accepting systems that become a burden and an additional need for public funds investment (whose cost should have been borne by whoever developed the construction project).
RECOMMENDATIONS • Request the Municipality of Santa Cruz to clean the facilities of the El Cacao PTAR, by suctioning all the wastewater that is pooled on the site, through the collection service by an authorized company, avoiding the discharge of raw water into the Campero River. • Request the Municipality of Santa Cruz to eliminate the blockage and repair the damaged sanitary pipe section, in its capacity as contracting party of the company responsible for the damage.
CONCLUSIONS • The sanitary infrastructure in the El Cacao project has not been formally handed over following the procedure indicated for this purpose. • There is no record of a formal request by the interested parties (developer) for AyA to initiate the process to assume this sanitary system, in accordance with the AyA Regulation for Approval and Reception of Sanitation Systems. • Forcing AyA to assume the system under current conditions is contrary to the law and represents a mechanism that would exempt the Developer from making the required investment. This would imply charging the State through public funds for carrying out works that the Developer should have guaranteed were built from the project's origin. • There is evidence of apparent non-compliance by the infrastructure operators, as there is a history from years ago documenting operational problems and the discharge of apparently raw water into the river. • The sanitation infrastructure is on private property and is currently not the subject of operation; it does not even have operation technicians. • It is necessary to clarify that both the PTAR and the system for collecting and disposing of treated water in the effluent must be in good operational condition for the eventual start-up and reception process to materialize. • It was not possible to contact the persons in charge of the PTAR for entry and detailed assessment of its components.
For this reason, a thorough and real diagnosis of the present state of the works is not available. • Forcing the investment of public resources to remedy deficiencies in infrastructure that must be designed, built, and operated in compliance with regulations would represent an easy and questionable way for some developers to fail to comply with their fundamental and regulated obligations. • The Municipality of Santa Cruz must take responsibility for the damage caused to the sanitary sewer system in the section discharging into the Campero River, to the PTAR, and to the environment, as a result of the pipe blockage, which has caused stagnation and flooding of the El Cacao PTAR. • Regarding the petition that "those wastes" be transferred to the PTAR of Barrio Las Maravillas in Santa Cruz; science and technique indicate that there are conditions that do not permit this request, which consists of transferring the waste 2 kilometers away to another PTAR.
In the first place, the elevation levels of both terrains and their respective slope are unknown, which would require a topographic study of the area; secondly, an independent design is required to allow conveying said wastewater to the new PTAR; thirdly, the capacity of the Barrio las Maravillas Treatment Plant, both in collection and treatment, should be assessed; fourthly, this investment would need to be assumed by the Developer and owner of the current El Cacao PTAR, being more onerous than rehabilitating and correcting the proper functioning of the current facilities. (...)” CONSIDERATION ON THE MERITS Local Governments have the authority to establish a series of limitations on constructions and projects, through urban planning, emphasizing that in the event of non-compliance with the conditions they order, they have a series of coercive mechanisms to enforce their mandates, which AyA lacks.
In addition to the above, it is clear that the Municipalities are the entities that collect the respective amounts for maintenance and proper functioning of the stormwater network, as provided by Municipal Code No. 7794, in Title IV. Municipal Treasury, Chapter II. Municipal revenues. In the present case, it cannot be ignored that Municipalities, when collecting municipal taxes, include the item corresponding to the maintenance and operation of the stormwater network as well as that of sanitary systems under their administration and public roads, which underscores the municipal competence in this field; furthermore, it is evident that this item should be used in the maintenance and operation of the Stormwater Network and Treatment Plants of each Municipality, as indicated by the Constitutional Chamber in Voto 2001-2320, in Considerando IV (...) Likewise, the General Health Law No. 5395, specifically regarding the case at hand, states in its articles 285 and 292 the following: “ARTICLE 292.- The discharge of black water, gray water, and industrial waste into the stormwater sewer system is prohibited in all cases.
The Ministry is empowered to restrict, regulate, or prohibit the elimination of non-biodegradable synthetic products through excreta, black water, and gray water collection systems. ARTICLE 285.- Excreta, black water, gray water, and stormwater must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of vector and disease breeding grounds, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality.” In this same sense, Article 1 of the Construction Law No. 833 states the following: "The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public roads and in the buildings and constructions erected on their lands, without prejudice to the powers that laws grant in these matters to other administrative bodies".
The foregoing demonstrates the interconnectedness of municipal obligations regarding stormwater/sanitary sewers and the obligation indicated supra, which are linked and under the administration of Local Governments as part of the services they are obligated to provide. Now then, Article 60 of the Organic Environmental Law establishes, regarding the prevention and control of pollution: “To prevent and control environmental pollution, the State, the municipalities, and other public institutions shall give priority, among others, to the establishment and operation of adequate services in areas fundamental to environmental health, such as: a) The supply of water for human consumption. b) The sanitary disposal of excreta, gray water, and stormwater. c) The collection and management of waste. d) The control of atmospheric pollution. e) The control of noise pollution. f) The control of chemical and radioactive substances.
These services shall be provided in the manner determined by specific laws and regulations, seeking the participation of the population and their organizations.” Based on the cited norms, it is concluded that the Municipality of Santa Cruz is the party directly responsible for determining the measures required to solve the problem of repairing the discharge pipes and administering the Wastewater Treatment Plant, which in turn previously approved the urban development in that area, as well as, consequently, the Registered Owner; and in the event that it is decided to transfer the administration to AyA so that the latter may, in turn, delegate it to an ASADA if appropriate, the owner-developer must comply with the provisions of the Regulation for Approval and Reception of Sanitation Systems Agreement No. 2022-354 of the AyA Board of Directors, published in Supplement No. 171 to Official Gazette No. 151 of Wednesday, August 10, 2022, without prejudice to coordinating with the entities that can manage so that this sewer system is adequate and also ensuring that the owners make proper use of the system, having received under their administration the components and lands where the treatment plant is located.
Likewise, it is the Municipality that is responsible for carrying out the corresponding repairs that may have been generated in the sanitation systems at the time of carrying out the works during the execution of the El Cacao Paving Project in Santa Cruz, Guanacaste, where the awarded company discovered a serious problem when carrying out trenching work approximately three meters deep, caused a break in the main pipe, and opted to perform a concrete blockage, thus preventing the outflow by hydraulic slope to the discharge point. In this regard, the Municipality of Santa Cruz has the obligation to enforce the laws in matters corresponding to land-use planning (ordenamiento territorial) and the obligation to guarantee the enjoyment by the area's inhabitants of a healthy and ecologically balanced environment, with consequences for the health of these people due to the nature of the sanitary problem afflicting them.
The Municipality, having full knowledge of the problems affecting the residents of its canton, has limited itself to verifying its existence and evading its responsibility, without taking timely actions to mitigate or control it; similarly, if reception into administration is required, both the Registered Owner and the Municipality must ensure compliance with the requirements indicated in the Regulation for Approval and Reception of Sanitation Systems Agreement No. 2022-354 of the AyA Board of Directors, published in Supplement No. 171 to Official Gazette No. 151 of Wednesday, August 10, 2022, so that AyA can assume the corresponding reception upon compliance with the requirements established in the regulations and then delegate to the ASADA if appropriate. Likewise, the matter already assessed by the Attorney General's Office through opinion C-257-2003 San José, August 27, 2003 must be considered (consistent with the assessment on the merits made by the Constitutional Chamber in Expediente 16-002436-0007-CO resolution 2016-006368) regarding the requirement for verification of technical suitability of black water treatment plants by AyA and the Ministry of Health.
For the transfer to be enabled, the requirements that this Institute has defined must be met to authorize the transfer of the corresponding portion of the public use area where the plant is located to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers so that it can administer and operate it. In this sense, the aforementioned Opinion states: “…The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is the entity that determines, based on the provisions of the transcribed norm, when residential developments must have black water treatment plants. It is the responsibility of the municipalities, on this subject, to ensure that residential development projects to be carried out in their canton comply with the rules indicated by AyA regarding aqueducts and sewers, which includes having planned black water treatment plants, when AyA has so ordered. Once the works are built and at the time of their acceptance, the municipalities exercise control regarding compliance with the corresponding regulatory provisions, among them, those related to potable water installations and black water collection and evacuation ordered by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and other competent public entities, all in accordance with the provisions of Article VI.6. of the Regulation for the National Control of Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations, which establishes: “VI.6.
Acceptance of works: The acceptance of the works and public areas shall be carried out in accordance with the regulatory provisions in force by the municipality of the canton and other public bodies that exercise control functions in this regard. No omission of details in the approved plans releases the developer and the responsible professional from the obligations incumbent upon them regarding the total and satisfactory delivery of the works, in accordance with the provisions of this regulation. The developer and the responsible professional who sign the application for approval of the construction plans are guarantors of the strict conformity of the works with the applicable regulatory requirements, as indicated in the applicable laws.” In other words, although municipalities do not operate or maintain black water collection and evacuation systems, they control that the residential developments, and the buildings constructed in them, comply with the provisions that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and other competent public entities, have established in relation to said systems, in order to fulfill their role of protecting health and the environment in their canton (…) (…) although numeral 40 of the Urban Planning Law indicates that municipalities may authorize the indicated transfer, the truth is that, unless that residual competence mentioned above is being exercised and, consequently, they directly administer and operate the respective potable water and black water collection and evacuation system, they are obligated to authorize said transfer in favor of the competent entity, which, as we have already said and will conclude below, is the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, so that it can administer and operate the system, once it is verified, at the time of delivery of the work by the builder, whether a public or private legal entity, that the technical provisions contemplated in the regulations and given by AyA itself and the Ministry of Health are met, as has already been explained.
That is, once the technical suitability of the black water treatment plants is verified by AyA and the Ministry of Health, the municipality must accept the work and authorize the transfer of the corresponding portion of the public use area where the plant is located to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers by reason of the provisions of the norms that attribute the competence to administer and operate potable water and black and residual water collection and evacuation systems to said Institute, which have already been cited, if it is not a case in which the municipality in question will operate and administer it in exercise of the residual competence to which reference has already been made….” It must be considered that this Constitutional Chamber has previously ruled (Exp: 11-010057-0007-CO Res. No. 2012017743 at nine hours thirty minutes on December fourteenth, two thousand twelve) that this Institute assumes once the reception requirements have been verified and until they are met, the Municipality, and in this case the Registered Owner – Project Developer, must continue assuming its responsibility to correct the operational deficiencies so that this Institute can feasibly assume administration: (…) Similarly, through a resolution issued in Exp: 24-021588-0007-CO Res. No. 2025002002, it was indicated: (…) Likewise, as the infrastructure is located on private property REGISTRATION NUMBER: 218998---000, PROVINCE: GUANACASTE PROPERTY: 218998 NATURE: LAND DESTINED FOR COMMUNAL FACILITIES FOR A TREATMENT PLANT LOT ONE HUNDRED SEVENTY, SITUATED IN DISTRICT 1-SANTA CRUZ CANTON 3-SANTA CRUZ OF THE PROVINCE OF GUANACASTE MEASURING: NINE HUNDRED FORTY-ONE SQUARE METERS, PLAN: G1901139-2016, OWNER: BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA LEGAL ID NUMBER 3-101-079006 IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, who was also the developer of the project.
Both AyA and the ASADAs, in accordance with the provisions of Law 2726 in its Articles 17 and 19, and the Regulation of the Associations Administering Communal Aqueduct and Sewer Systems No. 42582-S-MINAE, not only lack the authority to make donations of any kind but are obligated to invest resources exclusively in the aqueduct and wastewater sanitation systems that are under their administration. Therefore, given the existence of a specific and special norm, they would be inhibited from contributing or allocating resources to assume, prior to reception, the costs of repair and operation of the PTAR located on private property, as cited: “Article 17.- The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers may not make donations without the approval of the Legislative Assembly...” “Article 19.- The financial policy of the Institute shall be to capitalize net income obtained from the sale of services and from any other source, to carry out national plans for potable water supply and wastewater and stormwater disposal.
For this purpose, the rates for the sale of potable water and wastewater disposal shall be calculated so that sufficient funds are provided at all times for the following: a) Paying the cost of conserving, repairing, and operating the aqueduct and sewer systems; and b) Paying interest on the debts it incurs and a percentage for capitalization and development. The Government shall not derive any part of the net profits of the Institute, as it shall not be considered a source of income for the Treasury. The State, municipalities, and any natural or legal persons, public or private, may make donations of any kind to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, without the need for a law or express acceptance.” Previously, the Directorate of Strategic Planning, through official letter PREPLA-2022-00549, has also clarified that: “The tariff resources of AyA must be used exclusively in the development of the service that gave rise to them; and therefore, the Comptroller General of the Republic, in official letter DFOE-AE-0550 of December 12, 2016, classifies them as specific and not free resources.
The foregoing because, in accordance with the Law of the Regulatory Authority for Public Services, public service tariffs are defined under the cost-of-service criterion; likewise, resources corresponding to Capital and Financing Income, resulting from loans, transfers, donations, surplus, are also specific resources…being specific, they must be used only for what they were created for…” On this same line of impossibility and investment decision, the CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECTION EIGHT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A, through Resolution No.112-2018 at nine hours thirty minutes on December nineteenth, two thousand eighteen, pronounced as follows (…) It is the REGISTERED OWNER, as a Legal Entity, who assumes the responsibility for maintenance and correction of the deficiencies found in the system located on its private property, and in that sense, the Ministry of Health must compel the owners to carry out the necessary works immediately to eliminate the health problem afflicting them.
In that sense, this Constitutional Court has already resolved regarding the responsibility of that Ministry to demand compliance from private parties; for this purpose, see resolution No. 2024004725 of the Constitutional Chamber of Costa Rica, issued on February 23, 2024, in expediente 24-000376-0007-CO; Exp: 10-015653-0007-CO resolution No. 2011014596, issued on October 26, two thousand eleven; Exp: 13-006114-0007-CO resolution No. 2013010718 of August 13, 2013; Exp: 04-010820 0007 CO resolution No. 2006002973 of March seventh, two thousand six and resolution No. 2016006368 of May thirteenth, two thousand sixteen Expediente 16-002436-0007-CO. While it is true that it corresponds to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to provide the inhabitants of the republic with a black water collection and evacuation service in urban areas, as defined in Articles 1 and 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers No. 2726, the fact is that said provision is not unrestricted.
On repeated occasions, that same Chamber has measured the scope of said legislation, as the issue of sanitation entails that of public investment, which is beyond the financial capacity of the Institution and involves the State itself. Additionally, it is based on the fact that, in the absence of a sanitary sewer collection system provided by an authorized public service provider, those dwellings were authorized with a system that was subject to constructive approval by the Local Government and the Ministry of Health (at this point, the modification of the Wastewater Treatment Plant is reiterated, under contract number CFIA 873766, which is in Rejected status by official letter PTAR-AyA-2019-70, dated June 11, 2019) and that likewise, the control and surveillance of the operation of that private system falls on the Local Government and the Ministry of Health. Now then, there are immediate mechanisms provided for in the General Health Law and in the General Public Administration Law itself that the Ministry of Health can avail itself of to oblige the Association and the residents to treat their water.
By way of example, reference is made to Exp. 16-2436-0007-CO, where judgment No. 2016006368 was issued, at nine hours thirty minutes on May thirteenth, two thousand sixteen, which ordered as pertinent: (…) The Ministry of Health of Costa Rica has clear and specific competencies regarding the operating permit and operational reports of Wastewater Treatment Plants (PTAR) for residential use, within the framework of the General Health Law (Law No. 5395) and the General Regulation for Sanitary Operating Permits (Decreto Ejecutivo No. 43432-S). Every wastewater treatment plant, including those for residential use, must have a Sanitary Operating Permit issued by the Ministry of Health. This permit is mandatory to operate legally in the country. It is processed before the Área Rectora de Salud corresponding to the location of the project, where compliance with technical, legal, and environmental requirements must be met, including a technical inspection report of the wastewater treatment system.
It should also be considered that the Ministry also requires the presentation of periodic technical reports demonstrating the correct operation of the plant, given that these reports must include: Parameters of treated water quality, System maintenance and operation, Compliance with environmental and sanitary standards, Evaluations of impact on public health and the environment. The supervision and oversight turns out to be the competence of the Ministry of Health through its Áreas Rectoras and not of the Institute, to verify compliance with the permit conditions, the follow-up of corrective actions in case of non-compliance, and the evaluation of sanitary risks according to the classification of the establishment (risk A, B, or C).
RESPONSE TO THE PETITIONS 1. That this amparo appeal be declared to have grounds, and consequently: Response: In accordance with the response to the facts and the considerations given, this petition is inappropriate; the Treatment Plant is located on Private Property and it is the Registered Owner's responsibility to make the corresponding improvements; likewise, to repair the damage caused to the systems on the occasion of the El Cacao Paving Project in Santa Cruz, Guanacaste, where the awarded company caused a serious problem when carrying out trenching work approximately three meters deep, which must be assumed by the Local Government, not by this Institute, considering the principle and responsibility derived from Articles 1045 of the Civil Code and 190 of the General Public Administration Law, as well as the legal reasons expressed regarding the impossibility of investment in systems that are not under administration and have not been received by AyA. The company alleges an undue defense, concealing that it was the cause of the damage to the discharge pipe; if this pipe had not been damaged, the Treatment Plant would be discharging to the authorized site and the existing flooding would not have occurred. Likewise, it is the responsibility of MINSA, through the health area, to verify and issue the corresponding orders to correct the proper operation of the Treatment Plant.
2. That A y A be ordered to, immediately and within the scope of its competence, take the necessary actions to restore proper functioning and take responsibility for the Treatment Plant, since to date no one takes responsibility for the Project, and in this way guarantee the right to public health and a healthy and balanced environment. Response: This petition is inappropriate, given that the PTAR is on private property, and the maintenance and proper functioning are the responsibility of the registered owner and the project developer. As indicated in the considerations on the merits, there is a mandate of legality that does not allow this Institute to make investments in private property. Likewise, the Ministry of Health turns out to be the competent entity, through the operating permit and operational reports, to guarantee that the Treatment Plant complies with the corresponding parameters in safeguarding the right to public health and a healthy and balanced environment.
It was not AyA that caused the damage to the discharge pipe of the Treatment Plant; it was the company awarded by the Municipality when carrying out trenching work approximately three meters deep, so the repair must be assumed with all its consequences by the Local Government and the awarded Company. For this Institute to assume the administration, operation, and maintenance of this Treatment Plant, the owner-developer must comply with the existing regulations, the Regulation for Approval and Reception of Sanitation Systems Agreement No. 2022-354 of the AyA Board of Directors, published in Supplement No. 171 to Official Gazette No. 151 of Wednesday, August 10, 2022.
3. That the competent authorities SETENA, Municipality of Santa Cruz, and the Ministry of Health be immediately urged to coordinate actions to expedite the prompt solution to this problem, as it is unbearable and worsens every day because the machine house stopped working, and if this continues, it will exceed the level since the people who inhabit the residential development continue to deposit their water even under these conditions. Response: This petition is not appropriate against AyA, as stated in Exp. 16-2436-0007-CO, where judgment No. 2016006368 was issued, at nine hours thirty minutes on May thirteenth, two thousand sixteen; Exp: 11-010057-0007-CO Res.
Nº 2012017743 at nine hours thirty minutes on the fourteenth of December two thousand twelve. The principal party responsible for implementing the corresponding solution is the Municipality and the contracted Company (it was verified in the field by this institute that the road works were the cause of the damage to the discharge pipe of this plant to the receiving body). The Registered Owner and the Project Developer must continue with the administration and maintenance of the Treatment Plant until the requirements and procedure of the Regulations for the Approval and Reception of Sanitation Systems, Agreement No. 2022-354 of the Board of Directors of AyA, published in Supplement No. 171 to Gazette No. 151 of Wednesday, August 10, 2022, are fulfilled. It is the responsibility of the Institutions that hold the respective competence to issue the corresponding correction and maintenance orders. 4.
This Treatment Plant is located diagonally across from the sports field and in front of many houses on the main street, and it is unfair that everyone must pass through that place and observe the indecency that was placed there with a great lack of supervision by the pertinent authorities; we request that this waste be transported to the Treatment Plant of the Las Maravillas neighborhood of Santa Cruz, which is located approximately 2 kilometers from this community, because it contaminates a unique natural water source where many of us used it for recreation and fishing, namely the Quebrada de Campero, whose name was changed to Río de Campero with the aim of serving as a place to deposit the very poorly "treated" waters up to that point. We are aware of appeals filed and to date no one has appeared to solve our serious problem. Response: There is a technical and operational scientific condition that makes the request to transport the waste 2 kilometers to another Treatment Plant unfeasible; consider what is indicated in technical report SG-GSP-RT-2025-00114: “…there are conditions that do not allow this request, which consists of transporting the waste over a distance of 2 kilometers to another wastewater treatment plant (PTAR).
First, the elevation levels of both terrains and their respective slope are unknown, which would require a topographic study of the area; second, an independent design is required to convey said wastewater to the new PTAR; third, the capacity of the Barrio Las Maravillas Treatment Plant, both in collection and treatment, would need to be assessed; fourth, this investment would need to be assumed by the Developer and owner of the current PTAR El Cacao, being more onerous than rehabilitating and correcting the proper functioning of the current facilities…” 5. That an investigation be conducted to assign responsibilities, so that we may have a healthy and wholesome environment and consequently our paving project can reach a successful conclusion because there is non-compliance and slowness in solving the problem. Response: It is not within the competencies of this Institute to conduct investigations into responsibilities for those who have not complied with their obligation of maintenance and proper functioning of the PTAR El Cacao; to identify those directly responsible for the damage caused to the pipe of the discharge system of the Treatment Plant; nor for the lack of surveillance and control of its proper functioning, operational reports, and failure to issue the corresponding sanitary orders.
PETITION May the Constitutional Chamber take into account the actions that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has executed in fulfillment of its purposes and within the framework of its competencies; therefore, it has evidently not disobeyed, violated constitutional or environmental norms, guarantees, or principles, so the appeal filed against AyA must be dismissed in all its aspects. The pipe repairs must be assumed by the Municipality and the Contractor who, through their activity in the execution of the El Cacao Paving Project in Santa Cruz, Guanacaste, while performing trenching work approximately three meters deep, damaged the discharge pipe of the PTAR and, instead of notifying the Local Government and making the corresponding repairs, decided to pour concrete and block its outlet to the receiving body. Likewise, the maintenance and proper functioning of the Treatment Plant must continue under the responsibility of the Registered Owner BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA LEGAL ID 3-101-079006 IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE and the Developer of the El Cacao Residential Project, as co-responsible party for the PTAR El Cacao, until the resolution of reception for administration by this Institute is issued, upon prior fulfillment of the procedures (…)”.
Inter-institutional work continues between AyA, the Municipality of Santa Cruz and the Environmental Prosecutor's Office of Santa Cruz, in order to ensure compliance with the actions to be implemented by the Banco Hipotecario de la Vivienda; since it is responsible for supervising and controlling the operations carried out by Grupo Mutual as the entity in charge of developing social housing, its works and complementary services. As the Governing Health Area, our priority is to carry out the respective follow-up to the work schedule provided to us and to provide information on the progress to the neighboring community (...)”.
Drafted by Judge Araya García; and,
WHEREAS:
The appellant, in her capacity as President of the ADI of El Cacao de Santa Cruz de Guanacaste, argues that the residents of the residential complex located in said area suffer a serious problem of contamination and health impact, because the wastewater treatment plant is not functioning properly. She alleges that said problem was aggravated as a result of paving works contracted by the local municipality that produced irregular runoff and stagnation of untreated sewage in the open air, which generate a fetid odor. Likewise, she alleges that said untreated waters are deposited directly into the Quebrada Campero.
Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are considered accredited:
General facts:
Facts related to the ICAA:
"(...) I. Executive Summary The Conjunto Residencial de Interés Social El Cacao corresponds to a social welfare housing project of 170 units, located in the province of Guanacaste, Canton Santa Cruz and District Santa Cruz. Its wastewater collection and treatment system is administered and operated by its developer, a figure under private law, while the potable water system is administered by this Institution. As indicated by sanitary order No. MS-RCH-ARS-SC-ERS-OS-037-2024 dated March 18, 2024, due to deficiencies in the operation of the wastewater collection and treatment infrastructure (almost in a state of abandonment), the Governing Area of the Ministry of Health requested AyA to carry out the necessary actions in order to assume the functioning and operability of the treatment system. The foregoing until the case of file No. 23-000013-1791-PE is resolved, which constitutes a decision based on the Ley Constitutiva del AYA. Inspections were carried out on the El Cacao sanitation system and from them it was verified that the Wastewater Treatment Plant (PTAR) was not operating and that the sanitary sewer system did not present obstructions in the residential network; the PTAR also lacked the public utility electric meter and, therefore, was turned off, with direct discharge of raw water into the Río Campero (that is, untreated water). The project has plans approved by AYA since 2013, with a potable water system installed, operating and administered by this Institute; but not the collection and treatment system, which is privately administered. To date, the Developer has not processed before AyA the handover and transfer for administration of the service, as proceeds based on the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de AyA. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) is in the best disposition to receive, operate and maintain the El Cacao sanitation system, provided that the developer carries out the pertinent steps according to the aforementioned regulation (...) V. Conclusions - The sanitary infrastructure in the El Cacao project that presents operational problems has not been formally handed over following the procedure indicated for this purpose. - There is no record of a formal request by the interested parties (Developer) for AYA to initiate the process to assume this Sanitary System, in compliance with the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de AyA. - The sanitary order directed at AyA to assume the system under current conditions represents a mechanism that would exempt the developer from making the required investment. This would imply charging the State through public funds for the works that the developer should have guaranteed were built at the genesis of the project. - An apparent disregard by the infrastructure operators is evident, as there are records from years ago documenting the operational problems and the discharge of apparently raw water into the river. - The sanitation infrastructure is on private property and is currently not being operated, nor does it even have an electric meter or operating technicians. - AyA personnel were unable to enter inside the PTAR and, therefore, a detailed diagnosis of its components is not available. It is necessary to clarify that both the PTAR and the effluent collection and disposal system must be in good operational condition for the eventual start-up and reception process to materialize. - The undersigned tried on two occasions to contact those in charge of the PTAR to enter and make a detailed assessment of its components (March 18 and 19, 2024), but it was not possible to obtain authorization. For that reason, a thorough and real diagnosis of the current state of the works is not available, nor a monetary quantification of the tasks that could be required for their normalization. - Forcing through sanitary orders the investment of public resources to correct deficiencies in infrastructure that must be designed, built and operated in compliance with regulations would represent an easy and questionable way for certain developers not to comply with their fundamental and regulated obligations (...)" (see evidence).
"(...) ANALYSIS (...) the PTAR was not operating, the sanitary sewer system presented obstructions in the line that leads to the discharge into the receiving body; the PTAR was turned off and in total abandonment, with flooding of raw water at the site of approximately 60 cm above the natural ground level (...) The site is private property, it has a perimeter fence with barbed wire protection and gates closed with chain and padlock; there were no operational personnel at the time of the visit. During the inspection conducted, three local residents were spoken with to locate the person responsible for granting access to the PTAR; however, it was not possible to locate them. Additionally, the residents are uncertain as to who is really responsible for the administration, operation and maintenance of the PTAR, since, as they indicate, the keys are in the possession of Grupo Mutual, this because, according to them, Banco Improsa is no longer responsible for the project. They also indicate that the Developer stopped taking charge of the PTAR a long time ago and that Grupo Mutual is the one that has taken over the project. The neighbors comment that there used to be a person from the community in charge of maintaining the PTAR; however, this person is no longer in charge and they do not know if anyone else is currently responsible for these tasks. Additionally, it was reported by the residents that, despite having an apparently functional electric meter, the equipment has been disconnected and there is no certainty as to who made the decision, they suppose it was as a precautionary measure given the current flooding situation that the place is suffering. The place where the PTAR is located is clearly abandoned and neglected, without any type of maintenance, both in the infrastructure and in the green areas (...) At the time of the inspection visit, the PTAR was completely flooded with wastewater, approximately 60 cm above the natural ground level, which causes bad odors in the area (...) the aeration tanks and the settling tank are completely submerged, as are the walkways and part of the drying beds, even reaching the floor level of the machine house and warehouse (...) It is worth noting that during the inspection, a tour was also taken to the discharge point of the PTAR in the company of some local residents. During the tour, the residents indicated the points where the company contracted by the municipality (in charge of paving) caused some ruptures, both to the potable water pipe and the wastewater pipe; the rupture of the wastewater pipe is confirmed since the residents themselves stated regarding this issue that the company broke "the orange-colored pipe". Mrs. Jessica María Chavarría Alvarez, ID 5-0340-0132, a local resident, indicated that this happened in the month of March during the execution of the works by the company contracted by the Municipality and that the waters coming out were of very bad appearance and odor; furthermore, Mrs. Chavarría points out that she was directly affected, since her house is located almost in front of the damage and that days later the same company that caused the damage "covered the damaged pipe with concrete". The same version was received from Mr. Víctor Manuel Rosales Pizarro, ID 5-0163-0844, who indicates that after this event, the problems with the PTAR began. It is important to note that Mrs. Jessica María Chavarría was asked if prior to this event she had noticed or at any time perceived the outbreak of these waters or bad odors, to which she replied that something like this had never happened before, and that the duration of the impact was during the time the orange pipe was broken, since once the company sealed it with concrete, she no longer perceived bad odors. In addition, the receiving body for the waters coming from the PTAR in question was visited. It was found that the discharge point is completely dry, which indicates that the sewer system is obstructed prior to this point, coinciding with the residents' versions that there is a blockage in the network (...) RESULTS OF THE INSPECTION • The collection system (sanitary sewer system) is obstructed in the section that discharges to the Río Campero. • Access to the PTAR was not obtained; however, it is verified that it is not being operated, and there was no presence of the operator or surveillance of the equipment at the site. • The PTAR lacks maintenance of the infrastructure and green areas. • The PTAR is not in operation, the equipment is turned off, the PTAR's treatment systems (both in its primary and secondary process) are abandoned and flooded with wastewater. • Access to the PTAR operation logbook was not obtained. • It is verified that roadbed preparation works have been carried out, as well as the placement of stormwater pipes, construction of storm drains and stormwater wells. The wastewater collection and treatment system of the Conjunto Residencial de Interés Social El Cacao is not administered by nor does it belong to AyA, which is why its operation and maintenance are not the responsibility of the Institute; if there were a health impact, it would not derive from any act that is the competence or responsibility of AyA, but rather belongs to the Developer, as established by current legislation. It is important to note that the PTAR of the Residencial de Interés Social El Cacao has not been received into administration by AyA and therefore its operation and maintenance corresponds to its owners. The handover of the works to the Institute is an act voluntary to the Developer, who must present a formal request of the desire to hand over the PTAR once it complies with the requirements of the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de AyA, so that the Institute can verify its compliance and can receive, operate and maintain the PTAR. The Ley General de Administración Pública, in its Article 66, clearly states that the powers of authority and their exercise, and public duties and their fulfillment, shall be inalienable, non-transferable and imprescriptible from that provision and in complement to what it expresses. The Ley General de Salud, in its Articles 285 through 292, indicates that there is an unavoidable duty on the part of the Ministry of Health to attend directly and oblige the Developer to immediately correct the problem caused by the incorrect disposal of wastewater, a situation that is generating health problems affecting the community surrounding the project. In this sense, AyA is NOT obligated to resolve the technical problem presented by the PTAR's operation, since the Institution cannot absorb private infrastructures arbitrarily without respecting the proper procedures for reception of works and operation (according to Chapter III of the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, where the requirements and procedures for assuming the administration, operation and maintenance of sanitation systems are regulated). During the project reception procedure by AyA, the Developer must comply in all its extremes with Article 12 of the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; to date there is no request filed by the person in charge of the El Cacao residential complex to transfer the sanitation works to AyA. Thus, consequently, it is the responsibility of the Developer to provide maintenance to the PTAR El Cacao collection and treatment system. It is also the Developer's responsibility to ensure that the systems are operated optimally and to comply with the sanitary orders issued by the Ministry of Health, which, in turn, is responsible for ensuring their mandatory nature, complying as it is incumbent upon it according to the Ley General de Salud. Finally, it must be indicated that compliance with legal, technical and operational requirements that allow AyA to receive wastewater sanitation systems becomes necessary. These requirements must be met by the private party, so that the Institute can provide the required services efficiently, and not by accepting systems that become a burden and an additional need for investment of public funds (whose cost should have been borne by whoever developed the construction project). RECOMMENDATIONS • Request the Municipality of Santa Cruz to clean the PTAR El Cacao facilities, by suctioning all the wastewater that is ponded at the site, through a collection service via an authorized company, avoiding the discharge of raw water into the Río Campero. • Request the Municipality of Santa Cruz to eliminate the blockage and repair the damaged section of sanitary pipe, in its capacity as contracting party of the company responsible for the damage. CONCLUSIONS • The sanitary infrastructure in the El Cacao project has not been formally handed over following the procedure indicated for this purpose. • There is no record of a formal request by the interested parties (developer) for AyA to initiate the process to assume this sanitary system, in compliance with the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de AyA. • Forcing AyA to assume the system under current conditions goes against the law and represents a mechanism that would exempt the Developer from making the required investment. This would imply charging the State through public funds for carrying out the works that the Developer should have guaranteed were built from the origin of the project. • An apparent disregard by the infrastructure operators is evident, as there are records from years ago documenting the operational problems and the discharge of apparently raw water into the river. • The sanitation infrastructure is on private property and is currently not being operated, and does not even have operating technicians. • It is necessary to clarify that both the PTAR and the system for collecting and disposing of treated water in the effluent must be in good operational condition for the eventual start-up and reception process to materialize. • It was not possible to contact those in charge of the PTAR for entry and a detailed assessment of its components. For that reason, a thorough and real diagnosis of the current state of the works is not available. • Forcing the investment of public resources to correct deficiencies in infrastructure that must be designed, built and operated in compliance with regulations would represent an easy and questionable way for some developers not to comply with their fundamental and regulated obligations. • The Municipality of Santa Cruz must take responsibility for the damage caused to the sanitary sewer system in the section that discharges to the Río Campero, to the PTAR and to the environment, as a result of the pipe blockage, which has caused the stagnation and flooding of the PTAR El Cacao. • Regarding the request that "these wastes" be transferred to the PTAR in Barrio Las Maravillas in Santa Cruz; science and technique indicate that there are conditions that do not allow this request, which consists of transferring the waste 2 kilometers away to another PTAR. Firstly, the elevation levels of both terrains and their respective slope are unknown, which would imply a topographical study of the area; secondly, an independent design is required to allow conveying said wastewater to the new PTAR; thirdly, the capacity of the Barrio las Maravillas Treatment Plant, both in collection and treatment, should be evaluated; fourthly, this investment would need to be assumed by the Developer and owner of the current PTAR El Cacao, being more onerous than rehabilitating and correcting the proper functioning of the current facilities (...)" (see report).
Facts related to the Municipality of Santa Cruz:
"(...) Analysis: The residents of Residencial Nuevo El Cacao repeatedly report to municipal authorities the fetid odor emanating from the treatment plant of the Nuevo El Cacao residential complex and the discharge of dark, soapy, bad-smelling waters into the Quebrada Campero, given that there is evidence of the residents' complaint of February 21 that the treatment plant was not operating and to date this situation has not been corrected. It is presumed that the wastewater discharged into the Quebrada Campero is not receiving the proper treatment, which therefore becomes a threat to the receiving water body and to the health of the residents, who state that the bad odors give them headaches, nausea and prevent them from consuming their food normally as well as falling asleep. Likewise, in three field visits made to the site both in October 2021 and in February of this year, bad odors were perceived at the plant and at the discharge point, as well as a dark coloration and a foamy/soapy appearance was observed in said effluent. On the other hand, it is unknown whether the aforementioned treatment system has received follow-up from the Ministry of Health as indicated in the Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales No. 39887-S-MINAE in article 27 or if it complies with the requirements stipulated by AyA that are set forth in article 28 of said regulation (...) Therefore, the Ministry of Health as well as AyA, according to regulations, are key actors to summon for the best resolution of the public health problem and contamination of the waters of the creek that arises from the deficient operation or lack thereof of the Wastewater Treatment System of Residencial Nuevo El Cacao. Therefore, it is essential that both institutions converge in a summons by the municipal administration on an urgent basis to ascertain what procedure they will follow to address the indicated problem with the required immediacy (...) 8. Recommendations: • Urgently request accountability from the Ministry of Health and AyA for the best resolution of the problem of affectation to public health and contamination of the Quebrada Campero watercourse represented by the deficient operation or lack thereof of the Nuevo El Cacao Residential Treatment Plant. • Analyze the relevance of making a unilateral modification to the current contract 2021LA-000015-0021000001 described for the OPERATION AND MAINTENANCE OF THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF THE MECHANIZED SANITARY LANDFILL OF THE SANTA CRUZ ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY PARK with the aim of resolving in the short term and for a defined period the public health problem and contamination of the Quebrada Campero watercourse (...)" (see evidence).
"(...) 6. Analysis: The residents of Residencial Nuevo El Cacao repeatedly report to municipal authorities the fetid odor emanating from a sewer within the Nuevo El Cacao residential complex and the discharge of dark, soapy, bad-smelling waters into the Quebrada Campero, for which the environmental protection department appears at the reported site, direction 200 meters east of the main entrance to this residential complex, where a sewer could be observed from which soapy waters emerge, which emit a bad odor and generate contamination within this residential complex. In addition, this department visits the treatment plant of the housing project, which at the time is in operation, and a review of the discharge site located in the Quebrada Campero is carried out, where the discharge of wastewater and soapy waters flowing with a bad odor to the channel of this creek could be observed, causing contamination to this spring.
Based on all of the foregoing, this Department has already issued reports resulting in a complaint filed before the environmental prosecutor's office by the Ministry of Health. 7. Recommendations: According to the aforementioned, this Department recommends: 1- Sending this report to the Ministry of Health, so that it may be contributed to the corresponding judicial file. 2- It is suggested that the Ministry of Health forward this report to AyA so that they, in turn, intervene in the sewer system so that the wastewater is directed to the treatment plant and does not flow onto the roadway without any treatment (…)” (see evidence).
“(…) Based on the evaluation carried out at the PTAR Residencial El Cacao, it is possible to issue conclusions about its current state. Regarding the general state of the wastewater treatment plant (PTAR), it is concluded: • The state of conservation of the wastewater treatment plant (PTAR) is not satisfactory; a poor physical state of the tank structure and metallic elements is perceived. In addition, there are essential elements for sludge treatment such as drying beds and digesters; however, they do not have sufficient capacity for the plant's flow rate. • The wastewater treatment plant (PTAR) is not in operation and therefore does not allow the wastewater treatment objective for Residencial El Cacao to be met, a factor that causes deterioration in the receiving water body and impacts on the community. • In the secondary treatment line, the installed capacity of all units (available tank volumes) is satisfactory for the flow rate calculated through the population census, but not for the flow rate used in design according to the calculation report; it should be noted that the sedimentators have a very short sedimentation length and therefore fine solids are passing into the effluent. • The sludge generated in the secondary sedimentator accumulates over time, and to avoid the reduction of its useful volume, purging to the drying beds (which are in evident deterioration) is necessary; the implementation of the sludge line in the wastewater treatment plant (PTAR) is important.
Regarding the capacity of the treatment units: • In the preliminary treatment line, there is a bar screen box to prevent the passage of coarse solids; however, the bars are not adequate, the bar spacing is very wide, and they are corroded. It does not have a drainage tray, so the solids are not drained before being taken to their final disposal. • Aeration in the biological reactor is sufficient; however, there is only one blower operating at more than 90%, a situation that is inadequate in case it fails, as the plant will have to stop operating since there is no backup. It is necessary to have redundancy in the blower unit to avoid this situation and extend its useful life. According to the electromechanical report, the existing blower is functional but requires extensive preventive maintenance. • The secondary sedimentator has an outlet channel with a toothed weir to prevent preferential flow; however, many disturbances are caused at the inlet since the agitation from the aeration tank manages to pass into the sedimentator channel.
The usual shape of a secondary sedimentator is longer than it is wide, in a usual ratio between 3:1 to 5:1, with the objective of providing an adequate distance for the sedimentation of fine particles and preventing their passage into the treated effluent and therefore into the receiving body. A square or very short shape does not allow effective sedimentation and generates a solids carryover problem. • The drying beds do not have the adequate area to drain the sludge that should be treated in the sludge digester. Regarding the electromechanical installation of the wastewater treatment plant (PTAR), it is concluded: • The general state of the pipes is not adequate; most lack labeling; in the wastewater, sludge, and air lines, there are clamps and anchors in poor condition or this element does not exist, which provides instability and flexion to the pipes. • Regarding the aeration system, it is concluded that they meet the oxygen requirements in the wastewater treatment plant (PTAR); however, only one blower is operating, which could generate problems in the future if it fails and there is no backup to guarantee aeration.
Currently, the blower has the capacity to provide the necessary flow rate to supply the organisms in the aeration tank with the oxygen necessary for their normal operation but requires maintenance. • Leaks were detected in the air pipe in each aeration tank and in a secondary sedimentator, causing a loss of pressure and greater agitation than necessary. There should be no disturbances in the sedimentator, so the leak affects the operation of this unit. • Likewise, the plant's pipes are made of PVC and directly exposed to the sun, which can generate significant and even sudden problems. Regarding the discharge into the receiving body of effluents that do not meet discharge limits, it is concluded: • As shown in Table 7, the values of the mandatory analysis parameters in the effluent are well above the permitted limit established in the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, which can generate social, environmental, and legal problems. • The discharge of wastewater that does not meet the parameters established in the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales can cause serious environmental damage, affecting aquatic biodiversity and causing eutrophication.
Furthermore, it compromises public health by contaminating nearby water sources and damaging recreational and economic activities. These discharges significantly alter ecosystems and present serious risks to both the environment and the human communities that depend on these water resources. Specifically, the following is recommended: • Improvement of the bar screen box and installation of a screen with a drainage tray. • Construction of an upper slab in aeration tank 1. • Conditioning of the sludge digester into a sludge thickener. • Installation of a 22 m³ plastic tank for the sludge digester. • Expansion of secondary sedimentator 1. • Demolition of drying beds 1. • Construction of 3 drying bed units. • Preventive maintenance of the current blower. • Installation of a new rotary vane blower and required piping. • Review and replacement of PVC pipe with HG pipe in sites exposed to the sun. • General remodeling of the mechanical installation, painting, and equipment.
To conclude this evaluation, the steps to follow in seeking to resume effective operation and maintenance of the wastewater treatment plant (PTAR) and thus generate a treated effluent that meets the discharge limits established by the Ministry of Health, it is urged to apply the suggested recommendations, carry out the proposed improvements, provide adequate operation and regular maintenance at the plant, carry out operational reports, sampling, and measurements of mandatory parameters (DBO, DQO, SST, GyA, etc.), within the times required according to national regulations (…)” (see evidence).
“(…) By means of this communication, it is reported that, in the El Cacao Paving project, the presence of waters of unknown origin has been identified at coordinates 10°17'07.3"N 85°34'12.4"W. Although no break was observed in the sanitary pipe, said waters emit an unpleasant odor and appear to be contaminating the soil, particularly in the area excavated for the installation of a Catch Basin for Stormwater (Caja de Registro para Aguas Pluviales). It should be noted that, parallel to this excavation, there is a sanitary pipe that apparently comes from Residencial El Cacao Nuevo, located at coordinates 10°17'20.2"N 85°34'07.5"W. It is presumed that the waters in question could originate from the treatment plant of said residential complex. Given this situation, this department expresses its concern from an environmental point of view. We are aware that this matter is registered under file No. 23-000013-1791-PE. For this reason, the Mayor's Office is requested to explore the possibility of coordinating a meeting with Ms. Annia Melina Rodríguez Garro, Auxiliary Prosecutor of the Adjunta Ambiental Prosecutor's Office, in order to analyze the case and define the actions to follow. We appreciate your prompt attention to this request and we await your confirmation (…)” (see evidence).
“(…) in relation to the El Cacao Paving Project, the presence of waters of unknown origin has been identified at coordinates (…) Although no break was observed in the sanitary pipe, said waters emit an unpleasant odor and appear to be contaminating the soil, particularly in the area excavated for the installation of a catch basin for stormwater (caja de registro para aguas pluviales) and other identified areas. (…) parallel to this excavation, there is a sanitary pipe that apparently comes from Residencial El Cacao Nuevo, located at coordinates (…) It is presumed that the waters in question could originate from the treatment plant of said residential complex. Given this situation, this department expresses its concern from an environmental point of view and requests (…) Schedule a joint inspection on Monday, April 13 (…) Prepare a detailed report (…)” (see evidence).
“(…) the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial) instructed the contractor company, awardee of Public Tender No. 2021LN-000002-0021000001, corresponding to the work \"Contracting of delivery according to demand for Public Works, Road Maintenance and Improvement in Santa Cruz\", to implement the following actions: • Suspension of work in the section between PK 0+200 (bridge over stream) and PK 1+025 (pipe discharge), due to the possible filtration of water from the treatment plant, detected in the excavations near PK 0+200. • Continuation of work only in the sections between PK 0+000 to PK 0+200 and PK 1+025 to PK 1+350, which are not compromised by the described situation. • A joint inspection is coordinated with representatives of the Ministry of Health for Monday, April 7 at 1:30 p.m., in order to verify, through technical tests, if the water source indeed corresponds to the wastewater treatment system. Therefore, this information is forwarded so that, in your capacity as municipal inspector, you verify what was agreed upon and its respective compliance (…)” (see evidence).
“(…) • A site review of the Residencial El Cacao Nuevo Treatment Plant is carried out. • The previously described treatment plant is heard to be in operation. • Overflowing water is observed around the infrastructure of the treatment plant, it is not as abundant as the video sent by the complainant (See image 1 and photograph 1 in annexes). • A tour was conducted along 250m in the direction of the Quebrada Campero-New El Cacao Sports Field on the gravel road that the Municipality of Santa Cruz intervened for road improvement and placement of pavement structure (See photographs 2 and 3 in annexes). • On the section of road where works have been suspended since the 7th of April (Official Letter DDUR-DGV-ING-13-M-2025), no machinery was observed present, nor works in progress; however, a water outcrop and a discharge were observed at two different points. (See table 1) • A review is carried out of the treatment plant's discharge site into the Quebrada Campero, and it is determined that the discharge is constant, the water has a dark coloration that differs from the water present in the stream bed and emits a very strong fetid odor. (See photographs 5 and 6 in annexes)”.
In the section called “Analysis”, the following was expressly recorded: “(…) during the morning hours of April 17, the officials (…) carried out a review of the conditions of the El Nuevo Cacao Treatment Plant and the adjacent section of road where the Municipality of Santa Cruz has installed stormwater drainage for the subsequent placement of pavement structure. On the previously described section of road, the existing sanitary sewer pipe was not intervened; excavations were only made to install the stormwater drainage; given that upon making the first excavation for the placement of the stormwater drainage, an outcrop of greenish-colored water with a wastewater odor occurred, the project was halted by instruction of the official Eng. Mary Paz Castillo Rodríguez (…) on the 7th of the current month. Likewise, a review was carried out of the discharge point from the treatment plant into the Quebrada Campero, it was determined that the discharge is constant, with a dark coloration of the waters that differs from the coloration present in the stream bed and a strong fetid odor.
This last point has been brought to the attention of the health authorities and discussed in sessions of the Inter-institutional Wastewater Commission (Comisión Interinstitucional de Aguas Residuales); judicial authorities have even been approached, whose file is held by the Ministry of Health, and a cause for follow-up and accumulation of reports detailing the existing contamination problem in the Quebrada Campero as a result of the Non-Operation or Poor Operation of the Treatment Plant of Residencial El Nuevo Cacao has been pursued. Recommendations: That the Mayor's Office request the environmental prosecutor's office to order the immediate intervention of the owners of this treatment plant in order to guarantee its correct and functional operation, as well as to guarantee the perfect condition of the sanitary sewer network that channels the wastewater from said treatment plant under public road and towards the discharge site in Quebrada Campero, in compliance with technical sanitary standards, so as to completely eliminate contamination towards the Quebrada Campero, comply with Article 50 of the Political Constitution (…) and guarantee that the Municipality of Santa Cruz can continue with the project for laying asphalt pavement and stormwater systems, according to Public Tender (…) in the El Cacao site, Santa Cruz district (…)” (see evidence).
“(…) AGREEMENT: It was evidenced that untreated wastewater is being discharged into the channel of the Campero River, a situation confirmed through the “Diagnostic Report of the Wastewater Treatment Plant of Residencial El Cacao”, promoted by the Municipality of Santa Cruz through administrative contracting and delivered via official letter MDC-PTAST-107SC-2024. This report was delivered to Mr. Olman Alexandre Murillo Azofeifa, representative of Grupo Mutual, on Friday, May 2, 2025, at 2:47 p.m., via email. Furthermore, reference was made to this situation in official letter DDUR-DGV-ING-24-M-2025, issued by the Department of the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial). During the virtual meeting held with representatives of Grupo Mutual, concern was reiterated about the poor condition of the treatment plant, as detailed in the diagnosis. Likewise, it was indicated that the pipe responsible for transporting water from the plant to the Quebrada Campero could be damaged.
As a result, it was agreed that Grupo Mutual will present a remedial plan to address this situation no later than June 3, 2025 (…)”. Likewise, in said document, it was recorded: “(…) Regarding the operation of the plant, the following is noted: • Grupo Mutual indicates that it is placed on record that the operation of the Wastewater Treatment Plant (PTAR) is the direct responsibility of the Developer. Furthermore, it is noted that the property on which said infrastructure is located is held under a trust (fideicomiso) in the name of Banco Improsa, an entity with which the pertinent coordination has been carried out to date. • The Municipality of Santa Cruz and the Ministry of Health have conducted this first formal approach with Grupo Mutual, with the objective of exploring possible collaboration mechanisms, given the Developer's lack of response to the previously undertaken efforts. This effort responds to the need to address a situation of sanitary and environmental importance. • In this context, Grupo Mutual, within the framework of its commitment to corporate social responsibility, and also considering the absence of response from the Developer to the efforts undertaken by this same entity, reports that it is currently following up on the matter.
Furthermore, it is in the process of preparing a technical proposal that will be presented for evaluation and eventual approval by the competent authorities. • It should be noted that Mr. Ramón Prado Monterrey was summoned to the meeting, but he was absent from the session (…)” Ramón Prado Monterrey was summoned representing the company Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. (see evidence).
“(…) It is reported that various institutions have been contacted, such as AyA, the Ministry of Health, and the Prosecutor's Office, as well as an initial approach having been managed with Grupo Mutual, because the developer, responsible for the operation of the Wastewater Treatment Plant (PTAR), has not responded to the efforts made. The property where the plant is located is under a trust (fideicomiso) in the name of Banco Improsa. The Municipality of Santa Cruz and the Ministry of Health coordinate with Grupo Mutual with the aim of finding inter-institutional solutions to this environmental situation. It is recognized that this situation constitutes a technical unforeseeability (imprevisibilidad técnica), since at the time of starting the project, it was not known that there was wastewater transiting through the public street or of possible damage to the conveyance systems. Continuing with the execution under these conditions would have entailed a high risk of contamination of the road structure and an inefficient use of public resources, due to the eventual need to remove the asphalt layer to carry out repairs.
Before the suspension, drainage structures such as pipes, manholes, and catch basins were partially installed. However, these installations could be compromised if the problem is not addressed in time. It is indicated that the project resources are available only until June 31, 2025, which will allow completion of works in the unaffected sections, but not on the remaining 825 meters. Grupo Mutual will present its remedial plan by June, which makes it impossible to meet the execution deadlines for the rest of the project. By virtue of the foregoing, the following is agreed: 1. A change control in the project is not approved that would allow executing dust mitigation works on the suspended section (PK 0+200 to PK 1+025), in order to preserve the existing drainage systems and prevent loose material from being washed into the already installed pipes. 2. It is agreed to incorporate the inclusion of the corresponding amount in the upcoming municipal budgets, once the sanitary situation is resolved, with the objective of replenishing the resources invested in dust mitigation and completing the project paving.
Furthermore, to establish that the remaining 825 meters must be budgeted anew, once new resources are enabled, which is anticipated to occur between October and December 2025, when the extraordinary budgets are approved by the Contraloría General de la República. 3. Continue with the inter-institutional follow-up on the environmental situation presented at Residencial El Cacao, in coordination with the institutions involved, until a definitive solution is achieved (…)” (see report and evidence).
“(…) Ms. Villalobos indicates that Grupo Mutual sent the draft resource administration contract at the end of June for review and approval, in order to proceed with signing and begin the respective contracting process. To date, this contract has not been signed, as Mr. Walter indicated, and Grupo Mutual is awaiting this approval for its signature in order to start the phased remedial plan process: First: Get the treatment plant working. Second: Diagnosis. There is no clarity on the blockage and what is happening in order to size the magnitude of the works. Mr. Villalobos indicates that it is indeed as seen with BANHVI, which addresses first the most urgent part, which is the plant, and then starts the diagnosis stage. Mr. Murillo indicates that this is the line of work. Eng.
Castillo asks whether a schedule will be prepared to set the municipality's expectation regarding the timeframe in which you will be completing these actions. Ms. Sibaja indicates that once BANHVI approves the contract and it is signed, the dates can be detailed. For the first stage, if time estimates are available, a schedule with specific dates can be created, because everything depends on the signing of the contract; this will be the start of the process. It is important to present these time estimates. Once the signature is obtained, the execution timeline can be indicated. Mr. Warren Chavarría, director of the Santa Cruz health governing body (área rectora de salud), indicates that this meeting was held 2 months ago and basically the same thing was said. The Ministry of Health and the Municipality are the ones who have the Community bearing down on them. He indicates that he understands the issue of processes that may take a certain amount of time and that often it does not depend on them.
However, he emphasizes the need to provide an urgent response to this matter. He indicates that, if there is any way that they, as the Ministry of Health, can help to accelerate this process, since this problem has existed for 4 years and no progress is seen despite more meetings. What is sought is to see what can be helped with, or if nothing can be helped with, at least to have the certainty that this is in process and is really going to start. The pressure is being received by both the Municipality and by us at the Ministry of Health, and practically every day emails and complaints are received on the subject, and he requests that Grupo Mutual and BANHVI be empathetic with this situation since executing a solution to the issue is not in our hands as such. Engineer Castillo indicates that even though they are subject to someone else's signature, in a work schedule (cronograma de trabajo) the dates can also be estimated, and if they are not met, it is understood that BANHVI has not made the respective approvals, but that it is indeed in process.
Something real is needed in order to attend the meetings and not come to say the same thing again. This is affecting the Municipality since it cannot inform the Community and cannot carry out any type of action. In the previous meeting, activities were agreed upon that were going to last one day, that were to be done in the same week or within a certain timeframe, and they were not carried out. She indicates that this is very serious, since something is said that has really not been done or that will not be carried out, and the Municipality conveys it to the Community. And even suffer the embarrassment that the president of the Republic came and we told him that the actions agreed upon in the previous session, which was recorded, would be carried out, and that to this date there is no schedule, nor anything established or reported. This schedule is requested out of respect for the Municipality, out of respect for the Community, and because of the public health issue.
Engineer Castillo REITERATES that this is not a normal and simple issue being dealt with; it is a delicate issue. It is requested that a schedule be arranged with a range for signing and approval, and that the processes be established so that this is not just smoke and mirrors, and the Municipality knows what processes need to be followed and can inform the municipal mayor's office or the Ministry of Health, and thus know if collaboration or follow-up is possible. Engineer Sánchez indicates that he fully agrees with Engineer Castillo and indicates that it is very important for the Municipality because the Community is requesting physical information on how the process is going, and if there is not even a report, it cannot be indicated that Grupo Mutual is carrying out the action or that BANHVI is in the process of signing. This information is required to be able to support the processes.
Engineer Monge indicates that the essential part he noticed was being avoided is the joint schedule (cronograma en conjunto). The responsible thing to do is to create a joint and simultaneous schedule for the treatment plant and the drainage, because the conveyance is an inseparable part of the solution since it is not technically explainable how the plant could be put into operation without having the conveyance from the source. This is concerning, and it is reaffirmed that the Municipality is involved in a project that cannot be continued, because if repairs must be made to the conveyance and the paving project has already been completed, it would damage a project that is in process. The concern is that this could cause the non-execution of the planned project, so it is requested to carry out the entire process as soon as possible, to try to work on the two problems together, the plant and the conveyance, since they are part of the same system.
(…) Mr. Muñoz indicates that the issue of this project or this situation occurring in this housing project is a quite complex issue because here there is indeed direct responsibility of the developer. This is because they failed to do the work that must be done at the plant. This is the presumption that BANHVI has so far, and because of this, the decisions that have had to be made or implemented have been complex. This has been worked on jointly between Grupo Mutual and BANHVI to find a solution. This entailed a deep analysis at the legal and technical levels to have a first product: Signatures of the Problem Resolution. It must be understood that BANHVI must adhere to regulations, legality, and processes. The bank does not want to exempt itself from responsibility; quite the contrary, it is seeking to adhere to regulations to move this situation forward because it is a totally atypical situation.
(…) Ms. Salas indicates that without a work plan, Engineer Castillo is right. Because what is not measured cannot be determined if it is failing and no progress is made. She indicates that this is an important step, however, a works schedule (cronograma de obras) is a bit premature to develop. The idea is to present a work plan with dates for follow-up. This work plan will be renewed, reviewed, and will be adaptive, because it will be adjusted according to the needs that are encountered. She indicates that what Engineer Castillo indicates is important and that the best way to do this is to develop this joint work plan. Ms. Salas will coordinate with the authorized entity so that between it and BANHVI, a draft work plan or action plan is presented as a basis. From this, a meeting can be held of the parties most involved in the process, and not the entire team, like a subcommittee, to define and set dates and so on.
After this, follow-up can be worked on and presented at each of these sessions (…) Engineer Obando indicates that this is an issue in which human rights are being violated; the situation is getting out of all bounds, because these people are exposed to totally unsanitary conditions. This also needs to be exposed. It is understood that everything has its due process and schedule; for example, the Municipality is behind on the project to be executed, but before all that, the human aspect is most important. These work plans and everything to be developed is fine for measuring, only in this way can it be measured, however, always keep that priority in mind. It is clear that there are procedures and formalities that must be followed, but also analyze which procedures can be expedited more to try to shorten the times as much as possible. This is to prevent the community from continuing with this totally unsanitary issue and being exposed to deplorable conditions, exposed to diseases.
It is indicated that the idea at the end of the day is to reach a solution and for it to be provided as soon as possible. (…) Mr. Muñoz also indicates that the types of financing must be defined, since financing to deal with a plant are different from housing financing. Therefore, it must be understood that these types of situations will be accommodated little by little as the process advances. In conclusion, the meeting has the following deliverables: * The resolution signed by general management, which will allow the entity to start the first stage and the diagnosis. No later than 06/08/2025. * Working group to generate a roadmap or work plan with a date range. * Visit to the bank the moment it is required to meet with the community families and explain the relevant matters. * Inspection reports, meetings, or others from Grupo Mutual and BANHVI, to create a file. Engineer Sanchez indicates as a closing that the important points were established and what is necessary is to provide the requested deliverables.
As well as to explain to the Community that the bank is carrying out the actions and also has in perspective that the community is important and work is being done on the solution. All this work is to indicate to the community that the problem will be resolved as a team. It is also indicated that the idea is not to prolong the process and have a weekly meeting for 5 or 6 years, but to resolve it as soon as possible and in the timeframes required (…)” (see evidence).
Facts related to the Ministry of Health (Santa Cruz Health Governing Body):
The petitioner, in her capacity as legal representative of the Asociación de Desarrollo Integral de El Cacao, located in Santa Cruz, Guanacaste, files for amparo. She explains that in said location a residential complex and a treatment plant were built to serve approximately 168 houses. She reports that in April of this year 2025, a serious problem was reported to the Municipality of Santa Cruz, insofar as, due to paving work carried out, black water began to gush from the pipes corresponding to the treatment plant.
She notes that this plant stopped operating for a few days, which caused a blockage that, in turn, produced the overflow of black water and the deposit of fecal fluids in the open air, which generates a foul odor and threatens the health of the community's inhabitants.
She mentions that, although the municipality began actions, the process has been very slow, and the harmful effects of said situation persist as of the date the amparo was filed (since everything remains as on the first day). She adds that the Campero Creek (Quebrada Campero) is increasingly contaminated, as it is where all the waste is deposited.
For all the above, she requests the intervention of this Court so that the black water problem is resolved and the proper functioning of the treatment plant is reestablished. She also requests that the necessary steps be taken so that the waste is transferred to another treatment plant located in Las Maravillas de Santa Cruz.
Now, to begin the study of the merits of this matter, it should be noted that, having reviewed the arguments presented by the petitioner, all the reports submitted by the respondent authorities (Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Municipality of Santa Cruz, and Santa Cruz Health Governing Body), as well as all the evidence brought to the case file, this Constitutional Court has been able to unfailingly consider the following relevant aspects as accredited:
First, that in Santa Cruz de Guanacaste a social interest residential complex called El Cacao was built, which is composed of 170 houses and has an approximate population of 600 people. Furthermore, that the owner of this residential complex is a private legal entity called Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.
Second, that by virtue of this urban development, it was necessary to build a wastewater treatment plant (PTAR) for the management of wastewater. In addition, it is established that the developer and the entity responsible for the construction and operation of said plant is Banco IMPROSA S.A., as fiduciary. It is also on record that the construction of the cited plant was in charge of Construcciones Modulares de Costa Rica S.A., and that said infrastructure is located on a private property belonging to the cited banking entity.
Third, that the permits to build said plant were granted in 2011 by the Ministry of Health and that the construction plans for said infrastructure were approved by ICAA in July 2013.
Fourth, that said plant is operated neither by ICAA nor by an ASADA (nor is it within the coverage area of an ASADA). All the plant's infrastructure is privately owned.
Fifth, that the referred plant has not been delivered to ICAA following the procedure established in the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento (since the requirements indicated for this purpose in the legal system have not been met). The developer has not submitted any application for ICAA to assume the administration of the sanitary system.
Sixth, that since at least 2021, the referred treatment plant has presented a series of problems in its operation, which has generated, among other aspects, the irregular discharge of black water and the generation of foul odors. Even the irregular flow of said raw waters towards the Campero Creek was verified. Furthermore, it is on record that in May 2024, a private company conducted a diagnosis of the plant and found a series of technical deficiencies therein.
Seventh, that in March 2025, due to some paving work carried out by a company contracted by the Municipality of Santa Cruz near the cited residential complex, a rupture occurred in the potable water pipe and the wastewater pipe, which aggravated the referred state of affairs. As a result of this situation, inspections have been carried out by the authorities of ICAA and the respondent municipality. When the events occurred, the respondent municipal authorities conducted an inspection and determined the existence of black water that generated a bad odor and was contaminating the soil, particularly in the area excavated (by the cited company) to install a stormwater catch basin. In addition, on April 17, 2025, the plant's discharge site into the Campero Creek was inspected, and it was determined that “the discharge is constant, the water has a dark coloration that differs from the water present in the channel and it emanates a very strong foul odor”.
On August 18, 2025, ICAA verified that the treatment plant was not operating and was completely abandoned, that the sanitary sewer system presented obstructions in the line that conducts the discharge to the receiving body, the Campero River (Río Campero) (since the construction company covered the damaged pipe with concrete), that this latter situation caused a flooding of raw water at the site of approximately 60 cm above the natural ground level, and that bad and strong odors were perceived.
Eighth, that all three respondent authorities in this amparo, namely, the Municipality of Santa Cruz, the Santa Cruz Health Governing Body, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, have had full knowledge of the situation described above for several months or years. Indeed, it is on record that several complaints have been filed with the municipality and the health governing body. The petitioner, for example, reported the case in April 2025 to the respondent municipal corporation.
Ninth, that the foregoing state of affairs (inadequate operation of the treatment plant, irregular discharge of raw sewage (aguas negras), its stagnation, and direct discharge (vertido en crudo) into a stream (quebrada), as well as the generation of foul odors), unfailingly and indisputably produces a serious problem of environmental contamination and health impacts, primarily for all the hundreds of people who live near the site in question. All these people who live, work, or study near the aforementioned treatment plant, or who pass through the site where said infrastructure is located, are exposed to absolutely and totally unsanitary and deplorable conditions. Moreover, it cannot be overlooked that the Quebrada Campero is also being seriously contaminated, as it is exposed to receiving raw sewage (aguas negras) (untreated or raw).
IV.Having stated the foregoing, it is necessary to examine the actions of the respondent authorities in the face of the aforementioned contamination problem.
A. Regarding the Municipality of Santa Cruz (Municipalidad de Santa Cruz), it is held that said authorities have been aware of the problem under study since 2021 (by virtue of a first complaint filed regarding foul odors emanating from the treatment plant) and that, despite the several years that have passed to date, they have not carried out clear and forceful actions aimed at solving it definitively. Note that, according to the section of proven facts in this amparo, as a result of that complaint, only the issuance of a report in October 2021 (where the verification of the facts is recorded) and the sending of a series of recommendations, which are unknown whether or not they were addressed, is on record. This same situation (complaint and intervention by the municipality) was repeated in March 2022 and June 2023; however, in both cases again, only the completion of an inspection (which confirmed the foul odors and discharge of raw sewage into a stream) and the sending of recommendations were credited, the compliance with which was also not credited in this amparo.
Now, regarding the events of March of this year (discharge of raw sewage resulting from work carried out by a company paving the streets), it is on record that the authorities of the municipality's Department of Road Management (Departamento de Gestión Vial) certainly issued, in April 2025, a large number of official letters to other public bodies within that same corporation and outside of it, aimed at holding meetings, issuing criteria, conducting tests, performing inspections, etc. However, in the report and evidence provided to this Chamber, no reference was made to the results of these latter steps. Additionally, the performance of an on-site inspection on April 17, 2025, was demonstrated, where the environmental problem under study was verified, and the recommendation was made solely to request the intervention of the environmental prosecutor's office (fiscalía ambiental), but not to carry out any other urgent action (on the part of the municipality itself) in order to guarantee and protect the health of the community's inhabitants and avoid the serious situation of contamination that persisted at that time (and continues to date).
Subsequently, it was determined that, in May, July, and August 2025, the municipality has limited itself solely to holding meetings and working sessions with officials of the same corporation, other public bodies, and representatives of both Grupo Mutual and BANHVI, in order to seek a solution to the problem in question. However, the truth is that said working groups have not resulted in any forceful action that has alleviated the negative effects of the treatment plant's operation already noted.
Thus, for this Constitutional Chamber (Sala Constitucional), there is no doubt that the authorities of the respondent municipality have incurred in serious omissions that have contributed to the health and environmental problem under study (detected approximately since 2021) persisting to date.
B. Regarding the Santa Cruz Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Santa Cruz) of the Ministry of Health (Ministerio de Salud), it is held that these authorities have been aware of the problem under study since 2022, and that since then, they also conducted site inspections and, upon verifying the reported facts, issued several sanitary orders (órdenes sanitarias), mainly to the owner of the treatment plant (representative of Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.) and to Banco IMPROSA S.A. (as trustee of the project), both private legal entities. Likewise, it was demonstrated that, given the non-compliance with such measures, the case was finally decided to be referred that same year of 2022 to the Environmental Prosecutor's Office. Similarly, it was reported that the case was referred to the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo). After this, it is only on record that in April 2023, the respondent health governing area recommended making a "request for support" to fulfill a requirement formulated by the Deputy Agrarian Environmental Prosecutor's Office (Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental); however, it was neither reported nor demonstrated whether this latter action was carried out.
It is also on record that more than a year after having carried out this last cited action, specifically, in May 2023, said health governing area limited itself to sending an official letter to the Comprehensive Development Association of El Cacao (Asociación de Desarrollo Integral de El Cacao), in which it indicated that the administrative route had been exhausted and that, as a solution had not been found by those responsible, the case had been referred to the judicial route (Environmental Prosecutor's Office).
Likewise, it was demonstrated that one year later, in March 2024, said health governing area issued a sanitary order to the Municipality of Santa Cruz (so that it would take "(…) the necessary measures or actions as well as a diagnosis, characterization, and evaluation of the wastewater treatment system of the Residencial Nuevo El Cacao, in order to verify its operation (…)"). However, it was neither reported nor credited that this latter order received the corresponding follow-up.
Also, it is on record that in March of the previous year, a sanitary order was issued to ICAA, through which they were requested to assume the operation of the wastewater treatment system of Residencial El Cacao, until the criminal proceeding was resolved. However, ICAA, through official letter No. GSP-RCHO-2024-01377 of May 2024, recorded the reasons why it was not possible to assume or comply with what was ordered. Faced with this last situation, the health governing area requested a criterion on how to proceed regarding the response provided by ICAA, but this Chamber was not informed of what happened after this last issuance and what was finally resolved in this regard.
In addition to the foregoing, it was demonstrated that a new order was likewise issued in 2024 to Banco IMPROSA S.A., which was again not complied with, as recorded in a report from August of that same year.
Similarly, according to what was reported, said authorities have requested the cited Environmental Prosecutor's Office to issue precautionary measures in the face of the described problem. However, in the report, it was not explained what said judicial body has ordered or resolved in this regard.
Thus, it is held, therefore, that for practically one year (since August 2024), the Ministry of Health has not issued any measure or executed any specific and forceful action aimed at addressing the serious contamination problem credited in this amparo proceeding. All this, despite these authorities, as stated, having full knowledge that said situation persists to date and that it has even worsened with the events that occurred in March of this year, resulting from the work carried out by a company contracted by the respondent municipality.
At this point, it is important to remind the authorities of the Ministry of Health that the fact of having referred the case to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) or to any other body does not relieve or exempt it from continuing to attend to it and provide the corresponding follow-up, through the issuance and execution of all those acts that are pertinent, in accordance, in turn, with the provisions of the General Health Law (Ley General de Salud) and its regulations. In this regard, this jurisdiction, in Decision (Voto) No. 2016-6368 of 09:30 hrs. of May 13, 2016, stated the following:
"(…) V. OF THE AMPARO AGAINST THE MINISTRY OF HEALTH. ON THE MERITS: From the foregoing facts, it emerges that the Ministry of Health, although it acted promptly, issued sanitary orders, and even filed criminal complaints, the truth is that the health problem persists, as its representative indicates in the report rendered under oath. The Chamber does not observe that the Ministry has adopted extraordinary measures, such as the closure of the place, the collaboration of the Public Force for the security of the site, and even, the eventual eviction of the residential complex or any other effective measures. The provision of a public service such as the one in the hands of the Ministry of Health demands an efficiency and diligence perhaps beyond that necessary on the part of other public bodies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, in what concerns its competencies.
The Chamber considers that what was done by the Ministry of Health has been insufficient and violates the fundamental right to health and a healthy environment of the amparo petitioner, therefore, it is appropriate to grant the appeal against it and order that the necessary measures, even radical ones, be arranged, and the pertinent decisions adopted in order to eliminate the existing health problem on the boundary between the Condominio Camino de Luna, the Río Liberia, and the Residencial El Río, within a term of two months, from the notification of the judgment. (…)" (The emphasis is not part of the original).
Likewise, in Judgment (Sentencia) No. 2022-10613 of 09:40 hrs. of May 13, 2022, this Chamber stated:
"(…) IV.- ON THE SPECIFIC CASE.- After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies that there has been a violation of fundamental rights by the respondent authorities. This is because, in the report rendered by the representative of said authority – which is taken as given under oath with the consequences, even criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly credited that on August 16, 2021, the respondent received the complaint filed by the appellant against his neighbors for the discharge of wastewater (aguas servidas) onto his property by the reported neighbors. On August 27, 2021, the Environmental Manager of the Alajuela 1 Health Governing Area (Área Rectora de Salud Alajuela 1) conducted an inspection visit to the site, in which the health authority determined the discharge of rainwater and wastewater (aguas residuales) (raw sewage (negras) and servidas) towards the amparo petitioner's property, causing foul odors, risk of proliferation of insects and rodents that can affect the health of the people inhabiting the dwelling.
On September 3, 2021, the respondent issued and notified sanitary order No. 0188 in which José Arístides Morera Jiménez was ordered to proceed to correct the problem found, and within two months to sanitarily and adequately dispose of the rainwater, wastewater, and raw sewage that are not properly channeled in the dwelling on his property. On November 10, 2021, the respondent conducted a verification visit of compliance with the referred sanitary order, verifying that the rainwater and wastewater continued discharging towards the protected party's property, thus confirming non-compliance with what was ordered. By official letter MS-DRRSCN-DARSA1-3001-2021, the respondent referred a complaint to the Deputy Prosecutor's Office of Alajuela (Fiscalía Adjunta de Alajuela), against José Arístides Morera Jiménez for the crime of disobedience to authority, without a resolution having been issued to date.
On December 9, 2021, the appellant filed a complaint against Mr. Aiut Avalos and indicates that the respondent conducts his rainwater and wastewater (servidas) towards his property, thus requesting that the neighbor channel those waters adequately. On January 6, 2022, the respondent conducted an inspection visit and despite no one being at the respondent's property, it was verified that the rainwater and wastewater are directed to the amparo petitioner's property, therefore sanitary order 0030 was drawn up ordering Mr. Aiut Avalos to sanitarily and adequately dispose of the rainwater not channeled in his dwelling, however, it has not been possible to notify, as the persons are not found at the location.
Thus, this Chamber considers that, although the respondent argues that it has carried out actions aimed at resolving the situation afflicting the protected party, the truth is that despite this, it has not managed to resolve it definitively, since the mere filing of a criminal complaint for non-compliance with a sanitary order and the excuse that they have not been able to notify the other sanitary order, are not sufficient for this Chamber, taking into account that there is a verified serious problem of rainwater and wastewater incorrectly managed, all of which flow towards the appellant's property, due to the lack of drainage works by the neighbors, causing him serious flooding and contamination problems for a long time and it is not resolved. Note that the Ministry of Health has broad powers to act in accordance with the General Health Law and the corresponding Regulations, as the governing body in charge of health surveillance and control, such as: special sanitary measures for housing eviction (Article 1, subsection c of the Regulations), declaration of uninhabitability, demolition, as well as fines, since it is clear that in accordance with the General Health Law, Articles 39 and 286, it is the duty of every owner and person in charge of movable and immovable property to avoid nuisances and damage to health as well as sources of contamination or infection, and they must carry out drainage works, and even in case of refusal, the administration must do them at the expense of the defaulting party, all while safeguarding due process. Therefore, it is appropriate to declare the appeal granted, with the consequences that will be indicated in the operative part (…)" (The emphasis is not part of the original).
More recently, in Decision (Voto) No. 2025-583 of 09:20 hrs. of January 10, 2025, this constitutional body stated:
"(…) Regarding the Ministry of Health. Although, from the reports rendered and the evidence in the case file, it is credited that the respondent authorities of the Ministry of Health - Puntarenas – Chacarita Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Puntarenas – Chacarita) -, have carried out steps in order to comply with the orders that this Tribunal gave at the time, as seen in the proven facts of this judgment, and that, given the non-compliance with sanitary order 0112-REG-2024 by the Municipality of Puntarenas (Municipalidad de Puntarenas), on December 4, 2024, a criminal complaint was filed against the Municipality of Puntarenas, for the alleged Crime of Disobedience to Authority before the Deputy Prosecutor's Office of the Public Prosecutor's Office in Puntarenas (Fiscalía Adjunta del Ministerio Público en Puntarenas); however, the truth of the matter is that, for this Chamber, its duty has been insufficient, as said ministry demands observance, as well as guaranteeing the protection of the population's health and the environment (…)" (The emphasis is not part of the original).
Under this panorama, it is clear that the respondent authorities of the Ministry of Health have also been remiss in addressing the serious environmental situation facing the community of El Cacao de Santa Cruz de Guanacaste.
C. Finally, regarding the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ICAA), it has been reported and credited from the evidence provided that the treatment plant belongs to a private legal entity and that it has not been delivered to ICAA following the procedure established in the Regulation for Approval and Reception of Sanitation Systems (Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento) (as the requirements indicated for this purpose have not been met). It was asserted that the developer has not submitted any request for ICAA to assume the administration of the sanitary system and that, since the plant is privately owned, "its operation, maintenance, and compliance with sanitary orders are the exclusive responsibility of the developer." It was also demonstrated that in March 2024, the Ministry of Health issued ICAA a sanitary order to assume the operation of the aforementioned plant, which, however, was not addressed, by virtue of the reasoning set forth in technical report No. GSP-RCHO-2024-01377 of May 9, 2024. Both in said report and in the report rendered to this Chamber, ICAA clearly explained the following:
"(…) The Sanitary infrastructure in the El Cacao project that presents operational problems has not been formally delivered following the procedure indicated for this purpose. - There is no record of a formal request by the interested parties (Developer) for AyA to initiate the process to assume this Sanitary System, in compliance with AyA's Regulation for Approval and Reception of Sanitation Systems. – The sanitary order directed to AyA to assume the system under current conditions represents a mechanism that would exempt the developer from making the required investment. This would imply that the State is burdened, through public funds, with carrying out the works that the developer should have guaranteed to be built at the genesis of the project. (…) It is necessary to clarify that both the PTAR, as well as the collection and effluent disposal system must be in good operational condition for the eventual start-up and reception process to materialize.
- Forcing, through sanitary orders, the investment of public resources to correct deficiencies in infrastructure that must be designed, built, and operated in compliance with regulations, would represent an easy and questionable way for certain developers not to fulfill their fundamental and regulated obligations (…)" (The emphasis is not part of the original).
After this last action, the only record is an inspection carried out by ICAA at the site under study on August 18, 2025 (due to the filing of this amparo), through which the alleged facts were verified, it was reiterated that the operation and maintenance of the plant is not the responsibility of said institute for the reasons stated above, and a series of recommendations were sent directly to the respondent municipality.
Now, it should be noted that, although this Constitutional Chamber is aware of and understands the objective reasons explained by ICAA authorities for not assuming, with public funds, the problem that is the responsibility of a private legal entity, the truth is that, on the other hand, this state of affairs should not and cannot exempt it from collaborating with the rest of the respondent authorities in order to find a solution to the credited environmental and health problem. Given the seriousness of the demonstrated facts and, mainly, given the impact being caused by the malfunctioning of the treatment plant, this Constitutional Tribunal considers that ICAA must intervene (by virtue of the clear and ample knowledge it possesses in the matter) and execute the coordination instances that are pertinent both with the Municipality of Santa Cruz and with the Santa Cruz Health Governing Area to achieve, jointly, finding a response and addressing the situation under study.
Although, as stated, ICAA is not compelled to assume the plant's operation or invest public funds in it, it can collaborate and coordinate with the rest of the cited public bodies in the terms indicated. However, this latter work is conspicuously absent in the present matter, as ICAA limited itself to issuing report No. GSP-RCHO-2024-01377 and not providing any other type of collaboration or alternative solution; all this, to the detriment of the affected population.
* It is evident that the situation described above generates a clear violation of the fundamental rights not only of the appellant, but also of the other residents of the aforementioned human settlement, since this situation has been known since 2021 and has not been definitively resolved, with the aggravating factor that this entails not only damage to the environment, but to public health itself.
As explained, despite the efforts carried out mainly by the respondent municipality and the Santa Cruz Health Governing Area, efficient and effective inter-institutional collaboration has not materialized in order to determine how to solve the problem in question. Nor was it demonstrated that ICAA authorities have intervened and contributed to finding a solution to said state of affairs.
For this Tribunal, there is scant joint action among the respondents, as they have not managed to definitively solve the environmental contamination problem, to the detriment of public health. By virtue of the foregoing, it is considered meritorious to declare the appeal granted, for violation of Articles 21 and 50 of the Constitution (Constitución Política), in the terms that will be stated in the operative part of this judgment.
In environmental matters, it is also the undersigned's criterion that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution falls to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Constitution), as is the case here, in which despite a complaint for environmental contamination having been filed, it has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.
The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE (POR TANTO):
The appeal is declared granted. Jorge Arturo Alfaro Orias, in his capacity as Mayor (Alcalde), and Didier Monge Jiménez, in his capacity as Coordinator of the Department of Road Management, both of the Municipality of Santa Cruz de Guanacaste, Warren Chavarría Venegas, in his capacity as Director of the Santa Cruz Health Governing Area of the Ministry of Health in Santa Cruz de Guanacaste, and Rafael Alberto Barboza Topping, in his capacity as Deputy Manager of Delegated Systems Management (Subgerente de Gestión Sistemas Delegados) of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever occupies said positions in their place, are ordered to IMMEDIATELY, upon notification of this judgment, in a joint and coordinated manner, arrange whatever is necessary to temporarily ensure that there are no health impacts for the people residing in the Residencial de Interés Social El Cacao, while a definitive solution to the problem that is the subject of this proceeding is provided.
Likewise, said authorities are ordered to coordinate among themselves as necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, a definitive solution to the credited environmental and health problem is provided. All the foregoing, according to the terms indicated in this judgment. The respondent authorities are warned that, if they fail to comply with the said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished.
The Municipality of Santa Cruz de Guanacaste, the State, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ileana Sánchez N.
Fernando Enrique Lara G.
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Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
AGUAS.
Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
ALCANTARILLADO. INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
ALCANTARILLADO.
030948-25. SERVICIOS PÚBLICOS. MUNICIPALIDAD. AMBIENTE. SE CUESTIONA EL PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS QUE HAY, POR LA FALTA DE OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN UN PROYECTO RESIDENCIAL. SE ORDENA A LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUANACASTE, AL ÁREA RECTORA DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, QUE DE FORMA INMEDIATA, DE MANERA CONJUNTA Y COORDINADA, DISPONGAN LO NECESARIO PARA ASEGURAR TEMPORALMENTE QUE NO HAYAN AFECTACIONES A LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL RESIDENCIAL DE INTERÉS SOCIAL EL CACAO, MIENTRAS SE DA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROBLEMA OBJETO DEL PRESENTE PROCESO. ASIMISMO, SE LES ORDENA A DICHAS AUTORIDADES QUE COORDINEN ENTRE SÍ LO NECESARIO, GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES, SE BRINDE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DE SALUBRIDAD ACREDITADA.
TODO LO ANTERIOR, SEGÚN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTA SENTENCIA. VCG10/2025 “(…) III.- CASO CONCRETO. La recurrente, en su condición de representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral de El Cacao, ubicado en Santa Cruz, Guanacaste, acude en amparo. Explica que en dicho sitio se construyó un residencial y una planta de tratamiento, para dar servicio a alrededor de 168 casas. Refiere que en abril de este año 2025 se denunció ante la Municipalidad de Santa Cruz un grave problema, en el tanto, con motivo de trabajos de pavimentación realizados, empezaron a brotar aguas negras de la tubería correspondiente a la planta de tratamiento.
Apunta que esa planta dejó de operar unos días, lo cual ocasionó un bloqueo que, a su vez, produjo el rebalse de las aguas negras y el depósito de fluidos fecales a cielo abierto, lo cual genera un olor fétido y amenaza la salud de los habitantes de la comunidad.
Menciona que, aunque la municipalidad inició gestiones, el proceso ha sido muy lento y los efectos nocivos de dicha situación persisten a la fecha de presentado el amparo (pues todo se mantiene como el primer día). Agrega que la Quebrada Campero está cada día más contaminada, ya que es ahí donde se depositan todos los residuos.
Por todo lo anterior, solicita la intervención de este Tribunal para que se solvente el problema de aguas negras y se reestablezca el funcionamiento adecuado de la planta de tratamiento. También, solicita que se gestione lo necesario para que los desechos sean trasladados a otra planta de tratamiento ubicado en Las Maravillas de Santa Cruz.
Ahora bien, para dar inicio al estudio por el fondo de este asunto, conviene señalar que, revisados los argumentos expuestos por la parte accionante, todos los informes rendidos por las autoridades recurridas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de Santa Cruz y Área Rectora de Salud de Santa Cruz), así como todas las pruebas allegadas a los autos, este Tribunal Constitucional ha podido tener indefectiblemente por acreditado los siguientes aspectos de relevancia:
Primero, que en Santa Cruz de Guanacaste se construyó un conjunto residencial de interés social llamado El Cacao, el cual está compuesto por 170 casas y cuenta con una población aproximada de 600 personas. Además, que, como propietario de ese residencial, aparece un sujeto de derecho privado llamado Construcciones Modulares de Costa Rica S.A..
Segundo, que, en virtud de ese desarrollo urbanístico, fue necesario construir una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para el manejo de aguas residuales. Además, se tiene que el desarrollador y el responsable de la construcción y operación de dicha planta es el Banco IMPROSA S.A., en calidad de fiduciario. Consta también que la construcción de la citada planta estuvo a cargo de Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. y que dicha infraestructura se ubica en una propiedad privada que pertenece a la citada entidad bancaria.
Tercero, que los permisos para construir dicha planta se otorgaron en el año 2011 por parte del Ministerio de Salud y que los planos constructivos de dicha infraestructura los aprobó el ICAA en julio de 2013.
Cuarto, que dicha planta no es operada por el ICAA ni por una ASADA (tampoco está dentro del área de cobertura de una ASADA). Toda la infraestructura de la planta es de propiedad privada.
Quinto, que la referida planta no ha sido entregada al ICAA siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento (pues no se han cumplido los requisitos señalados al efecto en el ordenamiento jurídico). El desarrollador no ha presentado ninguna solicitud para que el ICAA asuma la administración del sistema sanitario.
Sexto, que, desde al menos el año 2021, la referida planta de tratamiento ha presentado una serie de problemas en su funcionamiento, lo cual ha generado, entre otros aspectos, el desfogue irregular de aguas negras y la generación de olores fétidos. Incluso, se constató el discurrir irregular de dichas aguas crudas hacia la Quebrada Campero. Además, consta que en mayo de 2024 una empresa privada realizó un diagnóstico de la planta y halló una serie de deficiencias técnicas en la misma.
Sétimo, que, en marzo de 2025, con motivo de unos trabajos de pavimentación realizados por una empresa contratada por la Municipalidad de Santa Cruz cerca del citado residencial, se dio una ruptura de la tubería de agua potable y de la tubería de aguas residuales, lo cual agravó el referido estado de cosas. Producto de esta situación se han realizado inspecciones por las autoridades del ICAA y del municipio recurrido. Cuando se dieron los hechos, las autoridades municipales recurridas realizaron inspección y determinaron la existencia de aguas negras que generaban mal olor y estaban contaminado el suelo, en particular, en el área excavada (por la citada empresa) para instalar una caja de registro de aguas pluviales. Además, el 17 de abril de 2025 se inspeccionó el sitio de desfogue de la planta en la Quebrada Campero y se determinó que “el vertido es constante, el agua tiene una coloración oscura que se diferencia del agua presente en el cauce y emana un olor fétido muy fuerte”.
El pasado 18 agosto de 2025, el ICAA constató que la planta de tratamiento no se encontraba operando y estaba totalmente abandonada, que el alcantarillado sanitario presentaba obstrucciones en la línea que conduce el vertido al cuerpo receptor Rio Campero (pues la empresa constructora tapó con concreto la tubería dañada), que esto último produjo que se presentara una inundación de aguas crudas en el sitio de aproximadamente 60 cm sobre el nivel del terreno natural y que se percibían malos y fuertes olores.
Octavo, que de la situación supra descrita tienen pleno conocimiento, desde hace varios meses o años, las tres autoridades recurridas en este amparo, sea, la Municipalidad de Santa Cruz, el Área Rectora de Salud de Santa Cruz y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Incluso, consta que ante el municipio y el área rectora de salud se han formulado varias denuncias. La recurrente, por ejemplo, denunció el caso en abril de 2025 ante la corporación municipal recurrida.
Noveno, que el estado de cosas anterior (inadecuado funcionamiento de la planta de tratamiento, desfogue irregular de aguas negras, estancamiento de las mismas y vertido en crudo a quebrada, así como la generación de malos olores), indefectible e indiscutiblemente produce un grave problema de contaminación ambiental y de afectación a la salud, principalmente, de todas las cientos de personas que habitan cerca del sitio en cuestión. Todas estas personas que habitan, trabajan o estudian cerca de la citada planta de tratamiento o bien, que transitan por el sitio donde se ubica dicha infraestructura, están expuestas a condiciones absoluta y totalmente insalubres y deplorables. Además, no puede perderse de vista que la Quebrada Campero, también está siendo gravemente contaminada, pues se ve expuesta a recibir aguas negras (sin tratar o crudas).
IV.Dicho lo anterior, resulta menester examinar la actuación de las autoridades recurridas frente al referido problema de contaminación.
A. En cuanto a la Municipalidad de Santa Cruz, se tiene que dichas autoridades conocen del problema bajo estudio desde el año 2021 (en virtud de una primera denuncia formulada por malos olores expedidos de la planta de tratamiento) y que, a pesar de los varios años trascurridos hasta la fecha, no han llevado a cabo acciones claras y contundentes tendentes a solventarlo de forma definitiva. Nótese que, según el apartado de hechos probados de este amparo, con motivo de esa denuncia, solamente consta la emisión de un informe en octubre de 2021 (donde se consigna la comprobación de los hechos) y el giro de una serie de recomendaciones, las cuales se desconoce si fueron o no atendidas. Esta misma situación (denuncia e intervención del municipio), se repitió en marzo de 2022 y junio de 2023; sin embargo, en ambos casos nuevamente, solamente se acreditó la realización de una inspección (que acreditó los malos olores y descarga de aguas negras a quebrada) y el giro de recomendaciones, cuyo cumplimiento tampoco no se acreditó en este amparo.
Ahora, con motivo de lo ocurrido en marzo de este año (desfogue de aguas negras producto de los trabajos realizados por empresa que pavimentaba las calles), consta que las autoridades del Departamento de Gestión Vial del municipio ciertamente, en abril de 2025, emitieron una gran cantidad de oficios a otras instancias públicas dentro de esa misma corporación y fuera de esta, tendentes a entablar reuniones, emitirse criterios, realizar pruebas, efectuar inspecciones, etc. Sin embargo, en el informe y pruebas aportadas a esta Sala, no se hizo referencia al resultado de estas últimas gestiones. Adicionalmente, se demostró la realización de una inspección en el sitio el 17 de abril de 2025, donde se constata el problema ambiental bajo estudio y se emite la recomendación únicamente de solicitar la intervención de la fiscalía ambiental, mas no de llevar a cabo alguna otra actuación urgente (de parte propiamente del municipio) en aras de garantizar y proteger la salud de los habitantes de la comunidad y evitar la grave situación de contaminación que persistía en ese momento (y que continúa a la fecha).
Posteriormente, se determinó que, en mayo, julio y agosto de 2025, el municipio se ha limitado únicamente a realizar reuniones y sesiones de trabajo con funcionarios de la misma corporación, de otras instancias públicas y de representantes tanto del Grupo Mutual y del BANHVI, en aras de buscar una solución al problema en cuestión. Sin embargo, lo cierto es que dichas mesas de trabajo no han dado como resultado ninguna contundente actuación que haya paliado los efectos negativos de la operación de la planta de tratamiento ya apuntados.
Así las cosas, para esta Sala Constitucional no cabe duda que las autoridades del municipio recurrido han incurrido en graves omisiones que han coadyuvado a que el problema sanitario y ambiental bajo estudio (detectado aproximadamente desde el año 2021) se mantenga a la fecha.
B. En lo que respecta al Área Rectora de Salud de Santa Cruz del Ministerio de Salud, se tiene que estas autoridades, desde el año 2022, conocen del problema bajo estudio y que, desde entonces también, realizaron inspecciones en el sitio y, al constatar los hechos denunciados, dictaron varias órdenes sanitarias, principalmente, al propietario de la planta de tratamiento (representante de Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.) y al Banco IMPROSA S.A. (en calidad de fiduciario de la obra) ambos sujetos de derecho privado. Asimismo, se demostró que, ante el incumplimiento de tales medidas, el caso se decidió finalmente enviar en ese mismo año 2022 a la Fiscalía Ambiental. Igualmente, se informó que el caso fue remitido al Tribunal Ambiental Administrativo. Luego de esto, únicamente consta que en abril de 2023 el área rectora de salud recurrida recomendó realizar una “solicitud de apoyo”, para cumplir un requerimiento formulado por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental; sin embargo, no se informó ni demostró si esta última actuación se llevó a cabo.
Consta también que más de un año después de haberse realizado esta última actuación citada, concretamente, en mayo de 2023, dicha área rectora de salud se limitó a girar un oficio a la Asociación de Desarrollo Integral de El Cacao, en el cual indicó que la vía administrativa se había agotado y que, al no haberse encontrado una solución por parte de los encargados, el caso se había remitido a la vía judicial (Fiscalía Ambiental).
Igualmente, se demostró que un año después, en marzo de 2024, dicha área rectora de salud giró una orden sanitaria a la Municipalidad de Santa Cruz (a efecto que tomara “(…) las medidas o acciones necesarias así como un diagnóstico, caracterización y evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales del Residencial Nuevo El Cacao, con el fin de verificar su funcionamiento (…)”. Sin embargo, no se informó ni acreditó que a esta última orden se le haya brindado el seguimiento correspondiente.
También, consta que en marzo del año anterior se emitió una orden sanitaria al ICAA, mediante la cual se les solicitó asumir el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del Residencial El Cacao, hasta que se resolviera el proceso penal. No obstante, el ICAA, mediante oficio No. GSP-RCHO-2024-01377 de mayo de 2024, consignó los motivos por los cuales no resultaba posible asumir o cumplir lo ordenado. Ante esta última situación, el área rectora solicitó un criterio sobre cómo proceder respeto a la respuesta brindada por el ICAA, pero no se informó a esta Sala qué ocurrió luego de emitido este último y qué se resolvió finalmente al respecto.
En adición a lo anterior, se demostró que igualmente se giró en el año 2024 una nueva orden al Banco IMPROSA S.A., la cual nuevamente no fue cumplida, según consta en informe de agosto de ese mismo año.
Igualmente, según se informó, dichas autoridades han solicitado a la Fiscalía Ambiental citada el giro de medidas cautelares ante el problema descrito. Sin embargo, en el informe, no se explicó qué ha dispuesto o resuelto al respecto dicho órgano judicial.
De esta manera, se tiene, entonces, que, desde hace un año prácticamente (agosto de 2024), el Ministerio de Salud no ha dictado ninguna medida o ejecutado alguna actuación concreta y contundente tendente a hacer frente al grave problema de contaminación acreditado en este proceso de amparo. Todo esto, pese a que estas autoridades, como se dijo, tienen pleno conocimiento que dicha situación persiste a la fecha y que, incluso, se ha agravado con los hechos acaecidos en marzo de este año, producto de los trabajos realizados por una empresa contratada por el municipio recurrido.
En este punto, es importante recordarles a las autoridades del Ministerio de Salud, que el hecho de haber elevado el caso ante el Ministerio Público o ante alguna otra instancia, no lo releva o exime de continuar atendiéndolo y darle el seguimiento que corresponda, a través del dictado y ejecución de todos aquellos actos que resulten pertinentes, conforme, a su vez, lo estipulado en la Ley General de Salud y su reglamento. En ese particular, esta jurisdicción, en el Voto No. 2016-6368 de las 09:30 hrs. de 13 de mayo de 2016, señaló lo siguiente:
“(…) V. DEL AMPARO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD. SOBRE EL FONDO: De los hechos anteriores se desprende que el Ministerio de Salud, si bien actuó oportunamente, emitió las órdenes sanitarias e incluso presentó denuncias penales, lo cierto es que el problema sanitario subsiste, como lo indica su representante en el informe rendido bajo juramento. No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para la seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias.
La Sala considera que lo actuado por el Ministerio de Salud ha sido insuficiente y viola el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano de la amparada, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente en la colindancia entre el Condominio Camino de Luna, el Río Liberia y el Residencial El Río, dentro de un término de dos meses, a partir de la notificación de la sentencia. (…)” (El destacado no forma parte del original).
Asimismo, en la Sentencia No. 2022-10613 de las 09:40 hrs. de 13 de mayo de 2022, esta Sala señaló:
“(…) IV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO.- Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que ha existido la violación a los derechos fundamentales por parte de las autoridades recurridas. Lo anterior, porque en el informe rendido por parte del representante de dicha autoridad -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 16 de agosto del 2021, el recurrido recibió la denuncia interpuesta por el recurrente, en contra de sus vecinos por la descarga de aguas servidas hacia su propiedad por parte de los vecinos denunciados. El 27 de agosto del 2021, la Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud Alajuela 1, realizó visita de inspección al sitio, en que la autoridad sanitaria determinó la descarga de aguas pluviales y residuales (negras y servidas) hacia la propiedad del amparado, ocasionando malos olores, riesgo de proliferación de insectos y roedores que pueden afectar la salud las personas que habitan la vivienda.
El 03 de setiembre del 2021, el recurrido giró y notificó orden sanitaria N° 0188 en que se le ordenó a José Arístides Morera Jiménez, proceder a corregir la problemática encontrada, y en el plazo de dos meses disponer sanitaria y adecuadamente las aguas pluviales, residuales y negras que no están encausadas adecuadamente en la vivienda de su propiedad. El 10 de noviembre del 2021, el recurrido realizó una visita de verificación del cumplimiento de la orden sanitaria referida, comprobando que las aguas pluviales y residuales seguían descargando hacia la propiedad del tutelado, por lo que se constató el incumpliendo lo ordenado. Por oficio MS-DRRSCN-DARSA1-3001-2021, el recurrido remitió denuncia a la Fiscalía Adjunta de Alajuela, contra de José Arístides Morera Jiménez por el delito de desobediencia a la autoridad, sin que a la fecha se haya emitido resolución al respecto. El 09 de diciembre del 2021, el recurrente presentó denuncia contra el señor Aiut Avalos e indica que el denunciado conduce sus aguas pluviales y residuales (servidas) hacia su propiedad, por lo que pidió solicitar al vecino que encause esas aguas de forma adecuada.
El 06 de enero del 2022, el recurrido efectuó la visita de inspección y a pesar de que no había nadie en la propiedad del denunciado, se comprobó que las aguas pluviales y servidas son dirigidas a la propiedad del amparado, por lo que se confeccionó la orden sanitaria 0030 ordenando al señor Aiut Avalos, disponer sanitaria y adecuadamente las aguas pluviales que no están encausadas en su vivienda, empero, no se ha podido notificar, ya que no se encuentra a las personas en el lugar.
Así las cosas, esta Sala estima que si bien el recurrido argumenta que ha efectuado acciones tendientes a la resolución de la situación que aqueja al tutelado, lo cierto es que a pesar de ello, no ha logrado resolverlo de manera definitiva, pues la simple interposición de una denuncia penal por incumplimiento de una orden sanitaria y la excusa de que no han podido notificar la otra orden sanitaria, no resulta suficiente para esta Sala, tomando en cuenta que hay un problema serio comprobado de aguas llovidas y residuales incorrectamente manejadas, que discurren todas hacia la propiedad del recurrente, por falta de obras de drenaje por parte de los vecinos, lo que le ocasionan problemas serios de inundación y contaminación desde hace mucho tiempo y no se soluciona. Nótese que el Ministerio de Salud tiene amplias potestades para actuar de conformidad con la Ley General de Salud y el Reglamento correspondiente, como ente rector encargado de la vigilancia y control de la salud, tales como: las medidas sanitarias especiales de desalojo de vivienda (artículo 1 inciso c del Reglamento), declaratoria de inhabitabilidad, demolición, así como las multas, ya que es claro que de conformidad con la Ley General de Salud artículos 39 y 286 es deber de todo propietario y encargado de muebles e inmuebles evitar molestias y daños a la salud así como focos de contaminación o infección debiendo efectuar obras de drenaje e incluso en caso de renuencia hacerlas la administración a costa del omiso, todo resguardando el debido proceso. De modo que lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias, que se indicaran en la parte dispositiva (…)” (El destacado no forma parte del original).
Más recientemente, en el Voto No. 2025-583 de las 09:20 hrs. de 10 de enero de 2025, este órgano constitucional señaló:
“(…) Sobre el Ministerio de Salud. Si bien, de los informes rendidos y de la prueba que consta en autos, se acredita que las autoridades accionadas del Ministerio de Salud -Área Rectora de Salud de Puntarenas – Chacarita-, han realizado gestiones a fin de cumplir con las ordenes que en su momento dio este Tribunal, tal como se aprecian en los hechos probados de esta sentencia, y que, ante el incumplimiento de la orden sanitaria 0112-REG-2024 por parte de la Municipalidad de Puntarenas, el 4 de diciembre del 2024, se interpuso denuncia penal contra la Municipalidad de Puntarenas, por el presunto Delito de Desobediencia a la Autoridad ante la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público en Puntarenas; sin embargo, lo cierto del caso es que, para esta Sala su deber ha sido insuficiente, pues dicho ministerio demanda la observancia, así como, el garantizar la protección de la salud de la población y del medioambiente (…)” (El destacado no forma parte del original).
Bajo dicho panorama, resulta claro que las autoridades recurridas del Ministerio de Salud también han sido omisas en atender la grave situación ambiental que afronta la comunidad de El Cacao de Santa Cruz de Guanacaste.
C. Finalmente, en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha informado y se ha acreditado a partir de las pruebas allegadas, que la planta de tratamiento pertenece a un sujeto de derecho privado y que no ha sido entregada al ICAA siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento (pues no se han cumplido los requisitos señalados al efecto). Se aseveró que el desarrollador no ha presentado ninguna solicitud para que el ICAA asuma la administración del sistema sanitario y que, al ser la planta de propiedad privada, “su operación, mantenimiento y cumplimiento de las órdenes sanitarias son responsabilidad exclusiva del desarrollador”. También se demostró que en marzo de 2024 el Ministerio de Salud giró al ICAA una orden sanitaria para asumir el funcionamiento de la referida planta, la cual, sin embargo, no fue atendida, en virtud de los razonamientos expuestos informe técnico No. GSP-RCHO-2024-01377 de 9 de mayo de 2024. Tanto en dicho informe como en el informe rendido a esta Sala, el ICAA explicó claramente lo siguiente:
“(…) La Infraestructura sanitaria en el proyecto del Cacao que presenta problemas operativos no ha sido entregada formalmente siguiendo el procedimiento indicado para este fin. - No se registra una solicitud formal por parte de los interesados (Desarrollador) para que AYA inicie el proceso para asumir este sistema Sanitario, en apego del Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de AyA. – La orden sanitaria que se dirige a AyA para que asuma el sistema en las condiciones actuales, representa un mecanismo que eximiría al desarrollador para realizar la inversión requerida. Esto implicaría que se cargue al Estado que mediante fondos públicos se realicen las obras que el desarrollador debería haber garantizado que se construyeran en la génesis del proyecto. (…)Es necesario aclarar que tanto la PTAR, como el sistema de recolección y disposición del efluente deben encontrarse en buen estado operativo para que el eventual proceso de puesta en marcha y recepción se concrete.
- Forzar mediante órdenes sanitarias la inversión de recursos públicos para subsanar falencias en infraestructura que debe ser diseñada, construida y operada en apego a la normativa, representaría una vía fácil y cuestionable, para que ciertos desarrolladores no cumplan con sus obligaciones fundamentales y normadas (…)” (El destacado no forma parte del original).
Posterior a esta última actuación, únicamente consta una inspección realizada por el ICAA al sitio bajo estudio el pasado 18 de agosto de 2025 (con motivo de la interposición de este amparo), mediante la cual se constaron los hechos aducidos, se reiteró que la operación y mantenimiento de la planta no es competencia de dicho instituto por los motivos arriba señalados y se giraron una serie de recomendaciones directamente al municipio recurrido.
Ahora, cabe señalar que si bien esta Sala Constitucional es consciente y comprende los motivos objetivos explicados por las autoridades del ICAA para no asumir con fondos públicos el problema responsabilidad de un sujeto de derecho privado, lo cierto es que, de otra parte, este estado de cosas no lo debe ni puede eximir de colaborar con el resto de autoridades recurridas en aras de hallar una solución al problema ambiental y de salubridad acreditado. Ante la gravedad de los hechos demostrados y, principalmente, ante la afectación que está produciendo el mal funcionamiento de la planta de tratamiento, este Tribunal Constitucional considera que el ICAA sí debe intervenir (en virtud del claro y amplio conocimiento que posee en la materia) y ejecutar las instancias de coordinación que sean pertinentes tanto con la Municipalidad de Santa Cruz y con el Área Rectora de Salud de Santa Cruz para lograr, en consuno, hallar una respuesta y hacer frente a la situación bajo estudio.
Si bien, como se dijo, el ICAA no se encuentra compelido a asumir el funcionamiento de la planta ni invertir fondos públicos en esta, sí puede colaborar y coordinar con el resto de instancias públicas citadas en los términos señalados. Sin embargo, esta última labor se echa de menos en el presente asunto, pues el ICAA se limitó a emitir el informe No. GSP-RCHO-2024-01377 y no brindar ningún otro tipo de colaboración o solución alterna; todo esto, en perjuicio de la población afectada.
* Es evidente que la situación descrita supra, genera una clara vulneración a los derechos fundamentales no solo de la recurrente, sino también de los demás vecinos del referido asentamiento humano, pues desde el 2021 se tiene conocimiento de tal situación y no se ha solucionado de manera definitiva, con el agravante que ello conlleva no sólo un daño al medio ambiente, sino para la propia salud pública.
Como se explicó, a pesar de las labores que han realizado principalmente el ayuntamiento recurrido y el Área Rectora de Salud de Santa Cruz, no se ha concretado una colaboración interinstitucional eficiente y eficaz, a fin de lograr determinar cómo solventar el problema en cuestión. Tampoco, se demostró que las autoridades del ICAA hayan intervenido y coadyuvado en hallar una solución a dicho estado de cosas.
Para este Tribunal existe una escasa actuación conjunta entre los recurridos, pues no han logrado solucionar en definitiva el problema de contaminación ambiental, en detrimento de la salud pública. En virtud de lo anterior, se considera de mérito declarar con lugar el recurso, por violación a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, en los términos que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. (...)" ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que pese a que se presentó una denuncia por contaminación ambiental esta no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VCG10/2025 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintiseis de setiembre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
La recurrente, en su condición de Presidenta de la ADI de El Cacao de Santa Cruz de Guanacaste, aduce que los vecinos del residencial ubicado en dicha zona sufren un grave problema de contaminación y de afectación a la salud, debido a que la planta de tratamiento de aguas residuales no funciona adecuadamente. Acusa que dicha problemática se agravó a raíz de unos trabajos de pavimentación contratados por el municipio de la localidad que produjeron un discurrir irregular y estancamiento de aguas negras a cielo abierto, que generan un olor fétido. Asimismo, alega que dichas aguas sin tratar se depositan directamente en la Quebrada Campero.
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
Hechos generales:
Hechos relacionados con el ICAA:
“(…) I. Resumen ejecutivo El Conjunto Residencial de Interés Social El Cacao corresponde a un proyecto habitacional de bien social de 170 unidades, localizado en la provincia de Guanacaste, Cantón Santa Cruz y Distrito Santa Cruz. Su sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales es administrado y operado por su desarrollador, una figura de derecho privado, mientras que el sistema de agua potable es administrado por esta Institución. Según indica la orden sanitaria N° MS-RCH-ARS-SC-ERS-OS-037-2024 de fecha 18 de marzo del 2024, por falencias en operación de la infraestructura de recolección y tratamiento de aguas residuales (casi en estado de abandono), el Área Rectora del Ministerio de Salud solicitó a AyA realizar las acciones necesarias con el fin de asumir el funcionamiento y operatividad del sistema de tratamiento. Lo anterior hasta que se resuelva el caso del expediente N° 23-000013- 1791-PE, lo cual constituye una decisión fundamentada en la Ley Constitutiva del AYA.
Se realizaron las inspecciones al sistema de saneamiento El Cacao y de las mismas se constató que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) no se encontraba operando y que el alcantarillado sanitario no presentaba obstrucciones en la red del residencial; la PTAR tampoco contaba con el medidor eléctrico de los servicios públicos y, por ende, se encontraba apagada, con descarga directa de aguas crudas al Río Campero (es decir, aguas sin tratamiento). El proyecto cuenta con planos aprobados por parte de AYA desde el año 2013, con sistema de agua potable instalado, operando y administrado por este Instituto; no así el sistema de recolección y tratamiento, de administración privada. A la fecha el Desarrollador no ha tramitado ante el AyA la entrega y traspaso para administración del servicio, según procede con base en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de AyA.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se encuentra en la mejor disposición de recibir, operar y mantener el sistema de saneamiento de El Cacao, siempre y cuando el desarrollador realice las gestiones pertinentes según el reglamento antes mencionado (…) V. Conclusiones - La Infraestructura sanitaria en el proyecto del Cacao que presenta problemas operativos no ha sido entregada formalmente siguiendo el procedimiento indicado para este fin. - No se registra una solicitud formal por parte de los interesados (Desarrollador) para que AYA inicie el proceso para asumir este sistema Sanitario, en apego del Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de AyA. - La orden sanitaria que se dirige a AyA para que asuma el sistema en las condiciones actuales, representa un mecanismo que eximiría al desarrollador para realizar la inversión requerida. Esto implicaría que se cargue al Estado que mediante fondos públicos se realicen las obras que el desarrollador debería haber garantizado que se construyeran en la génesis del proyecto. - Se evidencia un aparente desacato por parte de los operadores de la infraestructura, pues ya hay antecedentes de años atrás documentando los problemas operativos y por descarga de agua aparentemente cruda al río. - La infraestructura de saneamiento está en propiedad privada y en la actualidad no es objeto de operación, ni siquiera cuenta con medidor eléctrico o técnicos de operación. - El personal de AyA no logró ingresar dentro de la PTAR y, por ende, no se tiene un diagnóstico detallado de sus componentes.
Es necesario aclarar que tanto la PTAR, como el sistema de recolección y disposición del efluente deben encontrarse en buen estado operativo para que el eventual proceso de puesta en marcha y recepción se concrete. - El suscrito intentó en dos oportunidades contactar a los encargados de la PTAR para ingresar y hacer una valoración detallada de sus componentes (18 y 19 de marzo de 2024), pero no fue posible obtener la autorización. Por esa razón, no se tiene un diagnóstico minucioso y real del estado presente de las obras ni una cuantificación monetaria de las labores que podrían requerirse para su normalización. - Forzar mediante ordenes sanitarias la inversión de recursos públicos para subsanar falencias en infraestructura que debe ser diseñada, construida y operada en apego a la normativa, representaría una vía fácil y cuestionable, para que ciertos desarrolladores no cumplan con sus obligaciones fundamentales y normadas (…)” (ver prueba).
“(…) ANÁLISIS (…) la PTAR no se encontraba operando, el alcantarillado sanitario presentaba obstrucciones en la línea que conduce hacia el vertido al cuerpo receptor; la PTAR se encontraba apagada y en total abandono, con inundación de aguas crudas en el sitio de aproximadamente 60 cm sobre el nivel del terreno natural (…) El sitio es propiedad privada, se encuentra con malla perimetral con protección de alambre de púa y portones cerrados con cadena y candado; no se encontraba personal operativo en el momento de la visita. En la inspección realizada se conversó con tres vecinos de lugar para ubicar a la persona responsable de dar acceso a la PTAR, sin embargo, no fue posible localizarlo. Adicionalmente, los vecinos no tienen certeza con respecto a quien es realmente el responsable de la administración, operación y mantenimiento de la PTAR, ya que según indican, las llaves se encuentran en posesión del Grupo Mutual, esto por cuanto, según ellos, el Banco Improsa ya no es el responsable del proyecto, indican además que el Desarrollador dejó de hacerse cargo de la PTAR hace mucho tiempo y que el Grupo Mutual es quien ha retomado el proyecto.
Los vecinos comentan que antes existía una persona de la comunidad encargada del mantenimiento de la PTAR, sin embargo, ya esta persona no se encuentra a cargo y desconocen si alguien más se encarga actualmente de estas labores. Adicionalmente, se informa por parte de los vecinos que, a pesar de contar con un medidor eléctrico en apariencia funcional, se han desconectado los equipos y no hay certeza de quien tomó la decisión, suponen fue como medida de precaución ante la situación actual de inundación que sufre el lugar. El lugar donde se encuentra la PTAR se ve claramente abandonado y descuidado, sin ningún tipo de mantenimiento, tanto en la infraestructura como en las zonas verdes (…) En el momento de la visita de inspección, la PTAR se encontraba completamente inundada de aguas residuales, aproximadamente 60 cm sobre el nivel del terreno natural, lo que causa malos olores en la zona (…) los tanques de aireación y el tanque sedimentador se encuentran totalmente sumergidos, al igual que las pasarelas y parte los lechos de secado, alcanzando incluso el nivel de piso de la casa de máquinas y bodega (…) Cabe destacar, que durante la inspección también se realizó recorrido hacia el punto de vertido de la PTAR en compañía de algunos vecinos del lugar.
Durante el recorrido los vecinos indicaron los puntos donde la empresa contratada por la municipalidad (encargada del asfaltado) ocasionó unas rupturas, tanto de la tubería de agua potable como la de aguas residuales; se confirma la rotura de la tubería de aguas residuales ya que los mismos vecinos manifestaron con respecto a este tema que la empresa rompió “el tubo de color anaranjado”. La señora Jessica María Chavarría Alvarez, cédula 5-0340-0132, vecina del lugar, indicó que esto sucedió en el mes de marzo durante la ejecución de las obras por parte de la empresa contratada por la Municipalidad y que las aguas que salían eran de muy mal aspecto y olor; además, la señora Chavarría señala que se vio afectada directamente, ya que su vivienda se encuentra casi al frente del daño y que días después la misma empresa que ocasionó el daño “tapó con concreto la tubería dañada”. La misma versión se recibió por parte del señor Víctor Manuel Rosales Pizarro, cédula 5-0163-0844, el cual indica que después de este acontecimiento iniciaron los problemas con la PTAR.
Es importante señalar que, se le consultó a la señora Jessica María Chavarría, si con anterioridad a este acontecimiento ella notó o había percibido en algún momento el brote de estas aguas o malos olores, a lo cual ella contestó que nunca había pasado algo así, y que la duración de su afectación fue durante el tiempo en que el tubo anaranjado estuvo quebrado, ya que una vez que la empresa lo selló con concreto ella no volvió a percibir malos olores. Además, se visitó el cuerpo receptor de las aguas provenientes de la PTAR en cuestión. Se encontró que el punto de vertido está totalmente seco, lo que indica que el alcantarillado se encuentra obstruido previo a este punto, coincidiendo con las versiones de los vecinos de que existe un taponamiento en la red (…) RESULTADOS DE LA INSPECCION • El sistema de recolección (alcantarillado sanitario) se encuentra obstruido en el tramo de descarga al Río Campero. • No se obtuvo ingreso a la PTAR; no obstante, se constata que la misma no está siendo operada, en el sitio no había presencia del operador o vigilancia de los equipos. • La PTAR no cuenta con mantenimiento de la infraestructura ni de zonas verdes. • La PTAR no está en operación, los equipos se encuentran apagados, los sistemas de tratamiento de la PTAR (tanto en su proceso primario como secundario) están en abandono e inundados de aguas residuales. • No se tuvo acceso a la bitácora de la operación de la PTAR. • Se constata que se han llevado a cabo obras de preparación de la calzada, así como la colocación de tuberías de aguas pluviales, construcción de tragantes y pozos de aguas pluviales.
El sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales del Conjunto Residencial de Interés Social El Cacao no es administrado ni pertenece a AyA, razón por la cual su operación y mantenimiento no son competencia del Instituto; en caso de que existiera afectación a la salud, la misma no sería derivada de ningún acto que sea competencia o responsabilidad de AyA, sino que es propia del Desarrollador, tal y como lo establece la legislación actual. Es importante señalar que la PTAR del Residencial de Interés Social El Cacao, no ha sido recibida en administración por parte de AyA y por lo tanto su operación y mantenimiento corresponde a sus propietarios. La entrega de las obras al Instituto es un acto propio a voluntad del Desarrollador, quien debe presentar una solicitud formal de deseo de entregar la PTAR una vez que cumpla con los requisitos del Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de AyA, para que el Instituto verifique su cumplimiento y pueda recibir, operar y mantener la PTAR.
La Ley General de Administración Pública, en su Artículo 66, señala con claridad que las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables intransmisibles e imprescriptibles a partir de esa disposición y en complemento a lo que expresa. La Ley General de Salud, en sus Artículos del 285 al 292, indica que existe un deber ineludible de parte del Ministerio de Salud, por atender de forma directa y obligar al Desarrollador a corregir de forma inmediata el problema ocasionado por la incorrecta disposición de las aguas residuales, situación que está generando problemas de salud que afectan a la comunidad aledaña al proyecto. En este sentido, AyA NO está obligado a resolver el problema técnico que presenta la operación de PTAR, puesto que la Institución no puede absorber infraestructuras privadas de forma antojadiza sin respetar los debidos procedimientos para recepción de obras y operación (según el Capítulo III del Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, donde se regulan los requisitos y procedimientos para asumir la administración, operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento).
Durante el procedimiento de recepción del proyecto por AyA, el Desarrollador deberá cumplir en todos sus extremos el Artículo 12 del Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; hasta el momento no existe ninguna solicitud planteada por el encargado del residencial El Cacao para traspasar las obras de saneamiento a AyA. Así las cosas, en consecuencia, resulta responsabilidad del Desarrollador dar el mantenimiento al sistema de recolección y tratamiento de la PTAR El Cacao. Es responsabilidad del Desarrollador también el procurar porque los sistemas se operen de manera óptima y acatar las órdenes sanitarias que emite el Ministerio de Salud, que, a su vez, es el responsable de velar por su obligatoriedad, cumpliendo tal y como le compete según la Ley General de Salud. Finalmente, debe indicarse que se vuelve necesario el cumplimiento de requisitos de índole legal, técnico y operativo que permitan al AyA recibir sistemas de saneamiento de aguas residuales.
Esos requisitos deberán ser cumplidos por el particular, con el propósito de que el Instituto pueda brindar los servicios que requiere, de manera eficiente, y no aceptando sistemas que se conviertan en una carga y una necesidad adicional de inversión de fondos públicos (cuyo costo debió asumir quien desarrolló el proyecto constructivo). RECOMENDACIONES • Solicitar a la Municipalidad de Santa Cruz realizar la limpieza de las instalaciones de la PTAR El Cacao, mediante succión de toda el agua residual que se encuentra empozada en el sitio, a través del servicio de recolección mediante una empresa autorizada, evitando la descarga del agua cruda al Río Campero. • Solicitar a la Municipalidad de Santa Cruz la eliminación del taponamiento y reparación del tramo de tubería sanitaria dañada, en calidad de contratante de la empresa responsable del daño CONCLUSIONES • La infraestructura sanitaria en el proyecto del Cacao no ha sido entregada formalmente siguiendo el procedimiento indicado para este fin. • No se registra una solicitud formal por parte de los interesados (desarrollador) para que AyA inicie el proceso para asumir este sistema sanitario, en apego del Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de AyA. • Obligar a que AyA asuma el sistema en las condiciones actuales, va contrario a la ley y representa un mecanismo que eximiría al Desarrollador de realizar la inversión requerida.
Esto implicaría que se cargue al Estado mediante fondos públicos el realizar las obras que el Desarrollador debería haber garantizado que se construyeran desde el origen del proyecto. • Se evidencia un aparente desacato por parte de los operadores de la infraestructura, pues ya hay antecedentes de años atrás documentando los problemas operativos y por descarga de agua aparentemente cruda al río. • La infraestructura de saneamiento está en propiedad privada y en la actualidad no es objeto de operación, ni siquiera cuenta con técnicos de operación. • Es necesario aclarar que tanto la PTAR como el sistema de recolección y disposición de aguas tratadas en el efluente deben encontrarse en buen estado operativo para que el eventual proceso de puesta en marcha y recepción se concrete. • No se logró contactar a los encargados de la PTAR para el ingreso y valoración detallada de sus componentes. Por esa razón, no se tiene un diagnóstico minucioso y real del estado presente de las obras. • Forzar la inversión de recursos públicos para subsanar falencias en infraestructura que debe ser diseñada, construida y operada en apego a la normativa, representaría una vía fácil y cuestionable, para que algunos desarrolladores no cumplan con sus obligaciones fundamentales y normadas. • La Municipalidad de Santa Cruz, debe responsabilizarse por el daño ocasionado al alcantarillado sanitario en el tramo del vertido al Río Campero, a la PTAR y al medio ambiente, producto del taponamiento de la tubería, lo que ha ocasionado el estancamiento y anegación de la PTAR El Cacao. • En cuanto a la petitoria de que “esos residuos” sean trasladados a la PTAR de Barrio Las Maravillas en Santa Cruz; la ciencia y la técnica indican que existen condiciones que no permiten esta petición, que consiste en trasladar los residuos a 2 kilómetros de distancia a otra PTAR.
En primer lugar, se desconocen las cotas de elevación de ambos terrenos y su respectiva pendiente, lo que implicaría un estudio topográfico de la zona; en segundo lugar se requiere de un diseño independiente que permita llevar dichas aguas residuales a la nueva PTAR; en tercer lugar se debería valorar la capacidad de la Planta de Tratamiento del Barrio las Maravillas, tanto en recolección como en tratamiento; en cuarto lugar esta inversión requeriría ser asumida por el Desarrollador y propietario de la actual PTAR El Cacao, siendo más oneroso que rehabilitar y corregir el buen funcionamiento de las instalaciones actuales (…)” (ver informe).
Hechos relacionados con la Municipalidad de Santa Cruz:
“(…) Análisis: Los vecinos del Residencial Nuevo El Cacao denuncian reiteradamente ante las instancias municipales el fétido olor que emana la planta de tratamiento del residencial Nuevo El Cacao y la descarga de aguas oscuras jabonosas y con mal olor hacia la quebrada campero, siendo que hay constancia de la denuncia de los vecinos del 21 de febrero de que la planta de tratamiento se encontraba sin operar y a la fecha esta situación no se ha corregido, se presume que las aguas residuales vertidas a la quebrada Campero no están recibiendo el tratamiento debido por lo cual esto se convierte en una amenaza hacia el cuerpo de agua receptor y hacia la salud de los vecinos quienes manifiestan que los malos olores les producen dolores de cabeza, náuseas y les impiden consumir sus alimentos con normalidad así como conciliar el sueño. Asimismo, en tres visitas de campo realizadas al sitio tanto en octubre del año 2021 como en febrero del corriente se pudo percibir malos olores en la planta y en el punto de desfogue, así como se pudo observar una coloración oscura y un aspecto espumoso/jabonoso en dicho efluente.
Por otra parte, se desconoce si el citado sistema de tratamiento ha recibido el seguimiento por parte del Ministerio de Salud según se indica en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales N.º 39887-S-MINAE en el artículo 27 o si cumple con los requisitos estipulados por el AyA que se plantean en el artículo 28 de dicho reglamento (…) Por tanto, el Ministerio de Salud así como el AyA según normativa son actores clave a citar para el mejor resolver de la problemática de salud pública y contaminación de las aguas de la quebrada que se gesta a partir de la deficiente operación o la falta de la misma del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Residencial Nuevo El Cacao. Por lo cual es fundamental que ambas instituciones converjan en un llamamiento por parte de la administración municipal con carácter de urgencia para conocer cuál será el procedimiento que seguirán para atender la problemática señalada con la inmediatez que se requiere (…) 8.
Recomendaciones: • Solicitar con carácter de urgencia la rendición de cuentas al Ministerio de Salud y al AyA para el mejor resolver de la problemática de afectación a la salud pública y la contaminación del cauce de la quebrada Campero que representa la deficiente operación o la carencia de la misma de la Planta de Tratamiento del Residencial Nuevo El Cacao. • Analizar la pertinencia de realizar una modificación unilateral a la contratación vigente 2021LA-000015-0021000001 descrita para la OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RELLENO SANITARIO MECANIZADO DEL PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL DE SANTA CRUZ con el afán de resolver a corto plazo y por un período definido la problemática salud pública y de contaminación del cauce de la quebrada Campero (…)” (ver prueba).
“(…) 6. Análisis: Los vecinos del Residencial Nuevo El Cacao denuncian reiteradamente ante las instancias municipales el fétido olor que emana una alcantarilla dentro del residencial Nuevo El Cacao y la descarga de aguas oscuras jabonosas y con mal olor hacia la quebrada campero, por lo cual el departamento de protección ambiental se apersona al sitio denunciado, dirección 200 metros este de la entrada principal a este residencial, donde se pudo observar una alcantarilla la cual salen aguas jabonosas las cuales emanan un mal olor y generan una contaminación dentro de este residencial, además este departamento visita la planta de tratamiento del proyecto habitacional, la cual al momento se encuentra en funcionamiento, se realiza revisión del sitio de desfogue ubicado en la quebrada campero, donde se pudo observar el desfogue de aguas residuales y jabonosas que fluyen con mal olor hasta el cauce de esta quebrada. provocando una contaminación a esta naciente.
De todo lo anterior, ya este Departamento ha emitido informes resultando en una denuncia interpuesta ante la fiscalía ambiental por parte del Ministerio de Salud. 7. Recomendaciones: Según lo antes mencionado, este Departamento recomienda: 1- Enviar este informe al Ministerio de Salud, para que sea aportado al expediente judicial correspondiente. 2- Se sugiere al Ministerio de Salud remitir el presente informe al AyA para que estos a su vez intervengan en el sistema de alcantarillado para que las aguas residuales sean dirigidas a la planta de tratamiento y no discurran sobre la calzada sin tratamiento alguno (…)” (ver prueba).
“(…) A partir de la evaluación realizada en PTAR Residencial El Cacao, es posible emitir conclusiones acerca de su estado actual. Respecto al estado general de la PTAR se concluye: • El estado de conservación de la PTAR no es satisfactorio, se percibe mal estado físico de la estructura del tanque y elementos metálicos. Además, existen elementos esenciales para el tratamiento de los lodos como son los lechos de secado y los digestores sin embargo, no poseen la capacidad suficiente para el caudal de la planta. • La PTAR no se encuentra en operación y por ende no permite cumplir con el objetivo de tratamiento de aguas residuales del Residencial El Cacao, factor que provoca deterioro en el cuerpo de agua receptor y afectaciones a la comunidad. • En la línea de tratamiento secundario, la capacidad instalada de todas las unidades (volúmenes de tanques disponibles) es satisfactoria para el caudal calculado por medio del censo poblacional, mas no el caudal utilizado en diseño según la memoria de cálculo; cabe destacar que los sedimentadores tienen una longitud de sedimentación muy corta y por ende están pasando sólidos finos al efluente. • Los lodos generados en el sedimentador secundario se acumulan con el paso del tiempo y para evitar la reducción de su volumen útil, es necesario la purga a los lechos de secado (en evidente deterioro); es importante la implementación de la línea de lodos en la PTAR.
Respecto a la capacidad de las unidades de tratamiento: • En la línea de tratamiento preliminar existe una caja de rejas para evitar el paso de sólidos gruesos, sin embargo, las rejillas no son las adecuadas, la separación de las rejillas es muy amplia y se encuentran corroídas. No cuenta con una bandeja de escurrimiento por lo cual los sólidos no se escurren antes de ser llevados a su disposición final. • La aireación en el reactor biológico es suficiente sin embargo solo se tiene un soplador funcionando a más del 90%, situación que es inadecuada en caso de que este falle, la planta tendrá que parar de funcionar ya que no hay un respaldo. Es necesario contar con duplicidad en la unidad soplante para evitar esta situación y prolongar su vida útil. Según el informe electromecánico el soplador existente es funcional, pero requiere de mantenimiento preventivo amplio. • El sedimentador secundario cuenta con un canal de salida con vertedero dentado para no generar un flujo preferencial; sin embargo, en la entrada se provocan muchas perturbaciones ya que la agitación del tanque de aireación logra pasar hasta el canal del sedimentador.
La forma usual de un sedimentador secundario es más largo que ancho en una relación usual entre 3:1 a 5:1, con el objetivo proveer una distancia adecuada para la sedimentación de las partículas finas y evitar el paso de estas al efluente tratado y por ende al cuerpo receptor. Una forma cuadrada o muy corta no permite la sedimentación efectiva y genera problema de arrastre de sólidos. • Los lechos de secado no tienen el área adecuada para desaguar los lodos que deberían ser tratado en el digestor de lodos. Sobre la instalación electromecánica de la PTAR, se concluye: • El estado general de las tuberías no es adecuado, la mayoría no presenta rotulación, en la línea de agua residual, lodo y aire se encuentran gazas y anclajes en mal estado o no existe este elemento, lo que brinda inestabilidad y flexión a las tuberías. • Respecto al sistema de aireación, se concluye que satisfacen los requerimientos de oxígeno en la PTAR, sin embargo, solo se encuentra operando un soplador, lo cual puede generar problemas a futuro en caso de que este falle y no se tenga un respaldo que permita garantizar la aireación.
Actualmente, el soplador tiene la capacidad para dotar del caudal necesario para proveer a los organismos del tanque de aireación con el oxígeno necesario para su funcionamiento normal pero requiere mantenimiento. • Se detectaron fugas en la tubería de aire en cada tanque de aireación y en un sedimentador secundario por lo cual hay una pérdida de presión y mayor agitación de la necesaria. En el sedimentador no deberían existir perturbaciones por lo que la fuga afecta el funcionamiento de esta unidad. • Del mismo modo, las tuberías de la planta son de PVC y expuestas directamente al Sol lo que puede generar problemas importantes e incluso de manera repentina. Sobre el vertido al cuerpo receptor de efluentes que no cumplen los límites de vertido, se concluye: • Tal y como se muestra en el Cuadro 7, los valores de los parámetros obligatorios de análisis en el efluente, están muy por encima del límite permitido establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales lo cual puede generar problemas sociales, ambientales y legales. • El vertido de aguas residuales que no cumplen con los parámetros establecidos en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales puede causar graves daños ambientales, afectando la biodiversidad acuática y provocando eutrofización.
Además, compromete la salud pública al contaminar fuentes de agua cercanas y dañar actividades recreativas y económicas. Estos vertidos alteran significativamente los ecosistemas y presentan riesgos serios tanto para el medio ambiente como para las comunidades humanas que dependen de esos recursos hídricos. De manera puntual se recomienda lo siguiente: • Mejora de caja de rejas e instalación de rejilla con bandeja de escurrimiento. • Construcción de losa superior en el tanque de aireación 1. • Acondicionamiento del digestor de lodos en un adensador de lodos. • Instalación de tanque plástico de 22 m³ para digestor de lodos. • Ampliación de sedimentador secundario 1. • Demolición de lechos de secado 1. • Construcción de 3 unidades de lecho de secado. • Mantenimiento preventivo del soplador actual. • Instalación de un nuevo soplador de paletas rotativas y tubería requerida. • Revisión y reemplazo de tubería de PVC a tubería HG en sitios expuestos al Sol. • Remodelación general de instalación mecánica, pintura y equipos.
Para finalizar con la presente evaluación, los pasos a seguir en busca de retomar una operación y mantenimiento efectivo de la PTAR y así generar un efluente tratado que cumpla con los límites de vertido establecidos por el Ministerio de Salud, se insta a aplicar las recomendaciones sugeridas, realizar las mejoras propuestas, brindar adecuada operación y mantenimiento regular en la planta, realizar reportes operaciones, toma de muestras y mediciones de parámetros obligatorios (DBO, DQO, SST, GyA, etc), en los tiempos requeridos según la normativa nacional (…)” (ver prueba).
“(…) Por medio de la presente, se informa que, en el proyecto de Pavimentación El Cacao, se ha identificado la presencia de aguas de origen desconocido en las coordenadas 10°17'07.3"N 85°34'12.4"W. A pesar de no observarse una ruptura en la tubería sanitaria, dichas aguas emanan un olor desagradable y parecen estar contaminando el suelo, particularmente en el área excavada para la instalación de una Caja de Registro para Aguas Pluviales. Cabe destacar que, de manera paralela a esta excavación, se encuentra una tubería sanitaria que, al parecer, proviene del Residencial El Cacao Nuevo, ubicado en las coordenadas 10°17'20.2"N 85°34'07.5"W. Se presume que las aguas en cuestión podrían tener su origen en la planta de tratamiento de dicho residencial. Ante esta situación, este departamento manifiesta su preocupación desde el punto de vista ambiental. Se tiene conocimiento de que este asunto está registrado bajo el expediente N.° 23-000013-1791-PE. Por esta razón, se solicita a la Alcaldía Municipal la posibilidad de coordinar una reunión con la Licda. Annia Melina Rodríguez Garro, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Ambiental, a fin de analizar el caso y definir las acciones a seguir. Agradecemos su pronta atención a esta solicitud y quedamos atentos a su confirmación (…)” (ver prueba).
“(…) en relación con el Proyecto de Pavimentación El Cacao, se ha identificado la presencia de aguas de origen desconocido en las coordenadas (…) A pesar de no observarse una ruptura en la tubería sanitarias, dichas aguas emanan un olor desagradable y parecen estará contaminando el suelo, particularmente en el área excavada para la instalación de una caja de registro para aguas pluviales y otras zonas identificadas. (…) paralelamente a esta excavación, se encuentra una tubería sanitaria que, al parecer, proviene del Residencial El Cacao Nuevo, ubicado en las coordenadas (…) Se presume que las aguas en cuestión podrían tener su origen en la planta de tratamiento de dicho residencial. Ante esta situación, este departamento manifiesta su preocupación desde el punto de vista ambiental y solicita (…) Programar una inspección conjunta el lunes 13 de abril (…) Elaborar un informe detallado (…)” (ver prueba).
“(…) la Unidad Técnica de Gestión Vial instruyó a la empresa contratista, adjudicataria de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-0021000001, correspondiente a la obra "Contratación de entrega según demanda para Obra Pública, Mantenimiento y Mejoramiento Vial en Santa Cruz", a implementar las siguientes acciones: • Suspensión de trabajos en el tramo comprendido entre PK 0+200 (puente sobre quebrada) y PK 1+025 (descarga de la tubería), debido a la posible filtración de aguas provenientes de la planta de tratamiento, detectadas en las excavaciones cercanas a PK 0+200. • Continuación de labores únicamente en los tramos entre PK 0+000 a PK 0+200 y PK 1+025 a PK 1+350, los cuales no se ven comprometidos por la situación descrita. • Se coordina una inspección conjunta con personeros del Ministerio de Salud para el lunes 07 de abril a la 1:30 p.m., con el fin de verificar, mediante pruebas técnicas, si el origen del agua corresponde efectivamente al sistema de tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto se remite esta información para que en calidad de inspectora municipal verifique lo acordado y su respectivo cumplimiento (…)” (ver prueba).
“(…) • Se realiza una revisión de sitio Planta de Tratamiento del Residencial El Cacao Nuevo • Se escucha en operación la planta de tratamiento antes descrita • Se observa agua rebalsada alrededor de la infraestructura de la Planta de tratamiento, no es tan abundante como el video que envió la denunciante (Ver imagen 1 y fotografía 1 en anexos). • Se realizó un recorrido a lo largo de 250m en sentido quebrada campero-Plaza de Deportes nueva de El Cacao sobre la calle de lastre que la Municipalidad de Santa Cruz intervino para la mejora del camino y colocación de estructura de pavimento (Ver fotografías 2 y 3 en anexos) • Sobre el tramo de camino en el cual están suspendidas las obras desde el día 7 del mes de abril (Oficio DDUR-DGV-ING-13-M-2025), no se observó maquinaria presente, ni obras en ejecución; no obstante se observó un afloramiento de agua y un vertido en dos puntos distintos. (Ver tabla 1) • Se realiza una revisión del sitio de desfogue de la planta de tratamiento en la quebrada Campero y se determina que el vertido es constante, el agua tiene una coloración oscura que se diferencia del agua presente en el cauce y emana un olor fétido muy fuerte. (Ver fotografías 5 y 6 en anexos)”.
En el apartado llamado “Análisis” se consignó expresamente lo siguiente: “(…) en horas de la mañana del día 17 de abril las funcionarias (…) realizan una revisión de las condiciones de la Planta de Tratamiento El Nuevo Cacao y del tramo adyacente de calle en el cual la Municipalidad de Santa Cruz tiene colocado alcantarillado pluvial para la posterior colocación de estructura de pavimento. En el tramo de camino antes descrito no se ha intervenido la tubería de alcantarillado sanitario existente, únicamente se realizaron excavaciones para colocar el alcantarillado pluvial; siendo que al realizar la primera excavación para colocación del alcantarillado pluvial se dio el afloramiento de agua de colocación verdosa y olor a aguas residuales, se detuvo el proyecto por instrucción de la funcionaria Ing. Mary Paz Castillo Rodríguez (…) el 7 de abril del corriente. Asimismo, se realizó una revisión del punto de desfogue de la planta de tratamiento hacia la quebrada campero, se determinó que el vertido es constante, con coloración oscura de las aguas que se diferencia de la coloración presente en el cauce y un fuerte olor fétido.
Este último punto ha sido señalado a las autoridades de salud y discutido en sesiones de la Comisión Interinstitucional de Aguas Residuales, se ha acudido incluso a las instancias judiciales, cuyo expediente consta en el Ministerio de Salud, se ha ejecutado una causa de seguimiento y acumulación de informes que detallan la problemática de contaminación existente en la quebrada campero a raíz de la No Operación o Mal operación de la Planta de tratamiento del Residencial El Nuevo Cacao. Recomendaciones: Que la Alcaldía Municipal solicite a fiscalía ambiental ordenar la intervención inmediata de los propietarios de esta planta de tratamiento a fin de se garantice la correcta y funcional operación de la misma, así como se garantice el perfecto estado de la red de alcantarillado sanitario que encausa las aguas negras de dicha planta de tratamiento bajo calle pública y hacia el sitio de desfogue en Quebrada Campero, en cumplimiento de las normas técnicas sanitarias, de modo que se elimine por completo la contaminación hacia la quebrada campero, se cumpla con el artículo 50 de la Constitución Política (…) y se garantice que la Municipalidad de Santa Cruz podrá continuar con el proyecto de colocación de pavimento asfáltico y sistemas pluviales, según Licitación Pública (…) en sitio El Cacao, distrito Santa Cruz (…)” (ver prueba).
“(…) ACUERDO: Se evidenció que se están vertiendo aguas residuales sin tratar al cauce del río Campero, situación confirmada mediante el “Informe de Diagnóstico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Residencial El Cacao”, promovido por la Municipalidad de Santa Cruz mediante contratación administrativa y entregado oficio MDC-PTAST-107SC-2024. Este informe fue entregado al señor Olman Alexandre Murillo Azofeifa, representante de Grupo Mutual, el viernes 2 de mayo de 2025 a las 14:47 horas, mediante correo electrónico. Además, se hizo referencia a esta situación en el oficio DDUR-DGV-ING-24-M-2025, emitido por el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Durante la reunión virtual sostenida con representantes de Grupo Mutual, se reiteró la preocupación por el mal estado de la planta de tratamiento, conforme a lo detallado en el diagnóstico. Asimismo, se indicó que la tubería encargada de transportar las aguas desde la planta hasta la quebrada Campero podría presentar daños.
Como resultado, se acordó que Grupo Mutual presentará un plan remedial para atender esta situación a más tardar el día 03 de junio de 2025 (…)”. Asimismo, en dicho documento, se consignó: “(…) Con relación a la operación de la planta se tiene lo siguiente: • Grupo mutual indica que se deja constancia de que la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) es responsabilidad directa del Desarrollador. Asimismo, se señala que la finca en la que se encuentra ubicada dicha infraestructura se encuentra bajo un fideicomiso a nombre de Banco Improsa, entidad con la cual se han gestionado las coordinaciones pertinentes hasta la fecha. • La Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Salud han realizado este primer acercamiento formal con Grupo Mutual, con el objetivo de explorar posibles mecanismos de colaboración, ante la falta de respuesta del Desarrollador a las gestiones previamente efectuadas.
Este esfuerzo responde a la necesidad de atender una situación que reviste importancia sanitaria y ambiental. • En este contexto, Grupo Mutual, en el marco de su compromiso con la responsabilidad social empresarial, y considerando también la ausencia de respuesta por parte del Desarrollador a las gestiones que ha emprendido esta misma entidad, informa que actualmente se encuentra dando seguimiento al tema. Además, se encuentra en proceso de elaboración de una propuesta técnica que será presentada para evaluación y eventual aprobación por las instancias competentes. • Cabe señalar que se citó a la reunión al señor Ramón Prado Monterrey, pero estuvo ausente en la sesión (…)” Ramón Prado Monterrey fue citado en representación de la empresa Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. (ver prueba).
“(…) Se informa que se han contactado diversas instituciones como el AyA, el Ministerio de Salud y la Fiscalía, así como también se ha gestionado un primer acercamiento con Grupo Mutual, debido a que el desarrollador, responsable de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), no ha brindado respuesta a las gestiones realizadas. La finca donde se ubica la planta se encuentra en fideicomiso a nombre del Banco Improsa. La Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Salud coordinan con Grupo Mutual con el objetivo de encontrar soluciones interinstitucionales a esta situación ambiental. Se reconoce que esta situación constituye una imprevisibilidad técnica, ya que al momento de iniciar el proyecto no se tenía conocimiento de que existían aguas negras transitando por la calle pública ni de posibles daños en los sistemas de conducción. Continuar con la ejecución bajo estas condiciones habría supuesto un alto riesgo de contaminación de la estructura vial y un uso ineficiente de recursos públicos, debido a la eventual necesidad de remover la carpeta asfáltica para realizar reparaciones.
Antes de la suspensión, se logró colocar parcialmente las estructuras de drenaje, como tuberías, pozos y tragantes. No obstante, estas instalaciones podrían verse comprometidas si no se atiende a tiempo la problemática. Se indica que los recursos del proyecto están disponibles únicamente hasta el 31 de junio de 2025, lo que permitirá concluir los trabajos en los tramos no afectados, pero no en los 825 metros pendientes. Grupo Mutual presentará su plan remedial hasta el mes de junio, lo cual imposibilita cumplir con los plazos de ejecución para el resto del proyecto. En virtud de lo anterior, se acuerda lo siguiente: 1. No queda aprobado un control de cambios en el proyecto que permita ejecutar labores de mitigación de polvo en el tramo suspendido (PK 0+200 a PK 1+025), con el fin de preservar los sistemas de drenaje existentes y evitar que el material suelto sea arrastrado hacia las tuberías ya instaladas. 2.
Se acuerda incorporar la inclusión del monto correspondiente en los próximos presupuestos municipales, una vez resuelta la situación sanitaria, con el objetivo de reponer los recursos invertidos en la mitigación de polvo y concluir con la pavimentación del proyecto. Además, establecer que los 825 metros pendientes deberán ser nuevamente presupuestados, una vez habilitados nuevos recursos, lo cual se prevé que ocurra entre los meses de octubre y diciembre de 2025, cuando se aprueben los presupuestos extraordinarios por parte de la Contraloría General de la República. 3. Continuar con el seguimiento interinstitucional a la situación ambiental presentada en el Residencial El Cacao, en coordinación con las instituciones involucradas, hasta lograr una solución definitiva (…)” (ver informe y prueba).
“(…) La señora Villalobos indica que Grupo Mutual remitió a final del mes de junio el borrador del contrato de administración de recursos para su revisión y aprobación y así realizar la firma y poder comenzar con el proceso de contratación respectiva. A la fecha no se ha firmado este contrato como lo indicó don Walter y Grupo Mutual se encuentra a la espera de esta aprobación para su firma y poder iniciar el proceso del plan remedial por etapas: Primera: Poner a trabajar la planta de tratamiento Segunda: Diagnostico. No se tiene claridad del atasco y lo que está sucediendo para poder dimensionar la magnitud de las obras. El señor Villalobos indica que efectivamente es tal y como lo vieron con el BANHVI, que esa aborda primero la parte más urgente que es la planta y luego ya iniciar como la etapa de diagnóstico. El señor Murillo indica que esta es la línea de trabajo. La Ing. Castillo consulta si se realizara algún cronograma para generar la expectativa de la municipalidad del plazo en el que ustedes van a estar durando en realizar estas gestiones.
La señora Sibaja indica que una vez que el BANHVI apruebe el contrato y se firme se puede detallar las fechas. Para la primera etapa, si se tienen estimado tiempos, pero se puede realizar un cronograma con fechas específicas, porque todo depende de la firma del contrato, esta será el inicio del proceso. Importante presentar estas estimaciones de tiempo. Al tener la firma, ya se puede indicar lo que se va a tardar en ejecutar. El señor Warren Chavarría, director del área rectora de salud de Santa Cruz indica que hace 2 meses se tuvo esta reunión y básicamente se dijo lo mismo. Ministerio de Salud y la Municipalidad son los que tienen a la Comunidad encima. Indica que se entiende el tema de los procesos que pueden durar cierto tiempo y que muchas veces no depende de ellos. Sin embargo, hace hincapié en la necesidad de darle una respuesta urgente a este asunto. Indica que, si existe alguna forma de que ellos como Ministerio de Salud puedan ayudar para que este proceso se acelere, ya que esta problemática se tiene desde 4 años y por más reuniones no se ven los avances.
Lo que se busca es ver en qué se puede ayudar o si no se puede ayudar en nada, por lo menos tener la certeza de que esto está en trámite y va a arrancar realmente. La presión la está recibiendo tanto la Municipalidad como para nosotros como Ministerio de Salud y prácticamente todos los días se reciben correos y denuncias sobre el sobre el tema y solicit que Grupo Mutual y BANHVI sean empáticos con esta situación ya que no se encuentra en nuestras manos como tal, ejecutar una solución del tema. La Ing. Castillo indica que a pesar de que están supeditados una firma de alguien también en un cronograma de trabajo se puede estimar las fechas y si no se cumplen se entiende que el BANHVI no ha hecho las respectivas aprobaciones, pero sí que ya está en proceso. Se necesita algo real para poder asistir a las reuniones y no se venga a decir lo mismo nuevamente. Esto afectando a la Municipalidad ya que no se puede informar a la Comunidad y sin poder hacer ningún tipo de gestión.
En la reunión anterior se acordaron realizar actividades que iban a durar un día, que en la misma semana o en cierto plazo y no se realizó. Indica que esto es muy grave, ya que se dice una cosa que realmente no se ha hecho o que no se va a gestionar y la Municipalidad gestionarlo a la Comunidad. E incluso pasar la vergüenza de que viniera el presidente de la República y nosotros decirle que se van a hacer las gestiones acordadas la sesión anterior, la cual quedó grabada, y que a esta fecha no se tenga un cronograma, ni nada establecido o informado. Se les solicita este cronograma por respeto a la Municipalidad, por respeto a la Comunidad y por el tema de salud pública. La Ing. Castillo REITERA que no se está tratando con un tema normal y sencillo, es un tema delicado. Se solicita que se gestione un cronograma con un rango de tanto para la firma y la aprobación y que se establezcan los procesos para que esto no sea solo humo y la Municipalidad sepa cuáles son los procesos que se tienen que seguir y poder informar a la alcaldía municipalidad o al Ministerio de Salud y así saber si se puede colaborar o dar seguimiento.
El Ing. Sánchez indica que está totalmente de acuerdo con la Ing. Castillo y indica que es muy importante para la Municipalidad porque la Comunidad está solicitando información en físico de cómo va el proceso y si no se tiene ni siquiera un informe, no se puede indicar que Grupo Mutual está haciendo la gestión o que el BANHVI está en proceso de firma. Esta información es requerida para poder respaldar los procesos El Ing. Monge indica que la parte esencial que notó que se quería evitar es el cronograma en conjunto. Lo responsable por realizar es un cronograma conjunto y simultáneo de lo que es la planta de tratamiento y el desagüe, porque la conducción es parte inseparable en la solución ya que no se explica técnicamente como se pueda poner en funcionamiento la planta sin tener la conducción de la fuente. Es preocupante esto y se reafirma que la Municipalidad está en un proyecto que no se puede continuar, ya que si se deben realizar reparaciones a la conducción y el proyecto de pavimentación ya se haya realizado sería dañar proyecto que se encuentra en proceso.
La preocupación radica en que esto puede provocar la no ejecución del proyecto que se tiene planeado por lo que se solicita realizar todo el proceso lo más pronto posible, tratar de trabajar las dos problemáticas en conjunto, la planta y la conducción, ya que son parte del mismo sistema. (…) El señor Muñoz indica que el tema de este proyecto o de esta situación que se está dando en este proyecto de vivienda es un tema bastante complejo debido a que aquí sí hay una responsabilidad directa del desarrollador. Esto debido a que no logró hacer los trabajos que deben hacerse en la planta. Esta es la presunción que el BANHVI tiene hasta el momento y por esto las decisiones que se han tenido que tomar o implementar han sido complejas. Esto se ha trabajado en conjunto entre Grupo Mutual y BANHVI para poder dar una solución. Esto conllevó aun análisis profundo a nivel legal y a nivel técnico para poder tener un primer producto: Firmas de Resolución de la Problemática.
Se debe entender que BANHVI se debe apegar a la normativa y a la legalidad y los procesos. El banco no quiere eximirse de la responsabilidad, todo lo contrario, está buscando apegarse a las normativas para mover esta situación porque es una situación totalmente atípica. (…) La señora Salas indica que sin un plan de trabajo la Ing. Castillo tiene razón. Porque lo que no se mide, no se puede determinar si se falla y no se avanza. Indica que esto es un paso importante, sin embargo, un cronograma de obras es un poco prematuro poderlo desarrollar. La idea es presentar un plan de trabajo con fechas para dar seguimiento. Este plan de trabajo es va a estar renovando, revisando a y será adaptativo, esto porque se va a ir ajustando de acuerdo con las necesidades que se vayan encontrando. Indica que es importante lo que indica la Ing. Castillo y que la mejor forma de esto es desarrollar este este plan de trabajo conjunto.
La señora Salas coordinará con la entidad autorizada para que entre esta y BANHVI presente un borrador de plan de trabajo o plan de acción como base. A partir de esto poder realizar una reunión de las partes que se ven más influenciadas en el proceso y no todo el equipo, como una subcomisión para definir y poner fechas y demás. Luego de esto ya se puede trabajar en el seguimiento y presentar en cada una de estas sesiones (…) El Ing. Obando indica que esto es tema en el cual se están violentando derechos humanos, la situación se está saliéndose de todo ámbito, porque de estas personas están expuestas a condiciones totalmente insalubres. Esto también hay que exponerlo. Se entiende que todo tiene su debido proceso y cronograma; por ejemplo, la Municipalidad está atrasada con el proyecto que se debe ejecutar, pero antes que todo eso, la parte humana es lo más importante. Estos planes de trabajo y todo lo que se vaya a desarrollar está bien para medir, solo así se puede medir, sin embargo, siempre tener en cuenta esa prioridad.
Se tiene claro que existen procedimientos y trámites que hay que seguir, pero también analizar que trámites se pueden agilizar más para tratar de acortar los tiempos lo más que se pueda. Esto para evitar que la comunidad siga con este tema totalmente insalubre y expuestos a condiciones deplorables, expuestos a enfermedades. Se indica que la idea al final de cuentas es poder llegar a una solución y que se dé lo más pronto posible. (…) El señor Muñoz indica también que se deben definir los tipos de financiamiento, ya que los financiamientos para poderle hacer frente a una planta son distintos a los financiamientos de viviendas. Por lo que se debe entender que este tipo de situaciones van a acomodarse poco a poco conforme avance el proceso. En conclusión, a la reunión se tiene como entregables: * La resolución firmada por parte de la gerencia general, Permitirá a la entidad empezar con la primera etapa y el diagnostico.
A más tardar el 06/08/2025. * Mesa de trabajo para generar una hoja de ruta o plan de trabajo con un rango de fechas. * Visita el banco momento que se requiera para reunirse con la comunidad familias y explicarles lo pertinente * Informes de inspecciones, reuniones u otros por parte de Grupo Mutual y BANHVI, para generar un expediente. El Ing. Sanchez indica como cierre que se establecieron los puntos importantes y lo necesario es dar los entregables solicitados. Así como, exponerle a la Comunidad que el banco está haciendo las gestiones y tiene también en perspectiva de que la comunidad es importante y se está trabajando en la solución. Todo este trabajo es para indicarle a la comunidad que se va a resolver el problema como equipo. También se indica que la idea no es prolongar el proceso y tener una reunión semanal por 5 o 6 años, sino resolver lo más pronto posible y en los lapsos de tiempo que lo requieran (…)” (ver prueba).
Hechos relacionados con el Ministerio de Salud (Área Rectora de Salud de Santa Cruz):
La recurrente, en su condición de representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral de El Cacao, ubicado en Santa Cruz, Guanacaste, acude en amparo. Explica que en dicho sitio se construyó un residencial y una planta de tratamiento, para dar servicio a alrededor de 168 casas. Refiere que en abril de este año 2025 se denunció ante la Municipalidad de Santa Cruz un grave problema, en el tanto, con motivo de trabajos de pavimentación realizados, empezaron a brotar aguas negras de la tubería correspondiente a la planta de tratamiento.
Apunta que esa planta dejó de operar unos días, lo cual ocasionó un bloqueo que, a su vez, produjo el rebalse de las aguas negras y el depósito de fluidos fecales a cielo abierto, lo cual genera un olor fétido y amenaza la salud de los habitantes de la comunidad.
Menciona que, aunque la municipalidad inició gestiones, el proceso ha sido muy lento y los efectos nocivos de dicha situación persisten a la fecha de presentado el amparo (pues todo se mantiene como el primer día). Agrega que la Quebrada Campero está cada día más contaminada, ya que es ahí donde se depositan todos los residuos.
Por todo lo anterior, solicita la intervención de este Tribunal para que se solvente el problema de aguas negras y se reestablezca el funcionamiento adecuado de la planta de tratamiento. También, solicita que se gestione lo necesario para que los desechos sean trasladados a otra planta de tratamiento ubicado en Las Maravillas de Santa Cruz.
Ahora bien, para dar inicio al estudio por el fondo de este asunto, conviene señalar que, revisados los argumentos expuestos por la parte accionante, todos los informes rendidos por las autoridades recurridas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de Santa Cruz y Área Rectora de Salud de Santa Cruz), así como todas las pruebas allegadas a los autos, este Tribunal Constitucional ha podido tener indefectiblemente por acreditado los siguientes aspectos de relevancia:
Primero, que en Santa Cruz de Guanacaste se construyó un conjunto residencial de interés social llamado El Cacao, el cual está compuesto por 170 casas y cuenta con una población aproximada de 600 personas. Además, que, como propietario de ese residencial, aparece un sujeto de derecho privado llamado Construcciones Modulares de Costa Rica S.A..
Segundo, que, en virtud de ese desarrollo urbanístico, fue necesario construir una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para el manejo de aguas residuales. Además, se tiene que el desarrollador y el responsable de la construcción y operación de dicha planta es el Banco IMPROSA S.A., en calidad de fiduciario. Consta también que la construcción de la citada planta estuvo a cargo de Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. y que dicha infraestructura se ubica en una propiedad privada que pertenece a la citada entidad bancaria.
Tercero, que los permisos para construir dicha planta se otorgaron en el año 2011 por parte del Ministerio de Salud y que los planos constructivos de dicha infraestructura los aprobó el ICAA en julio de 2013.
Cuarto, que dicha planta no es operada por el ICAA ni por una ASADA (tampoco está dentro del área de cobertura de una ASADA). Toda la infraestructura de la planta es de propiedad privada.
Quinto, que la referida planta no ha sido entregada al ICAA siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento (pues no se han cumplido los requisitos señalados al efecto en el ordenamiento jurídico). El desarrollador no ha presentado ninguna solicitud para que el ICAA asuma la administración del sistema sanitario.
Sexto, que, desde al menos el año 2021, la referida planta de tratamiento ha presentado una serie de problemas en su funcionamiento, lo cual ha generado, entre otros aspectos, el desfogue irregular de aguas negras y la generación de olores fétidos. Incluso, se constató el discurrir irregular de dichas aguas crudas hacia la Quebrada Campero. Además, consta que en mayo de 2024 una empresa privada realizó un diagnóstico de la planta y halló una serie de deficiencias técnicas en la misma.
Sétimo, que, en marzo de 2025, con motivo de unos trabajos de pavimentación realizados por una empresa contratada por la Municipalidad de Santa Cruz cerca del citado residencial, se dio una ruptura de la tubería de agua potable y de la tubería de aguas residuales, lo cual agravó el referido estado de cosas. Producto de esta situación se han realizado inspecciones por las autoridades del ICAA y del municipio recurrido. Cuando se dieron los hechos, las autoridades municipales recurridas realizaron inspección y determinaron la existencia de aguas negras que generaban mal olor y estaban contaminado el suelo, en particular, en el área excavada (por la citada empresa) para instalar una caja de registro de aguas pluviales. Además, el 17 de abril de 2025 se inspeccionó el sitio de desfogue de la planta en la Quebrada Campero y se determinó que “el vertido es constante, el agua tiene una coloración oscura que se diferencia del agua presente en el cauce y emana un olor fétido muy fuerte”.
El pasado 18 agosto de 2025, el ICAA constató que la planta de tratamiento no se encontraba operando y estaba totalmente abandonada, que el alcantarillado sanitario presentaba obstrucciones en la línea que conduce el vertido al cuerpo receptor Rio Campero (pues la empresa constructora tapó con concreto la tubería dañada), que esto último produjo que se presentara una inundación de aguas crudas en el sitio de aproximadamente 60 cm sobre el nivel del terreno natural y que se percibían malos y fuertes olores.
Octavo, que de la situación supra descrita tienen pleno conocimiento, desde hace varios meses o años, las tres autoridades recurridas en este amparo, sea, la Municipalidad de Santa Cruz, el Área Rectora de Salud de Santa Cruz y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Incluso, consta que ante el municipio y el área rectora de salud se han formulado varias denuncias. La recurrente, por ejemplo, denunció el caso en abril de 2025 ante la corporación municipal recurrida.
Noveno, que el estado de cosas anterior (inadecuado funcionamiento de la planta de tratamiento, desfogue irregular de aguas negras, estancamiento de las mismas y vertido en crudo a quebrada, así como la generación de malos olores), indefectible e indiscutiblemente produce un grave problema de contaminación ambiental y de afectación a la salud, principalmente, de todas las cientos de personas que habitan cerca del sitio en cuestión. Todas estas personas que habitan, trabajan o estudian cerca de la citada planta de tratamiento o bien, que transitan por el sitio donde se ubica dicha infraestructura, están expuestas a condiciones absoluta y totalmente insalubres y deplorables. Además, no puede perderse de vista que la Quebrada Campero, también está siendo gravemente contaminada, pues se ve expuesta a recibir aguas negras (sin tratar o crudas).
IV.Dicho lo anterior, resulta menester examinar la actuación de las autoridades recurridas frente al referido problema de contaminación.
A. En cuanto a la Municipalidad de Santa Cruz, se tiene que dichas autoridades conocen del problema bajo estudio desde el año 2021 (en virtud de una primera denuncia formulada por malos olores expedidos de la planta de tratamiento) y que, a pesar de los varios años trascurridos hasta la fecha, no han llevado a cabo acciones claras y contundentes tendentes a solventarlo de forma definitiva. Nótese que, según el apartado de hechos probados de este amparo, con motivo de esa denuncia, solamente consta la emisión de un informe en octubre de 2021 (donde se consigna la comprobación de los hechos) y el giro de una serie de recomendaciones, las cuales se desconoce si fueron o no atendidas. Esta misma situación (denuncia e intervención del municipio), se repitió en marzo de 2022 y junio de 2023; sin embargo, en ambos casos nuevamente, solamente se acreditó la realización de una inspección (que acreditó los malos olores y descarga de aguas negras a quebrada) y el giro de recomendaciones, cuyo cumplimiento tampoco no se acreditó en este amparo.
Ahora, con motivo de lo ocurrido en marzo de este año (desfogue de aguas negras producto de los trabajos realizados por empresa que pavimentaba las calles), consta que las autoridades del Departamento de Gestión Vial del municipio ciertamente, en abril de 2025, emitieron una gran cantidad de oficios a otras instancias públicas dentro de esa misma corporación y fuera de esta, tendentes a entablar reuniones, emitirse criterios, realizar pruebas, efectuar inspecciones, etc. Sin embargo, en el informe y pruebas aportadas a esta Sala, no se hizo referencia al resultado de estas últimas gestiones. Adicionalmente, se demostró la realización de una inspección en el sitio el 17 de abril de 2025, donde se constata el problema ambiental bajo estudio y se emite la recomendación únicamente de solicitar la intervención de la fiscalía ambiental, mas no de llevar a cabo alguna otra actuación urgente (de parte propiamente del municipio) en aras de garantizar y proteger la salud de los habitantes de la comunidad y evitar la grave situación de contaminación que persistía en ese momento (y que continúa a la fecha).
Posteriormente, se determinó que, en mayo, julio y agosto de 2025, el municipio se ha limitado únicamente a realizar reuniones y sesiones de trabajo con funcionarios de la misma corporación, de otras instancias públicas y de representantes tanto del Grupo Mutual y del BANHVI, en aras de buscar una solución al problema en cuestión. Sin embargo, lo cierto es que dichas mesas de trabajo no han dado como resultado ninguna contundente actuación que haya paliado los efectos negativos de la operación de la planta de tratamiento ya apuntados.
Así las cosas, para esta Sala Constitucional no cabe duda que las autoridades del municipio recurrido han incurrido en graves omisiones que han coadyuvado a que el problema sanitario y ambiental bajo estudio (detectado aproximadamente desde el año 2021) se mantenga a la fecha.
B. En lo que respecta al Área Rectora de Salud de Santa Cruz del Ministerio de Salud, se tiene que estas autoridades, desde el año 2022, conocen del problema bajo estudio y que, desde entonces también, realizaron inspecciones en el sitio y, al constatar los hechos denunciados, dictaron varias órdenes sanitarias, principalmente, al propietario de la planta de tratamiento (representante de Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.) y al Banco IMPROSA S.A. (en calidad de fiduciario de la obra) ambos sujetos de derecho privado. Asimismo, se demostró que, ante el incumplimiento de tales medidas, el caso se decidió finalmente enviar en ese mismo año 2022 a la Fiscalía Ambiental. Igualmente, se informó que el caso fue remitido al Tribunal Ambiental Administrativo. Luego de esto, únicamente consta que en abril de 2023 el área rectora de salud recurrida recomendó realizar una “solicitud de apoyo”, para cumplir un requerimiento formulado por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental; sin embargo, no se informó ni demostró si esta última actuación se llevó a cabo.
Consta también que más de un año después de haberse realizado esta última actuación citada, concretamente, en mayo de 2023, dicha área rectora de salud se limitó a girar un oficio a la Asociación de Desarrollo Integral de El Cacao, en el cual indicó que la vía administrativa se había agotado y que, al no haberse encontrado una solución por parte de los encargados, el caso se había remitido a la vía judicial (Fiscalía Ambiental).
Igualmente, se demostró que un año después, en marzo de 2024, dicha área rectora de salud giró una orden sanitaria a la Municipalidad de Santa Cruz (a efecto que tomara “(…) las medidas o acciones necesarias así como un diagnóstico, caracterización y evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales del Residencial Nuevo El Cacao, con el fin de verificar su funcionamiento (…)”. Sin embargo, no se informó ni acreditó que a esta última orden se le haya brindado el seguimiento correspondiente.
También, consta que en marzo del año anterior se emitió una orden sanitaria al ICAA, mediante la cual se les solicitó asumir el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del Residencial El Cacao, hasta que se resolviera el proceso penal. No obstante, el ICAA, mediante oficio No. GSP-RCHO-2024-01377 de mayo de 2024, consignó los motivos por los cuales no resultaba posible asumir o cumplir lo ordenado. Ante esta última situación, el área rectora solicitó un criterio sobre cómo proceder respeto a la respuesta brindada por el ICAA, pero no se informó a esta Sala qué ocurrió luego de emitido este último y qué se resolvió finalmente al respecto.
En adición a lo anterior, se demostró que igualmente se giró en el año 2024 una nueva orden al Banco IMPROSA S.A., la cual nuevamente no fue cumplida, según consta en informe de agosto de ese mismo año.
Igualmente, según se informó, dichas autoridades han solicitado a la Fiscalía Ambiental citada el giro de medidas cautelares ante el problema descrito. Sin embargo, en el informe, no se explicó qué ha dispuesto o resuelto al respecto dicho órgano judicial.
De esta manera, se tiene, entonces, que, desde hace un año prácticamente (agosto de 2024), el Ministerio de Salud no ha dictado ninguna medida o ejecutado alguna actuación concreta y contundente tendente a hacer frente al grave problema de contaminación acreditado en este proceso de amparo. Todo esto, pese a que estas autoridades, como se dijo, tienen pleno conocimiento que dicha situación persiste a la fecha y que, incluso, se ha agravado con los hechos acaecidos en marzo de este año, producto de los trabajos realizados por una empresa contratada por el municipio recurrido.
En este punto, es importante recordarles a las autoridades del Ministerio de Salud, que el hecho de haber elevado el caso ante el Ministerio Público o ante alguna otra instancia, no lo releva o exime de continuar atendiéndolo y darle el seguimiento que corresponda, a través del dictado y ejecución de todos aquellos actos que resulten pertinentes, conforme, a su vez, lo estipulado en la Ley General de Salud y su reglamento. En ese particular, esta jurisdicción, en el Voto No. 2016-6368 de las 09:30 hrs. de 13 de mayo de 2016, señaló lo siguiente:
“(…) V. DEL AMPARO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD. SOBRE EL FONDO: De los hechos anteriores se desprende que el Ministerio de Salud, si bien actuó oportunamente, emitió las órdenes sanitarias e incluso presentó denuncias penales, lo cierto es que el problema sanitario subsiste, como lo indica su representante en el informe rendido bajo juramento. No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para la seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias.
La Sala considera que lo actuado por el Ministerio de Salud ha sido insuficiente y viola el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano de la amparada, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente en la colindancia entre el Condominio Camino de Luna, el Río Liberia y el Residencial El Río, dentro de un término de dos meses, a partir de la notificación de la sentencia. (…)” (El destacado no forma parte del original).
Asimismo, en la Sentencia No. 2022-10613 de las 09:40 hrs. de 13 de mayo de 2022, esta Sala señaló:
“(…) IV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO.- Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que ha existido la violación a los derechos fundamentales por parte de las autoridades recurridas. Lo anterior, porque en el informe rendido por parte del representante de dicha autoridad -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 16 de agosto del 2021, el recurrido recibió la denuncia interpuesta por el recurrente, en contra de sus vecinos por la descarga de aguas servidas hacia su propiedad por parte de los vecinos denunciados. El 27 de agosto del 2021, la Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud Alajuela 1, realizó visita de inspección al sitio, en que la autoridad sanitaria determinó la descarga de aguas pluviales y residuales (negras y servidas) hacia la propiedad del amparado, ocasionando malos olores, riesgo de proliferación de insectos y roedores que pueden afectar la salud las personas que habitan la vivienda.
El 03 de setiembre del 2021, el recurrido giró y notificó orden sanitaria N° 0188 en que se le ordenó a José Arístides Morera Jiménez, proceder a corregir la problemática encontrada, y en el plazo de dos meses disponer sanitaria y adecuadamente las aguas pluviales, residuales y negras que no están encausadas adecuadamente en la vivienda de su propiedad. El 10 de noviembre del 2021, el recurrido realizó una visita de verificación del cumplimiento de la orden sanitaria referida, comprobando que las aguas pluviales y residuales seguían descargando hacia la propiedad del tutelado, por lo que se constató el incumpliendo lo ordenado. Por oficio MS-DRRSCN-DARSA1-3001-2021, el recurrido remitió denuncia a la Fiscalía Adjunta de Alajuela, contra de José Arístides Morera Jiménez por el delito de desobediencia a la autoridad, sin que a la fecha se haya emitido resolución al respecto. El 09 de diciembre del 2021, el recurrente presentó denuncia contra el señor Aiut Avalos e indica que el denunciado conduce sus aguas pluviales y residuales (servidas) hacia su propiedad, por lo que pidió solicitar al vecino que encause esas aguas de forma adecuada.
El 06 de enero del 2022, el recurrido efectuó la visita de inspección y a pesar de que no había nadie en la propiedad del denunciado, se comprobó que las aguas pluviales y servidas son dirigidas a la propiedad del amparado, por lo que se confeccionó la orden sanitaria 0030 ordenando al señor Aiut Avalos, disponer sanitaria y adecuadamente las aguas pluviales que no están encausadas en su vivienda, empero, no se ha podido notificar, ya que no se encuentra a las personas en el lugar.
Así las cosas, esta Sala estima que si bien el recurrido argumenta que ha efectuado acciones tendientes a la resolución de la situación que aqueja al tutelado, lo cierto es que a pesar de ello, no ha logrado resolverlo de manera definitiva, pues la simple interposición de una denuncia penal por incumplimiento de una orden sanitaria y la excusa de que no han podido notificar la otra orden sanitaria, no resulta suficiente para esta Sala, tomando en cuenta que hay un problema serio comprobado de aguas llovidas y residuales incorrectamente manejadas, que discurren todas hacia la propiedad del recurrente, por falta de obras de drenaje por parte de los vecinos, lo que le ocasionan problemas serios de inundación y contaminación desde hace mucho tiempo y no se soluciona. Nótese que el Ministerio de Salud tiene amplias potestades para actuar de conformidad con la Ley General de Salud y el Reglamento correspondiente, como ente rector encargado de la vigilancia y control de la salud, tales como: las medidas sanitarias especiales de desalojo de vivienda (artículo 1 inciso c del Reglamento), declaratoria de inhabitabilidad, demolición, así como las multas, ya que es claro que de conformidad con la Ley General de Salud artículos 39 y 286 es deber de todo propietario y encargado de muebles e inmuebles evitar molestias y daños a la salud así como focos de contaminación o infección debiendo efectuar obras de drenaje e incluso en caso de renuencia hacerlas la administración a costa del omiso, todo resguardando el debido proceso. De modo que lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias, que se indicaran en la parte dispositiva (…)” (El destacado no forma parte del original).
Más recientemente, en el Voto No. 2025-583 de las 09:20 hrs. de 10 de enero de 2025, este órgano constitucional señaló:
“(…) Sobre el Ministerio de Salud. Si bien, de los informes rendidos y de la prueba que consta en autos, se acredita que las autoridades accionadas del Ministerio de Salud -Área Rectora de Salud de Puntarenas – Chacarita-, han realizado gestiones a fin de cumplir con las ordenes que en su momento dio este Tribunal, tal como se aprecian en los hechos probados de esta sentencia, y que, ante el incumplimiento de la orden sanitaria 0112-REG-2024 por parte de la Municipalidad de Puntarenas, el 4 de diciembre del 2024, se interpuso denuncia penal contra la Municipalidad de Puntarenas, por el presunto Delito de Desobediencia a la Autoridad ante la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público en Puntarenas; sin embargo, lo cierto del caso es que, para esta Sala su deber ha sido insuficiente, pues dicho ministerio demanda la observancia, así como, el garantizar la protección de la salud de la población y del medioambiente (…)” (El destacado no forma parte del original).
Bajo dicho panorama, resulta claro que las autoridades recurridas del Ministerio de Salud también han sido omisas en atender la grave situación ambiental que afronta la comunidad de El Cacao de Santa Cruz de Guanacaste.
C. Finalmente, en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha informado y se ha acreditado a partir de las pruebas allegadas, que la planta de tratamiento pertenece a un sujeto de derecho privado y que no ha sido entregada al ICAA siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento (pues no se han cumplido los requisitos señalados al efecto). Se aseveró que el desarrollador no ha presentado ninguna solicitud para que el ICAA asuma la administración del sistema sanitario y que, al ser la planta de propiedad privada, “su operación, mantenimiento y cumplimiento de las órdenes sanitarias son responsabilidad exclusiva del desarrollador”. También se demostró que en marzo de 2024 el Ministerio de Salud giró al ICAA una orden sanitaria para asumir el funcionamiento de la referida planta, la cual, sin embargo, no fue atendida, en virtud de los razonamientos expuestos informe técnico No. GSP-RCHO-2024-01377 de 9 de mayo de 2024. Tanto en dicho informe como en el informe rendido a esta Sala, el ICAA explicó claramente lo siguiente:
“(…) La Infraestructura sanitaria en el proyecto del Cacao que presenta problemas operativos no ha sido entregada formalmente siguiendo el procedimiento indicado para este fin. - No se registra una solicitud formal por parte de los interesados (Desarrollador) para que AYA inicie el proceso para asumir este sistema Sanitario, en apego del Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de AyA. – La orden sanitaria que se dirige a AyA para que asuma el sistema en las condiciones actuales, representa un mecanismo que eximiría al desarrollador para realizar la inversión requerida. Esto implicaría que se cargue al Estado que mediante fondos públicos se realicen las obras que el desarrollador debería haber garantizado que se construyeran en la génesis del proyecto. (…)Es necesario aclarar que tanto la PTAR, como el sistema de recolección y disposición del efluente deben encontrarse en buen estado operativo para que el eventual proceso de puesta en marcha y recepción se concrete.
- Forzar mediante órdenes sanitarias la inversión de recursos públicos para subsanar falencias en infraestructura que debe ser diseñada, construida y operada en apego a la normativa, representaría una vía fácil y cuestionable, para que ciertos desarrolladores no cumplan con sus obligaciones fundamentales y normadas (…)” (El destacado no forma parte del original).
Posterior a esta última actuación, únicamente consta una inspección realizada por el ICAA al sitio bajo estudio el pasado 18 de agosto de 2025 (con motivo de la interposición de este amparo), mediante la cual se constaron los hechos aducidos, se reiteró que la operación y mantenimiento de la planta no es competencia de dicho instituto por los motivos arriba señalados y se giraron una serie de recomendaciones directamente al municipio recurrido.
Ahora, cabe señalar que si bien esta Sala Constitucional es consciente y comprende los motivos objetivos explicados por las autoridades del ICAA para no asumir con fondos públicos el problema responsabilidad de un sujeto de derecho privado, lo cierto es que, de otra parte, este estado de cosas no lo debe ni puede eximir de colaborar con el resto de autoridades recurridas en aras de hallar una solución al problema ambiental y de salubridad acreditado. Ante la gravedad de los hechos demostrados y, principalmente, ante la afectación que está produciendo el mal funcionamiento de la planta de tratamiento, este Tribunal Constitucional considera que el ICAA sí debe intervenir (en virtud del claro y amplio conocimiento que posee en la materia) y ejecutar las instancias de coordinación que sean pertinentes tanto con la Municipalidad de Santa Cruz y con el Área Rectora de Salud de Santa Cruz para lograr, en consuno, hallar una respuesta y hacer frente a la situación bajo estudio.
Si bien, como se dijo, el ICAA no se encuentra compelido a asumir el funcionamiento de la planta ni invertir fondos públicos en esta, sí puede colaborar y coordinar con el resto de instancias públicas citadas en los términos señalados. Sin embargo, esta última labor se echa de menos en el presente asunto, pues el ICAA se limitó a emitir el informe No. GSP-RCHO-2024-01377 y no brindar ningún otro tipo de colaboración o solución alterna; todo esto, en perjuicio de la población afectada.
* Es evidente que la situación descrita supra, genera una clara vulneración a los derechos fundamentales no solo de la recurrente, sino también de los demás vecinos del referido asentamiento humano, pues desde el 2021 se tiene conocimiento de tal situación y no se ha solucionado de manera definitiva, con el agravante que ello conlleva no sólo un daño al medio ambiente, sino para la propia salud pública.
Como se explicó, a pesar de las labores que han realizado principalmente el ayuntamiento recurrido y el Área Rectora de Salud de Santa Cruz, no se ha concretado una colaboración interinstitucional eficiente y eficaz, a fin de lograr determinar cómo solventar el problema en cuestión. Tampoco, se demostró que las autoridades del ICAA hayan intervenido y coadyuvado en hallar una solución a dicho estado de cosas.
Para este Tribunal existe una escasa actuación conjunta entre los recurridos, pues no han logrado solucionar en definitiva el problema de contaminación ambiental, en detrimento de la salud pública. En virtud de lo anterior, se considera de mérito declarar con lugar el recurso, por violación a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, en los términos que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que pese a que se presentó una denuncia por contaminación ambiental esta no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Jorge Arturo Alfaro Orias, en su condición de Alcalde y a Didier Monge Jiménez, en su condición de Coordinador del Departamento de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de Santa Cruz de Guanacaste, a Warren Chavarría Venegas, en su condición de Director del Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud en Santa Cruz de Guanacaste y a Rafael Alberto Barboza Topping, en su condición de Subgerente de Gestión Sistemas Delegados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que de forma INMEDIATA, a partir de la notificación de la presente sentencia, de manera conjunta y coordinada, dispongan lo necesario para asegurar temporalmente que no hayan afectaciones a la salud de las personas que habitan en el Residencial de Interés Social El Cacao, mientras se da una solución definitiva del problema objeto del presente proceso.
Asimismo, se les ordena a dichas autoridades que coordinen entre sí lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se brinde una solución definitiva a la problemática ambiental y de salubridad acreditada. Todo lo anterior, según los términos señalados en esta sentencia. Se advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Santa Cruz de Guanacaste, al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ileana Sánchez N.
Fernando Enrique Lara G.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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