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Res. 29991-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/09/2025

Municipal Delay over Illegal Construction in Protected AreaDemora municipal ante construcción ilegal en zona protegida

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber granted the amparo and ordered the Municipality of San Rafael de Heredia to resolve effectively, within six months, the continued presence of the unpermitted construction in an environmentally protected area.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia solucionar efectivamente, en un plazo de seis meses, la permanencia de la construcción sin licencia ubicada en una zona ambientalmente protegida.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo filed by residents of Los Ángeles, San Rafael de Heredia, because the municipality had failed to provide an effective and timely solution to construction undertaken without a municipal permit. The project was located within the area governed by Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE and partly within the inalienable zone established by Law No. 65 of 1888. Although the municipality conducted inspections, repeatedly closed the site, and ordered the owner to regularize or demolish the works, the closure seals were disregarded and construction continued. Moreover, the demolition order was not enforced because a defect in service required the administrative proceeding to begin again. After more than ten months without a resolution, the Chamber found a violation of the fundamental rights of the petitioners and neighboring residents. It ordered the mayor and the Urban and Territorial Management Unit to adopt the necessary, effective, and timely measures to solve the problem within six months.La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado por vecinos de Los Ángeles de San Rafael de Heredia debido a la falta de una solución efectiva y oportuna frente a una construcción sin licencia municipal. La obra se encontraba dentro de la zona regulada por el Decreto n.° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente en la zona inalienable establecida por la Ley n.° 65 de 1888. Aunque la Municipalidad realizó inspecciones, impuso reiteradas clausuras y ordenó regularizar o demoler las obras, los sellos fueron desobedecidos y la construcción continuó. Además, la orden de derribo no se ejecutó porque un defecto en la notificación obligó a reiniciar el procedimiento administrativo. Tras más de diez meses sin resolver la situación, la Sala consideró lesionados los derechos fundamentales de los recurrentes y de los vecinos. Ordenó a la alcaldía y a la Unidad de Gestión Urbana Territorial adoptar, dentro de seis meses, las medidas necesarias, efectivas y oportunas para solucionar el problema.

Key excerptExtracto clave

Thus, although the Municipality of San Rafael de Heredia has taken actions to resolve the reported problem, the fact remains that the corresponding proceeding has not been completed to date. Consequently, the demolition order for the works built without a municipal permit has not been enforced, and a construction that is unlawful (unpermitted) remains within the area governed by Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE and partly within the inalienable zone established by Law No. 65 of 1888. Accordingly, a violation of the fundamental rights of the petitioners, as well as those of neighboring residents, has been established. In light of the foregoing, the amparo must be granted. The amparo is granted. Jorge Eduardo Arias Santamaría, in his capacity as mayor, and Esteban Arce Camacho, in his capacity as head of the Urban and Territorial Management Unit, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, or whoever holds those offices, are ordered to adopt the necessary, effective, and timely measures required to ensure a solution to the reported problem. This must be accomplished within SIX MONTHS from notice of this judgment.De ese modo, se denota que si bien es cierto la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha realizado acciones para solucionar la problemática denunciada, lo cierto es que a la fecha no se ha terminado con el procedimiento respectivo, por lo que no se ha ejecutado la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, manteniéndose hasta la fecha una construcción fuera de legalidad (sin permisos) en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por lo anterior, se verifica una lesión a los derechos fundamentales de los recurrentes, así como a los vecinos del lugar. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde, y a Esteban Arce Camacho, en su condición de jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ocupen los cargos, adoptar las medidas necesarias, efectivas y oportunas que se requieren para garantizar la solución a la problemática denunciada, lo anterior se deberá realizar en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En este sentido, se constata que desde hace más de 10 meses la Municipalidad recurrida constató que en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, lo anterior ante una denuncia anónima."

    "In this regard, it is established that, for more than ten months, the respondent municipality has known that unlawful construction was taking place on property recorded under folio 4-118401-000 in the district of Concepción, within the area governed by Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE and partly within the inalienable zone established by Law No. 65 of 1888, following an anonymous complaint."

    Considerando III

  • "En este sentido, se constata que desde hace más de 10 meses la Municipalidad recurrida constató que en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, lo anterior ante una denuncia anónima."

    Considerando III

  • "No obstante, lo anterior, a la fecha se tiene por demostrado que la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal no se ha ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, invalidándose el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso."

    "Notwithstanding the foregoing, it has been established that the demolition order concerning the works built without a municipal permit has not been enforced because the service process underwent legal review and was invalidated, making it necessary to restart the proceeding."

    Considerando III

  • "No obstante, lo anterior, a la fecha se tiene por demostrado que la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal no se ha ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, invalidándose el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso."

    Considerando III

  • "Se condena al Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

    "The Municipality of San Rafael de Heredia is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, to be assessed during enforcement proceedings before the administrative courts."

    Por tanto

  • "Se condena al Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

    Por tanto

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Sections

Procedural marks

Document Review Decision No. 2025029991 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty in the morning on diecinueve de setiembre de dos mil veinticinco.

Writ of amparo (recurso de amparo) filed by Nombre01, identity card CED01, Nombre02, identity card CED02, Nombre03, identity card CED03, Nombre04, identity card CED04, Nombre05, identity card CED05, Nombre06, Nombre07, identity card CED06, Nombre08, Nombre09, residence card CED15, Nombre10, identity card CED07, Nombre11, identity card CED08, Nombre12, identity card CED09, Nombre13, identity card CED16, Nombre14, identity card CED10, Nombre15, identity card CED11, Nombre16, Nombre17, identity card CED12, Nombre18, identity card CED13, against the MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.

Background:

  1. 1In a written submission received by the Secretariat of the Chamber on 02 de abril de 2025, the petitioners filed a writ of amparo against the MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA and stated that they are residents of Los Ángeles de San Rafael de Heredia. They expressed concern about the construction of a large, allegedly illegal building at Dirección01, owned by the corporation Ferofra S.A. They stated that work involving heavy machinery, earthworks (movimientos de tierra), and vegetation removal had been observed. They noted that these activities were taking place in an area where buildings intended for workshops or vehicle dismantling yards are prohibited because it is an aquifer recharge area (área de recarga acuífera) and an environmental protection area (área de protección ambiental). They added that the aforementioned large-scale construction, apparently intended for workshop activities, jeopardizes the environment, the fragility of the ecosystem, protected aquifers (mantos acuíferos protegidos), and the environmental rights of all Costa Ricans.They explained that trenches more than two meters deep had been observed at the site, which they assumed were intended for vehicle maintenance, repair, and dismantling work. They believed that large quantities of pollutants, such as oils, paints, and other wastewater, could end up in those trenches. They further asserted that activities characteristic of an automotive repair shop were being conducted at the site, which they believed confirmed the illegality of the construction. They complained that, although these events were reported to the Municipalidad de San Rafael in 2024 and it ordered the temporary suspension of the work for one day, construction resumed as usual the following day. They stated that within a matter of weeks, and despite the apparent illegality, a warehouse had been erected, a wall had been built to conceal the activities, and work involving wrecked vehicles and moving heavy machinery was continuing.Finally, they stated that, at the time this petition was filed, the municipality had halted neither the construction nor the prohibited activities being carried out there, which had caused environmental harm and violated the right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado). They also reported tree cutting, earthworks, and harm to the ecosystem, flora, fauna, aquifers, and forest protection areas (zonas de protección boscosa). For the foregoing reasons, they requested the Chamber’s intervention in this matter.
  2. 2By decision issued at 11:13 on 08 de abril de 2025, this Court issued the order admitting the present matter for consideration (resolución del curso).
  3. 3Jorge Eduardo Arias Santamaría, in his capacity as mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, reported under oath (report submitted on 23 de abril de 2025) as follows: “THIRD. The property Dirección02, owned by CORPORACIÓN FEROFRA S.A., corporate identification number CED14, which is the subject of these proceedings, is located in the canton of San Rafael, district of Concepción; a percentage of its land lies within the zone established by Decreto 25902-MIVAH-MINAE, and another portion lies within the inalienable zone (zona inalienable) established by Ley 65 de 1888. FOURTH. Article 89 of the Ley de Construcciones establishes that undertaking construction work without the proper Municipal Permit (Licencia Municipal) constitutes an infraction and, accordingly, the penalties stipulated by that law and its regulations must be imposed. Likewise, Article 93 of the Ley de Construcciones clearly states that: ‘When a building, structure, or installation has been completed without a permit or a plan approved by the Municipality, and the Municipality has not been notified of the completion of the work, an inquiry shall be initiated, granting the owner a non-extendable period of thirty (30) days to comply with the provisions of this Law and its Regulations by submitting the plan, permit application, etc.’ FIFTH.In the case at issue, as is evident from report IU-045-2025 prepared by the Unidad de Gestión Urbana Territorial, the Municipality has intervened at that property, repeatedly ordering the closure (clausura) of illegal structures detected there, as shown by the Administrative File entitled ‘File D-1865 Construction Without a Building Permit,’ submitted for that purpose by this representative. The file documents multiple municipal interventions on 11 de noviembre de 2024, 13 de noviembre de 2024, 19 de noviembre de 2024, 20 de noviembre de 2024, 25 de diciembre de 2024, 6 de enero del 2025, and further shows that the persons present at the site were notified that the structures they were building were illegal. It should be emphasized that the Policía Municipal, in support of the proceedings being conducted, has accompanied municipal officials at the site during various actions related to the case.SIXTH. In these proceedings, Nombre19, the legal representative of the registered owner of the property at issue, has pursued every stage of appeal available to him under the legal system. Even so, the Municipality’s position is one of complete rejection of and opposition to construction on that property, as is evident from the administrative file submitted, because none of the structures complies with the law or has the respective permits required by law. SEVENTH. The Municipality is responsible for overseeing work performed within its jurisdiction and ensuring compliance with the provisions established in the Ley de Construcciones (…) EIGHTH. On 8 de enero del 2025, this Municipality notified the corporation that owns the property at issue of decision IU-001-2025, issued by the Unidad de Gestión Urbana y Territorial, which ordered it as follows: ‘…you are granted a period of 30 days to bring your situation into legal compliance by taking whatever action is appropriate under the legal system currently in force; that is, by carrying out, at your own expense, the demolition of work that does not fully comply with the law, which DOES NOT have a permit, while the existing Land-Use Authorization (Uso de Suelo) is not a permit and is not currently valid, thereby complying with the provisions of the legal system currently in force.’ NINTH.In response to the above-mentioned decision, Nombre19, the legal representative of the corporation that owns the property in question, filed the legally available appeals against the indicated administrative act (acto administrativo). On 21 de marzo del 2025, acting as the appellate authority, the Alcaldía Municipal issued decision AM-020-2025, rejecting in all respects the arguments raised in the appeal. The Alcaldía rejected the challenge to the administrative act, thereby exhausting administrative remedies (agotada la vía administrativa) and upholding decision IU-001-2025. TENTH. A violation of the provisions of the Ley de Construcciones—namely, as in this case, the erection of structures without a prior building permit—authorizes the Local Government to order the suspension of work, as well as closure and subsequent demolition, once the procedure established in Articles 93 et seq. of the Ley de Construcciones has been completed.ELEVENTH. In response to these instances of noncompliance and defiance, this Municipality is processing, in accordance with the principles of legality and due process (debido proceso), the actions necessary to carry out the demolition and removal of the unlawful structures built on the property Dirección02, as is evident from the administrative file submitted. TWELFTH. Accordingly, the petitioners are incorrect in claiming that the Municipality failed to address the requests and complaints filed because, as is evident from the administrative file submitted, this Municipality has addressed all inquiries and complaints concerning property 4-118401-000, which is the subject of these proceedings. The Municipality’s conduct has never been detrimental to the environment, nor have we participated in sponsoring or tolerating illegal construction in the canton; in this particular case, it is evident that the Municipality has pursued every available remedy to halt the events occurring on the property at issue.” He requested that the petition be denied.
  4. 4Esteban Arce Camacho, in his capacity as head of the Territorial Urban Management Unit of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, reports under oath (report submitted on 23 de abril de 2025) as follows: “1) At the outset, it is clarified that the matter before us, involving unlawful construction in the area governed by Decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Ley 65 de 1888, in the district of Concepción, concerns the property registered under real-property folio 4- 118401-000 and not property 204488, which had been erroneously recorded in the closure report.2) With regard to the demolition order (orden de derribo) for the unlawful structure erected at Dirección03, I advise that we are still carrying out due process (debido proceso), and therefore it has not yet been possible to issue the demolition order. The principal actions taken in addressing this matter include the following:3) On 11 de noviembre del 2024, through official letter IPUT-779-2024, the inspector for the area stated: ‘...I hereby inform you that an inspection was conducted at property 118401, registered to Nombre20, following a complaint received concerning an apparent construction without a construction permit (permiso de construcción, PC). At the time of the inspection, a shed-type warehouse constructed with steel tubing was detected; it does not have the corresponding permits, and therefore closure seals were placed and Report 5782 was delivered to the owner, as shown in the following photographic record.... (…)4) On 13 de noviembre del 2024, through notification report Nº-5776, the inspector for the area stated: ‘...Shed without a construction permit...’ Therefore, the project was closed again because it lacked the corresponding permits.5) On 19 de noviembre del 2024, through official letter IPUT-779-2024, the inspector for the area stated: ‘...I hereby inform you regarding the request for an inspection of property 118401, located at Dirección04, 250 mts east of Rio Turales, registered to Corporación Ferofra S.A, following a complaint received by telephone and email indicating that construction was apparently underway on that property, “apparently a shed for a workshop.” Upon arriving at the site, the reported construction was detected, where the bases of the steel-tubing structure had been installed. The persons performing the construction were called over, and we were informed that the owner was not present; consequently, Report Nº5776 was left, advising that the project was being closed because it lacked the corresponding permits, and closure seals were placed as evidence of the foregoing. As shown in the attached photographic record... (…)6) On 19 de noviembre del 2024, Warning Resolution N° 797-IPUT-2024 was issued for property 118401 and delivered to a worker at the property named Nombre21 (tractor driver), who was advised that he must refrain from continuing work on the project closed by the Municipality and was warned of the judicial consequences of continuing such unlawful conduct.7) On 20 de noviembre del 2024, through official letter IPUT-797-2024, the inspector for the area stated: ‘...I hereby inform you that, accompanied by inspectors Hugo Vargas and Andrea Vindas, I visited the property registered under Real-Property Folio 4 204488-000, registered to Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of Dirección05 and Dirección06, following a telephone call from a taxpayer who chose not to identify himself and reported that work on the closed project was continuing. The visit was therefore coordinated with the municipal police, and upon arriving at the site, it was indeed observed that work on the closed project had continued, as compared with the previous photographic record submitted in IPUT-779-2024. The following new photographic record was therefore obtained... (…) ...Additionally, it is reported that, at the time of the visit, a tractor was leaving the indicated property. The driver was therefore approached by Municipal Police Officer Mainor Calderón Briceño, who requested his identification, and this was recorded in the warning report attached to this official letter, which the driver signed after being informed that he must not continue contributing to the construction process for the closed project until the appropriate procedure has been completed. Also present at the site was the same person who had received notification report No.0005776 during the previous visit mentioned in IPUT-779-2024, but the police were unable to approach him to obtain his personal information. Nevertheless, Inspector Hugo Vargas also informed him of the obligation not to continue work on the project that had already been closed...’; (it is clarified that the property referred to in IPUT-797-2024 is N°-118401 and not N°204488, as described in the report.8) On 21 de noviembre del 2024, IPUT 808-2024 reported the correction of the warning issued for property Nº204488 and rectified the property number to N°1 18401 as the correct property on which the work had been performed without the corresponding permits.9) On 06 de enero del 2025, a new inspection report, number IPUT-011-2025, was prepared with updated information confirming that, during the 2024 year-end vacation period, the defiance of authority continued and that routine year-end inspections confirmed the continuation of the work; it stated, among other things, as follows (photographs taken on 25 de diciembre del 2024): ‘....I hereby inform you that the property registered under Real-Property Folio 4 118401-000, registered to Corporación Ferofra S.A and located in Concepción, 120m north of the intersection of Dirección05 and Dirección06, was visited. The property remains closed pursuant to IPUT-808-2024. Upon arriving at the site, it was observed that work on the closed project had continued, as compared with the previous photographic record submitted in IPUT-779-2024 and IPUT-797-2024. The following new photographic record was therefore obtained... (…)’ Additionally, it stated: ‘...Furthermore, assistance was coordinated with the municipal police, and officers Jonathan Solís and Jairo Carvajal arrived at the site to inform the builders present that they were violating the closure order. However, they refused to open the gates or identify themselves. Even so, it was possible to speak with one of the workers, who was again informed that he must not continue contributing to the construction process for the closed project until the appropriate procedure has been completed. The seals were subsequently placed on the gates again, as shown in the following photographic record...’ (…)10) On 08 de enero del 2025, Resolution IU-001-2025 was served, advising the owner of property Dirección02, among other things, as follows: ‘...you are granted a period of 30 days to bring your situation into legal compliance by taking the appropriate action under the legal system currently in force; that is, by carrying out, at your own expense, the demolition of the structures that do not fully comply with the law. The project DOES NOT have a license, and the existing land-use certificate (Uso de Suelo) is not a permit and is no longer valid, so that you may thereby comply with the provisions of the legal system currently in force.11) Nombre19 filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal (recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria) against Resolution IU-001-2025.12) On 23 de enero del 2025, through official letter IU-009-2025, a certified copy of administrative case file D-1865, corresponding to Dirección03, was forwarded for delivery to the Municipal Council. It was delivered by the Municipal Mayor’s Office through official letter AM-072-2025 of 23 de enero del 2025.13) On 7 de marzo del 2025, the Territorial Urban Management Unit served the Municipal Mayor’s Office with Resolution IU-016-2025, rejecting the motion for reconsideration with a subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025, so that the Mayor’s Office could, in turn, address the subsidiary appeal.14) On 21 de marzo, through Resolution AM-020-2025, the Municipal Mayor’s Office rejected the motion for reconsideration with a subsidiary appeal filed by Nombre19 against Resolution IU-001-2025. Therefore, this department has rejected every action and level of appeal pursued by Mr. Nombre19, representative of Corporación Ferofra S.A., and the Municipality’s position is one of complete rejection of the construction, which, to date, does not have the corresponding permits and does not comply with the law.”
  5. 5By resolution issued at 15:09 hours on 28 de agosto de 2025, this Court requested additional evidence to facilitate its decision (prueba para mejor resolver).
  6. 6Jorge Eduardo Arias Santamaría, in his capacity as mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, reports under oath (report submitted on 04 de setiembre de 2025) as follows: “First: Report IU-120-2025 of 3 de setiembre de 2025, prepared by the Territorial Urban Management Unit, is submitted; it addresses the information requested by this Court concerning property Dirección02 and matters related to Resolution IU-001-2025.” Likewise, Report IU-120-2025 of 3 de setiembre de 2025 states as follows: “First, with regard to the demolition order for the structures erected without a municipal license, I must state that it has not been enforced because the notification procedure that was conducted underwent legal review. Based on the principle of legality (principio de legalidad), an opinion was issued through official letter N° AL-486-2025 invalidating the notification procedure and thus requiring that the process be restarted because, according to that legal counsel, the first resolution (IU-001-2025) should have been personally served, even though it was challenged by the legal representative of the company owning the property registered under real-property folio 4-118401-000.Several days ago, the Municipal Mayor’s Office requested an opinion from the Internal Legal Counsel’s Office to analyze the possibility of applying a more expedited procedure because the property is located partially within the inalienable zone established by Decreto N° LXV de julio de 1888. Regarding the requested information concerning compliance with Resolution IU-001-2025, which was the first resolution in the notification procedure conducted in this matter, and whether it was served, I advise that, as explained in the second paragraph, it was invalidated by the internal legal counsel, which stated: ‘any administrative proceeding (procedimiento administrativo) must be personally served on the registered owner of the real property.’ This required the Unit to initiate due process anew, pending the legal opinion requested by the Mayor’s Office. As for notice to the petitioners or complainants in this matter, I state that information concerning the follow-up and course of action in this matter has been communicated repeatedly to complainants and interested parties who provided their information in order to receive it.However, with regard to the matter previously associated with this case file (N°25-009503-0007-CO), no complaints or requests for information have been received from the petitioners who filed the proceeding in question, and therefore no information has been forwarded to them.”
  7. 7According to the certification issued on 09 de setiembre de 2025, the following was established: “We, the undersigned Acting Judicial Technician 3 and Acting Secretary, both of the Sala Constitucional, HEREBY CERTIFY THAT: upon review, at four hours and thirteen minutes on the ninth of September of two thousand twenty-five, of the RECEIVED DOCUMENTS LOG AND THIS CASE FILE in the COSTA RICAN JUDICIAL CASE MANAGEMENT SYSTEM, there was no indication that, from 29 de agosto to 08 de setiembre de 2025, the head of the Territorial Urban Management Unit of the Municipalidad de San Rafael de Heredia had submitted any brief or document whatsoever in order to provide the report requested from him in the decision issued at fifteen hours and nine minutes on the twenty-eighth of August of two thousand twenty-five, in case number 25-009503-0007-CO, which is an AMPARO PROCEEDING (RECURSO DE AMPARO) filed by Nombre01 AND OTHERS”.
  8. 8The statutory requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Araya García drafts the opinion; and,

Whereas:

I.Before analyzing the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to prompt and proper proceedings—it must be clarified that, beginning with decision No. 2008-02545 at 8:55 hours on 22 de febrero de 2008, this Chamber has held that matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings must—with some exceptions—be referred to the contentious-administrative jurisdiction, so that an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—may be resolved through a final administrative act, or the appropriate administrative appeals may be heard. Specifically, the matter sub lite presents such an exception, because it concerns a complaint filed against an unlawful construction within the area governed by decree N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Ley 65 de 1888, which is causing environmental problems.

II.Subject matter of the proceeding. The petitioners allege a violation of their fundamental rights, stating that they are residents of Los Ángeles de San Rafael de Heredia, where a large, allegedly unlawful structure is being built at Dirección01 on property owned by Corporación Ferofra S.A. They state that work involving heavy machinery, earthworks (movimientos de tierra), and vegetation removal has been observed. They mention that these activities are being carried out in an area where structures intended for workshops or vehicle dismantling yards are prohibited, because it is an aquifer recharge area (área de recarga acuífera) and an environmental protection area. Thus, this construction places the environment, the ecosystem’s fragility, the protected aquifers, and the environmental rights of all Costa Ricans at risk. They complain that the problem has not been resolved to date.

II.Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:

  • a)An unlawful construction is being carried out on the property registered under real-property folio 4- 118401-000, in the district of Concepción, within the area governed by decree N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Ley 65 de 1888. Accordingly, an anonymous complaint was filed with the Municipalidad de San Rafael de Heredia (see the reports submitted and the evidence provided).
  • b)On 11 de noviembre de 2024, the inspector for the area from the Municipalidad de San Rafael de Heredia inspected the property registered under real-property folio 4- 118401-000, in the district of Concepción, and, according to official letter IPUT-779-2024, stated the following: “(…) I hereby inform you that an inspection was conducted at property 118401, registered to Nombre20, due to a complaint received regarding an apparent Construction without a PC. At the time of the inspection, a shed-type warehouse made of steel purlins was found under construction without the corresponding permits; therefore, closure seals were affixed and Record 5782 was delivered to the owner, as shown in the following photographic record (…)” (see the reports submitted and the evidence provided).
  • c)On 13 de noviembre de 2024, in notice record Nº-5776, the inspector for the area from the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated: “Shed without a construction permit.” The work was therefore closed again because it lacked the corresponding permits (see the reports submitted and the evidence provided).
  • d)On 19 de noviembre del 2024, in official letter IPUT-779-2024, the inspector for the area from the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated the following: “(…) I hereby inform you regarding the request to inspect property 118401, located at Dirección04, 250 mts east of the Rio Turales, registered to Corporación Ferofra S.A, following a complaint received by telephone and email reporting an apparent construction being carried out on that property, ‘apparently a shed for use as a workshop.’ Upon visiting the site, the reported Construction was found, where the foundations for the steel-purlin structure had been installed. The persons carrying out the construction were called over, and we were informed that the owner was not present; accordingly, record Nº 5776 was left, informing him that the work was being closed because it lacked the corresponding permits, and closure seals were affixed as evidence of the foregoing” (see the reports submitted and the evidence provided).
  • e)On 19 de noviembre del 2024, the Municipalidad de San Rafael de Heredia issued Warning Resolution N° 797-IPUT-2024 concerning property 118401, which was delivered to a worker on the property named Nombre21 (tractor driver), who was instructed to refrain from continuing the work closed by the Municipality and warned of the judicial consequences of continuing such unlawful conduct (see the reports submitted and the evidence provided).
  • f)On 20 de noviembre de 2024, in official letter IPUT-797-2024, the inspector for the area from the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated the following: “(…) I hereby inform you that, accompanied by inspectors Hugo Vargas and Andrea Vindas, I visited the property registered under Real-Property Folio 4 204488-000 to Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of Dirección05 and Dirección06, due to a telephone call from a taxpayer who chose not to identify himself and reported that the closed work was continuing. The visit was therefore coordinated with the municipal police, and upon arrival at the site it was indeed observed that the closed work had continued, as compared with the prior photographic record submitted in IPUT-779-2024. The following new photographic record was therefore obtained... (…) ...Additionally, it is reported that, at the time of the visit, a tractor was leaving the indicated property, and the driver was therefore approached by Municipal Police Officer Mainor Calderón Briceño, who requested his identification.

The matter was recorded in the warning record attached to this official letter, which the driver signed after being informed that he must not continue contributing to the construction process involving the closed work until the corresponding procedure has been completed. Also present at the site was the same person who received notice record No.0005776 during the prior visit mentioned in IPUT-779-2024, but the police were unable to approach him to obtain his personal information. Nevertheless, Inspector Hugo Vargas also informed him of the obligation not to continue the work that had already been closed (…)”. It is further clarified that the property referred to in IPUT-797-2024 is N°-118401 and not N° 204488, as the report erroneously states (see the reports submitted and the evidence provided).

  • g)On 21 de noviembre de 2024, IPUT 808-2024 reported the correction of the warning issued for property Nº 204488 and rectified the record to identify property N°1 18401 as the correct property on which the work had been performed without the corresponding permits (see the reports submitted and the evidence provided).
  • h)On 06 de enero del 2025, the Municipalidad de San Rafael de Heredia prepared a new inspection report, number IPUT-011-2025, containing updated information establishing that the authority continued to be defied during the 2024 year-end holiday period and that routine year-end inspections confirmed that the work had continued. It likewise stated the following: “(…) I hereby inform you that the property registered under Real-Property Folio 4 118401-000 to Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of Dirección05 and Dirección06, was visited. The property is under closure pursuant to IPUT-808-2024. Upon arrival at the site, it was observed that the closed work had continued, as compared with the prior photographic record submitted in IPUT-779-2024 and IPUT-797-2024, and the following new photographic record was therefore obtained (…) In addition, assistance was coordinated with the municipal police, and officers Jonathan Solís and Jairo Carvajal arrived at the site to inform the construction workers present that they were violating the Closure Order.

However, they refused to open the gates or identify themselves. Nevertheless, it was possible to speak with one of the workers, who was again told that he must not continue contributing to the construction process involving the closed work until the corresponding procedure has been completed. The seals were subsequently affixed to the gates again, as shown in the following photographic record” (see the reports submitted and the evidence provided).

  • i)On 08 de enero de 2025, Resolution IU-001-2025 was served, informing the owner of Dirección07, among other matters, of the following: “(…) you are granted a period of 30 days to bring your situation into legal compliance through the appropriate measures under the legal system currently in force; that is, to undertake at your own expense the demolition of the work that does not fully comply with the law, which DOES NOT have a permit, and given that the existing Land-Use Certification (Uso de Suelo) is not a permit and is likewise not valid, thereby complying with the provisions of the legal system currently in force” (see the reports submitted and the evidence provided).
  • j)On an undetermined date, the company’s representative filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal (recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria) against Resolution IU-001-2025 (see the reports submitted and the evidence provided).
  • k)On 23 de enero de 2025, through official letter IU-009-2025, a certified copy of administrative case file D-1865, corresponding to Dirección03, was forwarded for delivery to the Consejo Municipal. It was delivered by the Alcaldía Municipal through official letter AM-072-2025 of 23 de enero del 2025 (see the reports submitted and the evidence provided).
  • l)On 07 de marzo del 2025, the Territorial Urban Management Unit notified the Alcaldía Municipal of Resolution IU-016-2025, which denied the motion for reconsideration with a subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025, so that the Alcaldía Municipal could, in turn, decide the subsidiary appeal (see the reports submitted and the evidence provided).
  • m)On 21 de marzo, the Alcaldía Municipal denied, through Resolution AM-020-2025, the motion for reconsideration with a subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025 (see the reports submitted and the evidence provided).
  • n)By means of report IU-120-2025 dated 3 de setiembre de 2025, the representative of the Territorial Urban Management Unit of the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated the following: “First, with respect to the demolition order for the works constructed without a municipal permit, I must indicate that they have not been demolished because the notification procedure that was carried out underwent legal review, following which, based on the principle of legality (principio de legalidad), an opinion was issued by means of official letter N° AL-486-2025 invalidating the notification procedure and thus requiring the procedure to be restarted, because, according to that legal counsel, the first decision (IU-001-2025) should have been served personally, even though it was appealed by the legal representative of the company that owns property registered under real property folio 4-118401-000.

Several days ago, the Office of the Municipal Mayor requested a legal opinion (dictamen) from the Internal Legal Counsel to analyze the possibility of applying a more expedited procedure because the property is partially located within the inalienable zone (zona inalienable) established by Decreto N° LXV de julio de 1888. Regarding the requested information concerning compliance with Decision IU-001-2025, corresponding to the first decision in the notification procedure carried out in this case, and whether it was served, I inform you that, as explained in the second paragraph, it was invalidated by the Internal Legal Counsel, which stated: ‘any administrative proceeding (procedimiento administrativo) must be conducted through personal service upon the registered owner of the real property,’ requiring this Unit to recommence due process (debido proceso), pending the legal opinion requested by the Office of the Mayor.

As for notifying the appellants or complainants in this case, I inform you that information regarding the follow-up and course of action in this case has been communicated repeatedly to complainants and interested parties who provided their contact information in order to receive it. However, in the case previously associated with this expediente (N°25-009503-0007-CO), no complaints or requests for information have been received from the appellants who filed the appeal in question; consequently, no information has been provided to them” (see the reports submitted and the evidence provided).

III.Merits (fondo). After analyzing the evidence submitted, this Court finds that the appellants’ fundamental rights (derechos fundamentales) were violated. This is because the report submitted by the representative of the respondent authority—which is deemed to have been given under oath, with the consequences, including criminal consequences, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted for the resolution of the matter duly establish that an unlawful construction is being carried out on the property registered under real-property folio 4- 118401-000, in the district of Concepción, within the area governed by decree N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone (zona inalienable) established by Law 65 of 1888. Consequently, an anonymous complaint was filed with the Municipalidad de San Rafael de Heredia. Thus, on 11 de noviembre de 2024, the inspector for the area from the Municipalidad de San Rafael de Heredia inspected the property registered under real-property folio 4- 118401-000, in the district of Concepción, and, according to official letter IPUT-779-2024, stated as follows: “(…) I hereby inform you that an inspection was conducted at property 118401, registered to Nombre20, following a complaint received concerning an apparent Construction without a construction permit (permiso de construcción, PC).

At the time of the inspection, a shed-type warehouse made of metal framing was found under construction without the corresponding permits; closure seals were therefore affixed, and Record 5782 was delivered to the owner, as shown in the following photographic record (…)”. Furthermore, on 13 de noviembre de 2024, through notification record Nº-5776, the inspector for the area from the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated: “Shed without a construction permit.” The work was therefore closed down again because it lacked the corresponding permits. Consequently, on 19 de noviembre del 2024, through official letter IPUT-779-2024, the inspector for the area from the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated as follows: “(…) I hereby inform you regarding the request to inspect property 118401, located at Dirección04, 250 mts east of Rio Turales, registered to Corporación Ferofra S.A, following a complaint received by telephone and email indicating that construction was apparently being carried out on that property, ‘apparently a shed for a workshop.’ Upon arriving at the site, the reported Construction was found, where the bases for the metal-frame structure had been installed.

The persons carrying out the construction were called over, and we were informed that the owner was not present; accordingly, record Nº 5776 was left, informing the owner that the work was being closed down because it lacked the corresponding permits, and closure seals were affixed as evidence of the foregoing.” Thus, on 19 de noviembre del 2024, the Municipalidad de San Rafael de Heredia issued Warning Resolution (Resolución de Apercibimiento) N° 797-IPUT-2024 concerning property 118401, which was delivered to a worker on the property named Nombre21 (tractor driver), who was instructed to refrain from continuing the work closed down by the Municipalidad and was warned of the judicial consequences should he continue such unlawful conduct. Likewise, on 20 de noviembre de 2024, through official letter IPUT-797-2024, the inspector for the area from the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated as follows: “(…) I hereby inform you that, accompanied by inspectors Hugo Vargas and Andrea Vindas, I visited the property registered under real-property folio 4 204488-000 in the name of Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of Dirección05 and Dirección06, as a result of a telephone call from a taxpayer who decided not to identify himself and reported that the closed-down work was continuing.

The visit was therefore coordinated with the municipal police, and upon arriving at the site it was indeed observed that the closed-down work had continued, as compared with the prior photographic record submitted in IPUT-779-2024; accordingly, the following photographic record was obtained again... (…) ...Additionally, it is reported that, at the time of the visit, a tractor was leaving the identified property, and the driver was therefore approached by Municipal Police Officer Mainor Calderón Briceño, who requested his identification. This was recorded in the warning record attached to this official letter, which the driver signed after being informed that he must not continue contributing to the construction process for the closed-down work until the corresponding procedure has been completed. Also present at the site was the same person who received notification record No.0005776 during the prior visit mentioned in IPUT-779-2024, but the police were unable to approach him to obtain his personal information.

Nevertheless, Inspector Hugo Vargas also informed him of the obligation not to continue the work that had already been closed down (…)”. It is further clarified that the property referred to in IPUT-797-2024 is N°-118401 and not N° 204488, as the report erroneously states. Furthermore, on 21 de noviembre de 2024, IPUT 808-2024 reported the correction of the warning issued concerning property Nº 204488 and rectified the record to identify property N°1 18401 as the correct property on which the work had been performed without the corresponding permits. Subsequently, on 06 de enero del 2025, the Municipalidad de San Rafael de Heredia issued a new inspection report, number IPUT-011-2025, with updated information establishing that, during the 2024 year-end vacation period, the defiance of authority continued and that routine year-end inspections confirmed that the work had continued. It likewise stated as follows: “(…) I hereby inform you that the property registered under real-property folio 4 118401-000 in the name of Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of Dirección05 and Dirección06, was visited.

This property is closed down pursuant to IPUT-808-2024. Upon arriving at the site, it was observed that the closed-down work had continued, as compared with the prior photographic record submitted in IPUT-779-2024 and IPUT-797-2024; accordingly, the following photographic record was obtained again (…) In addition, assistance was coordinated with the municipal police, and officers Jonathan Solís and Jairo Carvajal arrived at the site to inform the builders present that they were disregarding the Closure. However, they refused to open the gates or identify themselves. Even so, it was possible to speak with one of the workers, who was again informed that he must not continue contributing to the construction process for the closed-down work until the corresponding procedure has been completed. The seals were subsequently affixed to the gates again, as shown in the following photographic record.” Accordingly, on 08 de enero de 2025, Resolution IU-001-2025 was served, informing the owner of the property at Dirección02, among other matters, as follows: “(…) you are granted a period of 30 days to bring your situation into compliance through the appropriate measures under the legal system in force (ordenamiento jurídico vigente), namely, to carry out at your own expense the demolition of the work that does not fully comply with the law, which does NOT have a license, and given that the existing land-use certificate (Uso de Suelo) is not a permit and is no longer valid, thereby complying with the provisions of the legal system in force.” In response to that situation, on an unspecified date, the company’s representative filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal (recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria) against Resolution IU-001-2025.

Therefore, on 23 de enero de 2025, through official letter IU-009-2025, a certified copy of administrative case file D-1865 corresponding to Dirección03 was forwarded for delivery to the Consejo Municipal. It was delivered by the Alcaldía Municipal through official letter AM-072-2025 dated 23 de enero del 2025. Subsequently, on 07 de marzo del 2025, the Unidad de Gestión Urbana Territorial notified the Alcaldía Municipal of Resolution IU-016-2025, rejecting the motion for reconsideration with subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025, so that the Alcaldía Municipal could, in turn, address the subsidiary appeal. Furthermore, on 21 de marzo, the Alcaldía Municipal rejected the motion for reconsideration with subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025 through Resolution AM-020-2025. Lastly, through report IU-120-2025 dated 3 de setiembre de 2025, the representative of the Unidad de Gestión Urbana Territorial of the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated as follows: “First, with regard to the demolition order (orden de derribo) for the work carried out without a municipal license, I must state that it has not been executed because the notification process that was carried out underwent legal review, after which, based on the principle of legality (principio de legalidad), an opinion was issued through official letter N° AL-486-2025 invalidating the notification process and thus requiring the process to be restarted, since, according to that legal counsel, the initial resolution (IU-001-2025) should have been personally served, even though it was challenged by the legal representative of the company that owns the property under real-property folio 4-118401-000.

Several days ago, the Alcaldía Municipal requested an opinion from the Asesoría Legal Interna to analyze the possibility of applying a more expedited procedure because the property is located partially within the inalienable zone established by Decreto N° LXV de julio de 1888. Regarding the requested information concerning compliance with Resolution IU-001-2025, which was the initial resolution in the notification process conducted in this case, and whether it was served, I advise you that, as explained in the second paragraph, it was invalidated by the internal legal counsel, who stated: ‘any administrative proceeding (procedimiento administrativo) must be personally served on the registered owner of the real property,’ requiring this Unidad to recommence due process (debido proceso), pending the legal opinion requested by the Alcaldía. As to notification of the appellants or complainants in this case, I inform you that information concerning the monitoring and handling of this case has repeatedly been communicated to complainants and interested parties who provided their information in order to receive it.

However, with respect to the case previously associated with this case file (N°25-009503-0007-CO), no complaints or requests for information have been received from the appellants who filed the appeal in question; therefore, no information has been forwarded to them.”

In this regard, it is established that more than 10 months ago, the respondent Municipalidad determined, following an anonymous complaint, that construction was being carried out unlawfully on the property registered under real property folio (folio real) 4- 118401-000, in the district of Concepción, within the area governed by decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone (zona inalienable) established by Ley 65 de 1888. Accordingly, in response to that situation, it is established that the Municipalidad conducted several inspections at the site, where it found that the illegal construction lacked the required permits (“Shed without a construction permit”), and therefore proceeded to affix closure seals (sellos de clausura), which have been violated on multiple occasions in complete defiance of the authority; consequently, it has been established that the work continued.

Thus, it is reiterated that on 08 de enero de 2025, Resolución IU-001-2025 was served, advising the owner of property 4-118401-000, among other matters, as follows: “(…) you are granted a period of 30 days to bring your situation into legal compliance by taking the appropriate action under the laws currently in force; that is, by carrying out at your own expense the demolition of the works that do not fully comply with the law, which do NOT have a permit, and given that the existing Land-Use Certificate (Uso de Suelo) is not a permit and is no longer valid, thereby complying with the provisions of the laws currently in force.” The corresponding administrative appeals (recursos) were filed against that decision and were denied. Notwithstanding the foregoing, it has been established to date that the demolition order (orden de derribo) for the works constructed without a municipal permit has not been enforced because the service-of-notice process (proceso de notificaciones) that had been conducted was subjected to legal review and invalidated, thus requiring the process to be restarted.

Accordingly, although the Municipalidad de San Rafael de Heredia has taken action to resolve the reported problem, the fact remains that the corresponding proceeding has not yet been completed, and therefore the demolition order for the works constructed without a municipal permit has not been enforced; to date, an unlawful construction (without permits) remains within the area governed by decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Ley 65 de 1888. Consequently, a violation of the fundamental rights (derechos fundamentales) of the petitioners (recurrentes), as well as those of the local residents, is established.

In view of the foregoing, the appropriate course is to grant the petition.

IV.Note by Justice Castillo Víquez concerning prompt and effective administrative justice (justicia administrativa pronta y cumplida). I have supported this Court’s position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings (sede administrativa), jurisdiction over the legal dispute lies with the Contentious-Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo), rather than with this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is eligible for judicial protection through the amparo proceeding (recurso de amparo) established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which petitioners consider that the Administration’s physical acts, administrative acts (actos administrativos), or response are affecting their fundamental rights.

In my view, the newly enacted legislation does not require this Court to modify its line of precedent, since, pursuant to section 7 of its Law, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases and that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee proceeding of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 of 8:55 hours on 22 de febrero de 2008), jurisdiction lies with the judges of the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso-administrativo). All of this is consistent with section 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitutional Law (Derecho de la Constitución) (values, principles, and rules), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

V.-- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are hereby advised that if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced through new technologies, such items must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from service of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period shall be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as in the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The petition is granted. Jorge Eduardo Arias Santamaría, in his capacity as mayor, and Esteban Arce Camacho, in his capacity as head of the Unidad de Gestión Urbana Territorial, both of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, or whoever holds those offices, are ordered to adopt the necessary, effective, and timely measures required to ensure resolution of the reported problem; this must be accomplished within SIX MONTHS from service of this judgment. The respondent authority is hereby advised that, pursuant to article 71 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that they are required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be subject to imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not punishable by a more severe penalty. The Municipalidad de San Rafael de Heredia is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction. Justice Castillo Víquez files a note. Let notice be served.

Fernando Castillo V.

Chief Justice Fernando Cruz C.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Jorge Isaac Solano A.

Alexandra Alvarado P.

CASE FILE N° 25-009503-0007-CO Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección08, Dirección09, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, Nombre02, cédula de identidad CED02, Nombre03, cédula de identidad CED03, Nombre04, cédula de identidad CED04, Nombre05, cédula de identidad CED05, Nombre06, Nombre07, cédula de identidad CED06, Nombre08, Nombre09, cédula de residencia CED15, Nombre10, cédula de identidad CED07, Nombre11, cédula de identidad CED08, Nombre12, cédula de identidad CED09, Nombre13, cédula de identidad CED16, Nombre14, cédula de identidad CED10, Nombre15, cédula de identidad CED11, Nombre16, Nombre17, cédula de identidad CED12, Nombre18, cédula de identidad CED13, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 02 de abril de 2025, los recurrentes interponen recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA y manifiestan que son vecinos de Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Señalan su preocupación ante la construcción de una edificación de gran tamaño, presuntamente ilegal, en Dirección01, propiedad de la corporación Ferofra S.A. Indican que se han observado trabajos con maquinaria pesada, movimientos de tierra y remoción de vegetación. Señalan que esas actividades se desarrollan en una zona en la que se encuentran prohibidas construcciones destinadas a talleres o deshuesaderos, por tratarse de un área de recarga acuífera y de protección ambiental. Agregan que la mencionada construcción, de grandes dimensiones y aparentemente orientada a actividades de taller, pone en riesgo el medio ambiente, la fragilidad del ecosistema, los mantos acuíferos protegidos, así como los derechos ambientales de todos los costarricenses.Detallan que en el sitio se observan zanjas de más de dos metros de profundidad, las cuales suponen que están destinadas a labores de mantenimiento, reparación y desarme de vehículos. Consideran que en esas zanjas podrían ir a parar gran cantidad de materiales contaminantes como aceites, pinturas y otras aguas residuales. Asimismo, aseguran que en el lugar se llevan a cabo actividades propias de un taller mecánico, lo que estiman confirma la ilegalidad de esa construcción. Reclaman que, aunque esos hechos fueron denunciados ante la Municipalidad de San Rafael en el año 2024 y ordenó la suspensión temporal de la obra por un día, al día siguiente las labores constructivas se reanudaron con normalidad. Manifiestan que en cuestión de unas semanas y pese a la aparente ilegalidad, levantaron la bodega, construyeron una tapia para ocultar las actividades y continúan trabajando con vehículos chocados y maquinaria pesada en movimiento.Finalmente, señalan que, al momento de la interposición de este recurso, la municipalidad no ha detenido ni la construcción ni las actividades prohibidas que allí se realizan, las cuales han provocado daños ambientales, violando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, denuncian la tala de árboles, movimientos de tierra y afectación al ecosistema, flora, fauna, mantos acuíferos y zonas de protección boscosa. Por los motivos expuestos, solicitan la intervención de la Sala en el presente asunto.
  2. 2Mediante resolución de las 11:13 horas del 08 de abril de 2025, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.
  3. 3Informa bajo juramento Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia (informe rendido el 23 de abril de 2025), en los siguientes términos: “TERCERO. La finca Dirección02, propiedad CORPORACIÓN FEROFRA S.A, cédula jurídica CED14, sujeta de este proceso se encuentra ubicada en el cantón de San Rafael, distrito Concepción, siendo que la misma tiene un porcentaje de su terreno en la zona establecida dentro del Decreto 25902-MIVAH-MINAE y otra porción dentro de lo contemplado en zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. CUARTO. La Ley de Construcciones establece en el artículo 89, que el construir obras sin la debida Licencia Municipal es una infracción, por ende, hay que aplicar las sanciones que estipulan esta ley y su reglamento. Así mismo el artículo 93 de la Ley de Construcciones indica claramente que “Cuando un edificio o construcción o instalación ha sido terminado sin licencia ni proyecto aprobado por la Municipalidad y sin que se haya dado aviso ésta de la terminación de la obra, se levantará una información, fijando el propietario un plazo improrrogable de treinta (30) días, para que dé cumplimiento a lo estatuido en esta Ley y Reglamento, presentando el proyecto, solicitud de licencia, etc.” QUINTO.En este caso en marras como se desprende del informe IU-045-2025, elaborado por la Unidad de Gestión Urbana Territorial, el Municipio ha intervenido en dicho inmueble, realizando múltiples clausuras a las construcciones ilegales que son detectadas en dicha finca, como se logra desprender del Expediente Administrativo denominado: “Expediente D-1865 Construcciones sin permiso de Construcción”, aportado por esta representación al efecto; denotándose las múltiples intervenciones municipales en fechas 11 de noviembre de 2024, 13 de noviembre de 2024, 19 de noviembre de 2024, 20 de noviembre de 2024, 25 de diciembre de 2024, 6 de enero del 2025, y a su vez consta que se ha procedido a notificar a las personas presentes en el sitio, sobre la ilegalidad de las construcciones que realizan. Hemos de rescatar que la Policía Municipal en apoyo al proceso seguido ha estado presente en el sitio con los funcionarios municipales en diversas diligencias concernientes al caso.SEXTO. En este proceso el representante legal, de la dueña registral de la finca en marras el señor Nombre19, a accionado todas las fases recursivas que le permite el ordenamiento jurídico, aun así la postura municipal, es de total rechazo y oposición a las construcciones en dicha finca como se desprende del expediente administrativo aportado; ya que ninguna de las construcciones se ajustan a derecho y ni cuentan con los permisos respectivos de ley. SETIMO. La Municipalidad tiene a su cargo la vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción en concordancia con el apego a los preceptos establecidos en la Ley de Construcciones (…) OCTAVO. Este Municipio notificó en fecha 8 de enero del 2025, a la sociedad anónima propietaria de la finca en marras, la resolución IU-001-2025, emitida por la Unidad de Gestión Urbana y Territorial donde se le previene: “…se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente.” NOVENO.Ante esta resolución supra citada el representante legal de la sociedad propietaria de la finca en cuestión, Nombre19, presenta los recursos de ley correspondientes al acto administrativo señalado, siendo, que el 21 de marzo del 2025, la Alcaldía Municipal en alzada mediante la resolución AM-020-2025, rechaza en todos los extremos los alegatos en el recurso de apelación planteado. El acto administrativo impugnado es rechazado por parte de la Alcaldía dándose así por agotada la vía administrativa, confirmándose la resolución IU-001-2025. DECIMO. La contravención a lo dispuesto en la Ley de Construcciones, a saber, como es en este caso la edificación de obras sin licencia constructiva previa, provoca como consecuencia la habilitación para el Gobierno Local de dictar la paralización de obras, así como la clausura y posterior demolición, una vez culminado el procedimiento previsto en los artículos 93 y siguientes de la Ley de Construcciones.UNDECIMO. Este Municipio ante los incumplimientos y desacatos está tramitando de conformidad a los principios de legalidad y del debido proceso, las acciones necesarias para ejecutar las demoliciones y derribos de las construcciones irregulares realizadas en la finca Dirección02, como se desprende del expediente administrativo aportado. DOUDECIMO. Por lo tanto, no llevan razón los recurrentes al indicar que el Municipio ha sido omiso en dar atención a las solicitudes y denuncias interpuestas, ya que como se desprende del expediente administrativo aportado, esta Municipalidad ha atendido todas las consultas y denuncias que han girado en torno a la finca 4-118401-000 sujeta de este proceso. El actuar Municipal nunca ha ido en detrimento del ambiente y tampoco hemos sido participe de patrocinar o tolerar construcciones ilegales en el cantón y en este caso particular se desprende que el municipio a accionado todos los recursos para frenar los hechos acaecidos en la finca en marras”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.
  4. 4Informa bajo juramento Esteban Arce Camacho, en su condición de jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia (informe rendido el 23 de abril de 2025), en los siguientes términos: “1) En principio se aclara que el caso que nos compete por construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, en el distrito de Concepción, se presenta sobre la finca registrada con el folio real 4- 118401-000 y no sobre la finca 204488, que erróneamente se había consignado en el acta de clausura.2) Con respecto a la orden de derribo de la construcción irregular realizada en la Dirección03, le indico que aún nos encontramos realizando el debido proceso, razón por la cual aún no ha sido posible emitir la orden de derribo. Dentro de las principales gestiones realizadas en atención a dicho caso, podemos encontrar:3) Que el día 11 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona procede a indicar que: "... Mediante el presente me permito informarle que se realizó la inspección realizada a la afinca 118401, a nombre de Nombre20 por denuncia recibida por aparente Construcción sin PC. Al momento de la inspección se detecta una bodega tipo galerón en perling que se realiza la cual no cuenta con los permisos correspondientes, por lo que se proceda a colocar sellos de clausura y se entrega al propietario el Acta 5782, como se muestra en el siguiente registro fotográfico…. (…)4) Que el día 13 de noviembre del 2024 mediante el acta de notificación Nº-5776, el inspector de la zona procede a indicar: "...Galerón sin permiso de construcción..." Por lo tanto, se procede a volver a clausurar la obra por no contar con los permisos de correspondientes.5) Que el día 19 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona procede a indicar que: "...Mediante el presente me permito informarle sobre la solicitud de inspección a la finca 118401, ubicada en el Dirección04, 250 mts este del Rio Turales, a nombre de Corporación Ferofra S.A, por denuncia recibida vía telefónica y correo electrónico donde se indica una aparente construcción que se realiza en dicha finca "aparentemente galerón para taller". Al asistir al lugar se detecta la Construcción denunciada donde se colocó las bases de la estructura en perling, se llamó a las personas que estaban construyendo sì se nos indicó que el propietario no se encontraba por lo que se procedió a dejar el acta Nº5776, donde se le indica que se clausura la obra por no contar con los permisos correspondientes, y se colocan sellos de clausura en evidencia de lo anteriormente mencionada. Como se indica en el registro fotográfico adjunto... (…)6) Que el día 19 de noviembre del 2024 se genera la Resolución de Apercibimiento N° 797-IPUT-2024 a la finca 118401, entregada a un trabajador de la finca con nombre de Nombre21 (chofer de tractor), al que se indica que debe abstenerse de continuar con la obra clausurada por la Municipalidad y se le previenen las consecuencias judiciales en caso de continuar con dicho actuar ilícito.7) Que el día 20 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-797-2024, el inspector de la zona procede a indicar que: "...Mediante el presente me permito informarle que, en compañía de los inspectores Hugo Vargas y Andrea Vindas, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 204488-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de Dirección05 con Dirección06, debido a la llamada vía telefónica de un contribuyente que ha decidido no identificarse informando la continuación de las obras clausuradas, por lo que se ha lo coordinado la visita con la policía municipal y al llegar al sitio efectivamente se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico... (…) ...Adicionalmente, se informa que al momento de la visita iba saliendo un tractor de la propiedad indicada por lo que el chofer ha sido abordado por el policía Municipal Mainor Calderón Briceño, quien le ha solicitado la identificación y se ha indicado en al acta de apercibimiento adjunta a este oficio la cual ha firmado haciéndole saber que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Además, se encontraba en sitio la misma persona quien ha recibido el acta de notificación No.0005776 en la visita anterior mencionada en el IPUT-779-2024, pero no fue posible abordar por parte de la policía para obtener los datos personales, sin embargo, el Inspector Hugo Vargas, también le ha hecho saber la obligación de no continuar las obras ya clausuradas..."; (se aclara que la finca a la que se refiere IPUT-797-2024 es la N°-118401 y no la N°204488, como describe el informe.8) Que el día 21 de noviembre del 2024 con el IPUT 808-2024 se informa acerca de la corrección de la prevención generada en finca Nº204488 y se rectifica por la finca N°1 18401 como la finca correcta en la que se han ejecutado las obra sin los permisos correspondientes.9) Que el día 06 de enero del 2025 se hace nuevo informe de inspección número IPUT-011-2025 con información actualizada donde se constata que durante el periodo de vacaciones de fin de año del 2024 se continuó con desacato a la autoridad y en inspecciones de rutina de final de año se constata la continuación de las obras; se indica entre otros lo siguiente (fotos tomadas el 25 de diciembre del 2024): “....Mediante el presente me permito informarle que, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 118401-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de Dirección05 con Dirección06, la cual se encuentra clausurada conforme al IPUT-808-2024, al llegar al sitio se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024 y el IPUT-797-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico... (…) Adicionalmente se indicó: "...Además, se ha coordinado la colaboración de la policía municipal, llegando al sitio los oficiales Jonathan Solís y Jairo Carvajal para hacerle saber a los constructores presentes que se encuentran irrespetando la Clausura. Sin embargo, no han querido abrir los portones ni se han identificado, pero aun así se ha logrado conversar con uno de los trabajadores y se le ha indicado nuevamente que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda Posteriormente se han vuelto a colocar los sellos a los portones como se muestra en el siguiente registro fotográfico ..." (…)10) Que el día 08 de enero del 2025 se notifica la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca Dirección02 entre otros lo siguiente: "...se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente.11) Que se presentó el recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025 por parte de Nombre19.12) Que el 23 de enero del 2025 con el oficio IU-009-2025 se traslada copia certificada del expediente administrativo D-1865 correspondiente a la Dirección03, para ser entregado al Consejo Municipal. El mismo es entregado por la Alcaldía Municipal con el oficio AM-072-2025 del 23 de enero del 2025.13) Que el 7 de marzo del 2025 se notifica desde la Unidad de Gestión Urbana Territorial a la Alcaldía Municipal, la Resolución IU-016-2025 con el rechazo ante el Recurso de Revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025, para que ésta a su vez atienda la Apelación en Subsidio.14) Que el 21 de marzo la Alcaldía Municipal resuelve con rechazo mediante la Resolución AM-020-2025, la Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025 por parte de Nombre19. Por lo tanto, de parte de este departamento se han rechazado todas las acciones y fases recursivas que ha presentado el señor Nombre19, representante de la Corporación Ferofra S.A., siendo que la postura municipal es ante el total rechazo sobre la construcción, la cual a la fecha no cuenta con los permisos respectivos y no se ajusta a la ley”.
  5. 5Mediante resolución de las 15:09 horas del 28 de agosto de 2025, este Tribunal solicitó una prueba para mejor resolver.
  6. 6Informa bajo juramento Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia (informe rendido el 04 de setiembre de 2025), en los siguientes términos: “Primero: Se aporta informe IU-120-2025 del 3 de setiembre de 2025, elaborado por la Unidad de Gestión Urbana Territorial, el cual aborda lo solicitado por su autoridad en cuanto a la finca Dirección02, y lo relacionado con resolución IU-001-2025”. Asimismo, el informe IU-120-2025 del 3 de setiembre de 2025 indica lo siguiente: “En primera instancia, con respecto a la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, debo indicar que no se han ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, ante la cual basado en el principio de legalidad se ha emitido un criterio mediante el oficio N° AL-486-2025, que invalida el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso, ya que de acuerdo a lo indicado por dicha asesoría la primera resolución (IU-001-2025) tuvo que haberse notificado de forma personal, a pesar de que la misma fue recurrida por el representante legal de la sociedad propietaria de la finca folio real 4-118401-000.Actualmente, la Alcaldía Municipal solicitó un dictamen días atrás a la Asesoría Legal Interna para analizar la posibilidad de aplicar un procedimiento más expedito al encontrarse la propiedad parcialmente en la zona inalienable establecida por el Decreto N° LXV de julio de 1888. La información solicitada acerca del cumplimiento de la Resolución IU-001-2025, correspondiente a la primera resolución del proceso de notificaciones efectuado en este caso y si esta fue notificada, le indico que tal y como se expuso en el segundo párrafo, la misma fue invalidada por la asesoría legal interna, señalando: “cualquier procedimiento administrativo debe realizarse de forma personal al propietario registral del bien inmueble”, obligando a esta Unidad a iniciar el debido proceso nuevamente, esto a la espera de la solicitud del criterio legal, por parte de la alcaldía. En cuanto a la notificación a los recurrentes o denunciantes de este caso, le externo que se ha comunicado en repetidas ocasiones la información del seguimiento y proceder con este caso a denunciantes e interesados que han brindado sus datos para obtener esta información.Sin embargo, del caso anteriormente asociado a este expediente (N°25-009503-0007-CO), no se han recibido denuncias o solicitudes de información por parte de los recurrentes que interpusieron el recurso en cuestión, por lo que no se ha trasladado información a ellos”.
  7. 7De acuerdo con la constancia emitida el 09 de setiembre de 2025, se constató lo siguiente: “El suscrito, Técnico Judicial 3 a.i. y la suscrita secretaria a.i., ambos de la Sala Constitucional, HACEMOS CONSTAR QUE: revisado, a las cuatro horas trece minutos del nueve de setiembre de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 29 de agosto al 08 de setiembre de 2025, el jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las quince horas nueve minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, en el expediente número 25-009503-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por Nombre01 Y OTROS”.
  8. 8En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe aclararse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia presentada en contra de una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, que provocan problemas ambientales.

II.Objeto del recurso. Los recurrentes reclaman violación a sus derechos fundamentales, pues señalan que son vecinos de Los Ángeles de San Rafael de Heredia, en donde se está construyendo una edificación de gran tamaño, presuntamente ilegal, en Dirección01, propiedad de la corporación Ferofra S.A. Indican que se han observado trabajos con maquinaria pesada, movimientos de tierra y remoción de vegetación. Mencionan que esas actividades se desarrollan en una zona en la que se encuentran prohibidas construcciones destinadas a talleres o deshuesaderos, por tratarse de un área de recarga acuífera y de protección ambiental. Así, dicha construcción pone en riesgo el medio ambiente, la fragilidad del ecosistema, los mantos acuíferos protegidos, así como los derechos ambientales de todos los costarricenses. Reclaman que a la fecha no se ha solucionado el problema.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)En la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por ende, de forma anónima se presentó una denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • b)El 11 de noviembre de 2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó una inspección en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, en donde, según oficio IPUT-779-2024, se indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle que se realizó la inspección realizada a la afinca 118401, a nombre de Nombre20 por denuncia recibida por aparente Construcción sin PC. Al momento de la inspección se detecta una bodega tipo galerón en perling que se realiza la cual no cuenta con los permisos correspondientes, por lo que se proceda a colocar sellos de clausura y se entrega al propietario el Acta 5782, como se muestra en el siguiente registro fotográfico (…)” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • c)El 13 de noviembre de 2024, mediante el acta de notificación Nº-5776, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia indica “Galerón sin permiso de construcción”. Por lo tanto, se procede a volver a clausurar la obra por no contar con los permisos de correspondientes (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • d)El 19 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle sobre la solicitud de inspección a la finca 118401, ubicada en el Dirección04, 250 mts este del Rio Turales, a nombre de Corporación Ferofra S.A, por denuncia recibida vía telefónica y correo electrónico donde se indica una aparente construcción que se realiza en dicha finca "aparentemente galerón para taller". Al asistir al lugar se detecta la Construcción denunciada donde se colocó las bases de la estructura en perling, se llamó a las personas que estaban construyendo y se nos indicó que el propietario no se encontraba por lo que se procedió a dejar el acta Nº 5776, donde se le indica que se clausura la obra por no contar con los permisos correspondientes, y se colocan sellos de clausura en evidencia de lo anteriormente mencionada” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • e)El 19 de noviembre del 2024, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se genera la Resolución de Apercibimiento N° 797-IPUT-2024 a la finca 118401, entregada a un trabajador de la finca con nombre de Nombre21 (chofer de tractor), al que se indica que debe abstenerse de continuar con la obra clausurada por la Municipalidad y se le previenen las consecuencias judiciales en caso de continuar con dicho actuar ilícito (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • f)El 20 de noviembre de 2024, mediante el oficio IPUT-797-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia procede a indicar lo siguiente: “(…) me permito informarle que, en compañía de los inspectores Hugo Vargas y Andrea Vindas, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 204488-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de Dirección05 con Dirección06, debido a la llamada vía telefónica de un contribuyente que ha decidido no identificarse informando la continuación de las obras clausuradas, por lo que se ha lo coordinado la visita con la policía municipal y al llegar al sitio efectivamente se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico... (…) ...Adicionalmente, se informa que al momento de la visita iba saliendo un tractor de la propiedad indicada por lo que el chofer ha sido abordado por el policía Municipal Mainor Calderón Briceño, quien le ha solicitado la identificación y se ha indicado en al acta de apercibimiento adjunta a este oficio la cual ha firmado haciéndole saber que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda.

Además, se encontraba en sitio la misma persona quien ha recibido el acta de notificación No.0005776 en la visita anterior mencionada en el IPUT-779-2024, pero no fue posible abordar por parte de la policía para obtener los datos personales, sin embargo, el Inspector Hugo Vargas, también le ha hecho saber la obligación de no continuar las obras ya clausuradas (…)”. Además, se aclara que la finca a la que se refiere IPUT-797-2024 es la N°-118401 y no la N° 204488, como erróneamente describe el informe (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

  • g)El 21 de noviembre de 2024, con el IPUT 808-2024 se informa acerca de la corrección de la prevención generada en finca Nº 204488 y se rectifica por la finca N°1 18401 como la finca correcta en la que se han ejecutado las obra sin los permisos correspondientes (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • h)El 06 de enero del 2025, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se hace nuevo informe de inspección número IPUT-011-2025 con información actualizada donde se constata que durante el periodo de vacaciones de fin de año del 2024 se continuó con desacato a la autoridad y en inspecciones de rutina de final de año se constata la continuación de las obras. Igualmente, se indica lo siguiente: “(…) me permito informarle que, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 118401-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de Dirección05 con Dirección06, la cual se encuentra clausurada conforme al IPUT-808-2024, al llegar al sitio se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024 y el IPUT-797-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico (…) Además, se ha coordinado la colaboración de la policía municipal, llegando al sitio los oficiales Jonathan Solís y Jairo Carvajal para hacerle saber a los constructores presentes que se encuentran irrespetando la Clausura.

Sin embargo, no han querido abrir los portones ni se han identificado, pero aun así se ha logrado conversar con uno de los trabajadores y se le ha indicado nuevamente que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Posteriormente se han vuelto a colocar los sellos a los portones como se muestra en el siguiente registro fotográfico” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

  • i)El 08 de enero de 2025, se notificó la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la Dirección07 entre otros lo siguiente: “(…) se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • j)En fecha indeterminada, el representante de la empresa presentó un recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • k)El 23 de enero de 2025, con el oficio IU-009-2025, se traslada copia certificada del expediente administrativo D-1865 correspondiente a la Dirección03, para ser entregado al Consejo Municipal. El mismo es entregado por la Alcaldía Municipal con el oficio AM-072-2025 del 23 de enero del 2025 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • l)El 07 de marzo del 2025, se notifica desde la Unidad de Gestión Urbana Territorial a la Alcaldía Municipal, la Resolución IU-016-2025 con el rechazo ante el Recurso de Revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025, para que ésta a su vez atienda la Apelación en Subsidio (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • m)El 21 de marzo, la Alcaldía Municipal resuelve con rechazo mediante la Resolución AM-020-2025, la Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • n)Mediante informe IU-120-2025 del 3 de setiembre de 2025, el representante de la Unidad de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia estableció lo siguiente: “En primera instancia, con respecto a la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, debo indicar que no se han ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, ante la cual basado en el principio de legalidad se ha emitido un criterio mediante el oficio N° AL-486-2025, que invalida el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso, ya que de acuerdo a lo indicado por dicha asesoría la primera resolución (IU-001-2025) tuvo que haberse notificado de forma personal, a pesar de que la misma fue recurrida por el representante legal de la sociedad propietaria de la finca folio real 4-118401-000. Actualmente, la Alcaldía Municipal solicitó un dictamen días atrás a la Asesoría Legal Interna para analizar la posibilidad de aplicar un procedimiento más expedito al encontrarse la propiedad parcialmente en la zona inalienable establecida por el Decreto N° LXV de julio de 1888.

La información solicitada acerca del cumplimiento de la Resolución IU-001-2025, correspondiente a la primera resolución del proceso de notificaciones efectuado en este caso y si esta fue notificada, le indico que tal y como se expuso en el segundo párrafo, la misma fue invalidada por la asesoría legal interna, señalando: “cualquier procedimiento administrativo debe realizarse de forma personal al propietario registral del bien inmueble”, obligando a esta Unidad a iniciar el debido proceso nuevamente, esto a la espera de la solicitud del criterio legal, por parte de la alcaldía. En cuanto a la notificación a los recurrentes o denunciantes de este caso, le externo que se ha comunicado en repetidas ocasiones la información del seguimiento y proceder con este caso a denunciantes e interesados que han brindado sus datos para obtener esta información. Sin embargo, del caso anteriormente asociado a este expediente (N°25-009503-0007-CO), no se han recibido denuncias o solicitudes de información por parte de los recurrentes que interpusieron el recurso en cuestión, por lo que no se ha trasladado información a ellos” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

III.Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales de los recurrentes. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por ende, de forma anónima se presentó una denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Así, el 11 de noviembre de 2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó una inspección en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, en donde, según oficio IPUT-779-2024, se indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle que se realizó la inspección realizada a la afinca 118401, a nombre de Nombre20 por denuncia recibida por aparente Construcción sin PC.

Al momento de la inspección se detecta una bodega tipo galerón en perling que se realiza la cual no cuenta con los permisos correspondientes, por lo que se proceda a colocar sellos de clausura y se entrega al propietario el Acta 5782, como se muestra en el siguiente registro fotográfico (…)”. Además, el 13 de noviembre de 2024, mediante el acta de notificación Nº-5776, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia indica “Galerón sin permiso de construcción”. Por lo tanto, se procede a volver a clausurar la obra por no contar con los permisos de correspondientes. Por consiguiente, el 19 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle sobre la solicitud de inspección a la finca 118401, ubicada en el Dirección04, 250 mts este del Rio Turales, a nombre de Corporación Ferofra S.A, por denuncia recibida vía telefónica y correo electrónico donde se indica una aparente construcción que se realiza en dicha finca "aparentemente galerón para taller".

Al asistir al lugar se detecta la Construcción denunciada donde se colocó las bases de la estructura en perling, se llamó a las personas que estaban construyendo y se nos indicó que el propietario no se encontraba por lo que se procedió a dejar el acta Nº 5776, donde se le indica que se clausura la obra por no contar con los permisos correspondientes, y se colocan sellos de clausura en evidencia de lo anteriormente mencionada”. Así, el 19 de noviembre del 2024, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se genera la Resolución de Apercibimiento N° 797-IPUT-2024 a la finca 118401, entregada a un trabajador de la finca con nombre de Nombre21 (chofer de tractor), al que se indica que debe abstenerse de continuar con la obra clausurada por la Municipalidad y se le previenen las consecuencias judiciales en caso de continuar con dicho actuar ilícito. Igualmente, el 20 de noviembre de 2024, mediante el oficio IPUT-797-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia procede a indicar lo siguiente: “(…) me permito informarle que, en compañía de los inspectores Hugo Vargas y Andrea Vindas, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 204488-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de Dirección05 con Dirección06, debido a la llamada vía telefónica de un contribuyente que ha decidido no identificarse informando la continuación de las obras clausuradas, por lo que se ha lo coordinado la visita con la policía municipal y al llegar al sitio efectivamente se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico...

(…) ...Adicionalmente, se informa que al momento de la visita iba saliendo un tractor de la propiedad indicada por lo que el chofer ha sido abordado por el policía Municipal Mainor Calderón Briceño, quien le ha solicitado la identificación y se ha indicado en al acta de apercibimiento adjunta a este oficio la cual ha firmado haciéndole saber que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Además, se encontraba en sitio la misma persona quien ha recibido el acta de notificación No.0005776 en la visita anterior mencionada en el IPUT-779-2024, pero no fue posible abordar por parte de la policía para obtener los datos personales, sin embargo, el Inspector Hugo Vargas, también le ha hecho saber la obligación de no continuar las obras ya clausuradas (…)”. Además, se aclara que la finca a la que se refiere IPUT-797-2024 es la N°-118401 y no la N° 204488, como erróneamente describe el informe.

Además, el 21 de noviembre de 2024, con el IPUT 808-2024 se informa acerca de la corrección de la prevención generada en finca Nº 204488 y se rectifica por la finca N°1 18401 como la finca correcta en la que se han ejecutado las obra sin los permisos correspondientes. Posteriormente, el 06 de enero del 2025, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se hace nuevo informe de inspección número IPUT-011-2025 con información actualizada donde se constata que durante el periodo de vacaciones de fin de año del 2024 se continuó con desacato a la autoridad y en inspecciones de rutina de final de año se constata la continuación de las obras. Igualmente, se indica lo siguiente: “(…) me permito informarle que, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 118401-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de Dirección05 con Dirección06, la cual se encuentra clausurada conforme al IPUT-808-2024, al llegar al sitio se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024 y el IPUT-797-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico (…) Además, se ha coordinado la colaboración de la policía municipal, llegando al sitio los oficiales Jonathan Solís y Jairo Carvajal para hacerle saber a los constructores presentes que se encuentran irrespetando la Clausura.

Sin embargo, no han querido abrir los portones ni se han identificado, pero aun así se ha logrado conversar con uno de los trabajadores y se le ha indicado nuevamente que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Posteriormente se han vuelto a colocar los sellos a los portones como se muestra en el siguiente registro fotográfico”. De ese modo, el 08 de enero de 2025, se notificó la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca Dirección02 entre otros lo siguiente: “(…) se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente”.

Ante esa situación, en fecha indeterminada, el representante de la empresa presentó un recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025. Por lo tanto, el 23 de enero de 2025, con el oficio IU-009-2025, se traslada copia certificada del expediente administrativo D-1865 correspondiente a la Dirección03, para ser entregado al Consejo Municipal. El mismo es entregado por la Alcaldía Municipal con el oficio AM-072-2025 del 23 de enero del 2025. Posteriormente, el 07 de marzo del 2025, se notifica desde la Unidad de Gestión Urbana Territorial a la Alcaldía Municipal, la Resolución IU-016-2025 con el rechazo ante el Recurso de Revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025, para que ésta a su vez atienda la Apelación en Subsidio. Además, el 21 de marzo, la Alcaldía Municipal resuelve con rechazo mediante la Resolución AM-020-2025, la Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025.

Por último, mediante informe IU-120-2025 del 3 de setiembre de 2025, el representante de la Unidad de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia estableció lo siguiente: “En primera instancia, con respecto a la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, debo indicar que no se han ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, ante la cual basado en el principio de legalidad se ha emitido un criterio mediante el oficio N° AL-486-2025, que invalida el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso, ya que de acuerdo a lo indicado por dicha asesoría la primera resolución (IU-001-2025) tuvo que haberse notificado de forma personal, a pesar de que la misma fue recurrida por el representante legal de la sociedad propietaria de la finca folio real 4-118401-000. Actualmente, la Alcaldía Municipal solicitó un dictamen días atrás a la Asesoría Legal Interna para analizar la posibilidad de aplicar un procedimiento más expedito al encontrarse la propiedad parcialmente en la zona inalienable establecida por el Decreto N° LXV de julio de 1888.

La información solicitada acerca del cumplimiento de la Resolución IU-001-2025, correspondiente a la primera resolución del proceso de notificaciones efectuado en este caso y si esta fue notificada, le indico que tal y como se expuso en el segundo párrafo, la misma fue invalidada por la asesoría legal interna, señalando: “cualquier procedimiento administrativo debe realizarse de forma personal al propietario registral del bien inmueble”, obligando a esta Unidad a iniciar el debido proceso nuevamente, esto a la espera de la solicitud del criterio legal, por parte de la alcaldía. En cuanto a la notificación a los recurrentes o denunciantes de este caso, le externo que se ha comunicado en repetidas ocasiones la información del seguimiento y proceder con este caso a denunciantes e interesados que han brindado sus datos para obtener esta información. Sin embargo, del caso anteriormente asociado a este expediente (N°25-009503-0007-CO), no se han recibido denuncias o solicitudes de información por parte de los recurrentes que interpusieron el recurso en cuestión, por lo que no se ha trasladado información a ellos”.

En este sentido, se constata que desde hace más de 10 meses la Municipalidad recurrida constató que en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, lo anterior ante una denuncia anónima. De ese modo, ante dicha situación, se verifica que la Municipalidad ha realizado varias inspecciones en el lugar, en donde constató la construcción ilegal sin los permisos respectivos (“Galerón sin permiso de construcción”), por lo que ha procedido a colocar los sellos de clausura, los cuales en múltiples ocasiones han sido incumplidos, en total desacato a la autoridad, por lo que se ha constatado la continuación de las obras. Así, se reitera que el 08 de enero de 2025, se notificó la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca 4-118401-000 entre otros lo siguiente: “(…) se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente”.

Ante esa situación, se interpusieron los recursos respectivos, los cuales han sido rechazados. No obstante, lo anterior, a la fecha se tiene por demostrado que la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal no se ha ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, invalidándose el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso.

De ese modo, se denota que si bien es cierto la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha realizado acciones para solucionar la problemática denunciada, lo cierto es que a la fecha no se ha terminado con el procedimiento respectivo, por lo que no se ha ejecutado la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, manteniéndose hasta la fecha una construcción fuera de legalidad (sin permisos) en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por lo anterior, se verifica una lesión a los derechos fundamentales de los recurrentes, así como a los vecinos del lugar.

En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso.

IV.Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.

A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

V.-- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde, y a Esteban Arce Camacho, en su condición de jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ocupen los cargos, adoptar las medidas necesarias, efectivas y oportunas que se requieren para garantizar la solución a la problemática denunciada, lo anterior se deberá realizar en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a la autoridad recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciera cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. E l Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Jorge Isaac Solano A.

Alexandra Alvarado P.

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