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Res. 18696-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/06/2025
OutcomeResultado
The unconstitutionality action is dismissed; the inclusion of municipalities in the general public employment regime does not violate constitutional municipal autonomy.Se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad; la inclusión de las municipalidades en el régimen general de empleo público no vulnera la autonomía municipal constitucional.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber rejects an unconstitutionality action filed by the mayor of Alajuela and numerous municipal coadjuvants against the inclusion of municipalities in the general public employment regime established by the Public Finance Strengthening Law No. 9635. The plaintiffs argued that applying Title III of the law to local governments violated municipal autonomy guaranteed by Articles 169, 170 and 175 of the Constitution. The Chamber holds that second-degree municipal autonomy pertains exclusively to local interests and services and does not constitute an absolute barrier for the Legislature, exercising its power and in accordance with Article 191 of the Constitution, to enact a law standardizing public employment across the entire public sector. It establishes that the existence of general rules on compensation and performance does not hollow out municipal autonomy, as it does not prevent municipalities from setting their goals and objectives, and rather enhances the fundamental right to equal pay for equal work. The action is dismissed, confirming that the mere inclusion of municipalities in a general public employment framework does not violate their autonomy.La Sala Constitucional rechaza una acción de inconstitucionalidad presentada por la alcaldesa de Alajuela y numerosos coadyuvantes municipales contra la inclusión de las municipalidades en el régimen general de empleo público establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635. Los accionantes alegaban que la aplicación de las disposiciones del Título III de dicha ley a los gobiernos locales infringía la autonomía municipal garantizada en los artículos 169, 170 y 175 de la Constitución Política. La Sala considera que la autonomía municipal, de segundo grado, está referida exclusivamente a los intereses y servicios locales y no constituye un obstáculo absoluto para que el legislador, en ejercicio de su potestad y en concordancia con el artículo 191 constitucional, dicte una ley que uniforme lo relativo al empleo público en todo el sector público. Establece que la existencia de reglas generales en materia de remuneración y desempeño no vacía la autonomía municipal, pues no impide a los municipios fijar sus metas y objetivos, y más bien potencia el derecho fundamental a igual trabajo por igual remuneración. La acción se declara sin lugar, confirmando que la mera inclusión de las municipalidades en un marco normativo general de empleo público no lesiona su autonomía.
Key excerptExtracto clave
Second-degree municipal autonomy refers exclusively to local interests and services. Hence, it does not constitute an insurmountable barrier for the State, through the exercise of its legislative power, to enact a law standardizing public employment throughout the entire public sector, as provided in Article 191 of the Constitution, regardless of how it obtains its income. This legislative power to regulate employment conditions across the entire public sector, as foreseen in Article 191 of the Constitution, applies regardless of whether the public officials targeted by these regulations serve in institutions funded by their own resources or by the national budget, given that what ultimately prevails is the claim of generality legitimately fostered by the Legislature. The fact that general rules of this nature exist in no way affects municipal autonomy, since it does not prevent municipalities from establishing their goals, objectives and the means to achieve them. Regarding the use of human resources and their remuneration —administrative autonomy—, the fact that general provisions applicable to the entire public sector exist, we reiterate, does not violate that autonomy either; on the contrary, it enhances a fundamental right enshrined in Article 57 of the Constitution, in the sense of equal pay for equal work.La autonomía municipal, de segundo grado, está referida exclusivamente a los intereses y servicios locales. De ahí que esta no constituye una valla insalvable para que el Estado, a través del ejercicio de la potestad de legislar, dicte una ley que uniforme lo relativo al empleo público en todo el sector público, conforme lo dispuesto en el artículo 191 constitucional, independientemente de la forma en que obtiene sus ingresos. Esa potestad del legislador para regular las condiciones de empleo en todo el sector público, como lo prevé el artículo 191 constitucional, aplica independientemente de que los funcionarios públicos a los que van dirigidas esas regulaciones, presten sus servicios en instituciones que se financien con recursos propios o con recursos del presupuesto nacional, toda vez que, finalmente lo que priva, es la pretensión de generalidad legítimamente propiciada por el legislador. El hecho de que existan reglas generales de esta naturaleza, en nada afecta la autonomía municipal, pues no impide a los municipios establecer sus metas, objetivos y los medios para alcanzarlas. En lo concerniente al uso del recurso humano y su remuneración -autonomía administrativa-, el hecho de que existan disposiciones generales aplicables en todo el sector público, se reitera, tampoco vulnera esa autonomía; todo lo contrario, viene a potenciar un derecho fundamental que está consagrado en el numeral 57 de la Constitución Política, en el sentido de que a igual trabajo e igual remuneración.
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"La autonomía municipal, de segundo grado, está referida exclusivamente a los intereses y servicios locales. De ahí que esta no constituye una valla insalvable para que el Estado, a través del ejercicio de la potestad de legislar, dicte una ley que uniforme lo relativo al empleo público en todo el sector público, conforme lo dispuesto en el artículo 191 constitucional, independientemente de la forma en que obtiene sus ingresos."
"Second-degree municipal autonomy refers exclusively to local interests and services. Hence, it does not constitute an insurmountable barrier for the State, through the exercise of its legislative power, to enact a law standardizing public employment throughout the entire public sector, as provided in Article 191 of the Constitution, regardless of how it obtains its income."
Considerando IV
"La autonomía municipal, de segundo grado, está referida exclusivamente a los intereses y servicios locales. De ahí que esta no constituye una valla insalvable para que el Estado, a través del ejercicio de la potestad de legislar, dicte una ley que uniforme lo relativo al empleo público en todo el sector público, conforme lo dispuesto en el artículo 191 constitucional, independientemente de la forma en que obtiene sus ingresos."
Considerando IV
"El hecho de que existan reglas generales de esta naturaleza, en nada afecta la autonomía municipal, pues no impide a los municipios establecer sus metas, objetivos y los medios para alcanzarlas."
"The fact that general rules of this nature exist in no way affects municipal autonomy, since it does not prevent municipalities from establishing their goals, objectives and the means to achieve them."
Considerando IV
"El hecho de que existan reglas generales de esta naturaleza, en nada afecta la autonomía municipal, pues no impide a los municipios establecer sus metas, objetivos y los medios para alcanzarlas."
Considerando IV
"En lo concerniente al uso del recurso humano y su remuneración -autonomía administrativa-, el hecho de que existan disposiciones generales aplicables en todo el sector público, se reitera, tampoco vulnera esa autonomía; todo lo contrario, viene a potenciar un derecho fundamental que está consagrado en el numeral 57 de la Constitución Política, en el sentido de que a igual trabajo e igual remuneración."
"Regarding the use of human resources and their remuneration —administrative autonomy—, the fact that general provisions applicable to the entire public sector exist, we reiterate, does not violate that autonomy either; on the contrary, it enhances a fundamental right enshrined in Article 57 of the Constitution, in the sense of equal pay for equal work."
Considerando IV
"En lo concerniente al uso del recurso humano y su remuneración -autonomía administrativa-, el hecho de que existan disposiciones generales aplicables en todo el sector público, se reitera, tampoco vulnera esa autonomía; todo lo contrario, viene a potenciar un derecho fundamental que está consagrado en el numeral 57 de la Constitución Política, en el sentido de que a igual trabajo e igual remuneración."
Considerando IV
"Así, independientemente del grado de autonomía que tenga un ente descentralizado, este está estrechamente vinculado al Estado por una serie de principios y normas que están en el Derecho de la Constitución."
"Thus, regardless of the degree of autonomy a decentralized entity has, it is closely linked to the State by a series of principles and norms found in the Constitution."
Considerando V
"Así, independientemente del grado de autonomía que tenga un ente descentralizado, este está estrechamente vinculado al Estado por una serie de principios y normas que están en el Derecho de la Constitución."
Considerando V
Full documentDocumento completo
**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours and forty minutes on the eighteenth of June of two thousand twenty-five.
Action of unconstitutionality brought by [Name 001], of legal age, married once, with identification number [Value 001], resident of Alajuela, in her capacity as mayoress of Alajuela with powers of legal representative of the municipality of Alajuela, seeking a declaration that the phrase "y municipalidades" of subsection 2) of article 26 of Chapter III of Title III of the Law to Strengthen Public Finances, No. 9635 of December 3, 2018, is unconstitutional. The representative of the Office of the Attorney General of the Republic also participated in the proceedings.
**Whereas:** 1.- By brief filed with the Secretariat of the Chamber at 13:47 hours on July 18, 2019, the plaintiff requests, in summary, that the unconstitutionality of the phrase "y municipalidades" of subsection 2) of article 26 of Chapter III of Title III of the Law to Strengthen Public Finances, No. 9635 of December 3, 2018, be declared, considering it contrary to the principle of autonomy that Articles 169, 170, and 175 of the Political Constitution recognize to municipalities in order to self-govern. She affirms that the constituent authority granted municipalities the administration of local interests and established a mechanism for genuine decentralization, forming them as local governments whose legal basis is the notion of constitutionally-based autonomy vis-à-vis the central government. She affirms that, due to the foregoing, the modification of the conditions and capacity for self-regulation of municipalities could not occur through the simple reform of general laws, because that claim yields in all cases to the supremacy of the constitutional norm. She points out that the legislature's decision to attempt to equalize and include municipalities within a general regulation, placing them at the same level as decentralized entities created by law, generates unconstitutionality, since it would not be valid through that means to attempt to modify autonomy in matters of interest. She considers that matters relating to the employment relationship between municipalities and their servants are regulated through the Municipal Code as a special law on the subject that directly develops the constitutional norms and, together with them, forms a block of constitutionality. She argues that, in her view, the legislature should have discerned that any modification to municipal employment had to fully respect the rank, scope, and nature of said autonomy. She argues that, in accordance with the essential principles of hierarchy of norms and supremacy of the Constitution, a provision of legal or lower rank cannot derogate from the municipal autonomy regime that the Political Constitution established. She adds that municipalities seek to obtain their own income under a specific tax and collection scheme derived from their administrative capacity and, with this, independently and separately from the central government and authority, cover the remuneration of their servants. She alleges that, based on the provisions of Article 175 of the Political Constitution, municipalities have the power to freely budget their income, which can only be subjected to the controls and technical oversight of the Comptroller General of the Republic in relation to compliance with public purposes and ends, without the possibility of rendering ineffective or substituting the decisions of opportunity and convenience issued under municipal autonomy, such that when this situation arises from the challenged norm, a violation of the Political Constitution is configured by attempting to limit municipal decisions on conditions of remuneration and their consequent budget. Furthermore, she claims that the challenged regulation is unconstitutional insofar as it intends to affect and render meaningless the autonomy guaranteed in the Constitution to municipalities regarding their capacity to establish their own internal organization and conditions of relationship with their servants, because the challenged norm intends to impose parameters for remuneration and evaluation of municipal officials, which implies a relationship of direction and tutelage that clashes with the notion of autonomy that the constituent authority conferred upon municipalities. She also argues that the questioned norm does not establish a mechanism based on the principle of coordination between the municipalities and the Administration, but rather is based on unilateral imposition. She requests that this action of unconstitutionality be granted.
2.- In order to substantiate standing to bring this action of unconstitutionality, the plaintiff states that it arises from the provisions of the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, because the norm being questioned affects the interests of the community and has an impact as well as general effects regarding the institutional functioning of all the country's municipalities, which is decisive in the provision of services of public interest.
3.- By ruling issued at 11 hours 46 minutes on July 24, 2019, the action of unconstitutionality was admitted, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic.
4.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law were published in numbers 155, 156, and 157 of the Judicial Bulletin, of August 20, 21, and 22, 2019.
5.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on August 5, 2019, Joaquín Sandoval Corrales appeared in his capacity as president of the Municipal Council of Goicoechea, to request that his represented entity be admitted as an active coadjuvant of this action of unconstitutionality. He states that the challenged regulation intends to impose limits in three areas that cannot be subject to regulation by means of an ordinary law or lower derived provisions: a) budgetary matters of own income through a fiscal rule; b) matters concerning personnel contracting conditions; c) matters relating to the performance evaluation of municipal personnel. He states that Law No. 9635 was approved with the aim of combating the fiscal problems and economic solvency of the Central Government of the country, so the motivation of the challenged norm is irrational, given that it includes sectors that have no direct relationship with the Central Government's finances, nor do they affect them. On the contrary, they are financed with their own resources from their activities, so the norm is irrational, unfounded, and harmful to municipal autonomy and other decentralized and deconcentrated autonomous institutions. He considers that the questioned norm violates the normative, administrative, and tax autonomy of the municipal sector, since, through a law, provisions with constitutional rank are contravened. He argues that when legislators, through a law, violate constitutional principles and modify norms of constitutional rank, said law becomes unconstitutional due to violation of Article 11 of the Political Constitution. He points out that, in addition, the challenged norm has granted the Executive Branch the power of direction and administration over decentralized and autonomous institutions that, by constitutional norms, are limited to it. He recalls that the power of municipalities to set their own salary policy coincides with what is stipulated in Article 21 of the Financial Administration and Public Budgets Law, which excludes municipalities from the scope of action of the Budgetary Authority regarding salary matters. He adds that the definition of administrative and salary policies in municipal matters is regulated in a special norm - Article 122 of the Municipal Code - related to the constitutional principles of municipal autonomy. He argues that the Comptroller General of the Republic stated that the remuneration system that each municipality defines and implements is the responsibility of its administration, which must comply with the required conditions so that the chosen remuneration system must have as its background a formally established study recorded in the pertinent instruments to be used for its application and resolution of situations that arise. He recalls that each municipality has different conditions, characteristics, and circumstances, so the studies conducted by one of them do not necessarily respond to the reality of others or of the central government; therefore, the salary policies applicable to one municipality are not necessarily valid in another, such that the studies conducted by each will allow it to define administrative, normative, and salary policies according to its reality. He states that, for this reason, municipal autonomy is violated when, through Law No. 9635, regulations are included in the Public Administration Salary Law that are imposed on all public sector institutions, but without taking into account that, according to the degree of autonomy, everything cannot be ordered with a single salary regime, with the same criteria for performance evaluation and goals, among others, because this violates constitutional norms, according to which it is not sustainable that the Executive Branch, through a law - specifically the challenged Article 26 - becomes the head of decentralized entities and municipalities like a director, imposing a line and ordering - through its ministries - management ordinances, rules for the use of resources, limitations on collective bargaining capacity, among other things. He indicates that the foregoing is the acceptance of an authoritarian regime contrary to the Social Rule of Law, and also implies emptying the essential content of the powers attributed by the Constituent to autonomous and decentralized institutions. He points out that the limitations generated by the challenged norm are not only a matter related merely to the general economic policy of the State linked to national planning and development, but also produce serious limitations on local governments because they go beyond mere national development planning that curtail the powers of municipal authorities to establish their lines of action, their administrative and governmental powers, the power to issue their own norms and their salary policies, and even limits the possibility of establishing collective bargaining if deemed appropriate, all of which violates a series of constitutional principles and fundamental rights. He considers that, in addition to the challenged norm, there are other articles that should also be declared unconstitutional and in that sense he cites:
He argues that an example of the indicated violations is that officials of the Ministry of Finance with a bachelor's degree level will be paid a prohibition of 65% of the base salary, while other servants under equal conditions, but from other public institutions, the prohibition would be only 30%; furthermore, the public official subject to the civil service regime is equated with any private worker who is only entitled to the minimum rights of the Labor Code in case of dismissal with employer liability, which is contrary to what the Constituent intended when setting forth the content of Article 192 of the Political Constitution. He considers that from the moment it is established that the municipal sector is part of the Central Government and, therefore, subject to its ordinances, the norm becomes unconstitutional by limiting the possibility for municipalities to administer themselves autonomously and independently from the Central Government. He adds that the reduction of the salary conditions of public officials without having the technical studies to support that detriment prevents certainty that this will resolve the country's fiscal problem, which, moreover, has no causal relationship with salaries within the municipal sector, so imposing - through a law - salary policies on the municipal regime is to render meaningless the administrative and normative powers of the municipalities that have their own budget and have no direct relationship with the Central Government, making the norm irrational and disproportionate. He indicates that, in addition, discrimination is created between long-standing officials and new hires, despite the fact that they perform the same functions. He alleges that public institutions become subject to the decisions of successive governments that could eventually change the provisions via decree, despite the fact that this matter had already been overcome decades ago when, in the interest of seeking efficiency, the State opted to decentralize its functions, such that it is facing a regression. He requests that this coadjuvancy be admitted and that the action of unconstitutionality be granted. Additionally, he requests that an oral hearing be granted in order to expand on the arguments and present conclusions.
6.- The Office of the Attorney General of the Republic submitted its report on August 19, 2019, through Julio Alberto Jurado Fernández, in his capacity as Attorney General of the Republic. Regarding standing, he states that, for his represented entity, the action is admissible under the provisions of paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, given that, in the matter under analysis, there is no individual and direct injury that would allow a specific person to claim ownership of a direct interest to base an action through incidental means, and therefore it is considered that the plaintiff has sufficient standing to challenge the alleged unconstitutionality, without it being necessary to have a prior matter serving as a basis for the action.
On the legislative regulation of public employment in the municipal sphere.- He recalls that, in accordance with Articles 170 and following of the Political Constitution, municipalities have second-degree autonomy, that is, administrative and political or governmental. He alleges that, in the matter of public employment, Article 191 of the Constitution provides that a single statute of legal rank shall regulate the relations between the State - in a broad sense - and its servants; a norm that, in the opinion of the Attorney General's Office, constitutes an authorization for the legislature to regulate the working conditions that must prevail throughout the public sector, including those of autonomous institutions with their servants. He states that in the face of the potential collision of two principles of constitutional rank - municipal autonomy on the one hand and the uniform and universal regulation of public employment on the other - the latter must be chosen, because the existence of a single statute governing relations between the State in the broad sense and its servants, apart from being one of the objectives of the Constituent according to Article 191 of the Constitution, does not affect the essence of municipal autonomy. He adds that, in the matter of public employment, the Attorney General's Office has ruled on the validity of issuing regulations of legal rank applicable to all public sector institutions (Legal Opinion OJ-110-2015 of September 24, 2015, reiterated in OJ-161-2017 of December 15, 2017, and OJ-162-2017 of December 15, 2017). He states that the Constitutional Chamber has indicated that the administrative autonomy regime granted to decentralized institutions by Article 188 of the Constitution does not encompass the Civil Service regime, since the legislature is empowered to define the general working conditions that must prevail throughout the Public Administration (judgment No. 3309-94). He alleges that, for this reason, his represented entity considers that no public sector institution is authorized, by virtue of its autonomy, to disregard the legislature's mandate regarding the regulation of the employment conditions of its servants. He alleges that the plaintiff seeks to discard the obligation to apply the Public Administration Salary Law to municipal entities by virtue of their autonomous tax authority; however, in the opinion of the Attorney General's Office, the legislature's ability to regulate employment conditions throughout the public sector, as provided for in Article 191 of the Constitution, applies regardless of whether the public officials to whom those regulations are directed provide their services in institutions financed with their own resources or with resources from the national budget, since, ultimately, what prevails is the claim of generality legitimately fostered by the legislature. He adds that his represented entity does not consider that norms of legal rank aimed at achieving the unifying criterion sought by Article 191 of the Constitution infringe upon the municipal power to freely budget their income, because, in the matter of public employment, the exercise of constitutional powers must be carried out in compliance with the law.
It notes that, for the Office of the Attorney General (Procuraduría General), if the legislator were not empowered to regulate working conditions in the municipalities by virtue of the degree of autonomy of those entities, the Municipal Code (Código Municipal) would be unconstitutional because it would affect the autonomy that each municipality would have to regulate those aspects, insofar as that code regulates entry into the municipal civil service career (carrera administrativa municipal), the descriptive manual of positions, personnel selection, incentives and benefits for municipal employees, the rights and duties of those officials, the salary of the Mayor, among others. It adds that prohibiting the exercise of the legislative function to regulate employment relations throughout the public sector, including the municipalities, not only goes against the text and spirit of Article 191 of the Constitution, but also against Article 105 of the Political Constitution (Constitución Política). It adds that Article 46 of the Public Administration Salary Law (Ley de Salarios de la Administración Pública) was not challenged in this action and is the provision that regulates the stewardship (rectoría) of the Ministry of Planning and Economic Policy (Ministerio de Planificación y Política Económica) in matters of public employment and recalls that this stewardship, depending on the entity to which it is directed, can be interpreted as an advisory, coordination, and support relationship that is not incompatible with municipal autonomy. Conclusion.- As representative of the Office of the Attorney General (Procuraduría General), it suggests that the unconstitutionality action be rejected on the merits.
7.- In a brief filed with the Secretariat of the Chamber (Secretaría de la Sala) on August 27, 2019, Juan Pablo Barquero Sánchez appears in his capacity as mayor of Tilarán to request that his represented party be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action and that the municipalities be excluded from the regulations contained in the Law for the Strengthening of Public Finances (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) No. 9635, specifically regarding Title III that modified the Public Administration Salary Law (Ley de Salarios de la Administración Pública) and made additions to its Chapters III, IV, VI, and VII. It considers that its represented party has standing to bring this request, insofar as it shares the same interests as the plaintiff, as well as those of the other municipalities of the country. It expands the challenge of the unconstitutionality action to the following regulations: a) Law for the Strengthening of Public Finances, No. 9635; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It agrees with the plaintiff in that the challenged regulations are contrary to Articles 169, 170, 175 and related articles of the Political Constitution that establish and guarantee the autonomous regime of the municipalities to self-govern with clear separation and independence from the central structure of the State. It recalls that, in aspects such as the employment relationship between municipalities and their servants, the Municipal Code is understood as a special law on the matter that constitutes a direct development derived from constitutional norms and conforms with them, together, as a block of constitutionality (bloque de constitucionalidad). It alleges that the municipal regime is also affected because it is subjected to the Executive Branch (Poder Ejecutivo), specifically to the Ministry of National Planning (Ministerio de Planificación Nacional) and the General Directorate of Civil Service (Dirección General de Servicio Civil), thereby violating the decentralization of the State and transgressing the administrative and financial autonomy of the municipal regime. It highlights that the questioned regulation does not establish any mechanism based on the principle of coordination between the municipalities and the Executive Branch, but rather is based on the unilateral and rigid imposition of parameters such as those established in Article 47 of the amendment introduced by Law No. 9635 to the Public Administration Salary Law, without the municipal autonomy granted by the Constitution to the municipalities and developed in a special law such as the Municipal Code, having been repealed or amended by the Law for the Strengthening of Public Finances No. 9635, whereby the latter should not be applicable to the municipality, especially if analyzed from the principle of normative specialty (principio de especialidad normativa), according to which the special law prevails over the general law. It argues that the Constitution created differentiated public employment regimes, such as the Civil Service and the municipal one, so making them uniform is an error, given that it does not adjust to the dissimilar needs and realities of each place. It argues that municipalities are the only territorially decentralized organizations and their officials must attend to tasks in the provision of local services and interests that are specific to each municipality, hence the versatility they must have to provide continuous, efficient, effective service delivery, and therefore all public officials cannot be made uniform when the nature of their functions is different. It concludes by requesting that this active coadjuvancy (coadyuvancia activa) be admitted and that the unconstitutionality action be granted.
8.- Through a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber (Secretaría de la Sala Constitucional) on August 27, 2019, Leonardo Araya Montero appears in his capacity as legal representative of the Union of Municipal Workers of Costa Rica (Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica), to present a petition so that said union be considered an active coadjuvant (coadyuvante activo) within this unconstitutionality action. It states that the situation is shared with the rest of the country's municipalities, as entities with the same conditions, since their inclusion in Law No. 9635 results in a constitutional violation that affects diffuse interests (intereses difusos) of the community, as well as the functioning of those corporations and the essential character of the public services they provide throughout the national territory. It reiterates the arguments raised in the action, to the effect that the challenged regulations are contrary to Articles 169, 170, 175 and related articles of the Political Constitution that establish and guarantee the autonomy regime of the municipalities to self-govern, as well as their separation from the central structure of the State. It expands the challenge of the unconstitutionality action to the following regulations: a) Law for the Strengthening of Public Finances, No. 9635; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It recalls that the will of the Constituent Assembly was to overcome the phenomenon of centralism of public power prevailing at that time, a product of the rules on the matter contained in the 1871 Constitution; and, therefore, to confer on the municipalities a renewed and broad autonomy for the fulfillment of their purposes as local governments, also speaking of the need for citizens to take more interest in local affairs, “creating the true autonomy of the municipal regime.” It indicates that this was realized by the Constituent Delegates in Articles 169 to 175 of the Political Constitution, which guarantees municipalities autonomy in the political, administrative, and financial spheres, within a framework of authentic decentralization of power towards local communities, which technically implies a separation of the municipalities from the State and its central structure. It considers that, for this reason, the modification of their conditions and capacity to self-regulate could not occur through the simple reform of general laws because that claim yields to the supremacy of the constitutional norm. It points out that the legislator or legal operator has the obligation to distinguish and discern when the hermeneutic situation merits it for reasons of constitutionality, and in this matter, it considers it is clear, evident, and manifest that consideration was omitted that the municipalities—with constitutional autonomy—have the broadest capacity to self-regulate (auto normarse) and self-govern (auto gobernarse), and therefore cannot be regulated and subjected to limits by a general ordinary law in the same way that can be done with respect to autonomous entities created by law. It considers that there has been an omission by the legislators when issuing Title III, in not applying the distinction with respect to the municipalities and attempting to equate them and include them in the general regulations, placing them at the same level as decentralized entities subordinated and created by ordinary law, which generates the unconstitutionality of the norms of that Title with respect to local governments, because, through that route, it is neither possible nor valid to attempt to modify autonomy in the aspects of interest. It adds that the Municipal Code is the special law that develops the precepts on the functioning of the municipalities according to the nature and scope of their autonomy expressly guaranteed by the Constitution; consequently, that special law cannot be affected or modified by an ordinary and general law outside the block of constitutionality that covers the municipalities. It indicates that the municipal regime is also affected because it is subjected to the Executive Branch—Ministry of National Planning—which violates the decentralization of the State, as well as the administrative and financial autonomy of the municipal regime. It argues that the municipality is a corporate system that enjoys autonomy and its own economic resources—budgetary competence (competencia presupuestaria)—in which its officials are financed from their own budget and not from government transfers, being the maximum expression of administrative and financial autonomy; moreover, employer-worker relations are regulated by the Municipal Code, which is the quintessential special regulation for the sector. It argues that municipalities, due to their own conditions, require officials with many profiles, both professional, technical, operational, among others, so making the public employment regime uniform is an error because it does not adjust to the needs or the functions of the municipal regime. It recalls that municipalities are the only territorially decentralized organizations and their officials must attend to tasks in the provision of local services and interests, hence the versatility they must have to provide continuous, efficient, and effective service delivery, and therefore all public officials cannot be made uniform when the nature of their functions is so different. It points out that the challenged regulation does not involve the establishment of procedures for common comparison or integration through studies or shared analyses jointly constructed with the participation of local governments, but rather involves the imposition of rigid normative criteria applied uniformly without establishing the necessary distinction that has been demanded. It concludes by requesting that this coadjuvancy (coadyuvancia) be admitted and that the unconstitutionality action be granted.
9.- Modesto Alpízar Luna appears in his capacity as mayor of Alajuelita to request, through a brief filed with the Secretariat of the Chamber on August 28, 2019, that his represented party be admitted as an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action whose objective is to exclude the municipalities from the regulations contained in Law No. 9635, specifically regarding Title III that modified the Public Administration Salary Law. It considers that its represented party has standing to present this petition since, although no direct and individual injury exists, there is a framework of diffuse interests (intereses difusos) and collective interests, specifically of a municipal corporate nature, that must be defended against the challenged regulation that has an impact on the autonomous functioning of the municipalities and the due provision of public services to the administered. It expands the challenge of the unconstitutionality action to the following regulations: a) Law for the Strengthening of Public Finances, No. 9635; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635 and reiterates the claims raised in the prior coadjuvancies. It requests that this petition be admitted and that the unconstitutionality action be granted.
10.- Through a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on August 28, 2019, Cinthya María Rodríguez Quesada appears in her capacity as municipal intendant (intendente municipal) of the Municipal Council of the district of Cóbano de Puntarenas and legal representative of that Council, to request that her represented party be considered an active coadjuvant (coadyuvante activo) in this unconstitutionality action, considering that it has a legitimate interest (interés legítimo) in the defense of the municipal corporations, so that they are excluded from the regulations of Title III of the Law for the Strengthening of Public Finances which, in turn, modified the Public Administration Salary Law. It expands the challenge of the unconstitutionality action to the following regulations: a) Law for the Strengthening of Public Finances, No. 9635; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It reiterates the claims raised in the unconstitutionality action, as well as in the prior requests for coadjuvancy contributed to the case file, asks that this coadjuvancy be admitted, and that this proceeding be granted.
11.- On August 29, 2019, a document signed by Asdrúbal Calvo Chaves in his capacity as Mayor of Esparza is filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber to request that his represented party be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It considers that there is a framework of diffuse interests (intereses difusos) and collective interests on which the challenged regulation has an impact, as well as general effects regarding the institutional functioning of the municipalities, all of which is decisive in the provision of public interest services, and therefore considers that its represented party has standing to request this coadjuvancy. It reiterates the questioning made in the action regarding subsection 2) of Article 26 of Chapter III of Title III of the Law for the Strengthening of Public Finances, as well as the other arguments formulated therein and those made in the different requests for coadjuvancy contributed. It requests that the petition presented be admitted and that the unconstitutionality action be granted.
12.- Through a brief filed with the Secretariat of the Chamber on August 30, 2019, Tobías Murillo Rodríguez appears in his capacity as Mayor of Garabito, in order to request that his represented party be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action, for which it considers it has standing, in order to defend municipal corporate interests. It expands the regulations questioned in the unconstitutionality action to the following: a) Law for the Strengthening of Public Finances, No. 9635; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It reiterates the claims raised in the unconstitutionality action, requests that this request for coadjuvancy be admitted, and asks that the proceeding be granted.
13.- Carlos Viales Fallas appears in his capacity as Mayor of Corredores through a document filed with the Secretariat of the Chamber on September 2, 2019, to request that his represented party be admitted as an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action, considering that it has sufficient standing to defend municipal corporate interests given the negative impact of the challenged regulation on the autonomous functioning and the provision of services provided by that municipality. It expands the challenge made in the proceeding and also directs the questioning towards the following regulation: a) Law for the Strengthening of Public Finances, No. 9635; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It reiterates the claims alleged in the unconstitutionality action, requests that this coadjuvancy petition be admitted, and asks that the proceeding be granted.
14.- Through a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 2, 2019, José Bernardino Rojas Méndez appears, in his capacity as mayor of Buenos Aires de Puntarenas, to request that said municipal corporation be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It argues that its represented party has standing to appear in defense of the collective interest that involves all the country's municipalities and that is affected by the challenged regulation. It expands the articles questioned in the unconstitutionality action to the following: a) Law for the Strengthening of Public Finances, No. 9635; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It insists on the claims raised in the unconstitutionality action and requests that this coadjuvancy be admitted, as well as that the proceeding be granted.
15.- Through a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 3, 2019, Ronald Araya Solís appears in his capacity as mayor of Zarcero, to request that said municipality be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It points out that its represented party has standing to present this request by reason of the municipal corporate interests that it is responsible for defending and, with respect to which, the challenged regulation has an impact; it also considers that they affect the autonomous functioning, as well as the due provision of services for which it is responsible. It expands the challenge of the unconstitutionality action to the following regulations: a) Law for the Strengthening of Public Finances, No. 9635; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It requests that the active coadjuvancy it seeks be admitted, emphasizes the arguments that have been raised in the unconstitutionality action, as well as in the different coadjuvancies contributed to the case file, and requests that the proceeding be granted.
16.- Héctor Luis Arias Vargas appears in his capacity as mayor of Santa Bárbara, through a document delivered to the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 3, 2019, and requests that said municipality be admitted as an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It considers that its represented party has standing to appear in defense of municipal corporate interests because, in its view, the challenged regulation injures the autonomous functioning and the due provision of public services. It expands the questions of the unconstitutionality action to the following regulations: a) Law for the Strengthening of Public Finances, No. 9635; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law, as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It reiterates the claims raised, requests that the coadjuvancy be admitted, and that the unconstitutionality action be granted.
17.- José Oldemar García Segura appears in his capacity as mayor of Aserrí and through a document delivered to the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 4, 2019, requests that his represented party be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It considers that said municipality has standing to bring this petition, insofar as it seeks to defend municipal corporate interests that are affected by the challenged regulation. It presents an expansion of the norms that it considers must be analyzed in this unconstitutionality action, because it considers they are also contrary to the Law of the Constitution: a) Law for the Strengthening of Public Finances, No. 9635; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It reiterates the claims raised in the action. It concludes by requesting that the coadjuvancy be admitted and that the unconstitutionality action be granted.
18.- In a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 5, 2019, Luis Madrigal Hidalgo appears in his capacity as mayor of Puriscal, and requests that his represented party be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It argues that said municipality has standing to appear in defense of the municipal corporate interests that are being affected by the challenged regulation. It presents an expansion of the norms that it considers must be analyzed in this unconstitutionality action and, in that sense, points out that the following are also contrary to the Law of the Constitution: a) Law for the Strengthening of Public Finances, b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law, as amended by Law No. 9635. It reiterates the claims raised in the action, as well as in the different coadjuvancies contributed to the case file. It asks that this coadjuvancy be admitted and that the unconstitutionality action be granted.
19.- In a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 5, 2019, Randall Madrigal Ledezma appears in his capacity as Municipal Mayor of Santo Domingo and requests that his represented party be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It considers that said municipality has standing to present this petition, because it wishes to defend municipal corporate and collective interests that are affected by the challenged regulation, which has an impact on the correct municipal functioning and on the public services it provides. As is done in the unconstitutionality action, it questions the phrase “and municipalities” (“y municipalidades”) that is included at the end of subsection 2 of Article 26 of the Law for the Strengthening of Public Finances No. 9635, of Title III that modified the Public Administration Salary Law. It reiterates the arguments formulated in the unconstitutionality action, in the different coadjuvancies filed in the case file, and asks that this petition be admitted, as well as that the proceeding be granted.
20.- In a document filed with the Secretariat of the Chamber on September 5, 2019, Iván Francisco Ramírez Camareno appears, in his capacity as interim mayor (alcalde a.í.) of Santa Cruz, and requests that his represented party be admitted as an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It states that it has a legitimate interest because the challenged norm is injurious to Articles 169, 170, and 175 of the Political Constitution. It requests that the coadjuvancy be admitted, that an oral and public hearing be convened, and that the unconstitutionality action be granted.
21.- José Joaquín Brenes Vega appears, in his capacity as Mayor of Poás, through a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 5, 2019, and requests that his represented party be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It states that there is standing for this request, because it seeks to defend the municipal corporate interests that are being injured by the challenged regulation. It presents an expansion of the norms that it considers must be analyzed in this unconstitutionality action because it considers they are also contrary to the Law of the Constitution: a) Law for the Strengthening of Public Finances; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It reiterates the claims raised in other coadjuvancy petitions contributed in the case file, as well as in the unconstitutionality action. It requests that this petition be admitted and that the proceeding be granted.
22.- Jeannette González Sandoval in her capacity as mayor of Matina, through the official communication filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 9, 2019, requests that said municipality be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It argues that its represented party has sufficient standing to bring this petition, because the challenged regulation injures diffuse interests (intereses difusos) and collective municipal interests. It argues that the action must be expanded in relation to the following norms because it considers they are also contrary to the Law of the Constitution: a) Law for the Strengthening of Public Finances; b) Title III of that Law that modified the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635 that added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It argues that, in attention to what was indicated by the Constitutional Chamber in judgment No. 2010-04807 of 14:51 hours on March 10, 2010, municipal autonomy must be understood as the capacity that municipalities have to decide freely and under their own responsibility, everything related to the organization of a given canton. It reiterates the claims raised in the unconstitutionality action, which it requests be granted, as well as that this petition be admitted.
23.- The mayor of Atenas, Wilberth Martín Aguilar Gatjens, through a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 9, 2019, requests that his represented party be admitted as an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. It states that said municipality has standing to present this petition given that the challenged regulation directly impacts the adequate provision of municipal services, thereby affects diffuse interests, and violates the municipalist system enshrined in the Political Constitution to the detriment of the rights of those who reside in the canton of Atenas, as well as in the other cantons of the country.
Argues that the following norms are also contrary to the Law of the Constitution: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. It asserts that the challenged regulations violate Articles 169, 170, and 175 of the Political Constitution, as well as the principles of supremacy of the constitutional norm, regulatory specialty of the Municipal Code, hierarchy of norms, decentralization, and municipal autonomy. It reaffirms the arguments raised in the unconstitutionality action, which it requests be declared with merit (con lugar) and that this joinder (coadyuvancia) motion be admitted.
24.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) on September 9, 2019, Jenny María Chacón Agüero appears in her capacity as acting mayor (alcaldesa a.í.) of San Carlos and requests that her represented party be admitted as an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this unconstitutionality action. She considers that she has standing (legitimación) because the aim is to defend the corporate municipal interest that is being harmed by the challenged regulations. Argues that the following norms are also contrary to the Law of the Constitution: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. She reiterates the arguments raised in prior joinders and in the brief filing the action. She requests that the joinder be admitted and that the unconstitutionality action be declared with merit.
25.- In a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 9, 2019, Víctor Luis Arias Richmond appears in his capacity as mayor (alcalde) of El Guarco to request that his represented party be admitted as an active coadjuvant in this unconstitutionality action, considering that he has sufficient standing for this purpose given that the aim is to defend the corporate municipal interests harmed by the challenged regulations. He alleges that these other norms are also contrary to the Law of the Constitution: a) Public Finance Strengthening Law; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. He reiterates the claims raised in the unconstitutionality action and in the different joinders filed in the case file (expediente). He requests that this motion be admitted and that the proceeding be declared with merit.
26.- Gerardo Oviedo Espinoza appears in his capacity as mayor of Santa Ana, in a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 9, 2019, and requests that his represented party be considered an active coadjuvant of the unconstitutionality action. He deems that he has standing because the challenged regulations are harmful to corporate municipal interests. He states that these norms he identifies are also contrary to the Law of the Constitution and thus requests they be so declared: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. He insists on the arguments raised in the unconstitutionality action, reiterates the allegations of other joinders contributed to the case file, requests that this motion be admitted, and that the proceeding be declared with merit.
27.- Through a brief delivered to the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 9, 2019, Johnny Araya Monge appears in his capacity as mayor with powers of generalissimo attorney-in-fact without limit of sum (apoderado generalísimo sin límite de suma) for San José, to request that his represented party be considered an active coadjuvant in this unconstitutionality action. He indicates that this municipality has standing for the defense of the diffuse interests of the community it represents, given that the challenged regulations affect the provision of essential, strategic, and transcendental public services of clear and manifest public interest. He argues that there are other norms that must also be declared contrary to the Law of the Constitution and cites: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Articles 5, 9, 10, 11, 19, 20, 21 of Title IV of that Law No. 9635, entitled Fiscal Responsibility of the Republic; c) norms related to the previous point that appear in the Regulation to Title IV of that Law No. 9635, which is Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 41641 of April 9, 2019; d) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; e) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; f) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. He states that he adopts the allegations raised in the unconstitutionality action as his own, requests that this joinder be admitted, that the application of the challenged regulations be suspended, and that the unconstitutionality action be declared with merit.
28.- In a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 10, 2019, Jeffry Montoya Rodríguez appears in his capacity as mayor of Pérez Zeledón and files an active joinder motion for his represented party in this unconstitutionality action. He reiterates the claims raised in the unconstitutionality action, as well as in the different joinder requests added to this case file. He requests that this motion be admitted and that the proceeding be declared with merit.
29.- Ana Lucía Madrigal Faerrón appears in her capacity as mayor (alcaldesa) of Goicoechea, in a document delivered to the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 10, 2019, and requests that this municipality be considered an active coadjuvant in this unconstitutionality action. She considers that this municipal corporation has standing to make this motion because the aim is the defense of corporate municipal interests that are being undermined by the questioned regulations. Argues that the following norms are also contrary to the Law of the Constitution: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. She reiterates the claims raised in the unconstitutionality action as well as in the different joinder motions contributed to the case file. She requests that this motion be admitted and that the unconstitutionality action be declared with merit.
30.- Freddy Garro Arias appears in his capacity as mayor of Parrita by means of a document delivered to the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 10, 2019, and states that he files an active joinder motion in favor of this unconstitutionality action. He argues that his represented party has sufficient standing for this motion because it aims at the defense of corporate municipal interests that are being harmed by the challenged regulations. He deems that there are other related norms that must also be declared unconstitutional, which he cites: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. He insists on the arguments of unconstitutionality raised in the brief of the action, as well as in the different joinder motions filed in this case file. He requests that this motion be admitted and that the unconstitutionality action be declared with merit.
31.- By means of a document delivered to the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 10, 2019, Minor Molina Murillo appears in his capacity as mayor of Grecia and requests that his represented party be considered an active coadjuvant in this unconstitutionality action. He alleges that he joins the facts and arguments raised by the claimant, for which he considers that the word "municipalities" (municipalidades) contained in subsection 2) of the challenged numeral 26 must be declared unconstitutional because, with that inclusion, the legislature forgot all the effort made by the country throughout constitutional history to grant autonomy to municipalities starting with the incorporation of Articles 169, 170, and 175 in the Political Constitution. He considers that norms that interfere with or infiltrate municipal autonomy are unconstitutional because they violate what is established in those constitutional numerals, just as he deems happens with the challenged regulations. He reiterates that he adheres to the claims raised in the unconstitutionality action, requests that this motion be admitted, and that the proceeding be declared with merit.
32.- In a brief filed with the Secretariat of the Chamber on September 10, 2019, Mangell Mc Lean Villalobos appears in his capacity as mayor of Siquirres and requests that his represented party be considered an active coadjuvant in this unconstitutionality action. He points out that this municipality has standing for this motion because, in his view, the challenged regulations harm collective municipal interests that must be restored. He considers that the following norms are also contrary to the Law of the Constitution and should be so declared: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. He reiterates the allegations raised in the action, as well as in the different joinder motions filed in this case file. He requests that this motion be admitted and the proceeding be declared with merit.
33.- José Arrieta Salas, of legal age, bearer of identity card 1-0729-0489, single, attorney, resident of San Rafael de Escazú, appears by means of a brief delivered to the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 10, 2019, and requests that he be admitted as an active coadjuvant in favor of this unconstitutionality action. He considers that he has standing for this act because there exists a framework of diffuse interests of the community and particularly corporate municipal interests that must be defended in relation to the challenged regulations, which he considers has a direct impact on autonomous functioning and the provision of public services to the residents (munícipes) of a canton. He alleges that the following regulations are also contrary to the Law of the Constitution and should be so declared in this unconstitutionality action: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. He states that he reiterates and makes his own the grievances contained in the brief filing the action. He requests that this motion be admitted and the unconstitutionality action be declared with merit.
34.- Randall Alexis Chavarría Matarrita, in his capacity as mayor of Puntarenas, by means of a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 11, 2019, requests that his represented party be considered an active coadjuvant in this unconstitutionality action. He states that this municipality has standing for this motion because the challenged regulations harm corporate municipal interests. He considers that the following norms are also contrary to the Law of the Constitution and thus requests they be so declared: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. He reiterates the allegations formulated in the unconstitutionality action, as well as those made in the different briefs of the joinders requested in the case file. He requests that the motion filed be admitted and that the unconstitutionality action be declared with merit.
35.- Through a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 11, 2019, Patricia Mayela Bolaños Murillo appears in her capacity as mayor of Quepos, and requests that her represented party be considered an active coadjuvant in this unconstitutionality action, for which she deems she has standing, because the aim is the defense of corporate municipal interests that are being harmed by the questioned norm. She states that there is additional regulation that is also contrary to the Law of the Constitution and that it should be so declared: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. She argues that she adheres in all its aspects to the allegations formulated in the unconstitutionality action, as well as in the different briefs of joinders filed in this case file. She requests that this motion be admitted and the unconstitutionality action be declared with merit.
36.- Eduardo Pineda Alvarado appears by means of a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 11, 2019, and in his capacity as mayor of Hojancha, requests that his represented party be considered an active coadjuvant in favor of the unconstitutionality action. He considers that his represented party has standing for this motion insofar as it aims at the defense of diffuse interests of the community given that, in his view, the challenged norm has general incidence and effects regarding the municipality, which is decisive in the provision of services that are of public interest. He considers that the following is additional regulation that is also contrary to the Law of the Constitution and that it should be so declared: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. He reiterates the allegations raised in the action, as well as in the different joinders filed in this case file, requests that this motion be admitted, and that the unconstitutionality action be declared with merit.
37.- By means of a document provided to the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 12, 2019, Marco Antonio Jiménez Muñoz appears in his capacity as mayor of Nicoya, to request that his represented party be considered an active coadjuvant in this unconstitutionality action. He indicates that given that the challenged norm affects corporate municipal interests that his represented party wishes to defend, it has standing to present this motion. He considers that the following is additional regulation that is also contrary to the Law of the Constitution and that it should be so declared in this unconstitutionality action: a) Public Finance Strengthening Law, No. 9635; b) Title III of that Law, which amended the Public Administration Salary Law; c) Article 3 of Law No. 9635, which added to the Public Administration Salary Law; d) Articles 26 to 40 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635; e) Articles 45 to 56 of the Public Administration Salary Law as amended by Law No. 9635. He makes his own the allegations raised in the unconstitutionality action and in the different joinders filed in this case file. He requests that this motion be admitted and that the proceeding be declared with merit.
38.- In a resolution of the Presidency of the Constitutional Chamber at 15:47 hours on September 12, 2019, it was ordered that, given that the first publication of the notice of proceedings (aviso de curso) for this action occurred on August 20, 2019, the deadline to appear as a coadjuvant expired on September 10, 2019; hence, the proper course is to consider the following movants as coadjuvants: Jorge Sandoval Corrales, in his capacity as president of the Council (Concejo) of Goicoechea, Juan Pablo Barquero Sánchez, in his capacity as mayor of Tilarán, Leonardo Araya Montero, as legal representative of the Union of Municipal Workers of Costa Rica (Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica), Modesto Alpízar Luna, in his capacity as mayor of Alajuelita, Cintya Rodríguez Quesada, in her capacity as municipal district administrator (intendente municipal) of the District Council (Concejo de Distrito) of Cóbano, Asdrúbal Calvo Chaves, as mayor of Esparza, Tobías Murillo Rodríguez, in his capacity as mayor of Garabito, Carlos Viales Fallas, in his capacity as mayor of Corredores, José Bernardino Rojas Méndez, as mayor of Buenos Aires, Ronald Araya Solís, in his capacity as mayor of Zarcero, Randall Madrigal Ledezma, in his capacity as mayor of Santo Domingo, Luis Madrigal Hidalgo, as mayor of Puriscal, Héctor Arias Vargas, in his capacity as mayor of Santa Bárbara, José Oldemar García Segura, in his capacity as mayor of Aserrí, Iván Francisco Ramírez Camareno, as mayor of Santa Cruz, José Joaquín Brenes Vega, in his capacity as mayor of Poás, Jeannette González Sandoval, in her capacity as mayor of the Municipality of Matina, Wilberth Aguilar Gatjens, as mayor of Atenas, Jenny Chacón Agüero, in her capacity as mayor of San Carlos, Víctor Arias Richmond, in his capacity as mayor of El Guarco, Gerardo Oviedo Espinoza, as mayor of Santa Ana, Minor Molina Murillo, in his capacity as mayor of Grecia, Jeffry Montoya Rodríguez, in his capacity as mayor of Pérez Zeledón, José Arrieta Salas, Ana Lucía Madrigal Faerrón, in her capacity as mayor of Goicoechea, Johnny Araya Monge, in his capacity as mayor of San José, Freddy Garro Arias, as mayor of Parrita, Mangell Mc Lean Villalobos, in his capacity as mayor of Siquirres, Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as mayor of Puntarenas, and Patricia Bolaños Murillo, as mayor of Quepos. In contrast, it was ordered that the joinder requests filed by Eduardo Pineda Alvarado as mayor of Hojancha and by Marco Antonio Jiménez Muñoz, in his capacity as mayor of Nicoya, be rejected, because those requests were presented before this Court between September 11 and 12, 2019; dates by which the aforementioned deadline had already passed. In that resolution, furthermore, the hearing granted to the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) in the order for proceedings of the action issued at 11:46 hours on July 24, 2019, was deemed to have been answered. As the record was complete, the unconstitutionality action was assigned to Magistrate Fernando Cruz Castro, to whom its substantive study corresponds by rotation.
39.- In a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on March 23, 2023, Melvin Reyes Durán, of legal age, attorney, resident of San José, with ID card 1-0904-0958, appears in his capacity as special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial) for Ana Cristina Forn Moraga, Ana Lorena Rodríguez Castillo, Carlos Eduardo de Jesús Álvarez Rodríguez, Magdalena Castro Varela, Iris Solano Portilla, Ivone Odettet Furgeson Redguard, Luis Alfredo Meza Sierra, and Ruperto López Umaña, to state that his represented parties are plaintiffs in the administrative contentious proceeding being processed in case file No. 19-007452-1027-CA against the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) and that it was suspended by the Administrative Contentious and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), Second Section, in resolution No. 019-2021-II at 9:00 hours on March 15, 2021. He indicates that this suspension has occurred because the constitutionality of the norms that must be applied in that judicial proceeding is being questioned in this unconstitutionality action, as well as in case files No. 19-002620-0007-CO (in relation to Article 39 of the Public Administration Salary Law) and No. 20-002831-0007-CO (regarding Article 3 of Executive Decree No. 41564-MIDEPLAN-H). He states that his represented parties are retired elderly persons in a condition of vulnerability; therefore, given the priority they enjoy, he urgently requests that these unconstitutionality actions be resolved as soon as possible so that effective judicial protection (tutela judicial efectiva) arrives "in time" in the administrative contentious proceeding, because the judgment to be issued there depends on the resolution that the Constitutional Chamber issues in these unconstitutionality actions.
40.- The hearing indicated in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, as this resolution is deemed sufficiently founded on evident principles and norms, as well as on the jurisprudence of this Court.
41.- The prescriptions of law have been complied with in the procedures.
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considering (Considerando):
I.- Procedural Matters:
1.- Regarding the admitted joinders.- Article 83 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that, within the 15 days following the first publication of the notice referred to in the second paragraph of numeral 81 of that Law, the parties that appear with pending matters as of the date the action was filed, or those who have a legitimate interest (interés legítimo) in the definition of the object in dispute, may appear to coadjuvate (coadyuvar) with either of the two positions under discussion; in the case of unconstitutionality actions, basically the coadjuvant comes to defend the annulment claim of the plaintiff or to support the validity of the challenged act. Note that the cited numeral is explicit in providing:
"Article 83. (…) or those with legitimate interest, may appear within it, in order to coadjuvate in the allegations that might justify its propriety or impropriety (…)".
The foregoing means that the coadjuvant is one who, with legitimate interest, appears to coadjuvate in the allegations that might justify the propriety or not of the action filed, and, in that sense, this Court has indicated that:
"active joinder (coadyuvancia activa) is equivalent to an action that supports another, originally filed, on the same matter" (see judgment No. 1372-92, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-80397).
In this particular matter, by means of a resolution of the Presidency of this Court at 15:47 hours on September 12, 2019, it was ordered that, given that the first publication of the notice occurred on August 20, 2019, the proper course was to consider as coadjuvants in this proceeding only those movants who filed their brief before September 10, 2019, inclusive, and who have been registered in this case file. In view of that decision, it was ordered that the following persons be considered admitted for such purposes: Jorge Sandoval Corrales, in his capacity as president of the Council of Goicoechea, Juan Pablo Barquero Sánchez, in his capacity as mayor of Tilarán, Leonardo Araya Montero, as legal representative of the Union of Municipal Workers of Costa Rica, Modesto Alpízar Luna, in his capacity as mayor of Alajuelita, Cintya Rodríguez Quesada, in her capacity as municipal district administrator of the District Council of Cóbano, Asdrúbal Calvo Chaves, as mayor of Esparza, Tobías Murillo Rodríguez, in his capacity as mayor of Garabito, Carlos Viales Fallas, in his capacity as mayor of Corredores, José Bernardino Rojas Méndez, as mayor of Buenos Aires, Ronald Araya Solís, in his capacity as mayor of Zarcero, Randall Madrigal Ledezma, in his capacity as mayor of Santo Domingo, Luis Madrigal Hidalgo, as mayor of Puriscal, Héctor Arias Vargas, in his capacity as mayor of Santa Bárbara, José Oldemar García Segura, in his capacity as mayor of Aserrí, Iván Francisco Ramírez Camareno, as mayor of Santa Cruz, José Joaquín Brenes Vega, in his capacity as mayor of Poás, Jeannette González Sandoval, in her capacity as mayor of Matina, Wilberth Aguilar Gatjens, as mayor of Atenas, Jenny Chacón Agüero, in her capacity as mayor of San Carlos, Víctor Arias Richmond, in his capacity as mayor of El Guarco, Gerardo Oviedo Espinoza, as mayor of Santa Ana, Minor Molina Murillo, in his capacity as mayor of Grecia, Jeffry Montoya Rodríguez, in his capacity as mayor of Pérez Zeledón, José Arrieta Salas, Ana Lucía Madrigal Faerrón, in her capacity as mayor of Goicoechea, Johnny Araya Monge, in his capacity as mayor of San José, Freddy Garro Arias, as mayor of Parrita, Mangell Mc Lean Villalobos, in his capacity as mayor of Siquirres, Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as mayor of Puntarenas, and Patricia Bolaños Murillo, as mayor of Quepos. Notwithstanding the foregoing, it should be noted that, although the joinder of Joaquín Sandoval Corrales in his capacity as Municipal President of Goicoechea, of Minor Molina Murillo as mayor of Grecia, and of Patricia Mayela Bolaños Murillo in her capacity as mayor of Quepos was admitted, the truth of the matter is that they did not provide any documentation demonstrating that they had authorization from their Councils to appear in this venue as coadjuvants. Furthermore, it must be said that in the briefs filed by the movants, it has been observed that, in all cases, they support the arguments put forward by the claimant; therefore, it is recalled that Article 83 itself, cited above, is very clear in providing that coadjuvants may appear: "(…) to expand, as applicable, the grounds of unconstitutionality in relation to the matter that concerns them", which must be interpreted in the sense that, in such condition, their participation is limited to supporting the allegations raised by the plaintiff or to expanding them, but always in relation to what is already being analyzed.
Therefore, the analysis of other norms that the coadjuvants consider unconstitutional is denied, as their participation is limited to supporting, or in any case, to expanding the grounds of unconstitutionality, but not to expanding the object of the unconstitutionality to other norms.
2.- Coadjuvancy Motions Denied.- In view of what was stated in the preceding Considerando and equally by reason of the provisions of Article 83 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, for having been filed untimely, in the same ruling of the Presidency of this Court at 15:47 hours on September 12, 2019, the requests for coadjuvancy of the following persons are rejected: Eduardo Pineda Alvarado as mayor of Hojancha and Marco Antonio Jiménez Muñoz, in his capacity as mayor of Nicoya, because those requests were filed before this Court between September 11 and 12, 2019; dates by which, as stated, the aforementioned deadline had already expired.
II.- On Admissibility:
1.- The standing rules in unconstitutionality actions.- Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates the prerequisites that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a matter pending resolution in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked; a requirement that is not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when due to the nature of the norm there is no individual or direct injury; when it is based on the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole; or when it is filed by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes, in these latter cases, within their respective spheres of competence. According to the first of the scenarios provided for by paragraph 2 of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the challenged norm must not be susceptible to concrete application, which would subsequently allow the challenge of the applicative act and its consequent use as a base matter. Secondly, the possibility of appearing in defense of "diffuse interests" is provided for, which are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualifier of "diffuse," such as the environment, cultural heritage, defense of the country's territorial integrity, sound management of public spending, and the right to health, among others. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is not exhaustive. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional speaks of interests "that concern the community as a whole," it refers to the legal goods explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests with the very holders of sovereignty, in each of the inhabitants of the Republic. It is not, therefore, that any person can resort to the Constitutional Chamber in protection of any interests whatsoever (actio popularis), but rather that any individual can act in defense of those goods that affect the entire national community, without it being valid in this field either to attempt any exhaustive enumeration.
2.- The standing of the plaintiff in this proceeding. As is evident from the case file, the plaintiff mayoress indicates that the challenged norm affects the autonomy of local corporations and that this affects the provision of municipal services, community interests in general, and users in particular. In this regard, according to the ruling of the Presidency of this Court at 11:46 hours on July 24, 2019, it was considered that the plaintiff's standing derives from the provisions of paragraph 2 of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, insofar as there is no individual and direct injury to the plaintiff by the challenged norm, but rather that it could eventually be affecting all the municipalities of the country. Likewise, it is observed that the mayoress of Alajuela provided official communication MA-SCM-1385-2019 of July 17, 2019, in which Article No. 1, Chapter IX, Ordinary Session No. 28-2019 of July 9, 2019, is transcribed and notified, which in its first article provides that “it is resolved to approve the alteration of the agenda and the substance with eleven affirmative votes to hear Official Communication MA-A-2607-2019 from the Municipal Mayor's Office” through which “the Council was requested for the respective endorsement so that the Municipality of Alajuela may challenge before the Constitutional Chamber, through the respective unconstitutionality actions and/or Amparo Remedies, the provisions of Ley 9635 and derived lower-ranking norms.” It should be noted that, in judgment No. 2022-013101 at 12:31 hours on June 8, 2022, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1099483, the Plenary of this Chamber accepted that, through that agreement of the Council of Alajuela, “it authorized her to challenge the provisions of Law No. 9635, in defense of municipal autonomy.” In this regard, it is necessary to recall the following:
“(…) regarding the standing of Municipal Mayors to file unconstitutionality actions, under allegations of violation of municipal autonomy, this Chamber has been indicating that, whoever holds the position of Municipal Mayor has standing to file an unconstitutionality action when alleging a violation of municipal autonomy and competencies, because they act in defense of the interests of the entity, of which they are the representative. Of course, for the Mayor to proceed, they must be so authorized by the Municipal Council. Thus, this Constitutional Tribunal has considered that the unconstitutionality action filed by a Municipal Mayor, representing a territorial corporation, must, inevitably, have an agreement from the Municipal Council that so authorizes and enables them; otherwise, it must be deemed inadmissible. In this case, the standing of the plaintiffs, in their capacity as Municipal Mayors, derives from Article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, insofar as they appear in defense of municipal autonomy and to that effect provided the agreements (…) through which the plaintiff mayors were authorized to file this action (…). In conclusion, the present action is admissible” (see Judgment No. 2023-004918 at 13 hours 15 minutes on March 1, 2023, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1153849).
In this manner, as indicated, in view that this Tribunal in judgment No. 2022-013101 at 12:31 hours on June 8, 2022, considered the mayoress of Alajuela as authorized by that agreement issued by the Council of Alajuela to appear before this venue, in defense of municipal autonomy with respect to Law No. 9635, it is considered that she meets the standing requirements to file this proceeding. In addition to this, it is deemed that she has complied with the requirements stipulated in numerals 78 and 79 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, this involves the challenge of a norm whose constitutionality it is proper to review through this avenue and; therefore, it is concluded that the present action is admissible, so the object and the merits of the matter must be discussed immediately.
III.- On the object of the challenge. In the plaintiff's opinion, subsection 2) of Article 26 of the Ley de Salarios de la administración Pública No. 2166 of October 9, 1957, as amended by Article 3 of the Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635 of December 3, 2018, is unconstitutional, as it intends to affect and empty the content of the autonomy guaranteed in the Constitution to municipalities regarding their capacity to establish their own internal organization and conditions of the relationship with their servants, because the challenged norm attempts to impose remuneration parameters and evaluation of municipal officials, which implies a relationship of direction and tutelage that clashes with the notion of autonomy that the Constituent conferred upon the municipalities. The norm in question provides, in what is relevant, the following:
“CHAPTER III ORDERING OF THE REMUNERATION SYSTEM AND SEVERANCE PAY FOR THE PUBLIC SECTOR Article 26- Application. The provisions of this chapter and the following shall apply to:
…2. The decentralized Administration: autonomous and semi-autonomous, public enterprises of the State and municipalities” (The emphasis is precisely what is challenged).
Now, that provision is framed within Title III of the Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas which, in turn, amends in Article 3, the Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166 of October 9, 1957, stating the following:
“Article 3- The following chapters and transitional provisions are added to Law No. 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, of October 9, 1957. The texts are the following: (…)” The foregoing is relevant, since the challenged norm only makes a general referral, in the sense that, to municipalities, the case of interest, the rest of the provisions contained in that Chapter III will be applicable. However, within that chapter, aspects related to the remuneration system of the public sector are regulated. That is, all the regulations established therein, related to aspects such as the exclusive dedication contract, the payment of per diems, performance evaluation, the payment of additional incentives, the professional career item, supplementary salaries, pluses, salary remunerations, prohibition, base salary, among others, would be applicable to the municipalities. In fact, the plaintiff in the filing brief stated that she also invoked the unconstitutionality of Articles 26 to 56, due to the addition of the chapters of Law No. 2166 and specified the following allegations of unconstitutionality:
1- The challenged norms are contrary to Articles 169, 170, 175 and related of the Magna Carta, which establish and guarantee the regime of autonomy of municipalities to self-govern and their clear separation from the central structure of the State, because they modify or suppress the separation that the Constitution guarantees to these entities, in the areas of remuneration and evaluation of their employees, as these are matters in which the payments, contracts, and conditions of service provision are financed with resources generated by the municipalities themselves and budgeted based on their autonomy, in accordance with Article 175 of the Constitution, without depending in the least on the State. She points out that the questioned regulation intends to reduce their scope of constitutional autonomy. She states that there is no relationship whatsoever with the central power, nor with its budget when establishing the employment relations of the municipal regime, such that it makes no sense to impose, through this means, limitations that have no legal, technical, or practical basis. She refers that the regulation in question does not present, in the least, a scheme of coordination or joint construction of the conditions for regulating remuneration and evaluation between the central power and the municipalities, under technical or opportunity criteria, but rather a totally unilateral and generalized imposition without making any distinction.
2- The questioned norms of Title III of Ley 9635 are contrary to the Law of the Constitution -values, principles, and norms-, since they cannot affect or empty the content of the autonomy guaranteed in the Magna Carta to all municipalities regarding their capacity to establish their own internal organization and conditions of the relationship with their servants. She indicates that the specific and rigid imposition of the parameters of remuneration and evaluation of municipal servants implies the application of a relationship of direction and tutelage -in a strict and full sense- that clashes directly with the notion and scope of the autonomy that the Constituent conferred upon the municipalities, which completely distorts the concept of autonomy and empties it of its essential content. She reiterates that the questioned norms do not establish any mechanism based on the principle of coordination between the municipalities and the central power, but rather on the unilateral and rigid imposition of parameters. They do not involve the establishment of procedures for equalization or common integration through joint studies or analyses built together in which local governments participate, but rather it involves the imposition of rigid normative criteria applied uniformly without establishing the necessary distinction that has been claimed.
3- The norms in question do not have the virtue nor the legal force to modify the own -exclusive and excluding- performance evaluation conditions of the municipalities established based on their autonomy and the block of constitutionality of the matter. She argues that the approach of attempting to standardize and equalize those who, by constitutional mandate, are unequal, is considered to constitute an error of legislative technique. She alleges that it is clearly improper that, through an ordinary general law outside the block of constitutionality specific to the municipal regime (Constitution plus Código Municipal), an attempt is made to subject and subordinate municipalities to the central power in planning matters. She reiterates that the challenged norm does not even propose a coordination framework or instrument for collaborative joint construction, but rather a unilateral imposition of rigid forms, contents, and criteria under a framework of a typical relationship of full direction and tutelage with the imposition of guidelines, specific norms from the ministry of the Executive Branch, and monitoring, all in a scheme of subordination; which is absolutely contrary to the Law of the Constitution. The norms of the chapter of Title III of Ley 9635 do not incorporate coordination or interaction mechanisms, but rather intend direct subordination to the criteria and unilateral instruments issued and imposed by the Ministerio de Planificación y Política Económica in its capacity as "governing body." Based on the foregoing, it is deemed of importance to refer to the scope of the municipal autonomy claimed here.
IV.- On municipal autonomy. In judgment No. 2021-17098 at 23:15 hours on July 31, 2021, this Tribunal clearly established the scope of autonomy of local governments, establishing, in what is relevant, the following:
“…2) Jurisprudential Background on the Government Autonomy of Municipalities The first thing that must be indicated is that the municipal regime is a form of territorial decentralization, in accordance with the very wording of the first paragraph of Article 168 of the Constitution (judgment No. 2006-17113). Municipalities are decentralized entities, by reason of territory, which have been endowed with a certain degree of autonomy. This autonomy is of the second degree, greater than that of autonomous institutions, because in addition to administrative autonomy, they enjoy government autonomy. Thus then, one of the greatest guarantees that municipalities possess vis-à-vis the Central Government is the degree of autonomy that the Constitution has assigned to them. Defined by constitutional jurisprudence as government autonomy, or degree two autonomy. Although the constitutional text is very concise regarding the scope and limitations of this degree of autonomy, constitutional jurisprudence has given certain definitions in this regard. It has stated that the municipal autonomy contained in Article 170 of the Constitución Política essentially originates from the representative character of being a local government (the country's only territorial decentralization), entrusted with administering local interests. Regarding its scope, it has been indicated that said autonomy includes budget autonomy, the creation of taxes, and the adoption of their own regulatory plans. Furthermore, municipalities can define their development policies (plan and agree on action programs) and adopt their own budget, independently and excluding any other State institution. Municipalities create local tax obligations, in the exercise of their autonomy, and submit them to legislative approval that conditions their effectiveness (judgment No. 2000-010136), as established in Article 121.14 of the Constitution. Local governments can establish their own territorial planning through regulatory plans, but said regulation is subordinate and subject to tutelary environmental legislation. For this reason, the Chamber has been stating that it must be a fundamental requirement, which obviously does not violate the constitutional principle of municipal autonomy, that any regulatory plan for urban development must have, prior to being approved and implemented, an examination or evaluation of its environmental impact (Judgment No. 2012-001315). On the other hand, regarding the scope of its material competence, it has been indicated that, due to the broad nature of the concept of “local interests and services,” it must be understood that the territorial decentralization of the municipal regime does not imply the elimination of the competencies assigned to other organs and entities of the State. Specifically, it was stated that the degree of municipal autonomy cannot be understood to be a full or unlimited autonomy, because it is always subject to certain limits:
“… that autonomy of the Municipalities granted by the Constituent in Article 170 of the Fundamental Norm, although it formally constitutes a limit to the interferences of the Executive Branch, cannot be understood to be a full or unlimited autonomy, because it is always subject to certain limits, since the territorial decentralization of the municipal regime does not imply the elimination of the competencies assigned to other organs and entities of the State. It is for this reason that there are local interests whose custody corresponds to the Municipalities and alongside them, others coexist whose constitutional and legal protection is attributed to other public bodies, among them the Executive Branch…” (Constitutional Chamber, judgment No. 2007-013577 and judgment No. 2010-020958).
Thus, for example, municipal autonomy does not allow city councils to evade what has been declared a national interest; otherwise, territorial autonomy is distorted, transforming municipalities into micro-states, abstracted from the intersubjective direction or tutelage that the State may exercise, through constitutional bodies (judgment No. 2011-015736).
Municipal autonomy, which “… must be understood as the capacity that Municipalities have to decide freely and under their own responsibility, everything related to the organization of a specific locality (the canton, in our case)” (Voto 5445-1999), implies that the local government has the power of self-regulation and self-administration; this means they can issue their own regulations to govern their internal organization and the services they provide, as well as their capacity to manage and promote local interests and services independently of the Executive Branch. Likewise, in the aforementioned jurisprudence, it has been indicated that no functions of any public entity can subsist that dispute their primacy with municipalities when it comes to matters that make up the local sphere. To define what is local or distinguish it from what is not, it can be done through the law, or through jurisprudential interpretation. Thus, full municipal autonomy is referred to, strictly, as “the local,” but an antagonism cannot be created between local and national interests and services, since both are called to coexist. This Tribunal has stated that “… in matters concerning the local sphere, regulations from any other public entity have no place, unless the law provides otherwise, which implies a well-founded reason for issuing the regulation; or what is the same, the municipality is not coordinated with State policy and only through the avenue of law can matters that may be linked to the local sphere be regulated, but on the condition that this legal norm is reasonable, according to the purposes pursued” (Voto 5445-1999).
Regarding the autonomy of municipalities in matters of public employment, it is appropriate to cite Voto No. 02934-1993 at 15:27 hours on June 22, 1993, in which the challenged regulations establishing the intrusion of the Contraloría General de la República in the internal disciplinary order of local governments were declared unconstitutional…
…In the same sense, in Voto No. 1691-94 at 10:48 hours on April 8, 1994, it was held that the municipal executive -now mayor- is the person in charge of the disciplinary regime of Local Governments, with respect to the officials and employees who depend on them, such that it is they who issue the substantive resolution in matters of dismissals. These criteria were reiterated in Voto No. 5445-1999 at 14:30 hours on July 14, 1999, which has been mentioned in numerous judgments of this Chamber to date. In this vote, the Constitutional Tribunal referred to the relationship of administrative tutelage between municipalities and other state institutions, under agreed forms of voluntary coordination (this admits the function of legality control and oversight powers of the State, as well as the issuance of directives and general guidelines), in addition, to the disciplinary function, the assignment of functions to municipal employees, and the setting of the Mayor's salary, based on the following considerations:
“…A. ON THE RELATIONSHIPS OF MUNICIPALITIES WITH OTHER STATE INSTITUTIONS AND SOCIETY.
X.- ON THE OBLIGATION OF COORDINATION WITH STATE INSTITUTIONS. municipalities can share their competencies with the Public Administration in general, a relationship that must unfold in the terms as defined by law (Article 5 of the former Código Municipal, Article 7 of the new Code), which establishes the obligation of \"coordination\" between municipalities and public institutions that concur in the performance of their competencies, to avoid duplication of efforts and contradictions, especially because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy because it is its expression. In other terms, the municipality is called to enter into cooperative relations with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coincident nature -in many cases- of interests around a specific matter. (…) As there is no hierarchical relationship of decentralized institutions, nor of the State itself in relation to municipalities, the imposition of certain conducts on them is not possible, with which the essential inter-institutional \"concert\", in a strict sense, arises, insofar as autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, which results in agreed forms of coordination, excluding any imperative form detrimental to their autonomy, that would subject corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the \"administrative tutelage\" of the State, and specifically, in the function of legality control that pertains to the State, with general oversight powers over the entire sector).
(…) This obligation of coordination between State institutions and municipalities is implicit in the Constitución Política itself; (…)
XXXIX.- ON THE DEFINITION OF FUNCTIONS OF MUNICIPAL EMPLOYEES. In the preceding Considerandos it has been indicated that the organizational competence of municipal dependencies is an expression of the administrative autonomy enjoyed by municipal corporations. In this sense, as the Municipal Mayor -formerly Municipal Executive- is the general administrator of local dependencies, it is they who correspond to the assignment of functions of their employees, as provided by Article 142 of the former Código Municipal:
XL.- ON THE SETTING OF SALARIES. Article 76 of the Código Municipal is challenged in that it establishes a categorization of municipalities based on their budget and confers upon the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, in coordination with the Contraloría General de la República, the task of setting the salaries of the then Municipal Executives and their increases in relation to the budgets thereof, which is considered a violation of municipal autonomy and the principle of reasonableness. Indeed, according to all that has been stated previously in this judgment, this provision is absolutely unconstitutional, in open violation of the administrative autonomy of municipalities defined in Article 170 of the Constitution, insofar as the setting of the salary of its Mayor (formerly Executive) is a matter pertaining to its own government and administration, and its determination must correspond to its authorities, according to the functions they are entrusted with, which, in any case, must be in proportional relation to the municipality's budget, as defined in Article 20 of the Código Municipal, number 7794. By virtue of which, the phrase of the third paragraph of Article 76 that reads \"The Contraloría General de la República and the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal shall set, annually, the salaries of municipal executives, based on the amount of the municipal budgets referred to in this article\" is unconstitutional. (…)”.
The jurisprudential criterion issued in the partially cited judgment has been reiterated and used to resolve numerous matters to date, related to municipal autonomy, taxing power, municipal police, environmental matters, waste management, municipal assets, and others (see Votos numbers 2001-04841 at 15:02 on June 6, 2001, 2002-05832 at 08:58 hours on June 14, 2002, 2005-02594 at 14:58 hours on March 9, 2005, 17113-2006 at 14:51 hours on November 28, 2006, 2007-13577 at 14:40 hours on September 19, 2007, 2007-15206 at 11:48 hours on October 19, 2007, 2011-004205 at 17:49 hours on March 29, 2011, 04621-2016 at 16:20 hours on April 5, 2016, among many others. On taxing power and business licenses, see Votos numbers 9677-2001 at 11:26 hours on September 26, 2001, 2001-10153 at 14:44 hours on October 10, 2001, and No. 2005-02910 at 15:59 hours on March 15, 2005. On municipal rates and municipal police, Votos numbers 2001-01613 at 14:54 hours on February 27, 2001, and 2001-01614 at 14:55 on February 27, 2001. On municipal competencies in environmental matters, Votos numbers No. 2015-016362 at 09:30 hours on October 21, 2015, and 2016-004621 at 16:20 hours on April 5, 2016. On municipal competencies in waste management, Voto No. 13577-2007 at 14:40 hours on September 19, 2007). Among these votes, it is opportune to highlight Voto No. 2007-13577 at 14:40 hours on September 19, 2007, insofar as it makes clear that despite the autonomy that municipalities hold, they cannot abstract themselves from the necessary coordination and alignment they must maintain with other State institutions, in order to achieve compliance with the national development plan of the country. Specifically, it was stated on that occasion:
“Now, that autonomy of the Municipalities granted by the Constituent in Article 170 of the Fundamental Norm, although it formally constitutes a limit to the interferences of the Executive Branch, cannot be understood to be a full or unlimited autonomy, because it is always subject to certain limits, since the territorial decentralization of the municipal regime does not imply the elimination of the competencies assigned to other organs and entities of the State. It is for this reason that there are local interests whose custody corresponds to the Municipalities and alongside them, others coexist whose constitutional and legal protection is attributed to other public bodies, among them the Executive Branch.
For this reason, this Chamber has recognized that when the problem overflows the territorial circumscription to which local governments are subordinated, the powers can be exercised by national State institutions, since the actions of the former are integrated within the general guidelines outlined in the national development plan, without this signifying a violation of their autonomy." Regarding the powers of the legislator to develop the functional legal framework of the mayor, the Chamber has indicated that this is due to the principles of opportunity and convenience, whose limits lie in the reasonableness of the legislative act. In this regard, in vote No. 2008-007685 of 14:48 hours on May 7, 2008, it was ordered that:
"II.- The jurisprudence of this Chamber on municipal autonomy. The claim of the Municipal Mayor of Aguirre must be clarified within the jurisprudential framework that this Constitutional Chamber has developed on the subject of municipal autonomy, which has been understood as the capacity that municipalities have to freely decide, and under their own responsibility, everything related to the organization of a given locality.
(…) As is evident from the foregoing jurisprudential citation, normative autonomy implies the municipal capacity to issue its own normative order (understood with respect to autonomous organization and service regulations), but subordinated to what the Law establishes.
III.-(…), the constituent delegated to the ordinary legislator the development of the functional legal framework of the Municipal Mayor, with this the Law can restrict or enhance the figure of the Vice-Mayors as collaborators of the Mayor in their functions. In accordance with what is established by the constitutional norm, the legislative development carried out obeys the legislator's principles of opportunity and convenience, whose only limits lie in the reasonableness of the legislative act. (emphasis does not correspond to the original).
Finally, it is important to highlight as jurisprudential precedent judgment No. 11406-2017 of 10:17 hours on July 19, 2017, in which several norms of the Water Law were challenged because they established that the water inspector was an official appointed by MINAE, but the municipality was responsible for bearing the cost of their salary. In this regard, it was resolved that:
"In this manner, in this argumentative order, we can affirm that the figure of the cantonal water inspector finds support in this vision that has been sustained in this judgment regarding that water is not a matter of local interest that qualifies within municipal autonomy, since it is not merely local -but rather of national interest-, nor is it susceptible to being subjected to criteria of territoriality. Therefore, this inspector acts within the logic of coordination among public institutions in environmental matters, as they are an official subordinated to MINAE, an organ that holds the stewardship in the matter of water resources, but maintains a close relationship with the municipalities, as they are paid by them with a specific fee provided for in the regulations. In this sense, it is not possible to affirm that this figure harms municipal autonomy, since, as mentioned, in matters of national character, such as water, this autonomy is not a full or unlimited autonomy, as it is always subject to certain limits, such as for example when constitutional principles and rights like the right to water come into play. Likewise, it cannot be alleged that it infringes upon the Municipality's budgetary competence, since, as just indicated, the regulations provide for a specific fee for its financing. Thus, this Tribunal considers that neither the plaintiff mayor, nor the Attorney General's Office of the Republic, is correct regarding a possible supervening unconstitutionality, since the figure of the cantonal water inspector does not harm the municipal autonomy enshrined in the Political Constitution, and therefore it is a figure in accordance with Constitutional Law. By virtue of the foregoing, the appropriate course is to dismiss the action." In conclusion, local governments are "a true decentralization of the political function in local matters." The degree of autonomy of the municipalities, which is administrative and governmental autonomy, allows them to self-administer (dispose of their human, material, and financial resources), carry out their legal competencies by themselves, and give themselves their own internal organization. But, furthermore, regarding governmental autonomy, it implies that they can set their own goals, objectives, and means; they can also issue autonomous service regulations. Likewise, they can define their development policies (plan and agree on action programs), create taxes (which must be authorized by law), and provide their own territorial planning through regulatory plans. But they also have the limitation that they cannot withdraw from that which has been declared of national interest." Based on the foregoing, I believe the following can be concluded:
1.- Municipal autonomy, of a second degree, refers exclusively to local interests and services. Hence, it does not constitute an insurmountable barrier for the State, through the exercise of the power to legislate, to issue a law that standardizes matters relating to public employment throughout the entire public sector, in accordance with the provisions of constitutional article 191, regardless of the manner in which it obtains its income. That power of the legislator to regulate employment conditions in the entire public sector, as provided for in constitutional article 191, applies regardless of whether the public officials to whom those regulations are directed provide their services in institutions financed by own resources or by resources from the national budget, since what ultimately prevails is the claim of generality legitimately fostered by the legislator.
2.- The State has a duty towards the municipal residents regarding the proper use of the taxes and tributes that the municipalities collect from them, hence the need for the existence of general rules relating to public employment in the municipal regime. This Tribunal also agrees with what was expressed by the Attorney General's Office of the Republic, in stating that "…if the legislator were not empowered to regulate working conditions in the municipalities (by virtue of the degree of autonomy of those entities), the Municipal Code (insofar as it regulates entry into the municipal administrative career, matters concerning the descriptive manual of positions, matters relating to personnel selection, incentives and benefits for municipal employees, the rights and duties of those officials, the Mayor's salary, etc.) would be unconstitutional, since it would affect the autonomy that each municipality would have to regulate those aspects." 3.- The fact that general rules of this nature exist in no way affects municipal autonomy, as it does not prevent them from establishing goals, objectives, and the means to achieve these. Regarding the use of human resources and their remuneration -administrative autonomy-, the fact that there are general provisions applicable in the entire public sector also does not violate that autonomy; quite the contrary, it serves to strengthen a fundamental right that is enshrined in numeral 57 of the Political Constitution, in the sense of equal work for equal pay. As the Attorney General's Office of the Republic stated in the granted hearing, prohibiting the exercise of the legislative function to regulate employment relations throughout the entire public sector, including the municipalities, would not only go against the text and spirit of constitutional article 191, but also against article 105 of the Political Constitution, since as the Political Constitution orders, the power to legislate on the part of the Legislative Assembly comes from the legitimation of the people themselves, as established by constitutional article 105, when it affirms that the power to legislate resides in the people, who delegate it to the Legislative Assembly through suffrage." V.- On the allegations raised by the plaintiff.
1.- The petitioner states that the challenged norms are contrary to articles 169, 170, 175, and related articles of the Magna Carta, which establish and guarantee the autonomy regime of the municipalities to self-govern and the clear separation of the same from the central structure of the State, because they modify or suppress the separation that the Constitution guarantees to these entities, in the areas of remuneration and evaluation of their employees, as these are matters in which the payments, contracts, and conditions of service provision are financed with resources generated by the municipalities themselves and budgeted based on their autonomy, in accordance with article 175 of the Constitution, without depending absolutely on the State. She points out that the questioned regulation intends to reduce their scope of constitutional autonomy. She states that there is no relationship whatsoever with the central power, nor with its budget, when establishing the employment relations of the municipal regime, such that it makes no sense to impose, through this means, limitations that lack legal, technical, or practical support. She states that the regulation in question does not present, at all, a scheme of coordination or joint construction of the conditions for regulating remuneration and evaluation between the central power and the municipalities, under technical criteria or criteria of opportunity, but rather a totally unilateral and generalized imposition without making any distinction whatsoever.
Beforehand, it is necessary to specify that the plaintiff's arguments are quite general. She did not make a clear, specific, and concrete specification of her arguments in relation to each of the other provisions of the chapter to which the municipalities are linked in article 26. Therefore, the pronouncement of this Chamber will be made in equal terms, as it must confine itself to what was expressly indicated by the plaintiff.
From what was indicated in sections II and III, the initial allegations of the plaintiff are dismissed, since, as has been demonstrated, the constitutional autonomy enjoyed by the municipalities is of a second degree. This means that it allows them to self-administer (dispose of their human, material, and financial resources), carry out their legal competencies by themselves, and give themselves their own internal organization. Regarding governmental autonomy, it implies that they can set their own goals, objectives, and means; they can also issue autonomous service regulations. Likewise, they can define their development policies (plan and agree on action programs, logically linked to the national Development plans through a coordination policy), create taxes (which must be authorized by law), and provide their own territorial planning through regulatory plans, respecting the general principles found in the law that regulates the matter. But they also have the limitation that they cannot withdraw from that which has been declared of national interest. As this Tribunal already pointed out in judgment No. 2021-17098, it is plausible to subject all powers and institutions of the State to a single statute of public employment. That, per se, is not unconstitutional. In a unitarily concentrated State like Costa Rica's, all public entities are subject to what the legislator provides in the exercise of the power to legislate, since autonomy does not mean sovereignty, but simply and plainly independence in the exercise of exclusive and excluding competencies. Thus, regardless of the degree of autonomy a decentralized entity has, it is closely linked to the State by a series of principles and norms that are in Constitutional Law, for example, numerals 11, 48, 49, 182, 184, and 192 of the Fundamental Charter, which establish the principles of legality, accountability, and transparency, the unrestricted respect for fundamental rights and subjective public rights and their effective judicial protection in the constitutional and contentious-administrative jurisdictions, the principles and procedures of administrative contracting, the approval and oversight of budgets by the Comptroller General of the Republic and control by this organ of constitutional relevance over the use of public funds, submission to the core principles of the civil service, etc. In this direction, this Chamber has already indicated that it is not unconstitutional for the legislator to subject the entire Public Administration to a framework regulation of public employment, as long as it rigorously observes the principles of separation of powers and does not empty the degrees of autonomy that Constitutional Law grants to certain entities, such as municipalities. That is why the simple inclusion made by the challenged article 26 does not imply that the principle of municipal autonomy is harmed. The plaintiff considers that the municipalities must be excluded from those provisions because they have their own income and enjoy their own tax regime; however, just as the Constituent provided such power in favor of the municipalities, they also established article 191, which applies to all public officials regardless of whether they provide their services in institutions that are financed by own resources or not, or with resources from the national budget. Their municipal autonomy does not constitute an insurmountable barrier for the State, through the exercise of the power to legislate, to issue a law that standardizes matters relating to public employment throughout the entire public sector, in accordance with the provisions of constitutional article 191, regardless of the manner in which it obtains its income. In fact, with greater reason, the State has a duty towards the municipal residents regarding the proper use of the taxes and tributes that the municipalities collect from them, hence justifying the existence of general rules relating to public employment in the municipal regime. On the other hand, if the legislator were not empowered to regulate working conditions in the municipalities, given their invoked autonomy, the Municipal Code that regulates entry into the municipal administrative career, matters concerning the descriptive manual of positions, personnel selection, incentives and benefits for municipal employees, the rights and duties of those officials, the mayor's salary, etc., would likewise be considered unconstitutional, since it would affect the autonomy that each municipality would have to regulate those aspects; however, the plaintiff requests that this prevail over the challenged norm, which would be contradictory. The plaintiff states that the regulation in question does not present, at all, a scheme of coordination or joint construction of the conditions for regulating remuneration and evaluation between the central power and the municipalities under technical criteria or criteria of opportunity, but rather a totally unilateral and generalized imposition without making any distinction whatsoever. However, she does not indicate in which provision or provisions that situation arises, nor does she state in what sense she does so based on the text of the provision or on the effects it produces, which prevents this Tribunal from issuing a ruling, given the generic and abstract terms in which the plaintiff manifests such a challenge. Hence, the action on this point is dismissed.
2.- The petitioner alleges that the questioned norms of Title III of Law 9635 are contrary to Constitutional Law, because they cannot affect or empty the content of the autonomy guaranteed in the Magna Carta to all municipalities regarding their capacity to give themselves their own internal organization and conditions of the relationship with their servants. She indicates that the specific and rigid imposition of parameters for the remuneration and evaluation of municipal servants implies the application of a relationship of direction and tutelage -in a strict and full sense- which clashes directly with the notion and scope of the autonomy that the Constituent conferred on the municipalities, which completely distorts the concept of autonomy and empties it of its essential content. She reiterates that the challenged norms do not establish any mechanism based on the principle of coordination between the municipalities and the central power, but rather on the rigid unilateral imposition of parameters. They do not involve the establishment of procedures for equalization or common integration through studies or shared analyses constructed jointly in which local governments participate, but rather it is the imposition of rigid normative criteria applied uniformly without establishing the necessary distinction that has been demanded.
Regarding this matter, this Tribunal reiterates what was indicated in the previous section. The simple link to a single normative framework regarding public employment, according to the provisions of constitutional article 191, does not per se imply a violation of municipal autonomy, nor its emptying, in the terms indicated. Again, the plaintiff makes a generic allegation without specifying any norm that would allow its content and text to be contrasted with a precise argument to facilitate substantive analysis. It is reiterated, the simple remission to certain matters relating to public employment, such as remuneration or performance evaluation, does not entail that a norm is automatically unconstitutional due to violation of municipal autonomy, for the reasons already outlined. Similarly, the petitioner points out that the challenged norms do not establish any mechanism based on the principle of coordination between the municipalities and the central power, but rather constitute a rigid unilateral imposition of parameters; she also argues that they do not involve the establishment of procedures for equalization or common integration through studies or shared analyses constructed jointly in which local governments participate, but rather it is the imposition of rigid normative criteria applied uniformly without establishing the necessary distinction that has been demanded. Again, the plaintiff makes such a statement without specifying any provision that would allow one to discern whether one is faced with a normative wording in which the Executive Branch could be exceeding its powers, in contrast to constitutional articles 169 and 170, or whether it is simply a coordination relationship. The lack of substantiation by the plaintiff in this sense prevents the intended substantive analysis, and it is not up to this Chamber to remedy the plaintiff's omission in that regard.
3.- The petitioner states that the norms in question lack the virtue or legal force to modify the performance evaluation conditions proper -exclusive and excluding- to the municipalities established based on their autonomy and the block of constitutionality of the matter. She argues that the proposal to standardize and equalize those who are unequal by constitutional mandate is considered to constitute an error of legislative technique. She alleges that it is completely improper for a general ordinary law, alien to the block of constitutionality of the municipal regime itself (Constitution plus Municipal Code), to attempt to subject and subordinate the municipalities to the central power in matters of planning. She reiterates that the challenged regulation does not even propose a coordination framework or a collaborative joint construction instrument, but rather a unilateral imposition of rigid forms, contents, and criteria under a framework of a typical relationship of direction and full tutelage with the imposition of guidelines and specific norms from the Ministry of the Executive Branch and follow-up, all in a subordination scheme; which is absolutely contrary to Constitutional Law. The norms of the chapter of Title III of Law 9635 do not incorporate coordination or interaction mechanisms, but rather it is intended to directly subordinate them to the unilateral criteria and instruments issued and imposed by the Ministry of Planning in a "stewardship" capacity.
In this regard, what was already stated in the previous points applies. The fact that general rules of this nature exist in no way affects municipal autonomy, as it does not prevent the municipalities from establishing their goals, objectives, and the means to achieve them. Regarding the use of human resources and their remuneration -administrative autonomy-, the fact that there are general provisions applicable in the entire public sector, it is reiterated, also does not violate that autonomy; quite the contrary, it serves to strengthen a fundamental right that is enshrined in numeral 57 of the Political Constitution, in the sense of equal work for equal pay. On the other hand, the error of legislative technique pointed out by the plaintiff is not a matter proper to be reviewed in this jurisdiction. And although she alleges that the accused matter generates an unequal condition, she does not establish any parameter that allows a comparison to be made to issue a substantive ruling on the matter. Finally, regarding the same allegation made in each section in relation to the accused unilateral imposition of rigid forms, contents, and criteria under a framework of a typical relationship of direction and full tutelage with the imposition of guidelines and specific norms from the ministry of the Executive Branch, that argument is dismissed under the identical considerations already pointed out.
VI.- Conclusion. For all of the foregoing, and given that in the terms in which the action was filed, the alleged constitutional violations are not observed, the appropriate course is to dismiss the action, as is hereby ordered.
VII.- Documentation contributed to the case file.- The parties are forewarned that, should any document have been submitted in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.-
Therefore:
The action is dismissed.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Ingrid Hess H.
Ana Cristina Fernández A. Jorge Isaac Solano A.
1 Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2258-4157 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).
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Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], mayor, casada una vez, con cédula [Valor 001], vecina de Alajuela, en su condición de alcaldesa de Alajuela con facultades de representante legal de la municipalidad de Alajuela, para que se declare inconstitucional la frase "y municipalidades" del inciso 2) del artículo 26 del Capítulo III del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635 de 3 de diciembre de 2018. Intervino también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:47 horas de 18 de julio de 2019, la accionante solicita, en resumen, que se declare la inconstitucionalidad de la frase "y municipalidades" del inciso 2) del artículo 26 del Capítulo III del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635 de 3 de diciembre de 2018, por estimarla contraria al principio de autonomía, que los artículos 169, 170 y 175 de la Constitución Política reconocen a las municipalidades para poder autogobernarse. Afirma que el constituyente otorgó a las municipalidades la administración de los intereses locales, y concretó un mecanismo de auténtica descentralización, conformándolas como gobiernos locales cuyo sustento jurídico es la noción de autonomía de rango constitucional frente al poder central. Afirma que, por lo anterior, la modificación de las condiciones y capacidad de auto regularse de las municipalidades, no podría darse mediante la simple reforma de leyes generales, por cuanto, dicha pretensión cede en todos los casos ante la supremacía de la norma constitucional. Señala que la decisión del legislador de pretender igualar e incluir a las municipalidades dentro de una regulación general, poniéndolas al mismo nivel de las entidades descentralizadas creadas por ley, genera una inconstitucionalidad, toda vez que, por esa vía no sería válido que se pretenda modificar la autonomía en los aspectos de interés. Estima que lo relativo a la relación de empleo entre las municipalidades y sus servidores, se regula por medio del Código Municipal como una norma especial de la materia que hace un desarrollo directo de las normas constitucionales y conforma con estas un bloque de constitucionalidad. Argumenta que, a su parecer, el legislador debió discernir que cualquier modificación al empleo municipal, debía respetar plenamente el rango, alcance y naturaleza de dicha autonomía. Arguye que, conforme con los principios esenciales de jerarquía de las normas y supremacía de la Constitución, una disposición de rango legal o inferior no puede derogar el régimen de autonomía municipal que la Constitución Política estableció. Agrega que las municipalidades procuran obtener sus propios ingresos bajo un esquema tributario y de recaudación específico derivado de la capacidad administrativa y, con ello, cubren de forma independiente y separada del poder y gobierno central, las remuneraciones de sus servidores. Aduce que con base en lo dispuesto por el artículo 175 de la Constitución Política, las municipalidades tienen la potestad de presupuestar libremente sus ingresos, lo que únicamente puede ser sometido a los controles y fiscalización técnica de la Contraloría General de la República, en relación con extremos del cumplimiento de los destinos y fines públicos, sin que se puedan hacer nugatorias ni sustituir, las decisiones de oportunidad y conveniencia dictadas al amparo de la autonomía municipal, de modo que al darse esta situación a partir de la norma impugnada, se configura una vulneración a la Constitución Política al pretender limitar las decisiones municipales sobre las condiciones de remuneración y su consecuente presupuesto. Por otra parte, alega que la normativa impugnada es inconstitucional en tanto pretende afectar y vaciar de contenido la autonomía garantizada en la Constitución a las municipalidades respecto a su capacidad de darse su propia organización interna y condiciones de la relación con sus servidores, ello porque la norma impugnada pretende imponer parámetros de remuneración y evaluación de los funcionarios municipales, lo que implica una relación de dirección y tutela que choca con la noción de autonomía que el constituyente confirió a las municipalidades. Argumenta, además, que la norma cuestionada no establece un mecanismo basado en el principio de coordinación entre los municipios y la Administración, sino que este se fundamenta en la imposición unilateral. Solicita que se declare con lugar esta acción de inconstitucionalidad.
2.- A efecto de fundamentar la legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad, la parte accionante señala que proviene de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto la norma que se cuestiona afecta intereses de la colectividad y tiene incidencia así como efectos generales respecto al funcionamiento institucional de todas las municipalidades del país, lo cual es determinante en la prestación de servicios de interés público.
3.- Por resolución de las 11 horas 46 minutos de 24 de julio de 2019, se le dio curso a la acción de inconstitucionalidad, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República.
4.- Los edictos a los que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 155, 156 y 157 del Boletín Judicial, de los días 20, 21 y 22 de agosto de 2019.
5.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 5 de agosto de 2019, se apersona Joaquín Sandoval Corrales en su condición de presidente del Concejo Municipal de Goicoechea, para solicitar que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Manifiesta que la normativa impugnada pretende imponer límites en tres ámbitos que no pueden ser objeto de regulación por medio de una ley ordinaria o disposiciones derivadas inferiores: a) materia presupuestaria de ingresos propios por medio de regla fiscal; b) lo concerniente a las condiciones de contratación de personal; c) lo relativo a la evaluación del desempeño del personal municipal. Manifiesta que la Ley nro. 9635 se aprobó con la finalidad de combatir los problemas fiscales y de solvencia económica del Gobierno Central del país, por lo que la motivación de la norma impugnada es irracional, en vista de que incluye a sectores que no tienen relación directa con las finanzas del Gobierno Central, ni inciden en estas. Por el contrario, se financian con recursos propios de sus actividades, por lo que la norma es irracional, infundada, así como lesiva de la autonomía municipal y demás instituciones autónomas descentralizadas y desconcentradas. Considera que la norma cuestionada violenta la autonomía normativa, administrativa y tributaria del sector municipal, pues, por medio de una ley, se contravienen disposiciones con rango constitucional. Argumenta que cuando los legisladores por medio de una ley violentan principios constitucionales y modifican normas de rango constitucional, dicha ley se convierte en inconstitucional por violación del artículo 11 de la Constitución Política. Señala que, además, la norma impugnada le ha otorgado al Poder Ejecutivo, potestad de dirección y de administración sobre las instituciones descentralizadas y autónomas que, por normas constitucionales, le están limitadas. Recuerda que la potestad de las municipalidades de fijar su propia política salarial coincide con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, el cual excluye a las municipalidades del ámbito de acción de la Autoridad Presupuestaria en lo que respecta a materia salarial. Añade que la definición de políticas administrativas y salariales en materia municipal está regulada en norma especial -artículo 122 del Código Municipal- relacionada con los principios constitucionales de autonomía municipal. Argumenta que la Contraloría General de la República manifestó que el sistema de remuneración que cada municipalidad defina e implemente, es responsabilidad de su administración, la que debe cumplir con los requisitos exigidos de manera que el sistema de remuneración que se elija debe tener como antecedente un estudio formalmente establecido y consignado en los instrumentos pertinentes a los que se recurrirá para su aplicación y resolución de las situaciones que surjan. Recuerda que cada municipalidad tiene condiciones, características y circunstancias distintas por lo que, los estudios que realice una de ellas, no necesariamente responden a la realidad de las otras o del gobierno central y; por ende, las políticas salariales aplicables a una municipalidad no necesariamente son válidas en otra, de modo que los estudios que haga cada una, le permitirá definir políticas administrativas, normativas y salariales acordes a su realidad. Manifiesta que, por tal razón, se vulnera la autonomía municipal, cuando por medio de la Ley nro. 9635, se incluyen regulaciones en la Ley de Salarios de la Administración Pública impositivas a todas las instituciones del sector público, pero sin tomarse en cuenta que, de acuerdo con el grado de autonomía, no se puede ordenar todo con un solo régimen de salarios, con iguales criterios de evaluación del desempeño y de metas, entre otros, porque ello vulnera normas constitucionales, según las cuales no es sostenible que el Poder Ejecutivo, por medio de una ley, -específicamente el artículo 26 impugnado- se convierta en jerarca de los entes descentralizados y municipalidades como un director imponiendo línea y disponiendo -a través de sus ministerios- ordenanzas de gestión, normas de uso de recursos, limitaciones a la capacidad de negociación colectiva, entre otras. Indica que lo anterior es la aceptación de un régimen autoritario contrario al Estado Social de Derecho, así como también implica vaciar el contenido esencial de las competencias atribuidas por el Constituyente a las instituciones autónomas y descentralizadas. Señala que las limitaciones que genera la norma impugnada no son solo una cuestión relacionada meramente con política económica general del Estado ligada a la planificación y el desarrollo nacional, sino que también produce serias limitaciones a los gobiernos locales porque van más allá de una mera planificación del desarrollo nacional que coartan las potestades de las autoridades municipales para establecer sus líneas de acción, sus potestades de administración y de gobierno, la potestad de dictar sus propias normas y sus políticas salariales, e inclusive limita la posibilidad de establecer negociaciones colectivas si se consideraran oportunas, todo lo cual violenta una serie de principios constitucionales y derechos fundamentales. Considera que, además de la norma impugnada, hay otros artículos que también deberían ser declarados inconstitucionales y en ese sentido cita:
Argumenta que un ejemplo de las vulneraciones señaladas es que a los funcionarios del ministerio de Hacienda con grado de licenciatura, se les pagará una prohibición de un 65% del salario base, en tanto, a otros servidores en igualdad de condiciones, pero de otras instituciones públicas, la prohibición sería apenas de un 30%; además, se equipara al funcionario público sometido al régimen de servicio civil con cualquier trabajador privado al que le asisten solo los derechos mínimos del Código de Trabajo en caso de despido con responsabilidad patronal, lo cual es contrario a lo que pretendió el Constituyente, al plasmar el contenido del artículo 192 de la Constitución Política. Estima que desde que se establece que el sector municipal es parte del Gobierno central y; por tanto, sujeto a sus ordenanzas, la norma se convierte en inconstitucional al limitar la posibilidad para las municipalidades de administrarse de manera autónoma e independiente del Gobierno central. Añade que la reducción de las condiciones salariales de los funcionarios públicos sin contar con los estudios técnicos para respaldar ese menoscabo, impide tener certeza de que ello vaya a resolver el problema fiscal del país, lo cual, además, no tiene relación causal con los salarios dentro del sector municipal, por lo que imponer -por medio de una ley- políticas salariales del régimen municipal, es dejar sin contenido las potestades administrativas y normativas de los municipios que tienen su propio presupuesto y no tienen relación directa con el Gobierno central, por lo que la norma es irracional y desproporcionada. Indica que, además, se crea una discriminación entre los funcionarios antiguos y las nuevas contrataciones, a pesar de que hacen iguales funciones. Aduce que las instituciones públicas quedan sujetas a las decisiones de los gobiernos de turno que podrían eventualmente cambiar las disposiciones vía decreto, a pesar de que este tema ya había sido superado décadas atrás, cuando, en aras de buscar la eficiencia, el Estado se decantó por descentralizar sus funciones de manera que se está frente a un retroceso. Solicita que se admita esta coadyuvancia y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad. Adicionalmente pide que se otorgue vista oral, a fin de ampliar los alegatos y presentar conclusiones.
6.- La Procuraduría General de la República rindió su informe el 19 de agosto de 2019 en la persona de Julio Alberto Jurado Fernández, en su condición de Procurador General de la República. En lo que a la legitimación se refiere, manifiesta que, para su representada, la acción es admisible por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional toda vez que, en la materia objeto de análisis, no existe una lesión individual y directa que permita a una persona específica, afirmar la titularidad de un interés directo para fundamentar una acción por vía incidental, por lo que se considera que la accionante ostenta legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad que acusa, sin que para ello sea necesario contar con un asunto previo que le sirva de base a la acción.
Sobre la regulación legislativa del empleo público en el ámbito municipal.- Recuerda que, de conformidad con los artículos 170 y siguientes de la Constitución Política, las municipalidades cuentan con autonomía de segundo grado, o sea administrativa, y política o de gobierno. Aduce que, en materia de empleo público, el artículo 191 constitucional dispone que un solo estatuto de rango legal, regule las relaciones entre el Estado -en sentido amplio- y sus servidores; norma que, en criterio de la Procuraduría, constituye una autorización para que el legislador regule las condiciones laborales que deben imperar en todo el sector público, incluyendo las de instituciones autónomas con sus servidores. Manifiesta que ante la eventual colisión de 2 principios de rango constitucional -la autonomía municipal por una parte y la regulación uniforme y universal del empleo público por otra-, debe optarse por el segundo, porque la existencia de un solo estatuto que rija las relaciones entre el Estado en sentido amplio y sus servidores, aparte de ser uno de los objetivos del Constituyente, según el artículo 191 constitucional, no afecta la esencia de la autonomía municipal. Agrega que, en materia de empleo público, la Procuraduría se ha pronunciado sobre la validez de emitir normativa de rango legal aplicable a todas las instituciones del sector público (OJ-110-2015 de 24 de septiembre de 2015, reiterada en OJ-161-2017 de 15 de diciembre de 2017 y OJ-162-2017 de 15 de diciembre de 2017). Manifiesta que la Sala Constitucional ha señalado que el régimen de autonomía administrativa concedido a las instituciones descentralizadas por el artículo 188 constitucional, no comprende el régimen de Servicio Civil, pues el legislador está facultado para definir las condiciones generales de trabajo que deben imperar en toda la Administración Pública (sentencia nro. 3309-94). Aduce que, por tal razón, su representada estima que ninguna institución del sector público está habilitada, en virtud de su autonomía, para desatender el mandato del legislador en lo relativo a la regulación de las condiciones de empleo de sus servidores. Aduce que la accionante pretende descartar la obligación de aplicar la Ley de Salarios de la Administración Pública a los entes municipales, en virtud de su potestad tributaria autónoma; sin embargo, en criterio de la Procuraduría, la posibilidad de que el legislador regule las condiciones de empleo en todo el sector público como lo prevé el artículo 191 constitucional, aplica independientemente de que los funcionarios públicos a los que van dirigidas esas regulaciones, presten sus servicios en instituciones que se financien con recursos propios o con recursos del presupuesto nacional pues, en definitiva, lo que priva es la pretensión de generalidad legítimamente propiciada por el legislador. Añade que su representada no estima que normas de rango legal dirigidas a lograr el criterio uniformador pretendido por el artículo 191 constitucional, infrinja la potestad municipal de presupuestar libremente sus ingresos pues, en materia de empleo público, el ejercicio de las potestades constitucionales debe llevarse a cabo con apego a la ley. Señala que, para la Procuraduría General, si el legislador no estuviera facultado para regular las condiciones de trabajo en las municipalidades en virtud del grado de autonomía de esos entes, el Código Municipal sería inconstitucional pues afectaría la autonomía que tendría cada municipalidad para regular esos aspectos, en tanto ese código regula el ingreso a la carrera administrativa municipal, el manual descriptivo de puestos, la selección de personal, los incentivos y beneficios a los empleados municipales, los derechos y deberes de esos funcionarios, el salario del Alcalde, entre otros. Agrega que prohibir el ejercicio de la función legislativa para regular las relaciones de empleo en todo el sector público, incluyendo las municipalidades, no solo va en contra del texto y del espíritu del artículo 191 constitucional, sino también del artículo 105 de la Constitución Política. Agrega que el artículo 46 de la Ley de Salarios de la Administración Pública no fue impugnado en esta acción y es el numeral que regula la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica en materia de empleo público y recuerda que, esa rectoría, dependiendo del ente al que vaya dirigido, puede interpretarse como una relación de asesoría, coordinación y de apoyo que no es incompatible con la autonomía municipal. Conclusión.- Como representante de la Procuraduría General, sugiere que la acción de inconstitucionalidad sea rechazada por el fondo.
7.- En escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 27 de agosto de 2019, se apersona Juan Pablo Barquero Sánchez en su condición de alcalde de Tilarán para solicitar que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad y que se excluya a las municipalidades de las regulaciones contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nro. 9635, específicamente respecto al Título III que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública e hizo adiciones a sus capítulos III, IV, VI y VII. Considera que su representada se encuentra legitimada para plantear esta solicitud, por cuanto comparte los mismos intereses de la accionante, así como los de las demás municipalidades del país. Amplía la impugnación de la acción de inconstitucionalidad a la siguiente normativa: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Coincide con la parte accionante en cuanto a que la normativa impugnada es contraria a los artículos 169, 170, 175 y conexos de la Constitución Política que establecen y garantizan el régimen autonómico de las municipalidades para autogobernarse con clara separación e independencia de la estructura central del Estado. Recuerda que, en aspectos como la relación de empleo entre las municipalidades y sus servidores, se entiende el Código Municipal como una norma especial de la materia que constituye un desarrollo directo derivado de las normas constitucionales y conforma con ellas, en conjunto, un bloque de constitucionalidad. Aduce que también se afecta el régimen municipal porque se le sujeta al Poder Ejecutivo, específicamente al ministerio de Planificación Nacional y a la dirección General de Servicio Civil, con lo que se violenta la descentralización del Estado y se transgrede con ello la autonomía administrativa y financiera del régimen municipal. Resalta que la normativa cuestionada no establece ningún mecanismo basado en el principio de coordinación entre los municipios y el Poder Ejecutivo, sino que se sustenta en la imposición unilateral y rígida de los parámetros como los que se establecen en el artículo 47 de la reforma introducida por la Ley nro. 9635 a la Ley de Salarios de la Administración Pública, sin que la autonomía municipal brindada por la Constitución a los municipios y desarrollada en una ley especial como es el Código Municipal, hubiera sido derogada ni reformada con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nro. 9635, con lo cual, ésta no debería ser de aplicación para la municipalidad, sobre todo si se analiza desde el principio de especialidad normativa, según el cual, la ley especial priva sobre la ley general. Argumenta que la Constitución creó regímenes de empleo público diferenciadores como son el del Servicio Civil y el municipal, por lo que, homologarlos es un error, en vista de que no se ajusta a las necesidades ni a las realidades disímiles de cada lugar. Argumenta que las municipalidades son las únicas organizaciones descentralizadas territorialmente y, sus funcionarios, deben atender labores en la atención de servicios e intereses locales que son específicos de cada municipalidad, de ahí la versatilidad que deben tener para dar una prestación de servicios continua, eficiente, eficaz, por lo que no se puede homologar a todos los funcionarios públicos, cuando la naturaleza de sus funciones es distinta. Finaliza solicitando que se admita esta coadyuvancia activa y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
8.- Mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 27 de agosto de 2019, se apersona Leonardo Araya Montero en su condición de representante legal del Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica, para presentar gestión, a fin de que ese sindicato sea tenido como coadyuvante activo dentro de esta acción de inconstitucionalidad. Manifiesta que la situación se comparte con el resto de las municipalidades del país, como entes con las mismas condiciones, pues, con su inclusión en la Ley nro. 9635, se da una vulneración constitucional que afecta intereses difusos de la colectividad, así como el funcionamiento de esas corporaciones y el carácter esencial de los servicios públicos que prestan en todo el territorio nacional. Reitera los alegatos planteados en la acción, en el sentido de que la normativa impugnada es contraria a los artículos 169, 170, 175 y conexos de la Constitución Política que establecen y garantizan el régimen de autonomía de las municipalidades para auto gobernarse, así como su separación de la estructura central del Estado. Amplía la impugnación de la acción de inconstitucionalidad a la siguiente normativa: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Recuerda que la voluntad del Constituyente fue superar el fenómeno del centralismo del poder público imperante en esa época, producto de las normas sobre la materia contenidas en la Constitución de 1871 y; por ende, conferir a los municipios una renovada y amplia autonomía para el cumplimiento de sus fines en condición de gobiernos locales, hablando también de la necesidad de que los ciudadanos se interesaran más por los asuntos locales, “creando la verdadera autonomía del régimen municipal”. Indica que ello fue concretado por los Constituyentes en los artículos 169 a 175 de la Constitución Política que le garantiza a las municipalidades la autonomía en los ámbitos político, administrativo y financiero, en un marco de auténtica descentralización del poder hacia las comunidades locales, lo que implica técnicamente una separación de los municipios respecto al Estado y su estructura central. Estima que, por tal razón, la modificación de sus condiciones y capacidad de auto regularse, no podría darse mediante la simple reforma de leyes generales porque esa pretensión cede frente a la supremacía de la norma constitucional. Señala que el legislador u operador jurídico tiene la obligación de distinguir y discernir cuando la situación hermenéutica lo amerita por razones de constitucionalidad y, en este asunto, estima que es claro, evidente y manifiesto que se omitió considerar que los municipios -con autonomía constitucional- tienen la más amplia capacidad para auto normarse y auto gobernarse, por lo que no pueden ser regulados y sujetos a límites por una ley ordinaria general de la misma forma que se puede hacer respecto a los entes autónomos creados por ley. Estima que ha existido una omisión de los legisladores al dictar el Título III de no aplicar la distinción respecto a las municipalidades y pretender igualarlas e incluirlas en las regulaciones generales, poniéndolas al mismo nivel de las entidades descentralizadas subordinadas y creadas por ley ordinaria, lo que genera la inconstitucionalidad de las normas de ese Título respecto a los gobiernos locales, por cuanto, por esa vía no es posible ni válido pretender modificar la autonomía en los aspectos de interés. Añade que el Código Municipal es la ley especial que desarrolla los preceptos sobre el funcionamiento de los municipios al tenor de la naturaleza y alcance de su autonomía garantizada expresamente por la Constitución; en consecuencia, esa ley especial no puede ser afectada ni modificada por una ley ordinaria y general ajena al bloque de constitucionalidad que cubre a las municipalidades. Indica que también se afecta al régimen municipal porque se le sujeta al Poder Ejecutivo -Ministerio de Planificación Nacional-, lo que vulnera la descentralización del Estado, así como la autonomía administrativa y financiera del régimen municipal. Aduce que la municipalidad es un sistema corporativo que goza de autonomía y de recursos económicos propios -competencia presupuestaria-, en el que sus funcionarios se financian de su propio presupuesto y no de transferencias de gobierno, siendo la máxima expresión de la autonomía administrativa y financiera, además, que las relaciones patrono trabajador son reguladas por el Código Municipal que es la normativa especial por excelencia para el sector. Aduce que las municipalidades, por sus condiciones propias, necesitan de funcionarios con muchos perfiles tanto profesionales, técnicos, operativos, entre otros, por lo que homologar el régimen de empleo público es un error porque no se ajusta a las necesidades ni a las funciones del régimen municipal. Recuerda que las municipalidades son las únicas organizaciones descentralizadas territorialmente y sus funcionarios deben atender labores en la atención de servicios e intereses locales, de ahí la versatilidad que deben tener para dar una prestación de servicios continua, eficiente y eficaz, por lo que no se puede homologar a todos los funcionarios públicos cuando la naturaleza de sus funciones es tan distinta. Señala que la normativa impugnada no involucra el establecimiento de procedimientos de equiparación o integración común mediante estudios o análisis compartidos construidos conjuntamente en los que tengan participación los gobiernos locales, sino que se trata de la imposición de criterios normativos rígidos aplicados de manera uniforme sin establecer la necesaria distinción que se ha reclamado. Finaliza solicitando que se admita esta coadyuvancia y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
9.- Se apersona Modesto Alpízar Luna en su condición de alcalde de Alajuelita para solicitar, a través de escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 28 de agosto de 2019, que su representada sea admitida como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad cuyo objetivo es que se excluya a las municipalidades de las regulaciones contenidas en la Ley nro. 9635, específicamente respecto del Título III que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública. Considera que su representada se encuentra legitimada para presentar esta gestión toda vez que, si bien no existe ninguna lesión directa e individual, sí hay un marco de intereses difusos y de la colectividad, específicamente de índole corporativo municipal, que deben ser defendidos frente a la normativa impugnada que tiene incidencia en el funcionamiento autonómico de las municipalidades y en la debida prestación de los servicios públicos a los administrados. Amplía la impugnación de la acción de inconstitucionalidad a la siguiente normativa: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635 y reitera las pretensiones planteadas en las anteriores coadyuvancias. Solicita que se admita esta gestión y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
10.- A través de escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 28 de agosto de 2019 se apersona Cinthya María Rodríguez Quesada en su condición de intendente municipal del Concejo Municipal del distrito de Cóbano de Puntarenas y representante legal de ese Concejo, para solicitar que se tenga a su representado como coadyuvante activo de esta acción de inconstitucionalidad al considerar que le asiste un interés legítimo como lo es, la defensa de las corporaciones municipales, a fin de que sean excluidas de las regulaciones del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que, a su vez, modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública. Amplía la impugnación de la acción de inconstitucionalidad a la siguiente normativa: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro.. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera las pretensiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad, así como en las anteriores solicitudes de coadyuvancia aportadas al expediente, pide que se admita esta coadyuvancia y que se declare con lugar este proceso.
11.- El 29 de agosto de 2019 se presenta en la Secretaría de la Sala Constitucional, un documento suscrito por Asdrúbal Calvo Chaves en su condición de Alcalde de Esparza para solicitar que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Considera que existe un marco de intereses difusos y de la colectividad sobre los que la normativa impugnada tiene incidencia, así como efectos generales respecto al funcionamiento institucional de los municipios, todo lo cual es determinante en la prestación de servicios de interés público, por lo que estima que su representada se encuentra legitimada para solicitar esta coadyuvancia. Reitera el cuestionamiento que se hace en la acción respecto del inciso 2) del artículo 26 del Capítulo III del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como los demás planteamientos que ahí se formulan y los que se hacen en las diferentes solicitudes de coadyuvancia aportadas. Solicita que se admita la gestión planteada y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
12.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 30 de agosto de 2019, se apersona Tobías Murillo Rodríguez en su condición de Alcalde de Garabito, a fin de solicitar que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad, para lo cual considera que se encuentra legitimada, a fin de defender los intereses corporativos municipales. Amplía la normativa cuestionada en la acción de inconstitucionalidad a la siguiente: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera las pretensiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad, solicita que se admita esta solicitud de coadyuvancia y pide que se declare con lugar el proceso.
13.- Se apersona Carlos Viales Fallas en su condición de Alcalde de Corredores mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala el 2 de septiembre de 2019, para solicitar que su representada sea admitida como coadyuvante activa en esta acción de inconstitucionalidad, por estimar que cuenta con legitimación suficiente para defender intereses corporativos municipales ante la incidencia negativa de la normativa impugnada en el funcionamiento autonómico y en la prestación de servicios que brinda esa municipalidad. Amplía la impugnación que se hace en el proceso y dirige el cuestionamiento también hacia la siguiente normativa: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635, que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera las pretensiones alegadas en la acción de inconstitucionalidad, solicita que se admita esta gestión de coadyuvancia y pide que se declare con lugar el proceso.
14.- A través de escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 2 de septiembre de 2019, se apersona José Bernardino Rojas Méndez, en su condición de alcalde de Buenos Aires de Puntarenas, para solicitar que se tenga a esa corporación municipal como coadyuvante activa en esta acción de inconstitucionalidad. Aduce que su representada está legitimada para acudir en defensa del interés colectivo que involucra a todas las municipalidades del país y que se ve afectado con la normativa impugnada. Amplía los artículos que se cuestionan en la acción de inconstitucionalidad a los siguientes: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Insiste en las pretensiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad y solicita que se admita esta coadyuvancia, así como también que se declare con lugar el proceso.
15.- Mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 3 de septiembre de 2019, acude Ronald Araya Solís en su condición de alcalde de Zarcero, para solicitar que se tenga a esa municipalidad como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Señala que su representada se encuentra legitimada para presentar esta solicitud en razón de los intereses corporativos municipales que le corresponde defender y, respecto de los cuales, la normativa impugnada tiene incidencia, además que considera que afectan el funcionamiento autonómico, así como la debida prestación de servicios que le corresponde. Amplía la impugnación de la acción de inconstitucionalidad a la siguiente normativa: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Solicita que se admita la coadyuvancia activa que solicita, recalca los alegatos que se han planteado en la acción de inconstitucionalidad, así como en las diferentes coadyuvancias aportadas al expediente y solicita que el proceso sea declarado con lugar.
16.- Se apersona Héctor Luis Arias Vargas en su condición de alcalde de Santa Bárbara, mediante documento entregado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 3 de septiembre de 2019, y solicita que se admita a esa municipalidad como coadyuvante activa en esta acción de inconstitucionalidad. Estima que su representada se encuentra legitimada para acudir en defensa de intereses corporativos municipales debido a que, en su criterio, la normativa impugnada, lesiona el funcionamiento autonómico y la debida prestación de servicios públicos. Amplía los cuestionamientos de la acción de inconstitucionalidad a la siguiente normativa: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera las pretensiones planteadas, solicita que se admita la coadyuvancia y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
17.- Se apersona José Oldemar García Segura en su condición de alcalde de Aserrí y mediante documento entregado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 4 de septiembre de 2019, solicita que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Considera que esa municipalidad está legitimada para interponer esta gestión, por cuanto pretende defender intereses corporativos municipales que se ven afectados con la normativa impugnada. Presenta ampliación de las normas que considera que deben ser analizadas en esta acción de inconstitucionalidad, por cuanto estima que también son contrarias al Derecho de la Constitución: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera las pretensiones planteadas en la acción. Finaliza solicitando que se admita la coadyuvancia y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
18.- En escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 5 de septiembre de 2019, se apersona Luis Madrigal Hidalgo en su condición de alcalde de Puriscal, y solicita que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Argumenta que esa municipalidad está legitimada para acudir en defensa de los intereses corporativos municipales que se están viendo afectados con la normativa impugnada. Presenta ampliación de las normas que considera que deben ser analizadas en esta acción de inconstitucionalidad y, en tal sentido, señala que también son contrarias al Derecho de la Constitución, las siguientes: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley nro. 9635. Reitera las pretensiones planteadas en la acción, así como en las diferentes coadyuvancias aportadas al expediente. Pide que se admita esta coadyuvancia y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
19.- En escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 5 de septiembre de 2019, se apersona Randall Madrigal Ledezma en su condición de alcalde Municipal de Santo Domingo y solicita que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Estima que esa municipalidad está legitimada para presentar esta gestión, debido a que quiere defender intereses corporativos municipales y colectivos que se ven afectados por la normativa impugnada, la cual incide en el correcto funcionamiento municipal y en los servicios públicos que presta. Al igual que se hace en la acción de inconstitucionalidad, cuestiona la frase “y municipalidades” que está incluida en el final del inciso 2 del artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nro. 9635, del Título III que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública. Reitera los planteamientos formulados en la acción de inconstitucionalidad, en las diferentes coadyuvancias presentadas en el expediente y pide que admita esta gestión, así como también el proceso sea declarado con lugar.
20.- En documento presentado en la Secretaría de la Sala el 5 de septiembre de 2019 se apersona Iván Francisco Ramírez Camareno, en su condición de alcalde a.í. de Santa Cruz, y solicita que su representada sea admitida como coadyuvante activa en esta acción de inconstitucionalidad. Manifiesta que tiene un interés legítimo debido a que la norma impugnada resulta lesiva de los artículos 169, 170 y 175 de la Constitución Política. Solicita que se admita la coadyuvancia, que se convoque a audiencia oral y pública y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
21.- Se apersona José Joaquín Brenes Vega, en su condición de Alcalde de Poás, mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 5 de septiembre de 2019 y solicita que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Manifiesta que existe legitimación para esta solicitud, debido a que se pretende defender los intereses corporativos municipales que se están viendo lesionados por la normativa impugnada. Presenta ampliación de las normas que considera que deben ser analizadas en esta acción de inconstitucionalidad por cuanto estima que también son contrarias al Derecho de la Constitución: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera las pretensiones planteadas en otras gestiones de coadyuvancia aportadas en el expediente, así como en la acción de inconstitucionalidad. Solicita que se admita esta gestión y que se declare con lugar el proceso.
22.- Jeannette González Sandoval en su condición de alcaldesa de Matina, a través del oficio presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 9 de septiembre de 2019, solicita que se tenga a esa municipalidad como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Argumenta que su representada cuenta con legitimación suficiente para plantear esta gestión, debido a que la normativa impugnada lesiona intereses difusos y colectivos municipales. Argumenta que la acción debe ser ampliada en relación con las siguientes normas por cuanto estima que también son contrarias al Derecho de la Constitución: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Argumenta que, en atención a lo señalado por la Sala Constitucional en la sentencia nro. 2010-04807 de las 14:51 horas de 10 de marzo de 2010, la autonomía municipal debe ser entendida como la capacidad que tienen las municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinado cantón. Reitera las pretensiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad, la que solicita que sea declarada con lugar, así como también que se admita esta gestión.
23.- El alcalde de Atenas, Wilberth Martín Aguilar Gatjens, mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 9 de septiembre de 2019, solicita que se admita a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Manifiesta que esa municipalidad está legitimada para presentar esta gestión en vista de que la normativa impugnada incide directamente en la adecuada prestación de los servicios municipales, afecta con ello intereses difusos y vulnera el sistema municipalista consignado en la Constitución Política en detrimento de los derechos de quienes habitan en el cantón de Atenas, así como en los demás cantones del país. Argumenta que las siguientes normas también son contrarias al Derecho de la Constitución: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Manifiesta que la normativa impugnada transgrede los artículos 169, 170 y 175 de la Constitución Política, así como también los principios de supremacía de la norma constitucional, especialidad normativa del Código Municipal, jerarquía de las normas, descentralización y autonomía municipal. Se reafirma en los argumentos planteados en la acción de inconstitucionalidad, la cual solicita que sea declarada con lugar y que se admita esta gestión de coadyuvancia.
24.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 9 de septiembre de 2019, se apersona Jenny María Chacón Agüero, en su condición de alcaldesa a.í. de San Carlos, y solicita que su representada sea admitida como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Considera que le asiste legitimación, por cuanto se pretende defender el interés corporativo municipal que se está viendo lesionado con la normativa impugnada. Argumenta que las siguientes normas también son contrarias al Derecho de la Constitución: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera los argumentos planteados en anteriores coadyuvancias y en el memorial de interposición de la acción. Solicita que se admita la coadyuvancia y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
25.- En documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 9 de septiembre de 2019, se apersona Víctor Luis Arias Richmond, en su condición de alcalde de El Guarco para solicitar que se admita a su representada como coadyuvante activa en esta acción de inconstitucionalidad, considerando que, para ello, cuenta con la legitimación suficiente en vista de que se pretende defender los intereses corporativos municipales lesionados por la normativa impugnada. Aduce que estas otras normas también resultan contrarias al Derecho de la Constitución: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera las pretensiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad y en las diferentes coadyuvancias presentadas en el expediente. Solicita que se admita esta gestión y se declare con lugar el proceso.
26.- Se apersona Gerardo Oviedo Espinoza en su condición de alcalde de Santa Ana, en documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 9 de septiembre de 2019, y pide que se tenga a su representada como coadyuvante activa de la acción de inconstitucionalidad. Estima que le asiste legitimación por cuanto la normativa impugnada es lesiva de intereses corporativos municipales. Manifiesta que estas normas que señala, también son contrarias al Derecho de la Constitución y así pide que se declare: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Insiste en los argumentos planteados en la acción de inconstitucionalidad, reitera los alegatos de otras coadyuvancias aportadas al expediente, pide que se admita esta gestión y que se declare con lugar el proceso.
27.- A través de memorial entregado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 9 de septiembre de 2019, se presenta Johnny Araya Monge en su condición de alcalde con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de San José, para solicitar que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Indica que esa municipalidad se encuentra legitimada para la defensa de los intereses difusos de la colectividad que representa en vista de que la normativa impugnada afecta la prestación de servicios públicos esenciales, estratégicos, trascendentales, de evidente y manifiesto interés público. Argumenta que existen otras normas que también deben ser declaradas contrarias al Derecho de la Constitución y cita: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) artículos 5, 9, 10, 11, 19, 20, 21 del Título IV de esa Ley No. 9635 denominado Responsabilidad Fiscal de la República; c) normas relacionadas con el punto anterior que aparecen en el Reglamento al Título IV de esa Ley nro. 9635 que es Decreto Ejecutivo nro. 41641 de 9 de abril de 2019; d) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; e) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; f) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Manifiesta que hace suyos los alegatos planteados en la acción de inconstitucionalidad, solicita que se admita esta coadyuvancia, que se suspenda la aplicación de la normativa impugnada y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
28.- En escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 10 de septiembre de 2019, acude Jeffry Montoya Rodríguez, en su condición de alcalde de Pérez Zeledón y plantea gestión de coadyuvancia activa de su representada en esta acción de inconstitucionalidad. Reitera las pretensiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad, así como también en las diferentes solicitudes de coadyuvancia agregadas a este expediente. Solicita que se admita esta gestión y que se declare con lugar el proceso.
29.- Se apersona Ana Lucía Madrigal Faerrón en su carácter de alcaldesa de Goicoechea, en documento entregado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 10 de septiembre de 2019 y solicita que se tenga a esa municipalidad como coadyuvante activa en esta acción de inconstitucionalidad. Considera que esa corporación municipal se encuentra legitimada para hacer esta gestión por cuanto se pretende la defensa de intereses corporativos municipales que se están viendo menoscabados con la normativa cuestionada. Argumenta que las siguientes normas también son contrarias al Derecho de la Constitución: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera las pretensiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad así como en las diferentes gestiones de coadyuvancia aportadas al expediente. Solicita que se admita esta gestión y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
30.- Se apersona Freddy Garro Arias en su condición de alcalde de Parrita mediante documento entregado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 10 de septiembre de 2019 y manifiesta que formula gestión de coadyuvancia activa a favor de esta acción de inconstitucionalidad. Argumenta que su representada cuenta con legitimación suficiente para esta gestión por cuanto pretende la defensa de intereses corporativos municipales que se están viendo lesionados con la normativa impugnada. Estima que existen otras normas relacionadas que también deben ser declaradas inconstitucionales, las cuales cita: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Insiste en los argumentos de inconstitucionalidad planteados en el memorial de la acción, así como en las diferentes gestiones de coadyuvancia presentadas en este expediente. Solicita que se admita esta gestión y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
31.- Mediante documento entregado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 10 de septiembre de 2019 acude Minor Molina Murillo en su condición de alcalde de Grecia y solicita que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Aduce que se une a los hechos y argumentos planteados por la accionante por lo que considera que la palabra “municipalidades” contenida en el inciso 2) del numeral 26 cuestionado, debe ser declarada inconstitucional pues, con esa inclusión, el legislador olvidó todo el esfuerzo que hizo el país en la historia constitucional por otorgar autonomía a las municipales a partir de la incorporación de los artículos 169, 170 y 175 en la Constitución Política. Considera que las normas que interfieran o se infiltren en la autonomía municipal, resultan inconstitucionales porque atentan contra lo establecido en esos numerales constitucionales, tal y como estima que sucede con la normativa impugnada. Reitera que se adhiere a las pretensiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad, solicita que se admita esta gestión y que se declare con lugar el proceso.
32.- En escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 10 de septiembre de 2019, se apersona Mangell Mc Lean Villalobos, en su condición de alcalde de Siquirres y pide que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Señala que esa municipalidad está legitimada para esta gestión por cuanto, en su criterio, la normativa impugnada, lesiona intereses colectivos municipales que deben ser restituidos. Considera que las siguientes normas también son contrarias al Derecho de la Constitución y así deberían ser declaradas: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera los alegatos planteados en la acción, así como en las diferentes gestiones de coadyuvancia presentadas en este expediente. Solicita que se admita esta gestión y se declare con lugar el proceso.
33.- Se apersona José Arrieta Salas, mayor, portador de la cédula de identidad 1-0729-0489, soltero, abogado, vecino de San Rafael de Escazú, mediante escrito entregado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 10 de septiembre de 2019, y solicita que se le admita como coadyuvante activo a favor de esta acción de inconstitucionalidad. Considera que le asiste legitimación para este acto por cuanto existe un marco de intereses difusos de la colectividad y particularmente intereses corporativos municipales que deben defenderse en relación con la normativa impugnada, la cual considera que tiene incidencia directa en el funcionamiento autonómico y en la prestación de los servicios públicos a los munícipes de un cantón. Aduce que la siguiente normativa también es contraria al Derecho de la Constitución y así debería ser declarada en esta acción de inconstitucionalidad: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Manifiesta que reitera y hace suyos los agravios contenidos en el memorial de interposición de la acción. Solicita que se admita esta gestión y se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
34.- Randall Alexis Chavarría Matarrita, en su condición de alcalde de Puntarenas, mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 11 de septiembre de 2019, solicita que se tenga a su representada como coadyuvante activa en esta acción de inconstitucionalidad. Manifiesta que esa municipalidad está legitimada para esta gestión por cuanto la normativa impugnada lesiona intereses corporativos municipales. Considera que las siguientes normas también resultan contrarias al Derecho de la Constitución y así pide que sean declaradas: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera los alegatos formulados en la acción de inconstitucionalidad, así como los efectuados en los diferentes escritos de las coadyuvancias solicitadas en el expediente. Pide que se admita la gestión planteada y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
35.- A través de escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 11 de septiembre de 2019, se apersona Patricia Mayela Bolaños Murillo, en su condición de alcaldesa de Quepos, y solicita que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad para lo cual estima que se encuentra legitimada, por cuanto se pretende la defensa de intereses corporativos municipales que se están viendo lesionados con la norma cuestionada. Manifiesta que existe normativa adicional que también es contraria al Derecho de la Constitución y que así debería ser declarada: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Argumenta que se adhiere en todos sus extremos a los alegatos formulados en la acción de inconstitucionalidad, así como también en los diferentes escritos de coadyuvancias interpuestos en este expediente. Solicita que se admita esta gestión y se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
36.- Se apersona Eduardo Pineda Alvarado mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 11 de septiembre de 2019 y en su condición de alcalde de Hojancha, solicita que se tenga a su representada como coadyuvante activa a favor de la acción de inconstitucionalidad. Considera que su representada está legitimada para esta gestión en el tanto pretende la defensa de intereses difusos de la colectividad en vista de que, en su criterio, la norma impugnada tiene incidencia y efectos generales respecto al municipio, lo que es determinante en la prestación de servicios que son de interés público. Considera que la siguiente es normativa adicional que también es contraria al Derecho de la Constitución y que así debería ser declarada: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Reitera los alegatos planteados en la acción, así como en las diferentes coadyuvancias presentadas en este expediente, solicita que se admita esta gestión y que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
37.- Mediante documento aportado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 12 de septiembre de 2019, se apersona Marco Antonio Jiménez Muñoz, en su condición de alcalde de Nicoya, para solicitar que se tenga a su representada como coadyuvante activa de esta acción de inconstitucionalidad. Indica que en vista de que la norma impugnada afecta intereses corporativos municipales que su representada quiere defender, se encuentra legitimada para presentar esta gestión. Considera que la siguiente, es normativa adicional que también es contraria al Derecho de la Constitución y que así debería ser declarada en esta acción de inconstitucionalidad: a) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635; b) Título III de esa Ley que modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública; c) artículo 3 de la Ley nro. 9635 que adicionó la Ley de Salarios de la Administración Pública; d) artículos 26 al 40 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635; e) artículos 45 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública reformada por la Ley nro. 9635. Hace suyos los alegatos planteados en la acción de inconstitucionalidad y en las diferentes coadyuvancias presentadas en este expediente. Solicita que se admita esta gestión y que se declare con lugar el proceso.
38.- En resolución de la Presidencia de la Sala Constitucional de las 15:47 horas de 12 de septiembre de 2019, se dispuso que, en vista de que la primera publicación del aviso de curso de esta acción se dio el 20 de agosto de 2019, el plazo para apersonarse como coadyuvante vencía el 10 de septiembre de 2019, de ahí que lo procedente es tener como coadyuvantes a los siguientes gestionantes: Jorge Sandoval Corrales, en su condición de presidente del Concejo de Goicoechea, Juan Pablo Barquero Sánchez, en su condición de alcalde de Tilarán, Leonardo Araya Montero, como representante legal del Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica, Modesto Alpízar Luna, en su calidad de alcalde de Alajuelita, Cintya Rodríguez Quesada, en su condición de intendente municipal del Concejo de Distrito de Cóbano, Asdrúbal Calvo Chaves, como alcalde de Esparza, Tobías Murillo Rodríguez, en su calidad de alcalde de Garabito, Carlos Viales Fallas, en su condición de alcalde de Corredores, José Bernardino Rojas Méndez, como alcalde de Buenos Aires, Ronald Araya Solís, en su calidad de alcalde de Zarcero, Randall Madrigal Ledezma, en su condición de alcalde de Santo Domingo, Luis Madrigal Hidalgo, como alcalde de Puriscal, Héctor Arias Vargas, en su calidad de alcalde de Santa Bárbara, José Oldemar García Segura, en su condición de alcalde de Aserrí, Iván Francisco Ramírez Camareno, como alcalde de Santa Cruz, José Joaquín Brenes Vega, en su calidad de alcalde de Poás, Jeannette González Sandoval, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad de Matina, Wilberth Aguilar Gatjens, como alcalde de Atenas, Jenny Chacón Agüero, en su calidad de alcalde de San Carlos, Víctor Arias Richmond, en su condición de alcalde de El Guarco, Gerardo Oviedo Espinoza, como alcalde de Santa Ana, Minor Molina Murillo, en su calidad de alcalde de Grecia, Jeffry Montoya Rodríguez, en su condición de alcalde de Pérez Zeledón, José Arrieta Salas, Ana Lucía Madrigal Faerrón, en su calidad de alcaldesa de Goicoechea, Johnny Araya Monge, en su condición de alcalde de San José, Freddy Garro Arias, como alcalde de Parrita, Mangell Mc Lean Villalobos, en su calidad de alcalde de Siquirres, Randall Chavarría Matarrita, en su condición de alcalde de Puntarenas y a Patricia Bolaños Murillo, como alcaldesa de Quepos. Por su parte, se dispuso que se rechazaban las solicitudes de coadyuvancia planteadas por Eduardo Pineda Alvarado como alcalde de Hojancha y por Marco Antonio Jiménez Muñoz, en su calidad de alcalde de Nicoya, por cuanto esas solicitudes se presentaron ante este Tribunal entre el 11 y 12 de septiembre de 2019; fechas para las cuales ya se estaba fuera del plazo antes mencionado. En esa resolución, además, se tuvo por contestada la audiencia conferida a la Procuraduría General de la República en el auto de curso de la acción dictado a las 11:46 horas del 24 de julio de 2019. Por estar listos los autos, se turnó la acción de inconstitucionalidad al Magistrado Fernando Cruz Castro, a quien por turno corresponde su estudio de fondo.
39.- En escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 23 de marzo de 2023, se apersona Melvin Reyes Durán, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula 1-0904-0958, en su condición de apoderado especial judicial de Ana Cristina Forn Moraga, Ana Lorena Rodríguez Castillo, Carlos Eduardo de Jesús Álvarez Rodríguez, Magdalena Castro Varela, Iris Solano Portilla, Ivone Odettet Furgeson Redguard, Luis Alfredo Meza Sierra y Ruperto López Umaña, para manifestar que sus representados son actores del proceso contencioso administrativo que se tramita en el expediente nro. 19-007452-1027-CA en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social y que fue suspendido por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda, en resolución nro. 019-2021-II de las 9 horas del 15 de marzo de 2021. Indica que esa suspensión se ha dado porque la constitucionalidad de la normativa que debe aplicarse en ese proceso judicial, está siendo cuestionada en esta acción de inconstitucionalidad, así como también en los expedientes nro. 19-002620-0007-CO (en relación con el artículo 39 de la Ley de Salarios de la Administración Pública) y en el nro. 20-002831-0007-CO (en cuanto al artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 41564-MIDEPLAN-H). Manifiesta que sus representados son personas jubiladas adultas mayores y en condición de vulnerabilidad, por lo que en atención a la prioridad de que gozan, solicita con sentido de urgencia, que estas acciones de inconstitucionalidad sean resueltas a la brevedad posible con el fin de que la tutela judicial efectiva llegue “a tiempo” en el proceso contencioso administrativo, ello porque la sentencia que ahí se vaya a dictar, pende de la resolución que dicte la Sala Constitucional en esas acciones de inconstitucionalidad.
40.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.
41.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.- Cuestiones de Trámite:
1.- Sobre las coadyuvancias admitidas.- El artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que, en los 15 días posteriores a la primera publicación del aviso al que alude el párrafo segundo del numeral 81 de esa Ley, las partes que figuren con asuntos pendientes a la fecha de interposición de la acción, o aquéllos que cuenten con un interés legítimo en la definición del objeto en disputa, podrán apersonarse para coadyuvar con cualquiera de las dos posiciones objeto de la discusión; en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, básicamente el coadyuvante acude a defender la pretensión anulatoria del actor o a respaldar la validez del acto impugnado. Obsérvese que el citado numeral es expreso al disponer:
“Artículo 83. (…) o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia (…)”.
Lo anterior significa que el coadyuvante es aquél que, con interés legítimo, se apersona para coadyuvar en los alegatos que pudieren justificar la procedencia o no de la acción planteada y, en tal sentido, este Tribunal ha señalado que:
“la coadyuvancia activa equivale a una acción que apoya a otra, originalmente presentada, sobre la misma materia” (ver sentencia No. 1372-92, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-80397).
En este asunto en particular, mediante resolución de la Presidencia de este Tribunal de las 15:47 horas de 12 de septiembre de 2019, se dispuso que, en vista de que la primera publicación del aviso se dio el 20 de agosto de 2019, lo procedente era tener como coadyuvantes de este proceso únicamente a los gestionantes que plantearon su escrito antes del 10 de septiembre de 2019, inclusive, y que han sido registrados en este expediente. En vista de esa decisión, se dispuso tener como admitidas, para tales efectos, a las siguientes personas: Jorge Sandoval Corrales, en su calidad de presidente del Concejo de Goicoechea, Juan Pablo Barquero Sánchez, en su condición de alcalde de Tilarán, Leonardo Araya Montero, como representante legal del Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica, Modesto Alpízar Luna, en su calidad de alcalde de Alajuelita, Cintya Rodríguez Quesada, en su condición de intendente municipal del Concejo de Distrito de Cóbano, Asdrúbal Calvo Chaves, como alcalde de Esparza, Tobías Murillo Rodríguez, en su calidad de alcalde de Garabito, Carlos Viales Fallas, en su condición de alcalde de Corredores, José Bernardino Rojas Méndez, como alcalde de Buenos Aires, Ronald Araya Solís, en su calidad de alcalde de Zarcero, Randall Madrigal Ledezma, en su condición de alcalde de Santo Domingo, Luis Madrigal Hidalgo, como alcalde de Puriscal, Héctor Arias Vargas, en su calidad de alcalde de Santa Bárbara, José Oldemar García Segura, en su condición de alcalde de Aserrí, Iván Francisco Ramírez Camareno, como alcalde de Santa Cruz, José Joaquín Brenes Vega, en su calidad de alcalde de Poás, Jeannette González Sandoval, en su condición de alcaldesa de Matina, Wilberth Aguilar Gatjens, como alcalde de Atenas, Jenny Chacón Agüero, en su calidad de alcalde de San Carlos, Víctor Arias Richmond, en su condición de alcalde de El Guarco, Gerardo Oviedo Espinoza, como alcalde de Santa Ana, Minor Molina Murillo, en su calidad de alcalde de Grecia, Jeffry Montoya Rodríguez, en su condición de alcalde de Pérez Zeledón, José Arrieta Salas, Ana Lucía Madrigal Faerrón, en su calidad de alcaldesa de Goicoechea, Johnny Araya Monge, en su condición de alcalde de San José, Freddy Garro Arias, como alcalde de Parrita, Mangell Mc Lean Villalobos, en su calidad de alcalde de Siquirres, Randall Chavarría Matarrita, en su condición de alcalde de Puntarenas y a Patricia Bolaños Murillo, como alcaldesa de Quepos. No obstante lo anterior, debe advertirse que, a pesar de que se admitió la coadyuvancia de Joaquín Sandoval Corrales en su condición de Presidente Municipal de Goicoechea, de Minor Molina Murillo como alcalde de Grecia y de Patricia Mayela Bolaños Murillo en su calidad de alcaldesa de Quepos, lo cierto del caso es que no aportaron documentación alguna en la que se demostrara que contaban con autorización de sus Concejos para acudir a esta vía como coadyuvantes. Por otra parte, debe decirse que en los escritos presentados por los gestionantes, se ha observado que, en todos los casos, apoyan los argumentos esgrimidos por la parte accionante, por lo que se recuerda que el propio artículo 83 de cita, es muy claro al disponer que los coadyuvantes pueden apersonarse: “(…) para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa”, lo que debe interpretarse en el sentido de que, en tal condición, su participación se limita a apoyar los alegatos planteados por la parte actora o bien a ampliarlos, pero siempre en relación con lo que ya se está analizando. Por ello, se deniega el análisis de otras normas que los coadyuvantes consideran inconstitucionales, pues su participación se limita a apoyar, o en todo caso, a ampliar los motivos de inconstitucionalidad, pero no a ampliar el objeto de la inconstitucionalidad a otras normas.
2.- Gestiones de Coadyuvancia denegadas.- En atención a lo dicho en el Considerando anterior e igualmente en razón de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por haber sido presentadas de manera extemporánea, en la misma resolución de la Presidencia de este Tribunal de las 15:47 horas de 12 de septiembre de 2019, se rechazan las solicitudes de coadyuvancia de las siguientes personas: Eduardo Pineda Alvarado como alcalde de Hojancha y por Marco Antonio Jiménez Muñoz, en su calidad de alcalde de Nicoya, por cuanto esas solicitudes se presentaron ante este Tribunal entre el 11 y 12 de septiembre de 2019; fechas para las cuales, como se dijo, ya se estaba fuera del plazo antes mencionado.
II.- Sobre la Admisibilidad:
1.- Las reglas de legitimación en las acciones de inconstitucionalidad.- El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad; requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; o cuando sea presentada por el procurador general de la República, el contralor general de la República, el fiscal general de la República o el defensor de los habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos", que son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país, el buen manejo del gasto público, y el derecho a la salud, entre otros. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no es taxativa. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa.
2.- La legitimación de la accionante en este proceso. Conforme se desprende de autos, la alcaldesa accionante indica que la norma impugnada incide en la autonomía de las corporaciones locales y que ello afecta la prestación de los servicios municipales, a los intereses comunales en general y a los usuarios en particular. Al respecto, según resolución de la Presidencia de este Tribunal de las 11:46 horas de 24 de julio de 2019, se consideró que la legitimación de la accionante proviene de lo dispuesto por el párrafo 2º del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto no existe lesión individual y directa sobre la accionante por parte de la norma cuestionada, sino que ésta eventualmente podría estar afectando a todas las municipalidades del país. De igual manera, se observa que la alcaldesa de Alajuela, aportó el oficio MA-SCM-1385-2019 de 17 de julio de 2019 en el que se transcribe y notifica el artículo nro. 1, Cap. IX, Sesión Ordinaria nro. 28-2019 de 9 de julio de 2019, que en su artículo primero dispone que “se resuelve aprobar la alteración de orden del día y el fondo con once votos positivos para conocer Oficio MA-A-2607-2019 de la Alcaldía Municipal” mediante el cual se “solicitó al Concejo el aval respectivo para que la Municipalidad de Alajuela impugne ante la Sala Constitucional, mediante las respectivas acciones de inconstitucionalidad y/o Recursos de Amparo, las disposiciones de la Ley 9635 y normas derivadas de rango inferior”. Debe de indicarse que, en la sentencia nro. 2022-013101 de las 12:31 horas de 8 de junio de 2022, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1099483, el Pleno de esta Sala tuvo por aceptado que, mediante ese acuerdo del Concejo de Alajuela, “le autorizó para que impugnara las disposiciones de la ley nro. 9635, en defensa de la autonomía municipal”. Al respecto resulta preciso recordar lo siguiente:
“(…) sobre la legitimación de los Alcaldes Municipales para interponer acciones de inconstitucionalidad, bajo alegatos de violación a la autonomía municipal, esta Sala ha venido indicando que, quien ostente el cargo de Alcalde Municipal está legitimado para interponer una acción de inconstitucionalidad cuando alegue violación a la autonomía y competencias municipales, pues actúa en defensa de los intereses del ente, del cual es su representante. Claro está, para que el Alcalde proceda debe estar así autorizado por el Concejo municipal. Así este Tribunal Constitucional ha estimado que la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un Alcalde municipal, en representación de una corporación territorial, debe contar, ineludiblemente, con un acuerdo del Concejo Municipal que así lo autorice y habilite, caso contrario debe tenerse como inadmisible. En este caso, la legitimación de los accionantes, en su calidad de Alcaldes municipales, proviene del artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto acuden en defensa de la autonomía municipal y al efecto aportaron los acuerdos (…) mediante los cuales se autorizó a los alcaldes accionantes para interponer esta acción (…). En conclusión, la presente acción es admisible” (ver sentencia No. 2023-004918 de las 13 horas 15 minutos de 1 de marzo de 2023, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1153849).
De esta manera, conforme se indicó, en vista de que este Tribunal en sentencia nro. 2022-013101 de las 12:31 horas de 8 de junio de 2022, tuvo a la alcaldesa de Alajuela como autorizada por aquel acuerdo emitido por el Concejo de Alajuela para acudir a esta sede, en defensa de la autonomía municipal respecto de la Ley nro. 9635, se considera que cumple con los requisitos de legitimación para interponer este proceso. Además de ello, se estima que ha cumplido con los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se trata de la impugnación de una norma cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía y; por tanto, se concluye que la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo del asunto.
III.- Sobre el objeto de impugnación. En criterio de la accionante, el inciso 2) del artículo 26 de la Ley de Salarios de la administración Pública nro. 2166 de 9 de octubre de 1957, reformado por el artículo 3 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nro. 9635 de 3 de diciembre de 2018 es inconstitucional, en tanto pretende afectar y vaciar de contenido la autonomía garantizada en la Constitución a las municipalidades respecto a su capacidad de darse su propia organización interna y condiciones de la relación con sus servidores, porque la norma impugnada pretende imponer parámetros de remuneración y evaluación de los funcionarios municipales, lo que implica una relación de dirección y tutela que choca con la noción de autonomía que el Constituyente confirió a las municipalidades. La norma en cuestión dispone, en lo que interesa, lo siguiente:
“CAPÍTULO III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO Artículo 26- Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes se aplicarán a:
…2. La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades” (El énfasis es precisamente lo impugnado).
Ahora bien, esa disposición se enmarca en el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que, a su vez, modifica en el artículo 3, la Ley de Salarios de la Administración Pública nro. 2166 de 9 de octubre de 1957, señalando lo siguiente:
“Artículo 3- Se adicionan los siguientes capítulos y disposiciones transitorias a la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957. Los textos son los siguientes: (…)” Lo anterior es relevante, toda vez que la norma impugnada solo hace una remisión general, en el sentido de que, a las municipalidades, caso de interés, le serán aplicables el resto de las disposiciones contenidas en ese capítulo III. Empero, dentro de ese capítulo se regulan aspectos relativos al sistema remunerativo del sector público. Es decir, que le sería aplicable a las municipalidades todas las regulaciones ahí establecidas, relacionadas con aspectos tales con el contrato de dedicación exclusiva, el pago de dietas, la evaluación del desempeño, el pago de incentivos adicionales, el rubro de carrera profesional, sobresueldos, pluses, remuneraciones salariales, prohibición, salario base, entre otros. De hecho, la accionante en el líbelo de interposición manifestó que invocaba la inconstitucionalidad también de los artículos 26 al 56, por la adición de los capítulos de la ley nro. 2166 y concretó los siguientes alegatos de inconstitucionalidad:
1- Las normas impugnadas son contrarias a los artículos 169, 170, 175 y conexos de la Carta Magna, que establecen y garantizan el régimen de autonomía de las municipalidades para autogobernarse y la clara separación de estas de la estructura central del Estado, por cuanto modifican o suprimen la separación que la Constitución garantiza a estos entes, en los ámbitos de remuneración y evaluación de sus empleados, al ser materias en las que los pagos, contratos y condiciones de prestación del servicio son financiadas con recursos generados por los propios municipios y presupuestados a partir de su autonomía, conforme el artículo 175 de la Constitución, sin depender en lo absoluto del Estado. Señala que la normativa cuestionada pretende reducir su ámbito de autonomía constitucional. Manifiesta que no hay relación alguna con el poder central, ni con su presupuesto al establecer las relaciones de empleo del régimen municipal, de tal manera que carece de sentido imponer por esta vía, limitaciones que no tienen sustento jurídico, técnico ni práctico. Refiere que la normativa en cuestión no presenta, en lo absoluto, un esquema de coordinación o construcción conjunta de las condiciones de regulación de remuneraciones y evaluación entre el poder central y los municipios, bajo criterios técnicos o de oportunidad, sino de imposición totalmente unilateral y generalizada sin realizar distinción alguna.
2- Las normas cuestionadas del Título III de la Ley 9635 son contrarias al Derecho de la Constitución -valores, principios y normas-, por cuanto no pueden afectar ni vaciar de contenido la autonomía garantizada en la Carta Magna a todos los municipios respecto a su capacidad de darse su propia organización interna y condiciones de la relación con sus servidores. Indica que la imposición específica y rígida de los parámetros de remuneración y evaluación de los servidores municipales implica la aplicación de una relación de dirección y tutela -en sentido estricto y pleno- que choca directamente con la noción y alcance de la autonomía que el Constituyente le confirió a los municipios, lo cual desnaturaliza completamente el concepto de autonomía y lo llega a vaciar de su contenido esencial. Reitera que las normas cuestionadas no establecen ningún mecanismo basado en el principio de coordinación entre los municipios y el poder central, sino en la imposición unilateral y rígida de los parámetros. No involucran el establecimiento de procedimientos de equiparación o integración común mediante estudios o análisis compartidos construidos conjuntamente en los que tengan participación los gobiernos locales, sino que se trata de la imposición de criterios normativos rígidos aplicados de manera uniforme sin establecer la necesaria distinción que se ha reclamado.
3- Las normas en cuestión no tienen la virtud ni la fuerza jurídica para para modificar las condiciones de evaluación de desempeño propias -exclusivas y excluyentes- de las municipalidades establecidas a partir de su autonomía y el bloque de constitucionalidad de la materia. Aduce que el planteamiento de pretender uniformar e igualar a quienes por mandato constitucional son desiguales, se considera que constituye un error de técnica legislativa. Alega que es a todas luces improcedente que, por una ley ordinaria general ajena al bloque de constitucionalidad propio del régimen municipal (Constitución más Código Municipal), se pretenda sujetar y subordinar a las municipalidades al poder central en materia de planificación. Reitera que no se está planteando en la normativa impugnada siquiera un marco de coordinación o instrumento de construcción conjunta colaborativa, sino una imposición unilateral de formas, contenidos y criterios rígidos bajo un marco de una relación típica de dirección y tutela plena con imposición de lineamientos, normas específicas del ministerio del Poder Ejecutivo y seguimiento, todo en esquema de subordinación; lo cual es absolutamente contrario al Derecho de la Constitución. Las normas del capítulo del Título III de la Ley 9635 no incorporan mecanismos de coordinación o interacción, sino que se pretende la subordinación directa a los criterios e instrumentos unilaterales emitidos e impuestos por parte del Ministerio de Planificación y Política Económica en condición de "rector".
A partir de lo expuesto se estima de trascendencia, referirse a los alcances de la autonomía municipal aquí reclamada.
IV.- Sobre la autonomía municipal. En la sentencia nro. 2021-17098 de las 23:15 horas de 31 de julio de 2021, este Tribunal dejó claramente establecido el ámbito de autonomía de los gobiernos locales, estableciendo, en lo que interesa, lo siguiente:
“…2) Antecedentes Jurisprudenciales sobre la Autonomía de Gobierno de las Municipalidades Lo primero que se debe indicar es que, el régimen municipal es una modalidad de descentralización territorial, de conformidad con la propia redacción del párrafo primero del artículo 168 constitucional (sentencia n°2006-17113). Las Municipalidades son entes descentralizados, en razón del territorio, que han sido dotadas de un cierto grado de autonomía. Esta autonomía es de segundo grado, mayor que la de las instituciones autónomas, pues además de autonomía administrativa gozan de autonomía de gobierno. Así entonces, una de las mayores garantías que poseen las municipalidades frente al Gobierno Central, es el grado de autonomía que la Constitución les ha asignado. Definida por la jurisprudencia constitucional como autonomía de gobierno, o grado dos de autonomía. Aunque el texto constitucional es muy escueto en cuanto a los alcances y limitaciones de este grado de autonomía, la jurisprudencia constitucional ha dado ciertas definiciones al respecto. Ha dicho que la autonomía municipal contenida en el artículo 170 de la Constitución Política, esencialmente se origina en el carácter representativo por ser un gobierno local (única descentralización territorial del país), encargado de administrar los intereses locales. En cuanto a sus alcances se ha indicado que dicha autonomía incluye la autonomía presupuestaria, la creación de impuestos y darse sus propios planes reguladores. Además, pueden las municipalidades definir sus políticas de desarrollo (planificar y acordar programas de acción) y dictarse su propio presupuesto, en forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución del Estado. Las municipalidades crean las obligaciones impositivas locales, en ejercicio de su autonomía, y las someten a la aprobación legislativa que condiciona su eficacia (sentencia n°2000-010136), conforme lo establece el artículo 121.14 constitucional. Los gobiernos locales pueden darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores pero dicha normativa está subordinada y sometida a la legislación tutelar ambiental. Por ello, la Sala ha venido señalando que debe ser requisito fundamental que, obviamente no atenta contra el principio constitucional de la autonomía municipal, el que todo plan regulador del desarrollo urbano deba contar, de previo a ser aprobado e implementado, con un examen o evaluación de su impacto ambiental (Sentencia n°2012-001315). Por otro lado, en cuanto a los alcances de su competencia material, se ha indicado que, por lo amplio del concepto de “intereses y servicios locales”, debe entenderse que la descentralización territorial del régimen municipal no implica eliminación de las competencias asignadas a otros órganos y entes del Estado. En concreto se dijo que, el grado de autonomía municipal no puede entenderse que se trata de una autonomía plena o ilimitada, pues siempre se encuentra sujeta a ciertos límites:
“… esa autonomía de las Municipalidades otorgadas por el Constituyente en el artículo 170 de la Norma Fundamental, si bien constituye formalmente un límite a las injerencias del Poder Ejecutivo, no puede entenderse que se trata de una autonomía plena o ilimitada, pues siempre se encuentra sujeta a ciertos límites, ya que la descentralización territorial del régimen municipal, no implica eliminación de las competencias asignadas a otros órganos y entes del Estado. Es por ello, que existen intereses locales cuya custodia corresponde a las Municipalidades y junto a ellos, coexisten otros cuya protección constitucional y legal es atribuida a otros órganos públicos, entre ellos el Poder Ejecutivo…” (Sala Constitucional, sentencia n°2007-013577 y sentencia n°2010-020958).
Así por ejemplo, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios en micro estados, abstraídos de la dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales (sentencia n°2011-015736).
La autonomía municipal, que “… debe ser entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso)” (voto n° 5445-1999), implica que el gobierno local tiene potestad de autonormación y autoadministración, esto quiere decir que pueden dictar sus propios reglamentos para regular su organización interna y los servicios que presta, así como su capacidad de gestionar y promover intereses y servicios locales de manera independiente del Poder Ejecutivo. Asimismo, en la jurisprudencia precitada se ha indicado que no pueden subsistir funciones de ningún ente público que disputen su primacía con las municipalidades, cuando se trata de materia que integra lo local. Para definir lo local o distinguirlo de lo que no lo es, se puede hacer por medio de la ley, o bien, por interpretación jurisprudencial. Así, la plena autonomía municipal es referida, estrictamente a “lo local”, pero no puede crearse un antagonismo entre los intereses y servicios locales con los nacionales, puesto que ambos están llamados a coexistir. Ha dicho este Tribunal que “… en lo atinente a lo local no caben regulaciones de ningún otro ente público, salvo que la ley disponga lo contrario, lo que implica un fundado motivo para dictar la regulación; o lo que es lo mismo, el municipio no está coordinado con la política del Estado y solo por la vía de la ley se puede regular materia que pueda estar vinculada con lo local, pero a reserva que esa norma jurídica resulte razonable, según los fines que se persiguen” (voto n° 5445-1999).
Sobre la autonomía de las municipalidades en materia de empleo público, procede citar el voto n° 02934-1993 de las 15:27 horas del 22 de junio de 1993, en el cual se declaró inconstitucionales las regulaciones impugnadas en las que se establecía la intromisión de la Contraloría General de la República en el orden disciplinario interno de los gobiernos locales…
…En el mismo sentido, en el voto n° 1691-94 de las 10:48 horas del 8 de abril de 1994 se dispuso que el ejecutivo municipal -ahora alcalde- es el encargado del régimen disciplinario de los Gobiernos Locales, respecto de los funcionarios y empleados que de él dependen, de modo que es quien dicta la resolución de fondo en materia de despidos. Estos criterios fueron reiterados en el voto n° 5445-1999 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, el cual ha sido mencionado en numerosas sentencias de esta Sala a la fecha. En este voto el Tribunal Constitucional se refirió a la relación de tutela administrativa entre las municipalidades y otras instituciones estatales, bajo formas pactadas de coordinación voluntaria (esto admite la función de control de legalidad y potestades de vigilancia del Estado, así como la emisión de directrices y lineamientos generales), además, a la función disciplinaria, la asignación de funciones a los empleados municipales y a la fijación del salario del Alcalde, con base en las siguientes consideraciones:
“…A. DE LAS RELACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES ESTATALES Y LA SOCIEDAD.
X.- DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES ESTATALES. las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. (…) Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).
(…) Esta obligación de coordinación entre las instituciones del Estado y las municipalidades está implícita en la propia Constitución Política; (…)
XXXIX.- DE LA DEFINICIÓN DE FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. En los Considerandos anteriores se ha indicado que la competencia organizativa de las dependencias municipales es expresión de la autonomía administrativa de que gozan las corporaciones municipales. En este sentido, al ser el Alcalde Municipal -antes Ejecutivo Municipal- el administrador general de las dependencias locales, es a quien corresponde la asignación de funciones de sus empleados, conforme lo disponía el artículo 142 del Código Municipal anterior:
XL.- DE LA FIJACIÓN DE SALARIOS. El artículo 76 del Código Municipal es impugnado en cuanto establece una categorización de las municipalidades en razón del presupuesto y confiere al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en coordinación con la Contraloría General de la República, la tarea para fijar los salarios de los entonces Ejecutivos Municipales y sus aumentos en relación con los presupuestos de las mismas, lo cual se estima violatorio de la autonomía municipal y el principio de razonabilidad. Efectivamente, conforme a todo lo dicho anteriormente en esta sentencia, esta disposición es absolutamente inconstitucional, en abierta violación de la autonomía administrativa de las municipalidades definida en el artículo 170 constitucional, en tanto la fijación del salario de su Alcalde (antes Ejecutivo) es materia propia de su gobierno y administración, debiendo corresponder a sus autoridades su determinación, conforme a las funciones que tiene encomendadas, lo cual, en todo caso, debe estar en relación proporcional con el presupuesto de la municipalidad, tal y como se define en el artículo 20 del Código Municipal, número 7794. En virtud de lo cual, la frase del párrafo tercero del artículo 76 que dice "La Contraloría General de la República y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal fijarán, anualmente, los salarios de los ejecutivos municipales, con base en el monto de los presupuestos municipales a que se refiere este artículo"; resulta inconstitucional.(…)”.
El criterio jurisprudencial emitido en la sentencia parcialmente citada ha sido reiterado y utilizado para resolver numerosos asuntos a la fecha, relacionados con autonomía municipal, potestad tributaria, policía municipal, materia ambiental, manejo de desechos, bienes municipales y otros (ver votos números 2001-04841 de las 15:02 del 6 de junio de 2001, 2002-05832 de las 08:58 horas del 14 de junio de 2002, 2005-02594 de las 14:58 horas del 9 de marzo de 2005, 17113-2006 de las 14:51 horas del 28 de noviembre de 2006, 2007-13577 de las 14:40 horas del 19 de septiembre de 2007, 2007-15206 de las 11:48 horas del 19 de octubre de 2007, 2011-004205 de las 17:49 horas del 29 de marzo de 2011, 04621-2016 de las 16:20 horas del 5 de abril de 2016, entre muchos otros. Sobre potestad tributaria y patentes véanse los votos números 9677-2001 de las 11:26 horas del 26 de septiembre de 2001, 2001-10153 de las 14:44 horas del 10 de octubre de 2001 y ° 2005-02910 de las 15:59 horas del 15 de marzo de 2005. Sobre tasas municipales y policía municipal votos números 2001-01613 de las 14:54 horas del 27 de febrero de 2001 y 2001-01614 de las 14:55 del 27 de febrero de 2001. Sobre las competencias municipales en materia ambiental votos números n° 2015-016362 de las 09:30 horas del 21 de octubre de 2015 y 2016-004621 de las 16:20 horas del 5 de abril de 2016. Sobre competencias municipales en manejo de desechos el voto n° 13577-2007 de las 14:40 horas del 19 de septiembre de 2007). Entre estos votos es oportuno destacar el voto n° 2007-13577 de las 14:40 horas del 19 de septiembre de 2007, en cuanto deja claro que a pesar de la autonomía que ostentan las municipalidades, no se pueden abstraer de la necesaria coordinación y sintonía que deben mantener con otras instituciones del Estado, a fin de lograr cumplir con el plan nacional de desarrollo del país. Concretamente se dijo en esa oportunidad:
“Ahora bien, esa autonomía de las Municipalidades otorgadas por el Constituyente en el artículo 170 de la Norma Fundamental, si bien constituye formalmente un límite a las injerencias del Poder Ejecutivo, no puede entenderse que se trata de una autonomía plena o ilimitada, pues siempre se encuentra sujeta a ciertos límites, ya que la descentralización territorial del régimen municipal, no implica eliminación de las competencias asignadas a otros órganos y entes del Estado. Es por ello, que existen intereses locales cuya custodia corresponde a las Municipalidades y junto a ellos, coexisten otros cuya protección constitucional y legal es atribuida a otros órganos públicos, entre ellos el Poder Ejecutivo. Por tal razón, ha reconocido esta Sala que cuando el problema desborda la circunscripción territorial a la que están supeditados los gobiernos locales, las competencias pueden ser ejercidas por instituciones nacionales del Estado, pues el accionar de las primeras quedan integradas dentro de los lineamientos generales que se han trazado dentro del plan nacional de desarrollo, sin que ello signifique una violación a su autonomía”.
En cuanto a las potestades del legislador para desarrollar el marco jurídico funcional del alcalde, la Sala ha señalado que esto obedece a los principios de oportunidad y conveniencia, cuyos límites están en la razonabilidad del acto legislativo, en este sentido, en el voto n° 2008-007685 de las 14:48 horas del 7 de mayo de 2008, se dispuso que:
“II.- La jurisprudencia de esta Sala sobre la autonomía municipal. El reclamo del Alcalde Municipal de Aguirre debe dilucidarse dentro del marco jurisprudencial que esta Sala Constitucional ha desarrollado sobre el tema de la autonomía municipal, la cual ha sido entendida como la capacidad que tienen las municipalidades de decidir libremente, y bajo su propia responsabilidad, todo lo relacionado con la organización de determinada localidad.
(…) Como se evidencia de la anterior cita jurisprudencial, la autonomía normativa implica la capacidad municipal para dictar su propio ordenamiento normativo (entendido este respecto de los reglamentos autónomos de organización y de servicio), pero supeditado a lo que la Ley establezca.
III.-(…), el constituyente delegó en el legislador ordinario desarrollar el marco jurídico funcional del Alcalde Municipal, con ello la Ley puede restringir o mejorar la figura de los Vice-Alcaldes como colaboradores del Alcalde en sus funciones. De conformidad con lo establecido por la norma constitucional, el desarrollo legislativo que se haga obedece a los principios de oportunidad y conveniencia del legislador, cuyos únicos límites están en la razonabilidad del acto legislativo. (el destacado no corresponde al original).
Finalmente, resulta importante resaltar como antecedente jurisprudencial la sentencia n° 11406-2017 de las 10:17 horas del 19 de julio de 2017, en la cual se impugnó varias normas de la Ley de Aguas porque establecían que el inspector de aguas era un funcionario nombrado por el MINAE, pero que al municipio le correspondía asumir el costo de su salario. Al respecto se resolvió que:
“De esta manera, en este orden argumentativo, podemos afirmar que la figura del inspector cantonal de aguas encuentra sustento en esta visión que se viene sosteniendo en esta sentencia respecto a que el agua no es un asunto de interés local que califique dentro de la autonomía municipal, pues no es meramente local -sino más bien de interés nacional-, ni susceptible de ser sometido a criterios de territorialidad. Por ende, este inspector actúa en la lógica de coordinación entre las instituciones públicas en materia ambiental, ya que es un funcionario subordinado al MINAE, órgano que ostenta la rectoría en materia del recurso hídrico, pero mantiene una relación cercana con los municipios, pues es pagado por ellos con un canon específico que prevé la normativa. En este sentido, no es posible afirmar que esta figura lesione la autonomía municipal, ya que, como se mencionó, en temas de carácter nacional, como el agua, ésta autonomía no es una autonomía plena o ilimitada, pues siempre se encuentra sujeta a ciertos límites, como por ejemplo cuando entran en juego principios y derechos constitucionales como el derecho al agua. Asimismo, tampoco puede alegarse que infrinja la competencia presupuestaria de la Municipalidad, pues, como recién se indicó, en la normativa está previsto un canon específico para su financiamiento. De este modo, es que este Tribunal considera que no lleva razón ni el alcalde accionante, ni la Procuraduría General de la República sobre una posible inconstitucionalidad sobreviniente, ya que la figura del inspector cantonal de aguas no lesiona la autonomía municipal consagrada en la Constitución Política, por lo que se trata de una figura conforme al Derecho de la Constitución. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin lugar la acción.”.
En conclusión, los gobiernos locales son "una verdadera descentralización de la función política en materia local". El grado de autonomía de las municipalidades, cual es autonomía administrativa y de gobierno, les permite auto-administrarse (disponer de sus recursos humanos, materiales y financieros), realizar sus competencias legales por sí mismas, darse su propia organización interna. Pero además, en cuanto a la autonomía de gobierno, implica que pueden fijarse sus fines, metas y medios, también, pueden emitir reglamentos autónomos de servicio. Asimismo, pueden definir sus políticas de desarrollo (planificar y acordar programas de acción), crear impuestos (que deberán ser autorizados vía legal) y darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores. Pero igual tienen la limitación de que no pueden sustraerse de aquello que ha sido declarado de interés nacional”.
A partir de lo anterior, estimo que se puede concluir lo siguiente:
1.- La autonomía municipal, de segundo grado, está referida exclusivamente a los intereses y servicios locales. De ahí que esta no constituye una valla insalvable para que el Estado, a través del ejercicio de la potestad de legislar, dicte una ley que uniforme lo relativo al empleo público en todo el sector público, conforme lo dispuesto en el artículo 191 constitucional, independientemente de la forma en que obtiene sus ingresos. Esa potestad del legislador para regular las condiciones de empleo en todo el sector público, como lo prevé el artículo 191 constitucional, aplica independientemente de que los funcionarios públicos a los que van dirigidas esas regulaciones, presten sus servicios en instituciones que se financien con recursos propios o con recursos del presupuesto nacional, toda vez que, finalmente lo que priva, es la pretensión de generalidad legítimamente propiciada por el legislador.
2.- El Estado tiene un deber con los munícipes en lo referente al buen uso de los impuestos y tributos que recaudan las municipalidades de estos, de ahí la necesidad de que existan normas de carácter general relativas al empleo público en el régimen municipal. Este Tribunal coincide, además, con lo expresado por la Procuraduría General de la República, al indicar que “…si el legislador no estuviera facultado para regular las condiciones de trabajo en las municipalidades (en virtud del grado de autonomía de esos entes) el Código Municipal (en tanto regula el ingreso a la carrera administrativa municipal, lo concerniente al manual descriptivo de puestos, lo relativo a la selección de personal, los incentivos y beneficios a los empleados municipales, los derechos y deberes de esos funcionarios, el salario del Alcalde, etc.,) sería inconstitucional, pues afectaría la autonomía que tendría cada municipalidad para regular esos aspectos”.
3.- El hecho de que existan reglas generales de esta naturaleza, en nada afecta la autonomía municipal, pues no les impide establecer metas, objetivos y los medios para alcanzar estas. En lo concerniente al uso del recurso humano y su remuneración -autonomía administrativa-, el hecho de que haya disposiciones generales aplicables en todo sector público tampoco vulnera esa autonomía; todo lo contrario, viene a potenciar un derecho fundamental que está consagrado en el numeral 57 de la Constitución Política, en el sentido de que a igual trabajo e igual remuneración. Tal como expuso la Procuraduría General de la República en la audiencia concedida, prohibir el ejercicio de la función legislativa para regular las relaciones de empleo en todo el sector público, incluyendo las municipalidades, no solo iría en contra del texto y del espíritu del artículo 191 constitucional, sino también del artículo 105 de la Constitución Política, pues tal como dispone la Constitución Política, la potestad de legislar por parte de la Asamblea Legislativa, proviene de la legitimación del mismo pueblo, tal y como lo establece el artículo105 constitucional, cuando afirma que la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio.
V.- Sobre los alegatos planteados por la accionante.
1.-Refiere la parte gestionante que las normas impugnadas son contrarias a los artículos 169, 170, 175 y conexos de la Carta Magna, que establecen y garantizan el régimen de autonomía de las municipalidades para autogobernarse y la clara separación de las mismas de la estructura central del Estado, por cuanto modifican o suprimen la separación que la Constitución garantiza a estos entes, en los ámbitos de remuneración y evaluación de sus empleados, al ser materias en las que los pagos, contratos y condiciones de prestación del servicio son financiadas con recursos generados por los propios municipios y presupuestados a partir de su autonomía, conforme el artículo 175 de la Constitución, sin depender en lo absoluto del Estado. Señala que la normativa cuestionada pretende reducir su ámbito de autonomía constitucional. Manifiesta que no hay relación alguna con el poder central, ni con su presupuesto al establecer las relaciones de empleo del régimen municipal, de tal manera que carece de sentido imponer por esta vía limitaciones que no tienen sustento jurídico, técnico ni práctico. Refiere que la normativa en cuestión no presenta, en lo absoluto, un esquema de coordinación o construcción conjunta de las condiciones de regulación de remuneraciones y evaluación entre el poder central y los municipios, bajo criterios técnicos o de oportunidad, sino de imposición totalmente unilateral y generalizada sin realizar distinción alguna.
De previo, es necesario precisar que los planteamientos de la accionante son bastante generales. No hizo una precisión clara, específica y concreta de sus argumentos en relación con cada una de las demás disposiciones del capítulo al que se vincula a las municipalidades en el artículo 26. De manera que el pronunciamiento de esta Sala se hará en iguales términos, pues debe circunscribirme a lo señalado expresamente por la accionante.
De lo indicado en los apartados II y III, se descartan los alegatos iniciales de la accionante, toda vez que, tal y como quedó demostrado, la autonomía constitucional de la que gozan las municipalidades es de segundo grado. Esto quiere decir que les permite auto-administrarse (disponer de sus recursos humanos, materiales y financieros), realizar sus competencias legales por sí mismas, darse su propia organización interna. En cuanto a la autonomía de gobierno, implica que pueden fijarse sus fines, metas y medios, también, pueden emitir reglamentos autónomos de servicio. Asimismo, pueden definir sus políticas de desarrollo (planificar y acordar programas de acción, lógicamente vinculados a los planes nacionales de Desarrollo a través de una política de coordinación), crear impuestos (que deberán ser autorizados vía legal) y darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores, respetando los principios generales que se encuentra en la ley que regula la materia. Pero igual tienen la limitación de que no pueden sustraerse de aquello que ha sido declarado de interés nacional. Tal y como ya lo puntualizó este Tribunal en la sentencia nro. 2021-17098, es plausible sujetar a todos los poderes e instituciones del Estado a un único estatuto de empleo público. Ello, per se, no es inconstitucional. En un Estado unitariamente concentrado como el costarricense, todos los entes públicos están sometidos a lo que disponga el legislador en ejercicio de la potestad de legislar, toda vez que autonomía no significa soberanía, sino simple y llanamente independencia en el ejercicio de las competencias exclusivas y excluyentes. Así, independientemente del grado de autonomía que tenga un ente descentralizado, este está estrechamente vinculado al Estado por una serie de principios y normas que están en el Derecho de la Constitución, a manera ejemplo, los numerales 11, 48, 49, 182, 184 y 192 de la Carta Fundamental, que estatuyen los principios de legalidad, rendición de cuentas y transparencia, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y los derechos públicos subjetivos y su tutela judicial efectiva en las jurisdicciones constitucional y contencioso-administrativa, los principios y procedimientos de contratación administrativa, la aprobación y fiscalización de los presupuestos por parte de la Contraloría General de la República y control de este órgano de relevancia constitucional sobre el uso de los fondos públicos, el sometimiento a los principios nucleares del servicio civil, etc. En esta dirección, ya esta Sala indicó que no es inconstitucional que el legislador someta a toda la Administración Pública a una regulación marco de empleo público, siempre y cuando observe rigurosamente los principios de separación de poderes y no vacíe de contenido los grados de autonomía que el Derecho de la Constitución le otorga a determinados entes, tal como a las municipalidades. Es por ello que la simple inclusión que hace el artículo 26 impugnado, no implica que se lesione el principio de autonomía municipal. La accionante considera que los municipios deben ser excluidos de esas disposiciones porque tienen ingresos propios y gozan de un régimen tributario propio; sin embargo, así como el Constituyente dispuso tal potestad a favor de los municipios, también estableció el artículo 191, el cual aplica a todos los funcionarios públicos independientemente de que presten sus servicios en instituciones que se financien o no con recursos propios, o con recursos del presupuesto nacional. Su autonomía municipal no constituye una valla insalvable para que el Estado, a través del ejercicio de la potestad de legislar, dicte una ley que uniforme lo relativo al empleo público en todo el sector público, conforme lo dispuesto en el artículo 191 constitucional, independientemente de la forma en que obtiene sus ingresos. De hecho, con mayor razón, el Estado tiene un deber con los munícipes en lo referente al buen uso de los impuestos y tributos que recaudan las municipalidades de estos, de ahí que se justifique la existencia de normas de carácter general relativas al empleo público en el régimen municipal. De otro lado, si el legislador no estuviera facultado para regular las condiciones de trabajo en las municipalidades, dada su invocada autonomía, el Código Municipal que regula el ingreso a la carrera administrativa municipal, lo concerniente al manual descriptivo de puestos, a la selección de personal, los incentivos y beneficios a los empleados municipales, los derechos y deberes de esos funcionarios, el salario del alcalde, etc., igualmente sería considerado inconstitucional, pues afectaría la autonomía que tendría cada municipalidad para regular esos aspectos; sin embargo, la accionante solicita que este prevalezca sobre la norma impugnada, lo cual sería contradictorio. Refiere la accionante que la normativa en cuestión no presenta, en lo absoluto, un esquema de coordinación o construcción conjunta de las condiciones de regulación de remuneraciones y evaluación entre el poder central y los municipios bajo criterios técnicos o de oportunidad, sino de imposición totalmente unilateral y generalizada sin realizar distinción alguna. Sin embargo, no denota en cuál o cuáles disposiciones se produce esa situación, ni advierte en qué sentido lo hace fundamentándose en el texto de la disposición o en los efectos que esta produzca, lo que impide a este Tribunal pronunciarse, ante los términos genéricos y abstractos en los que la accionante manifiesta tal cuestionamiento. De ahí que se desestima la acción respecto de este punto.
2- Alega la parte gestionante que las normas cuestionadas del Título III de la Ley 9635 son contrarias al Derecho de la Constitución, por cuanto no pueden afectar ni vaciar de contenido la autonomía garantizada en la Carta Magna a todos los municipios respecto a su capacidad de darse su propia organización interna y condiciones de la relación con sus servidores. Indica que la imposición específica y rígida de los parámetros de remuneración y evaluación de los servidores municipales implica la aplicación de una relación de dirección y tutela -en sentido estricto y pleno- que choca directamente con la noción y alcance de la autonomía que el Constituyente le confirió a los municipios, lo cual desnaturaliza completamente el concepto de autonomía y lo llega a vaciar de su contenido esencial. Reitera que las normas cuestionadas no establecen ningún mecanismo basado en el principio de coordinación entre los municipios y el poder central, sino en la imposición unilateral rígida de los parámetros. No involucran el establecimiento de procedimientos de equiparación o integración común mediante estudios o análisis compartidos construidos conjuntamente en los que tengan participación los gobiernos locales, sino que se trata de la imposición de criterios normativos rígidos aplicados de manera uniforme sin establecer la necesaria distinción que se ha reclamado.
Sobre el particular, este Tribunal reitera lo indicado en el apartado anterior. La simple vinculación a un único marco normativo en materia de empleo público, según lo dispuesto en el artículo 191 constitucional, no implica per se una lesión a la autonomía municipal, ni su vaciamiento, en los términos señalados. Nuevamente la accionante hace un alegato genérico sin precisar norma alguna, que permita contrastar su contenido y texto con un argumento preciso que facilite el análisis de fondo. Se reitera, la simple remisión a determinadas materias relativas a empleo público, como remuneración o evaluación de desempeño, no conlleva a que una norma resulte de manera automáticamente inconstitucional por lesión de la autonomía municipal, por las razones ya esbozadas. De igual modo, la gestionante señala que las normas cuestionadas no establecen ningún mecanismo basado en el principio de coordinación entre los municipios y el poder central, sino que constituye una imposición unilateral rígida de los parámetros, también aduce que no involucran el establecimiento de procedimientos de equiparación o integración común mediante estudios o análisis compartidos construidos conjuntamente en los que tengan participación los gobiernos locales, sino que se trata de la imposición de criterios normativos rígidos aplicados de manera uniforme sin establecer la necesaria distinción que se ha reclamado. Nuevamente tal manifestación la hace la accionante sin precisar disposición alguna que permita advertir si está frente a una redacción normativa en la que el Poder Ejecutivo pudiera estar excediendo sus potestades, en contraposición a los artículos 169 y 170 constitucionales, o se trate solo de una relación de coordinación. La falta de fundamentación por parte de la accionante en ese sentido impide realizar el análisis de fondo pretendido y no le corresponde a esta Sala subsanar la omisión de la accionante en ese sentido.
3- Refiere la gestionante que las normas en cuestión no tienen la virtud ni la fuerza jurídica para modificar las condiciones de evaluación de desempeño propias -exclusivas y excluyentes- de las municipalidades establecidas a partir de su autonomía y el bloque de constitucionalidad de la materia. Aduce que el planteamiento de pretender uniformar e igualar a quienes por mandato constitucional son desiguales, se considera que constituye un error de técnica legislativa. Alega que es a todas luces improcedente que, por una ley ordinaria general ajena al bloque de constitucionalidad propio del régimen municipal (Constitución más Código Municipal), se pretenda sujetar y subordinar a las municipalidades al poder central en materia de planificación. Reitera que no se está planteando en la normativa impugnada siquiera un marco de coordinación o instrumento de construcción conjunta colaborativa, sino una imposición unilateral de formas, contenidos y criterios rígidos bajo un marco de una relación típica de dirección y tutela plena con imposición de lineamientos, normas específicas del Ministerio del Poder Ejecutivo y seguimiento, todo en esquema de subordinación; lo cual es absolutamente contrario al Derecho de la Constitución. Las normas del capítulo del Título III de la Ley 9635 no incorporan mecanismos de coordinación o interacción, sino que se pretende la subordinación directa a los criterios e instrumentos unilaterales emitidos e impuestos por parte del Ministerio de Planificación en condición de "rector".
Al respecto, aplica lo ya indicado en los puntos anteriores. El hecho de que existan reglas generales de esta naturaleza, en nada afecta la autonomía municipal, pues no impide a los municipios establecer sus metas, objetivos y los medios para alcanzarlas. En lo concerniente al uso del recurso humano y su remuneración -autonomía administrativa-, el hecho de que existan disposiciones generales aplicables en todo el sector público, se reitera, tampoco vulnera esa autonomía; todo lo contrario, viene a potenciar un derecho fundamental que está consagrado en el numeral 57 de la Constitución Política, en el sentido de que a igual trabajo e igual remuneración. De otro lado, el error de técnica legislativa al que apunta la accionante no es una cuestión propia de ser revisada en esta jurisdicción. Y si bien alega que lo acusado genera una condición desigual, no establece parámetro alguno que permita realizar la comparación para emitir un pronunciamiento de fondo al respecto. Finalmente, respecto al mismo alegato realizado en cada apartado en relación con la acusada imposición unilateral de formas, contenidos y criterios rígidos bajo un marco de una relación típica de dirección y tutela plena con imposición de lineamientos y normas específicas del ministerio del Poder Ejecutivo, se desestima tal argumento bajo las idénticas consideraciones ya señaladas.
VI.- Conclusión. Por todo lo expuesto y, dado que en los términos en los que fue planteada la acción, no se advierten las violaciones constitucionales alegadas, lo procedente es declarar sin lugar la acción, como en efecto se ordena.
VII.- Documentación aportada al expediente.- Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.-
Por tanto:
Se declara sin lugar la acción.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Ingrid Hess H.
Ana Cristina Fernández A. Jorge Isaac Solano A.
1 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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