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Res. 28387-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 05/09/2025

Sanitary order for non-compliance with accessibility at a school for a student with a disabilityOrden sanitaria por incumplimiento de accesibilidad en escuela para estudiante con discapacidad

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted; the MEP is ordered to comply with the sanitary order within six months, ensure the safety of classes, and immediately adopt a provisional measure for an accessible restroom.Se declara con lugar el amparo y se ordena al MEP cumplir la orden sanitaria en seis meses, asegurar la seguridad de clases y adoptar de inmediato una medida provisional para un servicio sanitario accesible.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by a mother on behalf of her minor son, who has a motor disability (he lacks legs) and attends the Julio Peña Morúa school. The petitioner alleged that the school lacked adequate sanitary facilities as required by Law 7600, preventing the child from using restrooms during school hours, and that there were also serious structural deficiencies. The Chamber established that since May 23, 2019, the Ministry of Health had issued a sanitary order identifying multiple failures (inaccessible restrooms, cracks, exposed electrical system, poor wastewater management) and set a six-month deadline for correction, which had not been met over six years later. The Chamber held that the prolonged omission by the Ministry of Public Education violated the fundamental rights to inclusive education, health, and safety of students and staff. It therefore granted the amparo and ordered the MEP to fully comply with the sanitary order within six months, ensure the safe continuation of classes, and immediately adopt a provisional measure so that at least one restroom is accessible for persons with disabilities during the works.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una madre a favor de su hijo menor de edad, quien padece discapacidad motora (no posee piernas) y asiste al centro educativo Julio Peña Morúa. La recurrente alegó que la escuela carecía de servicios sanitarios adecuados conforme a la Ley 7600, impidiendo al menor usar los baños durante la jornada lectiva, y que además existían graves deficiencias estructurales. La Sala acreditó que desde el 23 de mayo de 2019 el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria que identificó múltiples fallas (sanitarios no accesibles, grietas, sistema eléctrico expuesto, mal manejo de aguas servidas) y fijó un plazo de seis meses para su corrección, el cual no se había cumplido más de seis años después. La Sala determinó que la omisión prolongada del Ministerio de Educación Pública vulneraba los derechos fundamentales a la educación inclusiva, a la salud y a la integridad de los estudiantes y del personal docente. Por tanto, declaró con lugar el amparo y ordenó al MEP cumplir la orden sanitaria en un plazo de seis meses, asegurar la continuidad de clases seguras y adoptar de inmediato una medida provisional para que al menos un servicio sanitario sea accesible para personas con discapacidad durante las obras.

Key excerptExtracto clave

Thus, under oath it was reported that the student attends the school, but due to the conditions already explained, he cannot access the sanitary services during the school day, which is unacceptable to this Chamber, given the treatment to which the protected person is being subjected, who is being prevented from using the restrooms due to the total lack of planning in complying with a sanitary order issued in 2019 and which continues to be prolonged to date. Additionally, due to the serious infrastructure problems that the same sanitary order determined more than six years ago, and at this moment, the rest of the student population, as well as the staff working at the institution and the parents and guardians who frequent the school, are exposed to a latent danger that affects everyone's safety, a situation that is unacceptable for this Constitutional Court and which provokes the emphatic rejection of those who subscribe this ruling. Based on these considerations, the Chamber opts to grant the amparo. It must be remembered that the right to education also implies that lessons be given under appropriate conditions for all minors, reducing the risks and dangers that may arise in the educational infrastructure they attend, and ensuring that all students have all the necessary educational inputs to adequately develop their skills. Furthermore, teachers also have the right to work in healthy conditions within their work environment, as this also guarantees that students will receive a comprehensive and complete education that meets their needs.Así, bajo juramento se informó que el estudiante asiste al centro educativo, pero por las condiciones ya explicadas, no le es posible acceder a los servicios sanitarios durante la jornada lectiva, lo cual no es de recibo para esta Sala, por el trato al que se está sometiendo el amparado, quien está siendo impedido de poder usar los sanitarios por la nula capacidad de planificación en el cumplimiento de una orden sanitaria emitida desde el año 2019 y que se sigue prolongando en la actualidad. Adicionalmente, por los serios problemas de infraestructura que la misma orden sanitaria dictada determina desde hace más de seis años y, para este momento, el resto de la población estudiantil, así como el personal que labora en la institución y los padres y encargados que frecuentan el centro educativo se encuentran sometidos a un peligro latente que afecta la seguridad de todos, situación que resulta inaceptable para este Tribunal Constitucional y que provoca el rotundo rechazo de quienes suscriben esta sentencia. A partir de estas consideraciones, la Sala se decanta por acoger el amparo. Debe recordarse que el derecho a la educación implica también que las lecciones sean impartidas en condiciones apropiadas para todos los menores de edad, disminuyendo los riesgos y peligros que puedan darse en la infraestructura educativa a la que asisten, y procurando que todos los estudiantes cuenten con todos los insumos educativos necesarios para poder desarrollar adecuadamente sus habilidades. Además, los docentes también tienen el derecho de poder trabajar en condiciones saludables dentro de su entorno laboral, pues así se garantiza también que los alumnos recibirán una educación integral y completa que satisfaga sus necesidades.

Pull quotesCitas destacadas

  • "no le es posible acceder a los servicios sanitarios durante la jornada lectiva, lo cual no es de recibo para esta Sala, por el trato al que se está sometiendo el amparado, quien está siendo impedido de poder usar los sanitarios por la nula capacidad de planificación en el cumplimiento de una orden sanitaria emitida desde el año 2019"

    "he cannot access the sanitary services during the school day, which is unacceptable to this Chamber, given the treatment to which the protected person is being subjected, who is being prevented from using the restrooms due to the total lack of planning in complying with a sanitary order issued in 2019"

    Considerando III

  • "no le es posible acceder a los servicios sanitarios durante la jornada lectiva, lo cual no es de recibo para esta Sala, por el trato al que se está sometiendo el amparado, quien está siendo impedido de poder usar los sanitarios por la nula capacidad de planificación en el cumplimiento de una orden sanitaria emitida desde el año 2019"

    Considerando III

  • "el resto de la población estudiantil, así como el personal que labora en la institución y los padres y encargados que frecuentan el centro educativo se encuentran sometidos a un peligro latente que afecta la seguridad de todos, situación que resulta inaceptable para este Tribunal Constitucional"

    "the rest of the student population, as well as the staff working at the institution and the parents and guardians who frequent the school, are exposed to a latent danger that affects everyone's safety, a situation that is unacceptable for this Constitutional Court"

    Considerando III

  • "el resto de la población estudiantil, así como el personal que labora en la institución y los padres y encargados que frecuentan el centro educativo se encuentran sometidos a un peligro latente que afecta la seguridad de todos, situación que resulta inaceptable para este Tribunal Constitucional"

    Considerando III

  • "el derecho a la educación implica también que las lecciones sean impartidas en condiciones apropiadas para todos los menores de edad, disminuyendo los riesgos y peligros que puedan darse en la infraestructura educativa"

    "the right to education also implies that lessons be given under appropriate conditions for all minors, reducing the risks and dangers that may arise in the educational infrastructure"

    Considerando III

  • "el derecho a la educación implica también que las lecciones sean impartidas en condiciones apropiadas para todos los menores de edad, disminuyendo los riesgos y peligros que puedan darse en la infraestructura educativa"

    Considerando III

  • "Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se le ordena (...) que, dentro del plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se dé cabal cumplimiento a la orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019"

    "The motion is granted. Consequently, it is ordered (...) that, within SIX MONTHS from the notification of this ruling, full compliance be given to sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019"

    Por tanto

  • "Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se le ordena (...) que, dentro del plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se dé cabal cumplimiento a la orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019"

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: September 5, 2025 at 09:20 Type of matter: Amparo recourse Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with separate note Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Strategic Themes: Economic, social, cultural, and environmental rights Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: EDUCATION Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. STUDENTS WITH DISABILITIES.

Topic: MINORITIES Subtopics:

PERSONS WITH DISABILITIES. MINORS..

028387-25. EDUCATION. MINORITIES. A FAMILY'S MOTHER STATES THAT HER SON HAS A MOTOR DISABILITY AND THE SCHOOL WHERE HE IS ENROLLED DOES NOT HAVE ADEQUATE SANITARY SERVICES, ACCORDING TO LAW 7600. THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, TO FULLY COMPLY WITH THE SANITARY ORDER. IN ADDITION, WHILE THE NECESSARY WORKS ARE CARRIED OUT, THEY MUST ENSURE THAT THE STUDENTS AND TEACHING STAFF OF THE JULIO PEÑA MORÚA SCHOOL RECEIVE CLASSES AND WORK NORMALLY AND SAFELY. FURTHERMORE, THE AUTHORITIES ARE ORDERED TO IMMEDIATELY ADOPT A PROVISIONAL MEASURE SO THAT AT LEAST ONE SANITARY SERVICE CAN BE USED BY THE PROTECTED PERSON AND ANY OTHER PERSON WITH A DISABILITY, WHICH SHALL REMAIN IN EFFECT FOR THE ENTIRE DURATION OF THE NECESSARY ARRANGEMENTS. VCG09/2025

"(...) III.- ON THE MERITS. In this case, it was demonstrated that, since May 23, 2019, the Governing Health Area of Grecia, of the Ministry of Health issued the sanitary order MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019, where a series of significant deficiencies were identified in the Julio Peña Morúa educational center. Additionally, according to what was reported under oath, in the year 2020 partial maintenance works were carried out to comply with what was ordered by the Ministry of Health, but due to pending administrative procedures, the totality of the works were not completed.

In the same vein, to comply with that order, the minister and the director of Educational Infrastructure have stated that the resources currently allocated to the Education Board, which amount to ₡3,136,613.01 (three million one hundred thirty-six thousand six hundred thirteen colones and 01/100), cannot cover the amount of professional fees, nor the execution of the works. They also argue that they are updating the diagnostic report on physical space needs and preliminary cost estimation, so once it is defined, a request for resources will be made for the contracting of professional services, which they estimate will take around four weeks. They likewise state that, upon obtaining the financial resources, the technical authorization for contracting will proceed, which could take a period of eight weeks, and similarly, they describe the subsequent steps that must be materialized to achieve full compliance with the issued sanitary order.

There is evidence of some internal efforts within the educational center that were carried out to adapt, as much as possible, the space for children with any disability, such as the signage and demarcation of the institutional parking area; the accessibility ramp at the main entrance, the grab bars in the existing sanitary facility, and the purchase of a sanitary fixture to be installed with the appropriate dimensions for the protected person and other students in similar conditions.

Thus, under oath, it was reported that the student attends the educational center, but due to the conditions already explained, he cannot access the sanitary services (servicios sanitarios) during the school day, which is unacceptable to this Chamber, given the treatment to which the protected person is being subjected, who is being prevented from using the sanitary facilities due to the total lack of planning capacity in complying with a sanitary order issued in the year 2019 and which continues to be delayed to the present day. Additionally, due to the serious infrastructure problems that the same issued sanitary order has determined for more than six years, and at this moment, the rest of the student population, as well as the staff working at the institution and the parents and guardians who frequent the educational center, are exposed to a latent danger that affects the safety of everyone, a situation that is unacceptable to this Constitutional Court and that provokes the absolute rejection of those who subscribe to this judgment.

Based on these considerations, the Chamber opts to grant the amparo. It must be remembered that the right to education also implies that lessons are given in appropriate conditions for all minors, reducing the risks and dangers that may exist in the educational infrastructure they attend, and ensuring that all students have all the necessary educational inputs to properly develop their skills. In addition, teachers also have the right to work in healthy conditions within their work environment, as this also guarantees that students will receive a comprehensive and complete education that meets their needs.

Consequently, upon this Constitutional Court finding that the Ministry of Public Education has engaged in actions that violate the fundamental rights of the students and teaching staff who teach at the Julio Peña Morúa School, the recourse must be declared with merit, according to the considerations that will be set forth in the operative part of this judgment. (...)" ... See more Content of Interest:

Type of content: Separate note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: EDUCATION Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

IV.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived from that administrative conduct (whether omissive or not), or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the appellant accuses that the Julio Peña Morúa school lacks sanitary services (servicios sanitarios) for children with motor disabilities and also has various infrastructure situations that demonstrate it does not meet the minimum conditions to operate.

VCG09/2025 ... See more  Res. No. 2025028387 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes of September fifth, two thousand twenty-five.

Amparo recourse processed in expediente No. 25-020785-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], against the MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION.

WHEREAS:

1.- By document filed and incorporated into the expediente on July 16, 2025, at 14:43 hours, the appellant files an amparo recourse and states that the protected person is her son, who is a person with a motor disability, as he has no legs. She explains that the protected person is currently attending the pre-kindergarten level at the Julio Peña Morúa educational center, which does not have adequate sanitary services (servicios sanitarios) according to the provisions of Law No. 7600. She points out that the protected person uses prostheses and a walker to move around, but cannot enter any of the available sanitary services. She comments that, in addition to the nonexistence of accessible sanitary services, the sanitary batteries, in general, are in very poor condition, which affects not only the protected person, but also the student population in general.

2.- By resolution of 09:23 hours on July 30, 2025, the process was given course and an audience was granted to the Minister and the Director of Educational Infrastructure, both of the Ministry of Public Education; as well as to the Director of the Julio Peña Morúa School.

3.- Roxana Vargas Bolaños, in her capacity as Director of the Julio Peña Morúa School, reports regarding the alleged facts that the protected person is enrolled at the preschool level of that institution and has a motor disability. She indicates that the educational center's sanitary services (servicios sanitarios) do not meet the accessibility conditions established in Law No. 7600, which prevents adequate access for the minor, affecting his inclusive and dignified education. She adds that, since the year 2019, the school has been subject to sanitary order MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019, issued by the Ministry of Health, which notes multiple deficiencies, including:

-Non-accessible sanitary services (servicios sanitarios) -False main wall (resolved) -Cracks in classrooms and dining room - Exposed electrical system (some parts have been corrected) -Poor management of wastewater (resolved) The referred order establishes a period of six months to correct the deficiencies, under warning of closure and legal sanctions.

She claims that, in the year 2020, a budget was managed for maintenance works, including improvements to sanitary infrastructure, roofs, painting, and the electrical system; however, part of these funds was not executed due to pending administrative procedures at the Directorate of Educational Infrastructure and changes in budget allocation. She argues that, in November of the year 2022, the Directorate of Educational Infrastructure requested a change of purpose to address the demolition and construction project of the retaining wall, as part of the actions to comply with the sanitary order. She indicates that she recognizes the urgency of addressing the infrastructure needs to guarantee the right to inclusive and safe education and that the necessary steps have been taken before the Ministry and the Directorate of Educational Infrastructure, but the works have not yet been executed.

4.- José Leonardo Sánchez Hernández, in his capacity as Minister, and Carlos Villalobos Arguello, in his capacity as Deputy Director of Educational Infrastructure, both of the Ministry of Public Education, report the following regarding the alleged facts:

"(…) The educational center in question is being attended by the Directorate of Educational Infrastructure for a comprehensive intervention, which has the following contractual object:

"Major Maintenance Work: Change of roof structure (includes ceiling, metal structure, covering, gutters, electrical system), improvement of covered court installations (includes coating of general structure: frames, doors, windows and columns, roof covering: sheet metal work, gutters, downspouts and seals, and general painting). Prototype Work (new): 2 preschool classrooms 84m², 1 sanitary battery (batería sanitaria) type 1 72m², 1 administration 84m² and 1 dining room 144 m².

Complementary works: earthworks (movimiento de tierras) (cutting and disposal of material from the site), electrical system (includes exterior lighting, exterior outlets, service connection and feeders, fire protection system, voice and data system, Wi-Fi connection in pavilions) and hydro-sanitary, potable water and rainwater systems." That said, the actions to be carried out to give continuity to the project are set forth, in order to ensure infrastructure attention:

Currently, the Education Board has the following allocated resources: ₡3,136,613.01 (three million one hundred thirty-six thousand six hundred thirteen colones and 01/100) in the Single State Fund account, which cannot cover the amount of professional fees nor the execution of the works.

First: With the contractual object, the diagnostic report on physical space needs and preliminary cost estimation is being updated, so once defined, a request for resources for contracting professional services must be made. The estimated time for this process is 4 weeks.

Second: When the financial resources for professional services are obtained, the Technical Authorization for Contracting (Autorización de Técnica de Contratación, ATC) will proceed before the Programming and Monitoring Department of the DIE. The estimated time for this process is 8 weeks.

Third: With the Technical Authorization for Contracting (ATC), the Education Board can begin the contracting process for professional design services. This stage is estimated to take approximately 4 weeks.

Fourth: Subsequently, the contractual execution of the design stage will continue with the professional contracted by the Education Board, to obtain the technical inputs (preliminary studies, preliminary project, construction plans with technical specifications, environmental feasibility before SETENA), for its submission to the CFIA and thus obtain approval from the different national entities that intervene in construction projects for educational centers. In addition, the detailed budget and disbursement flow schedule. The estimated time for this process is 22 weeks.

Fifth: Subsequently, the request for resources for the work will be made, and when the transfer of these is effective, the Technical Authorization for Contracting will proceed before the Programming and Monitoring Department of the DIE. The estimated time for this process is 1 week.

Sixth: Once all the technical inputs are available, the prior formalities will be carried out to technically authorize the project so that the Education Board can execute the work contracting procedure in accordance with the provisions of the General Law of Public Procurement (Ley General de Contratación Pública). For this, the Board may count on the support of the DIE. The estimated time for this process is 4 weeks.

Seventh: The Education Board will initiate the work contracting procedure in accordance with the provisions of the General Law of Public Procurement (Ley General de Contratación Pública), with the support of the DIE. The estimated time for this process is 16 weeks. Once this procedure is completed, the execution process of the works will begin, with an approximate duration of 38 weeks. Based on the foregoing, it can be seen that, for the comprehensive attention of the case of interest, a minimum period of 97 weeks is required, equivalent to approximately 675 business days, estimating its completion for the second semester of July 2027. For a better understanding, the table with the estimated schedule of activities to be carried out for the attention of the project is incorporated.

Now then, in response to what was requested by the appellant in this amparo recourse, a technical visit will be made at the end of August 2025, with the purpose of evaluating possible options that allow, if feasible, executing minor maintenance works. These works would aim to temporarily adapt the sanitary service (servicio sanitario) currently located in the existing preschool classroom, so that it can be used by the student while the comprehensive intervention project is being developed. The foregoing with the aim of improving, as far as possible, the student's conditions during said period. It is important to clarify that any public investment work related to infrastructure requires the unavoidable prudential time for its planning, formulation, and financing, in addition to the period comprising the administrative contracting stage(s), whose timelines are established by Law. It should be noted that the educational center is operating normally, without the development of the school year having been affected." They request the recourse be declared without merit.

5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and, I.- OBJECT OF THE RECOURSE. The appellant indicates that the protected person is her son, who has a motor disability, as he has no legs. She adds that her son attends the preschool level at the Julio Peña Morúa educational center, where there are no adequate sanitary services (servicios sanitarios) according to the provisions of Law 7600. She adds that the protected person uses prostheses and a walker to move around, so he cannot enter any sanitary service.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this recourse, the following relevant facts are deemed duly demonstrated:

The protected person is a minor with a motor disability, who is also a preschool-level student at the Julio Peña Morúa school (uncontroverted fact). On May 23, 2019, the Health Area of Grecia of the Ministry of Health issued sanitary order MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019 to the Julio Peña Morúa school, where deficiencies were included such as: Non-accessible sanitary services (servicios sanitarios); false main wall; cracks in classrooms and dining room; exposed electrical system; poor management of wastewater, where a period of six months was established for the correction of the deficiencies (see report rendered by the Director of the Educational Center and evidence provided). Currently, the Education Board has the following allocated resources: ₡3,136,613.01 (three million one hundred thirty-six thousand six hundred thirteen colones and 01/100) in the Single State Fund account, which cannot cover the amount of professional fees nor the execution of the works (see report rendered by the minister and the director of Infrastructure and the evidence provided). In the year 2020, a budget of ₡16,250,995.95 was managed for maintenance works, including improvements to sanitary infrastructure, roofs, painting, and the electrical system, but part of those funds was not executed due to pending administrative procedures at the Directorate of Educational Infrastructure and changes in budget allocation (see report rendered by the director of the Educational Center and evidence provided). In the year 2022, the Directorate of Educational Infrastructure formally requested the change of purpose for ₡24,727,837.17 to address the demolition and construction project of the retaining wall, as part of the actions to comply with the sanitary order, which was carried out due to the high danger of the wall (see report rendered by the Director of the Educational Center and evidence provided). Some internal efforts within the educational center were carried out to adapt, as much as possible, the space for children with any disability, such as the signage and demarcation of the institutional parking area; the accessibility ramp at the main entrance, the grab bars in the existing sanitary facility, and the purchase of a sanitary fixture to be installed with the appropriate dimensions for the protected person and other students in similar conditions (see report rendered by the Director of the Educational Center and evidence provided).

III.- ON THE MERITS. In this case, it was demonstrated that, since May 23, 2019, the Governing Health Area of Grecia, of the Ministry of Health issued the sanitary order MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019, where a series of significant deficiencies were identified in the Julio Peña Morúa educational center. Additionally, according to what was reported under oath, in the year 2020 partial maintenance works were carried out to comply with what was ordered by the Ministry of Health, but due to pending administrative procedures, the totality of the works were not completed.

In the same vein, to comply with that order, the minister and the director of Educational Infrastructure have stated that the resources currently allocated to the Education Board, which amount to ₡3,136,613.01 (three million one hundred thirty-six thousand six hundred thirteen colones and 01/100), cannot cover the amount of professional fees, nor the execution of the works. They also argue that they are updating the diagnostic report on physical space needs and preliminary cost estimation, so once it is defined, a request for resources will be made for the contracting of professional services, which they estimate will take around four weeks. They likewise state that, upon obtaining the financial resources, the technical authorization for contracting will proceed, which could take a period of eight weeks, and similarly, they describe the subsequent steps that must be materialized to achieve full compliance with the issued sanitary order.

There is evidence of some internal efforts within the educational center that were carried out to adapt, as much as possible, the space for children with any disability, such as the signage and demarcation of the institutional parking area; the accessibility ramp at the main entrance, the grab bars in the existing sanitary facility, and the purchase of a sanitary fixture to be installed with the appropriate dimensions for the protected person and other students in similar conditions.

Thus, under oath, it was reported that the student attends the educational center, but due to the conditions already explained, he cannot access the sanitary services (servicios sanitarios) during the school day, which is unacceptable to this Chamber, given the treatment to which the protected person is being subjected, who is being prevented from using the sanitary facilities due to the total lack of planning capacity in complying with a sanitary order issued in the year 2019 and which continues to be delayed to the present day. Additionally, due to the serious infrastructure problems that the same issued sanitary order has determined for more than six years, and at this moment, the rest of the student population, as well as the staff working at the institution and the parents and guardians who frequent the educational center, are exposed to a latent danger that affects the safety of everyone, a situation that is unacceptable to this Constitutional Court and that provokes the absolute rejection of those who subscribe to this judgment.

Based on these considerations, the Chamber opts to grant the amparo. It must be remembered that the right to education also implies that lessons are given in appropriate conditions for all minors, reducing the risks and dangers that may exist in the educational infrastructure they attend, and ensuring that all students have all the necessary educational inputs to properly develop their skills. In addition, teachers also have the right to work in healthy conditions within their work environment, as this also guarantees that students will receive a comprehensive and complete education that meets their needs.

Consequently, upon this Constitutional Court finding that the Ministry of Public Education has engaged in actions that violate the fundamental rights of the students and teaching staff who teach at the Julio Peña Morúa School, the recourse must be declared with merit, according to the considerations that will be set forth in the operative part of this judgment.

IV.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived from that administrative conduct (whether omissive or not), or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the appellant accuses that the Julio Peña Morúa school lacks sanitary services (servicios sanitarios) for children with motor disabilities and also has various infrastructure situations that demonstrate it does not meet the minimum conditions to operate.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch", approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The recourse is declared with merit. Consequently, José Leonardo Sánchez Hernández, in his capacity as Minister, and Carlos Villalobos Argüello, in his capacity as Deputy Director of Educational Infrastructure, both of the Ministry of Public Education, as well as Roxana Vargas Bolaños, in her capacity as Director of the Julio Peña Morúa Educational Center, or whoever holds these positions in their stead, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competence so that, within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, full compliance is given to sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019 of May 23, 2019. In addition, while the necessary works are carried out, they must ensure that the students and teaching staff of the Julio Peña Morúa School receive classes and work normally and safely. Furthermore, the authorities are ordered to IMMEDIATELY adopt a provisional measure so that at least one sanitary service (servicio sanitario) can be used by the protected person [Name 002] and any other person with a disability, which shall remain in effect for the entire duration of the necessary arrangements. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied or enforced, issued within an amparo recourse, and does not comply or does not have it complied, provided the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado records a note.- Fernando Castillo V.

President Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alexandra Alvarado P.

Digitally Signed Document -- Verification code --  Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: EDUCACIÓN Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD.

Tema: MINORÍAS Subtemas:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. MENORES DE EDAD..

028387-25. EDUCACIÓN. MINORÍAS. MADRE DE FAMILIA SEÑALA QUE SU HIJO TIENE UNA DISCAPACIDAD MOTORA Y LA ESCUELA EN DONDE SE ENCUENTRA, NO CUENTA CON SERVICIOS SANITARIOS ADECUADOS, SEGÚN LA LEY 7600. SE ORDENA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE DÉ CABAL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN SANITARIA. ADEMÁS, MIENTRAS SE REALIZAN LAS OBRAS NECESARIAS, DEBERÁN VELAR POR QUE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA JULIO PEÑA MORÚA RECIBAN CLASES Y LABOREN CON NORMALIDAD EN FORMA SEGURA. ADEMÁS, SE ORDENA A LAS AUTORIDADES QUE DE INMEDIATO DEBERÁN ACOGER UNA MEDIDA PROVISIONAL PARA QUE AL MENOS UN SERVICIO SANITARIO PUEDA SER UTILIZADO POR EL AMPARADO Y CUALQUIER OTRA PERSONA QUE CUENTE CON ALGUNA DISCAPACIDAD, LA CUAL MANTENDRÁN VIGENTE DURANTE TODO EL LAPSO QUE DUREN LOS ARREGLOS NECESARIOS. VCG09/2025 “(…) III.- SOBRE EL FONDO. En este caso, se acreditó que, desde el 23 de mayo de 2019 el Área Rectora de Salud de Grecia, del Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019, donde se determinaron una serie de importantes deficiencias en el centro educativo Julio Peña Morúa. Adicionalmente, según lo informado bajo juramento, en el año 2020 se realizaron obras de mantenimiento parciales, para cumplir con lo ordenado por el Ministerio de Salud, pero por trámites administrativos pendientes no se completaron la totalidad de las obras.

En el mismo sentido, para dar cumplimiento a esa orden, el ministro y el director de Infraestructura Educativa han señalado que con los recursos asignados actualmente a la Junta de Educación que, alcanzan el monto de ¢3 136.613,01 (tres millones ciento treinta y seis mil seiscientos trece colones con 01/100), no se puede cubrir el monto de los honorarios profesionales, ni la ejecución de las obras. Argumentan también que, se encuentran actualizando el informe de diagnóstico de necesidades de espacios físicos y estimación preliminar de costos, por lo que al tenerlo definido, se hará la solicitud de recursos para contratación de servicios profesionales, lo que estiman durará alrededor de cuatro semanas. Así mismo narran que, al obtener los recursos financieros se procede con la autorización técnica de contratación, lo que podría demorar un plazo de ocho semanas y de similar manera, narran las gestiones posteriores siguientes que deben materializarse para dar cumplimiento total a la orden sanitaria emitida.

Constan algunas labores a lo interno del centro educativo que, se ejecutaron para adaptar en la medida de lo posible, el espacio para los niños que presenten alguna discapacidad, tales como la señalización y demarcación del área del parqueo institucional; la rampa de accesibilidad en la entrada principal, las barras de agarre en el sanitario existente y la compra de una loza sanitaria para que sea instalada con las dimensiones adecuadas al amparado y demás alumnos en condiciones similares.

Así, bajo juramento se informó que el estudiante asiste al centro educativo, pero por las condiciones ya explicadas, no le es posible acceder a los servicios sanitarios durante la jornada lectiva, lo cual no es de recibo para esta Sala, por el trato al que se está sometiendo el amparado, quien está siendo impedido de poder usar los sanitarios por la nula capacidad de planificación en el cumplimiento de una orden sanitaria emitida desde el año 2019 y que se sigue prolongando en la actualidad. Adicionalmente, por los serios problemas de infraestructura que la misma orden sanitaria dictada determina desde hace más de seis años y, para este momento, el resto de la población estudiantil, así como el personal que labora en la institución y los padres y encargados que frecuentan el centro educativo se encuentran sometidos a un peligro latente que afecta la seguridad de todos, situación que resulta inaceptable para este Tribunal Constitucional y que provoca el rotundo rechazo de quienes suscriben esta sentencia.

A partir de estas consideraciones, la Sala se decanta por acoger el amparo. Debe recordarse que el derecho a la educación implica también que las lecciones sean impartidas en condiciones apropiadas para todos los menores de edad, disminuyendo los riesgos y peligros que puedan darse en la infraestructura educativa a la que asisten, y procurando que todos los estudiantes cuenten con todos los insumos educativos necesarios para poder desarrollar adecuadamente sus habilidades. Además, los docentes también tienen el derecho de poder trabajar en condiciones saludables dentro de su entorno laboral, pues así se garantiza también que los alumnos recibirán una educación integral y completa que satisfaga sus necesidades.

En consecuencia, al encontrar este Tribunal Constitucional que el Ministerio de Educación Pública, ha incurrido en actuaciones que vulneran los derechos fundamentales de los estudiantes y personal docente que imparte lecciones en la Escuela Julio Peña Morúa, el recurso debe ser declarado con lugar, según las consideraciones que se expondrán en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)” ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: EDUCACIÓN Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

IV.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que en la escuela Julio Peña Morúa no existen servicios sanitarios para niños con discapacidad motora y además diversas situaciones de infraestructura que ponen de manifiesto que no reúne las condiciones mínimas para funcionar.

VCG09/2025 ... Ver más  Res. Nº 2025028387 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cinco de setiembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 25-020785-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado e incorporado al expediente el 16 de julio de 2025, a las 14:43 horas, la recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el tutelado es su hijo, quien es una persona con discapacidad motora, ya que no posee piernas. Explica que el tutelado actualmente cursa el nivel de prekínder en el centro educativo Julio Peña Morúa, el cual no cuenta con servicios sanitarios adecuados según lo dispuesto en la Ley N° 7600. Apunta que la persona tutelada utiliza prótesis y una andadera para movilizarse, pero no puede ingresar a ninguno de los servicios sanitarios disponibles. Comenta que, además de la inexistencia de servicios sanitarios accesibles, las baterías sanitarias, en general, se encuentran en muy malas condiciones, lo cual afecta no solo a la persona tutelada, sino también a la población estudiantil en general.

2.- Por resolución de las 09:23 horas del 30 de julio de 2025, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al Ministro y a la Directora de Infraestructura Educativa ambos del Ministerio de Educación Pública; así como, al Director de la Escuela Julio Peña Morúa.

3.- Informa Roxana Vargas Bolaños, en su condición de Directora de la Escuela Julio Peña Morúa, en cuanto a los hechos acusados que, el amparado está matriculado en el nivel preescolar de esa institución y presenta una discapacidad motora. Señala que, los servicio sanitarios del centro educativo no cumplen con las condiciones de accesibilidad establecidas en la Ley N° 7600, lo que impide el ingreso adecuado del menor, lo que afecta su educación inclusiva y digna. Añade que, desde el año 2019 la escuela cuenta con la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019, emitida por el Ministerio de Salud, donde se señalan múltiples deficiencias, que incluyen:

-Servicios sanitarios no accesibles -Muro principal falseado (resuelto) -Grietas en aulas y comedor - Sistema eléctrico expuesto (se han corregido algunas partes) -Mal manejo de aguas servidas (resuelto) En la referida orden, se establece un plazo de seis meses para corregir las deficiencias, bajo apercibimiento de clausura y sanciones legales.

Alega que, en el año 2020 se gestionó un presupuesto para obras de mantenimiento, incluyendo mejoras en infraestructura sanitaria, techos, pintura y sistema eléctrico, sin embargo, parte de estos fondos no fue ejecutada debido a trámites administrativos pendientes en la Dirección de Infraestructura Educativa y cambios en la asignación presupuestaria. Argumenta que, en noviembre del año 2022, la Dirección de Infraestructura Educativa solicitó el cambio de destino para atender el proyecto de demolición y construcción del muro de retención, como parte de las acciones para cumplir con la orden sanitaria. Señala que, reconoce la urgencia de atender las necesidades de infraestructura para garantizar el derecho a la educación inclusiva y segura y que se han realizado las gestiones necesarias ante el Ministerio y ante la Dirección de Infraestructura Educativa, pero aun ni se han ejecutado las obras.

4.- Informan José Leonardo Sánchez Hernández, en su condición de Ministro y Carlos Villalobos Arguello, en su calidad de Sub Director de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:

“(…) El centro educativo en mención está siendo atendido por la Dirección de Infraestructura Educativo, para una intervención integral, que tiene el siguiente objeto contractual:

“Obra de Mantenimiento Mayor: Cambio de estructura de techos (incluye cielo raso, estructura metálica, cubierta, canoas, sistema eléctrico), mejoramiento de instalaciones de cancha techada (incluye revestimiento de estructura general: marcos, puertas, ventanerias y columnas, cubierta de techos: hojalatería, canoas, bajantes y precintas y pintura general). Obra Prototipo (nueva): 2 aulas preescolar 84m²,1 batería sanitaria tipo 1 72m², 1 administración 84m² y 1 comedor 144 m² Obras complementarias: movimiento de tierras (corte y bote de material de sitio), sistema eléctrico (incluye iluminación exterior, tomacorrientes exteriores, acometida y alimentadores, sistema contra incendio, sistema de voz y datos, conexión wifi en pabellones) y sistemas hidrosanitarios, potable y pluvial.” Dicho lo anterior, se exponen las acciones que se llevaran a cabo para poder dar continuidad al proyecto, con el fin de asegurar la atención de infraestructura:

Actualmente, la Junta de Educación cuenta con los siguientes recursos asignados ₡3 136.613,01 (tres millones ciento treinta y seis mil seiscientos trece colones con 01/100) en la cuenta de Caja Única del Estado, los cuales no pueden cubrir el monto de los honorarios profesionales y tampoco la ejecución de las obras.

Primero: Con el objeto contractual, se está actualizando el informe de diagnóstico de necesidades de espacios físicos y estimación preliminar de costos, por lo que una vez definido, se requiere hacer la solicitud de recursos para contratación de servicios profesionales. El tiempo estimado de este proceso es de 4 semanas.

Segundo: Cuando se obtengan los recursos financieros para servicios profesionales, se procede con la Autorización de Técnica de Contratación (ATC) ante el Departamento de Programación y Seguimiento de la DIE. El tiempo estimado de este proceso es de 8 semanas.

Tercero: Con la Autorización Técnica de Contratación (ATC), la Junta de Educación puede iniciar el proceso de contratación de servicios profesionales de diseño. Esta etapa se estima que podría tardar aproximadamente 4 semanas.

Cuarto: Posteriormente, se continuará con la ejecución contractual de la etapa de diseño con el profesional contratado por la Junta de Educación, para obtener los insumos técnicos (estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos con las especificaciones técnicas, viabilidad ambiental ante SETENA), para su ingreso al CFIA y así obtener aval de las diferentes entidades a nivel nacional que interfieren en los proyectos constructivos de centros educativos. Además, el presupuesto detallado y cronograma de flujo de desembolso. El tiempo estimado de este proceso es de 22 semanas.

Quinto: Posteriormente, se realizará la solicitud de recursos para obra y cuando se haga efectiva la transferencia de estos, se procederá con la Autorización Técnica de Contratación ante el Departamento de Programación y Seguimiento de la DIE. El tiempo estimado de este proceso es de 1 semana.

Sexto: Una vez, se disponga de todos los insumos técnicos, se realizarán los trámites previos para autorizar técnicamente el proyecto para que la Junta de Educación realice el procedimiento de contratación de obra de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contratación Pública. Para esto, la Junta podrá contar con el acompañamiento de la DIE. El tiempo estimado de este proceso es de 4 semanas.

Sétimo: La Junta de Educación dará inicio al procedimiento de contratación de obra de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contratación Pública, contando con el acompañamiento de la DIE. El tiempo estimado de este proceso es de 16 semanas. Finalizado este procedimiento, iniciará el proceso de ejecución de las obras, con una duración aproximada de 38 semanas. Con base en los expuesto, se puede apreciar que, para la atención integral del caso de interés, se requiere de un plazo mínimo de 97 semanas, lo que equivales a aproximadamente 675 días hábiles, estimando su finalización para el segundo semestre de julio del año 2027. Para una mejor comprensión, se incorpora la tabla con el cronograma estimado de las actividades a realizar para la atención del proyecto.

Ahora bien, en atención a lo solicitado por la parte recurrente en el presente recurso de amparo, se procederá a realizar una visita técnica a finales del mes de agosto de 2025, con el propósito de valorar posibles opciones que permitan, de ser viable, ejecutar obras de mantenimiento menor. Estas obras tendrían como objetivo adaptar temporalmente el servicio sanitario actualmente ubicado en el aula de preescolar existente, de manera que pueda ser utilizado por el estudiante mientras se desarrolla el proyecto de intervención integral. Lo anterior con la finalidad de mejorar, en la medida de lo posible, las condiciones del estudiante durante dicho período. Es importante aclarar que toda obra de inversión pública relacionada con infraestructura requiere del tiempo prudencial ineludible para su planificación, formulación y financiamiento, además del periodo que comprende la(s) etapa(s) de contratación administrativa, cuyos plazos están establecidos por Ley. Cabe señalar que el centro educativo se encuentra operando con normalidad, sin que el desarrollo del curso lectivo se haya visto afectado ” Solicitan se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente indica que, el amparado es su hijo, quien tiene una discapacidad motora, ya que no posee piernas. Agrega que, su hijo cursa el nivel de preescolar en el centro educativo Julio Peña Morúa, en donde no se cuenta con servicios sanitarios adecuados según lo dispuesto en la Ley 7600. Añade que, el tutelado usa prótesis y andadera para movilizarse, por lo que no puede ingresar a ningún servicio sanitario.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:

El amparado es una persona menor de edad con discapacidad motora, quien además es estudiante del nivel preescolar en la escuela Julio Peña Morúa (hecho no controvertido). En fecha 23 de mayo de 2019 el Área de Salud de Grecia del Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019 a la escuela Julio Peña Morúa, donde se incluyeron deficiencias como: Servicios sanitarios no accesibles; muro principal falseado; grietas en aulas y comedor; sistema eléctrico expuesto; mal manejo de aguas servidas, donde se establecía un plazo de seis meses para la corrección de las deficiencias (ver informe rendido por la Directora del Centro Educativo y prueba aportada). Actualmente, la Junta de Educación cuenta con los siguientes recursos asignados: ₡3 136.613,01 (tres millones ciento treinta y seis mil seiscientos trece colones con 01/100) en la cuenta de Caja Única del Estado, los cuales no pueden cubrir el monto de los honorarios profesionales y tampoco la ejecución de las obras (ver informe rendido por el ministro y el director de Infraestructura y la prueba aportada). En el año 2020, se gestionó el presupuesto de ₡16.250.995,95 para obras de mantenimiento, incluyendo mejoras en infraestructura sanitaria, techos, pintura y sistema eléctrico, pero parte de esos fondos no fue ejecutada por trámites administrativos pendientes en la Dirección de Infraestructura Educativa y cambios en la asignación presupuestaria (ver informe rendido por la directora del Centro Educativo y prueba aportada). En el año 2022, la Dirección de Infraestructura Educativa solicitó formalmente el cambio de destino de ₡24.727.837,17 para atender el proyecto de demolición y construcción de muro de retención, como parte de las acciones para cumplir con la orden sanitaria, lo cual se realizó por la alta peligrosidad del muro (ver informe rendido por la Directora del Centro Educativo y prueba aportada). Algunas labores a lo interno del centro educativo, se ejecutaron para adaptar en la medida de lo posible, el espacio para los niños que presenten alguna discapacidad, tales como la señalización y demarcación del área del parqueo institucional; la rampa de accesibilidad en la entrada principal, las barras de agarre en el sanitario existente y la compra de una loza sanitaria para que sea instalada con las dimensiones adecuadas al amparado y demás alumnos en condiciones similares (ver informe rendido por la Directora del Centro Educativo y prueba aportada).

III.- SOBRE EL FONDO. En este caso, se acreditó que, desde el 23 de mayo de 2019 el Área Rectora de Salud de Grecia, del Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019, donde se determinaron una serie de importantes deficiencias en el centro educativo Julio Peña Morúa. Adicionalmente, según lo informado bajo juramento, en el año 2020 se realizaron obras de mantenimiento parciales, para cumplir con lo ordenado por el Ministerio de Salud, pero por trámites administrativos pendientes no se completaron la totalidad de las obras.

En el mismo sentido, para dar cumplimiento a esa orden, el ministro y el director de Infraestructura Educativa han señalado que con los recursos asignados actualmente a la Junta de Educación que, alcanzan el monto de ₡3 136.613,01 (tres millones ciento treinta y seis mil seiscientos trece colones con 01/100), no se puede cubrir el monto de los honorarios profesionales, ni la ejecución de las obras. Argumentan también que, se encuentran actualizando el informe de diagnóstico de necesidades de espacios físicos y estimación preliminar de costos, por lo que al tenerlo definido, se hará la solicitud de recursos para contratación de servicios profesionales, lo que estiman durará alrededor de cuatro semanas. Así mismo narran que, al obtener los recursos financieros se procede con la autorización técnica de contratación, lo que podría demorar un plazo de ocho semanas y de similar manera, narran las gestiones posteriores siguientes que deben materializarse para dar cumplimiento total a la orden sanitaria emitida.

Constan algunas labores a lo interno del centro educativo que, se ejecutaron para adaptar en la medida de lo posible, el espacio para los niños que presenten alguna discapacidad, tales como la señalización y demarcación del área del parqueo institucional; la rampa de accesibilidad en la entrada principal, las barras de agarre en el sanitario existente y la compra de una loza sanitaria para que sea instalada con las dimensiones adecuadas al amparado y demás alumnos en condiciones similares.

Así, bajo juramento se informó que el estudiante asiste al centro educativo, pero por las condiciones ya explicadas, no le es posible acceder a los servicios sanitarios durante la jornada lectiva, lo cual no es de recibo para esta Sala, por el trato al que se está sometiendo el amparado, quien está siendo impedido de poder usar los sanitarios por la nula capacidad de planificación en el cumplimiento de una orden sanitaria emitida desde el año 2019 y que se sigue prolongando en la actualidad. Adicionalmente, por los serios problemas de infraestructura que la misma orden sanitaria dictada determina desde hace más de seis años y, para este momento, el resto de la población estudiantil, así como el personal que labora en la institución y los padres y encargados que frecuentan el centro educativo se encuentran sometidos a un peligro latente que afecta la seguridad de todos, situación que resulta inaceptable para este Tribunal Constitucional y que provoca el rotundo rechazo de quienes suscriben esta sentencia.

A partir de estas consideraciones, la Sala se decanta por acoger el amparo. Debe recordarse que el derecho a la educación implica también que las lecciones sean impartidas en condiciones apropiadas para todos los menores de edad, disminuyendo los riesgos y peligros que puedan darse en la infraestructura educativa a la que asisten, y procurando que todos los estudiantes cuenten con todos los insumos educativos necesarios para poder desarrollar adecuadamente sus habilidades. Además, los docentes también tienen el derecho de poder trabajar en condiciones saludables dentro de su entorno laboral, pues así se garantiza también que los alumnos recibirán una educación integral y completa que satisfaga sus necesidades.

En consecuencia, al encontrar este Tribunal Constitucional que el Ministerio de Educación Pública, ha incurrido en actuaciones que vulneran los derechos fundamentales de los estudiantes y personal docente que imparte lecciones en la Escuela Julio Peña Morúa, el recurso debe ser declarado con lugar, según las consideraciones que se expondrán en la parte dispositiva de esta sentencia.

IV.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que en la escuela Julio Peña Morúa no existen servicios sanitarios para niños con discapacidad motora y además diversas situaciones de infraestructura que ponen de manifiesto que no reúne las condiciones mínimas para funcionar.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se le ordena a José Leonardo Sánchez Hernández, en su condición de Ministro y a Carlos Villalobos Argüello, en su calidad de Sub Director de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública, así como a Roxana Vargas Bolaños, en su condición de Directora del Centro Educativo Julio Peña Morúa, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, dentro del plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se dé cabal cumplimiento a la orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSG-OS-087-2019 del 23 de mayo de 2019. Además, mientras se realizan las obras necesarias, deberán velar por que los estudiantes y personal docente de la Escuela Julio Peña Morúa reciban clases y laboren con normalidad en forma segura. Además, se ordena a las autoridades que DE INMEDIATO deberán acoger una medida provisional para que al menos un servicio sanitario pueda ser utilizado por el amparado [Nombre 002] y cualquier otra persona que cuente con alguna discapacidad, la cual mantendrán vigente durante todo el lapso que duren los arreglos necesarios. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota.- Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alexandra Alvarado P.

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