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Res. 26486-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/08/2025
OutcomeResultado
The amparo was granted, ordering the Municipality of Vásquez de Coronado to definitively solve the sidewalk problem within twelve months.Se declaró con lugar el amparo, ordenando a la Municipalidad de Vásquez de Coronado solucionar definitivamente la problemática de aceras en un plazo de doce meses.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo action against the Municipality of Vásquez de Coronado due to serious delay in addressing poor conditions and lack of sidewalks in three areas of the canton, despite complaints filed in 2011 and 2022. Although the municipality demonstrated having carried out studies, property owner notifications, and some administrative steps, the Chamber found that more than thirteen years since the first complaint and over three since the later ones without an effective solution violated the fundamental rights of pedestrians. The ruling rests on municipal duties to ensure pedestrian safety and the right to a prompt and complete administrative procedure. As an exception to its jurisprudence that normally remits such matters to the administrative court, the Chamber heard the case due to the risk to life and physical integrity. It ordered municipal authorities to coordinate all necessary actions to definitively solve the sidewalk problem within twelve months, with an award of costs and damages. Justice Garro Vargas partially dissented on the enforcement phase, referring it to the Administrative Court.La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo contra la Municipalidad de Vásquez de Coronado por la grave demora en resolver el mal estado y la ausencia de aceras en tres sectores del cantón, a pesar de denuncias presentadas desde 2011 y 2022. Aunque el municipio demostró haber realizado estudios, notificaciones a propietarios y algunas gestiones administrativas, la Sala considera que el transcurso de más de trece años desde la primera denuncia y más de tres desde las posteriores, sin una solución efectiva, constituye una violación a los derechos fundamentales de los peatones. Se funda en los deberes municipales de garantizar la seguridad peatonal y el derecho a un procedimiento pronto y cumplido. Como excepción a su línea jurisprudencial que remite estos asuntos a la jurisdicción contencioso-administrativa, la Sala conoce el fondo por el riesgo a la vida e integridad física de los vecinos. Ordena a las autoridades municipales coordinar todas las actuaciones necesarias para solucionar definitivamente la problemática de aceras en un plazo de doce meses, con condena en costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas emite un voto salvado parcial sobre la fase de ejecución, que remite al Tribunal Contencioso Administrativo.
Key excerptExtracto clave
From the foregoing factual account, it is deduced that the municipality has indeed taken concrete actions to address and solve the reported sidewalk problem, both from a canton resident and the appellant here, but the truth is that it has not yet been resolved. There is no doubt that this is a complex situation involving the eminent participation of many residents, since it concerns three areas of the canton with the same problem; however, the respondents must bear in mind that more than thirteen years have passed since the first complaint and more than three years since the last two complaints, without the matter being solved and with no indication of when it will be possible. There is no evidence of a certain date within a reasonable period for execution and, above all, for the completion of actions that would allow the issue to be addressed. Under this state of affairs, this Court observes that the respondent municipality, despite having known about the complained situation for such a long time, has not effectively carried out all the necessary work so that the sidewalks can be used. In this way, a flagrant violation of the fundamental rights of the appellant, as well as the rest of the residents of the affected areas, who cannot properly walk on the sidewalks of their communities, is established. IV.- On municipal obligations regarding pedestrian safety. Pedestrian safety is also a matter of local interest that municipalities cannot ignore, and they must therefore act — within their respective areas of competence — to guarantee safe passage for their residents, particularly minors and older adults. This includes the duty of municipalities to use the mechanisms that the legal system itself provides to compel property owners or possessors to fulfill their obligation to build and maintain sidewalks in front of their properties, so as to ensure that pedestrians are not exposed to imminent danger by having to move through spaces where their lives or health are at risk.Del anterior cuatro fáctico, se colige que, en efecto, la municipalidad sí ha efectuado acciones concretas para atender y solucionar la problemática de aceras acusada, tanto por una vecina del cantón, como el aquí recurrente, pero es lo cierto es que todavía no ha sido resuelta. No se duda que se trata de una situación compleja con la eminente participación de muchos munícipes, pues se trata de tres sectores del cantón con la misma problemática; no obstante, deben tener presente los recurridos que han transcurrido más de trece años en cuanto a la primera denuncia y más de tres años respecto a las dos últimas quejas, sin que todavía se solucione lo planteado y se desconoce cuándo será posible. No se denota la existencia de una fecha cierta dentro de un plazo razonable para la ejecución y sobre todo la culminación de las acciones que permitan atender lo planteado. Bajo tal estado de cosas, este Tribunal observa que la municipalidad recurrida, pese a conocer de la situación reclamada desde hace tanto tiempo, no ha ejecutado efectivamente todas aquellas labores que se requieren para que las aceras puedan ser transitables. De este modo, se acredita la violación flagrante a los derechos fundamentales del recurrente, así como del resto de vecinos de las zonas afectadas, quienes no pueden transitar adecuadamente por las aceras de sus comunidades. IV.- Sobre las obligaciones municipales en materia de seguridad peatonal. La seguridad peatonal también es un asunto de interés local que las municipalidades no pueden soslayar, por lo que estas deben actuar -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia- para garantizar a los munícipes un tránsito seguro; en particular, a los menores y a los adultos mayores (véanse al respecto las sentencias No, 2006-011263 de las 09:29 horas del 1 de agosto del 2006 y No. 2011-012261 de las 11:02 horas del 09 de setiembre de 2011). Ello incluye el deber de las municipalidades de utilizar los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico les otorga para hacer cumplir a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles su obligación de construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento, para así poder asegurar a los peatones que no se vean expuestos a un inminente peligro al tener que movilizarse por espacios en donde se ponga en riesgo su vida o su salud (véase, en este sentido, la sentencia No. 2007-005051 de las 15:27 horas del 13 de abril de 2007, reiterada en la sentencia No. 2025-002093 de las 09:15 horas del 24 de enero de 2025).
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"La seguridad peatonal también es un asunto de interés local que las municipalidades no pueden soslayar, por lo que estas deben actuar -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia- para garantizar a los munícipes un tránsito seguro; en particular, a los menores y a los adultos mayores."
"Pedestrian safety is also a matter of local interest that municipalities cannot ignore, and they must therefore act — within their respective areas of competence — to guarantee safe passage for their residents, particularly minors and older adults."
Considerando IV
"La seguridad peatonal también es un asunto de interés local que las municipalidades no pueden soslayar, por lo que estas deben actuar -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia- para garantizar a los munícipes un tránsito seguro; en particular, a los menores y a los adultos mayores."
Considerando IV
"...han transcurrido más de trece años en cuanto a la primera denuncia y más de tres años respecto a las dos últimas quejas, sin que todavía se solucione lo planteado y se desconoce cuándo será posible."
"...more than thirteen years have passed since the first complaint and more than three years since the last two complaints, without the matter being solved and with no indication of when it will be possible."
Considerando V
"...han transcurrido más de trece años en cuanto a la primera denuncia y más de tres años respecto a las dos últimas quejas, sin que todavía se solucione lo planteado y se desconoce cuándo será posible."
Considerando V
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena... coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que la problemática de aceras denunciadas en este asunto sean solventadas de manera definitiva dentro del plazo de doce meses..."
"The appeal is granted. It is ordered... to coordinate and arrange all actions within their scope of competence, so that the sidewalk problems reported in this case are definitively solved within twelve months..."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena... coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que la problemática de aceras denunciadas en este asunto sean solventadas de manera definitiva dentro del plazo de doce meses..."
Por tanto
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**Constitutional Chamber** **Resolution No. 26486 - 2025** **Resolution Date:** August 22, 2025, at 09:15 **Case File (Expediente):** 25-013119-0007-CO **Drafted by:** Fernando Castillo Víquez **Type of Matter:** Amparo Appeal (Recurso de amparo) **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) **Judgment with Dissenting Vote (Voto Salvado)** **Judgment with Separate Note (nota separada)** **Relevance Indicators** **Relevant Judgment** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Content of Interest:** **Strategic Themes:** Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights **Type of Content:** Majority Vote (Voto de mayoría) **Branch of Law:** 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE **Topic:** MUNICIPALITY (MUNICIPALIDAD) **Subtopics:** SIDEWALKS (ACERAS). INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
026486-25. MUNICIPALITY. POOR CONDITION OF A SIDEWALK THAT THREATENS THE SAFETY OF PEDESTRIANS. RESIDENTS OF THE JESÚS NEIGHBORHOOD (URBANIZACION JESÚS), LOCATED IN THE DISTRICT OF PATALILLO IN CORONADO, ALLEGE THE POOR CONDITION OF THE SIDEWALKS IN THE NEIGHBORHOOD AND THE MUNICIPALITY'S INACTIVITY IN FIXING THE PROBLEM. THE APPEAL IS GRANTED. THE MUNICIPALITY OF VÁSQUEZ DE CORONADO IS ORDERED TO COORDINATE AND ARRANGE ALL ACTIONS WITHIN ITS SCOPE OF COMPETENCE, SO THAT THE SIDEWALK PROBLEMS REPORTED IN THIS MATTER ARE DEFINITIVELY RESOLVED WITHIN A PERIOD OF TWELVE MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT. VCG09/2025 “(…) V.- Regarding the specific case. The appellant comes before this Chamber and indicates that a female resident filed two complaints and that he filed another before the Municipality of Vásquez de Coronado, requesting the repair and construction of sidewalks (aceras) in three different sectors of the canton.
The above is accepted by the respondent authorities of the aforementioned municipal government (ayuntamiento), although they reject the alleged lack of attention to such complaints as being unfounded, since: • The indicated sectors have been technically identified and administrative procedures have been processed in accordance with the law. • The construction obligations legally fall on the owners of adjoining properties. • In no case has an arbitrary omission been configured, but rather a progressive, reasoned management subject to technical and budgetary regulations.
In this regard, this Chamber verifies that, indeed, such complaints are being addressed by the defendant municipal council (cabildo), as explained in detail below:
• Analysis of two construction alternatives, the first for ₡12,000,000 (by the contractor Ferlini, who included a concrete block retaining wall, and whose contract was rescinded due to abandonment of the work), and a second for ₡37,000,000 carried out by the company Presbere S.A., which proposes a gabion wall as a more durable technical solution. However, technically, the construction of a rigid element such as a sidewalk on a flexible gabion wall is not technically viable.
• New design assessments are currently being carried out to select the most appropriate option from a technical, economic, and legal standpoint.
• At the site, it has been identified that the deterioration of the sidewalk is related to earthworks (movimientos de tierra) carried out by private individuals on the adjoining slope. For this reason, notifications are being issued to the responsible owners, urging them to undertake the construction of the sidewalk, as established in the Municipal Code (Código Municipal) and Law 9976.
• In parallel, the respective purchase order request is being processed, so that, if the notified owners do not comply with the warning, the Municipality will carry out the work on its own account and proceed with the corresponding charge, also applying the sanctions established for the omission of their duties.
• The sidewalk has not presented deformations or additional damage beyond what was reported in the last year.
• Several properties were identified in the surroundings of the educational center that lack the proper pedestrian infrastructure, specifically sidewalks, in contravention of the provisions of the current legal system.
• Consequently, the respective formal notifications were issued to the owners of said properties, requiring them to fulfill their legal duty to build and maintain sidewalks in optimal conditions for the safe transit of pedestrians.
• As part of the administrative procedure, socioeconomic studies were requested for the owners of two of the notified properties. The results of said studies, issued through official letters (oficios) TS-100-0019-2020 and TS-242-047-2021, conclude that the owners in question lack sufficient economic resources to undertake the construction of the sidewalk, which has been duly assessed by this Administration.
• By virtue of the foregoing, the municipality has arranged to carry out the pertinent administrative procedures to undertake the construction of the respective sidewalks.
• The intervention has been included within the list of works to be executed by the Technical Unit, and that, once the corresponding resources have been managed and assigned, the prioritization order will be issued within the projects handled by this unit, in order to resolve the problem indicated in the citizen complaint and guarantee adequate conditions of pedestrian accessibility (accesibilidad) and safety in the area.
• The case has been referred to the Mayor's Office (Despacho de la Alcaldía) for technical and legal assessment, in order to determine its feasibility of incorporation into municipal intervention plans, under the criteria of necessity, urgency, and budgetary availability, in adherence to the current legal framework.
• The Department of Environmental Sanitation, through official letter SA-253-623-2022, forwarded the corresponding request to the Department of Public Services, in order to manage the cleaning of the sector in question.
• For its part, the Technical Unit of Road Management proceeded with the management of the replacement of stolen grates. Regarding the storm drains, their functioning as sumps was determined, in response to the systematic theft of metal covers.
• Notifications were issued to the owners of properties that are in breach of their legal duty to build and maintain sidewalks, as established by the current legal system. • One of the owners partially complied with the notification, carrying out cleaning work. However, through official letter UT-206-202-2025, it was verified that, although a concrete sidewalk exists, it has an approximate width of one meter (1.00 m), which is less than the minimum required by current regulations.
• In relation to the above, it is recorded that the owner, in response to the issued notification, filed a revocation appeal with a subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio), which is currently under analysis and pending resolution. However, said owner has undertaken cleaning actions, which has improved pedestrian transit conditions in the sector.
• Regarding the other notified properties, and in light of non-compliance with the first procedure, the due administrative process continues, issuing subsequent notifications in accordance with the current legal framework. Once said procedure is completed, the Administration would have and would proceed with the authority to directly execute the construction of the sidewalks in the corresponding sections, as well as to proceed with the collection of the costs incurred, including applicable fines and sanctions.
From the preceding factual background, it follows that, indeed, the municipality has undertaken concrete actions to address and resolve the alleged sidewalk problem, both by a resident of the canton and by the appellant here, but the truth is that it has not yet been resolved. There is no doubt that it is a complex situation with the prominent participation of many residents (munícipes), as it involves three sectors of the canton with the same problem; however, the respondents must bear in mind that more than thirteen years have elapsed regarding the first complaint and more than three years regarding the last two complaints, without the matter raised being resolved yet, and it is unknown when it will be possible. The existence of a certain date within a reasonable period for the execution and, above all, the completion of the actions that would allow the matter raised to be addressed is not evident. Under this state of affairs, this Court observes that the respondent municipality, despite being aware of the situation complained of for so long, has not effectively executed all those tasks required so that the sidewalks can be passable. Thus, a flagrant violation of the fundamental rights of the appellant, as well as of the rest of the residents of the affected areas, who cannot adequately transit along the sidewalks of their communities, is accredited. From this perspective, the amparo (amparo) deserves to be granted, ordering the respondent party to execute the repair or construction works of the sidewalks of interest, within the period indicated in the operative part of this judgment.
VI.- Conclusion. Under this set of circumstances, it is necessary to grant the appeal, with the consequences specified in the operative part (…)” ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Majority Vote **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 041- Effective Judicial Protection. Prompt and Complete Justice **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION “(…) I.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the case —due to the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure— it must be explained that, dating from ruling (voto) No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has considered that those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative appeals, must be remitted to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions. In the case at hand (sub lite), an exception case is raised: the Administration's alleged delay in attending to complaints regarding the condition and non-existence of sidewalks that compromises the safety, life, and personal integrity (integridad) of the residents of the affected localities. I clarify this point; the amparo appeal is resolved. (…)” VCG09/2025 ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Majority Vote **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 169- Municipal Government **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
ARTICLE 169 OF THE POLITICAL CONSTITUTION “(…) IV.- Regarding municipal obligations in matters of pedestrian safety. Pedestrian safety is also a matter of local interest that municipalities cannot ignore, and therefore they must act -within their respective spheres of competence- to guarantee safe transit to the residents; in particular, to minors and older adults (see in this regard judgments No. 2006-011263 of 09:29 a.m. on August 1, 2006, and No. 2011-012261 of 11:02 a.m. on September 9, 2011). This includes the duty of municipalities to use the mechanisms that the legal system itself grants them to enforce upon owners or possessors of real estate their obligation to build the sidewalks in front of their properties and maintain them, in order to ensure that pedestrians are not exposed to imminent danger by having to move through spaces where their life or health is at risk (see, in this sense, judgment No. 2007-005051 of 3:27 p.m. on April 13, 2007, reiterated in judgment No. 2025-002093 of 9:15 a.m. on January 24, 2025). (…)” VCG09/2025 ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Separate Note (Nota separada) **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 041- Effective Judicial Protection. Prompt and Complete Justice **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
VII.- NOTE OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ.
I have supported this Court's thesis that when a party to the proceedings alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court should modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as cases of exception, which can properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo guarantee, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
On the other hand, there are those who consider that those claims filed by the inhabitants of the Republic for the lack of sidewalks, pedestrian bridges (puentes peatonales), and pedestrian walkways should not be subject to this jurisdiction. However, there are sufficient reasons for this jurisdiction to grant protection (amparar) to this type of controversy. Traffic accidents, when there are injuries or deaths, are a global problem. Indeed, one of the leading causes of death worldwide is traffic accidents —more than 1,200,000 victims, and among the child and youth population, it is the leading cause of death—. Now, pedestrians are the most frequent victims in urban areas. Given the magnitude of the problem, the United Nations Organization dedicated two world weeks to road safety in 2013, to pedestrian safety, and designated that year especially for the promotion of pedestrian safety worldwide. As is well known, the pedestrian —a person who travels on foot on a public road— is the most vulnerable and fragile link in the traffic system, since in a collision between them and a vehicle, lacking bodily protection, they suffer the greatest damage and, therefore, endanger their life and physical integrity. Note that according to global statistics, pedestrians constitute a quarter of traffic deaths. It is estimated that in underdeveloped and developing countries, the majority of victims are pedestrians. In our country, we find the following data:
Number of deaths at the scene in accidents per year, by user type.
| Type of User | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorcyclist | 170 | 177 | 186 | 113 | 155 |
| Motorcycle Passenger | 29 | 29 | 27 | 11 | 11 |
| Pedestrian | 95 | 58 | 64 | 53 | 60 |
| Car Driver | 95 | 123 | 100 | 59 | 84 |
| Car Passenger | 63 | 47 | 37 | 37 | 35 |
| Cyclist | 36 | 37 | 34 | 38 | 25 |
| Other | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hence the need for national and local governments to develop public policies aimed at their protection, as well as to enforce the obligations and duties that the legal system demands for their protection. Among such duties are those enshrined in numeral 75 of the Municipal Code, since the separation of pedestrians from the rest of the traffic by sidewalks, pedestrian bridges, and pedestrian walkways, in addition to other measures, constitutes an adequate approach to minimize risks and, therefore, effectively guarantee the life and physical integrity of pedestrians. The issue is so relevant from the perspective of pedestrian safety that the European Parliament, since 1988, adopted the Charter of Pedestrians' Rights—which logically has no binding effect for the State of Costa Rica—, within which is included the right to have specific measures adopted—in our case by local governments and national authorities—so that they can stand on the sidewalks—and I add—transit with due safety on them, for which their existence is necessary. For these reasons, the majority thesis of this Court to grant protection to these matters not only has enormous significance from the perspective of fundamental rights but also responds to a social need of the greatest magnitude, which even has repercussions on a global scale.
VCG09/2025 ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Separate Note **Branch of Law:** 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE **Topic:** MUNICIPALITY **Subtopics:** INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
VIII.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the case, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as happens in this case, where the appellant claims that they have denounced, before the Municipality of Vásquez de Coronado, the poor condition of the sidewalks in the canton, which places the safety of pedestrians at risk, but that it allegedly has not been addressed within a reasonable time.
VCG09/2025 ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Dissenting Vote (Voto salvado) **Branch of Law:** 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 056- Execution of Judgments **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
IX.- Partial dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the order in the operative part of this judgment. While I concur with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves technical aspects of great complexity, as is the case here, to definitively resolve within a period of twelve months, counted from the notification of this judgment, the problem denounced in the case file (autos), related to the sidewalks in three sectors of the canton of Vásquez de Coronado. Instead, what is provided by the Contentious-Administrative Procedural Code regarding execution (article 155 et seq.) has evident advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the execution phase should be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the rules of execution of judgment of said Code.
VCG09/2025 ... See more **Text of the resolution** Res. Nº 2025026486 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on August twenty-second, two thousand twenty-five.
Amparo appeal processed in case file number 25-013119-0007-CO, filed by [Name 001], of legal age, identity card [Value 001], in their capacity as municipal council member (regidor municipal), on behalf of the students of the Hernán Zamora Elizondo High School, the residents of the Jesús neighborhood (urbanización Jesús), and the users of the San Martín neighborhood farmer's market, against the Municipality of Vásquez de Coronado.
Whereas:
1.- In a written submission received at the Office of the Chamber at 00:50 hours on May 12, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Vásquez de Coronado and states that on August 31, 2011, the resident of the Jesús Neighborhood located in the district of Patalillo, Sonia Brenes Mejías, denounced before the respondent local government the poor condition of a sidewalk in said neighborhood that has cracks and sinking that puts the safety of pedestrians at risk (see evidence provided). The procedure was processed under case files No. UTGV-029-2014 and No. UTGV-003-2023 before the institutional Services Comptrollership. They allege that, as of the date of filing the appeal, the denounced situation had not been addressed, even though, on April 3, 2025, they consulted the director of the UTGV on the status of the case, and the director informed them about a new quote and technical reassessment. Subsequently, on February 9, 2022, the same resident requested the municipal authorities to construct sidewalks between the Dulce Nombre bus terminal and the Hernán Zamora High School, as well as the installation of accessible pedestrian walkways in accordance with Law No. 7600 on a vehicle bridge (see evidence provided). This procedure was registered in case file No. UTGV012-2022 of the Services Comptrollership. They argue that, although owners of properties without sidewalks were notified, as of the date of filing the appeal, no work has begun, nor has a response been given to a procedure sent by them on October 21, 2024. Finally, on August 16, 2022, through official letter No. JGL-PUSC-17-2022, they requested the respondent mayor's office (alcaldía) to address Calle 146, in the district of San Isidro, due to the absence of sidewalks, cleaning, and fencing of properties near Yire Medical, an area where the San Martín Neighborhood farmer's market is also held (see evidence provided). They complain that, although the owners were notified through official letter No. UT-206-126-2025, as of the date of filing the appeal, the situation persists without any municipal intervention. They consider that the foregoing violates the fundamental rights of the protected parties (amparados). They request that the appeal be granted, with the consequences established by law.
2.- Through a resolution at 22:34 hours on May 16, 2025, the Presidency of the Chamber admitted this amparo and requested a report from the Mayor, the Services Comptroller, the Head of Environmental Sanitation, and the Director of the Technical Unit of Road Management, all of the Municipality of Vásquez de Coronado, regarding the facts alleged by the appellant.
3.- The following persons report under oath: Yamilet Quesada Zúñiga, Steven Josué Mena Alvarado, Andrea León Muñoz, and Gilbert Bernardo Benítez Rodríguez, respectively, in their capacity as Mayor, Director of the Technical Unit of Road Management, Services Comptroller, and Head of Environmental Sanitation and Municipal Inspection, all of the Municipality of Vásquez de Coronado (submission received at 17:25 hours on June 12, 2025), in the following terms:
"I.- FACTS (HECHOS) Before referring to the factual platform noted by the plaintiff, it is important to mention that this Municipality will refer only to those circumstances that fall within its sphere of competence, given that it is subject to the Block of Legality.
On the other hand, it must be noted that the drafting of this amparo mixes facts with discursive material typical of the appellant's procedural strategy; therefore, an attempt will be made to render the report as precise and objective as possible.
First: The appellant alleges a supposed violation of their fundamental rights, due to an apparent municipal omission in the construction of sidewalks in the sectors known as Urbanización Jesús, Cipreses Nuevos, and the Hernán Zamora High School. This Municipality rejects such assertions as being unfounded, since:
• The indicated sectors have been technically identified and administrative procedures have been processed in accordance with the law.
• The construction obligations legally fall on the owners of adjoining properties.
• In no case has an arbitrary omission been configured, but rather a progressive, reasoned management subject to technical and budgetary regulations.
Second: In accordance with articles 83, 83 bis, and 84 of the Code, it is the responsibility of the property owners to construct, conserve, and repair the sidewalks in front of their lands. In the same sense, article 6 of Law No. 9976 (Pedestrian Mobility Law), in harmony with article 49 of the National Construction Regulations (Decreto Ejecutivo No. 42784-MIVAH), establishes that:
"Owners are responsible for maintaining the sidewalks in front of their properties in good condition, and must build them when they do not exist." However, the subsidiary power of the municipality applies only in cases of repeated non-compliance by the owner; the municipality may intervene subsidiarily, upon prior notification, and recover the cost of the works through administrative or judicial collection.
On the other hand, and no less important, the action is applied in accordance with the principle of legality and reasonableness, safeguarded in article 11 of the Political Constitution and article 6 of the LGAP, which impose on all public administration the duty to act in accordance with this principle.
Third: Regarding the procedures carried out by the Municipality:
3.1.- Urbanización Jesús UTGV-003-2023 Regarding the case presented in the Urbanización Jesús, multiple technical and administrative procedures have been carried out, among them:
• Analysis of two construction alternatives, the first for ₡12,000,000 (by the contractor Ferlini, who included a concrete block retaining wall, and whose contract was rescinded due to abandonment of the work), and a second for ₡37,000,000 carried out by the company Presbere S.A., which proposes a gabion wall as a more durable technical solution.
However, technically, the construction of a rigid element such as a sidewalk on a flexible gabion wall is not technically viable.
• New design assessments are currently being carried out to select the most suitable option from a technical, economic, and legal standpoint.
• On-site, it has been identified that the deterioration of the sidewalk is related to earthworks (movimientos de tierra) carried out by private individuals on the adjacent slope. For this reason, notifications are being issued to the responsible property owners, urging them to undertake the construction of the sidewalk, as established in the Código Municipal and Ley 9976.
• In parallel, the respective purchase order request is being processed so that, should the notified property owners fail to heed the warning, the Municipality will carry out the work on its own and proceed with the corresponding collection, also applying the sanctions established for the omission of their duties.
• It is important to note that the sidewalk does not present deformations or damage additional to those reported in the last year.
3.2.- Liceo Hernán Zamora – UTGV-012-2022 In response to the request made by Mrs. Karla Sandí Molina, it is reported that this Administration has followed up on it through concrete actions, which are duly documented in official letters SA-253-0657-2022 and UT-206-095-2022.
Within the framework of said proceedings, the following has been carried out:
• Several properties were identified in the surroundings of the Liceo Hernán Zamora that lack the proper pedestrian infrastructure, specifically sidewalks, in contravention of the provisions of the current legal system.
• Consequently, the respective formal notifications were issued to the owners of said properties, as established in the Código Municipal and other applicable supplementary regulations, requiring them to comply with their legal duty to construct and maintain sidewalks in optimal conditions for the safe transit of pedestrians.
• As part of the administrative procedure, and in order to respect the principle of equity and guarantee social justice, socioeconomic studies were requested for the owners of two of the notified properties. The results of these studies, issued through official letters TS-100-0019-2020 and TS-242-047-2021, conclude that the owners in question lack sufficient economic resources to undertake the construction of the sidewalk, which has been duly assessed by this Administration.
• By virtue of the foregoing, and in compliance with the principles of universal accessibility and solidarity, the Municipality has ordered the pertinent administrative steps to be taken to undertake the construction of the respective sidewalks, in accordance with the provisions of the Reglamento de Movilidad Peatonal of the canton of Vázquez de Coronado, Ley 7600, and other concordant regulations.
• Likewise, it is placed on record that the intervention has been included in the list of works to be executed by this Technical Unit, and that, once the corresponding resources have been processed and allocated, the prioritization order will be issued within the projects managed by this department, in order to resolve the issue pointed out in the citizen complaint and guarantee adequate conditions of accessibility and pedestrian safety in the area.
• Finally, the case has been referred to the Mayor's Office for technical and legal assessment, in order to determine its feasibility of incorporation into municipal intervention plans, under the criteria of necessity, urgency, and budget availability, in adherence to the current legal framework.
3.3.- Sector Cipreses Nuevos – UT-206-126-2025 Regarding the complaint filed by citizens concerning the absence of sidewalks, the need for property cleaning, and the placement of covers on the storm drains (tragantes) located on Calle 146, near Yire Medical, the following is set forth:
• The Department of Environmental Health (Departamento de Saneamiento Ambiental), through official letter SA-253-623-2022, forwarded the corresponding request to the Department of Public Services, for the purpose of managing the cleaning of the sector in question.
• For its part, the Technical Unit for Road Management (Unidad Técnica de Gestión Vial, UTGV) proceeded with the replacement of stolen grates. Regarding the storm drains, their function as sumps (sumideros) was determined, in response to the systematic theft of metal covers. This measure aims to guarantee the safety of pedestrians and vehicles traveling through the site.
• Likewise, notifications were issued to the owners of the properties that are in breach of their legal duty to construct and maintain sidewalks, as established by the current legal system.
• One of the property owners partially complied with the notification, carrying out cleaning work. However, through official letter UT-206-202-2025, it was verified that, although a concrete sidewalk exists, it has an approximate width of one meter (1.00 m), which is less than the minimum required by current regulations.
• In relation to the above, it is placed on record that the property owner, in response to the notification issued, filed a motion to revoke with alternative appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio), which is currently under analysis and pending resolution. Nevertheless, said property owner has undertaken cleaning actions, which has improved pedestrian transit conditions in the sector.
• With respect to the other notified properties, and given the failure to comply with the first action, the due administrative process continues, with subsequent notifications being issued in accordance with the current legal framework.
TECHNICAL ANNEX – SUPPORT OF ACTIONS
| Date | Sector Intervened | Description of Action |
|---|---|---|
| 03/07/2023 | Urbanización Jesús | Start of technical assessment; contractor abandons proposal with gabion wall. |
| 17/08/2023 | Urbanización Jesús | Warning (Prevención) to property owners for voluntary execution of sidewalk. |
| 10/01/2024 | Liceo Hernán Zamora | Identification of lots without sidewalk; socioeconomic study of adjacent owners. |
| 25/01/2024 | Liceo Hernán Zamora | Partial incorporation into the subsidiary execution program due to vulnerability. |
| 14/02/2025 | Cipreses Nuevos | Placement of storm drain covers and cleaning of the sector. |
| 03/03/2025 | Cipreses Nuevos | Warning (Prevención) to property owners for deficient construction (sidewalk less than 1.20 m). |
Once said procedure is concluded, this Administration would have the authority and would proceed with the power to directly execute the construction of the sidewalks in the corresponding sections, as well as to proceed with the collection of the costs incurred, including applicable fines and sanctions, all in accordance with the provisions of the Reglamento de Movilidad Peatonal of the canton of Vázquez de Coronado and other concordant legal provisions.
The Municipality of Vázquez de Coronado reiterates its commitment to road safety, pedestrian accessibility, and compliance with the legal framework. The actions described in the preceding points demonstrate that the cases have been addressed with due diligence.
The Constitutional Chamber has repeatedly held that the municipal duty to guarantee accessibility cannot be interpreted as an absolute and immediate obligation to construct all sidewalks, but must be carried out based on technical assessment, budget priority, and progressive and reasoned action.
In ruling N.º 2012-10029, the Chamber indicated that:
“...it cannot be claimed that, by the mere fact of there being a section without a sidewalk, a violation of fundamental rights is configured, if there is no absolute passivity, indifference, or express refusal by the municipality to address the situation.” Similarly, in ruling N.º 2015-4086, it is reaffirmed that:
“...the execution of urban infrastructure works must be subject to road plans, the prioritization of needs, and budget availability.” II.- EVIDENCE • That provided by the plaintiff III.- PRAYER FOR RELIEF In accordance with all of the foregoing, this Municipality has acted within the framework of legality and reasonableness constitutionally required, managing in accordance with the legally attributed duties and in a progressive and technical manner. No omission has been incurred, nor has the fundamental right of the appellant been harmed.
Due to the foregoing, I request that this amparo appeal be DECLARED WITHOUT MERIT, based on the arguments set forth above and the evidence provided, where no violation of the fundamental rights of Mr. [Name 001] attributable to this Municipality is evident.
The facts described by the appellant do not demonstrate institutional inaction, but rather technical and administrative processes in progress that include viability analyses, procurement, inspections, notifications, and follow-up in accordance with current regulations; therefore, it would not be appropriate to condemn us for an act that has already been executed; on this particular matter, we will refer to Ruling N.º 2021009219 of nine hours five minutes on May seventh, two thousand twenty-one, where your respectable authority, on the subject of costs, damages, and losses, referred to it in the following manner:
“V.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if these are applicable"), the granting must be without special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the appeal is granted when, during the course of the amparo, the grievance is resolved, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is dictated 'solely for the purposes of compensation and costs, if these are applicable.' It is emphasized that the Law states 'if these are applicable,' which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an evaluation, appreciation, or weighting by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in article 51 of the same Law of the Constitutional Jurisdiction, when it provides that: 'any resolution that upholds the appeal shall condemn in abstracto to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence,' where the possibility of evaluating whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Law of Public Administration and the Code of Contentious Administrative Procedure and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Law of the Constitutional Jurisdiction - cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Code of Contentious Administrative Procedure, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub-lite preserves the possibility of resorting, if they so choose, to a plenary proceeding in order to prove that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without award of costs, damages, and losses.” (Emphasis added) Taking into consideration the aforementioned Ruling, the undersigned request that the present appeal be declared without merit and therefore resolved without special award of costs, damages, and losses, given that the conduct described by the plaintiff, which served as the basis for filing the present appeal, was resolved in accordance with the law.” 4.- The legal requirements have been observed in the proceedings that were followed.
Prepared by Judge Castillo Víquez; and,
Considering:
I.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the case —for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure— it must be explained that, based on ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has deemed that matters must be referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those cases in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative remedies. In the sub lite, an exceptional case is posited: the Administration's alleged delay in addressing complaints about the condition and nonexistence of sidewalks that jeopardizes the safety, life, and integrity of the residents of the affected localities. Having clarified this point, the amparo appeal is resolved.
II.Object of the appeal. The appellant alleges that on August 31, 2011, Sonia Brenes Mejías, a resident of the Urbanización Jesús, located in the district of Patalillo, complained to the Municipality of Vásquez de Coronado about the poor condition of a sidewalk in said urbanization that presents cracks and subsidence, putting the integrity of pedestrians at risk. The action was processed under files No. UTGV-029-2014 and No. UTGV-003-2023 before the institutional Contraloría de Servicios. He accuses that, as of the date of filing the appeal, the reported situation had not been addressed, even though on April 3, 2025, in his capacity as councilor, he consulted the Director of the Technical Unit for Road Management (UTGV) about the status of the case and was informed of a new quote and technical reassessment. Subsequently, on February 9, 2022, the same resident asked the municipal authorities for the construction of sidewalks between the Dulce Nombre bus terminal and the Liceo Hernán Zamora Elizondo, as well as the installation of accessible pedestrian walkways in accordance with Ley No. 7600 on a vehicular bridge. This action was recorded in file No. UTGV-012-2022 of the Contraloría de Servicios. He claims that, although property owners without sidewalks were notified, as of the date of filing the appeal, no work has begun nor has a response been given to a request sent by him on October 21, 2024. Finally, on August 16, 2022, through official letter No. JGL-PUSC-17-2022, he requested the respondent mayor's office to address Calle 146 in the district of San Isidro, due to the absence of sidewalks, cleaning, and fencing of properties near Yire Medical, an area where the San Martín neighborhood farmers' market is also held. He complains that, although the property owners were notified through official letter No. UT-206-126-2025, as of the date of filing the appeal, the situation persists without any municipal intervention.
III.- Proven facts. Deemed of importance for the decision of this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been accredited or because the respondents have omitted referring to them as provided in the initial order:
IV.- On municipal obligations regarding pedestrian safety. Pedestrian safety is also a matter of local interest that municipalities cannot ignore, and therefore they must act -within their respective spheres of competence- to guarantee safe transit for residents; particularly, for minors and the elderly (see in this regard rulings No. 2006-011263 of 09:29 a.m. on August 1, 2006, and No. 2011-012261 of 11:02 a.m. on September 9, 2011). This includes the duty of municipalities to use the mechanisms that the legal system itself grants them to enforce upon the owners or possessors of real estate their obligation to construct sidewalks in front of their properties and maintain them, in order to ensure that pedestrians are not exposed to imminent danger when having to move through areas where their life or health is at risk (see, in this sense, ruling No. 2007-005051 of 3:27 p.m. on April 13, 2007, reiterated in ruling No. 2025-002093 of 09:15 a.m. on January 24, 2025).
V.- On the specific case. The appellant comes before this Chamber and indicates that a resident filed two complaints and that he filed another before the Municipality of Vásquez de Coronado, requesting the repair and construction of sidewalks in three different sectors of the canton.
The foregoing is accepted by the respondent authorities from the aforementioned town council, although they reject the accused lack of attention to such complaints as unfounded, since: • The indicated sectors have been technically identified, and administrative procedures have been processed in accordance with the law. • The construction obligations legally fall upon the owners of neighboring properties. • In no case has an arbitrary omission been configured, but rather a progressive, reasoned management subject to technical and budgetary regulations.
In this respect, this Chamber verifies that, indeed, such complaints are being addressed by the respondent local government, as explained in detail below:
• Analysis of two construction alternatives, the first for ₡12,000,000 (by the contractor Ferlini, who included a concrete block retaining wall (muro de contención in block), and whose contract was terminated for abandonment of work), and a second for ₡37,000,000 carried out by the company Presbere S.A., which proposes a gabion wall (muro de gaviones) as a more durable technical solution. However, technically, the construction of a rigid element such as a sidewalk on a flexible gabion wall is not technically viable.
• New design assessments are currently being carried out to select the most suitable option from a technical, economic, and legal standpoint.
• On-site, it has been identified that the deterioration of the sidewalk is related to earthworks (movimientos de tierra) carried out by private individuals on the adjacent slope. For this reason, notifications are being issued to the responsible property owners, urging them to undertake the construction of the sidewalk, as established in the Código Municipal and Ley 9976.
• In parallel, the respective purchase order request is being processed so that, should the notified property owners fail to heed the warning (prevención), the Municipality will carry out the work on its own and proceed with the corresponding collection, also applying the sanctions established for the omission of their duties.
• The sidewalk does not present deformations or damage additional to those reported in the last year.
• Several properties were identified in the surroundings of the educational center that lack the proper pedestrian infrastructure, specifically sidewalks, in contravention of the provisions of the current legal system.
• Consequently, the respective formal notifications were issued to the owners of said properties requiring them to comply with their legal duty to construct and maintain sidewalks in optimal conditions for the safe transit of pedestrians.
• As part of the administrative procedure, socioeconomic studies were requested for the owners of two of the notified properties.
The results of those studies, issued through official letters TS-100-0019-2020 and TS-242-047-2021, conclude that the owners in question lack sufficient financial resources to undertake the construction of the sidewalk, which has been duly assessed by this Administration.
• By virtue of the foregoing, the municipality has arranged to carry out the pertinent administrative steps to undertake the construction of the respective sidewalks.
• The intervention has been included in the list of works to be executed by the Technical Unit, and once the corresponding resources are managed and allocated, an order of prioritization will be issued within the projects handled by this office, in order to resolve the problem identified in the citizen complaint and guarantee adequate conditions of accessibility and pedestrian safety in the area.
• The case has been referred to the Office of the Mayor for technical and legal assessment, in order to determine its viability for incorporation into municipal intervention plans, under the criteria of necessity, urgency, and budget availability, in adherence to the current legal framework.
• The Department of Environmental Sanitation, through official letter SA-253-623-2022, forwarded the corresponding request to the Department of Public Services, so that the cleaning of the sector in question could be managed.
• For its part, the Technical Road Management Unit proceeded with the replacement of stolen grates. Regarding the catch basins, their function as storm drains (sumideros) was determined, in response to the systematic theft of metal covers.
• Notifications were issued to the owners of the properties that are in breach of their legal duty to build and maintain sidewalks, as established by the current legal system. • One of the owners partially responded to the notification, carrying out cleaning work. However, through official letter UT-206-202-2025, it was verified that, although a concrete sidewalk exists, it has an approximate width of one meter (1.00 m), which is less than the minimum required by current regulations.
• In relation to the above, it is placed on record that the owner, in response to the issued notification, filed an appeal for revocation with a subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio), which is currently under analysis and awaiting resolution. However, this owner has undertaken cleaning actions, which have improved pedestrian traffic conditions in the sector.
• With respect to the other notified properties, and given the non-compliance with the initial step, the due administrative process continues, issuing subsequent notifications in accordance with the current legal framework. Once this procedure is concluded, the Administration would have and would exercise the authority to directly execute the construction of the sidewalks in the corresponding segments, as well as to proceed with the collection of the costs incurred, including applicable fines and penalties.
From the foregoing factual account, it is deduced that the municipality has indeed taken concrete actions to address and resolve the reported sidewalk problem, both by a female resident of the canton and the petitioner here, but the truth is that it has not yet been resolved. There is no doubt that this is a complex situation involving the prominent participation of many citizens, as it concerns three sectors of the canton with the same problem; however, the respondents must bear in mind that more than thirteen years have passed with respect to the first complaint and more than three years with respect to the last two complaints, without the matter raised being resolved, and it is unknown when it will be possible. The existence of a firm date within a reasonable timeframe for the execution and, above all, the completion of the actions to address the matter is not evident. Under this state of affairs, this Court observes that the respondent municipality, despite being aware of the challenged situation for such a long time, has not effectively carried out all those tasks required to make the sidewalks passable. In this way, a flagrant violation of the fundamental rights of the petitioner, as well as of the rest of the residents of the affected areas, who cannot walk properly on the sidewalks of their communities, is established. From this perspective, the amparo appeal merits being granted, ordering the respondent party to execute the repair or construction works for the sidewalks of interest, within the timeframe indicated in the operative part of this judgment.
VI.- Conclusion. Under this set of circumstances, it is necessary to declare the appeal with merit, with the consequences specified in the operative part.
VII.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ.
I have supported this Court's thesis that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the legal controversy must be heard by the Administrative-Contentious Courts and not by this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, given that, under numeral 7 of its Law, it corresponds exclusively to it to define its own jurisdiction. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may appropriately be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
On the other hand, there are those who consider that claims filed by the inhabitants of the Republic due to the lack of sidewalks, pedestrian bridges, and pedestrian walkways should not be heard in this jurisdiction. However, there are sufficient reasons for this jurisdiction to grant amparo in this type of controversy. Traffic accidents, when they result in injuries or deaths, are a global problem. Indeed, one of the leading causes of death worldwide is traffic accidents – more than 1,200,000 victims, and among the child and youth population, it is the leading cause of death. Now, pedestrians are the most frequent victims in urban areas. Given the magnitude of the problem, the United Nations Organization dedicated two world weeks to road safety in 2013, to pedestrian safety, and specifically designated that year for the promotion of pedestrian safety worldwide. As is well known, the pedestrian – a person traveling on foot on a public road – is the most vulnerable and fragile link in the traffic system, since in a collision between them and a vehicle, lacking bodily protection, they suffer the greatest harm and, therefore, their life and physical integrity are endangered. It should be noted that, according to world statistics, pedestrians constitute a quarter of traffic fatalities. It is estimated that in underdeveloped and developing countries, the majority of victims are pedestrians. In our country, we find the following data:
Number of persons fatally injured on-site in accidents per year, by type of road user.
Type of road user 2017 2018 2019 2020 2021 Motorcyclist 170 177 186 113 155 Motorcyclist passenger 29 29 27 11 11 Pedestrian 95 58 64 53 60 Car driver 95 123 100 59 84 Car passenger 63 47 37 37 35 Cyclist 36 37 34 38 25 Other 0 0 3 0 0 Hence the need for national and local governments to develop public policies aimed at their protection, as well as to enforce the obligations and duties that the legal system demands for their protection. Among such duties are those enshrined in numeral 75 of the Municipal Code, since the separation of pedestrians from the rest of traffic by sidewalks, pedestrian bridges, and pedestrian walkways, in addition to other measures, constitutes an adequate approach to minimize risks and, therefore, effectively guarantee the life and physical integrity of pedestrians. The issue is so relevant from the perspective of pedestrian safety that the European Parliament, in 1988, adopted the Charter of Pedestrians' Rights – which logically has no binding effect for the State of Costa Rica –, which includes the right for specific measures to be adopted – in our case by local governments and national authorities – so that the pedestrian can stand on the sidewalks – and I add – walk with due safety on them, for which their existence is necessary. For these reasons, the majority thesis of this Court to grant amparo in these matters not only has enormous importance from the perspective of fundamental rights but also responds to a social need of the greatest magnitude, which even has repercussions at the global level.
VIII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the Public Administration's inactivity in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the petitioner asserts that they have reported to the Municipality of Vásquez de Coronado the poor state of the sidewalks in the canton, which places the safety of pedestrians at risk, but which has allegedly not been addressed within a reasonable timeframe.
IX.- Partially dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the order in the operative part of this judgment. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted with merit, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a period of twelve months, counted from the notification of this judgment, the problem reported in the case file, related to sidewalks in three sectors of the canton of Vásquez de Coronado, is definitively resolved. Instead, the provisions of the Administrative-Contentious Procedure Code regarding enforcement (Article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the enforcement phase must take place before the Enforcement Division of the Administrative-Contentious and Civil Treasury Court, under the enforcement rules of that Code.
X.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is granted with merit. Yamilet Quesada Zúñiga, Steven Josué Mena Alvarado, and Gilbert Bernardo Benítez Rodríguez are ordered, respectively, in their capacities as Mayor, Director of the Technical Road Management Unit, and Head of Environmental Sanitation and Municipal Inspection, all of the Municipality of Vásquez de Coronado, or whoever holds those positions, to coordinate and arrange all actions within the scope of their powers, so that the sidewalk problem reported in this matter is definitively resolved within a period of twelve months, counted from the notification of this judgment. The respondents, or whoever holds those positions, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely penalized. The Municipality of Vásquez de Coronado is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment process of the administrative-contentious jurisdiction. Judge Castillo Víquez records a note. Judge Salazar Alvarado records a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the enforcement of the order in the operative part of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Enforcement Division of the Administrative-Contentious and Civil Treasury Court, under the enforcement rules established in Articles 155 and following of the Administrative-Contentious Procedure Code. She also orders that a copy of the judgment be sent to initiate the enforcement procedures for this ruling. Notify.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alejandro Delgado F.
Digitally Signed Document -- Verification code -- Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).
Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution in for-profit form is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:55:40.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
ACERAS. INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
026486-25. MUNICIPALIDAD. MAL ESTADO DE UNA ACERA QUE ATENTA CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS PEATONES. VECINOS DE LA URBANIZACION JESÚS, UBICADA EN EL DISTRITO DE PATALILLO DE CORONADO, ACUSAN EL MAL ESTADO DE LAS ACERAS DE LA URBANIZACIÓN Y, LA INACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD POR ARREGLAR EL PROBLEMA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO, COORDINAR Y DISPONER TODAS LAS ACTUACIONES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE QUE LA PROBLEMÁTICA DE ACERAS DENUNCIADAS EN ESTE ASUNTO SEA SOLVENTADAS DE MANERA DEFINITIVA DENTRO DEL PLAZO DE DOCE MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA. VCG09/2025 “(…) V.- Sobre el caso concreto. El recurrente acude a esta Sala y señala que una vecina formuló dos denuncias y que él presentó otra ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado, requiriendo el arreglo y construcción de aceras en tres sectores diferentes del cantón.
Lo anterior es aceptado por las autoridades recurridas del citado ayuntamiento, aunque rechazan la acusada falta de atención a tales denuncias por ser infundada, ya que: • Se han identificado técnicamente los sectores señalados y tramitados procedimientos administrativos conforme a derecho. • Las obligaciones de construcción recaen legalmente sobre los propietarios de inmuebles colindantes. • En ningún caso se ha configurado una omisión arbitraria, sino una gestión progresiva, razonada y sujeta a normativa técnica y presupuestaria.
Al respecto esta Sala comprueba que, efectivamente, tales denuncias están siendo atendidas por el cabildo accionado, como se explica a continuación en detalle:
• Análisis de dos alternativas constructivas, la primera por ¢12.000.000 (a cargo del contratista Ferlini, quien incluyó un muro de contención en block, y cuyo contrato fue rescindido por abandono de obra), y una segunda por ¢37.000.000 realizada por la empresa Presbere S.A., que propone un muro de gaviones como solución técnica más duradera. Sin embargo, técnicamente la construcción de un elemento rígido como lo es la acera sobre un muro flexible de gaviones no es viable técnicamente.
• Actualmente se están realizando nuevas valoraciones de diseño para seleccionar la opción más adecuada desde el punto de vista técnico, económico y legal.
• En el sitio se ha identificado que el deterioro de la acera se encuentra relacionado con movimientos de tierra realizados por particulares privados en el talud colindante. Por tal motivo, se están emitiendo notificaciones a los propietarios responsables, instándoles a asumir la construcción de la acera, conforme lo establecido en el Código Municipal y la Ley 9976.
• En paralelo, se está tramitando la solicitud de orden de compra respectiva, para que, en caso de que los propietarios notificados no atiendan la prevención, la Municipalidad ejecute la obra por su cuenta y proceda con el cobro correspondiente, aplicando además las sanciones establecidas por la omisión a sus deberes.
• La acera no presenta deformaciones o daños adicionales a los reportados en el último año.
• Se identificaron varios inmuebles en los alrededores del centro educativo que carecen de la debida infraestructura peatonal, específicamente de aceras, en contravención a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente.
• En consecuencia, se giraron las respectivas notificaciones formales a los propietarios de dichos predios requiriéndoles el cumplimiento de su deber legal de construir y mantener aceras en condiciones óptimas para el tránsito seguro de los peatones.
• Como parte del procedimiento administrativo, se solicitó la realización de estudios socioeconómicos a los propietarios de dos de las propiedades notificadas. Los resultados de dichos estudios, emitidos mediante los oficios TS-100-0019-2020 y TS-242-047-2021, concluyen que los propietarios en cuestión carecen de los recursos económicos suficientes para asumir la construcción de la acera, lo que ha sido debidamente valorado por esta Administración.
• En virtud de lo anterior, la municipalidad ha dispuesto realizar las gestiones administrativas pertinentes para asumir la construcción de las aceras respectivas.
• La intervención ha sido incluida dentro del listado de obras por ejecutar por la Unidad Técnica, y que, una vez gestionados y asignados los recursos correspondientes, se procederá a emitir la orden de priorización dentro de los proyectos que maneja esta dependencia, a efectos de solventar la problemática señalada en la denuncia ciudadana y garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad peatonal en la zona.
• El caso ha sido remitido al Despacho de la Alcaldía para su valoración técnica y legal, con el fin de determinar su viabilidad de incorporación en los planes de intervención municipal, bajo los criterios de necesidad, urgencia y disponibilidad presupuestaria, en apego al marco legal vigente.
• El Departamento de Saneamiento Ambiental, mediante oficio SA-253-623-2022, trasladó la solicitud correspondiente al Departamento de Servicios Públicos, a efectos de que se gestionara la limpieza del sector en cuestión.
• Por su parte, la Unidad Técnica de Gestión Vial procedió con la gestión de reposición de parrillas robadas. En cuanto a los tragantes, se determinó su funcionamiento como sumideros, en atención al robo sistemático de tapas metálicas.
• Se emitieron notificaciones a los propietarios de los predios que se encuentran en incumplimiento de su deber legal de construir y mantener las aceras, conforme lo establece el ordenamiento jurídico vigente. • Uno de los propietarios atendió parcialmente la notificación, ejecutando labores de limpieza. Sin embargo, mediante oficio UT-206-202-2025 se constató que, si bien existe una acera de concreto, esta presenta un ancho aproximado de un metro (1,00 m), lo cual resulta inferior al mínimo requerido por la normativa vigente.
• En relación con lo anterior, se hace constar que el propietario, en respuesta a la notificación girada, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el cual se encuentra actualmente en análisis y en espera de resolución. No obstante, dicho propietario ha efectuado acciones de limpieza, lo que ha permitido mejorar las condiciones de tránsito peatonal en el sector.
• En cuanto a las demás propiedades notificadas, y ante el incumplimiento de la primera gestión, se continúa con el debido proceso administrativo, emitiendo las notificaciones subsecuentes conforme al marco legal vigente. Una vez culminado dicho procedimiento, la Administración contaría y procedería con la potestad de ejecutar directamente la construcción de las aceras en los tramos correspondientes, así como de proceder con el cobro de los costos generados, incluyendo las multas y sanciones aplicables.
Del anterior cuatro fáctico, se colige que, en efecto, la municipalidad sí ha efectuado acciones concretas para atender y solucionar la problemática de aceras acusada, tanto por una vecina del cantón, como el aquí recurrente, pero es lo cierto es que todavía no ha sido resuelta. No se duda que se trata de una situación compleja con la eminente participación de muchos munícipes, pues se trata de tres sectores del cantón con la misma problemática; no obstante, deben tener presente los recurridos que han transcurrido más de trece años en cuanto a la primera denuncia y más de tres años respecto a las dos últimas quejas, sin que todavía se solucione lo planteado y se desconoce cuándo será posible. No se denota la existencia de una fecha cierta dentro de un plazo razonable para la ejecución y sobre todo la culminación de las acciones que permitan atender lo planteado. Bajo tal estado de cosas, este Tribunal observa que la municipalidad recurrida, pese a conocer de la situación reclamada desde hace tanto tiempo, no ha ejecutado efectivamente todas aquellas labores que se requieren para que las aceras puedan ser transitables. De este modo, se acredita la violación flagrante a los derechos fundamentales del recurrente, así como del resto de vecinos de las zonas afectadas, quienes no pueden transitar adecuadamente por las aceras de sus comunidades. Desde esta perspectiva, el amparo merece ser acogido, ordenándosele a la parte recurrida ejecutar las obras de reparación o construcción de las aceras de interés, dentro del plazo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.
VI.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva (…)” ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) I.- Cuestión preliminar. Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe explicarse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. En el sub lite se plantea un supuesto de excepción: la supuesta demora de la Administración en atender denuncias por el estado e inexistencia de aceras que compromete la seguridad, vida e integridad de los vecinos de las localidades afectadas. Aclaro este punto, se resuelve el recurso de amparo. (…)” VCG09/2025 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 169- Gobierno municipal Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) IV.- Sobre las obligaciones municipales en materia de seguridad peatonal. La seguridad peatonal también es un asunto de interés local que las municipalidades no pueden soslayar, por lo que estas deben actuar -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia- para garantizar a los munícipes un tránsito seguro; en particular, a los menores y a los adultos mayores (véanse al respecto las sentencias No, 2006-011263 de las 09:29 horas del 1 de agosto del 2006 y No. 2011-012261 de las 11:02 horas del 09 de setiembre de 2011). Ello incluye el deber de las municipalidades de utilizar los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico les otorga para hacer cumplir a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles su obligación de construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento, para así poder asegurar a los peatones que no se vean expuestos a un inminente peligro al tener que movilizarse por espacios en donde se ponga en riesgo su vida o su salud (véase, en este sentido, la sentencia No. 2007-005051 de las 15:27 horas del 13 de abril de 2007, reiterada en la sentencia No. 2025-002093 de las 09:15 horas del 24 de enero de 2025). (…)” VCG09/2025 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:
NO APLICA.
VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
De otro lado, hay quienes consideran que no debería ser objeto de esta jurisdicción aquellas reclamaciones que presentan los habitantes de la República por la falta de aceras, puentes peatonales y pasarelas peatonales. Empero, hay razones suficientes para que esta jurisdicción ampare este tipo de controversias. Los accidentes de tránsito, cuando hay lesiones o muertes, son un problema mundial. En efecto, una de las principales causas de muerte en todo el mundo son los accidentes de tránsito –más de un 1.200.000 de víctimas, y entre la población infantil y juvenil es la principal causa de muerte-. Ahora bien, los peatones son las víctimas más frecuentes en áreas urbanas. Dada la magnitud del problema, la Organización de Naciones Unidas dedicó dos semanas mundiales a la seguridad vial en el año 2013, a la seguridad de los peatones y destinó ese año especialmente a la promoción de la seguridad de los peatones en todo el mundo. Como es bien sabido, el peatón –persona que transita a pie por una vía pública- es el eslabón más vulnerable y frágil del sistema de tránsito, pues ante un choque entre él y vehículo, a falta de protección corporal, es el que sufre el mayor daño y, por ende, pone en peligro su vida e integridad física. Nótese que de acuerdo con las estadísticas mundiales los peatones constituyen una cuarta parte de los muertos en el tránsito. Se estima que en los países subdesarrollados y en desarrollo la mayoría de las víctimas son peatones. En nuestro país encontramos los siguientes datos:
Cantidad de fallecidos en sitio en accidentes por año, según tipo de usuario.
Tipo de usuario 2017 2018 2019 2020 2021 Motociclista 170 177 186 113 155 Acompañante de motociclista 29 29 27 11 11 Peatón 95 58 64 53 60 Conductor carro 95 123 100 59 84 Acompañante carro 63 47 37 37 35 Ciclista 36 37 34 38 25 Otro 0 0 3 0 0 De ahí la necesidad de que los gobiernos nacionales y locales desarrollen políticas públicas tendentes a su protección, así como que hagan cumplir las obligaciones y los deberes que el ordenamiento jurídico exige en aras de su protección. Dentro de tales deberes están los que se consagran en el numeral 75 del Código Municipal, toda vez que la separación entre peatones del resto del tráfico por las aceras, puentes peatonales y pasarelas peatonales, además de otras medidas, constituye un abordaje adecuado a fin de minimizar los riesgos y, por ende, garantizar efectivamente la vida y la integridad física de los peatones. El tema tiene tal relevancia desde la óptica de la seguridad del peatón, que el Parlamento Europeo, desde el año 1988, adoptó la Carta de los Derechos del Peatón –la que lógicamente no tiene ningún efecto vinculante para el Estado de Costa Rica-, dentro de los cuales se incluye el derecho de que se adopten medidas específicas – en nuestro caso por los gobiernos locales y las autoridades nacionales- para que él pueda pararse en las aceras –y agrego- de transitar con la debida seguridad por estas, para lo cual es necesario su existencia. Por estas razones, la tesis de la mayoría de este Tribunal de amparar estos asuntos, no solo tiene una enorme trascendencia desde la óptica de los derechos fundamentales, sino que responde a una necesidad social de la mayor envergadura, la cual, incluso, tiene repercusión en el ámbito global.
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Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que ha denunciado, ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado, el mal estado de las aceras en el cantón, lo que coloca en riesgo la integridad de los peatones, pero que presuntamente no ha sido atendida en un plazo razonable.
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Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 056- Ejecución de sentencias Subtemas:
NO APLICA.
IX.- Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la orden de la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva en definitiva la problemática denunciada en autos, relacionada con las aceras en tres sectores del cantón de Vásquez de Coronado. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
VCG09/2025 ... Ver más Res. Nº 2025026486 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de agosto de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-013119-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], mayor, cédula de identidad [Valor 001], en su condición de regidor municipal, a favor de los estudiantes del Liceo Hernán Zamora Elizondo, los vecinos de la urbanización Jesús y los usuarios de la feria del agricultor de barrio San Martín, contra la Municipalidad de Vásquez de Coronado.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 00:50 horas del 12 de mayo de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Vásquez de Coronado y expresa que el 31 de agosto de 2011, la vecina de la Urbanización Jesús ubicada en el distrito de Patalillo, Sonia Brenes Mejías, denunció ante el gobierno local recurrido el mal estado de una acera en dicha urbanización que presenta grietas y hundimientos que pone en riesgo la integridad de los peatones (véase prueba aportada). La gestión fue tramitada bajo los expedientes No. UTGV-029-2014 y No. UTGV-003-2023 ante la Contraloría de Servicios institucional. Acusa que, a la fecha de la interposición del recurso, la situación denunciada no había sido atendida, incluso, pese a que el 3 de abril de 2025, él consultó al director de la UTGV sobre el estado del caso y este le informó sobre una nueva cotización y revaloración técnica. Posteriormente, el 9 de febrero de 2022, la misma vecina solicitó a las autoridades municipales la construcción de aceras entre la terminal de buses de Dulce Nombre y el Liceo Hernán Zamora, así como la instalación de pasarelas peatonales accesibles conforme a la Ley No. 7600 en un puente vehicular (véase prueba aportada). Esta gestión fue registrada en el expediente No. UTGV012-2022 de la Contraloría de Servicios. Aduce que, si bien se notificó a propietarios de inmuebles sin aceras, a la fecha de la interposición del recurso, no se ha iniciado obra alguna ni se ha dado respuesta a una gestión remitida por su persona el 21 de octubre de 2024. Finalmente, el 16 de agosto de 2022, por oficio No. JGL-PUSC-17-2022, su persona solicitó a la alcaldía recurrida la atención de la calle 146, en el distrito de San Isidro, debido a la ausencia de aceras, limpieza y cercado de propiedades cercanas a Yire Medical, zona donde también se realiza la feria del agricultor de Barrio San Martín (véase prueba aportada) Reclama que, aunque se notificó a los propietarios por oficio No. UT-206-126-2025, a la fecha de la interposición del recurso, la situación persiste sin intervención municipal alguna. Estima que lo expuesto viola los derechos fundamentales de los amparados. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
2.- Mediante resolución de las 22:34 horas del 16 de mayo de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Alcalde, al Contralor de Servicios, al Encargado de Saneamiento Ambiental y al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
3.- Informan bajo juramento Yamilet Quesada Zúñiga, Steven Josué Mena Alvarado, Andrea León Muñoz y Gilbert Bernardo Benítez Rodríguez, respectivamente, en su condición de Alcaldesa, de Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, de Contralora de Servicios y de Encargado de Saneamiento Ambiental e Inspección Municipal, todos de la Municipalidad de Vásquez de Coronado (escrito presentado a las 17:25 horas del 12 de junio de 2025) en los siguientes términos:
“I.- HECHOS De previo a referirnos a la plataforma fáctica anotada por la parte actora, es importante mencionar que esta Municipalidad hará referencia únicamente a aquellas circunstancias que se encuentren dentro de su esfera de sus competencias, en vista de que se encuentra supeditada al Bloque de Legalidad.
Por otra parte, debe indicarse que la redacción del presente amparo mezcla hechos con materia discursiva propio de la estrategia procesal del amparante; por lo que se intentará realizar el informe de la manera más precisa y objetiva posible.
Primero: El recurrente alega una supuesta vulneración a sus derechos fundamentales, debido a una aparente omisión municipal en la construcción de aceras en los sectores conocidos como Urbanización Jesús, Cipreses Nuevos y el Liceo Hernán Zamora. Esta Municipalidad rechaza tales afirmaciones por ser infundadas, ya que:
• Se han identificado técnicamente los sectores señalados y tramitados procedimientos administrativos conforme a derecho.
• Las obligaciones de construcción recaen legalmente sobre los propietarios de inmuebles colindantes.
• En ningún caso se ha configurado una omisión arbitraria, sino una gestión progresiva, razonada y sujeta a normativa técnica y presupuestaria.
Segundo: Conforme al artículos 83, 83 bis y 84 del Código, corresponde a los propietarios de inmuebles la construcción, conservación y reparación de las aceras frente a sus terrenos. En el mismo sentido, el artículo 6 de la Ley N.º 9976 (Ley de Movilidad Peatonal), en armonía con el artículo 49 del Reglamento Nacional de Construcciones (Decreto Ejecutivo N.º 42784-MIVAH), establece que:
“Los propietarios son responsables de mantener en buen estado las aceras frente a sus predios, y deberán construirlas cuando no existan”.
Ahora bien, la facultad subsidiaria de la municipalidad, se aplica solo en caso de incumplimiento reiterado del propietario, la municipalidad puede intervenir subsidiariamente, previa notificación, y recuperar el costo de las obras mediante cobro administrativo o judicial.
Por otro lado, y no menos importante, la actuación se aplica conforme al principio de legalidad y razonabilidad, resguardado en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 6 de la LGAP imponen a toda administración pública el deber de actuar conforme a este principio.
Tercero: Sobre las gestiones realizadas por la Municipalidad:
3.1.- Urbanización Jesús UTGV-003-2023 Respecto al caso expuesto en la Urbanización Jesús, se han realizado múltiples gestiones técnicas y administrativas, entre ellas:
• Análisis de dos alternativas constructivas, la primera por ₡12.000.000 (a cargo del contratista Ferlini, quien incluyó un muro de contención en block, y cuyo contrato fue rescindido por abandono de obra), y una segunda por ₡37.000.000 realizada por la empresa Presbere S.A., que propone un muro de gaviones como solución técnica más duradera. Sin embargo, técnicamente la construcción de un elemento rígido como lo es la acera sobre un muro flexible de gaviones no es viable técnicamente.
• Actualmente se están realizando nuevas valoraciones de diseño para seleccionar la opción más adecuada desde el punto de vista técnico, económico y legal.
• En el sitio se ha identificado que el deterioro de la acera se encuentra relacionado con movimientos de tierra realizados por particulares privados en el talud colindante. Por tal motivo, se están emitiendo notificaciones a los propietarios responsables, instándoles a asumir la construcción de la acera, conforme lo establecido en el Código Municipal y la Ley 9976.
• En paralelo, se está tramitando la solicitud de orden de compra respectiva, para que, en caso de que los propietarios notificados no atiendan la prevención, la Municipalidad ejecute la obra por su cuenta y proceda con el cobro correspondiente, aplicando además las sanciones establecidas por la omisión a sus deberes.
• Es importante señalar que la acera no presenta deformaciones o daños adicionales a los reportados en el último año.
3.2.- Liceo Hernán Zamora – UTGV-012-2022 En atención a la solicitud formulada por la señora Karla Sandí Molina, se informa que esta Administración ha dado seguimiento a la misma mediante actuaciones concretas, las cuales se encuentran debidamente documentadas en los oficios SA-253-0657-2022 y UT-206-095-2022.
En el marco de dichas diligencias, se ha procedido con lo siguiente:
• Se identificaron varios inmuebles en los alrededores del Liceo Hernán Zamora que carecen de la debida infraestructura peatonal, específicamente de aceras, en contravención a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente.
• En consecuencia, se giraron las respectivas notificaciones formales a los propietarios de dichos predios, conforme a lo establecido en el Código Municipal y demás normativa complementaria aplicable, requiriéndoles el cumplimiento de su deber legal de construir y mantener aceras en condiciones óptimas para el tránsito seguro de los peatones.
• Como parte del procedimiento administrativo, y con el fin de respetar el principio de equidad y garantizar la justicia social, se solicitó la realización de estudios socioeconómicos a los propietarios de dos de las propiedades notificadas. Los resultados de dichos estudios, emitidos mediante los oficios TS-100-0019-2020 y TS-242-047-2021, concluyen que los propietarios en cuestión carecen de los recursos económicos suficientes para asumir la construcción de la acera, lo que ha sido debidamente valorado por esta Administración.
• En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de los principios de accesibilidad universal y solidaridad, la Municipalidad ha dispuesto realizar las gestiones administrativas pertinentes para asumir la construcción de las aceras respectivas, conforme a las disposiciones del Reglamento de Movilidad Peatonal del cantón de Vázquez de Coronado, la Ley 7600 y demás normativa concordante.
• Asimismo, se hace constar que la intervención ha sido incluida dentro del listado de obras por ejecutar por esta Unidad Técnica, y que, una vez gestionados y asignados los recursos correspondientes, se procederá a emitir la orden de priorización dentro de los proyectos que maneja esta dependencia, a efectos de solventar la problemática señalada en la denuncia ciudadana y garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad peatonal en la zona.
• Finalmente, el caso ha sido remitido al Despacho de la Alcaldía para su valoración técnica y legal, con el fin de determinar su viabilidad de incorporación en los planes de intervención municipal, bajo los criterios de necesidad, urgencia y disponibilidad presupuestaria, en apego al marco legal vigente.
3.3.- Sector Cipreses Nuevos – UT-206-126-2025 Con respecto a la denuncia presentada por la ciudadanía en relación con la ausencia de aceras, la necesidad de limpieza de propiedades y la colocación de tapas en los tragantes ubicados en calle 146, cercanías de Yire Medical, se expone lo siguiente:
• El Departamento de Saneamiento Ambiental, mediante oficio SA-253-623-2022, trasladó la solicitud correspondiente al Departamento de Servicios Públicos, a efectos de que se gestionara la limpieza del sector en cuestión.
• Por su parte, la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) procedió con la gestión de reposición de parrillas robadas. En cuanto a los tragantes, se determinó su funcionamiento como sumideros, en atención al robo sistemático de tapas metálicas. Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los peatones y los vehículos que transitan por el sitio.
• Asimismo, se emitieron notificaciones a los propietarios de los predios que se encuentran en incumplimiento de su deber legal de construir y mantener las aceras, conforme lo establece el ordenamiento jurídico vigente.
• Uno de los propietarios atendió parcialmente la notificación, ejecutando labores de limpieza. Sin embargo, mediante oficio UT-206-202-2025 se constató que, si bien existe una acera de concreto, esta presenta un ancho aproximado de un metro (1,00 m), lo cual resulta inferior al mínimo requerido por la normativa vigente.
• En relación con lo anterior, se hace constar que el propietario, en respuesta a la notificación girada, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el cual se encuentra actualmente en análisis y en espera de resolución. No obstante, dicho propietario ha efectuado acciones de limpieza, lo que ha permitido mejorar las condiciones de tránsito peatonal en el sector.
• En lo que respecta a las demás propiedades notificadas, y ante el incumplimiento de la primera gestión, se continúa con el debido proceso administrativo, emitiendo las notificaciones subsecuentes conforme al marco legal vigente.
ANEXO TÉCNICO – RESPALDO DE ACTUACIONES
Fecha Sector Intervenido Descripción de la Actuación 03/07/2023 Urbanización Jesús Inicio de valoración técnica; contratista abandona propuesta con muro de gaviones.
17/08/2023 Urbanización Jesús Prevención a propietarios para ejecución voluntaria de acera.
10/01/2024 Liceo Hernán Zamora Identificación de lotes sin acera; estudio socioeconómico de colindantes.
25/01/2024 Liceo Hernán Zamora Incorporación parcial al programa de ejecución subsidiaria por vulnerabilidad.
14/02/2025 Cipreses Nuevos Colocación de tapas de tragantes y limpieza del sector.
03/03/2025 Cipreses Nuevos Prevención a propietarios por construcción deficiente (acera de menos de 1,20 m).
Una vez culminado dicho procedimiento, esta Administración contaría y procedería con la potestad de ejecutar directamente la construcción de las aceras en los tramos correspondientes, así como de proceder con el cobro de los costos generados, incluyendo las multas y sanciones aplicables, todo ello conforme a lo estipulado en el Reglamento de Movilidad Peatonal del cantón de Vázquez de Coronado y demás disposiciones legales concordantes.
La Municipalidad de Vázquez de Coronado reitera su compromiso con la seguridad vial, la accesibilidad peatonal y el cumplimiento del marco legal. Las gestiones descritas en los puntos anteriores evidencian que los casos han sido atendidos con la debida diligencia.
La Sala Constitucional ha sostenido reiteradamente que el deber municipal de garantizar la accesibilidad no puede interpretarse como una obligación absoluta e inmediata de construir todas las aceras, sino que debe realizarse con base en evaluación técnica, prioridad presupuestaria y actuación progresiva y razonada.
En el voto N.º 2012-10029, la Sala indicó que:
“...no puede pretenderse que, por el solo hecho de existir un tramo sin acera, se configure una lesión a derechos fundamentales, si no media pasividad absoluta, indiferencia o negativa expresa de la municipalidad a atender la situación”.
Del mismo modo, en el voto N.º 2015-4086, se reafirma que:
“...la ejecución de obras de infraestructura urbana debe sujetarse a los planes viales, a la priorización de necesidades y a la disponibilidad presupuestaria”.
II.- PRUEBA • La aportada por el actor III.-PETITORIA Conforme a todo lo expuesto, esta Municipalidad ha actuado dentro del marco de legalidad y razonabilidad exigido constitucionalmente, gestionando conforme a los deberes legalmente atribuidos y de manera progresiva y técnica. No se ha incurrido en omisión, ni se ha lesionado el derecho fundamental del recurrente Debido a lo antes expuesto, ruego se DECLARE SIN LUGAR, el presente recurso de amparo, tomando como base los argumentos anteriormente expuestos y la prueba aportada, donde no se evidencia violación alguna a los derechos fundamentales del señor [Nombre 001] atribuible a esta Municipalidad.
Los hechos descritos por el recurrente no evidencian inacción institucional, sino más bien procesos técnicos y administrativos en curso que incluyen análisis de viabilidad, contrataciones, inspecciones, notificaciones, y seguimiento conforme a la normativa vigente, por lo cual no sería procedente condenarnos a un acto que ya fue ejecutado; sobre este particular nos vamos a referir al Voto N.º 2021009219 de las nueve horas cinco minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno, donde su respetable autoridad, sobre el tema de las costas y daños y perjuicios se refirió de la siguiente manera:
“V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub-lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.” (El resaltado es propio) Tomando en consideración el referido Voto, los suscritos solicitamos, que el presente recurso sea declarado sin lugar y por ende ser resuelto sin especial condenatoria en costas y daños y perjuicios, en vista de la conducta descrita por la parte actora, que usó como base para interponer el presente recurso fue resulta conforme a derecho”.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.- Cuestión preliminar. Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe explicarse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. En el sub lite se plantea un supuesto de excepción: la supuesta demora de la Administración en atender denuncias por el estado e inexistencia de aceras que compromete la seguridad, vida e integridad de los vecinos de las localidades afectadas. Aclaro este punto, se resuelve el recurso de amparo.
II.Objeto del recurso. El recurrente alega que el 31 de agosto de 2011, Sonia Brenes Mejías, vecina de la urbanización Jesús, ubicada en el distrito de Patalillo, denunció ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado el mal estado de una acera en dicha urbanización que presenta grietas y hundimientos que pone en riesgo la integridad de los peatones. La gestión fue tramitada bajo los expedientes No. UTGV-029-2014 y No. UTGV-003-2023 ante la Contraloría de Servicios institucional. Acusa que, a la fecha de la interposición del recurso, la situación denunciada no había sido atendida, incluso, pese a que el 3 de abril de 2025, en su condición de regidor, consultó al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial sobre el estado del caso y este le informó sobre una nueva cotización y revaloración técnica. Posteriormente, el 9 de febrero de 2022, la misma vecina solicitó a las autoridades municipales la construcción de aceras entre la terminal de buses de Dulce Nombre y el Liceo Hernán Zamora Elizondo, así como la instalación de pasarelas peatonales accesibles conforme a la Ley No. 7600 en un puente vehicular. Esta gestión fue registrada en el expediente No. UTGV-012-2022 de la Contraloría de Servicios. Aduce que, si bien se notificó a propietarios de inmuebles sin aceras, a la fecha de la interposición del recurso, no se ha iniciado obra alguna ni se ha dado respuesta a una gestión remitida por su persona el 21 de octubre de 2024. Finalmente, el 16 de agosto de 2022, por oficio No. JGL-PUSC-17-2022, su persona solicitó a la alcaldía recurrida la atención de la calle 146 en el distrito de San Isidro, debido a la ausencia de aceras, limpieza y cercado de propiedades cercanas a Yire Medical, zona donde también se realiza la feria del agricultor del barrio San Martín. Reclama que, aunque se notificó a los propietarios por oficio No. UT-206-126-2025, a la fecha de la interposición del recurso, la situación persiste sin intervención municipal alguna.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.- Sobre las obligaciones municipales en materia de seguridad peatonal. La seguridad peatonal también es un asunto de interés local que las municipalidades no pueden soslayar, por lo que estas deben actuar -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia- para garantizar a los munícipes un tránsito seguro; en particular, a los menores y a los adultos mayores (véanse al respecto las sentencias No, 2006-011263 de las 09:29 horas del 1 de agosto del 2006 y No. 2011-012261 de las 11:02 horas del 09 de setiembre de 2011). Ello incluye el deber de las municipalidades de utilizar los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico les otorga para hacer cumplir a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles su obligación de construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento, para así poder asegurar a los peatones que no se vean expuestos a un inminente peligro al tener que movilizarse por espacios en donde se ponga en riesgo su vida o su salud (véase, en este sentido, la sentencia No. 2007-005051 de las 15:27 horas del 13 de abril de 2007, reiterada en la sentencia No. 2025-002093 de las 09:15 horas del 24 de enero de 2025).
V.- Sobre el caso concreto. El recurrente acude a esta Sala y señala que una vecina formuló dos denuncias y que él presentó otra ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado, requiriendo el arreglo y construcción de aceras en tres sectores diferentes del cantón.
Lo anterior es aceptado por las autoridades recurridas del citado ayuntamiento, aunque rechazan la acusada falta de atención a tales denuncias por ser infundada, ya que: • Se han identificado técnicamente los sectores señalados y tramitados procedimientos administrativos conforme a derecho. • Las obligaciones de construcción recaen legalmente sobre los propietarios de inmuebles colindantes. • En ningún caso se ha configurado una omisión arbitraria, sino una gestión progresiva, razonada y sujeta a normativa técnica y presupuestaria.
Al respecto esta Sala comprueba que, efectivamente, tales denuncias están siendo atendidas por el cabildo accionado, como se explica a continuación en detalle:
• Análisis de dos alternativas constructivas, la primera por ₡12.000.000 (a cargo del contratista Ferlini, quien incluyó un muro de contención en block, y cuyo contrato fue rescindido por abandono de obra), y una segunda por ₡37.000.000 realizada por la empresa Presbere S.A., que propone un muro de gaviones como solución técnica más duradera. Sin embargo, técnicamente la construcción de un elemento rígido como lo es la acera sobre un muro flexible de gaviones no es viable técnicamente.
• Actualmente se están realizando nuevas valoraciones de diseño para seleccionar la opción más adecuada desde el punto de vista técnico, económico y legal.
• En el sitio se ha identificado que el deterioro de la acera se encuentra relacionado con movimientos de tierra realizados por particulares privados en el talud colindante. Por tal motivo, se están emitiendo notificaciones a los propietarios responsables, instándoles a asumir la construcción de la acera, conforme lo establecido en el Código Municipal y la Ley 9976.
• En paralelo, se está tramitando la solicitud de orden de compra respectiva, para que, en caso de que los propietarios notificados no atiendan la prevención, la Municipalidad ejecute la obra por su cuenta y proceda con el cobro correspondiente, aplicando además las sanciones establecidas por la omisión a sus deberes.
• La acera no presenta deformaciones o daños adicionales a los reportados en el último año.
• Se identificaron varios inmuebles en los alrededores del centro educativo que carecen de la debida infraestructura peatonal, específicamente de aceras, en contravención a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente.
• En consecuencia, se giraron las respectivas notificaciones formales a los propietarios de dichos predios requiriéndoles el cumplimiento de su deber legal de construir y mantener aceras en condiciones óptimas para el tránsito seguro de los peatones.
• Como parte del procedimiento administrativo, se solicitó la realización de estudios socioeconómicos a los propietarios de dos de las propiedades notificadas. Los resultados de dichos estudios, emitidos mediante los oficios TS-100-0019-2020 y TS-242-047-2021, concluyen que los propietarios en cuestión carecen de los recursos económicos suficientes para asumir la construcción de la acera, lo que ha sido debidamente valorado por esta Administración.
• En virtud de lo anterior, la municipalidad ha dispuesto realizar las gestiones administrativas pertinentes para asumir la construcción de las aceras respectivas.
• La intervención ha sido incluida dentro del listado de obras por ejecutar por la Unidad Técnica, y que, una vez gestionados y asignados los recursos correspondientes, se procederá a emitir la orden de priorización dentro de los proyectos que maneja esta dependencia, a efectos de solventar la problemática señalada en la denuncia ciudadana y garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad peatonal en la zona.
• El caso ha sido remitido al Despacho de la Alcaldía para su valoración técnica y legal, con el fin de determinar su viabilidad de incorporación en los planes de intervención municipal, bajo los criterios de necesidad, urgencia y disponibilidad presupuestaria, en apego al marco legal vigente.
• El Departamento de Saneamiento Ambiental, mediante oficio SA-253-623-2022, trasladó la solicitud correspondiente al Departamento de Servicios Públicos, a efectos de que se gestionara la limpieza del sector en cuestión.
• Por su parte, la Unidad Técnica de Gestión Vial procedió con la gestión de reposición de parrillas robadas. En cuanto a los tragantes, se determinó su funcionamiento como sumideros, en atención al robo sistemático de tapas metálicas.
• Se emitieron notificaciones a los propietarios de los predios que se encuentran en incumplimiento de su deber legal de construir y mantener las aceras, conforme lo establece el ordenamiento jurídico vigente. • Uno de los propietarios atendió parcialmente la notificación, ejecutando labores de limpieza. Sin embargo, mediante oficio UT-206-202-2025 se constató que, si bien existe una acera de concreto, esta presenta un ancho aproximado de un metro (1,00 m), lo cual resulta inferior al mínimo requerido por la normativa vigente.
• En relación con lo anterior, se hace constar que el propietario, en respuesta a la notificación girada, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el cual se encuentra actualmente en análisis y en espera de resolución. No obstante, dicho propietario ha efectuado acciones de limpieza, lo que ha permitido mejorar las condiciones de tránsito peatonal en el sector.
• En cuanto a las demás propiedades notificadas, y ante el incumplimiento de la primera gestión, se continúa con el debido proceso administrativo, emitiendo las notificaciones subsecuentes conforme al marco legal vigente. Una vez culminado dicho procedimiento, la Administración contaría y procedería con la potestad de ejecutar directamente la construcción de las aceras en los tramos correspondientes, así como de proceder con el cobro de los costos generados, incluyendo las multas y sanciones aplicables.
Del anterior cuatro fáctico, se colige que, en efecto, la municipalidad sí ha efectuado acciones concretas para atender y solucionar la problemática de aceras acusada, tanto por una vecina del cantón, como el aquí recurrente, pero es lo cierto es que todavía no ha sido resuelta. No se duda que se trata de una situación compleja con la eminente participación de muchos munícipes, pues se trata de tres sectores del cantón con la misma problemática; no obstante, deben tener presente los recurridos que han transcurrido más de trece años en cuanto a la primera denuncia y más de tres años respecto a las dos últimas quejas, sin que todavía se solucione lo planteado y se desconoce cuándo será posible. No se denota la existencia de una fecha cierta dentro de un plazo razonable para la ejecución y sobre todo la culminación de las acciones que permitan atender lo planteado. Bajo tal estado de cosas, este Tribunal observa que la municipalidad recurrida, pese a conocer de la situación reclamada desde hace tanto tiempo, no ha ejecutado efectivamente todas aquellas labores que se requieren para que las aceras puedan ser transitables. De este modo, se acredita la violación flagrante a los derechos fundamentales del recurrente, así como del resto de vecinos de las zonas afectadas, quienes no pueden transitar adecuadamente por las aceras de sus comunidades. Desde esta perspectiva, el amparo merece ser acogido, ordenándosele a la parte recurrida ejecutar las obras de reparación o construcción de las aceras de interés, dentro del plazo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.
VI.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
De otro lado, hay quienes consideran que no debería ser objeto de esta jurisdicción aquellas reclamaciones que presentan los habitantes de la República por la falta de aceras, puentes peatonales y pasarelas peatonales. Empero, hay razones suficientes para que esta jurisdicción ampare este tipo de controversias. Los accidentes de tránsito, cuando hay lesiones o muertes, son un problema mundial. En efecto, una de las principales causas de muerte en todo el mundo son los accidentes de tránsito –más de un 1.200.000 de víctimas, y entre la población infantil y juvenil es la principal causa de muerte-. Ahora bien, los peatones son las víctimas más frecuentes en áreas urbanas. Dada la magnitud del problema, la Organización de Naciones Unidas dedicó dos semanas mundiales a la seguridad vial en el año 2013, a la seguridad de los peatones y destinó ese año especialmente a la promoción de la seguridad de los peatones en todo el mundo. Como es bien sabido, el peatón –persona que transita a pie por una vía pública- es el eslabón más vulnerable y frágil del sistema de tránsito, pues ante un choque entre él y vehículo, a falta de protección corporal, es el que sufre el mayor daño y, por ende, pone en peligro su vida e integridad física. Nótese que de acuerdo con las estadísticas mundiales los peatones constituyen una cuarta parte de los muertos en el tránsito. Se estima que en los países subdesarrollados y en desarrollo la mayoría de las víctimas son peatones. En nuestro país encontramos los siguientes datos:
Cantidad de fallecidos en sitio en accidentes por año, según tipo de usuario.
Tipo de usuario 2017 2018 2019 2020 2021 Motociclista 170 177 186 113 155 Acompañante de motociclista 29 29 27 11 11 Peatón 95 58 64 53 60 Conductor carro 95 123 100 59 84 Acompañante carro 63 47 37 37 35 Ciclista 36 37 34 38 25 Otro 0 0 3 0 0 De ahí la necesidad de que los gobiernos nacionales y locales desarrollen políticas públicas tendentes a su protección, así como que hagan cumplir las obligaciones y los deberes que el ordenamiento jurídico exige en aras de su protección. Dentro de tales deberes están los que se consagran en el numeral 75 del Código Municipal, toda vez que la separación entre peatones del resto del tráfico por las aceras, puentes peatonales y pasarelas peatonales, además de otras medidas, constituye un abordaje adecuado a fin de minimizar los riesgos y, por ende, garantizar efectivamente la vida y la integridad física de los peatones. El tema tiene tal relevancia desde la óptica de la seguridad del peatón, que el Parlamento Europeo, desde el año 1988, adoptó la Carta de los Derechos del Peatón –la que lógicamente no tiene ningún efecto vinculante para el Estado de Costa Rica-, dentro de los cuales se incluye el derecho de que se adopten medidas específicas – en nuestro caso por los gobiernos locales y las autoridades nacionales- para que él pueda pararse en las aceras –y agrego- de transitar con la debida seguridad por estas, para lo cual es necesario su existencia. Por estas razones, la tesis de la mayoría de este Tribunal de amparar estos asuntos, no solo tiene una enorme trascendencia desde la óptica de los derechos fundamentales, sino que responde a una necesidad social de la mayor envergadura, la cual, incluso, tiene repercusión en el ámbito global.
VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que ha denunciado, ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado, el mal estado de las aceras en el cantón, lo que coloca en riesgo la integridad de los peatones, pero que presuntamente no ha sido atendida en un plazo razonable.
IX.- Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la orden de la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva en definitiva la problemática denunciada en autos, relacionada con las aceras en tres sectores del cantón de Vásquez de Coronado. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
X.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Yamilet Quesada Zúñiga, a Steven Josué Mena Alvarado y a Gilbert Bernardo Benítez Rodríguez, respectivamente, en su condición de Alcaldesa, de Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y de Encargado de Saneamiento Ambiental e Inspección Municipal, todos de la Municipalidad de Vásquez de Coronado o a quienes ocupen esos cargos, coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que la problemática de aceras denunciadas en este asunto sean solventadas de manera definitiva dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen esos cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Vásquez de Coronado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de la orden de la parte dispositiva de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alejandro Delgado F.
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