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Res. 23963-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/08/2024
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denies the amparo in its entirety. Claims regarding schedules, incentives, discriminatory treatment, and threats are inadmissible as they fall under the jurisdiction of the Sentence Enforcement Judge or administrative channels. As for health and safety conditions, the Chamber finds adequate measures were taken by the facility and the Ministry of Health found no non-compliance.La Sala Constitucional declara sin lugar el amparo en todos sus extremos. Los alegatos sobre horarios, incentivos, trato discriminatorio y amenazas son inadmisibles por ser competencia del Juez de Ejecución de la Pena o de la vía administrativa. En cuanto a condiciones de salubridad y seguridad, se acredita que el centro ha tomado medidas adecuadas y el Ministerio de Salud no constató incumplimientos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by inmates at the CASI San Luis, alleging multiple rights violations: offensive treatment, changes in exit times and incentives, discrimination, threats of transfer, and serious health and safety issues (rat and slug plagues, contaminated food, lack of safety equipment, rain exposure, and screwworm risk). After receiving reports from the Ministry of Health and the facility's director, the Chamber denies the entire appeal. Claims about schedules, incentives, treatment, and threats are deemed inadmissible, as they fall under the purview of the Sentence Enforcement Judge or administrative channels. Regarding health and safety conditions, the Chamber finds that the center has implemented pest control, food safety measures, and provided protective equipment. The Ministry of Health's inspection found no non-compliance. Magistrates Rueda Leal and Garro Vargas partially dissent, arguing that all claims unrelated to health should have been rejected outright and referred to the Sentence Enforcement Judge.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por personas privadas de libertad en el Centro de Atención Semi-Institucional (CASI) San Luis, quienes alegan múltiples violaciones a sus derechos fundamentales: trato ofensivo, cambios en horarios de salida e incentivos, supuesta discriminación, amenazas de traslado a un centro institucional, y graves problemas de salubridad como plagas de ratas y babosas, ingesta de alimentos contaminados, falta de equipo de seguridad en talleres y riesgo por lluvia y gusano barrenador. La Sala, tras recibir informes del Ministerio de Salud y de la dirección del centro, declara sin lugar el recurso en todos sus extremos. Respecto a los alegatos sobre horarios, incentivos, trato discriminatorio y amenazas, la Sala los considera inadmisibles por ser materia propia del Juez de Ejecución de la Pena o de la vía administrativa, no del amparo. En cuanto a las condiciones de salubridad y seguridad, la Sala acredita que el centro ha tomado medidas de fumigación, control de plagas, manipulación de alimentos y dotación de equipo de protección, y que el Ministerio de Salud no constató incumplimientos en la inspección realizada. Los Magistrados Rueda Leal y Garro Vargas salvan parcialmente el voto, rechazando de plano los alegatos no relacionados con la salud por ser competencia del Juzgado de Ejecución de la Pena.
Key excerptExtracto clave
V.- In the case at hand, the petitioners claim that the respondent CASI has an uncontrollable rat plague. They state that the farm also has a slug plague, because when they have been served lettuce salad, many have found slugs in the leaves, which harms their health. They recount having to go to the workshop in the rain, which makes them sick. They add that the screwworm is already in the area and “the carpentry workshop is very dangerous because of the machines used, and we do not have appropriate safety shoes or clothing.” Regarding these grievances, it should be recalled that, upon filing of this appeal, the Chamber requested the Ministry of Health to carry out an inspection of the respondent prison facility, about which the director of the Santo Domingo Health Area indicated: “…during the inspection, no plague of any kind (insects or rodents) was found, and the food is properly stored. Regarding the carpentry workshop, Ms. Benavides indicated that the population working on site does not go to said workshop in the presence of rain and that they are provided with personal protective equipment for the tasks they perform. At the time of the inspection, the health authority stated it was able to verify on site that those working in the workshop use masks, gloves, safety glasses, among others. In the conclusions and recommendations, the health authority indicated that no plague, inadequate food handling, or non-compliance with the conditions under which work is performed in the carpentry workshop were found at the time of inspection, and therefore, it did not recommend issuing administrative acts.” In light of the foregoing, this Court also does not find a violation of the protected persons' fundamental rights with regard to these grievances. In that sense, it is observed that in this case it is proven that fumigations for pest control have been carried out in the CASI, including one on July 12, 2024, i.e., recently. Additionally, the lettuce consumed by the population of that prison facility is delivered by the National Production Council, which is washed and disinfected. Furthermore, regarding the workshop, the Chamber verifies that safety equipment is available there, including gloves, belts, goggles, masks, ear protectors and, depending on the work to be done, welding masks, aprons, and gloves; as well as 14 fire extinguishers. Finally, the Ministry of Health was emphatic in stating that during the inspection carried out on July 17, 2024, “no plague, inadequate food handling, or non-compliance with the conditions under which work is performed in the carpentry workshop were found at the time of inspection, and therefore, it did not recommend issuing administrative acts.” Consequently, no violation of fundamental rights in the terms in which the amparo was formulated is verified, and therefore, the appeal is declared without merit.V.- En el sub iudice, los recurrentes alegan que en el Casi accionado tienen una plaga de ratas incontrolable. Manifiestan que en la finca también hay una plaga de babosas, porque lo que, cuando les han servido ensalada de lechuga, a muchos les han salido babosas en las hojas, lo que atenta contra su salud. Relatan tener que ir al taller bajo la lluvia, lo que los enferma. Agregan que el gusano barrenador ya se encuentra en la zona y “el taller de carpinteria (sic) es muy peligroso por las maquinas (sic) que se usan, y no contamos con zapatos ni ropa adecuada para seguridad”. En cuanto a estos agravios, recuérdese que, ante la interposición de este recurso, la Sala requirió al Ministerio de Salud efectuar una inspección en el centro penal recurrido, respecto de la cual, la directora del Área de Salud de Santo Domingo indicó: “…durante la inspección no se evidenció plaga de ningún tipo (insectos o roedores) y que los alimentos se encuentran almacenados adecuadamente. Con respecto al taller de carpintería, la señora Benavides indicó que la población que labora en el sitio no se traslada a dicho taller si hay presencia de lluvia y que se les provee equipo de protección personal para las labores que ejecutan. En el momento de la inspección, señaló la autoridad sanitaria pudo corroborar en el sitio que, quienes laboran en el taller utilizan mascarilla, guantes, lentes de seguridad entre otros. En las conclusiones y recomendaciones, la autoridad sanitaria indicó que no se constató al momento de la inspección presencia de plagas o un inadecuado manejo de alimentos o incumplimientos con respecto a las condiciones en las que se realizan las labores en el taller de carpintería y por lo tanto, no recomendó emitir actos administrativos”. En atención de lo anterior, este Tribunal tampoco acredita la conculcación de los derechos fundamentales de los amparados en lo que a estos agravios refiere. En ese sentido, obsérvese que en la especie se comprueba que en el Casi se han llevado a cabo fumigaciones para el control de plagas, entre ellas, una el 12 de julio de 2024, sea, de forma reciente. Además, las lechugas consumidas por la población de ese centro penal son entregadas por el Consejo Nacional de Producción, las cuales son lavadas y desinfectadas. Asimismo, en lo que respecta al taller, la Sala comprueba que en ese lugar se cuentan con implementos de seguridad, entre ellos, guantes, cinturones, anteojos, mascarillas, orejeras y, según el trabajo a realizar, máscaras, delantales y guantes para soldar; así como con 14 extintores. Por último, el Ministerio de Salud fue enfático al señalar que en la inspección llevada a cabo el 17 de julio de 2024 “no se constató al momento de la inspección presencia de plagas o un inadecuado manejo de alimentos o incumplimientos con respecto a las condiciones en las que se realizan las labores en el taller de carpintería y por lo tanto, no recomendó emitir actos administrativos”. En consecuencia, no se verifica la lesión a los derechos fundamentales en los términos en los que fue formulado el amparo y, por ende, se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"En consecuencia, no se verifica la lesión a los derechos fundamentales en los términos en los que fue formulado el amparo y, por ende, se declara sin lugar el recurso."
"Consequently, no violation of fundamental rights in the terms in which the amparo was formulated is verified, and therefore, the appeal is declared without merit."
Considerando V
"En consecuencia, no se verifica la lesión a los derechos fundamentales en los términos en los que fue formulado el amparo y, por ende, se declara sin lugar el recurso."
Considerando V
"Esta Sala ha establecido que el trabajo penitenciario no es concebido propiamente como un trabajo, sino como un mecanismo para obtener beneficios penitenciarios, entre estos incentivos económicos."
"This Chamber has established that prison labor is not properly conceived as work, but rather as a mechanism to obtain penitentiary benefits, including economic incentives."
Considerando IV (citando sentencia nro. 2024018597)
"Esta Sala ha establecido que el trabajo penitenciario no es concebido propiamente como un trabajo, sino como un mecanismo para obtener beneficios penitenciarios, entre estos incentivos económicos."
Considerando IV (citando sentencia nro. 2024018597)
"el Ministerio de Salud fue enfático al señalar que en la inspección llevada a cabo el 17 de julio de 2024 “no se constató al momento de la inspección presencia de plagas o un inadecuado manejo de alimentos o incumplimientos con respecto a las condiciones en las que se realizan las labores en el taller de carpintería y por lo tanto, no recomendó emitir actos administrativos”."
"the Ministry of Health was emphatic in stating that during the inspection carried out on July 17, 2024, “no plague, inadequate food handling, or non-compliance with the conditions under which work is performed in the carpentry workshop were found at the time of inspection, and therefore, it did not recommend issuing administrative acts.”"
Considerando V
"el Ministerio de Salud fue enfático al señalar que en la inspección llevada a cabo el 17 de julio de 2024 “no se constató al momento de la inspección presencia de plagas o un inadecuado manejo de alimentos o incumplimientos con respecto a las condiciones en las que se realizan las labores en el taller de carpintería y por lo tanto, no recomendó emitir actos administrativos”."
Considerando V
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Date of Resolution: August 23, 2024 at 09:20 Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Res. No. 2024023963 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on August twenty-third, two thousand twenty-four.
Recurso de amparo processed under expediente number 24-018709-0007-CO, filed by Nombre8450, identity card CED6711, DELIO JOSUÉ MESÉN MEZA, identity card CED6712, DENNIS JOSÉ MAIRENA HERRERA, DEYVID ALEXANDER BADILLA FERNÁNDEZ, identity card CED6713, GREIVIN ADRIÁN ESQUIVEL SOTO, identity card CED6714, HÉCTOR IVÁN PÉREZ CÁRCAMO, identity card CED6715, HENRY ARTURO SOLANO ARROYO, identity card CED6716, JOSÉ ENRIQUE BARRANTES SALGUERA, identity card CED6717, RANDALL RENÉ DÍAZ VENEGAS, identity card CED6718 AND WINSTON WILLIAM DOYLEY ARGUEDAS, identity card CED6719, against the MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.
Resultando:
1.- By written submission incorporated into the digital expediente on July 10, 2024, the petitioners file a recurso de amparo. They state that they reside in the semi-institutional care center (Casi) San Luis, where they are treated offensively. They indicate that their right to leave at 11:00 a.m. on Fridays is violated, because departure is permitted in groups at 2:00 p.m., 3:00 p.m., and 4:00 p.m., which causes anxiety. They mention their disagreement with the schedule imposed at the Casi, as well as with the incentives they are given, and therefore consider themselves discriminated against. They allege that when they go out for a medical appointment, a day is deducted from them. They claim that they are intimidated and threatened with being sent to the institutional care center (CAI) Jorge Arturo Montero Castro when they express their displeasure about any situation. They note that two people filed recursos de amparo last month and both were "struck down." They point out that food arrives at the Casi weekly and that, by regulation, it must be intended for the persons deprived of liberty and the officers on duty. They accuse that the director and the technical staff eat all three meals at the Casi and require "taste in their meals" since "they order up to three eggs and what they make leaves us without that supply, here (sic) there are many things they don't give us because they are the ones who consume them." They allege they have an uncontrollable rat infestation (plaga). They state that on the farm there is also a slug infestation, which is why, when they have been served lettuce salad, many have found slugs on the leaves, which threatens their health. They recount having to go to the workshop in the rain, which makes them sick. They add that the screwworm (gusano barrenador) is already in the area and "the carpentry workshop (sic) is very dangerous because of the machines (sic) that are used, and we do not have adequate safety shoes or clothing." 2.- By resolution of the Presidency of the Sala at 4:40 p.m. on July 11, 2024, the proceeding was admitted and a report was requested from the general director of the Casi San Luis, as well as from the director of the Área Rectora de Salud de Santo Domingo of the Ministerio de Salud, regarding the facts alleged by the petitioners. Furthermore, the aforementioned authority of the Ministerio de Salud was ordered to "report whether the unsanitary problems – regarding the infestations and the unhealthiness of the food – referred to in the initial brief of this proceeding are occurring." 3.- By written submission incorporated into the digital expediente on July 19, 2024, Kimberly Madrigal Rodríguez reports, in her capacity as director of the Área de Salud de Santo Domingo of the Ministerio de Salud. She explains: "In response to the request for information, it is indicated that on July 17, 2023, Licda. Diana Víquez Zamora, Environmental Manager, a staff member of the Área Rectora de Salud de Santo Domingo, conducted an inspection of the establishment Centro de Atención Semi-Institucional San Luis, a report contained in official communication MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1114-2024. She indicated that at the time of the visit she was attended to by Mrs. Sandra Benavides Cascante, Director of the Center. In the report on the assessment of the reported physical-sanitary conditions, the Sanitary Authority stated that, regarding pest control (control de plagas), the last control was carried out in December 2023, as evidenced by the documentation provided by the administration. Likewise, they noted that the awarding of said activity is still in process. However, actions have been taken for pest control, such as the donation of fumigations, which is evidenced in donation record 01-2024 of July 12, 2024, in which it was indicated that the personnel contributed domestic-use products for pest control (rodents and insects). Regarding the lettuces consumed in the establishment, the representative stated that the products cultivated at the center are not consumed at this center, as they are intended for distribution to other centers, and they provided official communication DIA-217-2024, related to the distribution of agricultural products for the month of July 2024, and evidence that they are permitted to consume cilantro or green beans, but not lettuces. The lettuces are provided by the Consejo Nacional de Producción and these are washed and disinfected before consumption, a process carried out by kitchen staff who hold the respective valid food handler's permit (carné de manipulación de alimentos). It was noted that, in the crops, including lettuce, there is pest control supervised by the MAG, who advises them on the use and application of products. Furthermore, the Sanitary Authority stated that during the inspection no infestation of any type (insects or rodents) was evident and that the food is stored properly. Regarding the carpentry workshop, Mrs. Benavides indicated that the population that works there does not go to said workshop if there is rain and that they are provided with personal protective equipment for the tasks they perform. At the time of the inspection, the Sanitary Authority stated they were able to corroborate on site that those who work in the workshop use masks, gloves, safety glasses, among others. In the conclusions and recommendations, the Sanitary Authority indicated that at the time of the inspection, no presence of infestations or inadequate food handling was verified, nor non-compliance regarding the conditions under which work is performed in the carpentry workshop, and therefore, did not recommend issuing administrative acts." 4.- By written submission incorporated into the digital expediente on July 19, 2024, Viviana Benavides Cascante reports under oath, in her capacity as director of the Casi San Luis. She explains: "First: it is true that food enters this center on Mondays; food delivery is managed through Food Services, which decides how many supplies are provided to the center according to the number of the population spending the night, and these are delivered by the Consejo Nacional de Producción (CNP); they are intended for the prison population and staff, and these food supplies are not provided by the farm. However, it is false that the lettuce processed by the farm is for consumption by the population, since it is the CNP that supplies the center with provisions. It is entirely false that at any time they have gone without food or without some side dish. The registered population has their established meal times with schedules for breakfast, mid-morning refreshment, lunch, coffee with a sweet roll (bonete), dinner; these meal times include persons with special diets for chronic illnesses, age, or any particularity of the registered population, as indicated in the Commitment Document of the CASI San Luis. According to the center's possibilities, additional meals are prepared for them, such as: miel de ayote, gruels, agua dulce, snow cones, hot dogs, pastries, on special dates or occasionally; rather, it is the staff who voluntarily contribute supplies to make said preparations or receive donations from support groups. It is important to note that there are staff members who, to supplement their meals, purchase other supplies such as cheese, sour cream (natilla), avocados, or various fruits that are not provided by the penitentiary establishment, which the population tends to misinterpret, believing there is inequality, which can be verified against the intake controls that come through the Consejo Nacional de Producción. This directorate has not been a proponent of any type of inequality in food between the population and staff; in other words, everyone must adhere to the previously established menu approved by nutrition. In addition to the above, the kitchen staff holds the food handler's permit (carnet de alimentos) in accordance with the law and supervises the preparations made by the registered persons who work as kitchen assistants, providing the required supplies: boots, smocks, gloves, hair caps, among others, guaranteeing proper food handling and compliance with hygiene standards. Second: regarding the rat infestation mentioned, it is true that we have had infestations of mice, cockroaches, and mosquitoes mainly. It is important to note that the Centro de Atención Seminstitucional San Luis is a farm space, where rodent infestations will be frequent despite efforts by the Ministerio de Justicia y Paz with fumigations to combat this type of infestation; however, this center has taken actions toward the reduction of infestations. At the Administrative Department level, through official communication DA-1251-2023 dated November 13, 2023, addressed to administrators, directors, office heads, signed by Kattia Fernández Gutiérrez, Logistics Coordinator, we are informed that the contract with the company Control Ecológico de Plagas Taboada was concluded as of January 24, 2024, and therefore the Penitentiary Centers are urged to carry out repeated cleanings and to eliminate waste that could serve as breeding grounds… On June 4, 2024, an institutional email consultation was made to Licda. Fernández about the contracting of fumigation, and she indicated that 'the procurement document was challenged, but since the observations were matters of form and not substance, the opening of bids will be on the upcoming June 7. Once the analysis has begun and because it is a major bidding process, 90 business days will be counted to have a firm contract.' In coordination with the Agroindustrial Department for rat control and the interventions being carried out, we indicate that this year, once a month, the product STORM 0.005 BB (coumarin rodenticide flocoumafen) is applied to them; apart from that, the area where the compost bin is located is fumigated once a week and washed constantly. For the prevention and reduction of infestations in crops, biological products such as SUNIST, SUNBT, SUNTRICHODEX, SUNMITEX are used for all crops in general, this for the control of infestations such as slugs, prutelas, among others. In addition to the above, this farm is working towards the Bandera Azul Ecológica certification, which rewards efforts to achieve hygienic, sanitary, and sustainable conditions, and we already have three stars to date, with the goal being five stars; additionally, the farm has follow-up monitoring by the Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), providing training to personnel and supervising that good agricultural practices are carried out, for which it constantly samples the products that are harvested and transferred for consumption to other centers. Third: in the case at hand, there are other actions by this directorate to manage the prevention and solution of the problem in a comprehensive manner, such as; ➢ Eliminating or minimizing food sources: registered persons are not permitted to ingest food inside the dormitories (breakfast, lunch, dinner, fruits) provided by the center; likewise, there is regulation of products entering through parcels or brought with them. For this, dining room spaces exist for effective food waste control. ➢ Work has been done to eliminate or reduce shelter sources, such as waste from discarded furniture materials, leftover materials; everything that was recyclable has been donated. ➢ There is a recycling system. ➢ Clearing of scrubland, that is, through weed clearing, cleaning of ditches where stormwater runs and streams, so that there is no standing water that propagates mosquito breeding grounds. ➢ Garbage cans have lids in sanitary services and dining rooms. ➢ Containers for organic waste also have their respective lids and are transferred daily to the composting sector. ➢ The composting area is fumigated with a biodegradable product for fly control. Likewise, efforts were made to comply with recommendations provided by the Ministerio de Salud in official communication No. MS-DRRSCN-DARSSD-OS-117-2023, dated July 20, 2023, among the actions taken: ➢ Continuous deep cleanings are carried out. ➢ Windows were cleaned, old screening was removed, and coordination is underway for the construction of window frames and the installation of new screening; in the meantime, as a palliative measure, shade cloth was installed. ➢ The female cooks' lockers were moved to another space outside the kitchen sector. ➢ The wooden furniture with glass was removed. ➢ Shelves were cleaned, as well as the walls and floor with a pressure washer. ➢ A stainless steel sink was installed. ➢ Work resumed with the kitchen staff on the "Cleaning Protocol by Work Area for the Ministerio de Justicia y Paz," to promote good practices and the application of established protocols. ➢ Solid waste bins were relocated, and the production of the respective lids was coordinated. ➢ It is important to reiterate that this center is for the massive housing of persons and produces ordinary waste that is coordinated with the local Municipality, and biodegradable (biological) waste and farm stubble that are treated using the composting technique, achieving soil improvement. ➢ A biological bed was created for the management of special waste produced by the farm, following good agricultural practices and the requirements of the State Phytosanitary Services, as these officials will provide the respective recommendation for this chemical waste treatment. Regarding the compost bin, joint actions were taken with the Agroindustrial Department; it was intervened in depth, changing the waste management model, with the result that: ➢ Rodenticide was applied, along with a formula suggested by MAG officials based on poultry feed concentrate. ➢ Steps were taken regarding improvements to the physical plant of the place where composting is managed. ➢ Part of the vermicompost project was moved to another space that meets the requirements. ➢ Pallets were moved to address the issue of waste incoming from the dining room. ➢ Vertical silos were created to prevent rodent entry, which currently consist of cut barrels with the bedding on the floor. Likewise, discussions were held with staff members, and a meeting was held with the registered population to raise awareness about proper waste separation and the importance of keeping spaces clean to avoid promoting the proliferation of the rat infestation. In the B dormitory, repairs were made, and the foundations were sealed to prevent the entry of rats. As part of the Logistics Unit's programming, the contracted company carried out fumigations in the establishment. The foregoing for the eradication or reduction of the possible transmission of diseases caused by infestations; to this day, there has not been a single case of a registered person or staff member from the different areas who work at this Center having been infected by an infestation. Efforts are made to maintain healthy environments, minimizing risks of exposure to contaminants due to their effects on human health. It is essential to contextualize that the strategies to be implemented must go beyond a deep cleaning of the sector; it is a joint effort with higher entities. Fourth: In compliance with the cleaning instructions, the directorate arranged a deep cleaning on Friday, July 5, 2024, using a pressure washer for the entire kitchen, walls; everything that could obstruct cleaning was moved; this is a deep cleaning, even though every Friday the registered persons who perform duties in the kitchen wash the kitchen every Friday of each week. Due to the growing number of cockroaches, a fumigation was arranged for July 12 of the current year, which was donated by Mr. Nombre8452, bearer of identity card number CED6720, for pest control; likewise, a fumigation is scheduled for the upcoming July 19, 2024. The eradication of infestations is not easy when the space is an agricultural farm, a composting area, and a wood workshop; these are places where rodents, mosquitoes, cockroaches thrive. However, the lack of commitment on the part of the registered persons to the constant cleaning of the spaces where they live is a day-to-day struggle to control an unsustainable propagation of infestations. Fifth: this directorate communicated by telephone with the Ministerio de Salud of Santo Domingo, spoke with the doctor in charge, explained the conditions of the center and the need for fumigation for the prevention of diseases derived from infestations. No positive response was obtained since, due to the constant growth of contagion cases from dengue and screwworm (gusano barrenador), fumigations are not carried out preventively. There have been no cases reported of diseases derived from any type of infestation in this center among the registered persons. On Thursday, July 11 of the current year, upon prior coordination with this directorate, health officials appeared for influenza vaccination; both staff and the registered population were vaccinated. All these actions are for the protection of the health of all persons who are at this Center. The Ministerio de Salud conducted an inspection on July 17, 2024, where it requested that the population be informed there will be an increase in sterilized flies because a large quantity of these already sterilized insects was released to counteract the screwworm infestation (plaga gusano barrenador); the foregoing so that the population would not be alarmed upon seeing them in the area; this was communicated at a general meeting to the registered population on July 17. Sixth: Up to now, I have had no knowledge of the apparent slug infestations that the petitioners indicate; since the different areas: cook, farm manager, workshops have not mentioned such an event to me; I attach a report. This directorate, in compliance with legislation on the right to a healthy environment and health in workplaces, as has been reiterated by this same Chamber in judgment number 2020005585 at 9:20 a.m. on March 20, 2020: (…) Seventh: On the other hand, regarding the schedules and the economic incentive, these are established by the Dirección General de Adaptación Social, which through circular DGAS-001-2022, called general guidelines to regulate the occupational activities of the prison population in penitentiary establishments, in article 8 provides: “…EIGHT: PAYMENT OF THE INCENTIVE. The payment of the economic incentive corresponds to the fulfillment of the established schedule, which is why unexcused absences from their work commitment must be deducted, with the exception of attendance at activities inherent to the Plan de Atención Técnica – group and/or individual care processes…” (the bold text and underlining are not part of the original document). Procedure: (…) c) The Sección Profesional de Orientación, in coordination with the administrative official in charge of activity control, will report to the administration the list of persons deprived of liberty who performed an occupational activity with economic incentive recognition in the period. This list must contain: full name and surname of the person, identification number, number of days worked, assigned category, activity performed, and the report of changes occurring in the period. (…) f) The administration of the establishment or whomever it designates is responsible for preparing the official payment list, based on the information provided by the Sección Profesional de Orientación. (…) l) The control lists must be reviewed by the administration and/or directorate of the penitentiary establishment, and a settlement official communication will be prepared, which is sent to the Administrative Department for its review and settlement of the amount delivered by check. (…) n) It is essential to consider the schedule in which the person deprived of liberty performs their work activity, for the purpose of determining the deductions for time not worked without justification. That said, if the person works Monday through Friday and within that schedule did not work 2 days in the month, only the deduction for the 2 days not worked applies, without applying penalty for Saturdays and Sundays, which are not part of the work schedule. This deduction system favors the position held by the person deprived of liberty in relation to the economic incentive they receive. According to the foregoing, the payroll payment process involves the participation of various work areas: the official in charge of the task who records attendance, the Sección Profesional de Orientación that issues the report to the administration of the payments for an established schedule. This directorate has adhered to the institutional directives and has committed no violation of the registered person's rights; it is not within the competencies and powers of this directorate to make modifications to institutional regulations, but rather it must be respectful of them. Eighth: The schedule can be seen in Circular DGAS-004-2022, “…OF THE WORK SCHEDULE. In accordance with the scope of the collective life insurance policy, also taking into consideration that the activities carried out by the prison population are for assistance and therefore require at all times the accompaniment and direct supervision of the institution's staff, the working hours of persons deprived of liberty will regularly be eight (8) hours per day, schedules that must harmonize with the working hours of the institution's personnel in charge of the follow-up on the interventions with this population. In exceptional cases, duly justified by the Consejo de Análisis of the penitentiary establishment, the working hours may consider a total of ten (10) hours per day, granting one day of rest for every five (5) days of continuous work...” It is not true that discrimination is involved; measures have never been taken against the prison population who consider their rights violated and exercise their right to complain or appeal. However, the administration is obligated to ensure the proper use of the public funds entrusted to it and, for that purpose, must comply with the regulations in force. Ninth: The payment days for the economic incentive, according to circular DGAS-001-2022, issued by Viviana Boza Chacón, Acting Director of Adaptación Social, dated February 4, 2022. Subject: General guidelines to regulate the occupational activities of the prison population in penitentiary establishments. “…a) The settlement is made within the first 5 business days of the following month. In the case of penitentiary establishments outside the greater metropolitan area (Guanacaste, Puntarenas, Limón), the settlement must be carried out within the first 10 business days, and for this purpose, the administration and/or directorate of the penitentiary establishment will submit the payment lists to the Administrative Department…” This is known to the registered population, to whom it has been reiterated, and payment days have even been scheduled, and they have been provided the information in writing. Tenth: No type of threat or intimidation has ever been made to a registered person regarding relocation to a Centro de Atención Institucional. These relocations respond to a precautionary measure (medida cautelar) pursuant to three hundred fifty-two of the Reglamento del Sistema Penitenciario which indicates: “…Precautionary measures (medidas cautelares) are exceptional and are appropriate when the physical or psychological integrity of any person, public order, or security in the community or in the Centros de Atención Institucional or Semi Institucional, as well as in the Unidades de Atención Integral, is put at risk…” and any of the following precautionary measures (medidas cautelares) may be adopted: (…) c) Placement in another care level of higher containment (mayor contención)…” (the bold text and underlining are not part of the original document). Secondly, as part of the due process established in the Reglamento del Sistema Penitenciario, these cases are heard by the Disciplinary Commission and the Interdisciplinary Council of the center and elevated for consideration and for their permanent placement to be determined by the Instituto Nacional de Criminología, which performs a comprehensive analysis of the cases; that is, these placements are not arbitrary; they are objective and duly justified. Eighth: finally, it is not true that registered persons work by going to the workshop in the rain and that they work without safety devices; each of the areas has its safety devices according to the activity they perform. Specifically, 19 registered persons work in the workshop, each of whom is assigned gloves, belts, glasses, masks, ear protection, and depending on the task to be performed, additional implements are provided, such as welding masks, aprons for welding work, and their respective gloves. It should be noted that, regarding the use of machinery, a prior investigation is conducted into the knowledge of the registered persons, they are trained, they rotate between different positions, always under supervision for proper use and safeguarding of the registered person's integrity; under this administration, there have been no accidents at the workplace in this work space. It should be noted that there are also 14 fire extinguishers, which are visibly placed in different locations in the workshop for any eventuality. Likewise, they are covered by the insurance policy of the Instituto Nacional de Seguros. I respectfully request that the recurso de Habeas Amparo filed by Nombre8450, Delio Mesén Meza, Denis Mairena Herrera, Daivyd Badilla Fernández, Greivin Esquivel Soto, Héctor Pérez Cárcamo, Henry Solano Arroyo, José Barrantes Salguera, Randall Diaz Venegas, and Winston Doyley Arguedas be declared without merit, as I consider that no Constitutional Right supporting them has been violated, according to the circumstances described in previous paragraphs." 5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considerando:
I.- OBJECT OF THE RECURSO. The petitioners indicate that they reside in the Casi San Luis, where they are treated offensively. They state that their right to leave at 11:00 a.m. on Fridays is violated, because departure is permitted in groups at 2:00 p.m., 3:00 p.m., and 4:00 p.m., which causes anxiety. They mention their disagreement with the schedule imposed at the Casi, as well as with the incentives they are given, and therefore they consider themselves discriminated against. They allege that when they go out for a medical appointment, a day is deducted from them. They claim that they are intimidated and threatened with being sent to the CAI Jorge Arturo Montero Castro when they express their displeasure about any situation. They note that two people filed recursos de amparo last month and both were "struck down." They point out that food arrives at the Casi weekly and that, by regulation, it must be intended for the persons deprived of liberty and the officers on duty. They accuse that the director and the technical staff eat all three meals at the Casi and require "taste in their meals" since "they order up to three eggs and what they make leaves us without that supply, here (sic) there are many things they don't give us because they are the ones who consume them." They allege they have an uncontrollable rat infestation. They state that on the farm there is also a slug infestation, which is why, when they have been served lettuce salad, many have found slugs on the leaves, which threatens their health. They recount having to go to the workshop in the rain, which makes them sick. They add that the screwworm (gusano barrenador) is already in the area and "the carpentry workshop (sic) is very dangerous because of the machines (sic) that are used, and we do not have adequate safety shoes or clothing." II.- PROVEN FACTS.
Relevant to the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:
"➢ Elimination or minimization of food sources; assigned persons are not permitted to consume food inside the dormitories (breakfast, lunch, dinner, fruits) provided by the center; likewise, there is a regulation of products entering via packages or brought in personally. For this purpose, dining room spaces exist for effective control of food waste.
➢ Work has been undertaken to eliminate or reduce shelter sources, such as waste from discarded furniture, leftover materials; everything that could be recycled has been donated.
➢ A recycling system is in place.
➢ Clearing of brush (charral), that is, by means of brush cutting (chapeas), cleaning of ditches where runoff water flows and streams, so that there is no stagnant water that propagates mosquito breeding grounds.
➢ Trash cans in sanitary facilities and dining rooms have lids.
➢ Containers for organic waste also have their respective lids and are transported daily to the composting sector.
➢ The composting area is fumigated with a biodegradable product for fly control." (See report rendered under oath by the respondent prison authority).
"I inform you that on Tuesday, July 2 of this year, I detected an atypical presence of cockroaches in the kitchen area; I proceeded to record the respective videos of the situation that occurred, with the purpose of presenting them to the person in charge of the Center at that time, Licda. Karen Ramírez Vega, in order to then seek the reason and the corresponding solution, leading to the decision to carry out a deep fumigation, using a biological, NON-contaminating product, which was provided to me by my colleague from the Agricultural division, Allan Arguello Castro. It should be noted that this corrective action was carried out from 6:00 p.m. to 7:20 p.m. without the presence of administrative officials of the Center, nor of the private individuals who work as kitchen assistants; there was also no exposed food, as everything was stored responsibly. Said fumigation work was carried out solely by a private individual whose name I do not know, as he was chosen by Security.
On Wednesday, July 3, the corresponding cleaning of absolutely all kitchen utensils, furniture, dish racks (trateros), walls, etc., was carried out; said action likewise performed by the available assistants, using hot water and a pressure washer containing water, soap, and chlorine, from 7:30 a.m. to 8:30 a.m.
Regarding the food, for the Security Officer colleagues who receive it during the night shift, we in this Kitchen have orders to leave them prepared rice and beans, as well as the portion of what is previously established in the day's menu for dinner and the early morning meal corresponding to that day, as well as oil and eggs too. There are Officers who, due to dietary restrictions, do not consume said food at night and in the early morning; this food is often taken advantage of by colleagues on the day shift, and I, in my capacity as Cook, do not have the authority to reduce or withhold the food, whether or not those colleagues consume it in its entirety.
To the inmate population, every day at breakfast time, the following is served without exception: Pinto, coffee, bread, and, as established, eggs or processed meat (embutido) are alternated each day of the week; if someone, due to dietary restrictions and with prior indication, cannot consume processed meats, they would be the only one who can be served eggs every day, as there would be no other option to give them — this applies in one or more already notified cases, I repeat.
I emphasize that I have never had issues with officials asking me for more than the established ration, or with complaints at breakfast or lunch time regarding the established option, since pinto is eventually offered to them after having served the population, given that the population is served breakfast at 7:00 a.m. and the staff enters at 8:00 a.m. Furthermore, I stress that no one has ever been discriminated against or served less. Meal schedules are fully complied with and with the utmost responsibility; if someone is delayed due to work or any special situation, the assigned person must inform Security so that the kitchen can be contacted.
All food is prepared daily, according to the menu, and served in the portions that the Nutrition area has already established for us, with a presentation worthy of each person. It should be noted that both the population and the officials eat from the same menu, so there is no difference in the preparation for one group or the other." (See documentary evidence).
"(...) on July 17, 2023, Licda. Diana Víquez Zamora, Environmental Manager, an official of the Governing Health Area of Santo Domingo, conducted an inspection of the establishment Centro de Atención Semi-Institucional San Luis, with the report contained in official communication MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1114-2024 (...), the health authority stated that, regarding pest control, the last control was carried out in December 2023, as evidenced by the documentation provided by the administration. Likewise, they indicated that the procurement process for said activity is still in progress. However, actions for pest control have been undertaken, such as the donation of fumigations, which is evidenced in donation record 01-2024 of July 12, 2024, in which it was indicated that staff contributed products for domestic use for pest control (rodents and insects). With respect to the lettuce consumed in the establishment, the representative indicated that the products cultivated at the center are not consumed there, as they are destined for distribution to other centers, and they provide official communication DIA-217-2024, related to the distribution of agricultural products for the month of July 2024, which shows that they are permitted to consume culantro or green beans (vainicas), but not lettuce. The lettuce is provided by the National Production Council and it is washed and disinfected before consumption, a process performed by kitchen personnel who hold a valid food handling card. It was indicated that in the crops, including lettuce, there is pest control supervised by the M, which guides them on the use and application of products. Furthermore, the health authority indicated that during the inspection, no type of pest (insects or rodents) was evident, and that food is stored adequately. With respect to the carpentry workshop, Mrs. Benavides indicated that the population working at the site does not go to said workshop if there is rain, and that they are provided with personal protective equipment for the tasks they perform. At the time of the inspection, the health authority was able to corroborate on-site that those working in the workshop use masks, gloves, safety glasses, among others. In the conclusions and recommendations, the health authority indicated that the presence of pests, inadequate food handling, or non-compliance with respect to the conditions under which work is performed in the carpentry workshop was not verified at the time of the inspection, and therefore, did not recommend issuing administrative acts" (emphasis added). (See documentary evidence).
III.- UNPROVEN FACTS. Relevant to the resolution of this matter, the following facts are deemed unproven:
IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite matter, the Court verifies that the petitioners are located in the Casi San Luis as convicted persons. On Mondays, the National Production Council delivers food for consumption by the prison population and for the officials of the respondent Casi. At the Casi San Luis, the penal population has meal times that include breakfast, a mid-morning refreshment, lunch, coffee with a sweet roll (café con bonete), and dinner. Additionally, according to the center's possibilities, additional meals are provided. Likewise, the director of the Casi clarifies that "officials who, to supplement their meals, purchase other inputs such as cheese, sour cream (natilla), avocados, or fruits of various kinds that are not provided by the penitentiary establishment, in light of which the population tends to become confused, believing there is inequality." During the year 2024, once a month, the product STORM 0.005 BB (coumarin rodenticide flocoumafen) is applied at the Casi San Luis for rat control; additionally, the area where the compost pile is located is fumigated once a week. Meanwhile, for the prevention and reduction of pests in crops, biological products such as SUNIST, SUNBT, SUNTRICHODEX, and SUNMITEX are used. By an undated brief "INFORME AGROPECUARIO," it is stated that: "on behalf of the farm managers, we do not supply lettuce to the center, specifically to the kitchen of CASI San Luis, for consumption by the population or the staff. The lettuce consumed is supplied by external providers contracted by the CNP." To combat the problems caused by pests, the following actions are carried out at the Casi San Luis: "➢ Elimination or minimization of food sources; assigned persons are not permitted to consume food inside the dormitories (breakfast, lunch, dinner, fruits) provided by the center; likewise, there is a regulation of products entering via packages or brought in personally. For this purpose, dining room spaces exist for effective control of food waste. ➢ Work has been undertaken to eliminate or reduce shelter sources, such as waste from discarded furniture, leftover materials; everything that could be recycled has been donated. ➢ A recycling system is in place. ➢ Clearing of brush (charral), that is, by means of brush cutting (chapeas), cleaning of ditches where runoff water flows and streams, so that there is no stagnant water that propagates mosquito breeding grounds. ➢ Trash cans in sanitary facilities and dining rooms have lids. ➢ Containers for organic waste also have their respective lids and are transported daily to the composting sector. ➢ The composting area is fumigated with a biodegradable product for fly control." On July 12, 2024, a fumigation was carried out at the respondent Casi, which was the result of a donation. By official communication dated July 17, 2024, personnel from the Kitchen and Food Services of the respondent penal center stated: "I inform you that on Tuesday, July 2 of this year, I detected an atypical presence of cockroaches in the kitchen area; I proceeded to record the respective videos of the situation that occurred, with the purpose of presenting them to the person in charge of the Center at that time, Licda. Karen Ramírez Vega, in order to then seek the reason and the corresponding solution, leading to the decision to carry out a deep fumigation, using a biological, NON-contaminating product, which was provided to me by my colleague from the Agricultural division, Allan Arguello Castro. It should be noted that this corrective action was carried out from 6:00 p.m. to 7:20 p.m. without the presence of administrative officials of the Center, nor of the private individuals who work as kitchen assistants; there was also no exposed food, as everything was stored responsibly. Said fumigation work was carried out solely by a private individual whose name I do not know, as he was chosen by Security. On Wednesday, July 3, the corresponding cleaning of absolutely all kitchen utensils, furniture, dish racks (trateros), walls, etc., was carried out; said action likewise performed by the available assistants, using hot water and a pressure washer containing water, soap, and chlorine, from 7:30 a.m. to 8:30 a.m. Regarding the food, for the Security Officer colleagues who receive it during the night shift, we in this Kitchen have orders to leave them prepared rice and beans, as well as the portion of what is previously established in the day's menu for dinner and the early morning meal corresponding to that day, as well as oil and eggs too. There are Officers who, due to dietary restrictions, do not consume said food at night and in the early morning; this food is often taken advantage of by colleagues on the day shift, and I, in my capacity as Cook, do not have the authority to reduce or withhold the food, whether or not those colleagues consume it in its entirety. To the inmate population, every day at breakfast time, the following is served without exception: Pinto, coffee, bread, and, as established, eggs or processed meat (embutido) are alternated each day of the week; if someone, due to dietary restrictions and with prior indication, cannot consume processed meats, they would be the only one who can be served eggs every day, as there would be no other option to give them — this applies in one or more already notified cases, I repeat. I emphasize that I have never had issues with officials asking me for more than the established ration, or with complaints at breakfast or lunch time regarding the established option, since pinto is eventually offered to them after having served the population, given that the population is served breakfast at 7:00 a.m. and the staff enters at 8:00 a.m. Furthermore, I stress that no one has ever been discriminated against or served less. Meal schedules are fully complied with and with the utmost responsibility; if someone is delayed due to work or any special situation, the assigned person must inform Security so that the kitchen can be contacted. All food is prepared daily, according to the menu, and served in the portions that the Nutrition area has already established for us, with a presentation worthy of each person. It should be noted that both the population and the officials eat from the same menu, so there is no difference in the preparation for one group or the other." By brief no. 017-07 of July 17, 2024, the Prefabricated Products Factory Project of the Casi indicated that 19 private individuals participate in the workshop, who are assigned gloves, belts, safety glasses, masks, ear muffs, and, depending on the work to be performed, welding masks, aprons, and welding gloves. Additionally, it indicated that there are also 14 fire extinguishers. Likewise, it indicated that in the workshop "no type of pests or rodents are observed that could harm the work performed or cause any effect on the assigned population, in addition to which cleaning tasks are carried out in the space (...)." The director of the Health Area of Santo Domingo of the Ministry of Health details that: "(...) on July 17, 2023, Licda. Diana Víquez Zamora, Environmental Manager, an official of the Governing Health Area of Santo Domingo, conducted an inspection of the establishment Centro de Atención Semi-Institucional San Luis, with the report contained in official communication MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1114-2024 (...), the health authority stated that, regarding pest control, the last control was carried out in December 2023, as evidenced by the documentation provided by the administration. Likewise, they indicated that the procurement process for said activity is still in progress. However, actions for pest control have been undertaken, such as the donation of fumigations, which is evidenced in donation record 01-2024 of July 12, 2024, in which it was indicated that staff contributed products for domestic use for pest control (rodents and insects). With respect to the lettuce consumed in the establishment, the representative indicated that the products cultivated at the center are not consumed there, as they are destined for distribution to other centers, and they provide official communication DIA-217-2024, related to the distribution of agricultural products for the month of July 2024, which shows that they are permitted to consume culantro or green beans (vainicas), but not lettuce. The lettuce is provided by the National Production Council and it is washed and disinfected before consumption, a process performed by kitchen personnel who hold a valid food handling card. It was indicated that in the crops, including lettuce, there is pest control supervised by the M, which guides them on the use and application of products. Furthermore, the health authority indicated that during the inspection, no type of pest (insects or rodents) was evident, and that food is stored adequately. With respect to the carpentry workshop, Mrs. Benavides indicated that the population working at the site does not go to said workshop if there is rain, and that they are provided with personal protective equipment for the tasks they perform. At the time of the inspection, the health authority was able to corroborate on-site that those working in the workshop use masks, gloves, safety glasses, among others. In the conclusions and recommendations, the health authority indicated that the presence of pests, inadequate food handling, or non-compliance with respect to the conditions under which work is performed in the carpentry workshop was not verified at the time of the inspection, and therefore, did not recommend issuing administrative acts" (emphasis added).
Now, in the specific case, the appellants indicate that they reside in the Casi San Luis, where they are treated offensively. They assert that their right to leave at 11:00 a.m. on Fridays is violated, because departure is permitted in groups at 2:00 p.m., 3:00 p.m., and 4:00 p.m., which generates anxiety. They mention their disagreement with the schedule imposed at the Casi, as well as with the incentives they are given, for which they consider themselves discriminated against. They allege that when they attend a medical appointment, their day is deducted. They assert that they are intimidated and threatened with being sent to the CAI Jorge Arturo Montero Castro when they express their displeasure about a situation. They state that two people filed amparo petitions last month and both were "arrollados." They maintain that food arrives at the Casi weekly and, by regulation, it must be destined for the private individuals and the officers on duty. They accuse that the director and the technical team eat all three meals at the Casi and require "taste in their food," as they "order up to three eggs, and by doing so, they leave us without that input; there are many things here that they do not give us, since they are the ones who consume them." In view of the above, it is appropriate to bring up what was stated in judgment no. 2024018597 of 9:30 a.m. on July 2, 2024, "1.- By a writing received at the Secretariat of the Court at 2:11 p.m. on June 25, 2024, the appellants filed an amparo petition against the MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ and the CENTRO DE ATENCIÓN SEMI INSTITUCIONAL SAN LUIS, stating the following: that upon arriving at said semi-institutional center with a benefit earned through work, study, and good behavior, they enjoy being able to reunite with their family, since they leave on Friday at 11:00 a.m. They indicate that the rules have currently been changed, and they were told that they will now leave each day at 4:00 p.m., when the schedule was 2:00 p.m., including Friday. They mention that, given this, they would have no time to seek employment, as they use midday to look for work. They assert that in accordance with Articles 56 and 57 of the Political Constitution, they have the right to a minimum salary, and there they are given an incentive of 20,000 colones per two-week period, and if they attend a medical appointment, their day is deducted, something that does not apply to officials in the same way, for which reason they consider themselves discriminated against by the director, the collegiate body, and security of the respondent penal center. They comment that the women who work making bread in (menores cárcel) enjoy a minimum salary (70,000 colones per week), and their entry days are Sunday, and they leave on Friday at 9:00 a.m. They argue that Article 51 is also violated for those who are punished, since visits and the entry of some food and articles were prohibited. Furthermore, previously the schedule was from 5:00 a.m. to 9:00 p.m., but currently it is from 5:30 a.m. to 7:00 p.m.; despite being a trust-based center, they are at the mercy of people who see them as animals. They add that the officials request special preferences in their food, given that they do not eat the same thing as them, and they hold parties with State supplies when celebrating dates such as Father's Day and Mother's Day, and take advantage of the best of their food. They request that they be paid a minimum salary like the women who work in the bakery, and that the officials who commit abuses be sanctioned (...)
I.- PURPOSE OF THE PETITION. The appellants allege not having a minimum salary for the work they perform at the Centro de Atención Semi Institucional San Luis. Additionally, they point to schedule changes and abuses by the officials thereof, for which they request the intervention of this constitutional court.
II.- SPECIFIC CASE. In relation to the minimum salary requested for prison work, it should be noted that in a case similar to the present one, this Court, through judgment No. 2014000133 of 2:30 p.m. on January 8, 2014, resolved the following:
"(...) I.- This Court has previously addressed prison work. Thus, in ruling number 2005-006870 of 2:41 p.m. on June 1, 2005, it stated:
IV.- On constitutional jurisprudence regarding prison work.- The Court maintains its reiterated jurisprudence, which has held that the relationship existing between the inmate population and the Ministry of Justice is not of a labor nature, even though the inmate persons do, during their stay in prison, perform tasks that can be classified as human work — which is not the same thing — since those tasks are characterized by the fact that the consideration received, and which gives rise to the relationship between the Administration and the inmate person, is a prison benefit, namely the one granted by Article 55 of the Penal Code, and not a salary, from the perspective of labor law. However, although it is not a labor relationship — as indicated before — the fact is that prison work, in some cases, can have a resocializing effect and, therefore, it is not justified (even less so from the resocializing perspective) to deny the petitioner, in his condition as an inmate, that which the "free" world considers necessary for the development of a minimally adequate work activity according to the general postulates proclaimed by the current social system, which, in our country, is limited to the benefits derived from social security and the right to compensation for having suffered an accident in the exercise of a work activity — with the aforementioned characteristics — provided under state custody during his stay in prison. Likewise, this Court has indicated that the custodial sentence consists of the inmate's confinement in a penal establishment, where he remains, to a greater or lesser degree, deprived of his liberty and subjected to a specific regime of life; the execution of that sentence must be organized on a broad basis of humanity, eliminating anything that is offensive to human dignity. Inmates not only have duties to fulfill but are also subjects of rights that must be recognized and protected by the State, discounting only the rights lost or limited by their condition. (see ruling number 2000-11006 of 1:30 p.m. on December 13, 2000).
V.- On the specific case.- Taking into account the preceding recital, it is concluded that indeed the relationship existing between the inmate population and the Ministry of Justice is not of a labor nature, and the possibility of working granted to inmates is an incentive, which in no way implies an obligation, where the consideration consists basically of an economic incentive and not a salary. The possibility of working, as such, depends on the projects that exist; the Penitentiary Center is not obligated to provide work to everyone, nor at all times, but rather that possibility is linked to the existence of projects, it being valid that, once the project is suspended, the payment of the economic incentive to the inmate ceases. (...)" II.- On the other hand, the appellants' claim that the increase in the payment of the economic incentive be resolved through the amparo proceeding is not admissible, since it is not for this Court to calculate and define the appropriate amounts for the cited economic incentive for inmates for the work they perform. Said situation must be raised before the respective prison authorities; therefore, on this point, the petition must be rejected (...)." In accordance with the reasons set forth in the cited precedent, this Court has established that prison work is not properly conceived as a job, but as a mechanism to obtain prison benefits, among these, economic incentives. In this way, the appellants can raise the respective claims before the Sentence Enforcement Judge, and not before this court, so the amparo petition is inadmissible.
III.- Regarding the other disagreements raised by the appellants with the provisions and actions of the authorities of the respondent semi-institutional center, it should be noted that they must be alleged before the administrative body itself, and if one is not satisfied with what is resolved in the administrative venue, they may seek protection of their rights before the corresponding Sentence Enforcement Judge, who, according to the provisions of Articles 477 and 478 of the Criminal Procedure Code, is the competent jurisdictional authority to hear enforcement incidents that are directly related to the substitution, modification, or extinction of the sentence or security measures, as well as those related to early release." Furthermore, Article 482 of the Code of Criminal Procedure establishes that it is the responsibility of the Sentence Enforcement Court to control compliance with the prison regime and respect for the constitutional and legal purposes of the sentence and of the security measures. In this regard, its competence includes maintaining, substituting, modifying, or terminating the sentence and the security measures, as well as the conditions of their compliance; visiting detention centers, at least once every six months, for the purpose of verifying respect for the fundamental and penitentiary rights of the inmates, and ordering such corrective measures as it deems appropriate; resolving, by applying the procedure established for enforcement incidents, the petitions or complaints that inmates file in relation to the prison regime and treatment insofar as they affect their rights; resolving, by way of appeal, the claims lodged by inmates regarding disciplinary sanctions; and approving isolation sanctions exceeding forty-eight hours in cells. As can be observed, everything related to the proper course of sentence compliance and the conditions under which they are served falls, by Law, under the cognizance, processing, and resolution of the Sentence Enforcement Court, and not of this constitutional venue. By virtue of the foregoing, with respect to this point, the remedy is inadmissible and must be so declared.” The Court considers that the considerations set forth in the cited ruling are fully applicable to the case under study, given that there are no grounds to vary the stated criterion, nor reasons to assess the situation raised differently.
Consequently, let the claimants be advised that it is not compatible with the summary nature of the amparo remedy for this Court to determine, in accordance with the sub-constitutional regulations governing the matter and the particularities of the case under study, whether or not the departure schedule applied at Casi San Luis is appropriate, nor the incentives granted. Nor does this Chamber have the authority to establish whether or not reductions in incentives have occurred when they have a medical appointment. This is so because such grievances must be clarified before the respondent authority itself or through the ordinary jurisdictional channel.
On the other hand, the claimants maintain that they receive offensive treatment in the appealed detention center, that they are intimidated and threatened with being sent to CAI Jorge Arturo Montero Castro when they express their displeasure about a situation, and that two individuals even filed amparo remedies last month and both were “overwhelmed.” Despite this, such grievances were formulated in a generic manner, given that no allusion was made to any specific situation in which they occurred, which prevents the Court’s analysis.
It is also evident from the case file that the persons confined at Casi San Luis receive five meal times, and therefore no injury to their fundamental rights regarding this grievance is verified. In this regard, it is pertinent to note that if the protected persons are dissatisfied with the food received from the prison staff, they may, if they so wish, lodge the corresponding claims before the Ministry of Justice and Peace itself or through the ordinary legality channel.
Likewise, the claimants maintain that such situations demonstrate that they are victims of discrimination. On this matter, in Judgment No. 2020010415 of 9:10 a.m. on June 5, 2020:
“I.- REGARDING THE PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION. In view of the petitioner’s allegations, it is pointed out that the principle of equality, established in Article 33 of the Political Constitution, does not have an absolute character, for it does not properly grant a right to be equated with any individual without distinction of circumstances, but rather allows one to demand that no distinctions be made between two or more persons who are in the same legal situation or in identical conditions, without being able to claim equal treatment when the conditions or circumstances are unequal. For this reason, discrimination, understood from a legal standpoint, means granting different treatment based on particular characteristics that are unjust, arbitrary, or unreasonable. Thus, the prohibition of discrimination implies an impossibility of invoking certain personal or social elements to provide differentiated treatment, if these do not constitute an objective and reasonable justification for the conduct in question. For example, those inequalities of treatment based exclusively on reasons of gender, race, social condition, or religious beliefs, among others, are contrary to the principle of non-discrimination. However, the Chamber has understood that discrimination may also occur when a person is subjected, for such reasons, to treatment that is degrading, abusive, or, in general, violative of their human dignity. By virtue thereof, in Judgment No. 2013003090 of 4:10 p.m. on March 6, 2013, the Chamber ordered the following:
‘[…] it must be warned that a discriminatory act may occur when an unjustified and arbitrary difference in treatment exists between two subjects, in which case a comparison parameter is required to determine if there is inequality within a normative relationship. However, discrimination can also occur when a person is characterized with degrading criteria clearly contrary to the majority scientific opinion, such as considering a person to be of lesser value or a sick person because of their color, gender, ethnicity, or sexual orientation (among others). In such a case, the mere act of promoting such a characterization implies per se a discriminatory act and an injury to human dignity, as has sadly occurred throughout history in totalitarian and intolerant regimes, in which even scientists (racialism) have maintained that certain races or nations, because of their color, physical features, or religious customs, correspond to inferior or lesser-value classes.’ However, when the different treatment is not based on criteria intrinsically violative of human dignity, being able to determine when a difference has—or does not have—the legal significance that makes the differing treatment reasonable and justifiable requires finding some element permitting that question to be specified; this is why the party alleging this type of violation is obliged to provide elements that allow the truthfulness of their allegations to be established, since not all different treatment, in itself, constitutes a violation of Article 33 of the Political Constitution” (emphasis supplied).
Therefore, when a violation of Article 33 of the Political Constitution is alleged, it is not sufficient for the petitioner to affirm that different treatment has occurred between two subjects to consider the violation of the constitutional norm proven, since whoever alleges the violation of this right is obliged to provide ab initio sufficient elements that suggest—with a reasonable degree of probability—that differentiated treatment has been unjustifiably applied to equal situations.
In addition to the above, in Judgment No. 2020012092 of 9:05 a.m. on June 26, 2020, this Chamber determined:
“II.- In this case, on the other hand, a reading of the brief filing this remedy permits the finding that, even though the petitioner invokes a supposed violation of the principle of equality and non-discrimination, they are actually seeking for this Chamber to analyze the technical appropriateness of the requirements demanded to participate and be eligible in the competition published in Circular VM-A-DRH-02-010-2020 of February 12, 2020; all of this, in order for this Court to declare in judgment their right to form part of the eligible list of Internal Competition MEP-INDIG-01-2020, ordering a modification of the requirements of Competition VM-A-DRH-02-010-2020 of February 12, 2020 regarding the certificate of mother tongue and taking into account as a requirement the licentiate degree in educational sciences with emphasis in teaching to practice special education. To accede to the foregoing, obviously, would mean redirecting to the amparo channel a discussion proper to ordinary legality, which is not directly related to a possible violation of a fundamental right, since the Chamber cannot act as an appellate instance in the exposed matter and review whether the requirements that the MEP demands in this case are appropriate according to an adequate weighting of technical criteria and opportunity and convenience, or of the current legal regulations. In addition, it is also not within its competence to usurp the powers of the respondent Authorities—in their role as bodies of the active Administration—and, upon prior verification of the legal and regulatory requirements of the case, order that she be included in the aforementioned lists, and much less grant her what she desires, contra legem, that is, in a manner contrary to the law. Thus, with respect to the alleged violation of the right to equality, it would simply not be appropriate to analyze whether the described situation violates that guarantee and constitutes a situation of discrimination, since for such purposes it would be necessary to previously carry out an analysis and comparison of legal aspects and circumstances whose discussion does not correspond to this specialized jurisdiction. Consequently, as the issues in question are proper to ordinary legality and must be resolved through the ordinary channel, the correct course is for the petitioner, if she so wishes, to present her disagreements or claims before the respondent authorities or through the competent jurisdictional channel, venues in which she will be able, in broad form, to discuss the merits of the matter and assert her claims. Therefore, the remedy is inadmissible and is so declared.” Thus, it should be noted that, due to the way in which the claimants present their argument, it would be necessary for this Chamber to enter into analyzing situations proper to be discussed through the ordinary channel and not in this constitutional venue, in order to verify whether or not the claimed discrimination has occurred, regarding which reference was previously made in this whereas clause. Consequently, if the protected persons so wish, they may resort before the respondent party itself or through the ordinary jurisdictional channel, venues where they will be able to broadly discuss the merits of the matter and assert their claims.
Ergo, the amparo is not granted as far as these grievances are concerned.
V.- In the sub iudice, the petitioners allege that the appealed Casi has an uncontrollable rat infestation. They state that on the farm there is also a slug infestation, because when they have been served lettuce salad, many have found slugs on the leaves, which threatens their health. They relate having to go to the workshop in the rain, which makes them ill. They add that the screwworm is now found in the area and “the carpentry workshop (sic) is very dangerous because of the machines (sic) that are used, and we do not have adequate shoes or clothing for safety.” Regarding these grievances, it should be remembered that, upon the filing of this remedy, the Chamber ordered the Ministry of Health to carry out an inspection at the appealed detention center, regarding which the director of the Santo Domingo Health Area indicated: “(…) on July 17, 2023, Licda. Diana Víquez Zamora, Environmental Manager, an official of the Santo Domingo Health Governing Area, carried out an inspection of the San Luis Semi-Institutional Assistance Center, report contained in official letter MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1114-2024 (…) the health authority stated that, regarding pest control, the last control was carried out in December 2023, as evidenced by the documentation provided by the administration. Likewise, they indicated that the awarding of said activity is still being processed. However, actions have been taken for pest control, such as the donation of fumigations, as evidenced in donation record 01-2024 of July 12, 2024, in which it was indicated that the staff contributed household products (sic) for pest control (rodents and insects). Regarding the lettuces consumed at the facility, the representative indicated that the products grown at the center are not consumed at that center, as they are for distribution to other centers, and they provided official letter DIA-217-2024, related to the distribution of agricultural products for the month of July 2024, and evidence that they are permitted to consume cilantro or green beans, but not lettuce. The lettuces are provided by the National Production Council and these are washed and disinfected before consumption, a process carried out by kitchen staff who have the respective current food handler’s card. It was indicated that, in the crops, including lettuce, there is pest control supervised by the M, which guides them on the use and application of products. In addition, the health authority stated that during the inspection no infestation of any kind (insects or rodents) was evidenced and that the food is properly stored. Regarding the carpentry workshop, Mrs. Benavides indicated that the population that works at the site does not move to said workshop if there is rain and that they are provided with personal protective equipment for the tasks they perform. At the time of the inspection, the health authority stated it could corroborate on site that those who work in the workshop use masks, gloves, safety glasses, among others. In the conclusions and recommendations, the health authority indicated that no infestation or inadequate food handling or non-compliance regarding the conditions under which work is carried out in the carpentry workshop was found at the time of the inspection and, therefore, did not recommend issuing administrative acts” (emphasis added).
In view of the foregoing, this Court also does not accredit the infringement of the fundamental rights of the protected persons with regard to these grievances. In that sense, it is observed that in this case it is verified that fumigations for pest control have been carried out at the Casi, including one on July 12, 2024, that is, recently. In addition, the lettuces consumed by the population of that detention center are provided by the National Production Council, and they are washed and disinfected. Likewise, regarding the workshop, the Chamber verifies that safety implements are available in that place, including gloves, belts, glasses, masks, earmuffs, and, depending on the work to be performed, masks, aprons, and welding gloves; as well as 14 fire extinguishers. Finally, the Ministry of Health was emphatic in pointing out that in the inspection carried out on July 17, 2024, “no infestation or inadequate food handling or non-compliance regarding the conditions under which work is carried out in the carpentry workshop was found at the time of the inspection and, therefore, did not recommend issuing administrative acts.” Consequently, the injury to fundamental rights in the terms in which the amparo was formulated is not verified and, therefore, the remedy is dismissed.
VI.- MAGISTRATE RUEDA LEAL PARTIALLY DISSENTS AND FLATLY REJECTS THE REMEDY REGARDING THE ALLEGATIONS NOT RELATED TO THE PROTECTED PERSONS’ RIGHT TO HEALTH. Since Judgments No. 1998-1611 and 1998-3646, this Court established that the current Code of Criminal Procedure repealed the previous provisions related to sentence enforcement and conferred broad powers on the sentence enforcement judges. Indeed, the Code of Criminal Procedure embodies a clear judicialization of the sentence enforcement process, consistent with Article 153 of the Political Constitution which establishes:
“It corresponds to the Judicial Branch, in addition to the functions assigned to it by this Constitution, to hear civil, criminal, commercial, labor, and administrative-contentious cases, as well as any others established by law, whatever their nature and the status of the persons involved may be; to rule definitively upon them and to enforce the judgments it pronounces, with the assistance of the public force if necessary” (the emphasis does not correspond to the original).
Thus, the sentence enforcement judge, in the latest legislation, was created to exercise formal and substantive controls in penitentiary enforcement. This represents a qualitative leap from the previous legislation, as the enforcement judge previously had very reduced and limited functions. Currently, the enforcement judge must formally deal with all those aspects related to the computation of the sentence term and substantively must control, among others, the effectiveness of the sentence in relation to its purposes, respect for the fundamental rights of the convicts, the disciplinary sanctions imposed in the detention center, etc. Pursuant to Article 482 of the Code of Criminal Procedure, the Sentence Enforcement Judge has the competence to maintain, substitute, modify, or terminate the sentence and the security measures, as well as the conditions of their compliance; to visit detention centers, at least once every six months, for the purpose of verifying respect for the fundamental and penitentiary rights of the inmates, and ordering such corrective measures as are deemed appropriate; to resolve, applying the procedure established for enforcement incidents, the petitions or complaints that inmates file in relation to the prison regime and treatment insofar as they affect their rights; to resolve, by way of appeal, the claims lodged by inmates regarding disciplinary sanctions; and to approve isolation sanctions exceeding forty-eight hours in cells. This takes place within the framework of a summary, informal, and expeditious jurisdictional procedure, as established by Articles 478 and 482 of the Code of Criminal Procedure, so that the conventional mandate for judicial protection is fully safeguarded (Article 25 of the American Convention on Human Rights: “1. Everyone has the right to simple and prompt recourse, or any other effective recourse, to a competent court or tribunal for protection against acts that violate his fundamental rights recognized by the constitution or laws of the state concerned or by this Convention, even though such violation may have been committed by persons acting in the course of their official duties”).
Hence, Article 482 of the Code of Criminal Procedure grants broad powers to the enforcement judges, who are only subject to the law, in a broad sense, international treaties, and the Political Constitution. Consequently, regarding matters pertaining to sentence enforcement, the administrative authorities are subject to what the sentence enforcement judges decide and it is these judges, in their capacity as justice operators, who are first called upon to resolve the requests made by persons deprived of liberty in defense of their rights (including fundamental ones) during the serving of the sentence. Thus, as regards specific constitutional control, only cases admitted through the habeas corpus channel would be heard, since the amparo remedy is improper against jurisdictional resolutions and actions of the Judicial Branch (Article 30, subsection b) of the Law of Constitutional Jurisdiction), the latter with the exception of matters related to judicial delay under the terms established by constitutional case law, and those related to the health and life issues of the protected persons, whose resolution should not be delayed by referring the petitioner to the sentence enforcement jurisdiction, given the relevance of said rights for the very existence of the human being.
Consequently, the amparo is inadmissible and should have been flatly rejected regarding the allegations not related to the protected persons’ right to health.
VII.- MAGISTRATE GARRO VARGAS PARTIALLY DISSENTS AND FLATLY REJECTS THE REMEDY REGARDING THE ALLEGATIONS NOT RELATED TO THE PROTECTED PARTY’S RIGHT TO HEALTH. I partially dissent because except for what refers to the health of the person deprived of liberty, the matter should be heard by the Sentence Enforcement Court. Said jurisdictional body, as evidenced by Articles 478 and 482 of the Code of Criminal Procedure, in the processing of enforcement incidents, possesses broad powers to inspect, request evidence, and resolve the petitions or complaints that inmates file in relation to the prison regime and treatment, insofar as they affect their rights. Consequently, I dissent, flatly reject the remedy, and order these proceedings to be remitted to the Sentence Enforcement Court.
VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in Article XXVI of Session No. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in Article LXXXI of Session No. 43-12 held on May 3, 2012.
Therefore:
The remedy is dismissed. Magistrate Rueda Leal partially dissents and flatly rejects the remedy, only regarding the allegations not related to the protected persons’ right to health. Magistrate Garro Vargas partially dissents, and flatly rejects the remedy regarding the protected party’s allegations not related to the right to health of the person deprived of liberty and orders these proceedings to be remitted to the Sentence Enforcement Court.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Alexandra Alvarado P.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2024023963 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitres de agosto de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-018709-0007-CO, interpuesto por Nombre8450 , cédula de identidad CED6711, DELIO JOSUÉ MESÉN MEZA, cédula de identidad CED6712, DENNIS JOSÉ MAIRENA HERRERA, DEYVID ALEXANDER BADILLA FERNÁNDEZ, cédula de identidad CED6713, GREIVIN ADRIÁN ESQUIVEL SOTO, cédula de identidad CED6714, HÉCTOR IVÁN PÉREZ CÁRCAMO, cédula de identidad CED6715, HENRY ARTURO SOLANO ARROYO, cédula de identidad CED6716, JOSÉ ENRIQUE BARRANTES SALGUERA, cédula de identidad CED6717, RANDALL RENÉ DÍAZ VENEGAS, cédula de identidad CED6718 Y WINSTON WILLIAM DOYLEY ARGUEDAS, cédula de identidad CED6719, contra el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.
Resultando:
1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 10 de julio de 2024, la parte accionante interpone recurso de amparo. Exponen que habitan en el centro de atención semiinstitucional (Casi) San Luis, donde son tratado de forma ofensiva. Señalan que se violenta su derecho de salir a las 11:00 horas los viernes, porque se permite la salida en grupos a las 14:00, 15:00 y 16:00, lo que genera ansiedad. Mencionan su inconformidad con el horario que se impone en el Casi, así como con los incentivos que les dan. Se consideran discriminados. Alegan que, cuando salen a una cita médica, les rebajan el día. Aducen que se les intimida y amenaza con enviarlos al centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro cuando expresan su molestia por alguna situación. Refieren que dos personas interpusieron recursos de amparo el mes pasado y ambos fueron “arrollados”. Apuntan que los alimentos llegan al Casi semanalmente y estos, por reglamento, deben ir destinados para los privados de libertad y los oficiales en turno. Acusan que la directora y el cuerpo técnico toman los tres tiempos de comida en el Casi y requiere “gusto en sus comidas” pues “piden hasta tres huevos y eso que hacen nos deja a nosotros sin ese insumo, aqui (sic) hay muchas cosas que no nos dan ya que ellos son quienes lo consumen”. Alegan que tienen una plaga de ratas incontrolable. Manifiestan que en la finca también hay una plaga de babosas, porque lo que, cuando les han servido ensalada de lechuga, a muchos les han salido babosas en las hojas, lo que atenta contra su salud. Relatan tener que ir al taller bajo la lluvia, lo que los enferma. Agregan que el gusano barrenador ya se encuentra en la zona y “el taller de carpinteria (sic) es muy peligroso por las maquinas (sic) que se usan, y no contamos con zapatos ni ropa adecuada para seguridad”.
2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 16:40 horas del 11 de julio de 2024, se dio curso al proceso y se requirió informe el director general del Casi San Luis, así como el director del Área Rectora de Salud de Santo Domingo del Ministerio de Salud, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. Además, se ordenó a la autoridad mencionada del Ministerio de Salud “informar si se producen los problemas de insalubridad -respecto a las plagas y la insalubridad de los alimentos- a los cuales se hace referencia en el escrito de interposición de este proceso”.
3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de julio de 2024, informa Kimberly Madrigal Rodríguez, en su condición de directora del Área de Salud de Santo Domingo del Ministerio de Salud. Explica: “En atención a la solicitud de información, se indica que el día 17 de julio del 2023, la Licda. Diana Víquez Zamora, Gestora Ambiental, funcionaria del Área Rectora de Salud de Santo Domingo, realizó inspección al establecimiento Centro de Atención Semi-Institucional San Luis, informe contenido en el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1114-2024. Indicó que al momento de la visita fue atendida por la señora Sandra Benavides Cascante, Directora del Centro. En el informe sobre la valoración de las condiciones físico-sanitarias denunciadas, refirió la autoridad sanitaria que, en cuanto al control de plagas el ultimo control se realizó en diciembre de 2023, según se evidenció de la documentación aportada por la administración. Asimismo, señalaron que aun esta (sic) en trámite la adjudicación de dicha actividad. Sin embargo, se han realizado acciones para el control de plagas como la donación de fumigaciones, lo cual se evidencia en acta de donación 01-2024 del 12 de julio de 2024, en que se indicó que el personal aportó productos de uso domestico (sic) para el control de plagas (roedores e insectos). Con respecto a las lechugas que se consumen en el establecimiento, el representante señaló que los productos que se cultivan en el centro no son consumidos en ese centro, pues son para ser distribuidos a otros centros, y aportan oficio DIA-217-2024, relacionado con la distribución productos agropecuarios del mes de julio del 2024, y evidencia que se les está permitido consumir culantro o vainicas, pero no lechugas. Las lechugas son provistas por el Consejo Nacional de Producción y estas son lavadas y desinfectadas antes del consumo proceso que realiza personal de cocina quienes cuenta con el respectivo carné de manipulación de alimentos vigente. Se señaló que, en los cultivos entre ellos la lechuga existe control de plagas supervisado por el M, quienes les orientan sobre el uso y aplicación de productos. Además, señaló la autoridad sanitaria que durante la inspección no se evidenció plaga de ningún tipo (insectos o roedores) y que los alimentos se encuentran almacenados adecuadamente. Con respecto al taller de carpintería, la señora Benavides indicó que la población que labora en el sitio no se traslada a dicho taller si hay presencia de lluvia y que se les provee equipo de protección personal para las labores que ejecutan. En el momento de la inspección, señaló la autoridad sanitaria pudo corroborar en el sitio que, quienes laboran en el taller utilizan mascarilla, guantes, lentes de seguridad entre otros. En las conclusiones y recomendaciones, la autoridad sanitaria indicó que no se constató al momento de la inspección presencia de plagas o un inadecuado manejo de alimentos o incumplimientos con respecto a las condiciones en las que se realizan las labores en el taller de carpintería y por lo tanto, no recomendó emitir actos administrativos”.
4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de julio de 2024, informa bajo juramento Viviana Benavides Cascante, en su condición de directora del Casi San Luis. Explica: “Primero: es cierto, que los alimentos ingresan a este centro los días lunes la entrega de alimentos se gestiona por medio de Servicios de Alimentación quien decide cuantos insumos son dotados al centro según la cantidad de población pernoctando y estos son entregados por el Consejo Nacional de Producción (CPN), son destinados para población penitenciaria y funcionarios, siendo que estos insumos alimenticios no son dotados por la finca. No obstante, es falso, que la lechuga que procesa la finca es para consumo de la población siendo que es el CNP que suple de insumos al centro. Es totalmente falso que se hayan quedado en algún momento sin comer o sin alguna guarnición. La población adscrita tiene sus tiempos de comida establecido con horarios desayuno, refresco a media mañana, almuerzo, café con bonete, cena, estos tiempos de comida incluyen a las personas con dietas por enfermedades crónicas, edad o alguna particularidad de la población adscrita con lo indican el Acta de Compromisos del CASI San Luis. Conforme a las posibilidades del centro se les realizan comidas adicionales tales como: miel de ayote, atoles, agua dulce, en granizados, perros calientes, pasteles, en fechas especiales o de manera ocasional, es más bien el personal quien de forma voluntaria aporta insumos para para efectuar dichas preparaciones o recibe donaciones de grupos de apoyo. Es importante señalar que existen funcionarios que para complementar sus comidas compran otros insumos como queso, natilla, aguacates o frutas de diversa índole y que no son proporcionados por el establecimiento penitenciario, ante lo cual la población tiende a confundir creyendo que existe una desigualdad, lo cual puede contratarse en los controles de ingresos que ingresan por medio del Consejo Nacional de Producción. Esta dirección no ha sido partidaria de algún tipo de desigualdad en alimentos entre la población y los funcionarios, en otras palabras, todas las personas se deben de ajustar al menú previamente establecido aprobado por nutrición. Aunado a lo anterior, el personal de cocina cuenta con el carnet de alimentos conforme a la ley y realiza una supervisión de las preparaciones que realizadas por las personas adscritas que laboran como asistentes de cocina, brindándose los insumos requeridos: botas, gabachas, guantes, gorras para el cabello, entre otros, garantizando una adecuada manipulación de los alimentos y el cumplimiento de normas de salubridad. Segundo: ante la plaga de ratas que hacen mención, es cierto que existen que hemos tenido plagas de ratones, cucarachas, zancudos principalmente. Es importante acotar que el Centro de Atención Seminstitucional San Luis es un espacio de finca, donde van a hacer frecuente las placas de roedores pese a los esfuerzos por parte del Ministerio de Justicia y Paz con fumigaciones para combatir este tipo de plagas, no obstante, este centro ha hechos acciones en pro de la reducción de plagas. A nivel del departamento Administrativo por medio de oficio DA-1251-2023 de fecha 13 de noviembre 2023, dirigido a los administradores, directores, jefe de oficinas. Firmado por Kattia Fernández Gutiérrez Coordinadora de logística, se nos informa que hasta el 24 de enero de 2024 se da por concluido el contrato con la empresa Control Ecológico de Plagas Taboada, por lo cual se insta a los Centro Penitenciarios a limpiezas reiteradas, a la eliminación de desechos que vaya a servir de criaderos… El 4 de junio del 2024 se efectúa vía correo institucional consulta a la Licda. Fernández sobre la contratación de la fumigación, siendo que señala “el cartel fue recurrido, pero siendo las observaciones asunto de forma y no de fondo la apertura de ofertas será el próximo 07 de junio. Una vez iniciado el análisis y por tratarse de una licitación mayor, se computarán 90 días hábiles para tener un contrato en firme”. Con coordinación del Departamento de Agroindustriales para el trol de ratas y las intervenciones que se llevan, indicamos que en este año una vez al mes se les aplica el producto STORM 0.005 BB (rodenticida cumarina flocoumanfen), aparte de eso se está fumigando una vez a la semana el área donde se ubica la compostera y se lava constantemente. A nivel de prevención y reducción de plagas en los cultivos se utilizan productos biológicos tales como SUNIST, SUNBT, SUNTRICHODEX, SUNMITEX, para todos los cultivos en general, esto para el control de plagas como babosas, prutelas entre otras. Aunado a lo anterior esta finca está trabajando en la certificación de La Bandera Azul Ecológica, que premia los esfuerzos por lograr las condiciones higiénicas sanitarias, sostenibles, siendo que ya contamos con tres estrellas a la fecha siendo la meta las cinco estrellas, aunado a lo anterior la finca cuenta con seguimiento por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), brindado capacitación al personal y supervisando que efectúen buenas prácticas agrícolas, para lo cual realiza de forma constante muestreos de los productos que se cosechan y son trasladados para el consumo de otros centros. Tercero: el caso que nos ocupa, existen otras acciones por parte de esta dirección para manejar la prevención y solución de la problemática de una manera integral, como; ➢ Eliminación o minimizar las fuentes de alimento, las personas adscritas no tienen permitido ingerir alimentos dentro de los dormitorios, (desayuno, almuerzo, cena, frutas) entregadas por el centro, así mismo, existe una regulación de los productos que ingresan por medio de encomienda o consigo mismos. Para eso existen espacio de comedor para un efectivo control de residuos de alimentos. ➢ Se ha venido trabajando en eliminar o reducir las fuentes de refugio, tales como residuos de materiales de desecho mobiliario, sobrantes de materiales, todo aquello que fuese reciclaje se han donado. ➢ Se cuenta con un sistema de reciclaje. ➢ Limpieza de charral, es decir, por medio de chapeas, limpieza de cunetas donde corren aguas fluviales y quebradas, con el fin que no exista agua estancadas que propaguen el criadero de mosquitos. ➢ Los basureros cuentan con tapa en servicios sanitarios y comedores. ➢ Los recipientes para desechos orgánicos también cuentan con su respectiva tapa y son trasladados a diario al sector del compostaje. ➢ En el área del compostaje es fumigado con un producto biodegradable para el control de moscas. Asimismo, se realizaron esfuerzos para cumplir con recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud en el oficio No. MS-DRRSCN-DARSSD-OS-117-2023, de fecha 20 de julio de 2023, entre las acciones realizados: ➢ Se realizan limpiezas profundas de manera continua. ➢ Se limpiaron las ventanas, eliminó el cedazo viejo y se está en coordinación para la confección de marcos de ventanas y la colocación de nuevo cedazo, mientras tanto como medida paliativa se colocó sarán. ➢ Se trasladaron los lockers de las cocineras en otro espacio fuera del sector de la cocina. ➢ Se eliminó el mueble de madera con vidrios. ➢ Se limpiaron los estantes, además de las paredes y piso con hidro lavadora ➢ Se instaló una pileta de acero oxidable. ➢ Se retomó con los funcionarios de cocina el “Protocolo de limpieza por área de trabajo para el Ministerio de Justicia y Paz”, con el fin de favorecer las buenas prácticas y la aplicación de protocolos establecidos. ➢ Se reubicaron los tarros de los residuos sólidos y coordinó la elaboración de las respectivas tapas. ➢ Es importante retomar que este centro es para el alojamiento masivo de personas y produce residuos ordinarios que son coordinados con la Municipalidad del lugar y residuos biodegradables (biológicos) y rastrojo de finca que son tratados bajo la técnica del compostaje, logrando mejoramiento del suelo. ➢ Se creó una cama biológica para el manejo de residuos especiales que produce la finca, siguiendo con las buenas prácticas de agricultura y los requerimientos de los Servicios Fitosanitarios del estado, ya que estos funcionarios brindarán la recomendación respectiva para este tratamiento de residuos químicos. En relación a (sic) la comportera se realizaron acciones conjuntas con el Departamento de Agroindustriales, se intervino a profundidad, cambiando el modelo de manejo de los desechos, siendo que: Se aplicó rodenticida y una formula sugerida por funcionarios de MAG a base de concentrado para aves. ➢ Se dispuso lo correspondiente a las mejoras en la planta física del lugar donde se maneja el compostaje. ➢ Parte del proyecto de lombricomposta se traslada para otro espacio que cuenta con los requerimientos. ➢ Se trasladó tarimas para dar respuesta al tema de los residuos que ingresan del comedor. ➢ Se crearon vertederos verticales, para evitar el ingreso de roedores que actualmente se encuentra en estañones cortados y la cama en el piso. Asimismo, se conversó con los funcionarios y se efectuó una reunión con la población adscrita con el fin de sensibilizar sobre la adecuada separación de residuos y la importancia de mantener los espacios limpios con el fin de no favorecer la proliferación de la plaga de ratas. En el dormitorio B se realizaron reparaciones y taparon las bases para evitar el ingreso de las ratas. Como parte de la programación de la Unidad de Logística la empresa encargada realizó fumigaciones en el establecimiento Lo anterior con el fin de la erradicación o reducción de la posible transmisión de enfermedades provocada (sic) por plagas, hasta el día de hoy no ha habido un solo caso de una persona adscrita, funcionario de las diferentes áreas que laboren en este Centro que se haya contagiado por una plaga. Los esfuerzos por mantener ambientes sanos, minimizando los riesgos, a exposición de contaminantes por sus efectos en la salud humana. Es fundamental contextualizar que las estrategias a implementar deben más allá de una limpieza a profundidad del sector es un trabajo en conjunto con los entes superiores. Cuarto: En apego de las instrucciones de limpieza la dirección gestó la limpieza profunda de fecha viernes 5 de julio de 2024, con hidro lavadora toda la cocina, paredes, se movilizaron todo aquello que pudiese obstaculizar la limpieza, esta es limpieza profunda, a pesar de que todos los viernes las personas adscritas que desempeñan funciones en la cocina lavan la cocina todos los viernes de cada semana. Por la creciente cantidad de cucarachas se diligencio una fumigación el día 12 de julio de los corrientes, la cual fue donada por el señor Nombre8452 , portador del numero (sic) de cédula CED6720, con el fin de control de plagas, asimismo, se tiene programada una fumigación el próximo 19 de julio del 2024. No es fácil la radicación de plagas cuando el espacio es una finca agrícola, área de compostaje y taller de madera, son lugares donde los roedores, zancudos, cucarachas. Sin embargo, la falta de compromiso por parte de las personas adscritas con la limpieza de constante de los espacios donde habitan es una lucha del día a día para controlar una propagación insostenible de placas. Quinto: esta dirección se comunicó vía telefónica con el Ministerio de Salud de Santo Domingo, se conversó con la doctora a cargo, se le explicó las condiciones del centro y la necesidad de fumigación para prevención de enfermedades derivadas por plagas. No obteniendo una respuesta positiva ya que, por el constante crecimiento de casos de contagios por dengue, gusano barrenador. Las fumigaciones no se dan de forma preventiva. No ha habido casos reportados por enfermedades derivadas por algún tipo de plaga en este centro de las personas adscritas. El jueves 11 de julio de los corrientes previa coordinación con esta dirección se apersonaron funcionarios de salud para la vacunación contra la influenza, fueron vacunados tanto personal como población adscrita. Todas estas acciones en protección de la salud de todas las personas que se encuentran en este Centro. El Ministerio de Salud realizó una inspección el 17 de julio del 2024 donde solicita comunicar a la población que existirá un aumento de moscas esterilizadas en razón que se liberaron gran cantidad de estos insectos ya esterilizados, para contrarrestar la plaga gusano barrenador lo anterior el fin que la población no se asustara al visualizarlos en la zona, lo anterior se informó en reunión general a la población adscrita el 17 de julio. Sexto: Hasta ahora las aparentes plagas de babosas que existentes que indica los recurrentes no he tenido conocimiento, ya que las diferentes áreas: cocinero, encargado de la finca, talleres no me mencionan tal acontecimiento, adjunto informe. Esta dirección en apego a la legislación sobre el derecho a un ambiente sano y a la salud en los centros de trabajo. Lo ha reiterado esta misma cámara en sentencia número 2020005585 de las 9:20 minutos del 20 de marzo del 2020: (…) Sétimo: Por otra parte, en cuanto a los horarios y el incentivo económico son establecidos por la Dirección General de Adaptación Social, quien mediante circular DGAS-001-2022, denominada lineamientos generales pare regular las actividades ocupacionales de la población penal en los establecimientos penitenciarios, en el artículo 8 dispone: “…OCHO: DEL PAGO DEL INCENTIVO. El pago del incentivo económico corresponde al cumplimiento del horario establecido, motivo por el cual deben descontarse las ausencias sin motivación a su compromiso laboral, con excepción de la asistencia a las actividades propias del Plan de Atención Técnica – procesos de atención grupal y/o individual…” (la negrita y el subrayado no corresponde al documento original). Procedimiento: (…) c) La Sección Profesional de Orientación en coordinación con el funcionario administrativo a cargo del control de la actividad, reportará a la administración el listado de personas privadas de libertad que ejercieron una actividad ocupacional con reconocimiento de incentivo económico en el periodo. Este listado debe contener: nombre y apellidos completos de la persona, número de identificación, cantidad de días laborados, categoría asignada, actividad realizada y el reporte de los cambios ocurridos en el periodo. (…) f) La administración del establecimiento o quién ésta designe, es responsable de la confección del listado oficial de pagos, a partir de la información proporcionada por la Sección Profesional de Orientación. (…) l) Los listados de control deben ser revisados por la administración y/o dirección del establecimiento penitenciario y se confeccionará un oficio de liquidación, el cual se remite al Departamento Administrativo para su revisión y liquidación del monto entregado mediante cheque. (…) n) Es indispensable considerar el horario en el cual la persona privada de libertad ejecuta su actividad laboral, para efectos de determinar los rebajos por el tiempo no laborado sin justificación. Dicho así, si la persona trabaja de lunes a viernes y dentro de ese horario no laboró 2 días en el mes, compete el rebajo únicamente de los 2 días no laborados, sin aplicar castigo sobre los días sábado y domingo que no forman parte del horario laboral. Este sistema de deducción favorece la posición que ocupa la persona privada de libertad en relación con el incentivo económico que recibe. Conforme a lo expuesto, el proceso de pago de una planilla conlleva la participación de diversas áreas laborales, el funcionario encargado de la labor que registra la asistencia, la sección profesional de Orientación que emite el reporte a la administración de los pagos por un horario establecido. Siendo que esta dirección se ha ajustado a los directrices institucionales no cometiendo ninguna violación a los derechos de la persona adscrita, no está dentro de las competencias y potestades de esta dirección realizar modificaciones a las normativas institucionales, sino que debe ser respetuosa de las mismas. Octavo: El horario se puede visualizar en la Circular DGAS-004-2022, “…DEL HORARIO DE TRABAJO. De conformidad con los alcances de la póliza colectiva de vida, teniendo además en consideración que las actividades ejecutadas por la población penal son de asistencia y por tanto requieren en todo momento del acompañamiento y supervisión directa de los funcionarios de la institución, la carga horaria de las personas privadas de libertad regularmente será de ocho (8) horas diarias, horarios que deberán armonizar con las cargas horarias del personal de la institución, a cargo del seguimiento de las intervenciones de esta población. En casos de excepción, debidamente justificados por el Consejo de Análisis del establecimiento penitenciario, la carga horaria podrá considerar un total de diez (10) horas diarias, otorgando un día de descanso por cada cinco (5) días de labores continuas...” No es cierto, que se trate de discriminación jamás se han tomado medidas en contra de la población penal, que considere lesionados sus derechos y haga uso de su derecho a quejarse o recurrir. No obstante, la administración está obligada a velar por el buen uso de los fondos públicos que le son encargados y para ello debe ajustarse a las normas vigentes. Noveno: Los días de pago de incentivo económico, según la circular DGAS-001-2022, emitida por Viviana Boza Chacón, Directora a.i de Adaptación Social de fecha 04 de febrero de 2022. Asunto Lineamientos generales para regular las actividades ocupacionales de la población penal en los establecimientos penitenciarios. “…a) La liquidación se realiza dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Tratándose de los establecimientos penitenciarios fuera de la gran área metropolitana (Guanacaste, Puntarenas, Limón) la liquidación deberá efectuarse dentro de los primeros 10 días hábiles y para ello la administración y/o dirección del establecimiento penitenciario presentará los listados de pago ante el Departamento Administrativo…” Esta es de conocimiento de la población adscrita a quienes se les ha reiterado e inclusive se han calendarizado los días de pagos y se le ha brindado por escrito la información. Décimo: Nunca se ha efectuado algún tipo de amenaza e intimidación a una persona adscrita con reubicarlo a un Centro de Atención Institucional. Estas reubicaciones obedecen a una medida cautelar conforme trescientos cincuenta y dos del Reglamento del Sistema Penitenciario que indica: “…Las medidas cautelares son excepcionales y procede cuando se ponga en riesgo la integridad física o psicológica de alguna persona, el orden o la seguridad en la comunidad o en los Centros de Atención Institucional o Semi Institucional, así como en las Unidades de Atención Integral…” pudiendo adoptarse cualquiera de las siguientes medidas cautelares: (…) c) La ubicación en otro nivel de atención de mayor contención…”. (la negrita y el subrayado no corresponde al documento original).” Seguidamente como parte del debido proceso establecido en el Reglamento del Sistema Penitenciario, estos casos son conocidas por la Comisión disciplinaria y el Consejo Interdisciplinario del centro y elevadas para conocimiento y que su ubicación permanente sea determinada el Instituto Nacional de Criminología, quien realiza un análisis integral de los casos, es decir, estas ubicaciones no son antojadizas son objetivas y debidamente justificadas. Octavo: por último, no es cierto que las personas adscritas laboren que se trasladan al taller bajo la lluvia y que laboran sin dispositivos de seguridad, cada una de las áreas tienen sus dispositivos de seguridad de acuerdo a (sic) la actividad que realizan. Especificadamente, en el taller laboran 19 personas adscritas a los cuales se le asigna a cada uno guantes, cinturones, anteojos, mascarillas, orejeras y dependiendo de la labor a efectuar se facilita implementos adicionales tales como. Mascaras para soldar, delantales para el trabajo de soldadura y sus respectivos guantes. Cabe indicar que en cuanto al uso de maquinaria se realiza una investigación previa sobre los conocimientos de las personas adscritas, se les capacita, se rota entre los diferentes puestos, siempre supervisión para un adecuado uso y resguardo de la integridad de la persona adscrita, siendo que en esta administración no ha existido accidentes a nivel laboral en este espacio laboral. Cabe indicar que también se cuenta 14 extinguidores los cuales están visiblemente colocados en diferentes lugares del taller para cualquier eventualidad. Asimismo, se encuentra cubiertos por la póliza del Instituto Nacional de Seguros. Respetuosamente solicito sea declarado sin lugar el recurso de Habeas Amparo interpuesto por Nombre8450 , Delio Mesén Meza, Denis Mairena Herrera, Daivyd Badilla Fernández, Greivin Esquivel Soto, Héctor Pérez Cárcamo, Henry Solano Arroyo, José Barrantes Salguera, Randall Diaz Venegas, y Winston Doyley Arguedas al estimar, no haber violentado Derecho Constitucional alguno que le asista, según las circunstancias manifiestas en renglones anteriores”.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes indican que habitan en el Casi San Luis, donde son tratado de forma ofensiva. Señalan que se violenta su derecho de salir a las 11:00 horas los viernes, porque se permite la salida en grupos a las 14:00, 15:00 y 16:00, lo que genera ansiedad. Mencionan su inconformidad con el horario que se impone en el Casi, así como con los incentivos que les dan, por lo que se consideran discriminados. Alegan que, cuando salen a una cita médica, les rebajan el día. Aducen que se les intimida y amenaza con enviarlos al CAI Jorge Arturo Montero Castro cuando expresan su molestia por alguna situación. Refieren que dos personas interpusieron recursos de amparo el mes pasado y ambos fueron “arrollados”. Apuntan que los alimentos llegan al Casi semanalmente y estos, por reglamento, deben ir destinados para los privados de libertad y los oficiales en turno. Acusan que la directora y el cuerpo técnico toman los tres tiempos de comida en el Casi y requiere “gusto en sus comidas” pues “piden hasta tres huevos y eso que hacen nos deja a nosotros sin ese insumo, aqui (sic) hay muchas cosas que no nos dan ya que ellos son quienes lo consumen”. Alegan que tienen una plaga de ratas incontrolable. Manifiestan que en la finca también hay una plaga de babosas, porque lo que, cuando les han servido ensalada de lechuga, a muchos les han salido babosas en las hojas, lo que atenta contra su salud. Relatan tener que ir al taller bajo la lluvia, lo que los enferma. Agregan que el gusano barrenador ya se encuentra en la zona y “el taller de carpinteria (sic) es muy peligroso por las maquinas (sic) que se usan, y no contamos con zapatos ni ropa adecuada para seguridad”.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
“➢ Eliminación o minimizar las fuentes de alimento, las personas adscritas no tienen permitido ingerir alimentos dentro de los dormitorios, (desayuno, almuerzo, cena, frutas) entregadas por el centro, así mismo, existe una regulación de los productos que ingresan por medio de encomienda o consigo mismos. Para eso existen espacio de comedor para un efectivo control de residuos de alimentos.
➢ Se ha venido trabajando en eliminar o reducir las fuentes de refugio, tales como residuos de materiales de desecho mobiliario, sobrantes de materiales, todo aquello que fuese reciclaje se han donado.
➢ Se cuenta con un sistema de reciclaje.
➢ Limpieza de charral, es decir, por medio de chapeas, limpieza de cunetas donde corren aguas fluviales y quebradas, con el fin que no exista agua estancadas que propaguen el criadero de mosquitos.
➢ Los basureros cuentan con tapa en servicios sanitarios y comedores.
➢ Los recipientes para desechos orgánicos también cuentan con su respectiva tapa y son trasladados a diario al sector del compostaje.
➢ En el área del compostaje es fumigado con un producto biodegradable para el control de moscas”. (Ver informe rendido bajo juramento por la autoridad penitenciaria recurrida).
“Le indico que para el martes 2 de julio de los corrientes se detectó por mi persona una presencia de cucarachas de una manera atípica en el área de la cocina, se procedió a grabar los videos respectivos de la situación acontecida, esto con la finalidad de presentárselos a la encargada del Centro en ese momento, la Licda Karen Ramírez Vega y así proceder a buscar la razón y la solución correspondiente, por lo que se llegó a la decisión de realizar una fumigación profunda, esto con un producto biológico, NO contaminante, el cual me fue proporcionado por el compañero de Agropecuario Allan Arguello Castro, cabe resaltar que esta acción correctiva se realizó de 6:00 p.m. hasta las 7:20 p.m. sin presencia de funcionarios administrativos del Centro, ni de los Privados de Libertad que laboran como ayudantes de cocina, tampoco habían alimentos expuestos ya que todo de guardó de manera responsable. Dicha labor de fumigación se realizó únicamente por un Privado de Libertad del cual desconozco el nombre ya que fue elegido por Seguridad.
El miércoles 3 julio se realizó la correspondiente limpieza de absolutamente todos los utensilios de la cocina, muebles, trateros, paredes y demás, dicha acción igualmente realizada por los ayudantes disponibles esto con agua caliente y con una hidro lavadora que contenía agua, jabón y cloro esto en un horario de 7:30 am. a 8:30 am.
En relación a (sic) la alimentación, para los compañeros Oficiales de Seguridad, que reciben en la jornada nocturna, los funcionarios de esta Cocina tenemos la orden de dejarles arroz y frijoles ya preparados, así como la porción de lo que ya previamente esté establecido en el menú del día para la cena y comida de la madrugada correspondiente para ese día, así como aceite y huevos también. Existen Oficiales que por dieta no consumen dicha alimentación en las noches y madrugadas, alimentos que son aprovechados por los compañeros de la jornada diurna en muchas ocasiones y yo en mi calidad de Cocinero no tengo la potestad de disminuir o no dejar la comida, la consuman en su totalidad o no dichos compañeros.
A la Población todos los días a la hora del desayuno se les sirve sin excepción: Pinto, café, pan y se alterna como está establecido huevo o embutido cada día de la semana, si alguno por dieta y con indicación previa, no puede consumir embutidos sería al único que se le puede servir huevo todos los días ya que no habría otra opción que darle, eso en uno caso o casos ya notificados repito.
Resalto que nunca he tenido inconvenientes con funcionarios que me pidan más de la ración establecida o por reclamos a la hora del desayuno o almuerzo por la opción establecida ya que eventualmente se les ofrece pinto luego de haberle servido a la población ya que a la misma se les dé el desayuno a las 7: DD horas y el personal ingresa a las 8:00 horas, además recalco que nunca se ha discriminado a nadie o se les ha servido menos Los horarios de alimentación se cumplen en su totalidad y con la mayor responsabilidad, si alguien se atrasa por trabajo o alguna situación en especial la persona adscrita debe informar a Seguridad, para que se comunique a cocina.
Toda la alimentación es preparada cada día, según el menú y se sirve en las porciones que el área de Nutrición ya nos tiene establecidas, con una presentación digna de cada persona. Cabe resaltar que tanto la población y los funcionarios se alimentan del mismo menú, por lo que no existe diferencia en la preparación para unos y otros”. (Ver prueba documental).
“(…) el día 17 de julio del 2023, la Licda. Diana Víquez Zamora, Gestora Ambiental, funcionaria del Área Rectora de Salud de Santo Domingo, realizó inspección al establecimiento Centro de Atención Semi-Institucional San Luis, informe contenido en el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1114-2024 (…) refirió la autoridad sanitaria que, en cuanto al control de plagas el ultimo control se realizó en diciembre de 2023, según se evidenció de la documentación aportada por la administración. Asimismo, señalaron que aun esta (sic) en trámite la adjudicación de dicha actividad. Sin embargo, se han realizado acciones para el control de plagas como la donación de fumigaciones, lo cual se evidencia en acta de donación 01-2024 del 12 de julio de 2024, en que se indicó que el personal aportó productos de uso domestico (sic) para el control de plagas (roedores e insectos). Con respecto a las lechugas que se consumen en el establecimiento, el representante señaló que los productos que se cultivan en el centro no son consumidos en ese centro, pues son para ser distribuidos a otros centros, y aportan oficio DIA-217-2024, relacionado con la distribución productos agropecuarios del mes de julio del 2024, y evidencia que se les está permitido consumir culantro o vainicas, pero no lechugas. Las lechugas son provistas por el Consejo Nacional de Producción y estas son lavadas y desinfectadas antes del consumo proceso que realiza personal de cocina quienes cuenta con el respectivo carné de manipulación de alimentos vigente. Se señaló que, en los cultivos entre ellos la lechuga existe control de plagas supervisado por el M, quienes les orientan sobre el uso y aplicación de productos. Además, señaló la autoridad sanitaria que durante la inspección no se evidenció plaga de ningún tipo (insectos o roedores) y que los alimentos se encuentran almacenados adecuadamente. Con respecto al taller de carpintería, la señora Benavides indicó que la población que labora en el sitio no se traslada a dicho taller si hay presencia de lluvia y que se les provee equipo de protección personal para las labores que ejecutan. En el momento de la inspección, señaló la autoridad sanitaria pudo corroborar en el sitio que, quienes laboran en el taller utilizan mascarilla, guantes, lentes de seguridad entre otros. En las conclusiones y recomendaciones, la autoridad sanitaria indicó que no se constató al momento de la inspección presencia de plagas o un inadecuado manejo de alimentos o incumplimientos con respecto a las condiciones en las que se realizan las labores en el taller de carpintería y por lo tanto, no recomendó emitir actos administrativos” (el destacado fue agregado). (Ver prueba documental).
III.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, se estiman como no demostrados los siguientes hechos:
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la Sala verifica que los tutelados se encuentran en el Casi San Luis en condición de sentenciados. Los días lunes, el Consejo Nacional de Producción entrega los alimentos para consumo de la población penitenciaria y a los funcionarios del Casi recurrido. En el Casi San Luis, la población penal cuenta con horarios de comida que incluyen desayuno, refresco de media mañana, almuerzo, café con bonete y cena. Además, de acuerdo con las posibilidades del centro, se efectúan comidas adicionales. Asimismo, la directora del Casi aclara que “funcionarios que para complementar sus comidas compran otros insumos como queso, natilla, aguacates o frutas de diversa índole y que no son proporcionados por el establecimiento penitenciario, ante lo cual la población tiende a confundir creyendo que existe una desigualdad”. Durante el año 2024, una vez al mes, en el Casi San Luis se aplica el producto STORM 0.005 BB (rodenticida cumarina flocoumanfen) para el control de ratas; además, se fumiga una vez a la semana el área donde se ubica la compostera. Por su parte, para la prevención y reducción de plagas en los cultivos se emplean productos biológicos tales como SUNIST, SUNBT, SUNTRICHODEX y SUNMITEX. Por memorial “INFORME AGROPECUARIO” sin fecha, se indica que: “de parte de los encargados de la finca no suplimos lechuga al centro, puntualmente a la cocina del CASI San Luis para consumo de la población ni del personal. La lechuga en consumo es suministrada por proveedores externos contratados por el CNP”. Para combatir la problemática generada por plagas, en el Casi San Luis se llevan a cabo las siguientes acciones: “➢ Eliminación o minimizar las fuentes de alimento, las personas adscritas no tienen permitido ingerir alimentos dentro de los dormitorios, (desayuno, almuerzo, cena, frutas) entregadas por el centro, así mismo, existe una regulación de los productos que ingresan por medio de encomienda o consigo mismos. Para eso existen espacio de comedor para un efectivo control de residuos de alimentos. ➢ Se ha venido trabajando en eliminar o reducir las fuentes de refugio, tales como residuos de materiales de desecho mobiliario, sobrantes de materiales, todo aquello que fuese reciclaje se han donado. ➢ Se cuenta con un sistema de reciclaje. ➢ Limpieza de charral, es decir, por medio de chapeas, limpieza de cunetas donde corren aguas fluviales y quebradas, con el fin que no exista agua estancadas que propaguen el criadero de mosquitos. ➢ Los basureros cuentan con tapa en servicios sanitarios y comedores. ➢ Los recipientes para desechos orgánicos también cuentan con su respectiva tapa y son trasladados a diario al sector del compostaje. ➢ En el área del compostaje es fumigado con un producto biodegradable para el control de moscas”. El 12 de julio de 2024 se llevó a cabo una fumigación en el Casi accionado, la cual fue producto de una donación. Por oficio fechado 17 de julio de 2024, personal de la Cocina y Servicios de Alimentación del centro penal accionado señaló: “Le indico que para el martes 2 de julio de los corrientes se detectó por mi persona una presencia de cucarachas de una manera atípica en el área de la cocina, se procedió a grabar los videos respectivos de la situación acontecida, esto con la finalidad de presentárselos a la encargada del Centro en ese momento, la Licda Karen Ramírez Vega y así proceder a buscar la razón y la solución correspondiente, por lo que se llegó a la decisión de realizar una fumigación profunda, esto con un producto biológico, NO contaminante, el cual me fue proporcionado por el compañero de Agropecuario Allan Arguello Castro, cabe resaltar que esta acción correctiva se realizó de 6:00 p.m. hasta las 7:20 p.m. sin presencia de funcionarios administrativos del Centro, ni de los Privados de Libertad que laboran como ayudantes de cocina, tampoco habían alimentos expuestos ya que todo de guardó de manera responsable. Dicha labor de fumigación se realizó únicamente por un Privado de Libertad del cual desconozco el nombre ya que fue elegido por Seguridad. El miércoles 3 julio se realizó la correspondiente limpieza de absolutamente todos los utensilios de la cocina, muebles, trateros, paredes y demás, dicha acción igualmente realizada por los ayudantes disponibles esto con agua caliente y con una hidro lavadora que contenía agua, jabón y cloro esto en un horario de 7:30 am. a 8:30 am. En relación a (sic) la alimentación, para los compañeros Oficiales de Seguridad, que reciben en la jornada nocturna, los funcionarios de esta Cocina tenemos la orden de dejarles arroz y frijoles ya preparados, así como la porción de lo que ya previamente esté establecido en el menú del día para la cena y comida de la madrugada correspondiente para ese día, así como aceite y huevos también. Existen Oficiales que por dieta no consumen dicha alimentación en las noches y madrugadas, alimentos que son aprovechados por los compañeros de la jornada diurna en muchas ocasiones y yo en mi calidad de Cocinero no tengo la potestad de disminuir o no dejar la comida, la consuman en su totalidad o no dichos compañeros. A la Población todos los días a la hora del desayuno se les sirve sin excepción: Pinto, café, pan y se alterna como está establecido huevo o embutido cada día de la semana, si alguno por dieta y con indicación previa, no puede consumir embutidos sería al único que se le puede servir huevo todos los días ya que no habría otra opción que darle, eso en uno caso o casos ya notificados repito. Resalto que nunca he tenido inconvenientes con funcionarios que me pidan más de la ración establecida o por reclamos a la hora del desayuno o almuerzo por la opción establecida ya que eventualmente se les ofrece pinto luego de haberle servido a la población ya que a la misma se les dé el desayuno a las 7: DD horas y el personal ingresa a las 8:00 horas, además recalco que nunca se ha discriminado a nadie o se les ha servido menos Los horarios de alimentación se cumplen en su totalidad y con la mayor responsabilidad, si alguien se atrasa por trabajo o alguna situación en especial la persona adscrita debe informar a Seguridad, para que se comunique a cocina. Toda la alimentación es preparada cada día, según el menú y se sirve en las porciones que el área de Nutrición ya nos tiene establecidas, con una presentación digna de cada persona. Cabe resaltar que tanto la población y los funcionarios se alimentan del mismo menú, por lo que no existe diferencia en la preparación para unos y otros”. Por memorial nro. 017-07 del 17 de julio de 2024, el Proyecto Fábrica de Prefabricados del Casi indicó que en el taller participan 19 privados de libertad, a quienes se les asigna guantes, cinturones, anteojos, mascarillas, orejeras y, según el trabajo a realizar, máscaras, delantales y guantes para soldar. Además, señaló que también se cuenta con 14 extintores. Asimismo, señaló que en el taller “no se divisan ningún tipo de plagas o roedores que perjudiquen las labores que se realizan o causen afectación a la población adscrita, aunado a lo anterior se efectúa las labores de limpieza del espacio (…)”. La directora del Área de Salud de Santo Domingo del Ministerio de Salud detalla que: “(…) el día 17 de julio del 2023, la Licda. Diana Víquez Zamora, Gestora Ambiental, funcionaria del Área Rectora de Salud de Santo Domingo, realizó inspección al establecimiento Centro de Atención Semi-Institucional San Luis, informe contenido en el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1114-2024 (…) refirió la autoridad sanitaria que, en cuanto al control de plagas el ultimo control se realizó en diciembre de 2023, según se evidenció de la documentación aportada por la administración. Asimismo, señalaron que aun esta (sic) en trámite la adjudicación de dicha actividad. Sin embargo, se han realizado acciones para el control de plagas como la donación de fumigaciones, lo cual se evidencia en acta de donación 01-2024 del 12 de julio de 2024, en que se indicó que el personal aportó productos de uso domestico (sic) para el control de plagas (roedores e insectos). Con respecto a las lechugas que se consumen en el establecimiento, el representante señaló que los productos que se cultivan en el centro no son consumidos en ese centro, pues son para ser distribuidos a otros centros, y aportan oficio DIA-217-2024, relacionado con la distribución productos agropecuarios del mes de julio del 2024, y evidencia que se les está permitido consumir culantro o vainicas, pero no lechugas. Las lechugas son provistas por el Consejo Nacional de Producción y estas son lavadas y desinfectadas antes del consumo proceso que realiza personal de cocina quienes cuenta con el respectivo carné de manipulación de alimentos vigente. Se señaló que, en los cultivos entre ellos la lechuga existe control de plagas supervisado por el M, quienes les orientan sobre el uso y aplicación de productos. Además, señaló la autoridad sanitaria que durante la inspección no se evidenció plaga de ningún tipo (insectos o roedores) y que los alimentos se encuentran almacenados adecuadamente. Con respecto al taller de carpintería, la señora Benavides indicó que la población que labora en el sitio no se traslada a dicho taller si hay presencia de lluvia y que se les provee equipo de protección personal para las labores que ejecutan. En el momento de la inspección, señaló la autoridad sanitaria pudo corroborar en el sitio que, quienes laboran en el taller utilizan mascarilla, guantes, lentes de seguridad entre otros. En las conclusiones y recomendaciones, la autoridad sanitaria indicó que no se constató al momento de la inspección presencia de plagas o un inadecuado manejo de alimentos o incumplimientos con respecto a las condiciones en las que se realizan las labores en el taller de carpintería y por lo tanto, no recomendó emitir actos administrativos” (el destacado fue agregado).
Ahora bien, en la especie, los recurrentes indican que habitan en el Casi San Luis, donde son tratado de forma ofensiva. Señalan que se violenta su derecho de salir a las 11:00 horas los viernes, porque se permite la salida en grupos a las 14:00, 15:00 y 16:00, lo que genera ansiedad. Mencionan su inconformidad con el horario que se impone en el Casi, así como con los incentivos que les dan, por lo que se consideran discriminados. Alegan que, cuando salen a una cita médica, les rebajan el día. Aducen que se les intimida y amenaza con enviarlos al CAI Jorge Arturo Montero Castro cuando expresan su molestia por alguna situación. Refieren que dos personas interpusieron recursos de amparo el mes pasado y ambos fueron “arrollados”. Sostienen que los alimentos llegan al Casi semanalmente y estos, por reglamento, deben ir destinados para los privados de libertad y los oficiales en turno. Acusan que la directora y el cuerpo técnico toman los tres tiempos de comida en el Casi y requiere “gusto en sus comidas” pues “piden hasta tres huevos y eso que hacen nos deja a nosotros sin ese insumo, aqui (sic) hay muchas cosas que no nos dan ya que ellos son quienes lo consumen”.
Visto lo anterior, conviene traer a colación lo señalado en la sentencia nro. 2024018597 de las 9:30 horas del 2 de julio de 2024, “1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:11 del 25 de junio de 2024, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ y EL CENTRO DE ATENCIÓN SEMI INSTITUCIONAL SAN LUIS, manifiestan lo siguiente:que al llegar a dicho centro semi institucional con un beneficio que se ganaron con trabajo, estudio y buen comportamiento, gozan de poder reunirse con su familia, ya que el viernes a las 11:00 horas salen. Señalan que actualmente les cambiaron las reglas y les indicaron que saldrán cada día a las 16:00 horas, cuando la jornada era a las 14:00 horas, incluido el viernes. Mencionan que ante esto, no les quedaría tiempo para buscar oferta laboral, dado que utilizan el mediodía para buscar empleo. Aducen que de conformidad con los artículos 56 y 57 de la Constitución Política, tiene derecho a un salario mínimo y ahí les dan un incentivo de 20.000 colones por quincena y si asisten a cita médica, les rebajan el día, cosa que a los funcionarios no les aplica de la misma forma, por lo cual estiman que son discriminados por la directora, el cuerpo colegiado y seguridad del centro penal recurrido. Comentan que las mujeres que trabajan haciendo pan en (menores cárcel), gozan de un salario mínimo (70.000 colones por semana) y los días de entrada es domingo y egresan viernes a las 09:00 horas. Argumentan que también se violenta el artículo 51 para los que están castigados, ya que prohibieron las visitas y el ingreso de algunos alimentos y artículos. Además, antes el horario era de las 05:00 a las 21:00, pero actualmente es de las 05:30 a las 19:00, pese a ser un centro de confianza, están a merced de personas que los ven como animales. Agregan que los funcionarios piden gustos en su alimentación, dado que no comen lo mismo que ellos y hacen fiestas con los suministros del Estado al celebrar fechas como el día del padre y de la madre y se aprovechan de lo mejor de sus alimentos. Solicitan que se les pague un salario mínimo como las mujeres que laboran en panadería y que se sancione a los funcionarios que cometen abusos (…)
I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes alegan no tener un salario mínimo por las labores que realizan en el Centro de Atención Semi Institucional San Luis. Además, señalan cambios de horario y abusos de los funcionarios del mismo, por lo cual solicitan la intervención de esta sede constitucional.
II.- CASO CONCRETO. En relación con el salario mínimo solicitado por el trabajo penitenciario, cabe señalar que en un caso similar al presente, esta Sala, mediante sentencia N° 2014000133 de las 14:30 horas del 8 de enero de 2014, resolvió lo siguiente:
“(…) I.- Esta Sala se ha referido con anterioridad al trabajo penitenciario. Así, en la resolución número 2005-006870 de las catorce horas cuarenta y un minutos del primero de junio de dos mil cinco, señaló:
IV.- Sobre la jurisprudencia constitucional en materia de trabajo penitenciario.- La Sala mantiene su jurisprudencia reiterada, la cual ha sostenido que la relación existente entre la población privada de libertad y el Ministerio de Justicia no es de naturaleza laboral, aún cuando las personas privadas de libertad sí efectúen durante su estancia en prisión labores que se pueden catalogar como trabajo humano -que no es lo mismo-, puesto que esas labores se caracterizan porque la contraprestación que se recibe y que da origen a la relación entre la Administración y la persona privada de libertad es un beneficio penitenciario, cual es el que otorga el artículo 55 del Código Penal, mas no un salario, desde la óptica del derecho laboral. Sin embargo, aunque no se trate de una relación laboral -como se indicó antes-, lo cierto es que el trabajo penitenciario en algunos supuestos puede tener un efecto resocializador y por lo tanto, no se encuentra justificado (menos aún desde la perspectiva resocializadora), negar al amparado en su condición de privado de libertad, de aquello que el mundo "libre" entiende necesario para el desarrollo de un actividad laboral mínimamente adecuada a los postulados generales proclamados por el sistema social vigente, que, en nuestro país se circunscribe a los beneficios derivados de la seguridad social, y el derecho a una indemnización, por haber sufrido un accidente en el ejercicio de una actividad laboral -con las características dichas- proporcionada bajo custodia estatal dentro de su estancia en prisión. Asimismo, esta Sala ha indicado que la pena privativa de libertad consiste en la reclusión del condenado en un establecimiento penal, en el que permanece, en mayor o menor grado, privado de su libertad, y sometido a un determinado régimen de vida, la ejecución de esa pena debe ser organizada sobre una amplia base de humanidad, eliminando cuanto sea ofensivo para la dignidad humana. Los privados de libertad no sólo tienen deberes que cumplir, sino que son sujeto de derechos que han de ser reconocidos y amparados por el Estado, descontando únicamente los derechos perdidos o limitados por su condición. (ver resolución número 2000-11006 de las 13 horas 30 minutos del 13 de diciembre del 2000).
V.- Sobre el caso concreto.- Tomando en cuenta el considerando anterior, se concluye que efectivamente la relación existente entre la población privada de libertad y el Ministerio de Justicia no es de naturaleza laboral, y la posibilidad de trabajar que se les otorga a los privados de libertad es un incentivo, que en modo alguno implica una obligación, donde la contraprestación consiste básicamente en un incentivo económico y no en un salario. Posibilidad de trabajar que como tal depende de los proyectos que existan, no estando obligado el Centro Penitenciario a dar trabajo a todos, ni todo el tiempo, sino que esa posibilidad está ligada a la existencia de proyectos, siendo válido que, una vez suspendido el proyecto, cese el pago del incentivo económico al privado de libertad. (…)" II.- Por otra parte, la pretensión de los recurrentes de que por la vía del amparo se resuelva el aumento en el pago del incentivo económico, no es procedente, pues no corresponde a este Tribunal calcular y definir los montos adecuados al citado incentivo económico de los privados de libertad por la labor que realizan. Dicha situación deberá ser planteada ante la (sic) autoridades penitenciarias respectivas, por lo que en este sentido procede rechazar el recurso (…)”.
De conformidad con las razones expuestas en el precedente citado, esta Sala ha establecido que el trabajo penitenciario no es concebido propiamente como un trabajo, sino como un mecanismo para obtener beneficios penitenciarios, entre estos incentivos económicos. De esta forma, los recurrentes pueden plantear los reclamos respectivos ante el Juez de Ejecución de la Pena, y no ante esta sede, por lo que el amparo resulta improcedente.
III.- En cuanto a las demás disconformidades planteadas por los recurrentes, con lo dispuesto y actuado por las autoridades del centro semi institucional recurrido, cabe indicar que deberán alegarse ante la propia sede administrativa, y si con lo resuelto en vía administrativa, no se estuviese conforme, podrá acudir en resguardo de los derechos ante el correspondiente Juez de Ejecución de la Pena, el cual según lo estipulado en los artículos 477 y 478 del Código Procesal Penal, es la autoridad jurisdiccional competente para conocer de los incidentes de ejecución que tengan relación directa con la sustitución, modificación o extinción de la pena o de las medidas de seguridad, así como los relativos a la libertad anticipada. Además, el artículo 482 del Código Procesal Penal establece que corresponde al Tribunal de Ejecución de la Pena, controlar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. En tal sentido, se establece como de su competencia el mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento; visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que se estimen convenientes; resolver con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos; resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias y aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas en celdas. Como se puede observar, todo lo relativo al correcto devenir en el cumplimiento de las penas y las condiciones en las cuales se cumplen, corresponde por Ley conocerlas, tramitarlas y resolverlas al Tribunal de Ejecución de la Pena, y no a esta sede constitucional. En virtud de lo expuesto, en cuanto a este extremo el recurso resulta inadmisible y así debe declararse”.
El Tribunal estima que las consideraciones vertidas en el pronunciamiento citado resultan plenamente aplicables al caso bajo estudio, dado que no se encuentran motivos para variar el criterio vertido, ni razones para valorar de manera diferente la situación planteada.
En consecuencia, adviertan los accionantes que no es compatible con la sumariedad del recurso de amparo que este Tribunal determine, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si resulta o no procedente el horario de salida aplicado en el Casi San Luis, así como los incentivos otorgados. Tampoco corresponde a esta Sala establecer si se han producido o no rebajas en los incentivos cuando poseen alguna cita médica. Ello por cuanto, tales agravios corresponden ser dilucidados ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria.
Por otra parte, los accionante sostienen que reciben un trato ofensivo en el centro penal recurrido, que se les intimida y amenaza con enviarlos al CAI Jorge Arturo Montero Castro cuando expresan su molestia por alguna situación, así como que, incluso, dos personas interpusieron recursos de amparo el mes pasado y ambos fueron “arrollados”. Pese a ello, tales agravios fueron formulados de manera genérica, dado que no se hizo alusión a alguna situación específica en la que se hayan producido, lo que impide el análisis del Tribunal.
De los autos también se desprende que a las personas recluidas en el Casi San Luis reciben cinco tiempos de alimentación, por lo que no se verifica una lesión a sus derechos fundamentales en cuanto a este agravio. Al respecto, no se omite señalar que, si las personas tuteladas se encuentran inconformes con la alimentación recibida por el personal penitenciario, si a bien lo tienen, pueden plantear los reclamos correspondientes ante el propio Ministerio de Justicia y Paz o en la vía de legalidad ordinaria.
Asimismo, los accionantes sostienen que tales situaciones evidencian que son víctimas de discriminación. Sobre el particular, en la sentencia nro. 2020010415 de las 9:10 horas del 5 de junio de 2020:
“I.- ACERCA DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN. Vistos los alegatos del recurrente, se le hace ver que el principio de igualdad, establecido en el artículo el artículo 33 de la Constitución Política, no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino que más bien permite exigir que no se hagan diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. Por esa razón, la discriminación, entendida desde un punto de vista jurídico, significa otorgar un trato diferente con base en características particulares que resultan injustas, arbitrarias o irrazonables. De esta suerte, la prohibición de discriminar implica una imposibilidad de invocar ciertos elementos personales o sociales para dar un trato diferenciado, si éstos no constituyen una justificación objetiva y razonable para fundar el proceder en cuestión. Por ejemplo, son contrarias al principio de no discriminación, aquellas desigualdades de tratamiento que se funden, exclusivamente, en razones de género, raza, condición social o creencias religiosas, entre otras. Sin embargo, la Sala ha entendido que la discriminación también puede darse cuando se somete a una persona, por ese mismo tipo de razones, a un trato que resulta denigrante, abusivo o, en general, violatorio de su dignidad humana. En virtud de ello, en la sentencia N° 2013003090 de las 16:10 horas del 6 de marzo de 2013, la Sala dispuso lo siguiente:
"[…] se debe advertir que un acto discriminatorio puede darse cuando entre dos sujetos existe una diferencia de trato injustificado y arbitrario, en cuyo caso se requiere de un parámetro de comparación para determinar si hay desigualdad dentro de una relación normativa. Empero, la discriminación también se puede dar cuando a una persona se le califica con criterios denigrantes claramente contrarios a la opinión científica mayoritaria, como sería considerar que una persona por su color, género, etnia u orientación sexual (entre otros) sea un individuo de menor valía o bien una persona enferma. En tal caso, el solo hecho de propiciar tal tipo de calificativo implica per se un acto discriminatorio y lesivo a la dignidad humana, como tristemente ha ocurrido a lo largo de la historia en regímenes totalitarios e intolerantes, en los que incluso científicos (racialismo) han sostenido que ciertas razas o naciones, por su color, rasgos físicos o costumbres religiosas, corresponden a clases inferiores o de menor valía".
Sin embargo, cuando el trato distinto no se basa en criterios intrínsecamente violatorios de la dignidad humana, el poder determinar cuándo una diferencia tiene —o no tiene— la trascendencia jurídica que haga razonable y justificable el trato diverso, requiere encontrar algún elemento que permita precisar esa cuestión; razón por la cual quien alega ese tipo de quebranto está obligado a aportar elementos que permitan establecer la veracidad de sus alegatos, puesto que no todo tratamiento diferente, en sí mismo, constituye una violación al artículo 33 de la Constitución Política” (el énfasis fue suplido).
Por consiguiente, cuando se acusa vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este derecho está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran ‑con un grado de probabilidad razonable‑ que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales.
Aunado a lo anterior, en la sentencia nro. 2020012092 de las 9:05 horas del 26 de junio de 2020, esta Cámara determinó:
“II.- En la especie, en cambio, una lectura del memorial de interposición de este recurso permite constatar que, aun cuando la parte recurrente invoque una supuesta violación del principio de igualdad y no discriminación, en realidad pretende que esta Sala analice la procedencia técnica de los requisitos exigidos para participar y resultar elegible en el concurso publicado en la circular VM-A-DRH-02-010-2020 del 12 de febrero de 2020; todo ello, a fin de que este Tribunal declare en sentencia su derecho a formar parte de la lista de elegibles del Concurso Interno MEP-INDIG-01-2020, realizándose una modificación de los requisitos del concurso VM-A-DRH-02-010-2020, del 12 de febrero de 2020 en cuanto al certificado de lengua materna y tomándose en cuenta como requisito la licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en docencia para ejercer la enseñanza especial. Acceder a lo anterior, obviamente, significaría reconducir a la vía del amparo una discusión propia de la legalidad ordinaria, que no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental, puesto que la Sala no puede hacer las veces de alzada en la materia expuesta y revisar si los requisitos que el MEP exige en este caso, son procedentes de acuerdo a (sic) una adecuada ponderación de criterios técnicos y de oportunidad y conveniencia, o de la normativa legal vigente. Aunado a ello, tampoco es de su competencia el usurpar las atribuciones de las Autoridades recurridas —en su rol de órganos de la Administración activa— y, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios del caso, ordenar que se la incluya en la lista antes indicadas, y mucho menos otorgarle lo que desea, contra legem, sea en forma contraria al derecho. De esta forma, con respecto a la alegada violación del derecho a la igualdad, simplemente no resultaría procedente analizar si la situación descrita vulnera esa garantía y constituye una situación de discriminación, pues para tales efectos sería necesario realizar de previo un análisis y comparación de aspectos de orden legal y circunstancias cuya discusión no corresponde a esta jurisdicción especializada. Por consiguiente, como los extremos en cuestión son propios de la legalidad ordinaria y deben dirimirse en la vía común, lo correcto es que la parte recurrente, si a bien lo tiene, exponga sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.
De este modo, cabe señalar que, por la forma en la que los accionantes plantean su alegato, sería necesario que esta Sala entrara a analizar situaciones propias de ser discutidas en la vía ordinaria y no en esta sede constitucional, a fin de constatar si se ha producido o no la discriminación reclamada, respecto de las cuales se hizo referencia previamente en este considerando. En consecuencia, si a bien lo tienen las personas tuteladas, pueden acudir ante la propia parte recurrida o ante la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.
Ergo, no se estima el amparo en lo que a estos agravios refiere.
V.- En el sub iudice, los recurrentes alegan que en el Casi accionado tienen una plaga de ratas incontrolable. Manifiestan que en la finca también hay una plaga de babosas, porque lo que, cuando les han servido ensalada de lechuga, a muchos les han salido babosas en las hojas, lo que atenta contra su salud. Relatan tener que ir al taller bajo la lluvia, lo que los enferma. Agregan que el gusano barrenador ya se encuentra en la zona y “el taller de carpinteria (sic) es muy peligroso por las maquinas (sic) que se usan, y no contamos con zapatos ni ropa adecuada para seguridad”.
En cuanto a estos agravios, recuérdese que, ante la interposición de este recurso, la Sala requirió al Ministerio de Salud efectuar una inspección en el centro penal recurrido, respecto de la cual, la directora del Área de Salud de Santo Domingo indicó: “(…) el día 17 de julio del 2023, la Licda. Diana Víquez Zamora, Gestora Ambiental, funcionaria del Área Rectora de Salud de Santo Domingo, realizó inspección al establecimiento Centro de Atención Semi-Institucional San Luis, informe contenido en el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1114-2024 (…) refirió la autoridad sanitaria que, en cuanto al control de plagas el ultimo control se realizó en diciembre de 2023, según se evidenció de la documentación aportada por la administración. Asimismo, señalaron que aun esta (sic) en trámite la adjudicación de dicha actividad. Sin embargo, se han realizado acciones para el control de plagas como la donación de fumigaciones, lo cual se evidencia en acta de donación 01-2024 del 12 de julio de 2024, en que se indicó que el personal aportó productos de uso domestico (sic) para el control de plagas (roedores e insectos). Con respecto a las lechugas que se consumen en el establecimiento, el representante señaló que los productos que se cultivan en el centro no son consumidos en ese centro, pues son para ser distribuidos a otros centros, y aportan oficio DIA-217-2024, relacionado con la distribución productos agropecuarios del mes de julio del 2024, y evidencia que se les está permitido consumir culantro o vainicas, pero no lechugas. Las lechugas son provistas por el Consejo Nacional de Producción y estas son lavadas y desinfectadas antes del consumo proceso que realiza personal de cocina quienes cuenta con el respectivo carné de manipulación de alimentos vigente. Se señaló que, en los cultivos entre ellos la lechuga existe control de plagas supervisado por el M, quienes les orientan sobre el uso y aplicación de productos. Además, señaló la autoridad sanitaria que durante la inspección no se evidenció plaga de ningún tipo (insectos o roedores) y que los alimentos se encuentran almacenados adecuadamente. Con respecto al taller de carpintería, la señora Benavides indicó que la población que labora en el sitio no se traslada a dicho taller si hay presencia de lluvia y que se les provee equipo de protección personal para las labores que ejecutan. En el momento de la inspección, señaló la autoridad sanitaria pudo corroborar en el sitio que, quienes laboran en el taller utilizan mascarilla, guantes, lentes de seguridad entre otros. En las conclusiones y recomendaciones, la autoridad sanitaria indicó que no se constató al momento de la inspección presencia de plagas o un inadecuado manejo de alimentos o incumplimientos con respecto a las condiciones en las que se realizan las labores en el taller de carpintería y por lo tanto, no recomendó emitir actos administrativos” (el destacado fue agregado).
En atención de lo anterior, este Tribunal tampoco acredita la conculcación de los derechos fundamentales de los amparados en lo que a estos agravios refiere. En ese sentido, obsérvese que en la especie se comprueba que en el Casi se han llevado a cabo fumigaciones para el control de plagas, entre ellas, una el 12 de julio de 2024, sea, de forma reciente. Además, las lechugas consumidas por la población de ese centro penal son entregadas por el Consejo Nacional de Producción, las cuales son lavadas y desinfectadas. Asimismo, en lo que respecta al taller, la Sala comprueba que en ese lugar se cuentan con implementos de seguridad, entre ellos, guantes, cinturones, anteojos, mascarillas, orejeras y, según el trabajo a realizar, máscaras, delantales y guantes para soldar; así como con 14 extintores. Por último, el Ministerio de Salud fue enfático al señalar que en la inspección llevada a cabo el 17 de julio de 2024 “no se constató al momento de la inspección presencia de plagas o un inadecuado manejo de alimentos o incumplimientos con respecto a las condiciones en las que se realizan las labores en el taller de carpintería y por lo tanto, no recomendó emitir actos administrativos”.
En consecuencia, no se verifica la lesión a los derechos fundamentales en los términos en los que fue formulado el amparo y, por ende, se declara sin lugar el recurso.
VI.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA PARCIALMENTE EL VOTO Y RECHAZA DE PLANO EL RECURSO EN CUANTO A LOS ALEGATOS QUE NO SE RELACIONAN CON EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS TUTELADAS. Desde las sentencias n.⸰ 1998-1611 y 1998-3646, este Tribunal estableció que el Código Procesal Penal actual derogó las disposiciones anteriores relacionadas con la ejecución de la pena y confirió amplias facultades a los jueces de ejecución de la pena. Efectivamente, el Código Procesal Penal plasma una clara judicialización del proceso de ejecución de la pena, consecuente con el artículo 153 de la Constitución Política donde se establece:
“Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario” (el destacado no corresponde al original).
Así, el juez de ejecución de la pena, en la última legislación, fue creado para ejercer controles formales y sustanciales en la ejecución penitenciaria. Esto representa un salto cualitativo con respecto a la legislación anterior, pues, anteriormente, el juez ejecutor tenía funciones muy reducidas y limitadas. En la actualidad, el juez ejecutor formalmente debe ocuparse de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el cómputo del plazo de la pena y sustancialmente debe controlar, entre otros, la eficacia de la pena en relación con sus finalidades, el respeto a los derechos fundamentales de los condenados, las sanciones disciplinarias que se imponen en el centro penal, etc.. Conforme al numeral 482 del Código Procesal Penal, es competencia del Juez Ejecución de la Pena el mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento; visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que se estimen convenientes; resolver con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos; resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias; y aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas en celdas. Esto se da en el marco de un procedimiento jurisdiccional de tipo sumario, informal y célere, como lo estatuyen los artículos 478 y 482 del Código Procesal Penal, de manera que queda plenamente resguardado el mandato convencional a la protección judicial (Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”).
De ahí que el numeral 482 del Código Procesal Penal les otorga amplias atribuciones a los jueces de ejecución, quienes únicamente se encuentran sometidos a la ley, en sentido amplio, los tratados internacionales y la Constitución Política. En consecuencia, en lo atinente a la materia propia de la ejecución de la pena, las autoridades administrativas se encuentran supeditadas a lo que decidan los jueces de ejecución de la pena y son estos, en su condición de operadores de justicia, los primeros llamados a resolver las gestiones de los privados de libertad que planteen en defensa de sus derechos (incluso los fundamentales) durante el cumplimiento de la pena. De manera que en lo atinente al control de constitucionalidad concreto, solo entraría a conocer los casos que se admitan por la vía del habeas corpus , toda vez que el amparo es improcedente contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial (ordinal 30 inciso b de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), esto último con excepción de los asuntos referidos a mora judicial en los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional , y los relativos a cuestiones de salud y vida de los amparados, cuya resolución no debe retardarse remitiendo al recurrente a la jurisdicción de la ejecución de la pena, dada la relevancia de dichos derechos para la propia existencia del ser humano.
En consecuencia, el amparo resulta inadmisible y debió rechazarse de plano en cuanto a los alegatos que no se relacionan con el derecho a la salud de las personas tuteladas.
VII.- LA MAGISTRADA GARRO VARGAS SALVA PARCIALMENTE EL VOTO Y RECHAZA DE PLANO EL RECURSO EN CUANTO A LOS ALEGATOS QUE NO SE RELACIONAN CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA PARTE TUTELADA. Salvo parcialmente el voto por cuanto excepto lo que se refiere a la salud de la persona privada de libertad correspondería ser conocido por el Juzgado de Ejecución de la Pena. Dicho órgano jurisdiccional, según se desprende de los artículos 478 y 482 del Código Procesal Penal, en el trámite de los incidentes de ejecución, posee amplias competencias para inspeccionar, requerir prueba y resolver las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto afecten sus derechos. En consecuencia, salvo el voto, rechazo de plano el recurso y ordeno remitir estas diligencias ante el Juzgado de Ejecución de la Pena.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal salva parcialmente el voto y rechaza de plano el recurso, solo en cuanto a los alegatos que no se relacionan con el derecho a la salud de las personas amparadas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto, y rechaza de plano el recurso en cuanto a los alegatos de la parte tutelada que no se relacionan con el derecho a la salud de la persona privada de libertad y ordena remitir estas diligencias ante el Juzgado de Ejecución de la Pena.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Alexandra Alvarado P.
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