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Res. 19928-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/06/2025

AyA's refusal to install water meter due to lack of construction permitNegativa de AyA a instalar medidor de agua por falta de permiso de construcción

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Constitutional Chamber granted the amparo for violation of the right to prompt administrative justice and ordered AyA to notify the resolution of the revocation appeal within three days.La Sala Constitucional declara con lugar el amparo por violación al derecho a la justicia administrativa pronta y ordena a AyA notificar la resolución del recurso de revocatoria en tres días.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo action filed by a property owner in Escazú against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). The plaintiff claimed violation of her right to prompt administrative justice, as AyA had not resolved nor notified the appeal she filed on February 11, 2025 against the denial of a water meter installation. The initial denial was based on a field inspection where an AyA official found a recently built house and another under construction with closure seals from the Municipality of Escazú, thus requiring the municipal construction permit and CFIA-approved plans. Although AyA reported that the appeal was resolved on June 18, 2025, the Chamber found no evidence that the decision was effectively notified to the plaintiff, violating her right to defense. It ordered AyA to notify the resolution within three days and awarded costs and damages against the institute. The ruling includes a separate opinion by Justice Castillo Víquez on jurisdiction over claims of violations of prompt administrative justice.La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo interpuesto por una propietaria en Escazú contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La recurrente alegó violación al derecho a la justicia administrativa pronta, pues AyA no había resuelto ni notificado el recurso de revocatoria que interpuso el 11 de febrero de 2025 contra la denegatoria de instalación de un medidor de agua. La negativa inicial se basó en que, durante una inspección de campo, el funcionario de AyA constató la existencia de una vivienda recién construida y otra en construcción con sellos de clausura de la Municipalidad de Escazú, por lo que se exigió el permiso de construcción municipal y planos aprobados por el CFIA. Aunque AyA informó que el recurso de revocatoria fue resuelto el 18 de junio de 2025, la Sala determinó que no se demostró la notificación efectiva de esa resolución a la amparada, lo que vulnera su derecho de defensa. Se ordena a AyA notificar la resolución en un plazo de tres días y se condena al instituto al pago de costas, daños y perjuicios. La sentencia incluye un voto separado del magistrado Castillo Víquez sobre la competencia para conocer de vulneraciones a la justicia administrativa pronta.

Key excerptExtracto clave

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. This Constitutional Court finds that the amparo action is granted, as a violation of the fundamental right to prompt administrative justice enshrined in Article 41 of the Political Constitution has been proven. Indeed, from the evidence it is established that the plaintiff—owner of property Folio Real 1-547832-000, with cadastral map SJ-0867561-1989—requested from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers a new water service connection, initially under number P13142024110007, based on a positive water availability certificate notified on November 7, 2024. Although that application was archived due to lack of technical documentation, the plaintiff filed a new request on January 23, 2025 (P13142025010008), which was again denied by official letter SG-GSGAM-DyNS-2025-00093. Against that decision, the plaintiff filed a revocation appeal on February 11, 2025. Now, although the respondent argues that the appeal was resolved by official letter UEN-SCMED-GAM-2025-01161 dated June 18, 2025, there is no evidence in the record that convincingly proves that this decision was actually notified to the plaintiff. In particular, there is no notification record or proof of electronic delivery, despite this being crucial to ensure that the party knew the decision taken. This omission is especially serious, as it prevents the interested party from effectively exercising her right to defense, filing any further appeals, or even initiating judicial proceedings, because she is unaware of the content and existence of the response issued by the respondent authority.IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Este Tribunal Constitucional estima que el recurso de amparo resulta con lugar, debido a que se ha acreditado una lesión al derecho fundamental de justicia administrativa pronta consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política. En efecto, de los elementos probatorios se tiene por demostrado que la amparada -propietaria de la finca folio real 1-547832-000, con plano catastro SJ-0867561-1989- gestionó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una solicitud de instalación de nuevo servicio de agua, inicialmente bajo el número P13142024110007, derivada de una constancia de disponibilidad de agua potable positiva notificada el 07 de noviembre de 2024. Si bien dicha gestión fue archivada por falta de documentación técnica, consta que la tutelada presentó una nueva solicitud el 23 de enero de 2025 (P13142025010008) la cual fue nuevamente denegada mediante el oficio SG-GSGAM-DyNS-2025-00093. En contra de dicha resolución, la amparada interpuso recurso de revocatoria el 11 de febrero de 2025. Ahora, si bien la parte recurrida sostiene que el recurso fue resuelto mediante el oficio UEN-SCMED-GAM-2025-01161 de fecha 18 de junio de 2025, lo cierto es que no obra en el expediente ningún elemento de prueba que demuestre de forma fehaciente que dicha resolución haya sido efectivamente notificada a la tutelada. En particular, no se acompaña acta de notificación ni constancia de remisión electrónica, pese a que ello resulta determinante para garantizar que la administrada conociera la decisión adoptada. Esta omisión reviste especial gravedad, pues impide a la interesada ejercer de forma efectiva su derecho de defensa, interponer eventuales recursos o incluso activar la vía jurisdiccional, al desconocer el contenido y existencia de la respuesta emitida por la autoridad recurrida.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Este Tribunal Constitucional estima que el recurso de amparo resulta con lugar, debido a que se ha acreditado una lesión al derecho fundamental de justicia administrativa pronta consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política."

    "This Constitutional Court finds that the amparo action is granted, as a violation of the fundamental right to prompt administrative justice enshrined in Article 41 of the Political Constitution has been proven."

    Considerando IV

  • "Este Tribunal Constitucional estima que el recurso de amparo resulta con lugar, debido a que se ha acreditado una lesión al derecho fundamental de justicia administrativa pronta consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política."

    Considerando IV

  • "Ahora, si bien la parte recurrida sostiene que el recurso fue resuelto mediante el oficio UEN-SCMED-GAM-2025-01161 de fecha 18 de junio de 2025, lo cierto es que no obra en el expediente ningún elemento de prueba que demuestre de forma fehaciente que dicha resolución haya sido efectivamente notificada a la tutelada."

    "Now, although the respondent argues that the appeal was resolved by official letter UEN-SCMED-GAM-2025-01161 dated June 18, 2025, there is no evidence in the record that convincingly proves that this decision was actually notified to the plaintiff."

    Considerando IV

  • "Ahora, si bien la parte recurrida sostiene que el recurso fue resuelto mediante el oficio UEN-SCMED-GAM-2025-01161 de fecha 18 de junio de 2025, lo cierto es que no obra en el expediente ningún elemento de prueba que demuestre de forma fehaciente que dicha resolución haya sido efectivamente notificada a la tutelada."

    Considerando IV

  • "Esta omisión reviste especial gravedad, pues impide a la interesada ejercer de forma efectiva su derecho de defensa, interponer eventuales recursos o incluso activar la vía jurisdiccional, al desconocer el contenido y existencia de la respuesta emitida por la autoridad recurrida."

    "This omission is especially serious, as it prevents the interested party from effectively exercising her right to defense, filing any further appeals, or even initiating judicial proceedings, because she is unaware of the content and existence of the response issued by the respondent authority."

    Considerando IV

  • "Esta omisión reviste especial gravedad, pues impide a la interesada ejercer de forma efectiva su derecho de defensa, interponer eventuales recursos o incluso activar la vía jurisdiccional, al desconocer el contenido y existencia de la respuesta emitida por la autoridad recurrida."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-seventh of June of two thousand twenty-five .

Amparo action processed under case file number 25-016657-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, identity card CED02, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Whereas:

1.- By brief received at the secretariat of this Chamber on June 10, 2025, the petitioner files an amparo action on behalf of Nombre02 against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. He states that the protected party is the owner of the property under real folio 1-547832-000 with cadastral map SJ-0867561-1989. He alleges that on February 11, 2025, his represented party filed before the Escazú Agency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a motion to revoke (recurso de revocatoria) against official communication SG-GSGAM-DyNS-2025-00093, issued by the respondent authority through which it denied her application for installation of a water meter for her dwelling. He adds that in said motion, his represented party explained that the denial of the procedure by the respondent authority is based on an error, since the construction is finished and was verified in person by officials of that institution. It was not an application for a future construction, but for an already existing dwelling. However, he claims that as of the date of filing of this amparo, the protected party has not received a response to the motion to revoke filed.

2.- By resolution at 13:19 hours on June 12, 2025, the presidency of this Chamber admitted the present proceeding.

3.- JORGE MAURICIO MATAMOROS PÉREZ, in his capacity as COMMERCIAL COORDINATOR ZONE 3 of the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, reports under oath, stating the following: “… Based on memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2025-01164 dated June 19, 2025, prepared by Mr. Delroy Brenes Pacheco, an official of the UEN Servicio al Cliente Medición GAM, which is attached as evidence and forms an integral part of the administrative file, it is demonstrated that: On November 7, 2024, the positive Certificate of Potable Water Availability with number SIGDD-2024-00030694-1-1-1 was notified. Subsequently, on November 25, 2024, the protected party submitted a new service application with application number P13142024110007. However, at the time of conducting the field inspection for the corresponding service installation, the inspector verified that there is a recently built house, another one under construction, and that it displays a closure seal issued by the Municipalidad de Escazú. For this reason, the installation of the new service was not carried out, and in accordance with current institutional regulations, she was asked to provide the corresponding municipal construction permit and the plans approved by the CFIA. This resolution, issued under official communication SG-GSGAM-DyNS-2024-0615, was notified to the email addresses ...01 and ...02, the means indicated by the protected party for receiving notifications. In said document, a period of 10 days was granted to provide the aforementioned permit; however, the documents required by the Institute were not provided, rendering the requested new service application void (see No. UEN-SCMED-GAM-2025-01164). Along the same lines, on January 23, 2025, the protected party again submitted documentation for a new service application under application number P13142025010008. However, she was again reminded that she must provide the corresponding municipal construction permit and the plans approved by the CFIA, which was notified through resolution SGGSGAM-DyNS-2025-00093 to the email addresses indicated in the preceding section. She likewise failed to remedy the deficiency of the documents required by the Institute, against which she filed a motion to revoke that was answered via official communication No. UEN-SCMED-GAM-2025-01161 on June 18 of the current year (see No. UEN-SCMED-GAM-2025-01164). II. APPLICABLE REGULATIONS. In support of the foregoing, it is necessary to indicate what is established in this regard by the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA published in the Official Gazette La Gaceta No. 27, Scope No. 29 of February 9, 2021, and the Ley General de la Administración Pública, articles 11 and 13. “Article 68. —Of the requirements and conditions for applying for permanent connections on registered lands. To apply for a permanent connection, the property owner, or the authorized applicant or their legal representative, as provided in article 15 of this Regulation, must submit before the physical or virtual platforms that AyA or the delegated operator offers, whether in physical or digital form, the following requirements: a. Application form, provided by AyA, completed and signed by the owner, the authorized applicant, or their legal representative. b. Identification document of the owner, authorized applicant, or their legal representative. If there is access to the technological platform of the Registro Civil in which the photo and signature of the interested party are displayed, AyA will exempt them from presenting this requirement, and it will only be necessary for them to provide the identification number of their identity card. c. Cadastral map. In the event that the property does not have a cadastral map, or is in the process of a segregation or subdivision (fraccionamiento), they must submit a survey map that complies with the provisions of Article No. 2, subsection q) of Decreto Ejecutivo No. 34331, Reglamento de la Ley de Catastro Nacional in force, with its respective filing minute and the corresponding seal of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) in accordance with the provisions of the current Reglamento Especial del Administrador de Proyectos de Topografía (APT) of the CFIA and its amendments, or the regulations that replace them. If there is technological feasibility, AyA will exempt the applicant from presenting this requirement. d. Project Number processed before the Administración de Proyectos de Construcción (APC) platform of the CFIA, duly approved, so that AyA can verify the existence of the requirement of a current construction permit, in the case of a property to be built. The permit must be consistent with the flow rate and purposes for which the availability was approved. e. Payment of the connection fee, as established in article 76 of this regulation. f. In the case of applications for new services for activities that generate special types of wastewater, the interested party must submit a sworn statement indicating that the discharge into the sanitary sewer system will comply with the regulation and the approval note from the Ministry of Health, describing the type of activity to be carried out, as well as the quantity and quality of the discharge to be poured; likewise, the specification of the treatment system to comply with current environmental regulations. g. In those cases where the public service must be provided in territories of the country with special characteristics, under the modality of territories administered by the State or its institutions with a special legal regime, such as in the maritime-terrestrial zone, border zones, leased zones, indigenous territories, tourist development poles, areas within the railroad right-of-way, among others, applicants must submit the express authorization of the corresponding Entity, according to the regulation that governs them. In accordance with the verification of the necessary conditions for the approval of services indicated generally in article 15 of this Regulation, it is the responsibility of AyA to verify the requirements broken down therein, as well as the general conditions established therein for all procedures. When the administered person appears before AyA to request sanitation service and/or water for population use on an agricultural, forest cover, or livestock parcel, and for the purpose of constructing the dwellings or buildings authorized by the current Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, they must comply with the requirements requested for that purpose in this regulation for each case. Once the submission of all requirements is completed, the Institution shall have a period of 15 business days for the resolution of the application. (Thus amended by Junta Directiva Agreement No. 2023-389 taken in Ordinary Session No. 045-2023 of 10-10-2023 Published in La Gaceta No. 210 of 11-13-2023).” Under this analytical line, it is important to highlight the provisions of articles 11 and 13 of the Ley General de la Administración Pública, subsections 1, which, in observance of the principle of legality, respectively provide: “1. The Public Administration shall act subject to the legal order and may only perform those acts or provide those public services that said order authorizes, according to the hierarchical scale of its sources. 1. The Administration shall be subject, in general, to all written and unwritten norms of the administrative order, and to the private law supplementary thereto, without being able to derogate from them or disapply them for specific cases. III. CONCLUSIONS. In the present case, it is verified that no Constitutional right has been violated, since, as has been evidenced in the technical report that forms an integral part of the document presented in this act, the installation of the new service was not carried out because a dwelling under construction was found with closure seals issued by the Municipalidad de Escazú. Likewise, she was advised that she had to provide the corresponding municipal construction permit and the plans approved by the CFIA; however, the protected party has not complied with the requirement requested by the Institute, which arises from the application of current Institutional regulations. It is noted that, regarding the motion to revoke, it was addressed and a response was provided through official communication No. UEN-SCMED-GAM-2025-01161 dated June 18 of the current year, which was notified to the email addresses ...01 and ...02, the means indicated by the protected party for receiving notifications, and which maintains the same criteria of resolutions SG-GSGAM-DyNS-2024-0615 and SGGSGAM-DyNS-2025-00093. In accordance with the foregoing, this Honorable Court can verify that none of the actions of this Institute have been capricious, arbitrary, or unfounded. On the contrary, my represented entity has executed and carried out all actions corresponding to the scope of its powers and within the framework of legality that governs us. Therefore, it is concluded that AyA complied with all the obligations imposed by force of law, within the constitutional and legal framework, in accordance with the principle of legality. Consequently, none of the fundamental rights of the Protected Party have been violated.”.

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY. Prior to analyzing the merits of the matter —for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure— it must be clarified that as of ruling No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has deemed that those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the time periods set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve a final act of an administrative procedure —initiated ex officio or at the instance of a party— or to hear applicable administrative remedies, should be referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario arises, as this involves the lack of resolution of a motion to revoke filed by the petitioner, under the assumption that it has not been resolved within a reasonable time. Thus, given the possible need for the provision of drinking water service, the specific situation raised in this proceeding is addressed.

II.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner alleges that the protected party is the owner of a property located in Escazú, where she requested the installation of a water meter for her dwelling. He indicates that on February 11, 2025, she filed a motion to revoke against the denial issued by AyA, basing it on the argument that the application was denied in error, since the dwelling is built and was verified by institutional officials. However, at the time of filing the amparo action, she had not received a response to the administrative remedy filed.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

  • a)The protected party is the owner of the property under real folio 1-547832-000 with cadastral map SJ-0867561-1989 (uncontroverted fact).
  • b)On November 7, 2024, the positive Certificate of Potable Water Availability with number SIGDD-2024-00030694-1-1-1 was notified to the protected person (see report rendered under oath and attached evidence).
  • c)On November 25, 2024, the protected party submitted the application for a new water service under number P13142024110007 (see report rendered under oath and attached evidence).
  • d)In the field inspection, the AyA inspector verified the existence of a recently built house and another under construction, both with a closure seal issued by the Municipalidad de Escazú. Therefore, the installation of the new service was not carried out (see report rendered under oath and attached evidence).
  • e)On December 11, 2024, through official communication SG-GSGAM-DyNS-2024-0615, the respondent entity asked the protected party to provide the municipal construction permit and the plans approved by the CFIA, granting a period of 10 days. Said notification was sent to the email addresses indicated by the interested party. Upon expiration of the period without response: As the required documentation was not provided, the new service application was rendered void (see report rendered under oath and attached evidence).
  • f)On January 23, 2025, the protected party again submitted the documentation for a new service application under number P13142025010008 (see report rendered under oath and attached evidence).
  • g)Through official communication SG-GSGAM-DyNS-2025-00093 (the date is not specified), the respondent authority reiterated to the protected person the need to submit the construction permit and plans approved by the CFIA, notifying her again at the email addresses provided (see report rendered under oath and attached evidence).
  • h)On February 11, 2025 (with a receipt date of the same day), the protected party filed a motion to revoke against official communication SG-GSGAM-DyNS-2025-00093 (see report rendered under oath and attached evidence).

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. This Constitutional Court deems that the amparo action is well-founded, because a violation of the fundamental right to prompt administrative justice, enshrined in article 41 of the Political Constitution, has been accredited. Indeed, from the evidentiary elements, it has been demonstrated that the protected party —owner of the property under real folio 1-547832-000, with cadastral map SJ-0867561-1989— processed before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados an application for the installation of a new water service, initially under number P13142024110007, derived from a positive certificate of potable water availability notified on November 7, 2024. While it is true that said procedure was archived due to a lack of technical documentation, it is recorded that the protected person submitted a new application on January 23, 2025 (P13142025010008), which was again denied through official communication SG-GSGAM-DyNS-2025-00093. Against said resolution, the protected party filed a motion to revoke on February 11, 2025.

Now, while the respondent party maintains that the motion was resolved through official communication UEN-SCMED-GAM-2025-01161 dated June 18, 2025, the truth is that there is no evidence in the case file that reliably demonstrates that said resolution was effectively notified to the protected person. In particular, no notification certificate or proof of electronic submission is attached, even though this is decisive to guarantee that the administered person was aware of the decision adopted. This omission is particularly serious, as it prevents the interested party from effectively exercising her right to defense, filing any possible appeals, or even activating the jurisdictional route, as she is unaware of the content and existence of the response issued by the respondent authority.

Therefore, it is concluded that the challenged administrative action has violated the protected party's fundamental rights, for which reason the action must be declared well-founded.

V.- CONCLUSION. Under this set of circumstances, it is necessary to declare the amparo action well-founded, as provided in the operative part of this judgment.

VI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and completed justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as grounds for exception, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The petitioner is advised that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The action is declared well-founded. Jorge Mauricio Matamoros Pérez, in his capacity as commercial coordinator zone 3 of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever occupies that position in his stead, is ordered to, within the scope of his powers, issue the necessary orders so that official communication UEN-SCMED-GAM-2025-01161 dated June 18, 2025, is notified to the protected party at the means indicated for receiving notifications, all within a period of THREE DAYS, counted from the notification of this judgment. The respondent authority is warned that, should it fail to comply with said order, it will incur the crime of disobedience, and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and fails to comply with it or fails to cause it to be complied with, provided the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify. -

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2025019928 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 25-016657-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la secretaría de esta Sala el 10 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo a favor de Nombre02 contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Manifiesta que la amparada es propietaria de la finca folio real 1-547832-000 con el plano catastro SJ-0867561-1989. Alega que el 11 de febrero de 2025 su representada planteó ante la Agencia de Escazú del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados un recurso de revocatoria contra el oficio SG-GSGAM-DyNS-2025-00093, emitido por la autoridad recurrida mediante el cual denegó su solicitud de instalación de un medidor de agua para su vivienda. Agrega que en dicho recurso su representada expuso que el rechazo del trámite por parte de la autoridad recurrida se basa en un error, ya que la construcción está terminada y fue verificada presencialmente por funcionarios de dicha institución. No se trató de una solicitud para una futura construcción, sino para una vivienda ya existente. Sin embargo, acusa que a la fecha de interposición del presente amparo la amparada no ha recibido respuesta al recurso de revocatoria presentado.

2.- Por resolución de las 13:19 horas del 12 de junio de 2025, la presidencia de esta Sala dio curso al presente proceso.

3.- Informa bajo juramento JORGE MAURICIO MATAMOROS PÉREZ, en su condición de COORDINADOR COMERCIAL ZONA 3 del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, quien manifiesta lo siguiente: “… Con fundamento en el memorando N°UEN-SCMED-GAM-2025-01164 de fecha 19 de junio del 2025, elaborado por el Lic. Delroy Brenes Pacheco, funcionario de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM, el cual se adjunta como prueba y forma parte integral del expediente administrativo queda demostrado que: En fecha 07 de noviembre del 2024, se notifica la Constancia de Disponibilidad de agua potable positiva con el número SIGDD-2024-00030694-1-1-1, posteriormente la amparada en fecha 25 de noviembre del 2024, realiza la solicitud de nuevo servicio con número de solicitud P13142024110007, no obstante, en el momento de efectuar la inspección de campo para la correspondiente instalación del servicio, el inspector constata que existe una casa recién construida, otra en construcción y la misma se encuentra con el sello de clausurado emitido por la Municipalidad de Escazú, razón por la cual no se ejecuta la instalación del servicio nuevo y de conformidad con la normativa vigente institucional, se le solicita que aporte el correspondiente permiso de construcción del municipio y los planos aprobados por el CFIA, dicha resolución emitida bajo oficio SG-GSGAM-DyNS-2024-0615, se notificó a las direcciones de correo electrónico ...01 y ...02, medio señalado por la amparada como medio para atender notificaciones, en dicho documento se le concede un plazo de 10 días para aportar el permiso anteriormente señalado, no obstante, no se aportaron los documentos requeridos por el Instituto quedando sin efecto la solicitud de nuevo servicio requerida. (ver N°UEN-SCMED-GAM-2025-01164) En el mismo orden de ideas, en fecha 23 de enero del 2025, nuevamente la amparada presenta la documentación para la solicitud de un nuevo servicio, bajo número de solicitud P13142025010008, empero, se le reitera que debe aportar el correspondiente permiso de construcción del municipio y los planos aprobados por el CFIA, lo cual se notifica mediante resolución SGGSGAM-DyNS-2025-00093, a las direcciones de correo electrónico indicadas en el acápite anterior, de igual manera hace caso omiso de efectuar la subsanación de los documentos requeridos por el Instituto, a lo cual presenta recurso de revocatoria que se contesta mediante oficio N° UEN-SCMED-GAM-2025-01161 en fecha 18 de junio del año en curso. (ver N° UEN-SCMED-GAM-2025-01164) II. NORMATIVA APLICABLE En respaldo de lo anteriormente señalado, es menester indicar lo que al respecto establecen el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 27, Alcance N°29 del 9 de febrero de 2021 y la Ley General de la Administración Pública, artículos 11 y 13. “Artículo 68. —De los requisitos y condiciones para la solicitud de conexiones permanentes en terrenos inscritos. Para la solicitud de una conexión permanente, el propietario del inmueble, o el solicitante autorizado o su representante legal, conforme lo dispone el artículo 15 de este Reglamento, deberá presentar ante las plataformas físicas o virtuales que AyA o el operador delegado ofrezca, ya sea forma física o digital, los siguientes requisitos: a. Formulario de solicitud, proporcionado por AyA, completo y firmado por el propietario, el solicitante autorizado, o su representante legal. b. Documento de identificación del propietario, solicitante autorizado o su representante legal. De existir acceso a la plataforma tecnológica del Registro Civil en el que se despliegue la foto y firma del interesado, AyA lo eximirá de la presentación de este requisito y únicamente será necesario que proporcione el número de identificación de la cédula de identidad. c. Plano catastrado. En caso de que el inmueble no cuente con plano catastrado, o bien, se encuentre en proceso de una segregación o fraccionamiento, deberá de presentar un plano de agrimensura que cumpla con lo estipulado en el Artículo N° 2 inciso q) del Decreto Ejecutivo N°34331, Reglamento de la Ley de Catastro Nacional vigente con su respectiva minuta de presentación y el correspondiente sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) conforme a lo dispuesto en el Reglamento Especial del Administrador de Proyectos de Topografía (APT) del CFIA vigente y sus reformas o las normativas que los sustituya. De existir factibilidad tecnológica, AyA eximirá al solicitante de la presentación de este requisito. d. Número de Proyecto tramitado ante la plataforma Administración de Proyectos de Construcción (APC) del CFIA, debidamente aprobado con el fin de que AyA constate la existencia del requisito del permiso de construcción vigente, en caso de que se trate de un inmueble por edificar. El permiso deberá ser coincidente con el caudal y fines para el que se aprobó la disponibilidad. e. El pago de la tarifa de conexión, conforme a lo establecido en el artículo 76 de este reglamento. f. En el caso de solicitudes de nuevos servicios, para actividades que generen aguas residuales de tipo especiales, el interesado deberá presentar, una declaración jurada en la que indique que la descarga al alcantarillado sanitario, cumplirá con el reglamento y nota de aprobación del Ministerio de Salud, que describa el tipo de actividad a desarrollar, así como la cantidad y calidad de la descarga a verter; asimismo la especificación del sistema de tratamiento para cumplir con la normativa ambiental vigente. g. En aquellos casos en que se deba brindar el servicio público, en territorios del país con características especiales, bajo la modalidad de territorios administrados por el Estado o sus instituciones con régimen jurídico especial como en la zona marítimo terrestre, en las zonas fronterizas, en las zonas en arriendo, en los territorios indígenas, en los polos de desarrollo turístico, en las áreas dentro del derecho de vía férrea, entre otros, los solicitantes deberán presentar la autorización expresa del Ente correspondiente, según la norma que los regule. De acuerdo con la verificación de las condiciones necesarias para la aprobación de los servicios indicada de manera general en el artículo 15 de este Reglamento, le corresponde a AyA verificar los requisitos ahí desglosados, así como las condiciones generales ahí establecidas para todos los trámites. Cuando el administrado se apersone ante el AyA a solicitar el servicio de saneamiento y/o agua para uso poblacional en una parcela agrícola, forestal o pecuaria, y para efectos de construir las viviendas o edificaciones que autoriza el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU vigente, deberá el cumplir con los requisitos que para tal fin se solicitan en la presente normativa para cada supuesto. Cumplida la presentación de la totalidad de requisitos; la Institución contará con un plazo de 15 días hábiles para la resolución de la solicitud. (Así modificado mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 2023-389 tomado en Sesión Ordinaria N° 045-2023 del 10-10- 2023 Publicado en la Gaceta N° 210 del 13-11-2023).” Bajo esta línea analítica, es importante destacar lo dispuesto por los artículos 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, incisos 1, que en observancia al principio de legalidad disponen respectivamente: “1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. “1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. III. CONCLUSIONES. En el presente caso, se constata que no se ha violentado ningún derecho Constitucional, ya que como ha quedado evidenciado en el informe técnico que forma parte integral del libelo que se presenta en este acto, la instalación del nuevo servicio no se realizó por encontrarse una vivienda en construcción con sellos de clausurado emitido por la Municipalidad de Escazú, de igual manera se le previno que debía aportar el correspondiente permiso de construcción del municipio y los planos aprobados por el CFIA; no obstante, la amparada no ha cumplido con el requisito solicitado por el Instituto, mismo que obedece a la aplicación de la normativa Institucional vigente. Se acota que, en cuanto al recurso de revocatoria el mismo fue atendido y se le brindó respuesta mediante oficio N° UEN-SCMED-GAM-2025-01161 de fecha 18 de junio del año en curso, el cual fue notificado a las direcciones de correo electrónico ...01 y ...02 medio señalado por la amparada como medio para atender notificaciones y en el cual se mantiene el mismo criterio de las resoluciones SG-GSGAM-DyNS-2024-0615 y SGGSGAM-DyNS-2025-00093. De conformidad con lo anteriormente expuesto, este Honorable Tribunal puede constatar que ninguna de las actuaciones de este Instituto ha sido antojadiza, arbitraria o infundada, por el contrario mi representada ha ejecutado y realizado todas las acciones que corresponden al ámbito de sus competencias y dentro del marco de legalidad que nos rige, por lo que se concluye que AyA cumplió con todas las obligaciones impuestas por imperio de ley, en el marco constitucional y legal conforme al principio de legalidad. Por ende, no se ha violentado ninguno de los derechos fundamentales de la Amparada.”.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO. Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe aclararse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la falta de resolución de un recurso de revocatoria planteado por la parte recurrente, bajo el supuesto que no ha sido resuelto dentro de un plazo razonable. De tal manera que, ante la posible necesidad de la prestación del servicio de agua potable, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este proceso.

II.- OBJETO DEL RECURSO La parte recurrente alega que la amparada es propietaria de una finca ubicada en Escazú, donde solicitó la instalación de un medidor de agua para su vivienda. Indica que el 11 de febrero de 2025 presentó un recurso de revocatoria contra la negativa emitida por el AyA, fundamentando que la solicitud fue rechazada por error, pues la vivienda está construida y fue verificada por funcionarios institucionales. Sin embargo, al momento de interponer el recurso de amparo, no había recibido respuesta al recurso administrativo planteado.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)La amparada es propietaria de la finca folio real 1-547832-000 con el plano catastro SJ-0867561-1989 (hecho incontrovertido).
  • b)El 07 de noviembre de 2024, se notificó a la tutelada la Constancia de Disponibilidad de Agua Potable positiva con número SIGDD-2024-00030694-1-1-1 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • c)El 25 de noviembre de 2024, la amparada presentó la solicitud de nuevo servicio de agua bajo el número P13142024110007 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • d)En la inspección de campo, el inspector del AyA constató la existencia de una casa recién construida y otra en construcción, ambas con sello de clausura emitido por la Municipalidad de Escazú. Por ello, no se ejecuta la instalación del nuevo servicio (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • e)El 11 de diciembre de 2024, mediante oficio SG-GSGAM-DyNS-2024-0615 el ente recurrido solicitó a la amparada aportar el permiso de construcción municipal y los planos aprobados por el CFIA, concediéndole un plazo de 10 días. Dicha notificación fue enviada a los correos electrónicos señalados por la interesada. Vencido el plazo sin respuesta: Al no aportar la documentación requerida, la solicitud de nuevo servicio quedó sin efecto (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • f)El 23 de enero de 2025, la amparada aportó nuevamente la documentación para una nueva solicitud de servicio bajo el número P13142025010008 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • g)Por medio del oficio SG-GSGAM-DyNS-2025-00093 (no se precisa fecha) la autoridad accionada le reiteró a la tutelada la necesidad de presentar el permiso de construcción y planos aprobados por el CFIA, notificándosele nuevamente a los correos electrónicos proporcionados (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • h)El 11 de febrero de 2025 (con fecha de recibido del mismo día) la amparada planteó recurso de revocatoria contra el oficio SG-GSGAM-DyNS-2025-00093 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Este Tribunal Constitucional estima que el recurso de amparo resulta con lugar, debido a que se ha acreditado una lesión al derecho fundamental de justicia administrativa pronta consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política. En efecto, de los elementos probatorios se tiene por demostrado que la amparada -propietaria de la finca folio real 1-547832-000, con plano catastro SJ-0867561-1989- gestionó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una solicitud de instalación de nuevo servicio de agua, inicialmente bajo el número P13142024110007, derivada de una constancia de disponibilidad de agua potable positiva notificada el 07 de noviembre de 2024. Si bien dicha gestión fue archivada por falta de documentación técnica, consta que la tutelada presentó una nueva solicitud el 23 de enero de 2025 (P13142025010008) la cual fue nuevamente denegada mediante el oficio SG-GSGAM-DyNS-2025-00093. En contra de dicha resolución, la amparada interpuso recurso de revocatoria el 11 de febrero de 2025.

Ahora, si bien la parte recurrida sostiene que el recurso fue resuelto mediante el oficio UEN-SCMED-GAM-2025-01161 de fecha 18 de junio de 2025, lo cierto es que no obra en el expediente ningún elemento de prueba que demuestre de forma fehaciente que dicha resolución haya sido efectivamente notificada a la tutelada. En particular, no se acompaña acta de notificación ni constancia de remisión electrónica, pese a que ello resulta determinante para garantizar que la administrada conociera la decisión adoptada. Esta omisión reviste especial gravedad, pues impide a la interesada ejercer de forma efectiva su derecho de defensa, interponer eventuales recursos o incluso activar la vía jurisdiccional, al desconocer el contenido y existencia de la respuesta emitida por la autoridad recurrida.

Por ende, se concluye que la actuación administrativa impugnada ha vulnerado los derechos fundamentales de la amparada, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar.

V.- CONCLUSIÓN. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso de amparo, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jorge Mauricio Matamoros Pérez, en su condición de coordinador comercial zona 3 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, para que dentro del ámbito de sus competencias, gire las órdenes necesarias a fin de que se le notifique a la amparada el oficio UEN-SCMED-GAM-2025-01161 de fecha 18 de junio de 2025, al medio señalado para recibir notificaciones, todo dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se le advierte a la autoridad recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. - Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ana Cristina Fernandez A.

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