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Res. 23206-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/07/2025
OutcomeResultado
The Chamber ordered an immediate remedial water-supply plan and completion of the aqueduct expansion within eighteen months so that legally compliant homes in La Ganga receive drinking water.La Sala ordenó implementar de inmediato un plan remedial de abastecimiento y concluir en dieciocho meses la ampliación del acueducto para brindar agua potable a las viviendas de La Ganga que cumplan los requisitos legales.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed by residents and landowners of La Ganga, Linda Vista, Siquirres, because they lacked access to drinking water. Although the Chamber recognized that the ASADA timely answered the 2021 request and that inadequate hydraulic capacity may initially justify denying service, it found an ongoing rights violation because the expansion project designed to solve the problem remained stalled for lack of resources. The Chamber emphasized that AyA, as the governing authority, must oversee community aqueducts, coordinate with the ASADA, and adopt effective measures rather than disclaim responsibility. It ordered the immediate implementation of a remedial plan while construction is pending and required completion, within no more than eighteen months, of the water-system expansion from Linda Vista to 52 Millas. Once completed, the system must provide efficient, effective, and continuous drinking-water service to homes in La Ganga that satisfy the applicable legal requirements.La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado por vecinos y propietarios de La Ganga, en Linda Vista de Siquirres, debido a la falta de acceso al agua potable. Aunque reconoció que la ASADA respondió oportunamente la solicitud de 2021 y que la insuficiencia hidráulica puede justificar inicialmente la denegación del servicio, determinó que la lesión persiste porque el proyecto de ampliación diseñado para resolver el problema permanece detenido por falta de recursos. La Sala destacó que el AyA, como ente rector, debe fiscalizar los acueductos comunales, coordinar con la ASADA y adoptar medidas efectivas, sin poder desentenderse de la situación. Ordenó ejecutar de inmediato un plan remedial mientras concluyen las obras y finalizar, en un máximo de dieciocho meses, la ampliación del sistema entre Linda Vista y 52 Millas. Una vez terminada, deberá brindarse servicio eficiente, continuo y eficaz a las viviendas de La Ganga que cumplan los requisitos legales.
Key excerptExtracto clave
Accordingly, this Court finds that the respondent authorities have violated the fundamental rights of the Linda Vista community because, although this proceeding established that some measures have been taken concerning the reported problem, the fact remains that the area currently lacks access to drinking water. In view of the foregoing, the appeal must be granted, with the consequences detailed in the operative portion of this judgment. The appeal is granted. Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and Jorge Jesús Camacho Valverde, identification number CED12, in his capacity as president of the Linda Vista Aqueduct Association, are ordered to issue the appropriate directives, undertake all actions within their respective powers, and carry out the corresponding interinstitutional coordination so that: (a) a remedial plan is implemented IMMEDIATELY to provide drinking-water service to the community of La Ganga, located in Linda Vista, Siquirres, Limón, while the project “Expansion of the drinking-water system from the community of Linda Vista toward the community of 52 Millas, canton of Siquirres” is completed; and (b) within a maximum period of EIGHTEEN MONTHS from notice of this judgment, that project is completed so that drinking water can be supplied to La Ganga and, once completed, drinking-water service is provided efficiently, effectively, and continuously to homes in the area that meet the requirements of the subconstitutional legal framework.En ese orden de ideas, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad de Linda Vista, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que actualmente la zona no tiene acceso a agua potable. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como a Jorge Jesús Camacho Valverde, cédula de identidad CED12, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto de Linda Vista, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y se realice la coordinación interinstitucional que corresponda, para que: a) DE INMEDIATO se ejecute un plan remedial para brindar el servicio de agua potable en la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, en el tanto se finaliza el proyecto ““Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”; b) dentro del plazo máximo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se finalice el proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”, que permita dotar de agua potable a la comunidad La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista,, de manera que una vez finalizado este, se brinde el servicio de agua potable a las viviendas de la zona que cumplan los requisitos de conformidad con el ordenamiento infraconstitucional, de forma eficiente, eficaz y continua.
Pull quotesCitas destacadas
"Lo cierto es que en el caso bajo estudio y en este momento, este Tribunal considera que sí existe una lesión a los derechos del tutelado, pues consta que actualmente ya existen los proyectos de mejora que permitirán solucionar la situación aquejada."
"The fact is that, in the case under review and under the present circumstances, this Court finds that the protected party's rights have been violated because improvement projects capable of resolving the reported situation already exist."
Considerando IX
"Lo cierto es que en el caso bajo estudio y en este momento, este Tribunal considera que sí existe una lesión a los derechos del tutelado, pues consta que actualmente ya existen los proyectos de mejora que permitirán solucionar la situación aquejada."
Considerando IX
"Asimismo, se echa de menos que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector del servicio de agua potable, coordinara junto con la ASADA de Linda Vista, encargada de la prestación del servicio de agua potable en la zona, la ejecución de un plan remedial para brindar el servicio de agua potable a la comunidad tutelada, a fin de procurar el acceso a agua potable."
"The Court also finds it lacking that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as the governing authority for drinking-water service, failed to coordinate with the Linda Vista ASADA, which provides that service in the area, to implement a remedial plan for the protected community and secure access to drinking water."
Considerando IX
"Asimismo, se echa de menos que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector del servicio de agua potable, coordinara junto con la ASADA de Linda Vista, encargada de la prestación del servicio de agua potable en la zona, la ejecución de un plan remedial para brindar el servicio de agua potable a la comunidad tutelada, a fin de procurar el acceso a agua potable."
Considerando IX
"Por el contrario, le compete al ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de Linda Vista ajuste su funcionamiento a derecho y se logre suplir de agua potable a la zona."
"On the contrary, ICAA is responsible for supervising and issuing the necessary orders so that the Linda Vista ASADA brings its operations into compliance with the law and drinking water can be supplied to the area."
Considerando IX
"Por el contrario, le compete al ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de Linda Vista ajuste su funcionamiento a derecho y se logre suplir de agua potable a la zona."
Considerando IX
"Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a la ASADA de Linda Vista al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa."
"The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Linda Vista ASADA are ordered to pay the costs and damages caused by the facts underlying this ruling, to be assessed during enforcement proceedings before the administrative courts."
Por tanto
"Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a la ASADA de Linda Vista al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review Decision No. 2025023206 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.
Petition for amparo relief (recurso de amparo) filed by Nombre01, identity card CED01, FREDDY ROMERO ARAYA, identity card CED02, Nombre02, identity card CED03, Nombre03, identity card CED04, Nombre04, identity card CED05, Nombre05, identity card CED06, Nombre06, identity card CED07, Nombre07, identity card CED08, Nombre08, identity card CED09, RODOLFO CAMACHO VALVERDE, identity card CED10, and Nombre09, identity card CED11, against the ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE LINDA VISTA and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).
Findings of Fact (Resultando):
Given that, pursuant to the law, the interested parties should, at their own expense, carry out the respective improvements and expansion of the branch line. Likewise, the petitioners must clarify the status of their properties and submit the required documentation so that, following improvements to the aqueduct, they may potentially qualify for approval of a water-availability letter (carta de disponibilidad del agua); otherwise, the aqueduct shall have the authority to deny the application for failure to comply with the legal requirements and procedures, which the petitioners may not circumvent. SEVENTH: Finally, regarding the right to information, it should be noted that on 17 de mayo de 2021, through a third party, some petitioners submitted a letter requesting the supply of water on behalf of “residents of the community” (attached), without the applicants’ names, signatures, or identities, and without requirements such as proof of ownership, a registered cadastral survey (plano catastrado), etc. (this was not a formal individual application for a drinking-water availability letter), and without indicating a means for service of notices (medio para notificaciones).
A response was provided to them by official letter (oficio) dated 19 de mayo de 2021, explaining that service could not be provided because the aqueduct lacked hydraulic capacity and informing them of the potential aqueduct improvement project proposed by AYA. Since the aforementioned petitioners are not residents of the area, they opened a chat to receive information, through which, as they themselves demonstrate, they have been kept informed about the aqueduct improvement project led by AYA. For our part, we clarify that the petitioners have failed to submit a proper application, have not provided the required documentation, and have not taken steps to indicate a means for service of notices; because they do not live near the aqueduct and have not specified such a means, they have been informed through the chat. It should be emphasized that they have never been issued water-availability letters, whether for subdivisions (segregaciones), sales, or home construction.
Accordingly, ASADA is under no obligation to provide new services, not only because it lacks hydraulic capacity but also because the requirements have not been met. Indeed, the petitioners have not even submitted a formal water-availability application that might justify increasing the number of users without adversely affecting current users. ASADA cannot undertake to meet the demand for water-availability applications if it lacks the capacity to do so in terms of both quantity and quality. As the petitioners themselves state, the pipeline network and infrastructure are insufficient and incapable of supplying new services, which could vastly exceed the existing supply and place current users at serious risk. This is not a case of discrimination…”.
Justice Araya García drafts the opinion; and,
Considering:
I.Admissibility. Before addressing the merits of the matter raised, it should be borne in mind that the respondents in this constitutional protection proceeding (amparo) include the ASADA de Linda Vista, which, although a private-law entity, falls within the circumstances established in section 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In this specific case, the respondent Association is a private-law entity exercising public powers by providing a public service, namely, the supply of drinking water. Accordingly, this constitutional protection proceeding is admissible.
II.Subject matter of the proceeding. The petitioners consider that their fundamental rights have been violated because their community, La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, has no drinking-water supply. In this regard, they state that on 17 de mayo de 2021, a group of residents submitted a formal request to the ASADA de Linda Vista for the provision of drinking-water service, but received no response.
1. The ASADA de Linda Vista is responsible for providing drinking-water service to the community of Linda Vista de Siquirres (see reports).
2. The community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, has an aqueduct that is more than 40 years old and is affected by inadequate hydraulic and infrastructure capacity (see reports).
3. In the community in question, the ICAA, together with JAPDEVA, plans to carry out the project “Improvement and Expansion of the Linda Vista Aqueduct and La Ganga Sector,” whose purpose is to improve and expand the aqueduct and which is scheduled to begin in 2026 (see reports).
4. According to the ICAA, for implementation of the project, it is “seeking financing for the project because the institution does not currently have the funds necessary to carry it out. On 23 de junio, AyA sent JAPDEVA a request to submit several projects for financing through the Canon de Desarrollo Regional, including the project: ‘Expansion of the drinking-water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.’ (…) the bidding process for this project has not yet begun” (see report).
5. According to the ASADA, it is “not involved in this project in the sense that it has neither the capacity nor the resources to undertake its implementation on its own (…) of the 11 petitioners in this constitutional protection proceeding, the following have already had drinking-water service for their homes for years: Nombre01, Nombre05 (wife of Nombre06), Rodolfo Camacho Valverde and Freddy Romero Araya; consequently, it is improper for them to claim that they are affected by a possible denial of water availability when they are already enjoying that service, unless they presumably require another service, perhaps for an agricultural property, and the Aqueduct has no record of any formal request for a water-availability letter (…) we cannot provide additional services without the necessary hydraulic and infrastructure capacity, a fact of which the petitioners are fully aware; otherwise, the quantity and quality of water available to current users would deteriorate. A water-resources study (estudio hídrico) is necessary to determine the aqueduct’s capacity and the improvements needed, and the governing authority, AYA, must authorize and lead the project and provide the financial resources needed to carry out the works.” (see response).
Regarding the request submitted by the petitioners:
6. On 17 de mayo de 2021, residents of the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, sent an official letter to the ASADA de Linda Vista requesting the provision of drinking-water service (see evidence submitted).
7. On 19 de mayo de 2021, the respondent ASADA informed residents of the area that the request could not be approved “because the aqueduct does not have hydraulic capacity for the reasons stated in that official letter, and they were informed of the proposed project by AYA to improve and expand the branch line.” (see response and evidence submitted).
III.Unproven fact. It was not established that the authorities of the ICAA and the ASADA de Linda Vista had implemented a provisional or alternative service-supply system to remedy the problem complained of.
IV.The right to drinking water. First, it should be noted that the right of access to drinking water has been recognized by this Court in extensive case law, and its basis in international conventions and the Constitution has been repeatedly emphasized:
“(…) V.- As part of the body of constitutional law, the Chamber recognizes a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international human-rights instruments applicable in Costa Rica. Thus, it appears expressly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); it is also stated in the International Conference on Population and Development held in El Cairo (principle 2) and declared in numerous other instruments of international humanitarian law. Within our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this area by Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (‘Protocol of San Salvador’ of 1988), which provides: ‘Article 11. Right to a healthy environment. 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.’ A lack of resources does not justify the failure of public administrations to fulfill their responsibilities in providing this basic service. (SALA CONSTITUCIONAL, decisions 2003-04654 and 2004-007779).
Furthermore, as both the Procuraduría and the representative of AyA properly acknowledge in their reports, at the international level water is also widely recognized as a human right and as a necessary precondition for all our human rights. It is maintained that, without equitable access to a minimum amount of drinking water, other established rights would be unattainable—such as the right to a standard of living adequate for health and well-being, as well as other civil and political rights. In noviembre del 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate quantities of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on compliance with Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that ‘the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.’ It also emphasized that the States Parties to the International Covenant have a duty to progressively fulfill, without discrimination of any kind, the right to water, which entitles everyone to sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.
Several international conferences have also been held, most notably the United Nations Water Conference convened in Mar de Plata in 1977, which recognized that all peoples have the right of access to drinking water to meet their basic needs. The Declaration on the Right to Development, adopted by the United Nations General Assembly in 1986, also includes a commitment by States to ensure equal opportunities for all to enjoy basic resources.
The concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Río de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that ‘in developing and using water resources, priority must be given to meeting basic needs and safeguarding ecosystems.’ Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments undertook to ‘employ all policy instruments, including regulation, monitoring … and recovery of the costs of water services,’ without allowing cost-recovery objectives to become a barrier preventing poor people from accessing clean water. There are also dozens of international instruments that directly and indirectly concern water as a human right of all persons and peoples; thus, by its very nature, it is an issue that tends not only toward nationalization but also toward the internationalization of its use and exploitation” (see judgment number 2006-5606 issued at 15:21 on 26 de abril de 2006).
From the foregoing, we may affirm that there is a fundamental right (derecho fundamental) to drinking water, derived, among others, from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, under which all persons must be afforded equal access to drinking-water services, since drinking water is essential to human life and health. Likewise, access to drinking water has been classified as a fundamental human right (derecho humano fundamental) by several international instruments, as recognized in extensive constitutional case law (jurisprudencia constitucional). For example, as mentioned in the judgment partially transcribed above, in General Comment No. 15 concerning compliance with Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.
Accordingly, the States Parties to the International Covenant have a duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.” Similarly, regarding this subject, there is a vast number of international instruments referring to the right of access to drinking water, among which we may identify the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Statement on Drinking Water Supply and Environmental Sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Statement on Water and Sustainable Development (Irlanda, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (El Cairo, Egipto, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (Sudáfrica, 2002, Point 18), General Comment N° 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), issued by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Ginebra, 2002); Resolution 64/292, adopted by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, adopted by the United Nations General Assembly in 2015: The Human Rights to Safe Drinking Water and Sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (Nueva York, 2015, Goals 6 and 7), etc. (…)” (see judgment No. 2019017397 of 12:54 hours on 11 de setiembre de 2019).
Additionally, since the entry into force of Law No. 9849 of 5 de junio de 2020, Costa Rica has expressly recognized the right to drinking water at the constitutional level in the following terms:
“(…) ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest welfare of all inhabitants of the country by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth.
Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing (legitimación) to report acts that infringe that right and to claim compensation for the harm caused.
The State shall guarantee, defend, and preserve that right.
The law shall establish the corresponding liabilities and penalties.
Every person has the basic and inalienable human right of access to drinking water as a resource essential to life. Water is an asset of the nation, indispensable for protecting that human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by the law enacted for these purposes, and priority shall be given to the supply of drinking water for consumption by individuals and communities (…)” (emphasis added).
In this regard, in judgment No. 2020-03982 of 11:50 hrs. on 26 de febrero del 2020, this Court addressed the legislative consultation (consulta legislativa) concerning the aforementioned partial amendment to section 50 of the Political Constitution and stated:
“(…) VIII.- Regarding the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional amendment bill submitted by all 57 members of the Legislative Assembly consists of two articles intended to add a final paragraph to Article 50 of the Political Constitution and to incorporate a new transitional provision in Title XVIII, Sole Chapter, Transitional Provisions of the Political Constitution, as follows:
“ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of Article 50 of the Political Constitution, of 7 de noviembre de 1949. The text reads as follows:
Article 50.- (…)
Every person has the basic and inalienable human right of access to drinking water as a resource essential to life. Water is an asset of the Nation, indispensable for protecting that human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by the law enacted for these purposes, and priority shall be given to the supply of drinking water for consumption by individuals and communities.
ARTICLE 2.- A new transitional provision is added to Title XVIII, Sole Chapter, Transitional Provisions, of the Political Constitution, concerning Article 50. The text reads as follows:
Article 50 – XX. Existing laws, concessions (concesiones), and use permits (permisos de uso) granted in accordance with the law, as well as the rights derived therefrom, shall remain in force until a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water enters into force.”.
The proposal as presented and already approved on first reading refers not only to the express recognition of access to water as a human right, but is also directly related to the fact that the human right positively recognized therein concerns access to drinking water, since it proceeds from the premise that water—and especially drinking water—is an essential and intrinsic element of human life and health, thus aligning with Article 21 and the first part of Article 50 itself of the Political Constitution, as well as the developments in the case law of this Chamber arising from those provisions.
The Chamber notes that the right of access to water, and especially to drinking water, forms part of various pronouncements in the field of international human rights law, contained in different instruments of varying scope or legal nature; nevertheless, by virtue of their status and the provisions of Article 48 of the Political Constitution, they must necessarily be taken into account with respect to this subject. Thus, this right was already addressed and referenced in 1972 in the so-called Dublin Statement on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment in that same year, 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; and it was affirmed at the First World Water Forum through the Marrakech Declaration in 1997. At the treaty level, specific provisions appear in paragraph 1) of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights—the Protocol of San Salvador—and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself.
Regarding general resolutions, these include, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in noviembre de 2002 through UN Resolution E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution number 70/169 of 17 de diciembre de 2015, which expressly state that water must be “safe and of acceptable quality for personal and domestic uses” and that there must be access to “drinking water and sanitation for all persons without discrimination.” In this regard, it is valid to affirm that the proposed addition to Article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is consistent with the legal developments on the subject at the international level, as embodied in declarations, conventions, and resolutions of various kinds. It is therefore consistent with the legal progress made internationally in this area; and, by the very nature of public international law and international human rights law, such formulations have a direct impact within States themselves, as this proposed constitutional amendment seeks to formalize at that level.
It is important to note that the proposal is described as seeking to formalize the situation at the constitutional level because access to water, including drinking water, is indeed regulated in our country at the statutory level by an extensive regulatory framework that includes, among others, the Ley de Aguas of 1942, the Ley General de Agua Potable of 1953, the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of 1961, the Ley General de Salud of 1973, the Ley de Creación del SENARA of 1983, the Ley Orgánica del Ambiente of 1995, and the Ley Forestal of 1996.
Emphasis must also be placed on the protection of the environment and the right to water developed by the constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional) through its case law. This case law highlights not only access to water as a resource essential to human life but also the inherent and necessary protection that institutions generally must afford it, including specialized agencies such as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, as well as broader bodies such as the Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía itself, the Ministerio de Salud, and the country’s Municipalidades. It establishes the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources (recurso hídrico), but also their lawful provision for human consumption in compliance with established parameters and the actual possibilities for their effective supply—see, among many others, judgments of this Chamber numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262, and 2016-1791-.
It is important to note the emphasis that the reform places not only on recognizing access to drinking water as a human right, but also on its particular status as public-domain property (bien demanial), in the same sense already reflected in the various laws cited herein. It should be noted that the proposed provision states that “water is an asset of the Nation,” that is, an asset belonging generally to that intangible entity encompassed by the concept of the Nation and, as such, an asset dispersed throughout society and among its actors; a public-domain asset that requires full protection not only because it is essential to life, but also to permit its use for the various purposes for which it may be required, provided that due regard is given to sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment. It should be noted that the human right being recognized pertains to drinking water, and the text then states that water—in general terms—is indispensable for protecting the human right recognized in the first part of the paragraph, without this in any way implying that the resource may not be used for other purposes—agricultural, livestock, industrial, or development-related—provided that such use complies with the provisions governing the aforementioned environmental right and guarantees the availability of an adequate resource for drinking water.
In other words, the existence of water is recognized and protected, as is a human right of access to drinking water; consequently, the provision proposed for incorporation recognizes not only the protection and potential use of water in general terms, but also access to drinking water as a human right.
Furthermore, it should be borne in mind that, as already noted, this access must be pursued and provided subject to prior compliance with the established parameters and in accordance with (sic) actual supply capabilities. That is, as established in the extensive case law of this Chamber on the matter, although access to drinking water is recognized as a human right, its actual provision may be made subject to concrete and reliable supply capabilities; accordingly, such access, although recognized as fundamental, may properly be subject to compliance with specific conditions that, in turn, make it possible to guarantee the existence and preservation of this asset.
It is for this reason that the aforementioned United Nations General Assembly resolution number 70-169, of 17 December 2015, in paragraph 5, calls upon States to:
“Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, particularly for persons belonging to vulnerable and marginalized groups, on the grounds of race, gender, age, disability, ethnicity, culture, religion, and national or social origin or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in slums, income levels, and other relevant considerations.” —emphasis not in the original— This progressive realization referred to in that resolution develops the corresponding provision set forth in conventional terms in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which states:
“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively, by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures, the full realization of the rights recognized herein.” —emphasis added— Accordingly, legitimate regulation that permits adequate and orderly access to drinking water, recognized herein as a human right, is valid, since the aim is to promote its progressive realization in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.
It is for this reason that the legislation regulating the matter—as could be the legislation thus proposed in the same paragraph sought to be added and referred to in the proposed transitory provision XX—must, when enacted, necessarily be consistent with the body of values, principles, and express regulations informing human rights, including access to drinking water as the human right that it is. Therefore, the legislation indicated therein must conform to Constitutional Law (Derecho de la Constitución) and to its provisions on the matter.
In this regard, in accordance with the foregoing, the bill being processed under legislative file 21.382 is directly consistent with, and further develops, the constitutional provisions concerning the right to a healthy and ecologically balanced environment. It therefore fits properly within the provision of Article 50 of the Constitution and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, without in any way conflicting with those essential or core elements that inform and constitute Constitutional Law (…).” Likewise, it is appropriate to highlight the provisions of General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, issued at its 29th session, held in Geneva between 11 and 29 November 2002, which stated:
“(…) 2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible, and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, reduce the risk of water-related diseases, and meet consumption and cooking requirements and personal and domestic hygiene needs.
3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living, ‘including adequate food, clothing and housing.’ The use of the word ‘including’ indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.
Furthermore, the Committee has previously recognized that water is a human right protected under Article 11, paragraph 1 (see General Comment No. 6 (1995))2. The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (Article 12, paragraph 1)3 and the rights to adequate housing and adequate food (Article 11, paragraph 1)4. The right should also be considered in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost among them the rights to life and human dignity (…).
10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to the water supply necessary to exercise the right to water and the right to be free from interference, such as arbitrary disconnections or contamination of water resources. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equal opportunities for the population to enjoy the right to water.
11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life, and health, in accordance with Article 11, paragraph 1, and Article 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, merely by reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good and not primarily as an economic good. The manner in which the right to water is exercised must also be sustainable, so that the right may be exercised by present and future generations.
12. While what is adequate for the exercise of the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:
25. The obligation to fulfill may be subdivided into obligations to facilitate, promote, and provide. The obligation to facilitate requires States Parties to take positive measures to assist individuals and communities in exercising the right. The obligation to promote requires the State Party to take steps to ensure appropriate dissemination of information concerning the hygienic use of water, protection of water sources, and methods for reducing water waste. States Parties are also obligated to fulfill (provide) the right when individuals or groups are unable, for reasons beyond their control, to exercise that right themselves using the means at their disposal.
26. The obligation to fulfill requires States Parties to adopt the measures necessary for the full exercise of the right to water (derecho al agua). This obligation includes, among other things, the need to adequately recognize this right within the national political and legal system, preferably through the implementation of laws; to adopt a national water-resources strategy and action plan for the exercise of this right; to ensure that water is affordable for all; and to facilitate greater and sustainable access to water, particularly in rural areas and disadvantaged urban areas.
27. To ensure that water is affordable, States Parties must adopt the necessary measures, which could include: a) the use of an appropriate range of low-cost techniques and technologies; b) appropriate pricing policies, such as providing water free of charge or at low cost; and c) income supplements. All payments for water-supply services must be based on the principle of equity, so as to ensure that such services, whether public or private, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity requires that poorer households not bear a disproportionate burden of water expenses compared with wealthier households.
28. States Parties must adopt comprehensive and integrated strategies and programs to ensure that present and future generations have sufficient and safe water22. Such strategies and programs could include: a) reducing the depletion of water resources (recursos hídricos) through extraction, diversion, or containment; b) reducing and eliminating pollution of watersheds (cuencas hidrográficas) and water-related ecosystems by radiation, harmful chemicals, and human excreta; c) monitoring water reserves; d) ensuring that any proposed improvement does not hinder access to drinking water; e) examining the effects that certain measures may have on water availability and on the watersheds of natural ecosystems, such as climate change, desertification and increasing soil salinity, deforestation, and biodiversity loss23; f) increasing efficient water use by consumers; g) reducing water waste during distribution; h) establishing emergency-response mechanisms; and i) creating competent institutions and establishing appropriate institutional arrangements to implement the strategies and programs (…)
37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States Parties have a core obligation to ensure, at the very least, the satisfaction of minimum essential levels of each of the rights set forth in the Covenant. In the Committee’s view, at least some core obligations relating to the right to water can be identified that are of immediate effect:
The foregoing is relevant because it details the content of the right to water by outlining its characteristics, including quality, accessibility, and availability, as it establishes that the human right to water entails a sufficient supply for each person for personal and domestic use.
Furthermore, in the judgment of 27 de noviembre de 2023 issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case Habitantes de la Oroya vs Perú, that court held:
“(…) 121. Likewise, persons have the right to water that is free from levels of pollution posing a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes obligations on States consisting of: a) designing regulations and policies that define water-quality standards and, with heightened rigor, standards for treated water and wastewater (aguas residuales) that are compatible with human and ecosystem health; b) monitoring pollution levels in bodies of water and, where appropriate, reporting possible risks to human and ecosystem health; c) developing plans and, in general, undertaking all practices aimed at controlling water quality, including identifying the principal causes of its pollution; d) implementing measures to enforce water-quality standards; and e) adopting actions to ensure that water resources are managed sustainably. The Court likewise considers that States must design their regulations, plans, and water-quality control measures in accordance with the best available science, taking into account the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability and, where appropriate, on the basis of international cooperation.
122. In addition to the foregoing, the Court recalls that in the case Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by article 26 of the American Convention. This follows from the provisions of the Charter of the OAS, insofar as they make it possible to derive rights from which, in turn, the right to water arises. In this regard, the Court noted that these include the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, all of which are protected by article 26 of the Convention. This right is also recognized in article 25 of the Universal Declaration of Human Rights and in article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and is supported by the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.
123. Regarding the normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has stated that “access to water […] encompasses ‘consumption, sanitation, laundry, food preparation, and personal and domestic hygiene,’ as well as, for certain individuals and groups, […] ‘additional water resources on account of health, climate, and working conditions.’” It has likewise stated that “access to water” entails “obligations of progressive realization,” but that “nevertheless, States have immediate obligations, such as guaranteeing [such access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization.” Furthermore, States must provide protection against acts by private parties so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as “guarantee an essential minimum amount of water” in those “particular cases involving persons or groups of persons who are unable to access water on their own […], for reasons beyond their control.” 124.
At this juncture, the Court clarifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive aspect of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first aspect protects bodies of water as elements of the environment that have intrinsic value, as a universal interest, and because of their importance to other living organisms, including human beings. The second aspect recognizes the decisive role that water plays for human beings and their survival and, therefore, protects human access to, use of, and benefit from water. Thus, the Court understands that the substantive aspect of the right to a healthy environment that protects this component is based on an ecocentric premise, whereas—for example—the right to drinking water and sanitation is founded on an anthropocentric perspective. Both aspects are interrelated, but the infringement of one does not necessarily entail the violation of the other in every case.
125. Furthermore, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligations to respect and guarantee it, provided for in article 1.1 of the Convention, one means of compliance with which is preventing violations. This obligation extends into the private sphere to prevent third parties from infringing the protected legal interests (bienes jurídicos protegidos), and encompasses all legal, political, administrative, and cultural measures that promote the safeguarding of human rights and ensure that any violations thereof are effectively regarded and addressed as unlawful acts. In this regard, the Court has indicated that, on certain occasions, States have an obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities as well as private persons. The obligation to prevent is an obligation of means or conduct (obligación de medio o comportamiento), and its breach is not established merely because a right has been violated (…)” (emphasis added).
VI.On the right to the proper functioning of public services (servicios públicos) and the role of ICAA as the governing authority (ente rector) for the supply of drinking water. In this regard, in judgment No. 2016-12058 at 9:30 hrs. on 26 de agosto de 2016, this Chamber stated:
“(…) in the case at bar (sub judice), it is determined that the ICAA, as the governing authority (ente rector) in this field, has failed to perform its oversight and supervisory duties regarding the provision of the public drinking-water and sewerage service and, therefore, has violated the petitioners’ rights. Pursuant to Articles 1 and 2 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, the ICAA is responsible, among (sic) other functions, for resolving all matters relating to the supply of drinking water and the sanitary sewerage service; directing and overseeing all matters necessary to provide inhabitants with drinking-water service; and directly administering and operating aqueduct and sewerage systems throughout the country. It is therefore inexcusable that the ICAA failed to act to prevent and remedy a situation such as the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without entering into any delegation agreement (convenio de delegación).
In this regard, it is appropriate to recall what the Chamber stated concerning the ICAA and its duties to oversee and ensure the proper operation of the public services in question in judgment No. 2014-012971, issued at 14:45 hours on August 8, 2014:
“IV.- On the right to the proper operation of public services and the role of the ICAA as the governing authority for water supply. In judgment number 2012-12009, issued at 09:05 hours on August 31, 2013, this Chamber held as follows, which is relevant to the resolution of the matter at hand (sub lite):
“This Chamber has held that the Political Constitution implicitly recognizes the fundamental right of persons subject to the Administration (administrados) to the proper and efficient operation of public services, that is, to have them provided according to high quality standards. As a necessary corollary, public administrations are obligated to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently. This latter obligation arises from the systematic relationship among several constitutional provisions, such as Article 140, subsection 8 (which imposes upon the Executive Branch the duty to ‘Ensure the proper operation of administrative services and agencies’), Article 139, subsection 4 (insofar as it incorporates the concept of the ‘proper conduct of Government’), and Article 191 (insofar as it incorporates the principle of ‘administrative efficiency’). This Court has also stated that this atypical or unnamed individual guarantee is heightened in the case of essential public services such as the supply of drinking water, because interests as precious as health and human life are at stake; consequently, the principles of effectiveness, efficiency, promptness, continuity, and adaptability must be applied with greater rigor (see, to this effect, judgments number 2008-016405, issued at 19:04 hours on October 30, 2008, and 2008-017633, issued at 12:06 hours on December 5, 2008). In this context, the role of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing authority in this field, assumes particular importance. This Chamber has stated that:
‘(…) pursuant to Article 1 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, that autonomous institution was created for the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving all matters relating to the supply of drinking water. To fulfill that purpose, and in accordance with Article 2 of that same body of law, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for directing and overseeing all matters necessary to provide the inhabitants of the Republic with drinking-water service, as well as for developing, using, managing, or overseeing, as applicable, all publicly owned waters essential to the proper implementation of the provisions of the aforementioned law. It is therefore established that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados bears primary responsibility for ensuring that all inhabitants of the Republic may benefit from a drinking-water supply system capable of supplying that liquid continuously and in a quantity sufficient to adequately meet every person’s basic needs, thereby effectively safeguarding their fundamental rights to life and health’ (judgment number 2011005457, issued at 11:32 hours on April 29, 2011.)
Consistent with the foregoing, this Chamber has emphasized that, in cases in which an ASADA provides water-supply service for human consumption, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is called upon to exercise effective and efficient oversight and control over the respective water-supply system with respect to its operation, maintenance, administration, and development, thereby ensuring its proper functioning (judgment number 2011009487, issued at 9:15 hours on July 22, 2011). Indeed, more recently, in judgment number 2012006447, issued at 10:30 hours on May 18, 2012, this Chamber stated:
‘(…) although Article 2 of Ley 2726 authorizes AyA to enter into agreements with community organizations for the administration of aqueduct and sewerage systems, the respondent Institute, as the governing authority in this field, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary to supply water to communities. Based on the foregoing, the Administration cannot excuse the absence of efficient drinking-water service on the grounds of a lack of community organization or mismanagement of the rural aqueduct by the private concessionaire (…)’ This confirms the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to oversee and ensure the proper operation of community aqueduct systems” (emphasis not in the original) “V.- On the specific case. In the present case, the petitioner alleges that, in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, the ICAA provides drinking-water service by delegating it to an ASADA; however, that service is provided inadequately and requires infrastructure improvements. The Municipalidad de La Cruz therefore allocated funds for improvements to that aqueduct, but those funds cannot be expended until the ICAA conducts the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to drinking water to have been violated.
In this regard, the Chamber deemed it established that the Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, does not have valid legal status (personería jurídica), since it expired on July 31, 2007. It is likewise apparent that ASADA El Porvenir has not submitted to the ICAA the documentation required for the process of signing the delegation agreement. Furthermore, the ICAA does not have an updated assessment of the aqueduct system operated by ASADA El Porvenir. The record establishes that, through official letter number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 dated July 03, 2014, the Head of the Regional Office for Community Systems of the Chorotega Region of the ICAA suggested that ASADA El Porvenir retain a professional to conduct a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipalidad de La Cruz allocated 3 million colones for improvements to the aqueduct infrastructure, which will be expended once the corresponding technical studies have been conducted.
In view of these circumstances, the Chamber considers that the amparo petition (amparo) should be partially granted, solely against the ICAA. As explained in the preceding recital (considerando), the ICAA is obligated to oversee and ensure the proper operation of community aqueduct systems and therefore cannot claim that the absence of efficient drinking-water service is attributable to a lack of community organization or mismanagement in the administration of the rural aqueduct. As the governing authority for drinking-water supply, the ICAA is called upon to assist in promptly resolving the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Accordingly, the Chamber cannot accept the argument of the respondent ICAA authorities that they bear no responsibility whatsoever for the problems involving ASADA El Porvenir. For as long as the water-supply problems continue, the most vulnerable parties are the residents of the locality, who must endure the inaction of the responsible entities and, consequently, suffer from the inadequate provision of the public drinking-water service.
Under this reasoning, the ICAA must supervise and issue the orders necessary for ASADA El Porvenir to bring its operations into compliance with the law and to complete the technical studies needed to authorize expenditure of the municipal budget already allocated to improve the drinking-water supply in that community and, consequently, the quality of life of all its residents.” (Emphasis not in the original).
In addition, Section 36, subsection 1), of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales identifies the following as an obligation and right of the ICAA: “To execute and terminate delegation agreements for the management of aqueduct and sewerage systems with Administrative Associations, when recommended by Management and approved by its Board of Directors, for reasons of expediency, timeliness, or ineffectiveness in the provision of public services (…)”.
VII.On the merits. In the present case, the petitioning party considers that its fundamental rights have been infringed because the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, has an aqueduct that is more than 40 years old and has hydraulic-capacity and infrastructure problems that prevent ASADA Linda Vista, which is responsible for providing the service, from supplying drinking water.
Because of the aforementioned problems, the ICAA, together with JAPDEVA, plans to carry out the “Improvement and Expansion of the Linda Vista Aqueduct and La Ganga Sector” project, whose purpose is to improve and expand the aqueduct and which is scheduled to begin in 2026.
According to the ICAA, for the implementation of the project, it “is seeking financing for the project because the institution does not currently have the funds necessary to carry it out. On June 23, AyA sent JAPDEVA a request to submit several projects for financing through the Canon de Desarrollo Regional, including the project: ‘Expansion of the drinking-water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres – Phase I. BPIP Code: 002372.’ (…) the bidding process for this project has not yet begun.” For its part, according to the ASADA, it is “unconnected to this project in the sense that it has neither the capacity nor the resources to undertake its implementation on its own (…) of the 11 petitioners in this constitutional relief action (recurso de amparo), the following have already had potable water service for their homes for years: Nombre01, Nombre05 (wife of Nombre06 , Rodolfo Camacho Valverde and Freddy Romero Araya; accordingly, it is improper for them to claim that they are affected by a possible denial of water-service availability when they already enjoy that service, unless they presumably require another service, perhaps for an agricultural property, and no formal request for any availability letter appears in the Aqueduct’s records (…) we cannot provide additional services without the necessary hydraulic infrastructure capacity, which the petitioners understand very clearly; otherwise, the quantity and quality of water available to current users would deteriorate.
A water-resources study (estudio hídrico) is necessary to determine the aqueduct’s capacity and the improvements required, and the governing authority (ente rector), AYA, must authorize and lead the project and provide the financial resources needed to carry out the works.”
VIII.It is established that, because the ICAA lacks financial and technical resources, even the first stage of the project entitled “Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres” has not yet begun.
According to the respondent, the lack of resources is due to the fact that its revenue comes from the rates established by ARESEP and is allocated to operation of the current service. However, the case record (autos) shows that the service is not being provided because there is no potable water in the area.
In view of the foregoing, coordination is under way with JAPDEVA to secure resources for implementation of the project’s first stage, which is expected to begin in 2026.
IX.Based on the foregoing, it must first be noted that, with respect to the request submitted on 17 de mayo de 2021 by residents of the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, the record shows that on that date they sent an official letter to the ASADA of Linda Vista requesting the provision of potable water service. In this regard, the record shows that on 19 de mayo de 2021, the respondent ASADA informed the area’s residents that the request could not be approved “because the aqueduct lacks hydraulic availability for the reasons stated in that official letter, and they are hereby informed of the potential project proposed by AYA to improve and expand the branch line.” In that respect, the record shows that the ASADA addressed the request within a reasonable period, explaining the problems affecting the area’s aqueduct and the resulting impossibility of supplying water.
However, although the Chamber has endorsed the principle that, when a problem such as insufficient water resources or infrastructure capacity exists, neither the ICCA nor the ASADAS are required to provide a service they are unable to deliver and such a denial is not arbitrary, as occurred with the request submitted in 2021, the fact remains that, in the case under review and at this time, this Court finds that the protected party’s rights have indeed been violated, because improvement projects that would resolve the reported situation now exist.
Accordingly, in the case at bar (sub lite), it is evident that a structural problem is preventing the ASADA of Linda Vista from providing service to the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, which has resulted in the area having no potable water supply.
Nevertheless, although the record shows that the ICAA plans to implement the project entitled “Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres,” with the assistance of JAPDEVA, the reports submitted themselves show that the project is currently at a standstill because the lack of technical and financial resources makes it materially impossible to begin the project and thereby supply potable water to the area.
Likewise, the record does not show that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing authority for potable water service, coordinated with the ASADA of Linda Vista, which is responsible for providing potable water service in the area, to implement a remedial plan (plan remedial) for providing potable water service to the protected community and thereby endeavoring to ensure access to potable water.
In that respect, it is necessary to reiterate to the ICAA that, as the governing authority for potable water supply, it is obligated to oversee and guarantee the proper operation of community aqueduct systems and to assist in promptly resolving the problem affecting the community of Río Frío. Therefore, this Chamber cannot accept the argument that it bears no responsibility whatsoever for the problems involving the ASADA in the area. On the contrary, the ICAA is responsible for supervising and issuing the orders necessary for the ASADA of Linda Vista to bring its operations into compliance with the law and ensure that the area is supplied with potable water.
Furthermore, it is clarified that, although the respondent ASADA stated that some petitioners do have potable water available, the reports submitted established that a genuine problem with the provision of service in the area does exist.
In that vein, this Court finds that the respondent authorities have violated the fundamental rights of the community of Linda Vista because, although this proceeding established that certain measures have been taken in response to the reported problem, the area currently has no access to potable water. In light of the foregoing, the petition must be granted, with the consequences to be detailed in the operative portion (parte dispositiva) of this judgment.
X.--PARTIAL DISSENTING OPINION (VOTO SALVADO) OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PORTION OF THIS JUDGMENT. Although I agree with the majority of the Chamber that the petition should be granted, I disagree as to the forum in which the enforcement phase of this matter should be conducted, because the regulations governing this constitutional jurisdiction do not provide adequate mechanisms for monitoring compliance with a judgment involving highly complex technical matters, as is the case here, where the project to expand the potable water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, in the canton of Siquirres, must be completed within a maximum period of eighteen months from notification of this judgment in order to guarantee effective access to that essential service. By contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo governing enforcement (artículo 155 y siguientes) offer clear advantages, such as the ability to require schedules, impose fines, determine responsibility, oversee stages of compliance, and so forth. Therefore, pursuant to artículo 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I find that the enforcement phase should take place before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment-enforcement rules of that Code.
XI.Documentation submitted to the case file. The parties are hereby advised that, if they have submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computerized, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, they must retrieve them from the Court’s offices within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, artículo XXVI, and published in Boletín Judicial número 19 of 26 de enero del 2012, as well as pursuant to the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
The petition is granted. Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Jorge Jesús Camacho Valverde, identity card CED12, in his capacity as president of the Asociación de Acueducto de Linda Vista, are ordered to issue the pertinent instructions, carry out all actions within the scope of their authority, and undertake the corresponding interinstitutional coordination so that: a) IMMEDIATELY, a remedial plan is implemented to provide potable water service to the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, pending completion of the project entitled ““Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres”; b) within a maximum period of EIGHTEEN MONTHS from notification of this judgment, the project entitled “Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres” is completed, thereby making it possible to supply potable water to the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista,, so that, once the project is completed, potable water service is provided efficiently, effectively, and continuously to homes in the area that meet the requirements established by subconstitutional law (ordenamiento infraconstitucional).
The respondents, or whoever may hold their offices, are warned that, pursuant to artículo 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in a constitutional relief proceeding that must be complied with or enforced and fails to comply with or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the ASADA of Linda Vista are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts forming the basis of this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment in the contentious-administrative courts. Justice Garro Vargas dissents with respect to enforcement of this judgment and, pursuant to artículo 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that enforcement take place before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in artículos 155 y siguientes of the Código Procesal Contencioso Administrativo. She further orders that a copy of the judgment be sent to that body so that proceedings to enforce this ruling may be commenced. Let notice be given.
Fernando Castillo V.
Chief Justice Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección03, Dirección04, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, FREDDY ROMERO ARAYA, cédula de identidad CED02, Nombre02, cédula de identidad CED03, Nombre03, cédula de identidad CED04, Nombre04, cédula de identidad CED05, Nombre05, cédula de identidad CED06, Nombre06, cédula de identidad CED07, Nombre07, cédula de identidad CED08, Nombre08, cédula de identidad CED09, RODOLFO CAMACHO VALVERDE, cédula de identidad CED10, y Nombre09, cédula de identidad CED11, contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE LINDA VISTA y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Sobre la admisibilidad. De previo a conocer el fondo del asunto planteado, debe tenerse presente que en este amparo se tiene entre las partes recurridas a la ASADA de Linda Vista quien, aunque es un sujeto de derecho privado, se encuentra en los supuestos establecidos en el ordinal 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En el caso concreto, la Asociación recurrida es un sujeto de derecho privado que está ejerciendo potestades públicas al prestar un servicio público como lo es el suministro de agua potable. Así las cosas, resulta admisible este amparo.
II.Objeto del recurso. Los recurrentes estiman lesionados sus derechos fundamentales, pues en su comunidad La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, no hay suministro de agua potable. Ante ello, refieren que solicitaron, el 17 de mayo de 2021, un grupo de vecinos plantearon una solicitud formal ante la ASADA de Linda Vista para el suministro del servicio de agua potable, pero no obtuvieron respuesta.
II.Hechos probados. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes hechos:
1. La ASADA de Linda Vista es la encargada de prestar el servicio de suministro de agua potable para la comunidad de Linda Vista de Siquirres (ver informes).
2. La comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, tiene un acueducto de más de 40 años, el cual cuenta con una problemática de incapacidad hidráulica y de infraestructura (ver informes).
3. En la comunidad de marras, el ICAA, en conjunto con el JAPDEVA, planea ejecutar el proyecto "Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.", el cual tiene como fin la mejora y ampliación del acueducto, el cual está proyectado para iniciar en 2026 (ver informes).
4. De conformidad con el ICAA, para la ejecución del proyecto se “está en la búsqueda de financiamiento para el proyecto, debido a que la institución en este momento no dispone de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. El pasado 23 de junio, el AyA envió solicitud a JAPDEVA para postular varios proyectos para financiamiento mediante el Canon de Desarrollo Regional, entre ellos el proyecto: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (…) aún no se ha iniciado el proceso de licitación para este proyecto” (ver informe).
5. Según la ASADA, esta es “ajena a este proyecto en el sentido de que no tiene ni la capacidad ni los recursos como para comprometerse a llevarlo a la práctica por sí sola (…) de los 11 recurrentes del presente recurso de amparo, ya tienen desde años atrás su servicio de agua potable para su casa de habitación, los señores: Nombre01, Nombre05 (esposa de Nombre06 , Rodolfo Camacho Valverde y Freddy Romero Araya, lo cual es improcedente que refieran verse afectados por una eventual negativa de la disponibilidad de agua si ya la están disfrutando, a no ser que, presumiblemente, requieran de otro servicio, quizás de una finca agrícola, no constando en el Acueducto, la solicitud formal de carta de disponibilidad alguna (…) no podemos proveer de más servicios si no se cuenta con la capacidad hidráulica de infraestructura para ello, de lo cual los recurrentes tienen muy en claro, caso contrario, desmejoraría la cantidad y calidad de agua para los actuales usuarios. Es necesario un estudio hídrico para determinar la capacidad del acueducto, la necesidad de mejoras, y que el ente rector, AYA, autorice, lidere y provea de recursos económicos para llevar a cabo las obras.” (ver contestación).
Sobre la solicitud planteada por los recurrentes:
6. El 17 de mayo de 2021, vecinos de la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista enviaron un oficio a la ASADA de Linda Vista en el cual plantearon el suministro del servicio de agua potable (ver prueba aportada).
7. El 19 de mayo de 2021, la ASADA recurrida informó a los vecinos de la zona que no se podía aprobar la solicitud “por cuanto el acueducto no cuenta con disponibilidad hidráulica por las razones apuntadas en dicho oficio, y se les hace saber del eventual proyecto de mejoras y ampliación del ramal propuesto por AYA.“ (ver contestación y prueba aportada).
III.Hecho no probado. No se tuvo por acreditado que las autoridades del ICAA y de la ASADA de Linda Vista hayan implementado un sistema de suministro del servicio provisional o alternativo para solventar la problemática aquejada.
IV.Sobre el derecho al agua potable. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:
“(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11.
Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).
Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana.
Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.
Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.
El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).
De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana.
Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)” (véase la sentencia No. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).
Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley No. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:
“(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones (…)” (el destacado fue agregado).
Sobre el particular, en la sentencia No. 2020-03982 de las 11:50 hrs. de 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:
“(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:
Artículo 50.- (…)
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.
ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:
Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.
La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.
La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».
En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.
Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.
Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.
Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable.
En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.
Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.
Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:
“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original- Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido- De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.
En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)”.
De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:
“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.
3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.
Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)
10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.
12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:
25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.
26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.
27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.
28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)
37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:
Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.
Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:
“(…) 121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible.
La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.
122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.
123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.
124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.
125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado fue agregado).
VI.Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable. Sobre el particular, en la sentencia No. 2016-12058 de las 9:30 hrs. de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:
“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.
Al efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:
“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:
“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:
“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)
En consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:
“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)
Con lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original) “V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.
Al respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes.
Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir.
Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).
En adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: "Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos (…)".
VII.Sobre el fondo. En la especie, la parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, pues en la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, tiene un acueducto de más de 40 años, el cual cuenta con una problemática de incapacidad hidráulica y de infraestructura, lo cual imposibilita el suministro de agua potable, por parte de la ASADA de Linda Vista, quien es la encargada de prestar tal servicio.
Debido a la problemática de marras, el ICAA, en conjunto con el JAPDEVA, planea ejecutar el proyecto "Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.", el cual tiene como fin la mejora y ampliación del acueducto, el cual está proyectado para iniciar en 2026.
De conformidad con el ICAA, para la ejecución del proyecto se “está en la búsqueda de financiamiento para el proyecto, debido a que la institución en este momento no dispone de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. El pasado 23 de junio, el AyA envió solicitud a JAPDEVA para postular varios proyectos para financiamiento mediante el Canon de Desarrollo Regional, entre ellos el proyecto: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (…) aún no se ha iniciado el proceso de licitación para este proyecto”.
Por su parte, según la ASADA, esta es “ajena a este proyecto en el sentido de que no tiene ni la capacidad ni los recursos como para comprometerse a llevarlo a la práctica por sí sola (…) de los 11 recurrentes del presente recurso de amparo, ya tienen desde años atrás su servicio de agua potable para su casa de habitación, los señores: Nombre01, Nombre05 (esposa de Nombre06 , Rodolfo Camacho Valverde y Freddy Romero Araya, lo cual es improcedente que refieran verse afectados por una eventual negativa de la disponibilidad de agua si ya la están disfrutando, a no ser que, presumiblemente, requieran de otro servicio, quizás de una finca agrícola, no constando en el Acueducto, la solicitud formal de carta de disponibilidad alguna (…) no podemos proveer de más servicios si no se cuenta con la capacidad hidráulica de infraestructura para ello, de lo cual los recurrentes tienen muy en claro, caso contrario, desmejoraría la cantidad y calidad de agua para los actuales usuarios. Es necesario un estudio hídrico para determinar la capacidad del acueducto, la necesidad de mejoras, y que el ente rector, AYA, autorice, lidere y provea de recursos económicos para llevar a cabo las obras.”.
VIII.Se acredita que es en virtud de la falta de recursos económicos y técnicos por parte de la del ICAA que aún no se ha siquiera iniciado con la primera etapa del proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”.
De conformidad con la recurrida, la falta de recursos obedece a que los ingresos que se perciben son de las tarifas establecidas por ARESEP y son para la operación del servicio actual. Sin embargo, de los autos se constata que la prestación del servicio no se está dando, pues no hay agua potable en la zona.
Por lo anterior, se está coordinando con JAPDEVA la gestión de recursos para la ejecución de la primera etapa del proyecto y se espera que el mismo inicie en 2026.
IX.De lo expuesto, en primer lugar, indicar que respecto a la gestión planteada el 17 de mayo de 2021 por los vecinos de la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, consta que en esa fecha remitieron un oficio a la ASADA de Linda Vista en el cual plantearon el suministro del servicio de agua potable. Al respecto, consta que el 19 de mayo de 2021, la ASADA recurrida informó a los vecinos de la zona que no se podía aprobar la solicitud “por cuanto el acueducto no cuenta con disponibilidad hidráulica por las razones apuntadas en dicho oficio, y se les hace saber del eventual proyecto de mejoras y ampliación del ramal propuesto por AYA.” En ese sentido, consta que la gestión fue atendida por parte de la ASADA dentro de un plazo razonable, siendo que se les explicó la problemática que tiene el acueducto de la zona y la imposibilidad del suministro de agua por esa misma razón.
Sin embargo, si bien la Sala ha avalado que cuando existe un problema como la falta de capacidad hídrica o de infraestructura, ni el ICCA ni las ASADAS se encuentran obligadas a brindar un servicio que no puede satisfacer y esa denegatoria no es arbitraria, tal y como sucedió en la gestión planteada en 2021; lo cierto es que en el caso bajo estudio y en este momento, este Tribunal considera que sí existe una lesión a los derechos del tutelado, pues consta que actualmente ya existen los proyectos de mejora que permitirán solucionar la situación aquejada.
Así las cosas, en el sub lite queda en evidencia que existe un problema estructural para procurar la prestación del servicio a la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, por parte de la ASADA de Linda Vista, lo cual ha ocasionado que la zona no tenga suministro de agua potable.
Ahora bien, a pesar de que consta que el ICAA planea ejecutar el proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”, con la colaboración de JAPDEVA; lo cierto es que de los propios informes rendidos se desprende que el proyecto actualmente está detenido, pues existe una imposibilidad material por la falta de recursos técnicos y económicos para iniciar el proyecto y así poder suministrar agua potable a la zona.
Asimismo, se echa de menos que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector del servicio de agua potable, coordinara junto con la ASADA de Linda Vista, encargada de la prestación del servicio de agua potable en la zona, la ejecución de un plan remedial para brindar el servicio de agua potable a la comunidad tutelada, a fin de procurar el acceso a agua potable.
En ese sentido, es menester reiterarle al ICAA que, como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales; así como de coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de Río Frío, por lo que no es de recibo para esta Sala el alegato de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de la zona. Por el contrario, le compete al ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de Linda Vista ajuste su funcionamiento a derecho y se logre suplir de agua potable a la zona.
Además, se aclara que, si bien la ASADA recurrida manifestó que algunos recurrentes sí cuentan con la disponibilidad de agua potable, lo cierto es que de los informes rendidos se constató que en realidad sí existe una problemática para la prestación del servicio en la zona.
En ese orden de ideas, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad de Linda Vista, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que actualmente la zona no tiene acceso a agua potable. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.
X.--VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que, en el plazo máximo de dieciocho meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se concluya el proyecto de ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, en el cantón de Siquirres, con el fin de garantizar el acceso efectivo a ese servicio esencial. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
XI.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como a Jorge Jesús Camacho Valverde, cédula de identidad CED12, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto de Linda Vista, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y se realice la coordinación interinstitucional que corresponda, para que: a) DE INMEDIATO se ejecute un plan remedial para brindar el servicio de agua potable en la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, en el tanto se finaliza el proyecto ““Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”; b) dentro del plazo máximo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se finalice el proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”, que permita dotar de agua potable a la comunidad La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista,, de manera que una vez finalizado este, se brinde el servicio de agua potable a las viviendas de la zona que cumplan los requisitos de conformidad con el ordenamiento infraconstitucional, de forma eficiente, eficaz y continua.
Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a la ASADA de Linda Vista al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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