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Res. 18845-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/06/2025
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo for violation of the right of access to information, as the delivery of University Forest Commission reports was conditioned on the requester stating the purpose of her request, and ordered completion of delivery within two months.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo por violación del derecho de acceso a la información, al condicionar la entrega de informes de la Comisión Foresta Universitaria a que la solicitante indicara el objetivo de su petición, y ordenó completar la entrega en dos meses.
SummaryResumen
The petitioner requested information from the Rector of the University of Costa Rica on April 7, 2025, regarding reports, maintenance plans, monitoring, technical criteria, and other data on the tree population of its campuses, from 2015 onward. Given the lack of a complete response, she filed an amparo action. The respondent argued that the request was complex, involving multiple departments, and that partial information had already been delivered on May 9, 2025. The Constitutional Chamber found that, while most points were answered, section d)—reports from the University Forest Commission—was not satisfied, as the Administration conditioned delivery on the requester stating the purpose of her request. The Court held that such a condition is improper and violates the right of access to information. It granted the amparo, ordering delivery of the complete information within two months, with costs awarded against the University.La recurrente presentó solicitud de información al Rector de la Universidad de Costa Rica el 7 de abril de 2025, requiriendo informes, planes de mantenimiento, monitoreos, criterios técnicos y otros datos sobre la población arbórea de sus campus, desde 2015. Ante la falta de respuesta total, interpuso amparo. La autoridad recurrida informó que la solicitud era compleja, que involucraba múltiples dependencias y que ya se había entregado información parcial el 9 de mayo de 2025. La Sala Constitucional constató que, si bien se respondieron la mayoría de los puntos, el apartado d) —informes de la Comisión Foresta Universitaria— no fue satisfecho, pues la Administración condicionó su entrega a que la solicitante indicara el objetivo de su petición. El Tribunal determinó que tal condicionamiento es improcedente y violatorio del derecho de acceso a la información. Declaró con lugar el recurso, ordenando entregar la información completa en dos meses, con costas a la Universidad.
Key excerptExtracto clave
Having analyzed the factual framework and the evidence on file, this Court considers that the request submitted, more than a pure and simple petition or request for information, actually constitutes a complex petition. Therefore, in this case, to provide a response to the petitioner's requests, the respondent authority required actions from different areas of the institution, so indeed the deadline established in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law might be insufficient. However, this Constitutional Court has also stated that when more time is needed to resolve, the Administration must comply with the obligation to inform the interested party when it will finally deliver what is sought. In this case, before the filing of the amparo action, specifically on May 9, 2025, through official letter CFU-46-2025, the petitioner received a partial response to her request—she was answered and provided information regarding points a, b, c, e, f, g, h, and i. Nevertheless, this Constitutional Court also finds that point d, of the petitioner's request, has not been duly answered, as the authority stated in its letter CFU-46-2025, literally: "The reports of the University Forest Commission are issued at the request of institutional users or to address cases, therefore it is necessary to know the objective of reviewing the files prior to 2024, in order to request support from the Vice-Rectory of Administration, given that much of the documentation is only in physical form; and it requires the allocation of human resources to analyze the files. Likewise, by knowing the objective of obtaining information generated 10 years ago, it can be assessed whether it is necessary to review the files of the Environmental Management Unit, which has also issued reports by Eng. Espinoza, as Forest Regent." Thus, by asking the petitioner to state the objective for requesting reports prior to 2024, it is clear that the delivery of this information, which is public in nature, is being conditioned on stating the reasons for which she seeks it. A requirement that is evidently improper and violates her right of access to information.Analizado el cuadro fáctico planteado, así como la prueba que consta en autos, este Tribunal considera que la gestión presentada, más que una petición pura y simple o solicitud de información, corresponde, en realidad, al planteamiento de una petición compleja. Por ende, en la especie, para poder brindar respuesta a las peticiones de la tutelada, la autoridad recurrida requería acciones por parte de diferentes áreas de la institución, por lo que efectivamente el plazo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional podría resultar insuficiente. Sin embargo, también ha externado esta Tribunal Constitucional que cuando es requerido más tiempo para resolver, la Administración debe cumplir con la obligación de indicar a la persona interesada cuándo finalmente se le entregará lo pretendido. En este caso, antes de la interposición del recurso de amparo, específicamente en fecha 09 de mayo de 2025, mediante el oficio CFU-46-2025, a la tutelada se le brindó respuesta parcial a la gestión -se le contestó y entregó la información referida a los puntos a, b, c, e, f, g, h, e i-. Sin embargo y narrado lo que precede, también logra evidenciar este Tribunal Constitucional, que el punto d, de la gestión formulada por la tutelada, no ha sido debidamente respondido, ya que la autoridad le manifestó en su oficio CFU-46-2025, textualmente “ Los informes de la Comisión de Foresta Universitaria se emiten a solicitud de los usuarios institucionales o la atención de casos, por lo anterior se requiere conocer el objetivo de conocer los expedientes anteriores al 2024, para poder solicitar apoyo a la Vicerrectoría de Administración, dado que mucha de la documentación solamente se encuentra en físico; y requiere la asignación de recurso humano para analizar los expedientes. Asimismo, al conocer el objetivo de obtener información generada 10 años atrás, se puede valorar si es necesario revisar los expedientes de la Unidad de Gestión Ambiental, la cual también ha emitido informes por parte del Ing. Espinoza, como Regente Forestal” Por lo que al solicitar la autoridad a la gestionante que requiere saber el objetivo por el cual solicita los informes anteriores al año 2024, es claro que se está condicionando la entrega de esta información que es de carácter pública a establecer las razones por las cuales pretende lo requerido. Requerimiento evidente improcedente y violatorio de su derecho de acceso a la información.
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"al solicitar la autoridad a la gestionante que requiere saber el objetivo por el cual solicita los informes anteriores al año 2024, es claro que se está condicionando la entrega de esta información que es de carácter pública a establecer las razones por las cuales pretende lo requerido. Requerimiento evidente improcedente y violatorio de su derecho de acceso a la información."
"by asking the petitioner to state the objective for requesting reports prior to 2024, it is clear that the delivery of this information, which is public in nature, is being conditioned on stating the reasons for which she seeks it. A requirement that is evidently improper and violates her right of access to information."
Considerando V
"al solicitar la autoridad a la gestionante que requiere saber el objetivo por el cual solicita los informes anteriores al año 2024, es claro que se está condicionando la entrega de esta información que es de carácter pública a establecer las razones por las cuales pretende lo requerido. Requerimiento evidente improcedente y violatorio de su derecho de acceso a la información."
Considerando V
"cuando es requerido más tiempo para resolver, la Administración debe cumplir con la obligación de indicar a la persona interesada cuándo finalmente se le entregará lo pretendido."
"when more time is needed to resolve, the Administration must comply with the obligation to inform the interested party when it will finally deliver what is sought."
Considerando V
"cuando es requerido más tiempo para resolver, la Administración debe cumplir con la obligación de indicar a la persona interesada cuándo finalmente se le entregará lo pretendido."
Considerando V
"la gestión presentada, más que una petición pura y simple o solicitud de información, corresponde, en realidad, al planteamiento de una petición compleja."
"the request submitted, more than a pure and simple petition or request for information, actually constitutes a complex petition."
Considerando V
"la gestión presentada, más que una petición pura y simple o solicitud de información, corresponde, en realidad, al planteamiento de una petición compleja."
Considerando V
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Date of Resolution: June 20, 2025 at 09:20 Type of case: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Res. No. 2025018845 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on June twenty, two thousand twenty-five.
Amparo appeal processed in expediente No. 25-012720-0007-CO, filed by MARIANA LUCIA PORRAS ROZAS, identity card CED01, against the UNIVERSITY OF COSTA RICA.
WHEREAS:
1.- By a brief received and incorporated into the expediente at 17:01 hours on May 7, 2025, the petitioner files an amparo appeal against the University of Costa Rica, and states that on April 7, 2025, she sent the following request for information to the Rector of the University of Costa Rica:
“a) Reports related to studies on the tree population (población arbórea) of the UCR campus (Dirección01), from 2015 to date, carried out by both UCR officials and entities external to the institution.
2.- By resolution at 10:29 hours on May 16, 2025, these proceedings were admitted and a hearing was granted to the Rector of the University of Costa Rica.
3.- Carlos Araya Leandro reports under oath, in his capacity as Rector of the University of Costa Rica. He states that:
“(…) We earnestly entreat the Esteemed Constitutional Chamber to consider that the response to the petitioner has been in preparation since the day after her request for information was filed; thus, on April 8, 2025, the Vice-Rector’s Office of Administration (Vicerrectoría de Administración), at the request of this Rector’s Office, began all the pertinent processing and investigation so that Ms. Mariana would have a quality response. As of today, several university departments are managing everything pertinent to provide all the documentation related to the extensive request received. On May 9, 2025, the petitioner already had in her possession the first delivery of information and the necessary explanation for the delay in getting it to her. The 10-year period counted from 2015 includes some actions that must be consulted in files that are not active, and therefore, the deployment of staff for this purpose has been the subject of immediate coordination. Thus, unfortunately, the petitioner omits to inform the Esteemed Chamber that 2 days after filing this Appeal, and without the Institution having yet been notified, she already had the necessary explanation for the partial delivery of what was requested, and the commitment and invitation to meet with the staff directly involved in the university activity subject to consultation.
Given that the University Forestry Commission (Comisión Foresta Universitaria) is part of the Vice-Rector’s Office of Administration, this office received a copy of official letter CFU-46-2025, addressed to Ms. Mariana Porras Rozas, president of the Biodiversity Coordination Network Association (Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, RCB). In that official letter, the Commission stated:
In response to official letters Externo-VRA-1840-2025 and Externo-R-9339-2025, regarding the information requested concerning studies of the tree population of the UCR campus, we inform you that the matter was analyzed by the University Forestry Commission at its regular session of April 9 and extraordinary session of April 24, 2025, respectively. The answers to the queries raised are detailed below. a) Reports related to studies on the tree population of the UCR campus (Dirección01), from 2015 to date, carried out by both UCR officials and entities external to the institution. In 2019, the first forest inventory (inventario forestal) carried out by the National Power and Light Company (Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL) was ready, and the emphasis was the safety of campus users, access to which is attached. In 2024, the new forest inventory was started; its completion depends on the availability of resources, mainly human, in the forestry area, under the charge of Forestry Engineer (Ing. Forestal) Héctor Espinoza Villalobos, so the update is in progress. It is necessary to clarify that the ecological reserves of Dirección02 and Leonelo Oviedo, together with the José María Orozco Botanical Garden, are outside these inventories since their administration depends on the School of Biology, and they are protected areas. Likewise, the protection areas of the bodies of water, Los Negritos creek and Torres River, were also excluded from the inventory process. b) Maintenance plans for the tree population on the aforementioned UCR campuses, executed from 2015 to date. The maintenance plans are not elements made individually for each situation or property; they correspond to a management plan (plan de manejo) prepared in 2023 by Ing. Héctor Espinoza for Dirección03, which has a series of components such as maintenance, phytosanitary status of the trees, risk, and damage to infrastructure. The maintenance plans have an order of execution in which emergencies are attended to primarily, followed by trees with phytosanitary problems. Subsequently, there are a series of variables considered for different tasks such as pruning, felling, or other actions. The indicated management plan is attached to this request. c) Reports on the permanent monitoring and management carried out on the tree population on the aforementioned UCR campuses, executed from 2015 to date.
As a diagnosis of the forest mass (masa forestal) of the Rodrigo Facio University City, we have the document prepared by the National Power and Light Company, a copy of which is being provided, and likewise, the maintenance operation reports must be requested from the General Services Office (Oficina de Servicios Generales, OSG). Monitoring tasks in the forest mass are carried out with the forest inventories; when the inventories are finished, the management plan is initiated, and follow-ups are handled by the University Forestry Commission. d) Reports of the University Forestry Commission of the UCR related to the tree population on the aforementioned UCR campuses, prepared from 2015 to date. The reports of the University Forestry Commission are issued at the request of institutional users or for case management; therefore, it is necessary to know the objective for seeking files prior to 2024, in order to request support from the Vice-Rector’s Office of Administration, since much of the documentation is only in physical form; and requires the allocation of human resources to analyze the files. Also, by knowing the objective of obtaining information generated 10 years ago, it can be assessed whether it is necessary to review the files of the Environmental Management Unit (Unidad de Gestión Ambiental), which has also issued reports through Ing. Espinoza, as Forestry Regent (Regente Forestal). e) Reports on the utilization of felled trees on the aforementioned UCR campuses from November 2024 to date. The trees felled from the month of November were under inspection at all times by both the institution's forestry regency and the University Forestry Commission (CFU). Since then, at least 10 inspections have been carried out on trees that required intervention criteria for felling or pruning. The wood from the trees is in a dimensional stabilization process and will be utilized in various internal processes of the institution. To carry out this process, all this wood must be submitted to the corresponding regency process in accordance with current legislation. f) Report on the economic cost of the fellings carried out on the aforementioned UCR campuses from November 2024 to date. The economic costs of the forest utilization (aprovechamiento forestal) process for November correspond to the General Services Office (OSG). That instance has reported that the contracting generated last year for the forestry intervention was processed through contract 2024PE-000005-0000900001: "Tala de árboles de especies no nativas" ("Felling of non-native tree species"), for an amount of ₡60,000,000.00 (sixty million colones).
Additionally, the document “Forest Management Plan: Properties 1, 2 and 3” ("Plan de Manejo Forestal: Fincas 1, 2 y 3") and the Final Report of Direct Contracting VRA-UGA-005-2018 “Planning of the forest mass of the University of Costa Rica at the request of the National Insurance Institute” ("Planificación de la masa forestal de la Universidad de Costa Rica a solicitud del Instituto Nacional de Seguros") are attached. b. The proof of dispatch by email through the Institutional Document Management System-SIGEDI (Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI), sent by the official Paola Salas Artavia from the Vice-Rector’s Office of Administration, is attached (…)”.
He requests that the appeal be dismissed.
4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,
CONSIDERING:
I.- OBJECT OF THE APPEAL. The petitioner alleges that on April 7, 2025, she filed a petition with the Rector of the University of Costa Rica, and to date it has not been resolved.
II.- PRELIMINARY MATTER. Given that the Rector of the University of Costa Rica, in his submitted report, omitted to mention whether the email address to which the petitioner sent the petition is provided as an official mechanism for collecting user petitions, it is taken as certain that this constitutes the official means of that institution, and we proceed to analyze the constitutionality of this matter.
III.- PROVEN FACTS. The following facts, of importance for the resolution of this matter, are deemed duly proven:
IV.- FACT NOT PROVEN. The following fact of relevance to this resolution is not deemed proven:
SOLE.- That the information requested in section d) of her request of April 7, 2025, which expressly requested “Reports of the University Forestry Commission of the UCR related to the tree population on the aforementioned UCR campuses, prepared from 2015 to date” was delivered to the petitioner (the record).
V.- ON THE MERITS. In the specific case, the petitioner alleges that on April 7, 2025, she requested information related to studies of the tree population of the campus; however, as of the filing date of this appeal, she has not received a response.
In his defense, the respondent authority, in the report submitted under the solemnity of oath, stated that what was requested by the petitioner is a complex and multiple process involving several university departments because it is an extensive request, but despite this, as of May 9, 2025, the requested information was partially sent to her. The respondent party states that, by virtue of what was requested, it was necessary to consult files that are not active and that the petitioner was even invited to meet with the staff directly involved in the university activity subject to her consultation.
Having analyzed the factual framework presented, as well as the evidence in the record, this Tribunal considers that the petition filed, more than a pure and simple petition or request for information, corresponds, in reality, to the filing of a complex petition. Therefore, in this case, in order to be able to respond to the petitioner's requests, the respondent authority required actions from different areas of the institution, so the timeframe set forth in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional could indeed be insufficient. However, this Constitutional Tribunal has also stated that when more time is required to resolve, the Administration must fulfill the obligation to indicate to the interested person when what is sought will finally be delivered to them.
In this case, prior to the filing of the amparo appeal, specifically on May 9, 2025, by official letter CFU-46-2025, a partial response to the petition was provided to the petitioner—she was answered and provided the information referred to in points a, b, c, e, f, g, h, and i. However, and having narrated the foregoing, this Constitutional Tribunal also finds evidence that point d of the petition filed by the petitioner has not been duly responded to, since the authority stated in its official letter CFU-46-2025, textually: “The reports of the University Forestry Commission are issued at the request of institutional users or for case management; therefore, it is necessary to know the objective for seeking files prior to 2024, in order to request support from the Vice-Rector’s Office of Administration, since much of the documentation is only in physical form; and requires the allocation of human resources to analyze the files. Also, by knowing the objective of obtaining information generated 10 years ago, it can be assessed whether it is necessary to review the files of the Environmental Management Unit (Unidad de Gestión Ambiental), which has also issued reports through Ing. Espinoza, as Forestry Regent (Regente Forestal).” Therefore, when the authority asks the petitioner that it needs to know the objective for which she requests the reports prior to the year 2024, it is clear that the delivery of this information, which is of a public nature, is being conditioned upon establishing the reasons for which she seeks what was requested. A requirement that is evidently improper and violative of her right of access to information. Thus, if the Administration considered that the delivery of this information, due to the time since it was issued or the conditions in which it is found, required a longer timeframe to deliver it, outside the legal deadline, it should have informed the petitioner of the estimated timeframe for its delivery.
By virtue of the foregoing, it is thereby verified that the respondent authority has violated the petitioner's right of petition and timely response, as well as access to information, and therefore the appropriate course is to grant the appeal, as is hereby ordered.
VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. This Chamber must warn the parties that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of thirty business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all such items will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE:
The appeal is granted.
Consequently, Carlos Araya Leandro, in his capacity as Rector of the University of Costa Rica, or whoever occupies the position in his stead, is ordered to issue the actions within the scope of his authority so that, within a period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, the complete information requested by the appellant in her filing of April 7, 2025, is provided. For the delivery of the information to be realized, the appellant must bear the costs that its reproduction entails or, failing that, must provide the storage medium that the authority requests. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The University of Costa Rica is ordered to pay the costs and damages caused by the facts forming the basis of this declaration, which shall be settled in the execution of the judgment in contentious-administrative proceedings.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Jorge Isaac Solano A.
Digitally Signed Document -- Verification code -- Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección04, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2025018845 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N°25-012720-0007-CO, interpuesto por MARIANA LUCIA PORRAS ROZAS, cédula de identidad CED01, contra la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido e incorporado al expediente a las 17:01 horas del 07 de mayo de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Universidad de Costa Rica, y manifiesta que, el 07 de abril del 2025 remitió al Rector de la Universidad de Costa Rica, la siguiente solicitud de la siguiente información:
“a) Informes relacionados con estudios sobre la población arbórea del campus de la UCR (Dirección01), del 2015 a la fecha, realizados tanto por funcionarios de la UCR como por entidades externas a la institución.
Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, no ha obtenido una respuesta. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley .
2.- Por resolución de las 10:29 horas del 16 de mayo de 2025, se dio curso al presente proceso y se concedió audiencia al Rector de la Universidad de Costa Rica.
3.- Informa bajo juramento Carlos Araya Leandro, en su condición de Rector de la Universidad de Costa Rica. Manifiesta que:
“(…) Se ruega vehementemente a la Respetable Sala Constitucional considerar que la respuesta a la señora recurrente se está preparando desde el día siguiente a la presentación de su solicitud de información de ese modo el día 8 de abril de 2025 la Vicerrectoría de Administración, a solicitud de esta Rectoría, inició toda la tramitación e investigación pertinente para que doña Mariana contara con una respuesta de calidad. Al día de hoy, varias dependencias universitarias se encuentran gestionando todo lo pertinente para ofrecer toda la documentación relacionada con la extensa petición que ha recibido. Incluso el día 9 de mayo de 2025 ya la recurrente tiene en su poder la primera entrega de información y la explicación necesaria para motivar la dilación en el tiempo para hacerla llegar a su poder. El período de 10 años contados a partir de 2015 contempla algunos actos que se deben consultar en archivos que no se encuentran activos y por ello, el despliegue de personas funcionarias para dicho propósito ha sido objeto de coordinación inmediata. Así las cosas, lamentablemente la recurrente omite informar a la Respetable Sala que 2 días después de presentado el presente Recurso y sin que la Institución hubiera sido todavía notificada, contaba ya con la motivación necesaria para la entrega parcial de lo solicitado y el compromiso e invitación para reunirse con las personas funcionarias involucradas directamente en la actividad universitaria objeto de consulta Siendo que la Comisión Foresta Universitaria, forma parte de la Vicerrectoría de Administración, este despacho recibió copia del oficio CFU-46-2025, dirigido a la señora Mariana Porras Rozas, presidente de la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB). En dicho oficio la Comisión, indicó:
En respuesta a los oficios Externo-VRA-1840-2025 y Externo-R-9339-2025, sobre la información solicitada respecto a estudios de la población arbórea del campus de la UCR, se informa que el tema fue analizado por la Comisión Foresta Universitaria en las sesiones ordinaria del 9 de abril y extraordinaria del 24 de abril de 2025 respectivamente. Seguidamente se detallan las respuestas a las consultas planteadas. a) Informes relacionados con estudios sobre la población arbórea del campus de la UCR (Dirección01), del 2015 a la fecha, realizados tanto por funcionarios de la UCR como por entidades externas a la institución. En el 2019 se tuvo listo el primer inventario forestal realizado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el énfasis fue la seguridad de los usuarios del campus, del cual adjunto acceso. En el año 2024 se inició el nuevo inventario forestal, la finalización de este depende de la disponibilidad de recursos principalmente humanos en la parte forestal, a cargo del Ing. Forestal Héctor Espinoza Villalobos, por lo que la actualización está en proceso. Es necesario aclarar que las reservas ecológicas de Dirección02 y Leonelo Oviedo, junto con el Jardín Botánico José María Orozco, se encuentran fuera de estos inventarios ya que su administración depende de la Escuela de Biología, y son áreas protegidas. Asimismo, las y las áreas de protección de los cuerpos de agua, quebrada Los Negritos y río Torres también fueron excluidas del proceso de inventario. b) Planes de mantenimiento de la población arbórea en los campus citados de la UCR, ejecutados del año 2015 a la fecha. Los planes de mantenimiento no son elementos que se hacen individuales para cada situación o finca, responden a un plan de manejo elaborado en el año 2023, por el Ing. Héctor Espinoza, para Dirección03 el cual tiene una serie de componentes como el de mantenimiento, estado fitosanitario de los árboles, riesgo, daños a la infraestructura. Los planes de mantenimiento tienen un orden de ejecución en la que se atiende primordialmente emergencias, posteriormente árboles con problemas fitosanitarios. Posteriormente, hay una serie de variables que se toman en cuenta para los diferentes trabajos como son podas, cortas u otras acciones. El plan de manejo indicado se adjunta a esta solicitud. c) Informes de los monitoreos y manejos permanentes realizados sobre la población arbórea en los campus citados de la UCR, ejecutados del año 2015 a la fecha.
Como diagnóstico de la masa forestal de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio se tiene el documento elaborado por la compañía Nacional de Fuerza y Luz, del cual se les hace llegar una copia, así mismo lo reportes de operación de mantenimiento deben ser solicitados a la Oficina de Servicios Generales (OSG). Las tareas de monitoreo en la masa forestal se realizan con los inventarios forestales, cuando se terminan los inventarios se da paso al plan de manejo, y los seguimientos se atienden desde la Comisión Foresta Universitaria. d) Informes de la Comisión Foresta Universitaria de la UCR relacionados con la población arbórea en los campus citados de la UCR, elaborados del año 2015 a la fecha. Los informes de la Comisión de Foresta Universitaria se emiten a solicitud de los usuarios institucionales o la atención de casos, por lo anterior se requiere conocer el objetivo de conocer los expedientes anteriores al 2024, para poder solicitar apoyo a la Vicerrectoría de Administración, dado que mucha de la documentación solamente se encuentra en físico; y requiere la asignación de recurso humano para analizar los expedientes. Asimismo, al conocer el objetivo de obtener información generada 10 años atrás, se puede valorar si es necesario revisar los expedientes de la Unidad de Gestión Ambiental, la cual también ha emitido informes por parte del Ing. Espinoza, como Regente Forestal. e) Informes sobre el aprovechamiento dado a los árboles talados en los campus citados de la UCR de noviembre del 2024 a la fecha. Los árboles talados a partir del mes de noviembre estuvieron todo el tiempo bajo inspección tanto de la regencia forestal de la Institución como de la Comisión de Foresta Universitaria (CFU). Desde entonces se han realizado al menos 10 inspecciones sobre árboles que necesitaron criterio de intervención para corta o poda. La madera producto de los árboles está en un proceso de estabilización dimensional y la misma va a ser aprovechada en diversos procesos internos de la institución, para realizar este proceso se debe someter toda esta madera al proceso regencial correspondiente según la legislación vigente. f) Informe sobre el costo económico de las talas realizadas en los campus citados de la UCR de noviembre del 2024 a la fecha. Los costos económicos sobre el proceso de aprovechamiento forestal de mes de noviembre corresponden a la Oficina de Servicios Generales (OSG), dicha instancia ha informado que la contratación que se generó el año pasado para la intervención forestal se tramitó por medio de la contratación 2024PE-000005- 0000900001: "Tala de árboles de especies no nativas", por un monto de ₡60.000.000.00 (sesenta millones de colones) g) Planes de reforestación a realizar en este y los próximos años, con el número y nombres comunes y científicos de las especies con que se piensa reforestar, en cada uno de los campus citados de la UCR. Como se puede observar en la nota titulada “Plan de Reforestación de la Sede Rodrigo Facio”, los planes de repoblamiento forestal se establecen a corto plazo (1 año), para repoblar la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio con especies nativas que favorezcan el equilibrio ecológico, y a la vez, permitan dar seguridad a miles de personas que diariamente transitan y realizan actividades al aire libre en este espacio urbano. La Unidad de Gestión Ambiental, puede informar sobre los procesos de reforestación llevados a cabo desde el 2020, pues ha sido la responsable de supervisar los planes de compensación y reforestación en las diferentes Sedes y Recintos. Es indispensable acotar que el campus no se puede sembrar de árboles sin una planificación y el uso de criterios científicos ya que se puede entrar en una sobre población, esto puede ser un factor de peligro para los usuarios del campus. Todo proceso de repoblamiento forestal requiere una coordinación con diferentes entes como la Oficina de Servicios Generales (OSG), la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) y la Comisión Foresta Universitaria para la selección de sitios y especies a producir y plantar, para lo cual se le ofrece la posibilidad de reunirse con el Regente Forestal, a quien puede localizar al correo ...01. Las especies, así como los nombres científicos de las especies que se van a plantar depende de una serie de factores biofísicos (clima, suelo, pendiente entre otros), así como la presencia de obras urbanas, servicios básicos e infraestructura y seguridad humana, además de la cercanía con los árboles, arbustos u otra vegetación cercana. h) Nombres comunes y científicos de los árboles que se talaron de noviembre del 2024 a la fecha, así como de aquellos otros pendientes de corta (…)
Asimismo, se adjunta el documento “Plan de Manejo Forestal: Fincas 1, 2 y 3” y el Informe final Contratación Directa VRA-UGA-005-2018 “Planificación de la masa forestal de la Universidad de Costa Rica a solicitud del Institución Nacional de Seguros”. b. Se adjunta el comprobante de envió por correo electrónico por medio del Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI, remitida por la funcionaria Paola Salas Artavia de la Vicerrectoría de Administración (…)”.
Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que, el 07 de abril de 2025, planteó una gestión ante el Rector de la Universidad Costa Rica, y a la fecha no ha sido resuelta.
II.- DE PREVIO. En vista de que el Rector de la Universidad de Costa Rica, en su informe rendido omitió referirse a si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la gestión está previsto como mecanismo oficial para la recopilación de gestiones de los usuarios, se tiene por cierto que este constituye el medio oficial de esa institución y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto.
III.- HECHOS PROBADOS. Se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, de importancia para la resolución del presente asunto:
IV.- HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:
ÚNICO.- Que a la recurrente se le haya entregado la información requerida en el apartado d) de su solicitud del 7 de abril de 2025, que expresamente requería “Informes de la Comisión Foresta Universitaria de la UCR relacionados con la población arbórea en los campus citados de la UCR, elaborados del año 2015 a la fecha” (los autos).
V.- SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, la parte recurrente alega que, el 07 de abril de 2025, solicitó una información relacionada con estudios de la población arbórea del campus; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta.
En su defensa, la autoridad recurrida, en el informe rendido bajo la solemnidad del juramento manifestó que, lo requerido por la administrada es un trámite complejo y múltiple que involucra varias dependencias universitarias por tratarse de una extensa petición, pero a pesar de ello desde el 09 de mayo de 2025, se le remitió parcialmente la información solicitada. Refiere la parte accionada, que, en virtud de lo solicitado, se debió consultar archivos que no se encuentran activos y que incluso se invitó a la recurrente a reunirse con las personas funcionarias involucradas directamente en la actividad universitaria objeto de su consulta.
Analizado el cuadro fáctico planteado, así como la prueba que consta en autos, este Tribunal considera que la gestión presentada, más que una petición pura y simple o solicitud de información, corresponde, en realidad, al planteamiento de una petición compleja. Por ende, en la especie, para poder brindar respuesta a las peticiones de la tutelada, la autoridad recurrida requería acciones por parte de diferentes áreas de la institución, por lo que efectivamente el plazo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional podría resultar insuficiente. Sin embargo, también ha externado esta Tribunal Constitucional que cuando es requerido más tiempo para resolver, la Administración debe cumplir con la obligación de indicar a la persona interesada cuándo finalmente se le entregará lo pretendido.
En este caso, antes de la interposición del recurso de amparo, específicamente en fecha 09 de mayo de 2025, mediante el oficio CFU-46-2025, a la tutelada se le brindó respuesta parcial a la gestión -se le contestó y entregó la información referida a los puntos a, b, c, e, f, g, h, e i-. Sin embargo y narrado lo que precede, también logra evidenciar este Tribunal Constitucional, que el punto d, de la gestión formulada por la tutelada, no ha sido debidamente respondido, ya que la autoridad le manifestó en su oficio CFU-46-2025, textualmente “ Los informes de la Comisión de Foresta Universitaria se emiten a solicitud de los usuarios institucionales o la atención de casos, por lo anterior se requiere conocer el objetivo de conocer los expedientes anteriores al 2024, para poder solicitar apoyo a la Vicerrectoría de Administración, dado que mucha de la documentación solamente se encuentra en físico; y requiere la asignación de recurso humano para analizar los expedientes. Asimismo, al conocer el objetivo de obtener información generada 10 años atrás, se puede valorar si es necesario revisar los expedientes de la Unidad de Gestión Ambiental, la cual también ha emitido informes por parte del Ing. Espinoza, como Regente Forestal” Por lo que al solicitar la autoridad a la gestionante que requiere saber el objetivo por el cual solicita los informes anteriores al año 2024, es claro que se está condicionando la entrega de esta información que es de carácter pública a establecer las razones por las cuales pretende lo requerido. Requerimiento evidente improcedente y violatorio de su derecho de acceso a la información. Así, si la Administración consideraba que la entrega de esta información, por el tiempo desde que fue emitida o por las condiciones en la que se encuentra, requería de un mayor lapso para entregarla, fuera del plazo legal, debió informar a la administrada del plazo estimado para su entrega.
Por lo anterior, se tiene por verificado que la autoridad recurrida ha lesionado el derecho de petición y pronta respuesta y de acceso a la información de la tutelada, por lo que lo procedente es estimar el recurso, como en efecto se dispone.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Carlos Araya Leandro, en su condición de Rector de la Universidad de Costa Rica, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que emita las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para que, dentro del plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde la información completa requerida por la recurrente en su gestión del 07 de abril de 2025. Para que se materialice la entrega de la información, la recurrente deberá sufragar los gastos que la reproducción de esta conlleve o en su defecto deberá aportar el medio de almacenamiento que la autoridad le solicite. Se advierte a la autoridad accionada, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Universidad de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios generados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Jorge Isaac Solano A.
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