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Res. 18772-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/06/2025
OutcomeResultado
The amparo was partially granted against the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health, ordering the former to comply with sanitary order 006-REG-2025 and the latter to monitor compliance.Se declaró parcialmente con lugar el recurso contra la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud, ordenando a la primera acatar la orden sanitaria 006-REG-2025 y al segundo darle seguimiento.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by a resident of the El Cocal neighborhood in Puntarenas, on her own behalf and that of other neighbors, against the National Roads Board (CONAVI), the Ministry of Health, and the Municipality of Puntarenas. The claimant reported that for years they have suffered constant flooding caused by rain and high tides, aggravated by obstruction of the storm drain system, missing grates on manholes, and lack of maintenance, creating health and safety risks. The Chamber found that the Municipality of Puntarenas had been aware of the problem since March 2022 and had not taken effective measures, despite the affected road being a cantonal route and having received a sanitary order. It also criticized the Ministry of Health for failing to timely follow up on its own sanitary orders. The court partially granted the amparo, ordering the Municipality to comply with the sanitary order and the Ministry of Health to ensure compliance.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una vecina del barrio El Cocal de Puntarenas, a favor suyo y de otros vecinos, contra el CONAVI, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas. La recurrente denunció que desde hace años sufren constantes inundaciones provocadas por lluvias y mareas altas, agravadas por la obstrucción del alcantarillado pluvial, la falta de parrillas en cajas de registro y la ausencia de mantenimiento, lo que genera riesgos para la salud y la seguridad. La Sala constató que la Municipalidad de Puntarenas tenía conocimiento de la problemática desde marzo de 2022 y no adoptó medidas eficaces, pese a que la ruta afectada es cantonal y recibió una orden sanitaria. También reprochó al Ministerio de Salud no haber dado seguimiento oportuno a sus propias órdenes sanitarias. Declaró parcialmente con lugar el recurso, ordenando a la Municipalidad acatar la orden sanitaria y al Ministerio de Salud velar por su cumplimiento.
Key excerptExtracto clave
Thus, there is an obligation on the part of the respondent Municipality to resolve the reported problem, which, it is reaffirmed, has not been carried out. In this regard, it is reiterated that it was not proven that sanitary order no. 006-REG-2025 of January 6, 2025, from the Health Area Office (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health, has been complied with by the Municipality of Puntarenas, which expired on January 21, 2025. Consequently, a violation of fundamental rights by the Municipality of Puntarenas is confirmed. Now, it must be noted that it is not for this Court to determine which institution is responsible for solving the reported problem, whether the Municipality of Puntarenas or the MOPT. However, this Constitutional Chamber has two points indicating that the Municipality of Puntarenas is the obligated party: that the route in question is a cantonal route (accepted by the Municipality itself) and that sanitary order no. 006-REG-2025 of January 6, 2025, from the Health Area Office (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health was issued against it, ordering the corresponding actions for that municipal corporation. Therefore, it is confirmed that said Municipality is the responsible party in this matter. VI.- Regarding the actions of the Health Area Office (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health. Regarding this Ministry, a violation of the fundamental rights of the residents of the area is also determined. This is because, although it is true that the Health Area did process the two complaints filed, issuing sanitary orders against CONAVI and MOPT, it is also true that since September 27, 2024, it received communication SPS-PEMIST-2024-169, in which the Ministry of Public Works and Transport stated: “According to the review of the information available in the inventories held by this secretariat, in the section parallel to route 17 at the height of the Yacht Club (where the road splits into two branches) up to Direction06 (where they rejoin), said section is not registered as a national route; therefore, the administration of that route segment corresponds to the Municipality.” However, despite that communication, the Health Area did not take any action to clarify the situation, failing to fulfill its obligations and violating the fundamental rights of the residents.De ese modo, existe una obligación de la Municipalidad recurrida de resolver la problemática denuncia, la cual, se reafirma, no se ha realizado. Sobre el particular, se reitera que no se tuvo por demostrado que la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud haya sido cumplida por la Municipalidad de Puntarenas, la cual se encuentra vencida desde el 21 de enero de 2025. Por consiguiente, se comprueba una lesión a los derechos fundamentales por parte de la Municipalidad de Puntarenas. Ahora bien, es menester indicar que no le corresponde a este Tribunal establecer a qué institución le corresponde solucionar la problemática denunciada, si a la Municipalidad de Puntarenas o al MOPT. No obstante, esta Sala Constitucional cuenta con 2 puntos que indican que la Municipalidad de Puntarenas es la obligada: que la ruta en cuestión es ruta cantonal (aceptado por la propia Municipalidad) y que la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud se emitió en su contra, ordenándole lo correspondiente a esa corporación municipal. Por lo tanto, sí se comprueba que dicha Municipalidad es la encargada en este asunto. VI.- Sobre la actuación del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud. Respecto a este Ministerio también se determina una lesión a los derechos fundamentales de los vecinos del lugar. Lo anterior, pues si bien es cierto en su momento el Área de Salud sí tramitó las 2 denuncias interpuestas, emitiendo ordenes sanitarias en contra del CONAVI y el MOPT, también es cierto que desde el 27 de setiembre de 2024 recibió el oficio SPS-PEMIST-2024-169, en donde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes indica lo siguiente: “De acuerdo a la revisión de la información disponible en los inventarios que posee esta secretaría, en el trayecto paralelo a la ruta 17 a la altura del Yacht Club (donde se separa en dos brazos la carretera) y hasta la Dirección06 (donde se vuelven a unir), dicha sección no está registrada como ruta nacional; por lo tanto corresponde a la Municipalidad la administración de ese segmento de ruta”. Sin embargo, a pesar de esa comunicación, el Área de Salud no procedió a realizar ninguna gestión para aclarar la situación, omitiendo cumplir con sus obligaciones, lesionando los derechos fundamentales de los vecinos del lugar.
Pull quotesCitas destacadas
"De ese modo, existe una obligación de la Municipalidad recurrida de resolver la problemática denuncia, la cual, se reafirma, no se ha realizado."
"Thus, there is an obligation on the part of the respondent Municipality to resolve the reported problem, which, it is reaffirmed, has not been carried out."
Considerando V
"De ese modo, existe una obligación de la Municipalidad recurrida de resolver la problemática denuncia, la cual, se reafirma, no se ha realizado."
Considerando V
"no le corresponde a este Tribunal establecer a qué institución le corresponde solucionar la problemática denunciada, si a la Municipalidad de Puntarenas o al MOPT. No obstante, esta Sala Constitucional cuenta con 2 puntos que indican que la Municipalidad de Puntarenas es la obligada: que la ruta en cuestión es ruta cantonal (aceptado por la propia Municipalidad) y que la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud se emitió en su contra"
"it is not for this Court to establish which institution is responsible for solving the reported problem, whether the Municipality of Puntarenas or the MOPT. However, this Constitutional Chamber has two points indicating that the Municipality of Puntarenas is the obligated party: that the route in question is a cantonal route (accepted by the Municipality itself) and that sanitary order no. 006-REG-2025 [...] was issued against it"
Considerando V
"no le corresponde a este Tribunal establecer a qué institución le corresponde solucionar la problemática denunciada, si a la Municipalidad de Puntarenas o al MOPT. No obstante, esta Sala Constitucional cuenta con 2 puntos que indican que la Municipalidad de Puntarenas es la obligada: que la ruta en cuestión es ruta cantonal (aceptado por la propia Municipalidad) y que la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud se emitió en su contra"
Considerando V
"en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)"
"in environmental matters, it is also this judge's view that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the administrative-contentious jurisdiction. However, I do address the merits when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)"
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)"
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
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Date of Resolution: June 20, 2025 at 09:20 Case File: 24-032611-0007-CO Type of Matter: Amparo action Case File: 24-032611-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty hours on June twentieth, two thousand twenty-five.
Amparo action filed by Nombre01, identity card CED01, on HER OWN BEHALF AND ON BEHALF OF THE RESIDENTS OF BARRIO EL COCAL DE PUNTARENAS, PUNTARENAS, against the NATIONAL ROAD COUNCIL (CONAVI), the MINISTRY OF HEALTH, and the MUNICIPALITY OF PUNTARENAS.
Whereas:
On the other hand, there are no pipelines administered by this Municipality; since the wastewater system is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Thus, and in accordance with the technical report of reference, which is provided as documentary evidence, the problem reported is caused by a lack of maintenance on the part of CONAVI, and not by failures caused or unattended by the Municipality of Puntarenas. For all the foregoing, my represented party bears no responsibility for addressing the problem raised by the appellant.” It requests that the appeal filed be declared without merit.
Drafted by Magistrate Araya García; and,
Considering:
I.Before analyzing the merits of the matter —for the alleged violation of the right to a prompt and expeditious procedure— it must be clarified that as of ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has deemed that those matters in which it is disputed whether the Public Administration has met the timeframes set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative appeals, must be referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions. Precisely, in the sub lite, a case of exception arises, as we are faced with complaints filed regarding flooding in a sector of Puntarenas, causing environmental problems.
Likewise, for the analysis of this matter, it is necessary to indicate that it was not proven that the appellant had filed any complaint before the respondent authorities regarding the reported problem, but rather, what is on record are 2 complaints (documents provided by the appellant to comply with the prevention order of the resolution of 7:58 p.m. on November 22, 2024): - April 9, 2024 (expediente no. 042-2024), - May 30, 2024 (expediente no. 084-2024), both complaints filed by other persons before the Health Governing Area (Área Rectora de Salud, ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health. Likewise, among the documents provided by the appellant to comply with the indicated prevention order, there is a document dated March 25, 2022, stamped as received by the Municipality of Puntarenas, in which the reported problem is set forth. Consequently, it is clarified that the complaints filed by the appellant before this Constitutional Chamber were formulated by other persons. Having clarified this point, we proceed to hear the matter.
II.Object of the appeal. The appellant claims a violation of her fundamental rights and those of the protected persons (amparados), stating that for years her house and neighboring properties have faced flood after flood. The foregoing has affected her health and that of the protected persons (amparados). Therefore, several neighbors have reported the situation to the Municipality of Puntarenas. Likewise, CONAVI and the Ministry of Health are aware of the situation. She asserts that, nevertheless, to date these institutions have not taken any action to resolve the problem.
III.Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent failed to refer to them as provided in the initial order:
V.Regarding the actions of the Municipality of Puntarenas. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies a violation of the fundamental rights of the appellant and the protected persons (amparados) by the Municipality of Puntarenas. The foregoing, because in the reports rendered by the representatives of the respondent authorities —which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction— and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on March 25, 2022, a document was filed with the Municipality of Puntarenas setting forth the problem of stormwater (aguas fluviales) in front of Hotel Puerto Azul. Thus, it was requested of the chief engineer of the Municipality "that he interpose his good offices so that our problem may be resolved as soon as possible." Subsequently, on April 9, 2024 (expediente no. 042-2024) and May 30, 2024 (expediente no. 084-2024), several persons filed a complaint before the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health regarding an apparent accumulation of wastewater (aguas residuales) and insecurity due to a lack of grates (parrillas) on catch basins (cajas de registro) at Dirección04, in front of the Hotels Puerto Azul and Puerto Bello.
Thus, on June 13, 2024, the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health addressed the complaints and, by means of on-site inspection report (acta de inspección ocular) AIO-0181-Reg-2024, it was verified that the storm sewer network (alcantarillado pluvial) lacks grate covers (tapas "parrillas"), representing a human safety risk for passersby, and that there are sanitary anomalies related to the accumulation of water in storm sewers (alcantarillado pluviales). Therefore, by means of Health Order (Orden Sanitaria) 0093-REG-2024 of September 9, 2024, against the executive director of the Consejo Nacional De Vialidad, and by means of Health Order (Orden Sanitaria) 0094-REG-2024 of September 9, 2024, against the Minister of Public Works and Transportation, the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health ordered the following: “1.
Take the necessary measures to prevent the accumulation of water in the storm sewer (alcantarillado pluvial) located along Dirección05 (sector from Hotel Porto Bello to Hotel Puerto Azul). 2. Take the necessary measures to prevent the accumulation of solid waste in the storm sewer (alcantarillado pluvial) located along Dirección05 (sector from Hotel Porto Bello to Hotel Puerto Azul). 3. Provide covers (tapas) for each catch basin (caja de registro) located on the sidewalks of the storm sewer (alcantarillado pluvial) located along Dirección05 (sector from Hotel Porto Bello to Hotel Puerto Azul). 4. Report, within the established timeframe, to this Directorate of the Health Governing Area, either physically or digitally to the email address ...01, the actions taken in compliance with the preceding point of this health order (orden sanitaria)”. In this regard, in response to the health orders described, the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health received official letter SPS-PEMIST-2024-169 of September 27, 2024, in which the Ministry of Public Works and Transportation states the following: “According to the review of information available in the inventories held by this secretariat, along the section parallel to route 17 at the level of the Yacht Club (where the road splits into two branches) and up to Dirección06 (where they merge again), said section is not registered as a national route; therefore, the administration of that route segment corresponds to the Municipality”.
Now then, after the notification of the admission resolution to the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health, on January 2, 2025, that same Health Area conducted a new on-site inspection visit to the site, according to inspection report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-002-2025, where it is verified that the reported problem persists. Consequently, by means of health order (orden sanitaria) no. 006-REG-2025 of January 6, 2025, the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health ordered the mayor of the Municipality of Puntarenas, within a period not exceeding 10 business days, with an expiration date of January 21, 2025, the following: “1. Take the necessary measures to prevent the accumulation of water in the storm sewer (alcantarillado pluvial) (from Hotel Puerto Azul to the UCR sector). 2. Take the necessary measures to prevent the accumulation of solid waste in the sewer (alcantarillado) of the affected sector (from Hotel Puerto Azul to the UCR sector). 3.
Provide covers (tapas) for each catch basin (caja de registro) located on the sidewalks of the sewer (alcantarillado) (from Hotel Puerto Azul to the UCR sector). 4. Present, before the Health Governing Area of Puntarenas Chacarita, a maintenance plan that guarantees no recurrence of the verified problem. 5. Report, within the established timeframe, to this Directorate of the Health Governing Area, either physically or digitally to the email address ...01, the actions taken in compliance with the preceding point of this health order (orden sanitaria)". The foregoing was communicated to the Municipality of Puntarenas. However, it was not proven that health order (orden sanitaria) no. 006-REG-2025 of January 6, 2025, from the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health, was complied with by the Municipality of Puntarenas.
In this regard, it is verified that, while it is true that health order (orden sanitaria) no. 006-REG-2025 of January 6, 2025, was notified to the Municipality of Puntarenas after the notification of the admission resolution, it is also true that since March 25, 2022, the Municipality has been aware of the problem indicated in the present amparo appeal (recurso de amparo). Thus, it is verified that more than 3 years have elapsed and the Municipality has not taken any action aimed at resolving the matter reported. Likewise, it is reiterated that it was not proven that the Municipality complied with the health order in question. Note that in their reports, the mayor and the director of the Unidad Técnica de Gestión Vial, both of the Municipality of Puntarenas, only mention that "even though the road under code 6-01-0076 'Dirección03' is inventoried as a Cantonal Route, as it is the sole and main access route to the city and head town of the Canton of Puntarenas, its administration corresponds to the Consejo Nacional de Vialidad.” That is, they make no mention whatsoever of the actions taken to address the problem of the canton of which, it is reiterated, they have had knowledge for more than 3 years.
Let us recall that this Court, in its jurisprudence, has recognized the obligation of Municipalities to execute effective and swift actions based on the needs of the territorial constituency assigned to each municipal corporation, which is intimately linked to the element of population. Such obligations derive from what is contemplated in articles 169 and 170 of the Constitución Política, encompassing a wide number of activities. Thus, as established by article 169 of the Constitución Política and the Código Municipal, the administration of local services and interests corresponds to the municipalities, in order to promote the integral development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees —at least— efficient electrification and communication services; good systems for providing drinking water (agua potable) and evacuating sewage (aguas servidas), adequate aqueduct and sewer (acueductos y alcantarillado) systems, lighting systems and ornamentation of the cities; services for the construction, repair, and cleaning of streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the population's life comfortable and safe (see, among others, judgment no. 2023011483 of 9:20 a.m. on May 19, 2023).
Thus, there is an obligation on the part of the respondent Municipality to resolve the reported problem, which, it is reaffirmed, has not been carried out. In this regard, it is reiterated that it was not proven that health order (orden sanitaria) no. 006-REG-2025 of January 6, 2025, from the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health was complied with by the Municipality of Puntarenas, the deadline for which expired on January 21, 2025. Consequently, an injury to fundamental rights by the Municipality of Puntarenas is verified.
Now then, it is necessary to indicate that it is not for this Court to establish which institution is responsible for resolving the reported problem, whether the Municipality of Puntarenas or the MOPT. However, this Constitutional Chamber has 2 points indicating that the Municipality of Puntarenas is the obligated party: that the route in question is a cantonal route (admitted by the Municipality itself) and that health order (orden sanitaria) no. 006-REG-2025 of January 6, 2025, from the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health was issued against it, ordering said municipal corporation accordingly. Therefore, it is confirmed that said Municipality is the entity responsible in this matter.
VI.Regarding the actions of the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health. Regarding this Ministry, an injury to the fundamental rights of the local residents is also determined. The foregoing, because while it is true that the Health Area did process the 2 complaints filed at the time, issuing health orders against CONAVI and the MOPT, it is also true that since September 27, 2024, it received official letter SPS-PEMIST-2024-169, in which the Ministry of Public Works and Transportation states the following: “According to the review of information available in the inventories held by this secretariat, along the section parallel to route 17 at the level of the Yacht Club (where the road splits into two branches) and up to Dirección06 (where they merge again), said section is not registered as a national route; therefore, the administration of that route segment corresponds to the Municipality”. However, despite that communication, the Health Area did not proceed to take any action to clarify the situation, omitting to comply with its obligations, injuring the fundamental rights of the local residents.
Now then, as indicated in the previous recital (considerando), it was only on the occasion of the filing of the appeal that the Ministry of Health proceeded to issue a new health order, this time directed to the Municipality of Puntarenas. Likewise, it is reaffirmed that it was not proven that health order (orden sanitaria) no. 006-REG-2025 of January 6, 2025, from the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health was complied with by the Municipality of Puntarenas. That is, it is not verified that said Health Area followed up on its health order. Therefore, regarding the Ministry of Health, an injury to fundamental rights is also noted.
VII.Regarding the actions of the Ministry of Public Works and Transportation. Regarding this Ministry, what was indicated in recital (considerando) V of this judgment is reiterated, in the sense that it is not for this Court to establish which institution is responsible for resolving the reported problem, whether the Municipality of Puntarenas or the MOPT. However, this Constitutional Chamber has 2 points indicating that the Municipality of Puntarenas is the obligated party: that the route in question is a cantonal route (admitted by the Municipality itself) and that health order (orden sanitaria) no. 006-REG-2025 of January 6, 2025, from the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health was issued against it, ordering said municipal corporation accordingly.
Therefore, regarding the Ministry of Public Works and Transportation, no action is noted that injured the fundamental rights of the local residents.
VIII.Regarding the actions of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Finally, regarding the ICAA, it is verified that currently, in the Cocal sector, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados does not administer any wastewater (aguas residuales) collection system. Thus, the situation at hand is a problem in the storm sewer system (alcantarillado pluvial), for which reason its resolution is not within the competence of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the maintenance of storm sewer systems (alcantarillado pluvial) is the direct responsibility of the Municipality of Puntarenas.
Thus, regarding the ICAA, no action is verified that injured the fundamental rights of the local residents.
IX.Conclusion. By virtue of the foregoing, the appropriate course is to partially grant the appeal solely against the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health for the lack of adequate attention to the reported problem. In all other respects, the appeal is declared without merit.
X.Note of Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and expeditious administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and expeditious justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; this Court, based on section 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as cases of exception, which may proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with section 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Constitución Política), as is the case here, wherein the appellant asserts that the respondent authorities have not addressed nor executed the corresponding acts to correct a problem arising from constant flooding, a situation affecting her health and that of the protected persons (amparados), in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
The parties are warned that if any document on paper was provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is partially granted solely against the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health for the lack of adequate attention to the reported problem. Therefore, Randall Alexis Chavarría Matarrita, in his capacity as mayor, and Jeffrey Ramírez Castro, in his capacity as director of the Unidad Técnica de Gestión Vial, both of the Municipality of Puntarenas, or whoever occupies those positions, are ordered to immediately comply with, and according to the orders of the Ministry of Health, health order (orden sanitaria) no. 006-REG-2025 of January 6, 2025, from the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health, without prejudice to the ability to challenge such administrative acts issued, as well as their legal and technical viability, through ordinary channels. On the other hand, Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as director of the Health Governing Area (ARS) of Puntarenas-Chacarita of the Ministry of Health, or whoever occupies that position in her stead, is ordered, within the period of ONE MONTH, counted from the notification of the judgment, to proceed to take the pertinent actions to ensure compliance with health order (orden sanitaria) no. 006-REG-2025 of January 6, 2025.
Therefore, she must provide continuous and permanent follow-up to the fulfillment of said order issued within the timeframes so established, seeking its fulfillment, and, if it continues to be unfulfilled, take timely pertinent measures to assign responsibilities to the omissive officials. The respondents are warned that in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued in an amparo appeal, and does not carry it out or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Puntarenas are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that have given rise to this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is declared without merit. Magistrate Castillo Víquez places a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Jorge Isaac Solano A.
[*AJG9VDPDKOO61*] Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección07, Dirección08, 100 mts.
South of the Perpetuo Socorro church).
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:39:15.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a SU FAVOR Y DE LOS VECINOS DE BARRIO EL COCAL DE PUNTARENAS, PUNTARENAS, contra el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe aclararse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante unas denuncias presentadas por unas inundaciones en un sector en Puntarenas, que provocan problemas ambientales.
Igualmente, para el análisis del presente asunto, es menester indicar que no se tuvo por demostrado que la recurrente haya presentado denuncia alguna ante las autoridades recurridas por la problemática denunciada, sino, lo que consta son 2 denuncias (documentos que aportó la recurrente para cumplir con la prevención de la resolución de las 19:58 horas del 22 de noviembre de 2024): - 09 de abril de 2024 (expediente no. 042-2024), - el 30 de mayo de 2024 (expediente no. 084-2024), ambas denuncias interpuestas por otras personas ante el Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud. Igualmente, entre los documentos aportados por la recurrente para cumplir con la prevención indicada, consta un documento del 25 de marzo de 2022 con recibido de la Municipalidad de Puntarenas en donde se expone la problemática denunciada. Por consiguiente, se aclara que las denuncias que presentó la recurrente ante esta Sala Constitucional fueron formuladas por otras personas. Aclarado este punto, se entra a conocer el asunto.
II.Objeto del recurso. La recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales y a los de los amparados, pues señala que desde hace años su casa y los inmuebles vecinos han enfrentado inundación tras inundación. Lo anterior, ha afectado su salud y la de los amparados. Por ende, varios vecinos han denunciado la situación ante la Municipalidad de Puntarenas. Igualmente, el CONAVI y el Ministerio de Salud tienen conocimiento de la situación. Acusa que, no obstante, a la fecha estas instituciones no han realizado ninguna acción tendiente a resolver la problemática.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
V.Sobre la actuación de la Municipalidad de Puntarenas. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales de la recurrente y los amparados por parte de la Municipalidad de Puntarenas. Lo anterior, porque en los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 25 de marzo de 2022, se presentó en la Municipalidad de Puntarenas un documento en donde se expone el problema de aguas fluviales al frente del Hotel Puerto Azul. Así, se solicitó al jefe ingeniero de la Municipalidad “que interponga sus buenos oficios a efectos que nuestra problemática sea solucionada a la mayor brevedad posible”.
Posteriormente, el 09 de abril de 2024 (expediente no. 042-2024) y el 30 de mayo de 2024 (expediente no. 084-2024), varias personas presentaron una denuncia ante el Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud por aparente acumulación de aguas residuales e inseguridad por falta de parrillas en cajas de registro en la Dirección04, frente a los Hoteles Puerto Azul y Puerto Bello. Así, el 13 de junio del 2024, el Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud atendió las denuncias y, mediante el acta de inspección ocular AIO-0181-Reg-2024, se comprueba que la red de alcantarillado pluvial no cuenta con tapas “parrillas”, representando un riesgo de seguridad humana para los transeúntes, además de que existen anomalías sanitarias relacionadas con acumulación de aguas en alcantarillado pluviales. Por ende, mediante Orden Sanitaria 0093-REG-2024 del 09 de setiembre de 2024 en contra del director ejecutivo del Consejo Nacional De Vialidad y mediante Orden Sanitaria 0094-REG-2024 del 09 de setiembre de 2024 en contra del ministro De Obras Públicas y Transportes, el Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud indicó lo siguiente: “1.
Tomar las medidas necesarias para evitar la acumulación de aguas en alcantarillado pluvial ubicado sobre entre Dirección05 (sector desde Hotel Porto Bello a Hotel Puerto Azul). 2. Tomar las medidas necesarias para evitar la acumulación de residuos sólidos en alcantarillado pluvial ubicado sobre entre Dirección05 (sector desde Hotel Porto Bello a Hotel Puerto Azul). 3. Disponer de tapas en cada caja de registro ubicadas en las aceras del alcantarillado pluvial ubicado sobre entre Dirección05 (sector desde Hotel Porto Bello a Hotel Puerto Azul) 4. Informar dentro del plazo establecido a esta Dirección de Área Rectora de Salud de forma física o digital al correo electrónico ...01 las acciones ejecutadas en cumplimiento del punto anterior de la presente orden sanitaria”. Al respecto, en atención a las ordenes sanitarias descritas, en el Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud se recibió el oficio SPS-PEMIST-2024-169 del 27 setiembre del 2024, en donde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes indica lo siguiente: “De acuerdo a la revisión de la información disponible en los inventarios que posee esta secretaría, en el trayecto paralelo a la ruta 17 a la altura del Yacht Club (donde se separa en dos brazos la carretera) y hasta la Dirección06 (donde se vuelven a unir), dicha sección no está registrada como ruta nacional; por lo tanto corresponde a la Municipalidad la administración de ese segmento de ruta”.
Ahora bien, posterior a la notificación de la resolución de curso al Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud, el 02 de enero de 2025, esa misma Área de Salud realizó una nueva visita de inspección ocular al sitio, según informe de inspección MS-DRRSPC-DARSPC-IT-002-2025, donde se comprueba que la problemática denunciada persiste. Por lo tanto, mediante orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025, el Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud le ordenó al alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, con fecha de vencimiento el 21 de enero de 2025, lo siguiente: “1. Tomar las medidas necesarias para evitar la acumulación de aguas en alcantarillado pluvial (del Hotel Puerto Azul hasta el sector de la UCR). 2. Tomar las medidas necesarias para evitar la acumulación de residuos sólidos en alcantarillado del sector afectado (del Hotel Puerto Azul hasta el sector de la UCR) 3.
Disponer de tapas en cada caja de registro ubicadas en las aceras del alcantarillado (del Hotel Puerto Azul hasta el sector de la UCR) 4. Presentar ante el Área Rectora de Salud Puntarenas Chacarita, un plan de mantenimiento que garantice que no exista una reincidencia de la problemática comprobada 5. Informar dentro del plazo establecido a esta Dirección de Área Rectora de Salud de forma física o digital al correo electrónico ...01 las acciones ejecutadas en cumplimiento del punto anterior de la presente orden sanitaria”. Lo anterior, le fue comunicado a la Municipalidad de Puntarenas. No obstante, no se tuvo por demostrado que la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud haya sido cumplida por la Municipalidad de Puntarenas.
En este sentido, se constata que, si bien es cierto la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 le fue notificada a la Municipalidad de Puntarenas posterior a la notificación de la resolución de curso, también es cierto que desde el 25 de marzo de 2022 la Municipalidad tiene conocimiento de la problemática indicada en el presente recurso de amparo. Así, se verifica que han transcurrido más de 3 años y la Municipalidad no ha realizado ninguna acción tendiente a resolver lo denunciado. Igualmente, se reitera que no se tuvo por demostrado que la Municipalidad haya cumplido con la orden sanitaria en cuestión. Nótese que en sus informes el alcalde y el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de Puntarenas únicamente mencionan que “aun cuando la calle bajo el código 6-01-0076 “Dirección03” se encuentra inventariada como una Ruta Cantonal, por ser la única y principal vía de acceso a la ciudad y cabecera del Cantón de Puntarenas, le corresponde su administración al Concejo Nacional de Vialidad”.
Es decir, no hacen mención alguna sobre las acciones que haya realizado para atender la problemática del cantón de la cual, se reitera, tiene conocimiento desde hace más de 3 años. Recordemos que este Tribunal, en su jurisprudencia, ha reconocido la obligación de las Municipalidades de ejecutar acciones eficaces y céleres en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada a cada corporación municipal, y que se encuentra íntimamente ligado al elemento de población. Tales obligaciones, derivan de lo contemplado en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, siendo que abarca un amplio número de actividades. Así, conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional.
En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población (ver, entre otra, la sentencia no. 2023011483 de las 09:20 horas del 19 de mayo de 2023).
De ese modo, existe una obligación de la Municipalidad recurrida de resolver la problemática denuncia, la cual, se reafirma, no se ha realizado. Sobre el particular, se reitera que no se tuvo por demostrado que la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud haya sido cumplida por la Municipalidad de Puntarenas, la cual se encuentra vencida desde el 21 de enero de 2025. Por consiguiente, se comprueba una lesión a los derechos fundamentales por parte de la Municipalidad de Puntarenas.
Ahora bien, es menester indicar que no le corresponde a este Tribunal establecer a qué institución le corresponde solucionar la problemática denunciada, si a la Municipalidad de Puntarenas o al MOPT. No obstante, esta Sala Constitucional cuenta con 2 puntos que indican que la Municipalidad de Puntarenas es la obligada: que la ruta en cuestión es ruta cantonal (aceptado por la propia Municipalidad) y que la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud se emitió en su contra, ordenándole lo correspondiente a esa corporación municipal. Por lo tanto, sí se comprueba que dicha Municipalidad es la encargada en este asunto.
VI.Sobre la actuación del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud. Respecto a este Ministerio también se determina una lesión a los derechos fundamentales de los vecinos del lugar. Lo anterior, pues si bien es cierto en su momento el Área de Salud sí tramitó las 2 denuncias interpuestas, emitiendo ordenes sanitarias en contra del CONAVI y el MOPT, también es cierto que desde el 27 de setiembre de 2024 recibió el oficio SPS-PEMIST-2024-169, en donde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes indica lo siguiente: “De acuerdo a la revisión de la información disponible en los inventarios que posee esta secretaría, en el trayecto paralelo a la ruta 17 a la altura del Yacht Club (donde se separa en dos brazos la carretera) y hasta la Dirección06 (donde se vuelven a unir), dicha sección no está registrada como ruta nacional; por lo tanto corresponde a la Municipalidad la administración de ese segmento de ruta”. Sin embargo, a pesar de esa comunicación, el Área de Salud no procedió a realizar ninguna gestión para aclarar la situación, omitiendo cumplir con sus obligaciones, lesionando los derechos fundamentales de los vecinos del lugar.
Ahora bien, tal y como se indicó en el considerando anterior, fue hasta con ocasión de la interposición, que el Ministerio de Salud procedió a emitir una nueva orden sanitaria, esta vez dirigida a la Municipalidad de Puntarenas. Igualmente, se reafirma que no se tuvo por demostrado que la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud haya sido cumplida por la Municipalidad de Puntarenas. Es decir, no se constata que dicha Área de Salud le haya dado seguimiento a su orden sanitaria. Por ende, respecto al Ministerio de Salud también se denota una lesión a los derechos fundamentales.
VII.Sobre la actuación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sobre este Ministerio, se reitera lo indicado en el considerando V de esta sentencia, en el sentido que no le corresponde a este Tribunal establecer a qué institución le corresponde solucionar la problemática denunciada, si a la Municipalidad de Puntarenas o al MOPT. No obstante, esta Sala Constitucional cuenta con 2 puntos que indican que la Municipalidad de Puntarenas es la obligada: que la ruta en cuestión es ruta cantonal (aceptado por la propia Municipalidad) y que la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud se emitió en su contra, ordenándole lo correspondiente a esa corporación municipal.
Por lo tanto, respecto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes no se denota acción alguna que haya lesionado los derechos fundamentales de los vecinos del lugar.
VIII.Sobre la actuación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Por último, en cuanto al ICAA, se verifica que actualmente en el sector del Cocal, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no administra ningún sistema de recolección de aguas residuales. Así, la situación que se presenta es un problema en el sistema de alcantarillado pluvial, por lo cual no es competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados su resolución, pues el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado pluvial es competencia directa de la Municipalidad de Puntarenas.
Así, en cuanto al ICAA, tampoco se constata acción alguna que haya lesionado los derechos fundamentales de los vecinos del lugar.
IX.Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra de la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud por la falta de atención adecuada a la problemática denunciada. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.
X.Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en que la recurrente asegura que las autoridades recurridas no han atendido ni ejecutado los actos correspondientes con el fin de corregir un problema que se presenta debido a las constantes inundaciones, situación que afecta su salud y la de los amparados, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra de la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud por la falta de atención adecuada a la problemática denunciada. Por ende, se ordena a Randall Alexis Chavarría Matarrita, en su condición de alcalde, y a Jeffrey Ramírez Castro, en su condición de director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de Puntarenas, o a quienes ocupen los cargos, acatar de forma inmediata, y según las órdenes del Ministerio de Salud, la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025 del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se puedan cuestionar tales actos administrativos dictados, así como su viabilidad jurídica y técnica. Por otra parte, se ordena a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de directora del Área Rectora de Salud (ARS) de Puntarenas- Chacarita del Ministerio de Salud, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que, dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de la sentencia, proceda a realizar las acciones pertinentes para velar por el cumplimiento de la orden sanitaria no. 006-REG-2025 del 06 de enero de 2025.
Por ende, deberá darle seguimiento continuo y permanente al cumplimiento de dicha orden emitida en los plazos que así se disponga, procurando su cumplimiento y, en caso de que se continúe sin cumplir, tomar oportunamente las medidas pertinentes para sentar responsabilidades a los funcionarios omisos. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Puntarenas al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Jorge Isaac Solano A.
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