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Res. 16724-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/06/2025
OutcomeResultado
The Chamber ordered the Bar Association to answer the protected information requests within eight days while safeguarding personal data, but denied the request concerning an investigation of possible family relationships because it was an exhortation.La Sala ordenó al Colegio responder en ocho días las solicitudes de información amparadas, con protección de datos personales, pero rechazó el extremo relativo a investigar posibles vínculos familiares por tratarse de una exhortación.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted the amparo against the Costa Rican Bar Association because of its delay in answering requests submitted on February 20, 2025. The protected requests sought information about how the admission examination score was calculated and the names and credentials of the former and current members of the Academic Excellence Committee. The Chamber ordered the Bar Association’s president to take all necessary measures to provide a response within eight days, while safeguarding restricted, confidential, and sensitive personal data; the requester must bear any copying costs. The Chamber also ordered the Bar Association to pay costs and resulting damages. It rejected the claim concerning a request to investigate possible family relationships involving committee members because that request was an exhortation intended to induce institutional action, rather than a simple petition or an information request protected by the constitutional right of petition. The remainder of the amparo was therefore denied.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo contra el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la demora en responder solicitudes formuladas el 20 de febrero de 2025. Las gestiones amparadas pedían información sobre la composición de la nota de incorporación, así como las listas y los atestados de quienes integraban el anterior y el actual Comité de Excelencia Académica. La Sala ordenó al presidente del Colegio adoptar las medidas necesarias para notificar una respuesta dentro de ocho días, protegiendo los datos personales restringidos, confidenciales y sensibles; cualquier costo de reproducción deberá asumirlo la interesada. También condenó al Colegio al pago de costas, daños y perjuicios. En cambio, rechazó el reclamo relativo a la solicitud de investigar posibles vínculos familiares de integrantes del comité, porque la consideró una exhortación dirigida a provocar una actuación institucional y no una petición pura y simple ni una solicitud de información protegida por el derecho de petición.
Key excerptExtracto clave
The appeal is partially granted solely with respect to the delay in addressing the submissions made at 12:43 p.m. on February 20, 2025, insofar as they requested “(...) that I be informed what percentage corresponds to the content evaluated in the respective examination and what percentage corresponds to the legal ethics course in making up 100% of the grade. Likewise, pursuant to Articles 14 and 15 of these Regulations, I request the list and credentials of the professionals who constituted the former Academic Excellence Committee, which was removed without authority by the Board of Directors through Minutes No. 3 of the Ordinary Session of January 21 of this year. In addition, I expressly request the list and credentials of the professionals who make up the current Academic Excellence Committee, appointed without authority by the Board of Directors through the Ordinary Session of January 21, 2025,” and the submission made at 2:18 p.m. on February 20, 2025. Francisco Cruz Marchena, in his capacity as president and judicial and extrajudicial representative of the Costa Rican Bar Association, or whoever holds that office, is ordered to take all necessary measures and undertake the appropriate coordination within the scope of his authority so that, within EIGHT DAYS from notice of this judgment, the response to the submissions made at 12:43 p.m. on February 20, 2025, and at 2:18 p.m. on February 20, 2025, is communicated to the petitioner through the means designated for that purpose. The foregoing shall safeguard personal data subject to restricted access and data that are confidential and sensitive, in accordance with applicable law. If the requested copies entail any cost, it shall be borne by the interested party.Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto a la demora en atender las gestiones de las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 en cuanto a “(…) se me indique, cuanto (sic) porcentaje equivale a contenido evaluado en el respectivo examen y cuanto (sic) porcentaje equivale al curso de deontología jurídica para conformar el 100% de la nota. Asimismo, solicito de conformidad con los artículos 14 y 15 de este Reglamento, se me proporcione la lista y los atestados de las profesionales que constituían el anterior Comte de Excelencia Académica, que, sin competencia, fue destituido por la Junta Directiva mediante Acta N.3 de la Sesión Ordinaria del 21 de enero de este año. Además, solicito de manera expresa, se me suministre la lista y atestados de los profesionales que conforman el presente Comité de Excelencia Académica, nombrados sin competencia por la Junta Directiva, mediante Sesión Ordinaria del 21 de enero de 2025” y de las 14:18 horas del 20 de febrero de 2025. Se le ordena a Francisco Cruz Marchena, en su condición de presidente con representación judicial y extrajudicial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, o a quien ocupe ese puesto, que disponga todas las medidas necesarias y coordine lo pertinente dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que, plazo de OCHO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se notifique a la accionante al medio señalado para tales efectos la respuesta de las gestiones de las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 en cuanto a “(…) se me indique, cuanto (sic) porcentaje equivale a contenido evaluado en el respectivo examen y cuanto (sic) porcentaje equivale al curso de deontología jurídica para conformar el 100% de la nota. Asimismo, solicito de conformidad con los artículos 14 y 15 de este Reglamento, se me proporcione la lista y los atestados de las profesionales que constituían el anterior Comte de Excelencia Académica, que, sin competencia, fue destituido por la Junta Directiva mediante Acta N.3 de la Sesión Ordinaria del 21 de enero de este año. Además, solicito de manera expresa, se me suministre la lista y atestados de los profesionales que conforman el presente Comité de Excelencia Académica, nombrados sin competencia por la Junta Directiva, mediante Sesión Ordinaria del 21 de enero de 2025” y de las 14:18 horas del 20 de febrero de 2025. Lo anterior salvaguardando los datos personales de acceso restringido, confidenciales y sensibles, de acuerdo con la normativa vigente. En caso de incurrirse en algún costo producto de las copias requeridas, el mismo correrá a cargo de la parte interesada.
Pull quotesCitas destacadas
"En consecuencia, dado que lo peticionado por la accionante en la gestión de las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 respecto a “que se investigue si alguno de los miembros actuales del CEA, tiene familiares por afinidad o consanguinidad en proceso de Incorporación, esto para evitar un posible tráfico de influencias”, no constituye una mera petición ni solicitud de información, sino que trata de una exhortación, no se estima el recurso concerniente a este extremo."
"Consequently, because the petitioner’s request in the submission made at 12:43 p.m. on February 20, 2025—that an investigation determine whether any current CEA member has relatives by affinity or consanguinity undergoing the admission process, in order to prevent possible influence peddling—does not constitute a simple petition or request for information but rather an exhortation, the appeal is not granted on this point."
Considerando V
"En consecuencia, dado que lo peticionado por la accionante en la gestión de las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 respecto a “que se investigue si alguno de los miembros actuales del CEA, tiene familiares por afinidad o consanguinidad en proceso de Incorporación, esto para evitar un posible tráfico de influencias”, no constituye una mera petición ni solicitud de información, sino que trata de una exhortación, no se estima el recurso concerniente a este extremo."
Considerando V
"De allí que la aparente omisión en contestar tales puntos no implica una lesión a su derecho de petición ni tampoco al de pronta resolución y, por ende, no resulta amparable en esta Sala."
"Accordingly, the apparent failure to answer those points does not entail a violation of the right of petition or the right to a prompt response and, therefore, is not subject to protection by this Chamber."
Considerando V
"De allí que la aparente omisión en contestar tales puntos no implica una lesión a su derecho de petición ni tampoco al de pronta resolución y, por ende, no resulta amparable en esta Sala."
Considerando V
"Se condena al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
"The Costa Rican Bar Association is ordered to pay the costs and damages caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement proceedings before the administrative courts."
Por tanto
"Se condena al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
Por tanto
"En lo demás, se declara sin lugar el recurso."
"In all other respects, the appeal is denied."
Por tanto
"En lo demás, se declara sin lugar el recurso."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Res. 2025016724 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty-five in the morning on tres de junio de dos mil veinticinco.
Petition for amparo (recurso de amparo) processed under expediente 25-007121-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, against the COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA.
Findings:
Justice Rueda Leal drafts the opinion; and, Whereas (Considerando):
The petitioner considers that her fundamental rights have been violated because the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica has not responded to two requests she submitted on 20 de febrero de 2025.
The following facts relevant to the resolution of this matter are deemed duly established:
“(…) The undersigned, Nombre01, of legal age, unmarried, attorney under card number CED03, resident of Heredia, San Pablo, identity card number CED01, in my capacity as a member, hereby submits the following request.
Pursuant to artículo 11 del Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica, which establishes the format and content of the Academic Excellence Examination, I request that I be informed what percentage corresponds to the content assessed in the respective examination and what percentage corresponds to the legal ethics course, together comprising 100% of the grade.
Likewise, pursuant to artículos 14 y 15 de este Reglamento, I request that I be provided with the list and credentials of the professionals who comprised the former Academic Excellence Committee, which, without authority, was removed by the Board of Directors through Acta N.3 de la Sesión Ordinaria del 21 de enero de este año.
In addition, I expressly request that I be provided with the list and credentials of the professionals who comprise the current Academic Excellence Committee, appointed without authority by the Board of Directors at its Ordinary Session of 21 de enero de 2025.
I also expressly request that an investigation be conducted to determine whether any of the current members of the CEA have relatives by affinity or consanguinity undergoing the admission process (Incorporación), in order to prevent possible influence peddling. (…)
I designate the email address ...10 as the means for receiving the requested information and future notices, and, subsidiarily, my telephone number Telf03.” On 20 and 21 de febrero de 2025, acknowledgment of receipt was sent from accounts ...11 and ...12, respectively. (See documentary evidence).
“I, the undersigned, Nombre01, of legal age, single, attorney, membership card 24669, resident of Heredia, San Pablo, identity card number CED01, in my capacity as a member, submit the following request.
According to the attached email, signed by Mr. Martin Mesén Espinoza and sent to my personal email address, I am informed:
‘There are many professionals admitted with scores of 76.40 to 79.99 who would lose their jobs, and I do not want to imagine how they will feel or how they will act.’ In view of the foregoing, because this is known to people nationwide and is a matter of public interest, I request that I be provided with the lists of members and their membership card numbers who received a score of 76.40 to 79.99 or lower, as well as the respective resolutions through which the Board of Directors verified compliance with the requirements established in the Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica for their respective admission, which must already be final and ratified.
(…)
I designate the email address ...10 as the means for receiving the requested information and future notices, and, subsidiarily, my telephone number Telf03.” (See documentary evidence).
On 21 de febrero de 2025, acknowledgment of receipt of that submission was sent by ...04, ...06, and ...15 (in the latter’s capacity as internal auditor of the respondent professional association). (See documentary evidence).
In the matter at hand (sub lite), the appellant considers that her fundamental rights were violated because the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica has not responded to two requests she submitted on 20 de febrero de 2025.
The Chamber finds that, at 12:43 hours on 20 de febrero de 2025, the appellant sent an email to ...02, ...03, ...04, ...05, ...06, ...07, ...08, and ...09, stating: “(…) I, the undersigned, Nombre01, bar member, membership card CED03, attach a request digitally signed by me (…).” A written submission was also attached, which reads: “(…) I, the undersigned, Nombre01, of legal age, single, attorney, membership card CED03, resident of Heredia, San Pablo, identity card number CED01, in my capacity as a member, submit the following request. In accordance with Article 11 of the Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica, which specifies the format and content of the Academic Excellence examination, I request that I be informed what percentage corresponds to the content assessed in the respective examination and what percentage corresponds to the legal ethics course, together comprising 100% of the grade.
Likewise, pursuant to Articles 14 and 15 of this Regulation, I request that I be provided with the list and credentials of the professionals who comprised the former Academic Excellence Committee, which was removed without authority by the Board of Directors through Minutes No. 3 of the Ordinary Session of 21 de enero of this year. In addition, I expressly request that I be provided with the list and credentials of the professionals who comprise the current Academic Excellence Committee, appointed without authority by the Board of Directors at its Ordinary Session of 21 de enero de 2025. I also expressly request that an investigation be conducted to determine whether any of the current members of the CEA have relatives by affinity or consanguinity undergoing the admission process, in order to prevent possible influence peddling. (…) I designate the email address ...10 as the means for receiving the requested information and future notices, and, subsidiarily, my telephone number Telf03.” On 20 and 21 de febrero de 2025, acknowledgment of receipt was sent from accounts ...11 and ...12, respectively.
At 14:18 hours on 20 de febrero de 2025, the claimant sent an email to ...02, ...03, ...06, ...08, ...04, ...05, ...07, ...13, ...14, and ...09, stating: “I, the undersigned, Nombre01, bar member, membership card 24669, attach an express request digitally signed by me.” A written submission was also attached, stating: “I, the undersigned, Nombre01, of legal age, single, attorney, membership card 24669, resident of Heredia, San Pablo, identity card number CED01, in my capacity as a member, submit the following request. According to the attached email, signed by Mr. Martin Mesén Espinoza and sent to my personal email address, I am informed: ‘There are many professionals admitted with scores of 76.40 to 79.99 who would lose their jobs, and I do not want to imagine how they will feel or how they will act.’ In view of the foregoing, because this is known to people nationwide and is a matter of public interest, I request that I be provided with the lists of members and their membership card numbers who received a score of 76.40 to 79.99 or lower, as well as the respective resolutions through which the Board of Directors verified compliance with the requirements established in the Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica for their respective admission, which must already be final and ratified.
(…) I designate the email address ...10 as the means for receiving the requested information and future notices, and, subsidiarily, my telephone number Telf03.” On 21 de febrero de 2025, acknowledgment of receipt of that submission was sent by ...04, ...06, and ...15 (in the latter’s capacity as internal auditor of the respondent professional association). The email accounts ...02, ...03, ...06, ...08, ...04, ...05, ...07, ...13, ...14, and ...09 are not official channels of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica for receiving submissions. The email address ...01 is the official channel for receiving submissions addressed to the respondent professional association. On 28 de marzo de 2025, the executive director of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica informed the Legal Department that several written requests submitted by the claimant did not have a valid digital-signature certificate.
On 28 de marzo de 2025, the secretary of the Board of Directors of the respondent professional association certified that, at ordinary session no. 08-25 of that collegiate body, held on 25 de febrero de 2025, the following resolution was adopted: “Refer to the Legal Department the preceding written requests, 20.2, 20.3, signed by Ms. Nombre01 (…).” It was also stated that the appellant was notified of that resolution on 5 de marzo de 2025. The Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica did not order the claimant to cure the error involving her digital signature. On 2 de abril de 2025, the claimant sent an email to ...01, once again attaching the submissions at issue in this proceeding.
Now, because the respondent authority objects to the channel used by the protected party to submit the requests at issue in this matter, and given that it challenges the validity of the digital signature contained in those requests, these issues must be clarified.
First, it is appropriate to recall the provisions of judgment no. 2008009670, issued at 9:55 hours on 13 de junio de 2008:
“(…) Within the framework of the information and knowledge society, fundamental rights may be exercised through new information technologies. With regard to the right to petition and receive a prompt response (derecho de petición y pronta respuesta), the use of electronic means introduces new nuances that must be weighed. While always bearing in mind the progressive and expansive effectiveness of that right, but also taking into account that fundamental rights are not absolute, it may be concluded that, in order to exercise the right to petition and receive a prompt response through the means made available by new technologies, the request must be channeled through a freely accessible website of the public entity or body. In addition, that electronic domain must contain a hyperlink directing users to an email address specifically designated to receive requests, whether concerning a particular matter or serving as a mailbox for all types of submissions (…)” (emphasis added).
For its part, in judgment no. 2019002204, issued at 9:15 hours on 8 de febrero de 2019, this Court addressed submissions that, although sent to unofficial email addresses, were acknowledged as received by the respondent authority or for which the authority began processing the corresponding response:
“(…) Now, in view of the foregoing and after examining the evidence submitted in the case file (autos), the Chamber considers the appellant’s claim in this respect to be well-founded, because, although the email address to which the interested party sent his request is not an official channel for receiving such submissions, the respondent acknowledged that it had proceeded to process that request and therefore had knowledge of it upon receiving it (…)”.
In the case at bar (sub iudice), the president of the respondent professional association maintains that the email accounts to which the protected party sent the submissions of February 20, 2025, are not official channels of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica for receiving submissions, since the official channel is ...01. Notwithstanding the foregoing, in the matter under examination (sub examine), it has been fully established that, on February 20 and 21, 2025, acknowledgments of receipt of the submission filed at 12:43 p.m. on February 20, 2025, were sent from accounts ...11 and ...12, respectively; likewise, on February 21, 2025, ...04, ...06, and ...15 (in the latter’s capacity as internal auditor of the respondent professional association) acknowledged receipt of the request submitted by the petitioner at 2:18 p.m. on February 20, 2025. Moreover, the evidence submitted by the respondent authority itself shows that, at ordinary session no. 08-25 held on February 25, 2025, the Board of Directors of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica resolved to refer the communications issued by the protected party to the Legal Department, which was notified to her on March 5, 2025. Accordingly, it is deemed established in this matter that the respondent professional association was aware of the submissions at issue in these proceedings.
Second, regarding the assertion by the president of the respondent association that “there is no certainty, validity, or reliability as to documents sent through a channel that is not an official channel of the Colegio, so as to ensure that the person requesting them is who she claims to be or that the appellant was the person who requested the information, due to issues with the signature on her requests,” it is appropriate to refer to the provisions of judgment no. 2023006416, issued at 9:15 a.m. on March 17, 2023:
“V.- With respect to the Ministerio de Salud, the Chamber confirmed that, by official letter no. MS-DM-2678-2023 of January 27, 2023, the ministra de Salud referred the submission to the Dirección General de Salud in order to obtain its technical support and provide a response to the appellant. Subsequently, by official letter no. MS-DGS-320-2023 of February 6, 2023, the directora general de Salud issued the following request for correction (prevención) to the protected party: ‘Regarding (sic) the requests, they must be submitted with a signature: 1. If digitally signed, the signature must meet the characteristics required by the applicable regulations, in that (sic) it must comply with the “Ley de Certificados, firmas digitales y documentos Electrónicos,” Ley N° 8454. 2. If the request is submitted by email through a document bearing a handwritten signature, as is the case here, that signature must be duly authenticated, or the interested party must be given the opportunity to sign it personally before the competent representative of the Administration responsible for receiving such documentation.
Therefore, in order to process your request, given that the communication received lacks the minimum requirements, and pursuant to the Ley General de la Administración Pública (article 285, paragraph 1, subparagraph b), and paragraph 3) and the Ley de Regulación del derecho de petición (paragraph a) of article 4 and paragraph b) of article 7), you are hereby directed to resubmit the communication containing the request so that it complies with the prescribed requirements for the handwritten-signature option. Accordingly, if the document is sent by email, the signature must be duly authenticated by an attorney; alternatively, the interested party may appear at the Dirección Área Rectora de Salud de Grecia or the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte and sign the communication in the presence of an official of the Ministerio de Salud. You are granted a period of 3 business days to resubmit the communication as specified in this official letter.
The communication may be processed or delivered to the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte via email at ...16 or to the Área Rectora de Salud de Grecia via email at ...17; if the documentation is not submitted, your request must be closed and archived. Please copy the Dirección General de Salud at ...18.’ This official letter was served on the protected party on February 7, 2023.
The Chamber emphasizes, however, that the submission filed by the petitioner was a digitized document containing his signature. To that extent, the Chamber deems applicable, mutatis mutandis, the position set forth in judgment no. 2022020101, issued at 3:02 p.m. on August 26, 2022:
‘(…) Strictly speaking, a signature constitutes a graphic representation identifying a person, placed on a document for the purpose of demonstrating its authenticity with respect to a particular person’s execution thereof or manifestation of assent. Moreover, given the contemporary dynamics of electronic or digital processing, mechanisms have been established for verifying the authenticity of documents or persons, seeking to reconcile the need for identification and authenticity with the growing trend toward digitized submissions. It is in this context that the Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, No, 8454, was enacted. By way of reference, it recognizes the functional equivalence of electronic documents (art. 3), as well as the digital signature certificate, which it defines as: “...any set of data attached or logically associated with an electronic document that makes it possible to verify its integrity, uniquely identify its author, and legally link the author to the electronic document/ A digital signature shall be deemed certified when issued under a current digital certificate granted by a registered certifier.” Viewed in this manner, it is clear that a signature consists of a feature or set of features placed on a physical document. Technological advances have led to the so-called digital signature being accorded similar functional equivalence.
In the opinion of the undersigned, the substantive exercise of the right of petition (derecho de petición) may be carried out through physical documents, which must bear the petitioner’s signature as a guarantee of identity. However, that right may likewise be exercised through other means made available to persons subject to the Administration by the technological era. The introduction of the internet as a data-transmission platform decades ago has led to its implementation as a means of providing administrative services and as a tool for filing administrative submissions online. Indeed, with the introduction and strengthening of so-called e-government, public entities have made electronic means available to the public through which people may access information of interest and, moreover, exercise their right of petition. This platform is increasingly used to enhance administrative efficiency and provide increasingly swift access to public procedures.
It should be noted that section 4 of Ley No. 8220 even requires procedures and requirements to be publicized through the internet. As part of that evolution, email is undeniably recognized as a means for conveying communications and, in turn, as a means for submitting petitions. Numerous provisions attest to the increasingly frequent use of email as a channel of communication between individuals, a phenomenon that is neither foreign nor unusual in legal-administrative relations. In this regard, see Leyes Nos. 8687 (which governs judicial communications) and 4755 (in the tax context), as well as section 243 of the LGAP. Accordingly, it is my view that email constitutes a valid digital means of expressing an intent directed toward submitting administrative petitions. It is clear that, even when this method is used, the submission must satisfy the formal requirements already noted. For example, a petition submitted by this means must allow the petitioner to be identified by stating the name of the person initiating the relevant procedure.
Nevertheless, use of this medium does not require, as a condition for acceptance, the inclusion of a signature in the form used on physical documents. Email gives rise to a presumption as to the identity of the sender who owns that account, which may be verified through the IP address from which it is sent or transmitted. Thus, if there is doubt regarding that identity or the authenticity of the source, the Administration must issue the appropriate requests for correction to verify the authenticity of the petition, as recognized in section 286.1 of the LGAP.
Accordingly, the aforementioned signature requirement is not considered applicable to the submission of a petition by email, provided that the content of the request makes it possible to establish the petitioner’s identity, as follows from section 285.1(a) of the LGAP in relation to (sic) section 4(a) of Ley No. 9097. If reasonable doubt arises concerning that identity or authenticity, the requested entity may require the submission of information for purposes of verification; however, I do not consider that using email as a means of exercising the right of petition must be accompanied by a signature of the type required for physical documents. The foregoing does not preclude the petitioner from accompanying petitions with the corresponding digital signature certificate or other mechanisms capable of demonstrating the authenticity of the request. Nevertheless, use of such a certificate is not considered a sine qua non requirement for submitting requests through digital means, as this would introduce bias arising from the so-called digital divide.
Specifically, the signature requirement referred to above applies to processing by means of physical documents, but not when the request is submitted by email, without prejudice to the Administration’s authority to verify the request’s authenticity. Requiring a signature for submissions made by email solely because that medium is used constitutes arbitrary and unfounded conduct that lacks support in any formal source and entails, it bears repeating, an unreasonable restriction on the right of petition.
Viewed in this light in the case at hand, in response to the petition submitted by the appellant, the respondent administration issued a request to cure deficiencies (prevención de subsanación) concerning three requirements that it deemed the petition in question had failed to satisfy, namely: - the subject matter of the petition; - to whom it was addressed; and - the petitioner’s signature. On this particular point, and in accordance with the foregoing discussion, the majority of this Chamber considers that, irrespective of the authority to require the curing of deficiencies in the requirements applicable to administrative petitions, the respondent entity has not established any reasonable doubt regarding the petitioner’s identity or the authenticity of the petition. Therefore, the alleged lack of a signature in the email through which the petition was submitted, and to which a failure to respond is alleged, cannot constitute a legitimate ground for the challenged rejection.
This is an application of the law that conflicts with the pro-actione doctrine (doctrina pro actione) and the principle of informality (principio de informalismo) established in provisions 224 and 286 of the LGAP and that, unquestionably, reflects an unlawful and arbitrary exercise of the aforementioned authority to issue such a request. Like all administrative action, such conduct is subject to the Legal Order (Ordenamiento Jurídico), and therefore administrative authority may not be exercised excessively by imposing requirements that are not relevant, proper, or reasonable under the specific circumstances. Even the authority in question is subject to the prohibition against arbitrariness (interdicción de la arbitrariedad), so that its conformity with the body of applicable law, as well as with the values and principles underlying the right of petition (derecho de petición) and due process in administrative proceedings (trámite debido de los procedimientos administrativos), may be assessed.
Ergo, because this was not an unmet requirement, the respondent entity had a duty to respond to the request; accordingly, since the record does not show that it provided the required response within the applicable period, this constitutional protection action (recurso de amparo) must be granted and the respondent local entity ordered to provide the requested information within a maximum period of five business days calculated from notice of this judgment (…)” (Underlining added).
In the case at bar (sub lite), the respondent authority required the protected party to submit the application with a signature authenticated by an attorney or in person if she wished to use a handwritten signature. However, the Chamber does not find that the request issued was based on a legitimate reason, such as a reasonable doubt regarding the petitioner’s identity or the authenticity of the application, under the terms of the judgment transcribed above. To that extent, such a request constitutes an arbitrary and unfounded action entailing an unreasonable restriction on the right of petition. In view of the foregoing, this claim is granted” (emphasis in the original).
In the matter before the Court (sub iudice), although the respondent authority contends that it was unable to verify the validity of the protected party’s digital signature (firma digital) on the applications under review, it is no less true that no reasonable doubt concerning her identity has been established, particularly because both the emails and the body of those applications expressly referred to the identifying information of the protected party, including her name and her identification-card and professional-membership numbers. In this regard, it should be recalled that, in the precedent transcribed above, this Court clearly stated: “the aforementioned signature requirement is not deemed relevant when an application is submitted by email, provided that the content of the request makes it possible to establish the identity of the person submitting it, as follows from provision 285.1 subsection a) of the LGAP in relation to (sic) 4 subsection a) of Ley No. 9097.
If a reasonable doubt should arise concerning that identity or authenticity, the entity receiving the request could require the submission of information for purposes of that verification; however, I do not consider that the use of email as a means of exercising the right of petition must in any event be accompanied by a signature, as is required for physical documents. The foregoing does not prevent the applicant from attaching the corresponding digital-signature certificate (certificado de firma digital) to the petitions or using other mechanisms capable of demonstrating the authenticity of the request. Nevertheless, the use of such a certificate is not deemed capable of constituting a sine qua non requirement for submitting requests by digital means, because doing so would create bias within the so-called digital divide (brecha digital).” In any event, if, even in light of the foregoing, the respondent professional association continued to have doubts regarding the petitioner’s identity, there is no indication that it issued any request to the protected party in that regard.
IV.Having clarified the foregoing, the Chamber finds that the protected party’s fundamental rights (derechos fundamentales) were violated due to the failure of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica to act diligently and promptly in addressing the matters requested in the applications submitted at 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 concerning “(…) that I be informed what (sic) percentage corresponds to the content evaluated on the respective examination and what (sic) percentage corresponds to the legal ethics course (curso de deontología jurídica) in making up 100% of the grade. Likewise, pursuant to articles 14 and 15 of this Reglamento, I request that I be provided with the list and credentials of the professionals who comprised the former Comte de Excelencia Académica, which, without authority, was removed by the Junta Directiva through Acta N.3 de la Sesión Ordinaria del 21 de enero de este año.
Furthermore, I expressly request that I be provided with the list and credentials of the professionals who comprise the current Comité de Excelencia Académica, appointed without authority by the Junta Directiva through Sesión Ordinaria del 21 de enero de 2025,” and in the application submitted at 14:18 horas del 20 de febrero de 2025. This is because, although those applications were filed on 20 de febrero de 2025, there is no record that, as of 1° de abril de 2025—that is, more than one month later—the corresponding response had been provided.
Ergo, the action is granted with respect to these grievances.
V.Finally, this Court does not fail to note that it is improper to grant the constitutional protection action with respect to the request made in the application submitted at 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 that “an investigation be conducted to determine whether any current member of the CEA has relatives by affinity or consanguinity involved in the admission process, in order to prevent possible influence peddling,” because it constitutes an exhortation (exhortación).
In this regard, in judgment nro. 2024008805 at 9:20 horas del 5 de abril de 2024, this Court explained:
“(…) First, through official letter SMTA-010-2023 del 11 de agosto de 2023, the petitioner stated to the Municipalidad de Atenas: “(…) Email: ...19 (…) because the employees of this municipality have been left without space to park our vehicles, we respectfully request authorization to use the facilities of the Estadio Municipal de Atenas as a parking area (…)”. That document bears a receipt stamp dated 21 de setiembre de 2023. Likewise, through memorial SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023, the appellant stated to the respondent local government: “(…) Email: ...19 (…) because the members of this union do not have a space in which to hold either ordinary or extraordinary meetings, we request that an office be assigned exclusively for the use of SITRAMA (…)”. That memorial bears a receipt stamp dated 27 de setiembre de 2023.
In this regard, a comprehensive reading of memorials SMTA-010-2023 and SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023 shows that, in substance, they concern exhortations rather than simple petitions or requests for information. Regarding this issue, the Chamber addressed the matter in judgment nro. 2022018615 at 9:05 horas del 12 de agosto de 2022:
“IV.- CONCERNING THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioners maintain that on 9 de junio de 2022 they sent to the email address ...20 an application in which they requested, among other things, that they be informed about matters relating to the implementation of Ley n.° 65 del 30 de julio de 1888 and compliance with a judgment issued by this Constitutional Court. They state that the application was reiterated on 14 de junio de 2022, when it was submitted in person to the office of the Ministro de Ambiente y Energía. They allege that, as of the filing of this action, they have received no response whatsoever.
A review of the record shows that, on 9 de junio de 2022, the appellant sent an email to the account ...20, attaching a memorial containing a request for information regarding compliance with a judgment issued by this Court. In this respect, it should be noted that it is undisputed in this case that this email account constitutes an official channel of the respondent authority for receiving applications. The Chamber also finds that the application was reiterated by the appellant, since the record shows that, on 14 de junio de 2022, the office of the respondent minister received memorial JFAC/032/2022 dated 9 de junio de 2022.
In that application, the petitioner requested: “1. That steps be taken as soon as possible to comply with voto 12109-2008 of the Sala Constitucional and to recover the lands in the inalienable zone (zona inalienable); and that, while the legal recovery procedure is underway, taking into account that we are located in an area of high aquifer recharge (recarga acuífera) and very high environmental and hydrogeological vulnerability (vulnerabilidad ambiental e hidrogeológica), MINAE, in coordination with the municipalities, take action to prevent activities from being permitted within the 2015 expansion of Parque Braulio Carrillo and throughout the remainder of the inalienable zone. 2. We request that, in all case files involving claims to property or possession rights, before MINAE issues decisions recognizing or denying such rights, it consult the Registro de la Propiedad Inmueble, as the technical registry authority, and the Procuraduría General de la República regarding the validity of those rights, in view of the lack of expertise from which MINAE may suffer in deciding these cases (…) 9.
That MINAE review again, and request opinions from the Registro nacional (sic) and the Procuraduría General de la República concerning, the procedures and decisions issued by former environment ministers through which they recognized property rights over lands geographically located within the inalienable zone, for purposes of transparency and to ensure that the corresponding lawful procedure was followed. 10. Considering that the lands located in the Zona Inalienable (sic) established by Ley 65 de 1888 are state property and that their administration is under the authority of MINAE, we request that any repair or construction of a road by the Ministerio de Obras Públicas, a municipality, or a private party be carried out only after prior approval from MINAE, which shall consider or take into account the potential environmental impact (efecto ambiental) on the area that may result directly from the work on the land (sic), as well as indirect impacts, such as the human burden caused by increased visits by citizens to an environmentally fragile area (…)”.
Regarding the matters requested by the appellant in points 1, 2, 9, and 10 of the application under review, it should be noted that they concern exhortations rather than simple petitions or requests for information. In this regard, the Chamber addressed the matter in judgment n.° 705-96 at 16:12 horas de 7 de febrero de 1996:
“(…) From the analysis of the official letter dated 29 de noviembre de 1995, sent by the appellant to the Ministro de Obras Públicas y Transportes (see folio 4), the failure to respond to which is the subject of the arguments raised herein, it does not appear that such failure constitutes a violation of the right of petition (derecho de petición) and prompt response (pronta respuesta) protected by article 27 of the Constitución Política. Indeed, what can be inferred from that document is that its objective was to make an exhortation (exitativa [sic]) to the Minister so that he would undertake to promote, within the Ministry under his authority, the ‘consensual, participatory, and transparent process concerning the Transformation of the State,’ as the appellant states in the pleading initiating the appeal… In view of the foregoing, the Ministro de Obras Públicas y Transportes cannot be compelled to issue a response, since he is not being asked to provide any information regarding the transformation process within his portfolio, which makes it necessary to dismiss the appeal. (…)”.
Whereas, in judgment no. 2002003910 at 15:55 hours on 30 de abril de 2002, this Chamber held that:
“(…) II.- The appellant further alleges that article 27 of the Constitución Política has been violated, because, as of this date, no response has been received to the letter sent by the Legal Advisor of the Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública to the Director del Personal del Ministerio de Educación Pública on the twenty-sixth of last February. Indeed, the cited constitutional article refers to the right of every person to address any public official or government entity in writing so that they may provide information or decide matters of interest to that person, a guarantee complemented by the right to obtain a prompt decision. However, from a reading of the document in question, the alleged failure to decide upon which is challenged (see copy at folio 6 of the case file), this Chamber concludes that such submission does not fall within the requirements of article 27 of the Constitution and article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, because it is properly an exhortation (exhortativa) or request for support (gestión de apoyo), intended to urge the respondent to use ‘his good offices so that señora Nombre02 may be permanently appointed.’ Thus, if the intention of said Legal Advisor was to have the respondent act in the manner he sought and this has not yet been done, that does not constitute an omission capable of infringing his right of petition in the terms set forth in the initial pleading (see, to similar effect, judgments number 1481-96 at 18:15 hours on 27 de marzo de 1996, number 2000-8491 at 15:01 hours on 26 de septiembre del 2000, and 2001-118 at 9:26 hours on 5 de enero del 2001). (…)” (emphasis not in the original).
The Court finds no reason to depart from the holding set forth in the aforementioned judgments, nor any grounds for assessing the situation presented differently. Consequently, given that the matters requested by the appellant in points 1, 2, 9, and 10 of the submission dated 9 de junio de 2022, reiterated on the 14th day of that same month, constitute exhortations, the appeal for constitutional relief (amparo) may not be granted with respect to those grievances” (emphasis added).
Likewise, judgment no. 2022021561 at 9:30 hours on 16 de setiembre de 2022 established:
“VI.- In points 1, 4, and 5 of the submission dated 15 de junio de 2022, the appellant requested: 1. We request that official letter JDC-SINDEU-314-2022 dated 6 de junio del 2022 be revoked and rendered ineffective (…) 4. We request an apology from the Junta Directiva Central del SINDEU for having conducted ‘a review’ of the members without taking the Seccional de Maquinaria y Equipo into account. 5. We request that these regrettable events be remedied so that they do not occur again in the future (…)”.
It should be noted that these requests do not concern requests for information made in exercise of the right of association (derecho de asociación), but instead constitute exhortations intended to urge the respondent union to undertake a series of actions consistent with the claims of the protected parties. Therefore, no infringement of the fundamental rights (derechos fundamentales) of the protected party is established with respect to points 1, 4, and 5 of the submission dated 15 de junio de 2022”.
Similarly, judgment no. 2023019751 at 9:30 hours on 11 de agosto de 2023 stated:
“V.- This Chamber finds that points 2 and 3 of the protected party’s submission, concerning ‘SECOND: That the current list of eligible candidates for the occupational position of Nursing Professionals be made generally known. THIRD: That the lists requested above be duly “placed in a location readily accessible to any staff member who requests them or demonstrates a legitimate interest,” as stated in circular GG-DAGP-0724-2021,’ do not concern a request for information or any pure and simple petition, but instead constitute exhortations intended to urge the respondent authority to make the list of eligible nursing professionals generally known and even to place it in specific locations. Accordingly, the apparent failure to respond to those points does not entail an infringement of her right of petition or her right to a prompt decision (pronta resolución) and, therefore, does not warrant relief from this Chamber. For example, regarding these matters, the Chamber ruled as follows in judgment 2002-003910 at 15:55 hours on 30 de abril de 2002:
“II.- The appellant further alleges that article 27 of the Constitución Política has been violated, because, as of this date, no response has been received to the letter sent by the Legal Advisor of the Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública to the Director del Personal del Ministerio de Educación Pública on the twenty-sixth of last February. Indeed, the cited constitutional article refers to the right of every person to address any public official or government entity in writing so that they may provide information or decide matters of interest to that person, a guarantee complemented by the right to obtain a prompt decision. However, from a reading of the document in question, the alleged failure to decide upon which is challenged (see copy at folio 6 of the case file), this Chamber concludes that such submission does not fall within the requirements of article 27 of the Constitution and article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, because it is properly an exhortation or request for support, intended to urge the respondent to use ‘his good offices so that señora Nombre02 may be permanently appointed.’ Thus, if the intention of said Legal Advisor was to have the respondent act in the manner he sought and this has not yet been done, that does not constitute an omission capable of infringing his right of petition in the terms set forth in the initial pleading (see, to similar effect, judgments number 1481-96 at 18:15 hours on 27 de marzo de 1996, number 2000-8491 at 15:01 hours on 26 de septiembre del 2000, and 2001-118 at 9:26 hours on 5 de enero del 2001). (…)” (Emphasis not in the original).
Those considerations apply to the case under review, because this Court finds no reason to depart from the holding set forth in that judgment, nor any grounds for assessing the situation presented differently. Accordingly, the appeal is dismissed with respect to those matters”.
In the case under review (sub examine), it should be recalled that what the protected party requested in official letters SMTA-010-2023 and SMTA-011-2023 dated 11 de agosto de 2023, the alleged failure to respond to which is challenged, was authorization for the staff members of the Municipalidad de Atenas to use the municipal stadium facilities for parking and the assignment of an office for the exclusive use of Sitrama. These matters clearly do not constitute mere petitions or requests for information, but rather exhortations. Therefore, because the submissions made by the claimant on 11 de agosto de 2023 consist of exhortations, this appeal may not be granted with respect to those matters (…)”.
Consequently, given that what the claimant requested in the submission made at 12:43 hours on 20 de febrero de 2025—namely, “that an investigation be conducted to determine whether any of the current members of the CEA have relatives by affinity or consanguinity undergoing the Membership process, in order to prevent possible influence peddling”—does not constitute a mere petition or request for information, but instead an exhortation, the appeal is not granted with respect to this matter.
The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, objects, or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from notification of this judgment. They are warned that any material not collected within that period will be destroyed pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 dated 22 de agosto de 2011 and published in Boletín Judicial no. 19 dated 26 de enero de 2012) and article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 dated 3 de mayo de 2012.
Therefore:
The amparo petition (recurso) is declared partially granted, solely with respect to the delay in addressing the requests (gestiones) submitted at 12:43 on 20 de febrero de 2025 concerning “(…) that I be informed what (sic) percentage corresponds to the content evaluated on the respective examination and what (sic) percentage corresponds to the legal ethics course, together comprising 100% of the grade. Likewise, pursuant to Articles 14 and 15 of these Regulations, I request that I be provided with the list and credentials of the professionals who constituted the former Comte de Excelencia Académica, which, without authority, was removed by the Junta Directiva through Minutes N.3 of the Ordinary Session of 21 de enero of this year. Furthermore, I expressly request that I be provided with the list and credentials of the professionals who constitute the current Comité de Excelencia Académica, appointed without authority by the Junta Directiva through the Ordinary Session of 21 de enero de 2025,” and at 14:18 on 20 de febrero de 2025.
Francisco Cruz Marchena, in his capacity as president and judicial and extrajudicial representative of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, or whoever holds that position, is ordered to take all necessary measures and coordinate the relevant actions within the scope of his authority so that, within EIGHT DAYS from notification of this judgment, the claimant (accionante) is notified, through the means designated for such purposes, of the response to the requests submitted at 12:43 on 20 de febrero de 2025 concerning “(…) that I be informed what (sic) percentage corresponds to the content evaluated on the respective examination and what (sic) percentage corresponds to the legal ethics course, together comprising 100% of the grade. Likewise, pursuant to Articles 14 and 15 of these Regulations, I request that I be provided with the list and credentials of the professionals who constituted the former Comte de Excelencia Académica, which, without authority, was removed by the Junta Directiva through Minutes N.3 of the Ordinary Session of 21 de enero of this year.
Furthermore, I expressly request that I be provided with the list and credentials of the professionals who constitute the current Comité de Excelencia Académica, appointed without authority by the Junta Directiva through the Ordinary Session of 21 de enero de 2025,” and at 14:18 on 20 de febrero de 2025. The foregoing shall be carried out while safeguarding restricted-access, confidential, and sensitive personal data in accordance with the regulations in force. If any costs are incurred as a result of the requested copies, they shall be borne by the interested party. The respondent authority (autoridad recurrida) is advised that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order issued in amparo proceedings (recurso de amparo) that must be complied with or enforced and fails to comply with or enforce it, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment (ejecución de sentencia) in contentious-administrative proceedings (contencioso administrativo). In all other respects, the petition is denied. Let notice be served.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.
Ingrid Hess H. Fernando Lara G.
Res. 2025016724 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y veinticinco minutos del tres de junio de dos mil veinticinco.
Recurso de amparo que se tramita en expediente 25-007121-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra el COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA.
Resultando:
Redacta el magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
La parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, dado que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica no ha dado respuesta a dos solicitudes que formuló el 20 de febrero de 2025.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
“(…) La suscrita, Nombre01. mayor, soltera, abogada carné CED03, vecina de Heredia, San Pablo, cédula de identidad número CED01; en mi condición de agremiada, realizo la siguiente solicitud.
De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica, indica la forma y contenido del examen de Excelencia Academia, por lo cual solicito se me indique, cuanto (sic) porcentaje equivale a contenido evaluado en el respectivo examen y cuanto (sic) porcentaje equivale al curso de deontología jurídica para conformar el 100% de la nota.
Asimismo, solicito de conformidad con los artículos 14 y 15 de este Reglamento, se me proporcione la lista y los atestados de las profesionales que constituían el anterior Comte de Excelencia Académica, que, sin competencia, fue destituido por la Junta Directiva mediante Acta N.3 de la Sesión Ordinaria del 21 de enero de este año.
Además, solicito de manera expresa, se me suministre la lista y atestados de los profesionales que conforman el presente Comité de Excelencia Académica, nombrados sin competencia por la Junta Directiva, mediante Sesión Ordinaria del 21 de enero de 2025.
También realzo petición expresa, de que se investigue si alguno de los miembros actuales del CEA, tiene familiares por afinidad o consanguinidad en proceso de Incorporación, esto para evitar un posible tráfico de influencias. (…)
Señalo como medio para recibir lo solicitado y para futuras notificaciones el correo electrónico ...10 y subsidiariamente mi número telefónico Telf03”.
El 20 y el 21 de febrero de 2025, desde las cuentas ...11 y ...12, respectivamente, se dio acuse de recibido. (Ver prueba documental).
“La suscrita, Nombre01, mayor. soltera. abogada carné 24669, vecina de Heredia, San Pablo, cédula de identidad número CED01. en mi condición de agremiada, realizo la siguiente solicitud.
De conformidad con el correo adjunto, suscrito por el señor Martin Mesén Espinoza, remitido a m correo electrónico personal, se me indica:
"Hay muchos profesionales incorporados con 76.40 a 79.99 que perderían su empleo y no quiero imaginarme cómo se van a sentir y cómo van a actuar. " En razón de lo anterior y por ser de conocimiento de personas a nivel nacional y tratarse de interés público, solcito la remisión de las listas de las personas agremiadas y los números de carné, con nota de 76.40 a 79.99 o menor, así como los respectivos acuerdos por los cuales la Junta Directiva verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica para su respectiva incorporación, los cuales ya deben estar firmes y ratificados.
(…)
Señalo como medio para recibir lo solicitado y para futuras notificaciones el correo electrónico ...10 y subsidiariamente mi número telefónico Telf03”. (Ver prueba documental).
El 21 de febrero de 2025 se dio acuse de recibido a esa gestión por parte de ...04, ...06 y ...15 (en su condición de auditor interno de la corporación gremial recurrida). (Ver prueba documental).
En el sub lite, la parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, dado que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica no ha dado respuesta a dos solicitudes que formuló el 20 de febrero de 2025.
La Sala comprueba que, a las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025, la recurrente envió un correo electrónico a ...02, ...03, ...04, ...05, ...06, ...07, ...08 e ...09, en el que indicó: “(…) La suscrita, Nombre01, colegiada carné CED03, adjunto solicitud firmada digitalmente por mi persona (…)”. Además, se adjuntó un memorial en el que se lee: “(…) La suscrita, Nombre01. mayor, soltera, abogada carné CED03, vecina de Heredia, San Pablo, cédula de identidad número CED01; en mi condición de agremiada, realizo la siguiente solicitud. De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica, indica la forma y contenido del examen de Excelencia Academia, por lo cual solicito se me indique, cuanto (sic) porcentaje equivale a contenido evaluado en el respectivo examen y cuanto (sic) porcentaje equivale al curso de deontología jurídica para conformar el 100% de la nota.
Asimismo, solicito de conformidad con los artículos 14 y 15 de este Reglamento, se me proporcione la lista y los atestados de las profesionales que constituían el anterior Comte de Excelencia Académica, que, sin competencia, fue destituido por la Junta Directiva mediante Acta N.3 de la Sesión Ordinaria del 21 de enero de este año. Además, solicito de manera expresa, se me suministre la lista y atestados de los profesionales que conforman el presente Comité de Excelencia Académica, nombrados sin competencia por la Junta Directiva, mediante Sesión Ordinaria del 21 de enero de 2025. También realzo petición expresa, de que se investigue si alguno de los miembros actuales del CEA, tiene familiares por afinidad o consanguinidad en proceso de Incorporación, esto para evitar un posible tráfico de influencias. (…) Señalo como medio para recibir lo solicitado y para futuras notificaciones el correo electrónico ...10 y subsidiariamente mi número telefónico Telf03”.
El 20 y el 21 de febrero de 2025, desde las cuentas ...11 y ...12, respectivamente, se dio acuse de recibido. A las 14:18 horas del 20 de febrero de 2025, la accionante remitió un correo electrónico a ...02, ...03, ...06, ...08, ...04, ...05, ...07, ...13, ...14 e ...09, en el que señaló: “La suscrita, Nombre01, colegiada carné 24669, adjunto solicitud expresa firmada digitalmente por mi persona”. Asimismo, se adjuntó un memorial en el que se consignó: “La suscrita, Nombre01, mayor. soltera. abogada carné 24669, vecina de Heredia, San Pablo, cédula de identidad número CED01. en mi condición de agremiada, realizo la siguiente solicitud. De conformidad con el correo adjunto, suscrito por el señor Martin Mesén Espinoza, remitido a m correo electrónico personal, se me indica: "Hay muchos profesionales incorporados con 76.40 a 79.99 que perderían su empleo y no quiero imaginarme cómo se van a sentir y cómo van a actuar.
" En razón de lo anterior y por ser de conocimiento de personas a nivel nacional y tratarse de interés público, solcito la remisión de las listas de las personas agremiadas y los números de carné, con nota de 76.40 a 79.99 o menor, así como los respectivos acuerdos por los cuales la Junta Directiva verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica para su respectiva incorporación, los cuales ya deben estar firmes y ratificados. (…) Señalo como medio para recibir lo solicitado y para futuras notificaciones el correo electrónico ...10 y subsidiariamente mi número telefónico Telf03”. El 21 de febrero de 2025 se dio acuse de recibido a esa gestión por parte de ...04, ...06 y ...15 (en su condición de auditor interno de la corporación gremial recurrida). Las cuentas de correo electrónico ...02, ...03, ...06, ...08, ...04, ...05, ...07, ...13, ...14 e ...09 no son medios oficiales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para recibir gestiones.
El correo electrónico ...01 es el medio oficial para recibir gestiones de la corporación gremial recurrida. El 28 de marzo de 2025, el director ejecutivo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica comunicó al Departamento Legal que diversas notas remitidas por la accionante no cuentan con un certificado de firma digital válido. El 28 de marzo de 2025, el secretario de la Junta Directiva de la corporación gremial accionada certificó que en la sesión ordinaria nro. 08-25 de ese órgano colegiado celebrada el 25 de febrero de 2025 se tomó el acuerdo de “Trasladar al Departamento Legal, las anteriores notas, 20.2, 20.3, suscritas por la Sra. Nombre01 (…)”. Además, se consignó que ese acuerdo fue notificada a la recurrente el 5 de marzo de 2025. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica no previno a la accionante subsanar el error acaecido con su firma digital. El 2 de abril de 2025, la accionante envió un correo electrónico a ...01, por medio del cual adjuntó nuevamente las gestiones objeto de este recurso.
Ahora bien, dado que la autoridad recurrida expone su disconformidad con el medio empleado por la tutelada para remitir las gestiones objeto de este asunto y visto que cuestiona la validez de la firma digital contenida en tales gestiones, resulta menester aclarar tales temas.
Primeramente, resulta oportuno traer a colación lo dispuesto en la sentencia nro. 2008009670 de las 9:55 horas de 13 de junio de 2008:
“(…) En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)” (el destacado fue suplido).
Por su parte, en la sentencia nro. 2019002204 de las 9:15 horas de 8 de febrero de 2019, este Tribunal se pronunció respecto a gestiones que, si bien son remitidas a correos electrónicos no oficiales, la autoridad recurrida acusa su recibido o inicia la tramitación de la respuesta correspondiente:
“(…) Ahora bien, en vista de lo expuesto y luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala considera que el reclamo del recurrente en este sentido, resulta procedente, toda vez, que si bien el correo electrónico al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admitió que ha procedido a tramitar dicha solicitud, siendo que al momento que la recibió, tuvo conocimiento de ella (…)”.
En el sub iudice, el presidente de la corporación gremial recurrida sostiene que las cuentas de correo electrónico a las que la tutelada remitió las gestiones del 20 de febrero de 2025 no son medios oficiales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para recibir gestiones, toda vez que el medio oficial es ...01. Pese a lo anterior, en el sub examine queda plenamente demostrado que, el 20 y el 21 de febrero de 2025, desde las cuentas ...11 y ...12, respectivamente, se dio acuse de recibido a la gestión planteada a las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025; en tanto que, el 21 de febrero de 2025 se dio acuse de recibido a esa gestión por parte de ...04, ...06 y ...15 (en su condición de auditor interno de la corporación gremial recurrida) a la solicitud formulada por la accionante a las 14:18 horas del 20 de febrero de 2025. Aunado a lo anterior, de la propia prueba aportada por la autoridad recurrida se desprende que en la sesión ordinaria nro. 08-25 celebrada el 25 de febrero de 2025 por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se acordó trasladar al Departamento Legal las notas emitidas por la amparada, lo cual le fue notificado el 5 de marzo de 2025. De este modo, en el sub examine se tiene por acreditado que la corporación gremial recurrida tenía conocimiento de las gestiones objeto de este asunto.
De segundo, en cuanto a lo alegado por el presidente del colegio accionado respecto a que “no existe certeza, validez ni confianza en los documentos remitidos a un canal no oficial del Colegio, para asegurar que quien los está requiriendo es quien dice ser o bien, que la recurrente fue quien gestionó la información por problemas con la firma de sus solicitudes”, se estima oportuno traer a colación lo dispuesto en la sentencia nro. 2023006416 de las 9:15 horas del 17 de marzo de 2023:
“V.- Atinente al Ministerio de Salud, la Sala corroboró que, mediante oficio nro. MS-DM-2678-2023 del 27 de enero de 2023, la ministra de Salud trasladó la gestión a la Dirección General de Salud para contar con su apoyo técnico y dar una respuesta al recurrente. Luego, por oficio nro. MS-DGS-320-2023 del 6 de febrero de 2023, la directora general de Salud previno al amparado lo siguiente: “Con relación a (sic) las solicitudes, estas deben ser presentadas con firma, 1. Si es con firma digital debe cumplir con las características que exige la normativa, con relación a (sic) que debe de cumplir con la “Ley de Certificados, firmas digitales y documentos Electrónicos” Ley N° 8454. 2. Si la solicitud se gestiona vía correo electrónico, mediante un documento con firma autógrafa, caso que nos compete en esta oportunidad; dicha firma debe estar debidamente autenticada o con la posibilidad que el interesado la realice personalmente frente a la persona, representante de la Administración, competente para el recibo de dicha documentación.
Por lo tanto, en aras de atender su solicitud dado que la nota que se recibió carece de los requisitos mínimos, tal y según lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública (artículo 285, inciso 1), sub-inciso b) e inciso 3) y en la Ley de Regulación del derecho de petición (inciso a) de su artículo 4 y b) de su artículo 7), se apercibe que debe presentar la nota con la petitoria nuevamente con el fin que cumpla con lo establecido con la opción de firma autógrafa, para ello, en el caso de enviar el documento por correo electrónico la firma debe estar debidamente autenticada por un abogado; caso contrario, la otra opción que cuenta el interesado, es apersonarse a la Dirección Área Rectora de Salud de Grecia o a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte y firmar la nota enfrente de un funcionario de Ministerio de Salud. Para ello se le otorga un plazo de plazo de 3 días hábiles para presentar nuevamente la nota con lo indicado en este oficio, esta nota la puede tramitar o hacer llegar en la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte por medio del correo electrónico ...16 o en el Área Rectora de Salud de Grecia al correo electrónico ...17; en caso de que la documentación no se presente su solicitud debe ser archivada. Favor copiar el correo electrónico de la Dirección General de Salud ...18.” Este oficio fue notificado al amparado el 7 de febrero de 2023.
Ahora bien, la Sala subraya que la gestión planteada por el accionante era un documento digitalizado que contenía su firma. En ese tanto, la Sala estima aplicable, mutatis mutandis, el criterio expuesto en la sentencia nro. 2022020101 de las 15:02 horas del 26 de agosto de 2022:
“(…) En rigor, la firma constituye una representación gráfica de identificación de la persona, que se consigna en un documento, con el fin de expresar su autenticidad en cuanto a la suscripción o concurrencia de voluntad de determinada persona. Por otro lado, dada la dinámica contemporánea de tramitación electrónica o digital, se han establecido dispositivos de verificación de autenticidad de documentos o de personas, que pretenden armonizar la necesidad de identificación y autenticidad, con la creciente tendencia de las gestiones digitalizadas. Es en ese orden que se emite la Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, No, 8454, en la cual, a modo de simple referencia, se reconoce la equivalencia funcional de los documentos electrónicos (art. 3), así como al certificado de firma digital, que define como: “...cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico/ Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado.” Así considerado, es claro que la firma dice de un rasgo o conjunto de ellos que se plasman en un documento físico. Los avances tecnológicos han llevado a impregnar de similar equivalencia funcional a la denominada firma digital.
Para quien suscribe, el ejercicio material del derecho de petición puede realizarse mediante documentos físicos, en los cuales, debe consignarse la firma del petente, como garantía de identidad. Sin embargo, ese ejercicio igualmente puede llevarse a cabo mediante otros medios que la era tecnológica pone a disposición de las personas administradas. La introducción del internet como plataforma de transmisión de datos, desde hace décadas, ha llevado a la implementación de esta plataforma como medio de prestación de actividades administrativas, así como herramienta para la formulación de gestiones administrativas en línea En efecto, con la introducción y fortalecimiento del denominado e-goverment, los entes públicos han puesto a disposición del público medios electrónicos mediante los cuales pueden acceder a información de interés, pero, además, a concretar su derecho de petición. Es cada vez más frecuente el uso de esta plataforma para potenciar la eficiencia administrativa y mi acceso cada vez más ágil a los trámites públicos.
Véase que incluso el numeral 4 de la Ley No. 8220 ordena la divulgación de trámites y requisitos mediante la plataforma de internet. Como parte de esa evolución, es innegable el reconocimiento del correo electrónico como medio de divulgación de comunicaciones, pero a su vez, como medio de formulación de peticiones. Múltiples normas dan cuenta de la cada vez más frecuente utilización del correo electrónico como canal de comunicación entre las personas, fenómeno que no resulta ajeno ni extraño a las relaciones jurídico-administrativas. En ese orden puede verse las Leyes Nos. 8687 (que regula las comunicaciones judiciales), 4755 (en el plano fiscal), así como el precepto 243 de la LGAP. En ese sentido, es mi consideración que el correo se constituye en un medio digital válido para expresar una manifestación de voluntad direccionada a formular peticiones administrativas. Es claro que, aun utilizando esa modalidad, la gestión debe llenar las exigencias formales ya señaladas.
Verbigracia, la petición realizada por este medio debe permitir la identificación de la persona gestionante, mediante la referencia del nombre de quien promueve determinado trámite. Empero, el uso de este medio no precisa, como condición de ingreso, de la inclusión de una firma tal y como es considerada en documentos físicos. El correo electrónico hace presuponer una identidad de la persona remitente, titular de ese medio, aspecto verificable a partir de la dirección IP mediante la cual se remite o transmite, de manera que, si existe duda en cuanto a esa identidad o autenticidad de la fuente, lo debido es que la administración ordene las prevenciones de rigor para verificar la autenticidad de la petición, tal y como lo reconoce el canon 286.1 de la LGAP.
De esa manera, la exigencia de firma aludida, no se estima pertinente en la remisión de una gestión por la vía del correo electrónico, sin perjuicio que el contenido de la solicitud permita establecer la identidad de la persona gestionante, tal y como se desprende del precepto 285.1 inciso a) de la LGAP en relación al (sic) 4 inciso a) de la Ley No. 9097. Frente a la eventual duda razonable que pueda establecerse en torno a esa identidad o autenticidad, es que el ente requerido podría prevenir el aporte de datos para dicho cotejo, pero en modo alguno, estimo que el uso del correo electrónico como medio de ejercicio del derecho de petición, deba acompañarse de una firma como es preciso para los documentos físicos. Lo anterior no es óbice para que el gestionante pueda acompañar sus peticiones con el respectivo certificado de firma digital, o bien, de otros mecanismos que puedan reflejar la autenticidad de la solicitud. Empero, no se estima que el uso de ese certificado pueda constituirse como requisito sine qua non para la presentación de solicitudes por medios digitales, al suponer un sesgo en la denominada brecha digital.
En concreto, la exigencia de firma a la que se ha hecho referencia, se impone en la tramitación mediante documentos físicos, no así cuando la solicitud se hace mediante correo electrónico, sin perjuicio de la potestad de la administración de verificar la autenticidad de la solicitud. La exigencia de firma en gestiones formuladas mediante correo electrónico, por la sola razón de utilizar ese medio, constituye una actuación arbitraria, infundada, que no encuentra respaldo en fuente formal alguna y conlleva, se reitera, a una limitación irrazonable al derecho de petición.
Visto así en la especie, ante la petición presentada por la parte recurrente, la administración accionada previno la subsanación de tres requisitos que estimó, desatendía la solicitud de marras, a saber: - el objeto de su petición; - hacía quien va dirigida la misma y - la firma del peticionario. Sobre ese particular, y al tenor del desarrollo anterior, es consideración de la mayoría de mi Cámara, que al margen de la potestad de prevenir la subsanación de las exigencias propias de las peticiones administrativas, el ente recurrido no ha acreditado una duda razonable en cuanto a la identidad del petente o bien, en cuanto a la autenticidad de la solicitud, por lo que, la supuesta falta firma en el correo electrónico en el cual se formuló la solicitud cuya omisión de respuesta se alega, no se puede constituir en un alegato legítimo del rechazo que se reprocha. Se trata de una aplicación normativa que antagoniza con la doctrina pro actione y el principio de informalismo que estatuyen los ordinales 224 y 286 de la LGAP y que, a no dudarlo, dice de un ejercicio ilegitimo y arbitrario de la potestad de prevención aludida.
Como todo ejercicio administrativo, estas conductas se encuentran sometidas al Ordenamiento Jurídico, de manera que el ejercicio de la potestad administrativa no puede ser desbordada, pretendiendo requerimientos que no resultan pertinentes, debidos o razonables en circunstancias concretas. Aún la potestad de marras se encuentra sometida a la interdicción de la arbitrariedad, a efectos de poder cotejar su conformidad con el plexo normativo, así como con los valores y principios que nutren el derecho de petición y el trámite debido de los procedimientos administrativos. Ergo, al no tratarse de un requisito incumplido, era deber del ente recurrido dar respuesta a lo solicitado, por lo que, al no constar en autos que haya dado la respuesta debida en el plazo correspondiente, es menester declarar con lugar el presente recurso de amparo y ordenar al ente local accionado brindar la información gestionada dentro del plazo máximo de cinco días hábiles computados a partir de la comunicación de este fallo (…)” (El subrayado es agregado).
En el sub lite, la autoridad recurrida requirió al tutelado que se presentara la gestión con firma autenticada por abogado o de manera presencial, en caso de que quisiera utilizar una firma autógrafa. Sin embargo, la Sala no aprecia que la prevención efectuada se fundara en un motivo legítimo, como sería una duda razonable en cuanto a la identidad del petente o la autenticidad de la solicitud, en los términos de la sentencia transcrita. En ese tanto, tal prevención constituye una actuación arbitraria e infundada, que implica una limitación irrazonable al derecho de petición. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar este extremo” (el resaltado es del original).
En el sub iudice, si bien la autoridad recurrida aduce que no se pudo verificar la validez de la firma digital de la tutelada en las gestiones bajo estudio, no menos cierto es que no se acredita que exista una duda razonable sobre su identidad, máxime que tanto en los correos electrónicos como en el cuerpo de tales gestiones se hizo referencia expresa a los datos de identificación de la amparada, incluido su nombre y sus números de cédula y de carné de agremiada. En ese sentido, recuérdese que en el precedente transcrito este Tribunal fue claro al señalar que: “la exigencia de firma aludida, no se estima pertinente en la remisión de una gestión por la vía del correo electrónico, sin perjuicio que el contenido de la solicitud permita establecer la identidad de la persona gestionante, tal y como se desprende del precepto 285.1 inciso a) de la LGAP en relación al (sic) 4 inciso a) de la Ley No. 9097.
Frente a la eventual duda razonable que pueda establecerse en torno a esa identidad o autenticidad, es que el ente requerido podría prevenir el aporte de datos para dicho cotejo, pero en modo alguno, estimo que el uso del correo electrónico como medio de ejercicio del derecho de petición, deba acompañarse de una firma como es preciso para los documentos físicos. Lo anterior no es óbice para que el gestionante pueda acompañar sus peticiones con el respectivo certificado de firma digital, o bien, de otros mecanismos que puedan reflejar la autenticidad de la solicitud. Empero, no se estima que el uso de ese certificado pueda constituirse como requisito sine qua non para la presentación de solicitudes por medios digitales, al suponer un sesgo en la denominada brecha digital”. En todo caso, si aun en consideración de lo anterior, la corporación gremial accionada persistía en cuanto a la duda sobre la identidad de la petente, no se observa que se haya efectuado alguna prevención a la tutelada en ese sentido.
IV.Aclarado lo anterior, la Sala verifica la lesión a los derechos fundamentales de la tutelada, debido a la falta de actuación diligente y célere del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en atender lo peticionado en las gestiones de las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 en cuanto a “(…) se me indique, cuanto (sic) porcentaje equivale a contenido evaluado en el respectivo examen y cuanto (sic) porcentaje equivale al curso de deontología jurídica para conformar el 100% de la nota. Asimismo, solicito de conformidad con los artículos 14 y 15 de este Reglamento, se me proporcione la lista y los atestados de las profesionales que constituían el anterior Comte de Excelencia Académica, que, sin competencia, fue destituido por la Junta Directiva mediante Acta N.3 de la Sesión Ordinaria del 21 de enero de este año. Además, solicito de manera expresa, se me suministre la lista y atestados de los profesionales que conforman el presente Comité de Excelencia Académica, nombrados sin competencia por la Junta Directiva, mediante Sesión Ordinaria del 21 de enero de 2025” y de las 14:18 horas del 20 de febrero de 2025. Ello por cuanto, pese a que tales gestiones fueron planteadas desde el 20 de febrero de 2025, no se tiene constancia de que al 1° de abril de 2025, a saber, más de un mes después, se haya dado la respuesta correspondiente.
Ergo, se estima el asunto en cuanto a estos agravios.
V.Finalmente, este Tribunal no omite señalar la improcedencia de acoger el recurso de amparo en cuanto a lo peticionado en la gestión de las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 respecto a “que se investigue si alguno de los miembros actuales del CEA, tiene familiares por afinidad o consanguinidad en proceso de Incorporación, esto para evitar un posible tráfico de influencias”, toda vez que constituye una exhortación.
Al respecto, en la sentencia nro. 2024008805 de las 9:20 horas del 5 de abril de 2024, este Tribunal explicó:
“(…) Primeramente, por oficio SMTA-010-2023 del 11 de agosto de 2023, el accionante mencionó a la Municipalidad de Atenas: “(…) Correo electrónico: ...19 (…) debido a que los funcionarios de esta municipalidad nos hemos quedado sin espacio para parquear nuestros vehículos, respetuosamente les solicitamos autorización para utilizar las instalaciones del Estadio Municipal de Atenas como parqueo (…)”. Ese escrito cuenta con sello de recibido del 21 de setiembre de 2023. Asimismo, por memorial SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023, el recurrente señaló al gobierno local recurrido: “(…) Correo electrónico: ...19 (…) debido a que los miembros de este sindicato no contamos con un espacio para realizar las reuniones tanto ordinarias, como extraordinarias, les solicitamos se nos asigne una oficina exclusiva para uso de SITRAMA (…)”. Tal memorial cuenta con sello de recibido del 27 de setiembre de 2023.
Al respecto, de la lectura integral de los memoriales SMTA-010-2023 y SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023 se desprende que en el fondo tratan de exhortaciones y no de peticiones simples o de solicitudes de información. Acerca de este tema, la Sala se refirió en la sentencia nro. 2022018615 de las 9:05 horas del 12 de agosto de 2022:
“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, los accionantes sostienen que el 9 de junio de 2022 remitieron a la dirección electrónica ...20 una gestión en la que solicitaron, entre otras cosas, les comunicaran sobre aspectos relacionados con la implementación de la Ley n.° 65 del 30 de julio de 1888 y el cumplimiento de una sentencia dictada por este Tribunal Constitucional. Afirman que tal gestión fue reiterada el 14 de junio de 2022, momento en el que se formuló de forma personal ante el despacho del ministro de Ambiente y Energía. Acusan que, al momento te interposición de este recurso, no han recibido respuesta alguna.
Del estudio de los autos se desprende que, el 9 de junio de 2022 la parte recurrente remitió un correo electrónico a la cuenta ...20, en el que se adjuntó un memorial que contiene una solicitud de información referente al cumplimiento de una sentencia dictada por este Tribunal. Al respecto, cabe señalar que en la especie se tiene como incontrovertido que tal correo electrónico constituye un medio oficial de la autoridad recurrida para recibir gestiones. Asimismo, la Sala verifica que tal gestión fue reiterada por la parte recurrente, dado que se aprecia que, 14 de junio de 2022, el despacho del ministro accionado recibió el memorial JFAC/032/2022 fechado 9 de junio de 2022.
En tal gestión, la parte accionante solicitó: “1. Se proceda en cuanto antes a cumplir el voto 12109-2008 de la Sala Constitucional, y se recuperen los terrenos de la zona inalienable, y mientras se lleve el procedimiento legal de recuperación, y tomando en cuenta que nos encontramos en una zona de alta recarga acuífera y de muy alta vulnerabilidad ambiental e hidrogeológica, se actúe por parte del MINAE en coordinación con las municipalidades, para que no se permitan actividades dentro de la ampliación del 2015 del Parque Braulio Carrillo y en el resto de la zona inalienable. 2. Solicitamos que, de todos los expedientes de reclamos de derechos de propiedad o posesión, antes de que el MINAE emita resoluciones que avalen o nieguen los derechos, se consulte como ente técnico registral al Registro de la Propiedad Inmueble y a la vez a la Procuraduría General de la República, sobre la veracidad de los derechos; esto ante la falta de pericia que pueden adolecer en el MINAE para resolver los casos (…) 9.
Se vuelvan a revisar por parte del MINAE, y se pida criterio al Registro nacional (sic) y Procuraduría General de la República los procedimientos y las resoluciones dictadas por ministros de ambiente anteriores por medio de las cuales han avalado derechos de propiedad de terrenos que geográficamente se encuentren en la zona inalienable, esto a efecto de la transparencia y tener la certeza que se hizo el procedimiento correspondiente y a derecho. 10. Considerando que los terrenos que se ubican en la Zona Inalienable (sic) de la Ley 65 de 1888, son patrimonio estatal, estando su administración bajo la tutela del MINAE, solicitamos que cualquier arreglo y construcción de un camino por parte del Ministerio de Obras Públicas o una municipalidad o particular se lleve a cabo previo aval del MINAE, el que considerará o tomará en cuenta el posible efecto ambiental sobre la zona que puede significar directamente las obras sobre el terrenos (sic), como las indirectas, como la carga humana por una mayor visitación de ciudadanos, en una zona ambientalmente frágil (…)”.
Sobre lo requerido por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 9 y 10 de la gestión bajo estudio, cabe indicar que trata de exhortaciones y no de peticiones simples o de solicitudes de información. Al respecto, la Sala se refirió en la sentencia n.° 705-96 de las 16:12 horas de 7 de febrero de 1996:
“(…) Del análisis del oficio de fecha 29 de noviembre de 1995, enviado por el recurrente al Ministro de Obras Públicas y Transportes (Ver a folio 4) y cuya omisión de dar respuesta es el objeto de los alegatos aquí planteados, no se observa que tal omisión constituya violación al derecho de petición y pronta respuesta tutelado por el artículo 27 de la Constitución Política. En efecto, lo que sí se desprende de ese documento, es que el objetivo que buscaba era hacerle una exitativa (sic) al señor Ministro para que se abocara a promover al interior del Ministerio que tiene a su cargo el proceso ‘concertado, participativo y transparente en la cuestión de la Transformación del Estado’, tal y como lo afirma el recurrente en el libelo de interposición del recurso… En razón de lo anterior, no se podría pretender obligar al Ministro de Obras Públicas y Transportes a rendir una respuesta, pues no se le está solicitando que rinda información alguna sobre el proceso de transformación en su cartera, lo cuál (sic) hace necesario, declarar sin lugar el recurso. (…)” .
Mientras que en la sentencia n.° 2002003910 de las 15:55 horas de 30 de abril de 2002, esta Cámara consideró que:
“(…) II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora Nombre02”.
De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)” (el destacado no es del original).
El Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en las supracitadas sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. En consecuencia, dado que lo requerido por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 9 y 10 de la gestión del 9 de junio de 2022, reiterada el día 14 de ese mismo mes, constituyen exhortaciones, no procede acoger el amparo en lo que a tales agravios refiere” (el resaltado fue agregado).
Asimismo, en la sentencia nro. 2022021561 de las 9:30 horas del 16 de setiembre de 2022 se estableció:
“VI.- En los puntos 1, 4 y 5 de la gestión del 15 de junio de 2022, la parte recurrente solicitó: 1. Solicitamos revocar y dejar sin efecto el oficio JDC-SINDEU-314-2022 con fecha 6 de junio del 2022 (…) 4. Solicitamos una disculpa por parte de la Junta Directiva Central del SINDEU, por haber realizado "una revisión" de los afiliados sin haber tomado en cuenta a la Seccional de Maquinaria y Equipo. 5. Solicitamos que se subsanen estos hechos lamentables, para que no vuelvan a ocurrir en el futuro (…)”.
Obsérvese que tales requerimientos no tratan de solicitudes de información en ejercicio del derecho de asociación, sino que constituyen exhortaciones, en las que se procuró incitar al sindicato recurrido a efectuar una serie de actuaciones acordes con las pretensiones de los tutelados. Ergo, no se verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada en cuanto a los puntos 1, 4 y 5 de la gestión del 15 de junio de 2022”.
En igual sentido, en la sentencia nro. 2023019751 de las 9:30 horas del 11 de agosto de 2023 se indicó:
“V.- Ahora bien, esta Cámara verifica que los puntos 2 y 3 de la gestión de la amparada, concernientes a “SEGUNDO: Sea de conocimiento general la lista de elegibles del puesto ocupacional de Profesionales en Enfermería actualizado a la fecha. TERCERO: Que las listas supra solicitadas sean debidamente “ubicadas en un lugar de fácil acceso a la persona funcionaria que así lo requieran o que demuestre un interés legítimo” como lo indica la circular GG-DAGP-0724-2021”, no versan sobre una solicitud de información ni alguna petición pura y simple, sino que tratan más bien de exhortaciones con las que se procura incitar a la autoridad recurrida a que haga de conocimiento general la lista de elegibles de profesionales en Enfermería y que incluso se ubiquen en determinados lugares. De allí que la aparente omisión en contestar tales puntos no implica una lesión a su derecho de petición ni tampoco al de pronta resolución y, por ende, no resulta amparable en esta Sala. Verbigracia, en lo atinente a estos temas, la Sala, mediante sentencia 2002-003910 de las 15:55 horas del 30 de abril de 2002, dispuso lo siguiente:
“II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora Nombre02”.
De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)” (El destacado no es del original).
Tales consideraciones son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Así las cosas, se desestima el recurso en relación con tales extremos”.
En el sub examine, recuérdese que lo requerido por el amparado en los oficios SMTA-010-2023 y SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023 cuya falta de respuesta se acusa fue la autorización para que las personas funcionarias de la Municipalidad de Atenas utilicen las instalaciones del estadio municipal para parquear y la asignación de una oficina para uso exclusivo de Sitrama, cuestiones que, evidentemente, no constituyen meras peticiones ni solicitudes de información, sino en exhortaciones. Por ende, al consistir en exhortaciones las gestiones planteadas por la parte accionante el 11 de agosto de 2023, no procede la estimatoria de este recurso en cuanto a estos extremos (…)”.
En consecuencia, dado que lo peticionado por la accionante en la gestión de las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 respecto a “que se investigue si alguno de los miembros actuales del CEA, tiene familiares por afinidad o consanguinidad en proceso de Incorporación, esto para evitar un posible tráfico de influencias”, no constituye una mera petición ni solicitud de información, sino que trata de una exhortación, no se estima el recurso concerniente a este extremo.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto a la demora en atender las gestiones de las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 en cuanto a “(…) se me indique, cuanto (sic) porcentaje equivale a contenido evaluado en el respectivo examen y cuanto (sic) porcentaje equivale al curso de deontología jurídica para conformar el 100% de la nota. Asimismo, solicito de conformidad con los artículos 14 y 15 de este Reglamento, se me proporcione la lista y los atestados de las profesionales que constituían el anterior Comte de Excelencia Académica, que, sin competencia, fue destituido por la Junta Directiva mediante Acta N.3 de la Sesión Ordinaria del 21 de enero de este año. Además, solicito de manera expresa, se me suministre la lista y atestados de los profesionales que conforman el presente Comité de Excelencia Académica, nombrados sin competencia por la Junta Directiva, mediante Sesión Ordinaria del 21 de enero de 2025” y de las 14:18 horas del 20 de febrero de 2025.
Se le ordena a Francisco Cruz Marchena, en su condición de presidente con representación judicial y extrajudicial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, o a quien ocupe ese puesto, que disponga todas las medidas necesarias y coordine lo pertinente dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que, plazo de OCHO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se notifique a la accionante al medio señalado para tales efectos la respuesta de las gestiones de las 12:43 horas del 20 de febrero de 2025 en cuanto a “(…) se me indique, cuanto (sic) porcentaje equivale a contenido evaluado en el respectivo examen y cuanto (sic) porcentaje equivale al curso de deontología jurídica para conformar el 100% de la nota. Asimismo, solicito de conformidad con los artículos 14 y 15 de este Reglamento, se me proporcione la lista y los atestados de las profesionales que constituían el anterior Comte de Excelencia Académica, que, sin competencia, fue destituido por la Junta Directiva mediante Acta N.3 de la Sesión Ordinaria del 21 de enero de este año.
Además, solicito de manera expresa, se me suministre la lista y atestados de los profesionales que conforman el presente Comité de Excelencia Académica, nombrados sin competencia por la Junta Directiva, mediante Sesión Ordinaria del 21 de enero de 2025” y de las 14:18 horas del 20 de febrero de 2025. Lo anterior salvaguardando los datos personales de acceso restringido, confidenciales y sensibles, de acuerdo con la normativa vigente. En caso de incurrirse en algún costo producto de las copias requeridas, el mismo correrá a cargo de la parte interesada. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.
Ingrid Hess H. Fernando Lara G.
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