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Res. 20525-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/07/2025
OutcomeResultado
The Chamber ordered the Ministry of Public Education to resolve the school’s infrastructure problems comprehensively within eighteen months and immediately adopt measures protecting students’ safety and physical integrity.La Sala ordenó al MEP resolver integralmente los problemas de infraestructura del colegio en un máximo de dieciocho meses y adoptar de inmediato medidas para proteger la seguridad e integridad de los estudiantes.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed on behalf of Carlos Manuel Vicente Castro Technical High School because of the Ministry of Public Education’s prolonged inaction on the second phase of its infrastructure project. Although the Administrative Board received CRC 105,658,051 in April 2021, years later the Educational Infrastructure Directorate still had not defined the contractual scope, comprehensively assessed the existing structure, or determined which works remained necessary. The Chamber reiterated that the Ministry must provide students and educators with the minimum infrastructure needed to make the fundamental right to public education effective. Design inconsistencies, construction and electrical defects, and internal administrative procedures did not justify leaving the project stalled. It therefore ordered the authorities to resolve the school’s infrastructure problems comprehensively and definitively within eighteen months and to adopt immediate measures protecting students’ safety and physical integrity. The State was also ordered to pay the costs, damages, and losses resulting from the violations.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo promovido en favor del Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro por la prolongada inactividad del Ministerio de Educación Pública en la segunda etapa de su proyecto de infraestructura. Aunque la Junta Administrativa recibió ₡105.658.051 en abril de 2021, años después la Dirección de Infraestructura Educativa todavía no había delimitado el objeto contractual, evaluado integralmente la estructura existente ni determinado las obras pendientes. La Sala recordó que el MEP debe proporcionar a estudiantes y docentes las condiciones mínimas de infraestructura necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a la educación pública. Las inconsistencias de diseño, las deficiencias constructivas y eléctricas y los trámites administrativos internos no justificaban la paralización. En consecuencia, ordenó resolver integral y definitivamente los problemas de infraestructura dentro de dieciocho meses y adoptar inmediatamente medidas que protejan la seguridad e integridad de los estudiantes. También condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
From the circumstances described, it is clear to this Chamber that several years have passed since the construction project was proposed and since the Board received an allocation of CRC 105,658,051.00 from the Infrastructure Funding Source for the second phase of the National Plan project, without even defining the scope of the contractual object, which contains deficiencies from the first phase. The report further indicates that it is therefore necessary to determine what is required to develop the following phase. In short, the project has not progressed because the Educational Infrastructure Directorate has not comprehensively assessed the structural condition of the work already built, has not yet determined the scope of the outstanding works, and has not taken the measures necessary to complete construction of the school infrastructure. In view of the foregoing, this amparo must be granted under the terms stated in the operative part.De lo descrito, es claro para esta Sala que han pasado varios años desde que el proyecto de obra fue planteado y desde que la Junta recibió una partida en la Fuente de Financiamiento Infraestructura para la II etapa del proyecto de Plan Nacional, por un monto de ₡105.658.051.00, sin que siquiera se haya delimitado el alcance del objeto contractual, el cual presenta deficiencias de la primera etapa. Se indica en el informe además que, es por tanto necesario determinar lo que requiere para el desarrollo de la etapa siguiente. En suma, el proyecto no ha avanzado porque la DIE no ha realizado la valoración integral del estado estructural de la obra ya construida y aún no ha determinado el alcance de las obras pendientes; ni ha tomado las medidas necesarias para finalizar la construcción de infraestructura en el centro educativo. Habida cuenta de lo anterior, se impone declarar con lugar este recurso de amparo, en los términos que se dirá.
Pull quotesCitas destacadas
"La Sala Constitucional ha dicho, reiteradamente, que es deber de las autoridades del MEP brindar —tanto a educadores, como a educandos— las condiciones mínimas de infraestructura —inmuebles, mobiliario, material didáctico, etc.— para garantizar la tutela del derecho fundamental a la educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la Constitución Política, que implica la prestación de un servicio público gratuito y costeado por la Nación."
"The Constitutional Chamber has repeatedly held that the MEP authorities have a duty to provide both educators and students with the minimum infrastructure conditions—including buildings, furniture, teaching materials, and similar resources—needed to safeguard the fundamental right to public education under Article 78 of the Constitution, which entails a free public service funded by the Nation."
Considerando III
"La Sala Constitucional ha dicho, reiteradamente, que es deber de las autoridades del MEP brindar —tanto a educadores, como a educandos— las condiciones mínimas de infraestructura —inmuebles, mobiliario, material didáctico, etc.— para garantizar la tutela del derecho fundamental a la educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la Constitución Política, que implica la prestación de un servicio público gratuito y costeado por la Nación."
Considerando III
"Es con ocasión del presente recurso, que la autoridad recurrida dispone que se debe nombrar un ingeniero de esa Dirección de Infraestructura Educativa, con el fin de que valore el estado estructural de la obra ya construida y determinar el alcance de las obras que hacen falta en el colegio Carlos Manuel Vicente Castro."
"It was only as a result of this amparo that the respondent authority decided that an engineer from the Educational Infrastructure Directorate should be appointed to assess the structural condition of the work already built and determine the scope of the works still required at Carlos Manuel Vicente Castro High School."
Considerando III
"Es con ocasión del presente recurso, que la autoridad recurrida dispone que se debe nombrar un ingeniero de esa Dirección de Infraestructura Educativa, con el fin de que valore el estado estructural de la obra ya construida y determinar el alcance de las obras que hacen falta en el colegio Carlos Manuel Vicente Castro."
Considerando III
"Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández y Lourdes Sáurez Barboza en sus calidades respectivas de Ministro de Educación y de Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ocupen tales cargos, que efectúen las coordinaciones necesarias y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, en un plazo máximo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan de manera integral y definitiva los problemas de infraestructura del Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro de tal manera que las personas estudiantes puedan asistir al centro educativo en un inmueble que garantice un ambiente sano, salubre y seguro; además, se les ordena que, de manera INMEDIATA, tomen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes."
"José Leonardo Sánchez Hernández and Lourdes Sáurez Barboza, respectively Minister of Education and Director of the Educational Infrastructure Directorate of the Ministry of Public Education, or whoever holds those offices, are ordered to make the necessary arrangements and take all actions within their respective powers so that, within a maximum period of EIGHTEEN MONTHS from notice of this judgment, the infrastructure problems at Carlos Manuel Vicente Castro Technical High School are comprehensively and definitively resolved, allowing students to attend classes in a building that guarantees a healthy, sanitary, and safe environment; they are also ordered to take the corresponding measures IMMEDIATELY to guarantee students’ safety and physical integrity."
Por tanto
"Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández y Lourdes Sáurez Barboza en sus calidades respectivas de Ministro de Educación y de Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ocupen tales cargos, que efectúen las coordinaciones necesarias y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, en un plazo máximo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan de manera integral y definitiva los problemas de infraestructura del Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro de tal manera que las personas estudiantes puedan asistir al centro educativo en un inmueble que garantice un ambiente sano, salubre y seguro; además, se les ordena que, de manera INMEDIATA, tomen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes."
Por tanto
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Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty a.m. on July fourth, two thousand twenty-five.
Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under expediente nro. 25-010997-0007-CO, filed by HAYSEN ALBERTO GUZMÁN BRENES, identity card CED01, in his capacity as president of the Junta Administrativa on behalf of Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro against the MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
Whereas:
Justice Cruz Castro delivers the opinion; and,
Considering:
The petitioner states that the Departamento de Plan Nacional of CTP Carlos Manuel Vicente Castro lacks adequate infrastructure to serve the population, despite having had the financial resources since 2021 to undertake a Phase II of the Plan Nacional Construction Project. He requests the intervention of this Chamber. He attributes the delay in carrying out and completing the work to the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública. He requests the intervention of this Chamber.
The following facts are deemed duly established and relevant to the disposition of this matter, either because they have been proven or because the respondent authority failed to address them, as directed in the initial order:
project carried out at CTP Carlos Manuel Vicente Castro, Dirección02 a. On April 22, 2021, the Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro received an allocation under the Infrastructure Funding Source for Phase II of the Plan Nacional project in the amount of ₡105.658.051.00 (see certification from the Treasurer-Accountant of the Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro).
b. On May 18, 2023, the President of the Junta Administrativa and the Director, both of Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro, requested follow-up information from the Director of Infraestructura Educativa concerning the steps taken to begin the Tourism Module Construction Project, using the models employed by DIE. (see evidence).
c. On February 15, 2024, the President of the Junta Administrativa of Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro informed the Director of Infraestructura Educativa of the need to strengthen the tourism specialty so that students could be provided with suitable conditions for their teaching and learning process. (see evidence).
d. On December 2, 2024, a technical feasibility assessment was conducted for the project at the Carlos Manuel Vicente Castro educational institution and issued through official letter DVM-A-DIE-DM-0831-2024, which details the background, an assessment of the current condition, and conclusions. In accordance with the conclusions issued in that report, the Dirección de Infraestructura Educativa is conducting a technical-legal assessment of the scope of the subject matter of the contract, encompassing the deficiencies from the first phase and the requirements for the second phase, because reports prepared by the Departamento de Desarrollo de Obra state: “the subject matter of the contract specifies that the project is to remain at the shell stage (including the roof structure and covering, baseboards, doors, and a complete ceiling).” Accordingly, it is assumed that the second phase consists of finishing work on the new construction. In these reports, officials of the Directorate note inconsistencies between the project’s Planning and Design and what was found in the construction. The Junta Administrativa accepted the project with evident construction and electrical deficiencies, including work that failed to comply with the regulations in force (see report and official letters DVM-A-DIE-DDO-UF-0072-2021 and DVM-A-DIE-DDO-UF-0155-2022).
e. On April 24, 2024, the respondent authorities were notified of the decision initiating this proceeding (the record).
f. The Dirección de Infraestructura Educativa determined that, in May 2025, it would send an Engineer from that Dirección de Infraestructura Educativa to assess the structural condition of the work already built and determine the scope of the outstanding work. (see report).
g. On June 2, 2025, the Dirección de Infraestructura Educativa informed the Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP: “For reasons related to the administrative arrangements and procedures for scheduling official trips, per diem expenses, and transportation, it was necessary to reschedule the visit for June 11 and 12 of this year in order to assess the structural condition of the work already built and determine the scope of the outstanding work. It is clarified that, once a comprehensive analysis of the project is available, the measures necessary to complete the construction of infrastructure at the educational institution would be taken.” (see report and evidence)
The Sala Constitucional has repeatedly held that the MEP authorities have a duty to provide both educators and students with the minimum infrastructure conditions—buildings, furnishings, teaching materials, etc.—necessary to guarantee protection of the fundamental right to public education, under the terms established in Article 78 of the Constitución Política, which entails providing a free public service funded by the Nation (see judgment No. 2021005847 issued at 09:15 a.m. on March 19, 2021). For this reason, in judgment No. 2022018599 issued at 09:05 a.m. on August 12, 2022, the Chamber ruled as follows:
“…After analyzing the evidence submitted, this Court finds that the fundamental rights of the students of Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas, were violated.
Now then, from the report submitted by the representatives of the respondent authorities—which is deemed to have been given under oath, with the consequences, including criminal consequences, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted for the resolution of the matter, it has been duly established that the Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas, currently has a total enrollment of 292 students, taking into account preschool education and Cycles I and II for this year, 2022. Likewise, 2nd grade has 45 male and female students, and 4th grade has 41 students, for a total of 86. It is verified that the educational center has 04 restrooms, 03 in fair condition and 01 with minor damage. In addition, the beams in one Cycle I and II classroom, one maternal preschool classroom, and the office have been damaged by termites. Likewise, the canopy used as a dining hall is no longer serviceable and is in very poor condition.
Moreover, it is established that on June 23, 2022, the parents and students held a strike because of the lack of staff-position codes and the poor infrastructure of the educational center. That same day, the regional director appeared and contacted the director of the DIE at that time, who committed to holding a virtual meeting on June 29, 2022; the meeting was attended by Carlos Villalobos, deputy director of the DIE, and Héctor Mendoza, the assigned engineer. It is verified that, according to official letter N° DVM-A-DIE-DM-F-0627-2022 dated July 07, 2022, issued by the Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, an urgent minor palliative-maintenance project is being processed to remedy several specific deficiencies in the facilities of the Escuela de San Isidro de Cóbano. A project for the complete construction of new facilities for the educational center is currently underway and already has finalized construction plans and environmental feasibility approval (viabilidad ambiental). Likewise, the plans are undergoing approval through the APC system of the Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.
It should be noted that, although actions aimed at finding a solution to the problems reported by the students’ parents are apparent, the fact remains that, as of the date this amparo proceeding (amparo) was filed, both the palliative work and the substantive work required to improve the infrastructure and equipment of that educational center were still in the analysis and planning phase. Indeed, according to the sworn report of the director of the Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, the project for the new educational facilities is planned for when the 2023 budget becomes available and is subject to financial availability, beginning with the first phase, consisting of the most essential work. Consequently, the educational center’s student population has had to use the existing buildings—which are in poor condition—to meet the need to maintain continuity in the educational process; however, that decision entails a high risk that part of the infrastructure could collapse and affect the students’ physical safety.
In other words, even though it is evident that the Ministerio de Educación was aware of the infrastructure improvements required by the Escuela de San Isidro before this amparo was filed, the respondent authorities have allowed this situation to persist and have been slow to provide a solution. It has also been established that the Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa plans to construct a new building, but no estimated date for carrying out the work has yet been provided.” To this may be added what was stated in judgment Nº 2021013845 at 09:15 on June 18, 2021, namely:
“In the matter under examination, the petitioners complain that the Ministerio de Educación Pública has not continued with the second phase of the construction project for the Programa Plan Nacional de Educación Especial del Liceo San Miguel de Desamparados. They add that it is necessary for the Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública to appoint an engineer to continue the project. Based on the reports submitted under oath, with the consequences, including criminal consequences, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—it is established that, indeed, on June 19, 2012, a request for the construction of a physical facility for the Special Education Cycle III and Diversified Vocational Cycle service, intended to accommodate 125 students at the Liceo San Miguel, was submitted to the Comisión Técnica Especializada Ley 8283 of the MEP.
According to Architect Magaly Alvarado of MOPT, the project was budgeted at ¢356.400.000 in its entirety. Because of the budgetary availability under Ley 8283 and the need to accommodate all educational centers offering the Cycle III and Diversified Vocational Cycle service, resources are allocated by construction phases. Once the commission authorized the amount for the first phase, it was transferred to the then DIEE. The case was processed under the regular procedure and forwarded to the Departamento de Contrataciones on November 20, 2013, with the following contractual purpose: construction of 1 detached classroom and 4 adjoining classrooms, 1 computer laboratory, a covered walkway, 1 restroom block, and electromechanical utility connections, for an amount of ¢ 104.200.785, 67, with Engineer Eric López Castellón serving as the responsible external professional. With the proper authorization of the DIEE, the work was carried out through a competitive direct-procurement procedure (contratación directa concursada), and a liquidation report was requested by email on October 15, 2015, by the coordinator of the Comisión Ley 8283.
Subsequently, on October 10, 2016, the Comisión Ley 8283, subject to budgetary availability, approved a second amount of ¢ 100 million for the educational center. The DIE is indeed completing its adaptation process following the restructuring mentioned in the filing of the appeal, and a case-management official will be formally appointed by the Departamento de Programación y Seguimiento to ensure timely and proper continuity of the case. Furthermore, it is established that funding is available through the Comisión Ley 8283 to arrange the deposit of the outstanding funds needed to complete all the requested work, subject to an updated assessment of the existing infrastructure. A visit to the educational center is currently pending so that, together with the director of the educational center and the coordinator of the institution’s Cycle III and Diversified Vocational Cycle, an assessment may be conducted of the condition of the infrastructure currently in use, the updated enrollment, and its needs under the curriculum, taking into account projected enrollment over the next three years.
It is clear from the foregoing that it is not a lack of budgetary availability that has limited continuation of the project, but rather the inactivity of the Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, which openly conflicts with the efficiency and effectiveness that must govern state action. Although the Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública underwent restructuring, the administrative authorities of the Ministerio de Educación Pública should, in the meantime, have made the necessary arrangements to prevent infrastructure projects such as the one at issue in this amparo from being halted. It is the duty of this Court to ensure the restoration of the rights of the students of the Programa Plan Nacional de Educación Especial del Liceo San Miguel de Desamparados. As for the Junta Administrativa, it is established that it took steps aimed at securing execution of the work on the second pavilion, but encountered an obstacle at the Dirección de Infraestructura del MEP. In view of the foregoing, the appeal is granted solely with respect to the Dirección de Infraestructura.” Likewise, in judgment N° 2021009707 at 09:15 on May 14, 2021, the Chamber held as follows:
“From a simple analysis of the foregoing facts, it is concluded that, since 2017, the respondent school has had a series of structural deficiencies that led to it being declared unfit for use, in addition to a series of health orders, follow-up reports, and compliance reports that have proven unsuccessful. The MEP’s inertia is such that practically none of the health orders concerning improvements to the physical structure in question have been complied with, and the respondent Ministry does not even have a remedial plan to address the problems affecting the teaching staff and student body of the protected school.
It should be noted that the health-related problems affecting the physical structure of the protected school are no minor matter, since it has been declared unfit for use. Not even the filing of this appeal prompted the administration to comply with the health orders at issue.
Although the Ministra de Educación referred to the actions taken over the past four years, the fact remains that they are merely prepared to begin designing the construction plans for the structural improvements. As the respondent authority states, it is difficult to resolve within 6 months a problem such as the one affecting the protected educational center; however, this does not excuse 4 years of inertia resulting, as of today, in nothing more than approval to begin designing the construction plans. Moreover, although the Ministra de Educación informed this Chamber of the actions that would be taken, she did not even arrange for them to be communicated to or coordinated with the Ministerio de Salud, which has been pointing out its noncompliance since 2018. Were it not for this Court’s action, there would be no administrative impetus whatsoever to guarantee the right to education and protect the physical safety and health of the teaching staff and student body of the protected educational center.
In this regard, it must not be forgotten that the authorities of the Ministerio de Educación have a duty to provide both educators and students with the minimum infrastructure conditions—buildings, furniture, teaching materials, etc.—necessary to guarantee protection of the fundamental right to public education under the terms established in Article 78 of the Constitución Política, which entails the provision of a public service—free of charge and funded by the Nation. In view of the foregoing, to protect the fundamental rights of persons and, in this particular case, of the students and the teaching and administrative staff of the protected educational center, the appropriate course is to grant the appeal under the terms to be stated in the operative portion.” In the present matter, the record shows that, on April 22, 2021, the Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro received an allocation from the Infrastructure Funding Source for the second phase of the Plan Nacional project, in the amount of ₡105.Telf01 (see the certification of the Treasurer-Accountant of the Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro).
Two years later, on May 18, 2023, the petitioner, in his capacity as President of the Junta Administrativa, and the Director, both of the Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro, requested from the respondent Directora de Infraestructura Educativa del MEP follow-up information concerning the steps taken to begin the Proyecto de Construcción de Módulo de Turismo, using the models employed by the DIE.
However, it was not until 3 years after the allocation had been granted that, on 2 de diciembre de 2024, the respondent Directorate of Educational Infrastructure ordered the preparation of the technical feasibility report for the Carlos Manuel Vicente educational center project, a study comprising the background, an assessment of the current condition, and conclusions. Among the latter, it is noted that the Directorate of Educational Infrastructure is still conducting a technical and legal assessment of the scope of the subject matter of the contract, taking into account the deficiencies from the first stage and what is required for the second stage, in accordance with the reports (DVM-A-DIE-DDO-UF-0072-2021 y DVM-A-DIE-DDO-UF-0155-2022) prepared by the Construction Development Department, which specify that: “the subject matter of the contract states that the project is to be left at the shell-construction stage (obra gris) (including the roof structure and roofing, baseboards, doors, and complete ceilings).” It is also established that the second stage must be understood to encompass the finishes for the new construction, and inconsistencies are noted between the Project Formulation and Design and what was found at the construction site.
It is also stated that the Administrative Board received the project with evident construction and electrical deficiencies, including work that failed to comply with the regulations in force. It is as a result of this writ of amparo (recurso de amparo) that the respondent authority ordered the appointment of an engineer from that Directorate of Educational Infrastructure to assess the structural condition of the work already built and determine the scope of the work still required at Colegio Carlos Manuel Vicente Castro. It further states that “for reasons relating to the administrative management and procedures involved in scheduling field visits, per diem allowances, and transportation, it was necessary to reschedule the visit for 11 y 12 de junio” Based on the foregoing, it is clear to this Chamber that several years have passed since the construction project was proposed and since the Board received an allocation under the Infrastructure Funding Source for the II stage of the Plan Nacional project, in the amount of ₡105.658.051.00, without even defining the scope of the subject matter of the contract, which contains deficiencies from the first stage.
The report further indicates that it is therefore necessary to determine what is required for development of the following stage. In short, the project has not progressed because the DIE has not conducted a comprehensive assessment of the structural condition of the work already built and has not yet determined the scope of the pending work; nor has it taken the necessary measures to complete the construction of infrastructure at the educational center.
In view of the foregoing, this writ of amparo must be granted under the terms set forth below.
As a matter of principle, I consider that cases relating to action or inaction by the Public Administration in the repair, construction, alteration, or demolition of any infrastructure project must be dismissed because such an omission is a matter of ordinary legality, the adjudication of which falls within the jurisdiction of the ordinary courts, where the interested person may more fully litigate their objections. However, when such administrative conduct, whether by omission or otherwise, results in a violation of other fundamental rights protected within this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do address the merits of the matter, because that situation constitutes an exception to my position on this subject, as occurs in this case, in which the petitioner alleges that Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro has infrastructure problems that have been documented for several years, a situation that violates the fundamental rights of the students and teaching staff of the educational center.
VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Although I agree with the majority of the Chamber that the petition should be granted, I disagree as to the forum in which the second order in the operative part of the judgment should be enforced, because the regulations governing this constitutional jurisdiction do not provide adequate mechanisms for monitoring compliance with a judgment involving highly complex technical matters, as in this case, where the construction of new infrastructure for Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro is ordered to be carried out within eighteen months. By contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo governing enforcement (artículo 155 y siguientes) offer clear advantages, such as the ability to require schedules, impose fines, establish liability, monitor stages of compliance, and so forth. Accordingly, pursuant to artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the enforcement phase should be conducted before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment-enforcement rules of that Code.
The parties are hereby advised that, if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, such items must be retrieved from the Court within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena at session número 27-11 of 22 de agosto de 2011, artículo XXVI, and published in the Boletín Judicial número 19 of 26 de enero de2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session número 43-12 held on 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI ´POR TANTO:
The petition is granted. José Leonardo Sánchez Hernández and Lourdes Sáurez Barboza, in their respective capacities as Ministro de Educación and Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa, both of the Ministerio de Educación Pública, or whoever may hold those offices, are ordered to undertake the necessary coordination and carry out all actions within the scope of their respective authority so that, within a maximum period of DIECIOCHO MESES from notification of this judgment, the infrastructure problems at Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro are fully and definitively resolved, such that students may attend the educational center in a facility that guarantees a healthy, sanitary, and safe environment; they are further ordered to take, INMEDIATA, the corresponding measures to guarantee the safety and physical integrity of the students. The respondent authorities are advised that, pursuant to artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in a writ of amparo proceeding that they are required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be subject to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The State is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the events underlying this ruling, which shall be quantified during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction. Justice Salazar Alvarado files a note. Justice Garro Vargas dissents with respect to enforcement of this judgment and, pursuant to artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, directs that the second order of the judgment be enforced before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. She further orders that a copy of the judgment be forwarded thereto so that proceedings to enforce this ruling may be initiated. Let notice be given.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana Cristina Fernandez A.
Telephone numbers: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. south of the Perpetuo Socorro church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 25-010997-0007-CO, interpuesto por HAYSEN ALBERTO GUZMÁN BRENES, cédula de identidad CED01, en su calidad de presidente de la Junta Administrativa a favor del Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
El recurrente expone que el Departamento de Plan Nacional del CTP Carlos Manuel Vicente Castro no cuenta con la infraestructura adecuada para atender a la población, aun teniendo los recursos económicos desde el 2021 para abordar una II Etapa de Construcción de Plan Nacional. Pide la intervención de esta Sala. Atribuye el atraso en la ejecución y finalización de las obras a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública. Pide la intervención de esta Sala.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
proyecto ejecutado en el CTP Carlos Manuel Vicente Castro, Dirección02 a. El 22 de abril de 2021, la Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, recibió una partida en la Fuente de Financiamiento Infraestructura para la II etapa del proyecto de Plan Nacional, por un monto de ₡105.658.051.00 (ver constancia del Tesorero- Contador de la Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro).
b. El 18 de mayo de 2023, el Presidente de la Junta Administrativa y la Directora, ambos del Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro, solicitaron a la Directora de Infraestructura Educativa, información de seguimiento en relación con las gestiones para iniciar el Proyecto de Construcción de Módulo de Turismo, con los modelos utilizados por la DIE. (ver prueba).
c. El 15 de febrero de 2024, el Presidente de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro, señala a la Directora de Infraestructura Educativa, la necesidad de fortalecer la especialidad de turismo, de manera que se pueda brindar a los estudiantes las condiciones idóneas para su proceso de enseñanza y aprendizaje. (ver prueba).
d. El 2 de diciembre de 2024, se realizó viabilidad técnica del proyecto del centro educativo Carlos Manuel Vicente Castro y la misma fue emitida mediante oficio DVM-A-DIE-DM-0831-2024, en la que se detalla los antecedentes, valoración del estado actual y conclusiones. De conformidad con las conclusiones emitidas en dicho informe, la Dirección de Infraestructura Educativa se encuentra realizando una valoración técnico-legal del alcance del objeto contractual que contempla las deficiencias de la primera etapa y lo que se requiere en la segunda etapa, por cuanto según informes elaborados por el Departamento de Desarrollo de Obra: “el objeto contractual detalla que el proyecto queda en obra gris (incluye estructura de techos y cubierta, rodapié, puertas y cielo raso completo)”. Por consiguiente, se asume que la segunda etapa corresponde a los acabados de la obra nueva. En estos informes se advierte por parte de funcionarios de la Dirección, de inconsistencias en la Formulación y Diseño del proyecto, con respecto a lo encontrado en la obra. La Junta Administrativa recibió el proyecto con evidentes deficiencias a nivel constructivo y eléctrico, con obras que incumplían la normativa vigente (ver informe y oficios DVM-A-DIE-DDO-UF-0072-2021 y DVM-A-DIE-DDO-UF-0155-2022).
e. El 24 de abril de 2024, se notificó a las autoridades recurridas la resolución que da inicio a este proceso (los autos).
f. La Dirección de Infraestructura Educativa dispuso que en el mes de mayo de 2025, enviaría a un Ingeniero de esa Dirección de Infraestructura Educativa, con el fin de valorar el estado estructural de la obra ya construida y determinar el alcance de las obras que hacen falta. (ver informe).
g. El 2 de junio de 2025, la Dirección de Infraestructura Educativa informa a la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP, : “Que por razones de gestiones y trámites administrativos correspondientes a la programación de giras, viáticos y transporte fue necesario reprogramar la visita para el 11 y 12 de junio del presente año, con fin de valorar el estado estructural de la obra ya construida y determinar el alcance de las obras que hacen falta. Se aclara que una vez que se disponga del análisis integral del proyecto se estaría tomando las medidas necesarias para finalizar la construcción de infraestructura en el centro educativo”. (ver informe y prueba)
La Sala Constitucional ha dicho, reiteradamente, que es deber de las autoridades del MEP brindar —tanto a educadores, como a educandos— las condiciones mínimas de infraestructura —inmuebles, mobiliario, material didáctico, etc.— para garantizar la tutela del derecho fundamental a la educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la Constitución Política, que implica la prestación de un servicio público gratuito y costeado por la Nación (véase la sentencia Nº 2021005847 de las 09:15 horas del 19 de marzo de 2021). Esta es la razón por la que, en la sentencia N° 2022018599 de las 09:05 horas del 12 de agosto de 2022, la Sala dispuso lo siguiente:
“...Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de los estudiantes de la Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas.
Ahora bien, del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado, que la Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas, actualmente tiene una matrícula de 292 alumnos en su totalidad, tomando en cuenta la educación prescolar, I y II Siglo para este año 2022. Asimismo, 2do. grado cuenta con 45 estudiantes entre hombres y mujeres, y 4to. año con 41 estudiantes en su totalidad 86. Se Verifica que el centro educativo tiene 04 baños, 03 en estado regular y 01 con un pequeño daño. Aunado a ello, las vigas en un aula de I y II ciclo, una de materno y la oficina están dañadas por el comején. Asimismo, el toldo que se utiliza de comedor ya no sirve, está en muy mal estado.
Por otra parte, se constata que el 23 de junio de 2022, los padres y estudiantes realizaron una huelga por faltante de códigos y la mala infraestructura del centro educativo. Ese mismo día se apersonaron el director regional, quien contactó a la directora del DIE en ese momento, quien se comprometió a una reunión virtual para el 29 de junio de 2022, la cual fue atendida por Carlos Villalobos subdirector del DIE y Héctor Mendoza, Ingeniero asignado. Se verifica que según oficio N° DVM-A-DIE-DM-F-0627-2022 de fecha 07 de julio de 2022, emitido por la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, se está tramitando un proyecto de mantenimiento menor paliativo urgente, para subsanar varias afectaciones puntuales de las instalaciones de la Escuela de San Isidro de Cóbano. Actualmente, está en proceso un proyecto de construcción total de nuevas instalaciones para el centro educativo, el cual en este momento ya cuenta con los planos constructivos finalizados y viabilidad ambiental. Asimismo, los planos se encuentran en trámite de aprobación ante el sistema APC del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.
Nótese, que si bien, se denotan acciones tendentes a buscar una solución a la problemática denunciada por los padres de familia de los estudiandos, lo cierto es, que a la fecha de interposición de este amparo, las obras tanto paliativas como, de fondo necesarias para las mejoras en infraestructura y equipamiento de dicho centro de enseñanza, aún se encuentran en fase de análisis y planeamiento. Tal es así que, según informa bajo juramento el director de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, el proyecto de las nuevas instalaciones educativas está planteado para hasta que se cuente con el presupuesto del 2023, y dependiendo de la disponibilidad financiera, iniciando con la primera etapa consistente en las obras más esenciales, por lo que la población estudiantil del centro educativo ha debido utilizar las actuales edificaciones -en mal estado-, para suplir la necesidad de mantener la continuidad al proceso educativo; sin embargo, dicha decisión conlleva un alto riego de que cierta infraestructura colapse y pueda afectar la integridad física de los estudiantes.
Es decir, aun cuando resulta evidente que el Ministerio de Educación ha tenido conocimiento de las necesidades en cuanto a las mejoras de infraestructura que requiere la Escuela de San Isidro desde antes de la interposición de este amparo, las autoridades recurridas han sido permisivas con esta situación y tardías en darle una solución. Además, logra acreditarse que el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa tiene proyectado la creación de un nuevo edificio, pero todavía no se brinda una fecha estimada para la ejecución de las obras”.
A ello puede añadirse lo dicho en la sentencia Nº 2021013845 de las 09:15 horas del 18 de junio de 2021, a saber:
“En el sub examine, los accionantes reclaman que el Ministerio de Educación Pública no ha continuado con la segunda etapa del proyecto de construcción del Programa Plan Nacional de Educación Especial del Liceo San Miguel de Desamparados. Es necesario, agregan que la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, designe a un ingeniero para continuar con el proyecto. De conformidad con los informes rendidos bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción—, se comprueba que, en efecto, el 19 de junio de 2012, se entrega a la Comisión Técnica Especializada Ley 8283 del MEP solicitud para construcción de planta física para el servicio de Educación Especial III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, para albergar a 125 estudiantes en el Liceo San Miguel. El proyecto según la Arq. Magaly Alvarado del MOPT, presupuesta en ¢356.400.000 por la totalidad del proyecto.
Por disponibilidad presupuestaria la Ley 8283 y por albergar a todos los centros educativos con el servicio de III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, asigna los recursos por etapas constructivas. Una vez que se autoriza por parte de la comisión el monto para la primera etapa, se traslada al entonces DIEE. El caso se tramita con el procedimiento regular trasladándose al Departamento de Contrataciones el 20 de noviembre de 2013, con el objeto contractual: construcción de 1 aula aislada y 4 aulas adosadas, 1 laboratorio de cómputo, paso a cubierto, 1 batería de servicios sanitarios y acometidas electromecánicas, por un monto de ¢ 104.200.785, 67, cuyo profesional responsable externo Ing. Eric López Castellón. Con la debida autorización de la DIEE, mediante al procedimiento de contratación directa concursada la obra se ejecuta y se solicita mediante correo electrónico el 15 de octubre de 2015, enviado por la coordinadora de la Comisión Ley 8283, informe de liquidación.
Posteriormente, el 10 de octubre de 2016, la Comisión Ley 8283 por disponibilidad presupuestaria, aprueba un segundo monto por ¢ 100 millones a favor del centro educativo. La DIE, en efecto se encuentra finalizando su proceso de adaptación luego de la restructuración que acotan en la presentación del recurso, y se designará a un funcionario gestor de manera oficial, para darle continuidad al caso en tiempo y forma, por parte del Departamento de Programación y Seguimiento. De otra parte, se comprueba que hay disponibilidad presupuestaria con la Comisión Ley 8283 para formular el depósito de pendientes para completar la totalidad las obras solicitadas, previo análisis actualizado de la infraestructura existente. En este momento está pendiente una visita al centro educativo, para que en conjunto con el director del centro educativo y la coordinadora del III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional de la institución se realice un análisis de las condiciones de la infraestructura que se está utilizando en este momento, la matricula actualizada y las necesidades de ésta según la malla curricular, tomando en cuenta una proyección de matrícula en los próximos tres años.
De lo expuesto se desprende con claridad que no es la falta de disponibilidad presupuestaria lo que ha limitado la continuación del proyecto, sino la inactividad por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, lo cual contradice abiertamente eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal. Si bien la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública sufrió una restructuración, las autoridades administrativas del Ministerio de Educación Pública debieron, mientras tanto, disponer lo necesario para que los proyectos de infraestructura como el que es objeto de este amparo no se paralizaran. Es deber de este Tribunal velar por el restablecimiento de los derechos de los estudiantes del Programa Plan Nacional de Educación Especial del Liceo San Miguel de Desamparados. Por otra parte, en cuanto a la Junta Administrativa, se comprueba que ha realizado gestiones tendientes a lograr que se ejecute la obra del segundo pabellón, pero encontró la limitante en la Dirección de Infraestructura del MEP. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso en relación con la Dirección de Infraestructura se refiere únicamente”.
Asimismo, mediante la sentencia N° 2021009707 de las 09:15 horas del 14 de mayo de 2021, la Sala declaró lo siguiente:
“Del simple análisis de los anteriores hechos, se concluye, que desde el año 2017, la escuela recurrida presenta una serie de deficiencias en sus estructuras que han originado su declaratoria de inhabilitada, sin dejar de lado, una serie de medidas sanitarias, y de informes de seguimiento, y cumplimiento que han sido infructuosas. La inercia del MEP es tal, que prácticamente todas las medidas sanitarias, respecto a las mejoras en la estructura física de interés, no han sido cumplidas, y, ni siquiera existe un plan remedial por parte del Ministerio recurrido, para afrontar la problemática que aquejan el cuerpo docente y estudiantil de la escuela tutelada.
Nótese, que los problemas sanitarios que presenta la estructura física de la escuela amparada, no es cosa menor, ya que cuenta con declaratoria de inhabilitada. Ni siquiera la interposición de este recurso, motivó a la administración, a cumplir con las órdenes sanitarias en disputa.
Si bien, la Ministra de Educación, hizo una referencia de las acciones que han tomado en los últimos cuatro años, lo cierto del caso, es, que únicamente se encuentran preparados, para iniciar con el diseño de los planos de construcción para las mejoras estructurales. Tal y como lo indica la autoridad recurrida, es complejo resolver en 6 meses una problemática como la aqueja el centro educativo amparado, sin embargo, lo anterior no excusa una inercia de 4 años, para contar al día de hoy, únicamente con el visto bueno para iniciar con el diseño de los planos de construcción. Y, pese a que, la Ministra de Educación informó a esta Sala, sobre las acciones que se estarían tomando, ni siquiera dispuso su comunicación, o, coordinación con el Ministerio de Salud, quien, desde el año 2018, le viene señalando su incumplimiento. Si no es por la acción de este Tribunal, no existiría impulso administrativo alguno para garantizar el derecho a la educación, y la protección de la integridad, y salud, del cuerpo docente y estudiantil del centro educativo amparado.
Al respecto, no debe olvidarse, que es deber de las autoridades del Ministerio de Educación brindar -tanto a educadores, como a educandos- las condiciones mínimas de infraestructura -inmuebles, mobiliario, material didáctico, etc.- para garantizar la tutela del derecho fundamental a la educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la Constitución Política, que implica la prestación de un servicio público -gratuito y costeado la Nación-. En razón de lo expuesto, en protección de los derechos fundamentales de las personas y en este caso en particular, de las y los estudiantes, y del personal docente y administrativo del centro educativo amparado, lo que procede es declarar con lugar el recurso, en los términos que se dirán en la parte dispositiva”.
En el presente asunto, consta que, el 22 de abril de 2021 la Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, recibió una partida en la Fuente de Financiamiento Infraestructura para la II etapa del proyecto de Plan Nacional, por un monto de ₡105.Telf01 (ver constancia del Tesorero- Contador de la Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro). Pasados dos años, el 18 de mayo de 2023, el recurrente Presidente de la Junta Administrativa y la Directora, ambos del Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro, solicitaron a la Directora de Infraestructura Educativa del MEP recurrida, información de seguimiento en relación con las gestiones para iniciar el Proyecto de Construcción de Módulo de Turismo, con los modelos utilizados por la DIE.
Sin embargo, no fue sino 3 años después de haberse otorgado la partida, que el 2 de diciembre de 2024, la Dirección de Infraestructura Educativa recurrida dispuso realizar el informe de viabilidad técnica del proyecto del centro educativo Carlos Manuel Vicente, estudio que comprende los antecedentes, la valoración del estado actual y conclusiones. Entre estas últimas, se destaca que, la Dirección de Infraestructura Educativa se encuentra aun realizando una valoración técnico-legal del alcance del objeto contractual que contempla las deficiencias de la primera etapa y lo que se requiere en la segunda etapa, conforme a los informes (DVM-A-DIE-DDO-UF-0072-2021 y DVM-A-DIE-DDO-UF-0155-2022), elaborados por el Departamento de Desarrollo de Obra, donde se detalla que: “el objeto contractual detalla que el proyecto queda en obra gris (incluye estructura de techos y cubierta, rodapié, puertas y cielo raso completo)”.
Consta además que, debe asumirse que la segunda etapa corresponde a los acabados de la obra nueva y se advierten inconsistencias en la Formulación y Diseño del proyecto, con respecto a lo encontrado en la obra. También se señala que la Junta Administrativa recibió el proyecto con evidentes deficiencias a nivel constructivo y eléctrico, con obras que incumplían la normativa vigente. Es con ocasión del presente recurso, que la autoridad recurrida dispone que se debe nombrar un ingeniero de esa Dirección de Infraestructura Educativa, con el fin de que valore el estado estructural de la obra ya construida y determinar el alcance de las obras que hacen falta en el colegio Carlos Manuel Vicente Castro. A lo que agrega que “por razones de gestiones y trámites administrativos correspondientes a la programación de giras, viáticos y transporte fue necesario reprogramar la visita para el 11 y 12 de junio” De lo descrito, es claro para esta Sala que han pasado varios años desde que el proyecto de obra fue planteado y desde que la Junta recibió una partida en la Fuente de Financiamiento Infraestructura para la II etapa del proyecto de Plan Nacional, por un monto de ₡105.658.051.00, sin que siquiera se haya delimitado el alcance del objeto contractual, el cual presenta deficiencias de la primera etapa.
Se indica en el informe además que, es por tanto necesario determinar lo que requiere para el desarrollo de la etapa siguiente. En suma, el proyecto no ha avanzado porque la DIE no ha realizado la valoración integral del estado estructural de la obra ya construida y aún no ha determinado el alcance de las obras pendientes; ni ha tomado las medidas necesarias para finalizar la construcción de infraestructura en el centro educativo.
Habida cuenta de lo anterior, se impone declarar con lugar este recurso de amparo, en los términos que se dirá.
En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que, el Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro, presenta problemas de infraestructura, constatados desde hace varios años, situación que resulta violatoria de los derechos fundamentales de los estudiantes y personal docente del centro educativo.
VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la segunda orden de la parte dispositiva de la sentencia, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, tal como sucede en este caso, donde se ordena que en el plazo de dieciocho meses se ejecute la construcción de nuevas obras de infraestructura para el Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI ´POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández y Lourdes Sáurez Barboza en sus calidades respectivas de Ministro de Educación y de Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ocupen tales cargos, que efectúen las coordinaciones necesarias y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, en un plazo máximo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan de manera integral y definitiva los problemas de infraestructura del Colegio Técnico Profesional CTP Carlos Manuel Vicente Castro de tal manera que las personas estudiantes puedan asistir al centro educativo en un inmueble que garantice un ambiente sano, salubre y seguro; además, se les ordena que, de manera INMEDIATA, tomen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes.
Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que la segunda orden de la sentencia debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana Cristina Fernandez A.
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