← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 17098-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/06/2025
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber partially grants the amparo against the Municipality of Alajuela and MINAE, ordering them to provide requested information and communicate the status of the complaint, respectively. The rest is denied.La Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el recurso contra la Municipalidad de Alajuela y el MINAE, ordenando suministrar información solicitada y comunicar el estado de la gestión denunciante, respectivamente. Se declara sin lugar en lo demás.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo remedy filed by residents of Sabanilla de Alajuela against MINAE, the Ministry of Health, and the Municipality of Alajuela. The petitioners complain about the invasion of public infrastructure (a storm sewer) and the contamination of a water body through illegal solid waste dumping, including tires and debris, by an individual who also runs an unlicensed tire shop. They accuse the authorities of omission and inadequate response to their complaints. The Chamber analyzes each entity's actions: the Municipality answered some filings but failed to respond to a specific request for information (filing 0024331-2025); MINAE forwarded the complaint to the Municipality but did not inform the petitioners of actions taken; and the Ministry of Health was still within the legal timeframe to resolve the sanitary complaint. The Chamber holds that it cannot review the merits of administrative decisions or determine the nature of the water body, as these are matters of ordinary legality. However, it identifies two specific violations: the Municipality's failure to answer an information request, and MINAE's failure to communicate with the petitioners. Consequently, the Chamber partially grants the amparo, ordering the Municipality to provide the requested information and MINAE's Environmental Comptroller to inform the petitioners of the status of their case.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por vecinos del distrito de Sabanilla de Alajuela contra el MINAE, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Alajuela. Los recurrentes denuncian la invasión de una obra pública (una alcantarilla pluvial) y la contaminación de un cuerpo de agua por disposición ilegal de residuos sólidos, incluyendo llantas y escombros, por parte de un particular que además opera una llantera sin permisos. Acusan a las autoridades de omisión y falta de respuesta adecuada a sus denuncias. La Sala analiza las actuaciones de cada entidad: la Municipalidad respondió algunos trámites pero no contestó una solicitud concreta de información (trámite 0024331-2025); el MINAE trasladó la denuncia a la Municipalidad pero no informó a los denunciantes sobre las acciones tomadas; y el Ministerio de Salud aún se encontraba dentro de plazo para resolver la denuncia sanitaria. La Sala concluye que no le corresponde revisar el fondo de las decisiones administrativas ni determinar la naturaleza del cuerpo de agua, por ser cuestiones de legalidad ordinaria. Sin embargo, detecta dos incumplimientos puntuales: la omisión de respuesta municipal a un trámite de información y la falta de comunicación del MINAE a los denunciantes. Por ello, declara parcialmente con lugar el amparo, ordenando a la Municipalidad suministrar la información requerida y al contralor ambiental del MINAE comunicar el estado de la gestión.
Key excerptExtracto clave
Therefore: The amparo is PARTIALLY GRANTED, solely against the Municipality of Alajuela and the Ministry of Environment and Energy. Roberto Hernán Thompson Chacón, as mayor, Karen Bermúdez Fallas, as coordinator of Environmental Management, Lawrence Chacón Soto, as coordinator of Storm Sewerage, and Andrés Salas Vargas, as coordinator of Citizens' Duties, all of the Municipality of Alajuela, or their successors, are ordered to provide the petitioners, within a non-extendable period of TEN DAYS from notification of this ruling, the information requested in Filing No. 0024331-2025. Olman Mora Navarro, as Environmental Comptroller, or his successor, is ordered to communicate to the petitioners, within the same period, the status of their case. In all other respects, the amparo is denied.Por tanto: Se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, únicamente contra la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de Ambiente y Energía. Se ordena a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su calidad de alcalde, Karen Bermúdez Fallas, en su condición de coordinadora de la actividad de Gestión Ambiental, Lawrence Chacón Soto, en su carácter de coordinador de la actividad de Alcantarillado Pluvial, y Andrés Salas Vargas, en su condición de coordinador de la actividad Deberes de los Munícipes, todos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen sus cargos, que en el término improrrogable de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta resolución, le suministren a la parte recurrente la información requerida en el Trámite N° 0024331-2025. Se ordena a Olman Mora Navarro, en su calidad de contralor Ambiental, o a quien ocupe ese cargo, que en el término improrrogable de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta resolución, le comunique a la parte accionante cuál es el estado de su gestión. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"la finalidad del amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, y su procedencia, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una violación —o amenaza de ésta— a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos."
"the purpose of amparo is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, and its admissibility, in general, is conditioned not only on the existence of a violation —or threat thereof— of one or more of the rights or guarantees provided in the Constitution or fundamental rights established in duly ratified international human rights instruments, but also on the alleged grievance amounting to a direct and gross threat or breach of those rights."
Considerando I
"la finalidad del amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, y su procedencia, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una violación —o amenaza de ésta— a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos."
Considerando I
"el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad."
"amparo proceedings are eminently summary in nature —that is, brief and simple— and their process is incompatible with slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine —in a declaratory manner— whether the sub-constitutional rights cited by the parties as part of the factual basis of the amparo or the report, as the case may be, actually exist."
Considerando I
"el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad."
Considerando I
"por la vía del amparo, la Sala Constitucional no puede hacer las veces de instancia de alzada para enmendar lo resuelto en relación con denuncias en materia ambiental o de salubridad pública"
"through amparo, the Constitutional Chamber cannot act as an appellate instance to amend decisions on environmental or public health complaints"
Considerando I
"por la vía del amparo, la Sala Constitucional no puede hacer las veces de instancia de alzada para enmendar lo resuelto en relación con denuncias en materia ambiental o de salubridad pública"
Considerando I
"se constata que la substanciación se produjo sin dilaciones indebidas"
"it is verified that the proceedings took place without undue delays"
Considerando VII
"se constata que la substanciación se produjo sin dilaciones indebidas"
Considerando VII
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: June 6, 2025 at 10:15 a.m.
Type of Case: Amparo Action CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and fifteen minutes on the sixth of June, two thousand twenty-five.
Amparo action processed in expediente number 25-008467-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED04, and Nombre02, identity card CED05, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), the MINISTRY OF HEALTH (MINSA), and the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.
Whereas:
| Limpiar la vegetación a orilla de vía pública y recortar la que perjudica el paso. |
|---|
| Cercar y limpiar lotes baldíos o con viviendas deshabitadas. |
| Separar residuos pra el transporte y disposición final (según tipo de residuo y horario establecido. |
| Mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras. |
| Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras. |
| Instalar bajantes y canoas (colindancia con la vía pública). |
| Ejecutar obras de conservación en fachadas de interés. |
| Garantizar la seguridad, limpieza y mantenimiento de las propiedades. |
| Contar con un sistgema de gestión de residuos (separación, transporte y disposición) aprobado por la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos cuando el servicio público es insuficiente o no es aceptable. |
3. It was verified (sic) that on the date of the inspection and according to work report DH24022025(9-11), the property under possessory information 0000000 cadastral map A-2324047-2021 facing a public street does not violate the subsections that fall under the Duties of Municipal Residents Activity and the reported issue does not correspond to this activity. *The underlining and bold do not correspond to the original text. On the other hand, a consultation was made to the Environmental Management Sub-process, and through official letter No. MA-SGA-295-2025 dated April 4, 2025, Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinator of said unit, indicated the following: 'In response to the request for a report concerning the amparo action filed by Mr. Nombre01 under expediente 25-008467-0007-CO against the Municipality of Alajuela, I wish to indicate: ▪ The first visit recorded by the Environmental Management Sub-process to the site corresponds to the handling of complaint No. 14121-2019-SITADA from the Environmental Comptroller's Office (SITADA), responding through official letter No. MA-SGA-219-2019. ▪ At that time, the case was transferred to the ACC of SINAC Alajuela through official letter No. MASGA-217-2019 to determine if there was any type of invasion and/or impact on the protection zone of the body of water and it was also referred to the Fiscal and Urban Control Process through official letter No. MA-SGA-218-2019 for handling the issue of possible invasion of a municipal area (storm drain) with the placement of materials and the construction of the existing dwelling. ▪ SINAC indicated that at the time of the visit, no natural body of water running through that sector was identified (official letter No. OA-540-2019) and for its part, the Fiscal and Urban Control Process indicated that, according to a technical report by Eng.
Alfonso Miranda from the Public Works Investment Sub-process, it could not be established whether or not there was an invasion of a protection zone (official letter No. MA-PCFU-509-2018 and No. MA-PCFU-1639-2020). ▪ The second visit recorded by the Environmental Management Sub-process to the site corresponds to the handling of complaint No. 21008-2020-SITADA from the Environmental Comptroller's Office (SITADA), responding through official letter No. MA-SGA-327-2020. At that time, the information obtained in handling complaint No. 14121-2019-SITADA was reiterated, and additionally, it was indicated that both complaints had been directed to the Stormwater Drainage Activity (official letter No. MA-SGA-229-2020 and via SITADA) ▪ Through official letter MA-AAP-660-2020, the Stormwater Drainage Activity indicated that no problematic situation due to the interruption of the stormwater outlet was recorded, among other aspects.
It indicated that a request was made to the MINAE Water Directorate for it to rule on the nature of the channel. ▪ In response to processing #11526-SISC-2020 from the Integrated Customer Service System, a response was provided to the interested parties through official letter No. MA-SGA-329-2020 and a report was also sent to the Municipal Mayor's Office on the actions taken by this unit regarding the particular complaint, this through official letter No. MA-SGA-341-2020 ▪ In response to processing #13208-SISC-2020 from the Integrated Customer Service System, a response was provided to the interested parties through official letters No. MA-SGA-362-2020 and No. MA-SGA-365-2020 regarding the appeal for reversal (recurso de revocatoria) filed against official letter MA-SGA-329-2020, issued by this sub-process. ▪ In response to processing #13216-SISC-2020 from the Integrated Customer Service System, a response was provided to the interested parties through official letter No. MA-SGA-367-2020, providing a copy of the expedientes requested in said procedure. ▪ In response to official letter No. MA-AAP-0623-2020, the original processing #13209-2020-SISC was returned to the Municipal Mayor's Office so that the appeal (recurso de apelación) could be addressed.
This was done via official letter MA-SGA-379-2020. ▪ In response to the request made by the Municipal Mayor's Office through official letter No. MA-A-2631-2020, the case file was transferred for review of the appeal filed by the interested parties (official letter No. MA-SGA-380-2020) ▪ In response to processing #13215-SISC-2020 from the Integrated Customer Service System, a timely response was provided to the interested parties through official letter No. MA-SGA-591-2020. ▪ The appeal filed against official letter MA-SGA-329-2020 was dismissed as indicated in official letter No. MA-PSJ-403-2021 from the Legal Services Process. ▪ During the 2025 period, the complaint enters this unit again through processing #114-SISC-2025 from the Integrated Customer Service System, providing a response to the interested party No. MA-SGA-013-2025. Additionally, as it is a matter that falls outside the competencies of this sub-process, the case was transferred to the Stormwater Drainage Activity through official letter No. MA-SGA-011-2025, as it deals with drainage works. ▪ Through official letter No. MA-SGA-094-2025 and in response to official letter No. MA-A-259-2025 from the Municipal Mayor's Office, a detailed report was provided on the actions taken by this unit in relation to the case, indicating the following: o The complaint entered this unit directly through processing #114-SISC-2025 from the Integrated Customer Service System on 01/06/2025.
A timely response was provided to the interested party on 01/13/2025 through official letter No. MA-SGA-013-2025. o Given that the particular issue falls outside the competencies of this sub-process, the case was transferred to Eng. Lawrence Chacón, coordinator of the Stormwater Drainage Activity, through official letter No. MA-SGA-011-2025, informing the interested party of the course his procedure had taken. o It is important to mention that this unit additionally consulted the website https://mapas.da.go.cr/mapnew.php of the National Information System for Integrated Water Resource Management (SINIGIRH) of the MINAE Water Directorate and in that sector, what is registered is a stormwater collection channel (canal recolector de aguas pluviales), pointing out that it is a body of water that does not correspond to the public domain (official letter DA-UHTPCOSJ-2286-2020), therefore it does not have legal protection under the Ley de Aguas and Ley Forestal regarding protection of protection zones. o Regarding the issue of illegal reception and/or stockpiling of all types of waste, the application of the provisions established in the Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de los deberes de los munícipes de la Municipalidad de Alajuela could be assessed, or, the implementation of the Municipal regulation for the application of administrative infractions and sanctions of Law No. 8839 and its Reforms (Official Gazette La Gaceta No. 111 of 06/21/2023), this regarding institutional competencies. o During a follow-up visit carried out on 01/31/2025, it was possible to observe that the reception of soil has been carried out at the site, therefore, as part of our intervention, we will proceed with notifying (apercibimiento) the registered owners of the property cadastral map No. A-2324047-2021 under the figure of possessory information, this through the Act for Illegal Deposits of Soil No. 448-2025, indicating that depositing more material in said location is not permitted.
The foregoing, in accordance with the availability of personnel, information systems for locating owners, and transportation available for this purpose, without neglecting the importance that our collaboration has for the community.▪ This act generated (sic) the issuance of official letters from the Municipal Mayor's Office No. MA-A-536-2025 for the Environmental Services Sub-process and for the Duties of Municipal Residents Activity, and official letter No. MA-A-885-2025 (reminder to the Duties of Municipal Residents Activity). ▪ The Duties of Municipal Residents Activity responded through official letter No. MA-ADM-276-2025 and the Environmental Services Sub-process responded through official letter No. MA-SSA-005-2025, indicating that at the time of the inspection, no disposal of ordinary solid waste was evident at the site.
▪ Through an inspection it was verified that vegetable soil reception has also been carried out at the site. For this reason, and within the framework of the competencies of the Environmental Management Subprocess (Subproceso de Gestión Ambiental), it would be appropriate to issue warning notice No. 448-2025 for illegal soil deposits. However, this measure cannot be executed because the property is not registered in the National Registry of Property (Registro Nacional de la Propiedad), making it impossible to identify the registered owners who should be notified by the municipality. ▪ In response to what was indicated in complaint No. CA-URID-2025-002-SITADA-52049 from the Environmental Comptrollership (Contraloría Ambiental, SITADA), official letter No. MA-SGA-163-2025 is issued. ▪ In response to procedure #17709-SISC-2025 from the Integrated Customer Service System (Sistema Integrado de Servicio al Cliente), a response was provided to the interested parties through official letter No. MA-SGA-188-2025. ▪ On 04/01/2025, official letter No. MA-A-1395-2025 is received from the Mayor's Office (Alcaldía Municipal), which is under management at the time of preparing this report.
This document includes a complaint received via email (which was also forwarded to the Alajuela 1 Health Governing Area (Área Rectora de Salud) under official letter No. MA-A-1396-2025). In this context, this subprocess has acted diligently, in compliance with our institutional competencies. Each complaint received has been duly addressed and channeled in a timely manner, either to the corresponding municipal office or to the competent government entities, in accordance with the current legal framework.’ Through official letter No. MA-AAP-0403-2025, dated April 3, 2025, signed by Eng. Lawrence Chacón Soto, in his capacity as Coordinator of the Storm Drainage Activity (Actividad de Alcantarillado Pluvial), he stated that: ‘In relation to the resolution issued at eleven thirty-four hours on March twenty-seventh, two thousand twenty-five, whereby the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) requests a report regarding the Amparo Appeal (Recurso de Amparo) filed by Mr.
Nombre01, identity card CED03 and Ms. Nombre02, identity card CED06° Telf01, processed under case file No. 25-008467-0007-CO, considering the competencies and tasks pertaining to the Storm Drainage Activity, I hereby indicate: 1. That procedure No. 117-2025 of January 6, 2025, is indeed registered in the name of Mr. Nombre01 and Ms. Nombre02, to which a response was provided through official letter No. MA-AAP-0085-2025. This procedure was erroneously notified on January 29, 2025, to the email address ...02, the correct address (indicated by the user) being ...03; the response to the submitted procedure was then correctly notified. (See image 1 and 2). 2. That, in the procedure, the appellants described the situation regarding the fill being placed by their neighbor on the northwest boundary, pointing out that the culvert draining through the adjacent property was being put at risk due to the fill being placed by their neighbor.
(…) 3. In said procedure (procedure No. 117-2025), through official letter No. MA-AAP-0085-2025, the interested parties were informed that ‘at the site, there is no record of inadequate functioning of the stormwater drainage system, and considering the atypical nature of the rainy season, with rains having occurred in the months of December and January, it can be inferred that the drainage you describe functions adequately. Likewise, I must point out that the stormwater drainage you indicate does not correspond to a natural watercourse. Furthermore, as long as the drainage remains in operation, this system remains active, and the storm sewer service is not violated, our department finds no reason to issue any notification.’ 4. This response was issued in accordance with the provisions of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), which establishes: Article 20.- All possessors of real estate, by any title, are obliged to receive and allow the flow, within their properties, of road waters when so determined by the terrain's gradient and, when their lands are immediately adjacent to a road drainage, they must keep these drains clean, in perfect working order, and free of obstacles.
The Ministry or the Municipalities shall order the work to be executed and shall charge the cost of the work plus a fifty percent (50%) surcharge, if this obligation is not fulfilled. The Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) and the Municipalities must coordinate with the Ministry of Agriculture the protective measures for roads in new layout projects or in the conservation works of existing ones, in regions where they may cause or intensify erosion or divert the natural drainage of the fields. (The highlighting does not correspond to the original text). Given the above, an obligation is generated for the owner to maintain the drainage located on the farm adjacent to the appellants’ property in working order and good condition, and in the case at hand, it complies with the provisions of the General Law of Public Roads. Furthermore, one must consider the provisions established in official letter No. DAUHTPCOSJ-2286-2020 (attached) and official letters No. DA-UHTPCOSJ-0389-2025 and DA-UHTPCOSJ-0389-2025 (submitted by the appellant) where it is indicated that the body of water does not correspond to the public domain, which denotes that the pipe is located in a road drainage, complying with the provisions of the corresponding regulation.
Given the above and considering that to date, no record of obstruction or malfunction of the sewer mentioned by the appellants in their brief has been presented, there are no actions to be taken regarding stormwater management.’ *The underlining and bold text do not correspond to the original text. Lastly, the Mayor's Office, through official letter No. MA-A-1459-2025 dated April 4, 2025, stated that: ‘With instructions from the Mayor, I refer to Official Letter No. MA-PSJ-0603-2025, through which he communicates the amparo appeal filed by Mr. Nombre01 and Ms. Nombre02 (Case File No. 25-008467-0007-CO), in the following terms: In January of this year, this Mayor's Office received a copy of Procedure No. 00121-2025, signed by Mr. Nombre01 among others, regarding the alleged invasion of a public work (culvert) and eventual contamination of a stormwater channel in Sabanilla, exactly 400 meters east of the Red Cross, known as ‘Dirección02’.
This motivated the drafting of official letter No. MA-A-259-2025, through which this servant requested Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Drainage Activity, Lic. Karen Elena Bermúdez Fallas, Coordinator of the Environmental Management Subprocess, and Eng. Roy Delgado Alpízar, Director of the Infrastructure Planning and Construction Process (Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura), to issue a report on the situation (folios 01 to 11 of the case file assembled for this amparo appeal). In response, official letter No. MA-AAP-0088-2025 dated January 30, 2025, was received, in which Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Drainage Activity, indicated that he had responded to the interested party through official letter No. MA-AAP-0085-2025, which was notified through the Procedure Resolution System (Sistema de Resolución de Trámites) (see folios 12 and 13 of the case file).
Subsequently, Lic. Karen Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, submitted her response to this Mayor's Office through official letter No. MA-SGA-094-2025, in which she clarified that Mr. Nombre01’s complaint had been submitted through the Integrated Customer Service System and had already been addressed, according to official letter No. MA-SGA-013-2025. Additionally, she clarified that according to the National Information System for Integrated Water Resource Management (Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, SINIGIRH) of the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE, it is registered that the indicated stormwater collection channel constitutes a body of water that does not correspond to the public domain (official letter DA-UHTPCOSJ-2286-2020); therefore, it does not have legal protection under the Water Law (Ley de Aguas) and the Forestry Law (Ley Forestal) regarding setbacks from protection zones.
Additionally, she recommended evaluating the situation of potential illegal accumulation of waste; therefore, we proceeded to draft official letter No. MA-A-536-2025 dated February 10, 2025, which was sent to officials Eng. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinator of the Environmental Services Subprocess (Subproceso de Servicios Ambientales), and Eng. Andrés Salas Vargas, Coordinator of the Activity of Duties of the Residents (Actividad de Deberes de los Munícipes), for their attention in accordance with current regulations. Now, regarding the illegal deposit of soil, Lic. Bermúdez Fajas reported that a warning would be issued to the farm owners through Notice No. 448-2025 (see folios 16 to 25 of the case file). Additionally, we received official letters No. MA-SSA-005-2025, in which Eng. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinator of Environmental Services, reported that no disposal of ordinary waste was evident at the site and attached the corresponding photograph.
For her part, Lic. Bermúdez Fallas drafted official letter No. MA-SGA-163-2025 in which she reiterated what was noted in the previous paragraph. Both documents were sent to Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of Storm Drainage, through official letter No. MA-A-884-2025 for his assessment (see folios 26 to 28 verso of the case file). It is worth noting that through our official letter No. MA-A-1171-2025 dated March 19 of this year, we proceeded to send Mr. Nombre01 a copy of official letters No. MA-AAP-324-2025 from Eng. Chacón Soto and No. MA-SGA-163-2025 from Lic. Bermúdez Fallas. In this regard, it is important to highlight that Eng. Chacón Soto reiterated that the indicated channel does not correspond to the public domain and that there is also no impact on the stormwater service in the area or on the drainage, information that was corroborated by Lic. Bermúdez Fallas in the already cited official letter No. MA-SGA-163-2025 (see folios ___ of the case file).
Additionally, we received a copy of official letter No. MA-ADM-312-2025 dated March 25, 2025, through which Eng. Andrés E. Salas Vargas, Coordinator of the Activity of Duties of the Residents, sent his responses to Mr. Nombre01 regarding the inspections carried out and their results. This was done through Official Letters No. MA-ADM-190-2025, corresponding to Procedure No. 121-2025, and No. MA-ADM-276-2025 as a response to Procedure No. 23631-2025 (see folios 48 to 55 of the case file). On the other hand, it should be noted that Ms. Nombre02 sent an email on March 25 of this year, in which she expressed her disagreement with the actions taken and the responses received through our official letter No. MA-A-1171-2025 and indicated that she would proceed to file the corresponding complaint before the General Comptrollership of the Republic (Contraloría General de la República). Faced with this situation, the corresponding acknowledgment of receipt was given through our official letter No. MA-A-1354-2025 dated March 31, 2025 (see folios 56 to 61 of the case file).
Additionally, the following actions by this Mayor's Office are on record: Remittance of official letter No. MA-A-1355-2025 to Mr. Walter Zavala Ortega, Environmental Comptroller, to which copies of official letters No. MA-SGA-094-2025 and No. MA-SGA-163-2025 signed by Lic. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, were attached in response to official letter No. CA-URID-2025-002-SITADA-52049 (see folios 62 to 64 verso of the case file). Sending to Dr. Víctor González Jiménez, Director of the Alajuela 1 Health Governing Area, official letter No. MA-A-1356-2025, to which copies of official letters No. MA-SGA-094-2025 and No. MA-SGA-163-2025 signed by Lic. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, were attached, following the recommendation that they proceed in accordance with the General Health Law (Ley General de Salud) (see folios 65 to 69 verso of the case file).
Also, a report was requested from Eng. Emerson Bone Moya regarding the tire shop mentioned by Lic. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, through official letter No. MA-A-1357-2025 dated March 31, 2025 (see folios 70 to 72 verso of the case file). Finally, on March 27 of this year, Ms. Nombre02 sent a new email in which she reported that the waste deposits continue, despite the notification mentioned in official letter No. MA-SGA-163-2025. For this reason, this Mayor's Office sent official letter No. MA-A-1395-2025 to Lic. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, for her attention in accordance with the respective legal framework (see folios 73 of the case file) and to Dr. Víctor González Jiménez, Director of the Alajuela 1 Health Governing Area, through official letter No. MA-A-1396-2025 dated April 1, 2025. From the foregoing, it is concluded that the appellants have been duly and timely informed regarding all actions, inspections, and technical criteria issued by the competent municipal departments.
However, what is evident is a disagreement with the resolution, which we consider that the constitutional avenue is not the appropriate forum to discuss this type of conflict. I attach the original case file assembled for this amparo appeal, which contains 82 folios’. It is demonstrated that the Administration, the Storm Drainage Activity, the Environmental Management Subprocess, and the Activity of Duties of the Residents, addressed the procedure filed by the interested parties, as legally required, generating the respective responses. Even the administration itself, upon noticing an error in the email address ...02 instead of ...03, proceeded to carry out the respective notification again starting March 10 of this year. Likewise, it is verified that procedure No. 117-2025 was duly addressed with official letter No. MA-AAP-0085-2025 (see attached image) (…) By virtue of the foregoing, it is of utmost importance to mention that the processing of the procedures carried out and raised by both appellants has been fully complied with; in fact, it was more than evident that they were informed, at the contact means indicated by themselves for such purposes (email).
It is even verified that, prior to the filing of this amparo appeal, notified to this Municipality on April 2, 2025, these procedures had already been addressed and answered as of March of this year, including procedure No. 00112-2025 and procedure No. 0117-2025, which, as can be verified from the evidence provided, are the same procedure only having a different procedural number (see attached evidence)…” They request that the appeal filed be declared without merit.
Which once again makes it evident that the correct inspections by the correct officials have not been carried out. Conclusion: The reports and evidence provided by the aforementioned Ministries and by the Municipality of Alajuela only confirm the complaints of contamination filed before their offices, without there being a responsible approach or a timely solution to the problem, thereby proving the injury to the fundamental and constitutional rights to health, life, and a healthy environment, as a result of the negligence and disinterest of the various administrative competencies, which are not 'subjective' arguments as the Municipal corporation has indicated, but rather facts demonstrated even by the administrations themselves with the evidence they provide. Regarding the Ministry of Health, it is clear that it has merely limited itself to addressing the complaint for operating an establishment without a sanitary operating permit, but with respect to the complaint about contamination with waste, no concrete actions have been undertaken to provide a timely solution.
For its part, in reference to the report from the Ministry of Environment and Energy, we consider—with the respect that the honorable magistrates of our Constitutional Chamber deserve—that providing that type of 'responses' or answering nothing at all would be practically the same thing. It is a palpable fact that they have done nothing more than 'pass the ball to another player,' as we have been warning. For its part, in reference to the report from the Municipality of Alajuela, it is clear that there is negligence on the part of the responsible officials and breaches of their duties. We do not expect said corporation to 'answer in favor of anyone,' as they tendentiously pointed out, but rather to address and resolve objective facts that have been communicated through the complaint mechanism and to justify their decisions technically and legally; only in this way can the safeguarding of the public purposes they pursue and respect for the human and constitutional rights of the residents be guaranteed.
The amparo action concerns the injury that has been caused to the rights to health, life, and environmental protection; arising from the lack of interest and concrete actions by the competent authorities to address and solve the reported problem. It has not been questioned here that the Municipality does not provide answers, as it is clear that responding is an act anyone can perform; the crux of the matter here is that the Municipality does not fulfill its obligations, is negligent and neglectful in its duties to protect the environment and public works, thereby injuring our human and constitutional rights. As evidence of the foregoing, the evidence provided demonstrates that the Municipality's officials are in the habit of requesting reports from one another; but lack the capacity to coordinate and jointly resolve the underlying problem. Acting in accordance with the Municipality's own competencies is not equivalent to dedicating oneself to sending template-based official letters that 'bounce' from one place to another; it is about resolutely solving the reported problem and working in a coordinated and diligent manner with the rest of the competent authorities.
It is also deplorable that a Municipality, when responding to an amparo action, points out and attacks the citizen who only seeks to have their fundamental rights respected. It is not without reason that we have had to resort to this honorable Constitutional Chamber; it is precisely because the competent authorities have not wanted to do their job and fulfill their responsibilities, which has injured the constitutional rights not only of ourselves, but of all the citizens of the district, the canton, and the country; we are not motivated by an exclusively private interest, but by the duty and privilege we have as responsible citizens deserving of our rights. Nor have the undersigned appellants resorted to the Chamber with the aim of distorting any type of information, as the Municipality has tendentiously stated; on the contrary, we seek in good faith to demonstrate the real truth of the facts, with the evidence provided by ourselves and by the administrations themselves, in order to protect the rights that assist us as human beings, against the manifest insolence and the breach of duties and responsibilities that, to this day, we have had to endure from the authorities.
To date, and with the sight and patience of the competent administrations, the actions of contamination of the water body and municipal sewer continue, violating the human and constitutional rights of the inhabitants. Meanwhile, we ordinary citizens remain here waiting for solutions…”.
Drafted by Magistrate Salazar Murillo; and,
Considering:
Having seen the arguments of the appellant party, it is advised that the purpose of the amparo action is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, and its admissibility, in general, is conditioned not only on proving the existence of a violation—or threat thereof—to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Political Charter or those of a fundamental nature established in the international human rights instruments signed and duly incorporated into the legal system, but also on the alleged grievance involving a direct and gross threat or breach of those rights. Consequently, the amparo process is of an eminently summary nature—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine—with a declaratory character—whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual background of the amparo action or the legal report, as the case may be, actually exist.
Thus, through the amparo action, the Constitutional Chamber cannot act as an appellate instance to amend what has been resolved in relation to complaints in environmental or public health matters, since this would not only require carrying out complicated probative proceedings, incompatible with the summary nature of this venue, or weighing the application of infra-constitutional norms, but also directly substituting the administrative will and supplanting the public offices in the management of matters within their competence.
By virtue of the foregoing, the Chamber advises the appellants that it is not possible to determine, in this summary venue, whether official letters MA-SGA-013-2025 and MA SGA-188-2025, signed by Karen Bermúdez Fallas, coordinator of the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, and No. MA-AAP-0085-2025, signed by Engineer Lawrence Chacón Soto, coordinator of Storm Sewers of the Municipality of Alajuela, and MA-ADM276-2025, in which it was stated that “…upon conducting the inspection, it was verified on-site that the property does not violate the subsections relevant to the activity of residents' duties regarding public roads…”, conform or not to an adequate assessment of the facts and a correct application of the current legal regulations, nor to define whether the water body in question is or is not a rainwater collection channel that is not part of the public domain, or to establish whether or not the Environmental Management Department of the Municipality of Alajuela is correct in concluding that the matter of environmental contamination is beyond its competencies and must be transferred to another department.
It should be noted that although the claimants consider that they were not given “a response to the questions posed,” what they are actually expressing is a disagreement with what was resolved because they judge that it does not solve the problem raised. Consequently, all these are matters proper to ordinary legality—since they are not directly related to an eventual violation of a fundamental right—and must therefore be resolved through ordinary channels, administrative or jurisdictional, and this Chamber will not hear them.
Having established the foregoing, in the sub judice case, the claimants' grievance is due to the alleged lack of response to a series of complaints in environmental matters, all of which, if true, could constitute an injury to the right to enjoy prompt and complete administrative justice. Therefore, before analyzing the merits of this matter for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure, it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred—with certain exceptions—to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines, established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—and to hear the appropriate administrative appeals. However, in this case, an exception is precisely raised, as we are faced with complaints, allegedly unresolved, filed in relation to a problem specific to environmental matters that affects public health. By virtue of the foregoing, the Chamber will proceed to resolve the appeal.
The appellants claim to have filed a complaint with the Departments of Storm Sewers, Environmental Management, and Infrastructure Construction, all of the Municipality of Alajuela, regarding an invasion of public works—obstruction of a sewer—and contamination of a rainwater channel located in the district of Sabanilla de Alajuela, 400 meters east of the Red Cross. They assert that they were dissatisfied with the responses received from Ms. Karen Bermúdez Fallas, coordinator of the Environmental Management Subprocess, and Engineer Lawrence Chacón Soto, coordinator of Storm Sewers, both of the Municipality of Alajuela, judging them to lack legal basis and technical input, so they submitted the writings registered under procedure numbers No. 0024331-2025 and No. 0017709-2025, in which they asked said officials to fully address and respond to all the reported facts and answer questions related to their official letters.
However, to date they have not received any reply in this regard, nor has an intervention or on-site approach been carried out by those officials—or any other municipal department—with the aim of resolving the problem of contamination and obstruction of the storm sewer. They add that the aforementioned contamination problem was also reported to the Environmental Comptroller’s Office of MINAE (Complaint No. 52049-2025), on January 14, 2025, without, to date, the complaining party having been informed of the actions undertaken by said authority. Furthermore, on February 26, 2025, they filed a sanitary complaint with the Ministry of Health, Alajuela Health Area, in which, in addition to pointing out some matters relating to the irregular commercial activity carried out in the area of the invaded sewer, where a kind of makeshift fill was created with a large amount of waste and earth deposited on the site, the situation of “…environmental contamination and matters related to vector control due to poor solid waste management, as a result of the activity carried out and the private activities of the accused party” was indicated and explained in point number three of the reported activity.
Subsequently, through official letter CARTA-MS-DRRSCN-DARSA-1-0186-2025, engineer Ariel Alfaro Marchena, from Health Regulation, did not address the problem of contamination of the water body, so a missive was sent to her on March 3, 2025, under number NT:9639-2025, in which clarifications were requested, further evidence was provided, and she was asked to take specific actions based on the legislation to prevent further harm to health and the environment. As a result of the questions posed to Eng. Nombre03, she made a new visit on March 14, 2025, and was able to personally observe, from the appellants' property, the problem of contamination of the water body and storm sewer. However, as of the date of filing the appeal, no concrete actions aimed at resolving the problem of contamination in the indicated water body and sewer were known.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:
REGARDING THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA:
The referenced letter mentions that, after consulting the MINAE information system, it is concluded that what exists in the area is a rainwater collection channel and that therefore it does not have the protection of the Water Law and the Forest Law regarding protection setbacks. However, the letter does not mention what role your department assumes in terms of contamination in general terms; it is unknown how the inspection or visit to the area was carried out, because if it is done correctly, it can be determined that the waters flowing through said 'channel' do not disappear by 'evaporation' or 'infiltration,' they are directed meters downstream to the Tambor River, dragging with the flow all the contamination that is constantly thrown into said channel. We invite you to visit our property and from here make a visualization—at least partial—of the route of said waters, as well as the contamination that is gradually being carried to the river, let alone if the complete route of said channel is followed as appropriate. 4.
The adoption of forceful legal measures, supported by the applicable legislation within the competencies that, logically, form part of a department responsible for ensuring environmental management in the broad sense of the term, is lacking in said letter. While it is true that other departments of the Municipality have involvement in solving this problem, the corresponding measures must be taken in an integral and coordinated manner in order to put an end to it and, above all, apply concrete measures to guarantee the return of the contamination zone to its natural state; it is not only to prevent the offender from continuing to violate the law, but to ensure that the contamination ('fill') is removed to restore the area to its natural state, or that this is carried out by the Municipality itself, as responsible for ensuring that these acts do not occur in the Canton. We kindly ask you to take the correct measures based on the applicable legislation; as well as to answer the questions posed in that missive within the period established by law” (see evidence).
According to a review in the National Information System for Integrated Water Resource Management of the Water Directorate of MINAE, in that sector only a rainwater collection channel is registered, noting that it is a water body that does not correspond to the public domain and the pronouncements issued by said entity have legal basis in the Water Law, the Mining Code, Decree No. 35669-MINAET, Decree No. 36437-MINAET, and the General Law of Public Administration. As it is not a water body of the public domain, it does not have established protection areas or setbacks, as indicated in the Forest Law and the Water Law. The on-site inspection was carried out from the public road, since the Local Government does not have the authority to enter private property without authorization (see evidence).
By indicating that the 'channel is not natural,' could you tell us who 'built' it from its origins to its outflow into the Tambor River? 5. You state 'that as long as the storm sewer system is not violated and the service remains active, you find no reason to issue any notification.' Under this premise, the reported facts (sewer invasion, alteration thereof, obstruction of water outflow, contamination with waste) were entirely dismissed—surely after conducting the respective inspection—so you are requested to indicate the reasons and the legal basis that are omitted in your response. 6. You are requested to provide the photographs of the inspection carried out by your department and the respective report indicating the date and time it took place. 7. To facilitate your work, some photographs with their respective descriptions are attached hereto as annex one, again. We appreciate you telling us: what do you observe?
Does everything look good? 8. You are requested to provide a complete copy of the file for the construction project of the aforementioned sewer, carried out between 2020 and 2021. Which details the work performed and its cost. I respectfully request that you provide us with a response to the questions indicated, as they relate to the obligations that should have been verified and confirmed upon receiving the complaint. I do not omit to remind you that the response provided to us, regarding the administrative decisions taken, must have the technical and legal foundations, as well as the respective reasoning in accordance with the General Law of Public Administration” (see evidence).
“With instructions from the Mayor, I refer to Official Letter No. MA-PSJ-0603-2025, through which you inform of the amparo action filed by Mr. Nombre01 and Mrs. Nombre02 (File No. 25-008467-0007-CO), in the following terms:
In January of this year, this Mayor's Office received a copy of Procedure No. 00121-2025, signed by Mr. Nombre01 among others, regarding the alleged invasion of a public work (sewer) and possible contamination of a rainwater channel in Sabanilla, exactly 400 meters east of the Red Cross, known as “Dirección02”. This prompted the preparation of official letter No. MA-A-259-2025, through which this server requested Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Sewer Activity, Licda. Karen Elena Bermúdez Fallas, Coordinator of the Environmental Management Subprocess, and Eng. Roy Delgado Alpízar, Director of the Infrastructure Planning and Construction Process, to provide a report on the situation (folios 01 to 11 of the file created on the occasion of this amparo action).
In response, official letter No. MA-AAP-0088-2025 was received, dated January 30, 2025, in which Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Sewer Activity, indicated that he had responded to the interested party through official letter No. MA-AAP-0085-2025, which was notified through the Procedure Resolution System (see folios 12 and 13 of the file).
Subsequently, Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, sent her response to this Mayor's Office through official letter No. MA-SGA-094-2025, in which she clarified that the complaint by Mr.
Name01 had submitted it through the Integrated Customer Service System and that it had already been addressed, according to official communication N° MA-SGA-013-2025.
Additionally, she clarified that according to the National Information System for Integrated Water Resource Management (Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, SINIGIRH) of the MINAE Water Directorate, it is recorded that the indicated stormwater collection channel constitutes a body of water that does not belong to the public domain (official communication DA-UHTPCOSJ-2286-2020); therefore, it has no legal protection under the Ley de Aguas and the Ley Forestal regarding protection zone setbacks. Additionally, she recommended evaluating the situation of a potential illegal accumulation of waste; therefore, we proceeded to prepare official communication N° MA-A-536-2025 dated February 10, 2025, which was sent to the officials Eng. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinator of the Environmental Services Subprocess, and Eng. Andrés Salas Vargas, Coordinator of the Activity of Duties of the Inhabitants, for their attention in accordance with current regulations. Now, regarding the illegal deposit of soil, Ms. Bermúdez Fajas reported that a warning would be issued to the property owners through Record N° 448-2025 (see folios 16 to 25 of the file).
Additionally, we received official communication N° MA-SSA-005-2025, in which Eng. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinator of Environmental Services, reported that no disposal of ordinary waste was evident at the site and attached the corresponding photograph. For her part, Ms. Bermúdez Fallas prepared official communication N° MA-SGA-163-2025 in which she reiterated what was noted in the previous paragraph. Both documents were sent to Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of Stormwater Sewerage, through official communication N° MA-A-884-2025 for his assessment (see folios 26 to 28 verso of the file).
It is worth noting that through our official communication N° MA-A-1171-2025 dated March 19 of this year, a copy of official communications N° MA-AAP-324-2025 from Eng. Chacón Soto and N° MA-SGA-163-2025 from Ms. Bermúdez Fallas was sent to Mr. Name01. In this regard, it is important to highlight that Eng. Chacón Soto reiterated that the indicated channel does not belong to the public domain and that there is also no affectation to the stormwater drainage service in the area or to the drain, information that was corroborated by Ms. Bermúdez Fallas in official communication N° MA-SGA-163-2025, already cited (see folios ___ of the file).
Additionally, we received a copy of official communication N° MA-ADM-312-2025 dated March 25, 2025, through which Eng. Andrés E. Salas Vargas, Coordinator of the Activity of Duties of the Inhabitants, sent his responses to Mr. Name01, regarding the inspections carried out and their results. This was done through Official Communications N° MA-ADM-190-2025, corresponding to Proceeding N° 121-2025, and N° MA-ADM-276-2025 as a response to Proceeding N° 23631-2025 (see folios 48 to 55 of the file).
On the other hand, it is pertinent to indicate that Mrs. Name02 sent an email dated March 25 of this year, in which she expressed her disagreement with what had been done and the responses received through our official communication N° MA-A-1171-2025 and indicated that she would file the corresponding complaint before the Contraloría General de la República. Given this situation, the corresponding acknowledgment of receipt was given through our official communication N° MA-A-1354-2025 dated March 31, 2025 (see folios 56 to 61 of the file).
Additionally, the following actions by this Mayor's Office are on record:
Sending of official communication N° MA-A-1355-2025 to Mr. Walter Zavala Ortega, Environmental Comptroller, to which a copy of official communications N° MA-SGA-094-2025 and N° MA-SGA-163-2025, signed by Ms. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, was attached in response to official communication N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 (see folios 62 to 64 verso of the file).
Sending to Dr. Víctor González Jiménez, Director of the Health Governing Area Alajuela 1, official communication N° MA-A-1356-2025, to which a copy of official communications N° MA-SGA-094-2025 and N° MA-SGA-163-2025, signed by Ms. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, was attached, addressing the recommendation to proceed in accordance with the Ley General de Salud (see folios 65 to 69 verso of the file).
Also, a report was requested from Eng. Emerson Bone Moya regarding the tire shop (llantera) mentioned by Ms. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, through official communication N° MA-A-1357-2025 dated March 31, 2025 (see folios 70 to 72 verso of the file).
Finally, on March 27 of this year, Mrs. Name02 sent a new email in which she denounced that the waste deposits continue, despite the notification mentioned in official communication N° MA-SGA-163-2025. For this reason, this Mayor's Office sent official communication N° MA-A-1395-2025 to Ms. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, for her attention in accordance with the respective legal framework (see folio 73 of the file) and to Dr. Víctor González Jiménez, Director of the Health Governing Area Alajuela 1, through official communication N° MA-A-1396-2025 dated April 1, 2025.
From the foregoing, it is concluded that the petitioners have been duly and timely informed regarding all actions, inspections, and technical criteria from the competent municipal departments. However, what is evident is a disagreement with what was resolved, which we consider that the constitutional avenue is not the appropriate forum to discuss this type of conflict. Attached is the original file constituted on the occasion of this amparo appeal, which contains 82 folios” (see reports).
ON MINAE.
ON THE MINISTRY OF HEALTH 20) On January 30, 2025, a sanitary complaint —sequential N°8930-2025— was filed with the Ministry of Health by the petitioner Name02 against Name03, domiciled in Alajuela, Sabanilla, 350 meters east of the Cruz Roja, appearing as the owner of the commercial establishment called “Llantera Chucky”. The complaint attacked the operation of an irregular tire shop (llantera) accused of generating environmental pollution and health risks and carrying out a commercial activity lacking a permit (reports and evidence in the record).
The following facts of relevance for this resolution are not considered proven:
In the sub judice, the petitioners allege having filed with the Departments of Stormwater Sewerage, Environmental Management, and Infrastructure Construction, all of the Municipality of Alajuela, a complaint regarding an invasion of a public work —obstruction of a sewer grate— and contamination of a stormwater channel located in the district of Sabanilla de Alajuela, 400 meters east of the Cruz Roja. They affirm, likewise, to have been dissatisfied with the responses received from Mrs. Karen Bermúdez Fallas, coordinator of the Environmental Management Subprocess, and Engineer Lawrence Chacón Soto, coordinator of Stormwater Sewerage, both of the Municipality of Alajuela, judging them to lack legal basis and technical contributions, so they submitted the documents recorded under proceeding numbers N° 0024331-2025 and N° 0017709-2025, in which they requested said officials to comprehensively address and respond to all the reported facts and answer questions related to their official communications. However, to date they have not received any response in this regard, nor has any intervention or approach been carried out at the site by these officials —or any other municipal department— with the aim of solving the problem of pollution and obstruction of the stormwater sewer grate.
In this regard, from the list of proven facts, it follows that, although the respondent Local Corporation did respond to Proceeding N° 0017709-2025 before the filing of this appeal, there is no record that Proceeding N° 0024331-2025 was answered, which contained what was, in essence, a pure and simple request for information and documentation, on which the Administration had nothing to resolve. As for the rest, since what the petitioner harbors is, in reality, a disagreement with what was resolved by the Local Government, it is reiterated that it is not within the purview of this Chamber to serve as an appellate instance to overturn the various resolutions that this Local Corporation has issued regarding the reported situation, given that these are matters of ordinary legality that must be settled through the common, administrative, or jurisdictional channels. Thus, the petitioner must, if they see fit, raise their disagreements or claims through the competent legal channel, a forum in which they will be able to broadly discuss the merits of the matter and assert their claims.
In the sub lite, the petitioners affirm having reported the pollution problem to the Environmental Comptroller's Office of MINAE (Denuncia N° 52049-2025), on January 14, 2025, without having been made aware, up to the date of filing this appeal, of the actions undertaken by said authority.
In this regard, from the list of proven facts it follows that, by official communication N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 of January 15, 2025, that Comptroller's Office referred the case to the Municipal Mayor's Office of Alajuela, for its proper attention. Likewise, a report on the actions taken and resolved by that Local Government was requested within a maximum period of 60 business days.
However, it is inferred that the mayor of Alajuela did not render the respective report on time, and there is no evidence in the record that the Environmental Comptroller's Office of MINAE communicated to the complainant the issuance and sending of official communication N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 of January 15, 2025 to the Municipality of Alajuela, nor the eventual omission of the aforementioned mayor to render the report.
Finally, the petitioner alleges that, on February 26, 2025, she filed a sanitary complaint before the Ministry of Health, Health Governing Area of Alajuela. Likewise, she indicates that, subsequently, dissatisfied with the content of official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA-1-0186-2025, signed by engineer Ariel Alfaro Marchena, of Health Regulation, she sent a missive on March 3, 2025, under number NT:9639-2025, to request clarifications, provide further evidence, and request her to take specific actions based on legislation to prevent further harm to health and the environment. As a result, Eng. Alfaro conducted a new visit to the site on March 14, 2025, and was able to personally appreciate from the petitioners' property the pollution problem in the body of water and stormwater sewer grate. However, up to the date of filing the appeal, the petitioner was not aware of any concrete actions undertaken by the Ministry of Health aimed at resolving the pollution problem in the indicated body of water and sewer grate.
In this regard, the Chamber observes that, according to the list of proven facts, the relevant complaint was filed with the Ministry of Health on January 30, 2025, and this amparo was filed on March 25, 2025. Now, concerning complaints, there is no established legal period for resolution, but the Administration needs to carry out a procedure to verify the facts that must support the final act, as well as adopt the pertinent evidentiary measures, so the Chamber has repeatedly held that the corresponding violation of articles 27 and 41 of the Constitution is established by weighing —in accordance with the evidence in the record— that the proceedings were conducted without undue delays (see judgment Nº 2002-09041 of 3:02 p.m. on September 17, 2002), all without prejudice to applying as a general guide the term provided in article 261, paragraph 1, of the Ley General de la Administración Pública, which establishes that the ordinary administrative procedure must be concluded, by final act, within a period of two months after its initiation. That being the case, at the time this appeal was filed, the respondent authority was still within the period to resolve and communicate the result of the pertinent procedure, so this issue is premature.
In environmental matters, it is the undersigned's opinion that if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do consider the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50, of the Constitución Política), as in this case, where the petitioner indicates that she filed a complaint for an invasion of a public work —obstruction of a sewer grate— and contamination of a stormwater drainage channel located in the district of Sabanilla de Alajuela, 400 meters east of the Cruz Roja, which has not been definitively resolved and which affects the boundaries of her property, namely, the property registered under real folio number .
The parties are warned that if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic devices or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is declared PARTIALLY GRANTED, solely against the Municipality of Alajuela and the Ministry of Environment and Energy. It is ordered that Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as mayor, Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as coordinator of the Environmental Management activity, Lawrence Chacón Soto, in his capacity as coordinator of the Stormwater Sewerage activity, and Andrés Salas Vargas, in his capacity as coordinator of the Duties of the Inhabitants activity, all of the Municipality of Alajuela, or whoever occupies their positions, within the non-extendable term of TEN DAYS, counted from the notification of this resolution, provide the petitioner with the information requested in Proceeding N° 0024331-2025. It is ordered that Olman Mora Navarro, in his capacity as Environmental Comptroller, or whoever occupies that position, within the non-extendable term of TEN DAYS, counted from the notification of this resolution, inform the petitioner of the status of their proceeding.
In all other respects, the appeal is declared without merit. Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as mayor, Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as coordinator of the Environmental Management activity, Lawrence Chacón Soto, in his capacity as coordinator of the Stormwater Sewerage activity, and Andrés Salas Vargas, in his capacity as coordinator of the Duties of the Inhabitants activity, all of the Municipality of Alajuela, and Olman Mora Navarro, in his capacity as Environmental Comptroller, or whoever occupies their positions, are warned that failure to comply with said order will result in the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished.
The State and the Municipality of Alajuela are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.
Fernando Cruz C.
Acting President Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F.
FILE N° 25-008467-0007-CO
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas quince minutos del seis de junio de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-008467-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED04, y Nombre02, cédula de identidad CED05, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), el MINISTERIO DE SALUD (MINSA) y la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.-
Resultando:
Limpiar la vegetación a orilla de vía pública y recortar la que perjudica el paso.
Cercar y limpiar lotes baldíos o con viviendas deshabitadas.
Separar residuos pra el transporte y disposición final (según tipo de residuo y horario establecido.
Mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras.
Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras.
Instalar bajantes y canoas (colindancia con la vía pública).
Ejecutar obras de conservación en fachadas de interés.
Garantizar la seguridad, limpieza y mantenimiento de las propiedades.
Contar con un sistgema de gestión de residuos (separación, transporte y disposición) aprobado por la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos cuando el servicio público es insuficiente o no es aceptable.
3. Se verifico (sic) que a la fecha de la inspección y según informe de labores DH24022025(9-11) la propiedad en información posesoria 0000000 plano catastrado A-2324047-2021 frente a calle pública no incumple los incisos que competen la Actividad de Deberes de los Municipes y el tema denunciado no le corresponde a esta actividad. *El subrayado y la negrita no corresponde al texto original. Por otro lado, se realizó la consulta al Subproceso de Gestión Ambiental, y mediante el oficio N° MA-SGA-295-2025 de fecha 04 de abril de 2025, la Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinadora de dicha dependencia, indicó lo siguiente: ‘En atención a la solicitud de informe referente al recurso de amparo interpuesto por el Sr. Nombre01 bajo el expediente 25-008467-0007-CO contra la Municipalidad de Alajuela, me permito indicar: ▪ La primera visita registrada por parte del Subproceso de Gestión Ambiental al lugar corresponde a la atención de la denuncia N° 14121-2019-SITADA proveniente de la Contraloría Ambiental (SITADA) brindando respuesta a través del oficio N° MA-SGA-219-2019. ▪ En dicho momento, se trasladó el caso al ACC del SINAC Alajuela mediante oficio N° MASGA-217-2019 a fin de determinar si existía algún tipo de invasión y/o afectación a la zona de protección del cuerpo de agua y se remitió también al Proceso de Control Fiscal y Urbano mediante oficio N° MA-SGA-218-2019 para la atención del tema de posible invasión de un área municipal (alcantarilla) con la colocación de materiales y la construcción de la vivienda existente. ▪ El SINAC señaló que al momento de la visita no se identificó ningún cuerpo de agua natural que discurra por ese sector (oficio N° OA-540-2019) y por su parte el Proceso de Control Fiscal y Urbano señaló que, según informe técnico del Ing. Alfonso Miranda del Subproceso de Obras de Inversión Pública, no se podía establecer si existía o no invasión de una zona de protección (oficio N° MA-PCFU-509-2018 y N° MA-PCFU-1639-2020). ▪ La segunda visita registrada por parte del Subproceso de Gestión Ambiental al lugar corresponde a la atención de la denuncia N° 21008-2020-SITADA proveniente de la Contraloría Ambiental (SITADA) brindando respuesta a través del oficio N° MA-SGA-327-2020.
En dicho momento, se reiteró la información obtenida en la atención de la denuncia N° 14121-2019-SITADA y adicionalmente, se indicó que ambas quejas se habían direccionado a la Actividad de Alcantarillado Pluvial (oficio N° MA-SGA-229- 2020 y vía SITADA) ▪ Mediante oficio MA-AAP-660-2020 la Actividad de Alcantarillado Pluvial señaló que no se registra ninguna problemática por la interrupción de la salida de aguas pluviales, entre otros aspectos. Indicó, que se realizó la solicitud ante la Dirección de Aguas del MINAE a finde que se pronunciara sobre la naturaleza del cauce. ▪ En atención al trámite #11526-SISC-2020 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente se brindó respuesta a los administrados a través del oficio Nº MA-SGA-329-2020 y también se remitió un informe a la Alcaldía Municipal sobre las gestiones realizadas por esta dependencia ante la denuncia en particular, esto mediante el oficio Nº MA-SGA-341-2020 ▪ En atención al trámite #13208-SISC-2020 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente se brindó respuesta a los administrados a través de los oficios Nº MA-SGA-362-2020 y N° MA-SGA-365-2020 sobre el recurso de revocatoria interpuesto en contra del oficio MA-SGA-329-2020, emitido por este subproceso. ▪ En atención al trámite #13216-SISC-2020 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente se brindó respuesta a los administrados a través del oficio Nº MA-SGA-367-2020 facilitando copia de los expedientes solicitados en dicha gestión. ▪ En atención al oficio N° MA-AAP-0623-2020 se procedió con la devolución del trámite original #13209-2020-SISC a la Alcaldía Municipal para que se procediera con la atención del recurso de apelación.
Esto mediante oficio MA-SGA-379-2020. ▪ En atención a lo solicitado por la Alcaldía Municipal a través del oficio N° MA-A-2631- 2020 se procedió a trasladar el expediente del caso para la revisión del recurso de apelación interpuesto por los administrados (oficio N° MA-SGA-380-2020) ▪ En atención al trámite #13215-SISC-2020 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente se brindó respuesta oportuna a los administrados a través del oficio Nº MA-SGA-591- 2020. ▪ El recurso de apelación interpuesto en contra del oficio MA-SGA-329-2020, fue declarado sin lugar conforme a lo que se indicó en el oficio N° MA-PSJ-403-2021 del Proceso de Servicios Jurídicos. ▪ Durante el período 2025 ingresa nuevamente la denuncia a esta dependencia a través del trámite #114-SISC-2025 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente, brindando respuesta al administrado N° MA-SGA-013-2025. Adicionalmente, al ser un tema que se encuentra fuera de las competencias de este subproceso, se trasladó el caso a la Actividad de Alcantarillado Pluvial a través del oficio N° MA-SGA-011-2025, la tratarse de obras del alcantarillado. ▪ Mediante el oficio N° MA-SGA-094-2025 y en atención al oficio N° MA-A-259-2025 de la Alcaldía Municipal se brindó un informe detallado de lo actuado por esta dependencia con relación al caso, indicando lo siguiente: o La denuncia ingresó directamente a esta dependencia a través del trámite #114- SISC-2025 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente el día 06/01/2025.
Se brindó respuesta oportuna al administrado el día 13/01/2025 a través del oficio N° MA-SGA-013-2025. o Dado que el tema particular se encuentra fuera de las competencias de este subproceso, se trasladó el caso al Ing. Lawrence Chacón coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial a través del oficio N° MA-SGA-011-2025, esto informando al administrado sobre el rumbo que había tomado su gestión. o Es importante mencionar que esta dependencia realizó adicionalmente una consulta al sitio web https://mapas.da.go.cr/mapnew.php del Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) de la Dirección de Agua del MINAE y en dicho sector lo que se registra es un canal recolector de aguas pluviales, señalando que se trata de cuerpo de agua que no corresponde al dominio público (oficio DA-UHTPCOSJ-2286-2020), por lo que no tiene le amparo legal de la Ley de Aguas y Ley Forestal en cuanto protección de zonas de protección. o En cuanto al tema de recepción y/o acopio ilegal de residuos de todo tipo, podría valorarse la aplicación de lo establecido en el Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de los deberes de los munícipes de la Municipalidad de Alajuela, o bien, de la implementación del Reglamento municipal para la aplicación de las infracciones y sanciones administrativas de la Ley N° 8839 y sus Reformas (Diario Oficial La Gaceta N° 111 del día 21/06/2023), esto en respecto a las competencias institucionales. o Durante una visita de seguimiento efectuada el día 31/01/2025 fue posible apreciar que en el sitio se ha llevado a cabo la recepción de tierra, por lo que, como parte de nuestra injerencia, se procederá con el apercibimiento de los propietarios registrales del inmueble plano de catastro N° A-2324047-2021 bajo la figura de información posesoria, esto a través del Acta para depósitos ilegales de tierra N° 448-2025, indicándoles que no es permitido depositar más material en dicho lugar.
Lo anterior, de acuerdo con la disponibilidad de personal, sistemas de información para ubicación de propietarios y transporte con el que se cuente para ello, lo anterior sin dejar de lado la importancia que nuestra colaboración tiene para la comunidad.▪ Este acto genero (sic) la emisión de los oficios de la Alcaldía Municipal N° MA-A-536-2025 para el Subproceso de Servicios Ambientales y para la Actividad de Deberes de los Munícipes y del oficio N° MA-A-885-2025 (recordatorio a la Actividad de Deberes de los Munícipes). ▪ La actividad de Deberes de los Munícipes dio respuesta mediante el oficio N° MA-ADM-276-2025 y el Subproceso de Servicios Ambientales dio través del oficio N° MA-SSA-005-2025, indicando que al momento de la inspección ni se evidencia la disposición de residuos sólidos ordinarios en el sitio. ▪ Mediante inspección se constató que en el sitio también se ha llevado a cabo la recepción de tierra vegetal.
Por tal motivo, y en el marco de las competencias del Subproceso de Gestión Ambiental, correspondería la emisión del acta de apercibimiento por depósitos ilegales de tierra N.º 448-2025. Sin embargo, dicha medida no puede ser ejecutada, ya que el predio no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de la Propiedad, por lo que no es posible identificar a los propietarios registrales que deberían ser notificados por la municipalidad. ▪ En atención a lo indicado en la denuncia N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 de la Contraloría Ambiental (SITADA), se emite el oficio N° MA-SGA-163-2025. ▪ En atención al trámite #17709-SISC-2025 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente se brindó respuesta a los administrados a través del oficio Nº MA-SGA-188-2025. ▪ El día 01/04/2025 se recibe el oficio N° MA-A-1395-2025 de la Alcaldía Municipal, mismo que se encuentra en gestión al momento de la elaboración de este informe.
Este documento incluye una denuncia recibida vía correo electrónico (misma que a su vez también fue direccionada al Área Rectora de Salud Alajuela 1 bajo el oficio N° MA-A-1396-2025). En este contexto, este subproceso ha actuado con diligencia, en cumplimiento de nuestras competencias institucionales. Cada denuncia recibida ha sido debidamente atendida y canalizada de manera oportuna, ya sea a la oficina municipal correspondiente o a las entidades gubernamentales competentes, conforme al marco legal vigente’. Mediante el oficio N° MA-AAP-0403-2025, de fecha 03 de abril de 2025, suscrito por el Ing. Lawrence Chacón Soto, en su condición de Coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, el mismo manifestó que: ‘Con relación a la resolución de las once horas treinta y cuatro minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, mediante la cual la Sala Constitucional solicita brindar informe respecto al Recurso de Amparo interpuesto por el señor Nombre01, cédula de identidad CED03 y Nombre02, cédula de identidad CED06° Telf01, tramitado bajo el expediente N° 25-008467-0007-CO, considerando las competencias y labores atinentes a la Actividad Alcantarillado Pluvial, me permito indicar: 1.
Que, efectivamente se registra el trámite N° 117-2025 del 06 de enero de 2025 a nombre del señor Nombre01 y la señora Nombre02, mismo que al cual se le brindó respuesta mediante el oficio N° MA-AAP-0085- 2025. Este trámite se notificó de forma errónea el 29 de enero de 2025 al correo electrónico ...02, siendo la dirección correcta (señalada por el usuario) ...03, se procedió a notificarle correctamente la respuesta a la gestión planteada. (Ver imagen 1 y 2). 2. Que, en el trámite los recurrentes exponía la situación sobre el relleno que llevaba a cabo su vecino en la colindancia noroeste, señalando que la alcantarilla que desagua por medio de la propiedad contigua se ponía en riesgo debido al relleno que efectuaba su vecino. (…) 3. En dicha gestión (trámite N° 117-2025), por medio del oficio N° MA-AAP-0085- 2025 se le indicó a los interesados que ‘en el sitio no se tiene registro por un inadecuado funcionamiento del sistema pluvial, y considerando lo atípico de la estación lluviosa, habiéndose presentado lluvias en los meses de diciembre y enero, se puede inferir que el desagüe que nos describe funciona adecuadamente.
Así mismo, debo señalar que el desagüe pluvial que usted apunta no corresponde a un cauce natural. Además, en tanto se mantenga en funcionamiento el desagüe, se conserve activo este sistema y no se violente el servicio de alcantarillado pluvial, por parte de nuestro departamento no se encuentra motivo para generar alguna notificación’. 4. Esta respuesta se efectuó conforme a lo establecido en la Ley General de Caminos Públicos, el cual establece: Artículo 20.- Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. El Ministerio o las Municipalidades mandarán a ejecutar el trabajo y cobrarán el trabajo más el cincuenta por ciento (50%) de recargo, si esta obligación no se cumpliere.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las Municipalidades deberán coordinar con el Ministerio de Agricultura las medidas de protección de los caminos en los proyectos de nuevos trazados o en los trabajos de conservación de los existentes, en las regiones donde los mismos puedan provocar o intensificar la erosión ó desviar el desagüe natural de los campos. (El resaltado no corresponde al texto original). Dado lo anterior, se genera una obligación del propietario a mantener habilitado y en buen funcionamiento el desagüe que se ubica en la finca que colinda con la propiedad de los recurrentes y para el caso en cuestión, el mismo cumple con lo establecido en la Ley General de Caminos Públicos. Además, se debe tener en consideración lo establecido en el oficio N° DAUHTPCOSJ-2286-2020 (se adjunta) y el oficio N° DA-UHTPCOSJ-0389-2025 y DA-UHTPCOSJ-0389-2025 (consignados por el recurrente) donde se indica que el cuerpo de agua no corresponde al dominio público, lo cual denota que la tubería se ubica en un desagüe de la carretera, cumpliendo con lo establecido en la normativa correspondiente.
Dado lo anterior y considerando que a la fecha no se ha presentado registro de obstrucción o mal funcionamiento del alcantarillado que mencionan los recurrentes en su escrito, no se tienen acciones por efectuar en materia de aguas pluviales’. *El subrayado y la negrita no corresponden al texto original. Por último, la Alcaldia, mediante el oficio N° MA-A-1459-2025 de fecha 04 de abril de 2025, plasmó que: ‘Con instrucciones del señor Alcalde, me refiero al Oficio N° MA-PSJ-0603-2025, mediante el cual comunica el recurso de amparo interpuesto por el Sr. Nombre01 y la Sra. Nombre02 (Exp. N° 25-008467-0007-CO), en los siguientes términos: En enero del presente año, esta Alcaldía recibió copia del Trámite N° 00121-2025, suscrito por señor Nombre01 entre otros, referente a la supuesta invasión de una obra pública (alcantarilla) y eventual contaminación de cauce de aguas pluviales en Sabanilla, exactamente 400 metros este de la Cruz Roja, conocida como ‘Dirección02’.
Esto motivó que la confección del oficio N° MA-A-259-2025, mediante el cual este servidor solicitó al Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, Licda. Karen Elena Bermúdez Fallas, Coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental, Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura un informe acerca de la situación (folios 01 al 11 del expediente conformado con ocasión del presente recurso de amparo). Como respuesta se recibió el oficio N° MA-AAP-0088-2025 con fecha 30 de enero del 2025, el cual el Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador Actividad de Alcantarillado Pluvial, indicó que dio respuesta al interesado por medio del oficio N° MA-AAP-0085-2025, el cual fue notificado por medio del Sistema de Resolución de Trámites (ver folios 12 y 13 del expediente). Con posterioridad, la Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, remitió su respuesta a esta Alcaldía por medio del oficio N° MA-SGA-094-2025, en el cual aclaró que la denuncia del Sr. Nombre01 había ingresado por medio del Sistema Integrado de Servicio al Cliente y que ya había sido atendida, según el oficio N° MA-SGA-013-2025.
Adicionalmente, aclaró que según el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) de la Dirección de Aguas del MINAE, se registra que el canal recolector de aguas pluviales señalado, constituye un cuerpo de agua que no corresponde al dominio público (oficio DA-UHTPCOSJ-2286-2020); por lo que no tiene amparo legal de la Ley de Aguas y la Ley Forestal en cuanto a retiros de las zonas de protección. Adicionalmente, recomendó valorar la situación de eventual acopio ilegal de residuos; por lo que procedimos a confeccionar el oficio N° MA-A-536-2025 con fecha 10 de febrero del 2025, el cual fue enviado a los funcionarios Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador Subproceso de Servicios Ambientales, e Ing. Andrés Salas Vargas, Coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, para su atención conforme a la normativa vigente. Ahora bien, en cuanto al depósito ilegal de tierra, la Licda. Bermúdez Fajas informó que de procedería con el apercibimiento a los propietarios de la finca por medio del Acta N° 448-2025 (ver folios 16 a 25 del expediente).
Adicionalmente, recibimos los oficios N° MA-SSA-005-2025, en el cual el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador de Servicios Ambientales, informó que no se evidenciaba la disposición de residuos ordinarios en el sitio y adjuntó la correspondiente fotografía. Por su parte, la Licda. Bermúdez Fallas confeccionó el oficio N° MA-SGA-163-2025 en el cual reiteró lo anotado en el párrafo anterior. Ambos documentos fueron enviados al Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador de Alcantarillado Pluvial, por medio del oficio N° MA-A-884-2025 para su valoración (ver folios 26 a 28 vuelto del expediente). Conviene anotar que por medio de nuestro oficio N° MA-A-1171-2025 con fecha 19 de marzo del presente año, se procedió a remitir al Sr. Nombre01 copia de los oficios N° MA-AAP-324-2025 por parte del Ing. Chacón Soto y N° MA-SGA-163-2025 por parte de la Licda. Bermúdez Fallas. Al respecto interesa destacar que el Ing. Chacón Soto reiteró que el cauce señalado no corresponde al dominio público y que tampoco hay ninguna afectación al servicio pluvial en la zona ni al desagüe, información que fue corroborada por la Licda. Bermúdez Fallas en el oficio N° MA-SGA-163-2025, ya citado (ver folios ___ del expediente).
Adicionalmente, recibimos copia del oficio N° MA-ADM-312-2025 con fecha 25 de marzo del 2025, mediante el cual el Ing. Andrés E. Salas Vargas, Coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, remitió sus respuestas al Sr. Nombre01, con respecto a las inspecciones realizadas y su resultado. Esto, por medio de los Oficios N° MA-ADM-190-2025, correspondiente al Trámite N° 121-2025, y N° MA-ADM-276-2025 como respuesta al Trámite N° 23631-2025 (ver folios 48 a 55 del expediente). Por otra parte, conviene indicar que la Sra. Nombre02, remitió un correo electrónico con fecha 25 de marzo del presente año, en el cual manifestó su disconformidad con lo actuado y las respuestas recibidas por medio de nuestro oficio N° MA-A-1171-2025 e indicó que procedería a interponer la correspondiente denuncia ante la Contraloría General de la República. Ante tal situación, se dio el correspondiente acuse de recibido por medio de nuestro oficio N° MA-A-1354-2025 con fecha 31 de marzo del 2025 (ver folios 56 a 61 del expediente).
Adicionalmente, constan las siguientes actuaciones por parte de esta Alcaldía: Remisión del oficio N° MA-A-1355-2025 al Sr. Walter Zavala Ortega, Contralor Ambiental, mediante el cual se adjuntó copia de los oficios N° MA-SGA-094-2025 y N° MA-SGA-163-2025 suscritos por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, en respuesta al oficio N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 (ver folios 62 a 64 vuelto del expediente). Envío al Dr. Víctor González Jiménez, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 1, del oficio N° MA-A-1356-2025, mediante el cual se adjuntó copia de los oficios N° MA-SGA-094-2025 y N° MA-SGA-163-2025 suscritos por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, atendiendo la recomendación en el sentido de que procedan conforme a la Ley General de Salud (ver folios 65 a 69 vuelto del expediente). También, se requirió un informe al Ing. Emerson Bone Moya con respecto a la llantera mencionada por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, por medio del oficio N° MA-A-1357-2025 con fecha 31 de marzo del 2025 (ver folios 70 a 72 vuelto del expediente).
Finalmente, el pasado 27 de marzo del presente año, la Sra. Nombre02 envió un nuevo correo electrónico en el cual denunció que los depósitos de residuos continúan, pese a la notificación mencionada en el oficio N° MA-SGA-163-2025. Por tal razón, esta Alcaldía envió el oficio N° MA-A-1395-2025 a la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental para su atención de acuerdo con el marco legal respectivo (ver folios 73 del expediente) y al Dr. Víctor González Jiménez, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 1, por medio del oficio N° MA-A-1396-2025 con fecha 01 de abril, 2025. De lo anterior se concluye que los recurrentes han sido informados debida y oportunamente en cuanto a todas las actuaciones, inspecciones y criterios técnicos por parte de las dependencias municipales competentes. Sin embargo, lo que se evidencia es una disconformidad con lo resuelto, lo cual consideramos que la vía constitucional no es la sede para discutir este tipo de conflictos.
Adjunto el expediente original conformado con ocasión del presente recurso de amparo, el cual contiene 82 folios’. Se demuestra que la Administración, la Actividad de Alcantarillado Pluvial, el Subproceso de Gestión Ambiental y la Actividad de Deberes de los Munícipes, atendieron la gestión de los interesados, como en derecho corresponde, generando respuestas respectivas. Incluso, la misma administración al percatarse de un error en el correo electrónico ...02 en ves (sic) de ...03 procedió a realizar nuevamente la notificación respectiva desde el 10 de marzo del año en curso. De igual forma se comprueba que el trámite N° 117-2025 fue debidamente atendido con el oficio N° MA-AAP-0085-2025 (ver imagen adjunta) (…) En virtud de lo anterior, es de suma importancia mencionar que, se ha cumplido a cabalidad con la tramitación de las gestiones realizadas y planteadas por ambos recurrentes, incluso, quedo más que evidenciado que, se les informo a ellos, al medio señalado por ellos mismos, para tales efectos (correo electrónico).
Incluso se constata que, previo a la interposición de este amparo, notificado a este Municipio en fecha 02 de abril de 2025, ya se le habían atendido y contestado dichos trámites desde el mes de marzo del año en curso, incluidos el trámite N° 00112-2025 y el trámite N° 0117-2025, que como puede constatarse de la prueba aportada, son el mismo trámite sólo que tienen un numero de gestión distinta (ver prueba adjunta)…” Solicitan que se declare sin lugar el recurso planteado.
Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,
Considerando:
Vistos los alegatos de la parte recurrente, se le advierte que la finalidad del amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, y su procedencia, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una violación —o amenaza de ésta— a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos. Por consiguiente, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad.
De esta suerte, por la vía del amparo, la Sala Constitucional no puede hacer las veces de instancia de alzada para enmendar lo resuelto en relación con denuncias en materia ambiental o de salubridad pública, puesto que ello no solamente haría necesario efectuar probanzas complicadas, incompatibles con la naturaleza sumaria de esta sede, o sopesar la aplicación de normas de rango infraconstitucional, sino también sustituir directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia.
En virtud de lo anterior, la Sala le hace ver a los recurrentes que no es posible determinar, en esta vía sumaria, si los oficios MA-SGA-013-2025 y MA SGA-188-2025, suscritos por Karen Bermúdez Fallas, coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, y N° MA-AAP-0085-2025, firmado por el Ingeniero Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial de la Municipalidad de Alajuela, y MA-ADM276-2025, en el que se señaló que “…realizada la inspección se verificó en el sitio que la propiedad no incumple con los incisos que competen a la actividad de deberes de los munícipes frente a calle pública…”, se ajustan o no a una adecuada valoración de los hechos y una correcta aplicación de la normativa legal vigente, ni tampoco definir si el cuerpo de agua que interesa es o no un canal recolector de aguas pluviales que no forma parte del dominio público, o establecer si lleva o no razón el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, al concluir que el asunto de contaminación ambiental escapa de sus competencias y debe ser trasladado a otro departamento.
Nótese que aunque los accionantes estiman que no se les dio “una respuesta a las interrogantes planteadas”, lo que en realidad exponen es una disconformidad con lo resuelto porque juzgan que no soluciona la problemática planteada. En consecuencia, todos estos son extremos propios de la legalidad ordinaria —ya que no se relacionan directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental—, así que deben ser dirimidos en la vía común, administrativa o jurisdiccional, y esta Sala no conocerá de ellos.
Establecido lo anterior, en el sub judice, el reclamo de los accionantes se debe a la supuesta falta de respuesta a una serie de denuncias en materia ambiental, todo lo cual, de ser cierto, podría configurar una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida. Por lo tanto, antes de analizar el fondo del presente asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo —instruido de oficio o a instancia de parte— como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante denuncias, supuestamente, sin resolver, planteadas en relación con una problemática propia de la materia ambiental que incide en la salubridad pública. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.
Los recurrentes alegan haber interpuesto ante los Departamentos de Alcantarillado Pluvial, Gestión Ambiental y Construcción de Infraestructura, todos de la Municipalidad de Alajuela, una denuncia por una invasión de obra pública —obstrucción de una alcantarilla— y contaminación de un cauce de aguas pluviales situado en el distrito de Sabanilla de Alajuela, 400 metros al este de la Cruz Roja. Aseveran haber quedado inconformes con las respuestas recibidas de parte de la señora Karen Bermúdez Fallas, coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental, y el Ingeniero Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial, ambos de la Municipalidad de Alajuela, por juzgarlas carentes de fundamento legal y de aportes técnicos, así que presentaron los escritos consignados con los números de trámites N° 0024331-2025 y N° 0017709-2025, en los cuales les solicitaron a dichos funcionarios atender y dar respuesta de manera completa a todos los hechos denunciados y responder cuestiones relacionadas a sus oficios.
No obstante, a la fecha no han recibido ninguna contestación al respecto, así como tampoco se ha llevado a cabo una intervención o abordaje en el sitio por parte de esos funcionarios —o cualquiera otra dependencia municipal— con el afán de resolver el problema de contaminación y obstrucción de la alcantarilla pluvial. Agregan que la problemática de contaminación aludida también fue denunciada ante la Contraloría Ambiental del MINAE (Denuncia N° 52049-2025), el día 14 de enero de 2025, sin que hasta la fecha se haya puesto en conocimiento a la parte denunciante sobre las acciones emprendidas por dicha autoridad. Además, el 26 de febrero de 2025 plantearon denuncia sanitaria ante el Ministerio de Salud, Área Rectora de Alajuela, en la cual, además de señalar algunos asuntos relativos a la actividad comercial irregular que se lleva a cabo en el área de la alcantarilla invadida, en la que se realizó una especie de relleno improvisado con gran parte de residuos y tierra depositados en el sitio, se indicó y explicó en el punto número tres de actividad denunciada la situación de “...contaminación ambiental y asuntos relacionados con el control de vectores por mal manejo de residuos sólidos, producto de la actividad desarrollada y de actividades particulares del denunciado”.
Posteriormente, por medio del oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA-1-0186-2025, la ingeniera Ariel Alfaro Marchena, de Regulación de la Salud, no se refirió sobre la problemática de contaminación al cuerpo de agua, por lo que se le remitió una misiva el 03 de marzo de 2025 bajo el número NT:9639-2025 en la que se le solicitaron aclaraciones, se le brindaron mayores pruebas y se le pidió tomar las acciones específicas basadas en la legislación para evitar una mayor afectación a la salud y el medioambiente. A raíz de los cuestionamientos planteados a la Ing. Nombre03, ésta realizó una nueva visita el día 14 de marzo de 2025 y pudo apreciar personalmente desde la propiedad de los recurrentes la problemática de contaminación al cuerpo de agua y alcantarilla pluvial. No obstante, a la fecha de interposición del recurso no se conocían acciones concretas tendientes a resolver la problemática de contaminación en el cuerpo de agua y alcantarilla indicados.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA:
Menciona el oficio señalado que, luego de hacer la consulta al sistema de información del MINAE, se concluye que en la zona lo que existe es un canal recolector de aguas pluviales y que por lo tanto no tiene amparo de la Ley de Aguas y Ley Forestal en cuanto a los retiros de protección. No obstante, no menciona el oficio cuál es el rol que asume su dependencia en materia de contaminación en términos generales; se desconoce la forma en que se llevó a cabo la inspección o visita en la zona, pues si se realiza correctamente, se puede determinar que las aguas que discurren por dicho 'canal' no desaparecen por 'evaporación' o 'infiltración', las mismas son dirigidas metros más abajo al río Tambor, arrastrando con el afluente toda la contaminación que constantemente se lanza a dicho canal. Se le invita a visitar nuestra propiedad y desde acá hacer una visualización -al menos parcial- del recorrido de dichas aguas, así como de la contaminación que poco a poco está siendo arrastrada hasta el río, sin qué decir si se hace el recorrido completo de dicho canal como corresponde. 4.
Se extraña en dicho oficio la toma de medidas legales contundentes, amparadas en la legislación aplicable dentro de las competencias que, por cuestión lógica, forman parte de una dependencia encargada de velar por la gestión ambiental en el sentido amplio del término. Si bien es cierto, otras dependencias de la Municipalidad tienen injerencia en la solución de esta problemática, de manera integral y coordinada se deben tomar las medidas correspondientes a fin de ponerle fin y, sobre todo, aplicar medidas concretas que garanticen regresar al estado natural la zona de contaminación; no es únicamente prevenir al infractor para que se abstenga de seguir incumpliendo la ley, sino de procurar que se reponga a su estado natural la zona, retirando toda la contaminación ('relleno') o bien que esto sea realizado por la propia Municipalidad como responsable de garantizar que estos actos no ocurran en el Cantón.
Solicitamos por favor tomar las medidas correctas con base en la legislación aplicable; así como dar respuesta a las interrogantes planteadas en esa misiva en el plazo que establece la Ley” (ver prueba).
Según revisión en el Sistema nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico de la Dirección de Aguas del IMAE, en dicho sector se registra únicamente, un canal recolector de aguas pluviales, señalando que se trata de un cuerpo de agua que no se corresponde con el dominio público y los pronunciamientos emitidos por dicha entidad tienen fundamento jurídico en la Ley de Aguas, el Código de Minería, el Decreto N° 35669-MINAET, el Decreto N° 36437- MINAET y la Ley General de la Administración Pública. Al no tratarse de un cuerpo de agua de dominio público, no tiene establecido áreas de protección o retiros, como se indica en la Ley Forestal y la Ley de Aguas. La inspección en el lugar se realizó desde la vía pública, puesto que el Gobierno Local no tiene atribuciones para ingresar a una propiedad privada sin autorización (ver prueba).
Al señalar que el 'cauce no es natural' ¿podría indicarnos quién lo 'construyó' desde sus orígenes hasta desembocar en el río Tambor? 5. Señala usted 'que mientras no se violente el sistema de alcantarilladlo pluvial y se conserve activo el servicio no encuentra motivo para generar ninguna notificación'. Bajo esta premisa, los hechos denunciados (invasión a la alcantarilla, alteración a la misma, obstrucción de salida del agua, contaminación con residuos) fueron descartados en su totalidad -seguramente luego de realizar la inspección respectiva- por lo que se le solicita indicar los motivos y la fundamentación que están omisos en su respuesta. 6. Se le solicita aportar las fotografías de la inspección realizada por su departamento y el informe respectivo que señale fecha y hora en que se llevó a cabo. 7. Para facilitarle el trabajo, se adjunta a la presente como anexo uno, nuevamente algunas fotografías con sus respectivas descripciones.
Agradecemos nos indique ¿qué observa? ¿todo lo ve bien? 8. Se le solicita brindar una copia completa del expediente del proyecto de construcción de la alcantarilla de marras, llevado a cabo entre el año 2020 - 2021. En el que se detalle la obra realizada y el costo de la misma. Solicito con el debido respeto, se nos brinde respuesta a tas interrogantes indicadas, pues tienen relación con las obligaciones que debieron ser verificadas y constatadas al recibir la denuncia. No omito recordarte que la respuesta que se nos brinde, relativa a las decisiones administrativas tomadas, debe contar con los fundamentos técnicos y legales, así como la motivación respectiva de conformidad con la Ley General de la Administración Pública” (ver prueba).
“Con instrucciones del señor Alcalde, me refiero al Oficio N° MA-PSJ-0603-2025, mediante el cual comunica el recurso de amparo interpuesto por el Sr. Nombre01 y la Sra. Nombre02 (Exp. N° 25-008467-0007-CO), en los siguientes términos:
En enero del presente año, esta Alcaldía recibió copia del Trámite N° 00121-2025, suscrito por señor Nombre01 entre otros, referente a la supuesta invasión de una obra pública (alcantarilla) y eventual contaminación de cauce de aguas pluviales en Sabanilla, exactamente 400 metros este de la Cruz Roja, conocida como “Dirección02”. Esto motivó que la confección del oficio N° MA-A-259-2025, mediante el cual este servidor solicitó al Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, Licda. Karen Elena Bermúdez Fallas, Coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental, Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura un informe acerca de la situación (folios 01 al 11 del expediente conformado con ocasión del presente recurso de amparo).
Como respuesta se recibió el oficio N° MA-AAP-0088-2025 con fecha 30 de enero del 2025, el cual el Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador Actividad de Alcantarillado Pluvial, indicó que dio respuesta al interesado por medio del oficio N° MA-AAP-0085-2025, el cual fue notificado por medio del Sistema de Resolución de Trámites (ver folios 12 y 13 del expediente).
Con posterioridad, la Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, remitió su respuesta a esta Alcaldía por medio del oficio N° MA-SGA-094-2025, en el cual aclaró que la denuncia del Sr. Nombre01 había ingresado por medio del Sistema Integrado de Servicio al Cliente y que ya había sido atendida, según el oficio N° MA-SGA-013-2025.
Adicionalmente, aclaró que según el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) de la Dirección de Aguas del MINAE, se registra que el canal recolector de aguas pluviales señalado, constituye un cuerpo de agua que no corresponde al dominio público (oficio DA-UHTPCOSJ-2286-2020); por lo que no tiene amparo legal de la Ley de Aguas y la Ley Forestal en cuanto a retiros de las zonas de protección. Adicionalmente, recomendó valorar la situación de eventual acopio ilegal de residuos; por lo que procedimos a confeccionar el oficio N° MA-A-536-2025 con fecha 10 de febrero del 2025, el cual fue enviado a los funcionarios Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador Subproceso de Servicios Ambientales, e Ing. Andrés Salas Vargas, Coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, para su atención conforme a la normativa vigente. Ahora bien, en cuanto al depósito ilegal de tierra, la Licda. Bermúdez Fajas informó que de procedería con el apercibimiento a los propietarios de la finca por medio del Acta N° 448-2025 (ver folios 16 a 25 del expediente).
Adicionalmente, recibimos los oficios N° MA-SSA-005-2025, en el cual el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador de Servicios Ambientales, informó que no se evidenciaba la disposición de residuos ordinarios en el sitio y adjuntó la correspondiente fotografía. Por su parte, la Licda. Bermúdez Fallas confeccionó el oficio N° MA-SGA-163-2025 en el cual reiteró lo anotado en el párrafo anterior. Ambos documentos fueron enviados al Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador de Alcantarillado Pluvial, por medio del oficio N° MA-A-884-2025 para su valoración (ver folios 26 a 28 vuelto del expediente).
Conviene anotar que por medio de nuestro oficio N° MA-A-1171-2025 con fecha 19 de marzo del presente año, se procedió a remitir al Sr. Nombre01 copia de los oficios N° MA-AAP-324-2025 por parte del Ing. Chacón Soto y N° MA-SGA-163-2025 por parte de la Licda. Bermúdez Fallas. Al respecto interesa destacar que el Ing. Chacón Soto reiteró que el cauce señalado no corresponde al dominio público y que tampoco hay ninguna afectación al servicio pluvial en la zona ni al desagüe, información que fue corroborada por la Licda. Bermúdez Fallas en el oficio N° MA-SGA-163-2025, ya citado (ver folios ___ del expediente).
Adicionalmente, recibimos copia del oficio N° MA-ADM-312-2025 con fecha 25 de marzo del 2025, mediante el cual el Ing. Andrés E. Salas Vargas, Coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, remitió sus respuestas al Sr. Nombre01, con respecto a las inspecciones realizadas y su resultado. Esto, por medio de los Oficios N° MA-ADM-190-2025, correspondiente al Trámite N° 121-2025, y N° MA-ADM-276-2025 como respuesta al Trámite N° 23631-2025 (ver folios 48 a 55 del expediente).
Por otra parte, conviene indicar que la Sra. Nombre02, remitió un correo electrónico con fecha 25 de marzo del presente año, en el cual manifestó su disconformidad con lo actuado y las respuestas recibidas por medio de nuestro oficio N° MA-A-1171-2025 e indicó que procedería a interponer la correspondiente denuncia ante la Contraloría General de la República. Ante tal situación, se dio el correspondiente acuse de recibido por medio de nuestro oficio N° MA-A-1354-2025 con fecha 31 de marzo del 2025 (ver folios 56 a 61 del expediente).
Adicionalmente, constan las siguientes actuaciones por parte de esta Alcaldía:
Remisión del oficio N° MA-A-1355-2025 al Sr. Walter Zavala Ortega, Contralor Ambiental, mediante el cual se adjuntó copia de los oficios N° MA-SGA-094-2025 y N° MA-SGA-163-2025 suscritos por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, en respuesta al oficio N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 (ver folios 62 a 64 vuelto del expediente).
Envío al Dr. Víctor González Jiménez, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 1, del oficio N° MA-A-1356-2025, mediante el cual se adjuntó copia de los oficios N° MA-SGA-094-2025 y N° MA-SGA-163-2025 suscritos por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, atendiendo la recomendación en el sentido de que procedan conforme a la Ley General de Salud (ver folios 65 a 69 vuelto del expediente).
También, se requirió un informe al Ing. Emerson Bone Moya con respecto a la llantera mencionada por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, por medio del oficio N° MA-A-1357-2025 con fecha 31 de marzo del 2025 (ver folios 70 a 72 vuelto del expediente).
Finalmente, el pasado 27 de marzo del presente año, la Sra. Nombre02 envió un nuevo correo electrónico en el cual denunció que los depósitos de residuos continúan, pese a la notificación mencionada en el oficio N° MA-SGA-163-2025. Por tal razón, esta Alcaldía envió el oficio N° MA-A-1395-2025 a la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental para su atención de acuerdo con el marco legal respectivo (ver folios 73 del expediente) y al Dr. Víctor González Jiménez, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 1, por medio del oficio N° MA-A-1396-2025 con fecha 01 de abril, 2025.
De lo anterior se concluye que los recurrentes han sido informados debida y oportunamente en cuanto a todas las actuaciones, inspecciones y criterios técnicos por parte de las dependencias municipales competentes. Sin embargo, lo que se evidencia es una disconformidad con lo resuelto, lo cual consideramos que la vía constitucional no es la sede para discutir este tipo de conflictos.Adjunto el expediente original conformado con ocasión del presente recurso de amparo, el cual contiene 82 folios” (ver informes).
SOBRE EL MINAE.
SOBRE EL MINISTERIO DE SALUD 20) El 30 de enero de 2025 ingresó en el Ministerio de Salud una denuncia sanitaria —consecutivo N°8930-2025— incoada por la recurrente Nombre02 contra Nombre03, con domicilio en Alajuela, Sabanilla, 350 metros este de la Cruz Roja, al figurar como dueño del establecimiento comercial denominado “Llantera Chucky”. La denuncia atacaba la operación de una llantera irregular a la que se acusaba de generar contaminación ambiental y riesgos a la salud y realizar una actividad comercial carente de permiso (informes y prueba que obra en autos).
No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
En el sub judice, los recurrentes alegan haber interpuesto ante los Departamentos de Alcantarillado Pluvial, Gestión Ambiental y Construcción de Infraestructura, todos de la Municipalidad de Alajuela, una denuncia por una invasión de obra pública —obstrucción de una alcantarilla— y contaminación de un cauce de aguas pluviales situado en el distrito de Sabanilla de Alajuela, 400 metros al este de la Cruz Roja. Aseveran, igualmente, haber quedado inconformes con las respuestas recibidas de parte de la señora Karen Bermúdez Fallas, coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental, y el Ingeniero Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial, ambos de la Municipalidad de Alajuela, por juzgarlas carentes de fundamento legal y de aportes técnicos, así que presentaron los escritos consignados con los números de trámites N° 0024331-2025 y N° 0017709-2025, en los cuales les solicitaron a dichos funcionarios atender y dar respuesta de manera completa a todos los hechos denunciados y responder cuestiones relacionadas a sus oficios. No obstante, a la fecha no han recibido ninguna contestación al respecto, así como tampoco se ha llevado a cabo una intervención o abordaje en el sitio por parte de esos funcionarios —o cualquiera otra dependencia municipal— con el afán de resolver el problema de contaminación y obstrucción de la alcantarilla pluvial.
A este respecto, del elenco de hechos probados se colige que, aunque la Corporación Local accionada efectivamente respondió el trámite N° 0017709-2025 antes de la interposición de este recurso, no consta que se haya contestado el Trámite N° 0024331-2025, que contenía lo que, en esencia, era una solicitud de información y documentación pura y simple, en que la Administración no tenía nada que resolver. En lo demás, como lo que la parte recurrente alberga, en realidad, es una disconformidad con lo resuelto por el Gobierno Local, se reitera que no le compete a esta Sala servir de instancia de alzada para desvirtuar las distintas resoluciones que esa Corporación Local ha emanado sobre la situación denunciada, toda vez que se trata de extremos de legalidad ordinaria que deben ser dirimidos en la vía común, administrativa o jurisdiccional. De esta suerte, deberá la parte recurrente, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante la vía de legalidad competente, sede en la cual podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.
En el sub lite, los recurrentes afirman haber denunciado la problemática de contaminación ante la Contraloría Ambiental del MINAE (Denuncia N° 52049-2025), el día 14 de enero de 2025, sin que hasta la fecha de interposición de este recurso, se les hubiera puesto en conocimiento de las acciones emprendidas por dicha autoridad.
A este respecto, del elenco de hechos probados se colige que, por oficio N° CA-URID-2025-002-SITADA- 52049 del 15 de enero de 2025, esa Contraloría le remitió a la Alcaldía Municipal de Alajuela el caso, para su correcta atención. Asimismo, se solicitaba un informe de lo actuado y resuelto por ese Gobierno Local en un plazo máximo de 60 días hábiles.
Sin embargo, se infiere que el alcalde de Alajuela no rindió el respectivo informe en tiempo y no consta en autos que la Contraloría Ambiental del MINAE le hubiera comunicado a la parte denunciante la suscripción y envío del oficio N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 del 15 de enero de 2025 a la Municipalidad de Alajuela, ni tampoco la eventual omisión en rendir informe del referido alcalde.
Por último, la parte recurrente alega que, el 26 de febrero de 2025, planteó una denuncia sanitaria ante el Ministerio de Salud, Área Rectora de Alajuela. Asimismo, indica que, posteriormente, inconforme con el contenido del oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA-1-0186-2025, suscrito por la ingeniera Ariel Alfaro Marchena, de Regulación de la Salud, le remitió una misiva el 3 de marzo de 2025, bajo el número NT:9639-2025, para solicitar aclaraciones, brindarle mayores pruebas y pedirle tomar las acciones específicas basadas en la legislación para evitar una mayor afectación a la salud y el medioambiente. A raíz de ello, la Ing. Alfaro realizó una nueva visita al lugar, el día 14 de marzo de 2025. y pudo apreciar personalmente desde la propiedad de los recurrentes la problemática de contaminación al cuerpo de agua y alcantarilla pluvial. No obstante, a la fecha de interposición del recurso, la parte accionante no conocía acciones concretas emprendidas por el Ministerio de Salud tendientes a resolver la problemática de contaminación en el cuerpo de agua y alcantarilla indicados.
A este respecto, la Sala observa que, según el elenco de hechos probados, la denuncia que interesa ingresó al Ministerio de Salud el 30 de enero de 2025 y este amparo fue presentado el 25 de marzo de 2025. Ahora bien, en tratándose de denuncias, no existe plazo legal establecido para resolver, pero la Administración necesita llevar a cabo un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes, así que la Sala ha sostenido reiteradamente que el correspondiente quebrantamiento de los ordinales 27 y 41 constitucionales se constata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la substanciación se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), todo ello, sin perjuicio de aplicar como guía general el término previsto en el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, que establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación. Así las cosas, al momento de interposición de este recurso, la autoridad recurrida aún se encontraba en plazo para resolver y comunicar el resultado de la gestión atinente, así que este extremo es prematuro.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente indica que presentó una denuncia por una invasión de obra pública —obstrucción de una alcantarilla— y contaminación de un cauce de aguas pluviales situado en el distrito de Sabanilla de Alajuela, 400 metros al este de la Cruz Roja, que no ha sido resuelta de manera definitiva y que afecta los límites de su propiedad, a saber, el inmueble matrícula de folio real .
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, únicamente contra la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de Ambiente y Energía. Se ordena a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su calidad de alcalde, Karen Bermúdez Fallas, en su condición de coordinadora de la actividad de Gestión Ambiental, Lawrence Chacón Soto, en su carácter de coordinador de la actividad de Alcantarillado Pluvial, y Andrés Salas Vargas, en su condición de coordinador de la actividad Deberes de los Munícipes, todos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen sus cargos, que en el término improrrogable de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta resolución, le suministren a la parte recurrente la información requerida en el Trámite N° 0024331-2025. Se ordena a Olman Mora Navarro, en su calidad de contralor Ambiental, o a quien ocupe ese cargo, que en el término improrrogable de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta resolución, le comunique a la parte accionante cuál es el estado de su gestión.
En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se les advierte a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su calidad de alcalde, Karen Bermúdez Fallas, en su condición de coordinadora de la actividad de Gestión Ambiental, Lawrence Chacón Soto, en su carácter de coordinador de la actividad de Alcantarillado Pluvial, y Andrés Salas Vargas, en su condición de coordinador de la actividad Deberes de los Munícipes, todos de la Municipalidad de Alajuela, y a Olman Mora Navarro, en su calidad de contralor Ambiental, o a quienes ocupen sus cargos, que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F.
Document not found. Documento no encontrado.