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Res. 17078-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/06/2025
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the amparo appeal against the Municipality of San Rafael de Heredia, finding that the tree felling was carried out in compliance with an agrarian court ruling and technical criteria, without violating the right to a healthy environment.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al considerar que la corta de árboles se realizó conforme a una sentencia agraria y criterios técnicos, sin vulnerar el derecho a un ambiente sano.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed an amparo appeal filed by a company owning land in Residencial El Monte (El Tirol), San Rafael de Heredia, against the Municipality. The appellant claimed that the felling of cypress trees was indiscriminate and violated the right to a healthy environment. The Chamber found that the cutting was carried out in compliance with a ruling of the Agrarian Court of Alajuela (No. 2024-000011) ordering the removal of marked trees, based on technical criteria from SINAC. It also relied on its own prior rulings (2022-010605 and 2023-003137) holding that the trees did not constitute forest or protection zones under Article 33 of the Forestry Law. A new UNA study (April 2025) confirmed phytosanitary risks and recommended interventions. No fundamental rights violation was found. The appeal was flatly rejected regarding judicial actions.La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo presentado por una empresa propietaria de un terreno en el Residencial El Monte (El Tirol), San Rafael de Heredia, contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia. La recurrente alegaba que la tala de árboles de ciprés era indiscriminada, desproporcionada y violaba el derecho a un ambiente sano, la flora, la fauna y la belleza escénica. La Sala determinó que la corta se realizó en cumplimiento de una sentencia del Juzgado Agrario de Alajuela (No. 2024-000011) que ordenó la tala de árboles marcados, basada en criterios técnicos del SINAC. Además, la Sala se remitió a sus sentencias previas (2022-010605 y 2023-003137) en las que ya había resuelto que dichos árboles no constituían bosque ni estaban en zonas de protección del artículo 33 de la Ley Forestal. Un nuevo estudio de la UNA (abril 2025) confirmó riesgos fitosanitarios y recomendó intervenciones. No se encontró violación a derechos fundamentales. El recurso se rechazó de plano en lo relativo a actuaciones judiciales.
Key excerptExtracto clave
Finally, the risk assessment prepared by the Forest Management Program of the Institute of Research and Forest Services of the National University in the report entitled "Evaluation of the risk of urban trees of the El Tirol – Del Monte residential area for the project Transition to an Urban Green Economy and the generation of global environmental benefits", dated April 2025, cannot be overlooked. It concludes the following: "… A total of 967 trees over 10 cm DBH were classified, of which: 34.95% are in green condition, 33.09% are dead, 9.4% are alive but suppressed, 7.23% are in red condition, 6.72% are in yellow condition, and 1.86% were topped and are dead. The evaluated trees present a holobiont growth condition, which is an important factor for managing the tree stand on site. In total, 538 living cypress trees with DBH > 30 cm were tagged and marked, located on Street, Address05, El Tirol residential area, of which 32 have 2-3 stems, an important condition to consider due to the potential risk of failure from moisture accumulation, organic matter, or included bark. A visual risk assessment was conducted on the inventoried trees, identifying 135 trees as candidates for TRAQ application, due to risk factors such as the presence of rot, evidence of cavities, dead branches, cracks, reduced crowns, dieback, and trees with significant lean toward dwellings and the public right-of-way (targets within range). The evaluated trees represent some degree of risk to homes, the public right-of-way, or wiring, making management and monitoring important. The classification provides a framework for urgent technical interventions in the short, medium, and long term in the studied tree stand, prioritizing action on dead and suppressed trees, and those in red and yellow categories, allowing risk mitigation and subsequent management of residual risk."Finalmente, no puede pasar desapercibida la evaluación del riesgo elaborada por Programa Gestión de Bosques Instituto de Investigación y Servicios Forestales Universidad Nacional en el informe denominado "Evaluación del riesgo de árboles urbanos del residencial El Tirol – Del Monte para el proyecto Transición a una Economía Verde Urbana y la generación de beneficios ambientales globales”, de abril de 2025, que concluye lo siguiente: “… • Se lograron clasificar un total de 967 árboles mayores a 10 cm de DAP, de los cuales: 34.95 % presentan una condición verde, 33.09 % están muertos, 9.4 % están vivos pero suprimidos, 7.23 % presentan una condición roja, 6.72 % presentan una condición amarilla y 1.86 % fueron desmochados y están muertos. • Los árboles evaluados, presentan una condición de crecimiento de holobionte, lo cual es un factor de importancia para el manejo del arbolado en el sitio. • En total se etiquetaron y marcaron 538 árboles vivos de ciprés con DAP > 30 cm, presentes en calle, Dirección05, residencial El Tirol, de los cuales 32 presentan 2 - 3 ejes, condición importante de considerar por el potencial riesgo de fallo por la acumulación de humedad, materia orgánica o corteza incluida. • Se realizó una evaluación visual de riesgo en los árboles censados, donde se identificaron 135 árboles candidatos a la aplicación de un TRAQ, debido a que se identificaron factores de riesgo como presencia de pudrición, evidencia de cavidades, ramas secas, grietas, copas reducidas, muerte regresiva y árboles con grados de inclinación importantes hacia viviendas y vía pública (blancos bajo alcance). • Los árboles evaluados representan algún grado de riesgo a viviendas, vía pública o cableado, por lo cual es importante el manejo y monitoreo. • La clasificación realizada permite tener un panorama para hacer intervenciones urgentes con carácter técnico a corto, mediano y largo plazo, en el arbolado estudiado, priorizando la actuación sobre árboles muertos, suprimidos, aquellos que se ubiquen en categoría roja y amarilla, permitiendo mitigar el riesgo y posteriormente manejarse el riesgo residual."
Pull quotesCitas destacadas
"no se cuenta con evidencia, ni elementos de prueba técnicos que respalden lo expuesto por el recurrente en cuanto a una tala indiscriminada, sino todo lo contrario, de los informes rendidos y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, descrita ampliamente en el elenco de hechos probados, se deriva que las cortas han sido efectuadas bajo el criterio técnico del ente competente y, sin que los árboles en cuestión constituyeran bosque o zonas de protección"
"there is no evidence or technical proof to support the appellant's claim of indiscriminate felling; on the contrary, from the reports submitted and the evidence provided for the resolution of this matter, extensively described in the list of proven facts, it follows that the cuts were made under the technical criteria of the competent authority and without the trees in question constituting forest or protection zones"
Considerando IV
"no se cuenta con evidencia, ni elementos de prueba técnicos que respalden lo expuesto por el recurrente en cuanto a una tala indiscriminada, sino todo lo contrario, de los informes rendidos y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, descrita ampliamente en el elenco de hechos probados, se deriva que las cortas han sido efectuadas bajo el criterio técnico del ente competente y, sin que los árboles en cuestión constituyeran bosque o zonas de protección"
Considerando IV
"las cortas de árboles de ciprés realizadas por la Municipalidad de San Rafael, se han dado en cumplimiento de órdenes emitidas tanto por esta Cámara Constitucional como por el Juzgado Agrario de Alajuela, mediando en ambos casos criterios técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación."
"the cypress tree fellings carried out by the Municipality of San Rafael have been done in compliance with orders issued by both this Constitutional Chamber and the Agrarian Court of Alajuela, with technical criteria from the National System of Conservation Areas in both cases."
Considerando IV
"las cortas de árboles de ciprés realizadas por la Municipalidad de San Rafael, se han dado en cumplimiento de órdenes emitidas tanto por esta Cámara Constitucional como por el Juzgado Agrario de Alajuela, mediando en ambos casos criterios técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación."
Considerando IV
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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours and fifteen minutes of June sixth, two thousand twenty-five .
An amparo action brought by Nombre01, identity card CED02, on behalf of L&M SERVICIOS MERCADERISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID CED03, against the MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.
WHEREAS:
11. By a brief filed at 3:48 p.m. on March 13, 2025, the petitioner stated that his represented party filed this amparo action due to the indiscriminate and irrational cutting and felling of cypress trees located on the Finca el Tirol, in the Residencial del Monte. By resolution of this Chamber at 2:53 p.m. on February 18, 2025, it was ordered: "... THE RESPONDENT AUTHORITY IS ORDERED TO IMMEDIATELY SUSPEND THE CUTTING OF THE CYPRESS TREES IN THE RESIDENCIAL DEL MONTE, IN SAN RAFAEL DE HEREDIA, UNTIL THE CHAMBER RESOLVES THE ACTION BY RULING, OR ORDERS OTHERWISE. …". He adds that he provides the study called "Evaluation of biological richness in the Tirol area, San Rafael de Heredia" carried out in March 2025 by the Fundación Instituto de Políticas para la Sostenibilidad.
Magistrate Hess Herrera writes; and,
WHEREAS:
The petitioner notes that on the property of his represented party and on all the surrounding properties, cypress trees have predominated for more than fifty years, which were planted for the purpose of reducing the force of the winds and thus protecting the residences in the area. Despite the above, in November 2011, a summary demolition proceeding (proceso sumario de derribo) was filed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, against the Municipalidad de San Rafael de Heredia, seeking to order the respondent local entity to cut down the trees subject to that proceeding. He adds that the respondent local entity was irrationally, disproportionately, and indiscriminately cutting down the cypress trees located on both margins of the entrance to the property of the plaintiff in that proceeding, even though the same municipality had a forest inventory according to which it was only necessary to intervene in two trees, since none of the others presented any condition that warranted felling. This conduct threatens the flora, fauna, and scenic beauty of the place. For all the foregoing, he considers the fundamental rights claimed to be violated.
Of relevance to the decision of this amparo, the following are considered proven:
11 (which is pending cutting from a prior authorization) and 5 more trees were remarked at the request of the Municipality with the letters (A through D), as these are the ones that can be covered with the budget allocated for cutting them this year, and furthermore 15 additional trees were remarked (with numbers 1 through 15), with yellow paint, so that the budget for next year can be allocated by the Municipality of San Rafael de Heredia…” (copy of the judicial file provided).
On the occasion of the requests made by Nombre04, Francisco Ulloa Loría, Francisco Javier Llaguno Thomas, Nombre05, and Sebastián David Vargas Roldan, to be recognized as active co-adjuvants, the Chamber deems it important to indicate that co-adjuvancy is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding joining the claims of one of the principal parties. By virtue of the foregoing, anyone who holds a direct interest in the outcome of the appeal is legitimized to act as a co-adjuvant, but not being a principal party, will not be directly affected by the judgment, that is, the efficacy of the judgment cannot reach them directly and immediately, nor does the res judicata status of the ruling affect them, although in amparo matters the efficacy of what is resolved may benefit them, due to the “erga omnes” character of the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction (Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). In this case, the Chamber proceeds to admit the co-adjuvancies presented (under the terms of Article 34 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional) since the petitioners have a direct interest in the resolution of this matter.
It is appropriate, first of all, to note that the amparo remedy is not admissible against any type of jurisdictional action or resolution, according to the provisions of Article 30, subsection b), of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, so that what relates to what was resolved by the jurisdictional authority appealed against, the regularity of the proceeding and the correct integration of the litis, as well as the competence of the Juzgado Agrario de Alajuela to hear the proceeding, are arguments that must be rejected, by virtue of what is established in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
With regard specifically to the indiscriminate felling claimed, this Tribunal, in judgment No. 2022010605 issued at 9:40 hours on May 13, 2022, ruled on the matter under discussion, finding, as relevant, the following:
“… By virtue of what was set forth in the preceding paragraphs, this Tribunal observes that the cutting of cypress trees carried out by the Municipality of San Rafael has been done in compliance with orders issued both by this Constitutional Chamber and by the Juzgado Agrario de Alajuela, mediated in both cases by technical criteria from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. In that sense, there is no evidence, nor technical evidentiary elements, to support what was stated by the appellant regarding indiscriminate felling, but quite the contrary, from the reports rendered and the evidence provided for the resolution of this matter, broadly described in the list of proven facts, it follows that the cuttings have been carried out under the technical criteria of the competent entity and, without the trees in question constituting forest or protection zones, as was alleged by the appellant. Consequently, it is not proven that in this case the accused violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment has occurred, nor are violations of other constitutional rights observed in the actions of the respondents …” Subsequently, in judgment No. 2023003137 issued at 9:15 hours on February 10, 2023, this Chamber ruled again on the matter under discussion in file No. 23-001103-0007-CO, stating that:
“…V.- ON THE CUTTING OF TREES IN THE SPECIFIC CASE. Regarding the appellant's allegation related to the felling of trees on public roads in the sector known as El Tirol de San Rafael de Heredia, this Tribunal already issued a ruling related to such facts, thus, in judgment No. 2022010605 issued at 9:40 hours on May 13, 2022, it was indicated, as relevant, the following:
“IV.- On the specific case. In the sub-lite, the appellant accuses the deforestation of the forest in the sector known as El Tirol de San Rafael de Heredia; since, they consider that the responsible Municipality has proceeded with the indiscriminate felling of trees, with the acquiescence of the Ministerio de Ambiente y Energía, all under the pretext of an order issued by this Constitutional Chamber.
In accordance with the foregoing, this Tribunal observes that, recently, this Chamber issued Judgment No. 2021-019650 issued at 09:40 hours on August 31, 2021, where it flatly rejected an amparo remedy filed by the appellant in terms similar to those raised here:
“Regarding the grievances set forth, it is verified that there is a disagreement with the material actions adopted by the administration to comply with the judgment issued in the prior amparo, file No. 21-007017-007-CO. This remedy is filed by a third party who was not a party, neither as a protected person nor as a respondent, in the prior amparo, and now comes before the Chamber presenting said petition. By judgment No. 2021009176 issued at 9:05 hours on May 7, 2021, the technical studies indicating the problem with the trees and what had to be done to solve such problem were deemed accredited, and hence, the Chamber ordered the situation to be resolved as indicated by the technical studies, and it is what the municipality now intends to carry out and with which the appellant of this new amparo disagrees. Now, if they consider that there are other modalities for solving the problem, they must bring it before the corresponding authorities.
Consequently, the petitioner must raise, if they so wish, their disagreements or claims before the respondent authority itself or in the ordinary jurisdictional venue, venues in which they may, broadly, discuss the substance of the matter and assert their claims. Consequently, the amparo is inadmissible.” Likewise, from the reports rendered by the representatives of the respondent authorities – which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – and the evidence provided for the resolution of this matter, it can be inferred that a total of eighteen trees were the subject of cutting, in execution of what was ordered by this Tribunal in Judgment No. 09176-2021 of May 7, 2021. Furthermore, it is recorded in the record that, contrary to what was alleged by the appellant in their filing, said trees do not constitute forest nor are they located within the Protection Zones established in Article 33 of Ley Nº 7575, all according to the technical inspection report No. SINAC-ACC-OH-1015-2021 of July 23, 2021.
Thus, it was deemed accredited that the cutting carried out by the Municipality of San Rafael was authorized by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación through resolution number SINAC-ACC-OH-PUA-PP1-1108-2021. That being the case, the appellant is reiterated that, should they have any disagreement with the modality chosen by the Municipality for the solution of the problem alleged in amparo remedy No. 21-007017-0007-CO, such claims must be raised before the respondent authorities themselves or in the ordinary venue.
On the other hand, from the factual framework set forth above, it is verified that the additional cutting of trees carried out by the Municipality in the area responds to a summary proceeding for tree felling (proceso sumario de derribo) processed under file 21-000019-0815-AG-0 before the Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de Alajuela, which was activated by a female neighbor of the sector against the Municipality of San Rafael. By virtue of the foregoing, this Tribunal observes that, in a first phase of the proceeding, conciliation judgment No. 2021-000 was issued, where the cutting of ten trees in the sector is agreed upon. The intervention of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación in the proceeding was deemed accredited, which, through official communications SINAC-ACC-OH-1345-21 and SINAC-ACC-OH-1586-21, records inspection visits of the trees subject to litigation and highlights that they are not within the protection areas of Article 33 of Ley N.º 7575.
By virtue of what was set forth in the preceding paragraphs, this Tribunal observes that the cutting of cypress trees carried out by the Municipality of San Rafael has been done in compliance with orders issued both by this Constitutional Chamber and by the Juzgado Agrario de Alajuela, mediated in both cases by technical criteria from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. In that sense, there is no evidence, nor technical evidentiary elements, to support what was stated by the appellant regarding indiscriminate felling, but quite the contrary, from the reports rendered and the evidence provided for the resolution of this matter, broadly described in the list of proven facts, it follows that the cuttings have been carried out under the technical criteria of the competent entity and, without the trees in question constituting forest or protection zones, as was alleged by the appellant. Consequently, it is not proven that in this case the accused violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment has occurred, nor are violations of other constitutional rights observed in the actions of the respondents. Therefore, the dismissal of the remedy proceeds.” (see ad effectum videndi et probandi judgment No. 2022-010605 issued at 9:40 hours on May 13, 2022).
On the other hand, there are no new convincing elements that allow concluding that when executing what was ordered by the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, the respondent local entity acted disproportionately or arbitrarily. On the contrary, from the copy of the judicial file it is inferred that the intervention claimed here was based on the technical criteria issued in official communications from the Oficina de Heredia of the Área de Conservación Central No. ACC-0H-1345-21 of October 12, 2021 and No. SINAC-ACC-OH-1586-2021 of November 30 of that same year. In addition to the foregoing, from the documentary evidence provided it clearly follows that the action claimed against the respondent local entity conformed to the provisions of judgment No. 2024000011 issued at 12:22 hours on January 31, 2025, which partially granted the summary proceeding for tree felling (sumario de derribo) and ordered the Municipality of San Rafael de Heredia to cut the trees marked with the letters A through E, and also to cut the 15 trees that were remarked with the numbers 1 through 15, with yellow paint and all those trees located along the eastern boundary of the plaintiff's property, at the edge of the road, in the event they are not among the trees already marked with letters and numbers, especially considering that at the time this proceeding is being heard, the felling of 32 individuals has occurred.
Finally, the risk assessment developed by the Programa Gestión de Bosques of the Instituto de Investigación y Servicios Forestales of the Universidad Nacional in the report entitled “Evaluación del riesgo de árboles urbanos del residencial El Tirol – Del Monte para el proyecto Transición a una Economía Verde Urbana y la generación de beneficios ambientales globales”, of April 2025, cannot go unnoticed; it concludes the following: “… • A total of 967 trees larger than 10 cm DBH were classified, of which: 34.95% present a green condition, 33.09% are dead, 9.4% are alive but suppressed, 7.23% present a red condition, 6.72% present a yellow condition, and 1.86% were topped (desmochados) and are dead. • The evaluated trees present a holobiont growth condition, which is a factor of importance for the management of the tree stand at the site. • In total, 538 live cypress trees with DBH > 30 cm, present on the street, Dirección05, El Tirol residential area, were labeled and marked, of which 32 have 2 - 3 stems, an important condition to consider due to the potential risk of failure from the accumulation of moisture, organic matter, or included bark. • A visual risk assessment was conducted on the inventoried trees, where 135 trees were identified as candidates for the application of a TRAQ, because risk factors were identified such as the presence of rot, evidence of cavities, dead branches, cracks, reduced crowns, dieback, and trees with significant degrees of lean towards dwellings and public thoroughfare (targets within range). • The evaluated trees represent some degree of risk to dwellings, public thoroughfare, or wiring, making management and monitoring important. • The classification performed provides a panorama for making urgent interventions of a technical nature in the short, medium, and long term, on the tree stand studied, prioritizing action on dead trees, suppressed trees, those located in the red and yellow category, allowing risk to be mitigated and residual risk to be subsequently managed. • Regarding the tomographies performed on trees categorized as red, 30% of them show a significant extension of external damage. • Regarding the tomographies performed on trees categorized as yellow, 20% of them similarly show a significant extension of external damage. • Regarding the tomographies performed on trees categorized as green, 3 out of 5 trees showed a significant extension of external damage …” and that recommends: “… using this report as a basis for decision-making. • It is recommended that a first intervention be carried out on the trees that are dead, due to the imminent risk of the whole individual or parts thereof falling, which could cause damage to persons, pets, vehicles, dwellings, or others. • It is recommended that a second intervention be carried out on the individuals categorized as red and yellow, directed by a forestry engineer specializing in urban arboriculture.
The foregoing is due to the holobiont behavior of the tree stand, where it must be considered that when intervening on one or more individuals, others are not left exposed to direct dynamic loads such as wind and rain, which can lead to their failure or that of parts thereof. Since, if such a condition is identified, it is essential to intervene on the others, due to the risk of failure from leaving exposed trees that during their growth did not generate structures in response to stresses, which require many years to form, preventing the falling of trees in a “domino effect”. It is important to clarify that these trees are battered by northwest trade winds during the dry season, which is a risk condition to consider, as well as that some are located on slopes and others that were possibly impacted at root level during the construction of roads and their components, as well as houses and their associated structures …”. That being the case, the Chamber considers that there is no infringement whatsoever of the fundamental rights claimed. Under this understanding, it is imperative to dismiss the remedy,
In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter into the knowledge of the substance of the matter when other rights of persons affected by noise and environmental pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), as happens in this case, in which deforestation of forest in the El Tirol de San Rafael de Heredia sector is alleged, under the argument of injury to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.
I maintain that this matter should have been flatly rejected, since the complainant files the amparo remedy on behalf of a legal entity. Of importance for the sub examine, in the dissenting vote I recorded in judgment no. 2019002355 issued at 9:30 hours on February 12, 2019, I held:
“in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition to legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that “Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so that legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.” On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as happened in the case Nombre06 and others v. Venezuela); however, for this to be amenable to protection before the inter-American system, “the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is insufficient to conclude that the rights of natural persons are effectively being protected and not those of the legal entities.
Indeed, one must prove beyond the mere participation of the natural person in the activities proper to the legal entity, so that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.” (emphasis added) (OC. 22/16)”.
In my view, the reading of the Ley de la Jurisdicción Constitucional obliges the same ratio of the aforementioned conventional hermeneutics with respect to all fundamental rights. Thus, in a constitutionality proceeding brought on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity that claims to be affected by some violation of the constitutional order and the natural person who, due to such injury, has a fundamental right diminished in a reflexive but direct manner. Now, for such purposes, a mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to be able to infer that, precisely, through the constitutionality proceeding, the safeguarding of the fundamental rights of the latter is being sought, not merely those of the former. The aforementioned requirement thus becomes a sine qua non prerequisite for the admissibility of constitutionality review by this jurisdiction.
Based on the foregoing, I deduce that this must be the guideline with which the Ley de la Jurisdicción Constitucional must be interpreted, so that in the sub iudice, the application of jurisdictional constitutionality review is inappropriate, since, based on the evidence in the record, the essential link between the legal entity protected by amparo and any natural person has not been demonstrated, in a specific manner, in relation to the alleged injured right.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The remedy is declared without merit with regard to the respondent municipality. In all other respects, the remedy is flatly rejected. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Magistrate Rueda Leal dissents and flatly rejects the matter. Notify.
Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas quince minutos del seis de junio de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo promovido por Nombre01, cédula de identidad CED02, a favor de L&M SERVICIOS MERCADERISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED03, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.
RESULTANDO:
11. Por memorial presentado a las 15:48 horas de 13 de marzo de 2025, la recurrente manifestó que, su representada interpuso este recurso de amparo, por la corta y tala indiscriminada e irracional de árboles de ciprés ubicados en la Finca el Tirol, en el Residencial del Monte. Mediante resolución de esta Sala de las 14:53 horas de 18 de febrero de 2025, se ordenó: “… A LA AUTORIDAD RECURRIDA SUSPENDER DE FORMA INMEDIATA LA CORTA DE LOS ÁRBOLES DE CIPRÉS EN EL RESIDENCIAL DEL MONTE, EN SAN RAFAEL DE HEREDIA, HASTA TANTO LA SALA NO RESUELVA EN SENTENCIA EL RECURSO, O NO DISPONGA OTRA COSA. …”. Agrega que, aporta el estudio denominado “Evaluación de la riqueza biológica en la zona del Tirol, San Rafael de Heredia” realizado en marzo de 2025 por la Fundación Instituto de Políticas para la Sostenibilidad.
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
CONSIDERANDO:
La recurrente acota que en el fundo de su representada y en todas las fincas aledañas privan los árboles de ciprés desde hace más de cincuenta años, los cuales se sembraron a efectos de disminuir la fuerza de los vientos y proteger así las residencias del lugar. Pese a lo anterior, en noviembre de 2011, se planteó un proceso sumario de derribo ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia, a efectos que se ordenara al ente local recurrido la corta de árboles objeto de ese proceso. Agrega que, el ente local recurrido de manera irracional, desproporcionada e indiscriminada estaba cortando los árboles de ciprés que se encuentran en ambas márgenes de la entrada de la finca de la actora de ese proceso, aunque la misma municipalidad contaba con un inventario forestal según el cual, solo era necesario intervenir dos árboles, puesto que ninguno de los demás presentaba condición alguna que ameritara la tala. Ese proceder atenta contra la flora, la fauna y la belleza escénica del lugar. Por todo lo expuesto, estima vulnerados los derechos fundamentales reclamados.
De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes:
Con ocasión de las solicitudes formuladas por Nombre04, Francisco Ulloa Loría, Francisco Javier Llaguno Thomas, Nombre05 y Sebastián David Vargas Roldan, para que se les tenga como adyuvantes activos, la Sala estima importante indicar que la coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso uniéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales. En virtud de lo anterior, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter de "erga omnes" que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En este caso, la Sala procede a admitir las coadyuvancias presentadas (en los términos del artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) por cuanto los promoventes tienen un interés directo en la resolución del presente asunto.
Conviene, en primer término, advertir que no procede el recurso de amparo contra ningún tipo de actuación o resolución jurisdiccional, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 30, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que lo relativo a lo resuelto por la autoridad jurisdiccional recurrida, la regularidad del proceso y la correcta integración de la litis, así como la competencia del Juzgado Agrario de Alajuela, para conocer del proceso, son planteamientos que deben ser rechazados, en virtud de lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
En lo que concierne propiamente a la tala indiscriminada reclamada, este Tribunal en la sentencia No. 2022010605 de las 9:40 horas de 13 de mayo de 2022, se pronunció sobre el tema en discusión, estimando en lo que interesa, lo siguiente:
“… En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, observa este Tribunal que las cortas de árboles de ciprés realizadas por la Municipalidad de San Rafael, se han dado en cumplimiento de órdenes emitidas tanto por esta Cámara Constitucional como por el Juzgado Agrario de Alajuela, mediando en ambos casos criterios técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En ese sentido, no se cuenta con evidencia, ni elementos de prueba técnicos que respalden lo expuesto por el recurrente en cuanto a una tala indiscriminada, sino todo lo contrario, de los informes rendidos y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, descrita ampliamente en el elenco de hechos probados, se deriva que las cortas han sido efectuadas bajo el criterio técnico del ente competente y, sin que los árboles en cuestión constituyeran bosque o zonas de protección, como fue planteado por el recurrente. Consiguientemente, no se comprueba que en este caso se haya producido la violación acusada en cuanto al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni se observan infracciones a otros derechos constitucionales en las actuaciones de los accionados …” Posteriormente, en la sentencia No. 2023003137 de las 9:15 horas de 10 de febrero de 2023, esta Sala se pronunció nuevamente sobre el tema en discusión en el expediente No. 23-001103-0007-CO, señalando que:
“…V.- SOBRE LA CORTA DE ÁRBOLES EN EL CASO CONCRETO. En cuanto al alegato de la parte recurrente relacionado con la tala de árboles sobre la vía pública en el sector conocido como El Tirol de San Rafael de Heredia, este Tribunal ya emitió un pronunciamiento relacionado con tales hechos, de esta manera, en la sentencia No. 2022010605 de las 9:40 horas de 13 de mayo de 2022, se indicó en lo que interesa, lo siguiente:
“IV.- Sobre el caso concreto. En el sub- lite, la parte recurrente acusa la deforestación del bosque en el sector conocido como El Tirol de San Rafael de Heredia; puesto que, considera que la Municipalidad encargada ha procedido con la tala indiscriminada de árboles, con la aquiescencia del Ministerio de Ambiente y Energía, todo ello bajo el pretexto de una orden emitida por esta Sala Constitucional.
De conformidad con lo anterior, observa este Tribunal que, recientemente, esta Sala dictó la Sentencia N° 2021-019650 de las 09:40 horas del 31 de agosto de 2021, donde rechazó de plano un recurso de amparo interpuesto por el recurrente en términos similares a los aquí esgrimidos:
“Respecto a los agravios expuestos se verifica que existe una disconformidad con las actuaciones materiales adoptadas por la administración para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo previo, expediente No. 21-007017-007-CO. Este recurso se interpone por un tercero que no fue parte ni como tutelado ni como recurrido en el amparo anterior, y ahora acude a la Sala presentando dicha gestión. Por sentencia No. 2021009176 de las 9:05 horas del 7 de mayo de 2021, se tuvieron por acreditados los estudios técnicos que señalaban el problema con los árboles y lo que había que hacer para solucionar tal problema, y de ahí, que la Sala ordenó resolver la situación conforme lo señalado por los estudios técnicos, y es lo que ahora pretende realizar la municipalidad y con lo que está en desacuerdo el recurrente de este nuevo amparo. Ahora, si considera que existen otras modalidades para la solución del problema, así deberá instalarlo ante las autoridades correspondientes. En consecuencia, el gestionante deberá plantear, si a bien lo tiene, sus inconformidades o reclamos ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el amparo es inadmisible”.
De igual forma, a partir de los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se desprende que fueron un total de dieciocho árboles los que fueron objeto de corta, en ejecución de lo dispuesto por este Tribunal en Sentencia N° 09176-2021 de 07 de mayo de 2021. Asimismo, consta en autos que, contrario a lo planteado por el recurrente en su escrito de interposición, dichos árboles no constituyen bosque ni se encuentran dentro de las Zonas de Protección establecidas en el artículo 33, de la Ley Nº 7575, todo ello según informe técnico de inspección Nº SINAC-ACC-OH-1015-2021 del 23 de julio de 2021. De modo que, se tuvo por acreditado que la corta realizada por la Municipalidad de San Rafael estuvo autorizada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación mediante resolución número SINAC-ACC-OH-PUA-PP1-1108-2021. Así las cosas, se reitera al recurrente que, de tener alguna inconformidad con la modalidad escogida por la Municipalidad para la solución del problema acusado en recurso de amparo N° 21-007017-0007-CO, dichos reclamos corresponden ser planteados ante las propias autoridades recurridas o en la vía ordinaria.
Por otro lado, del cuadro fáctico expuesto supra, se verifica que la corta adicional de árboles efectuada por la Municipalidad en la zona responde a un proceso sumario de derribo tramitado bajo expediente 21-000019-0815-AG-0 ante el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de Alajuela, el cual fue activado por una vecina del sector contra la Municipalidad de San Rafael. En virtud de lo anterior, observa este Tribunal que, en una primera fase del proceso, se emitió sentencia de conciliación N°2021-000, donde se acuerda la corta de diez árboles en el sector. Teniéndose por acreditada la intervención del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en el proceso, quien por oficios SINAC-ACC-OH-1345-21 y SINAC-ACC-OH-1586-21, hace constar visitas de inspección de los árboles objeto de litigio y, resalta, que los mismos no se encuentran dentro de áreas de protección del artículo 33, de la Ley N.º 7575.
En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, observa este Tribunal que las cortas de árboles de ciprés realizadas por la Municipalidad de San Rafael, se han dado en cumplimiento de órdenes emitidas tanto por esta Cámara Constitucional como por el Juzgado Agrario de Alajuela, mediando en ambos casos criterios técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En ese sentido, no se cuenta con evidencia, ni elementos de prueba técnicos que respalden lo expuesto por el recurrente en cuanto a una tala indiscriminada, sino todo lo contrario, de los informes rendidos y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, descrita ampliamente en el elenco de hechos probados, se deriva que las cortas han sido efectuadas bajo el criterio técnico del ente competente y, sin que los árboles en cuestión constituyeran bosque o zonas de protección, como fue planteado por el recurrente. Consiguientemente, no se comprueba que en este caso se haya producido la violación acusada en cuanto al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni se observan infracciones a otros derechos constitucionales en las actuaciones de los accionados. Por ende, se procede con la desestimatoria del recurso.” (consúltese ad effectum videndi et probandi la sentencia No. 2022-010605 de las 9:40 horas de 13 de mayo de 2022).
Por otro lado, no existen elementos de convicción novedosos que permitan concluir que al ejecutar lo ordenado por el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, el ente local recurrido actuara de manera desmedida o de forma arbitraría. Por el contrario, de la copia del expediente judicial se colige que la intervención que aquí se reclama se fundamentó en los criterios técnicos emitidos en los oficios de la Oficina de Heredia del Área de Conservación Central No. ACC-0H-1345-21 de 12 de octubre de 2021 y No. SINAC-ACC-OH-1586-2021 de 30 de noviembre de ese mismo año. Aunado a lo anterior, de la prueba documental aportada se desprende con meridiana claridad que la actuación reclamada al ente local recurrido, se adecuó a lo dispuesto en la sentencia No. 2024000011 de las 12:22 horas de 31 de enero de 2025, que declaró parcialmente con lugar el sumario de derribo y que ordenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia cortar los árboles marcados con las letras de la A a la E, y cortar además los 15 árboles que fueron remarcados con los números del 1 al 15, con pintura de color amarillo y todos aquellos árboles que se encuentran junto al lindero este del inmueble de la actora, a la orilla de la calle, en caso de que no se encuentren dentro de los árboles ya marcados con letras y números, máxime que al momento en el que se conoce de este proceso, se ha producido la tala de 32 individuos.
Finalmente, no puede pasar desapercibida la evaluación del riesgo elaborada por Programa Gestión de Bosques Instituto de Investigación y Servicios Forestales Universidad Nacional en el informe denominado "Evaluación del riesgo de árboles urbanos del residencial El Tirol – Del Monte para el proyecto Transición a una Economía Verde Urbana y la generación de beneficios ambientales globales”, de abril de 2025, que concluye lo siguiente: “… • Se lograron clasificar un total de 967 árboles mayores a 10 cm de DAP, de los cuales: 34.95 % presentan una condición verde, 33.09 % están muertos, 9.4 % están vivos pero suprimidos, 7.23 % presentan una condición roja, 6.72 % presentan una condición amarilla y 1.86 % fueron desmochados y están muertos. • Los árboles evaluados, presentan una condición de crecimiento de holobionte, lo cual es un factor de importancia para el manejo del arbolado en el sitio. • En total se etiquetaron y marcaron 538 árboles vivos de ciprés con DAP > 30 cm, presentes en calle, Dirección05, residencial El Tirol, de los cuales 32 presentan 2 - 3 ejes, condición importante de considerar por el potencial riesgo de fallo por la acumulación de humedad, materia orgánica o corteza incluida. • Se realizó una evaluación visual de riesgo en los árboles censados, donde se identificaron 135 árboles candidatos a la aplicación de un TRAQ, debido a que se identificaron factores de riesgo como presencia de pudrición, evidencia de cavidades, ramas secas, grietas, copas reducidas, muerte regresiva y árboles con grados de inclinación importantes hacia viviendas y vía pública (blancos bajo alcance). • Los árboles evaluados representan algún grado de riesgo a viviendas, vía pública o cableado, por lo cual es importante el manejo y monitoreo. • La clasificación realizada permite tener un panorama para hacer intervenciones urgentes con carácter técnico a corto, mediano y largo plazo, en el arbolado estudiado, priorizando la actuación sobre árboles muertos, suprimidos, aquellos que se ubiquen en categoría roja y amarilla, permitiendo mitigar el riesgo y posteriormente manejarse el riesgo residual. • En cuanto a las tomografías realizadas a los árboles categorizados como rojos, 30 % de ellos muestran una prolongación importante de daños externos. • En cuanto a las tomografías realizadas a los árboles categorizados como amarillos, 20 % de ellos muestran una prolongación importante de daños externos igualmente. • En cuanto a las tomografías realizadas a los árboles categorizados como verdes, 3 de 5 árboles mostraron una prolongación importante de daños externos …” y que recomienda: “… utilizar el presente informe como base, para la toma de decisiones. • Se recomienda que se realice una primera intervención sobre los árboles que se encuentran muertos, debido al riesgo inminente de caída de la totalidad de cada individuo o partes de los mismo, los cuales pueden causar daños a personas, mascotas, vehículos, viviendas u otros. • Se recomienda realizar una segunda intervención sobre los individuos categorizados rojos y amarillos, dirigida por un ingeniero forestal con especialidad en arboricultura urbana.
Lo anterior debido al comportamiento de holobionte de la masa de árboles, donde se debe considerar que al intervenir uno u más individuos no queden otros expuestos a cargas dinámicas directas como viento y lluvia, que pueden conducir al fallo de los mismos o partes de estos. Ya que, de identificarse dicha condición, es indispensable intervenir a los demás, debido al riesgo de fallo al dejar expuestos a árboles que durante su crecimiento no generaron estructuras en respuestas a tensiones, mismas que requieren de muchos años para su creación, evitando la caída de árboles en “efecto dominó”. Es importante aclarar que estos árboles son azotados por vientos alisios del noroeste durante la época seca, lo que es una condición de riesgo a considerar, así como que algunos se encuentran sobre taludes y, otros que posiblemente fueron impactados a nivel de raíces durante la construcción de caminos y sus componentes, así como de las casas y sus estructuras asociadas …”. Así las cosas, aprecia la Sala que no existe infracción alguna a los derechos fundamentales reclamados. Bajo esta inteligencia, se impone desestimar el recurso,
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación sónica y ambiental, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la deforestación de bosque en el sector El Tirol de San Rafael de Heredia, bajo el argumento de lesión al derecho a disfrutar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Sostengo que este asunto se debió rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve:
“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre06 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.
En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción.
A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso en lo que concierne a la municipalidad recurrida. En lo demás, se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el asunto. Notifíquese.
Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F.
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