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Res. 35999-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/12/2024
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the amparo, finding no violation of the right of petition and that the matter was not cognizable in the constitutional venue.La Sala Constitucional declara sin lugar el amparo, por no tratarse de una vulneración al derecho de petición y no corresponder su conocimiento a la vía constitucional.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber rejects an amparo filed by the Municipal Workers Union of Limón Province (SITRAMUPL) against the Municipality of Limón for failing to respond to a request to revoke a directive that authorized automatic payroll deductions for ANEP union dues. The Chamber finds that the request is not a simple information petition protected by the right of petition (Article 27 of the Constitution), but rather a complex petition challenging an administrative act, protected under the right to prompt and complete administrative justice (Article 41 of the Constitution). Since the matter does not fall within the exceptions the Chamber has reserved for its own cognizance—such as environmental complaints, corruption, or wages—the proper avenue is the contentious-administrative jurisdiction through the "amparo de legalidad" process. The respondent authority demonstrated that the request was filed on October 16, 2024, and was still within the two-month response period under Article 261 of the General Public Administration Act. The amparo is denied, and the petitioner is advised to pursue the matter in the contentious-administrative courts.La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Limón (SITRAMUPL) contra la Municipalidad de Limón por falta de respuesta a una solicitud de revocatoria de una directriz que autorizaba deducir automáticamente del salario de funcionarios municipales las cuotas en favor del sindicato ANEP. La Sala determina que la gestión del recurrente no constituye una solicitud de información pura y simple protegida por el derecho de petición (artículo 27 constitucional), sino una petición compleja que involucra la impugnación de un acto administrativo, tutelable a través del derecho a la justicia administrativa pronta y cumplida (artículo 41 constitucional). Dado que el asunto no encaja dentro de las excepciones que la propia Sala ha reservado para su conocimiento —como denuncias ambientales, corrupción, salarios, entre otras—, la vía idónea es la jurisdicción contencioso-administrativa mediante el proceso de amparo de legalidad. Además, la autoridad recurrida acreditó que la solicitud fue presentada el 16 de octubre de 2024 y que aún se encontraba dentro del plazo de dos meses previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública para resolver. La Sala declara sin lugar el recurso y orienta al gestionante a acudir a la vía contenciosa.
Key excerptExtracto clave
Regarding the petitioner's claim, it is important to clarify that the right of petition, established in Article 27 of the Constitution, understood as the power of every citizen to address in writing any public official or official entity for the purpose of raising a matter of personal interest, refers to pure and simple requests for information, in which case the response must normally be given within 10 business days following receipt of the request, as ordered by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and other applicable regulations. Having clarified the above, it is observed that in the case at hand, the request whose lack of a concrete and specific response the petitioner alleges does not constitute a pure and simple request for information protected by Article 27 of the Political Constitution. In the request sent on October 16, 2024, the petitioner asked the Mayor of Limón to revoke a directive authorizing the automatic deduction from the salaries of municipal employees of dues in favor of the union called the National Association of Public and Private Employees (ANEP). This requirement is not protected by the right of petition and prompt response, and therefore, it is not subject to protection in this venue as framed. The matter complained of would, eventually, constitute a violation of Article 41 of the Political Constitution. However, the issue raised by the protected party is not one of the exceptions that this Chamber has admitted for hearing an alleged infringement of the right to obtain prompt and complete administrative justice. Consequently, the proper course is to refer it to the contentious-administrative jurisdiction so that it may address the delay in question, based on the following considerations.En relación con el reclamo del recurrente, es importante aclarar que el derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido como la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, se refiere a peticiones puras y simples de información, en cuyo caso normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. Aclarado lo anterior, se observa que en el sub lite, la gestión cuya falta de respuesta concreta y puntual alega el recurrente no constituye una solicitud de información pura y simple protegida por el artículo 27 de la Constitución Política. En la gestión remitida el 16 de octubre de 2024 el recurrente solicita a la Alcaldesa de Limón revocar una directriz que autoriza deducir automáticamente del salario de los funcionarios municipales las cuotas en favor del sindicato denominado Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Dicho requerimiento no se encuentra amparado por el derecho de petición y pronta respuesta y, por ende, no es tutelable en esta vía en los términos planteados. Lo acusado constituiría, eventualmente, una violación a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política. Sin embargo, el tema planteado por el tutelado no es una de las excepciones que esta Sala ha admitido para conocer la alegada infracción al derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida. En consecuencia, lo procedente es remitirlo a la vía contenciosa para que acuse el retardo en cuestión, con fundamento en los siguientes considerandos.
Pull quotesCitas destacadas
"El derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido como la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, se refiere a peticiones puras y simples de información."
"The right of petition, established in Article 27 of the Constitution, understood as the power of every citizen to address in writing any public official or official entity for the purpose of raising a matter of personal interest, refers to pure and simple requests for information."
Considerando III
"El derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido como la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, se refiere a peticiones puras y simples de información."
Considerando III
"En la gestión remitida el 16 de octubre de 2024 el recurrente solicita a la Alcaldesa de Limón revocar una directriz que autoriza deducir automáticamente del salario de los funcionarios municipales las cuotas en favor del sindicato denominado Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Dicho requerimiento no se encuentra amparado por el derecho de petición y pronta respuesta."
"In the request sent on October 16, 2024, the petitioner asked the Mayor of Limón to revoke a directive authorizing the automatic deduction from the salaries of municipal employees of dues in favor of the union called the National Association of Public and Private Employees (ANEP). This requirement is not protected by the right of petition and prompt response."
Considerando III
"En la gestión remitida el 16 de octubre de 2024 el recurrente solicita a la Alcaldesa de Limón revocar una directriz que autoriza deducir automáticamente del salario de los funcionarios municipales las cuotas en favor del sindicato denominado Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Dicho requerimiento no se encuentra amparado por el derecho de petición y pronta respuesta."
Considerando III
"El tema planteado por el tutelado no es una de las excepciones que esta Sala ha admitido para conocer la alegada infracción al derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida."
"The issue raised by the protected party is not one of the exceptions that this Chamber has admitted for hearing an alleged infringement of the right to obtain prompt and complete administrative justice."
Considerando III
"El tema planteado por el tutelado no es una de las excepciones que esta Sala ha admitido para conocer la alegada infracción al derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida."
Considerando III
"En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados."
"In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, speed, and promptness for the protection and effective safeguarding of the substantial legal situations of those subject to administration."
Considerando IV
"En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
Res. N° 2024035999 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty-five minutes on December third, two thousand twenty-four.
Amparo appeal processed in case file number 24-031247-0007-CO, filed by [Name1], of legal age, identity card number CED1, on behalf of the Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Limón -SITRAMUPL-, legal entity identification number CED2, against the Municipalidad de Limón.
Whereas:
1.- By written submission received in the Chamber's Secretariat at 10:45 a.m. on November 6, 2024, the petitioner filed an amparo appeal against the Municipalidad de Limón and states that, in his capacity as Secretary General of the Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Limón (SITRAMUPL), on October 16th last, he sent official letter No. STMPL-68-2025 addressed to the Mayor of Limón, through which he requested public information of his interest and the revocation of official letter No. AML-2956-2024. Specifically, he petitioned the following: "Being so, you are requested to revoke said directive in official letter AML-2956-2024 to Licda. Voltaire Reina based on the collective bargaining agreement (convención colectiva) articles J, 4, 82 Labor Code, articles 54, 69 subsection k. 712." He mentions that said directive instructs the head of human talent to deduct dues from the ANEP union, violating the rights acquired in the Collective Bargaining Agreement, since, while it is true that each person may freely associate, those dues may be paid directly at the aforementioned association and not deducted from the payroll as they are accepting, despite it being a right enjoyed solely by his represented entity. He accuses that as of the date he seeks amparo, he has not received a response. Therefore, he requests the Chamber's intervention.
2.- By resolution at 11:55 a.m. on November 12, 2024, the Presidency of the Chamber granted leave to this amparo and requested a report from the Mayor of Limón regarding the facts alleged by the petitioner.
3.- Ana Janniel Matarrita Mc Calla, in her capacity as Mayor of Limón, reports under oath (written submission filed at 12:59 p.m. on November 22, 2024) in the following terms:
“REGARDING THE ALLEGED FACTS 1. The union's petition is a petition not covered by constitutional articles 27 and 30.
Constitutional jurisprudence has been able to distinguish between the simple right of petition and the complex petitions of the administered party. The former, covered by constitutional numerals 27 and 30. The latter, covered by canon 41 of the Magna Carta. This implies that simple requests for information are founded on the right of petition and access to public information; but complex petitions find their support in the fundamental right to administrative justice.
For example, the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) has stated:
'Regarding this situation, we must highlight the difference that exists—perhaps not so evident—with the already addressed right of petition. In general terms, the nature of the administered party's request before the Administration will determine whether it is an exercise of the right of petition, or rather, of the right of access to administrative justice. When the administered party's request is pure and simple and consists, for example, of their mere right to be informed or to obtain a certification, we are faced with the exercise of the so-called right of petition. The other scenario is indicated to us by Constitutional Chamber Magistrate Eduardo Sancho, who says of administrative claims and remedies that:
'It is known doctrinally as a petition in which there is a legitimate interest of the petitioner, which is raised by means of the complaint of rights, whether for the restitution of a violated one or for the declaration of one that requires express recognition.
In these cases, the final decision that denies the complaint exhausts the administrative channel, and whether by express or presumed resolution by virtue of its silence, it opens the possibility of resorting to the jurisdictional channel.
This matter is not the exercise of the right of petition, but the fundamental right to administrative justice, which results from the combination of constitutional articles 27 and 41, or only the second of them, as the case may be.
Free access to administrative departments for informational purposes does not trigger the initiation of any procedure of that nature that must conclude with a final decision-making act, and by reason of this special nature of the right, the petition made in accordance with article 30 of the Political Constitution cannot be channeled through the ordinary or summary procedures of the General Public Administration Law.' (Legal Opinion C-211-1998) This long-standing distinction, which persists to this day, has caused a jurisdictional boundary within this Constitutional Court, between the protection of the right of petition and that of the right to administrative justice. This distinction is transcendental, so much so that it allowed the jurisprudential creation of the AMPARO OF LEGALITY APPEAL (Recurso de Amparo de Legalidad). In Ruling No. 2545-2008, the Constitutional Chamber considered that it was possible to offer, through the procedures provided in the Contentious-Administrative Procedural Code, jurisdictional protection of the Right to a prompt resolution, which also complied with characteristics analogous to those of the institute of the Amparo Appeal, which the Chamber summarized as follows: simplicity, celerity, and promptness:
'NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND COMPLETE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF THE ADMINISTERED PARTIES. Since its founding, the Constitutional Chamber has used broad admissibility criteria in view of the absence of expedited and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations that have a basis in the infra-constitutional legal system or legality parameter, which have an indirect connection with fundamental rights and the Law of the Constitution. In this regard, one must not lose sight of the fact that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, gives indirect foundation to any imaginable substantial legal situation of persons. However, upon better weighting and given the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that those subject to justice now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expedited and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for carrying out the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of the claims that may be brought, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity—, a single instance with appeal only in expressly enumerated situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential proceeding or "amparo of legality", processes of pure law, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of property from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the panel of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest purpose and aim of achieving procedural economy, celerity, promptness, and the effective or complete protection of the substantial legal situations of the administered parties, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the protection and effective safeguarding of the substantial legal situations of the administered parties where the gathering of evidence or the definition of certain questions of ordinary legality is required.' The Constitutional Chamber itself has been making this demarcation, understanding which matters, despite concerning the right to prompt and complete justice in the administrative venue, may exceptionally be heard within the constitutional jurisdiction:
'However, it is worth noting that not even all the instances of the right to a prompt and complete procedure have been referred by this Constitutional Court to the contentious-administrative jurisdiction, inasmuch as it has gradually defined exceptional cases in the matter whose cognizance and resolution it reserves for itself, such as the following: 1) Environmental complaint or proceeding; 2) corruption complaint; 3) payment of salaries; 4) retirements (only when payment of benefits is claimed); 5) pensions (only, in those cases related to profound cerebral palsy and the Non-Contributory Scheme of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social)); 6) persons deprived of liberty; 7) delay in the request for conjugal visit by a person deprived of liberty; 8) persons with disabilities; 9) minors; 10) older adults (when they do not refer to pension matters and are directly related to their condition as older adults); 11) foreigners and Costa Ricans who are outside the national territory; 12) potable water and electricity; 13) indigenous persons; 14) maternity leave; 15) requests for insurance coverage to the Costa Rican Social Security Fund; 16) requests for curricular adaptation.' (Constitutional Chamber. Resolution No. 19741-2014 of 2:30 p.m. on December 2, 2014) In repeated constitutional rulings, the Chamber itself has stated the following:
'NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND COMPLETE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF THE ADMINISTERED PARTIES. Since its founding, the Constitutional Chamber has used broad admissibility criteria in view of the absence of expedited and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations that have a basis in the infra-constitutional legal system or legality parameter, which have an indirect connection with fundamental rights and the Law of the Constitution. In this regard, one must not lose sight of the fact that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, gives indirect foundation to any imaginable substantial legal situation of persons. However, upon better weighting and given the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that those subject to justice now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expedited and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for carrying out the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of the claims that may be brought, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity—, a single instance with appeal only in expressly enumerated situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential proceeding or "amparo of legality", processes of pure law, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of property from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the panel of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest purpose and aim of achieving procedural economy, celerity, promptness, and the effective or complete protection of the substantial legal situations of the administered parties, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the protection and effective safeguarding of the substantial legal situations of the administered parties where the gathering of evidence or the definition of certain questions of ordinary legality is required.' (RESOLUTION No. 2011008374) Applying what has been said to the specific case, it is observed that the part of the petitioning union's administrative filing that generates the disagreement of said organization is none other than that in which it requests the revocation of a specific administrative act that it considers harmful to its interests. This request is not a simple petition for information that is covered by articles 27 and 30 of the Magna Carta, but rather a complex petition by the administered party that is not subject to the time limits defined by the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), nor is it susceptible to a constitutional amparo appeal.
Note that, in the specific case, what the union organization requests is that the administration adopt a specific conduct to attend to its interests, not that it be granted access to public information held by the offices or administrative departments of this Municipality.
Its content allows this filing to be classified as an administrative claim or else as an appeal. It falls within the concept of a claim, insofar as the group requests that its alleged right be recognized. It falls within that of an appeal, insofar as it is an administrative filing by a party aimed at the modification, revocation, or invalidation of an administrative act, considering it injurious to its interests. This relates, then, to the right to administrative justice and not to the right of access to information. Therefore, based on what is provided in constitutional article 41 and article 261 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), complex requests such as claims, complaints, appeals, or reports must be handled within a period of two months, unless a special rule applies. Consequently, since the petition was filed only on October 16, 2024, this Mayor's Office is still within the time limit to resolve it.
In sum, in accordance with the jurisdictional demarcation set forth, the claim or appeal filed by this group, after the two months established by law, should be heard by the Contentious-Administrative jurisdiction through the amparo of legality appeal.
Along these lines, I request that it be so declared by this Constitutional Chamber.
2. Regarding the processing given to the petition.
This Mayor's Office has not been negligent in responding to the group's request, as it has been processed and is currently in the possession of this Mayor's Office for its final resolution.
To that end, on October 17, 2024, official letter AML-3700-2024 was issued, through which an analysis of the union petition under examination was requested. The respective legal opinion was rendered on October 29, 2024, through official letter AML-LSS-43-10-2024.
At this moment, this Mayor's Office is studying the recommendation contained in the referenced legal opinion, in order to determine whether to proceed as recommended therein or whether to refer it to the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) for a preferential and binding legal opinion (dictamen).
Thus, there has been no negligence on the part of this Administration.
OFFER OF EVIDENCE Documentary:
- Certified copy of official letter AML-3700-2024 and of legal opinion AML-LSS-43-10-2024 PETITION Based on the foregoing, I respectfully request of your authority:
1. To declare this constitutional amparo appeal WITHOUT MERIT, as it is not a matter to be aired in this venue. Even if your authority nonetheless considers it has jurisdiction to hear this matter, we request that it be declared WITHOUT MERIT for having been filed prematurely, when this office still has the reasonable period to respond to the formulated request.” 4.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.
Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,
Considering:
I.- Object of the appeal. The petitioner alleges that, in his capacity as Secretary General of the Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Limón, on October 16, 2024, he sent official letter No. STMPL-68-2025 addressed to the Mayor of Limón, through which he requested public information of his interest and the revocation of official letter No. AML-2956-2024. Specifically, he petitioned the following: "Being so, you are requested to revoke said directive in official letter AML-2956-2024 to Licda. Voltaire Reina based on the collective bargaining agreement articles J, 4, 82 Labor Code, articles 54, 69 subsection k. 712." He mentions that said directive instructs the head of human talent to deduct dues from the ANEP union, violating the rights acquired in the Collective Bargaining Agreement, since, while it is true that each person may freely associate, those dues may be paid directly at the aforementioned association and not deducted from the payroll as they are accepting, despite it being a right enjoyed solely by his represented entity. He accuses that as of the date he seeks amparo, he has not received a response.
II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:
III.- Regarding the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses the injury to the fundamental rights of the petitioner and the protected organization. From the report rendered by the representative of the respondent authority, given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction, and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on October 16, 2024, the petitioner, in his capacity as Secretary General of SITRAMUPL, through official letter No. STMPL-68-2025, made the following filing before the Mayor of Limón:
“Receive a cordial greeting from the Directive Board of SÍTRAMUPL. Through this letter, I request that you rule on the following objection.
FIRST: That according to official letter OTH-938-2024 signed by Licda. Valtaire Retana, in which she attaches legal opinion AML-LS-24-08-2024 signed by Lic. Luis Segura, lawyer, and official letter AML-2956-2024, signed by you, as mayor of the municipality of the central canton of Limón, in which the automatic deduction from salary of dues from municipal officials in favor of the union of the Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) is authorized.
SECOND: Our attention is powerfully drawn, and the doubt arises, regarding the official letters and legal opinions signed by Lic. Segura, who does not indicate being a legal advisor, internal or external lawyer; it is not recorded whether he is a municipal official, as he does not indicate so. However, he uses the letterhead of the municipal mayor's office in his official letters, and the type of appointment he holds within the institution is unknown, so clarification is requested to this representation.
THIRD: That in legal opinion AML-LS-24-08~2024 signed by Lic. Luís Segura, lawyer, he indicates 'that in the collective bargaining agreement, in its article 82, there is no mention of which union. However, it mentions art. 1, referring to which 'union' would be solely SITRAMUPL.' It also mentions a legal opinion from the Attorney General's Office PGR-C-036-2023 regarding facultative or conventional deductions that are supported by a legal norm and that require the worker's consent; 'it mentions art. 69 subsection k of the labor code, regarding the deduction from salary that the worker commits to pay to the union through the consent of the interested party.' FOURTH: That while it is true that article 82 of the current collective bargaining agreement does not indicate which union it refers to, it is because in its article 4, it is clear that the municipality recognizes SITRAMUPL as the sole legal representative of the workers who work for the institution, and this agreement has been entered into between the representatives of SITRAMUPL, representatives of the Municipalidad del cantón central de Limón, and by representatives of the M.T.S.S. This is why the term 'union' refers solely to the organization referred to in article 4 of the collective bargaining agreement.
FIFTH: While it is true that the Attorney General's Office's legal opinion 'PGR-C-0362023 regarding facultative or conventional deductions that are supported by a legal norm, and that require the worker's consent' is established, and just as art. 69 subsection k of the labor code establishes it, this organization recognizes that the worker's consent exists, and it is recognized that ANEP is a legally constituted organization. However, the same article 69 subsection k of the labor code indicates at the end of its first paragraph 'with the due authorization of the interested party and at the request of the respective institution'; the second paragraph of the same article in question establishes 'the cooperative, union, or credit institution that demands the respective withholding must prove its legal capacity and that the dues whose deduction it requests are authorized by the respective statutes or contracts.' For this reason, this representation finds no standing in said ANEP union, given that the municipality cannot go against article 4 of the collective bargaining agreement, and it cannot accept said deduction request from this ANEP organization, for lack of standing regarding representation and lack of rights insofar as it is neither recognized nor authorized by this institution regarding the Rights acquired in our collective bargaining agreement.
Being so, you are requested to revoke said directive in official letter AML-2956-2024 to Licda. Valtaire Retana based on the collective bargaining agreement articles 1, 4, 82 Labor Code articles 54, 69 subsection k, 712.” In relation to the petitioner's complaint, it is important to clarify that the right of petition, established in constitutional article 27, understood as the faculty every citizen possesses to address any public official or official entity in writing in order to present a matter of their interest, refers to pure and simple petitions for information, in which case the response must normally be given within 10 working days following the receipt of the petition, as ordered by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and other regulations governing the matter. Having clarified the above, it is observed that in the sub lite case, the filing whose lack of a concrete and specific response the petitioner alleges does not constitute a pure and simple request for information protected by article 27 of the Political Constitution. In the filing sent on October 16, 2024, the petitioner requests the Mayor of Limón to revoke a directive authorizing the automatic deduction from municipal officials' salaries of dues in favor of the union called Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Said request is not covered by the right of petition and prompt response and, therefore, is not protectable in this venue under the terms presented.
What is alleged would, eventually, constitute a violation of what is provided in article 41 of the Political Constitution. However, the issue raised by the protected party is not one of the exceptions that this Chamber has admitted to hear regarding the alleged violation of the right to obtain prompt and complete administrative justice. Consequently, the proper course is to refer it to the contentious-administrative venue so that the delay in question may be claimed, based on the following considerations.
IV.- New administrative justice. A swift and complete mechanism for the protection of the substantial legal situations of the administered parties. Since its founding, the Constitutional Chamber has used broad admissibility criteria in view of the absence of expedited and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations that have a basis in the infra-constitutional legal system or legality parameter, which have an indirect connection with fundamental rights and the Law of the Constitution. In this regard, one must not lose sight of the fact that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, gives indirect foundation to any imaginable substantial legal situation of persons. However, upon better weighting and given the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that those subject to justice now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expedited and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for carrying out the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of the claims that may be brought, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity—, a single instance with appeal only in expressly enumerated situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential proceeding or "amparo of legality", processes of pure law, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of property from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the panel of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest purpose and aim of achieving procedural economy, celerity, promptness, and the effective or complete protection of the substantial legal situations of the administered parties, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the protection and effective safeguarding of the substantial legal situations of the administered parties where the gathering of evidence or the definition of certain questions of ordinary legality is required.
V.- Verification of the time limits established by law for resolving administrative procedures: a matter evident of ordinary legality.
It is evident that determining whether the public administration complies with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative remedies, is an evident question of ordinary legality that, henceforth, may be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense —that is, to appear without legal representation— and of gratuity for the appealing party.
Consequently, the dismissal of the amparo is required, and the petitioner must be informed that, if it so wishes, it may resort to the contentious-administrative jurisdiction in defense of the interests of the protected association.
VI.- Conclusion. Therefore, it is certain that the matter raised is not appropriate for protection through the constitutional avenue. Hence, in the terms thus set forth, the remedy must be declared without merit.
VII.- Note by Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court, that when a party claims a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, it is the Contentious-Administrative Tribunals and not this Chamber that must hear the legal controversy. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, corresponds exclusively to defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (decision No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on 22 February 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles and norms) and the corresponding legal norms based on a logical, systemic and teleological interpretation of the legal system.
VIII.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of 22 August 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on 3 May 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The remedy is declared without merit. Judge Castillo Víquez adds a note. Notify.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2024035999 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-031247-0007-CO, interpuesto por [Nombre1] , mayor, cédula de identidad CED1, a favor del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Limón -SITRAMUPL-, cédula jurídica CED2, contra la Municipalidad de Limón.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:45 horas del 06 de noviembre de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Limón y expresa que, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Limón (SITRAMUPL), el pasado 16 de octubre remitió el oficio No, STMPL-68-2025 dirigido a la Alcaldesa de Limón, mediate la cual solicitó información pública de su interés y la revocatoria del oficio No. AML-2956-2024. Específicamente, peticionó lo siguiente: "Siendo así se le solicita revocar dicha directriz en oficio AML-2956-2024 a la Licda. Voltaire Reina con fundamento en la convención colectiva artículos J, 4, 82 Código de Trabajo, artículos 54, 69 inc k. 712”. Menciona que en dicha directriz se instruye a la encargada de talento humano a rebajar cuotas del sindicato ANEP violando los derechos adquiridos en la Convención Colectiva, ya que si bien es cierto cada persona puede asociarse libremente, dichas cuotas pueden ser pagadas directamente en la mencionada asociación y no rebajadas de planilla como lo están aceptando, a pesar de que es un derecho que goza únicamente su representada. Acusa que a la fecha en que acude en amparo no ha obtenido respuesta. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala.
2.- Mediante resolución de las 11:55 horas del 12 de noviembre de 2024, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe a la Alcaldesa de Limón sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
3.- Informa bajo juramento Ana Janniel Matarrita Mc Calla, en su condición de Alcaldesa de Limón (escrito presentado a las 12:59 horas del 22 de noviembre de 2024) en los siguientes términos:
“SOBRE LOS HECHOS ALEGADOS 1. La petición del sindicato se trata de una petición no cobijada por los artículos 27 y 30 constitucionales.
La jurisprudencia constitucional ha sabido distinguir entre el derecho de petición simple y las peticiones complejas del administrado. El primero, cobijado por el numeral 27 y 30 constitucionales. Las segundas, cobijadas por el canon 41 de la Carta Magna. Ello implica que las peticiones de información simple están fundadas en el derecho de petición y de acceso a la información pública; pero las peticiones complejas encuentran su sustento en el derecho fundamental a la justicia administrativa.
Ha referido, por ejemplo, la Procuraduría General de la República:
“En torno a esta situación, debemos resaltar la diferencia existente -quizá no tan evidentecon el ya tratado derecho de petición. En términos generales, la naturaleza de la solicitud del administrado ante la Administración, determinará si se trata del ejercicio de su derecho de petición, o más bien, del derecho de acceso a la justicia administrativa. Cuando la solicitud del administrado es pura y simple y consiste, por ejemplo, en su mero derecho a ser informado o la obtención de una certificación, nos encontramos frente al ejercicio del llamado derecho de petición. El otro supuesto nos lo indica el Magistrado de la Sala Constitucional, Eduardo Sancho, al decir de los reclamos administrativos y recursos que:
"Se conoce doctrinariamente como petición en la que existe un interés legítimo del promovente, que se plantea por la vía de la reclamación de derechos, sea para la restitución de uno violado o para la declaración del que requiere del reconocimiento expreso.
En estos casos, la decisión final que deniega el reclamo agota la vía administrativa y ya sea por resolución expresa o presunta en virtud de su silencio, se abre la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional.
Esta materia, no es el ejercicio del derecho de petición, sino el derecho fundamental a la justicia administrativa, que resulta de la conjugación de los artículos 27 y 41 constitucionales, o solo del segundo de ellos, según sea el caso.
El libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información, no provoca la iniciación de ningún procedimiento de esa índole, que deba concluir con un acto final de decisión y en razón de esta especial naturaleza del derecho, la petición que se haga de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, no puede encauzarse por los trámites del procedimiento ordinario o sumario de la Ley General de la Administración Pública". (Dictamen C-211-1998) Esta distinción de larga data, la cual persiste hasta el día de hoy, ha provocado un deslinde competencial en el seno de este Tribunal Constitucional, entre la tutela del derecho de petición y la del derecho a la justicia administrativa. Esta distinción es trascendental, tanto que permitió la creación jurisprudencial del RECURSO DE AMPARO DE LEGALIDAD. En el Voto N°2545-2008, la Sala Constitucional estimó que era posible ofrecer, a través de los procedimientos previstos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, una tutela jurisdiccional del Derecho a una resolución pronta, que cumpliera también con características análogas a las del instituto del Recurso de Amparo, que la Sala resumió de la siguiente forma: simplicidad, celeridad y prontitud:
“NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CELERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súperlegalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra- procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso- administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.” La misma Sala Constitucional ha venido realizando este deslinde, entendiendo cuáles materias, pese a tratarse del derecho a la justicia pronta y cumplida en sede administrativa, excepcionalmente pueden ser conocidas en el seno de la jurisdicción constitucional:
“Empero, cabe advertir que, incluso, no todos los supuestos del derecho a un procedimiento pronto y cumplido los ha remitido este Tribunal Constitucional a la jurisdicción contenciosoadministrativa, por cuanto, paulatinamente, ha ido definiendo casos de excepción en la materia cuyo conocimiento y resolución se reserva, tales como los siguientes: 1) Denuncia o procedimiento ambiental; 2) denuncia de corrupción; 3) pago de salarios; 4) jubilaciones (únicamente, cuando se reclama el pago de las prestaciones); 5) pensiones (únicamente, en aquellos supuestos relacionados con parálisis cerebral profunda y Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social); 6) privados de libertad; 7) retardo en la solicitud de visita conyugal por privado de libertad; 8) discapacitados; 9) personas menores de edad; 10) adultos mayores (cuando no se refieran a cuestiones de pensión y tenga relación directa con su condición de adulto mayor); 11) extranjeros y costarricenses que se encuentran fuera del territorio nacional; 12) agua potable y electricidad; 13) indígenas; 14) licencia de maternidad; 15) solicitudes de aseguramiento a la Caja Costarricense de Seguro Social; 16) solicitudes de adecuación curricular.” (Sala Constitucional. Resolución N.° 19741-2014 de las 14:30 horas del 2 de diciembre de 2014) En reiterados fallos constitucionales, la misma Sala ha referido lo siguiente:
“NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, superlegalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.” (RESOLUCIÓN Nº2011008374) Llevando lo dicho al caso concreto, se observa que la parte de la gestión administrativa del sindicato accionante que genera la disconformidad de dicha organización no es otra sino aquella en la que solicita la revocación de un acto administrativo en concreto que considera lesivo a sus intereses. Esta solicitud no se trata de una petición simple de información que se encuentre cobijada por los artículos 27 y 30 de la Carta Magna, sino de una petición compleja del administrado que no está sujeta a los plazos definidos por la Ley de la Jurisdicción Constitucional ni tampoco es susceptible de un amparo constitucional.
Obsérvese que, en el caso concreto, la organización sindical lo que solicita es que la administración adopte una conducta en específico para atender sus intereses, no así que se le brinde acceso a información pública que se encuentre en poder de las oficinas o despachos administrativos de esta Municipalidad.
Su contenido, permite ubicar a esta gestión como un reclamo administrativo o bien como un recurso. Cabe en el concepto de reclamo, en tanto la agrupación solicita se reconozca su alegado derecho. Cabe en el de recurso, en tanto que es una gestión administrativa de parte tendiente a la modificación, revocación o invalidación de un acto administrativo, por considerarlo agraviante de sus intereses. Esto se relaciona entonces con el derecho a la justicia administrativa y no con el derecho de acceso de información. Entonces, a partir de lo de dispuesto en el artículo 41 constitucional y 261 de la Ley General de la Administración Pública, las solicitudes de carácter complejo como reclamos, quejas, recursos o denuncias deben ser atendidas en el plazo de dos meses, salvo norma especial. Por lo tanto, al haber sido interpuesta la petición apenas el 16 de octubre de 2024, esta Alcaldía aún se encuentra en tiempo para resolver.
En suma, de conformidad con el deslinde competencial expuesto, el reclamo o recurso interpuesto por esta agrupación, posterior a los dos meses de ley, debería ser atendido por la jurisdicción Contenciosa Administrativa a través del recurso de amparo de legalidad.
En este orden de ideas, solicito sea así declarado por parte de esta Sala Constitucional.
2. Sobre el trámite que se ha brindado a la petición.
Esta Alcaldía no ha sido displicente ante la solicitud de la agrupación, ya que se le ha brindado trámite y en este momento se encuentra en posesión de esta Alcaldía para su resolución final.
Para tales efectos, en fecha 17 de octubre de 2024 se emitió oficio AML-3700-2024, mediante el cual se solicitó análisis de la petición sindical bajo examen. El criterio respectivo fue rendido en fecha 29 de octubre de 2024, mediante oficio AML-LSS-43-10-2024.
En este momento, esta Alcaldía está estudiando lo recomendado en el criterio legal de referencia, a fin de determinar si procede como allí se recomienda o bien si lo remite a la Procuraduría General de la República para que se rinda dictamen preferente y vinculante.
Así las cosas, no ha habido desidia por parte de esta Administración.
OFRECIMIENTO DE PRUEBA Documental:
- Copia certificada del oficio AML-3700-2024 y del criterio legal AML-LSS-43-10- 2024 PETITORIA Con base en lo expuesto, solicito a su autoridad:
1. Declarar SIN LUGAR el presente recurso de amparo constitucional, por no ser materia que deba ventilarse en esta sede. Si bien aun así su autoridad considera ostentar la competencia para atender el presente asunto, solicitamos se declare SIN LUGAR por haberse presentado prematuramente, cuando aún esta dependencia cuenta con el plazo razonable para responder la solicitud formulada”.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Limón, el 16 de octubre de 2024 remitió el oficio No, STMPL-68-2025 dirigido a la Alcaldesa de Limón, mediante el cual solicitó información pública de su interés y la revocatoria del oficio No. AML-2956-2024. Específicamente, peticionó lo siguiente: "Siendo así se le solicita revocar dicha directriz en oficio AML-2956-2024 a la Licda. Voltaire Reina con fundamento en la convención colectiva artículos J, 4, 82 Código de Trabajo, artículos 54, 69 inc k. 712". Menciona que en dicha directriz se instruye a la encargada de talento humano a rebajar cuotas del sindicato ANEP violando los derechos adquiridos en la Convención Colectiva, ya que, si bien es cierto cada persona puede asociarse libremente, dichas cuotas pueden ser pagadas directamente en la mencionada asociación y no rebajadas de planilla como lo están aceptando, a pesar de que es un derecho que goza únicamente su representada. Acusa que a la fecha en que acude en amparo no ha obtenido respuesta.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.- Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales del recurrente y de la organización amparada. Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida, dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 16 de octubre de 2024, el recurrente, en su condición de Secretario General de SITRAMUPL, mediante oficio No, STMPL-68-2025 gestionó ante la Alcaldesa de Limón lo siguiente:
“Reciba un cordial saludo por parte de la Directiva de SÍTRAMUPL, por medio de la presente le solicito se pronuncie respecto a la siguiente inconformidad.
PRIMERO: Que según oficio OTH-938-2024 suscrito por la Licda. Valtaire Retana en donde adjunta criterio legal AML-LS-24-08-2024 suscrito por el Lic. Luis Segura, ahogado, y el oficio AML-2956-2024, suscrito por su persona, como alcaldesa de la municipalidad del cantón central de Limón, en donde se autoriza deducir automáticamente del salario, cuotas a funcionarios municipales en favor del sindicato de la Asociación Nacional de empleados Públicos y Privados (ANEP).
SEGUNDO: Nos llama poderosamente la atención y nos surge la duda, en cuánto los oficios y criterios legales, suscritos por el licenciado Segura, quien no indica ser asesor legal, abogado interno o externo, no consta ser funcionario municipal ya que no lo indica, sin embargo utiliza membrete de la alcaldía municipal en sus oficios, la cual se desconoce el tipo de nombramiento que posee dentro de la institución, por lo que se solicita aclarar a esta representación.
TERCERO: Que en criterio legal AML-LS-24-08~2024 suscrito por el Lic. Luís Segura, abogado, indica "que en la convención colectiva en su artículo 82 no indica mención a que sindicato. sin embargo menciona el art. 1 a que se refiere "sindicato sería únicamente SITRAMUPL "también menciona criterio de la procuraduría PGR-C-036-2023 en cuánto a deducciones facultativos o convencionales que cuenten con sustento en una norma legal y que se requiere la voluntad del trabajador; " menciona art 69 del código de trabajo inc K, en cuanto a la deducción del salario que éste se comprometa a pagar al sindicato por medio del consentimiento del interesado " CUARTO: Que si bien es cierto el artículo 82 de la convención colectiva vigente no indica qué sindicato se refiere, es porque en su artículo 4 es claro que la municipalidad reconoce a SITRAMUPL como el único representante legal de los trabajadores que laboran para la institución, y esta ha sido celebrada entre los representantes de SITRAMUPL, representantes de la Municipalidad del cantón central de Limón y por representantes del M.T.S.S Razón por la cual en el término sindicato es únicamente la organización a que se refiere el artículo 4 de la convención colectiva.
QUINTO: Si bien es cierto se establece en criterio de la procuraduría "PGR-C-0362023 en cuánto a deducciones facultativas o convencionales que cuenten con sustento en una norma legal, y que se requiere la voluntad del trabajador" y así conto lo establece el art 69 inc k del código de trabajo. Esta organización, reconoce que existe voluntad del trabajador, se reconoce que ANEP es una organización legalmente constituida sin embargo mismo artículo 69 inc K del código de (rabino en su primer párrafo al final indica "con la debida autorización del interesado y a solicitud de la institución respectiva" en segundo párrafo del mismo artículo en mención establece "la cooperativa, sindicato o institución de crédito que demande la retención respectiva, deberá comprobar su personería y que las cuotas que cuyo descuento pide son autorizadas por los estatutos o contratos respectivos " Razón por la cual esta representación no encuentra legitimación en dicho sindicato ANEP siendo que la municipalidad no puede ir en contra del artículo 4 de la convención colectiva, y no le podrá recibir dicha solicitud de reducción a esta organización de ANEP, por falta de legitimidad en cuanto a representación y a carencia de derechos en cuanto a no es reconocido ni autorizado por esta institución en cuanto a los Derechos adquiridos en nuestra convención colectiva.
Siendo así se le solicita revocar dicha directriz en oficio AML-2956-2024 a la Licda. Valtaire Retana con fundamento en la convención colectiva artículos 1, 4, 82 código de Trabajo artículos 54, 69 inc k, 712”.
En relación con el reclamo del recurrente, es importante aclarar que el derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido como la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, se refiere a peticiones puras y simples de información, en cuyo caso normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. Aclarado lo anterior, se observa que en el sub lite, la gestión cuya falta de respuesta concreta y puntual alega el recurrente no constituye una solicitud de información pura y simple protegida por el artículo 27 de la Constitución Política. En la gestión remitida el 16 de octubre de 2024 el recurrente solicita a la Alcaldesa de Limón revocar una directriz que autoriza deducir automáticamente del salario de los funcionarios municipales las cuotas en favor del sindicato denominado Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Dicho requerimiento no se encuentra amparado por el derecho de petición y pronta respuesta y, por ende, no es tutelable en esta vía en los términos planteados.
Lo acusado constituiría, eventualmente, una violación a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política. Sin embargo, el tema planteado por el tutelado no es una de las excepciones que esta Sala ha admitido para conocer la alegada infracción al derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida. En consecuencia, lo procedente es remitirlo a la vía contenciosa para que acuse el retardo en cuestión, con fundamento en los siguientes considerandos.
IV.- Nueva justicia administrativo. Mecanismo célere y cumplido para la protección de situaciones jurídicas sustanciales de los administrados. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.
V.- Verificación de los plazos pautados por ley para resolver los procedimientos administrativos: cuestión evidente de legalidad ordinaria. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente.
Consecuentemente, se impone la desestimatoria del amparo e indicarle al gestionante que, si a bien lo tiene, puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en defensa de los intereses de la asociación amparada.
VI.- Conclusión. Por consiguiente, es lo cierto que lo planteado no corresponde ser tutelado en la vía constitucional. Por ende, en los términos así expuestos, el recurso debe ser declarado sin lugar.
VII.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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