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Res. 14306-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/05/2025

Summary dismissal for lack of standing in unconstitutionality action against Decree 43810Rechazo de plano por falta de legitimación activa en acción de inconstitucionalidad contra Decreto 43810

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OutcomeResultado

Summarily dismissedRechazo de plano

The Constitutional Chamber summarily dismisses the unconstitutionality action for lack of standing of the petitioning organizations.La Sala Constitucional rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación activa de las organizaciones accionantes.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber summarily dismisses an unconstitutionality action filed by several human rights organizations against Executive Decree No. 43810-MGP, which amended the Refugee Regulations. The Chamber analyzes the petitioners' standing and concludes that neither of the invoked grounds—diffuse interests or corporate interests—is satisfied. Regarding diffuse interests, the Chamber notes that immigration law is not per se a matter of diffuse interest under its case law and that the challenged provisions are susceptible to individual application to identifiable persons, who have already sought habeas corpus relief. On corporate interests, the petitioners' generic assertions fail to demonstrate that their members are in fact refugees or asylum seekers, and broadly worded human rights purposes do not confer unconditional standing. The action is also dismissed as to one organization whose legal representation was not properly accredited. Three justices write separately on the point of diffuse interests but concur in the dismissal.La Sala Constitucional rechaza de plano una acción de inconstitucionalidad presentada por varias organizaciones defensoras de derechos humanos contra el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, que reformó el Reglamento de Personas Refugiadas. La Sala analiza la legitimación de los accionantes y concluye que no se configura ninguno de los supuestos invocados: intereses difusos ni intereses corporativos. Respecto a los intereses difusos, señala que la normativa migratoria no constituye per se materia de interés difuso según su jurisprudencia y que las disposiciones impugnadas son susceptibles de aplicación individual en perjuicio de personas identificables, quienes han acudido al hábeas corpus. En cuanto a los intereses corporativos, las afirmaciones genéricas de los accionantes no acreditan que sus asociados sean efectivamente personas refugiadas o solicitantes de refugio, y los fines estatutarios amplios de protección de derechos humanos no otorgan una legitimación incondicional. La Sala también rechaza la acción respecto de una asociación cuya representación legal no fue debidamente acreditada. Tres magistrados emiten razones diferentes en el punto de intereses difusos, pero coinciden en el rechazo.

Key excerptExtracto clave

VI.- IN CONCLUSION. As a corollary to the above, the action under study must be summarily dismissed, and it is so ordered. VII.- SEPARATE REASONS OF JUSTICES CRUZ CASTRO, RUEDA LEAL AND FERNÁNDEZ ARGÜELLO regarding diffuse interests, drafted by the second named. As we have stated in other cases, we consider that one attribute of a diffuse interest is precisely that its impact is general—that is, it affects an entire population or broad sectors thereof—within a context where it is not necessary that the harmed subjects know one another (they may even lack any legal nexus or relationship among themselves), but what is required is the existence of a single situation of harm or danger to a constitutional interest that equally and without any individualization encompasses and binds together an entire society in the abstract. Its defense is aimed at satisfying a need of society as such; therefore, it transcends that of an individual human being, whether considered individually or collectively. (…) Now, this does not mean that in every situation invoked one may allege the existence of a diffuse interest, even if it may be the object of a particular situation. Let us remember that for an interest to be considered “diffuse,” it must not only affect a community but also be diffused, spread throughout that community. If it does not produce such an effect, it cannot be considered a diffuse interest. In the petitioners’ case, as the Majority indicates, the challenged regulation does not produce a socially diffused impact but rather a specific one. Thus, what is glimpsed in this case is a situation that, while it may be shared by a certain group of persons, does not have such a magnitude as to be considered a diffuse interest. For this reason, we concur with the Majority in dismissing this action.VI.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano la acción en estudio, como así se dispone. VII.- RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO, RUEDA LEAL Y FERNÁNDEZ ARGÜELLO, en lo que respecta a intereses difusos, con redacción del segundo. Tal como lo hemos expresado en otros casos, estimamos que una cualidad del interés difuso consiste precisamente, en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto. Su defensa tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la sociedad como tal, por ello, es trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado. (...) Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que en toda situación invocada se pueda alegar la existencia de un interés difuso, aunque este pueda ser objeto de una situación particular. Recordemos que para que un interés sea considerado “difuso”, no solo debe afectar una colectividad, sino también debe difuminarse, difundirse en esa colectividad. Si no produce tal efecto, no puede ser considerado un interés difuso. En el caso de los accionantes, tal como refiere la Mayoría, la normativa impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, sino determinada. De modo que, en este caso, lo que se vislumbra es una situación que, si bien puede ser compartida por algún grupo de personas, ese efecto no es de tal magnitud como para considerarlo un interés difuso. Por el motivo expuesto coincidimos con la Mayoría en desestimar esta acción.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Prima facie, no se está ante un caso que intereses difusos, así reconocido en la jurisprudencia de esta Sala. De hecho, este Tribunal ha resuelto que la materia migratoria no constituye, per se, materia en donde exista un interés difuso (Voto N° 2020-001339)."

    "Prima facie, this is not a case of diffuse interests, as recognized in the case law of this Chamber. In fact, this Court has held that immigration matters do not per se constitute an area where a diffuse interest exists (Decision No. 2020-001339)."

    Considerando V.- A

  • "Prima facie, no se está ante un caso que intereses difusos, así reconocido en la jurisprudencia de esta Sala. De hecho, este Tribunal ha resuelto que la materia migratoria no constituye, per se, materia en donde exista un interés difuso (Voto N° 2020-001339)."

    Considerando V.- A

  • "Se verifica, además, que se está en presencia de normas susceptibles de concretizarse en casos de aplicación individual en cabeza de personas específicas y que inciden directamente en la esfera jurídica de personas singulares y plenamente identificables, quienes están habilitadas para plantear la correspondiente reclamación administrativa o judicial."

    "It is further verified that the norms at issue are susceptible to being materialized in cases of individual application to specific persons and that they directly affect the legal sphere of singular and fully identifiable individuals, who are entitled to bring the corresponding administrative or judicial claim."

    Considerando V.- A

  • "Se verifica, además, que se está en presencia de normas susceptibles de concretizarse en casos de aplicación individual en cabeza de personas específicas y que inciden directamente en la esfera jurídica de personas singulares y plenamente identificables, quienes están habilitadas para plantear la correspondiente reclamación administrativa o judicial."

    Considerando V.- A

  • "En definitiva, en el sub lite no se evidencia una efectiva defensa de intereses corporativos. De hecho, admitir esta acción en los términos en que se ha sido formulada, supondría reconocer tácitamente la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en su reiterada jurisprudencia (ver Sentencia N° 2016-000787 de las 9:05 hrs. del 20 de enero de 2016), no se adecua al marco de las competencias procesales que al efecto tiene este Tribunal Constitucional, en sus funciones de intérprete último y guardián de la Constitución."

    "In sum, the present case does not show an effective defense of corporate interests. In fact, admitting this action as formulated would tacitly recognize the existence of a popular action, which, as the Constitutional Chamber has consistently held in its case law (see Judgment No. 2016-000787 of 9:05 a.m. on January 20, 2016), does not fit within the framework of the procedural powers vested in this Constitutional Court in its role as ultimate interpreter and guardian of the Constitution."

    Considerando V.- B

  • "En definitiva, en el sub lite no se evidencia una efectiva defensa de intereses corporativos. De hecho, admitir esta acción en los términos en que se ha sido formulada, supondría reconocer tácitamente la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en su reiterada jurisprudencia (ver Sentencia N° 2016-000787 de las 9:05 hrs. del 20 de enero de 2016), no se adecua al marco de las competencias procesales que al efecto tiene este Tribunal Constitucional, en sus funciones de intérprete último y guardián de la Constitución."

    Considerando V.- B

Full documentDocumento completo

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 14306 - 2025** **Date of Resolution:** 09:30 on May 14, 2025 **Case File:** 23-018267-0007-CO **Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado **Type of Matter:** Unconstitutionality Action **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with Separate Note** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Text of the Resolution** 1 *CO* Res. No. 2025-014306 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine-thirty on the fourteenth of May, two thousand twenty-five.

Unconstitutionality action filed by [Name 001], foreigner migratory identity document No. [Value 001], who claims to be the coordinator of the [...], with legal entity identification number No. [Value 002], [Name 002], with foreigner migratory identity document No. [Value 003], in his capacity as legal representative of the [...], with legal entity identification number No. [Value 004], [Name 003], with foreigner migratory identity document No. [Value 005], in his capacity as Vice President and legal representative of the [...], with legal entity identification number No. [Value 006], [Name 004], bearer of passport No. [Value 007], in his capacity as country director and legal representative of [Name 005], with legal entity identification number No. [Value 008], [Name 006], bearer of identity card number [Value 009], in her capacity as national director and legal representative of the [Name 007], with legal entity identification number No. [Value 010], and [Name 008], bearer of passport No. [Value 011], in her capacity as director and legal representative of the [Name 009], with legal entity identification number No. 3-[Value 012]; against Articles 1, 2, 3, 4, 5, and 6, of Executive Decree No. 43810-MGP, insofar as they reform, in order, Articles 14, 54, 58, 59, 121, and 140, of the Refugee Persons Regulation (Executive Decree No. 36831-G), as well as Article 7, of Executive Decree No. 43810-MGP, which derogates Articles 15, 16, 18, and 139, of the Refugee Persons Regulation (Executive Decree No. 36831-G), and Article 8, of Executive Decree No. 43810-MGP, which includes a sole Transitory provision to the Refugee Persons Regulation (Executive Decree No. 36831-G).

**Whereas:** **1.-** By brief received in this Chamber at 10:45 on August 1, 2023, the petitioners challenge Articles 1, 2, 3, 4, 5, and 6, of Executive Decree No. 43810-MGP, insofar as they reform, in order, Articles 14, 54, 58, 59, 121, and 140, of the Refugee Persons Regulation (Executive Decree No. 36831-G), as well as Article 7, of Executive Decree No. 43810-MGP, which derogates Articles 15, 16, 18, and 139, of the Refugee Persons Regulation (Executive Decree No. 36831-G), and Article 8, of Executive Decree No. 43810-MGP, which includes a sole transitory provision to the Refugee Persons Regulation (Executive Decree No. 36831-G). They state that, in September 2011, the Presidency of the Republic of Costa Rica decreed the Refugee Persons Regulation with the purpose of guaranteeing respect for the rights of refugees and, in turn, the application of due process in the procedure for the recognition of refugee status. As of the entry into force of said normative instrument, migration matters were treated with special relevance for the development of the country, its institutions, and public security, and were declared of public interest. However, on December 1, 2022, Executive Decree No. 43810-MGP of the Presidency of the Republic and the Ministry of Governance and Police was published in Scope No. 260 of the Official Gazette La Gaceta No. 230, which reformed Articles 14, 54, 58, 59, 121, and 140, derogated Articles 15, 16, 18, and 139, and included the sole Transitory provision of the Refugee Persons Regulation. They accuse that, with the entry into force of Executive Decree No. 43810-MGP, the reception policy has been hardened, detached from the protection of human rights, unequal and discriminatory treatment has been given against persons with international protection needs, fundamental rights of the community have been injured, and fundamental freedoms have been reformed by way of decree. They consider that the challenged articles of Executive Decree No. 43810-MGP do not comply with the parameters developed at the international and inter-American level on the right to seek and receive asylum, because: (i) the thirty calendar day time limit for filing the refugee application is a restriction for persons with international protection needs to seek and receive asylum in Costa Rica, as well as a failure to observe the constitutional principles of legality, legal reserve, and normative hierarchy; (ii) the resolutions of the Refugee Unit issued based on the thirty calendar day time limit do not admit any appeal against them, violating due process guarantees; (iii) the Refugee Unit assumes competence over matters of inadmissibility and over manifestly unfounded asylum applications, which constitutes a violation of due process guarantees and the constitutional principles of legality and natural judge; (iv) the norm leads to the automatic application of inadmissibility of the asylum application to any person who declares having transited through a third country, without including protection safeguards in accordance with the standards of the Inter-American Human Rights System, which violates—in light of the right to seek and receive asylum—the principles of non-refoulement and the prohibition of collective expulsions, in addition to the constitutional principles of legality and legal reserve. Additionally, the challenged Executive Decree imposes limitations on the freedom of movement of asylum seekers, through a legal instrument that is neither suitable nor legitimate for these purposes, because it concerns a matter whose regulation is reserved to law. It makes a differentiated treatment between asylum seekers and recognized refugees, which violates equality and non-discrimination. Abusively, it makes an invasive and sanctioning mandate by allowing a tacit waiver and archiving of the asylum application as an immediate consequence of leaving the country. They also claim that Executive Decree No. 43810-MGP violates the right to free choice of work and establishes limits contrary to human dignity for asylum seekers; likewise, it makes differentiated treatment for asylum seekers and recognized refugees, which violates equality and non-discrimination. Additionally, the sole transitory provision introduced by Executive Decree No. 43810-MGP requires the asylum seeker to meet requirements for the renewal of their provisional work permit card, which is contrary to a consolidated legal situation, given that asylum seekers before the entry into force of the norm subject to constitutional review were not required any requirement, so there is a direct injury to the principle of non-retroactivity of the law. The renewal of the provisional work permit card is a right linked to the application and does not depend on any other criterion or requirement. This implies differentiated treatment for asylum seekers and recognized refugees, since, as a recognized refugee, there is no additional requirement to obtain free status. They accuse that Executive Decree No. 43810-MGP establishes restrictions on the constitutional and human rights—recognized and ratified by the Costa Rican State in international human rights instruments—of asylum seekers; consequently, the challenged executive decree does not comply with the principles of legality and legal reserve, as a guarantee of control against public power. Specifically, they question that Article 1 of Executive Decree No. 43810-MGP establishes a thirty-day time limit to file the refugee application, outside of which applications are not evaluated on the merits and are archived. Article 5 indicates that, in the event of passing through other countries prior to requesting refuge in Costa Rica, their application will have the same resolution, thus denying the possibility of exercising the right to seek and receive asylum in the country and against the country's obligations to identify refugees—according to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees—as well as the constitutional principles of legality, legal reserve, and normative hierarchy. Furthermore, the resolutions of the Refugee Unit issued based on this article do not admit any appeal against them, in violation of due process guarantees. Finally, Article 6 grants competence via regulation to the Refugee Unit to resolve refugee applications as manifestly unfounded or abusive. They specify that the challenged executive decree, in its Articles 1, 5, and 6, reforms Articles 14, 121, and 140 of the Refugee Persons Regulation, respectively. They point out that, for an adequate and comprehensive approach to the subject matter of this action, it is necessary to establish a development regarding the right to seek and receive asylum, in view of its relevance for persons with international protection needs and by virtue of the limitations that were imposed on its exercise and effective enjoyment through the challenged norms. Regarding the right to seek and receive asylum, it is possible to highlight that, domestically, the Political Constitution, in its Article 31, provides the following: "The territory of Costa Rica shall be an asylum for all persons persecuted for political reasons. If their expulsion is decreed by legal imperative, they can never be sent to the country where they were persecuted." This constitutional provision recognizes the right to asylum in Costa Rican territory, which in turn finds provision in international normative instruments that are applicable in the country, such as the Universal Declaration of Human Rights. The latter, in its Article 14.1, lays the foundations for the universal recognition of the right to seek asylum, by establishing the following: "1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations." The aforementioned provision is directly linked to the content of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and subsequently its 1967 Protocol—which removes its geographic and temporal limitations—since, through these instruments, the content of the right to seek asylum provided in the aforementioned article is nourished and strengthened. At the regional level, both the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the American Convention on Human Rights of 1969 develop the right to seek and receive asylum; in this sense, Articles XXVII and 22.7. In relation to this latter norm, the Inter-American Court of Human Rights (hereinafter IACHR Court) has been extensive in developing the content of the recognized right to seek and receive asylum, the interpretation of said Court being essential with respect to the statute of refugee; to this effect, it has provided the following: "... the right to 'seek and receive asylum', within the framework of the inter-American system, is configured as an individual human right to seek and receive international protection in foreign territory, including with this expression the refugee status according to the relevant United Nations instruments or the corresponding national laws, and asylum in accordance with the various inter-American conventions on the matter. Furthermore, in light of the progressive development of international law, the Court has considered that the obligations derived from the right to seek and receive asylum are operative with respect to those persons who meet the components of the expanded definition of the Cartagena Declaration." [IACHR Court. The institution of asylum and its recognition as a human right in the Inter-American System of Protection (interpretation and scope of Articles 5, 22.7 and 22.8, in relation to Article 1.1, of the American Convention on Human Rights). Advisory Opinion OC-25/18 of May 30, 2018. Series A No. 259. Para. 132] Regarding the guarantees that the State must fulfill in compliance with its obligations to protect, guarantee, and respect the right to seek and receive asylum, the IACHR Court has indicated the following: "The right to seek and receive asylum, contemplated in Article 22.7 of the American Convention, includes at a minimum: the right to leave any country, including one's own; admission to the territory of a third State; the principle of non-refoulement (including the prohibition of rejection at the border); non-discrimination; access to a fair and efficient asylum procedure (with adequate guarantees) to determine whether the person meets the requirements to be recognized as a refugee; the possibility for their case to be reviewed by a higher instance; the right to an effective remedy; and access to economic, social, and cultural rights to facilitate their local integration in the host country." (Case of the Pacheco Tineo Family vs. Bolivia. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 25, 2013. Series C No. 272, para. 153) The IACHR Court, in Advisory Opinion No. 25, on the right to seek and receive asylum, also indicated: "the right to seek and receive asylum under refugee status, recognized in Articles 22.7 of the American Convention and XXVII of the American Declaration, read in conjunction with other provisions of the Convention and those of the special treaties, imposes on the State certain specific duties: i) obligation of non-refoulement and its extraterritorial application; ii) obligation to allow the asylum application and not to reject at the border; iii) obligation not to penalize or sanction for irregular entry or presence and not to detain; iv) obligation to provide effective access to a fair and efficient procedure for the determination of refugee status; v) obligation to ensure minimum due process guarantees in fair and efficient procedures for determining the condition or status of refugee; vi) obligation to adapt procedures to the specific needs of girls, boys, and adolescents; vii) obligation to grant international protection if the definition of refugee is satisfied and to ensure the maintenance and continuity of refugee status; viii) obligation to interpret the exclusion clauses restrictively, and ix) obligation to provide access to rights under equal conditions under refugee status." In the Pacheco Tineo vs. Bolivia case, the IACHR Court established that: "Asylum seekers must have access to procedures for the determination of such status, which allow a proper examination of their application in accordance with guarantees contained in the American Convention and other applicable international instruments, which, in cases such as the present, implies the following obligations for the States: (a) the applicant must be guaranteed the necessary facilities, including the services of a competent interpreter, as well as, where appropriate, access to legal advice and representation, to submit their application before the authorities. In this sense, the applicant must receive the necessary guidance regarding the procedure to be followed, in a language and manner they can understand and, where appropriate, must be given the opportunity to contact a representative of UNHCR; (b) the application must be examined, with objectivity, within the framework of the procedure established for that purpose, by the clearly identified competent authority, which requires conducting a personal interview; (c) the decisions adopted by the competent bodies must be duly and expressly reasoned; (d) in order to protect the rights of applicants who may be at risk, the asylum procedure must respect at all its stages the protection of the applicant's data and the application, and the principle of confidentiality; (e) if the applicant is not recognized as a refugee, they must be provided with information on how to appeal and granted a reasonable period for this, according to the system in force, so that the decision adopted is formally reconsidered; and (f) the review or appeal remedy must have suspensive effects and the applicant must be allowed to remain in the country until the competent authority adopts the decision in the case, and even while the appeal is pending, unless it is demonstrated that the application is manifestly unfounded." They point out that, based on what was indicated by the IACHR Court, it is possible to establish that, within the framework of the right to seek and receive asylum, there is a minimum of guarantees that countries must respect and that, with the decree in question, are not being contemplated. Regarding the time limit for filing the asylum application, as an admissibility criterion, the norm subject to constitutional review establishes that persons seeking asylum must file their application within one calendar month, counted from the day they enter Costa Rican territory. If the application is not filed within this period, it will be considered inadmissible. When reading this provision, it is observed that it allows the automatic rejection of asylum applications filed late. Internationally, neither the 1951 Convention nor the ACHR establish a specific time limit for filing the asylum application. Although States have the power to regulate the procedure for determining the status of refugee, the IACHR Court has held that: "Domestic laws can broaden the scope of protection, but never restrict it beyond the minimums set by the American Convention and international law. Likewise, remission to international conventions cannot be interpreted in the sense of limiting the right beyond what is established in the Convention itself." (Advisory Opinion OC-25/18, p. 48) The UNHCR has been emphatic in pointing out that: "the use of time limits as an impediment for persons to seek asylum is contrary to accepted principles of asylum and refugee protection." (Note on International Protection, June 4, 1999, EC/40/SC/CRP.12, para. 18). According to the UNHCR Executive Committee, as a body capable of issuing soft law, the formal requirements for filing an asylum application "should not be an obstacle to the exercise of the right to seek asylum." [Conclusion No. 15 (XXX), 1979, paragraph (i)]. They assert that the automatic application of time limits as a cause to exclude the evaluation of asylum applications ignores two important aspects of the right to seek and receive asylum: first, the recognition of refugee status is not constitutive but declaratory, and second, States have the obligation to guarantee applicants' access to procedures for determining their status. They state that, at the regional level, this debate has already been evaluated by other Constitutional Courts in the region. For example, the Constitutional Court of Ecuador, through Judgment No. 002-14-SIN-CC, declared unconstitutional the fifteen-day time limit established in Ecuadorian legislation to file an asylum application, arguing that this time limit was neither objective nor reasonable. The Constitutional Court highlighted that the fifteen-day time limit was excessively short and did not take into account the traumatic circumstances and vulnerability of persecuted persons forced to flee their countries of origin in search of international protection. According to the Court: "Under these circumstances, urging a person who is suffering from feelings of uprooting and reconstruction in foreign territory to comply within a brief space of time for the filing of a refuge application under the threat of losing such right if they do not meet said deadline, inevitably leads to the worsening of the difficult situation that forced displacement represents." For its part, the European Court of Human Rights, in the case of Jabari vs. Turkey (judgment of June 11, 2000), established that the mechanical and automatic application of time limits for filing asylum applications contravenes the prohibition of torture. By not conducting a rigorous analysis of asylum applications and automatically denying their admissibility, the authorities expose persons with international protection needs to being subjected to deportation processes and, consequently, to being returned to countries where their life and integrity are in danger. They indicate that the Constitutional Chamber has already generated jurisprudence in this regard, when, through Vote No. 08844-2023 at 13:11 on April 18, 2023, it analyzed the habeas corpus appeal filed by a person whose asylum application for herself and her minor children was not admitted due to the one calendar month time limit. In this judgment, the Constitutional Chamber recalled the importance of the constitutional principle of reasonableness, proportionality, and necessity to determine the constitutionality of a norm. In that vote, this Court considered that said article does not satisfy the criterion of necessity. Furthermore, in Vote No. 08646-2023, regarding the application of this same decree, this Court indicated: "Legitimacy refers to the fact that the objective pursued by the challenged act or provision must not be, at least, prohibited by law; suitability indicates that the questioned state measure must be apt to effectively achieve the intended purpose; necessity means that among several equally apt measures to achieve the objective, the competent authority must choose the one that least affects the legal sphere of the person; and proportionality in the strict sense provides that even if a measure is legitimate, suitable, and necessary, it will be unreasonable if it injures the essential content (Kernbereich) of another fundamental right, that is, if it empties it of content." It also stated: "And despite that, in the specific case, the reform being questioned in the case under study opts for the most extreme measure to outright deny a refuge application, without providing the possibility of analyzing the circumstances that occurred and prevented filing the application within the stipulated time limit. And it is also considered a principle of 'proportionality in the strict sense', given that the consequence of presenting the resolution request, as occurred in the specific case, outside the one-month period, directly implies the inadmissibility of said request, which means an absolute emptying of such human right. For the reasons stated and in light of the illegitimacy of the questioned norm, Article 14 of Decree No. 43810, it is appropriate to grant the present appeal and annul the resolutions that declared inadmissible the refuge applications filed by the appellant on her behalf and on behalf of her children. And by accessoriness, as a logical consequence of the nullity of the denegatory act, the resolutions that declared inadmissible the challenge appeals filed by the appellant on her behalf and on behalf of the protected persons are annulled." They claim that it is evident that the described norm, by establishing the thirty calendar day time limit for filing the refuge application, which, in addition to being an irrational period of time that lacks a technical basis of support, transgresses the national and international norms signed by Costa Rica on human rights matters and substantially restricts access to the procedure for determining refugee status, emptying the content of the fundamental right to seek asylum. Regarding the safe third country, as an admissibility criterion, the norm subject to constitutional review entails the automatic application of inadmissibility of the asylum application to any person who declares having transited through a third country. While it is true that, internationally, there are admissibility criteria for the application for determining refugee status, including the concept of "safe third country," the application of this admissibility criterion must include protection safeguards, in accordance with the standards of the Inter-American Human Rights System. In relation to admissibility criteria for a procedure within the framework of human rights, the UNHCR has defined that: "a State may decide not to examine the application on the merits, when the previous State, i.e., the 'third country,' agrees to readmit the person and examine the merits of their application in a fair and efficient procedure in which the person—if recognized—can obtain refugee status. However, if it wishes to apply the safe third country concept, it must include protection safeguards, as described below, among them, ensuring that the burden of proof of establishing that the third country is safe for the individual rests on the authorities and conducting an individualized analysis of the safety of said country for the person in question." Furthermore, regarding the minimum guarantees for applying the "safe third country" concept, with respect to human rights, the UNHCR has defined that: "Thus understood, admissibility procedures in the procedure for determining refugee status are not per se contrary to the international principles of refugee protection. However, for the implementation of admissibility criteria to be compatible with the human right to seek asylum, which forms part of the constitutionality block in Costa Rica, it is a conditio sine qua non that each of the following guarantees exists in the respective national legislation (principle of legal reserve): i. The concept of 'safe third country' is established as part of the procedure for determining refugee status through a norm of legal rank and such concept is justiciable and enforceable before national courts. ii. An individualized analysis is required on whether the third country in question (1) will readmit the person, (2) will grant them access to a fair and efficient asylum procedure, (3) will allow the person to remain while the status is determined, (4) will grant the person treatment standards consistent with the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and international human rights standards including, but not limited to, protection against refoulement, and (5) when the person has been recognized as a refugee and found protection in the third country, they will be recognized as such and granted legal stay and as such, have the corresponding rights of the 1951 Convention, including protection against refoulement. Additionally, the UNHCR promotes that there be a meaningful link or connection that can make the transfer reasonable and sustainable for a person to seek asylum in another State. iii. The burden of proof of establishing that the third country is safe for the individual rests on the authorities, and an individualized analysis must be conducted on the safety of said country for the person in question." Consequently, a State may decide not to examine the application on the merits, when the previous State, i.e., the "third country," agrees to readmit the person and examine the merits of their application in a fair and efficient procedure in which the person—if recognized—can obtain refugee status. The decision of the resulting authorities must, beforehand, conduct an evaluation of the merits of the application in the country in question, in which case, the decision must clearly indicate that the application was not evaluated on the merits and that it has been verified that it will be examined by the third country. The asylum seeker must also have the effective opportunity to refine the presumption that the third country is indeed safe in their specific case. Additionally, the UNHCR clarifies that the term first country of asylum must meet the following standards: "The concept of 'first country of asylum' generally applies in cases where a person has already found, in a previous State, international protection that remains accessible and effective for the person in question." The application of the concept requires an individual assessment of whether the refugee will be readmitted to the “first country of asylum,” will be granted legal stay there, and will be accorded standards of treatment consistent with the 1951 Convention and its 1967 Protocol and with international human rights standards, including, but not limited to, protection against refoulement. A case could arise where, for example, even though an individual had previously enjoyed protection in another country, that person has valid reasons to fear that their physical safety or freedom is in danger in that country. Similarly, it could be that a refugee is unable to obtain effective protection or enjoy the full and durable enjoyment of their rights in the first country of asylum, for example, if they are forced to live without an appropriate legal status. In such cases, refugees may legitimately feel compelled to seek protection elsewhere. They argue that, for this reason, the refusal to allow access to the procedure or their transfer to a third country with the standards expressly set forth in the rule in question is incompatible with the obligations of States to provide international protection to refugees and asylum seekers. They note that this Constitutional Chamber has generated case law on the matter when, through Ruling No. 010073-2023, it analyzed the habeas corpus appeal filed by a migrant person whose asylum application was not admitted because they had passed through a third country and who was detained for expulsion at the Juan Santamaría International Airport. In this ruling, this Court expressed its concern because the application of Article 121 of the Refugee Regulations allows an asylum application to be denied without taking into consideration the reasons why the person left their country of origin and without also weighing the reasons why they did not seek asylum in the transit countries. This Court deemed it improper that, in applying this article, the situations of special vulnerability that protected the petitioner were set aside, especially the aggressions suffered based on her gender in one of the transit countries, and recalled that although the principle of singular inderogability of regulations is one of the fundamental pillars of a rule-of-law state such as Costa Rica’s, “human rights are the measure of legitimacy of the actions of public power...” The foregoing, moreover, in relation to the case law emanating from this Court, in which it grants constitutional rank to international instruments, or, to the extent that they grant greater guarantees, confers upon them a rank superior to the Constitution. In turn, in this same ruling, regarding the concept of a third country, it established: “the rule applied does not take into account cases such as the present one, limiting the possibility of hearing them; furthermore, it delegates to the Dirección General de Migración y Extranjería the qualification of a State as reliable and respectful of human rights, as well as the assessment of its political and social situation, without offering parameters for this, concomitantly punishing the person for not having previously requested refuge.” This Court stated that the resolutions that declared the asylum application inadmissible lacked due reasoning, inasmuch as they did not detail the reasons why the transit country of the petitioner could be considered safe, whether it would admit her, and whether in that country she would be given the possibility of submitting her asylum application with minimum guarantees; instead, the application of Article 121 occurred mechanically, setting aside the principles “pro homine” and “pro libertate.” It notes that the concept of a safe third country is not foreign to the framework of international protection and is based on the joint approach among states to various migratory situations; however, its application entails a series of elements, such as interstate coordination and review of the conditions in the first country of asylum, which, in the application of the challenged executive decree, are not being contemplated by the country, thus causing the rule in question not to comply with constitutional or conventional principles.

Furthermore, they claim that admissibility criteria imply a collective analysis. The regulation challenged here allows asylum applications to be declared inadmissible, thus preventing them from being evaluated by the competent authorities and from an individualized analysis of the applications being carried out. The Inter-American Court of Human Rights has highlighted that, in order to give useful effect to the right to seek and receive asylum, States must: “design and make operational fair and efficient procedures aimed at determining whether the applicant meets the criteria to exercise said right and apply for refugee status, taking into account that the definitions contain subjective and objective elements (supra paras. 75, 76, and 80) that can only be ascertained through individualized procedures and that, in turn, allow for a proper examination of the asylum application and prevent refoulement contrary to international law.” (Advisory Opinion OC-21/14 of August 19, 2014, para. 244). The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has referred to collective expulsions, which are expressly prohibited by Article 22.9 of the Convention; these may be understood as: “any measure of expulsion of a foreign person that is not based on individual criteria, but on group considerations, even if the group in question is not numerous. Likewise, it emphasized that collective expulsions, besides violating the right of residence and transit, have the potential to violate many other rights, among them, life, security, freedom, as well as the principle of non-refoulement and the right to seek and receive asylum; since they imply the expulsion of persons without carrying out an individualized study of their migratory situation, regardless of whether they suffer persecution or threats to any of their rights.” The Inter-American Court stated: “the 'collective' nature of an expulsion implies a decision that does not develop an objective analysis of the individual circumstances of each foreigner, and therefore falls into arbitrariness.” (Case of Nadege Dorzema et al. vs. Dominican Republic. Merits, Reparations, and Costs. Judgment of October 24, 2012, p. 49). Faced with the automatic application of the presumptions contained in Executive Decree No. 43810-MGP, this Constitutional Chamber has pointed out that: “the regulatory reform entails an immediate consequence consisting of the archiving of the asylum application, without the issuance of a reasoned act that analyzes the particular situation of the person and allows them to exercise their right of defense against such a penalty” (Ruling No. 05106-2023). The petitioners affirm that the rule subject to constitutional review allows the automatic and collective denial of asylum applications, as it allows asylum applications submitted outside the thirty-day period and those of persons who have passed through a third country to be rejected, without carrying out an exhaustive assessment of the merits of each case to determine whether the person should be recognized as a refugee or not, preventing an individualized analysis thereof, thus incurring in collective expulsions. They also claim that the rule subject to constitutional review prevents “sur place” refugees from submitting their asylum applications in Costa Rica. “Sur place” refugees are persons who were not considered refugees when they left their country of origin, but who subsequently acquired that status due to two possible reasons: i) the circumstances of their country changed during their absence; and/or ii) as a result of their own conduct. Therefore, persons who entered Costa Rica and who, after thirty days, meet the conditions to be considered refugees will not be able to request asylum. Regarding “sur place” refugees, it is highlighted that the IACHR urged Costa Rica to take said concept into consideration, for the particular approach to the cases of Nicaraguan persons with a well-founded fear of persecution if returned to Nicaragua, reaffirming the validity and relevance of said practice within the framework of the right to seek and receive asylum established in the American Convention on Human Rights; in this sense, it pointed out: “to guarantee the recognition of refugee status for Nicaraguan persons with a well-founded fear of persecution if returned to Nicaragua, including so-called sur place refugees, through fair, agile, and efficient procedures that guarantee their right to seek asylum and their right to non-refoulement in accordance with Articles 22.7 and 22.8 of the American Convention.” (Forced Migration of Nicaraguan Persons to Costa Rica, OAS/Ser.L/V/II. Doc. 150, September 8, 2019, para. 227). Along the same lines, UNHCR pronounced itself in the technical opinion issued in Ruling No. 2023-0041 of February 2, 2023, which was submitted to the Constitutional Chamber at the request of said jurisdictional body, when analyzing the difficulties a “sur place” refugee will have in accessing the asylum procedure, with the limitations imposed by the rule subject to constitutionality review; in this regard, it stated: “Likewise, the possibility of submitting an application for recognition of refugee status at any time after arriving in the country is essential to facilitate the person seeking asylum as a sur place refugee. This may be necessary, for example, when the circumstances in a person's country of origin changed during their absence or as a result of their own conduct, thus creating a need for international protection.” With the example of “sur place” refugees, it becomes evident that the regulation challenged here is unconstitutional and disrespectful of the pillars governing the asylum application process, as well as that the imposed thirty-calendar-day deadline lacks any technical or logical basis. They add that the principle of non-refoulement constitutes a fundamental pillar of the right to seek and receive asylum and has therefore been enshrined as a norm of ius cogens. This, moreover, is regulated in Article 33 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, which establishes: “No Contracting State shall expel or return ('refouler') a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.” In our Political Constitution, this is protected in the aforementioned Article 31, which contemplates the right to seek and receive asylum. At the regional level, the American Convention on Human Rights contemplates its protection in Article 22.8, which establishes: “In no case may an alien be expelled or returned to another country, whether or not it is his country of origin, if his right to life or personal freedom is at risk of being violated because of his race, nationality, religion, social status, or political opinions.” It is thus that the States Parties to the Convention have the obligation not to expel or return any person to territories where their life or freedom would be threatened. This protection is applicable to all persons who are refugees under the terms of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and who do not fall within the scope of exclusion. The Inter-American Court has repeatedly indicated the obligation of States Parties to carry out an individualized analysis of the case, to verify and evaluate the plausibility of the risk in the event of refoulement; in this regard, it specifies that: “When examining the principle of non-refoulement in the face of possible risks to the rights to life or liberty of a person, this Court has already clarified that the risk 'must be real, that is, a foreseeable consequence. In this sense, the State must carry out an individualized examination in order to verify and evaluate the circumstances alleged by the person that reveal that they may suffer an impairment to their life or freedom in the country to which they are intended to be returned, that is, to their country of origin or, if returned to a third country, that this person runs the risk of subsequently being sent to the place where they suffer such risk. If their narrative is credible, convincing, or coherent such that there may be a probable risk situation for them, the principle of non-refoulement must govern'.” Along the same lines, the Inter-American Court, in Advisory Opinion OC-25/18, indicated that the principle of non-refoulement requires action on the part of the State, particularly because it requires that the State analyze individually whether the person is in danger in the event of refoulement. This implies: “an interview with the person and a prior or preliminary assessment in order to determine whether there are sufficient reasons to believe that there is a risk of irreparable harm to their rights.” Given the declaratory nature of refugee status determination, the protection afforded by the principle of non-refoulement applies to all refugees whether or not they have yet been recognized as such by the authorities. The principle of non-refoulement constitutes a fundamental pillar in the procedure for determining refugee status, precisely because the rights that could eventually be violated should a person be returned to their country of origin or others, are very difficult or impossible to repair.

By virtue of the foregoing, they consider that the regulation challenged through this unconstitutionality action substantially violates the principle of non-refoulement, given that no individualized analysis is carried out of the reasons why the persons require international protection; it merely limits itself to declaring inadmissibility solely on formal grounds, leaving these persons at a potential risk of deportation, completely disregarding the fate they could face if returned. The foregoing is absolutely contrary to the Political Constitution of Costa Rica, to the American Convention on Human Rights, to the interpretations made by the Inter-American Court, to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, and to the principle of non-refoulement, which, although regulated in the aforementioned instruments, has also been considered by the international community as a principle of ius cogens.

They also question matters regarding “manifestly unfounded or abusive applications.” The competence to determine refugee status in Costa Rica is defined by law, in the Ley General de Migración y Extranjería, which defines the responsibilities of (a) the Comisión de Visas Restringidas y Refugio and (b) the Unidad de Refugio, as an organ of the Dirección General de Migración y Extranjería. Article 13, subsection 26, of the Ley General de Migración y Extranjería establishes that among the functions of the Directorate General is to: “Submit applications for said status to the Comisión de Visas Restringidas y de Refugio.” For its part, Article 49 of said regulatory body determines that: “The Comisión de Visas Restringidas y Refugio shall be composed of the Minister of Labor and Social Security or their representative, the Minister of Public Security or their representative, and the Minister of Foreign Affairs and Worship or their representative. The Regulations to this Law shall establish provisions regarding its functioning and organization. The Comisión de Visas Restringidas y Refugio shall be responsible for determining the granting of restricted visas and refugee status for persons who so request before the Directorate General.” Article 118 of said regulation establishes, with even greater clarity, that it shall be the competence of the Comisión de Visas Restringidas y Refugio to resolve the approval or denial of refugee status, by means of a reasoned resolution. Meanwhile, Article 264 determines the creation of the Unidad de Refugio as a technical and administrative support body for said Commission. However, Article 5 of Executive Decree No. 43810-MGP grants the Unidad de Refugio the power to determine when an application is “manifestly unfounded or clearly abusive or fraudulent in nature.” According to Article 6 of the same decree, the Unidad de Refugio has the power to summarily reject asylum applications that are unfounded, improper, or abusive. As reported by the Unidad de Refugio, regarding decisions declared inadmissible for having been filed outside the thirty days based on Article 1 of Executive Decree No. 43810-MGP, that is, those declared improper for having been filed outside the thirty days required by the rule, no appeals are available: “inasmuch as Article 199 of the Ley General de Migración y Extranjería and Article 14 of the Reglamento de Personas Refugiadas, Executive Decree number 36831-G (...) on which the inadmissibility is based, clearly state that the immediate archiving of the administrative file shall be ordered, and it is not indicated that there is an opportunity to appeal the resolution.” Therefore, they consider that the process of rejecting asylum applications carried out by the Unidad de Refugio not only limits effective access to the procedure for determining refugee status—inasmuch as it does not allow a substantive analysis of the asylum application nor does it allow applicants to be heard during the procedure—but also constitutes a breach of other minimum due process guarantees that must be present in all procedures for determining refugee status. Specifically, the power to summarily reject asylum applications and the impossibility of filing appeals against these decisions disregard the following guarantees developed in the Inter-American Human Rights System for refugee status determination processes: a) access to an impartial and trained authority for identifying international protection needs, and b) the right to appeal the decision that does not recognize refugee status. The case law of the Inter-American Court recognizes that the right to seek asylum includes the right of every person to have effective access to the procedure to be recognized as a refugee. In turn, effective access to the procedure implies that the “competent authority” carries out a correct examination of the grounds for the application, that is, determines whether or not the person has a well-founded fear of persecution, and that the procedure concludes with a reasoned decision on whether or not the person qualifies to be recognized as a refugee. Regarding manifestly unfounded cases, in the Pacheco Tineo case, the Inter-American Court indicated: “States may establish 'accelerated procedures' to resolve applications that are 'manifestly unfounded and abusive' for which there is no need for international protection. However, given the serious consequences that an erroneous determination may have for the applicant, even in these procedures, the minimum guarantees of a hearing, determination of that unfounded or abusive nature of the application by the competent authority, and the possibility of reviewing the negative decision before an expulsion must be respected.” (Case of the Pacheco Tineo Family vs. Plurinational State of Bolivia. Judgment of November 25, 2013, p. 59; emphasis not in the original).

Despite the clarity of the Ley General de Migración y Extranjería regarding legal competences, and the content of the right to seek asylum, as developed by the Inter-American Court, Articles 5 and 6 of the challenged Executive Decree modify the procedure for determining refugee status in a manner contrary to law and attribute competence to the Unidad de Refugio to make decisions on manifestly unfounded asylum applications, which includes aspects of inadmissibility of applications. This content of Articles 5 and 6 contradicts a higher-ranking norm, since the Ley General de Migración y Extranjería defines the Comisión de Visas Restringidas y Refugio as the sole “competent authority” to determine refugee status and, according to the case law of the Inter-American Court, that competence includes determining which applications are considered manifestly unfounded. This decree becomes an ultra vires act insofar as it exceeds the limit of the law regarding which body is responsible for ruling on asylum applications. Likewise, Articles 5 and 6 of the challenged Executive Decree, by departing from the legal process for determining refugee status and the competence of the Comisión de Visas Restringidas y Refugio, violate the rules of due process and the constitutional principles of legality and—by analogy—that of the natural judge, recognized in the case law of the Constitutional Chamber. Regarding the principle of the natural judge, derived from Article 35 of the Political Constitution, they cite Ruling No. 2004-12629 of this Chamber. In summary, Articles 5 and 6 of Executive Decree 43810-MGP grant a new competence to the Unidad de Refugio in contravention of the Ley General de Migración y Extranjería, thus allowing an entity that is not legally competent to decide on the admissibility of asylum applications, affecting the due process guarantees of asylum seekers to a natural judge and for their asylum applications to be examined by an impartial and trained authority for the identification of international protection needs.

Articles 5 and 6 of Executive Decree No. 43810-MGP grant a technical and administrative support entity, attached to the Dirección General de Migración y Extranjería, the power to decide on the recognition of a person as a refugee. A power that, according to the law, corresponds exclusively to the Comisión de Visas Restringidas y de Refugio. This power, granted to the Unidad de Refugio, causes asylum seekers whose applications are declared inadmissible not to have access to an impartial and trained authority for identifying international protection needs. Regarding the absence of challenge mechanisms, they allege that the challenged rule does not establish the possibility of filing appeals against the decision of the Unidad de Refugio, thereby disregarding the right of every person to appeal final decisions adopted within a migratory process. In particular, if the decision is unfavorable and is adopted by an administrative authority, the Inter-American Court has indicated that the right to appeal the decision before a judge or tribunal is a “fundamental requirement to guarantee adequate control and scrutiny of the acts of the administration that affect fundamental rights.” (Case of Vélez Loor vs. Panama. Judgment of November 23, 2010, p. 42). Likewise, the Inter-American Court has indicated that, by virtue of the right to appeal an administrative decision, asylum seekers also have the right to: i. be provided information on how to appeal the decision; ii. have a reasonable period to file the appeal; and iii. have the appeals filed have suspensive effects and allow the applicant to remain in the country until the final decision in the case is adopted. Faced with the suspensive effects of appeals, the IACHR has explained that these are fundamental for the right to appeal a decision to be effective, as this is how it can be guaranteed that a person can access effective judicial protection. The IACHR has considered that, in many cases, when the deportation of a person is carried out before issuing a final decision in their case, “the lack of economic resources or legal assistance represents, for migrants, insurmountable obstacles in their access to justice.” (Human Rights of Migrants, Refugees, Stateless Persons, Victims of Human Trafficking, and Internally Displaced Persons: Norms and Standards of the Inter-American Human Rights System, OEA/Ser.L/V/II, September 3, 2015, para. 323). In the specific case, the impossibility of filing appeals against the inadmissibility resolutions of the Unidad de Refugio prevents the decisions of this entity from being reviewed and prevents the affected persons from accessing effective judicial protection. These decisions affect the possibility of a person being recognized as a refugee and cause persons in need of international protection to potentially be deported or expelled for lacking a regular migratory status.

Consequently, it is observed that the decisions of the Unidad de Refugio denying the admission of an asylum application affect the human rights of asylum seekers, not only the right to receive and seek asylum, but also expose them to the risk of being returned to countries where their life and personal integrity are in danger. They consider that, consequently, Articles 1, 5, and 6 of Executive Decree No. 43810-MGP constitute a violation of due process guarantees in the procedures for determining refugee status. They insist that the Unidad de Refugio is not a competent, impartial, and trained authority to issue final decisions, and the impossibility of appealing its resolutions disregards the right of persons to appeal administrative decisions, preventing persons affected by the decisions of that body from accessing effective international protection and exposing them to being deported or expelled despite the risk they are in.

The Unidad de Refugio has assumed competences, outside the law, that violate the constitutional guarantees of due process and the constitutional principles of legality and natural judge, by assuming the competence to resolve the merits of asylum applications and, in turn, limiting the right to appeal any decision of the Public Administration, which are explicitly recognized in Article 8.2.h) of the American Convention on Human Rights and also in the case law of the Inter-American Court. They further allege an infringement of the constitutional principles of legality, legislative reservation, and normative hierarchy. According to the case law of the Constitutional Chamber, regulatory power that does not comply with the principles of legality, legislative reservation, and normative hierarchy must be considered prohibited arbitrary action. They cite Ruling No. 6669-2022. According to the Constitutional Chamber, regulatory power is subject to the principle of legality established in numeral 11 of the Constitution and Article 11 of the Ley General de la Administración Pública; therefore, the actions and conduct carried out by the Public Administration must conform to and be authorized by the Law, expressly or, at least, in an implicitly reasonable manner. It is a power that cannot invade the sphere of legal reserve, exclusive to the Legislative Branch, given that the imposition of restrictions on fundamental rights is reserved to the law. In repeated case law, the Constitutional Chamber has pointed out that the regulation and limitation of human rights must be done through a law, in that “the principle of legal reserve not only guarantees freedom vis-à-vis the rest of the citizens, but also constitutes a guarantee of control against public power” (Ruling No. 1668-2010). They indicate that the Constitutional Chamber has recently analyzed the applicability of Executive Decree No. 43810-MGP, in Ruling No. 010073-2023, in which it stated: “All of this without setting aside that we are dealing with a regulatory norm that establishes restrictions on the human right to seek asylum, in frontal disrespect of the principle of legislative reserve in the regulation of fundamental rights, another pivot of the Constitutional and Democratic Rule of Law.” In a similar sense, this Court has pronounced itself in Rulings No. 01635-1990, No. 002243-1993, No. 012230-2019, and No. 01158-2021; in turn, it is also important to clarify that, regarding this decree, it pronounced itself along the same lines in Ruling No. 005583-2023.

Article 30 of the American Convention on Human Rights determines that restrictions on the exercise of the rights and freedoms recognized therein may only be limited in accordance with a law. The Inter-American Court has so determined in its Advisory Opinion No. 6, in which it is specifically observed that the word “law” is the “legal norm of a general nature, conforming to the common good, emanating from the constitutionally provided for and democratically elected legislative organs, and elaborated according to the procedure established by the Constitutions of the States Parties for the formation of laws.” Observing comparative case law, in Chile, faced with a limitation on the right to seek and receive asylum through an admissibility interview to the procedure that was not contemplated in the law, but rather by a hierarchically lower instrument, the Courts of Appeals of that country established that said interview created an admissibility stage to the procedure not contemplated in the law, to determine whether the person deserves to be recognized as a refugee or not and, therefore, said reforms were unconstitutional (Courts of Appeals of Iquique, Chile, in rulings Protección 117-2019, Protección 144-2019, Protección 145-2019, Protección 146-2019 and Protección 450-2019). Articles 1, 5 and 6 of Executive Decree No. 43810-MGP introduce limitations on the right to request and receive asylum. A human right recognized in Article 31 of the Political Constitution and by international instruments ratified by Costa Rica. Therefore, being a human right, the regulation of the exercise of the right to request and receive asylum should have been carried out through a formal law, emanating from the Legislative Branch, according to the procedure established in the Constitution. Based on the foregoing, it can be concluded that neither the President of the Republic nor the Ministry of the Interior and Police had the legal authority to limit the right to request and receive asylum by means of a decree. The regulation of this right is a matter of legal reserve (reserva de ley), meaning that its regulation should have been done through a law. Consequently, Articles 1, 5 and 6 of Executive Decree No. 43810-MGP represent an arbitrary action prohibited by the Executive Branch, since they do not conform to the principles of legality and legal reserve. They also question the impossibility of leaving the country within the framework of the asylum application procedure and tacit abandonment of the asylum application. Article 4 of Executive Decree No. 43810-MGP establishes the impossibility of leaving the country for refugee applicants, under penalty of archiving their refugee applications, thus limiting the right to freedom of movement and equality in relation to persons recognized as refugees, against the country's obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, as well as the constitutional principles of legality, legal reserve, and normative hierarchy. Article 4 of the decree challenged herein establishes the reform of Article 59 of the Refugee Persons Regulations (Reglamento de Personas Refugiadas). They accuse that the limitations in the norm subject to constitutional review are a violation of the freedom of movement (libertad ambulatoria) of asylum seekers, for three essential reasons: (i) the right of movement is an essential right for the free development of the person seeking asylum, (ii) limits on the right to movement are a matter of legal reserve, and (iii) the archiving of the asylum application is the product of a modality of tacit waiver. The norm subject to constitutional analysis absolutely prevents the exercise and enjoyment of the right to leave the national territory for asylum seekers, as it specifically states that: "(...) Under no circumstances will the travel of refugee applicants outside the national territory be authorized." These limits on freedom of movement are unnecessary, disproportionate, and unjustified. The Inter-American Court of Human Rights (Corte IDH) recognizes the right of movement and, through its jurisprudence, has indicated the legal mechanisms for a limit to said right to intervene with respect for human rights. In the Case of Fleury et al. vs. Haiti, the Inter-American Court stated that: "(...) the right of movement and residence, recognized in Article 22.1 of the Convention, is an indispensable condition for the free development of the person, which includes: a) the right of those who are lawfully within a State to move freely within it and choose their place of residence, and b) their right to enter, remain in, and leave the territory of the State without illegal interference..." Executive Decree No. 43810-MGP grants the Administration the power to assume that any departure from the country implies the real non-existence of the need for international protection, but instead of providing greater protection and procedural guarantee, what it does is restrict freedoms protected both at the constitutional and international levels. This generalized motivation is arbitrary and has no basis. It is also contrary to due process (debido proceso), because it does not even make a prior individualized analysis of each application. It denies it de facto. On this particular matter, the Inter-American Court has also pointed out that measures restricting freedom of movement must have a justification for their adoption. It states that: "(...) to determine the necessity and proportionality of the restriction on freedom of movement, it is necessary to establish whether the decision ordering said measure complied with minimal reasoning justifying its adoption. When analyzing the imposition of such measures, judicial authorities must base their decisions on objective elements that may indicate that the procedural dangers sought to be prevented can effectively materialize." (Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26, p. 113). It is so discordant to apply this migratory sanction that "(...) regarding the restriction on leaving the country, the Court has indicated that said restriction can become a substitute for the prison sentence" (Case of Ricardo Canese vs. Paraguay, paragraph 162). Consequently, the administrative migratory sanction is a clear violation of the right to personal liberty and the freedom of movement of asylum seekers. They add that the Constitutional Chamber has already granted several habeas corpus petitions of asylum seekers, as the norm clearly violates the restriction on movement. The Chamber states that: "Regarding the particular case of the protected person, it is observed that there was an arbitrary limitation on his right to movement by the respondent authority, since he was denied the possibility of leaving the country due to his status as a refugee applicant, therefore this Tribunal considers that the application of Article 59 of the Refugee Persons Regulations violates the rights of the protected person, since the Convention relating to the Status of Refugees grants those who hold such status the most favorable treatment possible and in no case less favorable than that generally accorded to foreigners in the same circumstances. Under this train of thought, the provisions of the aforementioned article limit the ambulatory rights of the person seeking refugee status” (Voto N° 5583-2023). In summary, this measure is an absolute prohibition on freedom of movement that affects all asylum seekers and reaches other persons who are being illegitimately persecuted in their countries of origin, and who will not be able to enjoy the protection of the State of Costa Rica due to the illegitimate restriction on freedom of movement. It is, moreover, discriminatory, because it is strictly aimed at the population that seeks asylum. There does not exist in the country an absolute prohibition, like this one, that affects other migratory categories of foreign persons. They add that limits on the right to movement are a matter of legal reserve. The freedom of movement of asylum seekers has been restricted by Executive Decree No. 43810-MGP. The Inter-American Court and the Organization of American States point out, in relation to legitimate restrictions on freedom of movement, that: "Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his own country. This shall not be conditioned on any specific purpose or period of time during which the person decides to remain abroad. Likewise, the freedom to determine the State of destination is part of this guarantee. Every migrant who is lawfully within the territory of a Member State shall have, within that territory, the right to free movement and to choose his or her place of residence. All persons also have the right to remain in their country of origin. The exercise of the aforementioned rights may not be restricted except by law, to the extent indispensable in a democratic society to prevent criminal offenses or protect national security, public safety or order, public morals or health, or the rights and freedoms of others." (Inter-American Principles on the Human Rights of All Migrants, Refugees, Stateless Persons, and Victims of Human Trafficking, p. 20). In the same sense, in Costa Rica, the regime of fundamental rights and freedoms is a matter of legal reserve and cannot be restricted through an executive decree. They cite Voto N° 3173-1993 of the Constitutional Chamber. In summary, a restriction of this type cannot be imposed by decree. They indicate that the Constitutional Chamber has already granted several habeas corpus petitions of asylum seekers, as it considered that the decree is a legal instrument that is neither suitable nor legitimate for those purposes. They cite again Voto N° 2023-5583. They add that the archiving of the asylum application constitutes a modality of tacit waiver, without an administrative act with motive, content, and purpose. The presidential decree indicates that, if the person applying for refugee status leaves the national territory, it implies the tacit abandonment and the archiving of the administrative file corresponding to the application for recognition of refugee status. The basis for the analysis of an asylum application is enshrined in Article 22.7 of the American Convention on Human Rights. The Inter-American Court has indicated that: "the right to seek and receive asylum under refugee status, recognized in Articles 22.7 of the American Convention and XXVII of the American Declaration, read in conjunction with other provisions of the Convention and in light of special treaties, imposes on the State certain specific duties: i) duty not to return (non refoulement) and its extraterritorial application; ii) duty to allow the asylum application and not to reject at the border; iii) duty not to penalize or sanction for irregular entry or presence and not to detain; iv) duty to provide effective access to a fair and efficient procedure for determining refugee status; v) duty to ensure minimum guarantees of due process in fair and efficient procedures for determining refugee status or condition; vi) duty to adapt procedures to the specific needs of children and adolescents; vii) duty to grant international protection if the refugee definition is satisfied and to ensure the maintenance and continuity of refugee status; viii) duty to restrictively interpret exclusion clauses; and ix) duty to provide access to rights on an equal basis under refugee status" (Advisory Opinion OC-25/18). However, notwithstanding the foregoing, Executive Decree No. 43810-MGP entails an immediate consequence consisting of the archiving of the asylum application. The foregoing, without there being an administrative act that motivates the decision and that this is subsequent to a particular analysis of each case, taking into account the individual situation of the person and, furthermore, allowing the right to defense, if necessary. On the contrary, it would force a new refugee application with consequences for the fundamental rights of the person seeking asylum. They affirm that this Chamber has already granted several habeas corpus petitions of asylum seekers, as it considered that there was an abuse of right: "The archiving of the application, resulting from a modality of tacit waiver by the applicant, disregards and undermines international regulations, constituting an invasive and punitive mandate, which deprives the regular migrant of their ambulatory rights, under the application of an illegitimate presumption of abuse of right" (Voto N° 005583-2023). They conclude that, for all the foregoing, the norm subject to constitutional review not only threatens to violate the right to freedom of movement through an illegitimate legal instrument, but also the right to seek and receive asylum of persons seeking international protection in the country and of other persons who are being illegitimately persecuted in their countries of origin, who will not be able to enjoy international protection in Costa Rica. They also accuse restrictions on the right to work. Articles 2 and 3 of Executive Decree No. 43810-MGP, which reform -respectively- Articles 54 and 58 of the Refugee Persons Regulations, establish the denial of recognition of refugee status due to unauthorized work activities. Which, in their opinion, is contrary to the declaratory nature of asylum, the right to equality and non-discrimination and the non-retroactivity of the law, as well as the constitutional principles of legality, legal reserve, and normative hierarchy. Additionally, the resolutions of the refugee unit issued based on this regulation do not admit any appeal against them, in violation of the guarantees of due process. For its part, Article 8 of Executive Decree No. 43810-MGP introduces a single transitional provision (transitorio único) to the Refugee Persons Regulations, which establishes: "Refugee applicants who already have a work permit prior to the reform established in this executive decree must demonstrate in each renewal of said permit their respective insurance coverage before the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense del Seguro Social), uninterruptedly, in accordance with Article 7 subsection 7) of the General Migration and Foreigners Law No. 8764 (Ley General de Migración y Extranjería N° 8764). If they do not demonstrate their insurance coverage, they will be given an identification card that identifies them as refugee applicants, but which will not include an authorization to work. Work permits that have been granted prior to this reform will subsist until the Administration issues a final ruling on the refugee application." They consider that the limitations provided for in the challenged regulation are a severe violation of the freedom to work of asylum seekers, such as: (i) the right of the individual to work from the recognition of human dignity as an essential part thereof and as the State's guarantee of the right to free choice of work, (ii) in relation to the principle of equality before the law and non-discrimination in light of the declaratory nature of the recognition of refugee status, and (iii) given the imposition of new requirements for the renewal of the provisional work permit card for asylum seekers who had made their application before the entry into force of the decree subject to constitutional review. Regarding the accused violation of the right of the individual to work from the recognition of human dignity as an essential part thereof and the free choice of work, they point out that Article 23 of the Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against unemployment." For its part, the Constitutional Chamber has stated that the right to work is a fundamental right of the individual's social rights, provided for in Article 56 of the Constitution, which states that "work is a right of the individual" and "in said proposition it is implicit that it is a right of all" (Voto N° 13544-2007). Furthermore, such norm must be of a protective nature, with the constitutional purpose of guaranteeing working persons the right to a dignified existence. They accuse that the norm subject to constitutional review makes modifications that limit the right to work of asylum seekers, solely because of their status as applicants, which implies that it is also to the detriment of human dignity. In the first place, Executive Decree No. 43810-MGP states that asylum seekers can only process the provisional work permit if they intend to work for a legal or natural person, thereby restricting the right of asylum seekers to self-employment. In this regard, the International Labor Organization defines work as "...the set of human activities, paid or unpaid, that produce goods or services in an economy, or that satisfy the needs of a community or provide the means of support necessary for individuals." The preceding definition includes the set of human activities and at no time does it indicate that work is exclusively for persons under a dependent relationship modality. Nor does it make a distinction between the salaried or self-employed modality. Within the same line of thought, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), in the report incorporated within file No. 23-000049-0007-CO and which is recorded in Resolution No. 2023-003439, processed by this Chamber, has indicated: "(H) Restrictions on the right to work (...) 64. International law recognizes the right of everyone to the opportunity to gain their living by work freely chosen or accepted. This right does not include a guarantee of employment or an absolute and unconditional right to obtain a job, but rather the right to access and participate in the labor market on equal terms, for example, by enjoying the right to seek paid work or start a business to produce or sell goods or services. (...) 66. On the other hand, UNHCR emphasizes that international human rights law complements the guarantees provided for in the 1951 Refugee Convention and even establishes more favorable standards in relation to some rights. In this sense, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes that States Parties must take progressive measures so that all persons within their jurisdiction, both nationals and foreigners (including refugees and asylum seekers), have the opportunity to gain their living by work freely chosen or accepted" (the underlining does not correspond to the original). Therefore, this norm is limiting the right to free choice of work of all asylum seekers in the country, since they cannot freely choose to perform some self-employed activity to produce goods or services and provide themselves, with this, sustenance for themselves and their families. In the second place, the challenged decree paved the way for the procedure for granting work permits to refugee applicants, which establishes a series of requirements that make it impossible for a refugee applicant to obtain them, causing that no refugee applicant can finally present them completely in order to thus work in the country. In the third place, the challenged decree empowers the Administration to archive a person's asylum application for performing work without a work permit. The foregoing leads to the archiving of the asylum application, without there being an administrative act with motive, content, and proportional purpose, which analyzes the particular situation of the person and allows them to exercise their right of defense against such sanction, which is contrary to the principle of legality in light of the analysis of the administrative act and constitutes a violation of the right to seek and receive asylum, as previously stated. Furthermore, the indicated articles do not establish the means to challenge the resolution that denies the work permit, thereby generating a clear violation of the minimum procedural guarantees. Finally, the challenged norm also contains a violation of the principle of gratuity that governs the matter of refugee status, since, in order to obtain the provisional work permit, the person must pay sixty dollars, according to the norm subject to constitutional review. Article 117 of the General Migration and Foreigners Law recognizes that: "The procedure to determine refugee status shall be carried out at no cost to the person." They accuse a violation of the principle of equality before the law and non-discrimination in light of the declaratory nature of the recognition of refugee status. Persons duly recognized as refugees are granted a migratory identity document for foreigners under the special unrestricted category (categoría especial libre condición), which allows them to work in any labor area, both as employees and self-employed, this being established in Article 56 of the same Refugee Persons Regulations. The declaratory nature of the recognition of refugee status is a cornerstone within international regulations on refugee matters. In this regard, the Inter-American Court reaffirmed, in the analysis of the Pacheco Tineo vs. Bolivia case, that "the recognition of a person's refugee status does not have a constitutive character, but rather a declaratory one, therefore it is incumbent upon the States to guarantee a duty of special precaution in the verification of such condition and in the measures it adopts, through adequate procedures and in accordance with due process." From the foregoing, it is concluded that ignoring the declaratory nature of refugee status generated by the differentiated treatment made by Executive Decree No. 43810-MGP, between an asylum seeker and a recognized refugee -who share a common social origin-, is an evident violation of the constitutional principle of equality. Likewise, not granting an unrestricted work permit to asylum seekers represents a distinction and exclusion of persons who should be treated as equals. They also claim the imposition of new requirements for the renewal of the provisional work permit card for asylum seekers who had made their application before the entry into force of the decree subject to constitutional review, in light of the principle of non-retroactivity of the law. Although the Constitutional Chamber has said that the timing of the application of the law is not a matter of constitutionality, in this case, what is challenged is that the single transitional provision introduced by Article 8 of Executive Decree No. 43810-MGP disregards what is ordered by Article 34 of the Political Constitution, and prevents the application of the decree from being determined based on what is stipulated by said constitutional norm. They add that the acquired right consists of a legal situation that is consolidated and, therefore, the Administration must adapt its functioning to safeguard that conduct, that is, its administrative actions must not be unrestricted. Acquired property rights, as well as consolidated legal situations, possess the highest level of protection that our legal system can grant. The acquired right occurs when a good or a right enters the patrimonial sphere of a subject, for its part, the consolidated legal situation constitutes a definition of a state of affairs, it is no longer an incorporation, but merely the demarcation. In both cases, the legal system protects the person who has obtained the right or legal situation in question, in order to ensure legal certainty and equity. In the challenged single transitional provision, the Administration has established that, for the renewal of the work permit, the applicant must previously be registered with the Costa Rican Social Security Fund, contrary to the previous norm, which results in an impairment of the legal certainty of persons who were already asylum seekers before the entry into force of the norm subject to constitutional review. Consequently, the applicants who formalized their refugee application prior to the entry into force of the reform of the Refugee Persons Regulations were clear that the Costa Rican State would provide them with a provisional work permit, since it is a right that is linked to the refugee application and does not depend on any other criterion or requirement, therefore, now, limiting the issuance of the work permit to demonstrating insurance coverage before the Costa Rican Social Security Fund violates the principle of non-retroactivity protected in the Political Constitution and the acquired rights of refugee applicants. Hence, it is not only unconstitutional but also unconventional in light of the international regulations governing the matter. They allege that the existence of such extensive requirements to apply for the work permit, in practical terms, prevents the exercise of the right to work. Based on Article 54 of the Refugee Persons Regulations, on February 14, 2023, Resolution DJUR-0204-12-2022-AMB, issued by the Ministry of the Interior and Police and the General Directorate of Migration and Foreigners, which established the Procedure for granting work permits to refugee applicants, was published in La Gaceta No. 27 and is currently applied. Said resolution, in its Article 6, defines that the granting of the work permit is subject to a series of requirements, which are: "Article 6.—The granting of the work permit shall be subject to the fulfillment of the following requirements: 1. - Persons who intend to work for a legal person: a. Duly authenticated job offer indicating the duties, schedule, salary to be earned, signed by the legal representative of the company. b. The company must be up to date with its obligations before the CCSS. c. Certification of financial statements issued by an authorized Public Accountant, of the balance sheet and the income statement of the company. d. Certification from the corresponding insurance entity, indicating that the company is up to date in the payment of the occupational hazards policy or original proof of payment showing it is up to date. e. That the legal person is duly incorporated, which shall be verified by the Refugee Unit through the National Registry. f. In the event that the company is registered before the General Directorate of Taxation, it must be up to date in the payment of taxes. 2. Persons who intend to work for a natural person: a. Duly authenticated job offer... indicating the duties, schedule, salary to be earned, signed by the employing person. b. Certified copy or, failing that, original and copy to be compared by a public official, of the valid identity document of the employing person. c. Verification of the economic solvency of the authorized public (sic) or salary certificate. d. The person must be up to date with their obligations before the CCSS. e. Certification from the corresponding insurance entity, indicating that the employer is up to date in the payment of the occupational hazards policy or proof of payment up to date. d. In the event that the person is registered before the General Directorate of Taxation, they must be up to date in the payment of national taxes." With the foregoing, it is evident that requirements are demanded which, in addition to being unequal (compared to those of a refugee), are extensive and disproportionate. Instead of simplifying and allowing the prompt integration of the person seeking asylum in the country, it extends the procedure and the requirements, which undeniably undermines the reinforcement of the principle of legal certainty of the Costa Rican democratic system and, specifically, prevents the exercise of the right to work, because if the person applying for refugee status does not meet any of the requirements, they will not have state authorization to work. The Inter-American Court analyzes the right to work as a fundamental right, defines it as a human right of a social nature -by virtue of which, all persons must have access to it- and, furthermore, adds that: "It is a fundamental right of the utmost importance for building a life project, since through work one obtains the means and resources to acquire movable and immovable property, indispensable for life in society. It implies, then, a consideration and a bond between a natural or moral person -or juridical, as it is known in some foreign legislations- who pays for the provision of a service by another person -generally natural, although it could also be moral-, although it must be taken into consideration that labor evolution has led to phenomena such as self-employment or entrepreneurship, where the bilateral link referenced above is not necessarily present, since by virtue thereof a product or service can be offered that does not fall into traditional labor relations." Consequently, the long list of requirements to be able to access the work permit and exercise such human right in a dignified manner is improper. As a direct injury to the human right, it prevents refugee applicants from obtaining the necessary resources for their existence and survival.

As an administrative procedure, it is contrary to the pertinence of the process. They claim, finally, that the lack of recourse against the decision denying the permit is a violation of due process. The norm submitted to constitutional review provides that the application for a work permit will be evaluated by the Refuge Unit, in view of the powers conferred by the Law or the General Directorate, but does not indicate any possibility of a challenge stage against a decision that may deny the work permit application. They cite Votes No. 15-90 and No. 5469-95 of this Chamber. They indicate that there is an undeniable link between due process and the right of defense, as part of the minimum guarantees. Thus, given the necessary adherence to due process that the Administration must respect, it is opportune to analyze what openly constitutes a serious violation of the right of defense of applicants, since the right to appeal is not provided for. From the foregoing, it is concluded that this measure leaves unprotected, fails to enforce the exercise of the right, and does not ensure a channel for the defense of the rights of refugee applicants who require a work permit to perform a function as basic as it is necessary for human and societal survival, which is to work. The plaintiffs request that, as a precautionary measure, the application of the challenged norms be suspended, in order to provisionally protect and guarantee the fundamental rights of migrant persons seeking international protection in the country, thus preventing the production of greater damage or harm against the group. The appropriateness of this precautionary measure is in absolute harmony with previous pronouncements of this Chamber in which requests of this nature have been granted, in accordance with Votes No. 2015-15725 and No. 15-10720. In addition to the principles of procedural good faith, fumus boni iuris, periculum in mora, and the balancing of the interests at stake. The request for the precautionary measure has the appearance of a good right under the assumption that what is requested is within reason and lacks recklessness, and furthermore, that the violations of the minimum guarantees that a contracting state of the Refugee Convention must grant to migrant persons seeking asylum could cause serious and irreparable damage to the fundamental rights of the group. Finally, the requested precautionary measure does not affect the public interest. In this sense, the suspension of the application of the challenged norms constitutes a core aspect, given that these are procedural norms whose implementation entails serious, irreversible, and irreparable damage, impacting fundamental human rights such as the life and physical integrity of migrant persons seeking international protection in the country. Moreover, these are norms of procedural application by the Dirección General de Migración y Extranjería, so the suspension of the challenged norm, and not only of its definitive implementing acts, is appropriate. Likewise, regarding the merits, they request that the unconstitutionality action be granted and, therefore, articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 of Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP be annulled as unconstitutional, a decree that reformed or repealed articles 14, 54, 58, 59, 121, 140, 15, 16, 18, and 139 of the Reglamento de Personas Refugiadas (Decreto Ejecutivo N° 36831-G of September 28, 2011) and added a unique transitional provision to it.

2.- For purposes of supporting their standing to sue, the plaintiffs indicate that it is based on articles 73, subsections a) and d), and 75, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Regarding standing to sue, the second paragraph of article 75 of the cited Ley de la Jurisdicción Constitucional provides for the possibility of bringing an action directly before this jurisdiction, without the need for a prior matter, when the challenged act does not affect individual and direct interests, and the action is brought in defense of diffuse interests or those concerning the community as a whole. Regarding the community, they cite Judgment No. 2008-01001 of this Chamber. They assert that Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP seriously affects the rights of an indeterminate plurality of persons composed of refugees, refugee applicants, and other persons who are being illegitimately persecuted in their countries of origin, and who will not be able to enjoy the protection of the State of Costa Rica due to the unreasonableness of the restrictions implemented based on the challenged norm. These are interests diffused within a dispersed and in many cases anonymous community, whose rights and interests they come to defend. They specify that the Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua is composed of persons displaced from their country of origin and its associative purpose responds to the protection of the Nicaraguan peasant community exiled in Costa Rica, as well as the promotion, empowerment, and struggle for values and principles such as freedom, social equality, justice, and democracy. The [...] has as its associative purpose, according to its articles of association, “(...) to contribute to the strengthening of the Rule of Law and Democracy in Costa Rica, guaranteeing full respect and effective exercise of Human Rights.” The Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, according to its bylaws, has the following purposes: "A) To promote and manage the restoration of the citizen, economic, and social rights of persons victim to inhuman and degrading treatment by authoritarian and dictatorial governments, with an emphasis mainly on Nicaragua, but also with the rest of Latin America and the world. B) To protect the interests of associates and of persons victim to violations of their human rights, through actions before national and international human rights defense organizations. C) To constantly contribute to the development and strengthening of the capacities of the association's members and the victims linked to it, through the implementation and management of academic alternatives for education, training, self-learning, entrepreneurship, and topics that promote democratic values, transitional justice, and historical memory. D) To influence the formulation of public policies and laws that favor the insertion of Nicaraguan exiles into the economic, social, labor, and academic life in the countries where they reside. E) To manage financial and material resources that allow the management and dynamics of the association for the fulfillment of its purposes, as well as for humanitarian support for its members and related victims. F) To implement communication and dissemination strategies to influence the cultural strengthening of democratic values and a culture of peace in Central American societies. G) To establish alliances with organizations of national and international life that share the purposes and democratic spirit of the Association, with a view to coordinating efforts and joint actions to achieve common objectives. H) To develop research processes on socioeconomic, historical, and sociological topics, contributing to providing structural responses to the needs and interests of the Association's members and sectors related to its purposes.” Meanwhile, [Name 005] is a non-governmental organization whose associative purpose is to provide free legal advice, assistance, and representation to refugees, refugee status applicants in the refugee status determination process, and other persons with international protection needs, as well as to promote said population's access to human rights in the areas of employment, health, education, among others, and to provide services in the areas of economic integration, psychosocial care, and prevention of gender-based violence, governed by the values of welcome, justice, empathy, courage, and resilience. The Servicio Jesuita para Migrantes has as its associative purpose, according to its articles of association, "a) to foster healthy and safe coexistence between migrants and Costa Ricans, according to public order, morality, and good customs of Costa Rican society, b) to promote cultural and sports activities among migrants and Costa Ricans, c) to establish relations of social assistance, education, and economic support between migrants and Costa Ricans, d) to carry out an apostolic work, whose mission is to accompany, serve, and defend the rights of migrants in Costa Rica, driven by the Gospel of Jesus Christ and the Social Teaching of the Catholic Church, which considers the migratory phenomenon as 'a social reality that requires positive actions, not only in the pastoral area, but also in its interventions in the social, political, and cultural field', e) to offer a human and pastoral service to migrants and the communities that host them through a wide range of research activities, advocacy in the organization of the host society and assistance, human, cultural, and religious promotion, as well as humanitarian aid. f) to serve the Christian faith, promoting the justice of the Kingdom of God in dialogue with other cultures and religions. g) to help initiate and develop this work in collaboration with other Churches and lay, voluntary, and governmental organizations, that are active in the same migratory field." The Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL by its English acronym) is a non-governmental organization of a regional nature, founded in 1991. Its main objective is to achieve effective implementation of human rights norms in the member States of the Organization of American States, through the use of the Inter-American System for the Protection of Human Rights and other international protection mechanisms. Thus, over the past 30 years, CEJIL has monitored and reported human rights violations in the region and has accompanied thousands of victims in the vindication of their rights before the Comisión Interamericana de Derechos Humanos and the Corte Interamericana de Derechos Humanos. Specifically, it has as its associative purpose, according to its articles of association, the following: "The general objective of this Foundation is to carry out educational and non-profit activities. The specific objectives of this Foundation shall be: 1- To provide free legal assistance and advice through qualified and authorized lawyers before the respective national, regional, international entity and/or agencies for the protection of human rights; 2- To prepare educational material and conduct educational activities in support of the purposes of the Foundation; 3- To organize, conduct and sponsor forums, conferences, seminars and other similar programs for the purpose of achieving the objectives of the Foundation; 4- To assist other non-profit educational organizations in conducting similar activities; 5- To do all that is necessary and convenient within the purposes of this Foundation and the framework of the law, aimed at achieving the object of the Foundation." Which accredits the Foundation's participation in defending the rights of refugees and refugee applicants. The plaintiffs assert that the foregoing demonstrates that all the organizations subscribing to this action act in defense of persons displaced from their countries of origin, whose rights are seriously affected by the challenged norm and its implementing acts. By virtue of the foregoing, there is a diffuse interest that legitimizes their action, since, as social organizations defending human rights, a benefit is brought to the entire community that was affected by the entry into force of the aforementioned norm, submitted to constitutional review. This community is the migrant persons, asylum seekers in Costa Rica, or persecuted persons who in the future may require the international protection of the State of Costa Rica.

3.- By written submission associated with this case file on August 4, 2023, Justice Fernando Castillo Víquez files a recusal request.

4.- By ruling issued at 8:50 a.m. on August 8, 2023, the Acting President of the Sala Constitucional resolved to separate Justice Castillo Víquez from this matter, as well as to communicate the pertinent information to the Presidency of the Corte Suprema de Justicia, so that his substitution could proceed, in accordance with article 6 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

5.- According to the drawing of lots carried out by the Presidency of the Corte Suprema de Justicia, substitute justice Hubert Rolando Fernández Argüello was selected.

6.- By ruling issued at 10:43 a.m. on October 9, 2023, the plaintiffs were warned that “within three days, counted from the day after notification of this ruling, they must: a) clarify the specific basis for their standing, in particular, clarify whether the action is brought in defense of corporate interests or diffuse interests, as well as substantiate and accredit the respective standing assumption; b) provide a complete copy of the bylaws, articles of association, or incorporation documents of the plaintiff legal entities; and c) in the specific case of [Name 001], must provide a suitable document accrediting its condition as legal representative in Costa Rica of the [...]. In the same manner and without prejudice to the foregoing, pursuant to article 4 of Law number 3245 of December 3, 1963, they are additionally warned that, within the same period, they must attach and pay the Colegio de Abogados stamp for the sum of one thousand one hundred (1100) colones, corresponding to the authentication of the initial brief, since the amount of two hundred seventy-five (275) colones must be paid for the authentication of each signature, or else, clarify to which signatures' authentication the stamps already provided correspond, under the warning – in this case – of not hearing the defaulting party until they comply with what has been ordered, without retroaction of terms (article 4 of Law number 3245 of December 3, 1963).” 7.- By written submission associated with this case file on October 16, 2023, Denis Rodríguez Araya, in his capacity as representing lawyer and director of the present proceedings, indicates that he proceeds to comply with the warning issued by the ruling of 10:43 a.m. on October 9, 2023. Regarding the basis of their standing, he states that the characteristics of the challenged regulation affect a plurality of persons, including persons who have international protection needs, persons who have a refuge application in process, and persons who may, in the future, require the protection of the State of Costa Rica. For their part, the plaintiff organizations can also be classified into two types: i) those whose corporate purpose is the protection of the rights of migrant persons, but which are not formed or constituted by necessarily displaced persons or those with international protection needs, and, ii) those that are formed by foreign persons who have been forced to displace themselves due to the serious political situation in their country. The first group of organizations, which is made up of all the plaintiff organizations, comes in defense of the diffuse interests of the aforementioned persons, independently of their associative base. The second group of organizations (Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, [...] and Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos) comes in defense of the interests of their members (corporate interests), as well as in protection of other persons who have been forcibly displaced, and whose rights are clearly harmed and threatened by the norms subject to this challenge. For this second group, there is a dual standing. He indicates that the defense of diffuse interests is invoked for those organizations whose corporate purpose is the protection of the rights of migrant persons or those in need of international protection. He cites Votes No. 2001-8239 and No. 2022-01622 of this Chamber on the issue of diffuse interests. He asserts that, since the present action concerns the human right to seek and receive asylum, an essential part of the Inter-American Human Rights System and which juridically responds to the international standards of International Human Rights Law, a diffuse interest is present, because the ownership of the defense belongs to the plaintiffs as united around a social need and a common interest that is diffused, diluted or diffuse, as it is about the defense of human rights of a plurality of harmed persons inasmuch as it concerns a group lacking organization or stability and, therefore, lacking the capacity for defense. The defense of diffuse interests is done through two specifications: i) on the one hand, the serious injuries to the human right to seek and receive asylum that transcend the traditional sphere of interests, because they not only affect the group of persons who respond to the action interests of the associative bases of the plaintiffs, but rather; ii) seriously endangers the state responsibility to guarantee its international commitments in the field of human rights and its obligation to ensure the security and harmony of society, or pluralities thereof, especially when it comes to guaranteeing human life and personal integrity, which is the interest of all inhabitants of the territory and even of humanity. For the international community, humanity must be understood as the principle that includes the possibility and will to reduce the gaps of inequality and violence, in addition to limiting their effects on life, freedom, security, and personal integrity. Humanity as a whole encompasses humanitarianism, development, and the defense of human rights. The International United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Institutions to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms states that: "it is the faculty that every person has individually or collectively, to promote and seek the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international level." For the foregoing, the field of human rights and their defenders have stood out as fundamental for the strengthening of democracy and the Rule of Law, which fully justifies that the plaintiffs invoking the unconstitutionality of the norm hold constitutional legitimacy due to the diffuse interest in the State effectively and adequately guaranteeing the promotion and protection of the human rights of members of a group united by a social need, but without a specific legal link that allows them to claim this given their enormous diversity and lack of organization (the number of persons with an interest or need to petition for refuge is not ascertainable, nor how many will apply for it). In this specific case, there is a diffused group, but with a common interest, without becoming a popular action. He indicates that [Name 010] was formed as a limited liability company for the purpose of providing legal assistance and related services to refugees, persons seeking asylum, and other displaced persons in Costa Rica. [Name 007] has among its purposes to defend the rights of migrants in Costa Rica, for which it has committed to carrying out work in fields such as the legal aspect of the migratory phenomenon. [Name 009] was constituted as a foundation establishing among its objectives providing legal assistance before the national entity for the protection of human rights. As for the defense of corporate interests, he indicates that this second group has dual standing, also integrating the defense of corporate interests. He cites Vote No. 2006-9170 of this Chamber. He affirms that the [...], the [...] and the Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos enjoy dual direct standing for diffuse interests and for corporate interests; given that, in addition to answering for the defense of human rights, the associative base of said organizations is constituted by the common interests of their members. He cites Vote No. 2020-20854 of this Chamber. The plaintiffs are requesting that the constitutionality of Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP and its application by the Public Administration be analyzed, given that the norm under review is detrimental to the human rights and legitimate interests of the groups of persons that make them up and to whom they provide their services, which qualitatively represent a community of persons who were affected, these being precisely foreign persons seeking international protection in Costa Rica, under the legitimate parameters of international law contemplated in the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, and the right to seek and receive asylum, as a human right. Foreign persons seeking and applying for asylum in Costa Rica form part of the associative bases of the plaintiffs Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, the [...] and the Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos; these constitute their corporate reason for being, this being the agglutinating element and the fundamental basis for the defense of corporate interests. He cites Vote No. 2022-05038 of this Chamber. The plaintiffs were constituted by and as human rights defenders of the migrant population, seeking to guarantee their respect in the country, and establishing within their objectives to provide accompaniment to that population that has been a victim of human rights violations, among which are persons seeking and applying for international protection in Costa Rica. Each one of these organizations was constituted with an associative base closely related and which consequently legitimizes them for the filing of this action. Specifically, the Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua has among its purposes the promotion of human rights and uniting efforts to contribute to this through citizen participation of peasants in Costa Rica and Nicaragua; for this, they carry out education and awareness-raising activities and, among the activities they can perform -according to their bylaws-, are actions aimed at achieving respect for human rights in Costa Rica, which, as has been set out, is a fundamental part of the reason for this action. In the bylaws of the [...], it is observed that the primary purpose was specified as the strengthening of the rule of law and democracy in Costa Rica to guarantee full respect and effective exercise of human rights, for which they carry out activities such as the strengthening of human rights through engagement with other organizations with related missions, to contribute to eradicating human rights violations and seeking sanctions through legal and strategic litigation and intervention when pertinent, adding to this facilitating assistance and legal representation for persons, that is, this community, in a situation of vulnerability for the search and management of guarantees or actions for the restitution of rights. The Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos establishes as part of its purposes to manage the restoration and protect the interests of the rights of persons victim to inhuman and degrading treatment by authoritarian and dictatorial governments through actions before organizations at both the national and international level. The plaintiffs are legitimately and juridically constituted on a common associative base, closely related to the defense of the right to seek and receive asylum as a human right, and with legitimate standing for the defense of corporate interests, considering that Decreto Ejecutivo number 43810-MGP collectively harms the interests of the persons that make up their associative base and that directly impact the core of their fundamental rights. This corresponds, moreover, with the social purpose of each one of them, this being the basis for the plaintiffs' standing for possessing a defense of corporate interests. Sharing the reasoning set forth in the section on the defense of diffuse interests, the Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, the [...] and the Asociación Reflexión y la Acción para la Vida y Derechos Humanos enjoy dual standing, as they are legally constituted for the defense of corporate interests, but, additionally, they also hold direct standing for the defense of diffuse interests, since the interests these plaintiffs defend are also related to the field of human rights and to a community or an indeterminate plurality of persons in social need of international protection who arrive or are already in our country. He indicates that a copy of the bylaws, articles of association, or incorporation documents of each of the plaintiff legal entities is attached. He adds that in relation to Mr. [Name 001], representative of the Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, as well as its act or articles of association, due to the short time to answer the warning, it was not possible to provide it. He adds that the Colegio de Abogadas y Abogados stamp is provided and paid. Based on the foregoing, it is requested that the present unconstitutionality action be admitted.

8.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject on procedural grounds or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition presented for its consideration that proves to be manifestly unfounded, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous similar or identical rejected petition.

Drafted by Justice Salazar Alvarado; and,

Considering:

I.- OBJECT OF THE ACTION. The plaintiffs challenge articles 1, 2, 3, 4, 5, and 6 of Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, inasmuch as they reform -in order- articles 14, 54, 58, 59, 121, and 140 of the Reglamento de Personas Refugiadas, as well as article 7 of Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, which repeals articles 15, 16, 18, and 139 of the Reglamento de Personas Refugiadas, and article 8 of Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, which adds a unique transitional provision to the Reglamento de Personas Refugiadas.

II.- ON THE ASSUMPTIONS FOR STANDING TO FILE AN UNCONSTITUTIONALITY ACTION. This Chamber has repeatedly indicated that the unconstitutionality action is a process with certain formalities, which must necessarily be met for this Court to validly rule on the merits of the matter. Specifically concerning the issue of standing to access this constitutional review process, article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides for different scenarios. The first paragraph regulates the unconstitutionality action via the incidental route, which requires the existence of a matter pending resolution, whether in the judicial sphere - including hábeas corpus or amparo appeals - or in the administrative sphere - in the procedure for exhausting this route -, in which the unconstitutionality of the questioned norm is invoked as a reasonable means of safeguarding the right or interest that is considered harmed in the main matter.

In the second and third paragraphs, direct action—where no underlying matter is required—is regulated in the following cases: a) when, by the nature of the matter, there is no individual and direct harm; b) when it concerns the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole; and c) when the action is brought by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Chief Prosecutor of the Republic, and the Ombudsperson.

Now, in Judgment No. 1995-04190 of 11:33 a.m. on July 28, 1995, this Court highlighted that the acción de inconstitucionalidad is:

“(…) a proceeding of an incidental nature, and not a direct or popular action, which means that the existence of a matter pending resolution—whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative channel—is required in order to be able to access the constitutional channel, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right considered harmed in the principal matter, so that what is decided by the Constitutional Court has a positive or negative repercussion on said proceeding pending resolution, insofar as it rules on the constitutionality of the norms that must be applied in said matter; and it is only by exception that the legislation permits direct access to this channel—the conditions set out in the second and third paragraphs of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional …”.

In Voto No. 1998-6366 of 4:27 p.m. on September 2, 1998, this Chamber reiterated that:

“(…) The acción de inconstitucionalidad is, in essence, incidental. That is, its filing must be analyzed, first of all, from the point of view of a principal matter, with respect to which it is an instrument for the effective respect of the rights or interests claimed therein. One of the core aspects of that initial study is that of the legal standing (legitimación) with which one acts. The grounding in a principal matter is the first of the conditions addressed in Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the basic norm on the subject. The remaining hypotheses must be understood restrictively, not with the intent of curtailing the right to effective judicial protection, but of respecting the logic of the constitutional justice system insofar as it relates to constitutionality review, since the legislator's construction of a relatively formal scheme for initiating the acción de inconstitucionalidad would be worthless if, in practice, all form were set aside and matters were admitted as if it were a system governed by the so-called popular action. In this way, the cases of the second paragraph of the cited Article 75, which exempt the plaintiff from any connection to a principal matter, can be classified as special and exceptional.” In accordance with the foregoing, this Chamber has indicated that “the acción proceeding is, mainly, of an incidental nature, and therefore a matter pending resolution in the administrative channel—in the administrative appeal procedure against the final act—or judicial channel is required for the action to prosper. Thus, only in exceptional cases established by law will the existence of this requirement not be necessary” (Judgment No. 2018-018560 of 9:20 a.m. on November 7, 2018). It has also clarified that “the conditions contained in the 2nd paragraph of Article 75 constitute an exception to the rule established in the 1st paragraph (incidental channel) which must be carefully assessed” (Judgment No. 2018-008413 of 9:20 a.m. on May 30, 2018).

III.- REGARDING THE STANDING (LEGITIMACIÓN) CONDITION ALLEGED IN THIS PROCEEDING. It must be noted—in the first place—that this Chamber has explained that:

“(…) given the formalism legally prescribed for constitutionality review proceedings (...) the argumentative burden in the processing of an acción de inconstitucionalidad falls on the plaintiff, who must explain, without ambiguity, the existing contradiction between an infra-constitutional norm and the constitutional framework, as well as the standing (legitimación) that assists them” (Voto No. 2020-000319 of 12:15 p.m. on January 8, 2020; emphasis is not from the original).

In the filing brief for this action, it is indicated that the plaintiffs' standing (legitimación) is based on the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and express mention is made of both the defense of diffuse interests and the defense of corporate interests. By resolution of 10:43 a.m. on October 9, 2023, the plaintiffs were warned to clarify “what the concrete basis of their standing (legitimación) is, in particular, to clarify whether the action is brought in defense of corporate interests or diffuse interests, as well as to substantiate and prove the respective standing (legitimación) condition.” In response to this warning, Mr. Denis Rodríguez Araya, attorney directing the proceeding and special judicial representative of some of the plaintiff organizations (Asociación Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, HIAS Costa Rica, Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, [...] and [Name 009]), affirms that these “can be classified into two types: i) those whose corporate purpose is the protection of the rights of migrants, but which are not formed or constituted by persons necessarily displaced or with international protection needs, and ii) those that are formed by foreign persons who have been forced to displace themselves due to the serious political situation present in their country.” He adds that the “first group of organizations, which in the present case is composed of the entirety of the plaintiff organizations, appear in defense of the diffuse interests of the persons previously indicated, regardless of their membership base. Ergo, the second group of organizations (Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, [...] and Asociación Reflexión y Acción para la Vida y Derechos Humanos) appear in defense of the interests of their members (corporate interests), as well as in protection of other persons who have been forcibly displaced, and whose rights are clearly harmed and threatened by the norms under this challenge. For this latter group, there is a dual standing (legitimación).” He notes that “the defense of diffuse interests is invoked for those organizations whose corporate purpose is the protection of the rights of migratory persons and/or those in need of international protection.” He adds that the “Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, [...] and the Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos enjoy dual direct standing (legitimación) due to diffuse interests and due to corporate interests, given that in addition to being responsible for the defense of human rights, the membership base of said organizations is constituted by the common interests of their members.” Now then, this Chamber concludes that the plaintiffs lack the alleged standing (legitimación) for the reasons that will be developed in the following recitals.

IV.- ON THE INADMISSIBILITY OF THE ACTION WITH RESPECT TO THE ASOCIACIÓN PRO-DEFENSA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE NICARAGUA. Regarding this association, the fact is that it has not been duly proven that the action was filed by its legal representative. Despite the warning issued, by resolution of 10:43 a.m. on October 9, 2023, to date it has not been demonstrated that [Name 001] has the capacity to act in representation of such association, to exercise—formally and on its behalf—this procedural action. On this point, this Court has indicated—as relevant—that:

"It must be kept in mind that this Chamber has indicated that the acción de inconstitucionalidad is a proceeding with certain formalities, which must necessarily be fulfilled so that this Court can validly rule on the merits of the matter. As part of such formalities, this Chamber has resolved, repeatedly, that whoever intends to file an acción de inconstitucionalidad on behalf of or in representation of a third party must prove that they are duly authorized to formulate the action on their behalf....

Regarding this issue, in Voto No. 2022-016953 of 10:25 a.m. on July 20, 2022 this Chamber resolved that:

"Regarding standing (legitimación) and powers to act in representation of third parties, whoever files an acción de inconstitucionalidad must, inevitably, do so in accordance with the rules established in the Ley de la Jurisdicción Constitucional in Articles 73 to 79, and demonstrate in a formal and reliable manner that they have standing (legitimación) to act, whether in their own name or on behalf of third parties, through certifications of legal representation and previously granted mandates, to file the action. This means that when the plaintiff acts in representation of third parties—legal or natural person—they must not only demonstrate their standing (legitimación) regarding the underlying matter, they must also be previously authorized or empowered by the interested parties to file the action in their name, otherwise the action is inadmissible (see in a similar sense Judgments No. 2002-1334 of 10:18 a.m. on February 8, 2002; 2014-16169 of 3:40 p.m. on October 1, 2014, 2021019742 of 11:50 a.m. on September 1, 2021 and 2021021203 of 09:30 a.m. on September 22, 2021).

(...)

By virtue of the foregoing, it is evident to this Chamber that, when the plaintiff filed the present action on May 30, 2022, she was not duly authorized (legitimada) to act in the name and representation of Mr. (...), as she did not have a formal and sufficient mandate to file this proceeding on his behalf. Thus, it is clear that the plaintiff appeared before this Court to formulate an action in the name of a third party, without being previously authorized or empowered to do so, as required by the Ley de la Jurisdicción Constitucional, as indicated in the preceding recital.” Meanwhile, more recently, by means of Voto No. 2022-023911 of 9:20 a.m. on October 12, 2022, this Chamber resolved that:

“I.- ON THE ADMISSIBILITY OF THE ACTION.- ADMISSIBILITY REQUIREMENTS FOR THE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.- On repeated occasions this Court has indicated that the acción de inconstitucionalidad is the technical jurisdictional remedy to challenge laws and other general provisions, when these infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle. Unlike the amparo appeal, which is less demanding regarding the conditions for its filing, the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the necessary compliance with the formal and substantive requirements contained in Articles 78 and 79, and it is necessary that the complaint satisfies them before its admissibility is decreed before this Court. The issue of standing (legitimación) is fundamental to filing this proceeding, not only with respect to the conditions established in Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, but also, regarding the capacity to act in the name of another person. Thus, this Court has indicated:

“Sole: Every acción de inconstitucionalidad, to be admissible, must comply with the requirements established to that effect by the Ley de la Jurisdicción Constitucional. The acción de inconstitucionalidad, unlike the amparo and habeas corpus appeal, requires certain formalities; demonstrating the standing (legitimación) to act is an unavoidable act…” (Judgment No. 2002-1334 of 10:18 a.m. on February 8, 2002)” (Voto No. 2022-027255 of 9:45 a.m. on November 16, 2022).

Considerations applicable to the case under study. Which constitutes sufficient reason to reject the action with respect to such association.

V.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD WITH RESPECT TO [Name 010], [Name 007], [Name 009], [...] AND THE [...]. As already noted, the attorney directing the proceeding and special judicial representative of such organizations affirms that all of them have standing (legitimación), for acting in defense of diffuse interests. He adds that, in the specific case of the [...] and the Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, the action is also brought in defense of corporate interests. Nevertheless, this Chamber concludes that, in the specific case, these conditions of direct standing (legitimación) are not configured.

A.- REGARDING THE ALLEGED DEFENSE OF DIFFUSE INTERESTS. Concerning the defense of diffuse interests, this Chamber has been refining in its jurisprudence its object, content, and scope and has resolved that:

“Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our Law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that against them, determined persons, or personalized groups, are identified or easily identifiable, whose standing (legitimación) would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones or those that concern a community as a whole. It concerns, then, individual interests, but, at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of people who share an interest and, therefore, receive a benefit or harm, actual or potential, more or less equal for all, for which it is rightly said that they are equal interests of the sets of people who find themselves in certain situations and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are at once collective—for being common to a generality—and individual, for which they can be claimed in such character” (Judgment No. 1993-3705-93 of 3:00 p.m. on July 30, 1993).

Likewise, in Judgment No. 2007-02958 of 9:23 a.m. on March 2, 2007, this Court added:

“In relation to diffuse interests, which is the standing (legitimación) adduced by the plaintiff, this Court has stated that it concerns that personal interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, which can be shared by other persons, all the interested parties forming a determined group or category. Thus, the violation of that right can affect everyone in general and/or each one in particular, hence any member of that group can file the action to protect the right that is deemed harmed. The interest, in these cases, is found diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. Judgment No. 03705-93, of 3:00 p.m. on July 30, 1993, illustrates what has been understood as diffuse interests; as does judgment 360-99 of 3:51 p.m. on January 20, 1999:

"It has been indicated that it involves a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the preceding recital, but which cannot become so broad and generic that it is confused with the right recognized to all members of society to oversee constitutional legality, since this latter—as has been repeatedly stated—is excluded from the current system of constitutional review. It concerns, then, an interest distributed among each of the administered, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable for that reason, for the defense, before this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights themselves and not the particular situation concerning them of the subjects who may hold them, that is the key to distinguishing and determining the presence of the so-called diffuse interests, as has been stated in various resolutions such as 03705-93 of three o'clock in the afternoon on July thirtieth for the right to the environment, number 05753-93 of two forty-five in the afternoon on November ninth of that same year for the defense of the historical heritage and number 00980-91 of one thirty in the afternoon on May twenty-fourth, nineteen ninety-one for electoral matters." In this sense, although that interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to oversee constitutional legality (which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Ley de la Jurisdicción Constitucional), neither can it be so concrete that it permits an individual claim, because in such a case, the standing (legitimación) would derive from that claim. Examples of such interests are the right to a healthy and harmonious environment, the defense of the historical heritage, electoral matters, the defense of the right to health, and the oversight of public funds. This enumeration is nothing more than a simple description inherent to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to be understood that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights. The foregoing would imply an undesirable overturning of the scope of the Rule of Law, and of its correlative "State of rights," which—as in the case of the Costa Rican model—starts from the premise that what must be express are the limits to freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition.” Finally, this Court, by majority, has considered that when a norm is susceptible to individual application, one cannot invoke diffuse interests to admit the action. On this point, in Voto No. 2022-011649 of 9:20 a.m. on May 25, 2022, this Chamber resolved that:

“III.- ON DIRECT STANDING (LEGITIMACIÓN). The plaintiff, in turn, claims to have direct standing (legitimación), because he states that the challenged norm not only harms the fundamental rights of an individual character of his represented party, but also violates broad collective and diffuse rights, due to the effects it produces. Nevertheless, this Chamber, by majority, has considered that when the norm being challenged is susceptible to individual application, one cannot invoke the defense of diffuse interests to admit the action. Thus, in Voto No. 2021-002185 of 12:51 p.m. on February 3, 2021, this Constitutional Court indicated the following:

“(…) II.- On diffuse interests and the standing (legitimación) of the plaintiffs in the case under study. The plaintiffs indicate that their standing (legitimación) comes from the defense of diffuse interests regarding the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, it is worth indicating that, as already mentioned, the conditions of the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional constitute exceptions to the rule contained in the first paragraph of the same article, which must be carefully analyzed in each specific case. The diffuse interest has been understood as that interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, which can be shared by other persons, all the interested parties forming a determined group or category. Thus, the violation of that right can affect everyone in general or each one in particular, hence any member of the community can file the action to protect the right that is deemed harmed. On this matter, the reiterated jurisprudence of the Chamber indicates that:

"It has been indicated that it involves a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the preceding recital, but which cannot become so broad and generic that it is confused with the right recognized to all members of society to oversee constitutional legality, since this latter—as has been repeatedly stated—is excluded from the current system of constitutional review. It concerns, then, an interest distributed among each of the administered, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable for that reason, for the defense, before this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights themselves and not the particular situation concerning them of the subjects who may hold them, that is the key to distinguishing and determining the presence of the so-called diffuse interests, as has been stated in various resolutions such as 03705-93 of three o'clock in the afternoon on July thirtieth for the right to the environment, number 05753-93 of two forty-five in the afternoon on November ninth of that same year for the defense of the historical heritage and number 00980-91 of one thirty in the afternoon on May twenty-fourth, nineteen ninety-one for electoral matters." –see judgment number 360-90- From this definition it is possible to estimate that the diffuse interest is composed of an eminently subjective element, related to its belonging or ownership of the interest, and an objective one, related to the incidence of the good on society, which distinguishes it from other legal situations. In relation to the first—the subjective—it is clear that the same is found diffused in a non-individualized human group, which co-participates in the enjoyment of the legal good object of the interest, but whose composition does not result from an identifiable, encompassable set of subjects with relatively clear contours, as does occur in the collective interest. And from the objective perspective, it must be clarified that not every "diffused" interest acquires the legal category of "diffuse interest," but only those imbued with a profound social relevance, whose assessment results from the circumstances of each case –see, among others, judgments numbers 2006-15960 and 2014-4904-. In this sense, just as it has been said that this interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to oversee constitutional legality—which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Ley de la Jurisdicción Constitucional—neither can it be so concrete that it permits an individual claim, because in such a case, standing (legitimación) would derive from that claim –see, among others, judgments numbers 2008-13442, 2009-300 and 2009-9201-. Thus, examples of such interests are the right to a healthy and harmonious environment, the defense of the historical heritage, electoral matters, the defense of the right to health, and the oversight of public funds. In this way, in the case under study, where the plaintiffs refer their standing (legitimación) regarding the defense of diffuse interests in matters of protection of a healthy and ecologically balanced environment, what is appropriate is to rule as indicated in the following recitals.

(…)

In the action now being heard, the same plaintiffs challenge the same norms of Articles 50 and 51 of the Regulation in question, as well as Article 52 of the same instrument, and although, beyond the sustainability of breeding farms, in this action they focus on issues of ex situ conservation and environmental education—which was also indicated in that prior action—the fact is that this Chamber's own definition on standing (legitimación), as provided in the cited judgment, is fully applicable in this new action. Note that, certainly, as the Attorney General's Office clearly indicates and the Minister of Environment and Energy emphatically states, the regulation being challenged is indeed totally susceptible to individual application and to directly influencing the legal sphere of singular and identifiable persons, who carry out a determined activity, subject to the regulation indicated in the Ley de Conservación de la Vida Silvestre and its regulation. In this way, it is clear that contrary to the adduced defense of diffuse interests, what is at issue is some degree of disagreement with the subjection to which they must submit for the regulation of the activity they carry out or intend to carry out; see that as the report of the Minister of Environment and Energy rightly states, the plaintiffs are directly related as founders, managers, or employees of various companies related to the exhibition of wildlife or its tourism promotion. Thus, it is unfeasible to adduce alleged conservation and environmental education problems, in order to use the figure of diffuse interests and thereby promote a direct acción de inconstitucionalidad, bypassing the strict admissibility requirements indicated in the Ley de la Jurisdicción Constitucional, as indicated in recitals II and III of this resolution.

Under this understanding, and taking into consideration the identical plaintiffs and challenged regulation, it is clear that the precedent of Judgment 2018-18563 is fully applicable to this action now being heard, from which it must necessarily be concluded that, as on that previous occasion, the plaintiffs lack standing (legitimación) to file this proceeding, and therefore it is improper to hear and rule on the issues raised. Consequently, the appropriate course is to declare this action without merit” (the underlining does not correspond to the original).

In a similar sense, in Judgment No. 2021-011994 of 4:30 p.m. on May 26, 2021, this Chamber ruled that:

“(…) It is reiterated that the diffuse interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to oversee constitutional legality (which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Ley de la Jurisdicción Constitucional); but neither can it be so concrete that it permits an individual claim, because, in such a case, standing (legitimación) would derive from that claim (…)” (see in this same sense, among others, Votos No. 2021-025373 of 9:20 a.m. on November 10, 2021 and No. 2022-007466 of 9:45 a.m. on March 30, 2022).

Considerations fully applicable in the sub judice.

Prima facie, this is not a case of diffuse interests, as recognized in this Chamber's jurisprudence. In fact, this Court has resolved that immigration matters do not constitute, per se, a matter where a diffuse interest exists (Voto No. 2020-001339).

It is also verified that one is in the presence of norms susceptible to being concretized in cases of individual application under the responsibility of specific persons and that directly affect the legal sphere of singular and fully identifiable persons, who are enabled to raise the corresponding administrative or judicial claim. In fact, the plaintiffs themselves cite various habeas corpus appeals processed and granted by this Chamber, referring to the application of the challenged regulation to the detriment of specific persons.

Consequently, and in accordance with the aforementioned jurisprudential precedents, it cannot be considered that, in the sub lite, the referred condition of direct standing (legitimación), for the defense of diffuse interests, is configured.

B.- REGARDING THE ALLEGED DEFENSE OF CORPORATE INTERESTS. The defense of corporate interests is also expressly adduced, with respect to the [...] and the Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, since it is alleged that “the norm under examination is detrimental to the human rights and legitimate interests of the groups of people that constitute them” and that the “foreign persons who seek and request asylum in Costa Rica form part of the membership bases” of such associations.

In the face of such claim, it must be indicated that, indeed, this Chamber has stated in its jurisprudence that the expression “interests that concern the community as a whole,” contained in Article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, encompasses or includes the:

“standing (legitimación) held by a corporate entity, when it acts through its representatives in defense of the rights and interests of the persons that make up its membership base and always provided that it concerns the challenge of norms or provisions that affect that core of rights or interests that constitutes the raison d'être and the unifying factor of the group” (Judgment No. 2014-20446 of 09:30 a.m. on December 17, 2014; in the same sense—among several—Votos No. 2017-000152 of 9:05 a.m. on January 11, 2017 and No. 2020-020839 of 9:20 a.m. on October 28, 2020).

Even more, in Judgment No. 2018-018164 of 11:05 a.m. on October 31, 2018, this Court stated the following:

“II.- CONCERNING THE DIRECT ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD IN DEFENSE OF CORPORATE INTERESTS OR THOSE THAT CONCERN THE COMMUNITY AS A WHOLE. The Constitutional Chamber, on some occasions, has developed what should be understood by the concept of interests that concern the community as a whole, or indeed, corporate interests. Particularly illustrative is what was resolved by this Constitutional Court in Judgment No.

00360-99 of 3:51 p.m. on January 20, 1999, an opportunity in which the following was indicated:

“III.- In relation to another of the possible sources of standing in the second paragraph of Article 75 indicated, that embodied in the expression “interests that concern the community as a whole,” the Chamber has already specified that with it the legislator refers to the standing held by a corporate group, when it acts as such through its representatives, in defense of the rights and interests of the persons who make up its membership base, but, in addition to the foregoing, always and provided that it involves the questioning of norms or provisions that affect that core of rights or interests that constitutes the raison d'être and the unifying factor of the group; this even when, in some cases, the effects of such norms could have an individualized impact on each one of its members (see, for all, ruling number 1631-91 of three fifteen p.m. on August twenty-first, nineteen ninety-one).” Likewise, in Judgment No. 13323-2006 of 5:26 p.m. on September 6, 2006, the following was set forth:

“(…) Indeed, as this Court has previously recognized (in Judgments number 6433-98, 7615-98, 0467-99, 1313-99, 1830-99, 2289-99, 2745-99, 6644-99, 7975-99, 0877-2000, 2856-2000, 5565-2000, 6973-2000, 7160-2000, and 2001-9677) corporate interests are those characterized \"[...] by the representation and defense of a core of interests belonging to the members of the specific community or common activity, and, insofar as it represents and defends them, the Chamber acts in favor of its associates, the community of merchants. Thus, we are faced with an interest of that Chamber and, at the same time, of each one of its members, in a non-individualized, but individualizable form, which constitutes a corporate interest or one that concerns that legally organized community, which is why this action is admissible under the terms of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction.-\" (Judgment number 1631-91, of three fifteen p.m. on August twenty-first, nineteen ninety-one). It is thus that in these cases, the existence of a pending matter (in the administrative or jurisdictional venue) is not necessary, as required by the first paragraph of the cited Article 75 to accredit the standing of the petitioner, since by the very essence of the matter, it involves the defense of corporate interests. The Chamber considers that it is not legitimate to disregard this type of interest, since that would imply disregarding an important function of corporate entities, which have been created according to the guidelines of the law, and in the case of Chambers, professional associations (colegios profesionales), associations, or unions it would imply distorting their mediating function with respect to the defense of the interests of their members, a function that has been recognized as essential to these entities by this Court's own jurisprudence (…).” Consequently, this Chamber has concluded that “corporate entities are authorized to directly request the declaration of unconstitutionality of a norm, when it directly affects the sphere of action of the entity and its members” (Voto N° 2017-002275), as long as action is taken in defense of the “direct” and “common” interests of their associates or members (Votos N° 2007-02410 and N° 2011-015395, respectively). In accordance with the foregoing, this Court has also specified that such standing “is solely for the purpose of seeking the defense of the interests and rights of its members, with which the challenge they make must be circumscribed to the matter relating to the affiliates of these organizations” (Voto N° 2006-13323). Therefore, there must necessarily exist an effective link between the norm challenged by the corporate entity and a direct impact on a substantial legal situation of its members. In Voto N° 1994-5967 of 3:57 p.m. on October 11, 1994, this Chamber resolved that:

“(…) In this case, as the standing is based on the existence of a corporate interest, it must first be defined whether the Colegio de Contadores constitutes an entity characterized by the representation and defense of a core of interests belonging to the members of a specific community or to subjects who exercise a common activity. It is indisputable that the Colegio de Contadores represents and defends the community of accountants and that, faced with this collective interest of the entity, there is the interest of each one of the members that form it, which is considered non-individualized but individualizable. Once the existence of a corporate interest on the part of the Colegio de Contadores for the representation and defense of its members has been defined, it is appropriate to relate that interest to the content of the norms whose unconstitutionality is claimed. In this sense, it is important to indicate that the collective nature of the interest does not seek to disregard the elements that are characteristic of the interest, among which the need for a relationship or impact between what is questioned or challenged and a modification or affectation of what corresponds or belongs to the corporate entity and each one of its members, whether goods, rights, obligations, powers, or faculties, stands out. To accredit standing for collective interests, in addition to a group situation that forms a unit of interests, trades, or neighborhoods that can be considered as a community, an interest in the declaration of unconstitutionality of the challenged norms is required, that is, a relationship between what is questioned and what effectively pertains to the guild. Based on the foregoing, the Chamber observes the absence of that necessary correlation between the norms challenged as unconstitutional and the content of the interest held by the Colegio de Contadores with respect to the challenge of the regulatory power of the Comisión Nacional de Valores. The petitioner states that in subparagraphs k) and ñ) of Article 10 of the Ley Reguladora del Mercado de Valores, the Comisión Nacional de Valores is empowered to issue executive regulations (reglamentos ejecutivos) that harm the functions or interests of the Corporation and its affiliates and violate the provisions of Article 140, subparagraphs 3) and 18) of the Political Constitution, which determine that the Executive Branch is the only one that can regulate laws. However, that generic power that the law confers on the Comisión Nacional de Valores to issue norms and regulations, regardless of their content, does not attain the level of directly affecting the assets, freedom, or relations of the members of the Colegio de Contadores, necessary to confer standing on the corporate entity in relation to the challenge of these norms, for which reason, regarding Article 10 subparagraphs k) and ñ) of the Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio, the action is rejected outright for lack of standing. On the other hand, regarding Article 142 of the cited Law, the Chamber considers that in this case there is a collective interest that provides the basis for standing to challenge the norm through this venue, since its content directly affects the sphere of corporate interests by affecting the exercise of the accounting profession” (emphasis does not correspond to the original).

Along these same lines, Voto N° 1997-3688 of 3:00 p.m. on July 1, 1997, can be cited, in which this Court resolved that:

“(…) It is indisputable that the Cámara Nacional de Armadores y Agentes de Vapores was created to protect the interests of a determinable group of persons -natural and legal- who are dedicated to the activity of maritime transport. Thus, the existence of a corporate interest on the part of the Cámara Nacional de Armadores y Agentes de Vapores is defined. It is now appropriate to relate that interest to the content of the challenged norms, with the objective of determining whether an eventual declaration of unconstitutionality would have an impact, in some way, on the situation pertaining to the members of that organization. In that sense, for the collective interest to confer standing on the party filing the action of unconstitutionality, it is not only required that it be alleged by an organization that represents the interests of a determinable group of persons, but there must be at least the possibility that the eventual declaration of unconstitutionality would favorably modify the current situation (understood as goods, rights, obligations, powers, or faculties) of the members of that community. That is, to accredit standing for a collective interest, in addition to the existence of a common core of interests among the members of the organization, it is required that the declaration of unconstitutionality of the challenged norms has a relationship—of impact or affectation—with the situation of the community. Hence, it is essential that the party basing its standing on the existence of a collective interest provide an explanation about the relationship that the claim of unconstitutionality has with the community's own situation, specifically with its corporate purpose and assets. The foregoing is lacking in this case, in which the omission of the petitioner to specify the existing relationship between the purpose of the organization it represents and the content of the norms it challenges prevents accrediting in its favor the existence of a corporate interest for the declaration of unconstitutionality it requests. This is aggravated by the fact that such a relationship is not easily inferred from the corporate purpose of the organization—the protection of businesspersons engaged in maritime transport activity—and the content of the challenged Reglamento, which establishes a regime for the temporary admission of land vehicles for the commercial transport of goods and persons. The provisions of the Reglamento do not appear to directly affect the legal situation of the members that make up the Chamber because the establishment of that regime has no relationship with the activity of maritime transport, except insofar as the vehicles that enter the country temporarily based on that regulation may be transported by sea, a relationship that is not sufficient to attribute to the Chamber the standing that would allow it to access constitutional review (in that sense, see resolution No.5967-94 of 3:57 p.m. on October 11, 1994). Hence, this action must be rejected outright” (emphasis does not correspond to the original).

Now then, it must be reiterated what was previously indicated, in the sense that “the assumptions contained in the 2nd paragraph of Article 75 constitute an exception to the rule established in the 1st paragraph (incidental route) that must be carefully assessed.” Hence, this Chamber has endeavored to duly frame this assumption of standing, so as not to disrupt the system of constitutional justice provided for in our legal system with regard to constitutional review.

It is for the foregoing reason that this Chamber has pointed out that, in this hypothesis of defense of corporate interests, a person cannot “arrogate to themselves, without more, the de facto representation of one person or several persons or professional organizations” (Voto N° 2022-005038 of 9:20 a.m. on March 2, 2022; see, likewise, Voto N° 2020-012323 of 9:05 a.m. on July 1, 2020). It has also rejected those actions in which the necessary link between the object of the action and a direct and effective impact on the generality of the members of the corporate entity is not accredited, or, rather, an attempt is made to take action in favor of a different collective. Thus, for example, in Voto N° 2018-018564 of 9:20 a.m. on November 7, 2018, this Chamber resolved:

“IV.- CONCERNING THE OUTRIGHT REJECTION OF THE ACTION, IN THE ABSENCE OF CORPORATE INTERESTS OR THOSE THAT CONCERN THE COMMUNITY AS A WHOLE, IN THE SUB JUDICE. After evaluating the arguments outlined by the actor, in the specific case, in his capacity as Secretario General of the Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional, aimed at defending his standing to bring this action of unconstitutionality (in accordance with paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction) due to the apparent existence of interests that concern the community as a whole, also called corporate, considering that what is provided for by the challenged norms constitutes an “obvious and manifest” violation of the claim of the researchers of the Universidad Nacional to carry out their activities without external interference, the Constitutional Chamber, on the contrary, reaches a different conclusion and, therefore, rejects this matter outright. This is not, the sub judice, a case in which there exists an interest that affects, in a direct and indisputable manner, the aforementioned Sindicato or each one of its members, but rather, one of the biomedical researchers, in health sciences, who may or may not belong to that University and, therefore, to that union group, to challenge the regulations that require them to be accredited before CONIS, or to expose themselves to the sanctions of Law No. 9234. Note that the questioned provisions do not exclusively involve the generality of the members of the aforementioned Sindicato, such that it is these researchers and not this group who can resort, individually or collectively, to the Constitutional Chamber, in defense of the rights and interests they allege have been violated, specifically, academic freedom (libertad de cátedra) and university autonomy, whose protection does not constitute a guild effort of that organization, despite the content of the articles that the plaintiff party mentions, with respect to the Estatuto of the mentioned Sindicato. This is not, in the present case, an interest that corporately unites all and each one of its members, or members of it, but rather the researchers in biomedical sciences, which constitutes a different collective. We are not, in the sub examine, faced with an interest of the generality of the members of the aforementioned Sindicato that would legitimize its Secretario to bring this direct action of unconstitutionality, in accordance with what is contemplated in paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, but rather, an individual one of the biomedical researchers affected by the application of that regulation. It is evident that those provisions do not directly affect the members of the referred Sindicato, but rather the biomedical researchers, hence it is these, and not those, who have the interest to file the present action. The foregoing, because, upon analyzing the various provisions of the Estatuto of the Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional, SITUN, in which, although the defense of university autonomy is contemplated as a purpose of that group (see, in this regard, subparagraph l) of Article 4 of the Estatuto), it is evident that it does not fall to that union group to defend the interests of biomedical science researchers, in particular, their apparent refusal to be accredited before CONIS in order to perform their functions and their experiments, in that area of knowledge, using, for example, human beings as research subjects. In sum, it is a particular, very specific interest, the defense of which concerns that reduced collective, but not the representatives of the petitioning union.” Meanwhile, in Voto N° 2023-001018 of 11:20 a.m. on January 18, 2023, it was resolved that:

“II.-Now then, in the specific case, the petitioners, in their capacity as members of the Consejo de Mayors Bröran of the Territorio Indígena Térraba, Consejo de Mayores Organización Tradicional de Derecho Propio of the Territorio Indígena Quitirrisi, Consejo Iriria Sätkök of the Territorio Indígena Yäbamï Dí Katá, and of the Pueblo Cabécar group of the Territorio Indígena China Kichá, question the constitutionality of the challenged regulations, mentioning that their standing comes from the defense of collective interests. Now then, regarding the possibility that the representatives of certain indigenous organizations may arrogate to themselves the representation of all the indigenous persons of the country, this Chamber provided in its judgment number 2022-14850 of 8:40 on June 29, 2022, in what is relevant, the following:

“I.- ON THE PARTIAL ADMISSIBILITY OF THE ACTION.- The action is brought by the Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), and the Coordinadora General Autoridad Étnica Tradicional de Mayores de Buenos Aires (Salitre, Ujarrás y Cabagra) and representative of the Autoridades Ancestrales de Mesoamérica, based on Article 75, paragraph 2 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in their capacity, as they state, as representatives of the indigenous peoples of Costa Rica. AMPBA is a civil association, whose objectives are entirely academic, social, and cultural. It is not recorded, as one of its purposes, the national defense of the indigenous community or of any particular indigenous group. In a similar sense, it was resolved in judgment No. 20-24182 of 9:30 a.m. on December 16, 2020:

“III.- On the standing of the petitioner in this proceeding. The petitioner here files this action on behalf of the Asociación Vecinos Unidos por la Paz y la Justicia de Cocles, as he indicates that among its purposes is the protection of the rights and interests of the inhabitants of Cocles when they have been affected by judicial judgments and by administrative acts, which he demonstrates with the legal capacity (personería jurídica) provided. For such purposes, he invokes the existence of corporate interests, to appear in defense of Costa Rican Afro-descendant ethnic groups, for a situation related to the establishment of the boundaries of their territory that, as he indicates, affects their property rights, due to the boundaries demarcated by the State for the Kekoldi (Cocles) indigenous reserve; and he invokes for such purposes, the right of consultation that the Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples, No. 169, recognizes as a “Tribal People.” However, the petitioning association encompasses, by its own name, any inhabitant of Cocles, a population that does not necessarily constitute the autochthonous Afro-descendant people with the required rootedness, nor did it demonstrate that its purposes are properly the defense of the autochthonous Afro-descendant people. It must be noted that the concept of “People” protected in the international sphere alludes to that which shares ethnic, cultural, linguistic, or religious identity, while population is a group of people who, regardless of those identity conditions, simply cohabit a specific territory. Under that thesis, if the association seeks to establish standing under the rights of a “Tribal People,” it must, firstly, demonstrate that its purpose is precisely that and not the generic defense of the entire population, as well as previously accredit the ethnic and cultural conditions of its members in a specific area and their rootedness to that place to demand such consultation, which is not appropriate to be elucidated and verified via an action of unconstitutionality, but rather in the contentious-administrative venue, where such identity condition and the delimitation that the petitioner intends to be reviewed by this jurisdiction can be resolved in an adversarial proceeding, with greater clarity and evidence, based on the provided historical literature and an expert witness offered. Without a doubt, other tribal peoples have the same rights as indigenous peoples to reclaim their territories and to defend their autochthonous rights. Such claims are pressing and legitimate, therefore such “Peoples” must be clearly determined and delimited by the competent authorities of the State, so that they can demand their rights in that capacity, as has been done in the case of indigenous peoples and their representativeness. It is for this reason that, in the sub examine, such a condition must be accurately accredited and the action of unconstitutionality is not the suitable means for doing so.” What was set forth in the partially cited judgment is applicable in this case, because the Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA) does not have among its purposes the defense of the autochthonous rights of the indigenous peoples of Costa Rica. Likewise, its scope of action is reduced to the territories of Buenos Aires de Puntarenas, such that it cannot, without more, attempt to challenge a law that affects all the indigenous peoples of the country.

(…)

For its part, the Coordinadora General, although a representative of the Autoridades Ancestrales de Mesoamérica, cannot, by that fact alone, attribute to itself the legal representation of the entire indigenous population of Costa Rica as they claim in the action. By reason of the foregoing, the action must be rejected.” III.-Now then, taking into account what is provided in the cited precedent, the Chamber considers that in the case under study the petitioners lack standing to bring the present action of unconstitutionality, since, just as was explained in the preceding considerando, they are part of indigenous groups that inhabit a specific territory, such that it is not possible for them to attempt to arrogate to themselves the representation of all the indigenous persons of the country, in which case, we would indeed be in the presence of the defense of collective interests. In this way, the Chamber considers that the action must be rejected, as is hereby done.” Finally, this Chamber has also clarified—repeatedly—that the expression “interests that concern the community as a whole” cannot be interpreted as referring to the national community (Voto N° 1993-4113), nor can it be extended to those who only hold an interest in ensuring constitutional legality (Voto N° 1995-2621) or in guaranteeing the principle of constitutional supremacy (Voto N° 1991-2233), since this would be equivalent to accepting a popular action (acción popular) that is not recognized and regulated in our legislation.

Considerations applicable to the sub lite. Regarding the mentioned associations ([...] and Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos), the fully generic and abstract assertions made by their special judicial attorney-in-fact (in response to the warning issued by resolution of 10:43 a.m. on October 9, 2025), to the effect that “the norm under examination is to the detriment of the human rights and legitimate interests of the groups of persons that make them up” or that “foreign persons who seek and apply for asylum in Costa Rica form part of the membership bases” of such associations, are insufficient to establish with certainty that, indeed, such entities associate or group foreign persons who seek or intend to seek refuge. No concrete or specific data, nor any documentary evidence, is provided that would allow establishing such a fact. This cannot be inferred from the reading of the respective articles of incorporation (actas constitutivas)—which are attached to the expediente—either, since although it is clear that some foreign persons appeared to constitute such associations, it is not possible to deduce that they are in a situation requiring refuge, nor can it be deduced that the challenged regulation generates a direct and effective impact on the generality of the members of such corporate entities.

In the specific case of the [...], what its estates (estatuto) indicates is the following:

“The superior object of ASOCIACIÓN COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS FILIAL COSTA RICA is to contribute to the strengthening of the Rule of Law and Democracy in Costa Rica, which guarantees full respect for and effective exercise of human rights. ARTICLE FOUR: For the fulfillment of its purposes, the Association shall carry out, among others, the following activities: a) Educate the population on the promotion and defense of human rights. b) Train the authorities responsible for public administration, branches of the State of Costa Rica, and organized sectors of the population on how to guarantee, protect, defend, and promote human rights. c) Influence the formation of laws, public budgets, and public policies by promoting the human rights approach in their formation, formulation and/or implementation, monitoring, and evaluation processes. d) Raise awareness, inform, and organize communities for the negotiated solution of conflicts as well as for the promotion and defense of their human rights. e) Strengthen the human rights movement through outreach to other national and international organizations that have related missions, both inside and outside of Costa Rica. f) Contribute to eradicating practices that violate human rights and seek their sanction, through reporting, investigation, criminal and strategic litigation, and legal intervention in case proceedings when pertinent. g) Keep the national and international community informed about the development of the human rights situation in the country. h) Facilitate assistance for the psychosocial recovery of victims of human rights violations. i) Facilitate legal assistance and representation to persons in vulnerable situations for the search for and management of guarantees and/or restitution actions thereof. j) Achieve organizational and financial self-sustainability. k) Collect contributions among associates and the general citizenry, to finance the achievement of its essential objectives. l) Manage donations in money or in kind from public and private entities, both national and international, for the development of its activities. m) Manage, receive, administer, and distribute donations in favor of persons in vulnerable situations as a result of massive violations of their human rights, natural disasters, and/or social, political, and military conflicts. n) Promote citizen participation, gender equity, non-discrimination based on age, race, religion, political opinion or option, sexual preference or orientation. o) Promote the coordination, articulation, and/or support of State institutions for the achievement of its purposes. p) The association may acquire all kinds of goods, always within the limitations of article forty-three of the Civil Code, may enter into contracts of all kinds, and carry out all types of lawful operations aimed at achieving its purposes.” From which it is derived that it has an excessively broad corporate purpose, for the protection of human rights. It does not have as its specific purpose or objective the grouping and protection of foreign persons who require refuge.

Finally, in the case of the Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, the estates (estatutos) establish the following:

“ARTICLE THREE: The purposes of the Association are: A) To promote and manage the restoration of the citizen, economic, and social rights of persons who are victims of inhuman and degrading treatment by authoritarian and dictatorial governments, with primary emphasis on Nicaragua, but also in the rest of Latin America and the world. B) To protect the interests of the associates and of persons who are victims of violations of their human rights, through actions before human rights defense organizations, at the national and international level. C) To contribute constantly to the development and strengthening of the capacities of the members of the association and of the victims linked to it, through the implementation and management of academic alternatives for formation, training, self-learning, entrepreneurship, and on topics that promote democratic values, transitional justice, and historical memory. D) To influence the formulation of public policies and laws that favor the insertion of Nicaraguan exiles into the economic, social, labor, and academic life in the countries where they reside. E) To manage financial and material resources that allow the management and dynamics of the association for the fulfillment of its purposes, as well as for humanitarian support for its members and related victims. F) To implement communication and dissemination strategies to influence the cultural strengthening of democratic values and a culture of peace in Central American societies. G) To establish alliances with organizations of national and international life, that share the purposes and democratic spirit of the Association, with a view to concerting efforts and joint actions to achieve common objectives. H) To develop research processes on socioeconomic, historical, and sociological topics, which contribute to providing structural responses to the needs and interests of the members of the Association and of sectors related to its purposes. ARTICLE FOUR: The Association may use all means that the law permits for the fulfillment of its purposes. To this end, the Association shall carry out, among others, the following activities: A) Manage donations from public entities and non-governmental organizations, both national and foreign. B) Carry out participatory activities with its associates and national communities to promote local and regional sustainable development processes.” C) To foster state support and that of other non-governmental organizations, as well as to manage donations from public and private entities, both national and international, to facilitate educational, training, advocacy, and human rights promotion activities for the members of the Association and sectors related to it. D) To request, collect, generate, and channel financial, human, material, and technical resources to develop research on the Association's topics. E) To maintain scientific and cultural relations with related associations, whether national or foreign. F) To produce publications and prepare audiovisual materials to promote the values and interests of the Association. G) To collect voluntary contributions among its members to finance the achievement of its essential purposes. H) To maintain relations and exchange publications with similar associations from other countries. I) To acquire all kinds of property, always within the limitations of article forty-three of the Civil Code, to enter into contracts of all kinds, and to carry out all kinds of lawful operations aimed at achieving its purposes.” In this case, the association’s purposes are a bit more limited and may relate to the situation of “exiled” persons. Although, again, it cannot be established with certainty that any particular associate, much less the generality of its members, is effectively in a situation requiring or seeking refuge, nor can it be maintained that this is the specific purpose of the association.

In short, in the sub lite, no effective defense of corporate interests is evident. In fact, admitting this action on the terms in which it has been formulated would entail tacitly recognizing the existence of an actio popularis (acción popular), which, as the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has indicated in its reiterated jurisprudence (see Judgment No. 2016-000787 of 9:05 a.m. on January 20, 2016), does not conform to the framework of procedural competences that this Constitutional Court has for such purposes, in its functions as ultimate interpreter and guardian of the Constitution.

C.- Finally, it must be noted that the fact that the plaintiffs include in their statutes or constitutive covenants, as part of their purposes, the defense of human or fundamental rights, does not imply a sort of generic or unconditional standing (legitimación), legitimizing them to bring actions against any rules or acts, with total abstraction from the due compliance with the procedural requirements and prerequisites established in articles 75 and following of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), including, specifically, the effective configuration of any of the grounds for standing (legitimación) expressly provided for in our legal system.

VI.- IN CONCLUSION. As a corollary to the foregoing, it is appropriate to reject the action under study outright, as is hereby ordered.

VII.- DIFFERENT REASONS OF JUDGES CRUZ CASTRO, RUEDA LEAL, AND FERNÁNDEZ ARGÜELLO, regarding diffuse interests (intereses difusos), with drafting by the second. As we have expressed in other cases, we consider that a quality of the diffuse interest consists precisely in that its impact is general—that is, it affects an entire population or broad sectors thereof—within a context where it is not required that the injured subjects know each other (they could even lack any nexus or legal relationships among themselves), but the presence of the same situation of damage or danger to a constitutional good is required, which, equally and without the need for any individualization, encompasses and aggregates an entire society in the abstract. Its defense has the purpose of satisfying a need of society as such; therefore, it transcends that of a human being considered individually or collectively. In Judgment No. 2019-17397 of 12:54 p.m. on September 11, 2019, this Court reiterated the following:

“(…) Secondly, the possibility of resorting in defense of 'diffuse interests' is contemplated; this concept, whose content has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in the judgment of this court number 3750-93, of three o'clock in the afternoon on July thirtieth, nineteen ninety-three: '… Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that identified or easily identifiable determined persons, or personalized groups, are identified before them, whose standing (legitimación) would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community as a whole. It is, then, a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive actual or potential harm, more or less equal for all, so it is rightly said that they are equal interests of the groups found in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is to say, diffuse interests partake of a dual nature, since they are at once collective—for being common to a generality—and individual, for which reason they can be claimed in such character.'" In summary, diffuse interests (intereses difusos) are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could file, supported by paragraph 2 of article 75, must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Chamber has listed various rights to which it has given the qualifier of 'diffuse,' such as the environment, cultural heritage, defense of the territorial integrity of the country, and proper management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the referred goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects affecting the national community and not particular groups thereof; environmental damage does not merely affect the neighbors of a region or the consumers of a product, but injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of proper management of the public funds authorized in the Budget of the Republic is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not only of any particular group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is merely a simple description proper to its obligation—as a jurisdictional body—to confine itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to be understood that only those rights the Chamber has expressly already recognized as such can be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable overturning of the scope of the Rule of Law, and of its correlative 'State of rights,' which—as in the case of the Costa Rican model—starts from the premise that what must be express are the limits to freedoms, since these underlie the very human condition and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law speaks of interests 'that concern the community as a whole,' it refers to the legal goods explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests in the very holders of sovereignty, in each of the inhabitants of the Republic.

It is not, therefore, that any person can resort to the Constitutional Chamber in protection of any interests (actio popularis), but that every individual can act in defense of those goods that affect the entire national community, without it being valid in this field either to attempt any exhaustive enumeration” (see Judgment No. 2007-01145).” In accordance with what has been set forth and sustained by this Court in its jurisprudence, it is then a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive actual or potential harm, more or less equal for all, so it is rightly said that they are equal interests of the groups found in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. It is for this reason, precisely, that, starting from Judgment No. 2021-2185 of 12:51 p.m. on February 3, 2021, we consider, unlike the Majority of this Court, that some of these interests may be embodied in a specific particular case, without thereby losing their condition as a diffuse interest, as occurs with environmental protection, whose impact affects a person and everyone in general; and such impact can be individualized in a particular situation, such as, for example, the construction of a factory in a specific neighboring sector, without the respective environmental studies, whose negative effects impact the planet's ozone layer. Undoubtedly, the result of a claim or process that a neighbor may bring against that factory will not only affect their own interests but also those of the rest of the community. Therefore, it constitutes a diffuse interest (interés difuso); and, nevertheless, it is also the object of a particular individualized situation. Now, this does not mean, in any way, that in every invoked situation the existence of a diffuse interest can be alleged, even if it may be the object of a particular situation. Let us remember that for an interest to be considered “diffuse,” it must not only affect a community, but it must also blur, become diffused within that community. If it does not produce such an effect, it cannot be considered a diffuse interest. In the case of the plaintiffs, as the Majority states, the challenged regulation does not produce a socially diffused impact, but rather a determined one. So, in this case, what is glimpsed is a situation that, although it may be shared by some group of people, that effect is not of such magnitude as to consider it a diffuse interest. For the stated reason, we agree with the Majority in dismissing this action.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Electronic Case File Regulation before the Judicial Branch (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial),” approved by the Full Court (Corte Plena) in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The action is rejected outright. Judges Cruz Castro, Rueda Leal, and Fernández Argüello give different reasons regarding standing (legitimación) for diffuse interests (intereses difusos).

Fernando Cruz C. Acting Presiding Judge (Presidente a.i.) Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Hubert Fernández A.

Ana Cristina Fernández A.

Rosibel Jara V. CASE FILE (EXPEDIENTE) N° 23-018267-0007-CO Observations from SALA CONSTITUCIONAL voted by ballot It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:19:56.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente 1 *CO* Res. Nº 2025-014306 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y treinta minutos del catorce de mayo de dos mil veinticinco.

Acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], documento de identidad migratorio para extranjeros N° [Valor 001], quien dice ser el coordinador de la [...], con cédula de persona jurídica N° [Valor 002], [Nombre 002], con documento de identidad migratorio para extranjeros N° [Valor 003], en su condición de apoderado de la [...], con cédula de persona jurídica N° [Valor 004], [Nombre 003], con documento de identidad migratorio para extranjeros N° [Valor 005], en su condición de Vicepresidente y representante legal de la [...], con cédula de persona jurídica N° [Valor 006], [Nombre 004], portador del pasaporte N° [Valor 007], en su condición de director país y apoderado de [Nombre 005], con cédula de persona jurídica N° [Valor 008], [Nombre 006], portadora de la cédula de identidad número [Valor 009], en su condición de directora nacional y representante legal de la [Nombre 007], con cédula de persona jurídica N° [Valor 010] y [Nombre 008], portadora del pasaporte N° [Valor 011], en su condición de directora y apoderada de la [Nombre 009], con cédula de persona jurídica N° 3-[Valor 012]; contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, en cuanto reforman, por su orden, los artículos 14, 54, 58, 59, 121 y 140, del Reglamento de Personas Refugiadas (Decreto Ejecutivo N° 36831-G), así como el artículo 7, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, que deroga los artículos 15, 16, 18 y 139, del Reglamento de Personas Refugiadas (Decreto Ejecutivo N° 36831-G), y el artículo 8, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, que incluye un Transitorio único al Reglamento de Personas Refugiadas (Decreto Ejecutivo N° 36831-G).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 10:45 horas del 01 de agosto de 2023, la parte accionante impugna los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, en cuanto reforman, por su orden, los artículos 14, 54, 58, 59, 121 y 140, del Reglamento de Personas Refugiadas (Decreto Ejecutivo N° 36831-G), así como el artículo 7, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, que deroga los artículos 15, 16, 18 y 139, del Reglamento de Personas Refugiadas (Decreto Ejecutivo N° 36831-G), y el artículo 8, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, que incluye un transitorio único al Reglamento de Personas Refugiadas (Decreto Ejecutivo N° 36831-G). Manifiestan que, en el mes de septiembre de 2011, la Presidencia de la República de Costa Rica decretó el Reglamento de Personas Refugiadas con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las personas refugiadas y, a su vez, la aplicación del debido proceso en el procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada. A partir de la entrada en vigencia de dicho instrumento normativo, la materia migratoria se trató con especial relevancia para el desarrollo del país, sus instituciones y la seguridad pública y se declaró de interés público. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2022, se publicó en el Alcance N° 260 del Diario Oficial La Gaceta N° 230 el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP de la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobernación y Policía, el cual reformó los artículos 14, 54, 58, 59, 121 y 140, derogó los artículos 15, 16, 18 y 139 e incluyó el Transitorio único del Reglamento de Personas Refugiadas. Acusan que, con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, se ha endurecido la política de acogida desvinculada a la protección de derechos humanos, se ha dado un trato desigual y discriminatorio contra las personas con necesidades de protección internacional, se han lesionado derechos fundamentales de la colectividad y se han reformado libertades fundamentales por vía de decreto. Consideran que los artículos impugnados del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP no cumplen los parámetros desarrollados a nivel internacional e interamericano sobre el derecho a solicitar y recibir asilo, por cuanto: (i) el plazo de treinta días naturales para presentar la solicitud de refugio es una restricción para que personas con necesidades de protección internacional soliciten y reciban asilo en Costa Rica, así como una inobservancia a los principios constitucionales de legalidad, reserva de ley y jerarquía normativa; (ii) las resoluciones de la Unidad de Refugio dictadas con base en el plazo de treinta días naturales no admiten recurso en su contra, conculcando las garantías del debido proceso; (iii) la Unidad de Refugio asume competencia sobre asuntos de inadmisibilidad y sobre solicitudes de asilo manifiestamente infundadas, lo que constituye conculcación a las garantías del debido proceso y a los principios constitucionales de legalidad y juez natural; (iv) la norma conlleva a la aplicación automática de inadmisibilidad de la solicitud de asilo, a toda persona que declare haber transitado por un tercer país, sin incluir salvaguardas de protección de conformidad con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que violenta -a la luz del derecho a buscar y recibir asilo- los principios de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas, además de los principios constitucionales de legalidad y reserva de ley. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo impugnado impone limitaciones a la libertad ambulatoria de las personas solicitantes de asilo, mediante un instrumento jurídico que no es idóneo ni legítimo para estos efectos, porque se trata de materia cuya regulación es de reserva de ley. Hace un trato diferenciado entre solicitantes de asilo y refugiados reconocidos, que atenta contra la igualdad y la no discriminación. De forma abusiva, hace un mandato invasivo y sancionador al permitir una renuncia tácita y archivo de la solicitud de asilo como consecuencia inmediata de salir del país. También reclaman que el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP conculca el derecho a la libre elección del trabajo y establece límites contrarios a la dignidad humana para las personas solicitantes de asilo; asimismo, hace un trato diferenciado para los solicitantes de asilo y refugiados reconocidos, que atenta contra la igualdad y la no discriminación. Adicionalmente, el transitorio único introducido por el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP exige a la persona solicitante de asilo requisitos para la renovación de su carné provisional de permiso laboral, lo que es contrario a una situación jurídica consolidada, en vista de que las personas solicitantes de asilo antes de la entrada en vigencia de la norma sujeta a examen constitucional no se les exigía ningún requisito, por lo que hay una lesión directa al principio de irretroactividad de la ley. La renovación del carné provisional de permiso laboral se trata de un derecho que va ligado a la solicitud y no depende de ningún otro criterio o requisito. Esto implica un trato diferenciado para solicitantes de asilo y refugiados reconocidos, pues, como refugiado reconocido no existe ningún requisito adicional para obtener la libre condición. Acusan que el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP establece restricciones a los derechos constitucionales y humanos -reconocidos y ratificados por el Estado costarricense en instrumentos internacionales de derechos humanos- de las personas solicitantes de asilo, por consiguiente, el decreto ejecutivo impugnado no cumple los principios de legalidad y reserva de ley, como garantía de control frente al poder público. En concreto, cuestionan que el artículo 1, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP establece un plazo de treinta días para presentar la solicitud de refugio, fuera del cual, las solicitudes no son evaluadas sobre el fondo y son archivadas. El artículo 5 indica que, en caso de pasar por otros países previo a solicitar refugio en Costa Rica, su solicitud tendrá la misma resolución, negando así la posibilidad de ejercer el derecho a buscar y recibir asilo en el país y en contra de las obligaciones del país para identificar a los refugiados -según la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951-, así como de los principios constitucionales de legalidad, reserva de ley y jerarquía normativa. Además, las resoluciones de la Unidad de Refugio dictadas con base en este artículo no admiten recurso en su contra, en violación de las garantías del debido proceso. Por último, el artículo 6 otorga competencia vía reglamentaria a la Unidad de Refugio para resolver solicitudes de refugio como manifiestamente infundadas o abusivas. Especifican que el decreto ejecutivo impugnado, en sus artículos l, 5 y 6, reforman los artículos 14, 121 y 140, del Reglamento de Personas Refugiadas, respectivamente. Señalan que, para el abordaje adecuado e integral de la temática objeto de la presente acción, resulta preciso establecer un desarrollo relativo al derecho a buscar y recibir asilo, en vista de la relevancia que tiene para las personas con necesidades de protección internacional y en virtud de las limitaciones que a través de la normativa impugnada se impusieron al ejercicio y goce efectivo del mismo. En lo que respecta al derecho a buscar y recibir asilo, es posible destacar que, a nivel doméstico, la Constitución Política, en su artículo 31, dispone lo siguiente: “El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido”. Esta disposición constitucional reconoce el derecho de asilo en territorio costarricense, lo cual encuentra, a su vez, una previsión en instrumentos normativos de naturaleza internacional, que cuentan con aplicación en el país, tal y como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta última, en su artículo 14.1, sienta las bases para el reconocimiento a nivel universal del derecho a buscar asilo, al establecer lo siguiente: “1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, con cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. La disposición supra citada se vincula de manera directa con el contenido de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y posteriormente su Protocolo de 1967 -que elimina sus limitaciones geográficas y temporales-, toda vez que, a través de estos instrumentos se alimenta y robustece el contenido del derecho a buscar asilo dispuesto en el ordinal supra citado. A nivel regional, tanto la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, desarrollan el derecho a buscar y recibir asilo; en este sentido, los ordinales XXVII y 22.7. En relación con esta última norma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha sido amplia en el desarrollo del contenido del derecho reconocido a buscar y recibir asilo, resultando imprescindible la interpretación de dicho Tribunal, en lo que respecta al estatuto de persona refugiada; al efecto, ha dispuesto lo siguiente: “... el derecho a “buscar y recibir asilo”, en el marco del sistema interamericano, se encuentra configurado como un derecho humano individual a buscar y recibir protección internacional en territorio extranjero, incluyendo con esta expresión el estatuto de refugiado según los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas o las correspondientes leyes nacionales, y el asilo conforme a las diversas convenciones interamericanas sobre la materia. Además, atendiendo al desarrollo progresivo del derecho internacional, la Corte ha considerado que las obligaciones derivadas del derecho a buscar y recibir asilo resultan operativas respecto de aquellas personas que reúnan los componentes de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena” [Corte IDH. La institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el Sistema Interamericano de Protección (interpretación y alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el artículo 1.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-25/18 de 30 de mayo de 2018. Serie A No. 259. Párr. 132] En lo que se refiere a las garantías que debe cumplir el Estado en cumplimiento de sus obligaciones de protección, garantía y respeto del derecho a buscar y recibir asilo, la Corte IDH ha señalado lo siguiente: “El derecho a buscar y recibir asilo, contemplado en el artículo 22.7 de la Convención Americana, incluye como mínimo: el derecho de salir de cualquier país, inclusive del propio; la admisión al territorio de un tercer Estado; el principio de non refoulement (incluyendo la prohibición del rechazo en frontera); la no discriminación; el acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente (con las garantías adecuadas) para determinar si la persona reúne los requisitos para ser reconocida como refugiada; la posibilidad de que su caso sea revisado por una instancia superior; el derecho a un remedio efectivo; y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales para facilitar su integración local en el país de acogida” (caso Familia Pacheco Tinco vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 153) La Corte IDH, en la opinión consultiva No. 25, sobre el derecho a buscar y recibir asilo, también indicó: “el derecho a buscar y recibir asilo bajo el estatuto de refugiado, reconocido en los artículos 22.7 de la Convención Americana y XXVII de la Declaración Americana, leído en conjunto con otras disposiciones de la Convención y a la de los tratados especiales, impone al Estado determinados deberes específicos: i) obligación de no devolver (non-refoulement) y su aplicación extraterritorial; ii) obligación de permitir la solicitud de asilo y de no rechazar en frontera; iii) obligación de no penalizar o sancionar por ingreso o presencia irregular y de no detención; iv) obligación de brindar acceso efectivo a un procedimiento justo y eficiente para la determinación de la condición de refugiado; v) obligación de asegurar las garantías mínimas de debido proceso en procedimientos justos y eficientes para determinar la condición o estatuto de refugiado; vi) obligación de adaptar los procedimientos a las necesidades específicas de las niñas, niños y adolescentes; vii) obligación de otorgar la protección internacional si se satisface la definición de refugiado y asegurar el mantenimiento y continuidad del estatuto de refugiado; viii) obligación de interpretar de forma restrictiva las cláusulas de exclusión, y ix) obligación de brindar acceso a derechos en igualdad de condiciones bajo el estatuto de refugiado”. En el caso Pacheco Tineo vs. Bolivia, la Corte IDH estableció que: “Las personas solicitantes de asilo deben tener acceso a procedimientos para la determinación de tal condición, que permitan un correcto examen de su solicitud de acuerdo con garantías contenidas en la Convención Americana y en otros instrumentos internacionales aplicables, que, en casos como el presente, implica las siguientes obligaciones para los Estados: (a) deben garantizarse al solicitante las facilidades necesarias, incluyendo los servicios de un intérprete competente, así como, en su caso, el acceso a asesoría y representación legal, para someter su solicitud ante las autoridades. En este sentido, el solicitante debe recibir la orientación necesaria en cuanto al procedimiento que ha de seguirse, en un lenguaje y modo que pueda comprender y, en su caso, se le debe dar la oportunidad de ponerse en contacto con un representante de ACNUR; (b) la solicitud debe examinarse, con objetividad, en el marco del procedimiento establecido al efecto, por la autoridad competente claramente identificada, lo cual requiere la realización de una entrevista personal; (c) las decisiones que se adopten por los órganos competentes deben estar debidamente fundamentadas en forma expresa; (d) con la finalidad de proteger los derechos de los solicitantes que puedan estar en riesgo, el procedimiento de asilo debe respetar en todas sus etapas la protección de los datos del solicitante y de la solicitud y el principio de confidencialidad; (e) si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, se le debe brindar la información sobre cómo recurrir y concederle un plazo razonable para ello, según el sistema vigente; a fin de que se reconsidere formalmente la decisión adoptada; y (f) el recurso de revisión o apelación debe tener efectos suspensivos y debe permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente adopte la decisión del caso, e inclusive mientras esté pendiente el medio de impugnación, a menos que se demuestre que la solicitud es manifiestamente infundada”. Señalan que, partiendo de lo indicado por la Corte IDH, es posible establecer que, en el marco del derecho a buscar y recibir asilo, existe un mínimo de garantías que los países deben respetar y que con el decreto en cuestión no están siendo contempladas. En cuanto al plazo para presentar la solicitud de asilo, como criterio de admisibilidad, la norma sujeta a examen constitucional establece que las personas que solicitan asilo deben presentar su solicitud dentro de un mes natural, contabilizado a partir del día en que ingresan al territorio costarricense. Si la solicitud no se presenta dentro de este plazo, se considerará inadmisible. Al leer esta disposición, se observa que la misma permite el rechazo automático de las solicitudes de asilo presentadas de manera extemporánea. A nivel internacional, ni la Convención de 1951 ni la CADH establecen un plazo específico para la presentación de la solicitud de asilo. Si bien los Estados tienen la potestad de reglamentar el procedimiento para la determinación de la condición del estatus de persona refugiada, la Corte IDH ha sostenido que: “Las legislaciones internas pueden ampliar el ámbito de protección, más nunca restringirlo más allá de los mínimos fijados por la Convención Americana y el derecho internacional. Asimismo, la remisión a los convenios internacionales no podrá ser interpretada en el sentido de limitar el derecho más allá de lo establecido en la propia Convención”. (Opinión Consultiva OC-25/18, p 48) El ACNUR ha sido enfático en señalar que: “el uso de plazos como impedimento para que las personas soliciten asilo es contrario a los principios aceptados de asilo y protección de refugiados”. (Nota sobre Protección Internacional, 4 de junio de 1999, EC/40/SC/CRP.12, párr. 18). De acuerdo con el Comité Ejecutivo del ACNUR, como un órgano capaz de emitir soft law, los requisitos formales para la presentación de una solicitud de asilo “no deben suponer un obstáculo para el ejercicio del derecho de solicitar asilo” [Conclusión N° 15 (XXX), 1979, párrafo (i)]. Aseveran que la aplicación automática de plazos como causal para excluir la evaluación de solicitudes de asilo desconoce dos aspectos importantes del derecho a solicitar y recibir asilo: en primer lugar, el reconocimiento de la condición de persona refugiada no es constitutivo sino declarativo, y, en segundo lugar, los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso de los solicitantes a procedimientos para la determinación de su condición. Afirman que, a nivel regional, este debate ha sido ya evaluado por otros Tribunales Constitucionales de la región. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Ecuador, a través de la Sentencia N° 002-14-SIN-CC, declaró inconstitucional el plazo de quince días establecido en la legislación ecuatoriana para presentar una solicitud de asilo, argumentando que este plazo no era objetivo ni razonable. La Corte Constitucional destacó que el plazo de quince días era excesivamente corto y que no tomaba en cuenta las circunstancias traumáticas y la vulnerabilidad de las personas perseguidas que se ven obligadas a huir de sus países de origen en busca de protección internacional. Según la Corte: “En estas circunstancias, conminar u una persona que está sometida al padecimiento de sentimientos de desarraigo y reconstrucción en territorio ajeno, al cumplimiento de un breve espacio de tiempo para la presentación de una solicitud de refugio con la amenaza de perder tal derecho si no cumpliere dicho plazo, deriva inevitablemente en la agudización de la difícil situación que representa el desplazamiento forzoso”. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Jabari vs. Turquía (sentencia de 11 de junio de 2000), estableció que la aplicación mecánica y automática de plazos para presentar solicitudes de asilo contraviene la prohibición de la tortura. Al no realizarse un análisis riguroso de las solicitudes de asilo y negar automáticamente su admisibilidad, las autoridades exponen a las personas con necesidades de protección internacional a ser sometidas a procesos de deportación y, en consecuencia, a ser devueltas a países donde su vida e integridad corren peligro. Indican que la Sala Constitucional ya ha generado jurisprudencia al respecto, cuando, mediante el Voto N° 08844-2023 de las 13:11 horas del 18 de abril de 2023, analizó el recurso de hábeas corpus presentado por una persona, a la cual, no le fue admitida la solicitud de asilo a ella y a sus hijos menores de edad por razón del plazo del mes natural. En esta sentencia, la Sala Constitucional recordó la importancia del principio constitucional de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad para determinar la constitucionalidad de una norma. En ese voto, este Tribunal consideró que dicho artículo no satisface el criterio de necesidad. Además, en el Voto N° 08646-2023, en cuanto a la aplicación de este mismo decreto, este Tribunal indicó: “La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, prohibida por ley; la idoneidad indica que la medida estatal cuestionada debe ser apta para alcanzar efectivamente el propósito pretendido; la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para lograr el objetivo, la autoridad competente debe elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido estricto dispone que aunque una medida sea legitima, idónea y necesaria, será irrazonable si lesiona el contenido esencial (Kernbereich) de otro derecho fundamental, esto es, si lo vacía de contenido”. También manifestó: “Y pese a ello, en el caso concreto, la reforma que sé cuestiona en el caso bajo estudio, opta por la medida más extrema para denegar de plano una solicitud de refugio, sin brindar la posibilidad de analizar las circunstancias que se dieron e impidieron presentar la solicitud dentro del plazo estipulado. Y también se considera un principio de “proporcionalidad en sentido estricto”, dado que la consecuencia al presentar la gestión de resolución, como ocurrió en el caso concreto, fuera del plazo de un mes, implica de manera directa la admisibilidad de dicha gestión, lo que significa un vaciamiento absoluto de tal derecho humano. Por las razones expuestas y atendiendo a la ilegitimidad de la norma cuestionada, artículo 14 del Decreto No. 43810, lo debido es declarar con lugar el presente recurso y anular las resoluciones que declararon inadmisible las solicitudes de refugio planteadas por la recurrente a favor suyo y de sus hijos. Y por accesoriedad como consecuencia lógica de la nulidad del acto denegatorio, se anulan las resoluciones que declararon inadmisible los recursos de impugnación planteados por la recurrente a su favor y a favor de los amparados”. Reclaman que queda en evidencia que la norma descrita, al establecer el plazo de treinta días naturales para la presentación de la solicitud de refugio, el cual, además de ser un lapso de tiempo irracional que carece de base técnica de respaldo, transgrede la normativa nacional e internacional suscrita por Costa Rica en materia de derechos humanos y restringe de manera sustancial el acceso al procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada, vaciando el contenido del derecho fundamental a buscar asilo. En cuanto al tercer país seguro, como criterio de admisibilidad, la norma sujeta a examen constitucional conlleva la aplicación automática de inadmisibilidad de la solicitud de asilo, a toda persona que declare haber transitado por un tercer país. Si bien es cierto que, a nivel internacional existen criterios de admisibilidad para la solicitud de determinación de la condición de persona refugiada, incluido el concepto de "tercer país seguro”, la aplicación de este criterio de admisibilidad debe incluir salvaguardas de protección, de conformidad con los estándares del SIDH. En relación con los criterios de admisibilidad a un procedimiento dentro del marco de los derechos humanos, el ACNUR ha definido que: “un Estado puede decidir no examinar la solicitud por el fondo, cuando el Estado anterior, es decir el “tercer país” acepte readmitir a la persona y examinar los méritos de su solicitud en un procedimiento justo y eficiente en el que la persona -si es reconocida- pueda obtener la condición de refugiada. Sin embargo, si desea aplicar el concepto de tercer país seguro, debe incluir salvaguardas de protección, como se describe más adelante, entre ellas, garantizar que la carga de la prueba de establecer que el tercer país es seguro para el individuo recae sobre las autoridades y realizar un análisis individualizado sobre la seguridad de dicho país para la persona en cuestión”. Además, en cuanto a las garantías mínimas para aplicar el concepto “tercer país seguro”, con respeto a los derechos humanos, el ACNUR ha definido que: “Así entendidos, los procedimientos de admisibilidad en el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado no son per se contrarios a los principios internacionales de protección de personas refugiadas, Sin embargo, para que la implementación de criterios de admisibilidad sea compatible con el derecho humano de buscar asilo, y que forma parte del bloque de constitucionalidad en Costa Rica, es conditio sine qua non que existan cada una de las siguientes garantías en la respectiva legislación nacional (principio de reserva de ley): i. El concepto de "tercer país seguro" es establecido como parte del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado a través de una norma de rango legal y tal concepto es justiciable y exigible ante los tribunales nacionales. ii. Se requiere un análisis individualizado sobre si el tercer país en cuestión (l) va a readmitir a la persona, (2) le otorgará acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente, (3) permitirá que la persona permanezca mientras se determina el estatus, (4) otorgará a la persona estándares de tratamiento acordes con la Convención sobre Refugiados de 1951 y los estándares internacionales de derechos humanos incluyendo pero no limitados, a la protección contra la devolución, y (5) cuando la persona ha sido reconocida como refugiada y encontró protección en el tercer país, se le reconocerá como tal y se le otorgar una estancia legal y como tales, tener los derechos correspondientes de la Convención de 1951, incluyendo la protección contra la devolución. Además, el ACNUR promueve que exista un vínculo o una relación significativa que pueda hacer la transferencia razonable y sostenible para que una persona solicite asilo en otro Estado. iii. La carga de la prueba de establecer que el tercer país es seguro para el individuo recae sobre las autoridades y se debe realizar un análisis individualizado sobre la seguridad de dicho país, para la persona en cuestión”. En consecuencia, un Estado puede decidir no examinar la solicitud por el fondo, cuando el Estado anterior, es decir, el "tercer país", acepte readmitir a la persona y examinar los méritos de su solicitud en un procedimiento justo y eficiente en el que la persona -si es reconocida- pueda obtener la condición de refugiada. La decisión de las autoridades resultantes debe, de previo, realizar una evaluación del fondo de la solicitud en el país en cuestión, en cuyo caso, la decisión debe indicar claramente que la solicitud no fue evaluada sobre el fondo y que se ha verificado que será examinada por el tercer país. La persona solicitante de asilo también debe contar con la oportunidad efectiva de refinar la presunción de que el tercer país es en efecto seguro en su caso específico. Además, el ACNUR aclara que el término de primer país seguro, debe cumplir con los siguientes estándares: “El concepto de “primer país de asilo” se aplica generalmente en los casos en que una persona ya ha encontrado, en un Estado previo, protección internacional que se mantiene accesible y efectiva para la persona en cuestión. La aplicación del concepto requiere de una evaluación individual de si la persona refugiada será readmitida en el “primer país de asilo”, se le concederá una estancia legal ahí, y se le otorgarán estándares de tratamiento acordes con la Convención de 1951 y de su Protocolo de 1967 y con las normativas internacionales de derechos humanos, pero no limitados, a la protección contra la devolución”. Podría darse el caso que, por ejemplo, aunque un individuo huya disfrutado previamente de protección en otro país, esta persona tenga razones válidas para temer que su seguridad física o libertad se encuentran en peligro en ese país. De igual manera, podría ser que un refugiado no esté en capacidad de obtener protección efectiva, ni disfrutar del goce pleno y duradero de sus derechos en el primer país de asilo, por ejemplo, si se ve obligado vivir sin una condición legal apropiada. En tales casos, los refugiados pueden legítimamente sentirse obligados a buscar protección en otro lugar”. Sostienen que, por ese motivo, la negativa de permitir el acceso al procedimiento o su transferencia a un tercer país con los estándares que están expresos en la norma en cuestión, es incompatible con las obligaciones de los Estados de brindar protección internacional a los refugiados y solicitantes de asilo. Señalan que esta la Sala Constitucional ha generado jurisprudencia al respecto, cuando, mediante el Voto N° 010073-2023, analizó el recurso de hábeas corpus presentado por una persona migrante que no le fue admitida la solicitud de asilo por razón de haber pasado por un tercer país y se encontraba detenida para expulsión en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En este voto, este Tribunal manifestó su preocupación debido a que la aplicación del artículo 121, del Reglamento de Personas Refugiadas, permite denegar una solicitud de refugio, sin tomar en consideración las razones por las cuales la persona abandonó su país de origen y sin ponderar tampoco cuáles son las razones por las cuales no solicitó asilo en los países de tránsito. Este Tribunal consideró improcedente que, en aplicación de este artículo, se dejaran de lado las situaciones de especial vulnerabilidad que cobijaban a la tutelada, especialmente, las agresiones sufridas en razón de su género en uno de los países de tránsito, y recordó que si bien el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos es uno de los pilares fundamentales de un estado de derecho como el costarricense, “los derechos humanos son la medida de legitimidad del actuar del poder público...”. Lo anterior, además, en relación con la jurisprudencia emanada de este Tribunal, en la cual, les da rango constitucional a los instrumentos internacionales, o bien, en la medida en que otorguen mayores garantías, le confiere un rango superior a la Constitución. A su vez, en este mismo voto, respecto del concepto de tercer país, estableció: “la norma aplicada no toma en cuenta casos como el presente, limitando la posibilidad de conocerlos, además delega a la Dirección General de Migración y Extranjería la calificación de un Estado como confiable, respetuoso de los derechos humanos, así como la valoración de su situación política y social, sin ofrecer parámetros para esto, castigando concomitantemente a la persona por no haber solicitado refugio previamente”. Este Tribunal manifestó que las resoluciones que declararon inadmisible la solicitud de refugio carecían de la fundamentación debida, en virtud de que no detallaron las razones por las cuales el país de tránsito de la tutelada podría ser considerado seguro, si este la admitiría, si además en este país se le daría la posibilidad de presentar su solicitud de refugio con las garantías mínimas, sino que la aplicación del artículo 121 se dio de manera mecánica dejando de lado los principios “pro homine” y “pro libertate”. Apunta que el concepto de tercer país seguro no es extraño en el marco de la protección internacional y tiene fundamento en el abordaje conjunto entre estados, de las diversas situaciones migratorias; no obstante, su aplicación conlleva una serie de elementos, tales como la coordinación interestatal y revisión de las condiciones del primer país de asilo; las cuales, en aplicación del decreto ejecutivo cuestionado, no están siendo contempladas por el país, ocasionando así que la norma en cuestión no responda a los principios constitucionales ni convencionales. Reclaman, además, que los criterios de admisibilidad implican un análisis colectivo. Con la normativa aquí cuestionada, se permite que las solicitudes de asilo sean declaradas inadmisibles, impidiendo así que las mismas sean evaluadas por las autoridades competentes y realicen un análisis individualizado de las solicitudes. La Corte IDH ha resaltado que, con el fin de otorgar un efecto útil al derecho a buscar y recibir asilo, es necesario que los Estados: “diseñen y hagan operativos procedimientos justos y eficientes destinados a determinar si la persona solicitante reúne los criterios para ejercer dicho derecho y solicitar el estatuto de refugiado, tomando en cuenta que las definiciones contienen elementos subjetivos y objetivos (supra párr. 75, 76 y 80) que sólo pueden conocerse por medio de procedimientos individualizados y que, a su vez, permitan un correcto examen de la solicitud de asilo y prevengan devoluciones contrarias al derecho internacional”. (Opinión Consultiva OC-21/14 de19 de agosto de 2014, párr. 244). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido a las expulsiones colectivas, mismas que se encuentran expresamente prohibidas por el artículo 22.9 de la Convención; las cuales, podrán ser entendidas como: “toda medida de expulsión de una persona extranjera que no sea basada en criterios individuales, sino en consideraciones de grupo, aunque el grupo en cuestión no sea numeroso. Asimismo, enfatizó que las expulsiones colectivas, además de violar el derecho de residencia y tránsito, cuentan con el potencial de violar muchos otros derechos, entre ellos, la vida, la seguridad, la libertad, así como el principio de no devolución y el derecho de buscar y recibir asilo; ya que implican la expulsión de personas sin la realización de un estudio individualizado de su situación migratoria, con independencia de que estas padezcan de persecución o amenaza a alguno de sus derechos”. La Corte IDH manifestó: “el carácter 'colectivo' de una expulsión implica una decisión que no desarrolla un análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada extranjero, y por ende recae en arbitrariedad.” (caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012, p. 49) Frente a la aplicación automática de las presunciones contenidas en el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, esta Sala Constitucional ha señalado que: “la reforma reglamentaria conlleva una consecuencia inmediata consistente en el archivo de la solicitud de refugio, sin que exista la emisión de un acto motivado que analice la situación particular de la persona y que le permita ejercer su derecho de defensa ante tal sanción” (Voto 05106-2023). Afirman, los accionantes, que la norma sujeta a examen constitucional permite la denegación automática y colectiva de las solicitudes de asilo, pues permite que se rechacen las solicitudes de asilo presentadas fuera del plazo de los treinta días y las de las personas que hayan pasado por un tercer país, sin realizar una valoración exhaustiva de los méritos de cada caso para determinar si la persona debe ser reconocida como refugiada o no, impidiendo un análisis individualizado de las mismas, incurriendo así en expulsiones colectivas. Reclaman, además, que la norma sujeta a examen constitucional impide que las personas refugiadas “sur place” presenten sus solicitudes de asilo en Costa Rica. Las personas refugiadas “sur place” son personas que no eran consideradas como refugiadas cuando abandonaron su país de origen, pero que, posteriormente, adquirieron esa calidad debido a dos posibles razones: i) las circunstancias de su país cambiaron durante su ausencia; y/o ii) como resultado de su propia conducta. Por lo tanto, las personas que ingresaron a Costa Rica y que después de treinta días cumplen con las condiciones para ser consideradas refugiadas no podrán solicitar asilo. En relación con personas refugiadas “sur place”, se destaca que la CIDH instó a Costa Rica a tomar en consideración dicho concepto, para el abordaje particular de los casos de personas nicaragüenses con temor fundado de persecución de volver a Nicaragua, reafirmando la vigencia y relevancia de dicha práctica en el marco del derecho a buscar y recibir asilo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en este sentido, señaló: “a garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas nicaragüenses con temor fundado de persecución de volver a Nicaragua, incluyendo a los denominados refugiados sur place, mediante procedimientos justos, ágiles y eficientes que garanticen su derecho a solicitar asilo y su derecho a la no devolución de conformidad con los artículos 22.7 y 22.8 de la Convención Americana.” (Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica, OAS/Ser.L/V/II. Doc. 150 8 setiembre 2019, párr. 227). En esta misma línea se pronunció el ACNUR, en el criterio técnico emitido en el Voto N° 2023-0041 del 02 de febrero de 2023, el cual fue presentado a la Sala Constitucional ante la solicitud de dicho órgano jurisdiccional, al analizar las dificultades que tendrá una persona refugiada “sur place” para tener acceso al procedimiento de asilo, con las limitaciones que impone la norma sujeta a examen de constitucionalidad; al respecto, dispuso: "Asimismo, la posibilidad de presentar una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado en cualquier momento después de llegar al país es esencial para facilitar a la persona el solicitar asilo como refugiada sur place. Esto puede ser necesario, por ejemplo, cuando las circunstancias en el país de origen de una persona cambiaron durante su ausencia o como resultado de su propia conducta, creando así una necesidad de protección internacional”. Con el ejemplo de los refugiados “sur place”, queda en evidencia que la normativa aquí cuestionada es inconstitucional e irrespetuosa de los pilares que rigen el proceso de solicitud de refugio, así como que el plazo impuesto de treinta días naturales carece de todo fundamento técnico y lógico. Añaden que el principio de no devolución constituye un pilar fundamental del derecho a buscar y recibir asilo y por tanto ha sido consagrado como una norma de ius cogens. Este, además, se regula en el artículo 33, de la Convención sobre Refugiados de 1951, que establece: “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución ("refouler"), poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”. En nuestra Constitución Política, este se tutela en el ya citado artículo 31, mismo que contempla el derecho a buscar y recibir asilo. A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla su protección en el artículo 22.8, el cual establece: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”. Es así como los estados contratantes de la Convención tienen la obligación de no expulsar ni devolver a ninguna persona a territorios en los que su vida o libertad se vean amenazados. Esta protección es aplicable a todas las personas refugiadas en términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y que no tenga alcance en la exclusión. La Corte IDH ha señalado en reiteradas ocasiones la obligación de los Estados parte de hacer un análisis individualizado del caso, para verificar y evaluar la plausibilidad del riesgo en caso de devolución; al respecto, precisa que: “Al examinar el principio de no devolución frente a posibles riesgos a los derechos a la vida o libertad de una persona, esta Corte ya ha precisado que el riesgo "debe ser real, es decir, ser una consecuencia previsible. En este sentido, el Estado debe realizar un examen individualizado a fin de verificar y evaluar las circunstancias aducidas por la persona que revelen que pueda sufrir un menoscabo en su vida o libertad en el país al cual se pretende devolverla, es decir, a su país de origen o que, siendo retornada a un tercer país, esa persona corra el peligro a ser enviada luego al lugar donde sufre tal riesgo. Si su narrativa resulta creíble, convincente o coherente en orden a que puede haber una probable situación de riesgo ella, debe regir el principio de no devolución”. En esta misma línea, la Corte IDH, en la Opinión Consultiva OC-25/18, indicó que el principio de no devolución requiere una actuación por parte del Estado, particularmente porque requiere que este analice de manera individual si la persona corre peligro en caso de devolución. Esto implica: “una entrevista a la persona y una evaluación previa o preliminar a efectos de determinar si hay motivos suficientes para creer que existe riesgo de daño irreparable contra sus derechos”. Dado el carácter declarativo de la determinación de la condición de refugiado, la protección brindada por el principio de no devolución aplica a todas las personas refugiadas hayan o no sido reconocidas aún como tales por las autoridades. El principio de no devolución constituye un pilar fundamental en el procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada, justamente porque los derechos que eventualmente podrían verse vulnerados en caso de que una persona sea devuelta a su país de origen u otros, son de muy difícil o imposible reparación. En virtud de lo anterior, estiman que la normativa cuestionada con esta acción de inconstitucionalidad vulnera sustancialmente el principio de no devolución, dado que, no se realiza un análisis individualizado de las razonas por las cuales las personas requieren protección internacional y se limita a declarar la inadmisibilidad únicamente por aspectos formales, dejando en un eventual riesgo de deportación a estas personas, desconociendo de manera absoluta la suerte que podrían enfrentar en caso de ser retornadas. Lo anterior es absolutamente contrario a la Constitución Política de Costa Rica, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a las interpretaciones realizadas por la Corte IDH, a la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 y al principio de no devolución, el cual, si bien se encuentra regulado en la normativa anteriormente mencionada, también ha sido considerado por la comunidad internacional como un principio de ius cogens. También cuestionan lo atinente a “las solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas”. La competencia para determinar la condición de persona refugiada en Costa Rica es definida por ley, en la Ley General de Migración y Extranjería, que define las responsabilidades de (a) la Comisión de Visas Restringidas y Refugio y (b) la Unidad de Refugio, como órgano de la Dirección General de Migración y Extranjería. El artículo 13, inciso 26, de la Ley General de Migración y Extranjería establece que, entre las funciones de la Dirección General, se encontrará la de: “Presentar ante la Comisión de Visas Restringidas y de Refugio las solicitudes de dicha condición.” Por su parte, el artículo 49 de dicho cuerpo normativo determina que: “La Comisión de Visas Restringidas y Refugio estará integrada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social o su representante, el ministro de Seguridad Pública o su representante y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto o su representante. El Reglamento de la presente Ley establecerá lo relativo a su funcionamiento y organización. La Comisión de Visas Restringidas y Refugio tendrá a su cargo la determinación del otorgamiento de visas restringidas y de la condición de refugio de las personas que así lo soliciten ante la Dirección General”. El artículo 118 de dicha normativa establece, aún con mayor claridad, que será competencia de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio el resolver la aprobación o denegatoria de la condición de refugio, mediante resolución fundada. Mientras que el artículo 264 determina la creación de la Unidad de Refugio como un órgano de apoyo técnico y administrativo de dicha Comisión. Sin embargo, el artículo 5, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP otorga a la Unidad de Refugio la facultad de determinar cuándo una solicitud es “manifiestamente infundada o claramente abusiva o con carácter fraudulento”. De acuerdo con el artículo 6, del mismo decreto, la Unidad de Refugio tiene la potestad de rechazar de plano las solicitudes de asilo que sean infundadas, improcedentes o abusivas. Según informó la Unidad de Refugio, frente a las decisiones que sean declaradas inadmisibles por haberse presentado fuera de los treinta días con base en el artículo 1, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP; es decir, aquellas que sean declaradas improcedentes por haberse presentado fuera de los treinta días que exige la norma, no caben recursos: “por cuanto el artículo 199 de la Ley General de Migración y Extranjería y artículo 14 del Reglamento de Personas Refugiadas, Decreto Ejecutivo número 36831 -G (...) en el que se fundamenta la inadmisibilidad, claramente señalan que se ordenará el archivo inmediato del expediente administrativo. y no se señala que se tenga la oportunidad de recurrir la resolución”. Por lo que consideran que el trámite de rechazo de solicitudes de asilo llevado a cabo por la Unidad de Refugio, no solo limita el acceso efectivo al procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada -por cuanto, no permite el análisis de fondo de la solicitud de asilo ni permite que las personas solicitantes sean escuchadas durante el procedimientos-, sino que, también, constituye un incumplimiento de otras garantías mínimas del debido proceso que deben estar presentes en todos los procedimientos para determinar la condición de persona refugiada. En específico, la facultad de rechazar de plano solicitudes de asilo y la imposibilidad de presentar recursos ante estas decisiones, desconocen las siguientes garantías desarrolladas en el SIDH para los procesos de determinación de la condición de persona refugiada: a) contar con una autoridad imparcial y capacitada para la identificación de necesidades de protección internacional y b) derecho a recurrir la decisión que no reconoce la condición de persona refugiada. La jurisprudencia de la Corte IDH reconoce que el derecho de buscar asilo incluye el derecho de toda persona a tener acceso efectivo al procedimiento para ser reconocida como refugiada. A su vez, el acceso efectivo al procedimiento implica que la "autoridad competente" realice un examen correcto sobre los fundamentos de la solicitud, es decir, determinar si la persona tiene o no un temor fundado de persecución, y que el procedimiento concluya con una decisión fundamentada sobre si la persona califica o no para ser reconocida como refugiada. En cuanto a los casos manifiestamente infundados, en el caso Pacheco Tineo, la Corte IDH indicó: “Los Estados pueden establecer “procedimientos acelerados” para resolver solicitudes que sean “manifiestamente infundadas y abusivas” respecto de las cuales no existe la necesidad de protección internacional. No obstante, dadas las graves consecuencias que puede tener una determinación errónea para el solicitante, aún en esos procedimientos deben respetarse las mínimas garantías de audiencia, de determinación de ese carácter infundado o abusivo de la solicitud por parte de la autoridad competente y de posibilitar la revisión de la decisión negativa antes de una expulsión”. (Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia. Sentencia de 25 de noviembre de 2013, p. 59; el destacado no corresponde al original) A pesar de la claridad de la Ley General de Migración y Extranjería sobre las competencias legales, y del contenido del derecho de buscar asilo, desarrollado por la Corte IDH, los artículos 5 y 6, del Decreto Ejecutivo impugnado modifican de manera contraria a derecho el procedimiento para determinar la condición de refugio y atribuyen la competencia a la Unidad de Refugio para tomar decisiones sobre las solicitudes de asilo manifiestamente infundadas, lo cual, incluye los aspectos de inadmisibilidad de las solicitudes. Este contenido de los artículos 5 y 6 contradice una norma de jerarquía superior, toda vez que la Ley General de Migración y Extranjería define a la Comisión de Visas Restringidas y Refugio como la única "autoridad competente" para determinar la condición de refugiado y, según la jurisprudencia de la Corte IDH, esa competencia incluye determinar cuáles solicitudes son consideradas manifiestamente infundadas. Este decreto deviene en un acto ultra vires en la medida que rebasa el límite de la ley, sobre cuál es el órgano responsable de pronunciarse sobre las solicitudes de refugio. De igual forma, los artículos 5 y 6, del Decreto Ejecutivo impugnado, al apartarse del proceso legal para determinar la condición de refugiado y la competencia de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, violan las reglas del debido proceso y los principios constitucionales de legalidad y -por analogía- el de juez natural, reconocidos en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Sobre el principio de juez natural, derivado del artículo 35, de la Constitución Política, citan el Voto N° 2004-12629 de esta Sala. En resumen, los artículos 5 y 6, del Decreto Ejecutivo 43810-MGP, le otorgan una nueva competencia a la Unidad de Refugio en contravía de la Ley General de Migración y Extranjería; permitiendo, así, que una entidad que no es competente por la ley decida de la admisibilidad de las solicitudes de asilo, afectando las garantías del debido proceso de las personas solicitantes de asilo a un juez natural y que sus solicitudes de asilo sean examinadas por una autoridad imparcial y capacitada para la identificación de necesidades de protección internacional. Los artículos 5 y 6, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, otorgan a una entidad de apoyo técnico y administrativo, adscrita a la Dirección General de Migración y Extranjería, la facultad de decidir sobre el reconocimiento de una persona como refugiada. Potestad, que según la ley, le corresponde exclusivamente a la Comisión de Visas Restringidas y de Refugio. Esta potestad, otorgada a la Unidad de Refugio, provoca que las personas solicitantes de asilo, cuya petición sea declarada inadmisible, no tengan acceso a una autoridad imparcial y capacitada para la identificación de necesidades de protección internacional. En cuanto a la inexistencia de mecanismos de impugnación, acusan que la norma impugnada no establece la posibilidad de presentar recursos en contra de la decisión de la Unidad de Refugio, lo cual desconoce el derecho de toda persona a recurrir las decisiones finales que se adopten dentro de un proceso migratorio. En especial, si la decisión es desfavorable y es adoptada por una autoridad administrativa, la Corte IDH ha indicado que el derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal es un "requisito fundamental para garantizar un adecuado control y escrutinio de los actos de la administración que afectan los derechos fundamentales”. (Caso Vélez Loor vs. Panamá. Sentencia del 23 de noviembre de 2010, p. 42) Asimismo, la Corte IDH ha indicado que, en virtud del derecho recurrir una decisión administrativa, las personas solicitantes de asilo también tienen derecho a: i. que se les brinde información sobre cómo recurrir la decisión; ii. contar con un plazo razonable para interponer el recurso; y iii. que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos y permita que el solicitante permanezca en el país hasta que se adopte la decisión final en el caso. Frente a los efectos suspensivos de los recursos, la CIDH ha explicado que estos son fundamentales para que el derecho a recurrir una decisión sea eficaz, ya que de esta forma se puede garantizar que una persona pueda acceder a la protección judicial efectiva. La CIDH ha considerado que, en muchos casos, cuando se efectúa la deportación de una persona antes de emitirse decisión final en su caso, “la falta de recursos económicos o de asistencia legal representa, para los migrantes, obstáculos infranqueables en su acceso a la justicia”. (Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, 3 de setiembre de 2015, párr. 323). En el caso concreto, la imposibilidad de interponer recursos frente a las resoluciones de inadmisibilidad de la Unidad de Refugio evita que las decisiones de esta entidad sean revisadas y que las personas afectadas puedan acceder a una protección judicial efectiva. Estas decisiones afectan la posibilidad de que una persona sea reconocida como refugiada y causa que personas con necesidad de protección internacional puedan ser deportadas o expulsadas por no contar con una condición migratoria regular. En consecuencia, se observa que las decisiones de la Unidad de Refugio que niegan la admisión de solicitud de asilo afectan los derechos humanos de las y los solicitantes de asilo, no sólo el derecho a recibir y solicitar asilo, sino que, también, les expone al riesgo de ser devueltas a países donde su vida e integridad personal corren peligro. Consideran que, en consecuencia, los artículos l, 5 y 6, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP constituyen una vulneración de las garantías del debido proceso en los procedimientos de determinación de la condición de persona refugiada. Insisten que la Unidad de Refugio no es autoridad competente, imparcial y capacitada para emitir decisiones finales y la imposibilidad de recurrir sus resoluciones desconoce el derecho que tienen las personas de recurrir las decisiones administrativas, evitando que las personas afectadas por las decisiones de ese órgano tengan acceso a una protección internacional efectiva y las expone a que sean deportadas o expulsadas a pesar del riesgo en que están. La Unidad de Refugio ha asumido competencias, al margen de la ley, que violentan las garantías constitucionales del debido proceso y los principios constitucionales de legalidad y juez natural, por asumir la competencia para resolver el fondo de las solicitudes de refugio y, a su vez, limitar el derecho de recurrir cualquier decisión de la Administración Pública, los cuales, están explícitamente reconocidas en el artículo 8.2. h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también en la jurisprudencia de la Corte IDH. Acusan, además, una infracción a los principios constitucionales de legalidad, reserva de ley y jerarquía normativa. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la potestad reglamentaria que no cumple con los principios de legalidad, reserva de ley y jerarquía normativa debe considerarse una actuación arbitraria prohibida. Citan el Voto N° 6669-2022. Según la Sala Constitucional, la potestad reglamentaria se encuentra sujeta al principio de legalidad establecido en el numeral 11, de la Constitución y el artículo 11, de Ley General de la Administración Pública; por lo tanto, las actuaciones y conductas desplegadas por la Administración Pública, deben ajustarse y estar autorizadas por la Ley, de forma expresa o, al menos, de modo implícitamente razonable. Es una potestad que no puede invadir el ámbito de reserva legal, exclusivo del Poder Legislativo, siendo que, la imposición de restricciones a derechos fundamentales, se encuentra reservada a la ley. En reiterada jurisprudencia, la Sala Constitucional ha señalado que la regulación y limitación de los derechos humanos debe hacerse mediante una ley, en tanto “el principio de reserva legal no sólo garantiza la libertad frente al resto de los ciudadanos, sino que constituye una garantía de control frente al poder público” (Voto N° 1668-2010). Indican que la Sala Constitucional ha analizado recientemente la aplicabilidad del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, en el Voto N° 010073-2023, en el cual manifestó: “Todo esto sin dejar de lado que estamos ante una norma reglamentaria que establece restricciones sobre el derecho humano de buscar asilo, en frontal irrespeto al principio de reserva de Ley en la regulación de los derechos fundamentales, otro pivote del Estado Constitucional y Democrático de Derecho”. En un sentido similar se ha pronunciado este Tribunal, en los Votos N° 01635-1990, N° 002243-1993, N° 012230-2019 y N° 01158-2021; a su vez, también es importante aclarar que, sobre este decreto, se pronunció en la misma línea en el Voto N° 005583-2023. El artículo 30, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, determina que las restricciones al ejercicio de los derechos y libertades que se reconocen en la misma sólo pueden ser limitadas conforme a una ley. La Corte IDH así lo ha determinado también en su Opinión Consultiva N° 6, en la que se observa específicamente que el vocablo “ley” es la “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las Constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”. Observando jurisprudencia comparada, en Chile, frente a una limitación al derecho a buscar y recibir asilo a través de una entrevista de admisibilidad al procedimiento que no se encontraba contemplada en la ley, sino que por un instrumento jerárquicamente menor, las Cortes de Apelaciones del país establecieron que con dicha entrevista se creaba una instancia de admisibilidad al procedimiento no contemplada en la ley, para determinar si la persona merece ser reconocida como refugiada o no y, por tanto, eran inconstitucionales dichas reformas (Cortes de Apelaciones de Iquique, Chile, en resoluciones Protección 117-2019, Protección 144-2019, Protección 145-2019, Protección 146-2019 y Protección 450-2019). Los artículos 1, 5 y 6, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP introducen limitaciones al derecho a solicitar y recibir asilo. Derecho humano reconocido en el artículo 31, de la Constitución Política y por instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Por lo tanto, al ser un derecho humano, la regulación del ejercicio del derecho a solicitar y recibir asilo debía realizarse mediante una ley formal, emanada del Poder Legislativo, según el procedimiento previsto en la Constitución. Por lo anterior, se puede concluir que, ni el presidente de la República ni el Ministerio de Gobernación y Policía, contaban con la facultad legal para limitar el derecho a solicitar y recibir asilo mediante un decreto. La regulación de este derecho es de reserva de ley, lo que significa que su reglamentación debió haberse realizado a través de una ley. En consecuencia, los artículos 1, 5 y 6, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP representan una actuación arbitraria prohibida por el Poder Ejecutivo, ya que no se ajustan a los principios de legalidad y reserva de ley. También cuestionan la imposibilidad de salir del país en el marco del procedimiento de solicitud de asilo y abandono tácito de la solicitud de asilo. El artículo 4, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP establece la imposibilidad de salida del país a las personas solicitantes de refugio, bajo la penalidad de archivar sus solicitudes de refugio, limitando así el derecho a la libertad de tránsito y de igualdad en relación con las personas reconocidas como refugiadas, en contra de las obligaciones del país en el marco de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como los principios constitucionales de legalidad, reserva de ley y jerarquía normativa. El artículo 4, del decreto aquí cuestionado, establece la reforma del artículo 59, del Reglamento de Personas Refugiadas. Acusan que las limitaciones en la norma sujeta a examen de constitucionalidad son una violación a la libertad ambulatoria de las personas solicitantes de asilo, por tres motivos esenciales: (i) el derecho de circulación, es un derecho esencial para el libre desarrollo de la persona solicitante de asilo, (ii) los límites al derecho a la circulación son reserva de ley, y (iii) el archivo de la solicitud de asilo es producto de una modalidad de renuncia tácita. La norma sujeta a análisis constitucional impide de manera absoluta el ejercicio y goce del derecho a salir del territorio nacional a las personas solicitantes de asilo, pues dice puntualmente que: “(...) No se autorizará bajo ninguna circunstancia el viaje de las personas solicitantes de refugio fuera del territorio nacional”. Estos límites a la libertad de circulación son innecesarios, desproporcionados e injustificados. La Corte IDH reconoce el derecho de circulación y, a través de su jurisprudencia, ha manifestado los mecanismos legales para que medie un límite de dicho derecho con respeto a los derechos humanos. En el Caso Fleury y otros vs. Haití, la Corte IDH manifestó que: “(...) el derecho de circulación y de residencia, conocido en el artículo 22.1 de la Convención, es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, que incluye: a) el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en él y escoger su lugar de residencia, y b) el derecho de éstos de ingresar, permanecer y salir del territorio del Estado sin interferencia ilegal...”. El Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP da la potestad a la Administración de asumir que cualquier salida del país implica la inexistencia real de la necesidad de protección internacional, pero en lugar de brindar una mayor protección y garantía procesal, lo que hace es coartar libertades protegidas tanto a nivel constitucional como internacional. Esta motivación generalizada es arbitraria y no tiene fundamento. También es contraria al debido proceso, porque ni siquiera hace un previo análisis individualizado de cada solicitud. Se niega de facto. Sobre este particular, la Corte IDH también ha señalado que las medidas que restrinjan la libertad de circulación deben tener una justificación en su adopción. Dice que: “(...) para determinar la necesidad y proporcionalidad de la restricción de la libertad de circulación, es necesario establecer si la decisión que ordenó dicha medida cumplió con una mínima argumentación que justifique su adopción. A la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan prevenir”. (Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 26, p. 113). Tan discordante es que se aplique esta sanción migratoria que “(...) en cuanto a la restricción para salir del país, la Corte ha indicado que dicha restricción puede constituirse en un sustituto de la pena privativa de libertad” (Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, párrafo 162). Por consiguiente, la sanción administrativa migratoria es una clara violación al derecho a la libertad personal y a la libertad ambulatoria de las personas solicitantes de asilo. Agregan que la Sala Constitucional ya ha declarado con lugar varios hábeas corpus de personas solicitantes de asilo, pues la norma violenta claramente la restricción de tránsito. Dice la Sala que: "Respecto al caso particular del tutelado, se observa que existió una limitación arbitraria a su derecho de tránsito por parte de la autoridad recurrida, toda vez que se le denegó la posibilidad de salida del país por su condición de solicitante de refugio, por lo que este Tribunal considera que la aplicación del artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiadas vulnera los derechos del tutelado, toda vez que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados otorga a quienes ostentan dicha condición, el trato más favorable posible y en ningún caso el menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros. Bajo este orden de ideas, lo dispuesto en el artículo antes mencionado, limita los derechos ambulatorios de la persona solicitante de refugio” (Voto N° 5583-2023) En síntesis, esta medida es una prohibición absoluta a la libertad ambulatoria que afecta a todas las personas solicitantes de asilo y alcanza a otras personas que están siendo perseguidas ilegítimamente en sus países de origen, y que no podrán disfrutar de la protección del Estado de Costa Rica por la restricción ilegítima a la libertad ambulatoria. Es, además, discriminatoria, porque está estrictamente orientada a la población que solicita asilo. No existe en el país una prohibición absoluta, como esta, que afecte a otras categorías migratorias de personas extranjeras. Añaden que los límites al derecho a la circulación son reserva de ley. La libertad ambulatoria de las personas solicitantes de asilo ha sido restringida por el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP. La Corte IDH y la Organización de los Estados Americanos señalan, en relación con las legítimas restricciones a la libertad ambulatoria, que: "Toda persona tiene derecho a salir de un país, incluso del propio, y regresar a su propio país. Esto no estará condicionado a ningún propósito específico ni plazo durante el cual la persona decida permanecer en el extranjero. Del mismo modo, la libertad de determinar el Estado de destino es parte de esta garantía. Todo migrante que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado miembro tendrá, dentro de ese territorio, el derecho de libre circulación y de escoger su lugar de residencia. Todas las personas tienen también el derecho de permanecer en su país de origen. El ejercicio de los derechos antes mencionados no puede ser restringido, excepto por ley, en la medida en que sea indispensable, en una sociedad democrática, para evitar infracciones penales o resguardar la seguridad nacional, la protección o el orden público, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás” (Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, p. 20). En igual sentido, en Costa Rica, el régimen de los derechos y libertades fundamentales es materia reserva de ley y no puede ser restringido a través de un decreto ejecutivo. Citan el Voto N° 3173-1993 de la Sala Constitucional. En síntesis, una restricción de este tipo no puede darse vía decreto. Señalan que la Sala Constitucional ya declaró con lugar varios recursos de hábeas corpus de personas solicitantes de asilo, pues estimó que el decreto es un instrumento jurídico que no es idóneo ni legitimo para esos efectos. Citan nuevamente el Voto N° 2023-5583. Añaden que el archivo de la solicitud de asilo constituye una modalidad de renuncia tácita, sin acto administrativo con motivo, contenido y fin. El decreto presidencial indica que, si la persona solicitante de la condición de refugiada sale del territorio nacional, implica el abandono tácito y el archivo del expediente administrativo correspondiente a la solicitud del reconocimiento de la condición de persona refugiada. El fundamento para el análisis de una solicitud de asilo está consagrado en el artículo 22.7, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte IDH ha indicado que: “el derecho a buscar y recibir asilo bajo el estatuto de refugiado, reconocido en los artículos 22.7 de la Convención Americana y XXVII de la Declaración Americana, leído en conjunto con otras disposiciones de la Convención y a la luz de los tratados especiales, impone al Estado determinados deberes específicos: i) obligación de no devolver (non refoulement) y su aplicación extraterritorial; ii) obligación de permitir la solicitud de asilo y de no rechazar en frontera; iii) obligación de no penalizar o sancionar por ingreso o presencia irregular y de no detención; iv) obligación de brindar acceso efectivo a un procedimiento justo y eficiente para la determinación de la condición de refugiado; v) obligación de asegurar las garantías mínimas de debido proceso en procedimientos justos y eficientes para determinar la condición o estatuto de refugiado; vi) obligación de adaptar los procedimientos a las necesidades específicas de las niñas, niños y adolescentes; vii) obligación de otorgar la protección internacional si se satisface la definición de refugiado y asegurar el mantenimiento y continuidad del estatuto de refugiado; viii) obligación de interpretar de forma restrictiva las cláusulas de exclusión; y ix) obligación de brindar acceso a derechos en igualdad de condiciones bajo el estatuto de refugiado” (Opinión Consultiva OC-25/18). Empero de lo anterior, el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP conlleva una consecuencia inmediata que consiste en el archivo de la solicitud de asilo. Lo anterior, sin que exista un acto administrativo que motive la decisión y que esta sea posterior a un análisis particular de cada caso, tomando en cuenta la situación individual de la persona y que, además, le permita el derecho a la defensa, de ser necesario. Por el contrario, obligaría a una nueva solicitud de refugio con las consecuencias a los derechos fundamentales de la persona solicitante de asilo. Afirman que esta Sala ya declaró con lugar varios recursos de hábeas corpus de solicitantes de asilo, pues estimó que había un abuso del derecho: "El archivo de la solicitud, producto de una modalidad de renuncia tácita del petente, desconoce y atenta contra la normativa internacional, constituyendo un mandato invasivo y sancionador, que priva al migrante regular de sus derechos ambulatorios, bajo la aplicación de una presunción ilegítima de abuso del derecho” (Voto N° 005583-2023). Concluyen que, por todo lo anterior, la norma sujeta a examen constitucional no solo amenaza con vulnerar el derecho a la libertad ambulatoria por medio de un instrumento jurídico ilegítimo, sino que, además, el derecho a buscar y recibir asilo de las personas solicitantes de protección internacional en el país y a otras personas que están siendo perseguidas ilegítimamente en sus países de origen, mismas que no podrán disfrutar de la protección internacional en Costa Rica. También acusan restricciones al derecho al trabajo. Los artículos 2 y 3, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, que reforman -respectivamente- los artículos 54 y 58, del Reglamento de Personas Refugiadas, establecen la denegatoria del reconocimiento de la condición de persona refugiada a causa de actividades laborales no autorizadas. Lo cual, a su juicio, es contrario al carácter declarativo del asilo, al derecho a la igualdad y la no discriminación y la irretroactividad de la ley, así como los principios constitucionales de legalidad, reserva de ley y jerarquía normativa. Además, las resoluciones de la unidad de refugio dictadas con base en esta normativa no admiten recurso en su contra, en violación de las garantías del debido proceso. Por su parte, el artículo 8, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP introduce un transitorio único al Reglamento de Personas Refugiadas, que establece: “Las personas solicitantes de refugio que ya cuenten con permiso laboral previo a la reforma establecida en el presente decreto ejecutivo deberán demostrar en cada renovación de dicho permiso su respectivo aseguramiento ante la Caja Costarricense del Seguro Social, de manera ininterrumpida, conforme al artículo 7 inciso 7) de la Ley General de Migración y Extranjería N° 8764. De no demostrar su aseguramiento, se les dará un carné que les identifique como personas solicitantes de refugio, pero que no incluirá una autorización para laborar. Los permisos de trabajo que se hayan otorgado previo a la presente reforma subsistirán hasta que se emita por parte de la Administración la resolución en firme de la solicitud de refugio”. Consideran que las limitaciones previstas en la normativa impugnada son una severa violación a la libertad del trabajo de las personas solicitantes de asilo, como: (i) derecho del individuo al trabajo desde el reconocimiento de la dignidad humana como parte esencial del mismo y como la garantía del Estado al derecho de libre elección del trabajo, (ii) en relación con el principio de igualdad ante la ley y no discriminación a la luz del carácter declarativo del reconocimiento de la condición de persona refugiada, y (iii) ante la imposición de nuevos requisitos para la renovación del carné provisional de permiso laboral a los solicitantes de asilo que habían hecho su solicitud, antes de la entrada en vigor del decreto sujeto a examen constitucional. En cuanto a la acusada violación del derecho del individuo al trabajo desde el reconocimiento de la dignidad humana como parte esencial del mismo y la libre elección del trabajo, señalan que el artículo 23, de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo". Por su parte, la Sala Constitucional ha manifestado que el derecho al trabajo es un derecho fundamental de los derechos sociales del individuo, previsto en el artículo 56 Constitucional, que dispone que el "trabajo es un derecho del individuo" y "en dicha proposición va implícito que es un derecho de todos" (Voto N° 13544-2007). Además, dicha norma debe ser de una naturaleza protectora, con la finalidad constitucional de garantizar a las personas trabajadoras el derecho a una existencia digna. Acusan que la norma sujeta a examen constitucional hace modificaciones que limitan el derecho al trabajo de las personas solicitantes de asilo, solo por su condición de solicitantes, lo que implica que también es en detrimento de la dignidad humana. En primer lugar, el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP dice que las personas solicitantes de asilo sólo pueden tramitar el permiso provisional laboral si pretenden laborar para una persona jurídica o física, por lo que restringe el derecho de las personas solicitantes de asilo a trabajar por cuenta propia. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo define trabajo como "...el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos". La anterior definición incluye al conjunto de actividades humanas y en ningún momento se señala que el trabajo sea exclusivamente para personas bajo la modalidad de relación de dependencia. Tampoco hace distinción entre la modalidad de asalariado o por cuenta propia. Dentro del mismo orden de ideas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el informe incorporado dentro del expediente N° 23-000049-0007-CO y que consta en la Resolución N° 2023-003439, tramitado por esta Sala, ha indicado: “(H) Restricciones al derecho al trabajo (...) 64. El derecho internacional reconoce el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado". Este derecho no incluye la garantía de un trabajo o un derecho absoluto e incondicional a obtener un empleo, sino el derecho a acceder y participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones, por ejemplo. Al disfrutar del derecho de buscar un trabajo remunerado o iniciar una empresa para producir o vender bienes o servicios. (...) 66. Por otro lado, el ACNUR enfatiza que el derecho internacional de los derechos humanos complementa las garantías previstas en la Convención sobre Refugiados de 1951 e incluso establece estándares más favorables en relación a algunos derechos. En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados Parle deben tomar medidas progresivas para que todas las personas dentro de su jurisdicción, tanto nacionales como extranjeros (incluidos los refugiados y solicitantes de asilo), tengan la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado" (el subrayado no corresponde al original) Por lo anterior, esta norma está limitando el derecho a la libre elección del trabajo de todas las personas solicitantes de asilo en el país, ya que no pueden elegir libremente realizar alguna actividad por cuenta propia para producir bienes o servicios y proporcionarse, con este, el sustento para sí mismos y sus familias. En segundo lugar, el decreto impugnado dio paso al procedimiento para el otorgamiento de permisos laborales a las personas solicitantes de refugio, en el cual, se establecen una serie de requisitos que hacen que, para una persona solicitante de refugio, sean imposibles de conseguir, ocasionando que ninguna persona solicitante de refugio finalmente pueda presentarlos completos para lograr así trabajar en el país. En tercer lugar, el decreto impugnado faculta a la Administración a archivar la solicitud de asilo de una persona, por ejercer labores sin el permiso laboral. Lo anterior conlleva al archivo de la solicitud de asilo, sin que exista un acto administrativo con motivo, contenido y fin proporcional, que analice la situación particular de la persona y que le permita ejercer su derecho de defensa ante tal sanción, lo que es contrario al principio de legalidad a la luz del análisis del acto administrativo y constituye una violación al derecho a buscar y recibir asilo, conforme a lo expuesto anteriormente. Además, los artículos indicados no establecen los medios de impugnación de la resolución que deniegue el permiso laboral, generando así una clara violación a las garantías mínimas procedimentales. Por último, la norma impugnada también contiene una violación al principio de gratuidad que rige en la materia de refugio, pues, para poder obtener el permiso provisional laboral, la persona debe pagar sesenta dólares, según la norma sujeta a examen constitucional. El artículo 117, de la Ley General de Migración y Extranjería, reconoce que: "El procedimiento para determinar la condición de refugiado será llevado a cabo sin costo alguno para la persona". Acusan violación al principio de igualdad ante la ley y no discriminación a la luz del carácter declarativo del reconocimiento de la condición de persona refugiada. A las personas debidamente reconocidas como refugiadas se les otorga un documento de identidad migratorio para extranjero bajo la categoría especial libre condición, que les permite trabajar en cualquier área laboral, tanto como asalariados como por cuenta propia, estando esto establecido en el artículo 56 del mismo Reglamento de Personas Refugiadas. El carácter declarativo del reconocimiento de la condición de persona refugiada es piedra angular dentro de la normativa internacional de la materia de refugio. Al respecto, la Corte IDH reafirmó, en el análisis del caso Pacheco Tineo vs. Bolivia, que "el reconocimiento de la condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo, por lo que corresponde a los Estados garantizar un deber de precaución especial en la verificación de tal condición y en las medidas que adopte, mediante procedimientos adecuados y conforme al debido proceso". Con lo anterior se concluye que el ignorar el carácter declarativo de la condición de persona refugiada generada por el trato diferenciado que hace el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, entre persona solicitante de asilo y persona refugiada reconocida, -quienes comparten un mismo origen social-, es una evidente violación del principio constitucional de la igualdad. Asimismo, el no otorgar un permiso laboral libre condición a las personas solicitantes de asilo, representa una distinción y exclusión a personas que deben ser tratadas como iguales. También reclaman la imposición de nuevos requisitos para la renovación del carné provisional de permiso laboral a los solicitantes de asilo que habían hecho su solicitud, antes de la entrada en vigor del decreto sujeto a examen constitucional, a la luz del principio de irretroactividad de la ley. Si bien la Sala Constitucional ha dicho que el momento de aplicación de la ley no es un tema de constitucionalidad, en este caso, lo que se impugna es que el transitorio único introducido por el artículo 8, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP desconoce lo ordenado por el artículo 34, de la Constitución Política, e impide que se pueda determinar la aplicación del decreto a partir de lo estipulado por dicha norma constitucional. Añaden que el derecho adquirido consiste en una situación jurídica que se encuentra consolidada y, por ello, la Administración debe adecuar su funcionamiento en el resguardo de esa conducta, es decir, su actuar administrativo no debe ser irrestricto. Los derechos patrimoniales adquiridos, así como las situaciones jurídicas consolidadas, poseen la tutela de más alto nivel que puede otorgar nuestro ordenamiento jurídico. El derecho adquirido se produce cuando un bien o un derecho ingresa a la esfera patrimonial de un sujeto, por su parte, la situación jurídica consolidada constituye una definición sobre un estado de cosas, ya no es una incorporación, sino sólo la demarcación. En ambos casos, el ordenamiento jurídico protege a la persona que ha obtenido el derecho o situación jurídica de la que se trate, en aras de asegurar la seguridad jurídica y la equidad. En el transitorio único impugnado, la Administración ha establecido que, para la renovación del permiso laboral, la persona solicitante requiere previamente estar adscrita a la Caja Costarricense de Seguro Social, contrario a la norma anterior, lo que resulta en un menoscabo a la seguridad jurídica de las personas que ya eran solicitantes de asilo antes de la entrada en vigencia de la norma sujeta a examen de constitucionalidad. Por consiguiente, las personas solicitantes que realizaron la formalización de su solicitud de refugio con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma del Reglamento de Personas Refugiadas tenían claro que el Estado costarricense les brindaría un permiso laboral provisional, ya que se trata de un derecho que va ligado a la solicitud de refugio y no depende de ningún otro criterio o requisito, por lo que, ahora, limitar la emisión del permiso laboral a demostrar aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social, violenta el principio de irretroactividad resguardado en la Constitución Política y los derechos adquiridos de las personas solicitantes de refugio. De ahí, que el mismo no solo es inconstitucional, sino también inconvencional a la luz de la normativa internacional que rige la materia. Alegan que la existencia de requisitos tan extensos para solicitar el permiso laboral, en términos prácticos impide el ejercicio del derecho al trabajo. Con base en el artículo 54, del Reglamento de Personas Refugiadas, el 14 de febrero de 2023 se publicó en La Gaceta N° 27 la Resolución DJUR-0204-12-2022-AMB, emitida por el Ministerio de Gobernación y Policía y la Dirección General de Migración y Extranjería, que estableció el Procedimiento para el otorgamiento de permisos laborales a las personas solicitantes de refugio, mismo que se aplica en la actualidad. Dicha resolución, en su artículo 6, define que el otorgamiento del permiso laboral está sujeto a una serie de requisitos, que son: "Artículo 6°—El otorgamiento del permiso laboral estará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: l. - Personas que pretendan laborar para una persona jurídica: a. Oferta de trabajo debidamente autenticada en la que se indiquen las funciones, el horario, salario a devengar firmada por el representante legal de la empresa. b, La empresa deberá estar al día con sus obligaciones ante la CCSS, c. Certificación estados financieros emitido por Contador Público autorizado, del balance de situación y del estado de resultados de la empresa. d. Certificación de la entidad aseguradora correspondiente, que indique que la empresa se encuentra al día en el pago de la póliza de riesgos del trabajo o comprobante de pago de que está al día original. e. Que la persona jurídica se encuentre debidamente constituida lo cual será verificado por la Unidad de Refugio a través del Registro Nacional. f. En caso de que la empresa se encuentre inscrito ante la Dirección General de Tribulación deberá encontrarse al día en el pago de los impuestos 2. Personas que pretendan laborar para una persona física: a. Oferta de trabajo debidamente autenticada... en la que se indiquen las funciones, el horario, salario a devengar firmada por la persona empleadora. b. Copia certificada o en su defecto original y copia para ser cotejada por funcionario público, del documento de identidad vigente de la persona empleadora. c. Comprobación de la solvencia económica del público autorizado (sic) o constancia de salario. d. La persona deberá estar al día con sus obligaciones ante la CCSS. e. Certificación de la entidad aseguradora correspondiente, que indique que el patrono se encuentra al día en el pago de la póliza de riesgos del trabajo o comprobante de pago al día. d. En caso de que la persona esté inscrita ante la Dirección General de Tributación deberá encontrarse al día en el pago de los impuestos nacionales". Con lo anteriormente expuesto queda en evidencia que se exigen requisitos que, además de desiguales (en comparación con los de una persona refugiada), son extensos y desproporcionales. En lugar de simplificar y permitir la pronta integración de la persona que solicita asilo en el país, amplía el trámite y los requisitos, lo que atenta innegablemente contra el reforzamiento del principio de seguridad jurídica del sistema democrático costarricense y, puntualmente, impide el ejercicio del derecho al trabajo, porque si la persona solicita de refugio no cumple con alguno de los requisitos no contará con autorización estatal para trabajar. La Corte IDH analiza el derecho al trabajo como un derecho fundamental, lo define como un derecho humano de corte social -por virtud de lo cual, todas las personas deben tener acceso al mismo- y, además, añade que: “Es un derecho fundamental de la mayor importancia para construir un proyecto vital, pues por medio del trabajo se obtienen los medios y recursos para adquirir bienes muebles e inmuebles, indispensables para la vida en sociedad. Implica entonces una contraprestación y un lazo entre una persona física o moral -o jurídica, como se le conoce en algunas legislaciones extranjeras- que paga por la prestación de un servicio de otra persona -generalmente física aunque también pudiera ser moral-, aunque debe tenerse en consideración que la evolución laboral ha conducido a fenómenos como el autoempleo o el emprendimiento, en donde no necesariamente se presenta el vínculo bilateral referenciado con anterioridad, dado que por virtud del mismo puede ofrecerse un producto o servicio que no entra en las relaciones de trabajo tradicionales”. En consecuencia, la larga lista de requisitos para poder acceder al permiso de trabajo y ejercer de forma digna tal derecho humano es improcedente. Como lesión directa al derecho humano, impide que las personas solicitantes de refugio se alleguen de los recursos necesarios para su existencia y supervivencia. Como trámite administrativo es contrario a la pertinencia del trámite. Reclaman, finalmente, que la inexistencia de recurso contra la resolución denegatoria del permiso es una violación al debido proceso. La norma sometida a examen constitucional prevé que la solicitud del permiso laboral será valorada por la Unidad de Refugio, con vista en las potestades conferidas por la Ley o la Dirección General, pero no señala admitir etapa recursiva en contra de una resolución que pueda denegar la solicitud del permiso laboral. Citan los Votos N° 15-90 y N° 5469-95 de esta Sala. Indican que existe un innegablemente nexo entre el debido proceso y el derecho de defensa, como parte de las garantías mínimas. Así las cosas, ante el necesario apego al debido proceso que debe respetar la Administración, es oportuno que se analice lo que abiertamente es una lesión grave al derecho de defensa de las personas solicitantes, pues no se prevé el derecho a recurrir. De lo anterior, se concluye que esta medida desprotege, no hace valer el ejercicio del derecho y no cumple con asegurar el canal para la defensa de los derechos de las personas solicitantes de refugio que requieren de un permiso laboral para ejercer una función tan básica como necesaria para la supervivencia humana y de la sociedad, como es trabajar. Solicitan los accionantes que, como medida cautelar, se suspenda la aplicación de las normas cuestionadas, con el fin de proteger y garantizar provisionalmente, los derechos fundamentales de las personas migrantes que solicitan protección internacional en el país, evitando, así, la producción de un mayor daño o perjuicio en contra del colectivo. La procedencia de esta medida cautelar se encuentra en absoluta armonía con pronunciamientos previos de esta Sala en que se han acogido solicitudes de esta naturaleza, de conformidad con los Votos N° 2015-15725 y N° 15-10720. Además de los principios de la buena fe procesal, fumus boni iuris, periculum in mora y ponderación de intereses en juego. La solicitud de la medida cautelar cuenta con apariencia de buen derecho bajo el supuesto que lo solicitado se encuentra dentro de lo razonable y carece de temeridad, además que las lesiones a las garantías mínimas que debe un estado contratante de la Convención de Refugiados otorgarles a personas migrantes que solicitan asilo podría generar un daño grave e irreparable a los derechos fundamentales del colectivo. Finalmente, la medida cautelar solicitada no afecta al interés público.En este sentido, la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas constituye un aspecto medular, toda vez que se trata de normas procesales cuya implementación conlleva daños graves, irreversibles e irreparables, con incidencia en derechos humanos tan fundamentales como la vida e integridad física de las personas migrantes que solicitan protección internacional en el país. Además, se trata de normas de aplicación procedimental por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, por lo que procede la suspensión de la norma impugnada y no solamente la de sus actos definitivos de aplicación. Asimismo, en cuanto al fondo, solicitan se declare con lugar acción de inconstitucionalidad y, por lo tanto, se anulen por inconstitucionales los artículos l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, decreto que reformó o derogó los artículos 14, 54, 58, 59, 121, 140, 15, 16, 18 y 139, del Reglamento de Personas Refugiadas (Decreto Ejecutivo N° 36831 -G del 28 de setiembre de 2011) y le incluyó un transitorio único.

2.- Para efectos de sustentar su legitimación, los accionantes indican que esta se fundamentada en los artículos 73, incisos a) y d), y 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Con respecto a la legitimación activa, el párrafo segundo, del artículo 75, de la citada Ley de la Jurisdicción Constitucional, prevé la posibilidad de accionar de manera directa ante esta jurisdicción, sin necesidad de asunto previo, cuando el acto impugnado no afecta intereses individuales y directos, acudiéndose en defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto. En relación con la colectividad, citan la Sentencia N° 2008-01001 de esta Sala. Aseveran que Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP afecta gravemente derechos de una pluralidad indeterminada de personas compuesta por refugiados, solicitantes de refugio y otras personas que están siendo perseguidas ilegítimamente en sus países de origen, y que no podrán disfrutar de la protección del Estado de Costa Rica por lo irrazonable de las restricciones implementadas a partir de la normativa impugnada. Se trata de intereses difuminados en una colectividad dispersa y en muchos casos anónima, cuyos derechos e intereses vienen a defender. Especifican que la Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua está integrado por personas desplazadas de su país de origen y su fin asociativo responde a la protección de la comunidad campesina nicaragüense exiliada en Costa Rica, así como la promoción, empoderamiento y lucha por valores y principios como la libertad, igualdad social, justicia y democracia. La [...] tiene como fin asociativo, de acuerdo con su pacto constitutivo, el “(...) contribuir al fortalecimiento del Estado Derecho y la Democracia en Costa Rica, que garantice el respeto pleno y ejercicio efectivo de los derechos Humanos”. La Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, según su estatuto, tiene como fines: "A) Promover y gestionar el restablecimiento de los derechos ciudadanos, económicos y sociales de las personas víctimas de tratos inhumanos y degradantes de parte de gobiernos autoritarios y dictatoriales. con énfasis principal en Nicaragua, pero también con el resto de América Latina y el mundo. B) Proteger los intereses de los asociados y de las personas víctimas de violación a sus derechos humanos, a través de gestiones ante los organismos defensores de derechos humanos, a nivel nacional e internacional. C) Contribuir constantemente al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la asociación y de las víctimas vinculadas a la misma, a través de la implementación y gestión de alternativas académicas de formación, capacitación, autoaprendizaje, emprendedurismo y en temáticas que fomenten los valores democráticos, justicia transicional y memoria histórica. D) Incidir en la formulación de políticas públicas y leyes que favorezcan la inserción de los exiliados nicaragüenses en la vida económica, social, laboral y académica en los países donde residen. E) Gestionar recursos financieros y materiales que permitan la gestión y dinámica de la asociación para el cumplimiento de sus fines, así como para el apoyo humanitario a sus miembros y víctimas relacionadas. F) Implementar estrategias de comunicación y divulgación para incidir en el fortalecimiento cultural de los valores democráticos y de una cultura de paz en las sociedades centroamericanas. G) Establecer Alianzas con organizaciones de la vida nacional e internacional que compartan los fines y espíritu democrático de la Asociación, con miras a concertar esfuerzos y acciones conjuntas pura lograr objetivos comunes. H) Desarrollar procesos de investigación en temas socioeconómicos, históricos y sociológicos, que contribuyan a dar respuestas estructurales a las necesidades e intereses de los miembros de la Asociación y de sectores relacionados a sus fines". Por su parte, [Nombre 005], es una organización no gubernamental que tiene como fin asociativo el brindar asesoría, asistencia y representación legal gratuita a personas refugiadas, personas solicitantes de la condición de refugiado en el proceso de determinación de la condición de persona refugiada y otras personas con necesidades de protección internacional, así como promover el acceso de dicha población a derechos humanos en el ámbito laboral, salud, educación, entre otros, y proveer de servicios en las áreas de integración económica, atención psicosocial y prevención de violencia de género, rigiéndose por los valores de acogimiento, justicia, empatía, coraje y resiliencia. El Servicio Jesuita para Migrantes tiene como fin asociativo, de acuerdo con su pacto constitutivo, el "a) fomentar la sana y segura convivencia entre los migrantes y costarricenses, según el orden público, la moral y las buenas costumbres de la sociedad costarricense, b) impulsar actividades culturales y deportivas entre los migrantes y costarricenses, c) establecer relaciones de asistencia social, educación y apoyo económico entre migrantes y Costarricenses, d) ejercer una labor apostólica, cuya misión es la de acompañar, servir y defender los derechos de los migrantes en Costa Rica, impulsados por el Evangelio de Jesucristo y la Enseñanza Social de la Iglesia Católica, que considera el fenómeno migratorio como "una realidad social que requiere acciones positivas, no solamente en el área pastoral, sino también en sus intervenciones en el campo social, político y cultural", e) ofrecer un servicio humano y pastoral a los migrantes y a las comunidades que los acogen a través de una amplia gama de actividades de investigación, incidencia en la organización de la sociedad acogida y asistencia, promoción humana, cultural y religiosa, así como de ayuda humanitaria. f) servir a la fe cristiana, promocionando la justicia del Reino de Dios en diálogo con otras culturas y religiones. g) ayudar a iniciar y desarrollar este trabajo en colaboración con otras Iglesias y organizaciones laicas, voluntarias y gubernamentales, que están activas en el mismo campo migratorio". El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, (CEJIL por sus siglas en inglés) es una organización no gubernamental de carácter regional, fundada en 1991. Su principal objetivo es lograr una implementación efectiva de las normas de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, a través del uso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y de otros mecanismos de protección internacional. De esta manera, a lo largo de los últimos 30 años, CEJIL ha monitoreado y denunciado situaciones violatorias a los derechos humanos en la región y ha acompañado a miles de víctimas en la reivindicación de sus derechos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente, tiene como fin asociativo, de acuerdo con su pacto constitutivo, el siguiente: "El objetivo general de esta Fundación es el de realizar actividades educativas y sin fines de lucro. Los objetivos específicos de esta Fundación serán: 1- El de brindar asistencia legal gratuita y asesoría por medio de abogados calificados y autorizados ante el ente nacional, regional internacional respectivo y/o agencias para la protección de los derechos humanos; 2- Elaborar material educativo y conducir actividades educativas en apoyo a los fines de la Fundación; 3- Organizar, conducir y auspiciar foros, conferencias, seminarios y otros programas similares con el propósito de realizar los objetivos de la Fundación; 4- Asistir a otras organizaciones educativas sin fines de lucro en la conducción de actividades similares; 5- Realizar todo lo necesario y conveniente dentro de los fines de esta Fundación y el marco de la ley encaminado a la consecución del objeto de la Fundación". Lo que acredita la participación de la Fundación en la defensa de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio. Aseveran, los accionantes, que lo anterior demuestra que todas las organizaciones suscribientes de esta acción actúan en defensa de personas desplazadas de sus países de origen. Cuyos derechos son gravemente afectados por la norma impugnada y sus actos de aplicación. En virtud de lo expuesto, existe un interés difuso que legitima su accionar, pues, como organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, se trae un beneficio a toda la colectividad que se vio afectada por la entrada en vigencia de la norma supra citada, sometida a examen constitucional. Esta colectividad son las personas migrantes, solicitantes de asilo en Costa Rica o personas perseguidas que en el futuro podrían requerir la protección internacional del Estado de Costa Rica.

3.- Por escrito asociado a este expediente el 4 de agosto de 2023, el magistrado Fernando Castillo Víquez formula solicitud de inhibitoria.

4.- Mediante resolución de las 8:50 horas del 8 de agosto de 2023, el Presidente a.i. de la Sala Constitucional resolvió tener por separado de este asunto al magistrado Castillo Víquez, así como comunicar lo pertinente a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que se procediera a su sustitución, de conformidad con el artículo 6, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

5.- Conforme al sorteo realizado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, resultó electo el magistrado suplente Hubert Rolando Fernández Argüello.

6.- Mediante resolución de las 10:43 horas del 9 de octubre de 2023, se previno a los accionantes que “dentro de tercero día, contado a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, deberán: a) aclarar cuál es el sustento concreto de su legitimación, en particular, aclarar si se acciona en defensa de intereses corporativos o de intereses difusos, así como fundamentar y acreditar el respectivo supuesto de legitimación; b) aportar copia íntegra de los estatutos, pactos constitutivos o documentos de constitución de las personas jurídicas accionantes; y c) en el caso específico de [Nombre 001], deberá aportar documento idóneo que acredite su condición como representante legal en Costa Rica de la [...]. Del mismo modo y sin perjuicio de lo anterior, conforme al artículo 4 de la Ley número 3245 del 3 de diciembre de 1963, se les previene adicionalmente que, dentro del mismo plazo, agreguen y cancelen el timbre del Colegio de Abogados por la suma de mil cien (1100) colones, correspondiente a la autenticación del escrito inicial, por cuanto, corresponde cancelar el monto de doscientos setenta y cinco (275) colones por la autenticación de cada firma, o bien, aclarar a la autenticación de cuáles firmas corresponden los timbres ya aportados, bajo el apercibimiento –en este caso- de no oír al omiso mientras no cumpla lo ordenado, sin retroacción de términos (artículo 4 de la Ley número 3245 del 3 de diciembre de 1963)”.

7.- Mediante escrito asociado a este expediente el 16 de octubre de 2023, Denis Rodríguez Araya, en su condición de abogado representante y director del presente proceso, señala que se procede a cumplir la prevención realizada mediante la resolución de las 10:43 horas del 9 de octubre de 2023. En cuanto al sustento de su legitimación, señala que las características de la regulación impugnada afectan a una pluralidad de personas, que incluye personas que tienen necesidades de protección internacional, personas que tienen en trámite una solicitud de refugio y a las personas que podrían, en el futuro, requerir la protección del Estado de Costa Rica. Por su parte, las organizaciones accionantes también pueden ser clasificadas en dos tipos: i) aquellas que tienen por objeto social la protección de los derechos de las personas migrantes, pero que no están formadas o constituidas por personas necesariamente desplazadas o con necesidades de protección internacional y, ii) aquellas que son formadas por personas extranjeras que se han visto obligadas a desplazarse debido a la grave situación política presente en su país. El primer grupo de organizaciones y que es conformado por la totalidad de organizaciones accionantes, acuden en la defensa de los intereses difusos de las personas antes señaladas, independientemente de su base asociativa. El segundo grupo de organizaciones (Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, [...] y Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos) acuden en defensa de los intereses de sus afiliados (intereses corporativos), así como en resguardo de otras personas que han debido desplazarse de manera forzosa, y cuyos derechos se ven claramente lesionados y amenazados por las normas objeto de esta impugnación. Para este segundo grupo, existe una doble legitimación. Señala que se invoca la defensa de intereses difusos para aquellas organizaciones cuyo objeto social es la protección de los derechos de las personas migrantes o en necesidad de protección internacional. Cita los Votos N° 2001-8239 y N° 2022-01622 de esta Sala sobre el tema de los intereses difusos. Asevera que, al tratarse la presente acción sobre el derecho humano a solicitar y recibir asilo, parte esencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que responde jurídicamente a los estándares internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se está en presencia de un interés difuso, pues la titularidad de la defensa pertenece a las accionantes como unidas a partir de una necesidad social y un mismo interés que se encuentra difuminado, diluido o difuso, pues se trata de la defensa de derechos humanos de una pluralidad de personas perjudicadas en el tanto se trata de un grupo desprovisto de organización o estabilidad y, por tanto, con capacidad de defensa. La defensa de los intereses difusos se hace a través de dos precisiones: i) por un lado, las graves lesiones al derecho humano de buscar y recibir asilo que trascienden la esfera tradicional de los intereses, porque no solo afectan al colectivo de personas que responden a los intereses de acción de las bases asociativas de las accionantes, sino que; ii) pone en grave riesgo la responsabilidad estatal de garantizar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y su obligación de velar por la seguridad y armonía de la sociedad, o pluralidades de esta, máxime cuando se trata de garantizar la vida humana y la integridad personal, que es interés de todos los habitantes del territorio e incluso de la humanidad. Para la comunidad internacional, la humanidad se debe entender como el principio que incluye la posibilidad y voluntad para reducir las brechas de desigualdad y violencia, además de limitar los efectos de estas sobre la vida, libertad, seguridad e integridad personal. La humanidad como un todo engloba el humanitarismo, el desarrollo y la defensa de los derechos humanos. La Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, dice que: "es la facultad que tiene toda persona individual o colectivamente, de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional". Por lo anterior, el campo de los derechos humanos y los defensores de ellos se han destacado como fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, lo que justifica plenamente que las accionantes que invocan la inconstitucionalidad de la norma ostenten legitimidad constitucional por el interés difuso en que el Estado garantice efectiva y adecuadamente la promoción y la protección de los derechos humanos de miembros de un grupo unidos por una necesidad social, pero sin vinculación jurídica concreta que les permita reclamar ello dada su enorme diversidad y falta de organización (no es precisable el número de personas con interés o necesidad de peticionar refugio, tampoco cuántas vayan a solicitarlo). En el caso concreto, se está ante un grupo difuminado, pero con un interés común, sin llegar a convertirse en una acción popular. Indica que [Nombre 010] se formó como una sociedad de responsabilidad limitada con el objeto de proveer asistencia legal y servicios relacionados a personas refugiadas, a personas que buscan asilo, y a otras personas desplazadas en Costa Rica. La [Nombre 007] tiene entre sus fines defender los derechos de los migrantes en Costa Rica, por lo que se ha comprometido a realizar trabajos en campos como el legal del fenómeno migratoria. La [Nombre 009] se constituyó como una fundación estableciendo entre sus objetivos el brindar asistencia legal ante el ente nacional para la protección de los derechos humanos. En cuanto a la defensa de intereses corporativos, indica que este segundo grupo posee doble legitimación, integrando a su vez, la defensa de interés corporativos. Cita el Voto N° 2006-9170 de esta Sala. Afirma que la [...], la [...] y la Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos gozan de doble legitimación directa por intereses difusos y por intereses corporativos; en vista de que, además de responder por la defensa de los derechos humanos, la base asociativa de dichas organizaciones está constituida por los intereses comunes de sus agremiados. Cita el Voto N° 2020-20854 de esta Sala. Las accionantes están solicitando que se analice la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP y la aplicación de esta por parte de la Administración Pública, en vista de que la norma sujeta a examen va en detrimento de los derechos humanos e intereses legítimos de los grupos de personas que las conforman y a las que prestan sus servicios, que cualitativamente representan una colectividad de personas que resultaron afectadas, siendo estas precisamente las personas extranjeras en busca de protección internacional en Costa Rica, bajo los parámetros legítimos del derecho internacional contemplados en la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, y el derecho a buscar y recibir asilo, como un derecho humano. Las personas extranjeras que buscan y solicitan asilo en Costa Rica conforman parte de las bases asociativas de las accionantes Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, la [...] y la Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos; estas constituyen su razón corporativa de ser, siendo este el elemento aglutinante y la base fundamental para la defensa de intereses corporativos. Cita el Voto N° 2022-05038 de esta Sala. Las accionantes se constituyeron por y como defensoras de derechos humanos de la población migrante, buscando garantizar el respeto de los mismos en el país, y estableciendo dentro de sus objetivos el brindar acompañamiento a aquella población que ha sido víctima de violaciones de derechos humanos, dentro de las cuales se encuentran las personas que buscan y solicitan protección internacional en Costa Rica. Cada una de estas organizaciones se constituyó con una base asociativa estrechamente relacionada y que por consiguiente les legitima para la presentación de esta acción. En concreto, la Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua tiene dentro de sus fines la promoción de los derechos humanos y unir esfuerzos para contribuir a esto mediante la participación ciudadana de los campesinos en Costa Rica y Nicaragua, para esto, realizan actividades de formación y sensibilización y, dentro de las actividades que pueden realizar -según sus estatutos-, están las acciones tendientes a lograr el respeto de los derechos humanos en Costa Rica, que, como ha quedado expuesto, es parte fundamental del motivo de la presente acción. En el estatuto de la [...] se observa que se puntualizó como fin primordial el fortalecimiento del estado de derecho y la democracia en Costa Rica para garantizar el respeto pleno y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, para lo cual realizan actividades como el fortalecimiento de los derechos humanos a través del acercamiento con otras organizaciones que tienen misiones afines, para contribuir a erradicar las prácticas violatorias de los derechos humanos y procurar la sanción mediante el litigio legal y estratégico y la intervención cuando sea pertinente, sumándole a esto el facilitar la asistencia y representación legal a las personas, sea, a esta colectividad, en situación de vulnerabilidad para la búsqueda y gestión de garantías o acciones de restitución de derechos. La Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos establece como parte de sus propósitos, gestionar el restablecimiento y proteger los intereses de los derechos de las personas víctimas de tratos inhumanos y degradantes por parte de gobiernos autoritarios y dictatoriales gestionando ante organismos tanto a nivel nacional como internacional. Las accionantes están legítima y jurídicamente constituidas sobre una base asociativa en común, estrechamente relacionada a la defensa del derecho a buscar y recibir asilo como derecho humano, y con legítima acción para la defensa de los intereses corporativos, considerando que el Decreto Ejecutivo número 43810-MGP lesiona de forma colectiva los intereses de las personas que conforman su base asociativa y que inciden directamente en el núcleo de sus derechos fundamentales. Esto se corresponde, además, con el fin social de cada una de ellas, siendo ello el fundamento de legitimación de las accionantes por ostentar una defensa de intereses corporativos. Compartiendo la fundamentación expuesta en el apartado de defensa de intereses difusos, la Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, la [...] y la Asociación Reflexión y la Acción para la Vida y Derechos Humanos gozan de doble legitimación, por cuanto están legalmente constituidas para la defensa de intereses corporativos, pero, además, también ostentan legitimación directa por la defensa de intereses difusos, pues los intereses que defienden estas accionantes también guardan relación con la materia de derechos humanos y a una colectividad o de una pluralidad indeterminada de personas en necesidad social, de protección internacional que arriben o ya se encuentren en nuestro país. Señala que se adjunta copia de los estatutos, pactos constitutivos o documentos de constitución de cada una de las personas jurídicas accionantes. Agrega que en relación al señor [Nombre 001], representante de la Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, así como su acta o pacto constitutivo, debido al corto tiempo para contestar la prevención, no se pudo aportar la misma. Añade que se aporta y cancela el timbre del Colegio de Abogadas y Abogados. Con base en lo anterior, se solicita que se admite la presente acción de inconstitucionalidad.

8.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- OBJETO DE LA ACCIÓN. Los accionantes impugnan los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, en cuanto reforman -por su orden- los artículos 14, 54, 58, 59, 121 y 140, del Reglamento de Personas Refugiadas, así como el artículo 7, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, que deroga los artículos 15, 16, 18 y 139, del Reglamento de Personas Refugiadas, y el artículo 8, del Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, que incluye un transitorio único al Reglamento de Personas Refugiadas.

II.- DE LOS SUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que necesariamente deben cumplirse para que este Tribunal pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo del asunto. En lo atinente específicamente al tema de la legitimación para acceder a este proceso de control de constitucionalidad, el artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, prevé distintos supuestos. En el párrafo primero regula la acción de inconstitucionalidad por la vía incidental, que exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial -incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa -en el procedimiento de agotamiento de esta vía-, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa -no se requiere del asunto base-, en los siguientes casos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.

Ahora, en Sentencia N° 1995-04190 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, este Tribunal destacó que la acción de inconstitucionalidad es:

“(…) un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional …”.

En Voto N° 1998-6366 de las 16:27 horas del 2 de setiembre de 1998, esta Sala reiteró que:

“(…) La acción de inconstitucionalidad es, en esencia, incidental. Es decir, su interposición debe analizarse, primero que nada, desde el punto de vista de un asunto principal, respecto del cual es un instrumento para el efectivo respeto de los derechos o intereses en él reclamados. Uno de los aspectos medulares de ese estudio inicial es el de la legitimación con la que se actúa. La fundamentación en un asunto principal es el primero de los supuestos tratados en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, norma básica en relación con el tema. Las restantes hipótesis deben comprenderse restringidamente, no con el ánimo de cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva, sino de respetar la lógica del sistema de justicia constitucional en lo que toca al control de constitucionalidad, pues de nada valdría la construcción del legislador de un esquema relativamente formal para el inicio de la acción de inconstitucionalidad, si en la práctica se dejara de lado toda forma y se admitieran los asuntos, como si se tratara de un sistema regido por la denominada acción popular. Pueden, de este modo, calificarse como especiales y excepcionales los casos del párrafo segundo del artículo 75 citado, que eximen al actor de vinculación alguna con un asunto principal”.

En consonancia con lo anterior, esta Sala ha indicado que “el proceso de acción es, principalmente, de naturaleza incidental, por lo que se requiere de un asunto pendiente de resolver en vía administrativa –en el procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final- o judicial, para que prospere la acción. De esta manera, solo en casos excepcionales que la ley establece, no será necesaria la existencia de ese requisito” (Sentencia N° 2018-018560 de las 9:20 horas del 7 de noviembre de 2018). También ha aclarado que “los supuestos contenidos en el párrafo 2o. del artículo 75, constituyen una excepción a la regla establecida en el párrafo 1o. (vía incidental) que deben ser valorados cuidadosamente” (Sentencia N° 2018-008413 de las 9:20 horas del 30 de mayo de 2018).

III.- DEL SUPUESTO DE LEGITIMACIÓN ALEGADO EN ESTE PROCESO. Debe señalarse -en primer lugar- que esta Sala ha explicado que:

“(…) dado el formalismo dispuesto legalmente para los procesos de control de constitucionalidad (...) la carga argumentativa en el trámite de una acción de inconstitucionalidad recae en el accionante, quien debe explicar, sin ambages, la contradicción existente entre una normativa infraconstitucional y el bloque de constitucionalidad, así como la legitimación que le asiste” (Voto N° 2020-000319 de las 12:15 horas del 8 de enero de 2020; el destacado no corresponde al original).

En el escrito de interposición de esta acción, se indica que la legitimación de las accionantes se sustenta en el párrafo segundo, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y se hace expresa mención tanto a la defensa de intereses difusos como a la defensa de intereses corporativos. Mediante resolución de las 10:43 horas del 9 de octubre de 2023, se previno a las accionantes que aclararan “cuál es el sustento concreto de su legitimación, en particular, aclarar si se acciona en defensa de intereses corporativos o de intereses difusos, así como fundamentar y acreditar el respectivo supuesto de legitimación”. En respuesta a tal prevención, el licenciado Denis Rodríguez Araya, abogado director del proceso y apoderado especial judicial de algunas de las organizaciones accionantes (Asociación Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, HIAS Costa Rica, Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, [...] y [Nombre 009]), afirma que estas “pueden ser clasificadas en dos tipos: i) aquellas que tienen por objeto social la protección de los derechos de las personas migrantes, pero que no están formadas o constituidas por personas necesariamente desplazadas o con necesidades de protección internacional y, ii) aquellas que son formadas por personas extranjeras que se han visto obligadas a desplazarse debido a la grave situación política presente en su país”. Agrega que el “primer grupo de organizaciones, y que en la presente es conformado por la totalidad de organizaciones accionantes, acuden en la defensa de los intereses difusos de las personas antes señaladas, independientemente de su base asociativa. Ergo, el segundo grupo de organizaciones (Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, [...] y Asociación Reflexión y Acción para la Vida y Derechos Humanos) acuden en defensa de los intereses de sus afilados (intereses corporativos), así como en resguardo de otras personas que han debido desplazarse de manera forzosa, y cuyos derechos se ven claramente lesionados y amenazados por las normas objeto de esta impugnación. Para este último grupo, existe una doble legitimación”. Apunta que se “invoca la defensa de intereses difusos para aquellas organizaciones cuyo objeto social es la protección de los derechos de las personas migratorias y/o en necesidad de protección internacional”. Añade que la “Asociación Pro-Defensa del Movimiento Campesino de Nicaragua, [...] y la Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, gozan de doble legitimación directa por intereses difusos y por intereses corporativos, en vista de que además de responder por la defensa de los derechos humanos, la base asociativa de dichas organizaciones está constituida por los intereses comunes a sus agremiados”.

Ahora bien, esta Sala concluye que las accionantes carecen de la alegada legitimación por los motivos que se desarrollarán en los siguientes considerandos.

IV.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN RESPECTO DE LA ASOCIACIÓN PRO-DEFENSA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE NICARAGUA. En lo referente a esta asociación, lo cierto es que no se ha acreditado debidamente que la acción haya sido interpuesta por su representante legal. Pese a la prevención realizada, mediante resolución de las 10:43 horas del 9 de octubre de 2023, a la fecha no se ha demostrado que [Nombre 001] tenga la capacidad de actuar en representación de tal asociación, para ejercer -formalmente y en su nombre- esta acción procesal. Sobre este punto, este Tribunal ha indicado -en lo que interesa- que:

“Debe tenerse presente que esa Sala ha señalado que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que necesariamente deben cumplirse para que este Tribunal pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo del asunto. Como parte de tales formalidades, esta Sala ha resuelto, de forma reiterada, que quien pretenda interponer una acción de inconstitucionalidad a favor o en representación de un tercero, debe acreditar que está debidamente habilitado para formular la acción a nombre de este....

En cuanto a este tema, en el voto nro. 2022-016953 de las 10:25 horas del 20 de julio de 2022 esta Sala resolvió que:

“En cuanto a la legitimación y los poderes para actuar en representación de terceros, quien interpone una acción de inconstitucionalidad, debe, ineludiblemente, hacerlo conforme a las reglas establecidas en la Ley de la Jurisdicción Constitucional en los artículos 73 a 79, y demostrar de manera formal y fehaciente, que se encuentra legitimado para actuar, sea en nombre propio o a favor de terceros, a través de las certificaciones de personería y mandatos previamente concedidos, para interponer la acción. Esto quiere decir, que cuando el accionante actúe en representación de terceros -persona jurídica o física- no solo debe demostrar su legitimación en cuanto al asunto base, además, debe estar previamente autorizado o habilitado por los interesados para interponer la acción en su nombre, de lo contrario la acción resulta inadmisible (véanse en similar sentido las sentencias números 2002-1334 de las 10:18 horas del 8 de febrero de 2002; 2014-16169 de las 15:40 horas del 1 de octubre de 2014, 2021019742 de las 11:50 horas del 1 de septiembre de 2021 y 2021021203 de las 09:30 horas del 22 de setiembre de 2021).

(...)

En virtud de lo anterior, resulta evidente para esta Sala que, cuando la accionante interpuso la presente acción el 30 de mayo de 2022, no se encontraba debidamente legitimada para actuar en nombre y representación del señor (...), pues no contaba con un mandato formal y suficiente para interponer este proceso a su favor. Así las cosas, queda claro, que la actora acudió ante este Tribunal, a formular una acción en nombre de una tercera persona, sin estar previamente, autorizada o apoderada para hacerlo, tal como lo exige la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según lo señalado en el considerando anterior.” Mientras que, de forma más reciente, mediante voto nro. 2022-023911 de las 9:20 horas del 12 de octubre de 2022, este Sala resolvió que:

“I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.- En reiteradas ocasiones este Tribunal ha señalado que la acción de inconstitucionalidad es el remedio jurisdiccional técnico para impugnar leyes y otras disposiciones generales, cuando estas infringen por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional. A diferencia del recurso de amparo, que es menos exigente en cuanto a los presupuestos para su presentación, la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece el necesario cumplimiento de los requisitos formales y de fondo contenidos en los artículos 78 y 79, siendo necesario que la demanda los satisfaga antes de decretarse su admisibilidad ante este Tribunal. El tema de la legitimación es fundamental para interponer este proceso, no solo respecto de los supuestos establecidos en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sino también, respecto de la capacidad de actuar en nombre de otra persona. Así lo ha indicado este Tribunal:

“Único: Toda acción de inconstitucionalidad para que resulte admisible debe cumplir con los requisitos que establece al efecto la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La acción de inconstitucionalidad a diferencia del recurso de amparo y de hábeas corpus requiere de ciertas formalidades, demostrar la legitimación para actuar es un acto ineludible…” (Sentencia n.° 2002-1334 de las 10:18 horas del 8 de febrero de 2002)” (Voto N° 2022-027255 de las 9:45 horas del 16 de noviembre de 2022).

Consideraciones aplicables al caso en estudio. Lo que constituye motivo suficiente para rechazar la acción respecto de tal asociación.

V.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE [Nombre 010], [Nombre 007], [Nombre 009], [...] Y LA [...]. Como ya se apuntó, el abogado director del proceso y apoderado especial judicial de tales organizaciones afirma que todas estas ostentan legitimación, por accionar en defensa de intereses difusos. Añade que, en el caso específico de la [...] y la Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, también se acciona en defensa de intereses corporativos. No obstante, concluye esta Sala que, en la especie, no se configuran estos supuestos de legitimación directa.

A.- EN CUANTO A LA ALEGADA DEFENSA DE INTERESES DIFUSOS. En lo atinente a la defensa de intereses difusos, esta Sala ha venido precisando en su jurisprudencia su objeto, contenido y alcances y ha resuelto que:

“Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter” (Sentencia N° 1993-3705-93 de las 15 horas del 30 de julio de 1993).

Asimismo, en Sentencia N° 2007-02958 de las 9:23 horas del 02 de marzo de 2007, este Tribunal agregó:

“En relación con los intereses difusos, que es la legitimación aducida por el accionante, este Tribunal ha dicho se que se trata de aquel interés personal relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general y/o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de esa agrupación puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. La sentencia número 03705-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, ilustra lo que se ha entendido como intereses difusos; así como también la sentencia 360-99 de las 15:51 horas del 20 de enero de 1999:

"Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral." En este sentido, si bien ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional), tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de éste. Ejemplos de tales intereses son el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos. Esta enunciación no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales. Lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que -como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial”.

Finalmente, este Tribunal, por mayoría, ha estimado que cuando una norma es susceptible de aplicación individual, no cabe invocar los intereses difusos para admitir la acción. Sobre este punto, en el Voto N° 2022-011649 de las 9:20 horas del 25 de mayo de 2022, esta Sala resolvió que:

“III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DIRECTA. El accionante, a su vez, dice ostentar legitimación directa, porque refiere que la norma impugnada no solo lesiona los derechos fundamentales de carácter individual de su representado, sino que vulnera sendos colectivos y difusos, por los efectos que produce. No obstante, esta Sala, por mayoría, ha estimado que cuando la norma que se impugna es susceptible de aplicación individual, no cabe invocar la defensa de intereses difusos para admitir la acción. Así, en el voto n° 2021-002185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021 este Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:

“(…) II.- Sobre los intereses difusos y la legitimación de los accionantes en el caso bajo estudio. Las accionantes señalan que su legitimación proviene de la defensa de los intereses difusos respecto de la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, cabe indicar que, como ya se mencionó, los supuestos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional constituyen excepciones a la regla contenida en el párrafo primero del mismo artículo, que deben ser analizados cuidadosamente en cada caso concreto. El interés difuso ha sido entendido como aquel interés relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de la colectividad puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. Sobre el particular, la reiterada jurisprudencia de la Sala indica que:

"Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral." –ver sentencia número 360-90- De esta definición es posible estimar que el interés difuso está conformado por un elemento eminentemente subjetivo, relativo a su pertenencia o titularidad del interés, y otro objetivo, relacionado con la incidencia del bien en la sociedad, que lo distingue de otras situaciones jurídicas. En relación con el primero -el subjetivo-, es claro que la misma se encuentra difuminada en un grupo humano no individualizado, que coparticipa en el disfrute del bien jurídico objeto del interés, pero cuya conformación no resulta de un conjunto de sujetos identificable, abarcable y de contornos relativamente nítidos, como sí ocurre en el interés colectivo. Y desde la perspectiva objetiva, debe aclararse que no todo interés "difuminado" adquiere la categoría jurídica de "interés difuso", sino únicamente aquellos impregnados de una profunda relevancia social, cuya valoración resulta de las circunstancias de cada caso –ver, entre otras, sentencias números 2006-15960 y 2014-4904-. En este sentido, así como se ha dicho que ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional -lo que supondría la instauración tácita de una acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo –ver, entre otras, sentencias números 2008-13442, 2009-300 y 2009-9201-. Así, ejemplos de tales intereses son el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos. De tal forma, en el caso bajo estudio, donde las accionantes refieren su legitimación respecto de la defensa de intereses difusos en materia de protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que corresponde es pronunciarse conforme se indica en los considerandos siguientes.

(…)

En la acción que ahora se conoce, los mismos accionantes cuestionan las mismas normas de los artículos 50 y 51 del Reglamento en cuestión, así como el artículo 52 del mismo instrumento, y si bien, más allá de la sostenibilidad de los zoocriaderos, en esta acción se centran sobre temas de conservación ex situ y educación ambiental -que también fue señalado en aquella acción-, lo cierto es que la misma definición de esta Sala sobre la legitimación, tal como se dispuso en la sentencia de cita, resulta de plena aplicación en esta nueva acción. Nótese que, ciertamente, tal como lo señala claramente la Procuraduría General de la República y de manera enfática lo refiere el Ministro de Ambiente y Energía, la normativa que se cuestiona sí es totalmente susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas singulares e identificables, que ejercen una determinada actividad, sujeta a la regulación señalada en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y su reglamento. De tal manera, es claro que contrario a la aducida defensa de intereses difusos, lo que se encuentra de por medio es algún grado de inconformidad con la sujeción a que deben someterse para la regulación de la actividad que ejercen o pretenden ejercer ; véase que como bien refiere el informe del Ministro de Ambiente y Energía, los accionantes se encuentran directamente relacionados como fundadores, gerentes o servidores de diversas empresas relacionadas con la exhibición de fauna silvestre o su promoción turística. Así, resulta inviable aducir presuntos problemas de conservación y de educación ambiental, para utilizar la figura de los intereses difusos y promover con ello una acción de inconstitucionalidad directa obviando los estrictos requisitos de admisibilidad señalados en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tal como se indicó en los considerandos II y III de esta resolución.

Bajo esta inteligencia, y tomando en consideración la identidad de accionantes y de la normativa cuestionada, es claro que el precedente de la sentencia 2018-18563 resulta plenamente aplicable a esta acción que ahora se conoce, de donde debe necesariamente concluirse que al igual que en aquella anterior ocasión, los accionantes carecen de legitimación para la interposición de este proceso, por lo que resulta improcedente conocer y pronunciarse sobre los aspectos planteados. De tal manera, lo procedente es declarar sin lugar esta acción” (el subrayado no corresponde al original).

En similar sentido, en la sentencia n° 2021-011994 de las 16:30 horas del 26 de mayo de 2021 esta Sala dispuso que:

“(…) Se reitera que el interés difuso no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional); pero tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues, en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo (…)” (véase en este mismo sentido, entre otros, los Votos N° 2021-025373 de las 9:20 horas del 10 de noviembre de 2021 y N° 2022-007466 de las 9:45 horas del 30 de marzo de 2022).

Consideraciones plenamente aplicables en el sub judice.

Prima facie, no se está ante un caso que intereses difusos, así reconocido en la jurisprudencia de esta Sala. De hecho, este Tribunal ha resuelto que la materia migratoria no constituye, per se, materia en donde exista un interés difuso (Voto N° 2020-001339).

Se verifica, además, que se está en presencia de normas susceptibles de concretizarse en casos de aplicación individual en cabeza de personas específicas y que inciden directamente en la esfera jurídica de personas singulares y plenamente identificables, quienes están habilitadas para plantear la correspondiente reclamación administrativa o judicial. De hecho, las propias accionantes citan diversos recursos de hábeas corpus tramitados y acogidos por esta Sala, referentes a la aplicación de la normativa impugnada en perjuicio de personas concretas.

En consecuencia, y conforme a los antecedentes jurisprudenciales precitados, no puede estimarse que, en el sub lite, se configure el referido supuesto de legitimación directa, por defensa de intereses difusos.

B.- EN CUANTO A LA ALEGADA DEFENSA DE INTERESES CORPORATIVOS. También se aduce expresamente la defensa de intereses corporativos, respecto de la [...] y la Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, por cuanto, se alega que “la norma sujeta a examen va en detrimento de los derechos humanos e intereses legítimos de los grupos de personas que las conforman” y que las “personas extranjeras que buscan y solicitan asilo en Costa Rica conforman parte de las bases asociativas” de tales asociaciones.

Ante tal alegato, debe indicarse que, efectivamente, esta Sala ha señalado en su jurisprudencia que la expresión “intereses que atañen a la colectividad en su conjunto”, contenida en el ordinal 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, abarca o comprende la:

“legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación” (Sentencia N° 2014-20446 de las 09:30 horas del 17 de diciembre de 2014; en igual sentido -entre varios- Votos N° 2017-000152 de las 9:05 horas del 11 de enero de 2017 y N° 2020-020839 de las 9:20 horas del 28 de octubre de 2020).

Más aún, en Sentencia N° 2018-018164 de las 11:05 horas del 31 de octubre de 2018, este Tribunal expuso lo siguiente:

“II.- TOCANTE A LA ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN DEFENSA DE LOS INTERESES CORPORATIVOS O QUE ATAÑEN A LA COLECTIVIDAD EN SU CONJUNTO. La Sala Constitucional, en algunas ocasiones, ha desarrollado qué se debe entender por el concepto de los intereses que atañen a la colectividad en su conjunto, o bien, los intereses corporativos. Particularmente ilustrativo es lo resuelto por este Tribunal Constitucional en la Sentencia No. 00360-99 de las 15:51 horas de 20 de enero de 1999, oportunidad en la que se indicó lo siguiente:

“III.- En relación con otra de las posibles fuentes de legitimación del párrafo segundo del artículo 75 señalado, la recogida en la expresión “intereses que atañen a la colectividad en su conjunto”, ya la Sala ha precisado que con ella se refiere el legislador a la legitimación que ostenta un grupo corporativo, cuando actúa como tal por intermedio de sus representantes, en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa, pero, además de lo anterior, siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que inciden en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación; ello incluso cuando, en algunos casos, los efectos de tales normas pudieran repercutir de manera individualizada en cada uno de sus miembros (véase por todos el pronunciamiento número 1631-91 de las quince horas quince minutos del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno)”.

Igualmente, en la Sentencia No. 13323-2006 de las 17:26 horas de 6 de septiembre de 2006, se expuso lo siguiente:

“(…) En efecto, como lo ha reconocido con anterioridad este Tribunal (en Sentencias número 6433-98, 7615-98, 0467-99, 1313-99, 1830-99, 2289-99, 2745-99, 6644-99, 7975-99, 0877-2000, 2856-2000, 5565-2000, 6973-2000, 7160-2000, y 2001-9677) los intereses corporativos son aquellos que se caracterizan "[...] por la representación y defensa de un núcleo de intereses pertenecientes a los miembros de la determinada colectividad o actividad común, y, en cuanto los representa y defiende, la Cámara actúa en favor de sus asociados, la colectividad de comerciantes. De manera que estamos frente a un interés de esa Cámara y, al mismo tiempo, de cada uno de sus miembros, de forma no individualizada, pero individualizable, lo que constituye un interés corporativo o que atañe a esa colectividad jurídicamente organizada, razón por la que esta acción es admisible en los términos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.-" (Sentencia número 1631-91, de las quince horas con quince minutos del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno). Es así como en estos casos, no resulta necesaria la existencia de un asunto pendiente (en la vía administrativa o jurisdiccional) como lo exige el párrafo primero del citado artículo 75 para acreditar la legitimación del accionante, pues por la misma esencia del asunto, se trata de la defensa de intereses corporativos. Considera la Sala que no resulta legítimo desconocer este tipo de interés, toda vez que ello implicaría desconocer una importante función de los entes corporativos, que han sido creados según los lineamientos de la ley, y en el caso de las Cámaras, colegios profesionales, asociaciones, o sindicatos implicaría desnaturalizar su función mediadora en lo que respecta a la defensa de los intereses de sus agremiados, función que ha sido reconocida como esencial de estos entes por la propia jurisprudencia de este Tribunal (…)”.

En consecuencia, esta Sala ha concluido que los “entes corporativos están autorizados para solicitar en forma directa la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, cuando esta afecte directamente la esfera de acción del ente y de sus integrantes” (Voto N° 2017-002275), en tanto se accione en defensa de los intereses “directos” y “comunes” de sus asociados o agremiados (Votos N° 2007-02410 y N° 2011-015395, respectivamente). De consuno con lo anterior, este Tribunal también ha especificado que tal legitimación “únicamente lo es para pretender la defensa de los intereses y derechos de sus agremiados, con lo cual la impugnación que hacen debe de circunscribirse a la materia relativa a los afiliados a estas organizaciones” (Voto N° 2006-13323). Por lo que, necesariamente, debe existir un vínculo efectivo entre la norma impugnada por la entidad corporativa y una afectación directa a una situación jurídica sustancial de sus integrantes. En Voto N° 1994-5967 de las 15:57 horas del 11 de octubre de 1994, esta Sala resolvió que:

“(…) En este caso, al fundamentarse la legitimación en la existencia de un interés corporativo, debe definirse primeramente si el Colegio de Contadores constituye una entidad caracterizada por la representación y defensa de un núcleo de intereses pertenecientes a los miembros de una determinada colectividad o a sujetos que ejercen una actividad común. Es indiscutible que el Colegio de Contadores representa y defiende a la colectividad de contadores y que frente a este interés colectivo de la entidad, se encuentra el de cada uno de los miembros que la forman, que se considera no individualizado pero individualizable. Una vez definida la existencia de un interés corporativo a cargo del Colegio de Contadores para la representación y defensa de sus agremiados, corresponde relacionar ese interés con el contenido de las normas cuya inconstitucionalidad se reclama. En este sentido, es importante indicar que la naturaleza colectiva del interés no pretende desconocer los elementos que son propios del interés, entre los que destaca la necesidad de que exista una relación o incidencia entre lo que se cuestiona o impugna y una modificación o afectación de lo que corresponde o pertenece a la entidad corporativa y a cada uno de sus miembros, sean bienes, derechos, obligaciones, potestades o facultades. Para acreditar la legitimación por intereses colectivos además de una situación de grupo que conforma una unidad de intereses, oficios o vecindades que pueda considerarse como una colectividad, se requiere un interés en la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas impugnadas, o sea, una relación entre lo cuestionado y lo que efectivamente hace al gremio. Partiendo de lo expuesto, la Sala observa la ausencia de esa necesaria correlación entre las normas cuestionadas por inconstitucionales y el contenido del interés que ostenta el Colegio de Contadores en lo que respecta a la impugnación de la potestad reglamentaria de la Comisión Nacional de Valores. El promovente manifiesta que en los incisos k) y ñ) del artículo 10 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, se faculta a la Comisión Nacional de Valores a emitir reglamentos ejecutivos que lesionan las funciones o intereses de la Corporación y sus afiliados y violentan lo dispuesto en el artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política, que determina que el Poder Ejecutivo es el único que puede reglamentar las leyes. Sin embargo, esa facultad genérica que la ley confiere a la Comisión Nacional de Valores para emitir normas y reglamentos, independientemente de su contenido, no alcanzar a afectar directamente el patrimonio, la libertad o las relaciones de los miembros del Colegio de Contadores, necesaria para legitimar a la entidad corporativa en relación con la impugnación de estas normas, por lo que en cuanto al artículo 10 incisos k) y ñ) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio, se rechaza de plano la acción por falta de legitimación. Por otra parte, en cuanto al artículo 142 de la citada Ley, considera la Sala que en este caso sí existe un interés colectivo que fundamenta la legitimación para impugnar la norma en esta vía, toda vez que su contenido incide directamente en el ámbito de los intereses corporativos afectando el ejercicio de la profesión de contador” (el destacado no corresponde al original).

En esta misma línea, se puede citar el Voto N° 1997-3688 de las 15 horas del 01 de julio de 1997, en que este Tribunal resolvió que:

“(…) Es indiscutible, que la Cámara Nacional de Armadores y Agentes de Vapores se creó para proteger los intereses de un grupo determinable de personas -físicas y jurídicas- que se dedican a la actividad del transporte marítimo. Así queda definida la existencia de un interés corporativo a cargo de la Cámara Nacional de Armadores y Agentes de Vapores. Corresponde ahora relacionar ese interés con el contenido de las normas impugnadas, con el objeto de determinar si una eventual declaratoria de inconstitucionalidad incidiría, de alguna forma, en la situación que corresponde a los integrantes de esa organización. En ese sentido, para que el interés colectivo legitime a la parte que interpone la acción de inconstitucionalidad, no solo se requiere que lo alegue una organización que representa los intereses de un grupo determinable de personas, sino que debe existir al menos la posibilidad de que la eventual declaratoria de inconstitucionalidad modifique de manera favorable, la situación actual (entendida como bienes, derechos, obligaciones, potestades o facultades) de los miembros de esa colectividad. Es decir, que para acreditar la legitimación por interés colectivo, además de la existencia de un núcleo común de intereses entre los integrantes de la organización, se requiere que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas impugnadas tenga relación -de incidencia o afectación- con la situación de la colectividad. De ahí que sea imprescindible por parte del que fundamenta su legitimación en la existencia de un interés colectivo, una explicación acerca de la relación que la pretensión de inconstitucionalidad tiene con la situación propia de la colectividad, específicamente con su objeto y patrimonio. Lo anterior se echa de menos en este caso, en el que la omisión del promovente de especificar la relación existente entre el fin de la organización que representa y el contenido de las normas que impugna, impide que se acredite a su favor la existencia de un interés corporativo para la declaratoria de inconstitucionalidad que solicita. Esto se agrava por el hecho de que tal relación no se desprende fácilmente del objeto de la organización -la protección de los empresarios que se dedican a la actividad del transporte marítimo-, y del contenido del Reglamento cuestionado, que establece un régimen de admisión temporal de vehículos terrestres para el transporte comercial de mercancías y personas. Lo dispuesto en el Reglamento no parece afectar directamente la situación jurídica de los miembros que integran la Cámara porque el establecimiento de ese régimen no tiene relación con la actividad de transporte marítimo, salvo en cuanto los vehículos que ingresen temporalmente al país con base en esa normativa, puedan ser transportados vía marítima, relación que no resulta suficiente para atribuir a la Cámara la legitimación que le permita acceder al contralor de constitucionalidad (en ese sentido, véase la resolución No.5967-94 de las 15:57 horas del 11 de octubre de 1994). De ahí, que se deba rechazar de plano esta acción” (el destacado no corresponde al original).

Ahora bien, debe reiterarse lo previamente señalado, en el sentido que “los supuestos contenidos en el párrafo 2o. del artículo 75, constituyen una excepción a la regla establecida en el párrafo 1o. (vía incidental) que deben ser valorados cuidadosamente”. De allí, que esta Sala ha procurado enmarcar debidamente este supuesto de legitimación, a fin de no trastocar el sistema de justicia constitucional previsto en nuestro ordenamiento jurídico en lo que toca al control de constitucionalidad.

Es por lo anterior, que esta Sala ha puntualizado que, en esta hipótesis de defensa de intereses corporativos, una persona no “puede arrogarse, sin más, la representación de hecho de una persona o varias personas u organizaciones profesionales” (Voto N° 2022-005038 de las 9:20 horas del 2 de marzo de 2022; véase, igualmente, Voto N° 2020-012323 de las 9:05 horas del 1 de julio de 2020). También ha rechazado aquellas acciones en que no se acredita el necesario vínculo entre el objeto de la acción y una afectación directa y efectiva a la generalidad de los miembros de la entidad corporativa, o bien, se pretende accionar en favor de un colectivo distinto. Así, por ejemplo, en Voto N° 2018-018564 de las 9:20 horas del 7 de noviembre de 2018, esta Sala resolvió:

“IV.- ACERCA DEL RECHAZO DE PLANO DE LA ACCIÓN, ANTE LA INEXISTENCIA DE INTERESES CORPORATIVOS O QUE ATAÑEN A LA COLECTIVIDAD EN SU CONJUNTO, EN EL SUB JUDICE. Tras valorar los argumentos esbozados por el actor, en el caso concreto, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional, dirigidos a defender su legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad (con arreglo al párrafo 2°, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) por la aparente existencia de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto, también llamados corporativos, al considerarse que lo dispuesto por las normas impugnadas constituye una violación “ evidente y manifiesta” de la pretensión de los investigadores de la Universidad Nacional, de realizar sus actividades sin injerencias externas, la Sala Constitucional, al contrario, arriba a una conclusión distinta y, por ende, rechaza de plano este asunto. No es, el sub judice, un caso en el cual exista un interés, que afecte, de manera directa e indiscutible, al Sindicato supra aludido o, a cada uno de sus integrantes, sino, más bien, uno de los investigadores biomédicos, en ciencias de la salud, quienes pueden pertenecer o no a esa Universidad y, por ende, a esa agrupación sindical, de impugnar la normativa que les exige acreditarse ante el CONIS, o exponerse a las sanciones de la Ley No. 9234. Nótese que las disposiciones cuestionadas no involucran, con exclusividad, a la generalidad de los miembros del Sindicato aludido, de modo que son estos investigadores y no esta agrupación, quienes pueden acudir, por vía singular o colectiva, ante la Sala Constitucional, en defensa de los derechos e intereses que alegan vulnerados, en concreto, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, cuya tutela no constituye un esfuerzo gremial, de esa organización, pese al contenido de los artículos que menciona la parte actora, con respecto al Estatuto del Sindicato mencionado. No es, el presente, un interés que aglutine de manera corporativa a todos y a cada uno de los miembros, o integrantes de ésta, sino a los investigadores en ciencias biomédicas, lo que constituye un colectivo distinto. No nos encontramos, en el sub examine, frente a un interés de la generalidad de los miembros del Sindicato aludido, que legitime a su Secretario para promover esta acción directa de inconstitucionalidad, con arreglo a lo contemplado en el párrafo 2°, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sino, más bien, uno individual de los investigadores en ciencias biomédicas afectados por la aplicación de esa normativa. Es evidente que esas disposiciones no afectan, de manera directa, a los miembros del Sindicato referido, sino a los investigadores en ciencias biomédicas, de ahí que son éstos, y no aquellos, quienes tienen el interés de plantear la presente acción. Lo anterior, por cuanto, al analizar las diversas disposiciones del Estatuto del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional, SITUN, en el cual, si bien se contempla como un fin de esa agrupación la defensa de la autonomía universitaria (véase, al respecto, el inciso l), del artículo 4°, del Estatuto), es evidente que no le corresponde, a esa agrupación sindical, la defensa de los intereses de los investigadores en ciencias biomédicas, en particular, su aparente negativa de acreditarse ante el CONIS para poder realizar sus funciones y sus experimentaciones, en esa área del conocimiento, utilizándose como objetos de investigación, por ejemplo, a los seres humanos. Se trata, en suma, de un interés particular, muy específico, cuya defensa le atañe a ese reducido colectivo, no así, a los representantes del sindicato accionante”.

Mientras que, en Voto N° 2023-001018 de las 11:20 horas del 18 de enero de 2023, se resolvió que:

“II.-Ahora bien, en el caso concreto, los accionantes, en su calidad de miembros del Consejo de Mayors Bröran de Territorio Indígena Térraba, Consejo de Mayores Organización Tradicional de Derecho Propio del Territorio Indígena Quitirrisi, Consejo Iriria Sätkök del Territorio Indígena Yäbamï Dí Katá y de la agrupación Pueblo Cabécar del Territorio Indígena China Kichá, cuestionan la constitucionalidad de la normativa impugnada, mencionando que se legitimidad proviene de la defensa de intereses colectivos. Ahora bien, sobre la posibilidad de que los representantes de determinadas organizaciones indígenas se arroguen la representación de la totalidad de las personas indígenas del país, esta Sala dispuso en su sentencia número 2022-14850 de las 8:40 del 29 de junio de 2022, en lo que interesa lo siguiente:

“I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD PARCIAL DE LA ACCIÓN .- La acción es interpuesta por la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), y la Coordinadora General Autoridad Étnica Tradicional de Mayores de Buenos Aires (Salitre, Ujarrás y Cabagra) y representante de las Autoridades Ancestrales de Mesoamérica, con sustento en el artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su condición, según manifiestan, de representantes de los pueblos indígenas de Costa Rica. AMPBA, es una asociación civil, cuyos objetivos son totalmente académicos, sociales y culturales. No está consignado, como uno de sus fines, la defensa nacional de la comunidad indígena o de algún grupo indígena en particular. En sentido similar, se resolvió en la sentencia No. 20-24182 de las 9:30 horas del 16 de diciembre de 2020:

“III.- Sobre la legitimación del accionante en este proceso. El aquí gestionante plantea esta acción en representación de la Asociación Vecinos Unidos por la Paz y la Justicia de Cocles, pues indica que entre sus fines está la protección de los derechos y los intereses de los habitantes de Cocles cuando hayan sido afectados por sentencias judiciales y por actos administrativos, lo cual demuestra con la personería jurídica aportada. Para tales efectos, invoca la existencia de intereses corporativos, para acudir en defensa de los grupos étnicos afrodescendientes costarricenses, por una situación relativa al establecimiento de límites de su territorio que, según indica, afecta su derecho de propiedad, por los límites demarcados por el Estado para la reserva indígena Kekoldi (Cocles); e invoca para tales efectos, el derecho de consulta que como “Pueblo Tribal” reconoce el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, n.° 169. Sin embargo, la asociación accionante abarca, por su propia denominación, a cualquier habitante de Cocles, población que no configura necesariamente al pueblo autóctono afrodescendiente con el arraigo requerido, ni demostró que sus fines sean propiamente la defensa del pueblo afrodescendiente autóctono. Debe advertirse que el concepto de “Pueblo” tutelado en el ámbito internacional, alude a aquel que comparte identidad étnica, cultural, idiomática o religiosa, mientras que población es un grupo de personas que con independencia de esas condiciones de identidad simplemente cohabitan en un territorio determinado. Bajo esa tesis, si la asociación pretende legitimarse bajo los derechos de un “Pueblo Tribal”, debe, primeramente, demostrar que su fin es precisamente ese y no la defensa genérica de toda la población, así como acreditar previamente las condiciones étnicas y culturales de sus agremiados en una zona determinada y su arraigo a ese lugar para exigir tal consulta, lo que no es propio de ser dilucidado y verificado vía acción de inconstitucionalidad, sino en la vía contenciosa, donde pueda dirimirse en un proceso contradictorio, con mayor claridad y prueba, tal condición de identidad y la delimitación que pretende el accionante sea revisada por esta jurisdicción, con base en la literatura histórica aportada y de un perito que ofrece. Sin duda alguna, otros pueblos tribales tienen iguales derechos que los pueblos indígenas a rescatar sus territorios y a defender sus derechos autóctonos. Tales reivindicaciones son apremiantes y legítimas, por ello deben estar claramente determinados y delimitados tales “Pueblos” por parte de las autoridades competentes del Estado, a fin de que puedan exigir sus derechos en esa condición, tal como se ha hecho en el caso de los indígenas y su representatividad. Es por ello que, en el sub examine tal condición debe ser acreditada certeramente y la acción de inconstitucionalidad no es el medio idóneo para ello”.

Lo expuesto en la sentencia parcialmente citada, es aplicable en este caso, pues la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), no tiene entre sus fines, la defensa de los derechos autóctonos de los pueblos indígenas de Costa Rica. Asimismo, su marco de actuación, se reduce a los territorios de Buenos Aires de Puntarenas, de manera que no puede, sin más, pretender impugnar una ley que afecta a la totalidad de los pueblos indígenas del país.

(…)

Por su parte, la Coordinadora General, si bien representante de las Autoridades Ancestrales de Mesoamérica, no puede atribuirse, por ese solo hecho, la representación legal de toda la población indígena de Costa Rica como pretenden en la acción. En razón de lo expuesto, la acción debe ser rechazada”.

III.-Ahora bien, tomando en cuenta lo dispuesto en el precedente de cita, la Sala considera que en el caso en estudio los accionantes carecen de legitimación para interponer la presente acción de inconstitucionalidad, pues tal y como se explicó en el considerando anterior, forman parte de grupos indígenas que habitan en un determinado territorio, por lo que no es posible que pretendan arrogarse la representación de la totalidad de las personas indígenas del país, en cuyo caso, sí estaríamos en presencia de la defensa de intereses colectivos. De esta forma, la Sala considera que la acción debe rechazarse, como en efecto se hace”.

Finalmente, esta Sala también ha aclarado -de forma reiterada- que la expresión “intereses que atañen a la colectividad en su conjunto”, no puede interpretarse que se refiera a la colectividad nacional (Voto N° 1993-4113), ni puede extenderse a quienes sólo ostenten un interés en velar por la legalidad constitucional (Voto N° 1995-2621) o por garantizar el principio de supremacía constitucional (Voto N° 1991-2233), pues esto equivaldría a aceptar una acción popular que no está reconocida y regulada en nuestra legislación.

Consideraciones aplicables al sub lite. En lo referente a las mencionadas asociaciones ([...] y Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos), las afirmaciones plenamente genéricas y abstractas formuladas por su apoderado especial judicial (en respuesta a la prevención realizada por resolución de las 10:43 horas del 9 de octubre de 2025), en el sentido que “la norma sujeta a examen va en detrimento de los derechos humanos e intereses legítimos de los grupos de personas que las conforman” o que las “personas extranjeras que buscan y solicitan asilo en Costa Rica conforman parte de las bases asociativas” de tales asociaciones, son insuficientes para establecer con certeza, que, efectivamente, tales entidades asocien o agrupen personas extranjeras que busquen o pretendan refugio. No se brindan datos concretos o específicos, ni prueba documental alguna, que permita establecer tal hecho. Esto tampoco puede derivarse de la lectura de las respectivas actas constitutivas -que están agregadas al expediente-, pues si bien es claro que comparecieron algunas personas extranjeras a constituir tales asociaciones, no es posible deducir que las mismas se encuentren en una situación en que requieran refugio, ni puede derivarse que la normativa impugnada genere una afectación directa y efectiva a la generalidad de los miembros de tales entidades corporativas.

En el caso de específico de la [...], lo que señala su estatuto es lo siguiente:

“El objeto superior de ASOCIACIÓN COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS FILIAL COSTA RICA es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la Democracia en Costa Rica, que garantice el respeto pleno y ejercicio efectivo de los derechos humanos. ARTICULO CUARTO: Para el cumplimiento de sus fines la Asociación realizará entre otras, las siguientes actividades: a) Educar a la población sobre promoción y defensa de los derechos humanos. b) Capacitar a las autoridades responsables de la administración pública, poderes del Estado de Costa Rica y sectores organizados de la población sobre la manera de garantizar, proteger, defender y promover los derechos humanos. c) Incidir en la formación de leyes, presupuestos públicos y políticas públicas promoviendo el enfoque de derechos humanos en sus procesos de formación, formulación y/o implementación, monitoreo y evaluación. d) Sensibilizar, informar y organizar a las comunidades para la solución negociada de conflictos así como para la promoción y defensa de sus derechos humanos. e) Fortalecer el movimiento de derechos humanos a través del acercamiento con otros organismos nacionales e internacionales que tengan misiones afines, tanto dentro como fuera de Costa Rica. f) Contribuir a erradicar las prácticas violatorias de los derechos humanos y procurar la sanción de las mismas, mediante la denuncia, investigación, el litigio penal y estratégico, la intervención jurídica en los procesos de casos cuando sea pertinente. g) Mantener informada a la comunidad nacional e internacional sobre el desarrollo de la situación de los derechos humanos en el país. h) Facilitar asistencia para la recuperación sico social a víctimas de violaciones de derechos humanos. i) Facilitar asistencia y representación legal a las personas en situación de vulnerabilidad para la búsqueda y gestión de garantías y/o acciones de restitución de los mismos. j) Alcanzar la autosostenibilidad organizacional y financiara. k) Recaudar contribuciones entre los asociados y la ciudadanía en general, para financiar la consecución de sus objetivos esenciales. l) Gestionar donaciones en dinero o en especie de entidades públicas y privadas tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de sus actividades. m) Gestionar, recibir, administrar y distribuir donaciones a favor de las personas en situación vulnerabilidad como resultado de violaciones masivas a sus derechos humanos, desastres naturales y/o conflictos sociales, políticos y militares. n) Promover la participación ciudadana, la equidad de género, la no discriminación por razones de edad, raza, religión, opinión u opción política, preferencia u orientación sexual. o) Propiciar la coordinación, articulación y/o el apoyo de instituciones del Estado para el logro de sus fines. p) Podrá la asociación adquirir toda clase de bienes, siempre dentro de las limitaciones del articulo cuarenta y tres del Código Civil, podrá celebrar contratos de toda índole y realizar todo tipo de operaciones lícitas encaminadas al logro de sus fines”.

De lo que se deriva que tiene un objeto excesivamente amplio, en protección de derechos humanos. No tiene como fin u objetivo específico el agrupar y proteger a las personas extrajeras que requieren refugio.

Finalmente, en el caso de la Asociación Reflexión y Acción por la Vida y los Derechos Humanos, los estatutos establecen lo siguiente:

“ARTÍCULO TERCERO: Los fines de la Asociación son: A) Promover y gestionar el restablecimiento de los derechos ciudadanos, económicos y sociales de las personas víctimas de tratos inhumanos y degradantes de parte de gobiernos autoritarios y dictatoriales, con énfasis principal en Nicaragua, pero también en el resto de América Latina y el mundo. B) Proteger los intereses de los asociados y de las personas víctimas de violación a sus derechos humanos, a través de gestiones ante los organismos defensores de derechos humanos, a nivel nacional e internacional. C) Contribuir constantemente al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la asociación y de las victimas vinculadas a la misma, a través de la implementación y gestión de alternativas académicas de formación, capacitación, autoaprendizaje, emprendedurismo y en temáticas que fomenten los valores democráticos, justicia transicional y memoria histórica. D) Incidir en la formulación de políticas públicas y leyes que favorezcan la inserción de los exiliados nicaragüenses en la vida económica, social, laboral y académica en los países donde residen. E) Gestionar recursos financieros y materiales que permitan la gestión y dinámica de la asociación para el cumplimiento de sus fines, así como para el apoyo humanitario a sus miembros y victimas relacionadas. F) Implementar estrategias de comunicación y divulgación para incidir en el fortalecimiento cultural de los valores democráticos y de una cultura de paz en las sociedades centroamericanas. G) Establecer Alianzas con organizaciones de la vida nacional e internacional, que compartan los fines y espíritu democrático de la Asociación, con miras a concertar esfuerzos y acciones conjuntas para lograr objetivos comunes. H) Desarrollar procesos de investigación en temas socioeconómicos, históricos y sociológicos, que contribuyan a dar repuestas estructurales a las necesidades e intereses de los miembros de la Asociación y de sectores relacionados a sus fines. ARTÍCULO CUARTO: La Asociación podrá usar todos los medios que la ley le permite para el cumplimiento de sus fines. Para ello, la Asociación realizará, entre otras, las siguientes actividades: A) Gestionar donaciones de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras. B) Realizar actividades participativas con sus asociados y comunidades nacionales para promover procesos de desarrollo local y regional sustentable. C) Propiciar el apoyo estatal y de otras organizaciones no gubernamentales, así como gestionar donaciones de entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales para facilitar las actividades educativas, formativas, reivindicativas y de promoción de los derechos humanos de los miembros de la Asociación y sectores afines a la misma. D) Solicitar, recaudar, generar y canalizar los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos, para desarrollar investigaciones en los temas de la Asociación. E) Mantener relaciones científicas y culturales con asociados afines, ya sean nacionales o extranjeras. F) Realizar publicaciones y preparar materiales audiovisuales para promover los valores e intereses de la Asociación. G) Recaudar contribuciones voluntarias entre sus miembros, para financiar la consecución de sus fines esenciales. H) Mantener relaciones e intercambio de publicaciones con asociaciones similares de otros países. I) Adquirir toda clase de bienes, siempre dentro de las limitaciones del artículo cuarenta y tres del Código Civil, celebrar contratos de toda índole y realizar toda especie de operaciones lícitas encaminadas a la consecución de sus fines”.

En este caso, los fines de la asociación están un poco más acotados y pueden relacionarse con la situación de las personas “exiliadas”. Aunque, nuevamente, no puede establecerse con certeza que algún asociado en particular, menos aún la generalidad de sus miembros, estén efectivamente en una situación en que requieran o pretendan refugio, ni puede sostenerse que este sea el fin específico de la asociación.

En definitiva, en el sub lite no se evidencia una efectiva defensa de intereses corporativos. De hecho, admitir esta acción en los términos en que se ha sido formulada, supondría reconocer tácitamente la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en su reiterada jurisprudencia (ver Sentencia N° 2016-000787 de las 9:05 hrs. del 20 de enero de 2016), no se adecua al marco de las competencias procesales que al efecto tiene este Tribunal Constitucional, en sus funciones de intérprete último y guardián de la Constitución.

C.- Finalmente, debe advertirse que el hecho que las accionantes incluyan en sus estatutos o pactos constitutivos, como parte de sus fines, la defensa de derechos humanos o fundamentales, no supone una suerte de legitimación genérica o incondicional, que las legitime para formular acciones contra cualesquiera normas o actos, con total abstracción del debido cumplimiento de los requerimientos y recaudos procesales establecidos en los artículos 75 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, incluido, específicamente, la efectiva configuración de alguno de los supuestos de legitimación expresamente previstos en nuestro ordenamiento jurídico.

VI.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano la acción en estudio, como así se dispone.

VII.- RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO, RUEDA LEAL Y FERNÁNDEZ ARGÜELLO, en lo que respecta a intereses difusos, con redacción del segundo. Tal como lo hemos expresado en otros casos, estimamos que una cualidad del interés difuso consiste precisamente, en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto. Su defensa tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la sociedad como tal, por ello, es trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado. En Sentencia N° 2019-17397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019, este Tribunal reiteró lo siguiente:

“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente ha ya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República.

No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (véase la sentencia No. 2007- 01145).” En consonancia con lo expuesto y sostenido por este Tribunal en su jurisprudencia, se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es por ello, precisamente, que, a partir de la sentencia nro. 2021-2185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021, consideramos, a diferencia de la Mayoría de este Tribunal, que algunos de estos intereses pueden estar plasmados en un caso particular en concreto, sin perder por ello su condición de interés difuso, tal como ocurre con la protección al ambiente, cuyo impacto afecta a una persona y a todos en general; y puede ser individualizada tal afectación en una situación en particular, como por ejemplo, la construcción de una fábrica en un sector vecino determinado, sin los estudios ambientales respectivos, cuyos efectos negativos incidan en la capa de ozono del planeta. Indudablemente el resultado de un reclamo o proceso que pueda plantear un vecino contra esa fábrica, no solo incidirá en sus intereses propios, sino también en el resto de la colectividad. Por ello, constituye un interés difuso; y, sin embargo, también es objeto de una situación particular individualizada. Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que en toda situación invocada se pueda alegar la existencia de un interés difuso, aunque este pueda ser objeto de una situación particular. Recordemos que para que un interés sea considerado “difuso”, no solo debe afectar una colectividad, sino también debe difuminarse, difundirse en esa colectividad. Si no produce tal efecto, no puede ser considerado un interés difuso. En el caso de los accionantes, tal como refiere la Mayoría, la normativa impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, sino determinada. De modo que, en este caso, lo que se vislumbra es una situación que, si bien puede ser compartida por algún grupo de personas, ese efecto no es de tal magnitud como para considerarlo un interés difuso. Por el motivo expuesto coincidimos con la Mayoría en desestimar esta acción.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano la acción. Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Fernández Argüello dan razones diferentes en cuanto a la legitimación por intereses difusos.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Hubert Fernández A.

Ana Cristina Fernández A.

Rosibel Jara V.

Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta

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