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Res. 17913-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/06/2025

Order to rebuild indigenous school NibiribotdäOrden de reconstruir escuela indígena Nibiribotdä

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber granted the amparo and ordered the MEP to carry out the required infrastructure works at the Nibiribotdä school within eighteen months, and the Ministry of Health to regularly monitor compliance with health regulations.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó al MEP ejecutar las obras de infraestructura necesarias en el centro educativo Jardín Nibiribotdä en un plazo de dieciocho meses, así como al Ministerio de Salud fiscalizar periódicamente el cumplimiento de la normativa sanitaria.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo filed by a resident and member of the Comte Burica Indigenous Local Education Council against the Ministry of Public Education (MEP) and the Ministry of Health. The complaint alleged that the Nibiribotdä school, built in 1989, had serious structural and sanitary deficiencies documented since 2018 through unfulfilled sanitary orders. Despite multiple community efforts, the MEP had not set a date for constructing a new school, leaving students and teachers in unsanitary and unsafe conditions. The Chamber found that the Educational Infrastructure Directorate was only preparing a funding request, with no substantial progress in nearly six years, and that the 2018 sanitary order remained severely breached. It held that the State’s omission violated the fundamental right to education and endangered the students’ safety. It ordered the MEP to complete the required infrastructure works within eighteen months, and the Ministry of Health to regularly ensure compliance with health regulations. The State was ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional declaró con lugar un amparo interpuesto por un vecino y miembro del Consejo Local de Educación Indígena de Comte Burica contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Salud. El recurrente alegó que el centro educativo Jardín Nibiribotdä, construido en 1989, presentaba graves deficiencias estructurales y sanitarias, documentadas desde 2018 mediante órdenes sanitarias incumplidas. A pesar de múltiples gestiones de la comunidad, el MEP no había definido fecha para la construcción de una nueva escuela, manteniendo a estudiantes y docentes en condiciones insalubres e inseguras. La Sala constató que la Dirección de Infraestructura Educativa apenas preparaba una solicitud de fondos, sin avance sustantivo en casi seis años, y que la orden sanitaria de 2018 seguía gravemente incumplida. Consideró que la omisión estatal violaba el derecho fundamental a la educación y colocaba en riesgo la integridad de los alumnos. Ordenó al MEP ejecutar las obras de infraestructura requeridas en un plazo de dieciocho meses, y al Ministerio de Salud garantizar el cumplimiento regular de la normativa sanitaria. Se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

In the present case, it has been shown that since 2018, the Ministry of Health detected a large number of serious anomalies in the facilities of the Nibiribotdä school, and, through sanitary order No. BRU-ARSC-OS-039-2018 of 14 May of that year, ordered the competent authorities to implement a series of measures to solve the problems detected. In addition, although it is true that, according to the Minister of Education, points 3), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12) and 13) listed in report No. MS-DRRS BRUNCA-DARS CORREDORES-AI-2223-2025 of 19 May 2025, do not properly correspond to building infrastructure issues, the truth is that points 1) 'Repair or install perimeter fencing to prevent the entry of domestic animals'; 2) 'In the dining room, adapt the entrance and width of the corridors in compliance with Law 7600'; 7) 'Repair the dining area floor, which must be smooth and non-porous' and point 9) 'Adapt at least one restroom in compliance with Law 7600', are indeed infrastructure problems that should have been solved years ago. As a result of all this, it is reported that Nibiribotdä is currently among the active cases in which DIE is evaluating an intervention process for the educational center in terms of Educational Infrastructure, in order to provide a solution to the existing needs. However, to date, even though nearly six years have passed, the respective project has not advanced because DIE is only just preparing a request for economic content so that, once the money is deposited into the Board of Education's account in the Single State Fund, the technical authorization to the Board can be processed to start the procurement process for professional services and obtain the necessary technical inputs, such as previous studies, preliminary project, construction plans, work specifications and budget, among others. Clearly, this represents a gross delay in addressing the described situation, which is therefore harmful to the fundamental rights of the students and teachers attending that school. Added to this, according to Technical Inspection Report No. MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, dated 19 May 2025, signed by Eng. Geovanny Jara Méndez of the Health Regulation Team of the Corredores Health Area, the sanitary order No. BRU-ARSC-OS-039-2018 has been seriously breached, in part because the Ministry of Health has dealt with the case sporadically, without giving it the necessary continuity, so this amparo must be granted, in the terms that will be set out.En el sub judice, se tiene por demostrado que, desde el año 2018, el Ministerio de Salud detectó una gran cantidad de anomalías serias en las instalaciones del centro educativo Jardín Nibiribotdä, así que, por medio de la orden sanitaria N° BRU-ARSC-OS-039-2018 del 14 de mayo de ese año, le ordenó a las Autoridades competentes implantar una serie de medidas para solucionar la problemática detectada. Aunado a ello, aunque es cierto que, según informa el ministro de Educación, los puntos 3), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12) y 13) consignados en el acta N° MS-DRRS BRUNCA-DARS CORREDORES-AI-2223-2025 de fecha 19 de mayo de 2025, no se corresponden propiamente con temas relacionados a la infraestructura del edificio, a decir verdad, eso mismo significa que los puntos 1) "Reparar o colocar malla perimetral para así evitar el ingreso de animales domésticos"; 2) "En el comedor, adecuar el ingreso y el ancho de los pasillos en cumplimiento a la Ley 7600"; 7) "Reparar piso de áreas de comedor, el mismo debe de ser liso y no poroso" y punto 9) "Adecuar al menos un servicio sanitario en cumplimiento a la Ley 7600", sí son problemas de infraestructura que debieron ser solucionados años atrás. A raíz de todo esto, se informa que el Jardín Nibiribotdä actualmente forma parte de los casos activos de la DIE en que se valora el proceso de intervención del centro educativo en materia de Infraestructura Educativa, con el fin dar una solución a las necesidades existentes. Sin embargo, a la fecha, a pesar de que han transcurrido cerca de seis años, el respectivo proyecto no ha avanzado porque la DIE apenas se encuentra preparando una solicitud de contenido económico para que, una vez que el dinero sea depositado en la cuenta de la Junta de Educación, en la Caja Única del Estado, se tramite la autorización técnica a la Junta para empezar el procedimiento de contratación para servicios profesionales y obtener los insumos técnicos necesarios, como los estudios previos, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones de obra y presupuesto, entre otras. Lo anterior, claramente, representa una demora grosera en atender la situación descrita, que por eso mismo resulta lesiva de los derechos fundamentales de los alumnos y profesores que asisten a esa casa de estudios. A ello se le suma que, según Informe Técnico de Inspección N° MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, de fecha 19 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Geovanny Jara Méndez, del Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Corredores, la orden sanitaria N° BRU-ARSC-OS-039-2018 ha sido gravemente incumplida, en parte, porque el Ministerio de Salud se ha ocupado esporádicamente del caso, sin darle la debida continuidad, así que se impone declarar con lugar este recurso de amparo, en los términos que se dirá.

Pull quotesCitas destacadas

  • "es deber de las autoridades del MEP brindar —tanto a educadores, como a educandos— las condiciones mínimas de infraestructura —inmuebles, mobiliario, material didáctico, etc.— para garantizar la tutela del derecho fundamental a la educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la Constitución Política."

    "it is the duty of the MEP authorities to provide —to both educators and students— the minimum infrastructure conditions —buildings, furniture, teaching materials, etc.— to guarantee the protection of the fundamental right to public education, under the terms established in Article 78 of the Political Constitution."

    Considerando V

  • "es deber de las autoridades del MEP brindar —tanto a educadores, como a educandos— las condiciones mínimas de infraestructura —inmuebles, mobiliario, material didáctico, etc.— para garantizar la tutela del derecho fundamental a la educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la Constitución Política."

    Considerando V

  • "Lo anterior, claramente, representa una demora grosera en atender la situación descrita, que por eso mismo resulta lesiva de los derechos fundamentales de los alumnos y profesores que asisten a esa casa de estudios."

    "Clearly, this represents a gross delay in addressing the described situation, which is therefore harmful to the fundamental rights of the students and teachers attending that school."

    Considerando V

  • "Lo anterior, claramente, representa una demora grosera en atender la situación descrita, que por eso mismo resulta lesiva de los derechos fundamentales de los alumnos y profesores que asisten a esa casa de estudios."

    Considerando V

  • "un aspecto fundamental para lograr ese fin es la implementación de un sistema educativo que, además del plan de estudios básicos, promueva el aprendizaje de las lenguas autóctonas y los valores históricos de las poblaciones indígenas."

    "a fundamental aspect to achieve that end is the implementation of an educational system that, in addition to the basic curriculum, promotes the learning of indigenous languages and the historical values of indigenous populations."

    Considerando IV

  • "un aspecto fundamental para lograr ese fin es la implementación de un sistema educativo que, además del plan de estudios básicos, promueva el aprendizaje de las lenguas autóctonas y los valores históricos de las poblaciones indígenas."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 17913 - 2025** **Date of Resolution:** June 13, 2025 at 09:20 **Case File:** 25-006050-0007-CO **Drafted by:** Ronald Salazar Murillo **Type of Matter:** Amparo Appeal **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with Separate Note** **Relevance Indicators** **Relevant Judgment** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Content of Interest:** **Strategic Themes:** Economic, Social, Cultural and Environmental Rights, Indigenous Peoples **Type of content:** Majority Vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** EDUCATION **Subtopics:** INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. **Topic:** MINORITIES **Subtopics:** INDIGENOUS. 017913-25. EDUCATION. MINORITIES. THE MINISTRY OF EDUCATION IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF EIGHTEEN MONTHS, TO EXECUTE ALL NECESSARY PROVISIONS SO THAT THE INFRASTRUCTURE WORKS REQUIRED AT THE JARDÍN NIBIRIBOTDÄ EDUCATIONAL CENTER ARE CARRIED OUT. VCG06/2025 "(…) V.- ON THE MERITS. The Constitutional Chamber has repeatedly stated that it is the duty of the MEP authorities to provide —to both educators and students— the minimum infrastructure conditions —real estate, furniture, teaching materials, etc.— to guarantee the protection of the fundamental right to public education, under the terms established in Article 78 of the Political Constitution, which entails the provision of a free public service paid for by the Nation (see judgment No. 2021005847 of 09:15 hours on March 19, 2021). This is the reason why, in judgment No. 2022018599 of 09:05 hours on August 12, 2022, the Chamber ordered the following:

"...After analyzing the evidentiary elements provided, this Court confirms the infringement of the fundamental rights of the students of the Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas.

However, from the report rendered by the representatives of the respondent authorities —which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction— and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas, currently has a total enrollment of 292 students, taking into account preschool, I and II Cycle for this year 2022. Likewise, 2nd grade has 45 students between males and females, and 4th year has 41 students, totaling 86. It is verified that the educational center has 04 bathrooms, 03 in fair condition and 01 with minor damage. In addition, the beams in one classroom for I and II cycle, one for preschool, and the office are damaged by termites. Likewise, the canopy used as a dining room no longer works; it is in very poor condition. On the other hand, it is confirmed that on June 23, 2022, parents and students held a strike due to a lack of codes and the poor infrastructure of the educational center. That same day, the regional director appeared in person, who contacted the DIE director at that time, who committed to a virtual meeting for June 29, 2022, which was attended by Carlos Villalobos, deputy director of the DIE, and Héctor Mendoza, the assigned Engineer. It is verified that according to official communication No. DVM-A-DIE-DM-F-0627-2022 dated July 7, 2022, issued by the MEP's Dirección de Infraestructura Educativa, an urgent palliative minor maintenance project is being processed to correct several specific damages to the facilities of the Escuela de San Isidro de Cóbano. Currently, a project for the total construction of new facilities for the educational center is in process, which at this moment already has the completed construction plans and environmental viability. Likewise, the plans are in the process of approval before the APC system of the Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.

Note that, although actions aimed at finding a solution to the problems denounced by the students' parents are noted, the truth is that, as of the date of filing this amparo, both the palliative and substantive works necessary for the improvements in infrastructure and equipment of said teaching center are still in the analysis and planning phase. Such is the case that, as reported under oath by the director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education, the project for the new educational facilities is planned for when the 2023 budget is available, and depending on financial availability, starting with the first stage consisting of the most essential works, so the student population of the educational center has had to use the current buildings —in poor condition— to meet the need to maintain continuity in the educational process; however, said decision carries a high risk that certain infrastructure may collapse and affect the physical integrity of the students.

That is, even though it is evident that the Ministry of Education has been aware of the needs regarding the infrastructure improvements required by the Escuela de San Isidro since before the filing of this amparo, the respondent authorities have been permissive with this situation and tardy in providing a solution. Furthermore, it is proven that the Maintenance Department of the Dirección de Infraestructura Educativa has planned the creation of a new building, but an estimated date for the execution of the works is still not provided." To this may be added what was stated in judgment No. 2021013845 of 09:15 hours on June 18, 2021, namely:

"In the sub examine, the petitioners claim that the Ministry of Public Education has not continued with the second stage of the construction project for the Programa Plan Nacional de Educación Especial of the Liceo San Miguel de Desamparados. It is necessary, they add, that the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education designate an engineer to continue with the project. In accordance with the reports rendered under oath —with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—, it is verified that, in effect, on June 19, 2012, a request for the construction of a physical plant for the Educación Especial III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional service, to house 125 students at the Liceo San Miguel, was submitted to the MEP's Comisión Técnica Especializada Ley 8283. The project, according to Architect Magaly Alvarado of the MOPT, was budgeted at ¢356,400,000 for the entire project. Due to budgetary availability under Ley 8283 and to accommodate all educational centers with the III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional service, resources are allocated in construction stages. Once the commission authorized the amount for the first stage, it was transferred to the then DIEE. The case was processed with the regular procedure, transferred to the Procurement Department on November 20, 2013, with the contractual object: construction of 1 isolated classroom and 4 attached classrooms, 1 computer lab, covered walkway, 1 sanitary service unit, and electromechanical connections, for an amount of ¢104,200,785.67, with external responsible professional Engineer Eric López Castellón. With the due authorization of the DIEE, through a competitive direct contracting procedure, the work was executed, and a settlement report was requested via email on October 15, 2015, sent by the coordinator of the Comisión Ley 8283. Subsequently, on October 10, 2016, the Comisión Ley 8283, due to budgetary availability, approved a second amount of ¢100 million in favor of the educational center. The DIE is indeed finishing its adaptation process after the restructuring they mention in the presentation of the appeal, and a managing official will be officially designated to give continuity to the case in a timely manner by the Programming and Monitoring Department. On the other hand, it is verified that there is budgetary availability with the Comisión Ley 8283 to formulate the deposit of the pending ¢152,200,000 to complete all the requested works, after an updated analysis of the existing infrastructure. At this moment, a visit to the educational center is pending so that, together with the director of the educational center and the coordinator of the institution's III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, an analysis can be made of the conditions of the infrastructure currently being used, the updated enrollment, and its needs according to the curriculum, taking into account an enrollment projection for the next three years. From the foregoing, it clearly emerges that it is not the lack of budgetary availability that has limited the continuation of the project, but rather the inactivity on the part of the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education, which openly contradicts the efficiency and effectiveness that must prevail in state action. Although the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education underwent a restructuring, the administrative authorities of the Ministry of Public Education should have, in the meantime, made the necessary arrangements so that infrastructure projects, such as the one that is the subject of this amparo, were not paralyzed. It is the duty of this Tribunal to ensure the restoration of the rights of the students of the Programa Plan Nacional de Educación Especial of the Liceo San Miguel de Desamparados. On the other hand, regarding the Junta Administrativa, it is verified that it has undertaken efforts aimed at ensuring the execution of the second building block, but encountered the limitation at the Dirección de Infraestructura of the MEP. By virtue of the foregoing, the appeal is declared partially with merit in relation to the Dirección de Infraestructura only." Finally, in ruling No. 2021009707 of 09:15 hours on May 14, 2021, the Chamber declared the following:

"From a simple analysis of the foregoing facts, it is concluded that, since 2017, the respondent school has presented a series of deficiencies in its structures that have resulted in its declaration as uninhabitable, without neglecting a series of sanitary measures, follow-up reports, and compliance efforts that have been unsuccessful. The inertia of the MEP is such that practically all the sanitary measures, regarding the improvements to the physical structure of interest, have not been complied with, and there is not even a remedial plan from the respondent Ministry to address the problems afflicting the teaching staff and student body of the protected school.

Note that the sanitary problems presented by the physical structure of the protected school is not a small matter, since it has a declaration of uninhabitability. Not even the filing of this appeal motivated the administration to comply with the sanitary orders in dispute.

Although the Minister of Education made reference to the actions they have taken in the last four years, the truth of the matter is that they are only prepared to begin the design of the construction plans for the structural improvements. As indicated by the respondent authority, resolving a problem like the one afflicting the protected educational center in 6 months is complex; however, the foregoing does not excuse 4 years of inertia, resulting in only having, as of today, the approval to begin the design of the construction plans. And, despite the fact that the Minister of Education informed this Chamber about the actions that would be taken, she did not even arrange for her communication or coordination with the Ministry of Health, which, since 2018, has been pointing out her non-compliance. Were it not for the action of this Tribunal, there would be no administrative impetus whatsoever to guarantee the right to education, and the protection of the integrity and health of the teaching staff and student body of the protected educational center.

In this regard, it should not be forgotten that it is the duty of the Ministry of Education authorities to provide —to both educators and students— the minimum infrastructure conditions —real estate, furniture, teaching materials, etc.— to guarantee the protection of the fundamental right to public education, under the terms established in Article 78 of the Political Constitution, which entails the provision of a public service —free and paid for by the Nation—. By reason of the foregoing, in protection of the fundamental rights of individuals and in this particular case, of the students, and of the teaching and administrative staff of the protected educational center, the appropriate course of action is to declare the appeal with merit, under the terms to be stated in the operative part." In the sub judice, it has been demonstrated that, since 2018, the Ministry of Health detected a large number of serious anomalies in the facilities of the Jardín Nibiribotdä educational center, so that, by means of sanitary order No. BRU-ARSC-OS-039-2018 of May 14 of that year, it ordered the competent Authorities to implement a series of measures to solve the problems detected. In addition to this, although it is true that, as reported by the Minister of Education, points 3), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12), and 13) set forth in record No. MS-DRRS BRUNCA-DARS CORREDORES-AI-2223-2025 dated May 19, 2025, do not correspond properly to issues related to building infrastructure, in truth, this means that points 1) "Repair or install perimeter mesh to prevent the entry of domestic animals"; 2) "In the dining room, adapt the entrance and the width of the hallways in compliance with Ley 7600"; 7) "Repair the floor in the dining room areas, which must be smooth and non-porous" and point 9) "Adapt at least one sanitary service in compliance with Ley 7600", are indeed infrastructure problems that should have been solved years ago.

As a result of all this, it is reported that the Jardín Nibiribotdä is currently part of the DIE's active cases, in which the intervention process for the educational center regarding Educational Infrastructure is being evaluated, in order to provide a solution to the existing needs. However, to date, despite nearly six years having passed, the respective project has not advanced because the DIE is just preparing a request for economic content so that, once the money is deposited in the account of the Junta de Educación, in the Caja Única del Estado, the technical authorization to the Junta can be processed to begin the contracting procedure for professional services and obtain the necessary technical inputs, such as preliminary studies, preliminary project, construction plans, work specifications and budget, among others. The foregoing clearly represents a gross delay in addressing the described situation, which, for that very reason, is harmful to the fundamental rights of the students and teachers who attend that house of studies.

Added to this is that, according to Technical Inspection Report No. MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, dated May 19, 2025, signed by Engineer Geovanny Jara Méndez, of the Health Regulation Team of the Área Rectora de Salud de Corredores, sanitary order No. BRU-ARSC-OS-039-2018 has been seriously breached, in part because the Ministry of Health has dealt with the case sporadically, without giving it due continuity, so it is necessary to declare this amparo appeal with merit, under the terms to be stated. (…)" **Related Judgments** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority Vote **Branch of Law:** 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 045- Omission of sending the report **Subtopics:** NOT APPLICABLE. ARTÍCULO 45 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL "(…) I.- PRELIMINARY MATTER. Pursuant to Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, if the respondent authority does not render its report in time, the facts alleged by the petitioner shall be taken as true and the amparo or habeas corpus shall be resolved without further procedure, unless this Tribunal deems it necessary to conduct some prior investigation. However, the foregoing does not mean that the Chamber must automatically grant the appeal. In the sub lite, the director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the MEP submitted the report requested from her in the resolution that processed this amparo, belatedly. Likewise, the Minister of Education belatedly rendered the report requested from him by resolution of 15:49 hours on May 21, 2025. Thus, we proceed to hear the merits of the claim raised, based on the allegations of the petitioner and the reports rendered under the gravity of oath by the other respondent Authorities, who did report timely on the situation alleged. (…)" VCG06/2025 **Content of Interest:** **Type of content:** Majority Vote **Branch of Law:** 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 077-Organization of public education **Subtopics:** NOT APPLICABLE. **Topic:** 078- Free and compulsory education **Subtopics:** NOT APPLICABLE. ARTÍCULOS 77 AND 78 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA "(…) IV.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO EDUCATION OF INDIGENOUS PEOPLES. The Political Constitution enshrines the right of all minors to receive an integrated education, as well as the obligation of the State to provide, guarantee, and promote this educational process (Articles 77 and 78 of the Constitution). Regarding Human Rights Law, it should be noted that the United Nations Convention on the Rights of the Child (approved and ratified by our country through Law No. 7184 of July 18, 1990, which entered into force, pursuant to section 2 of that legal instrument, on the day of its publication in La Gaceta No. 149 of August 9, 1990) establishes the right to education in harmony with the human dignity of children, in order to develop the child's personality, talents, and mental and physical capacity to their fullest potential, as well as the strengthening of the cultural values that make up the identity of each country and the preparation of the child for peaceful coexistence in society (Articles 27, 28, and 29). At the infra-constitutional level, the Código de la Niñez y de la Adolescencia (Law No. 7739) establishes the right of minors to receive an education that takes into account their individuality in order to develop their potential (Article 56). Section 60 of that same regulatory body develops a series of principles that must be respected in educational matters, such as: a) equality of conditions for access and permanence in the country's educational centers; b) respect for the rights of organization, participation, association, and opinion; c) respect for due process; and d) respect for cultural, ethnic, artistic, and historical values of creation and access to the sources of cultures (see Judgment No. 2005-017008). In this regard, in judgment No. 2023009589 of 09:15 hours on April 28, 2023, the Chamber declared the following:

"… This Tribunal has indicated in various pronouncements that the Costa Rican State has broadly recognized the rights corresponding to the indigenous groups that inhabit the country, as a means to preserve their customs, traditions, and culture. A fundamental aspect of achieving this end is the implementation of an educational system that, in addition to the basic curriculum, promotes the learning of native languages and the historical values of indigenous populations. In that sense, Article 76 of the Political Constitution establishes the obligation of the Costa Rican State to maintain and cultivate the national indigenous languages, which undoubtedly speaks of an educational specificity that involves a cultural dimension. Coinciding with the cited constitutional mandate, section 26 of Convention 169 of the International Labour Organization 'Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries', approved by Law No. 7311 of November 30, 1992, obliges signatory States to adopt the necessary measures to guarantee members of indigenous communities the possibility of receiving an education at all levels, comparably with the rest of the national community. Furthermore, Article 27.1, eiusdem, stipulates that education programs and services intended for the indigenous population must respond to their particular needs and must cover their history, knowledge and techniques, value systems, and all their other social, economic, and cultural aspirations. In accordance with this objective, section 28.1 of that human rights instrument notes that whenever viable '(…) children of the peoples concerned shall be taught to read and write in their own indigenous language or in the language most commonly spoken by the group to which they belong (…) Measures shall be taken to preserve and promote the development and practice of the indigenous languages of the peoples concerned (…)'. In this regard, this Chamber has reaffirmed through its jurisprudence the right of indigenous minors to have local knowledge typical of their culture, worldview, political, social, economic organization, etc., integrated into educational centers, in addition to the ordinary curriculum that every student must learn and pass. Therefore, it is concluded that the subjects of Language and Culture must form part of the content of the right to education of the indigenous population and, as such, it is the obligation of the authorities of the Ministry of Public Education to make the necessary efforts so that the indigenous student population has access to such subjects (in this regard, see judgment No. 2022012555 of 9:20 hours on June 3, 2022)." In addition to the above, it should be noted that the Inter-American Court of Human Rights referred to the education of indigenous persons in the judgment of the case of Comunidad indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay of August 24, 2010, under the following terms:

'211. In accordance with international standards, States have the duty to guarantee accessibility to free basic education and its sustainability. Particularly, when it comes to satisfying the right to basic education within indigenous communities, the State must promote said right with an ethno-educational perspective. The foregoing implies adopting positive measures so that education is culturally acceptable from a differentiated ethnic perspective (…)

213. From the evidence gathered, the Court observes that although some conditions regarding the provision of education by the State have improved, there are no adequate facilities for the children's education. The State itself attached a set of photos showing that classes are held under a roof without walls and in the open air. Likewise, the State does not ensure any type of program to prevent school dropout.

214. In summary, this Tribunal highlights that the state assistance provided as a result of Decree No. 1830 of April 17, 2009, has not been sufficient to overcome the conditions of special vulnerability that said Decree found to exist in the Xákmok Kásek Community (…)

217. Consequently, the Court declares that the State has not provided the basic provisions to protect the right to a dignified life under these conditions of special, real, and immediate risk for a determined group of people, which constitutes a violation of Article 4.1 of the Convention, in relation to Article 1.1 thereof, to the detriment of all members of the Xákmok Kásek Community (…)

301. In accordance with the conclusions set forth in Chapter VII relating to Article 4 of the American Convention, the Court orders that while the traditional territory, or alternatively the alternative lands, are delivered to the members of the Community, the State must immediately, periodically, and permanently adopt the following measures: a) supply of sufficient drinking water for the consumption and personal hygiene of the members of the Community; b) medical and psychosocial review and care for all members of the Community, especially children, girls, and the elderly, accompanied by the periodic implementation of vaccination and deworming campaigns that respect their uses and customs; c) special medical attention for women who are pregnant, both before childbirth and during the first months after it, as well as for the newborn; d) delivery of food in sufficient quality and quantity to ensure adequate nutrition; e) installation of latrines or any type of adequate sanitary service in the Community settlement, and f) provide the school with the materials and human resources necessary to guarantee access to basic education for the boys and girls of the Community, paying special attention to ensuring that the education provided respects their cultural traditions and guarantees the protection of their own language. For these purposes, the State must carry out the necessary consultations with the members of the Community' (the highlights were added)…". (…)" VCG06/2025 **Content of Interest:** **Type of content:** Separate Note **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** EDUCATION **Subtopics:** INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

V.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as this omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements more broadly. However, when a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction arises from that administrative conduct (omissive or otherwise), or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, in which the petitioner accuses that the Jardín Nibiribotdä educational center was built in 1989 and currently has a student population of 30 students, but has the same school infrastructure. In May 2018, a sanitary order was issued against its facilities due to the unsanitary and unfit conditions they have. However, at that time, the decision was made to repair said facilities and not build a new construction. The petitioner claims that, despite the technical reports and the administrative management carried out, the MEP has not defined a likely date for the construction of the new school, keeping the students, teachers, and parents in uncertainty.

VCG06/2025 **Text of the resolution**  Res. No. 2025017913 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on June thirteen, two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed in case file number 25-006050-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED03, against the MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP) and the MINISTERIO DE SALUD.- **Whereas:** 1.- By brief received at 23:12 hours on March 2, 2025, the petitioner files an amparo appeal against the MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, and states the following, in summary: that he is a resident of Progreso de Comte Burica and a member of the Consejo Local de Educación Indígena of Comte Burica. He explains that the Jardín Nibiribotdä educational center was built in 1989, with the community's effort, and although it currently has a student population of 30 students, it has the same school infrastructure. Thus, in May 2018, a sanitary order was issued against its facilities due to the unsanitary and unfit conditions they have for children to receive their classes there, for various reasons. One of them was the deficiency in the structural and hygienic conditions of the aforementioned educational center. However, at that time, the decision was made to repair said facilities and not build a new construction. On February 9, 2023, the Junta de Educación, through its legal representative, sent a document to the Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), in order to outline the different situations the educational community faces and request a prompt intervention from that department, for which they pointed out that, although a sanitary order existed against it as of that date, classes were still being taught at said center.

Subsequently, on February 13, 2023, the director of that school sent a new official communication requesting that the department send an inspector from the DIE to assess the condition of the school infrastructure. On June 8, 2023, Mr. Gustavo Abarca Mora, from the DIE-MEP, arrived at the institution to conduct a preliminary technical review of the infrastructure requirements. He asserts that, based on the preliminary report prepared by the DIE engineer in November 2023—classified as “RED” due to the condition the educational center was in at that time and because its problem was a priority due to a sanitary order weighing upon it—on February 26, 2024, the school director forwarded the preliminary report to the Indigenous Subsystem Unit, to Mr. Enoc Salina, and asked him to collaborate with the process, because Mrs. Lourdes Suarez had not responded to previous actions. On October 10, 2024, once again, Mr. Director Rigoberto Espinoza Morales sent a new official communication to Enoc Salina, head of the Unit, requesting his intervention, since the problem continued—and it had been impossible to obtain a response or communication from Mrs. Lourdes Suarez, of the DIEE department, regarding the progress of the process to build the educational center—as well as to reiterate that the conditions of the educational center remained present. The appellant claims that, despite the technical reports and the administrative actions taken, the MEP has not defined a probable date for the construction of the new school, keeping the students, teachers, and parents in uncertainty. He accuses that this omission violates the fundamental right to education and to a healthy and safe environment for student learning. He requests that the appeal be granted, with the legal consequences, in order to order the MEP to immediately begin the construction process of the new school infrastructure, setting a clear schedule and guaranteeing its fulfillment; to adopt precautionary measures to guarantee the safety of students and teachers while the construction is completed; to issue any other measure deemed necessary to guarantee the right to education in dignified conditions; and to dismiss Mrs. Lourdes Suarez, head of the DIE, for her incompetence and lack of commitment.

2.- By certification dated March 25, 2025, Mariane Castro Villalobos, secretary of this Chamber, and Wilberth Venegas Martínez, Judicial Technician, certify the following: “...having reviewed, at sixteen hours thirty-seven minutes on March twenty-fifth, two thousand twenty-five, in the SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES the CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS AND THIS EXPEDIENT, it did not appear that from THE SEVENTH TO THE TWENTY-FOURTH OF MARCH, 2025, the director of Infraestructura y Equipamiento Educativo -DIEE- had filed any writing or document whatsoever, in order to render the report requested in the resolution issued at fourteen hours fifty-six minutes on March seventh, two thousand twenty-five, in expedient number 25-006050-0007-CO which is an AMPARO appeal filed by Name01”.

3.- Rigoberto Espinoza Morales, in his capacity as director of the educational center Jardín Nibiribotdä, does not properly submit a report, but attaches official communication ESC-NIBI-012-2025 of March 10, 2025, addressed to the Dirección de Asuntos Jurídicos, and other documents related to the subject under discussion. In the cited official communication, he clearly indicates that he is acting in response to the information requested in expedient No. 25-006050-0007-CO of this amparo, and states the following: “... We belong to the territory of Conte Burica, Community of Las Vegas, thirty-six years ago the code for the educational center Jardín Nibiribotdä was approved, with the effort of the community neighbors the infrastructure that exists today was built, over the years and quite normally the infrastructure has been deteriorating, in two thousand eighteen I began working at this institution, in that year we had a visit from the Ministry of Health, in which they gave us a sanitary order, with Technical Report No. BRU-ARSC-RS-IT-113-2018, where they corroborate the non-compliance with safety, physical and sanitary measures and a period is given to correct the detailed points, within which the emergency plan was implemented, the other points have been impossible for us since we do not have the resources and inputs to solve the problem. On February 20, 2019, an official communication was sent communicating the needs of the educational center and the request for furniture for the educational center, after that the Pandemic came and everything was paralyzed, at the time it was thought to remodel with the resources the school received in the budget, but after that the economic crisis in the country increased and the resources the school received were cut. In the year two thousand twenty-three, the issue was taken up again, regarding the prevailing need that exists for an infrastructure that is suitable for students, teachers, and parents to use, but a positive response on the matter has been almost impossible. On February 9, 2023, in a visit that Mrs. Lourdes Suarez, an official of the DIE, made to the area, the board members appeared and gave her an official communication with the petition and annexes of the sanitary order and photos of the institution, the same documents signed by the lady where she committed to sending an engineer to conduct a visit to the educational center, she at that time communicated it verbally and committed to sending the Engineer before the end of February of that year, in an official communication sent on February 13 of that month she was reminded of the commitments she had assumed, it was not so, after a long wait on June 8 the Engineer arrived to conduct the visit and the preliminary scope of work report, after many text messages and WhatsApp messages that were sent to her. On November 16, 2023, the preliminary report was issued by the Engineer, detailing the information collected and that the institution has a red category sanitary order. Again on February 26, 2024, it was sent to Enoc Salinas Gonzales technical head unit Coordinación Subsistema de Educación Indígena, he indicates that the information will be forwarded to the corresponding department. On October 10, 2024, an email was sent to Mrs. Lourdes Suarez Barboza, director of the Departamento de Infraestructura Educativa, making the inquiry about what proceeds with the matter of the request for educational infrastructure, there are no responses or at least I have not seen responses, an official communication was also sent to Mr. Enoc Salinas Gonzales, Technical head unit Coordinación Subsistema de Educación Indígena, on the same date, he responds to us that he was going to forward the information to the corresponding department. For this year 2025, dated February 19, 2025, an email is sent again to Mrs. Lourdes Suarez Barboza, director of the Departamento de Infraestructura Educativa, requesting information about the infrastructure request, to date she has not responded. It was also sent to Mr. Enoc Salinas Gonzales, technical head unit Coordinación Subsistema de Educación Indígena, he responded to us that he would process it to the corresponding department. We are forced into the painful necessity of acting in this manner, knowing that the best interests of the children are paramount and that they must have equal conditions, rights, and opportunities, we request positive responses in favor of the construction of the infrastructure of the educational center Jardín Nibiribotdä, that meets all the conditions so that the students of this educational center can be educated. We have waited many years, it is time that something good is done for a people that has been forgotten, a people where there are individuals eager to overcome and pursue their studies. children who walk through mountains, crossing rivers, on trails. during the rainy season through the mud to reach the educational center. It is unjust that we have to shelter from the water drops to avoid getting wet inside the facilities, sanitary services that do not comply with the law, a school dining room that is falling down, classrooms fenced in with whatever is available and others do not even have walls. Currently we manage an enrollment of 23 students, full of hope, I am grateful that you process our request with positive responses…”.

4.- Lourdes Sáurez Barboza, in her capacity as director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the MEP, reports tardily under oath, the following: “... in response to the resolution at fourteen hours fifty-six minutes on March seventh, two thousand twenty-five, issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, within the amparo appeal No. 25-006050-0007-CO; filed by Name01, a report is provided through official communication DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025, dated April 1st of the current year, signed by Arch. Gustavo Abarca Mora and Arch. Geovanny Rodríguez Santamaría, officials of the Departamento de Desarrollo de Obra of the DIE, which includes updated information on the case of interest…”. She requests that the appeal filed be dismissed.

5.- By resolution at 14:49 hours on May 12, 2025, as evidence for better deciding, a report was requested from the director of the Área Rectora de Salud de Corredores of the Ministry of Health, in order to indicate what the CURRENT situation of the educational center Jardín Nibiribotdä is—for which purpose they were to conduct an inspection of the educational center of interest—.

6.- Jaime Cárdenas Sánchez, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Corredores, reports under oath the following: “... Due to the foregoing, in compliance with what was requested by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice through the transfer order at fourteen hours forty-nine minutes on May twelfth, two thousand twenty-five, regarding the request for evidence for better resolving, as stated in inspection record MS-DRRS Brunca-DARS Corredores-AI-2223-2025, dated May nineteenth, two thousand twenty-five, official Geovanny Jara Méndez conducted an inspection visit at the Escuela Nibiribotda in follow-up to the sanitary order, where he was attended by Name02, identity document number ID01, in addition to witness Name03, identity document number ID02, and through technical inspection report follow-up of sanitary orders No. MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025 indicated in point VI. Inspection Results (findings) the following:

ORDERED CONDITION (Number of what was ordered) CONDITION FOUND IN THE FOLLOW-UP INSPECTION OF THE SANITARY ORDER Point 1 perimeter mesh, unfulfilled Point 2 Dining room hallway 7600, not fulfilled Point 3 Have a pest control plan, they do not have it, not fulfilled Point 4 Implement a waste management program in compliance with Ley 8839, the document is lacking, not fulfilled Point 5 Place at least one fire extinguisher in the kitchen area, it was fulfilled but now the extinguisher is discharged and the date of the last review was in the year 2023 Point 6 Eliminate pit latrine sanitary service, it had been eliminated but to date there is still one and it is in use, not fulfilled Point 7 Repair the floor of the dining room area, it remains in the same conditions, Not fulfilled Point 8 Place a handwashing sink near the sanitary facilities, fulfilled Point 9 Adapt at least one sanitary service in compliance with Ley 7600, Not fulfilled Point 10 Maintain written and implemented the cleaning and disinfection plan for the dining room, Not fulfilled Point 11 Confine within your property all wastewater resulting from your activity, FULFILLED Point 12 Maintain written and implemented an emergency plan, IMPLEMENTATION IS LACKING.

Point 13 Stop using the classroom that has no doors, floor, or windows for teaching since it does not meet the minimum conditions for giving lessons, not fulfilled Official Jara Méndez continues stating that of the 13 points in the sanitary order, 11 remain unfulfilled; furthermore, in the conclusions he indicated that in the year 2022 compliance with 9 points was reflected and that currently those points became issues again since they were neglected and reappeared; that he observed more deficiencies in the school such as the acquisition of a gas stove, where the LP gas system exists without proper certification, besides it does not have an extractor or grease hood, the food preparation area lacks a ceiling, the classroom roof is in poor condition since when it rains the water leaks, thus not allowing lessons to be taught as the children get wet, for which reason he recommends the application of the technical rule for high-impact closure of establishments and public and private activities. Through executive report BRU-ARSC-RS-IT-281-2025, dated May 19, 2025, signed by Eng. Geovanny Jara Méndez, Health Regulation Team, Área Rectora de Salud de Corredores, with the subject: Executive report in follow-up to Amparo Appeal Expedient: No. 25-006050-007-CO, he stated that in follow-up to the sanitary order and the corresponding administrative acts for non-compliance therewith, the technical rule for high-impact closures of public and private establishments and activities must be applied. Based on the foregoing, according to the inspection visit dated May 19, 2025, conducted by official Geovanny Jara Méndez, Health Regulation Team, Área Rectora de Salud de Corredores, the Sanitary Order BRU-ARSC-OS-039-2018 dated May 14, 2018, remains unfulfilled, therefore, the Área Rectora de Salud de Corredores will proceed to issue the corresponding administrative acts. On the other hand, in the amparo appeal it was indicated: ‘In that sense, within the evidence on file, it is recorded that sanitary order No. BRU-ARSC-RS-IT-113-2018 of May 14, 2018 exists’ (sic), however, the appellant made an error, the order that was issued is the Sanitary Order BRU-ARSC-OS-039-2018…”. He requests that the appeal filed be dismissed.

7.- By resolution at 15:49 hours on May 21, 2025, the facts and parties in this appeal were expanded, and the Minister of Public Education and the Minister of Health were given an audience.

8.- By certification dated June 5, 2025, Mariane Castro Villalobos, secretary of this Chamber, and Wilberth Venegas Martínez, Judicial Technician, certify the following: “...having reviewed, at eight hours fifty-five minutes on June fifth, two thousand twenty-five, in the SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES the CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS AND THIS EXPEDIENT, it did not appear that from MAY TWENTY-SECOND TO JUNE FOURTH, 2025, the Minister of Public Education had filed any writing or document whatsoever, in order to render the report requested in the resolution issued at fifteen hours forty-nine minutes on May twenty-first, two thousand twenty-five, in expedient number 25-006050-0007-CO which is an AMPARO appeal filed by Name01”.

9.- Eng. Allan Mora Vargas, in his capacity as Acting Minister of Health, reports under oath the following: “... The Educational Center Jardín Nibiribotdä, is a public institution, single-teacher, belonging to the Dirección Regional de Educación Coto, Educational Circuit 14. Through Sanitary Order No. BRU-ARSC-RS-OS-039-2018, issued on May 14, 2018, by authorities of the Área Rectora de Salud de Corredores, with a compliance period of 06 months, Messrs. Luterío Juárez Morales and Rigoberto Espinoza Morales, representing the aforementioned educational center, were made aware of the following: ‘… You must proceed to correct the points detailed… Point one: Repair or install perimeter mesh to prevent the entry of domestic animals… Point two: In the dining room, adapt the entrance and width of the hallways in compliance with Ley 7600… Point three: Have a pest control plan… Point four: Implement a waste management program… Point five: Place at least one fire extinguisher in the kitchen area… Point six: Eliminate pit latrine sanitary service… Point seven: Repair the floor of the dining room area, it must be smooth and non-porous… Point eight: Place a handwashing sink near the toilets and maintain antibacterial soap and towels for proper handwashing… Point nine: Adapt at least one sanitary service in compliance with Ley 7600… Point ten: Maintain written and implemented the cleaning and disinfection plan for the dining room and the water tank for consumption… Point eleven: Confine within your property all wastewater resulting from your activity in the dwelling, with an efficient treatment system approved by this Ministry. (Drainage or other treatment system)… Point twelve: Maintain written or implemented an emergency plan… Point thirteen: Stop using the classroom that is without doors, floor, or windows for teaching since it does not meet the minimum conditions for giving lessons…’. Likewise, the Sanitary Order Follow-Up Guide, dated March 7, 2022, recorded the non-compliance of points one, seven, nine, eleven, and thirteen. According to Technical Inspection Report No. MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, dated May 19, 2025, signed by Eng. Geovanny Jara Méndez, of the Health Regulation Team of the Área Rectora de Salud de Corredores, it indicated: '… BACKGROUND: Sanitary Order with points pending correction since the year 2018… CONCLUSIONS… Upon conducting the verification inspection of the sanitary order that has weighed on the school since the year 2018 and that the order was verified in the year 2022 in which compliance with 9 points was reflected and that currently those points became issues again since they were neglected and reappeared. It should be noted that more deficiencies are observed in the school such as the acquisition of a gas stove, where the LP gas system exists without proper certification, besides it does not have an extractor or grease hood, the food preparation area lacks a ceiling, the school classroom roof is in poor condition since when it rains the water leaks, thus not allowing lessons to be taught as the children get wet. The application of the TECHNICAL RULE is recommended: Technical Rule for High-Impact Closures of Public and Private Establishments and Activities…'. In accordance with the foregoing and in view of inspection record MS-DRRS Brunca-DARS Corredores-AI-2223-2025, as well as Technical Inspection Report No. MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, both dated May 19, 2025, it is evident that Sanitary Order BRU-ARSC-OS-039-2018 dated May 14, 2018, remains unfulfilled, therefore, the Área Rectora de Salud de Corredores will proceed to issue the corresponding administrative acts…”. He requests that the appeal filed be dismissed.

10.- José Leonardo Sánchez Hernández, in his capacity as Minister of Public Education, reports under oath the following: “... First. Through official communication DVM-A-DIE-DDO-UD-0271-2025, signed in the Dept. of Development of Work of the Dirección de Infraestructura Educativa, it is established insofar as it is relevant that: 'In response to what was stated by the Constitutional Chamber, regarding expedient No. 25-006050-0007-CO issued at fifteen hours forty-nine minutes on May twenty-first, two thousand twenty-five, we proceed to forward the following criteria regarding what was stated in that document about the status of the case of the Escuela Jardín Nibiribotda, located in Puntarenas, Golfito, Pavón. In said expedient, the existence of a sanitary order on the facilities of the educational center Escuela Jardín Nibiribotda is recorded, due to the existing infrastructure conditions. As a result of the communication of sanitary order No. BRU-ARSC-RS-OS-039-2018, a visit by a collaborator from the Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) was scheduled for June 8, 2023. It being appropriate that the real needs are identified and an initial approach is made focused on the demolition of the existing buildings and the construction of a new educational center. Once the diagnostic report document DVM-A-DIE-UD-0746-2023 is adjusted, we proceed to continue with the phase of requesting economic content to begin the process of contracting professional services, which was reported in official communication DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025 of April 1, 2025, where a schedule is attached for the attention of the project to be developed at this educational center. In collaboration with the Directorate of the DIE to respond to the document issued on March 7, 2025 by the Constitutional Chamber regarding Amparo Appeal No. 25-06050-007-CO, on April 1, 2025, official communication DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025 was formulated where the status of the project is communicated to the director of the DIE, Eng. Lourdes Saurez Barboza. In that communication, the stages involved in the development of the project are explained and a schedule is shown that places the actions to be taken over time... (...) On May 12 of this year, the Constitutional Chamber requested the director of the Health Area of Corredores a report to indicate the current situation of the educational center, for which purpose they were to conduct an inspection. As a result of this inspection, a record is drawn up, No. MS-DRRS BRUNCA-DARS CORREDORES-AI-2223-2025 dated May 19, 2025, that: official Geovanny Jara Méndez who conducted the inspection visit to this educational center in follow-up to the sanitary order indicates the following deficiencies found in the educational center: [presents a copy of the respective table] From this table described in the record resulting from the Ministry of Health's visit, it is inferred that points 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, and 13 do not correspond to infrastructure-related matters and are the responsibility of the board of education to address. Points 1, 2, 7, and 9 do qualify within the infrastructure works that are the responsibility of the DIE. Although the DIE intends to design and construct a new educational center, this process does not resolve in the short term some of the problems initially detected and the newly detected issues during the visit by the Ministry of Health in May 2025. Faced with this situation, the Dirección de Infraestructura Educativa would be proposing a meeting with the Ministry of Health, in order for them to allow us to implement a Contingency Plan, with which short-term maintenance works would be scheduled that allow the current building to continue functioning until the definitive solution is achieved. We reiterate that the DIE will resolve in their entirety the infrastructure problems of this educational center with the construction project that is being developed, which is in the first stage of financing. Given the foregoing, it is essential to establish that the required actions are being carried out in order to provide a definitive solution to the infrastructure problems raised by the educational community, generating the required coordination with health authorities for the implementation of a contingency plan that allows scheduling short-term maintenance works that permit the continued operation of the current building, as a guarantee of their sphere of Fundamental Rights…”. He requests that the appeal filed be dismissed.

11.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Salazar Murillo; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER. In accordance with article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, if the respondent authority does not render its report in time, the facts alleged by the appellant shall be taken as true, and the amparo or habeas corpus shall be resolved without further procedure, unless this Court deems it necessary to conduct some prior investigation. However, the foregoing does not mean that the Chamber must automatically grant the appeal. In the case at hand, the director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the MEP submitted the report requested in the resolution that granted leave to proceed with this amparo, in a tardy manner. Likewise, the Minister of Education rendered tardily the report requested by resolution at 15:49 hours on May 21, 2025. This being the case, we proceed to examine the merits of the claim raised, based on the allegations of the appellant and the reports rendered under oath by the other respondent Authorities, who did report on the accused situation in a timely manner.

II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant claims that the educational center Jardín Nibiribotdä was built in 1989 and currently has a student population of 30 students, but has the same school infrastructure. In May 2018, a sanitary order was issued against its facilities due to the unsanitary and unsuitable conditions they present. However, at that time it was decided to repair said facilities and not build a new construction. On February 9, 2023, the board of education, with its legal representative, sent a document to the DIE, in order to outline the different situations facing the educational community and request a prompt intervention from that department, for which purpose they brought to its attention that, although by that date a sanitary order had been issued against it, classes were still being held at said center. Subsequently, on February 13, 2023, the director of that school sent a new official communication requesting that the department send an inspector from the DIE to assess the condition of the school infrastructure. On June 8, 2023, Mr. Gustavo Abarca Mora, from the DIE-MEP, arrived at the institution to conduct a preliminary technical review of the infrastructure requirements. Based on the preliminary report prepared by the DIE engineer in November 2023—classified as “RED” due to the condition the educational center was in at that time and because its problem was a priority due to a sanitary order weighing upon it—on February 26, 2024, the school director forwarded the preliminary report to the Indigenous Subsystem Unit, to Mr. Enoc Salina, and asked him to collaborate with the process, because Mrs. Lourdes Suarez had not responded to previous actions. On October 10, 2024, once again, Mr. Director Rigoberto Espinoza Morales sent a new official communication to Enoc Salina, head of the Unit, requesting his intervention, since the problem continued—and it had been impossible to obtain a response or communication from Mrs. Lourdes Suarez, of the DIEE department, regarding the progress of the process to build the educational center—as well as to reiterate that the conditions of the educational center remained present. The appellant claims that, despite the technical reports and the administrative actions taken, the MEP has not defined a probable date for the construction of the new school, keeping the students, teachers, and parents in uncertainty. He accuses that this omission violates the fundamental right to education and to a healthy and safe environment for student learning.

III.- PROVEN FACTS. Considered as duly proven for the decision in this matter are the following facts, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as stipulated in the initial order:

  • a)The educational center Jardín Nibiribotdä of Comte Burica was built in 1989 (undisputed fact).
  • b)Said educational center currently has the same school infrastructure (undisputed fact).
  • c)Likewise, lessons are currently given to 23 students at the Jardín Nibiribotdä (see evidence).
  • d)By sanitary order No. BRU-ARSC-OS-039-2018 of May 14, 2018, it was ordered that, within six months, the following must be complied with: “... Point one: Repair or install perimeter mesh to prevent the entry of domestic animals. Point two: In the dining room, adapt the entrance and width of the hallways in compliance with Ley 7600, which indicates that there must be a free transit space of 90cm. POINT THREE: Have a pest control plan in which a record is kept of the results of the application of the pest control plan, the insecticides used and that are authorized by the competent authority. And the due provisions to prevent the entry of unpermitted domestic animals POINT FOUR: Implement a waste management program in compliance with Ley 8839. Differentiated recycling separation and final destination Point five: Place at least one fire extinguisher in the kitchen area with an average weight of 9 pounds or its equivalent in kilos and at a height of 1.25m from the floor. Point six: Eliminate pit latrine sanitary service. Point seven: Repair the floor of the dining room area, it must be smooth and non-porous.

Point eight: Install a sink near the restrooms and keep antibacterial soap and towels available for proper handwashing. Point nine: Adapt at least one restroom to comply with Law 7600 in its internal dimensions. Point ten: Keep a written and implemented cleaning and disinfection plan for the dining area and the water tank for consumption. Point eleven: Contain within your property all wastewater generated by your activity in the dwelling, using an efficient treatment system approved by this Ministry (drainage or other treatment system). Point twelve: Keep a written and implemented emergency plan. Point thirteen: Stop using the classroom that lacks doors, flooring, and windows for teaching, as it does not meet the minimum conditions for giving lessons. FOR ALL OF THE ABOVE, YOU MAY BE ADVISED BY A TECHNICIAN OR PROFESSIONAL IN THE SUBJECT MATTER... (…) Responsible parties are warned that unjustified non-compliance with what is ordered herein will give grounds for the Health Authority to dictate or assume special measures as deemed appropriate, which may include, if non-compliance is verified, proceeding to the closure of the establishment, eviction, and subsequent filing of the respective complaint before the Courts of Justice for the crime of disobedience, as defined and sanctioned by Article No. 314 of the Penal Code, which punishes with imprisonment anyone who does not comply, or does not enforce, in all its parts, an order issued by a jurisdictional body or by a public official in the exercise of their duties, provided it was personally communicated, except if it concerns their own detention...” (see evidence).

  • e)In the Ministry of Health's Sanitary Orders Follow-up Guide, dated March 7, 2022, non-compliance with points one, seven, nine, eleven, and thirteen of the issued sanitary order was recorded (reports).
  • f)The Jardín Nibiribotdä is part of the DIE's active cases in which the intervention process for the educational center regarding Educational Infrastructure is being assessed, in order to provide a solution to the existing needs (see official communication DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025 of April 1, 2025).
  • g)As part of the actions taken for its attention, a technical visit was made to the Jardín Nibiribotdä and, through official communication DVM-A-DIE-DDO-UD-0746-2023, a preliminary report on the scope of the works to be developed there was made, determining that it required a complete execution of new construction —a master plan design that incorporated the current needs of the educational center in compliance with applicable regulations— (see official communication DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025 of April 1, 2025).
  • h)Currently, the DIE is preparing a request for economic content so that, once the money is deposited into the account of the Junta de Educación in the Caja Única del Estado, the technical authorization for the Junta can be processed so that it can begin the contracting procedure for professional services and obtain the necessary technical inputs, which may include: prior studies, preliminary project, construction plans, work specifications, and budget, among others (see official communication DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025 of April 1, 2025).
  • i)At the request of this Court, official Geovanny Jara Méndez conducted an inspection visit at the Escuela Nibiribotdä in follow-up to the sanitary order, and through the technical inspection report for follow-up of sanitary orders No. MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, indicated in point VI. Inspection Results (findings) the following:

ORDERED CONDITION (Number of what was ordered) CONDITION FOUND DURING THE FOLLOW-UP INSPECTION OF THE SANITARY ORDER | --- | --- | | Point 1 | perimeter mesh, unfulfilled | | Point 2 | Dining area hallway Law 7600, not fulfilled | | Point 3 | Have a pest control plan, they do not have one, not fulfilled | | Point 4 | Implement a waste management program in compliance with Law 8839, the written document is missing, not fulfilled | | Point 5 | Place at least one fire extinguisher in the kitchen area, was fulfilled but now the extinguisher is discharged and the date of the last review was in 2023 | | Point 6 | Eliminate the pit latrine restroom, had been eliminated but as of today one still exists and is in use, not fulfilled | | Point 7 | Repair the floor of the dining area, remains in the same conditions, Not fulfilled | | Point 8 | Install a sink near the restrooms, fulfilled | | Point 9 | Adapt at least one restroom in compliance with Law 7600, Not fulfilled | | Point 10 | Keep a written and implemented (sic) cleaning and disinfection plan for the dining area, Not fulfilled | | Point 11 | Contain within your property all wastewater generated by your activity, FULFILLED | | Point 12 | Keep a written and implemented emergency plan, IMPLEMENTATION IS LACKING (sic). | | Point 13 | Stop using the classroom that lacks doors, flooring, and windows for teaching as it does not meet the minimum conditions for giving lessons, not fulfilled | Likewise, the official observed further shortcomings in the school, such as the acquisition of a gas stove, where the LP gas system lacks proper certification, in addition to not having a grease extractor or hood, that the food preparation area has no ceiling, that a classroom has a roof in poor condition, since when it rains the water leaks, making it impossible to teach lessons as the children get wet. Therefore, he recommends the application of the technical rule for high-impact closure of public and private establishments and activities (reports).

  • j)In this regard, according to the cited Technical Inspection Report No. MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, dated May 19, 2025, signed by Eng. Geovanny Jara Méndez, from the Health Regulation Team of the Área Rectora de Salud de Corredores, the Ministry of Health verified the following: “… ANTECEDENTS: Sanitary Order with pending points to correct since 2018… CONCLUSIONS… Upon conducting the verification inspection of the sanitary order that has weighed on the school since 2018, and the order was verified in 2022, at which time compliance with 9 points was reflected, and currently those points have become issues again as they were neglected and reappeared. (...) The application of the TECHNICAL RULE: Technical Rule for High-Impact Closures of Public and Private Establishments and Activities is recommended…” (see reports and evidence on file).
  • k)The Sanitary Order BRU-ARSC-OS-039-2018 dated May 14, 2018, is unfulfilled, so the Área Rectora de Salud de Corredores will proceed to issue the corresponding administrative acts (report of the acting Minister of Health).

IV.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO EDUCATION OF INDIGENOUS PEOPLES. The Political Constitution enshrines the right of all minors to receive an integrated education, as well as the obligation of the State to provide, guarantee, and promote this educational process (articles 77 and 78 of the Constitution). Regarding Human Rights Law, it is necessary to indicate that the United Nations Convention on the Rights of the Child (approved and ratified by our country through Law No. 7184 of July 18, 1990, which entered into force, pursuant to numeral 2 of that legal instrument, on the day of its publication in La Gaceta No. 149 of August 9, 1990) establishes the right to education in harmony with the human dignity of children, in order to develop the child's personality, aptitudes, and mental and physical capacity to the fullest extent possible, as well as the strengthening of the cultural values that make up the identity of each country and the preparation of the child for peaceful coexistence in society (articles 27, 28, and 29). At the infra-constitutional level, the Código de la Niñez y de la Adolescencia (Law No. 7739) establishes the right of minors to receive an education that takes their individuality into account in order to develop their potential (article 56). Ordinal 60 of that same regulatory body develops a series of principles that must be respected in education, which are: a) equal conditions for access and permanence in the country's educational centers; b) respect for the rights of organization, participation, association, and opinion; c) respect for due process; and d) respect for cultural, ethnic, artistic, and historical creation values and access to the sources of cultures (see Judgment No. 2005-017008). In this regard, in judgment No. 2023009589 of 09:15 a.m. on April 28, 2023, the Chamber declared the following:

“… This Court has indicated in various pronouncements that the Costa Rican State has broadly recognized the rights corresponding to the indigenous groups living in the country, as a means to preserve their customs, traditions, and culture. A fundamental aspect of achieving this goal is the implementation of an educational system that, in addition to the basic curriculum, promotes the learning of native languages and the historical values of indigenous populations. In that sense, article 76 of the Political Constitution establishes the obligation of the Costa Rican State to maintain and cultivate the national indigenous languages, which undoubtedly speaks of an educational specificity involving cultural issues. Coinciding with the cited constitutional mandate, ordinal 26 of International Labour Organization Convention 169 ‘Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,’ approved through Law No. 7311 of November 30, 1992, requires signatory States to adopt the necessary measures to guarantee members of indigenous communities the possibility of receiving education at all levels, comparably with the rest of the national community. Furthermore, article 27.1, eiusdem, stipulates that education programs and services intended for the indigenous population must respond to their particular needs and must cover their history, knowledge and techniques, value systems, and all their other social, economic, and cultural aspirations. Pursuant to that objective, numeral 28.1 of that human rights instrument states that, whenever viable, ‘(...) children of the peoples concerned shall be taught to read and write in their own indigenous language or in the language most commonly spoken in the group to which they belong (...) Provisions shall be adopted to preserve the indigenous languages of the peoples concerned and to promote the development and practice of the same (...)’. In this regard, this Chamber has reaffirmed through its jurisprudence the right of indigenous minors to have local knowledge specific to their culture, worldview, political, social, and economic organization, etc., integrated in educational centers, in addition to the ordinary curriculum that every student must learn and pass. It is therefore concluded that the subjects of Language and Culture must form part of the content of the right to education of the indigenous population, and as such, it is the obligation of the authorities of the Ministerio de Educación Pública to make the necessary efforts so that the indigenous student population has access to such subjects (in this sense, see judgment No. 2022012555 of 9:20 a.m. on June 3, 2022).

In addition to the above, it should be noted that the Inter-American Court of Human Rights referred to the education of indigenous persons in the judgment of the case of the Xákmok Kásek Indigenous Community v. Paraguay of August 24, 2010, in the following terms:

‘211. In accordance with international standards, States have the duty to guarantee accessibility to free basic education and its sustainability. In particular, when it comes to satisfying the right to basic education within indigenous communities, the State must foster that right with an ethno-educational perspective. This implies adopting positive measures so that education is culturally acceptable from a differentiated ethnic perspective (…)

213. From the evidence gathered, the Court observes that although some conditions regarding the provision of education by the State have improved, there are no adequate facilities for the education of the children. The State itself attached a set of photos showing that classes are held under a roof without walls and in the open air. Likewise, the State does not ensure any type of program to prevent school dropout.

214. In sum, this Court stresses that the State assistance provided under Decree No. 1830 of April 17, 2009, has not been sufficient to overcome the conditions of special vulnerability that said Decree verified existed in the Xákmok Kásek Community (…)

217. Consequently, the Court declares that the State has not provided the basic services to protect the right to a dignified life under these special, real, and immediate risk conditions for a specific group of persons, which constitutes a violation of Article 4.1 of the Convention, in relation to Article 1.1 thereof, to the detriment of all members of the Xákmok Kásek Community (…)

301. In accordance with the conclusions set forth in Chapter VII related to Article 4 of the American Convention, the Court orders that while the traditional territory, or alternatively the alternative lands, are handed over to the members of the Community, the State must immediately, periodically, and permanently adopt the following measures: a) supply of sufficient drinking water for consumption and personal hygiene of the Community members; b) medical and psychosocial check-ups and care for all Community members, especially children, girls, and the elderly, accompanied by periodic vaccination and deworming campaigns that respect their uses and customs; c) special medical attention for pregnant women, both before childbirth and during the first months after birth, as well as for the newborn; d) delivery of food in sufficient quantity and quality to ensure adequate nutrition; e) installation of latrines or any type of adequate sanitary service in the Community settlement, and f) provide the school with the materials and human resources necessary to guarantee access to basic education for the boys and girls of the Community, paying special attention to ensuring that the education imparted respects their cultural traditions and guarantees the protection of their own language. For these purposes, the State must conduct the necessary consultations with the Community members’ (the highlighting was added)…”.

V.- ON THE MERITS. The Constitutional Chamber has repeatedly stated that it is the duty of the MEP authorities to provide —to both educators and students— the minimum infrastructure conditions —properties, furniture, teaching materials, etc.— to guarantee the protection of the fundamental right to public education, under the terms established in article 78 of the Political Constitution, which implies the provision of a free public service funded by the Nation (see judgment No. 2021005847 of 09:15 a.m. on March 19, 2021). This is the reason why, in judgment No. 2022018599 of 09:05 a.m. on August 12, 2022, the Chamber ordered the following:

“...After analyzing the evidentiary elements provided, this Court confirms the injury to the fundamental rights of the students of the Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas.

However, from the report rendered by the representatives of the respondent authorities —which is taken under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction— and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas, currently has a total enrollment of 292 students, considering preschool, I and II Cycle for this year 2022. Likewise, 2nd grade has 45 students between boys and girls, and 4th year has 41 students, totaling 86. It is verified that the educational center has 04 bathrooms, 03 in fair condition and 01 with minor damage. In addition, the beams in one classroom for I and II cycle, one for preschool, and the office are damaged by termites. Likewise, the awning used as a dining area is no longer useful; it is in very poor condition. Moreover, it is verified that on June 23, 2022, parents and students held a strike due to a lack of codes and the poor infrastructure of the educational center. On the same day, the regional director appeared, who contacted the director of the DIE at that time, who committed to a virtual meeting on June 29, 2022, which was attended by Carlos Villalobos, deputy director of the DIE, and Héctor Mendoza, assigned Engineer. It is verified that according to official communication No. DVM-A-DIE-DM-F-0627-2022 dated July 7, 2022, issued by the Dirección de Infraestructura Educativa of the MEP, a palliative urgent minor maintenance project is being processed to address several specific conditions in the facilities of the Escuela de San Isidro de Cóbano. A project for the total construction of new facilities for the educational center is currently underway, which at this moment already has completed construction plans and environmental viability. Likewise, the plans are in the approval process before the APC system of the Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.

Note that, although actions aimed at seeking a solution to the problem reported by the students' parents are evident, the truth is that, as of the date this amparo was filed, the works, both palliative and substantive, necessary for the infrastructure and equipment improvements of said educational center are still in the analysis and planning phase. Such is the case that, as the director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública reports under oath, the project for the new educational facilities is planned for when the 2023 budget is available, and depending on financial availability, starting with the first stage consisting of the most essential works. Therefore, the student population of the educational center has had to use the current buildings —in poor condition— to meet the need of maintaining the continuity of the educational process; however, such a decision carries a high risk that certain infrastructure may collapse and affect the physical integrity of the students.

That is to say, even though it is evident that the Ministry of Education has been aware of the infrastructure improvement needs required by the Escuela de San Isidro since before this amparo was filed, the respondent authorities have been permissive with this situation and tardy in providing a solution. Furthermore, it is proven that the Maintenance Department of the Dirección de Infraestructura Educativa has planned the creation of a new building, but an estimated date for the execution of the works is still not provided.” To this may be added what was stated in judgment No. 2021013845 of 09:15 a.m. on June 18, 2021, namely:

“In the sub examine, the petitioners claim that the Ministerio de Educación Pública has not continued with the second stage of the construction project for the Programa Plan Nacional de Educación Especial of the Liceo San Miguel de Desamparados. They add that it is necessary for the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública to designate an engineer to continue with the project. According to the reports rendered under oath —with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction— it is verified that, in effect, on June 19, 2012, an application was submitted to the Comisión Técnica Especializada Ley 8283 of the MEP for the construction of a physical plant for the Special Education III Ciclo and Ciclo Diversificado Vocacional service, to house 125 students at the Liceo San Miguel. The project, according to Arch. Magaly Alvarado of the MOPT, is budgeted at ¢356,400,000 for the entirety of the project. Due to budgetary availability under Law 8283, and to accommodate all educational centers with the III Ciclo and Ciclo Diversificado Vocacional service, resources are allocated in constructive stages. Once the commission authorizes the amount for the first stage, it is transferred to the then DIEE. The case was processed under the regular procedure, transferring it to the Contracts Department on November 20, 2013, with the contractual object: construction of 1 isolated classroom and 4 attached classrooms, 1 computer lab, covered walkway, 1 battery of restrooms, and electromechanical connections, for an amount of ¢104,200,785.67, with the responsible external professional being Eng. Eric López Castellón. With the due authorization of the DIEE, through a competitive direct contracting procedure, the work was executed, and a settlement report was requested via email on October 15, 2015, sent by the coordinator of the Comisión Ley 8283. Subsequently, on October 10, 2016, the Comisión Ley 8283, due to budgetary availability, approved a second amount of ¢100 million in favor of the educational center. The DIE is, in fact, finalizing its adaptation process following the restructuring they mention in the filing of the appeal, and an official managing officer will be formally designated to give continuity to the case in a timely and proper manner by the Department of Programming and Follow-up. On the other hand, it is verified that there is budgetary availability with the Comisión Ley 8283 to formulate the deposit of the pending ¢152,200,000 to complete all the requested works, pending an updated analysis of the existing infrastructure. At this moment, a visit to the educational center is pending so that, together with the director of the educational center and the coordinator of the III Ciclo and Ciclo Diversificado Vocacional of the institution, an analysis can be made of the conditions of the infrastructure currently being used, the updated enrollment, and its needs according to the curriculum, considering an enrollment projection for the next three years. From the foregoing, it clearly follows that it is not the lack of budgetary availability that has limited the continuation of the project, but rather the inactivity on the part of the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública, which openly contradicts the efficiency and effectiveness that must prevail in state actions. Although the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministerio de Educación Pública underwent a restructuring, the administrative authorities of the Ministerio de Educación Pública should have, in the meantime, made the necessary arrangements so that infrastructure projects, such as the one subject to this amparo, were not paralyzed. It is the duty of this Court to ensure the restoration of the rights of the students of the Programa Plan Nacional de Educación Especial of the Liceo San Miguel de Desamparados. Moreover, regarding the Junta Administrativa, it is verified that it has made efforts to achieve the execution of the second pavilion's work but encountered the limitation in the Dirección de Infraestructura of the MEP. By virtue of the foregoing, the appeal is granted in relation to the Dirección de Infraestructura only.” Finally, in ruling No. 2021009707 of 09:15 a.m. on May 14, 2021, the Chamber declared the following:

“From a simple analysis of the foregoing facts, it is concluded that since 2017, the school in question has presented a series of deficiencies in its structures that have led to its declaration of being unfit for use, not to mention a series of sanitary measures and follow-up and compliance reports that have been unsuccessful. The inertia of the MEP is such that practically all the sanitary measures regarding improvements to the physical structure of interest have not been fulfilled, and there is not even a remedial plan by the respondent Ministry to address the problems afflicting the teaching staff and student body of the protected school.

Note that the sanitary problems presented by the physical structure of the protected school are not minor, as it has a declaration of being unfit for use. Not even the filing of this appeal motivated the administration to comply with the sanitary orders in dispute.

Although the Minister of Education made reference to the actions they have taken in the last four years, the truth of the matter is that they are only prepared to begin designing the construction plans for the structural improvements. As the respondent authority indicates, it is complex to resolve a problem like the one afflicting the protected educational center in 6 months; however, the foregoing does not excuse 4 years of inertia, resulting in having, as of today, only the green light to start with the design of the construction plans. And, despite the fact that the Minister of Education informed this Chamber about the actions that would be taken, she did not even order her communication or coordination with the Ministry of Health, which, since 2018, has been pointing out her non-compliance. If not for the action of this Court, there would be no administrative impetus whatsoever to guarantee the right to education and the protection of the integrity and health of the teaching staff and student body of the protected educational center.

In this regard, it must not be forgotten that it is the duty of the Ministry of Education authorities to provide —to both educators and students— the minimum infrastructure conditions —properties, furniture, teaching materials, etc.— to guarantee the protection of the fundamental right to public education, under the terms established in article 78 of the Political Constitution, which implies the provision of a public service —free and funded by the Nation—. By reason of the foregoing, in protection of the fundamental rights of individuals, and in this particular case, of the students and of the teaching and administrative staff of the protected educational center, the appropriate course of action is to grant the appeal, under the terms that will be stated in the operative part.” In the sub judice, it has been demonstrated that, since 2018, the Ministry of Health detected a large number of serious anomalies in the facilities of the educational center Jardín Nibiribotdä, and thus, through sanitary order No. BRU-ARSC-OS-039-2018 of May 14 of that year, ordered the competent Authorities to implement a series of measures to solve the detected problem. In addition to this, although it is true that, as the Minister of Education reports, points 3), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12), and 13) recorded in report No. MS-DRRS BRUNCA-DARS CORREDORES-AI-2223-2025 dated May 19, 2025, do not properly correspond to issues related to the building's infrastructure, in truth, that same fact means that points 1) "Repair or install perimeter mesh to prevent the entry of domestic animals"; 2) "In the dining area, adapt the entrance and the width of the hallways in compliance with Law 7600"; 7) "Repair the floor of the dining areas, which must be smooth and non-porous"; and point 9) "Adapt at least one restroom in compliance with Law 7600," are indeed infrastructure problems that should have been resolved years ago.

As a result of all this, it is reported that the Jardín Nibiribotdä is currently part of the DIE's active cases in which the intervention process for the educational center regarding Educational Infrastructure is being assessed, in order to provide a solution to the existing needs. However, to date, despite nearly six years having elapsed, the respective project has not advanced because the DIE is just preparing a request for economic content so that, once the money is deposited into the account of the Junta de Educación in the Caja Única del Estado, the technical authorization for the Junta can be processed to begin the contracting procedure for professional services and obtain the necessary technical inputs, such as prior studies, preliminary project, construction plans, work specifications, and budget, among others. The foregoing clearly represents a gross delay in addressing the described situation, which for that very reason is harmful to the fundamental rights of the students and teachers attending that house of studies.

Added to this is the fact that, according to the Technical Inspection Report No. MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, dated May 19, 2025, signed by Eng.

Geovanny Jara Méndez, from the Health Regulation Team of the Corredores Governing Health Area, the health order N° BRU-ARSC-OS-039-2018 has been seriously breached, in part because the Ministry of Health has dealt with the case sporadically, without giving it due continuity, so it is incumbent to declare this amparo petition well-founded, on the terms that will be stated.

V.- NOTE FROM JUDGE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the action or inaction of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, whose discussion belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements with greater breadth. However, when from that administrative conduct (omissive or not) a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived, or groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, because this situation constitutes an exception to my position in this matter, as occurs in this case, in which the petitioner claims that the Jardín Nibiribotdä educational center was built in 1989 and currently has a student population of 30 students, but has the same school infrastructure. In May 2018, a health order was issued against its facilities for the unsanitary and unsuitable conditions they have. Nevertheless, at that time it was decided to repair said facilities and not to erect a new building. The petitioner claims that, despite the technical reports and the administrative management carried out, the MEP has not defined a probable date for the construction of the new school, keeping the students, teachers, and parents in uncertainty.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The petition is declared well-founded. José Leonardo Sánchez Hernández, in his capacity as Minister of Public Education, and Lourdes Sáurez Barboza, in her capacity as director of the Educational Infrastructure Directorate of the Ministry of Public Education, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to adopt, within the exercise of their powers, all necessary measures so that the required infrastructure works at the Jardín Nibiribotdä educational center are executed, within a period of EIGHTEEN MONTHS counted from the notification of this judgment. Likewise, Engineer Allan Roberto Mora Vargas, in his capacity as acting Minister of Health, or whoever holds that position, is ordered to adopt the necessary measures, in accordance with his powers, to regularly ensure that the facilities of said school comply with health regulations. The respondent Authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo petition, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment in contentious-administrative proceedings. Judge Salazar Alvarado files a note. Notify.

Fernando Cruz C.

Acting Presiding Judge Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F.

Digitally Signed Document -- Verification Code -- CASE FILE N° 25-006050-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:19:44.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales,Pueblos Indígenas Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: EDUCACIÓN Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

Tema: MINORÍAS Subtemas:

INDIGENAS.

017913-25. EDUCACIÓN. MINORÍAS. SE ORDENA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUE, EN EL PLAZO DE DIECIOCHO MESES, SE EJECUTEN, TODAS LAS PREVISIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA QUE SE EJECUTEN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS EN EL CENTRO EDUCATIVO JARDÍN NIBIRIBOTDÄ. VCG06/2025 “(…) V.- SOBRE EL FONDO. La Sala Constitucional ha dicho, reiteradamente, que es deber de las autoridades del MEP brindar —tanto a educadores, como a educandos— las condiciones mínimas de infraestructura —inmuebles, mobiliario, material didáctico, etc.— para garantizar la tutela del derecho fundamental a la educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la Constitución Política, que implica la prestación de un servicio público gratuito y costeado por la Nación (véase la sentencia Nº 2021005847 de las 09:15 horas del 19 de marzo de 2021). Esta es la razón por la que, en la sentencia N° 2022018599 de las 09:05 horas del 12 de agosto de 2022, la Sala dispuso lo siguiente:

“...Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de los estudiantes de la Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas.

Ahora bien, del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado, que la Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas, actualmente tiene una matrícula de 292 alumnos en su totalidad, tomando en cuenta la educación prescolar, I y II Siglo para este año 2022. Asimismo, 2do. grado cuenta con 45 estudiantes entre hombres y mujeres, y 4to. año con 41 estudiantes en su totalidad 86. Se Verifica que el centro educativo tiene 04 baños, 03 en estado regular y 01 con un pequeño daño. Aunado a ello, las vigas en un aula de I y II ciclo, una de materno y la oficina están dañadas por el comején. Asimismo, el toldo que se utiliza de comedor ya no sirve, está en muy mal estado. Por otra parte, se constata que el 23 de junio de 2022, los padres y estudiantes realizaron una huelga por faltante de códigos y la mala infraestructura del centro educativo. Ese mismo día se apersonaron el director regional, quien contactó a la directora del DIE en ese momento, quien se comprometió a una reunión virtual para el 29 de junio de 2022, la cual fue atendida por Carlos Villalobos subdirector del DIE y Héctor Mendoza, Ingeniero asignado. Se verifica que según oficio N° DVM-A-DIE-DM-F-0627-2022 de fecha 07 de julio de 2022, emitido por la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, se está tramitando un proyecto de mantenimiento menor paliativo urgente, para subsanar varias afectaciones puntuales de las instalaciones de la Escuela de San Isidro de Cóbano. Actualmente, está en proceso un proyecto de construcción total de nuevas instalaciones para el centro educativo, el cual en este momento ya cuenta con los planos constructivos finalizados y viabilidad ambiental. Asimismo, los planos se encuentran en trámite de aprobación ante el sistema APC del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.

Nótese, que si bien, se denotan acciones tendentes a buscar una solución a la problemática denunciada por los padres de familia de los estudiandos, lo cierto es, que a la fecha de interposición de este amparo, las obras tanto paliativas como, de fondo necesarias para las mejoras en infraestructura y equipamiento de dicho centro de enseñanza, aún se encuentran en fase de análisis y planeamiento. Tal es así que, según informa bajo juramento el director de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, el proyecto de las nuevas instalaciones educativas está planteado para hasta que se cuente con el presupuesto del 2023, y dependiendo de la disponibilidad financiera, iniciando con la primera etapa consistente en las obras más esenciales, por lo que la población estudiantil del centro educativo ha debido utilizar las actuales edificaciones -en mal estado-, para suplir la necesidad de mantener la continuidad al proceso educativo; sin embargo, dicha decisión conlleva un alto riego de que cierta infraestructura colapse y pueda afectar la integridad física de los estudiantes.

Es decir, aun cuando resulta evidente que el Ministerio de Educación ha tenido conocimiento de las necesidades en cuanto a las mejoras de infraestructura que requiere la Escuela de San Isidro desde antes de la interposición de este amparo, las autoridades recurridas han sido permisivas con esta situación y tardías en darle una solución. Además, logra acreditarse que el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa tiene proyectado la creación de un nuevo edificio, pero todavía no se brinda una fecha estimada para la ejecución de las obras”.

A ello puede añadirse lo dicho en la sentencia Nº 2021013845 de las 09:15 horas del 18 de junio de 2021, a saber:

“En el sub examine, los accionantes reclaman que el Ministerio de Educación Pública no ha continuado con la segunda etapa del proyecto de construcción del Programa Plan Nacional de Educación Especial del Liceo San Miguel de Desamparados. Es necesario, agregan que la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, designe a un ingeniero para continuar con el proyecto. De conformidad con los informes rendidos bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción—, se comprueba que, en efecto, el 19 de junio de 2012, se entrega a la Comisión Técnica Especializada Ley 8283 del MEP solicitud para construcción de planta física para el servicio de Educación Especial III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, para albergar a 125 estudiantes en el Liceo San Miguel. El proyecto según la Arq. Magaly Alvarado del MOPT, presupuesta en ¢356.400.000 por la totalidad del proyecto. Por disponibilidad presupuestaria la Ley 8283 y por albergar a todos los centros educativos con el servicio de III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, asigna los recursos por etapas constructivas. Una vez que se autoriza por parte de la comisión el monto para la primera etapa, se traslada al entonces DIEE. El caso se tramita con el procedimiento regular trasladándose al Departamento de Contrataciones el 20 de noviembre de 2013, con el objeto contractual: construcción de 1 aula aislada y 4 aulas adosadas, 1 laboratorio de cómputo, paso a cubierto, 1 batería de servicios sanitarios y acometidas electromecánicas, por un monto de ¢ 104.200.785, 67, cuyo profesional responsable externo Ing. Eric López Castellón. Con la debida autorización de la DIEE, mediante al procedimiento de contratación directa concursada la obra se ejecuta y se solicita mediante correo electrónico el 15 de octubre de 2015, enviado por la coordinadora de la Comisión Ley 8283, informe de liquidación. Posteriormente, el 10 de octubre de 2016, la Comisión Ley 8283 por disponibilidad presupuestaria, aprueba un segundo monto por ¢ 100 millones a favor del centro educativo. La DIE, en efecto se encuentra finalizando su proceso de adaptación luego de la restructuración que acotan en la presentación del recurso, y se designará a un funcionario gestor de manera oficial, para darle continuidad al caso en tiempo y forma, por parte del Departamento de Programación y Seguimiento. De otra parte, se comprueba que hay disponibilidad presupuestaria con la Comisión Ley 8283 para formular el depósito de los ¢152.200.000 pendientes para completar la totalidad las obras solicitadas, previo análisis actualizado de la infraestructura existente. En este momento está pendiente una visita al centro educativo, para que en conjunto con el director del centro educativo y la coordinadora del III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional de la institución se realice un análisis de las condiciones de la infraestructura que se está utilizando en este momento, la matricula actualizada y las necesidades de ésta según la malla curricular, tomando en cuenta una proyección de matrícula en los próximos tres años. De lo expuesto se desprende con claridad que no es la falta de disponibilidad presupuestaria lo que ha limitado la continuación del proyecto, sino la inactividad por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, lo cual contradice abiertamente eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal. Si bien la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública sufrió una restructuración, las autoridades administrativas del Ministerio de Educación Pública debieron, mientras tanto, disponer lo necesario para que los proyectos de infraestructura como el que es objeto de este amparo no se paralizaran. Es deber de este Tribunal velar por el restablecimiento de los derechos de los estudiantes del Programa Plan Nacional de Educación Especial del Liceo San Miguel de Desamparados. Por otra parte, en cuanto a la Junta Administrativa, se comprueba que ha realizado gestiones tendientes a lograr que se ejecute la obra del segundo pabellón, pero encontró la limitante en la Dirección de Infraestructura del MEP. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso en relación con la Dirección de Infraestructura se refiere únicamente”.

Por último, en el fallo N° 2021009707 de las 09:15 horas del 14 de mayo de 2021, la Sala declaró lo siguiente:

“Del simple análisis de los anteriores hechos, se concluye, que desde el año 2017, la escuela recurrida presenta una serie de deficiencias en sus estructuras que han originado su declaratoria de inhabilitada, sin dejar de lado, una serie de medidas sanitarias, y de informes de seguimiento, y cumplimiento que han sido infructuosas. La inercia del MEP es tal, que prácticamente todas las medidas sanitarias, respecto a las mejoras en la estructura física de interés, no han sido cumplidas, y, ni siquiera existe un plan remedial por parte del Ministerio recurrido, para afrontar la problemática que aquejan el cuerpo docente y estudiantil de la escuela tutelada.

Nótese, que los problemas sanitarios que presenta la estructura física de la escuela amparada, no es cosa menor, ya que cuenta con declaratoria de inhabilitada. Ni siquiera la interposición de este recurso, motivó a la administración, a cumplir con las órdenes sanitarias en disputa.

Si bien, la Ministra de Educación, hizo una referencia de las acciones que han tomado en los últimos cuatro años, lo cierto del caso, es, que únicamente se encuentran preparados, para iniciar con el diseño de los planos de construcción para las mejoras estructurales. Tal y como lo indica la autoridad recurrida, es complejo resolver en 6 meses una problemática como la aqueja el centro educativo amparado, sin embargo, lo anterior no excusa una inercia de 4 años, para contar al día de hoy, únicamente con el visto bueno para iniciar con el diseño de los planos de construcción. Y, pese a que, la Ministra de Educación informó a esta Sala, sobre las acciones que se estarían tomando, ni siquiera dispuso su comunicación, o, coordinación con el Ministerio de Salud, quien, desde el año 2018, le viene señalando su incumplimiento. Si no es por la acción de este Tribunal, no existiría impulso administrativo alguno para garantizar el derecho a la educación, y la protección de la integridad, y salud, del cuerpo docente y estudiantil del centro educativo amparado.

Al respecto, no debe olvidarse, que es deber de las autoridades del Ministerio de Educación brindar -tanto a educadores, como a educandos- las condiciones mínimas de infraestructura -inmuebles, mobiliario, material didáctico, etc.- para garantizar la tutela del derecho fundamental a la educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la Constitución Política, que implica la prestación de un servicio público -gratuito y costeado la Nación-. En razón de lo expuesto, en protección de los derechos fundamentales de las personas y en este caso en particular, de las y los estudiantes, y del personal docente y administrativo del centro educativo amparado, lo que procede es declarar con lugar el recurso, en los términos que se dirán en la parte dispositiva”.

En el sub judice, se tiene por demostrado que, desde el año 2018, el Ministerio de Salud detectó una gran cantidad de anomalías serias en las instalaciones del centro educativo Jardín Nibiribotdä, así que, por medio de la orden sanitaria N° BRU-ARSC-OS-039-2018 del 14 de mayo de ese año, le ordenó a las Autoridades competentes implantar una serie de medidas para solucionar la problemática detectada. Aunado a ello, aunque es cierto que, según informa el ministro de Educación, los puntos 3), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12) y 13) consignados en el acta N° MS-DRRS BRUNCA-DARS CORREDORES-AI-2223-2025 de fecha 19 de mayo de 2025, no se corresponden propiamente con temas relacionados a la infraestructura del edificio, a decir verdad, eso mismo significa que los puntos 1) "Reparar o colocar malla perimetral para así evitar el ingreso de animales domésticos"; 2) "En el comedor, adecuar el ingreso y el ancho de los pasillos en cumplimiento a la Ley 7600"; 7) "Reparar piso de áreas de comedor, el mismo debe de ser liso y no poroso" y punto 9) "Adecuar al menos un servicio sanitario en cumplimiento a la Ley 7600", sí son problemas de infraestructura que debieron ser solucionados años atrás.

A raíz de todo esto, se informa que el Jardín Nibiribotdä actualmente forma parte de los casos activos de la DIE en que se valora el proceso de intervención del centro educativo en materia de Infraestructura Educativa, con el fin dar una solución a las necesidades existentes. Sin embargo, a la fecha, a pesar de que han transcurrido cerca de seis años, el respectivo proyecto no ha avanzado porque la DIE apenas se encuentra preparando una solicitud de contenido económico para que, una vez que el dinero sea depositado en la cuenta de la Junta de Educación, en la Caja Única del Estado, se tramite la autorización técnica a la Junta para empezar el procedimiento de contratación para servicios profesionales y obtener los insumos técnicos necesarios, como los estudios previos, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones de obra y presupuesto, entre otras. Lo anterior, claramente, representa una demora grosera en atender la situación descrita, que por eso mismo resulta lesiva de los derechos fundamentales de los alumnos y profesores que asisten a esa casa de estudios.

A ello se le suma que, según Informe Técnico de Inspección N° MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, de fecha 19 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Geovanny Jara Méndez, del Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Corredores, la orden sanitaria N° BRU-ARSC-OS-039-2018 ha sido gravemente incumplida, en parte, porque el Ministerio de Salud se ha ocupado esporádicamente del caso, sin darle la debida continuidad, así que se impone declarar con lugar este recurso de amparo, en los términos que se dirá. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 045- Omisión del envío del informe Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL “(…) I.- DE PREVIO. De conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si la autoridad recurrida no rinde su informe en tiempo, se tendrán por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente y se entrará a resolver el amparo o hábeas corpus sin más trámite, salvo que este Tribunal estime necesario efectuar alguna averiguación previa. Sin embargo, lo anterior no significa que la Sala deba acoger, automáticamente, el recurso. En el sub lite, la directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP presentó el informe que se le solicitó en la resolución que el dio curso a este amparo, de forma tardía. Igualmente, el ministro de Educación rindió tardíamente el informe que se le solicitó por resolución de las 15:49 horas del 21 de mayo de 2025. Así las cosas, se entra a conocer sobre el fondo del reclamo planteado, con fundamento en los alegatos de la parte recurrente y los informes rendidos bajo gravedad de juramento por las otras Autoridades recurridas, que sí informaron oportunamente sobre la situación acusada. (…)” VCG06/2025 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 077-Organización de la educación pública Subtemas:

NO APLICA.

Tema: 078- Educación gratuita y obligatoria Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. La Constitución Política consagra el derecho que tienen todos los menores de edad de recibir una educación integrada, así como la obligación del Estado de proveer, garantizar y fomentar ese proceso educativo (artículos 77 y 78 Constitucionales). En lo que atañe al Derecho de los Derechos Humanos, es preciso indicar que la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley N° 7184 del dieciocho de julio de mil novecientos noventa, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta N° 149 del nueve de agosto de mil novecientos noventa) establece el derecho a la educación en armonía con la dignidad humana de los niños, con el fin de desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, así como el fortalecimiento de los valores culturales que conforman la identidad de cada país y la preparación del niño para convivir pacíficamente en la sociedad (artículos 27, 28 y 29). En el plano infra constitucional, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley N° 7739), establece el derecho que tienen los menores de edad de recibir una educación que tome en cuenta su individualidad con el fin desarrollar sus potencialidades (artículo 56). El ordinal 60, de ese mismo cuerpo normativo desarrolla una serie de principios que deben respetarse en materia de educación como lo son: a) igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros educativos del país; b) respeto de los derechos de organización, participación, asociación y opinión; c) respeto al debido proceso y d) respeto a los valores culturales, étnicos, artísticos e históricos de creación y el acceso a las fuentes de las culturas (ver Sentencia N° 2005-017008). En este sentido, en la sentencia Nº 2023009589 de las 09:15 horas del 28 de abril de 2023, la Sala declaró lo siguiente:

“… Este Tribunal ha indicado en diversos pronunciamientos que el Estado costarricense ha reconocido, en forma amplia, los derechos que corresponden a los grupos indígenas que habitan en el país, como medio para preservar sus costumbres, tradiciones y cultura. Un aspecto fundamental para lograr ese fin es la implementación de un sistema educativo que, además del plan de estudios básicos, promueva el aprendizaje de las lenguas autóctonas y los valores históricos de las poblaciones indígenas. En ese sentido, el artículo 76 de la Constitución Política establece la obligación del Estado costarricense de mantener y cultivar las lenguas indígenas nacionales, lo que sin duda habla de una especificidad educativa que involucra el tema cultural. De manera coincidente con el citado mandato constitucional, el ordinal 26 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ‘Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes’, aprobado mediante la Ley nro. 7311 de 30 de noviembre de 1992 obliga a los Estados firmantes a adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a los miembros de las comunidades indígenas, la posibilidad de recibir una educación en todos los niveles, de manera equiparable con el resto de la comunidad nacional. Además, el artículo 27.1, eiusdem estipula que los programas y servicios de educación destinados a la población indígena deben responder a sus necesidades particulares y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Conforme a tal objetivo, el numeral 28.1, de ese instrumento de derechos humanos, señala que siempre que sea viable ‘(…) deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan (…) Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas (…)’. Al respecto, esta Sala ha reafirmado a través de su jurisprudencia el derecho de las personas menores de edad indígenas a que en los centros educativos se produzca la integración de conocimientos locales propios de su cultura, cosmovisión, organización política, social, económica, etc., además del plan de estudios ordinario que todo estudiante debe conocer y aprobar. Por lo que se concluye que las materias de Lengua y Cultura deben formar parte del contenido del derecho a la educación de la población indígena y, como tal, es obligación de las autoridades del Ministerio de Educación Pública llevar a cabo los esfuerzos necesarios para que la población indígena estudiantil tenga acceso a tales asignaturas (en este sentido véase la sentencia nro. 2022012555 de las 9:20 horas del 3 de junio de 2022).

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió a la educación de las personas indígenas en la sentencia del caso Comunidad indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay del 24 de agosto de 2010 en los siguientes términos:

‘211. Conforme a los estándares internacionales, los Estados tienen el deber de garantizar la accesibilidad a educación básica gratuita y la sostenibilidad de la misma. En particular, cuando se trata de satisfacer el derecho a la educación básica en el seno de comunidades indígenas, el Estado debe propiciar dicho derecho con una perspectiva etno-educativa. Lo anterior implica adoptar medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable desde una perspectiva étnica diferenciada (…)

213. De la prueba recaudada, la Corte observa que si bien algunas condiciones en cuanto a la prestación de la educación por parte del Estado han mejorado, no existen instalaciones adecuadas para la educación de los niños. El propio Estado anexó un conjunto de fotos donde se observa que las clases se desarrollan bajo un techo sin paredes y al aire libre. Igualmente no se asegura por parte del Estado ningún tipo de programa para evitar la deserción escolar.

214. En suma, este Tribunal destaca que la asistencia estatal brindada a raíz del Decreto No. 1830 de 17 de abril de 2009 no ha sido suficiente para superar las condiciones de especial vulnerabilidad que dicho Decreto comprobó existían en la Comunidad Xákmok Kásek (…)

217. En consecuencia, la Corte declara que el Estado no ha brindado las prestaciones básicas para proteger el derecho a una vida digna en estas condiciones de riesgo especial, real e inmediato para un grupo determinado de personas, lo que constituye una violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de todos los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek (…)

301. De conformidad con las conclusiones expuestas en el Capítulo VII relativo al artículo 4 de la Convención Americana, la Corte dispone que mientras se entrega el territorio tradicional, o en su caso las tierras alternativas, a los miembros de la Comunidad, el Estado deberá adoptar de manera inmediata, periódica y permanente, las siguientes medidas: a) suministro de agua potable suficiente para el consumo y aseo personal de los miembros de la Comunidad; b) revisión y atención médica y psicosocial de todos los miembros de la Comunidad, especialmente los niños, niñas y ancianos, acompañada de la realización periódica de campañas de vacunación y desparasitación que respeten sus usos y costumbres; c) atención médica especial a las mujeres que se encuentren embarazadas, tanto antes del parto como durante los primeros meses después de éste, así como al recién nacido; d) entrega de alimentos en calidad y cantidad suficientes para asegurar una alimentación adecuada; e) instalación de letrinas o cualquier tipo de servicio sanitario adecuado en el asentamiento de la Comunidad, y f) dotar a la escuela de los materiales y recursos humanos necesarios para garantizar el acceso a la educación básica para los niños y niñas de la Comunidad, prestando especial atención a que la educación impartida respete sus tradiciones culturales y garantice la protección de su lengua propia. Para tales efectos, el Estado deberá realizar las consultas que sean necesarias a los miembros de la Comunidad’ (el resaltado fue incorporado)…”. (…)” VCG06/2025 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: EDUCACIÓN Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el centro educativo Jardín Nibiribotdä fue construido en 1989 y actualmente tiene una población estudiantil de 30 estudiantes, pero cuenta con la misma infraestructura escolar. En mayo de 2018, se dictó una orden sanitaria contra sus instalaciones por las condiciones insalubres y no aptas que tienen. No obstante, en ese momento se optó por reparar dichas instalaciones y no edificar una construcción nueva. Reclama la parte recurrente que, a pesar de los informes técnicos y de la gestión administrativa realizada, el MEP no ha definido una fecha probable para la construcción de la nueva escuela, manteniendo en incertidumbre a los estudiantes, docentes y padres de familia.

VCG06/2025 ... Ver más  Res. Nº 2025017913 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de junio de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-006050-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED03, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP) y el MINISTERIO DE SALUD.-

Resultando:

1.- Por escrito recibido a las 23:12 horas del 2 de marzo de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que es vecino de Progreso de Comte Burica y miembro del Consejo Local de Educación Indígena de Comte Burica. Explica que el centro educativo Jardín Nibiribotdä fue construido en 1989, con esfuerzo de la comunidad, y aunque actualmente tiene una población estudiantil de 30 estudiantes, cuenta con la misma infraestructura escolar. De esta suerte, en mayo de 2018 se dictó una orden sanitaria contra sus instalaciones por las condiciones insalubres y no aptas que tienen para que los niños reciban allí sus clases por diferentes motivos. Una de ellas, era la deficiencia de las condiciones estructurales y de higiene del citado centro educativo. No obstante, en ese momento se optó por reparar dichas instalaciones y no edificar una construcción nueva. El 09 de febrero de 2023, la junta de educación, con su representante legal, remitió un documento, a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), a fin de exponerle las diferentes situaciones que enfrenta la comunidad educativa y solicitar una pronta intervención de ese departamento, para lo cual le hizo ver que, aunque para esa fecha existía una orden sanitaria dictada en su contra, todavía se impartían las clases en dicho centro. Seguidamente, el 13 de febrero de 2023, el director de esa escuela remitió un nuevo oficio para solicitar que ese departamento enviara un inspector del DIE para valorar el estado de la infraestructura escolar. El 08 de junio de 2023, llegó a la institución el señor Gustavo Abarca Mora, de la DIE-MEP, para hacer una revisión técnica preliminar de los requerimientos de infraestructura. Afirma que, con base en el informe preliminar elaborado por el ingeniero de la DIE en noviembre de 2023 —enmarcado en categoría de “ROJO” por el estado que se encontraba en ese momento el centro educativo y por ser su problemática prioritaria por pesar sobre él una orden sanitaria—, el 26 de febrero de 2024, el director de la escuela remitió el informe preliminar a la Unidad de Subsistema Indígena, al señor Enoc Salina, y le pidió que colaborara con el proceso, debido a que la señora Lourdes Saurez no había dado respuesta a unas gestiones anteriores. El 10 de octubre de 2024, nuevamente, el señor director Rigoberto Espinoza Morales remitió un nuevo oficio a Enoc Salina, jefe de la Unidad, solicitando su intervención, toda vez que el problema continuaba —y había sido imposible obtener una respuesta o comunicación de la señora Lourdes Saurez, del departamento de la DIEE sobre el avance del proceso para construir el centro educativo—, así como para reiterarle que las condiciones del centro educativo seguían presentes. Reclama la parte recurrente que, a pesar de los informes técnicos y de la gestión administrativa realizada, el MEP no ha definido una fecha probable para la construcción de la nueva escuela, manteniendo en incertidumbre a los estudiantes, docentes y padres de familia. Acusa que esa omisión vulnera el derecho fundamental a la educación y a un ambiente sano y seguro para el aprendizaje de los alumnos. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley, a fin de que se le ordene al MEP iniciar de inmediato el proceso de construcción de la nueva infraestructura escolar, fijando un cronograma claro y garantizando su cumplimiento; adoptar medidas cautelares para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes mientras se concreta la construcción; dictar cualquier otra medida que estime necesaria para garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas y despedir a la señora Lourdes Suarez, jefa del DIE, por su incompetente y falta de compromiso.

2.- Por constancia del 25 de marzo de 2025, Mariane Castro Villalobos, secretaria de esta Sala, y Wilberth Venegas Martínez, Técnico Judicial, hacen constar lo siguiente: “...revisado, a las dieciséis horas treinta y siete minutos del veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del SIETE AL VEINTICUATRO DE MARZO DE 2025, el director de Infraestructura y Equipamiento Educativo -DIEE- haya(n) presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las catorce horas cincuenta y seis minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, en el expediente número 25-006050-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por Nombre01”.

3.- Rigoberto Espinoza Morales, en su calidad de director del centro educativo Jardín Nibiribotdä, no presenta propiamente un informe, pero adjunta el oficio ESC-NIBI-012-2025 del 10 de marzo de 2025, dirigido a las Dirección de Asuntos Jurídicos, y otros documentos relacionados con el tema en discusión. En el citado oficio, claramente indica actuar en respuesta a la información solicitada en el expediente N° 25-006050-0007-CO de este amparo, y manifiesta lo siguiente: “... Somos pertenecientes al territorio de Conte Burica, Comunidad de las Vegas, desde hace treinta y seis años fue aprobado el código para el centro educativo Jardín Nibiribotdä, con esfuerzo de los vecinos de la comunidad se construyó la infraestructura que hoy día es la que existe, con el pasar de los años y con toda normalidad la infraestructura se ha ido deteriorando, en el dos mil dieciocho empecé a laborar en esta institución, en este año tuvimos una visita del Ministerio de salud, en la cual nos dieron una orden sanitaria, con informe Técnico N°BRU-ARSC-RS-IT-113-2018, donde corroboran el incumplimiento de medidas de seguridad, físicas y sanitarias y se da un plazo para corregir los puntos detallados, dentro de los cuales se implemento (sic) el plan de emergencias, los otros puntos nos a sido imposible ya que no contamos con los recursos e insumos para solucionar el problema. El 20 de febrero del año 2019 se envió un oficio comunicando las necesidades del centro educativo y la solicitud de mobiliario para el centro educativo, después de eso se vino la Pandemia y todo se paralizo, en su momento se pensó en remodelar con los recursos que percibía la escuela en el presupuesto, pero después de eso se incrementó la crisis económica en el país y recursos que percibía la escuela fueron recortados. En el año dos mil veintitrés se retomo (sic) el tema nuevamente, sobre la necesidad imperante que existe de una infraestructura que sea acta para que los estudiantes, docentes y padres de familia utilicen, pero ha sido casi imposible una respuesta positiva con respecto al tema. El 09 de febrero del 2023, en una visita que hizo la señora Lourdes Suarez, funcionaria del DIE, a la zona, los miembros de la junta se presentaron y le entregaron un oficio con la petitoria y anexos de la orden sanitaria y fotos de la institución, mismos documentos firmados por la señora donde se comprometía a enviar a un ingeniero a realizar la visita al centro educativo, ella en su momento lo comunico (sic) en forma verbal se comprometió a enviar al Ingeniero antes que terminara el mes de febrero de ese año, en un oficio enviado el 13 de febrero de ese mes se le recordaba los compromisos que ella había asumido, no fue así, luego de una larga espera el 08 de junio llego el Ingeniero a realizar la visita y el Informe preliminar de alcance de obra, después de muchos mensajes de textos y de WhatsApp que se le envió. El 16 de noviembre del 2023, sale el informe preliminar por parte del Ingeniero, donde se detalla la información recabada y que la institución tiene una orden sanitaria categoría roja. Nuevamente el 26 de febrero del 2024, se envió a Enoc Salinas Gonzales jefe técnico unidad Coordinación Subsistema de Educación Indígena, nos indica que la información será trasladada al departamento correspondiente. El 10 de octubre del 2024, se emite un correo a la señora Lourdes Suarez Barboza, directora del Departamento de Infraestructura Educativa, realizando la consulta de que procede con el tema de la solicitud de la infraestructura educativa, no hay respuestas o al menos no he visto respuestas, también se le envió un oficio al señor Enoc Salinas Gonzales, Jefe técnico unidad Coordinación Subsistema de Educación Indígena, con la misma fecha, este nos responde que iba a trasladar la información al departamento correspondiente Para este año 2025, con fecha 19 de febrero 2025, se envía nuevamente un correo a la señora, Lourdes Suarez Barboza, directora del Departamento de Infraestructura Educativa, solicitando información sobre la solicitud de infraestructura, a la fecha no nos ha respondido. También se le envió al señor Enoc Salinas Gonzales, jefe técnico unidad Coordinación Subsistema de Educación Indígena, él nos respondió que daría trámite al departamento correspondiente. Nos tenemos que ver en la penosa necesidad de actuar de esta manera, sabiendo que el interés superior son los niños y que estos deben prescindir de igualdad de condiciones, derechos y oportunidades, solicitamos respuestas positivas en pro de la construcción de la infraestructura del centro educativo Jardín Nibiribotdä, que reúna todas las condiciones para que los estudiantes de este centro educativo se preparen. Hemos esperado muchos años, ya es tiempo de que se haga algo bueno por un pueblo que a (sic) estado en el olvido, un pueblo donde hay personas deseosas de superar y sacar adelante sus estudios. niños que caminan entre montañas, cruzando ríos, caminos de trillos. para el tiempo de invierno entre el barro para llegar al centro educativo. Es injusto que tengamos que capeamos las gotas de agua para no mojamos dentro de las instalaciones, servicios sanitarios que no cumplen con la ley, un comedor escolar que se esta (sic) cayendo, aulas cercadas con lo que se haya y otras ni paredes tienen, En la actualidad manejamos una matricula (sic) de 23 estudiantes, llenos de ilusión, agradezco me le den tramite con respuestas positivas a nuestra solicitud…”.

4.- Informa tardíamente bajo gravedad de juramento Lourdes Sáurez Barboza, en su calidad de directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, lo siguiente: “... en atención a la resolución de las catorce horas cincuenta y seis minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dentro del recurso de amparo N°25-006050-0007-CO; interpuesto por Nombre01, se brinda informe mediante oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025, de fecha 01 de abril de los corrientes, suscrito por el Arq. Gustavo Abarca Mora y el Arq. Geovanny Rodríguez Santamaría, funcionarios del Departamento de Desarrollo de Obra de la DIE, el cual contempla información actualizada del caso de interés…”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

5.- Por resolución de las 14:49 horas del 12 de mayo de 2025, como prueba para mejor proveer, se le solicitó informe al director del Área Rectora de Salud de Corredores del Ministerio de Salud, a fin de que indicara cuál es la situación ACTUAL del centro educativo Jardín Nibiribotdä —para lo cual debía efectuar una inspección del centro educativo de interés—.

6.- Informa bajo gravedad de juramento Jaime Cárdenas Sánchez, en su calidad de director del Área Rectora de Salud de Corredores, lo siguiente: “... Debido a lo anterior, en acatamiento de lo solicitado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante el auto de traslado de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del doce de mayo de dos mil veinticinco, con respecto a la solicitud de prueba para mejor resolver, según consta en el acta de inspección MS-DRRS Brunca-DARS Corredores-AI-2223-2025, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veinticinco el funcionario Geovanny Jara Méndez realizó visita de inspección en la Escuela Nibiribotda en seguimiento de la orden sanitaria, en donde es atendido por Nombre02, cédula de identidad número CED01, además de la testigo Nombre03, cédula de identidad número CED02 y mediante el informe técnico de inspección seguimiento de órdenes sanitarias N° MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025 indicó en el punto VI. Resultados de la inspección (hallazgos) lo siguiente:

CONDICIÓN ORDENADA (Número de lo ordenado) CONDICIÓN ENCONTRADA EN LA INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ORDEN SANITARIA Punto 1 malla perimetral, incumplido Punto 2 Comedor pasillo 7600, no cumplido Punto 3 Contar con un plan de control de plagas, no lo tienen, no cumplido Punto 4 Implementar un programa de manejo de residuos en cumplimiento a la Ley 8839, falta el escrito, no cumplido Punto 5 Colocar al menos un extintor en el área de cocina, estaba cumplido pero ahora el extintor está descargado y la fecha de la última revisión fue en el año 2023 Punto 6 Eliminar servicio sanitario de letrina, se había eliminado pero al día de hoy todavía existe uno y está en uso, no cumplido Punto 7 Reparar piso del área de comedor, sigue en las mismas condiciones, No cumplido Punto 8 Colocar un lavamanos cerca de los sanitarios cumplido Punto 9 Adecuar al menos un servicio sanitario en cumplimiento a la Ley 7600, No cumplido Punto 10 Mantener escrito e implementado (sic) el plan de limpieza y desinfección del comedor, No cumplido Punto 11 Confinar dentro de su propiedad todas las aguas servidas producto de su activdad, CUMPLIDO Punto 12

Mantener escrito e implementado un plan de emergencias, FALTA LA IMPLEMENTACIÓN (sic).

Punto 13 dejar de utilizar el aula que está sin puertas piso ni ventanas para dar clases ya que no reúne las condiciones mínimas para impartir lecciones, no cumplido Continúa manifestando el funcionario Jara Méndez que de los 13 puntos en la orden sanitaria 11 se encuentran incumplidos, además en las conclusiones indicó que en el año 2022 se reflejaba el cumplimiento de 9 puntos y que en la actualidad esos puntos volvieron a ser parte ya que se descuidaron y volvieron a salir nuevamente; que observó más falencias en la escuela como lo es la adquisición de una cocina de gas, donde se cuenta con el sistema de gas LP sin la debida certificación, además que no cuenta con extractor o campanola de grasa, que no tiene cielo razo el área de preparación de alimentos, que el aula posee el techo en malas condiciones ya que al llover el agua se filtra no permitiendo así impartir las lecciones ya que los niños se mojan, por lo que, recomienda la aplicación de la regla técnica para clausura de alto impacto a establecimientos y actividades públicos y privados. Mediante el informe ejecutivo BRU-ARSC-RS-IT-281-2025, de fecha 19 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Geovanny Jara Méndez, Equipo de Regulación de la Salud, Área Rectora de Salud de Corredores, con el asunto: Informe ejecutivo en seguimiento a Recurso de Amparo Expediente: N° 25-006050-007-CO manifestó que en seguimiento a la orden sanitaria y los actos administrativos correspondientes al no cumplimiento de la misma, se debe aplicar la regla técnica para clausuras de alto impacto a establecimientos y actividades públicos y privados. Por lo anterior expuesto, según la visita de inspección de fecha 19 de mayo de 2025, realizada por el funcionario Geovanny Jara Méndez, Equipo de Regulación de la Salud, Área Rectora de Salud de Corredores, la Orden Sanitaria BRU-ARSC-OS-039-2018 de fecha 14 de mayo de 2018 se encuentra incumplida, por lo que, el Área Rectora de Salud de Corredores procederá a emitir los actos administrativos correspondientes. Por otra parte, en el recurso de amparo se indicó: ‘En ese sentido, dentro de la prueba que obra en autos consta la existencia de la orden sanitaria N° BRU-ARSC-RS-IT-113-2018 del 14 de mayo de 2018’ (sic), no obstante, el recurrente incurrió en error, la orden que se giró es la Orden Sanitaria BRU-ARSC-OS-039-2018…”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

7.- Por resolución de las 15:49 horas del 21 de mayo de 2025, se tuvieron por ampliados los hechos y las partes en este recurso, y se le dio audiencia a la ministra de Educación Pública y a la ministra de Salud.

8.- Por constancia del 05 de junio de 2025, Mariane Castro Villalobos, secretaria de esta Sala, y Wilberth Venegas Martínez, Técnico Judicial, hacen constar lo siguiente: “...revisado, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del VEINTIDOS DE MAYO AL CUATRO DE JUNIO DE 2025, la ministra de Educación Pública haya(n) presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las quince horas cuarenta y nueve minutos del veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, en el expediente número 25-006050-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por Nombre01”.

9.- Informa bajo gravedad de juramento el Ing. Allan Mora Vargas, en su condición de ministro a. i. de Salud, lo siguiente: “... El Centro Educativo Jardín Nibiribotdä, es una institución pública, unidocente, perteneciente a la Dirección Regional de Educación Coto, Circuito Educativo 14. Mediante la Orden Sanitaria N°BRU-ARSC-RS-OS-039-2018, emitida en fecha 14 de mayo de 2018, por autoridades del Área Rectora de Salud de Corredores, con plazo de cumplimiento de 06 meses, se hizo saber a los señores Luterío Juárez Morales y Rigoberto Espinoza Morales, en representación del centro educativo supra citado, lo que sigue: ‘… Debe proceder a corregir los puntos que se detallan… Punto uno: Reparar o colocar malla perimetral para así evitar el ingreso de animales domésticos… Punto dos: En el comedor, adecuar el ingreso y el ancho de los pasillos en cumplimiento a la Ley 7600… Punto tres: Contar con un plan de control de plagas… Punto cuatro: Implementar un programa de manejo de residuos… Punto cinco: Colocar al menos un extintor en el área de cocina… Punto seis: Eliminar servicio sanitario de letrina… Punto siete: Reparara piso de áreas de comedor, el mismo debe de ser liso y no poroso… Punto ocho: Colocar un lavamanos cerca de los sanitarios y mantener jabón anti bacteria [sic] y toallas para el buen lavado de manos… Punto nueve: Adecuar al menos un servicio sanitario en cumplimiento a la Ley 7600… Punto diez: Mantener escrito e implementado el plan de limpieza y desinfección del comedor y del tanque de agua para consumo… Punto once: Confinar dentro de su propiedad todas las aguas servidas producto de su actividad en la vivienda, con un sistema de tratamiento eficiente aprobado por este Ministerio. (Drenaje u otro sistema de tratamiento)… Punto doce: Mantener escrito o implementado un plan de emergencias… Punto trece: Dejar de utilizar el aula que esta [sic] sin puertas piso ni ventanas para dar clases ya qie [sic] no reúne las condiciones mínimas para impartir lecciones…’. Asimismo, la Guía de Seguimiento de Órdenes Sanitarias, de fecha 07 de marzo de 2022, consignó el no cumplimiento de los puntos, uno, siete, nueve, once y trece. Según el Informe Técnico de Inspección N°MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, de fecha 19 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Geovanny Jara Méndez, del Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Corredores, indicó: '… ANTECEDENTES: Orden Sanitaria con puntos pendientes a corregir desde el año 2018… CONCLUSIONES… Al realizar la inspeccion [sic] de verificacion [sic] de la orden sanitaria que pesa sobre la escuela desde el año 2018 y que fue verificada la orden en el año 2022 en la cual se reflejaba el cumplimiento de 9 puntos y que en la actualidad esos puntos volvieron a ser parte ya que se descuidaron y volvieron a salir nuevamente. Cabe destacar que se observan más falencias en la escuela como lo es la adquisición de una cocina a gas, donde se cuenta con el sistema de gas Lp sin la debida certificación, además no cuenta con extractor o campanola de grasa, no tiene cielo razo el área de preparación de alimentos, el aula de la escuela posee el techo en malas condiciones ya que al llover el agua se filtra no permitiendo así impartir las lecciones ya que los niños se mojan. Se recomienda la aplicación de la REGLA TECNICA: Regla Técnica para Clausuras de Alto Impacto a Establecimiento y Actividades Públicos y Privado…'. De conformidad con lo expuesto y con vista en el acta de inspección MS-DRRS Brunca-DARS Corredores-AI-2223-2025, así como el Informe Técnico de Inspección N°MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, ambos de fecha 19 de mayo de 2025, se desprende que la Orden Sanitaria BRU-ARSC-OS-039-2018 de fecha 14 de mayo de 2018 se encuentra incumplida, por lo que, el Área Rectora de Salud de Corredores procederá a emitir los actos administrativos correspondientes…”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

10.- Informa bajo gravedad de juramento José Leonardo Sánchez Hernández, en su condición de ministro de Educación Pública, lo siguiente: “... Primero. Mediante oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0271-2025, suscrito en el Dpto. de Desarrollo de Obra de la Dirección de Infraestructura Educativa, se establece en lo conducente que: “En atención a lo manifestado por la Sala Constitucional, sobre el expediente N° 25-006050-0007-CO emitido a las quince horas cuarenta y nueve minutos del veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, procedemos a remitir el siguiente criterio en cuanto a lo manifestado en ese documento sobre el estado del caso de la Escuela Jardín Nibiribotda, sito en Puntarenas, Golfito, Pavón. En dicho expediente consta la existencia de una orden sanitaria sobre las instalaciones de centro educativo Escuela Jardín Nibiribotda, debido a las condiciones de infraestructura existentes. A raíz de la comunicación de la orden sanitaria N°BRU-ARSC-RS-OS-039-2018 se programó la visita de un colaborador de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) para el 08 de junio de 2023. Siendo procedente que se identifican las necesidades reales y se realiza un primer planteamiento enfocado en la demolición de los edificios existentes y la construcción de un centro educativo nuevo. Una vez, ajustado el documento de informe diagnóstico DVM-A-DIE-UD-0746-2023 se procede a continuar con la fase de solicitud de contenido económico para iniciar con el proceso de contratación de servicios profesionales, mismo que fue informado en el oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025 del 01 de abril de 2025, donde se adjunta un cronograma para la atención del proyecto a desarrollar en este centro educativo. En colaboración con la Dirección de la DIE para responder al documento emitido el 07 de marzo de 2025 por la Sala Constitucional sobre recurso de Amparo N°25-06050-007-CO, el día 01 de abril de 2025 se formula el oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025 donde se comunica a la directora de la DIE Ing. Lourdes Saurez Barboza el estado del proyecto. En ese oficio se explica las etapas que conlleva el desarrollo del proyecto y se muestra un cronograma que ubica las acciones a tomar en el tiempo... (...) El pasado 12 de mayo de los presentes, la Sala Constitucional solicita al director del Area (sic) de Salud de Corredores un informe para que indique la situación actual del centro educativo para lo cual debería efectuar una inspección. Como resultado de esta inspección se levanta un acta, la N° MS-DRRS BRUNCA-DARS CORREDORES-AI-2223-2025 de fecha 19 de mayo de 2025 que: el funcionario Geovanny Jara Méndez quién realizó la visita de inspección a este centro educativo en seguimiento de la orden sanitaria e indica las siguientes falencias encontradas en el centro educativo: [presenta copia de la tabla respectiva] De este cuadro descrito en el acta resultante de la visita del Ministerio de Salud, se infiere que los puntos 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 y 13 no corresponden a temas relacionados con infraestructura y son competencia de la junta de educación para su atención. Los puntos 1, 2, 7 y 9, si califican dentro de las obras de infraestructura que si son competencia de la DIE. Si bien por parte de la DIE se pretende diseñar y construir un centro educativo nuevo, este proceso no resuelve a corto plazo algunos de los problemas detectados inicialmente y lo nuevo detectado durante la visita por Ministerio de Salud en el mes de mayo de 2025. Ante esta situación la Dirección de Infraestructura Educativa, estaría planteando una reunión al Ministerio de Salud, con el fin de que nos permitan implementar un Plan de Contingencia, con el cual se programarían los trabajos de obras de mantenimiento a corto plazo que permitan continuar con el funcionamiento del edificio actual hasta tanto se logre la solución definitiva. Reiteramos que la DIE resolverá en su totalidad los problemas de infraestructura de este centro educativo con el proyecto de construcción que se está desarrollando el cual se encuentra en la primera etapa de financiamiento. Ante lo expuesto, es indispensable establecer que se llevan a cabo las actuaciones requeridas con el objeto de proveer una solución definitiva a los problemas de infraestructura expuestos por la comunidad educativa, generando la coordinación requerida con las autoridades de salud para la implementación de un plan de contingencia que permita programar los trabajos de obras de mantenimiento a corto plazo que permitan continuar con el funcionamiento del edificio actual, como garantía a su esfera de Derechos Fundamentales…”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

11.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO. De conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si la autoridad recurrida no rinde su informe en tiempo, se tendrán por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente y se entrará a resolver el amparo o hábeas corpus sin más trámite, salvo que este Tribunal estime necesario efectuar alguna averiguación previa. Sin embargo, lo anterior no significa que la Sala deba acoger, automáticamente, el recurso. En el sub lite, la directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP presentó el informe que se le solicitó en la resolución que el dio curso a este amparo, de forma tardía. Igualmente, el ministro de Educación rindió tardíamente el informe que se le solicitó por resolución de las 15:49 horas del 21 de mayo de 2025. Así las cosas, se entra a conocer sobre el fondo del reclamo planteado, con fundamento en los alegatos de la parte recurrente y los informes rendidos bajo gravedad de juramento por las otras Autoridades recurridas, que sí informaron oportunamente sobre la situación acusada.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que el centro educativo Jardín Nibiribotdä fue construido en 1989 y actualmente tiene una población estudiantil de 30 estudiantes, pero cuenta con la misma infraestructura escolar. En mayo de 2018, se dictó una orden sanitaria contra sus instalaciones por las condiciones insalubres y no aptas que tienen. No obstante, en ese momento se optó por reparar dichas instalaciones y no edificar una construcción nueva. El 09 de febrero de 2023, la junta de educación, con su representante legal, remitió un documento, a la DIE, a fin de exponerle las diferentes situaciones que enfrenta la comunidad educativa y solicitar una pronta intervención de ese departamento, para lo cual le hizo ver que, aunque para esa fecha existía una orden sanitaria dictada en su contra, todavía se impartían las clases en dicho centro. Seguidamente, el 13 de febrero de 2023, el director de esa escuela remitió un nuevo oficio para solicitar que ese departamento enviara un inspector del DIE para valorar el estado de la infraestructura escolar. El 08 de junio de 2023, llegó a la institución el señor Gustavo Abarca Mora, de la DIE-MEP, para hacer una revisión técnica preliminar de los requerimientos de infraestructura. Con base en el informe preliminar elaborado por el ingeniero de la DIE en noviembre de 2023 —enmarcado en categoría de “ROJO” por el estado que se encontraba en ese momento el centro educativo y por ser su problemática prioritaria por pesar sobre él una orden sanitaria—, el 26 de febrero de 2024, el director de la escuela remitió el informe preliminar a la Unidad de Subsistema Indígena, al señor Enoc Salina, y le pidió que colaborara con el proceso, debido a que la señora Lourdes Suarez no había dado respuesta a unas gestiones anteriores. El 10 de octubre de 2024, nuevamente, el señor director Rigoberto Espinoza Morales remitió un nuevo oficio a Enoc Salina, jefe de la Unidad, solicitando su intervención, toda vez que el problema continuaba —y había sido imposible obtener una respuesta o comunicación de la señora Lourdes Suarez, del departamento de la DIEE sobre el avance del proceso para construir el centro educativo—, así como para reiterarle que las condiciones del centro educativo seguían presentes. Reclama la parte recurrente que, a pesar de los informes técnicos y de la gestión administrativa realizada, el MEP no ha definido una fecha probable para la construcción de la nueva escuela, manteniendo en incertidumbre a los estudiantes, docentes y padres de familia. Acusa que esa omisión vulnera el derecho fundamental a la educación y a un ambiente sano y seguro para el aprendizaje de los alumnos.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El centro educativo Jardín Nibiribotdä de Comte Burica fue construido en 1989 (hecho no controvertido).
  • b)Dicho centro educativo actualmente cuenta con la misma infraestructura escolar (hecho no controvertido).
  • c)Asimismo, en el Jardín Nibiribotdä actualmente se le imparten lecciones a 23 estudiantes (ver prueba).
  • d)Por orden sanitaria N° BRU-ARSC-OS-039-2018 del 14 de mayo de 2018, se dispuso que, en el plazo de seis meses, debía cumplirse lo siguiente: “... Punto uno: Reparar o colocar malla perimetral para así evitar el ingreso de animales domésticos. Punto dos: En el comedor, adecuar el ingreso y el ancho de los pasillos en cumplimiento a la Ley 7600, la cual indica que se debe do tener un espacio libre de tránsito de 90cm. PUNTO TRES: Contar con un plan de control de plagas en el que se lleve un registro de los resultados de la aplicación del plan de control de plagas, los Insecticidas utilizados y que estén autorizados por la autoridad competente. Y las debidas previsiones para evitar el ingreso de animales domésticos no permitidos PUNTO CUATRO: Implementar un programa de manejo de residuos en cumplimiento a la Ley 8839. Reciclaje separación diferenciada y destino final Punto cinco: Colocar al menos un extintor en el área de cocina con un peso promedio de 9 libras o su equivalente en kilos y a una altura de 1.25cm del suelo. Punto seis: Eliminar servicio sanitario de letrina. Punto siete; Reparar piso del área de comedor, el mismo debe de ser liso y no poroso. Punto ocho: Colocar un lavamanos cerca de los sanitarios y mantener jabón anti bacteria y toallas para el buen lavado de manos. Punto nueve: Adecuar al menos un servicio sanitario en cumplimiento a la Ley 7600 en sus dimensiones internas. Punto diez: Mantener escrito e implementado el plan de limpieza y desinfección del comedor y del tanque de agua para consumo. Punto once: Confinar dentro de su propiedad todas las aguas servidas producto de su actividad en la vivienda, con un sistema de tratamiento eficiente aprobado por este Ministerio, (Drenaje u otro sistema de tratamiento). Punto doce: Mantener escrito e implementado un plan de emergencias. Punto trece: dejar de utilizar al aula que esta sin puertas piso ni ventanas para dar clases ya que no reúne las condiciones mínimas para impartir lecciones PARA TODO LO ANTERIOR PUEDE SER ASESORADO POR UN TECNICO o PROFESIONAL EN LA MATERIA... (…) Se previene a los responsables, que el incumplimiento injustificado de lo aquí ordenado, dará motivo para que la Autoridad de Salud dicte o asuma las medidas especiales que se estime convenientes, lo que puede incluir, que de comprobarse el incumplimiento, se procederá a la clausura del establecimiento, desalojo y posterior presentación do la denuncia respectiva ante los Tribunales de Justicia por el delito de desobediencia, tipificado y sancionado por el articulo N° 314 del código Penal que sanciona con pena de prisión a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, le orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención…” (ver prueba).
  • e)En la Guía de Seguimiento de Órdenes Sanitarias del Ministerio de Salud, de fecha 07 de marzo de 2022, se consignó el no cumplimiento de los puntos, uno, siete, nueve, once y trece de la orden sanitaria dictada (informes).
  • f)El Jardín Nibiribotdä forma parte de los casos activos de la DIE en que se valora el proceso de intervención del centro educativo en materia de Infraestructura Educativa, con el fin dar una solución a las necesidades existentes (véase el oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025 del 1° de abril de 2025).
  • g)Como parte de las gestiones para su atención, se realizó una visita técnica al Jardín Nibiribotdä y, mediante el oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0746-2023, se realizó un informe preliminar del alcance de las obras a desarrollar en él, determinándose que requería una ejecución completa de obra nueva —diseño de plan maestro que incorporara las necesidades actuales del centro educativo en cumplimiento de la normativa aplicable— (véase el oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025 del 1° de abril de 2025).
  • h)Actualmente, la DIE se encuentra preparando una solicitud de contenido económico para que, una vez que el dinero sea depositado en la cuenta de la Junta de Educación en la Caja Única del Estado, se tramite la autorización técnica a la Junta para que ésta empiece el procedimiento de contratación para servicios profesionales y obtenga los insumos técnicos necesarios, entre los que se pueden citar: estudios previos, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones de obra y presupuesto, entre otras (véase el oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0186-2025 del 1° de abril de 2025).
  • i)A solicitud de este Tribunal, el funcionario Geovanny Jara Méndez realizó visita de inspección en la Escuela Nibiribotdä en seguimiento de la orden sanitaria y mediante el informe técnico de inspección seguimiento de órdenes sanitarias N° MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025 indicó en el punto VI. Resultados de la inspección (hallazgos) lo siguiente:

CONDICIÓN ORDENADA (Número de lo ordenado) CONDICIÓN ENCONTRADA EN LA INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ORDEN SANITARIA Punto 1 malla perimetral, incumplido Punto 2 Comedor pasillo 7600, no cumplido Punto 3 Contar con un plan de control de plagas, no lo tienen, no cumplido Punto 4 Implementar un programa de manejo de residuos en cumplimiento a la Ley 8839, falta el escrito, no cumplido Punto 5 Colocar al menos un extintor en el área de cocina, estaba cumplido pero ahora el extintor está descargado y la fecha de la última revisión fue en el año 2023 Punto 6 Eliminar servicio sanitario de letrina, se había eliminado pero al día de hoy todavía existe uno y está en uso, no cumplido Punto 7 Reparar piso del área de comedor, sigue en las mismas condiciones, No cumplido Punto 8 Colocar un lavamanos cerca de los sanitarios cumplido Punto 9 Adecuar al menos un servicio sanitario en cumplimiento a la Ley 7600, No cumplido Punto 10 Mantener escrito e implementado (sic) el plan de limpieza y desinfección del comedor, No cumplido Punto 11 Confinar dentro de su propiedad todas las aguas servidas producto de su activdad, CUMPLIDO Punto 12

Mantener escrito e implementado un plan de emergencias, FALTA LA IMPLEMENTACIÓN (sic).

Punto 13 dejar de utilizar el aula que está sin puertas piso ni ventanas para dar clases ya que no reúne las condiciones mínimas para impartir lecciones, no cumplido Asimismo, el funcionario observó más falencias en la escuela como lo es la adquisición de una cocina de gas, donde se cuenta con el sistema de gas LP sin la debida certificación, además que no cuenta con extractor o campanola de grasa, que no tiene cielo razo el área de preparación de alimentos, que el aula posee el techo en malas condiciones ya que al llover el agua se filtra no permitiendo así impartir las lecciones ya que los niños se mojan, por lo que, recomienda la aplicación de la regla técnica para clausura de alto impacto a establecimientos y actividades públicos y privados (informes).

  • j)En este sentido, según el citado Informe Técnico de Inspección N° MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, de fecha 19 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Geovanny Jara Méndez, del Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Corredores, el Ministerio de Salud constató lo siguiente: “… ANTECEDENTES: Orden Sanitaria con puntos pendientes a corregir desde el año 2018… CONCLUSIONES… Al realizar la inspeccion (sic) de verificacion (sic) de la orden sanitaria que pesa sobre la escuela desde el año 2018 y que fue verificada la orden en el año 2022 en la cual se reflejaba el cumplimiento de 9 puntos y que en la actualidad esos puntos volvieron a ser parte ya que se descuidaron y volvieron a salir nuevamente. (...) Se recomienda la aplicación de la REGLA TECNICA: Regla Técnica para Clausuras de Alto Impacto a Establecimiento y Actividades Públicos y Privados…” (ver informes y prueba que obra en autos).
  • k)La Orden Sanitaria BRU-ARSC-OS-039-2018 de fecha 14 de mayo de 2018 se encuentra incumplida, así que el Área Rectora de Salud de Corredores procederá a emitir los actos administrativos correspondientes (informe del ministro a. i. de Salud).

IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. La Constitución Política consagra el derecho que tienen todos los menores de edad de recibir una educación integrada, así como la obligación del Estado de proveer, garantizar y fomentar ese proceso educativo (artículos 77 y 78 Constitucionales). En lo que atañe al Derecho de los Derechos Humanos, es preciso indicar que la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley N° 7184 del dieciocho de julio de mil novecientos noventa, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta N° 149 del nueve de agosto de mil novecientos noventa) establece el derecho a la educación en armonía con la dignidad humana de los niños, con el fin de desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, así como el fortalecimiento de los valores culturales que conforman la identidad de cada país y la preparación del niño para convivir pacíficamente en la sociedad (artículos 27, 28 y 29). En el plano infra constitucional, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley N° 7739), establece el derecho que tienen los menores de edad de recibir una educación que tome en cuenta su individualidad con el fin desarrollar sus potencialidades (artículo 56). El ordinal 60, de ese mismo cuerpo normativo desarrolla una serie de principios que deben respetarse en materia de educación como lo son: a) igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros educativos del país; b) respeto de los derechos de organización, participación, asociación y opinión; c) respeto al debido proceso y d) respeto a los valores culturales, étnicos, artísticos e históricos de creación y el acceso a las fuentes de las culturas (ver Sentencia N° 2005-017008). En este sentido, en la sentencia Nº 2023009589 de las 09:15 horas del 28 de abril de 2023, la Sala declaró lo siguiente:

“… Este Tribunal ha indicado en diversos pronunciamientos que el Estado costarricense ha reconocido, en forma amplia, los derechos que corresponden a los grupos indígenas que habitan en el país, como medio para preservar sus costumbres, tradiciones y cultura. Un aspecto fundamental para lograr ese fin es la implementación de un sistema educativo que, además del plan de estudios básicos, promueva el aprendizaje de las lenguas autóctonas y los valores históricos de las poblaciones indígenas. En ese sentido, el artículo 76 de la Constitución Política establece la obligación del Estado costarricense de mantener y cultivar las lenguas indígenas nacionales, lo que sin duda habla de una especificidad educativa que involucra el tema cultural. De manera coincidente con el citado mandato constitucional, el ordinal 26 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ‘Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes’, aprobado mediante la Ley nro. 7311 de 30 de noviembre de 1992 obliga a los Estados firmantes a adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a los miembros de las comunidades indígenas, la posibilidad de recibir una educación en todos los niveles, de manera equiparable con el resto de la comunidad nacional. Además, el artículo 27.1, eiusdem estipula que los programas y servicios de educación destinados a la población indígena deben responder a sus necesidades particulares y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Conforme a tal objetivo, el numeral 28.1, de ese instrumento de derechos humanos, señala que siempre que sea viable ‘(…) deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan (…) Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas (…)’. Al respecto, esta Sala ha reafirmado a través de su jurisprudencia el derecho de las personas menores de edad indígenas a que en los centros educativos se produzca la integración de conocimientos locales propios de su cultura, cosmovisión, organización política, social, económica, etc., además del plan de estudios ordinario que todo estudiante debe conocer y aprobar. Por lo que se concluye que las materias de Lengua y Cultura deben formar parte del contenido del derecho a la educación de la población indígena y, como tal, es obligación de las autoridades del Ministerio de Educación Pública llevar a cabo los esfuerzos necesarios para que la población indígena estudiantil tenga acceso a tales asignaturas (en este sentido véase la sentencia nro. 2022012555 de las 9:20 horas del 3 de junio de 2022).

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió a la educación de las personas indígenas en la sentencia del caso Comunidad indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay del 24 de agosto de 2010 en los siguientes términos:

‘211. Conforme a los estándares internacionales, los Estados tienen el deber de garantizar la accesibilidad a educación básica gratuita y la sostenibilidad de la misma. En particular, cuando se trata de satisfacer el derecho a la educación básica en el seno de comunidades indígenas, el Estado debe propiciar dicho derecho con una perspectiva etno-educativa. Lo anterior implica adoptar medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable desde una perspectiva étnica diferenciada (…)

213. De la prueba recaudada, la Corte observa que si bien algunas condiciones en cuanto a la prestación de la educación por parte del Estado han mejorado, no existen instalaciones adecuadas para la educación de los niños. El propio Estado anexó un conjunto de fotos donde se observa que las clases se desarrollan bajo un techo sin paredes y al aire libre. Igualmente no se asegura por parte del Estado ningún tipo de programa para evitar la deserción escolar.

214. En suma, este Tribunal destaca que la asistencia estatal brindada a raíz del Decreto No. 1830 de 17 de abril de 2009 no ha sido suficiente para superar las condiciones de especial vulnerabilidad que dicho Decreto comprobó existían en la Comunidad Xákmok Kásek (…)

217. En consecuencia, la Corte declara que el Estado no ha brindado las prestaciones básicas para proteger el derecho a una vida digna en estas condiciones de riesgo especial, real e inmediato para un grupo determinado de personas, lo que constituye una violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de todos los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek (…)

301. De conformidad con las conclusiones expuestas en el Capítulo VII relativo al artículo 4 de la Convención Americana, la Corte dispone que mientras se entrega el territorio tradicional, o en su caso las tierras alternativas, a los miembros de la Comunidad, el Estado deberá adoptar de manera inmediata, periódica y permanente, las siguientes medidas: a) suministro de agua potable suficiente para el consumo y aseo personal de los miembros de la Comunidad; b) revisión y atención médica y psicosocial de todos los miembros de la Comunidad, especialmente los niños, niñas y ancianos, acompañada de la realización periódica de campañas de vacunación y desparasitación que respeten sus usos y costumbres; c) atención médica especial a las mujeres que se encuentren embarazadas, tanto antes del parto como durante los primeros meses después de éste, así como al recién nacido; d) entrega de alimentos en calidad y cantidad suficientes para asegurar una alimentación adecuada; e) instalación de letrinas o cualquier tipo de servicio sanitario adecuado en el asentamiento de la Comunidad, y f) dotar a la escuela de los materiales y recursos humanos necesarios para garantizar el acceso a la educación básica para los niños y niñas de la Comunidad, prestando especial atención a que la educación impartida respete sus tradiciones culturales y garantice la protección de su lengua propia. Para tales efectos, el Estado deberá realizar las consultas que sean necesarias a los miembros de la Comunidad’ (el resaltado fue incorporado)…”.

V.- SOBRE EL FONDO. La Sala Constitucional ha dicho, reiteradamente, que es deber de las autoridades del MEP brindar —tanto a educadores, como a educandos— las condiciones mínimas de infraestructura —inmuebles, mobiliario, material didáctico, etc.— para garantizar la tutela del derecho fundamental a la educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la Constitución Política, que implica la prestación de un servicio público gratuito y costeado por la Nación (véase la sentencia Nº 2021005847 de las 09:15 horas del 19 de marzo de 2021). Esta es la razón por la que, en la sentencia N° 2022018599 de las 09:05 horas del 12 de agosto de 2022, la Sala dispuso lo siguiente:

“...Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de los estudiantes de la Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas.

Ahora bien, del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado, que la Escuela de San Isidro de Cóbano, Puntarenas, actualmente tiene una matrícula de 292 alumnos en su totalidad, tomando en cuenta la educación prescolar, I y II Siglo para este año 2022. Asimismo, 2do. grado cuenta con 45 estudiantes entre hombres y mujeres, y 4to. año con 41 estudiantes en su totalidad 86. Se Verifica que el centro educativo tiene 04 baños, 03 en estado regular y 01 con un pequeño daño. Aunado a ello, las vigas en un aula de I y II ciclo, una de materno y la oficina están dañadas por el comején. Asimismo, el toldo que se utiliza de comedor ya no sirve, está en muy mal estado. Por otra parte, se constata que el 23 de junio de 2022, los padres y estudiantes realizaron una huelga por faltante de códigos y la mala infraestructura del centro educativo. Ese mismo día se apersonaron el director regional, quien contactó a la directora del DIE en ese momento, quien se comprometió a una reunión virtual para el 29 de junio de 2022, la cual fue atendida por Carlos Villalobos subdirector del DIE y Héctor Mendoza, Ingeniero asignado. Se verifica que según oficio N° DVM-A-DIE-DM-F-0627-2022 de fecha 07 de julio de 2022, emitido por la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, se está tramitando un proyecto de mantenimiento menor paliativo urgente, para subsanar varias afectaciones puntuales de las instalaciones de la Escuela de San Isidro de Cóbano. Actualmente, está en proceso un proyecto de construcción total de nuevas instalaciones para el centro educativo, el cual en este momento ya cuenta con los planos constructivos finalizados y viabilidad ambiental. Asimismo, los planos se encuentran en trámite de aprobación ante el sistema APC del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.

Nótese, que si bien, se denotan acciones tendentes a buscar una solución a la problemática denunciada por los padres de familia de los estudiandos, lo cierto es, que a la fecha de interposición de este amparo, las obras tanto paliativas como, de fondo necesarias para las mejoras en infraestructura y equipamiento de dicho centro de enseñanza, aún se encuentran en fase de análisis y planeamiento. Tal es así que, según informa bajo juramento el director de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, el proyecto de las nuevas instalaciones educativas está planteado para hasta que se cuente con el presupuesto del 2023, y dependiendo de la disponibilidad financiera, iniciando con la primera etapa consistente en las obras más esenciales, por lo que la población estudiantil del centro educativo ha debido utilizar las actuales edificaciones -en mal estado-, para suplir la necesidad de mantener la continuidad al proceso educativo; sin embargo, dicha decisión conlleva un alto riego de que cierta infraestructura colapse y pueda afectar la integridad física de los estudiantes.

Es decir, aun cuando resulta evidente que el Ministerio de Educación ha tenido conocimiento de las necesidades en cuanto a las mejoras de infraestructura que requiere la Escuela de San Isidro desde antes de la interposición de este amparo, las autoridades recurridas han sido permisivas con esta situación y tardías en darle una solución. Además, logra acreditarse que el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa tiene proyectado la creación de un nuevo edificio, pero todavía no se brinda una fecha estimada para la ejecución de las obras”.

A ello puede añadirse lo dicho en la sentencia Nº 2021013845 de las 09:15 horas del 18 de junio de 2021, a saber:

“En el sub examine, los accionantes reclaman que el Ministerio de Educación Pública no ha continuado con la segunda etapa del proyecto de construcción del Programa Plan Nacional de Educación Especial del Liceo San Miguel de Desamparados. Es necesario, agregan que la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, designe a un ingeniero para continuar con el proyecto. De conformidad con los informes rendidos bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción—, se comprueba que, en efecto, el 19 de junio de 2012, se entrega a la Comisión Técnica Especializada Ley 8283 del MEP solicitud para construcción de planta física para el servicio de Educación Especial III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, para albergar a 125 estudiantes en el Liceo San Miguel. El proyecto según la Arq. Magaly Alvarado del MOPT, presupuesta en ¢356.400.000 por la totalidad del proyecto. Por disponibilidad presupuestaria la Ley 8283 y por albergar a todos los centros educativos con el servicio de III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, asigna los recursos por etapas constructivas. Una vez que se autoriza por parte de la comisión el monto para la primera etapa, se traslada al entonces DIEE. El caso se tramita con el procedimiento regular trasladándose al Departamento de Contrataciones el 20 de noviembre de 2013, con el objeto contractual: construcción de 1 aula aislada y 4 aulas adosadas, 1 laboratorio de cómputo, paso a cubierto, 1 batería de servicios sanitarios y acometidas electromecánicas, por un monto de ¢ 104.200.785, 67, cuyo profesional responsable externo Ing. Eric López Castellón. Con la debida autorización de la DIEE, mediante al procedimiento de contratación directa concursada la obra se ejecuta y se solicita mediante correo electrónico el 15 de octubre de 2015, enviado por la coordinadora de la Comisión Ley 8283, informe de liquidación. Posteriormente, el 10 de octubre de 2016, la Comisión Ley 8283 por disponibilidad presupuestaria, aprueba un segundo monto por ¢ 100 millones a favor del centro educativo. La DIE, en efecto se encuentra finalizando su proceso de adaptación luego de la restructuración que acotan en la presentación del recurso, y se designará a un funcionario gestor de manera oficial, para darle continuidad al caso en tiempo y forma, por parte del Departamento de Programación y Seguimiento. De otra parte, se comprueba que hay disponibilidad presupuestaria con la Comisión Ley 8283 para formular el depósito de los ¢152.200.000 pendientes para completar la totalidad las obras solicitadas, previo análisis actualizado de la infraestructura existente. En este momento está pendiente una visita al centro educativo, para que en conjunto con el director del centro educativo y la coordinadora del III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional de la institución se realice un análisis de las condiciones de la infraestructura que se está utilizando en este momento, la matricula actualizada y las necesidades de ésta según la malla curricular, tomando en cuenta una proyección de matrícula en los próximos tres años. De lo expuesto se desprende con claridad que no es la falta de disponibilidad presupuestaria lo que ha limitado la continuación del proyecto, sino la inactividad por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, lo cual contradice abiertamente eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal. Si bien la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública sufrió una restructuración, las autoridades administrativas del Ministerio de Educación Pública debieron, mientras tanto, disponer lo necesario para que los proyectos de infraestructura como el que es objeto de este amparo no se paralizaran. Es deber de este Tribunal velar por el restablecimiento de los derechos de los estudiantes del Programa Plan Nacional de Educación Especial del Liceo San Miguel de Desamparados. Por otra parte, en cuanto a la Junta Administrativa, se comprueba que ha realizado gestiones tendientes a lograr que se ejecute la obra del segundo pabellón, pero encontró la limitante en la Dirección de Infraestructura del MEP. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso en relación con la Dirección de Infraestructura se refiere únicamente”.

Por último, en el fallo N° 2021009707 de las 09:15 horas del 14 de mayo de 2021, la Sala declaró lo siguiente:

“Del simple análisis de los anteriores hechos, se concluye, que desde el año 2017, la escuela recurrida presenta una serie de deficiencias en sus estructuras que han originado su declaratoria de inhabilitada, sin dejar de lado, una serie de medidas sanitarias, y de informes de seguimiento, y cumplimiento que han sido infructuosas. La inercia del MEP es tal, que prácticamente todas las medidas sanitarias, respecto a las mejoras en la estructura física de interés, no han sido cumplidas, y, ni siquiera existe un plan remedial por parte del Ministerio recurrido, para afrontar la problemática que aquejan el cuerpo docente y estudiantil de la escuela tutelada.

Nótese, que los problemas sanitarios que presenta la estructura física de la escuela amparada, no es cosa menor, ya que cuenta con declaratoria de inhabilitada. Ni siquiera la interposición de este recurso, motivó a la administración, a cumplir con las órdenes sanitarias en disputa.

Si bien, la Ministra de Educación, hizo una referencia de las acciones que han tomado en los últimos cuatro años, lo cierto del caso, es, que únicamente se encuentran preparados, para iniciar con el diseño de los planos de construcción para las mejoras estructurales. Tal y como lo indica la autoridad recurrida, es complejo resolver en 6 meses una problemática como la aqueja el centro educativo amparado, sin embargo, lo anterior no excusa una inercia de 4 años, para contar al día de hoy, únicamente con el visto bueno para iniciar con el diseño de los planos de construcción. Y, pese a que, la Ministra de Educación informó a esta Sala, sobre las acciones que se estarían tomando, ni siquiera dispuso su comunicación, o, coordinación con el Ministerio de Salud, quien, desde el año 2018, le viene señalando su incumplimiento. Si no es por la acción de este Tribunal, no existiría impulso administrativo alguno para garantizar el derecho a la educación, y la protección de la integridad, y salud, del cuerpo docente y estudiantil del centro educativo amparado.

Al respecto, no debe olvidarse, que es deber de las autoridades del Ministerio de Educación brindar -tanto a educadores, como a educandos- las condiciones mínimas de infraestructura -inmuebles, mobiliario, material didáctico, etc.- para garantizar la tutela del derecho fundamental a la educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la Constitución Política, que implica la prestación de un servicio público -gratuito y costeado la Nación-. En razón de lo expuesto, en protección de los derechos fundamentales de las personas y en este caso en particular, de las y los estudiantes, y del personal docente y administrativo del centro educativo amparado, lo que procede es declarar con lugar el recurso, en los términos que se dirán en la parte dispositiva”.

En el sub judice, se tiene por demostrado que, desde el año 2018, el Ministerio de Salud detectó una gran cantidad de anomalías serias en las instalaciones del centro educativo Jardín Nibiribotdä, así que, por medio de la orden sanitaria N° BRU-ARSC-OS-039-2018 del 14 de mayo de ese año, le ordenó a las Autoridades competentes implantar una serie de medidas para solucionar la problemática detectada. Aunado a ello, aunque es cierto que, según informa el ministro de Educación, los puntos 3), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12) y 13) consignados en el acta N° MS-DRRS BRUNCA-DARS CORREDORES-AI-2223-2025 de fecha 19 de mayo de 2025, no se corresponden propiamente con temas relacionados a la infraestructura del edificio, a decir verdad, eso mismo significa que los puntos 1) "Reparar o colocar malla perimetral para así evitar el ingreso de animales domésticos"; 2) "En el comedor, adecuar el ingreso y el ancho de los pasillos en cumplimiento a la Ley 7600"; 7) "Reparar piso de áreas de comedor, el mismo debe de ser liso y no poroso" y punto 9) "Adecuar al menos un servicio sanitario en cumplimiento a la Ley 7600", sí son problemas de infraestructura que debieron ser solucionados años atrás.

A raíz de todo esto, se informa que el Jardín Nibiribotdä actualmente forma parte de los casos activos de la DIE en que se valora el proceso de intervención del centro educativo en materia de Infraestructura Educativa, con el fin dar una solución a las necesidades existentes. Sin embargo, a la fecha, a pesar de que han transcurrido cerca de seis años, el respectivo proyecto no ha avanzado porque la DIE apenas se encuentra preparando una solicitud de contenido económico para que, una vez que el dinero sea depositado en la cuenta de la Junta de Educación, en la Caja Única del Estado, se tramite la autorización técnica a la Junta para empezar el procedimiento de contratación para servicios profesionales y obtener los insumos técnicos necesarios, como los estudios previos, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones de obra y presupuesto, entre otras. Lo anterior, claramente, representa una demora grosera en atender la situación descrita, que por eso mismo resulta lesiva de los derechos fundamentales de los alumnos y profesores que asisten a esa casa de estudios.

A ello se le suma que, según Informe Técnico de Inspección N° MS-DRRSBRU-ARSCO-IT-281-2025, de fecha 19 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Geovanny Jara Méndez, del Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Corredores, la orden sanitaria N° BRU-ARSC-OS-039-2018 ha sido gravemente incumplida, en parte, porque el Ministerio de Salud se ha ocupado esporádicamente del caso, sin darle la debida continuidad, así que se impone declarar con lugar este recurso de amparo, en los términos que se dirá.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el centro educativo Jardín Nibiribotdä fue construido en 1989 y actualmente tiene una población estudiantil de 30 estudiantes, pero cuenta con la misma infraestructura escolar. En mayo de 2018, se dictó una orden sanitaria contra sus instalaciones por las condiciones insalubres y no aptas que tienen. No obstante, en ese momento se optó por reparar dichas instalaciones y no edificar una construcción nueva. Reclama la parte recurrente que, a pesar de los informes técnicos y de la gestión administrativa realizada, el MEP no ha definido una fecha probable para la construcción de la nueva escuela, manteniendo en incertidumbre a los estudiantes, docentes y padres de familia.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández, en su condición de ministro de Educación Pública, y a Lourdes Sáurez Barboza, en su calidad de directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, adoptar, dentro del ejercicio de sus competencias, todas las previsiones que sean necesarias para que se ejecuten las obras de infraestructura requeridas en el centro educativo Jardín Nibiribotdä, lo anterior dentro del plazo de DIECIOCHO MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia. Asimismo, se le ordena al Ing. Allan Roberto Mora Vargas, en su condición de ministro de Salud a. i., o a quien ocupe ese cargo, adoptar las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus competencias, para cerciorarse regularmente de que las instalaciones de dicha escuela cumplan la normativa de salud. Se advierte a las Autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F.

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