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Res. 16110-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/05/2025

Expulsion of a member without due process or clear formulation of chargesDesafiliación de asociado sin debido proceso ni formulación clara de cargos

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted; the expulsion resolution of October 24, 2024 is annulled, and the petitioner is reinstated as a member, with costs, damages, and losses awarded.Se declara con lugar el amparo, se anula la resolución de expulsión del 24 de octubre de 2024 y se restituye al recurrente como asociado, ordenando además el pago de costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by a tourism entrepreneur and environmentalist from Playa Sámara against the Sámara Tourism and Commerce Chamber Association, which expelled him for alleged immoral conduct based on statements made in a radio interview about a bill affecting the maritime-terrestrial zone and the environment. The petitioner claims violation of due process, freedom of association, and freedom of expression, as he was expelled without prior hearing or clear charges, and given a term to defend himself only after expulsion. The Chamber grants the amparo, nullifying the expulsion resolution because the association failed to respect minimum due process guarantees: no prior notice with specific charges existed, the sanction was imposed without the opportunity to defend, and the exact date of the hearing was not provided. It orders the petitioner’s reinstatement as a member and awards costs, damages, and losses against the association.La Sala Constitucional analiza el recurso de amparo presentado por un empresario turístico y ambientalista de Playa Sámara contra la Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara, que lo desafilió alegando conducta inmoral por supuestas declaraciones difamatorias en una entrevista radial sobre un proyecto de ley que afectaría la zona marítimo terrestre y el ambiente. El recurrente alega violación al debido proceso, al derecho de asociación y a la libertad de expresión, pues fue expulsado sin audiencia previa ni formulación clara de cargos, y se le otorgó un plazo para defenderse solo después de la desafiliación. La Sala declara con lugar el recurso, dejando sin efecto la resolución de expulsión por constatar que la asociación no respetó las garantías mínimas del debido proceso: no hubo notificación previa con cargos precisos, se impuso la sanción sin oportunidad de defensa y no se indicó la fecha exacta de la sesión para ejercerla. Ordena restituir al recurrente como asociado y condena a la asociación al pago de costas, daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

In the case at hand, a reading of the October 24, 2024 resolution shows that the petitioner was indeed notified of the termination of his membership and his disaffiliation from the respondent association without being given the prior opportunity to exercise his right to defense. Moreover, the resolution lacks a clear, precise, and detailed statement of charges adequately explaining to the petitioner exactly which immoral conduct fell under the grounds of clause 2 of Article 8 of the Association’s Bylaws. Notably, it merely states that the petitioner is expelled "...due to defamation in a radio interview on La Voz de Nicoya," without specifying what said alleged defamation consisted of or why it violated the Bylaws. Furthermore, the challenged communication does not list the evidence that would substantiate the attributed offense. In this regard, the President of the Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara is reminded that the very transcription of Article 8 of the bylaws he supplied in his answer makes it clear that when it states that "in the event that there is a cause for expulsion of a member, prior to the cessation of membership being processed, the Board of Directors shall notify the affected person in writing of the grounds for their expulsion, so that from the moment they receive the notification they may, within ten calendar days, prepare their defense...," this refers to the initial act of the proceeding, which must contain an adequate formulation of charges so that the investigated person may defend themselves. In other words, an affiliate cannot be expelled first and then given a hearing to defend themselves, as occurred in this case.En el sub lite, una lectura de la resolución del 24 de octubre de 2024 permite establecer que, aparte de que al tutelado efectivamente se le comunicó la cesación de su membresía y su desafiliación de la asociación accionada sin darle la oportunidad de ejercitar previamente su derecho de defensa. Además, en ella tampoco se hace una formulación de cargos clara, precisa y circunstanciada, en la que se le explique al recurrente cabalmente cuál es la conducta inmoral que se enmarcó en los supuestos previsto en el inciso 2) de artículo 8) del Pacto constitutivo de la Asociación. Nótese que en ella se indica, únicamente, que al recurrente se le expulsa “…a rais (sic) de la difamación con entrevista de la vos (sic) de Nicoya”, sin mencionar en qué consistía esa supuesta “difamación” y porqué violaba el referido Pacto. Aunado a ello, en el oficio cuestionado tampoco se enumeran los elementos de prueba que permitían tener por demostrada la falta que se le endilgaba. En este sentido, se le hace ver al presidente de la Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara que la propia transcripción del artículo octavo del estatuto que él hace al brindar su contestación, permite establecer que cuando allí se indica que en “...caso de que exista una causa de expulsión de alguna persona asociada, previo a la cesación de la membresía que se tramita, la Junta Directiva comunicará por escrito a la persona afectada los motivos que inspiran su expulsión, a efecto de que a partir del momento que reciba la comunicación pueda, en el término de diez días naturales preparar su defensa...”, de lo que se está hablando es del acto inicial del procedimiento, que debe contener una adecuada formulación de cargos para que la persona investigada pueda defenderse. Es decir, no se puede expulsar a un afiliado y luego darle audiencia para que se defienda, como ha ocurrido en este caso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En el sub lite, una lectura de la resolución del 24 de octubre de 2024 permite establecer que, aparte de que al tutelado efectivamente se le comunicó la cesación de su membresía y su desafiliación de la asociación accionada sin darle la oportunidad de ejercitar previamente su derecho de defensa."

    "In the case at hand, a reading of the October 24, 2024 resolution shows that the petitioner was indeed notified of the termination of his membership and his disaffiliation from the respondent association without being given the prior opportunity to exercise his right to defense."

    Considerando IV

  • "En el sub lite, una lectura de la resolución del 24 de octubre de 2024 permite establecer que, aparte de que al tutelado efectivamente se le comunicó la cesación de su membresía y su desafiliación de la asociación accionada sin darle la oportunidad de ejercitar previamente su derecho de defensa."

    Considerando IV

  • "No se puede expulsar a un afiliado y luego darle audiencia para que se defienda, como ha ocurrido en este caso."

    "An affiliate cannot be expelled first and then given a hearing to defend themselves, as occurred in this case."

    Considerando IV

  • "No se puede expulsar a un afiliado y luego darle audiencia para que se defienda, como ha ocurrido en este caso."

    Considerando IV

  • "La naturaleza jurídica de las asociaciones, como es la recurrida, es eminentemente de carácter privado y, en ese sentido, la incorporación y sanciones a sus miembros se efectúa, fundamentalmente, con observancia de la normativa interna que las regula. Sin embargo, es menester indicar que al estar involucrado un derecho constitucionalmente tutelado, como lo es el derecho de asociación previsto en el artículo 25 de la Constitución Política, se debe razonablemente algunas garantías para el ejercicio de la defensa de los involucrados."

    "The legal nature of associations, such as the respondent, is eminently private and, in that sense, the incorporation and sanctions of their members are fundamentally carried out in compliance with the internal regulations that govern them. However, it must be noted that since a constitutionally protected right is involved, namely the freedom of association provided for in Article 25 of the Constitution, some guarantees for the exercise of the defense of those involved must reasonably be observed."

    Considerando IV

  • "La naturaleza jurídica de las asociaciones, como es la recurrida, es eminentemente de carácter privado y, en ese sentido, la incorporación y sanciones a sus miembros se efectúa, fundamentalmente, con observancia de la normativa interna que las regula. Sin embargo, es menester indicar que al estar involucrado un derecho constitucionalmente tutelado, como lo es el derecho de asociación previsto en el artículo 25 de la Constitución Política, se debe razonablemente algunas garantías para el ejercicio de la defensa de los involucrados."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Res. No. 2025016110 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of May two thousand twenty-five.

An amparo action processed under expediente number 25-007559-0007-CO, filed by Nombre01, residency ID CED02, against the ASOCIACIÓN CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PLAYA SÁMARA.

Resultando:

1.- By brief received at 18:43 hours on March 16, 2025, the petitioner files an amparo action against the ASOCIACIÓN CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PLAYA SÁMARA, and states the following, in summary: that for several years he has lived in Playa Sámara, is a recognized tourism entrepreneur, environmental defender, and president of the Asociación de Desarrollo Integral de Sámara. He indicates that, on September 1, 2022, he was admitted as a member of the Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara, a date since which he has worked for the community and complied with the standards provided by national regulations. He mentions that he is invited to radio programs in which he issues opinions on environmental matters and, furthermore, has acted in defense of wetlands, forests, ecological tourism campaigns, all in a measured and respectful manner. He comments that in the Legislative Assembly a bill is being considered that aims to allow entrepreneurs and merchants in the maritime terrestrial zone to place tarps, chairs, tables for their own economic benefit, obstructing—in his view—the free passage of tourists to the beaches and potentially affecting the life cycle of biological corridors and the landscape. In this context, he affirms having participated in several programs in which he presented his ideas on the cited bill, in exercise of his freedom of expression, and expressed his opposition to the bill due to the possible environmental harm. He accuses that, on October 24, 2024, he was notified of a resolution by which he was informed of the following: “(...) you are hereby notified of the cessation of membership and disaffiliation of your person, from the chamber of tourism of Samara, per subsection two of article eight of the Constitutive Pact of the aforementioned Association which reads as follows: IMMORAL CONDUCT THAT HARMS THE GOOD NAME OF THE ASSOCIATION OR FOR CARRYING OUT ACTIVITIES CONTRARY TO THE STABILITY AND HARMONY AMONG MEMBERS; for this reason indicated above to such effect, that as of today, October twenty-fourth, two thousand twenty-four, we proceed to the disaffiliation of your person as a member of the chamber of tourism of Samara, due to defamation in an interview on the voice of Nombre02 (...)” (see evidence attached to the expediente). He states that the respondents proceeded to disaffiliate him from said association without first carrying out due process and allowing him to exercise his right of defense. He alleges, moreover, that the official letter through which he was notified of his disaffiliation is confusing, as it does not explain what the alleged immoral conduct attributed to him consisted of. He asserts that, unofficially and after his disaffiliation, he learned through third parties that he was removed from the Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara because of his opposition to the bill under discussion in the Legislative Assembly. He considers that expressing his opinion on a specific topic, in exercise of his freedom of expression, cannot give rise to reprisals against him and, therefore, justify his disaffiliation from the respondent association. In addition to this, he objects that, in the same act in which they imposed the sanction, the respondents granted him a period of 10 calendar days to prepare his defense and present it at the next session of the Board of Directors of the Association and produce the evidence he deems pertinent. Thus, the respondents proceeded to disaffiliate and sanction him without first carrying out due process and, on the contrary, proceeded to notify him that he could present a defense, after his disaffiliation, and without clearly stating on what date he could exercise it. Besides this, he questions being branded as "immoral" for giving his opinion on a matter, which causes him serious harm, and makes him feel diminished and devalued as a person and before the community. He reiterates that the actions taken by the respondents are contrary to due process and his right of association. He considers that the foregoing violates his fundamental rights. He requests that the action be granted, with the legal consequences.

2.- Massimo Gambarelli Borelli, in his capacity as president of the Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara, responds, stating the following, in summary: that his represented entity is a private law subject that does not administer public funds and is governed by the provisions of the Law of Associations No. 218 of August 8, 2939 and its reforms, and its internal statutes and regulations. In article eight of the cited statute it is indicated: “ARTICLE EIGHT: Of disaffiliation. Persons may cease to belong to the Association for the following causes: (...) c) by expulsion for any of the reasons detailed below: (...) 2- Immoral conduct that harms the good of the Association or for carrying out activities contrary to the stability and harmony among members (...) Procedure: In the event that a cause for expulsion of a member exists, prior to the cessation of membership being processed, the Board of Directors shall notify the affected person in writing of the reasons prompting their expulsion, so that from the moment they receive the notification they may, within a term of ten calendar days, prepare their defense, to present it at the Board of Directors session whose date will be indicated in the notice. The person notified on this matter may be present and present the evidence and arguments they deem pertinent before said governing body, as well as present their defense, with the Board of Directors being the one to decide affirmatively or negatively regarding the expulsion of the member. From the decision of the board of directors, a motion for reconsideration may be filed before the same board of directors and an appeal before the extraordinary assembly, which must be filed within three business days following the receipt of the resolution.” The respondent party indicates that, as the petitioner carried out actions that fell within the assumptions of article eight, subsection c) paragraph 2 of the statute, the board of directors met to discuss the matter and decided, unanimously, to draft, according to its statutes, a notice of disaffiliation letter to initiate due process, which was drafted and notified via e-mail. He adds that the claimant received it satisfactorily and responded by the same means. Consequently, the respondent party affirms that due process was complied with and no fundamental right was violated against the claimant, who will have the right to express what suits him and what he considers at the appropriate time. Likewise, he alleges that the petitioner did not try to prove that the respondent party fell within the assumptions provided in Article 57 of the Law of this jurisdiction, but rather rushed to file this action before the internal procedure of the association had concluded, so in any respect his action is nothing more than a mere complaint or claim. He requests that the filed action be dismissed.

3.- By brief received at 18:58 hours on April 25, 2025, the petitioner reiterates his arguments and alleges that due process has been violated to his detriment.

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Salazar Murillo; and,

Considerando:

I.- ON AMPARO ACTIONS AGAINST PRIVATE LAW SUBJECTS. Article 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction, upon creating the figure of amparo against private law subjects, established several admissibility requirements. First, when private entities or persons act or must act in the exercise of public functions or powers, in which case, the amparo action does not differ from that against public bodies or servants insofar as the private law subject acts as if it were one of them. Second, when the Private Law subject, de facto or de jure, is in a position of power, the amparo action will be admissible, only, as a subsidiary remedy to ordinary legislation if two other conditions are met: a) that the common jurisdictional remedies are not sufficient, this hypothesis assumes that, although common procedural remedies exist through which the parties could litigate their claims, the outcome of the trial is clearly insufficient, that is, that the party would not manage to satisfy their claim even if obtaining a favorable judgment; b) that the common jurisdictional remedies are tardy, meaning that even though adequate common judicial procedures exist to satisfy their claim, the outcome thereof would be tardy, producing injuries of difficult or impossible reparation. In the case at hand, upon alleging a supposed violation of due process that occurred concomitantly with an infringement of the right of association, the amparo action is admissible because the respondent party is in a position of power for which the common jurisdictional remedies would be tardy for the purposes of guaranteeing the constitutional rights allegedly violated or threatened.

II.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner accuses that, by means of a resolution notified to him on October 24, 2024, the Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara expelled him from its midst without respecting the requirements of due process and granting him a prior hearing. He also asserts that the official letter in question is confusing and does not clearly explain what the alleged conduct attributed to him was. In addition to this, he objects that, in the same act in which they imposed the sanction, the respondents granted him a period of 10 calendar days to prepare his defense, present it at the next session of the Board of Directors of the Association, and produce the evidence he deems pertinent, all without clearly explaining on what date he could exercise his defense. Likewise, he reports having learned through third parties that he was expelled for having expressed his opinion on an environmental issue, in exercise of his freedom of expression, and considers that this cannot give rise to reprisals against him and, therefore, justify his disaffiliation from the respondent association.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following fact is deemed duly demonstrated, either because it has been so accredited or because the respondent has omitted to refer to it as stipulated in the initial order: sole) By resolution of October 24, 2024, notified on that same date, the petitioner was informed of the following: “Mr. Nombre01, entrepreneur, resident of Playa Samara Nombre02 Guanacaste, with Costa Rican residency ID, CED02, Receive a cordial greeting from the BOARD OF DIRECTORS of the association named: ASOCIACION CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PLAYA SAMARA, with legal identification number: three – zero zero two – eight hundred sixty-two thousand seven hundred seventy-seven, through this notification, by agreement of the BOARD OF DIRECTORS of the aforementioned association, formally and respectfully, you are hereby notified of the cessation of membership and disaffiliation of your person, from the chamber of tourism of Samara, per subsection two of article eight of the Constitutive Pact of the aforementioned Association which reads as follows: IMMORAL CONDUCT THAT HARMS THE GOOD NAME OF THE ASSOCIATION OR FOR CARRYING OUT ACTIVITIES CONTRARY TO THE STABILITY AND HARMONY AMONG MEMBERS; for this reason indicated above to such effect, that as of today, October twenty-fourth, two thousand twenty-four, we proceed to the disaffiliation of your person as a member of the chamber of tourism of Samara, due to (sic) defamation in an interview on the voice (sic) of Nicoya, within a term of ten calendar days your person may prepare your defense to present it at the next session of the Board of directors, and may express what is corresponding; moreover in the event you agree or disagree with this notification; you may provide the necessary evidence. With nothing further to add, this notification is concluded and signed in the city of Samara, Nicoya, Guanacaste, on October twenty-fourth, two thousand twenty-four. Basis This notification is based on article 7 subsection d) of the LAW OF ASSOCIATIONS, law number; two one eight, and in accordance with subsection two of article eight of the Constitutive Pact of the ASOCIACION CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PLAYA SAMARA. The BOARD OF DIRECTORS authorizes Mr. William Juárez Mendoza, of legal age, married once, attorney, resident of Puerto Carrillo, Hojancha, Guanacaste, 400 meters south of the Catholic church of Puerto Carrillo, with identity document number: CED01; acting as legal inspector to hereinafter present to Mr.: Nombre01, this notification.” (See evidence; the highlighting with underlining is not from the original).

IV.- ON THE MERITS. Given that the admissibility of the amparo action, in general, is conditioned not only on accrediting the existence of a disturbance—or threat of disturbance—to one or more of the rights or guarantees provided in the Political Charter or in the international human rights instruments signed by the country, but also on the alleged grievance involving a direct and gross threat or violation of those rights, it is clarified to the petitioner that the Constitutional Chamber is not called upon to act as an appellate instance in any proceeding. At most, its work can extend to correcting infringements against the essential elements of due process (see in this regard Judgment No. 2001-10198 at 15:29 hours on October 10, 2001), with the understanding that not every violation of procedural rules constitutes a violation of due process or the right of defense that can be heard in this venue, but rather only those that are, truly, of such magnitude that they place the investigated person in a material state of defenselessness, understood as that situation in which a litigating party is left, to whom their procedural means of defense are illegally denied or limited.

Consequently, it is not the competence of this Court to rule on the existence of the alleged offense attributed, the legality and appropriateness of the resolutions issued during the processing, the admissibility, pertinence and correct valuation of the evidence sought to be presented or whose admission is rejected in any proceeding, nor the imposed sanction, the competence of the body that adopted it, the computation of deadlines, possible statutes of limitations, alleged partialities, and, in general, all those procedural defects (vicios in procedendo) that may have occurred during the respective processing.

Having defined this, it is pointed out to the respondent party that Article 25 of the Political Constitution establishes the following:

“Article 25.- The inhabitants of the Republic have the right to associate for lawful purposes. No one may be forced to become a member of any association.” Therefore, the Chamber has repeatedly declared that within the framework of an association relationship protected by Article 25 of the Political Constitution, the minimum guarantees of due process must be respected, although it is not necessary to follow a procedure as elaborate as that provided in the General Law of Public Administration for public instances. Thus, in Judgment No. 2019019046 at 9:20 hours on October 4, 2019, it stated the following:

“In relation to the observance of due process by a private law subject, within the framework of an association relationship, this Chamber has pronounced, in a reiterated manner. Among others, in judgment number 2008-009077 at 19:16 hours on May 29, 2008, it indicated the following:

'On the respect for a minimum of due process to protect the right of association. The legal nature of associations, such as the respondent, is eminently private in character and, in that sense, the incorporation and sanctions against its members are carried out, fundamentally, observing the internal regulations that govern them. However, it is necessary to indicate that since a constitutionally protected right is involved, such as the right of association provided in Article 25 of the Political Constitution, some guarantees for the exercise of the defense of those involved must reasonably be observed. Indeed, associations in the processing of disciplinary procedures, including those aimed at sanctioning members of the Board of Directors, must observe basic rules that grant the eventual affected person the prior opportunity to comment on the facts they are accused of and to know what the reasons are that motivate their expulsion from the association, without it being necessary to follow a procedure as elaborate as that provided in the General Law of Public Administration for public instances'.” To which can be added what was said, more recently, in Judgment No. 2024032321 at 09:20 hours on November 1, 2024, namely:

“ON DUE PROCESS IN AMPARO ACTIONS AGAINST PRIVATE LAW SUBJECTS. Regarding the protection of this right in cases such as the one under study, what was stated by this Chamber in Judgment No. 2024020089 at 10:10 hours on July 16, 2024 is particularly illustrative, which in what is relevant provides the following:

‘V.- ON DUE PROCESS, AMPARO AGAINST INDIVIDUALS. In relation to the observance of due process by a private law subject, within the framework of an association relationship, this Chamber has pronounced, in a reiterated manner. Among others, in judgment number 2008-009077 at 19:16 hours on May 29, 2008, it indicated the following:

‘On the respect for a minimum of due process to protect the right of association. The legal nature of associations, such as the respondent, is eminently private in character and, in that sense, the incorporation and sanctions against its members are carried out, fundamentally, observing the internal regulations that govern them. However, it is necessary to indicate that since a constitutionally protected right is involved, such as the right of association provided in Article 25 of the Political Constitution, some guarantees for the exercise of the defense of those involved must reasonably be observed. Indeed, associations in the processing of disciplinary procedures, including those aimed at sanctioning members of the Board of Directors, must observe basic rules that grant the eventual affected person the prior opportunity to comment on the facts they are accused of and to know what the reasons are that motivate their expulsion from the association, without it being necessary to follow a procedure as elaborate as that provided in the General Law of Public Administration for public instances’.

V.- SPECIFIC CASE. In the present case, the petitioner notes that the respondent association followed a disciplinary procedure against him, as retaliation for denouncing a series of serious irregularities by the treasurer of the National Board, in which not only did the statute of limitations on the action apply, but he was expelled definitively and for an undefined term, without satisfying the guarantees of due process. Hence, everything done is contrary to his fundamental rights.

It was verified that on the occasion of the complaint filed on September 15, 2022, the National Honor Board of the respondent association ordered the opening of a disciplinary procedure against the amparo petitioner, granting him a hearing to comment on what was reported. According to what is explained, although on October 11, 2022, he submitted his statement of defense, days later—by official notice No. AGYSCR-0128-2022-23 of the 25th of that same month and year—the deadline to clarify or present defense evidence was extended. In addition to the foregoing, it was verified that by agreement of the National Honor Court No. 7 of extraordinary session No. 42-2022/23 of March 30, 2023, he was found responsible for the reported facts, and his expulsion as an affiliate of the Asociación Guías y Scouts de Costa Rica was imposed. Disagreeing, on April 22 of that same year, the amparo petitioner filed an appeal against the decision imposed on him. Subsequently, in the ordinary session of the National Board of Directors No. 16-2023/24 held on September 6, 2023, that challenge was analyzed and it was agreed to revoke the challenged resolution and set aside the disciplinary proceedings to the initial complaint, since: ‘… 2) That upon reviewing the expediente it is found that the sanction applied is not only for the cause reported, but that the National Honor Court sanctions based on facts not reported. 3) That from the review of the expediente it emerges that the process did not follow a precise procedure …’. As can be seen with crystal clarity, the interpretation that the investigating body made of the procedural stage at which the disciplinary proceedings should resume is contrary to the spirit of the deciding body. Hence, what was appropriate—according to that body—was to re-instruct the procedure, granting a new hearing to the investigated person so that he could comment on the facts he is accused of, in order to satisfy due process; however, this was not done, as it was considered that the proceedings were duly instructed, which this Court does not share, since, if it was ordered to set aside the proceedings to the moment the complaint was filed, the logical step was to instruct the proceedings from the beginning to correct the procedural errors to guarantee due process, just as the deciding body assessed. Therefore, since this did not occur, the effective protection of the right to due process was violated. Thus, it is necessary to grant the action, as will be stated below”.

Having established this, in the sub lite case, a reading of the resolution of October 24, 2024, establishes that, apart from the fact that the protected party was indeed notified of the cessation of his membership and his disaffiliation from the respondent association without being given the opportunity to previously exercise his right of defense. Moreover, it also does not contain a clear, precise, and detailed formulation of charges, in which the petitioner is fully explained what the immoral conduct was that fell within the assumptions provided in subsection 2) of article 8) of the Constitutive Pact of the Association. Note that it indicates, solely, that the petitioner is expelled “…due to (sic) defamation in an interview on the voice (sic) of Nicoya”, without mentioning what that supposed “defamation” consisted of and why it violated the said Pact. In addition to this, the questioned official letter also does not list the elements of evidence that would allow the fault attributed to him to be considered proven.

In this sense, it is pointed out to the president of the Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara that the very transcription of article eight of the statute that he makes when providing his response establishes that when it indicates there that in “...the event that a cause for expulsion of a member exists, prior to the cessation of membership being processed, the Board of Directors shall notify the affected person in writing of the reasons prompting their expulsion, so that from the moment they receive the notification they may, within a term of ten calendar days, prepare their defense...”, what is being discussed is the initial act of the procedure, which must contain an adequate formulation of charges so that the investigated person can defend themselves. That is, an affiliate cannot be expelled and then given a hearing to defend themselves, as has occurred in this case.

Likewise, it is also not acceptable for the investigated person to be told, as has also occurred here, that their case will be heard at the “next session of the Board of directors”, without indicating the precise date of that session. For all these reasons, it is appropriate to grant the action.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch", approved by the Plenary Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The action is GRANTED. The resolution of October 24, 2024, is annulled and the petitioner is reinstated in the full exercise of his rights as a member of the Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara, without prejudice to the respondent association's ability to initiate a new disciplinary procedure against him. Furthermore, the cited Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be determined in civil judgment enforcement proceedings. Let it be notified.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo Jose Roberto Garita N.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2025016110 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-007559-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de residencia CED02, contra la ASOCIACIÓN CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PLAYA SÁMARA.-

Resultando:

1.- Por escrito recibido a las 18:43 horas del 16 de marzo de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la ASOCIACIÓN CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PLAYA SÁMARA, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que desde hace varios años vive en Playa Sámara, es empresario reconocido del turismo, defensor del ambiente y presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Sámara. Indica que, el 1° de setiembre de 2022, se le admitió como asociado en la Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara, fecha desde la cual ha trabajado para la comunidad y cumplido los estándares previstos por las normas nacionales. Menciona que es invitado a programas radiales en los cuales emite criterios en materia ambiental y, además, ha actuado en defensa de humedales, bosques, campañas de turismo ecológico, todo de manera mesurada y respetuosa. Comenta que en la Asamblea Legislativa se está conociendo un proyecto de ley que pretende que en la zona marítimo terrestre empresarios y comerciantes puedan colocar toldos, sillas, mesas para beneficio económico propio, obstruyendo —según su criterio— el libre paso de los turistas a las playas y potencialmente afectando el ciclo vital de los corredores biológicos y el paisaje. En este contexto, afirma haber participado en varios programas en los que expuso sus ideas sobre el citado proyecto de ley, en ejercicio a su libertad de expresión, y manifestó su oposición al proyecto por el posible daño al ambiente. Acusa que, el 24 de octubre de 2024, se le notificó una resolución mediante la cual se le indicó lo siguiente: “(…) se le comunica la cesación de la membresía y desafiliación de su persona, a la cámara de turismo de Samara, por el inciso dos de artículo octavo del Pacto constitutivo de la Asociación antes descrita del cual reza de la siguiente manera: CONDUCTA INMORAL QUE ATENTE CONTRA EL BUEN NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN O POR REALIZAR ACTIVIDADES CONTRARIAS A LA ESTABILIDAD Y ARMONÍA ENTRE LOS ASOCIADOS; por este motivo indicado lo anterior ante tal efecto, de que a partir de hoy veinticuatro de octubre del año dos mil veinticuatro procedemos a la desafiliación de su persona como miembro de la cámara de turismo de Samara, a rais de la difamación con entrevista de la vos de Nombre02 (…)” (véase prueba asociada al expediente). Refiere que los recurridos procedieron a desafiliarle de dicha asociación sin efectuar, de previo, el debido proceso y permitirle ejercer su derecho de defensa. Alega, además, que el oficio mediante el que se le comunicó su desafiliación es confuso, por cuanto no explica cuáles fueron las supuestas conductas inmorales que se le atribuyen. Asevera que, de manera extraoficial y luego de su desafiliación, se enteró por terceras personas que fue separado de la Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara a causa de su oposición al proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa. Considera que el manifestar su opinión sobre un tema determinado, en ejercicio de su libertad de expresión, no puede dar pie para adoptar represalias en su contra y, por ende, justificar su desafiliación de la asociación recurrida. Aunado a ello, objeta que, en el mismo acto en que le impusieron la sanción, los recurridos le otorgaron un plazo de 10 días naturales para que pudiera preparar su defensa y presentarla en la sesión próxima de la Junta Directiva de la Asociación y producir la prueba que estimara pertinente. De esta suerte, los recurridos procedieron a desafiliarle y sancionarle sin llevar a cabo de previo el debido proceso y, por el contrario, procedieron a comunicarle que podía presentar una defensa, con posterioridad a su desafiliación, y sin tener claro en qué fecha podría ejercerla. Amén de ello, cuestiona que se le tache de “inmoral” por brindar su opinión sobre un tema, lo cual le ocasiona un grave perjuicio, y le hace sentirse disminuido y desvalorizado como persona y frente a la comunidad. Reitera que lo actuado por los recurridos es contrario al debido proceso y su derecho de asociación. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- Brinda contestación Massimo Gambarelli Borelli, en su condición de presidente de la Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara, indicando lo siguiente, en resumen: que su representada es un sujeto de derecho privado que no administra fondos públicos y se rige por lo dispuesto en la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 2939 y sus reformas, y sus estatutos reglamentos internos. En el artículo octavo del citado estatuto se indica: “ARTÍCULO OCTAVO: De la desafiliación. Las personas podrían dejar de pertenecer a la Asociación por las siguientes causas: (…) c) por expulsión por cualquiera d ellos motivos que a continuación se detallan: (…) 2- Conducta inmoral que atente contra el buen de la Asociación o por realizar actividades contrarias a la estabilidad y armonía entre los asociados (…) Procedimiento: En caso de que exista una causa de expulsión de alguna persona asociada, previo a la cesación dela membresía que se tramita, la Junta Directiva comunicará por escrito a la persona afectada los motivos que inspiran su expulsión, a efecto de que a partir del momento que reciba la comunicación pueda, en el término de diez días naturales preparar su defensa, para presentarla en la sesión de Juna Directiva cuya fecha se le indicará en el comunicado. La persona notificada sobre este asunto podrá estar presente y presentar las pruebas y alegatos que estime pertinente ante dicho órgano directivo, así como esgrimir su defensa, siendo la Junta Directiva la que acuerde afirmativa o negativamente lo relativo a la expulsión de la persona asociada. De lo resuelto por la junta directiva cabrá recurso de revocatoria ante la misma junta directica y recurso de apelación ante la asamblea extraordinaria, el cual tendrá que presentarse tres días hábiles siguientes a la recepción de la resolución”. Indica la parte recurrida que, como el recurrente realizó acciones que se enmarcaban en los supuestos del artículo octavo, inciso c) apartado 2 del estatuto, la junta directiva se reunió para discutir el asunto y decidió, por unanimidad, redactar, según sus estatutos, una carta de notificación de desafiliación para iniciar el debido proceso, misma que fue redactada y notificada vía e-mail. Añade que el accionante la recibió a satisfacción y respondió por el mismo medio. En consecuencia, afirma la parte recurrida que el debido proceso fue cumplido y no le fue violado ningún derecho fundamental al reclamante, mismo que tendrá el derecho de expresar lo que le convenga y considere en su momento oportuno. Asimismo, alega que el recurrente no trató de acreditar que la parte recurrida estuviera en los supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley de esta jurisdicción, sino que se apresuró a interponer este recurso antes de que el procedimiento interno de la asociación hubiera concluido, de toda suerte que su gestión no es más que una mera denuncia o reclamo. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- Por escrito recibido a las 18:58 horas del 25 de abril de 2025, el recurrente reitera sus alegatos y alega que se ha violado el debido proceso en su perjuicio.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

Considerando:

I.- DE LOS AMPAROS CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al crear la figura del amparo contra sujetos de derecho privado, estableció varios requisitos de admisibilidad. En primer lugar, cuando las entidades o personas privadas actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, caso en el cual, el amparo no se diferencia del procedente contra órganos o servidores públicos en tanto el sujeto de derecho privado actúa como si fuese uno de éstos. En segundo lugar, cuando el sujeto de Derecho Privado, de hecho o de Derecho, está en una posición de poder, el amparo será procedente, únicamente, como remedio subsidiario de la legislación común si se cumplen otras dos condiciones: a) que los remedios jurisdiccionales comunes no sean suficientes, esta hipótesis supone que, existiendo remedios procesales comunes por los que las partes podrían discutir sus pretensiones, el resultado del juicio resulte claramente insuficiente, esto es, que la parte, no lograría satisfacer su pretensión ni aun obteniendo un fallo favorable; b) que los remedios jurisdiccionales comunes sean tardíos, es decir que aun cuando existen procedimientos judiciales comunes adecuados para satisfacer su pretensión, el resultado de los mismos sería tardío produciéndose lesiones de difícil o imposible reparación. En el caso en cuestión, al alegarse una supuesta violación del debido proceso acaecida en forma concomitante con una vulneración del derecho de asociación, el amparo resulta admisible en razón de que la parte recurrida se encuentra en una situación de poder a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resultarían tardíos a los efectos de garantizar los derechos constitucionales presuntamente conculcados o amenazados.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acusa que, por medio de una resolución que le fue notificada el 24 de octubre de 2024, la Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara le expulsó de su seno sin respetar las exigencias del debido proceso y darle una audiencia previa. Asegura, asimismo, que el oficio en cuestión es confuso y no explica claramente cuáles fueron las supuestas conductas que le eran atribuidas. Aunado a ello, objeta que, en el mismo acto en que le impusieron la sanción, los recurridos le otorgaron un plazo de 10 días naturales para que pudiera preparar su defensa, presentarla en la sesión próxima de la Junta Directiva de la Asociación y producir la prueba que estimara pertinente, todo ello, sin explicarle claramente en qué fecha podría ejercitar su defensa. Asimismo, denuncia haberse enterado por medio de terceras personas de que se le expulsa por haber manifestado su opinión sobre un tema ambiental, en ejercicio de su libertad de expresión, y considera que eso no puede dar pie para adoptar represalias en su contra y, por ende, justificar su desafiliación de la asociación recurrida.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho, sea porque así ha sido acreditado o bien porque el recurrido ha omitido referirse a él según lo prevenido en el auto inicial: único) Por resolución del 24 de octubre de 2024, notificada en esa misma fecha, al recurrente se le comunicó lo siguiente: “Señor. Nombre01, empresario, vecino de playa Samara Nombre02 Guanacaste, con cedula de residencia de Costa Rica, CED02, Reciba un cordial saludo, de parte de la JUNTA DIRECTIVA de la asociación denominada: ASOCIACION CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PLAYA SAMARA, con numero de cedula jurídica: tres – cero cero dos – ochocientos sesenta y dos mil setecientos setenta y siete, mediante el presente comunicado, por acuerdo de la JUNTA DIRECTIVA de asociación antes indicada de manera formal y respetuosa, se le comunica la cesación de la membresía y desafiliación de su persona, a la cámara de turismo de Samara, por el inciso dos de artículo octavo del Pacto constitutivo de la Asociación antes descrita del cual reza de la siguiente manera: CONDUCTA INMORAL QUE ATENTE CONTRA EL BUEN NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN O POR REALIZAR ACTIVIDADES CONTRARIAS A LA ESTABILIDAD Y ARMONÍA ENTRE LOS ASOCIADOS; por este motivo indicado lo anterior ante tal efecto, de que a partir de hoy veinticuatro de octubre del año dos mil veinticuatro procedemos a la desafiliación de su persona como miembro de la cámara de turismo de Samara, a rais (sic) de la difamación con entrevista de la vos (sic) de Nicoya, en el término de diez días naturales podrá su persona preparar su defensa para presentarla en la sesión próxima de la Junta directiva, y podrá manifestar lo correspondiente; además sea el caso que se encuentre conforme o disconforme con este comunicado; podrá aportar las pruebas necesarias. Sin más que agregar se da por finalizado el comunicado y se firma en la cuidad de Samara, Nicoya, Guanacaste, el veinticuatro de octubre del año dos mil veinticuatro. Fundamentación Se fundamenta el presente comunicado en el artículo 7 inciso de d) de LEY DE ASOCIACIONES, ley número; dos uno ocho, y de conformidad inciso dos de artículo octavo del Pacto constitutivo de la ASOCIACION CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PLAYA SAMARA La JUNTA DIRECTIVA, autoriza al señor William Juárez Mendoza, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Puerto Carrillo, Hojancha, Guanacaste, 400 metros sur de la iglesia católica de Puerto Carrillo, con numero de cedula de identidad: CED01; actuando como fiscal pueda en adelante presentar al señor: Nombre01, este comunicado”. (Ver prueba; el resaltado con subrayado no es del original).

IV.- SOBRE EL FONDO. Dado que la procedencia del recurso de amparo, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una turbación —o amenaza de turbación— a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos, se le aclara a la parte recurrente que la Sala Constitucional no está llamada a hacer las veces de instancia de alzada en ningún procedimiento. A lo sumo, su labor puede extenderse a enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso (véase en este sentido la sentencia N° 2001-10198 de las 15:29 horas del 10 de octubre de 2001), en el entendido de que no toda violación a las normas procesales constituye una vulneración al debido proceso o al derecho de defensa que pueda residenciarse en esta sede, sino que únicamente lo son aquéllas que, verdaderamente, sean de tal magnitud que coloquen al investigado en un estado material de indefensión, entendida como aquella situación en que se deja a la parte litigante a la que se le niegan o limitan, de modo ilegítimo, sus medios procesales de defensa.

Por consiguiente, a este Tribunal no le compete pronunciarse sobre la existencia de la presunta falta imputada, la legalidad y procedencia de las resoluciones que se dictaron durante la tramitación, la admisibilidad, pertinencia y correcta valoración de la prueba que se pretenda evacuar o se rechace admitir en algún procedimiento, la de la sanción impuesta, la competencia del órgano que la adoptó, el cómputo de plazos, posibles prescripciones, supuestas parcialidades y, en general, de todos aquellos vicios in procedendo que pudieran haberse producido durante la tramitación respectiva.

Definido esto, se le hace ver a la parte recurrida que el artículo 25 de la Constitución Política establece lo siguiente:

“Artículo 25.- Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna”.

Por lo tanto, la Sala ha declarado reiteradamente que en el marco de una relación de asociación tutelado por el artículo 25 de la Constitución Política, se deben respetar las garantías mínimas del debido proceso, aunque no sea necesario seguir un trámite tan elaborado como el que está previsto en la Ley General de la Administración Pública para las instancias públicas. De esta suerte, en la sentencia N° 2019019046 de las 9:20 horas del 4 de octubre de 2019, indicó lo siguiente:

“En relación con la observancia del debido proceso por parte de un sujeto de derecho privado, en el marco de una relación de asociación, esta Sala se ha pronunciado, de manera reiterada. Entre otras, en sentencia número 2008-009077 de las 19:16 horas del 29 de mayo de 2008, indicó lo siguiente:

'Sobre el respeto a un mínimo del debido proceso para tutelar el derecho de asociación. La naturaleza jurídica de las asociaciones, como es la recurrida, es eminentemente de carácter privado y, en ese sentido, la incorporación y sanciones a sus miembros se efectúa, fundamentalmente, con observancia de la normativa interna que las regula. Sin embargo, es menester indicar que al estar involucrado un derecho constitucionalmente tutelado, como lo es el derecho de asociación previsto en el artículo 25 de la Constitución Política, se debe razonablemente algunas garantías para el ejercicio de la defensa de los involucrados. En efecto, las asociaciones en el trámite de los procesos sancionatorios, incluyendo aquellos que pretenden sancionar a miembros de la Junta Directiva deben observar reglas básicas que le otorguen al eventual afectado la oportunidad previa de pronunciarse sobre los hechos que se le acusan y conocer cuáles son las razones que motivan su expulsión de la asociación, sin que sea necesario seguir un trámite como el que está previsto en la Ley General de la Administración Pública para las instancias públicas'”.

A lo que puede añadírsele lo dicho, más recientemente, en la sentencia Nº 2024032321 de las 09:20 horas del 1° de noviembre de 2024, a saber:

“SOBRE EL DEBIDO PROCESO EN EL RECURSO DE AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. En lo que respecta a la tutela de este derecho en casos como el de estudio, resulta particularmente ilustrativo lo señalado por esta Sala en la sentencia No. 2024020089 de las 10:10 horas de 16 de julio de 2024, que en lo que interesa dispone lo siguiente:

‘V.- SOBRE EL DEBIDO PROCESO, AMPARO CONTRA PARTICULARES. En relación con la observancia del debido proceso por parte de un sujeto de derecho privado, en el marco de una relación de asociación, esta Sala se ha pronunciado, de manera reiterada. Entre otras, en sentencia número 2008-009077 de las 19:16 horas del 29 de mayo de 2008, indicó lo siguiente:

‘Sobre el respeto a un mínimo del debido proceso para tutelar el derecho de asociación. La naturaleza jurídica de las asociaciones, como es la recurrida, es eminentemente de carácter privado y, en ese sentido, la incorporación y sanciones a sus miembros se efectúa, fundamentalmente, con observancia de la normativa interna que las regula. Sin embargo, es menester indicar que al estar involucrado un derecho constitucionalmente tutelado, como lo es el derecho de asociación previsto en el artículo 25 de la Constitución Política, se debe razonablemente algunas garantías para el ejercicio de la defensa de los involucrados. En efecto, las asociaciones en el trámite de los procesos sancionatorios, incluyendo aquellos que pretenden sancionar a miembros de la Junta Directiva deben observar reglas básicas que le otorguen al eventual afectado la oportunidad previa de pronunciarse sobre los hechos que se le acusan y conocer cuáles son las razones que motivan su expulsión de la asociación, sin que sea necesario seguir un trámite como el que está previsto en la Ley General de la Administración Pública para las instancias públicas’.

V.- CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente acota que la asociación recurrida siguió un procedimiento disciplinario en su contra, como represalia por denunciar una serie de graves irregularidades por parte la tesorera de la Junta Nacional, en el cual no solo operó la prescripción de la acción, sino que se le expulsó en forma definitiva y sin término definido, sin satisfacer las garantías del debido proceso. De ahí que todo lo actuado, es contrario a sus derechos fundamentales.

Se verificó que con ocasión de la denuncia que se formuló el 15 de setiembre de 2022, la Junta Nacional de Honor de la asociación recurrida dispuso la apertura de un procedimiento disciplinario contra el amparado, confiriéndole audiencia para que se refiriera a lo denunciado. Según se explica, aunque el 11 de octubre de 2022, este formuló su descargo, días después -mediante el oficio No. AGYSCR-0128-2022-23 de 25 de ese mismo mes y año- se amplió el plazo para aclarar o presentar las pruebas de descargo. Aunado a lo anterior, se constató que mediante acuerdo de la Corte Nacional de Honor No. 7 de la sesión extraordinaria No. 42-2022/23 de 30 de marzo de 2023, se le encontró responsable de los hechos denunciados, e impuso su expulsión como afiliado a la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica. Disconforme, el 22 de abril de ese mismo año, el amparado incoó recurso de apelación contra lo dispuesto en su contra. Posteriormente, en la sesión ordinaria de la Junta Directiva Nacional No. 16-2023/24 celebrada el 6 de setiembre de 2023, se analizó esa impugnación y se acordó revocar la resolución impugnada y retrotraer la causa disciplinaria a la denuncia inicial, puesto: ‘… 2) Que al revisar el expediente se encuentra que la sanción aplicada, no solo es por la causal denunciada, sino que la Corte Nacional de Honor, sanciona sobre hechos no denunciados. 3) Que de la revisión del expediente se extrae que el proceso no siguió un procedimiento preciso …’. Como se puede advertir con meridiana claridad, la interpretación que hizo el órgano instructor, de la etapa procedimental en la que debía volver a instruirse de la causa disciplinaria, es contrario al espíritu del órgano resolutor. De ahí que lo que procedía -según ese órgano, era instruir nuevamente el procedimiento, otorgando nuevamente audiencia al investigado para que se refiriera sobre los hechos que se le reprochan, a efectos de satisfacer el debido proceso; sin embargo, no se hizo, al estimar que la causa se encontraba debidamente instruida, lo cual no comparte este Tribunal, pues, si se ordenó retrotraer su sustanciación al momento en el que se formuló la denuncia, lo lógico era instruir la causa desde el inicio para corregir los yerros procedimentales para garantizar el debido proceso, tal y como lo apreció el órgano decisor. De ahí que como esto no ocurrió, se vulneró la tutela efectiva del derecho al debido proceso. Así las cosas, se impone acoger el recurso, conforme se dirá”.

Establecido esto, en el sub lite, una lectura de la resolución del 24 de octubre de 2024 permite establecer que, aparte de que al tutelado efectivamente se le comunicó la cesación de su membresía y su desafiliación de la asociación accionada sin darle la oportunidad de ejercitar previamente su derecho de defensa. Además, en ella tampoco se hace una formulación de cargos clara, precisa y circunstanciada, en la que se le explique al recurrente cabalmente cuál es la conducta inmoral que se enmarcó en los supuestos previsto en el inciso 2) de artículo 8) del Pacto constitutivo de la Asociación. Nótese que en ella se indica, únicamente, que al recurrente se le expulsa “…a rais (sic) de la difamación con entrevista de la vos (sic) de Nicoya”, sin mencionar en qué consistía esa supuesta “difamación” y porqué violaba el referido Pacto. Aunado a ello, en el oficio cuestionado tampoco se enumeran los elementos de prueba que permitían tener por demostrada la falta que se le endilgaba.

En este sentido, se le hace ver al presidente de la Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara que la propia transcripción del artículo octavo del estatuto que él hace al brindar su contestación, permite establecer que cuando allí se indica que en “...caso de que exista una causa de expulsión de alguna persona asociada, previo a la cesación de la membresía que se tramita, la Junta Directiva comunicará por escrito a la persona afectada los motivos que inspiran su expulsión, a efecto de que a partir del momento que reciba la comunicación pueda, en el término de diez días naturales preparar su defensa...”, de lo que se está hablando es del acto inicial del procedimiento, que debe contener una adecuada formulación de cargos para que la persona investigada pueda defenderse. Es decir, no se puede expulsar a un afiliado y luego darle audiencia para que se defienda, como ha ocurrido en este caso.

Asimismo, tampoco es aceptable que se le diga al investigado, como también ha ocurrido aquí, que su caso será conocido en la “sesión próxima de la Junta directiva”, sin indicarle la fecha precisa de esa sesión. Por todas estas razones, procede declarar con lugar el recurso.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara CON LUGAR el recurso. Se deja sin efecto la resolución del 24 de octubre de 2024 y se restituye al recurrente en el pleno ejercicio de sus derechos como asociado de la Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara, sin demérito de que la asociación recurrida pueda iniciar un nuevo procedimiento disciplinario en su contra. Se condena además a la citada Asociación Cámara de Turismo y Comercio de Playa Sámara al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo Jose Roberto Garita N.

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