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Res. 14379-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 16/05/2025
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo and ordered AyA and MINAE to verify and rectify the water source registries of Naranjo within six months, prepare a public national update schedule, and coordinate the publication of corrected data.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó al AyA y al MINAE verificar y rectificar los registros de fuentes de agua de Naranjo en seis meses, elaborar un cronograma público de actualización nacional y coordinar la publicación de los datos corregidos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed by the Federation of Community Aqueducts of the El Chayote Protected Zone (FEDAPRO) against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and the Ministry of Environment and Energy (MINAE). The petitioner reported serious inconsistencies in the official water source registries of the canton of Naranjo: at least 122 springs mistakenly classified as rivers or streams and multiple georeferencing errors. These flaws may improperly reduce legal protection areas, expose flows to unregulated intakes, and leave sensitive ecosystems unprotected, jeopardizing the drinking water supply for thousands of people. The Chamber found that, despite repeated requests since May 2022, AyA failed to respond timely to the Water Directorate, and the latter, hiding behind administrative formalism, did not correct the records without AyA's official confirmation. The ruling labels this paralysis as institutional inaction incompatible with the precautionary and prevention principles, and orders within six months the verification and rectification of data, submission of a detailed report, and the design of a public schedule for updating national registries with participation of the ASADAS.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote (FEDAPRO) contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). La recurrente denunció graves inconsistencias en los registros oficiales de fuentes de agua del cantón de Naranjo: al menos 122 nacientes clasificadas erróneamente como ríos o quebradas y múltiples errores de georreferenciación. Estas fallas pueden reducir indebidamente las áreas de protección legal, exponer caudales a captaciones no reguladas y desproteger ecosistemas sensibles, afectando el abastecimiento de agua potable para miles de personas. La Sala constató que, pese a reiteradas solicitudes desde mayo de 2022, el AyA no respondió oportunamente a la Dirección de Aguas, y esta última, escudándose en un formalismo administrativo, no corrigió los registros sin la confirmación oficial del AyA. La sentencia califica esta parálisis como inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención, y ordena en un plazo de seis meses la verificación y rectificación de los datos, la remisión de un informe detallado y el diseño de un cronograma público de actualización de registros nacionales con participación de las ASADAS.
Key excerptExtracto clave
V.- THE SPECIFIC CASE. After reviewing the evidence submitted, this Court finds a violation of the petitioner’s fundamental rights. From the reports rendered by the respondents' representatives —given under oath with the consequences, including criminal, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction— and the evidence produced, it has been duly proven that the problem reported by the petitioner, namely inconsistencies in the classification and georeferencing of multiple water sources in the canton of Naranjo, has not been addressed with due diligence nor has it generated sufficient institutional action to ensure proper updating of official records. Indeed, while it is true that AyA and the Water Directorate have exchanged communications and that the former finally sent, on May 2, 2025, communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 as a partial response to several prior requests, the truth is that these actions have been late, fragmented, and lacking effective follow-up. Note that, although AyA responded via communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 of 2 May 2025 to some of the requests sent by the Water Directorate —among them, communications DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, and DA-1779-2022— such pronouncement constitutes late action, occurring nearly three years after the problem began. Additionally, AyA’s response was incomplete, lacking final technical resolutions on the critical points raised and failing to include an operational schedule for reviewing and updating the erroneous data, both locally and nationally. On the other hand, the Water Directorate has recognized that it cannot make corrections to the records without first receiving formal confirmation from AyA, which has caused an administrative paralysis that perpetuates the existence of incorrect or outdated data on sources used for human supply. While it is understood that the Water Directorate cannot unilaterally modify the georeferenced data, flows, or typological classifications without the corresponding official confirmation from AyA —which responds to a logic of administrative competences— this does not exempt it from its constitutional duty to act diligently in the face of substantive environmental risks. The passive and waiting attitude adopted by both institutions reveals a pattern of institutional inaction incompatible with the principles of precaution and prevention that govern environmental matters, and with international standards of enhanced due diligence in protecting water resources. In this sense, the structural omission, by both AyA and the Water Directorate, represents a real and current threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to access to environmental information and the safeguarding of water resources, especially since springs, rivers and streams are public domain assets whose use and conservation are essential for the life and health of thousands of people.V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, que el problema denunciado por la parte recurrente, relativo a inconsistencias en la clasificación y georreferenciación de múltiples fuentes de agua en el cantón de Naranjo, no ha sido abordado con la debida diligencia ni ha generado acciones institucionales suficientes para garantizar una actualización adecuada de los registros oficiales. En efecto, si bien consta que el AyA y la Dirección de Aguas han intercambiado comunicaciones y que el primero remitió, hasta el 2 de mayo de 2025, el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 como respuesta parcial a varias solicitudes anteriores, lo cierto es que dichas gestiones han sido tardías, fragmentadas y carentes de seguimiento efectivo. Nótese que, si bien es cierto que el AyA respondió mediante el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 del 2 de mayo de 2025 a algunas de las solicitudes remitidas por la Dirección de Aguas -entre ellas, los oficios DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, y DA-1779-2022-, dicho pronunciamiento constituye una actuación tardía, producida casi tres años después de iniciada la problemática. A ello se suma que la respuesta remitida por el AyA fue incompleta, careciendo de resoluciones técnicas finales sobre los puntos críticos señalados, y sin incorporar un cronograma operativo para la revisión y actualización de los datos erróneos, tanto a nivel local como nacional. De otra parte, la Dirección de Aguas ha reconocido que no puede realizar correcciones en los registros sin recibir previamente confirmación formal del AyA, lo que ha generado una parálisis administrativa que perpetúa la existencia de datos incorrectos o desactualizados sobre fuentes utilizadas para el abastecimiento humano. Si bien se entiende que la Dirección de Aguas no puede modificar por cuenta propia los datos georreferenciados, los caudales o las clasificaciones tipológicas sin la correspondiente confirmación oficial del AyA, lo que responde a una lógica de competencias administrativas, esto no le exime de su deber constitucional de actuar con diligencia frente a riesgos ambientales sustantivos. La actitud pasiva y de espera adoptada por ambas instituciones revela un patrón de inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención que rigen la materia ambiental, y con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada frente a la protección del recurso hídrico. En ese sentido, la omisión estructural, tanto por parte del AyA como de la Dirección de Aguas, representa una amenaza cierta y actual al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al derecho al acceso a información ambiental y al resguardo del recurso hídrico, máxime tratándose de nacientes, ríos y quebradas que constituyen bienes de dominio público cuyo uso y conservación es esencial para la vida y la salud de miles de personas.
Pull quotesCitas destacadas
"La actitud pasiva y de espera adoptada por ambas instituciones revela un patrón de inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención que rigen la materia ambiental, y con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada frente a la protección del recurso hídrico."
"The passive and waiting attitude adopted by both institutions reveals a pattern of institutional inaction incompatible with the precautionary and prevention principles that govern environmental matters, and with international standards of enhanced due diligence regarding the protection of water resources."
Considerando V
"La actitud pasiva y de espera adoptada por ambas instituciones revela un patrón de inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención que rigen la materia ambiental, y con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada frente a la protección del recurso hídrico."
Considerando V
"La inscripción inexacta de una naciente como quebrada o río implica efectos jurídicos materiales, tales como la reducción indebida de las áreas de protección, la exposición del caudal a captaciones no reguladas, la omisión en la fiscalización del uso del recurso y la desprotección de ecosistemas sensibles."
"The inaccurate registration of a spring as a stream or river entails material legal effects, such as the undue reduction of protection areas, exposure of the flow to unregulated intakes, failure to supervise resource use, and the lack of protection for sensitive ecosystems."
Considerando V
"La inscripción inexacta de una naciente como quebrada o río implica efectos jurídicos materiales, tales como la reducción indebida de las áreas de protección, la exposición del caudal a captaciones no reguladas, la omisión en la fiscalización del uso del recurso y la desprotección de ecosistemas sensibles."
Considerando V
"La falta de actualización y verificación de estos datos no solo puede tener consecuencias ambientales graves e irreversibles, como la afectación de áreas de protección legal, sino que compromete también el principio de sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico."
"The lack of updating and verification of these data may not only have serious and irreversible environmental consequences, such as harm to legally protected areas, but also compromises the principle of sustainability in water resource management."
Considerando V
"La falta de actualización y verificación de estos datos no solo puede tener consecuencias ambientales graves e irreversibles, como la afectación de áreas de protección legal, sino que compromete también el principio de sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico."
Considerando V
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Date of Resolution: May 16, 2025 at 09:35 Case File: 23-024390-0007-CO Type of Matter: Amparo Action Judgment with Separate Opinion Relevance Indicators Relevant Judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Strategic Themes: Human Rights, Environmental, Right to Health, Economic Social Cultural and Environmental Rights Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE Topic: INFORMATION Subtopics:
LACK OF RESPONSE.
Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
PROTECTED AREA.
014379-25. INFORMATION. ENVIRONMENT. IT IS ALLEGED THAT THERE IS A SERIOUS OMISSION IN THE UPDATING AND ACCURACY OF OFFICIAL RECORDS ON WATER SOURCES IN THE CANTON OF NARANJO. THE EXECUTIVE PRESIDENT OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS AND THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY ARE ORDERED TO: WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, 1. VERIFY AND, WHERE APPROPRIATE, RECTIFY THE GEOREFERENCING, TYPOLOGICAL CLASSIFICATION, AND OTHER TECHNICAL DATA OF THE WATER SOURCES REGISTERED IN THE CANTON OF NARANJO, PRIORITIZING THOSE USED FOR HUMAN CONSUMPTION BY THE ASADAS; 2. JOINTLY SUBMIT A DETAILED AND COMPLETE REPORT TO THIS CHAMBER ON THE ACTIONS TAKEN, THE RESULTS OBTAINED, AND THE PENDING PROCEDURES TO BE RESOLVED IN RELATION TO THE FOREGOING; 3. DESIGN AND IMPLEMENT A PUBLIC TIMELINE FOR THE REVIEW, VERIFICATION, AND UPDATING OF THE NATIONAL WATER SOURCE RECORDS (SINIGIRH AND NATIONAL CONCESSIONS REGISTER), WITH THE PARTICIPATION OF THE ASADAS AND INTERESTED ORGANIZATIONS, WHICH MUST CONTAIN DEADLINES, INSTITUTIONAL RESPONSIBLE PARTIES, AND MEANS FOR PUBLIC MONITORING AND OVERSIGHT. 4.
THAT THE OFFICIAL DESIGNATED AS THE LIAISON TO THE SINIGIRH BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS PROCEED TO COORDINATE WITH THE WATER DIRECTORATE OF MINAE AND WITH THE INFORMATION SYSTEMS DIRECTORATE OF AYA, THE ACTIVATION OF THE PROCEDURE FOR UPDATING AND PUBLISHING THE CORRECTED DATA. VCG05/2025 “(…) V.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal certifies the injury to the fundamental rights of the petitioner. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities -which are considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the problem denounced by the petitioner, relating to inconsistencies in the classification and georeferencing of multiple water sources in the canton of Naranjo, has not been addressed with due diligence nor has it generated sufficient institutional actions to guarantee an adequate updating of the official records.
Indeed, while it is recorded that AyA and the Water Directorate have exchanged communications and that the former sent, as late as May 2, 2025, official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 as a partial response to several previous requests, the truth is that these actions have been late, fragmented, and lacking effective follow-up. Note that, while it is true that AyA responded through official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 of May 2, 2025, to some of the requests sent by the Water Directorate -among them, official letters DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, and DA-1779-2022-, said pronouncement constitutes a late action, produced almost three years after the problem began. Added to this is that the response sent by AyA was incomplete, lacking final technical resolutions on the critical points indicated, and without incorporating an operational timeline for the review and updating of the erroneous data, both at the local and national levels.
Furthermore, the Water Directorate has acknowledged that it cannot make corrections to the records without first receiving formal confirmation from AyA, which has generated an administrative paralysis that perpetuates the existence of incorrect or outdated data on sources used for human supply. While it is understood that the Water Directorate cannot modify the georeferenced data, flow rates, or typological classifications on its own without the corresponding official confirmation from AyA, which responds to a logic of administrative competencies, this does not exempt it from its constitutional duty to act diligently in the face of substantive environmental risks. The passive and waiting attitude adopted by both institutions reveals a pattern of institutional inaction incompatible with the principles of precaution and prevention that govern environmental matters, and with international standards of enhanced due diligence regarding the protection of water resources.
In that sense, the structural omission, both by AyA and the Water Directorate, represents a certain and current threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as to the right to access environmental information and the safeguarding of water resources, especially concerning springs (nacientes), rivers, and streams that constitute public domain assets whose use and conservation is essential for the life and health of thousands of people. The lack of updating and verification of this data may not only have serious and irreversible environmental consequences, such as the affectation of legal protection areas, but also compromises the principle of sustainability in the management of water resources. To this effect, this Tribunal warns that the response given by the competent authorities has been mediated by excessive formalism, contrary to the principle of effectiveness in the protection of fundamental rights.
Robust inter-institutional coordination has not been promoted, nor has a clear timeline of concrete actions been implemented to correct the erroneous information. Likewise, the non-existence of a comprehensive policy or national timeline for updating water source records has been verified, which reinforces the perception of omission by the state apparatus in a matter of high environmental and social sensitivity. It is worth highlighting that the inaccurate registration of a spring (naciente) as a stream or river implies material legal effects, such as the undue reduction of protection areas, the exposure of the flow rate to unregulated intakes, the omission in the oversight of resource use, and the lack of protection of sensitive ecosystems. These consequences, far from being merely technical or administrative, affect the essential core of fundamental rights that protect the life, health, and well-being of people, as well as the environment.
Consequently, it is concluded that the reported omission violates the fundamental rights invoked, particularly the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution), the right to health (Article 21 of the Constitution), and access to environmental information. Consequently, this action is granted to guarantee the immediate updating, verification, and correction of the indicated records, as stated in the operative part of this judgment. (…)” ... See more Related Judgments Content of Interest:
Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION “(…) I.- PRELIMINARY MATTER. Prior to analyzing the merits of the matter –due to the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure– it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines, established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by the sectorial laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– and to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in this case, an exception is presented, as it involves a complaint filed for a problem related to the registration and location of water sources. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)” VCG05/2025 ... See more Content of Interest:
Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 050- Environment Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION “(…) IV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Regarding this topic, in Judgment No. 2022022070 of 9:20 a.m. on September 23, 2022, this Tribunal stated:
“Concerning the nature of the grievances alleged in the sub lite, this Tribunal has repeatedly pronounced on the right to a healthy and ecologically balanced environment. For example, in Judgment No. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:
“On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has underlined that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized both at the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that the effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and citizens in general must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined and identified risks considered at least probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee potential negative impacts.
On the other hand, the precautionary principle states that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on costs to prevent the degradation of the environment. From the foregoing, it is noted that the principle starts from reasonable scientific uncertainty in conjunction with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work causes. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obligated to adopt the measures that guarantee the defense and effective preservation of the environment in accordance with such principles.
Now, such an objective obligation does not unavoidably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by authorities, or by natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effectiveness of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo against subjects of private law.
It is also important to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed the matters relating to state obligations in relation to the environment, in the interest of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.
In that opinion, the Court recognized the interrelation between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In this sense, it stated:
“47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between environmental protection and the realization of other human rights, insofar as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter “Protocol of San Salvador”), highlights the close relationship between the observance of economic, social and cultural rights -which includes the right to a healthy environment- and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which reason they require permanent protection and promotion with the object of achieving their full observance, without the violation of some ever being justifiable for the sake of the realization of others (…)
49. For its part, the Inter-American Commission has highlighted that several rights of fundamental rank require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same sense, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and highlighted that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect the well-being of the individual and, as a consequence, generate violations of individuals' rights, such as the rights to life, respect for private and family life68, and private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a “general satisfactory environment, favorable to development” is closely related to economic and social rights insofar as the environment affects the quality of life and the security of the individual (…) 52.
Furthermore, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelation has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter “Stockholm Declaration”), where it was established that “[e]conomic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life,” affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter “Rio Declaration”), the States recognized that “[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development” and, at the same time, emphasized that “in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.” Following this, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection.
Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, the States recognized the consideration that must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Furthermore, when adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the scope of all people's human rights depends on the achievement of the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. In the same sense, several instruments of the inter-American sphere have referred to environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter which provides that “[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper stewardship of the environment,” therefore “it is essential that the states of the Hemisphere implement policies and strategies to protect the environment, including respect for various treaties and conventions, to achieve sustainable development for the benefit of future generations” (…) 55.
As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) multiple other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations for States for the purpose of fulfilling their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these state obligations, the Court may make use of the principles, rights, and obligations of international environmental law, which as part of the international corpus juris contribute decisively to setting the scope of the obligations derived from the American Convention in this matter (supra paras. 43 to 45) (…) 59.
The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed to both present and future generations. However, the right to a healthy environment also has an individual dimension, insofar as its violation can have direct or indirect repercussions on individuals due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. Environmental degradation can cause irreparable harm to human beings, which is why a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity.”.
This interrelation between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, at the 46th session, stated:
“Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, safe drinking water and sanitation and housing, and cultural rights.”.
Also, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, this Council stated:
“(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, housing, safe drinking water and sanitation, and participation in cultural life, for present and future generations (…)
Recognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)
Recognizing the importance of a clean, healthy and sustainable environment as something fundamental to the enjoyment of all human rights (…)
1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right important for the enjoyment of human rights; 2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)”. (The highlighting does not correspond to the original).
Thus, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is reflected, the defense of which transcends the protection of this constitutional asset in itself, since its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primordial assets of the human being (such as life, health, property, equality), so that if the former fails, the effective safeguarding of the latter is not achieved.
Beyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the aforementioned opinion, recognized the right to a healthy environment as an autonomous one, susceptible of protection independently of any risk of affectation to individual persons. In this sense, it provided:
“62. This Court considers it important to highlight that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature and the environment not only because of its connection with a utility for the human being or because of the effects that its degradation could cause on other persons' rights, such as health, life, or personal integrity, but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared, also deserving of protection in themselves. In this sense, the Court notes a trend toward recognizing legal personhood and, therefore, rights to nature not only in judicial judgments but even in constitutional orders. 63. In this way, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity.”. (The highlighting does not correspond to the original).
This position was adopted in the judgment of February 6, 2020, relating to the case “Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina,” in which, overcoming an anthropocentric approach, the Inter-American Court affirms that the right to a healthy environment, besides being fundamental for the very existence of the human being, constitutes an autonomous and universal right, so that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest in itself. In the words of the Inter-American Court: “It is about protecting nature,” not only for its “utility” or “effects” regarding human beings, “but for its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.” Given the transcendence of this affirmation, it is appropriate to transcribe this excerpt from the referred resolution:
“203. The Court has already referred to the content and scope of this right, considering various relevant norms, in its Advisory Opinion OC-23/17, for which it refers to said pronouncement. It affirmed on that occasion that the right to a healthy environment “constitutes a universal interest” and “is a fundamental right for the existence of humanity,” and that “as an autonomous right […] protects the components of the […] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature,” not only for its “utility” or “effects” regarding human beings, “but for its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.” The foregoing does not prevent, of course, other human rights from being violated as a consequence of environmental damage.”. (The highlighting does not correspond to the original).
Based on the foregoing, this Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for conventional and constitutional obligations, which constrain the State not only to recognize the rights enshrined therein but also to impose the legal measures required for their safeguarding” (the highlighting is from the original).
In addition to the foregoing, recently, the United Nations General Assembly adopted resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, in which it stated:
“1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right; 2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law; 3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy and sustainable environment requires the full implementation of the multilateral environmental agreements under the principles of international environmental law; 4. Calls upon States, international organizations, business enterprises and other relevant stakeholders to adopt policies, to enhance international cooperation, strengthen capacity-building and continue to share good practices in order to scale up efforts to ensure a clean, healthy and sustainable environment for all”.
This resolution is the formal expression of the will of the principal deliberative, policy-making, and representative organ of the United Nations Organization. Consequently, it constitutes a political commitment of a universal nature that must be valued as a source of soft law of the greatest relevance.
Precisely, Resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. With this, it significantly contributes to its positivization, resulting in its technical understanding as a “fundamental right.” Likewise, it strengthens the notion that environmental protection is an “autonomous” human right, that is, that it is valid in itself, so that, on the one hand, it has its own conceptual existence distinct from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as life or health) and, on the other, its object of protection transcends the human being, since it provides shelter to the various components of nature due to their transcendence for preserving the existence of living organisms in general, independently of their utility for human beings.
Likewise, it reiterates and, through that means, strengthens the position that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which implies that its transgression can lead to the violation of health, life, democratic sustainable development, to cite only a few examples. The foregoing confers a particularly relevant legal meaning to the right in question.
In addition, the UN General Assembly prescribes that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment demands the full application of conventional rights related to the environment in accordance with the principles of international environmental law. From the foregoing, its essential inclusion within this Chamber's jurisdictional control of constitutionality is inferred.
Finally, in harmony with the recognized theory of the horizontal effectiveness of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), Resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regulates that the obligation to protect the environment, beyond the states, extends to international organizations, business enterprises, and other relevant stakeholders, a last term that comprises human beings in general.
It is precisely in this sense that the Law of Constitutional Jurisdiction contemplates the amparo action against subjects of private law.
In sum, under the conceptual framework explained *ut supra*, this Constitutional Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the conventional and constitutional commitments that impose upon the Costa Rican State and society in general the obligation not only to recognize the rights, principles, and values of environmental matters, but also to implement all those measures and actions required to ensure their effective protection” (emphasis in original). (…)” VCG05/2025 ... See more Content of Interest:
Content type: Separate note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics:
NOT APPLICABLE.
I have supported this Court's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the bodies that must hear the legal dispute are the Administrative-Contentious Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VCG05/2025 ... See more CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-five hours on the sixteenth of May of two thousand twenty-five.
Amparo remedy processed in case file number 23-024390-0007-CO filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], identity card [Value 002], against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA) and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.
WHEREAS:
2- Said ASADAs must attend, with the funds coming from the service provision tariffs, to the quality of environmental management and the water resource, with the advice of AyA as Governing Body according to that ordered by the Metropolitan ORAC: “It is reiterated that each ASADA must comply with the due procedure to raise the request for assignment of flow or else rectification of any of its sources regarding geographic coordinates, assigned flow, or type of source.” 3- In accordance with that established by the Metropolitan ORAC through official communication GSD-UEN-GAR-2023-03716, the petitioner's management has already been processed so as to be able to continue with the procedure within the competencies of AyA. 4- Input and coordination from the Water Directorate is required for what was requested by the petitioner. For the reasons set forth, we can affirm that my represented party has not fallen into omissions of its responsibilities, nor has it violated the fundamental rights of the petitioner, much less the right to health or life or the right of reply of the petitioner.”
GSD- UEN-GAR-2025-01619, the Constitutional Court is informed that communication and a reminder have already been sent to the ASADAS in the area so that they may process the pertinent updates within the obligations that these organizations have under delegated management."
Prepared by Magistrate Cruz Castro; and,
Considering:
Before analyzing the merits of the matter – regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure – it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve a final administrative act – initiated ex officio or at the request of a party – and to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is proposed, as it involves a complaint filed concerning a problem related to the registration and location of water sources. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo appeal.
The petitioner files an amparo appeal and states that there is a serious omission in the updating and accuracy of the official records on water sources in the canton of Naranjo, a situation they consider violates the constitutional rights to a healthy environment, access to environmental information, and protection of water resources (Articles 21, 50, and related articles of the Political Constitution). They maintain that, after conducting technical studies and field work, they detected significant inconsistencies between the reality of the springs (nacientes), rivers, and streams in the canton of Naranjo and the information recorded in the National Water Resource Information System and the National Registry of Water Concessions and Uses. They point out, in particular, that at least 122 springs (nacientes) were incorrectly classified as rivers or streams and that many of these sources are poorly georeferenced, which could cause irreversible environmental damage, affect legally established protection areas, and compromise the drinking water supply for thousands of people.
They state that on May 19, 2022, they filed a complaint before the Water Directorate, pointing out the risks of maintaining inaccurate records. In response, through official letter DA-1906-08-2022, the Directorate claimed not to be responsible for updating the information, attributing this task to the ICAA. They consider that this response incurs in an excess of formalism that impedes diligent and timely action in the face of a serious environmental problem. Subsequently, on September 12, 2022, they also filed a complaint before the ICAA, requesting the updating of records and corresponding inter-institutional coordination. However, they state that more than a year later, no effective action has been taken to correct the information, perpetuating what they describe as a "poor sub-registration" that affects not only the canton of Naranjo but possibly the entire national territory, endangering the right of future generations to a healthy environment and access to water.
They request the Constitutional Chamber to order: 1. The urgent correction of erroneous data on springs (nacientes) and streams in the canton of Naranjo, prioritizing sources used for human consumption. 2. Effective coordination among the Water Directorate, the ICAA, the Ministry of Environment and Energy, the SINAC, and the Ministry of Health to reverse the situation of irregularities and illegal invasions in protection areas. 3. The review and correction of records at the national level. 4. The rendering of detailed reports on the actions taken regarding the ASADAS in both the canton of Naranjo and the rest of the country. 5. The preparation of a correction and follow-up schedule, with the participation of interested parties and an accessible copy thereof. They maintain that the reported omission constitutes a violation of the principles of access to environmental information, environmental protection, and protection of water resources recognized constitutionally and by the jurisprudence of the Constitutional Chamber.
Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided in the initial order:
Facts related to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers:
On September 12, 2022, the Federation of Communal Aqueducts (FEDAPRO) submitted a document to the Executive Presidency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), without an official letter number, by which it reported errors in the categorization and geographic location of water sources in the canton of Naranjo, according to records of the Water Directorate of MINAE. Likewise, it requested the correction of said information and the implementation of inter-institutional measures to address illegal invasions in spring protection zones (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
On September 14, 2022, the Metropolitan Regional Office of Communal Aqueducts (ORAC) of AyA sent an email to the Deputy Management of Delegated Systems Management, in which it formulated recommendations to formally respond to FEDAPRO. Subsequently, on November 3, 2022, the ORAC reiterated these considerations, referring to official letters DA-1957-08-2022 and DA-0392-2023 issued by the Water Directorate of MINAE (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
The AyA Deputy Management of Delegated Systems Management processes requests such as the allocation of flow or rectification of coordinates, upon prior submission of specific requirements by each ASADA, such as a signed official letter from its legal representative, water balance, water quality analysis, and documentation on the ownership of the source (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
On May 2, 2025, the Deputy Management of Delegated Systems Management, through official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-01619, addressed official letters DA-1957-08-2022, of August 19, 2022, regarding the verification and correction of geolocation and classification of ASADA water sources in the canton of Naranjo; DA-1541-2022, of October 4, 2022, regarding the review of georeferencing data, type of source, and flow of intakes nationwide; and DA-0392-223, of February 16, 2023, in follow-up to official letter DA-1957-08-2022. This detailed the update process that the Deputy Management has been developing as part of a continuous improvement policy, as well as the procedures still pending resolution, recorded in Annex 2 (SG-GSD-2025-00245). Likewise, the procedures resolved by the Water Directorate were communicated (Annex 3), and the ASADAS were reminded of their responsibility in water resource management through official letter GSD-UEN-GAR-2025-01622 (Annex 4) (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
For the rectification of data such as coordinates or type of source, each ASADA must submit a technical file with: a formal application, identification of the professional responsible for the study, graphic evidence, detailed technical information on the sources, and a field verification chart with high-precision data (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Regarding official letter DA-1779-2022 of October 18, 2022, related to the updating of the National Registry of Concessions, it was indicated that no formal notification or case assignment had been received, so it had not been addressed (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Mr. Sergio Romero, from the AyA Planning Directorate, was appointed via official letter PRE-2020-00087 of January 29, 2020, as liaison with the Water Directorate of MINAE. Since that date, he has not received new update requests from the SINIGIRH administrator, but the measure of creating a new geoservice from the internal AyA portal to facilitate data updating by MINAE was announced (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
There is no joint schedule for correcting inconsistencies in water source records at the national level or for the canton of Naranjo, and progress in this matter depends on institutional capacity and the intake of new requests (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Facts related to the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy:
On May 19, 2022, FEDAPRO submitted a written complaint to the Water Directorate, exposing the potential negative consequences of maintaining inaccurate records, both in captured and non-captured springs (nacientes), streams, and their respective protection zones (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Through official letter DA-1906-08-2022 of August 18, 2022, the Water Directorate responded that, although it keeps the mentioned records, it is not the entity responsible for updating them, since that function formally belongs to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), which must provide the verified information. This official letter also indicated that on September 12, 2022, an environmental complaint was filed before AyA requesting data updating and inter-institutional coordination, without a satisfactory response having been received (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Through official letter DA-1541-2022 of October 4, 2022, addressed to the Deputy Manager of Delegated Aqueduct Systems of AyA, the Water Directorate requested the review of intakes registered nationwide, including geolocation data, type of source, and flow (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Through official letter DA-1779-2022 of October 18, 2022, addressed to the Executive President of AyA, the Water Directorate requested the updating of records associated with the Institute, after identifying unused or incorrectly located sources (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Through official letter DA-1957-08-2022 of August 19, 2022, notified on November 10, 2022, the Water Directorate sent to the Director of the UEN Rural Aqueduct Management of AyA, together with a list of sources registered by various ASADAS in the canton of Naranjo, for the purpose of verifying their location and type of source (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Through official letter DA-0392-223 of February 16, 2023, notified on February 17, 2023, the Water Directorate reiterated the previous request and indicated that the action responded to an approach by FEDAPRO, presented by Messrs. [Name 001] and [Name 002], concerning the possible correction of water source data (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
The Water Directorate has not been able to make corrections to the National Registry of Water Concessions or the National Information System for Integrated Water Resource Management (SINIGIRH), given that any modification requires official confirmation from AyA, especially regarding geographic coordinates, flows, and source classification; altering such records without documentary support can have legal implications, particularly regarding the protection regime provided for in Article 31 of the Water Law (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
The Water Directorate conducted field inspections as part of its technical control plan, which revealed discrepancies between the locations reported by AyA and those observed on site. In these cases, the Directorate informed AyA in writing, requesting the pertinent corrections, although without obtaining a response (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
The records for the canton of Naranjo remain unchanged, as no official information has been received from AyA to validate or correct the data. However, at the beginning of 2025, through official letters SB-AID-2025-000016 of January 15, 2025 and UEN-GA-2025-00065-SB-AID-2025, AyA requested the deletion of duplicate sources registered under administrative file 602-R, a process that was addressed and executed by the Water Directorate, although it was not specified whether those sources correspond to the canton of Naranjo (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
On this topic, in Judgment No. 2022022070 at 9:20 a.m. on September 23, 2022, this Court stated:
"Concerning the nature of the alleged grievances in the sub lite, this Court has repeatedly ruled on the right to a healthy and ecologically balanced environment. For example, in Judgment No. 2021024807 at 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:
"On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has underscored that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized both at the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that effective protection of this right requires resources to be used rationally, a context in which the State and the general citizenry must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of potential damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined and identified risks, at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts.
On the other hand, the precautionary principle states that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on costs to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle stems from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. While in the former there is such certainty, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obliged to adopt measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment in accordance with these principles.
Now, this objective obligation does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right for appropriate measures to be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by authorities, or by natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo action against subjects of private law.
It is also worth highlighting that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed that concerning State obligations in relation to the environment, in order to safeguard the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.
In that opinion, the Court recognized the interrelationship between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In this sense, it stated:
"47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between environmental protection and the realization of other human rights, as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter "Protocol of San Salvador"), highlights the close relationship between the validity of economic, social and cultural rights – which includes the right to a healthy environment – and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which reason they demand permanent protection and promotion in order to achieve their full validity, without the violation of some ever being justified for the sake of the realization of others (…)
49. For its part, the Inter-American Commission has highlighted that several fundamental rights require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same sense, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and highlighted that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect the well-being of the individual and, as a consequence, generate violations of people's rights, such as the rights to life, respect for private and family life68, and private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a "general satisfactory environment, favorable to development" is closely related to economic and social rights insofar as the environment affects the quality of life and security of the individual (…) 52.
Furthermore, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter “Declaración de Estocolmo”), which established that “[e]conomic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life,” affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter “Declaración de Río”), States recognized that “[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development” and, at the same time, emphasized that “in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.” Following up on the foregoing, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection.
Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, States recognized the consideration that must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Moreover, upon adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the fulfillment of the human rights of all persons depends on achieving the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. In the same vein, several instruments within the inter-American sphere have referred to environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter, which provides that “[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper stewardship of the environment,” for which reason “it is essential that the states of the Hemisphere implement policies and strategies to protect the environment, including respect for the various treaties and conventions, in order to achieve sustainable development for the benefit of future generations” (…) 55.
As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) multiple other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations for States for the purpose of fulfilling their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these State obligations, the Court may make use of the principles, rights, and obligations of international environmental law, which, as part of the international corpus iuris, contribute decisively to defining the scope of the obligations derived from the American Convention in this matter (supra paras. 43 to 45) (…) 59.
The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed to both present and future generations. However, the right to a healthy environment also has an individual dimension, to the extent that its violation can have direct or indirect repercussions on individuals due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. Environmental degradation can cause irreparable harm to human beings; therefore, a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity.”.
This interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which, in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, at its 46th session, held:
“Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and to the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, to an adequate standard of living, to adequate food, to safe drinking water and sanitation, and to housing, and cultural rights.”.
Also, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, that Council stated:
“(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, to the highest attainable standard of physical and mental health, to an adequate standard of living, to adequate food, to housing, to safe drinking water and sanitation and to participation in cultural life, for present and future generations (…)
Recognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)
Recognizing the importance of a clean, healthy and sustainable environment as fundamental to the enjoyment of all human rights (…)
1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right that is important for the enjoyment of human rights; 2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)”. (The highlighting does not correspond to the original).
In this way, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is reflected, whose defense transcends the protection of this constitutional good in itself, since its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primordial goods of the human being (such as life, health, property, equality), so that if the former fails, the effective safeguarding of the latter is not achieved.
Beyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the opinion alluded to supra, recognized the right to a healthy environment as an autonomous right, susceptible to protection independently of any risk of harm to individual persons. In this regard, it held:
“62. This Court considers it important to highlight that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is a matter of protecting nature and the environment not only because of their connection to a utility for the human being or because of the effects that their degradation could cause on other rights of persons, such as health, life, or personal integrity, but also because of their importance for the other living organisms with whom the planet is shared, which also deserve protection in themselves. In this sense, the Court notes a trend to recognize legal personhood and, therefore, rights to nature, not only in judicial decisions but even in constitutional orders. 63. Thus, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity.”. (The highlighting does not correspond to the original).
This position was adopted in the judgment of February 6, 2020, related to the case “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina,” in which, surpassing an anthropocentric approach, the IACHR affirmed that the right to a healthy environment, besides being fundamental to the very existence of the human being, constitutes an autonomous and universal right, such that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest in itself. In the words of the IACHR: “It is a matter of protecting nature,” not only for its “utility” or “effects” with respect to human beings, “but also for its importance for other living organisms with whom the planet is shared.” Given the importance of this statement, it is appropriate to transcribe this section of the aforementioned decision:
“203. The Court has already referred to the content and scope of this right, considering various relevant norms, in its Advisory Opinion OC-23/17, and thus refers to that pronouncement. It affirmed on that occasion that the right to a healthy environment “constitutes a universal interest” and “is a fundamental right for the existence of humanity,” and that “as an autonomous right […] it protects the components of the […] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is a matter of protecting nature,” not only for its “utility” or “effects” with respect to human beings, “but also for its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.” The foregoing does not prevent, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.”. (The highlighting does not correspond to the original).
Based on the foregoing, this Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for conventional and constitutional obligations, which constrain the State not only to recognize the rights enshrined therein, but also to impose the legal measures required for their safeguarding” (the highlighting is from the original).
In addition to the foregoing, recently, the United Nations General Assembly adopted resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, which stated:
“1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right; 2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law; 3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy and sustainable environment requires the full implementation of the multilateral environmental agreements in accordance with the principles of international environmental law; 4. Calls upon States, international organizations, business enterprises and other relevant stakeholders to adopt policies, enhance international cooperation, strengthen capacity-building and continue to share good practices in order to intensify efforts to ensure a clean, healthy and sustainable environment for all”.
This resolution is the formal expression of the will of the main deliberative, policy-making, and representative organ of the United Nations Organization. Consequently, it constitutes a political commitment of a universal nature that must be assessed as a source of soft law of the utmost relevance.
Precisely, resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. With this, it contributes significantly to its positivization, resulting in its technical understanding as a “fundamental right.” Likewise, it strengthens the notion that environmental protection is an “autonomous” human right, that is, one that is valid in itself, so that, on the one hand, it has its own conceptual existence distinct from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as life or health) and, on the other hand, its object of protection transcends the human being, since it provides shelter to the various components of nature due to their importance for preserving the existence of living organisms in general, regardless of their utility for human beings.
Likewise, it reiterates and, thereby, strengthens the position that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which implies that its transgression can entail the violation of health, life, democratic sustainable development, to cite just a few examples. The foregoing confers a particularly relevant legal meaning to the right in question.
In addition, the UN General Assembly stipulates that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment demands the full application of conventional rights related to the environment in accordance with the principles of international environmental law. From the foregoing, its essential inclusion within the jurisdictional control of constitutionality by this Chamber is inferred.
Finally, in harmony with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regulates that the obligation to protect the environment extends beyond states to international organizations, business enterprises, and other stakeholders, the latter term encompassing human beings in general. It is precisely in this sense that the Law of Constitutional Jurisdiction contemplates the amparo remedy against subjects of private law.
In summary, under the conceptual framework explained ut supra, this Constitutional Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the conventional and constitutional commitments that the Costa Rican State and society in general impose not only the obligation to recognize the rights, principles, and values of environmental matters but also to implement all those measures and actions that are required to ensure their effective protection” (the highlighting is from the original).
After analyzing the evidentiary elements provided, this Court confirms the injury to the fundamental rights of the petitioner. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the problem denounced by the petitioner, relating to inconsistencies in the classification and georeferencing of multiple water sources in the canton of Naranjo, has not been addressed with due diligence nor has it generated sufficient institutional actions to guarantee an adequate update of the official registries. Indeed, although it is recorded that AyA and the Dirección de Aguas have exchanged communications and that the former sent, up until May 2, 2025, official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 as a partial response to several prior requests, the truth is that these efforts have been tardy, fragmented, and lacking effective follow-up.
Note that, although it is true that AyA responded through official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 of May 2, 2025, to some of the requests sent by the Dirección de Aguas—among them, official letters DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, and DA-1779-2022—said pronouncement constitutes a tardy action, produced almost three years after the problem began. Added to this is that the response sent by AyA was incomplete, lacking final technical determinations on the critical points indicated, and without incorporating an operational timeline for the review and update of erroneous data, both at the local and national levels.
Furthermore, the Dirección de Aguas has acknowledged that it cannot make corrections to the registries without first receiving formal confirmation from AyA, which has generated an administrative paralysis that perpetuates the existence of incorrect or outdated data on sources used for human supply. While it is understood that the Dirección de Aguas cannot, on its own, modify the georeferenced data, flow rates, or typological classifications without the corresponding official confirmation from AyA—which responds to a logic of administrative competencies—this does not exempt it from its constitutional duty to act diligently in the face of substantive environmental risks. The passive and waiting attitude adopted by both institutions reveals a pattern of institutional inaction incompatible with the principles of precaution and prevention that govern environmental matters, and with the international standards of reinforced due diligence regarding the protection of water resources.
In this sense, the structural omission by both AyA and the Dirección de Aguas represents a certain and current threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as to the right to access to environmental information and the safeguarding of water resources, especially since they are springs (nacientes), rivers, and streams (quebradas) that constitute public domain goods whose use and conservation are essential for the life and health of thousands of people. The lack of updating and verification of this data can not only have serious and irreversible environmental consequences, such as the impact on legal protection areas, but also compromises the principle of sustainability in water resource management. To this effect, this Court warns that the response given by the competent authorities has been mediated by excessive formalism, contrary to the principle of effectiveness in the protection of fundamental rights.
Neither robust inter-institutional coordination nor a clear timeline of concrete actions to correct the erroneous information has been promoted. Likewise, the non-existence of a comprehensive policy or national timeline for updating water source registries has been verified, which reinforces the perception of omission by the state apparatus in a matter of high environmental and social sensitivity. It is worth highlighting that the inaccurate registration of a spring (naciente) as a stream (quebrada) or river entails material legal effects, such as the undue reduction of protection areas, the exposure of the flow to unregulated diversions, the omission in the oversight of resource use, and the lack of protection of sensitive ecosystems. These consequences, far from being merely technical or administrative, affect the essential core of fundamental rights that protect life, health, and the well-being of people, as well as the environment.
Consequently, it is concluded that the omission denounced violates the fundamental rights invoked, particularly the right to a healthy environment (Artículo 50 of the Constitution), the right to health (Artículo 21 of the Constitution), and access to environmental information. Consequently, this remedy is granted to guarantee the immediate update, verification, and correction of the indicated registries, as set forth in the operative part of this judgment.
I have supported the thesis of this Court, that when the party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative sphere, those who should hear the legal controversy are the Administrative Litigation Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence.
Therefore, save for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
The parties are warned that, if they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE:
The remedy is DECLARED WITH MERIT. Consequently, JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, in his capacity as Director of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, are ordered: within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, 1. Verify and, where appropriate, rectify the georeferencing, typological classification, and other technical data of the water sources registered in the canton of Naranjo, prioritizing those used for human consumption by the ASADAS; 2. Jointly submit a detailed and complete report to this Chamber on the actions taken, the results obtained, and the efforts pending resolution in relation to the foregoing; 3. Design and put into execution a public timeline for the review, verification, and updating of the national registries of water sources (SINIGIRH and Registro Nacional de Concesiones), with the participation of the ASADAS and interested organizations, which must contain deadlines, institutional responsible parties, and means for public follow-up and oversight. 4.
That the official designated as liaison to the SINIGIRH by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proceed to coordinate with the Dirección de Agua of MINAE and with the Dirección de Sistemas de Información of AyA, the activation of the procedure for updating and publishing the corrected data. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that they must fulfill or cause to be fulfilled, issued in an amparo remedy, and does not fulfill it or cause it to be fulfilled, provided the offense is not more severely punished. The State and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of sentence of the administrative litigation jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records his note. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ana Cristina Fernandez A.
Rosibel Jara V.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: INFORMACIÓN Subtemas:
FALTA DE RESPUESTA.
Tema: AMBIENTE Subtemas:
AREA PROTEGIDA.
014379-25. INFORMACIÓN. AMBIENTE. SE ACUSA QUE EXISTE UNA GRAVE OMISIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN Y VERACIDAD DE LOS REGISTROS OFICIALES SOBRE FUENTES DE AGUA EN EL CANTÓN DE NARANJO. SE ORDENA AL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA QUE: EN EL PLAZO DE SEIS MESES, 1. VERIFIQUEN Y, EN SU CASO, RECTIFIQUEN LA GEORREFERENCIACIÓN, CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE LAS FUENTES DE AGUA REGISTRADAS EN EL CANTÓN DE NARANJO, PRIORIZANDO AQUELLAS UTILIZADAS PARA CONSUMO HUMANO POR PARTE DE LAS ASADAS; 2. REMITAN CONJUNTAMENTE UN INFORME DETALLADO Y COMPLETO A ESTA SALA SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS, LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LAS GESTIONES PENDIENTES DE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR; 3. DISEÑEN Y PONGAN EN EJECUCIÓN UN CRONOGRAMA PÚBLICO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS NACIONALES DE FUENTES DE AGUA (SINIGIRH Y REGISTRO NACIONAL DE CONCESIONES), CON PARTICIPACIÓN DE LAS ASADAS Y ORGANIZACIONES INTERESADAS, EL CUAL DEBERÁ CONTENER PLAZOS, RESPONSABLES INSTITUCIONALES Y MEDIOS DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN PÚBLICA. 4.
QUE EL FUNCIONARIO DESIGNADO COMO ENLACE ANTE EL SINIGIRH POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PROCEDA A COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE AGUA DEL MINAE Y CON LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYA, LA ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS CORREGIDOS. VCG05/2025 “(…) V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, que el problema denunciado por la parte recurrente, relativo a inconsistencias en la clasificación y georreferenciación de múltiples fuentes de agua en el cantón de Naranjo, no ha sido abordado con la debida diligencia ni ha generado acciones institucionales suficientes para garantizar una actualización adecuada de los registros oficiales.
En efecto, si bien consta que el AyA y la Dirección de Aguas han intercambiado comunicaciones y que el primero remitió, hasta el 2 de mayo de 2025, el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 como respuesta parcial a varias solicitudes anteriores, lo cierto es que dichas gestiones han sido tardías, fragmentadas y carentes de seguimiento efectivo. Nótese que, si bien es cierto que el AyA respondió mediante el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 del 2 de mayo de 2025 a algunas de las solicitudes remitidas por la Dirección de Aguas -entre ellas, los oficios DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, y DA-1779-2022-, dicho pronunciamiento constituye una actuación tardía, producida casi tres años después de iniciada la problemática. A ello se suma que la respuesta remitida por el AyA fue incompleta, careciendo de resoluciones técnicas finales sobre los puntos críticos señalados, y sin incorporar un cronograma operativo para la revisión y actualización de los datos erróneos, tanto a nivel local como nacional.
De otra parte, la Dirección de Aguas ha reconocido que no puede realizar correcciones en los registros sin recibir previamente confirmación formal del AyA, lo que ha generado una parálisis administrativa que perpetúa la existencia de datos incorrectos o desactualizados sobre fuentes utilizadas para el abastecimiento humano. Si bien se entiende que la Dirección de Aguas no puede modificar por cuenta propia los datos georreferenciados, los caudales o las clasificaciones tipológicas sin la correspondiente confirmación oficial del AyA, lo que responde a una lógica de competencias administrativas, esto no le exime de su deber constitucional de actuar con diligencia frente a riesgos ambientales sustantivos. La actitud pasiva y de espera adoptada por ambas instituciones revela un patrón de inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención que rigen la materia ambiental, y con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada frente a la protección del recurso hídrico.
En ese sentido, la omisión estructural, tanto por parte del AyA como de la Dirección de Aguas, representa una amenaza cierta y actual al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al derecho al acceso a información ambiental y al resguardo del recurso hídrico, máxime tratándose de nacientes, ríos y quebradas que constituyen bienes de dominio público cuyo uso y conservación es esencial para la vida y la salud de miles de personas. La falta de actualización y verificación de estos datos no solo puede tener consecuencias ambientales graves e irreversibles, como la afectación de áreas de protección legal, sino que compromete también el principio de sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico. Al efecto, este Tribunal advierte que la respuesta dada por las autoridades competentes ha estado mediada por un formalismo excesivo, contrario al principio de eficacia en la protección de los derechos fundamentales.
No se ha promovido una coordinación interinstitucional robusta ni se ha impulsado un cronograma claro de acciones concretas para corregir la información errónea. Asimismo, se ha constatado la inexistencia de una política integral o cronograma nacional de actualización de registros de fuentes de agua, lo cual refuerza la percepción de omisión por parte del aparato estatal en un asunto de alta sensibilidad ambiental y social. Cabe resaltar que la inscripción inexacta de una naciente como quebrada o río implica efectos jurídicos materiales, tales como la reducción indebida de las áreas de protección, la exposición del caudal a captaciones no reguladas, la omisión en la fiscalización del uso del recurso y la desprotección de ecosistemas sensibles. Estas consecuencias, lejos de ser meramente técnicas o administrativas, inciden sobre el núcleo esencial de derechos fundamentales que protegen la vida, la salud y el bienestar de las personas, así como, el ambiente.
En consecuencia, se concluye que la omisión denunciada vulnera los derechos fundamentales invocados, particularmente el derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional), el derecho a la salud (artículo 21 constitucional), y el acceso a información ambiental. Consecuentemente, se estima el presente recurso para garantizar la actualización, verificación y corrección inmediata de los registros señalados, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta por un problema relacionado con el registro y localización de fuentes de agua. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG05/2025 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En cuanto a este tema, en la sentencia nro. 2022022070 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022, este Tribunal señaló:
“Concerniente a la naturaleza de los agravios acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:
“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos.
Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios.
Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.
Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:
“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)
49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52.
Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”.
En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55.
Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59.
El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.
Esta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:
“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.
También, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:
“(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)
Reconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)
Reconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)
1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos; 2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).
De este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.
Allende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:
“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).
Esta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:
“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).
Con base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el resaltado es del original).
Aunado a lo anterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se consignó:
“1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano; 2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente; 3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional; 4. Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”.
Esta resolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de deliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.
Precisamente, la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos.
Asimismo, reitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos humanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la salud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente relevante al derecho de marras.
En adición, la Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los derechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los principios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su imprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad por parte de esta Sala.
Por último, en armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente, allende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas y otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en general. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.
En suma, bajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los compromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a la sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los derechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de implementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar la efectiva protección a aquellos” (el resaltado es del original). (…)” VCG05/2025 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:
NO APLICA.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VCG05/2025 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciseis de mayo de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 23-024390-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta por un problema relacionado con el registro y localización de fuentes de agua. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que existe una grave omisión en la actualización y veracidad de los registros oficiales sobre fuentes de agua en el cantón de Naranjo, situación que consideran vulnera los derechos constitucionales al ambiente sano, al acceso a información ambiental y a la protección del recurso hídrico (arts. 21, 50 y conexos de la Constitución Política). Sostienen que, tras realizar estudios técnicos y trabajo de campo, detectaron inconsistencias significativas entre la realidad de las nacientes, ríos y quebradas del cantón de Naranjo y la información registrada en el Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico y el Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamientos de Agua. Señalan, en particular, que al menos 122 nacientes fueron incorrectamente clasificadas como ríos o quebradas y que existe una mala georreferenciación de muchas de estas fuentes, lo cual puede provocar daños ambientales irreversibles, afectar las áreas de protección legalmente establecidas y comprometer el abastecimiento de agua potable para miles de personas.
Refieren que el 19 de mayo de 2022 presentaron una denuncia ante la Dirección de Aguas, señalando los riesgos de mantener registros inexactos. Como respuesta, mediante el oficio DA-1906-08-2022, la Dirección alegó no ser responsable de actualizar la información, atribuyendo esa labor al ICAA. Consideran que esta respuesta incurre en un exceso de formalismo que impide la acción diligente y oportuna ante una problemática ambiental grave. Posteriormente, el 12 de septiembre de 2022, también denunciaron ante el ICAA, solicitando la actualización de los registros y la coordinación interinstitucional correspondiente. Sin embargo, afirman que más de un año después no se ha realizado ninguna acción efectiva para corregir la información, perpetuando lo que describen como un “mal subregistro” que afecta no solo al cantón de Naranjo, sino posiblemente a todo el territorio nacional, poniendo en riesgo el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano y al acceso al agua.
Solicitan a la Sala Constitucional ordenar: 1. La corrección urgente de los datos erróneos sobre nacientes y quebradas en el cantón de Naranjo, priorizando las fuentes utilizadas para consumo humano. 2. La coordinación efectiva entre la Dirección de Aguas, el ICAA, el Ministerio de Ambiente y Energía, el SINAC y el Ministerio de Salud, para revertir la situación de irregularidades e invasiones ilegales en áreas de protección. 3. La revisión y corrección de los registros a nivel nacional. 4. La rendición de informes detallados sobre las acciones tomadas respecto a las ASADAS tanto del cantón de Naranjo como del resto del país. 5. La elaboración de un cronograma de corrección y seguimiento, con participación de los interesados y copia accesible del mismo. Sostienen que la omisión denunciada constituye una violación a los principios de acceso a información ambiental, tutela del ambiente y protección del recurso hídrico reconocidos constitucionalmente y por la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
Hechos relacionados con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
El 12 de septiembre de 2022, la Federación de Acueductos Comunales (FEDAPRO) presentó ante la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) un documento sin número de oficio, mediante el cual denunció errores en la categorización y localización geográfica de fuentes de agua en el cantón de Naranjo, según registros de la Dirección de Aguas del MINAE. Asimismo, se solicitó la corrección de dicha información y la implementación de medidas interinstitucionales para atender las invasiones ilegales en zonas de protección de nacientes (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). El 14 de septiembre de 2022, la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC) Metropolitana del AyA remitió un correo electrónico a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, en el que formuló recomendaciones para responder formalmente a FEDAPRO. Posteriormente, el 3 de noviembre de 2022, la ORAC reiteró dichas consideraciones haciendo referencia a los oficios DA-1957-08-2022 y DA-0392-2023 emitidos por la Dirección de Aguas del MINAE (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
La Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del AyA da trámite a solicitudes como la asignación de caudal o rectificación de coordenadas, previa presentación de requisitos específicos por parte de cada ASADA, tales como oficio firmado por su representante legal, balance hídrico, análisis de calidad del agua, y documentación sobre la propiedad de la fuente (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). El 02 de mayo de 2025, la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados mediante oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619, atendió los oficios DA-1957-08-2022, de 19 de agosto de 2022, , referente a la verificación y corrección de geolocalización y clasificación de fuentes de agua de ASADAS en el cantón de Naranjo; DA-1541-2022, de 04 de octubre de 2022, sobre la revisión de datos de georreferenciación, tipo de fuente y caudal de tomas a nivel nacional y; DA-0392-223, de 16 de febrero de 2023, en seguimiento al oficio DA-1957-08-2022.
En este, se detalló el proceso de actualización que ha venido desarrollando la Subgerencia como parte de una política de mejora continua, así como los trámites aún pendientes de resolución, registrados en el Anexo 2 (SG-GSD-2025-00245). Asimismo, se comunicaron las gestiones resueltas por la Dirección de Aguas (Anexo 3) y se recordó a las ASADAS su responsabilidad en la gestión del recurso hídrico, mediante el oficio GSD-UEN-GAR-2025-01622 (Anexo 4) (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). Para la rectificación de datos como coordenadas o tipo de fuente, cada ASADA debe presentar un expediente técnico con: solicitud formal, identificación del profesional responsable del estudio, evidencia gráfica, información técnica detallada sobre las fuentes y cuadro de verificación de campo con datos de alta precisión (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
En relación con el oficio DA-1779-2022 de 18 de octubre de 2022, relacionado con la actualización del Registro Nacional de Concesiones, se indicó que no se había recibido notificación formal ni asignación del caso, por lo que no se había dado atención al mismo (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). El Lic. Sergio Romero, de la Dirección de Planificación del AyA, fue designado mediante el oficio PRE-2020-00087 del 29 de enero de 2020 como enlace con la Dirección de Agua del MINAE. Desde esa fecha, no ha recibido nuevas solicitudes de actualización por parte del administrador del SINIGIRH, pero se anunció la medida de crear un nuevo geoservicio desde el portal interno del AyA para facilitar la actualización de datos por parte del MINAE (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). No existe un cronograma conjunto para la corrección de inconsistencias de los registros de fuentes de agua a nivel nacional ni para el cantón de Naranjo, y los avances en esta materia dependen de la capacidad institucional y del ingreso de nuevas solicitudes (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Hechos relacionados con la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía:
El 19 de mayo de 2022, FEDAPRO presentó una denuncia escrita ante la Dirección de Aguas, exponiendo las posibles consecuencias negativas de mantener registros inexactos, tanto en nacientes captadas como no captadas, quebradas y sus respectivas zonas de protección (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). Mediante el oficio DA-1906-08-2022 del 18 de agosto de 2022, la Dirección de Agua respondió que, aunque conserva los registros mencionados, no es la entidad responsable de actualizarlos, ya que esa función corresponde formalmente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), quien debe aportar la información verificada. En dicho oficio se indicó además que el 12 de septiembre de 2022, se presentó ante el AyA una denuncia ambiental con solicitud de actualización de datos y coordinación interinstitucional, sin que se hubiera recibido respuesta satisfactoria (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Mediante oficio DA-1541-2022 del 4 de octubre de 2022, la dirigido a la Subgerente de Sistemas de Acueductos Delegados del AyA, la Dirección de Aguas solicitó la revisión de las tomas inscritas a nivel nacional, incluyendo datos de geolocalización, tipo de fuente y caudal (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). Mediante oficio DA-1779-2022 del 18 de octubre de 2022, dirigido al Presidente Ejecutivo del AyA, la Dirección de Aguas pidió la actualización de los registros asociados al Instituto, tras identificar fuentes no utilizadas o con ubicación errónea (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). Mediante oficio DA-1957-08-2022 del 19 de agosto de 2022, notificado el 10 de noviembre de 2022, la Dirección de Aguas remitió a la Directora de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del AyA, junto con un listado de fuentes inscritas por distintas ASADAS del cantón de Naranjo, con el fin de verificar su localización y tipo de fuente (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
Mediante oficio DA-0392-223 del 16 de febrero de 2023, notificado el 17 de febrero de 2023, la Dirección de Aguas reiteró la solicitud anterior e indicó que la gestión respondía a un planteamiento de FEDAPRO, presentado por los señores [Nombre 001] y [Nombre 002], relativo a la posible corrección de datos de fuentes de agua (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). La Dirección de Aguas no ha podido realizar correcciones en el Registro Nacional de Concesiones de Agua ni en el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH), dado que cualquier modificación requiere confirmación oficial por parte del AyA, especialmente en lo relativo a coordenadas geográficas, caudales y clasificación de las fuentes, alterar tales registros sin respaldo documental puede tener implicaciones legales, particularmente en cuanto al régimen de protección previsto en el artículo 31 de la Ley de Aguas (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
La Dirección de Aguas realizó inspecciones de campo como parte de su plan de control técnico, las cuales evidenciaron discrepancias entre las ubicaciones reportadas por el AyA y las observadas en sitio. En estos casos, la Dirección informó al AyA por escrito, solicitando las correcciones pertinentes, aunque sin obtener respuesta (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). Los registros del cantón de Naranjo se mantienen sin modificación alguna, en tanto no se ha recibido información oficial por parte del AyA que permita validar o corregir los datos. No obstante, a inicios de 2025, mediante los oficios SB-AID-2025-000016 del 15 de enero de 2025 y UEN-GA-2025-00065-SB-AID-2025, el AyA solicitó la eliminación de fuentes duplicadas inscritas bajo el expediente administrativo 602-R, trámite que fue atendido y ejecutado por la Dirección de Aguas, aunque no se precisó si dichas fuentes corresponden al cantón de Naranjo (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
En cuanto a este tema, en la sentencia nro. 2022022070 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022, este Tribunal señaló:
“Concerniente a la naturaleza de los agravios acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:
“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos.
Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios.
Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.
Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:
“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)
49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52.
Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”.
En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55.
Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59.
El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.
Esta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:
“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.
También, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:
“(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)
Reconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)
Reconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)
1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos; 2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).
De este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.
Allende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:
“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).
Esta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:
“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).
Con base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el resaltado es del original).
Aunado a lo anterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se consignó:
“1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano; 2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente; 3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional; 4. Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”.
Esta resolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de deliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.
Precisamente, la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos.
Asimismo, reitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos humanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la salud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente relevante al derecho de marras.
En adición, la Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los derechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los principios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su imprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad por parte de esta Sala.
Por último, en armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente, allende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas y otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en general. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.
En suma, bajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los compromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a la sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los derechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de implementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar la efectiva protección a aquellos” (el resaltado es del original).
Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, que el problema denunciado por la parte recurrente, relativo a inconsistencias en la clasificación y georreferenciación de múltiples fuentes de agua en el cantón de Naranjo, no ha sido abordado con la debida diligencia ni ha generado acciones institucionales suficientes para garantizar una actualización adecuada de los registros oficiales. En efecto, si bien consta que el AyA y la Dirección de Aguas han intercambiado comunicaciones y que el primero remitió, hasta el 2 de mayo de 2025, el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 como respuesta parcial a varias solicitudes anteriores, lo cierto es que dichas gestiones han sido tardías, fragmentadas y carentes de seguimiento efectivo.
Nótese que, si bien es cierto que el AyA respondió mediante el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 del 2 de mayo de 2025 a algunas de las solicitudes remitidas por la Dirección de Aguas -entre ellas, los oficios DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, y DA-1779-2022-, dicho pronunciamiento constituye una actuación tardía, producida casi tres años después de iniciada la problemática. A ello se suma que la respuesta remitida por el AyA fue incompleta, careciendo de resoluciones técnicas finales sobre los puntos críticos señalados, y sin incorporar un cronograma operativo para la revisión y actualización de los datos erróneos, tanto a nivel local como nacional.
De otra parte, la Dirección de Aguas ha reconocido que no puede realizar correcciones en los registros sin recibir previamente confirmación formal del AyA, lo que ha generado una parálisis administrativa que perpetúa la existencia de datos incorrectos o desactualizados sobre fuentes utilizadas para el abastecimiento humano. Si bien se entiende que la Dirección de Aguas no puede modificar por cuenta propia los datos georreferenciados, los caudales o las clasificaciones tipológicas sin la correspondiente confirmación oficial del AyA, lo que responde a una lógica de competencias administrativas, esto no le exime de su deber constitucional de actuar con diligencia frente a riesgos ambientales sustantivos. La actitud pasiva y de espera adoptada por ambas instituciones revela un patrón de inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención que rigen la materia ambiental, y con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada frente a la protección del recurso hídrico.
En ese sentido, la omisión estructural, tanto por parte del AyA como de la Dirección de Aguas, representa una amenaza cierta y actual al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al derecho al acceso a información ambiental y al resguardo del recurso hídrico, máxime tratándose de nacientes, ríos y quebradas que constituyen bienes de dominio público cuyo uso y conservación es esencial para la vida y la salud de miles de personas. La falta de actualización y verificación de estos datos no solo puede tener consecuencias ambientales graves e irreversibles, como la afectación de áreas de protección legal, sino que compromete también el principio de sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico. Al efecto, este Tribunal advierte que la respuesta dada por las autoridades competentes ha estado mediada por un formalismo excesivo, contrario al principio de eficacia en la protección de los derechos fundamentales.
No se ha promovido una coordinación interinstitucional robusta ni se ha impulsado un cronograma claro de acciones concretas para corregir la información errónea. Asimismo, se ha constatado la inexistencia de una política integral o cronograma nacional de actualización de registros de fuentes de agua, lo cual refuerza la percepción de omisión por parte del aparato estatal en un asunto de alta sensibilidad ambiental y social. Cabe resaltar que la inscripción inexacta de una naciente como quebrada o río implica efectos jurídicos materiales, tales como la reducción indebida de las áreas de protección, la exposición del caudal a captaciones no reguladas, la omisión en la fiscalización del uso del recurso y la desprotección de ecosistemas sensibles. Estas consecuencias, lejos de ser meramente técnicas o administrativas, inciden sobre el núcleo esencial de derechos fundamentales que protegen la vida, la salud y el bienestar de las personas, así como, el ambiente.
En consecuencia, se concluye que la omisión denunciada vulnera los derechos fundamentales invocados, particularmente el derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional), el derecho a la salud (artículo 21 constitucional), y el acceso a información ambiental. Consecuentemente, se estima el presente recurso para garantizar la actualización, verificación y corrección inmediata de los registros señalados, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara CON LUGAR el recurso. Consecuentemente, se ordena a JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, en condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como, a JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, en condición de Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía que: en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, 1. Verifiquen y, en su caso, rectifiquen la georreferenciación, clasificación tipológica y demás datos técnicos de las fuentes de agua registradas en el cantón de Naranjo, priorizando aquellas utilizadas para consumo humano por parte de las ASADAS; 2. Remitan conjuntamente un informe detallado y completo a esta Sala sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos y las gestiones pendientes de resolución en relación con lo anterior; 3. Diseñen y pongan en ejecución un cronograma público de revisión, verificación y actualización de los registros nacionales de fuentes de agua (SINIGIRH y Registro Nacional de Concesiones), con participación de las ASADAS y organizaciones interesadas, el cual deberá contener plazos, responsables institucionales y medios de seguimiento y fiscalización pública. 4.
Que el funcionario designado como enlace ante el SINIGIRH por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, proceda a coordinar con la Dirección de Agua del MINAE y con la Dirección de Sistemas de Información del AyA, la activación del procedimiento de actualización y publicación de los datos corregidos. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ana Cristina Fernandez A.
Rosibel Jara V.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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