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Res. 35978-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/12/2024
OutcomeResultado
By majority vote, the Chamber defers its final judgment and grants the claimant 15 working days to file an unconstitutionality action against the second paragraph of Article 18 of the Fisheries and Aquaculture Law, warning that the case will be archived if no action is filed.La Sala, por mayoría, reserva el dictado de la sentencia y confiere a la parte recurrente 15 días hábiles para interponer acción de inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, bajo apercibimiento de archivo si no se interpone.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber examines an amparo action against INCOPESCA for granting research permits for shrimp trawling under the project “New Alternatives for Responsible Deep-Sea Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific 2023-2024.” The claimant alleges violations of Articles 7, 21, 30, 50, 69, and 89 of the Constitution and international treaties, arguing that trawling is unsustainable, ignores the precautionary principle, and threatens food security, transparency, and the environment. By majority vote, the Chamber defers its final judgment and grants the claimant 15 working days to file an unconstitutionality action against the second paragraph of Article 18 of the Fisheries and Aquaculture Law, holding that the permits are based on that provision. It warns that if no action is filed, the case will be archived. Three magistrates issued a dissenting vote, arguing that the constitutionality review was unnecessary and the amparo should be decided on the record. Magistrate Cruz Castro appended a note stating that the permits violate the existing prohibition on shrimp trawling and breach environmental rights.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra el INCOPESCA por el otorgamiento de permisos de investigación para la pesca de arrastre de camarón, en el marco del proyecto “Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024”. La parte recurrente alega violación a los artículos 7, 21, 30, 50, 69 y 89 de la Constitución Política, así como a tratados internacionales, al considerar que la pesca de arrastre es insostenible, ignora el principio precautorio, afecta la seguridad alimentaria, la transparencia y el ambiente. La Sala, por mayoría, resuelve reservar el dictado de la sentencia y conferir a la parte recurrente un plazo de 15 días hábiles para que interponga acción de inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, por considerar que los permisos se sustentan en dicha norma. Advierte que, de no interponerse la acción, se archivará el expediente. Cuenta con un voto salvado de tres magistrados que estimaron innecesario el trámite de inconstitucionalidad y que debía resolverse el amparo con los elementos del expediente, y una nota del magistrado Cruz Castro quien considera que los permisos transgreden la prohibición de la pesca de arrastre y violan el derecho al ambiente.
Key excerptExtracto clave
Sole issue. In the case at hand, the claimant challenges the shrimp trawling authorizations issued by Incopesca to semi-industrial vessels provided by the Costa Rican fishing sector itself for the purpose of carrying out the study “New Alternatives for Responsible Deep-Sea Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific 2023-2024.” He claims the violation of international treaties on environmental, marine and marine resource protection that guarantee sustainability through rational exploitation and the consequent food security for the population. He adds that this rules out scraping the ocean floor, as proposed by trawling. The Minister of Environment and Energy, the Minister of Agriculture and Livestock, and the Executive President of Incopesca reported that, based on Article 18 of the Fisheries and Aquaculture Law, the permits were granted to the Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón, legal ID 3-002-852918, and the Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros, legal ID 3-002-06649l, so that their members could provide eight vessels. In view of the foregoing, since the actions of the respondent authorities are based on the second paragraph of the aforementioned Article 18, the appropriate course, pursuant to Article 48 of the Constitutional Jurisdiction Law, is to grant the claimant time to file an unconstitutionality action against that provision, so that, if he deems it pertinent, he may set forth his grounds therein “clearly and precisely, with specific citation of the norms or principles deemed infringed” (Article 78 ibidem).Único. En el sub examine, la persona accionante cuestiona las autorizaciones para pesca de arrastre de camarón que emitió Incopesca a favor de embarcaciones semiindustriales aportadas por el propio sector pesquero costarricense con el fin de realizar el estudio “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024”. Reclama la transgresión de tratados internacionales de protección del ambiente, el mar y los recursos marinos, que garantizan la sostenibilidad a través de una explotación racional con la consecuente seguridad alimentaria para la población que ello implica. Añade que lo anterior excluye arrasar el fondo marino del océano, tal como lo propone la pesca de arrastre. Sobre el particular, el ministro de Ambiente y Energía, el de Agricultura y Ganadería, y el presidente ejecutivo de Incopesca informaron que, con base en el artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, los permisos se otorgaron a la Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón, cédula jurídica 3-002-852918, y a la Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros, cédula jurídica 3-002-06649l, para que por medio de sus asociados facilitasen ocho embarcaciones. En relación con lo anterior, como las actuaciones de las autoridades recurridas se encuentran sustentadas en el párrafo segundo del precepto 18 supracitado, lo que procede, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es otorgar a la parte recurrente plazo para interponer acción de inconstitucionalidad contra esa disposición, a los efectos de que, si lo estima pertinente, exponga en tal cauce sus fundamentos “en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos” (ordinal 78 eiusdem).
Pull quotesCitas destacadas
"el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre."
"INCOPESCA may not issue any new permit, authorization or license, renew expired ones, or reactivate inactive ones, for shrimp fishing with trawl nets."
Voto salvado del magistrado Cruz Castro
"el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre."
Voto salvado del magistrado Cruz Castro
"Eso no es investigar, sino que es claramente permitir la pesca bajo una técnica prohibida."
"That is not research; it is clearly allowing fishing with a prohibited technique."
Voto salvado del magistrado Cruz Castro
"Eso no es investigar, sino que es claramente permitir la pesca bajo una técnica prohibida."
Voto salvado del magistrado Cruz Castro
"como las actuaciones de las autoridades recurridas se encuentran sustentadas en el párrafo segundo del precepto 18 supracitado, lo que procede, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es otorgar a la parte recurrente plazo para interponer acción de inconstitucionalidad contra esa disposición"
"since the actions of the respondent authorities are based on the second paragraph of the aforementioned Article 18, the appropriate course, pursuant to Article 48 of the Constitutional Jurisdiction Law, is to grant the claimant time to file an unconstitutionality action against that provision"
Considerando Único
"como las actuaciones de las autoridades recurridas se encuentran sustentadas en el párrafo segundo del precepto 18 supracitado, lo que procede, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es otorgar a la parte recurrente plazo para interponer acción de inconstitucionalidad contra esa disposición"
Considerando Único
"La pesca de arrastre es una técnica no selectiva de pesca que compromete los ecosistemas marinos, la sostenibilidad del recurso marino y atenta directamente contra la seguridad alimentaria de la población y su supervivencia futura."
"Trawling is a non-selective fishing technique that jeopardizes marine ecosystems, the sustainability of marine resources, and directly threatens the food security and future survival of the population."
Nota del magistrado Cruz Castro
"La pesca de arrastre es una técnica no selectiva de pesca que compromete los ecosistemas marinos, la sostenibilidad del recurso marino y atenta directamente contra la seguridad alimentaria de la población y su supervivencia futura."
Nota del magistrado Cruz Castro
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: December 3rd, 2024 at 09:45 Case File: 23-009158-0007-CO Type of matter: Amparo appeal Judgment with Dissenting Vote Judgment with separate note Judgment with protected data, in accordance with current regulations Case File: 23-009158-0007-CO Res. 2024035978 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-five on December third, two thousand twenty-four.
Amparo appeal processed in case file no. 23-009158-0007-CO, filed by [Name 001], of legal age, identity card [Value 001], against the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of the Presidency, and the National Institute of Fisheries and Aquaculture.
Whereas:
Furthermore, according to the records of the Secretariat of the Board of Directors, the directors did not hold a session on the day indicated by the petitioner. What was approved by means of agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, in ordinary session 41-2022, was the research project "Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024", in which they instruct the Executive Presidency, so that, in coordination with the Directorate of Fisheries and Aquaculture Management of INCOPESCA, through the Research Department, as well as with the Financial Administrative Directorate, they proceed to initiate and implement said Research Project. Consequently, under the protection of the provisions of the Reform of Law 10155, with the modification of article 18 of the Fishing and Aquaculture Law, No. 8436, research permits are granted to the Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón, legal ID 3-002-852918, as well as to the Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros, legal ID 3-002-06649l, so that through their associates, these Associations provide 8 vessels contributed by them, so that under the direction of and jointly with INCOPESCA, the execution of the research project is carried out.
Here, a distinction must be made regarding the serious error the petitioner makes by affirming that fishing licenses have been granted, as he seems to ignore that there is a great difference between a research permit and a fishing license as determined by article 101 of the Fishing and Aquaculture Law, with which this irrefutable evidence is sufficient to outright reject the present amparo action, since there is no injury whatsoever to the Costa Rican legal system or constitutional principles. Added to this, by legal mandate, according to the provisions of rulings 2013-010540 and 2018-0l4168 of the Constitutional Chamber and judgment 277-2018-1 of the Administrative Litigation Tribunal, which irrefutably determine that it is INCOPESCA that must conduct the investigation to determine whether or not it is possible, according to science and technique, to re-establish the sustainable fishery of deep-water shrimp in Costa Rica.
Therefore, it is clear that this is not an arbitrary decision on the part of the State, but rather the fulfillment of mandatory legal provisions, in accordance with the powers and attributions given by law to INCOPESCA. Likewise, it is more than clear that it is the legal competence given to INCOPESCA to carry out this or any other research that is necessary in matters of fishing and aquaculture to guarantee environmental protection, the socioeconomic development of those who live from fishing and aquaculture, and to guarantee the food security of all Costa Ricans. It is clear that the petitioner here has not taken into consideration in his arguments the ecosystemic principle that is part of this research. Recall that the International Code of Conduct for Responsible Fisheries, adopted by the FAO Conference in October 1995, considers fishing as an activity of great relevance for humanity.
Article 6.5 establishes the following: “States and sub-regional and regional fisheries management organizations should apply a precautionary approach widely to conservation, management and exploitation of living aquatic resources in order to protect them and preserve the aquatic environment, taking into account the best scientific evidence available. The absence of adequate scientific information should not be used as a reason for postponing or failing to take measures to conserve target species, associated or dependent species and non-target species and their environment.” It is their commitment and obligation as a State to obtain technical and scientific information, but above all current information, that allows them, upon completion of the research, to guarantee avoiding excess fishing capacity, the interests of fishers—social, economic, environmental, and cultural—preserving biodiversity, the availability and location of biomass, the environmental impact assessment, the significant reduction of bycatch and discards, modernizing the fishing gear, and the promotion of research and data collection in a transparent manner, the foregoing in order to determine if it is possible to recommend reactivating or not the deep-water shrimp fishery and to adopt management and conservation measures with an ecosystemic approach.
One aspect to mention related to the research and the ecosystemic approach is that, among other things, a net is being used with materials, design, and sizes very different from those historically used by shrimp vessels in past years, meaning they can affirm that the fishing gear being tested are completely different from those used previously. Also, for this research, those nets or fishing gear have installed three Fish Excluder Devices (square mesh panel, fisheye, and double sweepline) and the Turtle Excluder Device TED (bar spacing of 4 inches), among other innovations. In case greater illustration of this fishing gear is required, the administrative file of the research is provided, where the technical aspects of the process are recorded. In the same vein, environmental safeguards are developed to guarantee prior assessments as the research process develops, to guarantee greater transparency and periodic evaluations that determine the convenience and opportunity to continue with the processes.
The alleged violation of Article 7 of the Political Constitution, which the claimant maintains, does not exist, since with the arguments indicated above and what is provided by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Law 7991 of March 23, 1992, which determines the following: "Article 56. Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in the exclusive economic zone. 1. In the exclusive economic zone, the coastal State has: (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds; (b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to: (…) (ii) marine scientific research; (iii) the protection and preservation of the marine environment, (c) other rights and duties provided for in this Convention." In the same sense: "Article 61.
Conservation of the living resources. 1. The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone. 2. The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation. The coastal State and competent international organizations, whether subregional, regional or global, shall cooperate, as appropriate, to this end. 3. Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the economic needs of coastal fishing communities and the special requirements of developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence of stocks and any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional or global. 4.
In taking such measures the coastal State shall take into consideration the effects on species associated with or dependent upon harvested species with a view to maintaining or restoring populations of such associated or dependent species above levels at which their reproduction may become seriously threatened. 5. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and other data relevant to the conservation of fish stocks shall be contributed and exchanged on a regular basis through competent international organizations, whether subregional, regional or global, where appropriate and with participation by all States concerned, including States whose nationals are allowed to fish in the exclusive economic zone." "Article 62. Utilization of the living resources. 1. The coastal State shall promote the objective of optimum utilization of the living resources in the exclusive economic zone without prejudice to article 61. 2.
The coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agreements or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and 70, especially in relation to the developing States mentioned therein. (…) 5. Coastal States shall give due notice of conservation and management laws and regulations. (NOTE: See the observations of the law regarding the Interpretative Declaration made by the Government of Costa Rica.” As can be seen, there is no violation of Article 7 of the Political Constitution, since if anything is being done by INCOPESCA and the Costa Rican State, it is conducting scientific research precisely to comply with the mandates established by international treaties, for which research processes must be carried out that involve conducting practical field tests for which INCOPESCA issues research permits.
To this day, there are no fishing licenses issued, nor will there be under the protection of this research process, as the claimant maliciously and fraudulently asserts, with which he intends to obstruct the fulfillment of the Costa Rican State's obligations to guarantee the principle of Sustainable Democratic Access to Natural Resources and compliance with all the principles and obligations derived from Article 50 of the Political Constitution. Continuing with the object of this reckless amparo action, the petitioner sets forth within his arguments: “regarding transparency and access to public information about said research, it should be noted that more than 53 days after said study began, it has still not been possible to find the Board of Directors Minutes of March 23, 2023, on the institution's website, which hinders compliance with Article 30 of the Political Constitution.” This assertion is completely false and has the sole purpose of misleading this Chamber into error.
First, the Board of Directors minutes mentioned cannot be found because they do not exist; as indicated above, no session was held on that day. However, it is important to make clear that transparency and access to information in this research have been a priority for the State. This is why, as recorded in the administrative file of the Research Project "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024", which is available to the Chamber and in which official letters INCOPESCA-PE-DOPA-109-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-110-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-112-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-114-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-115-2022, and INCOPESCA-DE-DOPA-116-2022 are recorded, issued by Mr. Miguel Durán Delgado, in his capacity as Director of Fisheries and Aquaculture Management of INCOPESCA, by means of which he extends a formal invitation to the Academy to participate in the research.
Likewise, via email recorded in the administrative file, an invitation is sent to NGOs, including MARVIVA, Costa Rica por Siempre, FAICO, COOPESOLIDAR, Conservación Internacional Costa Rica, and One Sea. Even more, INCOPESCA has made active use of social media and the press to invite citizens to participate in the project. Therefore, it is completely false that there is any prejudice due to lack of information or that it is difficult to access, since the administrative file is duly formed, paginated in chronological order, and contains everything regarding this research. In relation to what the petitioner indicates regarding the alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, quite contrary to what the petitioner indicates, the research aims to determine the feasibility or not of opening the deep-water shrimp fishery, in compliance with the provisions of rulings 2013-010540 and 2018-014168 of the Constitutional Chamber and judgment 277-2018-i of the Administrative Litigation Tribunal, complying with what technique and science dictate in association with the socioeconomic development of those who could eventually benefit from the exercise of developing a responsible and sustainable fishery.
Regarding the socioeconomic factor, the petitioner, in a discriminatory and disrespectful manner, stigmatizes and describes the research participants in a derogatory and exclusionary way, claiming they are a “population with little schooling,” thereby assuming that their economic compensation is unequal. The truth is that, as this is a new study and on the understanding that the social and economic aspect cannot be ignored, there is support from the School of Planning and Social Promotion of the Universidad Nacional de Costa Rica, who will be responsible for developing the objective related to this social and economic topic and at the same time collecting and analyzing data on the social and economic topic, to determine the impact of the shrimp fishery on this population. So, once again, these are subjective assessments about this new research project by the petitioner. It is curious, and not surprising, how the petitioner maliciously mentions a supposed non-compliance with Article 50 of the Political Constitution, using only the second paragraph of the norm, deliberately leaving aside the first paragraph, since it is by viewing the article comprehensively that compliance with the principle of sustainable democratic access, which has been very successfully promulgated by the Constitutional Chamber in ruling 2013-010540, can be fostered.
This principle is one of the objectives of the research on this fishery and others developed by INCOPESCA. The foregoing described becomes an obligation for the State and INCOPESCA, through conducting the research, to seek to guarantee not only the biological and ecological factor, but also to simultaneously guarantee the social, economic, cultural, and political factors of coastal communities, where the right of access to work, access to education, sustainable social growth, the adequate distribution of wealth, and access to a healthy and ecologically balanced environment are also evaluated, analyzed, and prioritized, viewed transversally between environmental protection and economic and social development. Food security is one of the fundamental obligations that the Costa Rican State must address, and it is postulated in Article 21 of the Political Constitution. In attention to this, it is precisely why the State resorts to the tools that science provides us so that human beings can develop the productive activities that guarantee their own food security.
See how the petitioner asserts his opinions fraudulently once again without even having evaluated the content and objectives of the Research Project, much less being able to assess results because these do not yet exist. Therefore, there is no violation of Article 21 of the Political Constitution. At all times, we are dealing with critical analysis and the fulfillment of all the principles generated from the Rio Declaration on Environment and Development and the Political Constitution of Costa Rica, within which we can mention the Principles of: a) Precautionary and Preventive, b) Sustainable Democratic Access, c) Right to Dignified Work, d) Right to Food Security, e) Guarantee of Intergenerational Access to Natural Resources, among others. The petitioner affirms that there are conflicts between the artisanal fleet and the semi-industrial vessels that are conducting the deep-water shrimp fishing research, without providing a single proof of this.
On this topic, the State, seeking to avoid conflicts between small-scale and semi-industrial fleets that could generate direct harm, established within the project methodology that the research would be carried out outside the first four nautical miles near the coast to reduce interaction between fleets and guarantee access to fishery resources for the small-scale fleet, that the boats would have an observer on board collecting technical information on the fishing operation; they may not conduct fishing operations within marine management areas, areas of responsible fishing, and protected wild areas, and this will be controlled and monitored from the Satellite Monitoring Center of INCOPESCA, since the boats must have and use, on a mandatory basis, satellite tracking devices, transmitting continuously and permanently 24 hours a day. On the other hand, the petitioner claims that the participating vessels direct their gear towards fishing to capture large quantities of fish, for which he also provides not a single technical proof to support his claim, making it a merely subjective assessment without critical or technical foundation, and what the research project clearly establishes is not so, which shows that the petitioner ignores the content of the Research Project that is being developed.
It is also important to establish that 100% of the catches obtained from this research will be inspected by INCOPESCA, at the docks duly authorized for this purpose and by the Oversight Department of that institute. What concerns the cost of the research is not an issue that should be discussed in the amparo proceeding; however, they state that indeed, like any project, a budget must be prepared for how much the projected cost will be from the beginning to the end of the project, and not just the first year as the petitioner falsely claims. In the case at hand, it was established that for the hiring of qualified personnel, namely eight on-board observers, three data entry operators, a fisheries evaluator, a social and economic planner, and a marine geologist, it established a projected cost of one hundred twenty-six million colones. It is important to clarify that currently the on-board observers are biologists, staff of INCOPESCA, who are collaborating in this first part of the research called pre-sampling, and that this responds to the analysis and adjustments made prior to the month of March, considering the observations and comments provided to the document profile and methodology by personnel from universities and others.
Furthermore, as previously mentioned in this document, the social and economic aspect of the research project is being developed jointly between INCOPESCA and the School of Planning and Social Promotion of the Universidad Nacional de Costa Rica. Likewise, in order to combine efforts regarding the hiring of an international fisheries evaluator, it was decided to desist from hiring the marine geologist, which makes it evident that the State has sought to reduce the estimated budget. It is important to mention that this research is led by INCOPESCA, as the executive authority of the Fishing and Aquaculture Law, and the competent entity according to Law 7384, Law Creating the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, and the pronouncements of national jurisprudence on the matter. It is important to mention that it relies on and is part of joint work with the traditional knowledge of fishers and national and international experts in fisheries sciences.
Precisely, the modification to article 18 of the Fishing and Aquaculture Law was aimed at strengthening the attributions of INCOPESCA in scientific and technical research of fishery and aquaculture resources, promoting scientific knowledge for decision-making, making visible the scientific orientation with an ecosystemic approach aimed at promoting the development of coastal communities and guaranteeing the health of the marine ecosystem. The petitioner insists throughout his arguments in the filing of the appeal on distorting the truth by claiming that INCOPESCA is the one who at all costs wants to reactivate the shrimp fishery, which is completely false. It has been demonstrated that the State obeys and complies with the ordered legal provisions, that it is in the sound exercise of the powers granted to it by the legal system, and that these are developed in harmony with the legal and environmental principles emanating from our Political Constitution, the international principles of the Code of Conduct for Responsible Fisheries, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the Rio de Janeiro Declaration.
This research, far from everything the petitioner has claimed without any proof, seeks, based on scientific-technical criteria, to demonstrate whether or not it is possible to develop a productive socioeconomic activity, from which the populations of the country's coastal zones have lived for many years, without neglecting environmental protection. It must be considered that the deep-water shrimp fishery has been closed for more than five years, and this is another reason that makes it necessary to conduct research to determine the current state of the deep-water shrimp populations, the availability and location of the biomass of fishing interest, and the transparent collection of reliable data. If, at the end of this research process, the results obtained indicate that it is not possible to carry out sustainable shrimp fishing, no commercial fishing license for deep-water shrimp would be granted, or if, on the contrary, the results are favorable, the management measures for its commercial opening in the country would be explored, using all the necessary tools and methods to guarantee environmental protection, which should be submitted for consultation with the technical advisory bodies and any other entity, be it State, academia, or civil society, that wishes to express its opinion.
The research process seeks to generate the conditions for access to the fishery resource in an available manner, with which the activity will generate high added value through direct and indirect jobs throughout the entire value chain (mechanics, boat crew, butcher shops, supermarkets, ice factories, net makers, shrimp peelers, among others), which translates into a high socioeconomic impact in the Puntarenas area and the generation of foreign currency from the eventual export of finished product. The petitioner also recklessly makes assertions regarding the topic of scenic marine beauty, which is far from reality. First, because he makes claims lacking any proof. The research process itself, as recorded in the administrative file, prohibits all sampling in areas where there are coral reefs, national parks, protected areas, and the nets precisely seek, by their design, to minimize the impact on the environment to the maximum.
In addition, as indicated, these are studies on deep-water shrimp species, so this last assertion is also not admissible. Finally, we wish to bring up that on previous occasions when attempts have been made to interrupt the exercise of INCOPESCA's powers, using amparo actions regarding the conduct of scientific research processes, the Constitutional Chamber has been clear that it is not its responsibility to evaluate reports or criteria of a technical nature through the amparo proceeding, as was previously resolved by the constitutional body on a shrimp fishery research process and which was resolved by means of the resolution recorded in file No. 19-012136-0007-CO of August 27, 2019, where the magistrates stated that it is not their place to resolve the substance of the research, for they affirmed: "since this implies analyzing technical criteria, incompatible with the summary nature of the amparo action." Therefore, since no constitutional injury exists and INCOPESCA is in the exercise of its constitutional obligations, there is no choice but, as a consequence of Costa Rican jurisprudence on the matter, to outright reject the present appeal.
After the analysis and review of the petitioner's claim, the State considers that the petition is absolutely inadmissible, since it has become clear that with the research project "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024", no fishing license has been granted. What were granted were research permits to two associations, so that through eight vessels, the study or research could be carried out. And since the petitioner pursues a non-existent claim with this process, the Chamber is requested to declare this appeal without merit and proceed to its filing. Likewise, it is requested that any future appeals on this particular topic that may be filed be consolidated with the present case. There is no injury to any constitutional precept that endangers the Costa Rican legal order or violates constitutional principles and the international obligations contracted by Costa Rica to guarantee environmental protection and the sustainable use of fishery and aquaculture resources that science guarantees can be carried out responsibly, for which reason they request that the present amparo action be rejected outright. The claimant should be ordered to pay procedural costs.
Their represented parties, all of them, are engaged in shrimp fishing and its industrial processing, such as peeling and packing, for subsequent sale to the final consumer. For all these residents of Puntarenas, it is vital that these scientific studies be completed so that shrimp fishing can be authorized again for more people and companies. Therefore, the outcome of these scientific studies is vital for these people to be able to return to work as crew members of fishing vessels and for the people who work in the subsequent processes, such as the peeling and packing of shrimp for its subsequent distribution and sale to the final consumer. Regarding the facts, they indicate, among other points, that it is true that INCOPESCA granted 8 licenses to conduct a scientific study called "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024".
The records of the Secretariat of the Board of Directors of INCOPESCA indicate that the session of the Board of Directors of INCOPESCA was held on September 27, 2022. The plaintiff did not even present the board of directors' agreement, as is their duty. It is not true that the session was held on March 23, 2023. There is no record of a session of the Board of Directors of INCOPESCA having taken place on that day. It is not true that INCOPESCA granted 8 shrimp trawl fishing licenses. As stated, 8 permits were granted exclusively for research. The agreement states this. It is not true that "8 shrimp trawl fishing licenses were granted to semi-industrial vessels provided by the Costa Rican fishing sector." They are not "semi-industrial" vessels as the plaintiff falsely claims. None of the vessels can carry out a semi-industrial or industrial process on board to process the shrimp once caught.
They are fishing boats, nothing more. They fish and store the frozen shrimp to bring it to port. They reject the constitutional and conventional violations referred to by the appellant. It is mentioned that 53 days after the study began, they were unable to access the Minutes of the Board of Directors of March 23, 2023. That minute is impossible to find because it does not exist. INCOPESCA did not hold a session. The session was on September 27, 2022, and the agreement was adopted at ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA. You can consult it directly with INCOPESCA or request it from the secretariat of the Board of Directors. The legal rules regarding the publicity of the minutes have been complied with. But the plaintiff was mistaken about the minute and the date of the agreement, which is why they believe it does not exist or is hidden. They state that the agreement adopted by the Board of Directors of INCOPESCA is a technical administrative act, based on technical and scientific studies, so in order to determine if it is an illegal agreement, other contradictory scientific reports must be provided.
This is a matter of "legality" as defined by the Constitutional Chamber. The experiment is authorized by Article 18 of Law 10.155, and is therefore reasonably based on a current regulation. The Chamber must suspend the processing of the amparo and give the plaintiff the opportunity to file an unconstitutionality action against that regulation. This is an agreement based on the formal and material powers granted to the Board of Directors of INCOPESCA by the cited article, so its challenge falls under the contentious-administrative jurisdiction. In accordance with the arguments presented, the cited rules, and jurisprudence, they request that the judgment declare: 1. That the Constitutional Chamber lacks jurisdiction to annul the technical administrative act issued by the Board of Directors of INCOPESCA, because this nullity discussion is not appropriate for a summary amparo proceeding. 2. Consequently, that the Contentious-Administrative Court has jurisdiction to annul agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, adopted at ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA, which approved the scientific research project "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024".
Subsidiary claim: In the event that the Constitutional Chamber considers it has jurisdiction to hear the annulment of agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, adopted at ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA, it must suspend the processing of the amparo and give the plaintiff the opportunity to file an unconstitutionality action against Article 18 of Law 10.155. This is what Article 48 of the Law of Constitutional Jurisdiction states.
“FIRST: I request that in my dual capacity we be considered parties within this case file. For these purposes, I present an active co-adjuvancy.
SECOND: I ask that it be considered that the precautionary principle is being violated by the doubts that the Academia and various NGOs have expressed, and in that regard it is vital that the amparo be granted.
The principle of objectification should also be considered in this case, because when the fishing permits were granted for conducting studies, basic scientific information did not exist (nor does it exist), and this means that now marine biodiversity and marine ecosystems in general are at risk. This Chamber has stated:
"... it is a principle derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the LGAP, it translates into the need to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both regarding acts and provisions of a general nature... from which derives the requirement of 'linkage to science and technique', thereby conditioning the Administration's discretion in this matter". Vote 14293-2005 Therefore I request that the amparo be granted.”
“Mr. Miguel Durán Delgado Technical Director INCOPESCA Dear Mr. Director:
In December I participated as an official representative of the University of Costa Rica (UCR) in the activity organized by INCOPESCA to share with the Academic Sector some details of the research proposal entitled “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024”.
Considering that I had no prior knowledge of this project, I stated that my participation in said meeting would focus on obtaining details about this research and not on endorsing the project. In fact, the UCR was never invited to participate in the development of this research proposal. Considering that in Costa Rica there is very little experience in conducting population or stock assessment studies of fishery resources, and even less in studies on deep-water shrimp, I took the liberty of sharing the document received from INCOPESCA with Mr. Mauricio Ibarra, a Fisheries Science Graduate and Fisheries Engineer from the Pontifical Catholic University of Valparaíso (PUCV), a Master's in Statistics from the University of Valparaíso (UV), and a Master's candidate in Aquatic Resource Management from the PUCV, who currently works at the Institute for Fisheries Development in Chile, precisely in the assessment of crustacean stocks. Mr. Ibarra has 17 years of work experience in consultancies for the sustainable exploitation of fishery resources, and most of the time he has worked with the nylon shrimp (Heterocarpus reedi), a species similar to our camellito shrimp (H. vicarius) and of the same genus as our camello real shrimp (H. affinis). In summary, Mr. Mauricio Ibarra is a highly qualified expert to review and evaluate the proposal sent by INCOPESCA.
Below, we want to highlight in summary form some aspects of this proposal that require, from our point of view, a rethinking or modification, according to the joint analysis we carried out with Mr. Ibarra:
(1) Red AA Costa Rica: The experience with this net is based on a study conducted by INCOPESCA during October and December 2018 at the entrance to the Gulf of Nicoya. The report with its presented results and conclusions was widely criticized, especially for the very short duration of the study, its limited geographic scope, and errors in its results. Therefore, it seems highly questionable to us to assume that this Red AA Costa Rica is the indicated net to produce a more sustainable fishery.
(2) Using two different nets. Costa Rican shrimp boats work with two nets, one on the starboard side and one on the port side. We understand that the proposed research will work exclusively with the Red AA Costa Rica. It seems regrettable to us not to take advantage of the possibility of using two different nets at the same time: the Red AA Costa Rica and the standard net previously used in shrimp fishing in the country, which would serve as a “control.” Only the direct use of the two different nets on each boat would allow for an analysis of whether the Red AA Costa Rica is really reducing the catch of bycatch, compared to those of the control net.
(3) Age of the target species. According to the comments of INCOPESCA personnel present at the December 2022 meeting, the proposal assumes that the shrimp have a longevity of about two years. There is no information on the longevity of the target species of the study proposed by INCOPESCA for Costa Rica. However, Pedraza-García et al. (2012) determined for H. vicarius (camellito shrimp) from Colombia a longevity of four years for males and five years for females. Therefore, a study of only two years' duration will not generate adequate information for a species that lives at least four years, especially on important topics such as reproduction, growth, recruitment, mortality, etc. In the case of the nylon shrimp (H. reedi), Kilada & Acuña (2015) determined that females would reach five years of age and males, four years. With this background, it can be assumed that the longevity of the camello real shrimp (H. affinis), which lives at a substantially greater depth than the other target species, is greater than that of H. vicarius. In this sense, the issue of the longevity of the target species is not being considered in the methodological design of the current proposal, which would substantially limit the scope of the results obtained.
(4) Experimental design. It seems that the samplings are based exclusively on commercial hauls. The document does not mention scientific hauls or anything about a direct stock assessment. This methodology would generate information on the state of the fishery for the target shrimp, but would not allow conclusions to be drawn about the state of the stock, which is an important limitation/deficiency of the design. It would be highly advisable to develop a methodological design that includes scientific samplings. Furthermore, the study indicates a stratification by zones a priori, but this should be determined after the study, with the information collected, because it is unknown whether or not there is a spatial separation of the stock.
(5) Duration of hauls. According to INCOPESCA's proposal, the hauls will last between 1 and 2 hours. It seems to us that this duration is not appropriate for samplings intended to generate robust scientific results. It has been demonstrated that short hauls are as efficient as long ones, and this allows for more hauls to be carried out in the same cruise duration, a relevant economic factor in this type of study. This is how, during our study of the deep-water shrimp fishery of Costa Rica, we worked with 15-minute hauls, and this methodology generated solid results, which were accepted for publication in international journals (e.g., Wehrtmann & Echeverría-Sáenz, 2007; Arana et al., 2013; Villalobos-Rojas et al., 2020). In Chile, with several years of experience in the stock assessment of nylon shrimp and other species, a duration of between 10 and 20 minutes is being used. Therefore, we believe that the inclusion of scientific hauls with a duration of around 15 minutes should be considered, in addition to the fishing fleet information that will be generated.
(6) Estimation of “Maximum Sustainable Yield (MSY)”. There is no clarity on how, exactly, the necessary information to define the MSY is intended to be obtained. Again, the data this project will generate would be data on abundance in the commercial fishery, among others, but would not be representative of the shrimp stock, unless a minimum spatial coverage is established. An important aspect for estimating MSY is the stock-recruitment relationship, but the proposal does not clarify how this information will be obtained and analyzed. On the other hand, to obtain an abundance index from the fleet, it would be necessary to carry out a standardization of the CPUE or CPUA using GLMs, a methodology that is not specified in the project presented by INCOPESCA.
(7) Number of vessels. It seems understandable to us that two vessels are required, especially equipped to fish the royal shrimp (H. affinis). However, using four vessels to work on the remaining target species seems excessive. In our project on the deep-water shrimp fishery in Costa Rica, we worked with 1-2 vessels, which was sufficient to generate robust and publishable data (see references indicated above).
(8) Personnel to be hired. The documents received from INCOPESCA indicate that, among others, eight on-board observers and one marine geologist will be hired. In the case of the on-board observers, it is not clear how these people will be recruited. They should be professionals or technicians with extensive knowledge in the various aspects of shrimp fishery biology, but to my knowledge (I. Wehrtmann) as a researcher/professor working for years on this topic at the University of Costa Rica, there are very few people in Costa Rica with this profile. Therefore, it would be complicated to have duly trained personnel for this fundamental task for the project's success. On the other hand, in the case of hiring a marine geologist, it seems a priority to have a fishery biologist or fishery engineer with extensive experience in the assessment of fishery resources, especially shrimp, which are the target species of the study. The most advisable course would be to clearly define the job profile and open an international competition to select the most suitable person for this task.
(9) Risk analysis. In fishery biology, there is an entire line of research on this topic, important for the management of any fishery resource (e.g., Huppert et al., 1996; Hobday et al., 2011; Gaichas et al., 2018). Especially, precautionary management must consider the different risks (ecological, economic, social) facing each fishery. However, INCOPESCA's proposal does not mention anything specific on this subject. This is worrying, considering that after a long period of considerable reduction in shrimp fishing effort (up to the fishery closure), it is possible that initially a high volume of shrimp with relatively large sizes will be caught. However, this situation could change rapidly and generate a much less favorable or rather worrying situation, as occurred at the beginning of the 2000s with H. reedi in Chile, a fishery that was closed for three years due to overexploitation and overfishing (Acuña et al., 2002; Arana et al., 2003; Arana et al., 2004), especially considering the limited geographic fishing area for deep-water shrimp in Costa Rica. Therefore, a project on the management of fishery resources must consider different risk scenarios (including climate change scenarios) to have more clarity on the possible future of these fisheries.
(10) Statistical analyses. We do not want to go into too much detail on this topic, but it is obvious that the present INCOPESCA proposal intends to use outdated statistical analyses that do not correspond to the current standard used in fishery sciences. It would be necessary to rewrite this part and include current methods. A person with extensive experience in stock assessment will have sufficient knowledge of the appropriate methodologies.
In summary, there are still many questions and methodological gaps surrounding this proposal that should be clarified before initiating a research project on the deep-water shrimp fishery in Costa Rica.
Finally, we would like to mention another aspect that seems important to us in this regard: considering the ample international evidence that trawl fishing will always have negative effects on the ecosystem, wouldn't it be better to use these financial resources to promote studies on alternative capture methods to trawling? For example, fish farming in floating cages could be an interesting alternative considering the high number of species with aquaculture potential that we have here in Costa Rica. Furthermore, other countries have trap/pot fishing for catching deep-water shrimp. Would it not be worthwhile to invest some of this budget, approximately 250 million Colones, for example, in this alternative?
Thanking you for your attention, we bid you farewell with a cordial greeting.”
“In accordance with the Resolution issued at eight hours and eleven minutes on August twenty-eighth, two thousand twenty-three, we appear before your authority in response to the granted hearing. The Costa Rica por Siempre Association (ACRXS) is an environmental fund and non-governmental organization with the mission of fostering partnerships and managing resources for biodiversity conservation and human well-being.
In response to the provisions of the Constitutional Chamber requesting an opinion on the research project cited in case file 23-009158-0007-CO, we hereby provide our technical opinion:
1. On October 7, 2022, the ACRXS was summoned by the Office of the Minister and Executive Presidency of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, INCOPESCA), via email, to a session with the objective of sharing technical aspects of the project "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico," as part of the need for additional scientific-technical inputs necessary for the shrimp fishery.
2. On Monday, October 31, at 10:00 am, in the Ex-Ministers' Room at the facilities of the Ministry of Agriculture and Livestock, this session took place, where, in addition to ACRXS, there was participation from representatives of Conservation International-CR, Friends of Isla del Coco Foundation, Marviva Foundation, and One Sea Foundation, and eight officials from INCOPESCA, including the Minister of Fisheries.
3. During the session, INCOPESCA reported on technical-methodological, financial, and administrative aspects related to the project "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico," of which we highlight the following:
a. The research project would be developed in 2 phases, one starting in 2023 and another during 2024.
b. Mr. Fernando Mejía, an official of INCOPESCA, would be in charge of the research project.
c. The research study would have an approximate cost of C126,000,000, of which C120,000,000 would be invested in contracting professional services, and C6,000,000 would be invested in materials.
d. 8 research permits would be granted to 8 vessels owned by two fishing organizations located in the province of Puntarenas.
e. The research project would focus on deep-water shrimp, because the trawling activities would be carried out three miles from the coastline, and an extra mile would even be kept as a buffer zone.
f. The specific sites where the trawling activities would be carried out had not been defined with exactitude, and to establish them, the opinion of the captains of the 8 vessels would be taken.
g. 33 hauls per trip would be carried out.
h. The total catch obtained from each haul would be weighed in 25-liter baskets, and from each basket, samples of 33 individuals of the different shrimp species and other crustaceans would be taken.
i. Bycatch would be classified into two categories: usable (e.g., sharks and rays) and discardable (small-sized individuals, or species of low or no commercial value).
j. That 100% monitoring of the weight, size, and identification of each individual in the usable or marketable category would be carried out.
k. Both the materials and the structure of the trawl net (AA-CR) to be used during these two phases of the research project are different from those used in the study "Evaluación de los porcentajes de exclusión de faca en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad pinky (Farfantepenaeus brevirostris) y fidel (Solenocera agassiziü) utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (dep's, det's y doble relinga) y otras mejoras, en el océano pacifico costarricense,” the results of which were presented by INCOPESCA in January 2019.
l. Part of the characteristics that differentiate the experimental net from the one previously used is that the former does not drag the seabed, since it has a buoyancy system because the materials used are lighter.
m. The trawling times for each experimental fishing operation would be a maximum of 2 hours, to improve the quality of the product caught and authorized to be marketed under the research license.
n. Both the University of Costa Rica, the National University, and the National Institute of Learning would be part of the research study. That there would also be external reviewers (e.g., INVEMAR from Colombia).
o. The research study would be carried out in coordination with NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) and the Embassy of the United States.
p. To support the research, people who would act as "on-board observers" would be hired for the 8 vessels involved in the research study.
q. The project would contract the professional services of an expert in marine geology (only for the second phase), a socioeconomic planner, and a fishery assessor, who would support the information analysis.
4. Once the presentation by INCOPESCA officials concluded, the representatives of the different non-governmental organizations present asked a series of technical questions, summarized below:
a. What was the technical basis that scientifically determined and justified the number of vessels required, the number, frequency, and duration of the experimental hauls, as well as the statistically representative sample size for carrying out the corresponding data analysis?
b. What is the total number of beneficiaries in the provinces of Puntarenas and Guanacaste who would benefit both from the research project and from a potential reopening of shrimp trawling?
c. Would both the research and the possible reopening of shrimp trawling cause conflict or negative consequences for artisanal or small-scale fishers who use the Pacific coast?
d. Knowing that the number of artisanal fishers using the Pacific coast is considerably greater than the beneficiaries of trawling, what is the socioeconomic justification for investing public funds again in shrimp trawl research, and not in other fisheries of importance to the different fishing subsectors?
e. Why invest public funds in experimental nets for sustainable shrimp fishing, when there are no population studies of the different shrimp species demonstrating the viability of a commercial fishing activity?
f. Does the regulation that operationalizes the modification to the Fisheries Law allowing the issuance of research licenses managed by INCOPESCA exist, and is it approved, along with the commercialization of shrimp catches and usable bycatch by the recipients of the research licenses?
g. Will the on-board observers be fisheries experts? Will they be third parties to INCOPESCA officials? Will a potential conflict of interest be avoided in these hirings?
h. Does INCOPESCA have the necessary personnel, infrastructure, and specialized equipment, as well as the budget content, to be able to carry out the analysis of the samples resulting from the research project?
Despite INCOPESCA's efforts to try to answer these and other questions, there has been no technically sound pronouncement that proves that the study methodology is based on statistics, fishery biology, or ecology endorsed by the national academy or fishery research centers with experience in other latitudes.
Additionally, since INCOPESCA announced that the research study would begin and up to the present date, inconsistencies reflecting weakness in the process have been noted:
1. In official communication ISW-026-2023, the Center for Research in Marine Sciences and Limnology of the University of Costa Rica stated that it had not been considered for defining the project's methodology; and it also points out a series of technical deficiencies found after conducting a formal consultation with the Institute for Fisheries Development of Chile, a highly qualified entity in the region.
2. In official communication 02081-2023-DHR, the Office of the Ombudsman and its Technical Scientific Council mention the processing of an investigation into the government's policy regarding the activity of shrimp trawling, where they conclude that: a) there was no consultation process and/or participation of the Academy or civil society in the definition of this research project, b) weaknesses in the methodology could compromise the veracity of the results, c) INCOPESCA did not explore other alternatives for the development of fishing and aquaculture activities with greater potential for socioeconomic and environmental sustainability.
3. In communiqué R 126-2023 of the University Council and in Official Communication EB-419-2023 of the School of Biology, both from the University of Costa Rica, they reject the research study because it lacks scientific rigor to determine the viability of this type of fishing in the country.
4. In Official Communication UNA-ECB-OFIC-109-2023, the vagueness of the research study's methodology is pointed out, as well as the lack of scientific rigor to determine the number of vessels necessary to carry out the study, the determination of mortality rates, Maximum Sustainable Yield, and exploitable biomass, the lack of rigor in defining the profile of on-board observers on the vessels, among others.
5.
The Marviva Foundation filed a lawsuit before the Contentious-Administrative and Civil Court of the Treasury of Costa Rica, requesting the immediate halting of the shrimp fishing study that reactivates trawl fishing in Costa Rican seas, with the aim of preventing irreparable or difficult-to-repair damage to natural resources, impacts on the economic activity of artisanal and sport fishing, and preventing the improper, ineffective, and inefficient use of public funds.
6. On August 17, 2023, the newspaper La Nación published the headline "Trawl Fishing: Incopesca confirms detention of boats invited to study for fishing in protected waters," where the institution itself confirms the detention of boats invited to the research study for fishing in protected marine areas.
Based on the foregoing, the Asociación Costa Rica por Siempre considers that the research study cited in case file 23-009158-0007-CO presents gaps that call into question the technical soundness required to demonstrate a new alternative for responsible shrimp fishing with trawl nets in the Pacific of Costa Rica.
We hope that our technical opinion will be valuable in contributing to the achievement of the country's conservation and sustainable development goals. We remain at your disposal for any additional information".
"Considering: INCOPESCA Board of Directors Agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, authorizing a project to determine the feasibility or not of opening the deep-water shrimp fishery in Costa Rica.
INCOPESCA Board of Directors Agreement AJDIP/253-2022 of November 15, 2022, authorizing modifications to the project "New Alternatives for responsible shrimp fishing in the Costa Rican Pacific Ocean, 2022-2023".
The School of Biological Sciences, attached to the Faculty of Exact and Natural Sciences of the Universidad Nacional, has a Fisheries Biology Laboratory, which has all the human and material capacity to develop studies on fisheries or their analysis, including the subject of shrimp trawl fisheries approved by agreements AJDIP/205-2022 and AJDIP/253-2022.
That the experts from the Fisheries Biology Laboratory were called in December 2022 to an explanatory meeting on the methodology to be developed in the project in question, to which observations were made via official letter, with INCOPESCA's responses not satisfying the doubts about the study, so the Universidad Nacional, via official letter UNA-ECB-OFIC-230-2023, indicated "For this specific case, we consider that we reserve the possibility of cooperating, given that, in our opinion, the methodological approach does not allow for reliable results".
Therefore, in view of the foregoing and responding to the indication in your esteemed official letter:
For this research, a total maximum of three vessels is required, because the study's objective is the population analysis of three different resources: 1. Fidel shrimp (Solenocera agassizi), pinky or rosado (Penaeus brevirostris), 2. Camellito shrimp (Henterocarpus vicarius) and camello real (Henterocarpus affinis), 3. Chicharra (Pleuroncodes planipes), which are distributed at different depths, making it necessary to have vessels adapted to fish at these depths. With three vessels, sampling with high statistical reliability in the proposed zones (northern, central, and southern Pacific) is guaranteed.
The participation of eight vessels reflects the reopening of commercial shrimp trawl fishing, justified under research terms, since the proposal itself clearly indicates that INCOPESCA lacks the capacity to analyze the catches from these eight vessels. Therefore, the catch analysis will be conducted on a subsample of the last haul out of the 33 effective hauls (coupled with the fact that the proposal does not clarify the criteria under which a haul can be considered effective).
In the absence of technical criteria defining an effective haul, each vessel could perform an unlimited number of hauls until achieving those 33 effective hauls (if a haul is not effective, that catch is not returned to the sea, so it is utilized by the eight vessels for commercialization without keeping biological records of the catches made).
Each vessel makes a minimum of two trips per month; in each fishing operation, it uses two trawl nets. Therefore: per month it will perform 66 hauls per trip (132 per month); per year, each of these shrimp boats would be performing at least 1,584 effective hauls: meaning that, over the two years of the research, that vessel will perform at least 3,168 hauls.
If, over the two years of research, one vessel performs at least 3,168 hauls, then the eight proposed vessels would be carrying out a minimum of 25,344 hauls.
Since the exploitation status of the stock of each of these resources is unknown, it cannot be guaranteed that these populations will withstand the fishing pressure to which they are being subjected during this research.
Each haul has a minimum duration of four hours (as proposed by INCOPESCA), and 600 m² are trawled on the seabed per fishing operation, so that by the end of the research, 15,206.4 km² will have been trawled, that is, the equivalent of 29.75% of the national territory.
For this specific project, UNA continues to consider that cooperation is not possible, given that, in our opinion, the methodological approach does not allow for reliable results".
"We have received notification of case file 2023-009158-0007-CO, regarding the amparo action (recurso de amparo) against the granting of eight shrimp trawl fishing licenses to eight semi-industrial vessels provided by the Costa Rican fishing sector, to operate from 2023 to 2024, granted by INCOPESCA under agreement AJDIP/2005-2022, which authorizes a research project aimed at determining the feasibility or not of opening the deep-water shrimp fishery in Costa Rica, and it is ordered to give a hearing, among others, to the dean of the Faculty of Earth and Marine Sciences (UNA).
Due to the foregoing, I must indicate that although the indicated Faculty includes the term Marine, the research conducted is more focused on coastal and littoral zones, so we do not have the necessary expertise to provide a response that assists in the resolution of said amparo action; however, I recommend directing said hearing to the Faculty of Exact and Natural Sciences of the Universidad Nacional, within which is the School of Biological Sciences where, among others, the Bachelor's degree in Biology with emphasis in Marine Biology and the Licentiate degree in Biology with emphasis in Management of Marine and Freshwater Resources are taught".
"Following the notification received at 1:40 p.m. on August 30, 2023, where the Constitutional Chamber requests the technical opinion of this servant regarding the research project aiming to determine the feasibility or not of opening the deep-water shrimp fishery in Costa Rica, arising from the amparo action (recurso de amparo) filed by Mr. [Name 001], the following is considered:
The Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) is a non-governmental organization founded with the objective of channeling and executing human, technical, and financial resources to contribute to the effective management of the Cocos Marine Conservation Area (ACMC) and surrounding ecosystems, essential to the Eastern Tropical Pacific. For 29 years, FAICO has consolidated successful relationships with key actors at the local, regional, and international levels, becoming a replicable model of strategic alliance that inspires marine conservation globally.
FAICO's action axes contribute to initiatives aimed at planning, control and surveillance, infrastructure, natural resource management, pressure analysis, institutional strengthening, positioning, environmental education, governance, among others. FAICO has specialized in providing effective and innovative solutions to the existing gaps in the management of the Protected Wilderness Areas of the ACMC, which include generating knowledge to establish responsible fishing practices for the Bicentennial Marine Management Area.
Despite FAICO not specializing in the study of trawl fishing, different studies and publicly accessible publications demonstrate the impacts that catches generate on marine ecosystems. For this particular case, trawl fishing is considered the least selective fishing gear in existence. This is because said technique consists of a "cone"-shaped net which is towed by one or two vessels while being dragged along the seabed (Heredia, 2001; Haith et al., 2020). This causes a modification in the habitats where it is dragged, compromising their health status, as it can cause chemical and biological alterations (Herrera-Valdivia, López-Martínez & Vargasmachuca, 2015; Pérez, 2011).
This mode of operation captures a large quantity of marine life, which also implies high levels of non-target species, known as bycatch (pesca incidental) (Haith et al., 2020; López-Martínez et al., 2008); this can cause changes in species composition and abundances (Herrera-Valdivia et al., 2015). According to a study conducted by Trujillo and collaborators (2015), where they compiled fisheries information from 1950-2010 in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of Costa Rica, they determined that 55% of the catches obtained in shrimp fishing in the Pacific of Costa Rica correspond to bycatch of fish, sharks, and rays. In fact, incidental catches from these fisheries can comprise up to 96.8% of the total catch biomass in Costa Rica (Arana et al., 2013) and 96.7% in the Gulf of Tehuantepec, Mexico (Sarmiento-Náfate et al. 2007).
Due to the above, some predator populations could collapse (Myers & Worm, 2003), especially organisms with low birth rates, such as sharks and rays (elasmobranchs) (Morales, 2011). For example, Lara-Mendoza and Márquez-Farías (2014) determined that trawl fisheries in Sinaloa, Mexico, can directly affect populations of the ray Rhinobatos glaucostigma, because approximately 63% of the incidentally caught rays corresponded to individuals in juvenile stages, that is, they had not yet reached the size at first sexual maturity.
A similar situation occurs in Costa Rica, where after analyzing bycatch from trawl fishing on the Pacific Coast between 2008 and 2012, the capture of 25 elasmobranch species was reported, with most of these species having wide distribution ranges throughout the Eastern Tropical Pacific (Clarke et al., 2016).
In addition to this, it has been determined that trawl fishing takes place on soft bottoms, associated with communities of marine invertebrates, the target of capture (Pérez, 2011). Some of these sites coincide with what are called "critical habitats," which are defined as: "a vital spatial area or environment for the daily survival of individuals of a species, which helps maintain healthy population growth ranges" (Gibson & Wellbelove, 2010). Due to all the characteristics that these habitats possess, adults use them seasonally for reproduction and feeding, while neonates and juveniles remain in these habitats as a strategy for predator avoidance, feeding, and rearing until reaching the appropriate size to migrate to deeper zones (Espinoza et al., 2011), making them essential habitats for the conservation of threatened species (López, 2012).
It has been proven that some elasmobranch species and highly migratory species use habitats near the continental shelf as nursery areas (López-Angarita et al., 2021). For example, the hammerhead shark (Sphyrna lewini), an endangered species included on the IUCN Red List and in Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), has been identified as a species susceptible to Eastern Tropical Pacific fisheries, because in its juvenile stage they are susceptible to shrimp trawl fishing and artisanal fishing along the coast, while in their adult stage, they interact with pelagic longline and purse-seine fisheries near seamounts and islands such as Galápagos, Malpelo, and Isla del Coco (Zanella et al., 2009; López, 2012; Clarke et al., 2018).
It is important to highlight the role played by these highly productive ecosystems, where in addition to providing refuge, feeding, and nursery areas for many species, they are also used as a source of employment for coastal communities. Therefore, if we add the degradation of these sites caused by climate change, the anthropogenic effect, and the effect of fisheries, it can cause an accelerated decline of the populations of many species at the local level (Harper et al., 2014; López-Angarita et al., 2021).
Finally, obligations established in the Costa Rican legal framework and their direct link to the amparo action under analysis must be remembered. The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 establishes as one of its principles that the environment is the common heritage of all inhabitants of the Nation (article 2). Furthermore, the Fishery and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura) No. 8436 indicates in its article 8 that fishing must be practiced without producing irreparable damage to ecosystems, and in its article 5 states that it is the duty of the State to guarantee the development of fishing activities in a manner that generates the greatest benefit for citizens, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth in a healthy balance between the Right to the development of communities and the Right to a healthy and ecologically balanced environment.
Likewise, the importance of applying the precautionary principle (principio precautorio) or indubio pro natura is reiterated, widely developed in constitutional jurisprudence, and which is applicable in scenarios where there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them; the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures; and the principle of objectification in environmental matters (principio de objetivación en materia ambiental), whereby there is an obligation to substantiate, through technical and scientific studies, decision-making on environmental matters, thereby reinforcing the duty to always have, in any situation where the environment may be affected, serious, exhaustive, and comprehensive technical and scientific studies that guarantee the least possible environmental impact. Also called the principle of linkage to science and technique, or the principle of reasonableness in relation to environmental law (Creation of the governance mechanism for marine spaces subject to the Jurisdiction of the Costa Rican State, Executive Decree No. 41775-MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR, article 2.e).
Importance of human well-being in institutional fisheries analysis For our organization, it is also important to consider, in the analysis deliberated for this amparo action, fishing communities as fundamental actors. Fishing communities are not an isolated social structure, but rather "shared meanings and values among the people who live and work in coastal fishing zones. They are social and human relationships that extend beyond the home and family" (Ross 2015, pp. 30, in Obando, 2021).
In this opinion, the negative implications and consequences of this fishing gear for the biodiversity of the sites where it is used have been raised. However, it is important to state that the regulatory changes and socio-political conflicts experienced by the artisanal fishing community, linked to the semi-industrial shrimp sector, have subjected it to a context of socioeconomic vulnerability that directly impacts the human development of these communities.
For this servant, it is important that, in the deliberation of the discussion on the constitutionality of the project in question, it is problematized that the best solution to this problem must maintain a balance that contemplates the sustainability of the fishery resource and, therefore, the health of marine biodiversity. Furthermore, the State's responsibility and imperative obligation must be considered to offer a solution to the fishing community linked to the semi-industrial shrimp sector, one that strengthens their livelihoods, respects their knowledge systems, and ensures human well-being, especially for those people who are part of the most vulnerable segment (Shackeroff, Hazen, and Crowder 2009 in Obando 2021).
Environmental and fisheries policies that do not contemplate this vision will continue to reproduce structures of inequality regarding the access to and use of resources, as well as the construction of material and symbolic disputes within the fishing communities inhabiting the Gulf of Nicoya (Obando, 2021).
In conclusion, taking into account studies and publications carried out both nationally and internationally, it is evident that trawl fishing is one of the least selective practices in existence, which generates a negative impact on marine ecosystems, compromising the health and sustainability of habitats of many species, including some highly migratory ones. Likewise, a call is made to the Costa Rican State to contemplate the human well-being of the fishing communities linked to the semi-industrial shrimp sector – especially its most vulnerable segment – in the environmental policies it implements to recover, regenerate, or rehabilitate the marine ecosystems that have been affected by this non-selective fishing gear".
"In response to the request for a technical opinion on the research project "New alternatives for responsible deep-water shrimp fishing in the Costa Rican Pacific Ocean 2023-2024", notified at ten thirty in the morning on Thursday, August 31, we take this opportunity in a timely manner to provide our input as evidence for a better resolution:
First of all, to point out that Conservation International Costa Rica (CI-CR) is a non-profit organization that has worked for more than 30 years in Costa Rica to promote environmental conservation in balance with the well-being and quality of life of the communities that most depend on the integrity of the country's terrestrial and marine ecosystems. We work on developing conservation and natural resource management actions in close and active coordination with local communities, partners, and authorities, in pursuit of achieving the country's environmental goals. The organization provides support through project execution and technical-scientific advice so that the country can advance in achieving the environmental commitments undertaken, both nationally and internationally, with active involvement of local communities as direct beneficiaries of ecosystem services.
In the last 20 years, CI-CR has focused its work on strengthening the governance and sustainable management of Costa Rica's marine and coastal resources through the generation of scientific knowledge that supports decision-making aligned with the principle of objectification in environmental matters by the governmental entities with which it works. Some examples of the scientific efforts we have supported include publications on the effect of shrimp trawl nets on sharks and rays, marine ecoregional planning initiatives, research on connectivity and genetic stock analysis of fishery resources in the country, studies on the state of the main reef systems in the continental coastal zone and Isla del Coco, and studies on mangrove ecosystem services, blue carbon contributions from coastal wetlands, among others.
Furthermore, Conservation International is the organization that has most advanced work with small-scale fisheries and coastal communities from a triple-impact sustainability approach (environmental, social, and economic), traceability and market programs, and value chain studies. This latter aspect has been embodied through the implementation of lines of action with Pacific coastal communities dedicated to responsible and sustainable small-scale fishing. Through the development of a comprehensive fishery improvement model, we seek to guarantee responsible use of marine resources, generating social and economic benefits for the communities, ensuring the sustainability and improvement of their local livelihoods.
Given our experience, this work has also implied the organization's participation in collegiate technical advisory bodies such as the Inter-Institutional Commission on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, the Regional Council of the Cocos Marine Conservation Area, and the Scientific-Technical Coordination Commission (CCCT) of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA), whose function is to be an advisory body to the Board of Directors and Executive President of said institution on matters brought to its attention and consequent pronouncement. Within this framework, CI-CR currently serves as the representative of non-governmental entities within the CCCT, in accordance with article 28 of the Law of Creation of INCOPESCA.
The research project on which our opinion is requested has as its main objective "To develop biological-fishery research for the evaluation of alternatives in the responsible fishing of the different deep-water shrimp stocks." This is to be done through the evaluation of main aspects such as the biomass of deep-water shrimp populations (Solenocera agassizii or fidel, Heterocarpus vicarius or camellito, Heterocarpus affinis or camello real and Penaeus brevitostris or pinky), as well as the impact on their associated fauna and the seabed through the use of the trawl fishing technique with an AA net. Likewise, it includes as a specific objective "To characterize the socio-economic sectors involved in the deep-water shrimp fishery." All the foregoing must be framed under the principle of democratic sustainable development".
From Conservation International Costa Rica, we consider the following regarding the cited research project:
1. Socialization process, public participation, and adherence to the principle of democratic sustainable development:
From the procedural perspective to guarantee full compliance with the right of public participation in environmental matters, it is considered that there were limited spaces, prior to the start of implementing the research, for national experts in the field from non-governmental organizations (NGOs) to provide technical inputs to jointly build and strengthen the methodological proposal to be implemented in the research. So that this methodology would contemplate all the elements related to the pursued research objectives, and effectively address the requirements established by the Constitutional Chamber in its ruling 10540-2013. This is because, on October 31, 2022, CI-CR participated, along with representatives of four other NGOs, in a session called by INCOPESCA to present the research project that is being implemented today. This session was informational in nature, where brief space was given for questions. This mode of participation limited the possibility of providing feedback to strengthen the proposal or integrate elements that would ensure addressing gaps to guarantee its scientific rigor. Prior to the mentioned session of October 31, there was no approach or opening of joint work that would allow reviewing and discussing the methodology in use for this research.
On the other hand, in accordance with the principle of democratic sustainable development, it is important to note that the methodological proposal does not include technical specificity to evaluate the social and economic impact that the reactivation of trawl fishing would entail for the directly user sector (semi-industrial shrimp), as well as for users belonging to other economic activities that interact with or could be directly or indirectly affected by its reinstatement (e.g., tourism such as scuba diving, surfing, and sport fishing, and small-scale fisheries like those present along our coasts). Although the research proposal does project carrying out a socio-economic characterization and hiring a social and economic planner tasked with generating a technical proposal to collect said information, it is essential to ensure that this methodological process comprehensively evaluates the socio-economic aspects, considering the other cited sectors whose livelihoods could be impacted by the reactivation of this practice. The high impact of bottom trawl fisheries in highly biodiverse tropical zones has also been documented in other parts of the world and is an element that the evaluation of the present research cannot ignore, both in its substance and in its methodological form.
2. Methodological and results framework of the fishery research:
The fishing technique using bottom trawl nets (this (sic) is an important distinction from water column trawl nets used in temperate zones with different biological characteristics) requires a meticulous analysis, given that it is a fishing gear known globally for its high impact on biodiversity and marine ecosystems. This is due to its low selectivity, i.e., it is a fishing gear that does not effectively select a target species but has a broad capture spectrum. As its name indicates, the practice requires a fishing vessel that actively drags a net along the seabed. Unlike other types of nets, such as gillnets, which entangle fish to capture them, trawl nets work by moving over the seafloor and filtering water above the bottom, capturing everything larger than the mesh pores, and damaging or destroying by physical contact the organisms and ecosystems associated with the bottom. For this reason, being able to rule on whether this fishing gear should be employed or not in national fisheries demands technical and scientific solidity and a detailed analysis that allows defining that its implementation has minimal impact on the marine ecosystem, has regulations that allow for the sustainability of target and incidental species, and ensures the social well-being of the communities and users that depend on it, as well as its value chain. Furthermore, the use of this fishing gear demands high monitoring and control capacity from the authorities.
This research project proposes some elements that should be evaluated for this purpose but does not contemplate aspects to determine whether the practice is sustainable or not at the national level, as it omits key aspects, such as those mentioned, in order to ensure that the reinstatement of this fishing technique will not have an impact on other sectors, communities, or marine biodiversity.
Fisheries biology research can be considered fishery-dependent or fishery-independent, the difference being the data collection methodologies with random design and specifications in spatio-temporal terms versus the use of collection methods determined by the operation of fishing sector vessel practices. In the case of the present research, the methodology indicates that the hauls will be carried out in historical fishing zones (indicated by the fishers).
However, those areas do not necessarily represent the complete distribution of the target study species and the fishers' criteria may introduce bias into the data obtained. This element may reduce the independence of the research and affect the results for the subsequent stock assessment and representativeness analysis of the natural populations. Had the sites been selected randomly over the areas comprising the species' distribution ranges, it would have allowed for obtaining complete data and results analyses on the condition of the species of interest, as well as on the state of the ecosystem. Likewise, we highlight that only one fishing gear with recognized low selectivity and high impacts is being evaluated, without implementing others that would allow for a comparison to demonstrate which contributes to greater selectivity and thus enable the reactivation of the fishery through methods other than trawling.
Regarding the scientific basis and methodological elements of this research project for the assessment of the fishing stock and the gear used for this practice, we highlight the position held by CI-CR on the CCCT, a collegiate technical advisory body, within which the study will be subject to analysis and pronouncement in the coming months. Precisely, in a session held on Tuesday, March 21, 2023 (Ordinary Session CCCT-002-2023), the commission members agreed, informed, and requested via official letter to INCOPESCA the submission of the updated information corresponding to the research project "Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024", so that the CCCT may issue a formal pronouncement on it. This is in accordance with the authority granted by Article 8 of the Regulations concerning the functioning of the CCCT (Agreement AJDIP/093/2020), as it pertains to a matter of national importance in fisheries management.
In that order, through official letter INCOPESCA-JD-018-2023, the Technical Secretary of the Board of Directors of INCOPESCA requested from the Research Department of said entity the submission of the final documents of the technical proposal so that within the CCCT it could be analyzed and a pronouncement on the research project be issued. However, as of today, this advisory body has not been able to issue its pronouncement on this matter because, via official letter INCOPESCA-PE-0369-2023, the Executive Presidency of INCOPESCA requested the CCCT to place as a priority item on its agenda the review of the "list of species of hydrobiological organisms of aquaculture interest for continental, coastal, and oceanic waters of our country", originally approved by Board of Directors agreement AJDIP/057-2023 and left without effect by agreement AJDIP/094-2023. It should be noted that the CCCT is a collegiate scientific advisory body in which representatives from other entities also participate, such as the Ministerio de Ambiente y Energía, the Ministerio de Ciencia y Tecnología, the Universidad Técnica Nacional, the Universidad de Costa Rica and the Universidad Nacional, and NGO representation.
Therefore, we take this opportunity to urge the Constitutional Chamber to timely request said pronouncement from the CCCT, given that in preparing it, requests will be made to academia, experts, and national and international NGOs for the consolidation of the formal pronouncement, which is expected to be delivered before the end of this year.
Finally, we note that within the framework of this commission, the matter has been subject to evaluation since the discussion in the Legislative Assembly of Bill No. 21.478 "Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica", on which a series of recommendations were issued under CCCT Pronouncement No. 02-2020 regarding the elements that a scientific basis must, at minimum, contain to manage a fishery, which are attached to this opinion in document Anexo 1 for your consideration."
"I. Clarifications regarding the statements of INCOPESCA and others, as recorded in the case file, concerning the involvement of Fundación MarViva and other organizations in the research preparation process.
Before proceeding with our technical opinion, both regarding the research proposal and its execution, it is timely to make the following clarifications about MarViva's participation in this matter; particularly, regarding the manner in which INCOPESCA claims to have involved some non-governmental organizations and academia in the research preparation process.
In the brief submitted by INCOPESCA and others in response to the amparo processed under this case (document dated received May 15, 2023), it is stated that \"(...) likewise, via email recorded in the administrative file, an invitation was sent to NGOs, including MARVIVA (...)\", alluding that the Fisheries Management Directorate of said institution had extended a formal invitation to various organizations, including my client, to \"participate in the research\" and, therefore, our right to participation had not been impaired. From MarViva, we categorically reject this allusion based on the following facts:
1. The Board of Directors of INCOPESCA approved the trawling research proposal through Agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022.
2. As recorded in the administrative file (folios 3 to 7), at that time, the research proposal was only known to the shrimp sector, which became aware of it and approved it on September 16, 2022, at a meeting convened by INCOPESCA.
3. MarViva became aware that INCOPESCA would begin said research on September 30, 2022, the date on which the announcement was made by the Presidency of the Republic and INCOPESCA during the Government Council session held in the city of Puntarenas. Indeed, on that occasion, the statements of the announcement emphasized that: \"(...) The studies and the project behind this have already been approved by the board of directors of Incopesca, we are not going to present them to you, they are already approved, they have the money and the vessels and the biologists to go study this.\" 4. Since then and to date, in light of INCOPESCA's omission to proactively, timely, and meaningfully involve relevant sectors (including academia, the artisanal fishing sector, the tourism and sport fishing sector, non-governmental organizations, among others) in the formulation, design, and analysis of the research proposal, MarViva has had to manage various information requests before said institution to access documentation on the proposal.
5. In this context and given our insistence on accessing the documentation on the research, INCOPESCA sent a formal communication to MarViva on October 26, 2022, through which they extended an invitation to us to participate in an informational session scheduled for October 31, 2022, together with other organizations, for the purpose of presenting the research already approved by the Board of Directors of INCOPESCA the previous September.
It is important to reiterate that trawling as a fishing gear can have serious environmental implications, in addition to directly impacting the resources upon which the economic activity of thousands of families dedicated to artisanal, tourism, and sport fishing is based. Despite this, the Board of Directors of INCOPESCA decided to approve and order the implementation of research aimed at reinstating this practice, without timely consulting any of the interested sectors mentioned above.
Although INCOPESCA subsequently held an informational session with the NGO sector and civil society, and several other sessions with the academic sector, the truth is that, at the time of holding those informational sessions, the decision to conduct the study, under the terms proposed by INCOPESCA, had already been made. Based on the foregoing, it is clear that the approval of Agreement 205/2022 by the Board of Directors of INCOPESCA, before having informed or consulted the interested sectors, violates the right to environmental participation enshrined at the constitutional level.
In that sense, INCOPESCA's response is inaccurate in pointing out that \"(...) it is completely false that there is any harm due to lack of information, or that it is difficult to access, since the administrative file is duly constituted, foliated in chronological order and contains everything related to this research\". MarViva, to date, has managed more than 5 information requests on specific questions about the research preparation process, as well as more than 6 requests to access the administrative file, which, according to INCOPESCA's own indications, is guarded by a single official, such that when he is not at the institution, it is not possible to access the file.
Based on the foregoing, MarViva reiterates that it categorically rejects INCOPESCA's allusions within the framework of this amparo process as they may mislead this Chamber. As is evident in the administrative file, the institution never sought timely and meaningful participation of all relevant sectors in the research formulation process, and it continues not to do so.
In this section, we develop our opinion regarding the documents:
• \"Perfil del Proyecto \"Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el océano Pacifico costarricense 2022, 2023\"; and • Metodología del Proyecto. “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el océano Pacifico costarricense 2022, 2023\" It should be reiterated that the research proposal contained in these documents was made known to the Board of Directors of INCOPESCA at extraordinary session 41-2022 on September 27, 2022, as recorded in the corresponding minutes, and approved at that same session through agreement AJDIP/205-2022.
Finally, it is opportune to reiterate that our organization's position has never been directed against the conduct of scientific and technical studies on the shrimp fishery using trawl nets, aimed at evaluating their impacts and their economic, social, and environmental viability.
Certainly, our fisheries, both existing and exploratory, urgently need management measures based on the best scientific evidence and the precautionary approach, in accordance with the international commitments and standards subscribed to by our country in matters of fisheries governance. However, on the one hand, it is essential that the State and the authorities observe the principles of good governance, effectiveness, and efficiency in public management, and of reasonableness and proportionality of the acts and actions linked to the management of our marine spaces and their resources. In that sense, it is essential that before deciding to initiate the execution of scientific studies of this nature (with all the implications that they would necessarily generate in the marine environment), the Costa Rican State and its relevant institutions had sufficient evidence that the benefits of proceeding with this research would be greater than the associated social, economic, and environmental costs, coupled with an evaluation indicating how to mitigate the damages being generated.
This duty of diligence required having a cost-benefit analysis before starting the research; a requirement that takes on greater importance considering the modality of the current research, which implies that the shrimp sector can dispose of and commercialize all catches from the fishing operations. This particularity has tended, as is evident in the administrative file and has even been pointed out by the onboard observers themselves, to cause the scientific objectives of the research to be undermined by the economic interests of the shrimp sector benefiting from the execution of the research.
Now, in a hypothetical scenario in which the Costa Rican State could have accredited, through a cost-benefit analysis, the feasibility of initiating the execution of this study, it was fundamental that its formulation, from the design of its objectives, logical sequence of execution, and methodological framework, had the timely input not only of the academic sector and other relevant actors such as civil society organizations and the non-governmental sector, but also of the environmental authority and the INCOPESCA body responsible for issuing scientific-technical opinions, the Comisión Coordinadora Científico-Técnica, which was excluded from this process. However, the methodological weaknesses of the research, evidenced now in the deficiencies of its implementation, confirm, once again, that the research will not produce the necessary data for adequate decision-making, injuring constitutional precepts, among them, the principle of objectification of environmental protection."
"...based on Article 5 of the Ley Orgánica del Poder Judicial, I request prompt dispatch in order to advance this amparo process, providing continuity as legally appropriate. Since April 25, 2023, the amparo appeal was filed for the violation of numerous fundamental rights enshrined in the Political Constitution, International Treaties, and national legislation; by the permit issued by the board of directors of INCOPESCA. On September 11, 2023, MarViva provided what had been requested by this Chamber on August 28 of that same year. However, for 5 months, as of today's date, no follow-up has been given. Therefore, this prompt dispatch is requested in order to obtain the appropriate continuity for this amparo process."
"As of the resolution issued at eight hours eleven minutes on August twenty-eighth, two thousand twenty-three, several institutions were summoned, which diligently submitted their reports for evaluation by this Chamber. It is important to note that in the minority of documents, the institutions provided possible alternative solutions to proceed with the study.
In the case of the Universidad de Costa Rica, through the document entitled 'ISW-026-2023', it was determined that a change in the type of net to be used for the study is required, but it did not propose alternatives.
Trawling is a viable modality and has been applied and monitored by different jurisdictions in the world; therefore, it is demonstrated that preliminary studies must be completed, are viable, and are necessary to know whether it is possible to continue conducting trawling as a permanent activity.
Therefore, it is demonstrated that the study is necessary to determine whether or not it is possible to continue shrimp fishing and with which fishing method. But the actors maintain that it is not possible to conduct the study and therefore it will never be possible to determine the best method for shrimp fishing.
Let us remember that the aim is to determine the feasibility of deep-sea shrimp fishing, and for this purpose, what was ordered in votes No. 10540-2013 and 14168-2018 of the Constitutional Chamber is being complied with.
PETITION Therefore, in accordance with the arguments presented, we request that the judgment declare:
1. The Constitutional Chamber incompetent to annul the technical administrative act issued by the Board of Directors of INCOPESCA, as that nullity discussion is not proper to a summary amparo proceeding.
2. Consequently, declare that the Administrative Litigation Court is competent to annul agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, adopted at ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA, which approved the scientific research project 'Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024'.
3. Subsidiarily, we request that the amparo appeal be dismissed and that the research project be maintained for the authorization of trawling licenses, and the studies proposed by law be carried out."
Drafted by Judge Rueda Leal; and, Considering:
Sole Consideration. In the sub examine, the petitioner questions the authorizations for shrimp trawling issued by Incopesca in favor of semi-industrial vessels provided by the Costa Rican fishing sector itself for the purpose of carrying out the study "Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024". He claims the violation of international treaties for the protection of the environment, the sea, and marine resources, which guarantee sustainability through rational exploitation with the consequent food security for the population that this entails. He adds that the foregoing excludes razing the ocean floor, as proposed by trawling. He refers that human life is inconceivable without food security and, given the high percentages of bycatch, trawling threatens the sustainability of the State's hydrobiological resources. He adds that the fishing nets known as AA Costa Rica (to be used in the study) have not reduced bycatch, demonstrating that this fishing gear is unsustainable.
He asserts that the precautionary principle is completely ignored, since Incopesca's decision (which includes the veiled reactivation of trawling) lacks scientific support. He maintains that there is ample evidence that trawling is not sustainable. He adds that artisanal fishers are directly affected by the overexploitation of species and the unregulated fishing conducted by semi-industrial vessels with trawl nets. He asserts that the announced studies will cost, at least in the first year, more than one hundred twenty-six million colones, while efforts to carry out studies pertinent to the national and global situation have been null due to a lack of political will. He accuses that the scenic marine beauty is destroyed and turned into murky waters by the onslaught of the trawl net.
On this matter, the Minister of Ambiente y Energía, the Minister of Agricultura y Ganadería, and the Executive President of Incopesca reported that, based on Article 18 of the Ley de Pesca y Acuicultura, the permits were granted to the Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón, legal ID 3-002-852918, and to the Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros, legal ID 3-002-066491, so that through their associates they could provide eight vessels. Additionally, these officials pointed out that the amendment to the numeral mentioned supra was for the purpose of strengthening Incopesca's powers in scientific and technical research, promoting scientific knowledge for decision-making, and making visible the scientific orientation with an ecosystem approach, with the aim of promoting the development of coastal communities and guaranteeing the health of the marine ecosystem.
For the purposes of the sub lite, section 18 of the Ley de Pesca y Acuicultura establishes:
"Article 18- Prohibition of commercialization of development fishing and its exceptions. The permit for this type of fishing may not include the commercialization of the catches obtained, except in the case of permits granted to universities and university colleges, both national state entities, and to the Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institutions that will be permitted to commercialize the catches solely to cover some research costs, with the limits and conditions established in the permit, provided that the program objectives are met and the final reports are delivered to the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Should the product be commercialized or donated, it must be done through the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) and the surplus produced from commercialization shall pass to its fund.
When the entity conducting the research is the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) as the fisheries authority in association with legally constituted national fishers' organizations, the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) may allow the disposition of the catches obtained to said organizations so that they cover the cost of developing the research, with the limits and conditions established in the granted permits." In relation to the above, as the actions of the respondent authorities are supported by the second paragraph of aforementioned precept 18, what is appropriate, in accordance with Article 48 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, is to grant the petitioner a period to file an action of unconstitutionality against that provision, so that, if deemed pertinent, he may present his grounds in that channel "clearly and precisely, with specific citation of the norms or principles considered infringed" (ordinal 78 eiusdem).
The foregoing is ordered, since the action, once admissibility criteria are overcome, is the appropriate avenue to analyze the constitutionality of the regulations governing the participation of "national fishers' organizations" in the studies contemplated in that norm (with the potential subsequent interest they might come to have in the exploitation of the resource) and the use of the catches obtained with "the limits and conditions established in the granted permits." Finally, it is warned that, according to the aforementioned ordinal 48, should an action of unconstitutionality not be filed, the archiving of the matter sub iudice will proceed.
Therefore:
By majority, the issuance of the judgment in this amparo process is reserved, and the petitioner is granted a term of 15 working days, counted from the notification of this pronouncement, so that, if deemed appropriate, he may file an action of unconstitutionality against the second paragraph of numeral 18 of the Ley de Pesca y Acuicultura. The foregoing is issued with the warning that the case file will be archived if the action of unconstitutionality is not filed. Judge Cruz Castro enters a note. Judges Castillo Víquez and Salazar Alvarado and Judge Garro Vargas dissent. Notify.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.
Anamari Garro V. Ingrid Hess H.
Res. 24-35958 Dissenting vote of Judges Castillo Víquez and Salazar Alvarado and Judge Garro Vargas, drafted by the latter.
In the present matter, Wilber Madriz Arguedas and Jacqueline de los Ángeles Membreño García, respectively, in their capacity as Mayor of Puntarenas and in their personal capacity, and as President of the Asociación de Mujeres y Hombres Luchadores de la Perla del Pacífico, who appeared in the proceedings as passive coadjuvants, raised as a subsidiary claim that if this Chamber considers itself competent to hear the annulment of agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, adopted at ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA, the processing of the amparo be suspended and the petitioner be given the possibility to file an action of unconstitutionality against Article 18 of the Ley de Pesca y Acuicultura. This is insofar as said norm allowed granting authorizations to private individuals to assist in research activities aimed at analyzing the viability or not of reestablishing the shrimp fishery using nets.
The majority granted that subsidiary claim and considered it appropriate to give the petitioner a period to file an action of unconstitutionality against said norm. However, we dissent from such position, as we consider the constitutional analysis intended to be carried out unnecessary. Note that the petitioner did not object to its constitutionality, because his interest is for this Chamber to analyze, in this process, the suitability or not of the studies ordered by INCOPESCA. The petitioner does wish for what was ordered by this Chamber and the administrative litigation jurisdiction to be complied with, in the sense that pertinent studies be carried out. At no time does he object to the mentioned article. Furthermore, it is significant that neither the petitioner nor other intervening parties – who hold similar views regarding the object of the amparo – have filed an action against such article.
In that context, with the usual respect, we consider it unnecessary to grant the petitioner a period to file an action of unconstitutionality against said article. We consider that this Chamber should rather proceed, with the elements contained in the case file, to resolve the amparo.
Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
DISSENTING VOTE OF JUDGE CRUZ CASTRO.- The permits or authorizations for shrimp trawling "research" activities constitute a transgression of the prohibition already imposed by this Chamber on said fishing technique and a frontal violation of the right to the environment.
As indicated by this Chamber in vote number 2013-010540 at 3:50 p.m. on August 7, 2013, "INCOPESCA may not grant any new permit, authorization, or license, renew those expired or reactivate those inactive, for shrimp fishing with trawl nets." The foregoing, with retroactive effect, according to the undersigned's dissenting vote.
Furthermore, I have considered in that dissenting opinion (voto salvado) that INCOPESCA cannot renew permits, authorizations, or licenses, nor extend their term through any administrative legal mechanism once they have expired, because it lacks legal authorization, as the rule has disappeared.
In this regard, I cannot help but also issue a dissenting opinion (salvar el voto) in this matter, since the agreement of the Board of Directors of INCOPESCA challenged in the amparo, through which a research project is authorized that seeks to determine the feasibility or otherwise of opening the deep-water shrimp fishery (pesquería de camarón de profundidad) in Costa Rica, is clearly a transgression of the prohibition already imposed by this Chamber.
The fact that it is said that the permit is not for fishing but for research is a play on words that in no way hides the fact that, in the research permit, shrimp trawling (pesca de arrastre de camarón) is allowed, and it is permitted to “dispose of the catches obtained in order to cover the cost of developing the research.” This is not investigating, but rather clearly allowing fishing under a prohibited technique.
Beyond the question or discussion of technical or scientific criteria, what leads me to the conviction that this amparo must be granted (declarado con lugar) is the fact that the execution of a supposed research project is being approved that actually seeks to authorize the carrying out of an already prohibited activity. However much they may seek to shield themselves behind the word “research,” the authorization is to carry out prohibited activities. Note, furthermore, that the supposed research project is an initiative of INCOPESCA and not of any investigative scientific entity. Moreover, it is not “research” carried out by scientists, but rather by vessels, which, additionally, may utilize and commercialize the captured shrimp. Nor is it research under the supervision of any competent entity in this regard, which would be responsible for monitoring its development or supervising the activities carried out. It involves shrimp trawling (pesca de arrastre de camarón) concealed under the guise of research, which is extremely dangerous for Constitutional Law (Derecho de la Constitución). The development of prohibited activities cannot be permitted under this designation.
From the foregoing, the frontal violation of the right to the environment (derecho al ambiente) clearly emerges. Trawling (pesca de arrastre) is a non-selective fishing technique that compromises marine ecosystems, the sustainability of the marine resource, and directly threatens the food security of the population and its future survival. Trawling produces environmental damage that is difficult or impossible to repair. Therefore, if there is certainty regarding a risk of serious or irreversible damage to the environment, as is the case here, the State must adopt preventive measures, which may even mean the prohibition of a commercial activity, since in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, because if the damage has occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable or very difficult to repair.
Shrimp fishing with trawl nets is also contrary to the principle of sustainable development (principio de desarrollo sostenible), since the deterioration of the marine ecosystem it causes exceeds its regeneration, which seriously jeopardizes the food security of future generations. Likewise, this non-selective fishing art (arte de pesca) indiscriminately captures enormous quantities of species that are not the target of the fishery, which are then discarded and returned to the sea. For this reason, the fishing art of trawling constitutes a non-selective technique that causes serious damage to the marine ecosystem, the sustainability of marine resources, and, with this, to the food security and subsistence economy of the coastal inhabitants who fish artisanally.
In view of all the foregoing, I proceed to issue a dissenting opinion (salvar el voto) in this matter, and I grant the appeal (recurso) with all its consequences.
Fernando Cruz Castro SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on the thirteenth of May of two thousand twenty-five.
Correction of material error of the interlocutory decision (resolución interlocutoria) No. 2024-035978 of 09:45 hours on December 3, 2024, of the amparo appeal (recurso de amparo) processed in expediente No. 23-009158-0007-CO, filed by [Name1], of legal age, identity card CED1, against the Ministerio de Ambiente y Energía, the Ministerio de Agricultura y Ganadería, the Ministerio de la Presidencia, and the Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura.
Resultando:
Drafted by Judge Garro Vargas; and,
Considerando:
Sole. Having reviewed the case file, the corresponding correction is made on its own motion. Consequently, the dissenting opinion (voto salvado) of Judge Cruz Castro that was attached to the interlocutory decision (resolución interlocutoria) No. 2024-035978 of 09:45 hours on December 3, 2024, is replaced with the following note:
“NOTE BY JUDGE CRUZ CASTRO.- On shrimp trawling (pesca de arrastre de camarón) and the protection of the right to the environment (derecho al ambiente).
While I have subscribed to the majority opinion that considered reserving the issuance of the judgment in this amparo proceeding and granting a period for an unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) to be filed against the second paragraph of numeral 18 of the Ley de Pesca y Acuicultura, I have deemed it necessary to subscribe to this note to make some statements regarding the opinion I have previously expressed concerning shrimp trawling.
As this Chamber indicated in vote number 2013-010540 of 15:50 hours on August 7, 2013, “INCOPESCA may not grant any new permits, authorizations, or licenses, renew expired ones, or reactivate inactive ones, for shrimp fishing with trawl nets.” The foregoing, with retroactive effect, according to the dissenting opinion (voto salvado) of the undersigned. Furthermore, I have considered in that dissenting opinion that INCOPESCA cannot renew permits, authorizations, or licenses, nor extend their term through any administrative legal mechanism once they have expired, because it lacks legal authorization, as the rule has disappeared.
Article 18 under which the respondent authorities base their actions refers to a play on words, since the permit allows shrimp trawling, and allows “disposing of the catches obtained in order to cover the cost of developing the research.” This cannot be considered investigating.
Beyond the question or discussion of technical or scientific criteria, I raise doubts about the regulation that allows a research project that actually seeks to carry out an already prohibited activity. Note, furthermore, that the rule allows a research project on the initiative of INCOPESCA, which is not an investigative scientific entity. Moreover, it involves “research” carried out by vessels and not by scientists, which, additionally, may utilize and commercialize the captured shrimp. Nor is it research under the supervision of any competent entity in this regard, which would be responsible for monitoring its development or supervising the activities carried out. So it could involve shrimp trawling concealed under the guise of research, which is extremely dangerous for Constitutional Law (Derecho de la Constitución). The development of prohibited activities cannot be permitted under this designation.
Trawling is a non-selective fishing technique that compromises marine ecosystems, the sustainability of the marine resource, and directly threatens the food security of the population and its future survival. Trawling produces environmental damage that is difficult or impossible to repair. Therefore, if there is certainty regarding a risk of serious or irreversible damage to the environment, the State must adopt preventive measures, which may even mean the prohibition of a commercial activity, since in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, because if the damage has occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable or very difficult to repair.
Shrimp fishing with trawl nets is also contrary to the principle of sustainable development (principio de desarrollo sostenible), since the deterioration of the marine ecosystem it causes exceeds its regeneration, which seriously jeopardizes the food security of future generations. Likewise, this non-selective fishing art indiscriminately captures enormous quantities of species that are not the target of the fishery, which are then discarded and returned to the sea. For this reason, the fishing art of trawling constitutes a non-selective technique that causes serious damage to the marine ecosystem, the sustainability of marine resources, and, with this, to the food security and subsistence economy of the coastal inhabitants who fish artisanally.
Under the above considerations, I have subscribed to this note.”
Por tanto:
The material error contained in the interlocutory decision (resolución interlocutoria) No. 2024-035978 of 09:45 hours on December 3, 2024, is corrected, so that the preceding note is added in its recitals section in place of the dissenting opinion (voto salvado) of Judge Cruz Castro that was attached by error. Notify.
Fernando Castillo V.
[Name3] .
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
[Name4] .
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta. Se adjunta la sentencia 25-014028 del expediente 23-009158-0007-CO
Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. 2024035978 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil veinticuatro.
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 23-009158-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], mayor, cédula de identidad [Valor 001], contra el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura.
Resultando:
“PRIMERO: Solicito que en mi doble carácter se nos tenga parte dentro de este expediente. A los efectos presento coadyuvancia activa.
SEGUNDO: Ruego se considere que la fecha se transgrede el principio precautorio por las dudas que desde la Academia y diversas ONGs han externado y en ese tanto es vital que el amparo sea encontrado con lugar.
El principio de objetivación también deberá ser considerado en este caso, pues a la hora de otorgarse los permisos de pesca para hacer estudios, no existía (ni existe) información básica científica y esto hace que ahora la biodiversidad marina y los ecosistemas marines en general estén peligrando. Esta Sala ha señalado:
"... es un principio derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de lo LGAP, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general... de donde se deriva la exigencia de lo "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia". Voto 14293-2005 Por lo anterior pido que se declare con lugar el amparo”.
“Lic. Miguel Durán Delgado Director Técnico INCOPESCA Estimado Sr. Director:
En diciembre participé como representante oficial de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la actividad organizado por INCOPESCA para socializar con el Sector Académico algunos detalles de la propuesta de investigación titulada “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024”.
Considerando que no he tenido conocimiento de este proyecto, manifesté que mi participación en dicha reunión se centraría en obtener detalles sobre esta investigación y no en avalar el proyecto. De hecho, la UCR nunca estuvo invitada para participar en el desarrollo de esta propuesta de investigación. Considerando que en Costa Rica hay muy poca experiencia en la realización de estudios de evaluación de poblaciones o stocks de recursos pesqueros, y aún menos en estudios sobre camarones de profundidad, me tomé la libertad de compartir el documento recibido de INCOPESCA con el Sr. Mauricio Ibarra, Licenciado en Ciencia Pesquera e Ingeniero Pesquero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Magíster en Estadística de la Universidad de Valparaíso (UV) y Magister(c) en Gestión de Recursos Acuáticos de la PUCV, quien trabaja actualmente en el Instituto de Fomento Pesquero en Chile, precisamente en la evaluación de stocks de crustáceos.
El Sr. Ibarra, tiene 17 años de experiencia laboral en asesorías para la explotación sustentable de recursos pesqueros, y la mayor parte del tiempo ha trabajado con el camarón nailon (Heterocarpus reedi), una especie similar a nuestro camarón camellito (H. vicarius) y del mismo género de nuestro camarón camello real (H. affinis). En resumen, el Sr. Mauricio Ibarra es un experto altamente calificado para revisar y evaluar la propuesta enviada por INCOPESCA.
A continuación, queremos destacar en forma resumida algunos aspectos de esta propuesta que requieren, de nuestro punto de vista, un re-pensamiento o modificación, según el análisis conjunto que realizamos con el Sr. Ibarra:
(1) Red AA Costa Rica: La experiencia con esta red se basa en un estudio que realizó el INCOPESCA durante octubre y diciembre 2018 en la entrada al Golfo de Nicoya. El informe con sus resultados y conclusiones presentados fue ampliamente criticado, especialmente por la muy corta duración del estudio, su limitado alcance geográfico y errores en sus resultados. Por lo tanto, nos parece muy cuestionable asumir que esta Red AA Costa Rica es la red indicada para producir una pesca más sostenible.
(2) Utilizar dos redes diferentes. Los barcos camaroneros de Costa Rica trabajan con dos redes, una a estribor y una a babor. Entendemos que en la investigación propuesta se trabajará exclusivamente con la Red AA Costa Rica. Nos parece lamentable no aprovechar la posibilidad de utilizar al mismo tiempo dos redes diferentes: la Red AA Costa Rica y la red estándar utilizada anteriormente en la pesca de camarón en el país que serviría como “control”. Solamente la utilización directa de las dos redes diferentes en cada barco permitiría analizar si la Red AA Costa Rica realmente está reduciendo la captura de fauna acompañante, comparada con las de la red control.
(3) Edad de las especies objetivo. De acuerdo a (sic) los comentarios del personal de INCOPESCA, presente en la reunión de diciembre 2022, la propuesta parte del supuesto que los camarones tienen una longevidad de alrededor de dos años. No existe información sobre la longevidad de las especies objetivo del estudio propuesto por INCOPESCA para Costa Rica. Sin embargo, Pedraza-García et al. (2012), determinaron para H. vicarius (camarón camellito) de Colombia una longevidad de cuatro años de vida para machos y cinco años para hembras. Por lo tanto, un estudio de solo dos años de duración no va a generar información adecuada para una especie que vive por lo menos cuatro años, especialmente sobre temas importantes como reproducción, crecimiento, reclutamiento, mortalidad etc. En el caso del camarón nailon (H. reedi), Kilada & Acuña (2015) determinaron que las hembras alcanzarían cinco años de edad y los machos, cuatro años. Con estos antecedentes, se puede suponer que la longevidad del camarón camello real (H. affinis), que vive a una profundidad sustancialmente mayor que las demás especies objetivo, es superior a la de H. vicarius. En este sentido, el asunto de la longevidad de las especies objetivo no está siendo considerado en el diseño metodológico de la propuesta actual, lo cual limitaría sustancialmente el alcance de los resultados obtenidos.
(4) Diseño experimental. Parece que los muestreos se basan exclusivamente en lances comerciales. El documento no menciona lances científicos o algo sobre una evaluación directa del stock. Esta metodología generaría información sobre el estado de la pesca de los camarones objetivo, pero no permitiría obtener conclusiones sobre el estado del stock, lo que es una limitación/deficiencia importante del diseño. Sería altamente recomendable desarrollar un diseño metodológico que incluya muestreos científicos. Por otra parte, el estudio indica una estratificación por zonas a priori, pero esto se debe determinar después del estudio, con la información recopilada, porque se desconoce si existe o no, una separación espacial del stock.
(5) Duración de los lances. De acuerdo a (sic) la propuesta de INCOPESCA, los lances durarán entre 1 y 2 horas. Nos parece que esta duración no es apropiada para muestreos que deseen generar resultados científicos robustos. Se ha demostrado que los lances cortos son tan eficientes como los largos, y esto permite realizar más lances, en el mismo tiempo de duración del crucero, factor económico relevante en este tipo de estudios. Así es como, durante nuestro estudio de la pesca de camarones de profundidad de Costa Rica trabajamos con lances de 15 min y esta metodología generó resultados sólidos, los cuales fueron aceptados para su publicación en revistas internacionales (p.ej., Wehrtmann & Echeverría-Sáenz, 2007; Arana et al., 2013; Villalobos-Rojas et al., 2020). En Chile, con varios años de experiencia en la evaluación del stock del camarón nailon y otras especies, se está utilizando una duración de entre 10 y 20 minutos. Por lo tanto, nos parece que se debe considerar la inclusión de lances científicos con una duración alrededor de 15 min, además de la información de la flota pesquera que se va a generar.
(6) Estimación del “Máximo Rendimiento Sostenible (MRS)”. No existe claridad de cómo, exactamente, se pretende conseguir la información necesaria para definir el MRS. De nuevo, los datos que generará este proyecto serían datos sobre la abundancia en la pesca comercial, entre otros, pero no serían representativos para el stock de los camarones, a menos que se establezca una cobertura espacial mínima. Un aspecto importante para la estimación del MRS es la relación stock-recluta, pero la propuesta no deja claro cómo van a obtener y analizar dicha información. Por otra parte, para obtener un indicador de abundancia desde la flota, sería necesario realizar una estandarización de la CPUE o CPUA, mediante GLM´s, metodología que no está especificada en el proyecto presentado por INCOPESCA.
(7) Cantidad de embarcaciones. Nos parece entendible que se requiera de dos embarcaciones, especialmente equipadas para pescar el camarón real (H. affinis). Sin embargo, utilizar cuatro embarcaciones para trabajar con las restantes especies objetivo parece exagerado. En nuestro proyecto sobre la pesca de camarones de profundidad en Costa Rica hemos trabajado con 1-2 embarcaciones, lo que fue suficiente para generar datos robustos y publicables (ver referencias indicadas arriba).
(8) Personal a contratar. En los documentos recibidos de parte de INCOPESCA se indica que se contratarán, entre otros, ocho observadores a bordo y un geólogo marino. En el caso de los observadores a bordo no queda claro cómo se va a reclutar a estas personas. Deberían ser profesionales o técnicos con amplio conocimiento en los diversos aspectos de la biología-pesquera de camarones, pero con mi conocimiento (I. Wehrtmann) como investigador/docente trabajando por años en esa temática en la Universidad de Costa Rica, hay muy pocas personas en Costa Rica con este perfil. Por lo tanto, sería complicado tener personal debidamente capacitado para esta tarea fundamental para el éxito del proyecto. Por otro lado, en el caso de la contratación de un geólogo marino, nos parece prioritario, contar con un biólogo pesquero o ingeniero pesquero con amplia experiencia en la evaluación de recursos pesqueros, especialmente de camarones que son las especies objetivo del estudio. Lo más recomendable sería definir claramente el perfil del puesto y abrir un concurso internacional para seleccionar la persona más idónea para este trabajo.
(9) Análisis de riesgo. En la biología pesquera hay toda una línea de investigación sobre este tema, importante para el manejo de cualquier recurso pesquero (p.ej., Huppert et al., 1996; Hobday et al., 2011; Gaichas et al., 2018). Especialmente un manejo precautorio debe considerar los diferentes riesgos (ecológicos, económicos, sociales) que enfrenta cada pesquería. Sin embargo, la propuesta de INCOPESCA no menciona nada específico sobre esta temática. Eso es preocupante, considerando que después de un largo período de una disminución considerable del esfuerzo de pesca de camarón (hasta el cierre de la pesca) es posible que al inicio se capturará un alto volumen de camarones con tallas relativamente grandes. Sin embargo, esta situación puede cambiar rápidamente y generar una situación mucho menos favorable o más bien preocupante, como ocurrió a inicios de la década de los años 2000, con H. reedi, en Chile, pesquería que estuvo cerrada por tres años, producto de la sobreexplotación y sobrepesca (Acuña et al., 2002; Arana et al., 2003; Arana et al., 2004), especialmente considerando el área geográfica de pesca limitada de camarón de profundidad en Costa Rica.
Por lo tanto, un proyecto sobre el manejo de los recursos pesqueros debe considerar diferentes escenarios de riesgo (incluyendo escenarios de cambio climático) para tener más claridad sobre el posible futuro de estas pesquerías.
(10) Análisis estadísticos. No queremos entrar en demasiados detalles sobre este tema, pero es obvio que la presente propuesta de INCOPESCA pretende utilizar análisis estadísticos anticuados que no corresponden al estándar actual utilizado en las ciencias pesqueras. Sería necesario volver a describir esta parte e incluir métodos actuales. Una persona con amplia experiencia en la evaluación de stocks va a tener suficiente conocimiento sobre las metodologías adecuadas.
En resumen, existe todavía muchas preguntas y lagunas metodológicas alrededor de esta propuesta que se deberían aclarar antes de iniciar un proyecto de investigación sobre la pesca de camarones de profundidad en Costa Rica.
Finalmente, nos gustaría mencionar otro aspecto que nos parece importante al respecto: considerando la amplia evidencia internacional de que la pesca de arrastre siempre tendrá efectos negativos en el ecosistema ¿no sería mejor utilizar estos recursos financieros para promover estudios sobre métodos de captura alternativos a la pesca de arrastre? Por ejemplo, el cultivo de peces en jaulas flotantes podría ser una alternativa interesante considerando la alta cantidad de especies con potencial para la acuicultura que tenemos aquí en Costa Rica. Por otro lado existe en otros países la pesca con trampas/nasas para capturar camarones de profundidad. ¿No valdría la pena invertir algo de este presupuesto de aproximadamente 250 millones de Colones por ejemplo en esta alternativa?
Agradeciendo su atención, nos despedimos con un cordial saludo”.
“De conformidad con la Resolución de ocho horas once minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, comparecemos ante su autoridad en respuesta a la audiencia otorgada. La Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS), es fondo ambiental y organización no gubernamental con la misión de potenciar alianzas y gestionar recursos para la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano.
En respuesta a lo dispuesto por la Sala Constitucional para solicitar criterio sobre el proyecto de investigación citado en el expediente 23-009158-0007-CO, a continuación, brindamos nuestra opinión técnica:
1. El 07 de octubre del 2022, la ACRXS fue convocada por el Despacho del Ministro y Presidencia Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), vía correo electrónico, a una sesión con el objetivo de socializar aspectos técnicos del proyecto "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico", como parte de la necesidad de contar con los insumos adicionales de carácter científico-técnicos necesarios para lo pesquería de camarón.
2. El lunes 31 de octubre a las 10:00 am, en la Sala de Ex Ministros en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se llevó a cabo dicha sesión, donde además de ACRXS, hubo participación de representantes Conservación Internacional-CR, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Fundación Marviva y Fundación One Sea, y ocho funcionarios del INCOPESCA, inclusive el Ministro de Pesca.
3. Durante la sesión el INCOPESCA informó sobre aspectos técnicos-metodológicos, financieros y administrativos relacionados con el proyecto "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico", de los cuales destacamos los siguientes:
a. El proyecto de investigación se desarrollaría en 2 fases, una iniciando en 2023 y otra durante el 2024.
b. El Sr. Fernando Mejía, funcionario del INCOPESCA, estaría a cargo del proyecto de investigación.
c. El estudio de investigación tendría un costo aproximado de C12ó,OO0,000, de los cuales, C120,000,000 se invertirían en la contratación de servicios profesionales, y Có,OO0,000 se invertirían en materiales.
d. Se otorgarían 8 permisos de investigación a 8 embarcaciones propiedad de dos organizaciones pesqueras ubicadas en la provincia de Puntarenas.
e. El proyecto de investigación se enfocaría en camarón de profundidad, por cuanto las faenas de arrastre de estarían llevando a cabo a tres millas desde la línea de costa, e incluso se guardarla una milla extra como zona de amortiguamiento.
f. Los sitios específicos donde se realizarían las faenas de arrastre no se habían definido con exactitud, y que para establecerlos se tomaría parecer a los capitanes de las 8 embarcaciones.
g. Se llevarían a cabo 33 lances por viaje.
h. La captura total obtenida de cada lance se pesaría en sestas 25 litros, y de cada sesta se tomarían muestras de 33 individuos de las diferentes especies de camarón y otros crustáceos.
i. La fauna de acompañamiento se clasificaría en dos categorías: aprovechable (ej. tiburones y rayas) y descartable (individuos de reducido tamaño, o especies de bajo o nulo valor comercial).
j. Que se llevaría a cabo un 100% de monitoreo del peso, talla e identificación, de cada individuo de la categoría aprovechable o comercializable.
k. Tanto los materiales como la estructura de la red de arrastre (AA-CR) a ser utilizados durante estas dos fases del proyecto de investigación son diferentes de los utilizados en el estudio "Evaluación de los porcentajes de exclusión de faca en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad pinky (Farfantepenaeus brevirostris) y fidel (Solenocera agassiziü utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (dep's, det's y doble relinga) y otras mejoras, en el océano pacifico costarricense”, cuyos resultados fueron presentados por el INCOPESCA en enero del 2019.
l. Parte de las características que diferencian a la red experimental de la anteriormente utilizada es que ésta (sic) no arrastra el fondo marino, ya que cuenta con un sistema de flotabilidad gracias a que los materiales utilizados son más livianos.
m. Los tiempos de arrastre de cada faena experimental serán de máximo 2 horas, esto para mejorar la calidad del producto capturado y autorizado para ser comercializado en la licencia de investigación.
n. Tanto la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Nacional de Aprendizaje serían parte del estudio de investigación. Que además se contaría con revisores externos (ej. INVEMAR de Colombia).
o. El estudio de investigación se estaría llevando a cabo en coordinación con la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y la Embajada de los Estados Unidos.
p. Para apoyar la investigación se contrataría personas que fungieran como "observadores a bordo" en las 8 embarcaciones involucradas en el estudio de investigación.
q. El proyecto contrataría los servicios profesionales de un experto en geología marina (solamente paro la segunda fase), un planificador socioeconómico y un evaluador pesquero, que apoyarían en el análisis de información.
4. Una vez finalizada la presentación por parte de los funcionarios de INCOPESCA, los representantes de las diferentes organizaciones no gubernamentales presentes, realizamos una serie de consultas técnicas, que se resumen a continuación:
a. ¿Cuál fue la base técnica que determinó y justificó científicamente el número de embarcaciones requeridos, el número, frecuencia y duración de los lances experimentales, así como el tamaño de muestro estadísticamente representativo para realizar el análisis de datos correspondiente?
b. ¿Cuál es el número total de beneficiarios en las provincias de Puntarenas y Guanacaste que se estarían beneficiando tanto del proyecto de investigación, como de una eventual reapertura de la pesca de camarón con redes de arrastre?
c. ¿Tanto la investigación como la posible reapertura de la pesca de camarón con redes de arrastre estarían provocando un conflicto o consecuencias negativas a los pescadores artesanales o de pequeña escala que utilizan la costa pacífica?
d. Sabiendo que la cantidad de pescadores artesanales que utilizan la costa pacífica es considerablemente mayor que los beneficiarios de la pesca de arrastre, ¿cuál es la justificación socioeconómica para invertir nuevamente fondos públicos en una investigación de camarón de arrastre, y no en otras pesquerías de importancia para los diferentes subsectores de la pesca?
e. ¿Por qué invertir fondos públicos en redes experimentales para la pesca sostenible de camarón, cuando no se cuenta con estudios poblacionales de las distintas especies de camarón, que demuestren la viabilidad de una actividad pesquera comercial?
f. ¿Existe y está aprobado el reglamento que operativiza la modificación a la Ley de Pesca que permite emitir licencias de investigación dirigidas por el INCOPESCA, y la comercialización de las capturas de camarón y de fauna de acompañamiento aprovechable por parte de los receptores de las licencias de investigación?
g. ¿Serán los observadores a bordo expertos en pesquerías? ¿Serán terceros a los funcionarios del INCOPESCA? ¿Se evitará un posible conflicto de interés en estas contrataciones?
h. ¿Cuenta el INCOPESCA con el personal, la infraestructura y el equipo especializado necesario, así como con el contenido presupuestario para poder llevar a cabo el análisis de las muestras que resultaron del proyecto de investigación?
A pesar de los esfuerzos del INCOPESCA por intentar dar respuesta a estos y otros preguntas, no ha habido un pronunciamiento técnicamente sólido que logre demostrar que la metodología del estudio está basada en estadística, biología o ecología pesquera avalada por la academia nacional o centros de investigación pesquera con experiencia en otras latitudes.
Adicionalmente, desde que el INCOPESCA anunció que el estudio de investigación iniciaría y hasta la fecha, se ha podido constatar inconsistencias que reflejan debilidad en el proceso:
1. En el oficio ISW-026-2023, el Centro de Investigaciones del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica aseguró no haber sido tomada en cuenta para la definición de la metodología del proyecto; y, además apunta a una serie de deficiencias técnicas encontradas después de realizar una consulta formal al Instituto de Fomento Pesquero de Chile, ente altamente calificado en lo región.
2. En el oficio 02081-2023-DHR, la Defensoría de los Habitantes y su Consejo Técnico Científico, hacen mención sobre el trámite de una investigación acerca de lo político del gobierno en relación con la actividad de la pesca de camarón con redes de arrastre, donde concluyen que: a) no existió proceso de consulta y/o participación de la Academia o de lo sociedad civil en la definición de este proyecto de investigación, b) debilidades en la metodología que podrían comprometer la veracidad de los resultados, c) el INCOPESCA no exploró otras alternativas para el desarrollo de actividades pesqueras y acuícolas con mayor potencial de sostenibilidad socioeconómica y ambiental.
3. En el comunicado R 126-2023 del Consejo Universitario y en el Oficio EB-419-2023 de la Escuela de Biología, ambos de la Universidad de Costa Rica, rechazan el estudio de investigación pues carece de rigurosidad científica para determinar la viabilidad de este tipo de pesca en el país.
4. En el Oficio UNA-ECB-OFIC-109-2023, se apunta a la vaguedad de la metodología del estudio de investigación, a la falta de rigurosidad científica para determinar el número de embarcaciones necesarias para llevar a cabo el estudio, la determinación de las tasas de mortalidad, Máximo Rendimiento Sostenible y la biomasa explotable, a la falta de rigurosidad para definir el perfil de los observadores a bordo en las embarcaciones, entre otras.
5. La Fundación Marviva presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica, solicitando detener, de forma inmediata, el estudio de pesca de camarón que reactiva la pesca de arrastre en mares costarricenses, con el objetivo de evitar daños irreparables o de difícil reparación a los recursos naturales, afectaciones a la actividad económica de la pesca artesanal y deportiva, e impedir el uso indebido, ineficaz e ineficiente de los fondos públicos.
6. El 17 de agosto del 2023, el diario La Nación publicó el titular "Pesca de arrastre: Incopesca confirma detención de barcos invitados a estudio por faenar en aguas protegidas", donde la propia institución confirma la detención de barcos invitados al estudio de investigación por faenar en áreas marinas protegidas.
Con base en lo expuesto anteriormente, la Asociación Costa Rica por Siempre considera que el estudio de investigación citado en el expediente 23-009158-0007-CO presenta vacíos que ponen en duda la solidez técnica requerida para demostrar una nueva alternativa para la pesca responsable de camarón con redes de arrastre en el Pacífico de Costa Rica.
Esperamos que nuestra opinión técnica sea valiosa para contribuir al alcance de las metas de conservación y desarrollo sostenible del país. Estamos a la orden para cualquier información adicional”.
“Considerando: Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA AJDIP/205-2022 del 27 de setiembre de 2022, autorizando proyecto para determinar factibilidad o no de la apertura de la pesquería de camarón de profundidad en Costa Rica.
Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA AJDIP/253-2022 del 15 de noviembre de 2022, autorizando modificaciones al proyecto “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico costarricense, 2022-2023”.
La Escuela de Ciencias Biológicas adscrita a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, cuenta con un Laboratorio de Biología Pesquera, el cual tiene todo la capacidad humana y material para desarrollar estudios en pesquerías o el análisis de estas, incluyendo el tema de pesquería de arrastre en camarón aprobados por los acuerdos AJDIP/205-2022 y AJDIP/253-2022.
Que las y los expertos del Laboratorio de Biología Pesquera fueron llamados en diciembre de 2022 a una reunión explicativa de la metodología que iban a desarrollar en el proyecto de marras, a lo cual se hicieron observaciones mediante oficio, siendo que las respuestas del INCOPESCA no satisfacieron las dudas sobre el estudio por lo que la Universidad Nacional por medio de oficio UNA-ECB-OFIC-230-2023 indicó “Para este caso específico, consideramos que nos reservamos la posibilidad de cooperar, dado que, a nuestro criterio, el planteamiento metodológico no permite tener resultados confiables”.
Por lo anterior y atendiendo la indicación de su estimable oficio:
Para esta investigación se requiere un total máximo de tres embarcaciones, debido que el objetivo del estudio es el análisis poblacional de tres diferentes recursos: 1. Camarón fidel (Solenocera agassizi), pinky o rosado (Penaeus brevirostris), 2. Camarón camellito (Henterocarpus vicarius) y camello real (Henterocarpus affinis), 3. Chicharra (Pleuroncodes planipes), los cuales se distribuyen a diferentes profundidades, por lo que es necesario contar con embarcaciones adaptadas a faenar en estas profundidades. Con tres embarcaciones, se garantiza el muestreo con alta confiabilidad estadística de las zonas propuestas (Pacífico norte, centro y sur).
La participación de ocho embarcaciones lo que refleja es la reapertura de la pesca de arrastre comercial del camarón, justificada en términos de investigación, ya que la misma propuesta indica claramente que el INCOPESCA no tiene la capacidad de análisis de las capturas de estas ocho embarcaciones. Por tanto, el análisis de las capturas se realizará con una submuestra del último lance de los 33 lances efectivos (aunado a que la propuesta no deja claro los criterios en los cuales se puede tomar a ese lance como efectivo).
Al no existir los criterios técnicos que definen a un lance efectivo, cada una de las embarcaciones podría realizar un número ilimitado de lances, hasta lograr obtener esos 33 lances efectivos (si un lance no resulta efectivo, esa captura no se devuelve al mar, por lo que es aprovechada por las ocho embarcaciones para su comercialización sin dejar registros biológicos de las capturas realizadas).
Cada embarcación realiza mínimo dos viajes por mes, en cada faena de pesca utiliza dos redes de arrastre, por tanto: por mes realizará 66 lances por viaje (132 por mes) al año cada uno de estos barcos camaroneros estaría realizando al menos 1.584 lances efectivos: lo que significa que, en los dos años de la investigación, esa embarcación realizará al menos 3.168 lances.
Si en los dos años de investigación, una embarcación realiza al menos 3.168 lances, entonces las ocho embarcaciones propuestas estarían ejecutando mínimo 25.344 lances.
Al no conocerse el estado de explotación del stock de cada uno de estos recursos, no se puede garantizar que estas poblaciones soporten la presión pesquera a la que están siendo sometidas durante esta investigación.
Cada lance tiene una duración mínima de cuatro horas (según lo propuesto por INCOPESCA), y se arrastra en el fondo del mar 600 m2 por faena, por lo que al final de la investigación se habrá arrastrado 15.206,4 km2 , ósea el equivalente al 29.75% del territorio nacional.
Para este proyecto específico, la UNA sigue considerando que no es posible cooperar, dado que, a nuestro criterio, el planteamiento metodológico no permite tener resultados confiables”.
“Hemos recibido notificación del expediente 2023-009158-0007-CO, relativo al recurso de amparo contra el otorgamiento de ocho licencias de pesca de arrastre de camarón, a ocho embarcaciones semiindustriales aportadas por el sector pesquero costarricense que funcionara del 2023 y hasta el 2024, otorgadas por el INCOPESCA con el acuerdo AJDIP/2005-2022, que autoriza un proyecto de investigación que pretende determinar la factibilidad o no, de la apertura de la pesquería de camarón de profundidad en Costa Rica y se dispone dar en audiencia entre otras a la decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (UNA).
Debido a lo anterior, debo indicar que aunque la Facultad indicada incluye el término Mar, las investigaciones que se realizan están más enfocadas a las zonas costeras y litorales, por lo que no se tiene la expertiz necesaria para dar una respuesta que coadyuve a la resolución de dicho recurso de amparo; no obstante, le recomiendo direccionar dicha audiencia a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, dentro de la cual se encuentra la Escuela de Ciencias Biológicas donde se imparten entre otras, las carreras de Bachillerato en Biología con énfasis en Biología Marina y Licenciatura en Biología con énfasis en Manejo de Recursos Marinos y Dulceacuícolas”.
“A partir de la notificación recibida a las 13:40 horas del 30 de agosto del 2023 donde la Sala Constitucional solicita el criterio técnico de este servidor con respecto al proyecto de investigación que pretende determinar la factibilidad o no de la apertura de la pesquería de camarón de profundidad en Costa Rica, a partir del recurso de amparo interpuesto por el Sr. [Nombre 001], se considera lo siguiente:
La Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) es una organización no gubernamental fundada con el objetivo de canalizar y ejecutar recursos humanos, técnicos y financieros para contribuir en la gestión efectiva del Área de Conservación Marina Coco (ACMC) y ecosistemas circundantes, esenciales del Pacífico Tropical Oriental. Durante 29 años, FAICO ha consolidado relaciones exitosas con actores claves a nivel local, regional e internacional, convirtiéndose en modelo replicable de alianza estratégica que inspira la conservación marina a nivel global.
Los ejes de acción de FAICO contribuyen a iniciativas dirigidas a planificación, control y vigilancia, infraestructura, manejo de recursos naturales, análisis de presiones, fortalecimiento institucional, posicionamiento, educación ambiental, gobernanza, entre otros. FAICO se ha especializado en brindar soluciones efectivas e innovadoras a las brechas existentes en la gestión de las Áreas Silvestre Protegidas del ACMC, que incluyen generación de conocimiento para establecer prácticas de pesquerías responsables para el Área Marina de Manejo del Bicentenario.
A pesar de que FAICO no se especializa en el estudio de la pesca de arrastre, diferentes estudios y publicaciones de acceso público demuestran los impactos que las capturas generan sobre los ecosistemas marinos. Para este caso en particular, la pesca de arrastre es considerada el arte de pesca menos selectivo que existe. Esto se debe a que dicha técnica se compone de una red en forma de “cono” la cual es remolcada por una o dos embarcaciones mientras se arrastra por el fondo marino (Heredia, 2001; Haith et al., 2020). Esto provoca una modificación en los hábitats por donde se arrastra, comprometiendo su estado de salud, ya que puede causar alteraciones químicas y biológicas (Herrera-Valdivia, López-Martínez & Vargasmachuca, 2015; Pérez, 2011).
Dicha forma de operar captura gran cantidad de vida marina, lo que también implica niveles elevados de especies no objetivo, conocida como pesca incidental (Haith et al., 2020; López-Martínez et al., 2008); esto puede ocasionar cambios en la composición y abundancias de las especies (Herrera-Valdivia et al., 2015). Según un estudio realizado por Trujillo y colaboradores (2015), donde recopilaron información de pesquerías entre 1950-2010 en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Costa Rica, determinaron que el 55% de las capturas obtenidas en la pesca de camarón en el Pacífico de Costa Rica, corresponde a pesca incidental de peces, tiburones y rayas. Inclusive, las capturas incidentales de estas pesquerías pueden comprender hasta el 96.8% de la biomasa total de las capturas en Costa Rica (Arana et al., 2013) y el 96.7% en el Golfo de Tehuantepec, México (Sarmiento-Náfate et al. 2007).
Debido a lo anterior, algunas poblaciones de depredadores podrían colapsar (Myers & Worm, 2003), especialmente organismos con bajas tasas de natalidad, como tiburones y rayas (elasmobranquios) (Morales, 2011). Por ejemplo, Lara-Mendoza y Márquez-Farías (2014) determinaron que las pesquerías de arrastre de Sinaloa, México, pueden afectar de manera directa las poblaciones de la raya Rhinobatos glaucostigma, debido a que aproximadamente el 63% de las rayas capturadas de manera incidental correspondían a individuos en estadios juveniles, es decir, no han alcanzado la talla de la primera madurez sexual.
De manera similar ocurre en Costa Rica, donde después de analizar la pesca incidental proveniente de pesca de arrastre en la Costa Pacífica, entre 2008 y 2012, se reportó la captura de 25 especies de elasmobranquios, teniendo la mayoría de estas especies amplios rangos de distribución en todo el Pacífico Oriental Tropical (Clarke et al., 2016).
Además de esto, se ha determinado que la pesca de arrastre se lleva a cabo en fondos blandos, asociados a comunidades de invertebrados marinos, objetivo de captura (Pérez, 2011). Algunos de estos sitios coinciden con los llamados “hábitats críticos”, los cuales se definen como: “área o entorno espacial vital para la supervivencia diaria de los individuos de una especie, que ayuda a mantener saludable los rangos de crecimiento de la población” (Gibson & Wellbelove, 2010). Debido a todas las características que reúnen estos hábitats, los adultos los utilizan manera estacional para reproducción y alimentación, mientras que los neonatos y juveniles permanecen en estos hábitats como una estrategia de prevención de depredadores, alimentación y crianza hasta alcanzar el tamaño adecuado para emigrar a zonas más profundas (Espinoza et al., 2011), lo que los convierte en hábitats esenciales para la conservación de especies amenazadas (López, 2012).
Se ha comprobado que algunas especies de elasmobranquios y especies altamente migratorias utilizan hábitats cercanos a la plataforma continental como zonas de crianza (López-Angarita et al., 2021). Por ejemplo, el tiburón martillo (Sphyrna lewini), especie en peligro de extinción incluida en la Lista Roja de la UICN y en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ha sido identificada como una especie susceptible a las pesquerías del Pacífico Oriental Tropical, debido a que en su estado juvenil son susceptibles a la pesca de arrastre de camarón y a la pesca artesanal a lo largo de la costa, mientras que en su etapa adulta, interactúan con las pesquerías de palangre pelágico y de cerco, cerca de montes submarinos e islas como Galápagos, Malpelo e Isla del Coco (Zanella et al., 2009; López, 2012; Clarke et al., 2018).
Es importante destacar el rol que cumplen estos ecosistemas altamente productivos, donde además de brindar zonas de refugio, alimentación y crianza para muchas especies, también son utilizados como fuente de empleo de comunidades costeras. Por lo tanto, si sumamos la degradación de estos sitios ocasionados por el cambio climático, el efecto antropogénico y el efecto de las pesquerías, puede ocasionar un acelerado declive de las poblaciones de muchas especies a nivel local (Harper et al., 2014; López-Angarita et al., 2021).
Finalmente, deben recordarse obligaciones establecidas en el marco jurídico costarricense y su vinculación directa con el recurso de amparo en análisis. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 establece como uno de sus principios que el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación (artículo 2). Además, la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 indica en su artículo 8 que la pesca deberá practicarse sin producir daños irreparables a los ecosistemas y en su artículo 5 señala que es deber del Estado garantizar el desarrollo de las actividades pesqueras en la forma que genere el mayor beneficio para los ciudadanos, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza en sano equilibrio entre el Derecho al desarrollo de las comunidades y el Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Asimismo, se reitera la importancia de la aplicación del principio precautorio o indubio pro natura, vastamente desarrollado en la jurisprudencia constitucional, y el cual es aplicable en escenarios donde exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección; y el principio de objetivación en materia ambiental, mediante el cual existe la obligación de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación en donde pueda resultar afectado el ambiente, con estudios técnicos y científicos serios, exhaustivos y comprehensivos que garanticen el menor impacto ambiental posible. También llamado principio de vinculación a la ciencia y a la técnica, o bien, principio de razonabilidad en relación con el derecho ambiental (Creación del mecanismo de gobernanza de los espacios marinos sometidos a la Jurisdicción del Estado Costarricense, Decreto Ejecutivo No. 41775- MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR, artículo 2.e).
Importancia del bienestar humano en el análisis pesquero institucional Para nuestra organización también es importante considerar en el análisis que se delibere de este recurso amparo, a las comunidades pesqueras como actores fundamentales. Las comunidades pesqueras no son una estructura social aislada, sino que son “significados y valores compartidos entre las personas que viven y trabajan en las zonas costeras de pesca. Son relaciones sociales y humanas que se extienden más allá del hogar y la familia” (Ross 2015, pp. 30, en Obando, 2021).
En este criterio, se han planteado las implicaciones y consecuencias negativas de este arte de pesca para la biodiversidad de los sitios donde se desarrolla. Sin embargo, es importante posicionar que los cambios de regulación y conflictos sociopolíticos que ha experimentado la comunidad pesquera artesanal, vinculada con el sector semi industrial camaronero, le ha sometido a un contexto de vulnerabilidad socioeconómica que impacta directamente en el desarrollo humano de estas comunidades.
Para este servidor, es importante que se problematice en la deliberación de la discusión sobre la constitucionalidad del proyecto en cuestión, que la mejor solución a esta problemática debe mantener un equilibrio que contemple la sostenibilidad del recurso pesquero y, por ende, la salud de la biodiversidad marina. Además, se debe considerar la responsabilidad y obligación imperativa del Estado de ofrecer una solución a la comunidad pesquera vinculada con el sector semi industrial camaronero, que fortalezca sus medios de vida, respete sus sistemas de conocimiento y asegure el bienestar humano, sobre todo de aquellas personas que forman parte del segmento más vulnerable (Shackeroff, Hazen, y Crowder 2009 en Obando 2021).
Políticas ambientales y pesqueras que no contemplen esta visión, seguirán reproduciendo estructuras de desigualdad en torno al acceso y uso de recursos, así como la construcción de disputas materiales y simbólicas a lo interno de las comunidades pesqueras que habitan el Golfo de Nicoya (Obando, 2021).
En conclusión, tomando en cuenta estudios y publicaciones que se han realizado tanto a nivel nacional como internacional, se evidencia que la pesca de arrastre es una de las prácticas menos selectivas que existen, la cual genera un impacto negativo en los ecosistemas marinos, comprometiendo la salud y sostenibilidad de hábitats de muchas especies, incluyendo algunas altamente migratorias. Así mismo, se hace un llamado al Estado costarricense para que contemple el bienestar humano de las comunidades pesqueras vinculadas con el sector semi industrial camaronero – sobre todo su segmento más vulnerable –, en las políticas ambientales que implemente para recuperar, regenerar o rehabilitar los ecosistemas marinos que se han visto afectados por este arte de pesca no selectivo”.
“Atendiendo a la solicitud de criterio técnico sobre el proyecto de investigación “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024”, notificada a las diez horas con treinta minutos del jueves 31 de agosto, en tiempo y forma nos permitimos brindar nuestros insumos como prueba para mejor resolver:
Primero que todo, señalar que Conservación Internacional Costa Rica (CI-CR) es una organización sin fines de lucro que ha trabajado por más de 30 años en Costa Rica para promover la conservación del medio ambiente en equilibrio con el bienestar y calidad de vida de las comunidades que más dependen de la integridad de los ecosistemas terrestres y marinos del país. Trabajamos en el desarrollo de acciones de conservación y gestión de recursos naturales en coordinación cercana y activa con comunidades locales, socios y autoridades, en búsqueda del alcance de las metas ambientales del país. La organización brinda apoyo mediante la ejecución de proyectos y asesoría técnica-científica para que el país pueda avanzar en el alcance de los compromisos ambientales adquiridos, tanto a nivel nacional como internacional, haciendo un involucramiento activo de las comunidades locales como beneficiarias directas de los servicios ecosistémicos.
En los últimos 20 años, CI-CR ha enfocado su labor en fortalecer la gobernanza y gestión sostenible de los recursos marinos y costeros de Costa Rica mediante la generación de conocimiento científico que sustente una toma de decisiones apegada al principio de objetivación en materia ambiental por parte de las entidades gubernamentales con quienes se trabaja. Algunos ejemplos de los esfuerzos científicos que hemos apoyado, incluyen publicaciones sobre el efecto de redes de arrastre de camarón sobre tiburones y rayas, iniciativas de planificación ecorregional marina, investigación sobre conectividad y análisis genético de stocks de recursos pesqueros en el país, estudios sobre el estado de los principales sistemas de arrecife en la zona costera continental e Isla del Coco y estudios sobre servicios ecosistémicos de manglares, aportes de carbono azul de humedales costeros, entre otros.
Además, Conservación Internacional es la organización que más ha avanzado el trabajo con pesquerías de pequeña escala y comunidades costeras desde un enfoque de sostenibilidad de triple impacto (ambiental, social y económica), programa de trazabilidad y mercado y estudios de cadena de valor. Esto último se ha plasmado a través de la implementación de líneas de acción con comunidades costeras del Pacífico dedicadas a la pesca de pequeña escala responsable y sostenible. Mediante el desarrollo de un modelo de mejora pesquera integral, buscamos garantizar un uso responsable de los recursos marinos, generando un beneficio social y económico para las comunidades, asegurando la sostenibilidad y mejora de sus medios de vida locales.
Dada nuestra experiencia, este trabajo también ha implicado la participación de la organización en órganos colegiados de asesoría técnica como la Comisión Interinstitucional sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, el Consejo Regional del Área de Conservación Marina Coco y la Comisión de Coordinación Científico Técnica (CCCT) del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) , la cual tiene como función ser ente asesor de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo de dicha institución en los temas que sean puestos bajo su conocimiento y consecuente pronunciamiento. En este marco, actualmente CI-CR funge como representante de las entidades no gubernamentales dentro de la CCCT, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Creación del INCOPESCA.
El proyecto de investigación sobre el cual se nos solicita criterio plantea como principal objetivo “Desarrollar investigación biológico-pesquera para la evaluación de alternativas en la pesca responsable de los diferentes stocks de camarón de profundidad”. Esto mediante la evaluación de principales aspectos como la biomasa de poblaciones de camarón de profundidad (Solenocera agassizii o fidel, Heterocarpus vicarius o camellito, Heterocarpus affinis o camello real y Penaeus brevitostris o pinky), así como el impacto sobre su fauna acompañante y el fondo marino mediante el uso de la técnica de pesca de arrastre con red AA. De igual manera, se incluye como objetivo específico “Caracterizar los sectores socio-económicos involucrados en la pesquería de camarón de profundidad”. Todo lo anterior debiendo enmarcarse bajo el principio de desarrollo sostenible democrático”.
De parte de Conservación Internacional Costa Rica consideramos lo siguiente respecto al citado proyecto de investigación:
1. Proceso de socialización, participación pública y apego al principio de desarrollo sostenible democrático:
Desde la óptica procedimental para garantizar el cabal cumplimiento del derecho de participación pública en temas ambientales, se considera que hubo limitados espacios, previo al inicio de poner en marcha la investigación, para que expertos nacionales en la materia provenientes de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) pudieran brindar insumos técnicos para construir de manera conjunta y fortalecer la propuesta metodológica a ser implementada en la investigación. A fin de que esta metodología contemplara todos los elementos relacionados a los objetivos de investigación que se persiguen, y que atendiera de manera efectiva a los requerimientos establecidos por la Sala Constitucional en su fallo 10540-2013. Esto responde a que en fecha del 31 de octubre de 2022, CI-CR participó, junto a representantes de otras cuatro ONGs, en una sesión convocada por el INCOPESCA para presentar el proyecto de investigación que hoy día es implementado.
Esta sesión fue de carácter informativo, donde se dio espacio breve a consultas. Esta modalidad de participación limitó la posibilidad de brindar retroalimentación para el fortalecimiento de la propuesta o integración de elementos que asegurarán la atención de vacíos para garantizar su rigurosidad científica. Previo a la sesión mencionada del 31 de octubre, no hubo acercamiento o apertura de trabajo conjunto que permitiera revisar y discutir la metodología en uso para esta investigación.
Por otra parte, de conformidad con el principio de desarrollo sostenible democrático, es importante notar que la propuesta metodológica no incluye especificidad técnica para evaluar el impacto social y económico que conllevaría la reactivación de la pesca de arrastre en el sector directamente usuario (camaronero semi-industrial), así como en usuarios pertenecientes a otras actividades económicas que interactúan o se pueden ver directamente o indirectamente afectados por su reinstauración (e.g., turismo como buceo, surf y pesca deportiva, y pesquerías a pequeña escala como la que se presenta a lo largo de nuestras costas). Aunque la propuesta de investigación sí proyecta ejecutar una caracterización socio-económica y la contratación de un planificador social y económico encargado de generar una propuesta técnica para recopilar dicha información, resulta fundamental asegurar que este proceso metodológico evalúe de manera integral los aspectos socio-económicos, considerando los demás sectores citados y cuyos medios de vida podrían verse impactados por la reactivación de esta práctica. El alto impacto de pesquerías de arrastre de fondo en zonas tropicales altamente biodiversas también ha sido documentado en otras partes del mundo y es un elemento que no puede ignorar la evaluación de la presente investigación, tanto en su fondo como en su forma metodológica.
2.Marco metodológico y de resultados de la investigación pesquera:
La técnica de pesca con el uso de redes de arrastre de fondo (ésta (sic) es una distinción importante de las redes de arrastre de columna de agua que se usan en zonas templadas con características biológicas distintas) requiere de un análisis minucioso, siendo que se trata de un arte de pesca conocida a nivel global por su alto impacto en la biodiversidad y ecosistemas marinos. Esto se debe a su baja selectividad, i.e., es un arte de pesca que no selecciona efectivamente una especie objetivo sino que tiene un amplio espectro de captura. Como su nombre lo indica, la practica requiere de una embarcación pesquera que activamente arrastre una red por el fondo marino. A diferencia de redes de otro tipo, como el trasmallo, que enredan a los peces para capturarlos, las redes de arrastre funcionan al moverse sobre el fondo del mar y filtrando el agua sobre el fondo y capturando todo lo que tenga tamaños mayores a los poros de su red, y dañando o destruyendo por contacto físico los organismos y ecosistemas que estén asociados al fondo.
Por esta razón, el poder dictaminar si este arte de pesca se emplea o no en la pesquería nacional, demanda una solidez técnica, científica y un análisis detallado que permita definir que su implementación tiene un impacto mínimo en el ecosistema marino, tenga las regulaciones que permitan la sostenibilidad de las especies objetivo e incidentales y aseguren el bienestar social de las comunidades y usuarios que dependen de ella, así como en su cadena de valor. Además, el uso de este arte de pesca demanda de una alta capacidad de monitoreo y control de parte de las autoridades.
Este proyecto de investigación plantea algunos elementos que deben evaluarse con este fin, pero no contempla aspectos para determinar si la práctica es sostenible o no a nivel país pues omite aspectos claves tales, como los mencionados, para poder asegurar que la reinstauración de esta técnica de pesca no tendrá un impacto en otros sectores, comunidades o biodiversidad marina.
Las investigaciones de biología pesquera pueden ser considerados dependientes o independientes de la pesca, siendo su diferencia las metodologías de colecta de datos con diseño y especificaciones alegatorias en términos espacio-temporales versus el uso de métodos de colecta determinados por la actuación de las prácticas de embarcaciones sector pesquero. En el caso de la presente investigación, en la metodología se indica que los lances se realizarán en zonas históricas de pesca (indicadas por los pescadores). Sin embargo, esas zonas no necesariamente representan la distribución completa de las especies objetivo de estudio y el criterio de pescadores puede generar un sesgo en los datos obtenidos. Este elemento puede restar independencia a la investigación y afectar los resultados para el posterior análisis de stock y de representatividad de las poblaciones naturales. De haber seleccionado los sitios de manera aleatoria sobre las zonas que comprenden el rango de distribución de las especies, se permitiría obtener datos completos y análisis de resultados sobre la condición de las especies de interés, así como sobre el estado del ecosistema.
De igual manera, resaltamos que solo se está evaluando un arte de pesca con reconocida bajo selectividad y altos impactos, sin implementar otras que posibiliten hacer una comparación para demostrar cuál contribuye a una mayor selectividad y así poder reactivar la pesquería a través de métodos distintos a la pesca de arrastre.
En relación con los elementos de base científica y de metodología de este proyecto de investigación para la evaluación del stock pesquero y arte utilizada para esta práctica, resaltamos, la posición que ostenta CI-CR en la CCCT, un órgano colegiado y de asesoría técnica, en cuyo seno el estudio será objeto de análisis y pronunciamiento en los próximos meses. Precisamente, en sesión celebrada el martes 21 de marzo del 2023 (Sesión Ordinaria CCCT-002-2023) los miembros de la comisión acuerdan, informan y solicitan por medio de oficio al INCOPESCA la remisión de la información actualizada correspondiente al proyecto de investigación “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024), de manera que la CCCT pueda emitir un pronunciamiento formal sobre el mismo. Esto de conformidad con la potestad que le otorga el artículo 8 del Reglamento de las disposiciones relativas al funcionamiento de la CCCT (Acuerdo AJDIP/093/2020), al tratarse de un tema de importancia nacional en materia de gestión pesquera.
En ese orden, mediante oficio INCOPESCA-JD-018-2023, la Secretaria Técnica de la Junta Directiva del INCOPESCA solicitó al Departamento de Investigación de dicha entidad la remisión de los documentos finales de la propuesta técnica para que en el seno de la CCCT se analice y emita pronunciamiento del proyecto de investigación. No obstante, al día de hoy este órgano asesor no ha podido emitir su pronunciamiento respecto a este tema ya que mediante oficio INCOPESCA-PE-0369-2023 la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA solicitó al CCCT colocar como tema prioritario en su agenda la revisión de la “lista de especies de organismos hidrobiológicos de interés acuícola para aguas continentales, costeras y oceánicas de nuestro país”, originalmente aprobada mediante acuerdo de Junta Directiva AJDIP/057-2023 y dejada sin efecto por acuerdo AJDIP/094-2023. Cabe resaltar que la CCCT es un órgano colegiado de asesoría científica en el que además participan representantes de otras entidades como el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad Técnica Nacional, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional y la representación de las ONGs.
Por lo que aprovechamos esta oportunidad para instar a la Sala Constitucional a pedir oportunamente dicho pronunciamiento a la CCCT siendo que para la elaboración del mismo se realizarán solicitudes a la academia, expertos y ONGs nacionales e internacionales para la consolidación del pronunciamiento formal el cual se espera rendir antes del cierre de este año.
Por último, destacamos que en el marco de esta comisión el tema ha sido objeto de evaluación desde la discusión en Asamblea Legislativa del Proyecto de Ley No. 21.478 “Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica”, sobre el cual se emitieron una serie de recomendaciones bajo el pronunciamiento CCCT No. 02-2020 en relación a (sic) los elementos que una base científica debe contener como mínimo para manejar una pesquería y que se adjuntan al presente criterio en el documento Anexo 1par su consideración”.
“I. Aclaraciones con relación a (sic) las manifestaciones del INCOPESCA y otros, según constan en el expediente de esta causa, con respecto al involucramiento de Fundación MarViva y otras organizaciones en el proceso de elaboración de la investigación.
Antes de proceder con nuestro criterio técnico, tanto con relación a (sic) la propuesta de investigación como a su ejecución, es oportuno realiza las siguientes aclaraciones sobre la participación de MarViva en este asunto; particularmente, con respecto a la manera en la que el INCOPESCA alega haber involucrado a algunas organizaciones no gubernamentales y a la academia en el proceso de elaboración de la investigación.
En el escrito presentado por el INCOPESCA y otros como contestación al amparo tramitado bajo esta causa (documento con fecha de recibido del 15 de mayo de 2023), se afirma que "(…) asimismo, mediante correo electrónico que consta en el expediente administrativo se remite invitación a las ONG, incluyendo a MARVIVA (...)", esto en alusión a que la Dirección de Ordenamiento Pesquero de dicha institución habría extendido una invitación formal a diversas organizaciones, incluyendo a mi representada, a “participar de la investigación” y, por ende. no se habría menoscabado nuestro derecho a la participación. Desde MarViva, rechazamos categóricamente esta alusión con base en los siguientes hechos:
l. La Junta Directiva del INCOPESCA aprobó la propuesta de investigación sobre pesca de arrastre mediante el Acuerdo AJDIP/205-2022 del 27 de septiembre de 2022.
2. Según consta en d expediente administrativo (folios 3 a 7), para ese momento, la propuesta de investigación solamente era conocida por el sector camaronero, el cual la conoció y aprobó el 16 de septiembre de 2022 en una reunión convocada por el INCOPESCA.
3. MarViva tuvo conocimiento de que el INCOPESCA iniciaría dicha investigación el día 30 de septiembre de 2022, fecha en la que se realizó el anuncio por parte de la Presidencia de la República e INCOPESCA durante la sesión de Consejo de Gobierno realizada en la ciudad de Puntarenas. Inclusive, en esa oportunidad, las manifestaciones del anuncio enfatizaron que: “(...) Los estudios y el proyecto que está detrás de esto ya fueron aprobadas por la junta directiva de lncopesca, no es que se los vamos a presentar, ya están aprobados, tienen la plata y las naves y los biólogos para ir a estudiar esto”.
4. Desde entonces y hasta la fecha, ante la omisión del INCOPESCA de involucrar de manera proactiva, oportuna y significativa a los sectores relevantes (incluyendo a la academia, el sector de pesca artesanal, el sector de la pesca turística y deportiva, organizaciones no gubernamentales, entre otros) en la formulación, diseño y análisis de la propuesta de investigación MarViva ha requerido gestionar diversas peticiones de información ante dicha institución para acceder a la documentación sobre la propuesta.
5. En este contexto y ante nuestra insistencia de acceder a la documentación sobre la investigación), INCOPESCA remitió una comunicación formal a MarViva el 26 de octubre de 2022, mediate la cual nos extendieron invitación para participar en una sesión informativa programada para el día 31 de octubre de 2022, en conjunto con otras organizaciones, con el propósito de presentar la investigación ya aprobada por la Junta Directiva del INCOPESCA en septiembre anterior.
Es importante reiterar que la pesca de arrastre como arte de pesca puede tener serias implicaciones ambientales, además de impactar de forma directa a los recursos sobre los que se fundamenta la actividad económica de miles de familias dedicadas a la pesca artesanal y pesca turística y deportiva. A pesar de esto, la Junta Directiva de INCOPESCA decidió aprobar y ordenar la implementación de una investigación tendiente a reinstaurar esta práctica, sin consultar oportunamente a ninguno de los sectores interesados mencionados anteriormente.
Si bien INCOPESCA realizó, posteriormente, una sesión informativa con el sector de ONGs y sociedad civil, y varias otras sesiones con el sector de la academia, lo cierto es que, al momento de realizar esas sesiones informativas, la decisión de realizar el estudio, en los términos planteados por lNCOPESCA, ya había sido tomada. Con base en lo anterior, es claro que la aprobación del Acuerdo 205/2022 por la Junta Directiva de INCOPESCA, antes de haber informado o consultado a los sectores interesados, viola el derecho de participación ambiental consagrado a nivel constitucional.
En ese sentido, la contestación del INCOPESCA es inexacta al señalar que "(...) es completamente falso que exista algún perjuicio por falta de información, o que esta sea de difícil acceso, ya que el expediente administrativo se encuentra debidamente conformado, foliado en orden cronológico y contiene todo lo referente a esta investigación". MarViva, a la fecha, ha gestionado más de 5 peticiones de información sobre cuestionamientos específicos del proceso de elaboración de la investigación, así como más de 6 peticiones para acceda al expediente administrativo, el cual según indicaciones del propio INCOPESCA, es custodiado por un único funcionario, de manera que cuando este no se encuentra en la institución, no es posible acceda al expediente.
Con base en lo anterior, MarViva reitera que rechaza categóricamente las alusiones de INCOPESCA en el marco de este proceso de amparo ya que pueden inducir a error a esta Sala. Como es evidente en el expediente administrativo, la institución nunca procuró una participación oportuna y significativa de todos los sectores relevantes en el proceso de formulación de la investigación, y sigue sin hacerlo.
II . Criterio técnico sobre la investigación.
En esa sección desarrollamos nuestro criterio con respecto a los documentos:
• "Perfil del Proyecto "Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el océano Pacifico costarricense 2022, 2023"; y • Metodología del Proyecto. “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el océano Pacifico costarricense 2022, 2023" Cabe reiterar que la propuesta de investigación contenida en estos documentos fue conocida por la Junta Directiva del INCOPESCA en la sesión extraordinaria 41-2022 del 27 de septiembre de 2022, según consta en el acta correspondiente y aprobada en esa misma sesión mediante el acuerdo AJDIP/205-2022.
lV. Conclusiones Finalmente, es oportuno reiterar que la posición de nuestra organización nunca se ha orientado en contra de la realización de estudios científicos y técnicos sobre la pesquería de camarón con redes de arrastre, dirigidos a evaluar sus impactos y su viabilidad económico, social y ambiental.
Ciertamente nuestras pesquerías, tanto existentes como exploratorias, urgen de contar con medidas de ordenamiento basadas en la mejor evidencia científica y en el enfoque precautorio, de conformidad con los compromisos y estándares internacionales suscritos por nuestro país en materia de gobernanza pesquera. No obstante, por una parte, es fundamental que el Estado y las autoridades observen los principios de buena gobernanza, eficacia y efectividad en la gestión pública y de razonabilidad y proporcionalidad de los actos y actuaciones vinculados em la gestión de nuestros espacios marinos y sus recursos. En ese sentido, en esencial que antes de tomarse la determinación de iniciar la ejecución de estudios científicos de esta naturaleza (con todas las implicaciones que, necesariamente, generarían en el medio marino), el Estado costarricense y sus instituciones relevantes tuviesen suficiente evidencia de que los beneficios de seguir adelante con estas investigaciones fuesen mayores a los costos sociales, económicos y ambientales asociados, aunado a una evaluación que indicase la manera de mitigar los daños que se están generando.
Este deber de diligencia suponía contar cm un de costo-beneficio antes de iniciar la investigación; requerimiento que cobra mayor importancia considerando la modalidad de la investigación actual, la cual implica que el sector camaronero puede disponer y comercializar todas las capturas de las faenas de pesca. Esta particularidad ha tendido, como es evidente en el expediente administrativo y ha sido, inclusive, señalado por los propios observadores a bordo, a que los objetivos científicos de la investigación sean menoscabados por los intereses económicos del sector camaronero beneficiado por la ejecución de la investigación.
Ahora bien, en un escenario hipotético en el que el Estado costarricense hubiese podido acreditar por medio de un análisis costo-beneficio la viabilidad de iniciar la ejecución de este estudio, era fundamental que en su formulación, desde el diseño de sus objetivos, secuencia lógica de ejecución y marco metodológico, no contara con el criterio oportuno, no solamente del sector académico y demás actores relevantes como las organizaciones de la sociedad civil y el sector no gubernamental, sino también de la autoridad ambiental y de la instancia del INCOPESCA a cargo de la emisión de criterios científicos-técnicos, la Comisión Coordinadora Científico-Técnica, la cual fue excluida de este proceso. Sin embargo, las debilidades metodológicas de la investigación, evidenciadas ahora en las deficiencias de su implementación, conforman, una vez más, que la investigación no producirá los datos necesarios para la toma de decisiones adecuadas, lesionándose preceptos constitucionales, entre ellos, el principio de objetivación de la tutela ambiental”.
“…con fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solicito pronto despacho con el fin de impulsar este proceso de amparo, dando continuidad como en derecho corresponde. Desde el día 25 abril del 2023, se interpuso el recurso de amparo por la violación a numerosos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, Tratados Internacionales, y legislación nacional; por parte del permiso expedido por la junta directiva de INCOPESCA. En fecha del 11 de setiembre del 2023, se aportó por parte de MarViva, lo que había sido solicitado por esta Sala el 28 de agosto de ese mismo año. Sin embargo, desde hace 5 meses, a fecha de hoy, se sigue sin dar seguimiento. Por lo que, se solicita este pronto despacho en aras (sic) de obtener la continuidad correspondiente a este proceso de amparo”.
“A partir de la resolución de las ocho horas once minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se convocó a varias de instituciones, las cuales, de manera diligente presentaron sus informes para ser valorados por esta Sala. Es importante destacar que en la minoría de documentos las instituciones brindaron posibles soluciones alternativas para poder proceder con el estudio.
En el caso de la Universidad de Costa Rica, mediante el documento denominado “ISW-026-2023” se determinó que se requiere de un cambio en el tipo de red que será utilizada para el estudio, pero no propuso alternativas.
La pesca de arrastre es una modalidad viable y ha sido aplicada y vigilada por diferentes jurisdicciones en el mundo, por lo tanto, se demuestra que los estudios preliminares deben ser cumplidos, son viables, y se necesitan para saber si es posible continuar haciendo la pesca de arrastre como actividad permanente.
Por lo tanto, queda demostrado que el estudio es necesario para determinar si es posible o no continuar la pesca del camarón y con cuál método de pesca. Pero los actores, sostienen que no es posible hacer el estudio y por ello nunca será posible determinar cuál es el mejor método para hacer la pesca de camarón.
Recordemos que se pretende determinar la factibilidad de la pesca de camarón en profundidad, y para ello, se cumple lo ordenado en los votos No 10540-2013 y 14168-2018 de la Sala Constitucional.
PETITORIA Por lo tanto, de conformidad con los argumentos expuestos solicitamos que en sentencia se declare:
1. Incompetente la Sala Constitucional para anular el acto administrativo técnico dictado por la Junta Directiva del INCOPESCA, por no ser esa discusión de nulidad propia de un proceso sumario de amparo.
2. En consecuencia, se declare que es competente el Tribunal Contencioso Administrativo para anular el acuerdo AJDIP/205-2022 de 27 de setiembre del año 2022, adoptado en la sesión ordinaria 41-2022 de la Junta Directiva de INCOPESCA, que aprobó el proyecto de investigación científica “Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024” 3. subsidiariamente, solicitamos declarar sin lugar el recurso de amparo y se mantenga el proyecto de investigación para la autorización de las licencias de pesca de arrastre, y se realicen los estudios propuestos por la ley”.
Redacta el magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
Único. En el sub examine, la persona accionante cuestiona las autorizaciones para pesca de arrastre de camarón que emitió Incopesca a favor de embarcaciones semiindustriales aportadas por el propio sector pesquero costarricense con el fin de realizar el estudio “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024”. Reclama la transgresión de tratados internacionales de protección del ambiente, el mar y los recursos marinos, que garantizan la sostenibilidad a través de una explotación racional con la consecuente seguridad alimentaria para la población que ello implica. Añade que lo anterior excluye arrasar el fondo marino del océano, tal como lo propone la pesca de arrastre. Refiere que no es concebible la vida humana sin seguridad alimentaria y, dados los elevados porcentajes de captura incidental, la pesca de arrastre atenta contra la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos del Estado.
Agrega que las redes de pesca conocidas como AA Costa Rica (que se utilizarán en el estudio) no han reducido la captura incidental, lo que demuestra que este arte de pesca es insostenible. Asegura que se ignora por completo el principio precautorio, ya que la decisión de Incopesca (que incluye la solapada reactivación de la pesca de arrastre carece de respaldo científico. Sostiene que hay mucha evidencia de que la pesca de arrastre no es sostenible. Añade que los pescadores artesanales se ven directamente afectados por la sobreexplotación de las especies y la pesca sin regulación que hacen las embarcaciones semiindustriales con redes de arrastre. Asevera que los estudios anunciados costarán, al menos en el primer año, más de ciento veintiséis millones de colones, mientras que los esfuerzos para realizar los estudios pertinentes a la coyuntura nacional y global han sido nulos debido a la falta de voluntad política. Acusa que la belleza escénica marina es destruida y convertida en aguas turbias por la arremetida de la red de arrastre.
Sobre el particular, el ministro de Ambiente y Energía, el de Agricultura y Ganadería, y el presidente ejecutivo de Incopesca informaron que, con base en el artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, los permisos se otorgaron a la Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón, cédula jurídica 3-002-852918, y a la Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros, cédula jurídica 3-002-06649l, para que por medio de sus asociados facilitasen ocho embarcaciones. Adicionalmente, esos funcionarios señalaron que la modificación al numeral mencionado ut supra obedeció al propósito de fortalecer las atribuciones del Incopesca en investigación científica y técnica, fomentar el conocimiento científico para la toma de decisiones y visibilizar la orientación científica con enfoque ecosistémico, con la finalidad de promover el desarrollo de las comunidades costeras y garantizar la salud del ecosistema marino.
A los efectos del sub lite, el canon 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura establece:
“Artículo 18- Prohibición de comercialización de la pesca de fomento y sus excepciones. El permiso para este tipo de pesca no podrá comprender la comercialización de las capturas obtenidas, salvo en el caso de los permisos otorgados a las universidades y los colegios universitarios, ambos nacionales estatales, y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), instituciones a las que se les permitirá comercializar las capturas únicamente para cubrir algunos costos de la investigación, con los límites y las condiciones establecidos en el permiso, siempre que se cumplan los objetivos de los programas y se entreguen al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) los informes finales. En caso de que el producto se comercialice o se done deberá hacerse por medio del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y los excedentes producidos por la comercialización pasarán a su fondo.
Cuando quien realice la investigación sea el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) como autoridad pesquera en asocio con organizaciones nacionales de pescadores legalmente constituidos, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) podrá permitir la disposición de las capturas obtenidas a dichas organizaciones para que estas cubran el costo del desarrollo de la investigación, con los límites y las condiciones que se establezcan en los permisos otorgados”.
En relación con lo anterior, como las actuaciones de las autoridades recurridas se encuentran sustentadas en el párrafo segundo del precepto 18 supracitado, lo que procede, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es otorgar a la parte recurrente plazo para interponer acción de inconstitucionalidad contra esa disposición, a los efectos de que, si lo estima pertinente, exponga en tal cauce sus fundamentos “en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos” (ordinal 78 eiusdem). Lo anterior se dispone, toda vez que la acción, una vez superados los criterios de admisibilidad, es la vía idónea para analizar la constitucionalidad de la normativa que regula la participación de “organizaciones nacionales de pescadores” en los estudios contemplados en esa norma (con el eventual interés posterior que pudiese llegar a tener en la explotación del recurso) y el uso de las capturas obtenidas con “los límites y las condiciones que se establezcan en los permisos otorgados”.
Por último, se advierte que, según el ordinal 48 antedicho, en caso de que no interpusiere una acción de inconstitucionalidad, procederá el archivo del asunto sub iudice.
Por tanto:
Por mayoría se reserva el dictado de la sentencia en este proceso de amparo y se le confiere a la parte recurrente el plazo de 15 días hábiles, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, para que, si a bien lo tiene, interponga una acción de inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del numeral 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Lo anterior se dicta con la advertencia de archivar el expediente, en caso de que no se interpusiere la acción de inconstitucionalidad. El magistrado Cruz Castro consigna nota. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.
Anamari Garro V. Ingrid Hess H.
Res. 24-35958 Voto salvado de los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas, con redacción de la última.
En el presente asunto, Wilber Madriz Arguedas y Jacqueline de los Ángeles Membreño García, respectivamente, en su carácter de Alcalde de Puntarenas y en su condición personal, y como Presidenta de la Asociación de Mujeres y Hombres Luchadores de la Perla del Pacífico, quienes se apersonaron a los autos como coadyuvantes pasivos, como pretensión subsidiaria plantearon que en caso de que esta Sala considere que es competente para conocer de la anulación del acuerdo AJDIP/205-2022 de 27 de setiembre del año 2022, adoptado en la sesión ordinaria 41-2022 de la Junta Directiva de INCOPESCA, se suspenda la tramitación del amparo y se abra al actor la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Lo anterior en el tanto dicha norma permitió la entrega de autorizaciones a particulares para coadyuvar en las labores de investigación tendientes a analizar la viabilidad o no de la reinstauración de la pesquería de camarón por redes.
La mayoría acogió esa pretensión subsidiaria y consideró procedente darle plazo al recurrente para que interponga acción de inconstitucionalidad contra dicha norma. Sin embargo, disentimos de tal posición, pues consideramos innecesario el análisis constitucional que se pretende llevar a cabo. Nótese que el recurrente no objetó su constitucionalidad, porque su interés es que en el presente proceso esta Sala analice la idoneidad o no de los estudios dispuestos por INCOPESCA. El recurrente sí desea que se cumpla con lo dispuesto por la Sala y la jurisdicción contencioso-administrativa, en el sentido de que se realicen estudios pertinentes. En ningún momento objeta el mencionado artículo. Además, es significativo que ni el recurrente ni otros intervinientes –que tienen visiones similares respecto del objeto del amparo– han interpuesto una acción contra tal artículo.
En ese contexto, con el respeto acostumbrado estimamos innecesario otorgarle plazo al recurrente para que interponga acción de inconstitucionalidad contra dicho artículo. Consideramos que más bien la Sala debería proceder, con los elementos que constan en el expediente, a resolver el amparo.
Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO.- Los permisos o autorizaciones para labores de “investigación” de pesca de arrastre de camarón constituyen una transgresión a la prohibición ya impuesta por esta Sala a dicha técnica de pesca y una violación frontal al derecho al ambiente.
Tal como lo indicó esta Sala en el voto número 2013-010540 de las 15:50 horas del 07 de agosto del 2013, “el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre.” Lo anterior, con efecto retroactivo, según el voto salvado del suscrito. Además, he considerado en dicho voto salvado que, el INCOPESCA no puede renovar permisos, autorizaciones ni licencias, ni extender su plazo por ningún mecanismo jurídico administrativo una vez vencidas, porque carece de autorización legal, al desaparecer la norma.
En este sentido, no puedo menos que también salvar el voto en este asunto, pues el acuerdo de la Junta Directiva de INCOPESCA impugnado en el amparo, mediante el cual se autoriza un proyecto de investigación que pretende determinar la factibilidad o no de la apertura de la pesquería de camarón de profundidad en Costa Rica, es claramente una transgresión a la prohibición ya impuesta por esta Sala.
El hecho de que se diga que el permiso no es para la pesca sino para la investigación, es un juego de palabras que en nada oculta el hecho de que, en el permiso de investigación se permite la pesca de arrastre de camarón, y se permite “disponer de las capturas obtenidas a fin de cubrir el costo del desarrollo de la investigación”. Eso no es investigar, sino que es claramente permitir la pesca bajo una técnica prohibida.
Más allá de la cuestión o discusión de criterios técnicos o científicos, lo que me lleva a la convicción de considerar que este amparo debe ser declarado con lugar, es el hecho de que se está aprobando la realización de un supuesto proyecto de investigación que en realidad pretende autorizar llevar a cabo una actividad ya prohibida. Por más que se pretendan amparar en la palabra “investigación”, la autorización es para llevar a cabo actividades prohibidas. Nótese por demás que, el supuesto proyecto de investigación es iniciativa de INCOPESCA y no de ningún ente científico investigativo. Además, no se trata de una “investigación” llevada a cabo por científicos, sino por embarcaciones, que además, pueden aprovechar y comercializar el camarón capturado. Tampoco se trata de una investigación bajo la vigilancia de algún ente competente al respecto, que se haga responsable de vigilar su desarrollo o supervisar las actividades desarrolladas. Se trata de una pesca de arrastre de camarón encubierta bajo la figura de la investigación, lo cual resulta muy peligroso para el Derecho de la Constitución. No puede permitirse que bajo esta denominación se permita el desarrollo de actividades prohibidas.
De lo anterior se desprende claramente la violación frontal al derecho al ambiente. La pesca de arrastre es una técnica no selectiva de pesca que compromete los ecosistemas marinos, la sostenibilidad del recurso marino y atenta directamente contra la seguridad alimentaria de la población y su supervivencia futura. Con la pesca de arrastre se producen daños ambientales de difícil o imposible reparación. Por ello, en caso de que exista certeza acerca de un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente, como lo es en este caso, el Estado debe adoptar medidas de prevención, que incluso pueden significar la prohibición de una actividad comercial, toda vez que en materia ambiental resulta ineficaz la coacción a posteriori, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables o de muy difícil reparación.
La pesca de camarón con redes de arrastre resulta también contraria al principio de desarrollo sostenible, toda vez que el deterioro del ecosistema marino que causa, resulta superior a su regeneración, lo que pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de las generaciones futuras. Asimismo, este arte de pesca no selectivo captura indiscriminadamente enormes cantidades de especies que no son objeto de la pesca que luego son desechadas y devueltas al mar. Por ello, el arte de pesca por arrastre constituye una técnica no selectiva que ocasiona grave daño al ecosistema marino, la sostenibilidad de los recursos marinos y, con ello, a la seguridad alimentaria y economía de subsistencia de los habitantes de las costas que pescan artesanalmente.
En vista de todo lo anterior, procedo a salvar el voto en este asunto, y declaro con lugar el recurso con todas sus consecuencias.
Fernando Cruz Castro SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de mayo de dos mil veinticinco .
Corrección de error material de la resolución interlocutoria No. 2024-035978 de las 09:45 horas del 03 de diciembre de 2024 del recurso de amparo que se tramita en expediente No. 23-009158-0007-CO, interpuesto por [Nombre1] , mayor, cédula de identidad CED1, contra el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura.
Resultando:
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
Único. Vistos los autos, se procede de oficio a realizar la corrección correspondiente. En consecuencia, se procede a sustituir el voto salvado del magistrado Cruz Castro que se adjuntó a la resolución interlocutoria No. 2024-035978 de las 09:45 horas del 03 de diciembre de 2024 por la siguiente nota:
“NOTA DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO.- Sobre la pesca de arrastre de camarón y la protección del derecho al ambiente.
Si bien he suscrito el criterio de mayoría que consideró reservar el dictado de la sentencia en este proceso de amparo y conferir plazo para que se interponga una acción de inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del numeral 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, he considerado necesario suscribir esta nota para realizar algunas manifestaciones sobre el criterio que he expresado antes respecto de la pesca de arrastre de camarón.
Tal como lo indicó esta Sala en el voto número 2013-010540 de las 15:50 horas del 07 de agosto del 2013, “el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre.” Lo anterior, con efecto retroactivo, según el voto salvado del suscrito. Además, he considerado en dicho voto salvado que, el INCOPESCA no puede renovar permisos, autorizaciones ni licencias, ni extender su plazo por ningún mecanismo jurídico administrativo una vez vencidas, porque carece de autorización legal, al desaparecer la norma.
El artículo 18 bajo el cual las autoridades recurridas fundamentan sus actuaciones, hace referencia a un juego de palabras, pues el permiso permite la pesca de arrastre de camarón, y permite “disponer de las capturas obtenidas a fin de cubrir el costo del desarrollo de la investigación”. Eso no se puede considerar investigar.
Más allá de la cuestión o discusión de criterios técnicos o científicos, planteo las dudas sobre la normativa que permite un proyecto de investigación que en realidad pretende llevar a cabo una actividad ya prohibida. Nótese por demás que la norma permite un proyecto de investigación por iniciativa de INCOPESCA, que no es ningún ente científico investigativo. Además, se trata de una “investigación” llevada a cabo por embarcaciones y no por científicos, que además, pueden aprovechar y comercializar el camarón capturado. Tampoco se trata de una investigación bajo la vigilancia de algún ente competente al respecto, que se haga responsable de vigilar su desarrollo o supervisar las actividades desarrolladas. Así que se podría tratar de una pesca de arrastre de camarón encubierta bajo la figura de la investigación, lo cual resulta muy peligroso para el Derecho de la Constitución. No puede permitirse que bajo esta denominación se permita el desarrollo de actividades prohibidas.
La pesca de arrastre es una técnica no selectiva de pesca que compromete los ecosistemas marinos, la sostenibilidad del recurso marino y atenta directamente contra la seguridad alimentaria de la población y su supervivencia futura. Con la pesca de arrastre se producen daños ambientales de difícil o imposible reparación. Por ello, en caso de que exista certeza acerca de un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente, el Estado debe adoptar medidas de prevención, que incluso pueden significar la prohibición de una actividad comercial, toda vez que en materia ambiental resulta ineficaz la coacción a posteriori, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables o de muy difícil reparación.
La pesca de camarón con redes de arrastre resulta también contraria al principio de desarrollo sostenible, toda vez que el deterioro del ecosistema marino que causa, resulta superior a su regeneración, lo que pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de las generaciones futuras. Asimismo, este arte de pesca no selectivo captura indiscriminadamente enormes cantidades de especies que no son objeto de la pesca que luego son desechadas y devueltas al mar. Por ello, el arte de pesca por arrastre constituye una técnica no selectiva que ocasiona grave daño al ecosistema marino, la sostenibilidad de los recursos marinos y, con ello, a la seguridad alimentaria y economía de subsistencia de los habitantes de las costas que pescan artesanalmente.
Bajo las anteriores consideraciones he suscrito la presente nota”.
Por tanto:
Se corrige el error material que contiene la resolución interlocutoria No. 2024-035978 de las 09:45 horas del 03 de diciembre de 2024, para que en su parte considerativa se adicione la anterior nota en lugar del voto salvado del magistrado Cruz Castro que por error se adjuntó. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
[Nombre3] .
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
[Nombre4] .
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta.Se adjunta la sentencia 25-014028 del expediente 23-009158-0007-CO
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