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Res. 27475-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 25/10/2023

Failure to publish Executive Decree 43467 on National Habitat Policy is not unconstitutionalOmisión de publicar Decreto Ejecutivo 43467 sobre Política Nacional de Hábitat no es inconstitucional

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OutcomeResultado

Dismissed by majoritySin lugar por mayoría

The Constitutional Chamber, by majority, dismissed the constitutional action, finding that there was no unconstitutional omission in failing to publish Executive Decree 43467, as there was no express constitutional or legal mandate requiring it, and the subsequent publication of the decree resolved the dispute.La Sala Constitucional, por mayoría, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad al considerar que no existió una omisión inconstitucional de publicar el Decreto Ejecutivo 43467, ya que no había un mandato expreso constitucional o legal que obligara a ello y la publicación posterior del decreto hizo cesar la controversia.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber, by majority, dismissed a constitutional challenge against the failure to publish Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, which formalized the National Habitat Policy and created the National Habitat System. The petitioner argued that the National Printing Office, on instructions from the Ministry of Housing, arbitrarily stopped the publication of a decree already signed by the previous administration, violating the rights to housing and a healthy environment. The Chamber held that there was no unconstitutional omission, as there was no express mandate from the legislature or the Constitution requiring the publication of that specific executive decree. Furthermore, the lack of publication only affected the norm's effectiveness, not its validity, and housing and territorial planning matters were already covered by other existing policies. During the proceedings, the decree was ultimately published, ending the dispute. Judges Rueda and Garro dissented, finding that the petitioner lacked standing, and Garro added that the proper remedy was an amparo action. Judge Cruz dissented, arguing that the delay in publishing a decree related to fundamental rights did constitute a constitutionally relevant omission.La Sala Constitucional, por mayoría, declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad contra la omisión de publicar el Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, que oficializaba la Política Nacional de Hábitat y creaba el Sistema Nacional del Hábitat. La accionante alegó que la Imprenta Nacional, por instrucciones del Ministerio de Vivienda, detuvo arbitrariamente la publicación de un decreto ya firmado por la administración anterior, vulnerando los derechos a la vivienda y al ambiente. La Sala determinó que no existía una omisión inconstitucional, ya que no había un mandato expreso del legislador o de la Constitución que obligara a publicar ese decreto ejecutivo en particular. Además, la falta de publicación solo afectaba la eficacia de la norma, no su validez, y las materias de vivienda y ordenamiento territorial ya estaban reguladas por otras políticas vigentes. Durante la tramitación, el decreto fue finalmente publicado, cesando la controversia. Los magistrados Rueda y Garro salvaron el voto por considerar que la accionante carecía de legitimación, y Garro añadió que la vía adecuada era el recurso de amparo. El magistrado Cruz salvó el voto y declaró con lugar la acción, al estimar que la tardanza en publicar un decreto relacionado con derechos fundamentales sí constituía una omisión de relevancia constitucional.

Key excerptExtracto clave

IV. ON THE SPECIFIC CASE: In the sub lite, the petitioner challenges the Executive Branch's omission to comply with the provisions of Transitional Provision III of Chapter VIII of the Mobility and Bicycle Safety Act No. 9660, which established the duty to regulate the technical characteristics of the different types of bicycle lanes and other infrastructure provided for in said law, even though the six-month period granted for that purpose has already expired. [...] In this regard, this Chamber does not consider that an omission of a normative mandate to publish Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT has occurred, since said violation is not supported by any specific rule or provision containing an express mandate for its publication, either from the legislature or the constitutional framer, or by circumstances implying a violation of fundamental rights that must be immediately addressed, at a given time due to normative gaps (supported, for example, by the principle of necessity, Articles 180 and 140.3 and 140.20 of the Political Constitution). In any event, this Chamber must take into account that the Executive Decree, after receiving its respective analysis and consideration by the Executive Branch, was reported to have finally been agreed upon and subsequently published in La Gaceta No. 169 of September 14, 2023, as verified in the link: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/09/14/COMP_14_09_2023.pdf. Furthermore, a review of the terms of said regulation allows concluding that the petitioner's claims were thus resolved, since these were reduced to respecting the same legal instrument claimed and having it published. In this sense, the main legal controversy for which the petitioner came to this Chamber ceased with said publication.IV. SOBRE EL CASO CONCRETO: En el sublite, el recurrente acusa la omisión del Poder Ejecutivo en cumplir lo dispuesto en el Transitorio III del Capítulo VIII de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística No. 9660, que estableció el deber de reglamentar las características técnicas de los distintos tipos de ciclovías y demás infraestructura prevista en dicha ley, a pesar de que ya se vencieron los seis meses otorgados para tal fin. [...] En este sentido, esta Sala no considera que se esté incurriendo en una omisión de un mandato normativo de publicación del Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, toda vez que no encuentra sustento dicha infracción en una norma o disposición concreta conteniendo un mandato expreso para su publicación, tanto del legislador, como del constituyente, o de las circunstancias que impliquen una infracción a los derechos fundamentales que deben ser atendidos inmediatamente, en un determinado momento por vacíos normativos (sustentados por ejemplo con el principio de necesidad, artículos 180, y 140.3 y 140.20, de la Constitución Política). En todo caso, esta Sala debe tomar en cuenta que el Decreto Ejecutivo, después de recibir su respectivo análisis y ponderación por parte del Poder Ejecutivo, fue informada de que finalmente se acordó y posteriormente se procedió a su publicación a La Gaceta N° 169 del 14 de setiembre de 2023, lo que se constató en el link: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/09/14/COMP_14_09_2023.pdf. Además, la revisión de los términos de dicha normativa permite concluir que los reclamos de la accionante con esto se solventaron, pues estos se reducían a que se respetara el mismo instrumento jurídico reclamado, y que fuera publicado. En este sentido, la principal controversia jurídica por la cual la parte accionante acude a la Sala cesó con la mencionada publicación.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas..."

    "Diffuse interests, though difficult to define and even more difficult to identify, cannot be, under our law -as this Chamber has already said- merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that specific persons, or personalized groups, are identified or easily identifiable against them..."

    Considerando I

  • "Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas..."

    Considerando I

  • "Para esta Sala no considera que se esté incurriendo en una omisión de un mandato normativo de publicación del Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, toda vez que no encuentra sustento dicha infracción en una norma o disposición concreta conteniendo un mandato expreso para su publicación..."

    "This Chamber does not consider that an omission of a normative mandate to publish Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT has occurred, since said violation is not supported by any specific rule or provision containing an express mandate for its publication..."

    Considerando IV

  • "Para esta Sala no considera que se esté incurriendo en una omisión de un mandato normativo de publicación del Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, toda vez que no encuentra sustento dicha infracción en una norma o disposición concreta conteniendo un mandato expreso para su publicación..."

    Considerando IV

  • "La tardanza en el ejercicio de la potestad reglamentaria no encuentra justificación cuando está relacionada con el pleno ejercicio del derecho fundamental a la vivienda y el derecho al ambiente."

    "The delay in the exercise of regulatory power finds no justification when it is related to the full exercise of the fundamental right to housing and the right to the environment."

    Voto salvado del Magistrado Cruz Castro

  • "La tardanza en el ejercicio de la potestad reglamentaria no encuentra justificación cuando está relacionada con el pleno ejercicio del derecho fundamental a la vivienda y el derecho al ambiente."

    Voto salvado del Magistrado Cruz Castro

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 27475 - 2023** **Resolution Date:** October 25, 2023, at 13:15 **Case File:** 22-017920-0007-CO **Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado **Type of Matter:** Action of unconstitutionality **Constitutional Control:** Dismissal ruling **Reviewed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with Dissenting Vote** **Judgment with Separate Note** **Judgments from the Same Case File** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Content of Interest:** **Strategic Topics:** Political Constitution **Type of Content:** Majority Vote **Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL **Topic:** EXECUTIVE BRANCH.

**Subtopics:** NOT APPLICABLE.

EXECUTIVE BRANCH. FAILURE TO PUBLISH EXECUTIVE DECREE Case File: 22-017920-0007-CO Judgment: 027475-23 of October 25, 2023 Type of matter: Action of unconstitutionality Challenged Norm: Failure to publish Executive Decree No. 43535-MIVAH-MINAE. Officialization of the National Habitat Policy, creation of the National Habitat System. Operative part: By majority, the action is dismissed. Judge Castillo Víquez records a note. Judge Rueda Leal and Judge Garro Vargas dissent and dismiss the action for admissibility reasons, specifically in relation to the standing invoked. Judge Garro Vargas provides additional reasons and declares the action inadmissible regarding the challenged object. Judge Cruz Castro dissents and upholds the action.- CO04/25 ... See more Related Judgments **Content of Interest:** **Type of Content:** Majority Vote **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 140- Duties and attributions of the Executive Branch **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

ARTICLE 140, SUBSECTIONS 3), 18), AND 20) OF THE POLITICAL CONSTITUTION. "...From subsections 3), 18), and 20), of article 140, of the Political Constitution, derives the power of the Executive Branch to enact provisions of a general nature, be it to fully or partially regulate new legislation enacted by the legislator, or to 'contribute to the formation of the legal system, through the creation of written norms (article 140 subsections 3 and 18 of the Political Constitution). The particularity of the regulation is precisely that it is a secondary and complementary norm, at the same time, to the law whose essence is its sovereign character (only limited by the Constitution itself), in the creation of Law. As highlighted by the most qualified doctrine of Administrative Law, the submission of the regulation to the law is absolute, in several senses: it is only produced in the areas that the law leaves it, it cannot attempt to render legal precepts ineffective or contradict them, it cannot substitute the law by producing a certain effect not desired by the legislator or regulating a certain content not contemplated in the norm being regulated (...)'," the foregoing according to Judgment No. 1993-000243 of 15:45 hours on January 19, 1993. It is thus clear, that the Executive Branch, in its relationship with the laws and the Political Constitution, is absolute. But also, adhering to the principle of legality, it is possible for the Executive Branch to make use of the regulatory power to adjust the legal system, in that task of forming the legal system, to do so reasonably in an implicit manner, without being able in any way to invade the area exclusively reserved for the legislator..." CO02/26 ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Majority Vote **Branch of Law:** 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 075- Prior matter pending resolution in judicial or administrative proceedings **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

ARTICLE 75 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. DIFFUSE INTERESTS. "...diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the designation of 'diffuse', such as: the environment, cultural heritage, the defense of the territorial integrity of the country and the sound management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on one hand, the referred assets transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not specific groups within it; an environmental harm does not affect only the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of the sound management of public funds authorized in the National Budget is an interest that concerns all inhabitants of Costa Rica, not just any group of them..." CO02/26 ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Dissenting Vote **Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL **Topic:** CONSTITUTIONAL JURISDICTION **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

Res. 2023027475 Dissenting vote of Judge Rueda Leal and Judge Garro Vargas, drafted by the former. The first element that must be emphasized is the formality of constitutional control processes. This formality—not formalism or legalism—includes the need to adequately substantiate the written submission of the action of unconstitutionality, which includes the standing assisting the plaintiff.

In the opinion of the plaintiff, "...economic, social, and cultural rights include within themselves a social dimension that implies a public and diffuse interest in their exercise and guarantee of exercise..." Within this framework, she considers that the right to housing and the environment, insofar as they are counted among economic, social, and cultural rights, are diffuse interests that grant her standing to act in this proceeding.

We object to such standing for the following reasons.

First, if it were considered that any claim regarding economic, social, and cultural rights constitutes a diffuse interest, it would be giving way to a popular action in many areas, thereby undermining the system of constitutional control provided for in the Law of Constitutional Jurisdiction. Indeed, note that such reasoning would entail that, for example, the right to work, education, family, and food would be fully recognized as diffuse interests.

Second, we reject that housing can be considered a diffuse interest, as it lacks the characteristics inherent to one. As indicated by the judgment cited by the majority:

"...Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in contrast, specific or easily identifiable persons are identified, or personalized groups, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate interests pertaining to a community in its more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive an actual or potential harm, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests share a dual nature, as they are at once collective—for being common to a generality—and individual, so they can be claimed in such capacity" (Judgment No. 1993-3750 of 15:00 hours on July 30, 1993).

On the one hand, housing, as such, is not diffused or diluted in an extensive and amorphous group of people. A specific party (be it an individual person, family nucleus, etc.) has an interest in a dwelling. On the other hand, the national policy on housing construction is an interest so extensive that it simply equates to the goals of the entire national community, such as aspiring to full employment, better educational results, or eradicating poverty.

Finally, with respect to the right to the environment, which is indeed recognized by the Chamber as a diffuse interest, the plaintiff links it to the right to housing: "3.- Environmental, insofar as housing constitutes a fundamental element of land-use and territorial planning (planificación y el ordenamiento territorial), and therefore of city construction, in harmony with the environment and natural resources...". Housing, streets, industries, public lighting, water disposal, etc. are all elements of land-use and territorial planning. However, none of them alone provides sufficient standing to file an action of unconstitutionality for the right to the environment, since a direct and concrete link between them is not necessarily verified. Therein, in the demonstration of the link, arises the procedural burden of adequately substantiating the standing of the plaintiff, a burden that should not be supplied by this Court.

Paul Rueda L. Anamari Garro Vargas CO02/26 ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Separate Note **Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL **Topic:** EXECUTIVE BRANCH.

**Subtopics:** NOT APPLICABLE.

Res. No. 2023-027475 ADDITIONAL REASONS OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE INADMISSIBILITY OF THE ACTION In addition to resolving that the action of unconstitutionality is inadmissible by virtue of the standing invoked by the plaintiff, I consider that this process is also inadmissible with respect to the challenged object.

In that sense, I find the objections made by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) to be admissible, in that: a) there is no regulatory omission, because there is no express mandate from the legislator to specifically regulate the matter subject to this action, and b) if it is considered that there is a violation of fundamental rights—due to an eventual regulatory omission—it could well have been challenged through the amparo (recurso de amparo) procedure and not through the action of unconstitutionality.

In pertinent part, the following considerations from the report in question should be highlighted:

"[T]he Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT is not the product of a mandate from the legislator or the Constitution, but rather has the purpose of formalizing a policy related to housing and territorial planning, and therefore it does not comply with what has been established by the Chamber in the judgments cited above. Therefore, subsection f), of article 73, of the Law of Constitutional Jurisdiction is not applicable.

Finally, it points out that even in the eventuality that the Chamber considers that the lack of publication of a regulation generates a regulatory omission addressable in constitutional proceedings, the fact is that, in this case, the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is claimed as a consequence of the National Printing Office's (Imprenta Nacional) omission to publish the norm, which eventually should be addressed in an amparo action and not in the present action. In that assumption, it is not a matter falling under article 73, subsection b), of the Law of Constitutional Jurisdiction." In summary, in the specific case there is no regulatory omission, but in any case, that would be appropriate to decide—as has been done to date—in an amparo action, as admitted by Article 73 subsection f) of the Law of Constitutional Jurisdiction and the jurisprudence of this Chamber (see judgments numbers 2006-03238, 2019-022006, 2021-017318 and 2022-003213).

. Anamari Garro Vargas Judge ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Separate Note **Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL **Topic:** EXECUTIVE BRANCH.

**Subtopics:** NOT APPLICABLE.

Res. No. 2023-027475 Dissenting vote of Judge Cruz Castro, upholding the action.- The delay in the exercise of the regulatory power finds no justification when it is related to the full exercise of the fundamental right to housing and the right to the environment.

Unlike the majority opinion, I consider that this action should be upheld, based on the following reasons:

I consider that an unconstitutional omission is verified in the order not to publish Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Officialization of the National Habitat Policy, creation of the National Habitat System.

The Ministry of Housing and Human Settlements (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos) argues that as a result of the change of Government, the Executive Branch had a new mandate, and that the regulation was subjected to analysis to continue with the enactment of the Executive Decree, which is why, through official communication MIVAH-DMVAH-0500-2022, its publication was put on pause when only three months and one week had passed since the new government took office. It argues that the lack of protection and guarantee of rights for individuals, groups, and communities does not occur in relation to territorial planning, urban planning, and addressing environmental and housing needs. It is precisely in this argument that I find the unconstitutionality.

The Decree in question refers to matters of the environment and housing. Although it is true that not all matters related to housing rights are within the jurisdiction of this Constitutional Jurisdiction, in this case it is, due to the significance of the regulated topics. Note that these are matters as relevant as: territorial planning, urban planning, and the development of human settlements.

The delay in publishing the decree finds no justification, thus the obligation to issue the corresponding regulation and put it into effect, I do consider to be related to a deterioration of fundamental rights because the lack of effectiveness of the decree in question—by not being published—has a direct impact on the full validity of the right to housing and the right to a healthy and ecologically balanced environment. While there is no express mandate to publish the regulation in question, it is a fact that there is a mandate that Constitutional Law imposes on the Executive Branch, on one hand, the full exercise of constitutional powers—such as publishing an already signed executive decree—and on the other hand, the full validity and execution of fundamental rights, as would be in this case the right to housing and the right to the environment. These are rights of social vocation such as the environment and housing. This highly relevant condition imposes greater speed in the procedure that allows the full validity of such important legislation. If no justification is admissible for the delay in the exercise of the constitutional powers of the Executive Branch, it is clear that, as there is no valid justification for omitting the publication of the executive decree in question, we are facing an omission of constitutional relevance. The arguments stating that, since there is no norm obligating the publication of the regulation, then there is no obligation to do so, are not admissible, but rather, the competence for regulation existing in the Executive Branch means no justification should be admitted for the delay in the exercise of such competence. These are rights of great significance for the well-being and quality of life of the citizenry.

For all the foregoing, the delay having been proven in this case, what is appropriate is to uphold the action and, therefore, declare the omission to publish the decree in question unconstitutional.

Fernando Cruz Castro CO02/26 ... See more **Text of the Resolution**  Res. No. 2023-027475 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen hours and fifteen minutes on the twenty-fifth of October, two thousand twenty-three.

Action of unconstitutionality brought by [Name62 001], of legal age, single, bearer of identity card CED98° [CED62 ], attorney, resident of Montes de Oca, Los Yoses; against the omission to publish Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Officialization of the National Habitat Policy and creation of the National Habitat System.

**Whereas:** 1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 1:09 p.m. on August 15, 2022, the plaintiff requests that the unconstitutionality of the omission to publish Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Officialization of the National Habitat Policy and creation of the National Habitat System be declared. The referred omission is challenged insofar as, in the opinion of the plaintiff, the National Printing Office, without any legal basis, has omitted its publication. The plaintiff alleges that through Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, the National Habitat Policy (hereinafter PNH) was subscribed, which consolidates and updates the three programmatic policies of the housing and territorial planning sector. She states that the referred Decree was issued during the Alvarado Quesada Administration, signed by the then President of the Republic and the corresponding ministers, who had the necessary powers to do so. After having fulfilled the legal and administrative requirements established in the Costa Rican legal system, on May 4, 2022, the MIVAH sent the PNH for publication, through purchase order # 1680-173079, issued by the National Procurement Office (Proveeduría Nacional), to the National Printing Office. The latter assigned the policy number 2022-643181 for its publication. She states that, in a meeting held with the Vice Minister of Housing and Human Settlements, Roy Jiménez Céspedes, the official indicated to her that the decision had been made to stop the publication of the PNH. In line with that decision, the National Printing Office, exceeding its discretion, arbitrarily and without any legal reason, has to date not published the policy, expressly violating what the constitutional mandate imposes. As part of the processing of this policy, the proposed Executive Decree of the PNH was submitted to public consultation, for a period of ten business days, starting the immediate following day after the publication of the edict in the Official Gazette La Gaceta, No. 66 of April 7, 2021. The foregoing, in accordance with subsection 3), of article 361, of the General Law of Public Administration. Within the stipulated period for receiving observations, the autonomous institutions, universities, local governments, and private organizations, whether or not participating in the policy construction process, made no objection to the provisions of the Decree Project on the Thematic Tables of the National Habitat System. Likewise, the Cost-Benefit Evaluation Form was processed in Section I "Prior Control of Regulatory Improvement", which confirmed that the standard put into consultation does not contain procedures or requirements for the citizen. On the other hand, making a hermeneutic analysis of the powers of the National Printing Office, it is clear that the legislator did not assign to any official or head of the National Printing Office or the Ministry of Housing, by law or decree, any discretion to "stop" fully valid decrees. In that sense, that administrative action violates the right to housing and the environment and other constitutional principles already mentioned. The non-publication of the mentioned decree, while it does not invalidate the invoked norms, renders them less effective. The omission to publish the Decree, due to subjective and arbitrary criteria, is contrary to the obligations and responsibilities in human rights matters, acquired by our country and violates article 25, of the Universal Declaration of Human Rights, article 11.1, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, articles 1, and 26, of the American Convention on Human Rights, and article 34, subsection k), of the Charter of the Organization of American States. These instruments require States to take appropriate measures to ensure the effectiveness of this right, such as the promotion and application of policies dedicated, in this case, to the promotion of the environment and housing. The right to housing manifests in four dimensions: social, as it is a good indispensable for the development of a person's life in society; economic, the country must have the economic and financial resources for the construction and maintenance of housing; environmental, insofar as housing constitutes the fundamental element of land-use and territorial planning and, therefore, of city construction, in harmony with the environment and natural resources; political, as it requires public policies to make the right effective, whose goals and objectives must include the achievement of the social, economic, and environmental dimensions. The Sustainable Development Goals (SDGs) consider that sustainable development must necessarily be addressed by an integrated and indivisible approach, combining its three dimensions, economic, political, and environmental, which are linked to each other and are interdependent. The refusal of the National Printing Office to publish the PNH, turns it into a political instrument at the mercy of the judgment of the officials in power at any given time.

2.- In order to substantiate the standing she holds to bring this action of unconstitutionality, she affirms that the standing derives from articles 73, subsection b), and 75, of the Law of Constitutional Jurisdiction, considering the General Directorate of the National Printing Office, of the Ministry of Governance and Police, and of the Ministry of Housing and Human Settlements, is a discretionary decision, contrary to the standards invoked in her submission.

3.- By resolution at 12:54 p.m. on August 26, 2022, the plaintiff [Name62 002] was warned to, within three days, counted from the notification of the resolution, and under warning of denying processing of the action, clarify the standing she invokes to bring the action. In this regard, she was warned to provide a certified copy of the written submission in which the unconstitutionality of the questioned norm was invoked in the prior matter, expressly and prior to the filing of the action, as a reasonable means of protecting the right or interest deemed violated; b.- Or, alternatively, to indicate which reasons confer standing to sue directly and to indicate the grounds. Likewise, she had to comply with the corresponding fiscal obligations regarding the Bar Association stamp.

4.- By written submission presented to the Secretariat of the Chamber at 8:09 p.m. on August 31, 2022, the plaintiff [Name62 001] addresses the reasons for her standing to bring the action, without a prior underlying matter. She deems that she is assisted by the direct protection established for diffuse interests, given the omission of an administrative unit, violating constitutional principles, which prevents a fully valid decree from coming into legal existence. She considers that it puts at risk legal certainty, constitutional law as the supreme guarantee of the Rule of Law, democracy, freedom, the exercise of fundamental rights, among others. That it is not possible to obtain a supposed justiciable case of singular and concrete application, because there is no recourse to attempt to retroact the administrative effects of the Printing Office's decision, which enables her to bring the action. She alleges that the right to housing and the environment, both cornerstones of the enactment of the National Habitat System and the National Habitat Policy which are the object of the action, fall into the category of economic, social, and cultural rights, which intrinsically, and by their nature, are diffuse interests.

5.- By resolution at 2:35 p.m. on October 19, 2022, the action was admitted, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic, the Minister of Housing and Human Settlements, the Ministry of Environment and Energy, and the Minister of Governance and Police.

6.- Nombre29420 , in her capacity as Deputy Attorney General of the Republic, rendered her report, in which she points out that article 129, of the Political Constitution, establishes the mechanism for the publication of legal norms as an obligation of constitutional origin. Along the same lines, article 124, of the Constitution, recognizes that every bill, to become law, must be published in the Official Gazette. This duty of publication applies not only to laws but also to other legal norms, including those issued by the Executive Branch and autonomous entities, since it allows, first, to determine their validity. Without publication, the norms cannot deploy their effects and oblige or bind their recipients. Ergo, their binding effects can only be opposed when citizens have been given the opportunity to previously know their content, through publication. Furthermore, publication aims to give authenticity to the text of the norm, as it allows citizens to know of its existence and content, with the published text presumed to be authentic. Ergo, it is fundamental for upholding the constitutional principle of publicity. Therefore, it follows that publication is a requirement in the process of drafting laws, however, it must be emphasized that the consequence of non-publication does not affect the validity of the norm, but only its efficacy. It cites legal opinion No. C-038 of February 29, 2000, to conclude that it must be deduced that legal norms must be issued by the competent authority, following the established procedure for their approval (validity requirement) and must be published in the Official Gazette La Gaceta (efficacy requirement), which is applicable to the case of regulatory norms.

This is why in the present action of unconstitutionality, it must be analyzed whether the lack of efficacy of a regulatory norm is susceptible to being addressed through an action of unconstitutionality. In this regard, it must be taken into account that, based on the provisions of the General Law of Public Administration, regulations and other normative provisions issued by public bodies, whether state or not, are considered administrative acts. These are grouped into external and internal, depending on whether they are addressed to the administered party or not; and into concrete and general, depending on whether they are addressed to an identified subject or not (article 120). The General Law of Public Administration requires the publication of administrative acts as a requirement for efficacy (articles 140 and 240). For its part, it transcribes article 145, subsection 1), also of said Law which establishes that "The effects of the administrative act may be subject to efficacy requirements, set by the same act or by the legal system". Therefore, the legal system subjects the challengeability of administrative acts to their efficacy, since, before, they do not produce legal effects. Thus, article 141, of the same law, establishes: "Article 141.- 1. To be challengeable administratively or jurisdictionally, the act must be effective. In any case, proper communication shall be the starting point for the challenge periods of the administrative act (...)". As observed, the legal system requires communication or notification for an administrative act to produce its effects, that is, to be effective, which, in the case of acts of general scope, is equivalent to their publication. It is for the foregoing, that the omission alleged by the plaintiff, regarding the lack of publication of Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT must be situated as an eventual problem of efficacy of the norm in question and, therefore, it is not susceptible to being addressed in the present action of unconstitutionality because, first, a regulatory norm that has not deployed its legal effects is not challengeable.

Consequently, subsection a) of Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction is not applicable, which states that the action may be filed “against laws and other general provisions, including those originating in acts of private subjects, that infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle.” Secondly, it must be analyzed whether in this case we are facing the existence of an unconstitutionality action by omission, in light of the provisions of numeral 73, subsection f), of the Law of Constitutional Jurisdiction, which recognizes the admissibility of the action “against the inertia, omissions, and abstentions of public authorities.” In this regard, conducting a study of the recent criteria of the Constitutional Chamber on regulatory omissions, Judgments No. 2019-022006 of 09:45 hours on November 8, 2019, and No. 2021-017318 of 9:15 hours on August 6, 2021, are of importance. In said judgments, the Chamber considered that any regulatory omission entails a violation of a constitutional norm, specifically the provisions of numeral 140, subsection 3), of the Political Constitution, regardless of the eventual violation of other constitutional norms or principles and whether the mandate comes from the legislator or the fundamental norm itself. Thus, after transcribing the jurisprudential doctrine, the Attorney General's Office indicates that it is the Chamber's criterion that the Executive Branch is obligated to regulate, whenever the legislator or the constitutional norm imposes a mandate upon it, so its omission, in itself, constitutes a violation of the provisions of numeral 140, subsection 3), of the Constitution. It goes on to say that the Constitutional Chamber has heard the cited regulatory omissions, both through the amparo remedy and the unconstitutionality action, reserving for the amparo remedy those that signify the violation of a fundamental right and for the action, the rest of the cases residually, which can be framed within Article 73, subsection f), of the Law of Constitutional Jurisdiction.

Despite the foregoing, the Office of the Attorney General of the Republic considers that the unconstitutionality action does not typically concern a regulatory omission, since Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT is a valid norm, whose claimed defect is not its lack of issuance, but rather the lack of publication which, as indicated, constitutes an issue of the norm's effectiveness. What is claimed in this case is not a normative omission, but rather, a material omission linked to the lack of publication of the regulatory norm as a requirement for effectiveness.

Furthermore, Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT is not the product of a mandate from the legislator or the Constitution, but rather has the purpose of formalizing a policy related to housing and territorial planning (ordenamiento territorial), so it does not meet what was established by the Chamber in the judgments cited above. Therefore, subsection f) of Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction is not applicable.

Finally, it points out that even in the eventuality that the Chamber considers that the lack of publication of a regulation generates a regulatory omission actionable in the constitutional jurisdiction, the truth is that, in this case, the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is claimed as a consequence of the National Press's omission to publish the norm, which eventually should be heard in an amparo remedy and not in the present action. In that scenario, one is not facing Article 73, subsection b), of the Law of Constitutional Jurisdiction.

It considers that the action should be rejected outright, and as for the merits, it refrains from ruling because it is not an appealable norm since it has not produced legal effects due to its lack of effectiveness.

7.- Jéssica Martínez Porras, in her capacity as Minister of Housing and Human Settlements, answers the granted hearing, stating that the action must be approached from the legal genesis of the administrative act called an Executive Decree. She transcribes Article 121.1 of the General Law of Public Administration, insofar as it indicates that “… acts shall be called decrees when they are of general scope and agreements when they are specific.” In that sense, she transcribes Legal Opinion No. 082 of March 24, 2003, on the administrative act and the elements that comprise it. Now, specifically referring to the subjective element of the act, this finds its legal basis in Article 129 of the General Law of Public Administration. As for the objective elements, they refer to the factual presupposition, the cause, the motive, the content, and the purpose of the administrative act signed by a head of an institution in compliance with his/her constitutional powers. She refers in turn to Article 133.1 of the General Law of Public Administration, regarding the regulation of the objective element, which must be legitimate and exist just as it was taken into account to issue the act. She likewise transcribes numeral 133.2 of the cited Law. Finally, regarding the formal elements of the administrative act, we are confronted with the procedural elements and the form of manifestation of the act before the administered parties, this commonly being done through official publication in the Official Gazette La Gaceta. For the case in question, Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT fully complied with the procedural aspects indicated by Costa Rican legal regulations, with the exception of publication, with which it would have acquired normative effectiveness and, consequently, legal effects. Upon a change in government authorities, it is natural and normal—in a democratic society—that the new authorities seek to orient institutional efforts according to their own vision for the planning, management, and execution of public policies. Thus, in this case, in the opinion of the current Administration, the referred executive decree proposed a management model that was neither adequate nor efficient and, therefore, clashes with the objectives and motivation necessary for the promulgation of the act. Finally, she cites Article 132 of the General Law of Public Administration, in which she highlights that the content must be lawful, “possible, clear, precise.” On the other hand, she points out that the Ministry of Housing and Human Settlements, since 2011 has had the institutional mission, according to which it “issues and manages guidelines, directives, and policies on matters of territorial planning (ordenamiento territorial), urban planning, human settlements, and adequate housing, to improve the quality of life of the inhabitants of our country,” and has made numerous efforts aimed at substantially improving the comprehensive care of population needs through the issuance of public policies in these matters. In this task, there are three public policies that are in force: 1. National Policy and Plan for Territorial Planning 2012 – 2040 (PNOT-PLANOT) formalized through Executive Decree No. 37623-PLAN-MINAET-MIVAH of November 27, 2012, published in the Official Gazette La Gaceta No. 89 of May 10, 2013, is the result of a process led since 2011 by MIVAH, with the contribution of the institutions of the Territorial Planning and Housing sector. It is also a strategic planning instrument for the long-term direction of State actions, through the different National Development Plans (PND), whose purpose is to achieve a series of objectives identified as common and that constitute a country project. 2. National Housing and Human Settlements Policy 2013-2030 and its Action Plan, formalized through National Housing and Human Settlements Policy 2013-2030 and its Action Plan, formalized through Executive Decree No. 38209-PLAN-MIVAH of March 7, 2014, published in the Official Gazette La Gaceta No. 47 of March 7, 2014, which aims to promote adequate and polyfunctional housing; human settlements that promote integration, social cohesion, and congruence with their natural environment; and a participatory, inclusive, and sustainable habitat, with special interest in the population living in conditions of poverty, risk, vulnerability, and social exclusion. 3. National Urban Development Policy 2018-2030 and its Action Plan 2018-2022. Of more recent date, MIVAH formalized the National Urban Development Policy through Executive Decree No. 41136-MIVAH-PLAN-MINAE-MOPT of April 10, 2018, published in the Official Gazette La Gaceta No. 102 of June 8, 2018, with which it aims to promote the planning of cities through a sustainable urban development approach, driving the improvement of the quality of life of its inhabitants and the increase in the effectiveness and productivity of cities, as collective entities that are decisive for increasing the economic and social competitiveness of Costa Rica. All of this in view of the challenges the country faces to comply with the 2030 Agenda and the SDGs and the New Urban Agenda of Habitat III. The PNDU has five thematic axes consisting of: Axis 1: Effective and efficient urban planning Axis 2: Mobility and transportation as structuring elements of the city Axis 3: Universal access to public and recreational services Axis 4: Governance in the administration of cities Axis 5: Education and participation for living in cities. Each axis has its guidelines, strategic actions, specific actions, and technical guidelines aimed at achieving the objective and expected result in each case.

She alleges that inter-institutional work was done by the Rectorate of Territorial Planning and Human Settlements (ROTAH), supported by Executive Decree No. 41187-MP-MIDEPLAN of June 20, 2018, with which a diagnosis was made and it was concluded that there was a need to integrate the mentioned policies. The report transcribes Considerando XI which establishes: “That the programmatic content of the policies is interrelated, as there is a scale relationship and multiple synergies among their themes. However, there are also duplications and fragmentations among their objectives, guidelines, and strategic actions that cause dispersion of efforts and lack of clarity. Additionally, each of these policies is managed through independent control and monitoring systems, which hinders their execution and impacts their level of compliance,” and XVIII which says: “the National Habitat Policy is based on a unifying vision, in which the development of safe, resilient, and inclusive human settlements is closely linked to the development of cities and rural areas, but in general, with the planning of continental and marine territory,” thereby concluding that it can be interpreted that the integration of three existing policies does not constitute, in that administrative act, an innovation to protect the rights of the administered parties, but rather constitutes a regulation for the better orientation of public administration efforts with the objective of ensuring that programmatically, work is done more effectively and comprehensively. For all the above, as long as the aforementioned policies remain in force, it could not be argued that the lack of publication of Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT implies a violation of diffuse rights by having caused a legal vacuum that results in the lack of protection and guarantee of rights of persons, groups, and communities, in relation to issues of territorial planning (ordenamiento territorial), urban planning, and attention to environmental and housing needs. What was intended was to unify and improve the scope of these instruments, but never to fill the absence of public policies regarding state obligations that might be unattended. They do not solve a legal vacuum. The State, through the Executive Branch, carries out various administrative functions and one of them is precisely the execution of state purposes. One of the ways to externalize this function is through the executive decree, which updates the part corresponding to a Branch of the State, in this case the Executive. So it could be affirmed that, every time the Executive Branch issues a manifestation of will through an executive decree, what it is practically doing is updating that administrative function that, within the quota of State power, is attributed to it. But Executive Decree No. 43467-MP-HIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, as a general administrative act, according to Article 120, subsection 1), of the General Law of Public Administration, this Administration considers that, in accordance with the provisions of Articles 128, 129, and 130 of the General Law of Public Administration, it met the requirements of substantial conformity with the legal system, was issued by the competent body, and is expressed as a manifestation of the will of the Executive Branch represented in the outgoing Administration. It is found, however, that this expression and manifestation of will is not certain and effective when, in the specific case, a norm like the one indicated is received for its publication by the incoming Administration, in order to fully comply with the effectiveness requirement that is its publication, under the terms of Article 240, subsection 1), of the General Law of Public Administration. Being on the threshold of starting a new Administration that is imbued with changes, modifications, and adaptations regarding public purposes and tasks, the publication of the executive decree was omitted in full conformity with the power vested in the Administration to establish the political and programmatic will that the issuance or formalization of a public policy inherently entails. While it is true that the publication of a decree is the essential requirement for the act's effectiveness, this falls within the power of execution of administrative acts vested in the Administration under the terms of Article 147 of the General Law of Public Administration. Such power must be understood in the context of an incoming Administration, resulting from a change of command in Government, which must have the capacity to assess the endowment of effectiveness it will give to a decree that formally meets the validity requirements, but which, due to the change of command that occurred, is considered inconvenient. It becomes imperative that, when exercising this power of execution of acts and updating the administrative function vested in the Executive Branch, identified through the incoming Administration, the latter has the opportunity to evaluate the substantial objective elements regarding the motive, content, and purpose, even more so because it did not participate directly in its construction. The current Administration, the incoming one, is accused of being neglectful because it simply kept said Decree under evaluation, in which case one could not allege a simple omission for omission's sake, to demand without absolutes the publication of the norm per se, as would seem to arise from the alleged grievances motivating the action for the alleged omission pointed out. For the reasons stated, the lack of effectiveness accused, due to omission of publication of the norm in question, is subject to the updating of the Administration's purposes, in light of the provisions of numerals 140, subsections 3), and 8), of the Political Constitution. It is alleged that the evaluation period on the pertinence of publishing the Decree, between the date of the change of government and the date of official letter No. MIVAH-DMVAH-0500-2022, was reasonable, since only three months and one week elapsed. The timeframe is reasonable in the face of a change of Government, given the analysis and complexity of adopting and implementing a specific policy, such as sufficient resources for its implementation, which entails weighing the immediate need for publication and assessing the adaptation of the norm to the current reality of the Housing, Habitat, and Territory Sector. The Sector created by Executive Decree No. 43580-MP-PLAN of June 1, 2022, called “Organic Regulation of the Executive Branch,” whose rectorate rests with the head of the Ministry of Housing and Human Settlements, and whose novelty is to group under “Strategic Government Sectors” the integration and better coordination of the work carried out by public institutions, so that it is properly directed towards achieving large common objectives. The new Administration seeks to achieve the unity and cohesion of the work performed by two more institutions such as the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) and the Mortgage Housing Bank (BANHVI) which are axes of somewhat more complex actions and generate a diverse operational shift in the structuring of the policies issued by the Administration, having as a premise the unity and fusion of the three institutions. At the present time, it involves three policies, with dissenting approaches that have not yet been fully executed, and the one issued must be in harmony with the National Development Plan. The omission that is accused lacks relevance because it concerns a norm that demands the incoming Administration to conduct an objective analysis and prior assessment for its issuance, within the scope of technical reasonableness that the Administration producing a general norm has as a power to establish critical and management aspects within that analysis that allow it to establish areas of discrimination for the application and execution of the norm, in the current form and content so that it adapts to the objectives, context, current reality, needs, and definition of the institution's general approaches. Certainly, an omission to regulate the matter at hand does not necessarily produce an injury to a right or raise an issue enforceable before the constitutional jurisdiction. Only the omission that is entirely verifiably absolute would be reviewable by this jurisdiction, in the sense that the Administration was abandoning the power and obligation to regulate in such a sense, to the point of leaving the country and the general population completely without a public policy. In the accused omission, that type of major breach, which leads to full ineffectiveness and nullifies state policy in this matter, is not occurring. The current challenge is to harmonize three public policies, and this is not an obstacle for the Administration to work on an adequate version.

The present Administration found substantive aspects that are weak for the promulgation of a public policy that replaces three other existing policies that already regulate the substantive issues. In this vein, this Ministerial Office, through official letter No. MIVAH-DMVAH-0500-2022 of August 19, 2022, explained to the Directorate of Laws and Decrees of the Presidency of the Republic, the technical reasons justifying the non-publication of the referred Executive Decree, recognizing the work of constructing the National Habitat Policy, and coinciding in the underlying vision and in the programmatic section with that proposed by the previous Administration. However, the motive of said Decree is far from the public policy issuance vision of the current Administration, of responsible management of public resources, and MIVAH's competencies; it was considered that it would not solve the core issues of urban development management, and because it promoted bureaucratic and ineffective management. Regarding the diffuse interests and rights claimed by the plaintiff. The plaintiff did not argue, even minimally, how, to what extent, and with what scope, the referred Decree would have been a form of implementation or compliance with the State's international obligations. Beyond a transcription of theory on rights, the plaintiff also did not develop into which category of obligations the issuance of the Decree would fall, which prevents a serious evaluation from being carried out to determine if there is any type of human rights violation due to its issuance or its lack of publication. It is fallacious to suggest that the unpublished Decree constituted a solution for the environmental and housing problems affecting the country. The instrument is, as is also the new National Habitat Policy instrument that the Government currently has open for consultation, as well as the three existing public policies, a way to advance programmatically in the broadest and greatest protection of the rights to housing and a healthy environment, among other rights. But it is not possible to allege that its failure to enter into force caused a violation of human rights, both because there are already norms regulating the same matters and because there are institutions like MIVAH that use and apply them to seek the guarantee of those rights. It is reiterated that, as long as the three mentioned policies remain in force, it is not possible to argue that the omission of publication of the Executive Decree caused a legal vacuum that would result in the lack of protection and guarantee of rights of persons, groups, and communities, in relation to issues of territorial planning (ordenamiento territorial), urban planning, and attention to environmental and housing needs. The referred Decree, which did not enter into force, intended to unify and improve the scope of these instruments, which the current Administration also seeks to do through the new instrument open for consultation, but never to fill the absence of public policies regarding state obligations that might be unattended. That is, such Decree would not have solved a legal vacuum, because it does not exist. It is impossible to consider that the fact that it did not enter into force could have generated any impact on the rights to housing or to a healthy environment. Consequently, it is also not possible to consider the impact on diffuse and collective interests, whereby the plaintiff has not minimally substantiated her active legal standing to bring this unconstitutionality action. She requests that the action be rejected and declared without merit.

8.- Jorge Luis Torres Carrillo, in his capacity as Minister of Governance and Police, answers the hearing granted to report on the actions taken internally within the Ministry under his charge, as well as the National Press. That from what was indicated by the same plaintiff, it was the Ministry of Housing and Human Settlements that “sent the PNH for its publication, through purchase order # 1680-173079, issued by the National Procurement Office, to the National Press. The latter assigned the policy number 2022-643181 for its publication.” That the Production Director of the National Press indicates that it was the same ministry that required the publication who, through its Vice Minister and instructed by Ms. Jessica Martínez Porras, Minister of Housing and Human Settlements, indicated “to ‘pause’ the printing of the following decrees” (sic). Including the one I am consulted on. (i.e., No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, see official letter DP 146 – 2022). That due to the acronyms used in the executive decree (No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT), his Ministry did not constitute itself as the Executive Branch in the capacity of the Competent Ministry, which are the ones that must carry out the actions for the publication of a purported executive decree, which, as in the case at hand and according to the plaintiff, was MIVAH who sent it for publication, but likewise it was they who instructed to “pause the printing” of the proposal. Thus, from what has been indicated, it is inferred that it was not this Ministry nor its attached body, the National Press, who stopped or did not publish said decree by their own decision. That in this vein, and as the honorable Chamber will understand, this Ministry could not refer to the merits of this purported unconstitutionality action, nor issue a criterion as it does not constitute the competent ministry of the executive branch that made the proposal and which would be the ones who submit it for publication and that furthermore, according to what was indicated by the National Press, there would be no certainty of the reasons why the Ministry of Housing and Human Settlements MIVAH “paused the printing of the decree” and that it is this action that the plaintiff attacks, where it is reiterated once more that it was not this Ministry with its attached National Press that ordered said action.

9.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction were published in numbers 211, 212, and 213 of the Judicial Bulletin, on the 8th, 9th, and 10th of November, 2022.

10.- The hearing indicated in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, deeming this resolution sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.

11.- By resolution at 11:12 hours on December 19, 2022, the Presidency of the Chamber considered answered the hearings granted to the Office of the Attorney General of the Republic, the Minister of Housing and Human Settlements, and the Minister of Governance and Police. In the same procedural act, the hearing granted in the same resolution to the Minister of Environment and Energy is considered not answered, by virtue of the fact that there is no record in the Management System of any document submitted by that party in order to answer the granted hearing. Likewise, the present matter was referred to the office of Magistrate Luis Fernando Salazar Alvarado, to whom the substantive study of the same corresponds by rotation.

12.- By brief filed at 13:09 hours on August 15, 2022, the plaintiff [Nombre62 001] requested the Chamber for the prompt dispatch of the unconstitutionality action.

13.- By interlocutory resolution 2023-021441 at 11:45 hours on August 30, 2023, the Chamber resolved that there is no excessive and irregular delay in the case at hand.

14.- By brief filed at 14:25 hours on September 28, 2023, under official letter No. MIVAH-DMVAH-0616-2023 of September 26, 2023, Ángela Mata Montero, Minister of Housing and Human Settlements, informs that on the past September 14th, in the Official Gazette La Gaceta No. 169, Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT was published. Likewise, the respective documentation is attached.

15.- The prescriptions of law have been complied with in the proceedings.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considering:

I.- On admissibility. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction regulates the prerequisites that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a pending matter to be resolved in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked, a requirement that is not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article; that is, when by the nature of the norm there is no individual or direct injury, when it is based on the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole, or when it is filed by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, or the Ombudsman, in these latter cases, within their respective spheres of competence. The text in question provides that it proceeds when "by the nature of the matter, there is no individual or direct injury." Secondly, the possibility of recourse in defense of "diffuse interests" is foreseen; this concept, whose content has been gradually outlined by the Chamber, could be summarized in the terms used in Judgment No. 1993-3750 of 15:00 hours on July 30, 1993:

"…Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so specific that, regarding them, specific persons, or personalized groups are identified or easily identifiable, whose legal standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community in its entirety. It is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive an injury, current or potential, more or less equal for all, for which it is rightly said that they are equal interests of the groups found in certain circumstances and, at the same time, of each of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are simultaneously collective—being common to a generality—and individual, so they can be claimed in such character." In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc.

The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the designation of "diffuse," such as: the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity and the sound management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups within it; an environmental harm does not affect only the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; similarly, the defense of the sound management of public funds authorized in the National Budget is an interest that concerns all the inhabitants of Costa Rica, not just any one group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is no more than a simple description inherent to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible, in any way, to be understood that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights.

II.- Standing in the case under study.

In accordance with the Presidency's resolution, which admitted the action, it did so on the basis that the petitioner derives her right to sue from the existence of diffuse interests. In this sense, the claim is limited to protection against possible violations of the rights to housing and to a healthy environment, both because it is considered that there is an unconstitutional omission in the publication of Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Officialization of the National Habitat Policy and creation of the National Habitat System, the cornerstone of a category of economic, social, and cultural rights, which intrinsically and by their nature are general interests and affect diffuse interests. In this sense, the Chamber considers that the regulations previously promoted were justified on the grounds that their objective was to eliminate duplications and fragmentations of the three different policies in force in the country regarding land-use planning (ordenamiento territorial), housing and human settlements, and urban development, which needed to be integrated, a fact that undoubtedly allows for operating in favor of the harmony of third- and fourth-generation rights, and the harmony and advancement of the urban and natural environment. Hence the need to confirm the standing granted and to hear the action of unconstitutionality, as is indeed being done.

III.- The object of the action.

The object of the proceeding lies in establishing whether the order to pause the publication of Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Officialization of the National Habitat Policy, creation of the National Habitat System, constitutes an unconstitutional omission. Therefore, the action aims to: "order all the respondents to immediately publish the National Habitat Policy, decree 43467 and to refrain in the future from such anti-democratic and unconstitutional practice"; "requests that the respondents be ordered to refrain from making any change to the existing regulation, without first involving the rest of the actors involved in both processes, and to recognize the existing legal regulations for the creation and repeal of national rules (...) I request that the respondents be ordered to pay the costs of this action." Consequently, the primary interest of the petitioner is the completion of the promulgation of the Executive Decree adopted by the President of the Republic and his respective Ministers of Government, because this has been omitted. In this sense, it was verified that said regulation was signed by the previous Administration of President Carlos Alvarado Quesada, and the corresponding cabinet of the involved and competent institutions. However, by pausing the printing at the National Printing Office, this omission is challenged, because it deprives it of effectiveness as a regulation duly approved and sanctioned by the President of the Republic.

IV.- On the unconstitutionality of the Regulatory Power and for the omission of publication. This Chamber has ruled on the unconstitutional omission of the Executive Branch, which occurs when it has refused to regulate, totally or partially, an express mandate of the legislator or a constitutional-level norm. As noted by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), the most recent jurisprudence has established this in Decisions No. 2019-022006 of 09:45 hours on November 8, 2019, and No. 2021-017318 of 9:15 hours on August 6, 2021, with the circumstances under which this proceeds. For a better understanding of its scope, the latter decision is transcribed, in which it established:

"This Tribunal, by means of decision No. 2019022006 of 09:45 hours on November 8, 2019, in a case dealing with this same subject matter, determined that:

'...Article 49, second paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction allows analyzing, by way of amparo, the omission of the Executive Branch to regulate or enforce what is provided by a norm, when such inactivity is related to the protection of a fundamental right. This Tribunal has had the opportunity to refer to the subject matter in question on various occasions, stating the following:

V.- From the foregoing, it is clear that the lack of comprehensive regulation is due to the fact that the Executive Branch followed a conduct different from that mandated by the legislator, and preferred to partially regulate or propose new legislation in order to satisfy purposes similar to those of Law No. 6955, repeatedly cited. And there, the dilemma is whether there is a fulfillment different from that foreseen, but fulfillment nonetheless, or whether, on the contrary, the non-fulfillment persists despite the decrees and legislative initiatives that are indicated as an excuse for not having acted in accordance with the concrete mandate of the legislator. In the opinion of this Chamber, the Executive Branch has been negligent and that omission entails a violation of its constitutionally established duties. On the one hand, Article 11 of the Constitution has been violated insofar as it enshrines the duty of legality of the public administration, and by virtue of its text, the Executive Branch cannot refuse to comply with a mandate contained in a duly promulgated law, since if it did not agree with its text, it could have exercised the veto reserved to it by the same Political Constitution as its own and specific power pertinent to the case under study. Furthermore, upon assuming functions and obligating themselves to comply with the laws, by the Constitutional oath (Article 194), the President of the Republic and the respective Minister cannot subsequently, under arguments of any kind, fail to apply them without there being a possibility of amendment, which is foreseen in the current Law of Constitutional Jurisdiction, through the action of unconstitutionality.

Due to the omissions that are the basis of this proceeding, there is also an infraction of what is provided by subsection 3) of Article 140 of the Political Constitution, since the Executive Branch improperly refused to regulate Law No. 6955 in its entirety. Regarding the integration of evaluation commissions on objectives, programs, and expenditures of the entities and companies to which it refers, the violation of this same norm must be noted, which enshrines the duty of the Executive Branch to "ensure" that the laws have "exact compliance." Now, the Executive must ensure this when the laws impose obligations or rules of conduct on third parties; however, when those legal obligations are directed at the government itself, the norm under comment must be understood in the sense that the latter is obligated to "give" the laws exact compliance. It is natural, within a legal system in which there is an almost unlimited (material) domain for the law, that the Executive Branch is bound by the legal norm to do or refrain from doing something considered convenient or necessary for the better orientation of social life, or for the efficiency of the state apparatus, and therefore, the Chamber concludes that with respect to Article 37 of Law No. 6955, which imposes on the Executive Branch the obligation to create commissions for evaluating public spending in the different public entities and companies, since such mandate has not been fulfilled, there is an omission of a constitutional nature that fits within the assumptions of Article 73 subsection f) of the Law of Constitutional Jurisdiction. The same must be said of the violation of subsection 20) of Article 140 of our Fundamental Law. Even accepting that the law is not the panacea for solving social problems, the Law is in force and the first who must set an example of faithful compliance with it is the Executive Branch, in this case, a subject directly bound by the norm.

The results that must occur by virtue of this decision cannot be guaranteed, given the very essence of the juridical. However, if the legislator deemed it necessary to issue a law of these characteristics, it is not possible to apply it with limitations or partially fail to apply it, without there being a constitutional violation.' (Decision number 1463-90 of 14:30 on October 30, 1990).

'In the present matter, the petitioners question the omission of the Executive Branch to regulate the Law of Fishing and Aquaculture, which was published in Gazette 78 of April twenty-fifth, two thousand five. On this point, it must be mentioned that Article 175 of the cited norm establishes that the Executive Branch had to issue the respective regulation for said law, within a period of ninety days from its publication; however, from the report rendered by the respondents' own authorities, it is clear that to date, compliance with what is provided by said article has not been carried out. In the opinion of this Tribunal, the inactivity of the Executive Branch constitutes a clear violation by the respondents of what is provided by Article 140 subsection 3) of the Political Constitution, an omission that may be heard by way of amparo, as the right to a healthy and ecologically balanced environment is endangered due to the lack of issuance of the aforementioned regulation. The foregoing, inasmuch as the norm that is missed must regulate a series of points related to fishing and the adequate exploitation of maritime resources, as provided by Law 8436 itself, such as: a) the financial guarantee that must be provided by national or foreign entities and companies granted fishing permits for exploratory purposes – Article 18-; b) the species of sharks lacking commercial value and the use that will be given to them for other purposes of fishing activity – Article 40-; c) the proportional size and weight of each species of shrimp to be captured – Article 45-; d) the requirements for the substitution, construction, and importation of longline vessels, as well as the dimensions and fishing systems or gear – Article 62-; e) the procedure to be followed by the owner of an aquaculture project who wishes to introduce one or more species different from those initially granted, or expand or modify the area originally authorized – Article 85-; f) the guidelines to be followed by any cultivation and management activity, regardless of the level and development stage of aquatic flora and fauna species, for productive or research purposes by public or private institutions – Article 89-; g) the requirements and conditions for the transfer of aquatic species, native or exotic, from one body of water to another within the country – Article 97-; h) the necessary requirements and conditions that must be met by the fishing masters or captain of the fishing vessel – Article 118-; i) the minimum requirements that must be met by port and marine facilities used for the landing and cleaning of catches. The aspects mentioned above without a doubt maintain an intimate relationship with the exploitation and sustainable use of the country's maritime resources; hence, the lack of adequate regulation thereof undoubtedly leads to endangering the marine ecosystems and the environment in general, a situation that may generate repercussions for the population of Costa Rica over time. On the other hand, and without detriment to the foregoing, it is fitting to add that with the right to a healthy and ecologically balanced environment at stake, the respondent authorities are under the obligation to guarantee citizen participation in the drafting of the regulation for the Law of Fishing and Aquaculture, since this is a right that is inherent to the inhabitants of the country, by reason of what is provided by the constituent power itself, as indicated in Considerando V of this decision. (Decision number 2009-8065 of 21:38 on May 13, 2009).

IV.- In the case under study, the petitioner accuses the respondent authority of not having proceeded to issue the regulation provided for by Transitory Provision I, of Chapter VIII, of the Law of Mobility and Cyclist Safety No. Placa5095, which establishes the following:

"TRANSITORY PROVISION I- The Executive Branch, within a period not exceeding six months from the entry into force of this law, shall regulate the technical characteristics of the different types of cycle paths (ciclovías) and other infrastructure provided for in this law." V.- Now then, after analyzing the elements contributed to the case file, this Tribunal considers that the petitioner is correct in his claim, for even though the mentioned article is clear in indicating the obligation of the Ministry of Public Works and Transport to regulate the technical characteristics of the different types of cycle paths (ciclovías) and other infrastructure provided for by the Law of Mobility and Cyclist Safety, to date, that regulation has not been issued, despite more than 6 months having elapsed from the period granted for its promulgation. Note that, as has been demonstrated, what exists is a draft of the regulation, to which the Legal Advisory Office of the MOPT made a series of observations and even recommended conducting the public hearing process established in Article 361 of the General Law of Public Administration, since decentralized entities are affected. Said omission is contrary to the rights of the protected person, insofar as it does not allow him to have a regulation that governs aspects related to his safety, and that is consistent with the current transit regulations. In that sense, it is reiterated that there is a dual binding obligation of the Executive Branch, on the one hand to the law and on the other to the Constitution. Therefore, it is evident that the Administration has no discretion whatsoever to excuse itself from regulating a law if so ordered by the Legislator or the Constituent Power, taking into account, likewise, the scope of the principle of legality. It is worth noting that Article 140 subsection 3) of the Political Constitution establishes the duty of the Executive Branch to sanction, promulgate, and regulate the laws. For this reason, this precept is violated if the Executive Branch evades its obligation to regulate the laws, even when no other constitutional norm is affected. That is, in all cases where there is a regulatory omission, the Executive Branch harms at least subsection 3) of Article 140, without counting the possible violation of any other norm that recognizes a right and is affected by that omission; in such cases, said omission is subject to control by way of the amparo remedy if that inactivity is linked to the enjoyment of a fundamental right; if not, control can always be carried out by way of the action of unconstitutionality by omission. The foregoing demonstrates that the Executive Branch has no degree of discretion in cases where the Constitution or the law establishes an obligation to regulate. Hence, furthermore, the respondent's argument that given the validity of the previously cited Law, the petitioner is not prevented from using the bicycle or the existing cycle paths (ciclovías) is unacceptable. By virtue of the foregoing, for this Chamber, the Executive Branch has been negligent and that omission entails a violation of its constitutionally established duties, coupled with the eventual threat to the fundamental rights of the petitioner. Under that reasoning, the protection of his claim is deemed meritorious.

VI.- Conclusion. Consequently, the appropriate course is to grant the remedy, after ordering the Executive Branch, in the terms of the second paragraph of Article 49 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that within the non-extendable period of two months, counted from the notification of this decision, it issue the corresponding regulation.

Therefore:

The remedy is granted. Rodolfo Méndez Mata, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, or whoever holds his position, is ordered, within the period of two months, counted from the notification of this decision, to proceed to issue the regulation concerning the technical characteristics that the different types of cycle paths (ciclovías) and other infrastructure provided for in the Law of Mobility and Cyclist Safety No. 9660 must meet, in accordance with what is provided by Transitory Provision I, of Chapter VIII, of that legal body. The respondent, or whoever holds his position, is warned that in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. Notify this resolution to Rodolfo Méndez Mata or to whoever in his place holds the position of Minister of Public Works and Transport, in person...'"

IV. REGARDING THE SPECIFIC CASE

In the case at hand, the petitioner accuses the omission of the Executive Branch in complying with the provisions of Transitory Provision III of Chapter VIII of the Law of Mobility and Cyclist Safety No. 9660, which established the duty to regulate the technical characteristics of the different types of cycle paths (ciclovías) and other infrastructure provided for in said law, despite the fact that the six months granted for such purpose have already expired. He also accuses regarding decrees No. 42111-MOPT-H-MEP and decree No. 42111-MOPT-H-MEP. He states that said delay puts at risk his right to life and physical integrity, as he uses a bicycle daily.

In this regard, after analyzing the elements contributed to the case file, this Tribunal considers that the petitioner is correct in his claim, for even though the mentioned article is clear in indicating the obligation of the Ministry of Public Works and Transport to regulate the technical characteristics of the different types of cycle paths (ciclovías) and other infrastructure, said regulation has not yet been promulgated; this Chamber observes that despite the actions by the Ministry of Public Works and Transport aimed at promulgating the missing regulation, it has not been promulgated.

On the other hand, as indicated in vote No. 2019022006 of 09:45 hours on November 8, 2019, partially transcribed in Considerando III of this decision, it is evident that the Executive Branch has no degree of discretion in cases where the Constitution or the law establishes an obligation to regulate it. By virtue of the foregoing, finding no reasons to change its criterion, this Chamber considers that the Executive Branch has been negligent and that omission entails a violation of its constitutionally established duties, coupled with the eventual threat to the petitioner's fundamental rights. On the merits of the foregoing, the remedy must be granted, with the consequences that will be stated in the operative part of this decision." Thus, the recent transcribed decision establishes, first, the reflexive power of the Executive Branch when it has received instructions from the legislator or the constituent power to adjust and interpret the regulations in a certain manner. From subsections 3), 18), and 20) of Article 140 of the Political Constitution, the power of the Executive Branch is derived to enact provisions of a general nature, whether to regulate totally or partially new legislation enacted by the legislator, or to "contribute to the formation of the legal order, through the creation of written norms (Article 140 subsections 3 and 18 of the Political Constitution). The particularity of the regulation is precisely that it is a secondary and complementary norm, at the same time, to the law whose essence is its sovereign character (only limited by the Constitution itself), in the creation of the Law. As the most qualified doctrine of Administrative Law rightly highlights, the submission of the regulation to the law is absolute, in several senses: it is produced only in the areas that the law leaves for it, it cannot attempt to nullify the legal precepts or contradict them, it cannot substitute the law by producing a certain effect not intended by the legislator or regulating certain content not contemplated in the norm being regulated (...)", the foregoing according to Decision No. 1993-000243 of 15:45 hours on January 19, 1993. It is thus clear that the Executive Branch, in its relationship with the laws and the Political Constitution, is absolute. But also, adhering to the principle of legality, it is possible for the Executive Branch to make use of the regulatory power to adjust the legal order, in that task of forming the legal order, to do so reasonably and implicitly, without in any way being able to invade the sphere exclusively reserved for the legislator.

Now, the petitioner's request lies in the lack of publication of Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Officialization of the National Habitat Policy and creation of the National Habitat System, which is alleged not to have been done in the action. However, the Ministry of Housing and Human Settlements argues that with the change of Government, the Executive Branch had a new mandate, and that the regulation was subjected to analysis to continue with the promulgation of the Executive Decree, a reason for which, by official communication MIVAH-DMVAH-0500-2022, its publication was paused when only three months and one week had passed since the new government assumed office. Furthermore, it is argued that the lack of publication would not be solving a regulatory vacuum, given that as the three previously approved and published policies exist, there is no such unconstitutional vacuum. It is argued that the lack of protection and lack of guarantee of rights of persons, groups, and communities, in relation to land-use planning (ordenamiento territorial), urban planning, and addressing environmental and housing needs, does not occur. That while it is true that the missing Executive Decree was developed after an inter-institutional review by the Rectory of Territorial Planning and Human Settlements (ROTAH), which concluded with unifying and improving the scope of the three instruments, it was not about filling the absence of public policies related to state obligations, because they were not addressed. However, from the analysis conducted, it was considered that an inadequate and inefficient management model was being generated -among other reasons- by creating committees, a Technical Secretary, and a consultative body; furthermore, because the unification and cohesion of the work of two institutions of the Housing sector (National Institute of Housing and Urbanism, and the Mortgage Housing Bank) was being considered, to eliminate institutional duplications. For this, the evaluation and redesign of the management model of the National Habitat Policy would continue.

On the other hand, the Office of the Attorney General of the Republic states that the absence of the regulation would not imply an injury to a concrete mandate from the legislator or a constitutional norm, because this is not a case of a regulatory omission, in the sense that Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT is valid as a norm, but it is not effective, so the defect being claimed is not its lack of issuance, but its publication.

For this Chamber, it is true that Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT takes into account for its promulgation the operational aspects of the National Habitat Policy and Creation of the National Habitat System, as would be recognized in Considerando XVI, insofar as the Comptroller General of the Republic had detected that: "... the capacity of the local governments of the GAM to carry out individually and articulately urban planning and land-use planning (ordenamiento territorial), determined that there are difficulties for coordination between local governments and institutions due to 'the existence of internal dependencies within the institutions with which coordination is carried out that have no decision-making power, poor accessibility to institutions, lack of openness to dialogue, projects are generated in isolation without communicating those that may impact the canton, too many internal dependencies, and long response times.' Problems that could be solved with the creation of inter-institutional coordination bodies." It is also true that one might think that the missing Executive Decree comes to establish a regulatory improvement, but in the terms set forth regarding the regulatory power, it does not demonstrate a serious or extremely serious injury, in principle because there is no detriment to fundamental rights, to the right to housing and the right to a healthy and ecologically balanced environment, produced by the lack of validity of policies, which already exist —although dispersed— and are already in force in the legal order. In this sense, there would also be no infraction by omission of subsection 3) of Article 140 of the Political Constitution. The claim is precisely that, by not publishing a decree validly signed by the Executive Branch, the regulatory improvements and benefits would not be materializing. Certainly, that improvement could be stated to translate into the expected inter-institutional operational improvement, but it cannot be affirmed that the omission in publication could have an impact on those rights, alleged in the abstract and which cannot be verified in this avenue of constitutional jurisdiction.

In this sense, this Chamber does not consider that an omission of a regulatory mandate for the publication of Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT is occurring, given that said infraction finds no support in a specific norm or provision containing an express mandate for its publication, either from the legislator or the constituent power, or in circumstances that imply an infraction of fundamental rights that must be addressed immediately, at a particular time due to regulatory vacuums (supported, for example, by the principle of necessity, Article 180, and 140.3 and 140.20 of the Political Constitution). In any case, this Chamber must take into account that the Executive Decree, after receiving its respective analysis and weighing by the Executive Branch, was informed that it was finally agreed upon and subsequently its publication proceeded in La Gaceta No. 169 of September 14, 2023, which was verified at the link: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/09/14/COMP_14_09_2023.pdf.

Furthermore, the review of the terms of said regulation allows concluding that the petitioner's claims were thereby resolved, since these were reduced to demanding that the very same juridical instrument claimed be respected, and that it be published. In this sense, the main legal controversy for which the petitioner came before the Chamber ceased with the aforementioned publication. Also, it is inappropriate to continue with the processing of this action of unconstitutionality, given that it is verified that with the publication of Executive Decree No. 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, it is already in force since September 15 of last year. It is insisted that it is not noted that it was modified by the Executive Branch; furthermore, the awarding of the costs of the proceeding as requested is not appropriate, taking into account that actions of unconstitutionality are not adversarial proceedings, and their recognition is not regulated in the Law of Constitutional Jurisdiction, as it is for the jurisdiction of freedom.

By reason of all the foregoing, the action is declared without merit.

V.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ.

The constitutional legal controversy concerns whether there is a constitutional omission that violates a fundamental right—to a healthy and ecologically balanced environment. This Tribunal, in reiterated jurisprudence, has held that the violation of the Right to the Constitution—values, principles, and norms—can originate from an action or omission.

In this latter case, it has been categorical that it must be an omission due to the fact that there is an express mandate in the Constitution that imposes on the competent body the obligation to carry out a conduct, within the established timeframe or a reasonable one, and it fails to do so. As is well known, the doctrine, regarding the defect of unconstitutionality by omission, has established that there are express and implicit omissions, absolute and relative. Regarding the former, when the Constitution imposes the action, either through a clear and precise mandate or when it is inferred from a detailed analysis of the Law of the Constitution, that is, in this latter case, because it derives from the express mandate or from the relationship of several constitutional norms. Regarding the latter, it is very clear that the constitutional breach occurs when the competent authority omits to carry out the constitutionally required conduct—there is a silence of the legislator when it pertains to the Legislative Assembly—or when it carries it out, but this does not fully satisfy the constitutional requirement—silence of the law. Now then, adopting the foregoing as a frame of reference, it is clear that this type of defect occurs when the Executive Power, which holds the competence for the publication of regulations so that they are effective, fails to publish a partial amendment to the Political Constitution approved by the Legislative Assembly acting in the exercise of the constituent power or when it does not publish, within a reasonable timeframe, a non-vetoed legislative decree, which would violate Articles 195 and 129 of the Constitution. This is not the case in the sub lite, since from Article 140, subsection 3, there is no express constitutional mandate that obliges it to publish, within a reasonable timeframe, an already signed executive decree, nor even an implicit one; hence, the alleged defect of unconstitutionality—an omission that violates a fundamental right—is not receivable. It is important to point out that for this to occur, there must be an express mandate in the Constitution that obliges the Executive Power to act accordingly, a situation that does not present itself in the sub lite; hence, what is appropriate is to declare the present acción de inconstitucionalidad without merit, as is hereby done.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are forewarned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

By majority, the acción is declared without merit. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Rueda Leal and Magistrate Garro Vargas issue a dissenting vote and declare the acción without merit on admissibility grounds, specifically in relation to the standing invoked. Magistrate Garro Vargas provides additional reasons and declares the acción inadmissible regarding the challenged subject matter. Magistrate Cruz Castro issues a dissenting vote and declares the acción with merit.- Nombre9611 .

Fernando Cruz C. Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.

Nombre9292 . José Roberto Garita N.

Res. 2023027475 Dissenting vote of Magistrate Rueda Leal and Magistrate Garro Vargas, drafted by the former. The first element that must be emphasized is the formality of constitutional review processes. This formality—not formalism or legalism—includes the need to adequately substantiate the written filing of the acción de inconstitucionalidad, which includes the standing held by the plaintiff.

In the opinion of the plaintiff, “… economic, social, and cultural rights inherently include a social dimension that implies a public and diffuse interest in their exercise and guarantee of exercise…” Within that framework, she considers that the right to housing and the environment, insofar as they are counted among economic, social, and cultural rights, are diffuse interests that grant her standing to act in this venue.

We object to such standing for the following reasons.

In the first place, if it were considered that any claim regarding economic, social, and cultural rights constitutes a diffuse interest, this would open the door to popular action in many areas, thereby undermining the system of constitutional review provided for in the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Indeed, note that such reasoning would entail that, for example, the right to work, education, family, and food would be fully recognized as diffuse interests.

Secondly, we rule out that housing can be considered a diffuse interest, as it lacks the defining characteristics of one. As indicated by the judgment cited by the majority:

“…Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that specific, identified or easily identifiable people, or personalized groups, emerge in relation to them, whose standing would derive not from diffuse interests, but from corporate interests that pertain to a community in its more or less extensive and amorphous groups of people that share an interest and, therefore, receive a detriment, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, being at once collective—because they are common to a generality—and individual, for which reason they can be claimed in such capacity” (Judgment No. 1993-3750 of 3:00 p.m. on July 30, 1993).

On the one hand, housing, as such, does not blur or dilute into an extensive and amorphous group of people. A specific party (be it an individual person, family unit, etc.) has an interest in a dwelling. On the other, national policy regarding housing construction is an interest so extensive that it is simply equated with the goals of the entire national community, such as aspiring to full employment, better educational results, or eradicating poverty.

Finally, with respect to the right to the environment, which is indeed recognized by the Chamber as a diffuse interest, the plaintiff links it to the right to housing: “3.- Environmental, insofar as housing constitutes a fundamental element of planning and territorial management (ordenamiento territorial), and therefore of city construction, in harmony with the environment and natural resources…”. Housing, streets, industries, public lighting, water disposal, etc., are all elements of planning and territorial management. However, none of them, by itself, provides sufficient standing to file an acción de inconstitucionalidad for the right to the environment, since a direct and concrete link between them is not necessarily verified. Therein, in demonstrating the link, arises the procedural burden to adequately substantiate the standing of the plaintiff, a burden that must not be supplied by this Tribunal.

Paul Rueda L. Nombre9292 .

Res. No. 2023-027475 ADDITIONAL REASONS OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE INADMISSIBILITY OF THE ACCIÓN In addition to resolving that the acción de inconstitucionalidad is inadmissible by virtue of the standing invoked by the plaintiff, I consider that this process is also inadmissible regarding the challenged subject matter.

In this regard, I believe that the objections raised by the Procuraduría General de la República are addressable, in the sense that: a) there is no regulatory omission, because there is no express mandate from the legislator to issue specific regulations on the subject matter of this acción, and b) if it were considered that there is harm to fundamental rights—due to a potential regulatory omission—it could well have been challenged through the recurso de amparo and not the acción de inconstitucionalidad.

As relevant, the following considerations should be highlighted from the report in question:

“[T]he Decreto N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT is not a product of a mandate from the legislator or from the Constitution, but rather has the purpose of formalizing a policy related to housing and territorial management (ordenamiento territorial), so it does not meet the provisions established by the Chamber in the above-cited judgments. Therefore, subsection f) of Article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is not applicable.

Finally, it points out that even in the eventuality that the Chamber considers that the failure to publish a regulation generates a regulatory omission actionable in the constitutional jurisdiction, the fact is that, in this case, the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is claimed as a consequence of the omission of the Imprenta Nacional to publish the norm, which could eventually be heard in a recurso de amparo and not in the present acción. In this scenario, it does not fall under Article 73, subsection b), of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.” In sum, in the specific case, there is no regulatory omission, but in any event, it would be appropriate to declare that—as has been done to date—in a recurso de amparo, as admitted by Art. 73 subsection f) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and the jurisprudence of this Chamber (see Judgments Nos. 2006-03238, 2019-022006, 2021-017318, and 2022-003213).

Nombre9292 .

Res. No. 2023-027475 Dissenting vote of Magistrate Cruz Castro, declaring the acción with merit.—The delay in the exercise of regulatory power finds no justification when it is related to the full exercise of the fundamental right to housing and the right to the environment.

Unlike the majority opinion, I consider that this acción should be declared with merit, based on the following reasons:

I consider that an unconstitutional omission is verified in the order not to publish Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Officialization of the National Habitat Policy, creation of the National Habitat System.

The Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos argues that as a result of the change of Government, the Executive Power had a new mandate, and that the regulations were subjected to analysis to continue with the enactment of the Decreto Ejecutivo, for which reason its publication was put on hold via official communication MIVAH-DMVAH-0500-2022, when only three months and one week had elapsed since the new government took office. It argues that the lack of protection and lack of guarantee of rights of individuals, groups, and communities does not occur, in relation to issues of territorial management (ordenamiento territorial), urban planning, and addressing environmental and housing needs. It is precisely in this argument that I find the unconstitutionality.

The Decree in question refers to environmental and housing matters. While it is true that not all matters related to the right to housing fall under the jurisdiction of this Constitutional Court, in this case, it does due to the significance of the regulated subjects. Note that these are matters as relevant as: territorial management (ordenamiento territorial), urban planning, and the development of human settlements.

The delay in publishing the decree finds no justification, so the obligation to issue the corresponding regulations and put them into effect does, I consider, relate to the impairment of fundamental rights because the lack of effectiveness of the decree in question—by not being published—has a direct impact on the full force of the right to housing and the right to a healthy and ecologically balanced environment. Although there is no express mandate to publish the regulations in question, the truth is that there is a mandate that the Law of the Constitution imposes on the Executive Power, on the one hand, the full exercise of constitutional competencies—such as publishing an already signed executive decree—and on the other hand, the full force and execution of fundamental rights, as would be in this case the right to housing and the right to the environment. These are rights with a social vocation, such as the environment and housing. This highly relevant condition imposes greater speed in the procedure that allows the full force of such important legislation. If no justification whatsoever is admissible for the delay in the exercise of constitutional competencies of the Executive Power, it is clear that with no valid justification to omit the publication of the executive decree in question, we are facing an omission of constitutional relevance. Arguments pointing out that since there is no norm that obliges the publication of the regulation, then there is no obligation to do so, are not admissible; rather, the regulatory competence of the Executive Power existing, no justification whatsoever should be admitted for the delay in the exercise of such competence. These are rights of great importance for the well-being and quality of life of the citizenry.

For all the foregoing, the delay having been proven in this case, what is appropriate is to declare the acción with merit and, therefore, to declare unconstitutional the omission to publish the decree in question.

Fernando Cruz Castro 1 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Temas Estrategicos: Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: PODER EJECUTIVO.

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NO APLICA.

PODER EJECUTIVO. OMISIÓN DE PUBLICAR DECRETO EJECUTIVO Sentencia: 027475-23 de 25 de octubre de 2023 Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad Norma impugnada: Omisión de publicar decreto ejecutivo No. 43535-MIVAH-MINAE. Oficialización de la Política Nacional de Hábitat, creación del Sistema Nacional de Hábitat. Parte dispositiva: Por mayoría, se declara sin lugar la acción. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Rueda Leal y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar la acción por razones de admisibilidad, concretamente en relación con la legitimación invocada. La magistrada Garro Vargas da razones adicionales y declara inadmisible la acción respecto del objeto impugnado. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar la acción.- CO04/25 ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 140- Deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 140 INCISOS 3) 18 Y 20) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “…De los incisos 3), 18), y 20), del artículo 140, de la Constitución Política, se deriva la potestad del Poder Ejecutivo de promulgar disposiciones de carácter general, sea para reglamentar en forma total o parcial nueva legislación que promulga el legislador, o para “contribuir a la formación del ordenamiento jurídico, mediante la creación de normas escritas (artículo 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política). La particularidad del reglamento es precisamente el ser una norma secundaria y complementaria, a la vez, de la ley cuya esencia es su carácter soberano (sólo limitada por la propia Constitución), en la creación del Derecho. Como bien lo resalta la más calificada doctrina del Derecho Administrativo, la sumisión del reglamento a la ley es absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los ámbitos que la ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir a la ley produciendo un determinado efecto no querido por el legislador o regular un cierto contenido no contemplado en la norma que se reglamenta (…)”, lo anterior según Sentencia N° 1993-000243 de las 15:45 horas del 19 de enero de 1993. Es así claro, que el Poder Ejecutivo, en su relación con las leyes y la Constitución Política, es absoluta. Pero también, apegado al principio de legalidad, es posible que el Poder Ejecutivo pueda hacer uso del poder reglamentario para ajustar el ordenamiento jurídico, en aquella labor de formación del ordenamiento jurídico, para hacerlo razonablemente de forma implícita, sin poder en modo alguno invadir el ámbito exclusivamente reservado al legislador…” CO02/26 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 075- Asunto previo en vía judicial o administrativa pendiente de resolución Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. INTERESES DIFUSOS. “…los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como: el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés que atañe a todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos...” CO02/26 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Subtemas:

NO APLICA.

Res. 2023027475 Voto salvado del magistrado Rueda Leal y la magistrada Garro Vargas, con redacción del primero. El primer elemento que debe enfatizarse es la formalidad de los procesos de control de constitucional. Esta formalidad -no formalismo o legalismo- incluye la necesidad de fundamentar adecuadamente el escrito de interposición de la acción de inconstitucionalidad, lo que incluye la legitimación que asiste al actor.

En criterio de la accionante, “…los derechos económicos, sociales y culturales incluyen en sí mismos una dimensión social que implica un interés público y difuso su ejercicio y garantía de ejercicio…” En ese marco, ella considera que el derecho a la vivienda y el ambiente, en tanto se cuentan entre los derechos económicos, sociales y culturales, son intereses difusos que le brindan legitimación para actuar en esta vía.

Objetamos tal legitimación por los siguientes motivos.

En primer lugar, de estimarse que cualquier reclamo sobre derechos económicos, sociales y culturales constituye un interés difuso, se estaría dando paso a una acción popular en muchos ámbitos, socavando con ello el sistema de control de constitucionalidad que prevé la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En efecto, nótese que tal razonamiento conllevaría que, por ejemplo, el derecho al trabajo, la educación, la familia y la alimentación fueran reconocidos plenamente como intereses difusos.

En segundo, descartamos que la vivienda pueda ser considerada un interés difuso, pues carece de las características propias de uno. Como indica la sentencia citada por la mayoría:

“…Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter” (Sentencia nro. 1993-3750 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993).

Por un lado, la vivienda, como tal, no se difumina ni diluye en un grupo extenso y amorfo de personas. Una parte (llámese persona individual, núcleo familiar, etc.) en concreto tiene interés en una vivienda. Por otro, la política nacional en materia de construcción de viviendas resulta un interés tan extenso que se equipara sencillamente con las metas de toda la comunidad nacional, como lo es aspirar al pleno empleo, a mejores resultados educativos o erradicar la pobreza.

Finalmente, con respecto al derecho al ambiente, que sí es reconocido por la Sala como un interés difuso, la accionante lo vincula con el derecho a la vivienda: “3.- Ambiental, en tanto la vivienda se constituye como un elemento fundamental de la planificación y el ordenamiento territorial, y por ende de la construcción de la ciudad, en armonía con el ambiente y los recursos naturales…”. La vivienda, las calles, las industrias, el alumbrado público, la disposición de aguas, etc. son todos elementos de la planificación y el ordenamiento territorial. Sin embargo, ninguno de ellos brinda legitimación suficiente, por sí solo, para interponer una acción de inconstitucionalidad por el derecho al ambiente, toda vez que no se verifica necesariamente un vínculo directo y concreto entre ellos. Ahí, en la demostración del vínculo, surge la carga procesal de fundamentar de manera adecuada la legitimación de la parte accionante, carga que no debe ser suplida por este Tribunal.

Paul Rueda L. Anamari Garro Vargas CO02/26 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: PODER EJECUTIVO.

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NO APLICA.

Res. n.°2023-027475 RAZONES ADICIONALES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS EN RELACIÓN CON LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN Además de resolver que la acción de inconstitucionalidad es inadmisible en virtud de la legitimación invocada por la parte accionante, considero que este proceso también es inadmisible respecto del objeto impugnado.

En ese sentido, estimo que son atendibles las oposiciones realizadas por la Procuraduría General de la República en el sentido de que: a) no hay una omisión reglamentaria, porque no hay un mandato expreso del legislador para reglamentar en concreto el tema objeto de esta acción y b) de estimarse que hay lesión a derechos fundamentales ?por una eventual omisión reglamentaria? bien lo pudo cuestionar por la vía del recurso de amparo y no de la acción de inconstitucionalidad.

En lo conducente, del informe en cuestión corresponde resaltar las siguientes consideraciones:

“[E]l Decreto N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT no es producto de un mandato del legislador ni de la Constitución, sino que tiene como finalidad oficializar una política relacionada con la vivienda y con el ordenamiento territorial, por lo que no cumple con lo establecido por la Sala en las sentencias arriba citadas. Por tanto, no resulta de aplicación el inciso f), del artículo 73, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Finalmente, señala que aun en la eventualidad de que la Sala considere que la falta de publicación de un reglamento genera una omisión reglamentaria tutelable en sede constitucional, lo cierto es que, en este caso, se reclama la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como consecuencia de la omisión de la Imprenta Nacional de publicar la norma, lo cual eventualmente debería ser conocido en un recurso de amparo y no en la presente acción. En ese supuesto, no se está ante el artículo 73, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

En síntesis, en el caso concreto no hay omisión reglamentaria, pero en todo caso, eso sería propio de decirse ?como hasta la fecha se ha hecho? en un recurso de amparo, tal y como lo admite el art. 73 inciso f) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala (ver sentencias números 2006-03238, 2019-022006, 2021-017318 y 2022-003213).

. Anamari Garro Vargas ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: PODER EJECUTIVO.

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Res. Nº 2023-027475 Voto salvado del Magistrado Cruz Castro, declarando con lugar la acción.- La tardanza en el ejercicio de la potestad reglamentaria no encuentra justificación cuando está relacionada con el pleno ejercicio del derecho fundamental a la vivienda y el derecho al ambiente.

A diferencia del criterio de mayoría, considero que esta acción debe declararse con lugar, con fundamento en las siguientes razones:

Considero que se constata una omisión inconstitucional en la orden de no publicar el Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Oficialización de la Política Nacional de Hábitat, creación del Sistema Nacional del Hábitat.

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos argumenta que a raíz del cambio de Gobierno, el Poder Ejecutivo tuvo un nuevo mandato, y que la normativa fue sometida al análisis para continuar con la promulgación del Decreto Ejecutivo, razón por la cual por oficio MIVAH-DMVAH-0500-2022 se puso en pausa su publicación cuando habían transcurrido tan solo tres meses y una semana desde que asumió el nuevo gobierno. Argumenta que no se produce la desprotección y falta de garantía de derechos de las personas, grupos y comunidades, en relación con temas de ordenamiento territorial, planificación urbana y atención de necesidades ambientales y de vivienda. Justamente en esta argumentación encuentro la inconstitucionalidad.

El Decreto en cuestión está referido a temas de ambiente y de vivienda. Si bien es cierto no todos los asuntos relacionados con el derecho de vivienda son competencia de esta Jurisdicción Constitucional, en este caso lo es por la trascendencia de los temas regulados. Nótese que se trata de materias tan relevantes como: el ordenamiento territorial, la planificación urbana y el desarrollo de asentamientos humanos.

La tardanza en publicar el decreto no encuentra justificación, así que la obligación de dictar la normativa correspondiente y ponerla en ejecución, sí considero que está relacionada con una desmejora de derechos fundamentales pues la falta de eficacia del decreto en cuestión -al no ser publicado- tiene una incidencia directa en la plena vigencia del derecho a la vivienda y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Si bien no hay un mandato expreso para publicar la normativa en cuestión, es lo cierto que sí hay un mandato que el Derecho de la Constitución le impone al Poder Ejecutivo, por un lado, el pleno ejercicio de competencias constitucionales -como lo sería publicar un decreto ejecutivo ya firmado- y por otro lado, la plena vigencia y ejecución de derechos fundamentales, como lo serían en este caso el derecho a la vivienda y el derecho al ambiente. Se trata de derechos de vocación social como el ambiente y la vivienda. Esa condición tan relevante impone mayor celeridad en el procedimiento que permita la vigencia plena de una legislación tan importante. Si no se admite justificación alguna para la tardanza del ejercicio de competencias constitucionales del Poder Ejecutivo, es claro que al no haber justificación válida para omitir la publicación del decreto ejecutivo en cuestión, estamos frente a una omisión de relevancia constitucional. No son admisibles los argumentos que señalan que al no existir norma que obligue a publicar el reglamento, entonces no hay obligación de hacerlo, sino que, existiendo la competencia de reglamentación del Poder Ejecutivo, no debe admitirse justificación alguna a la tardanza en el ejercicio de tal competencia. Son derechos de gran trascendencia para el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.

Por todo lo anterior, habiéndose comprobado en este caso la tardanza, lo que corresponde es declarar con lugar la acción y por lo tanto, declarar inconstitucional la omisión de publicar el decreto en cuestión.

Fernando Cruz Castro CO02/26 ... Ver más  Res. Nº 2023-027475 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés.

Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre62 001], mayor, soltera, portadora de la cédula de identidad CED98° [CED62 ], abogada, vecina de Montes de Oca, Los Yoses; contra la omisión de publicar el Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Oficialización de la Política Nacional de Hábitat y creación del Sistema Nacional del Hábitat.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a la 13:09 horas del 15 de agosto de 2022, la accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de la omisión de publicar el Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Oficialización de la Política Nacional de Hábitat y creación del Sistema Nacional del Hábitat. La referida omisión se impugna en cuanto, en criterio de la accionante, la Imprenta Nacional, sin fundamento jurídico alguno, ha omitido la publicación del mismo. Alega la accionante, que mediante el Decreto N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT se suscribió la Política Nacional del Hábitat (en adelante PNH) la cual consolida y actualiza las tres políticas programáticas del sector vivienda y ordenamiento territorial. Manifiesta, que el Decreto referido fue emitido en la Administración Alvarado Quesada, lo firmó el entonces Presidente de la República y los ministros correspondientes, quienes tenían las facultades necesarias para hacerlo. Luego de haber cumplido los requisitos legales y administrativos establecidos en el ordenamiento costarricense, el 4 de mayo del 2022, el MIVAH envió la PNH para su publicación, mediante la orden de compra # 1680-173079, emitida por la Proveeduría Nacional, a la Imprenta Nacional. Esta le asignó a la política el número 2022-643181 para su publicación. Expone, que en reunión sostenida con el Viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Roy Jiménez Céspedes, el jerarca le indicó que se había tomado la decisión de detener la publicación de la PNH. En línea con esa decisión, la Imprenta Nacional, excediéndose en su discrecionalidad, de manera arbitraria y sin mediar motivo jurídico alguno, a la fecha no ha publicado la política, lesionando expresamente lo que impone el mandado constitucional. Como parte de la tramitación de esta política, la propuesta del Decreto Ejecutivo de la PNH fue sometida a consulta pública, por un plazo de diez días hábiles, a partir del día inmediato siguiente a la publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta, N° 66 del 7 de abril del 2021. Lo anterior, de conformidad con el inciso 3), del artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública. Dentro del plazo estipulado para la recepción de observaciones, las instituciones autónomas, universidades, gobiernos locales y organizaciones privadas participantes o no del proceso de construcción de la política, no realizaron ninguna objeción a lo dispuesto en el Proyecto de Decreto sobre las Mesas Temáticas del Sistema Nacional del Hábitat. Asimismo, se tramitó el Formulario de Evaluación Costo Beneficio en la Sección I “Control Previo de Mejora Regulatoria”, el cual confirmó que la norma puesta en consulta no contiene trámites ni requerimientos para el ciudadano. Por otra parte, haciendo un análisis hermenéutico de las competencias de la Imprenta Nacional, resulta claro que el legislador no le asignó a ningún funcionario o jerarca de la Imprenta Nacional ni del Ministerio de la Vivienda, vía ley o decreto, discrecionalidad alguna para “detener” decretos válidos de pleno derecho. En ese sentido, ese actuar administrativo lesiona el derecho a la vivienda y el ambiente y otros principios constitucionales ya mencionados. La no publicación del decreto mencionado, si bien no invalida las normas invocadas, les resta eficacia. La omisión de publicar el Decreto, por criterios subjetivos y arbitrarios, es contrario a las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, adquiridas por nuestro país y lesiona el artículo 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 11.1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los artículos 1, y 26, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 34, inciso k), de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Estos instrumentos exigen a los Estados tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, como lo son la promoción y aplicación de políticas dedicadas, en este caso, a la promoción del ambiente y la vivienda. El derecho a la vivienda se manifiesta en cuatro dimensiones: social, por tratarse de un bien indispensable para el desarrollo de la vida de la persona en sociedad; económica, el país debe contar con los recursos económicos y financieros para la edificación y mantenimiento de vivienda; ambiental, en tanto la vivienda se constituye como el elemento fundamental de la planificación y el ordenamiento territorial y, por ende, de la construcción de la ciudad, en armonía con el ambiente y los recursos naturales; política, pues requiere de políticas públicas para hacer efectivo el derecho, cuyas metas y objetivos deben incluir el logro de las dimensiones social, económica y ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consideran que el desarrollo sostenible debe estar necesariamente abordado por un enfoque integrado e indivisible, que conjugue sus tres dimensiones, económica, política y ambiental, las cuales están vinculadas entre sí y son interdependientes. La negativa de la Imprenta Nacional a publicar la PNH, la convierte en un instrumento político a merced del criterio de los jerarcas de turno.

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, afirma que la legitimación se deriva de los artículos 73, inciso b), y 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al considerar la Dirección General de la Imprenta Nacional, del Ministerio de Gobernación y Policía, y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, es una decisión discrecional, contraria a los estándares invocados en su escrito.

3.- Por resolución de las 12:54 horas del 26 de agosto de 2022, se previno a la accionante [Nombre62 002], para que dentro de tercero día, contado a partir de la notificación de la resolución, y bajo apercibimiento de denegarle el trámite a la acción, debía aclarar la legitimación que invoca para interponer la acción. En tal sentido, se le previno aportar copia certificada del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de la norma cuestionada en el asunto previo, de manera expresa y con anterioridad a la interposición de la acción, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se estima vulnerado; b.- O bien, señalar cuáles motivos le confieren legitimación para accionar en forma directa e indicar la fundamentación. Asimismo, debía cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes al timbre del Colegio de Abogados.

4.- Por escrito presentado a la Secretaria de la Sala a las 20:09 horas del 31 de agosto de 2022, la accionante [Nombre62 001], aborda los motivos de su legitimación para interponer la acción, sin asunto base previo. Estima que le asiste la tutela directa establecida en los intereses difusos, dada la omisión de una dependencia administrativa, y violando principios constitucionales, que impide que un decreto válido de pleno derecho nazca a la vida jurídica. Considera que pone en riesgo la seguridad jurídica, el derecho constitucional como garantía suprema del Estado de Derecho, la democracia, la libertad, el ejercicio de los derechos fundamentales, entre otros. Que no es posible obtener un supuesto justiciable de aplicación singular y concreta, porque no hay recurso para intentar retrotraer los efectos administrativos de la decisión de la Imprenta, lo que la habilita para interponer la acción. Alega que el derecho a la vivienda y el ambiente, ambos piedra angular de la promulgación del Sistema Nacional del Hábitat y la Política Nacional del Hábitat objetivo de la acción, se encuentran en la categoría de derechos económicos, sociales y culturales, los cuales intrínsecamente, y por su naturaleza son intereses difusos.

5.- Por resolución de las 14:35 horas del 19 de octubre de 2022, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, al Ministerio de Ambiente y Energía, y al Ministro de Gobernación y Policía.

6.- Nombre29420 , en su condición de Procuradora General Adjunta de la República, rindió su informe, en el que señala que el artículo 129, de la Constitución Política, establece el mecanismo de publicación de las normas jurídicas como una obligación de origen constitucional. En esa misma línea, el artículo 124, de la Constitución, reconoce que todo proyecto para convertirse en ley debe publicarse en el Diario Oficial. Ese deber de publicación no sólo se impone a las leyes, sino también a las demás normas jurídicas, incluidas las emitidas por el Poder Ejecutivo y los entes autónomos, por cuanto permite, en primer lugar, determinar su vigencia. Sin la publicación, las normas no pueden desplegar sus efectos y obligar o vincular a sus destinatarios. Ergo, sus efectos vinculantes pueden oponerse sólo cuando se ha dado a los ciudadanos la oportunidad de conocer previamente su contenido, mediante la publicación. Además, la publicación tiene como finalidad dar autenticidad al texto de la norma, pues permite a los ciudadanos un conocimiento de su existencia y contenido, presumiéndose que el texto publicado es auténtico. Ergo, resulta fundamental para hacer valer el principio constitucional de publicidad. Por tanto, se deduce que la publicación es un requisito en el trámite de elaboración de las leyes, sin embargo, debe destacarse que la consecuencia de la no publicación no incide sobre la validez de la norma, sino únicamente sobre su eficacia. Cita el dictamen N° C-038 de 29 de febrero de 2000, para concluir que se debe deducir que las normas jurídicas deben ser dictadas por la autoridad competente, después del procedimiento establecido para su aprobación (requisito de validez) y deben ser publicadas en el Diario Oficial La Gaceta (requisito de eficacia), lo cual es aplicable al caso de las normas reglamentarias.

Es por ello que en la presente acción de inconstitucionalidad debe analizarse si la falta de eficacia de una norma reglamentaria, es susceptible de ser conocida a través de una acción de inconstitucionalidad. Al respecto, debe tomarse en cuenta que, a partir de lo dispuesto en la Ley General de Administración Pública, los reglamentos y demás disposiciones normativas dictadas por órganos públicos, sean estatales o no, son considerados actos administrativos. Estos, se agrupan en externos e internos, según vayan destinados o no al administrado; y en concretos y generales según vayan destinados o no a un sujeto identificado (artículo 120). La Ley General de la Administración Pública exige la publicación de los actos administrativos como requisito de eficacia (artículos 140 y 240). Por su parte, transcribe el artículo 145, inciso 1), también de dicha Ley que establece que “Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento”. Por ello, el ordenamiento jurídico sujeta la impugnabilidad de los actos administrativos a su eficacia, ya que, antes, no producen efectos jurídicos. Así, el artículo 141, de la misma ley, establece: “Artículo 141.- 1. Para ser impugnable administrativa o jurisdiccionalmente, el acto deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto de partida para los términos de impugnación del acto administrativo (…)”. Como se observa, el ordenamiento jurídico exige la comunicación o notificación para que un acto administrativo surta sus efectos, es decir, sea eficaz, lo que, en el caso de los actos de alcance general, equivale a su publicación. Es por lo anterior, que la omisión alegada por la accionante, en cuanto a la falta de publicación del Decreto Ejecutivo N°43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT se debe ubicar como un eventual problema de eficacia de la norma en cuestión y, por ello, no es susceptible de ser conocida en la presente acción de inconstitucionalidad por cuanto, en primer lugar, no resulta impugnable una norma reglamentaria que no ha desplegado sus efectos jurídicos. Consecuentemente, no resulta de aplicación el inciso a), del artículo 73, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que señala que la acción puede interponerse “contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional”.

En segundo lugar, debe analizarse si en este caso estamos frente a la existencia de una acción de inconstitucionalidad por omisión, a la luz de lo dispuesto en el numeral 73, inciso f), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que reconoce la procedencia de la acción “contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas.”. Al respecto, haciendo un estudio de los criterios recientes de la Sala Constitucional sobre las omisiones reglamentarias, resultan de importancia las Sentencias N° 2019-022006 de las 09:45 horas del 08 de noviembre de 2019 y N° 2021-017318 de las 9:15 horas del 6 de agosto de 2021. En dichas sentencias, la Sala estimó que cualquier omisión reglamentaria lleva aparejada la violación a una norma constitucional, específicamente lo dispuesto en el numeral 140, inciso 3), de la Constitución Política, independientemente de la eventual violación a otras normas o principios constitucionales y de si el mandato proviene del legislador o de la propia norma fundamental. Así, luego de transcribir la doctrina jurisprudencial, la Procuraduría General señala que es criterio de la Sala que el Poder Ejecutivo se encuentra obligado a reglamentar, siempre que el legislador o la norma constitucional le imponga un mandato, por lo que su omisión, por sí misma, constituye una violación de lo dispuesto en el numeral 140, inciso 3), Constitucional. Continúa diciendo que la Sala Constitucional ha conocido las citadas omisiones reglamentarias, tanto por la vía del recurso de amparo como de la acción de inconstitucionalidad, dejando reservadas para el amparo, aquellas que signifiquen la violación a un derecho fundamental y para la acción, el resto de los casos de manera residual, los cuales pueden ser enmarcadas en el artículo 73, inciso f), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

A pesar de lo anterior, la Procuraduría General de la República estima que la acción de inconstitucionalidad no se trata típicamente de una omisión reglamentaria, pues el Decreto Ejecutivo N°43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT es una norma válida, cuyo vicio reclamado no es su falta de emisión, sino la falta de publicación que, como se indica, constituye un tema de eficacia de la norma. No se reclama en este caso una omisión normativa, sino más bien, una omisión material ligada a la falta de publicación de la norma reglamentaria como requisito de eficacia.

Además, el Decreto N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT no es producto de un mandato del legislador ni de la Constitución, sino que tiene como finalidad oficializar una política relacionada con la vivienda y con el ordenamiento territorial, por lo que no cumple con lo establecido por la Sala en las sentencias arriba citadas. Por tanto, no resulta de aplicación el inciso f), del artículo 73, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Finalmente, señala que aun en la eventualidad de que la Sala considere que la falta de publicación de un reglamento genera una omisión reglamentaria tutelable en sede constitucional, lo cierto es que, en este caso, se reclama la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como consecuencia de la omisión de la Imprenta Nacional de publicar la norma, lo cual eventualmente debería ser conocido en un recurso de amparo y no en la presente acción. En ese supuesto, no se está ante el artículo 73, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Estima que la acción debe rechazarse de plano, y en cuanto al fondo, omiten pronunciarse por cuanto no se trata de una norma impugnable al no haber desplegado efectos jurídicos por su falta de eficacia.

7.- Jéssica Martínez Porras, en su condición de Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, contesta la audiencia concedida, manifestando que se debe abordar la acción desde la génesis jurídica del acto administrativo denominado Decreto Ejecutivo. Transcribe el artículo 121.1, de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto indica que los “… actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general y acuerdo cuando sean concretos”. En ese sentido, transcribe el Dictamen Jurídico N° 082 del 24 de marzo de 2003 sobre el acto administrativo y los elementos que lo conforman. Ahora bien, específicamente refiriéndose al elemento subjetivo del acto, este encuentra su fundamento jurídico en el artículo 129, de la Ley General de la Administración Pública. En cuanto a los elementos objetivos hacen referencia al presupuesto de hecho, a la causa, al motivo, al contenido y al fin del acto administrativo que suscribe un jerarca en cumplimiento de sus facultades constitucionales. Se refiere a su vez al artículo 133.1, de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a la regulación del elemento objetivo que deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. De igual forma transcribe en numeral 133.2, de la citada Ley. Finalmente, en cuanto a los elementos formales del acto administrativo, nos encontramos frente a los elementos procedimentales y a la forma de manifestación del acto ante los administrados, realizada ésta comúnmente mediante publicación oficial en el Diario Oficial La Gaceta. Para el caso en cuestión, el Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT cumplió a cabalidad con los aspectos procedimentales indicados por la normativa jurídica costarricense, con excepción de la publicación, con la cual habría adquirido eficacia normativa y, consecuentemente, efectos jurídicos. Al darse un cambio en las autoridades de gobierno, es natural y normal -en una sociedad democrática- que las nuevas autoridades procuren orientar los esfuerzos institucionales conforme una visión propia de la planificación, gestión y ejecución de las políticas públicas. Así, en este caso, a criterio de la presente Administración, el referido decreto ejecutivo proponía un modelo de gestión que no era adecuado ni eficiente y, por ende, riñe con los objetivos y motivación necesarios para la promulgación del acto. Finalmente, cita el artículo 132, de la Ley General de la Administración Pública, en el que resalta que el contenido deberá ser lícito “posible, claro, preciso”.

Por otra parte, señala que el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos, desde el 2011 tiene la misión institucional, según la cual “emite y gestiona lineamientos, directrices y políticas en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana, asentamientos humanos y vivienda adecuada, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país”, ha realizado numerosos esfuerzos orientados a mejorar sustancialmente la atención integral de las necesidades poblacionales mediante la emisión de políticas públicas en esas materias. En ese cometido, se tienen tres políticas públicas que están vigentes: 1. Política y Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 – 2040 (PNOT-PLANOT) oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N° 37623- PLAN-MINAET-MIVAH de 27 de noviembre del 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 89 de 10 de mayo del 2013, es el resultado de un proceso liderado desde el 2011 por el MIVAH, con el aporte de las instituciones del sector de Ordenamiento Territorial y Vivienda. Es además, un instrumento de planificación estratégica para el direccionamiento, a largo plazo, de las acciones del Estado, a través de los diferentes Planes Nacionales de Desarrollo (PND), cuya finalidad es alcanzar una serie de objetivos identificados como comunes y que constituyen un proyecto país. 2. Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013-2030 y su Plan de Acción, oficializada mediante Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013-2030 y su Plan de Acción, oficializados mediante Decreto Ejecutivo No. 38209-PLAN-MIVAH de 07 de marzo de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 07 de marzo del 2014, la cual pretende impulsar la vivienda adecuada y polifuncional; los asentamientos humanos que promuevan la integración, la cohesión social y la congruencia con su entorno natural y un hábitat participativo, inclusivo y sustentable, con especial interés en la población en condiciones de pobreza, riesgo, vulnerabilidad y exclusión social. 3. Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030 y su Plan de Acción 2018-2022. De más reciente data, el MIVAH oficializó la Política Nacional de Desarrollo Urbano mediante Decreto Ejecutivo N° 41136-MIVAH-PLAN-MINAE-MOPT de 10 de abril del 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 de 08 de junio del 2018, con la que pretende promover el ordenamiento de las ciudades a través de un enfoque de desarrollo urbano sostenible, impulsando la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y el aumento de la eficacia y productividad de las ciudades, como entidades colectivas que son decisivas para aumentar la competitividad económica y social de Costa Rica. Todo de cara a los retos que enfrenta el país para cumplir con la Agenda 2030 y los ODS y la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III. La PNDU tiene cinco ejes temáticos que consisten en: Eje 1: Planificación urbana efectiva y eficiente Eje 2: Movilidad y transporte como estructurantes de la ciudad Eje 3: Acceso universal a los servicios públicos y recreativos Eje 4: Gobernanza en la administración de ciudades Eje 5: Educación y participación para vivir en ciudades. Cada eje cuenta con sus lineamientos, acciones estratégicas, acciones específicas y lineamientos técnicos tendientes a alcanzar el objetivo y resultado esperado en cada caso.

Alega que se hizo un trabajo interinstitucional de la Rectoría de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos (ROTAH), amparada al Decreto Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN de 20 de junio de 2018, con el que se hizo un diagnóstico y se concluyó en la necesidad de realizar una integración de las mencionadas políticas. En el informe se transcriben los considerandos XI que establece: “Que el contenido programático de las políticas está interrelacionado, pues existe una relación de escala y múltiples sinergias entre sus temáticas. Sin embargo, también existen duplicidades y fragmentaciones entre sus objetivos, lineamientos y acciones estratégicas que ocasiona dispersión de esfuerzos y falta de claridad. Adicionalmente, cada una de esas políticas se gestiona mediante sistemas de control y seguimiento independientes, lo cual dificulta su ejecución y repercute en su nivel de cumplimiento”, y XVIII que dice: “la Política Nacional del Habitat se basa en una visión integradora, en la cual el desarrollo de asentamientos humanos seguros, resilientes e inclusivos está estrechamente vinculado con el desarrollo de ciudades y zonas rurales, pero en general, con la planificación del territorio continental y marino”, con lo que se concluye que se puede interpretar que la integración de tres políticas existentes no configura, en ese acto administrativo, una innovación para tutelar derechos de los administrados, sino que se configura en un reglamento para la mejor orientación de gestiones de la administración pública con el objetivo de procurar que programáticamente se trabaje de manera más efectiva e integral. Por todo lo anterior, en tanto las políticas antes mencionadas siguen vigentes, no se podría argüir que la falta de publicación del Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT implica una vulneración de derechos difusos por haber causado un vacío legal que tenga como consecuencia la desprotección y falta de garantía de derechos de personas, grupos y comunidades, en relación con temas de ordenamiento territorial, planificación urbana y atención de necesidades ambientales y de vivienda. Lo que se pretendía era unificar y mejorar los alcances de estos instrumentos, pero nunca suplir la ausencia de políticas públicas respecto de obligaciones estatales que pudieran estar sin atención. No solucionan un vacío legal. El Estado, a través del Poder Ejecutivo, lleva a cabo diversas funciones administrativas y una de ellas es precisamente la ejecución de los fines estatales. Una de las formas de exteriorizar esa función es a través del decreto ejecutivo, que lo que hace es actualizar la parte que le corresponde a un Poder del Estado, en este caso el Ejecutivo. Por lo que podría afirmarse que, cada vez que el Poder Ejecutivo emite una manifestación de voluntad mediante un decreto ejecutivo, lo que está haciendo en sentido práctico es actualizando esa función administrativa que dentro de la cuota de poder del Estado le es atribuida. Pero el Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-HIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, como acto administrativo general, según el artículo 120, inciso 1), de la Ley General de la Administración Pública, esta Administración considera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 128, 129, y 130, de la Ley General de la Administración Pública, el mismo reunía los requisitos de conformidad sustancial con el ordenamiento jurídico, fue dictado por el órgano competente y se expresa como una manifestación de voluntad del Poder Ejecutivo representado en la Administración saliente. Se encuentra, no obstante, que esa expresión y manifestación de la voluntad no resulta cierta y eficaz cuando en el caso concreto se recibe para su publicación, por parte de la Administración entrante, una norma como la indicada, a efecto de dar cabal cumplimiento al requisito de eficacia que es su publicación, en los términos del artículo 240, inciso 1), de la Ley General de la Administración Pública. Estando a las puertas de iniciar una nueva Administración que se encuentra imbuida de cambios, modificaciones y adaptaciones en cuanto a los fines y cometidos públicos, se omitió publicar el decreto ejecutivo en plena conformidad con la potestad que le asiste a la Administración de establecer la voluntad política y programática que conlleva por esencia la emisión u oficialización de una política pública. Si bien es cierto la publicación de un decreto es el requisito esencial para la eficacia del acto, ello cae dentro de la potestad de ejecución de los actos administrativos que asiste a la Administración en los términos del artículo 147, de la Ley General de la Administración Pública. Tal potestad debe entenderse en el contexto de una Administración entrante, producto de un cambio de mando de Gobierno, que debe tener la capacidad de bastantear la dotación de eficacia que le dará a un decreto que formalmente reúne los requisitos de validez, pero que por el cambio de mando operado, se considera inconveniente. Deviene en imperativo que, al ejercer esa potestad de ejecución de los actos y actualización de la función administrativa que le asiste al Poder Ejecutivo, identificado a través de la Administración entrante, ésta tenga la oportunidad de valorar los elementos objetivos sustanciales en cuanto al motivo, contenido y fin, más aún porque ésta no participó directamente en su construcción. A la actual Administración, la entrante, se le acusa de omisa porque simplemente mantuvo dicho Decreto en valoración, en cuyo caso no se podría alegar una simple omisión por la omisión misma, para demandar la exigencia sin absolutos de publicar la norma per se, como pareciera desprenderse de los agravios alegados que motivan la acción por la alegada omisión señalada. Por lo expuesto, la falta de eficacia que se acusa, por omisión de publicación de la norma en cuestión, está supeditada a la actualización de los fines de la Administración, a la luz de lo establecido en los numerales 140, incisos 3), y 8), de la Constitución Política. Se alega es razonable el período de valoración sobre la pertinencia de publicar el Decreto, entre la fecha del cambio de gobierno y la fecha del oficio N° MIVAH-DMVAH-0500-2022, pues transcurrieron tan solo tres meses y una semana. El plazo es razonable frente a un cambio de Gobierno, por el análisis y complejidad de adoptar e implementar una determinada política, como recursos suficientes para su implementación, lo que conlleva ponderar la necesidad inmediata de la publicación y sopesar la adaptación de la norma a la realidad actual del Sector Vivienda, Hábitat y Territorio. El Sector creado por el Decreto Ejecutivo N° 43580-MP-PLAN de 1 de junio de 2022, denominado “Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo”, cuya rectoría está en el jerarca del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, y cuya novedad es agrupar bajo “Sectores Estratégicos Gubernamentales” la integración y una mejor coordinación del trabajo que realizan las instituciones públicas, de forma tal que se direccione adecuadamente hacia el logro de grandes objetivos comunes. La nueva Administración busca lograr la unidad y cohesión del trabajo que desempeñan dos instituciones más como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) que son eje de acciones un tanto más complejas y que generan un giro de actuación diverso en la estructuración de las políticas que emita la Administración teniendo como premisa la unidad y fusión de las tres instituciones. Al momento actual se trata de tres políticas, con planteamiento disímiles y que al momento actual no se ha ejecutado del todo, y debe estar la que se emita en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. La omisión que se acusa carece de relevancia pues se trata de una norma que demanda realizar, por parte de la Administración entrante, un análisis objetivo y de valoración previa para su emisión, dentro del ámbito de la razonabilidad técnica que a la Administración productora de una norma general le asiste como potestad para establecer aspectos críticos y de gestión dentro de ese análisis que le permitan establecer ámbitos de discriminación de aplicación y ejecución de la norma, en la forma y contenido actual para que esta se adecué a los objetivos, contexto, realidad actual, necesidades y definición de los planteamientos generales de la institución. Ciertamente, una omisión de no regular la materia que nos ocupa, no necesariamente produce una lesión de derecho o suscita cuestión exigible ante la jurisdicción constitucional. Solamente sería revisable por esa jurisdicción la omisión que resulte del todo verificablemente absoluta, en el sentido de que se estuviese abandonando por parte de la Administración la potestad y obligación de regular en tal sentido, al punto de dejar al país y a la población en general del todo sin una política pública. En la omisión acusada no se está dando ese tipo de quebranto mayor y que conlleve a la plena ineficacia y haga nugatoria la política de Estado en esta materia. El desafío actual es armonizar tres políticas públicas, y ello no es óbice para que la Administración trabaje en una versión adecuada.

La presente Administración encontró aspectos de fondo que resultan débiles para la promulgación de una política pública que sustituye otras tres políticas vigentes que ya regulan los temas de fondo. En este orden de ideas, este Despacho Ministerial, mediante el oficio N° MIVAH-DMVAH-0500-2022 de 19 de agosto de 2022, expuso a la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, las razones técnicas que justifican la no publicación del referido Decreto Ejecutivo, reconociendo la labor de construcción de la Política Nacional del Hábitat, y coincidiendo en la visión de fondo y en la sección programática con la propuesta por la anterior Administración. Sin embargo, el motivo de dicho Decreto dista mucho de la visión de emisión de políticas públicas de la actual Administración, de gestión responsable de los recursos público, y las competencias del MIVAH, se consideró que no resolvería los temas medulares de la gestión del desarrollo urbano, y porque promovía una gestión burocrático y poco efectivo. Respecto de los intereses difusos y los derechos que alega la accionante La accionante no argumentó, siquiera mínimamente, cómo, en qué medida y con qué alcances, el referido Decreto habría sido una forma de implementación o acatamiento de obligaciones internacionales del Estado. Además de una transcripción de teoría sobre los derechos, la accionante tampoco desarrolló en qué categoría de obligaciones se ubicaría la emisión del Decreto, lo cual impide realizar una evaluación seria para determinar si hay algún tipo de vulneración de derechos humanos por su emisión o por su falta de publicación. Es falaz plantear que el Decreto no publicado constituía una solución para los problemas ambientales y de vivienda que afectan al país. El instrumento es, como también lo es el nuevo instrumento de Política Nacional del Hábitat que actualmente tiene el Gobierno abierto en consulta, así como las tres políticas públicas vigentes, una forma de avanzar programáticamente en la más amplia y mayor protección de los derechos a la vivienda y a un ambiente sano, entre otros derechos más. Pero no cabe alegar que su falta de entrada en vigor ocasionara una violación de derechos humanos, tanto porque ya existen normas que regulan las mismas materias como porque existen instituciones como el MIVAH que las utilizan y aplican para procurar la garantía de esos derechos. Se reitera que, en tanto las tres políticas mencionadas siguen vigentes, no cabe argumentar que la omisión de publicación del Decreto Ejecutivo ocasionara un vacío legal que tuviese como consecuencia la desprotección y falta de garantía de derechos de las personas, grupos y comunidades, en relación con temas de ordenamiento territorial, planificación urbana y atención de necesidades ambientales y de vivienda. El referido Decreto, que no entró en vigor, lo que pretendía era unificar y mejorar los alcances de estos instrumentos, lo cual también procura hacer la actual Administración mediante el nuevo instrumento abierto a consulta, pero nunca suplir la ausencia de políticas públicas respecto de obligaciones estatales que pudieran estar desatendidas. Es decir, tal Decreto no habría solucionado un vacío legal, pues éste no existe. Es imposible considerar que el hecho de que no entrara en vigor hubiese generado afectación alguna a los derechos a la vivienda o a un medio ambiente sano. Consecuentemente, tampoco cabe considerar la afectación de intereses difusos y colectivos, con lo cual la accionante no ha sustentado mínimamente su legitimación activa para plantear esta acción de inconstitucionalidad. Solicita rechazar la acción y declararla sin lugar.

8.- Jorge Luis Torres Carrillo, en su condición de Ministro de Gobernación y Policía, contesta la audiencia concedida para informar sobre las actuaciones realizadas a lo interno del Ministerio a su cargo, así como de la Imprenta Nacional. Que de lo indicado por la misma accionante fue el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos el que “envió la PNH para su publicación, mediante la orden de compra # 1680-173079, emitida por la Proveeduría Nacional, a la Imprenta Nacional. Esta le asignó a la política el número 2022-643181 para su publicación”. Que el Director de Producción de la Imprenta Nacional, indica que fue el mismo ministerio que requirió la publicación quien a través de su Viceministro e instruido por la Sra. Jessica Martínez Porras, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos que indicaron “poner en “pausa la impresión de los siguientes decretos” (sic). Incluido el que se me consulta.” (es decir el N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, ver oficio DP 146 – 2022). Que por las siglas que se utilizan en el decreto ejecutivo ( N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT) su Cartera no se constituyó como Poder Ejecutivo en calidad de Ministerio del Ramo, que son lo que deben realizar las acciones para la publicación de un pretendido decreto ejecutivo, que como en el caso que nos ocupa y de acuerdo a la accionante fue el MIVAH quien envió a publicar, pero que de la misma forma fueron los que le indicaron “poner en pausa la impresión” de la propuesta. Así las cosas de lo indicado se infiere que no fue esta cartera ni su adscrita, la Imprenta Nacional quienes detuvieron o no publicaron por decisión propia dicho decreto. Que en ese orden de ideas y como comprenderá la honorable Sala, no podría esta Cartera referirse al fondo de esta pretendida acción de inconstitucionalidad, ni emitir criterio al no constituirse en cartera del ramo del poder ejecutivo quien realizó la propuesta y quienes serían los que remiten a publicar y que además de acuerdo a lo indicado por la Imprenta Nacional no se tendría la certeza de los motivos por los cuales el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH “puso en pausa la impresión del decreto” y que es esta acción la que ataca la accionante donde se vuelve a reiterar no fue esta Cartera con su adscrita Imprenta Nacional la que ordenó dicha acción.

9.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 81, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fueron publicados en los números 211, 212 y 213 del Boletín Judicial, de los días 08, 09 y 10 de noviembre de 2022.

10.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10, y 85, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

11.- Por resolución de las 11:12 horas del 19 de diciembre de 2022, la Presidencia de la Sala tuvo por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos y al Ministro de Gobernación y Policía. En el mismo acto procesal, se tiene por no contestada la audiencia conferida en la misma resolución al Ministro de Ambiente y Energía, en virtud de que no consta en el Sistema de Gestión registro de documento alguno presentado por esa parte a fin de contestar la audiencia otorgada. Igualmente, el presente asunto fue remitido a la oficina del Magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, a quien por turno corresponde el estudio de fondo de la misma.

12.- Por escrito presentado a las 13:09 horas del 15 de agosto de 2022, la accionante [Nombre62 001] solicitó a la Sala el pronto despacho de la acción de inconstitucionalidad.

13.- Por resolución interlocutoria 2023-021441 de las 11:45 horas del 30 de agosto de 2023, la Sala resolvió que no existe tardanza excesiva e irregular en el caso que nos ocupa.

14.- Por escrito presentado a las 14:25 horas del 28 de septiembre de 2023, bajo el oficio N° MIVAH-DMVAH-0616-2023 del 26 de septiembre de 2023, Ángela Mata Montero, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, informa que el pasado 14 de setiembre, en el Diario Oficial La Gaceta N° 169, se publica el Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT. Asimismo, se adjunta la respectiva documentación.

15.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- Sobre la admisibilidad. El artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo; es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa, cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. Dispone el texto en cuestión, que procede cuando "por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa". En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la Sentencia N° 1993-3750 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993:

"…Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como: el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés que atañe a todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda, de ninguna manera, llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales.

II.- La legitimación en el caso bajo estudio.

De conformidad con la resolución de la Presidencia, que admitió la acción, lo hizo con fundamento en que la accionante deriva su derecho de accionar en la existencia de intereses difusos. En este sentido, el alegato se circunscribe a la protección contra posibles violaciones a los derechos a la vivienda y al ambiente sano, ambos por considerar que hay una omisión inconstitucional en la publicación del Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Oficialización de la Política Nacional de Hábitat y creación del Sistema Nacional del Hábitat, piedra angular de una categoría de derechos económicos, sociales y culturales, los cuales intrínsecamente y por su naturaleza, son intereses generales y afectan intereses difusos. En sentido, estima la Sala que la normativa que se impulsó con anterioridad, se justificó en que tenía como objetivo eliminar duplicidades y fragmentaciones de las tres políticas diferentes vigentes en el país, sobre el ordenamiento territorial, la vivienda y asentamientos humanos, y desarrollo urbano, que se debían integrar, lo que sin duda, permite operar en favor de la armonía los derechos de tercera y cuarta generación, y la armonía y avance del medio ambiente urbano y natural. De ahí la necesidad de confirmar la legitimación dada y conocer de la acción de inconstitucionalidad, como en efecto se hace.

III.- El objeto de la acción.

El objeto del proceso radica en establecer si la orden de pausar la publicación del Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Oficialización de la Política Nacional de Hábitat, creación del Sistema Nacional del Hábitat, se constituye en una omisión inconstitucional. Entonces, la acción tiene como fin que: “se ordene a todos los recurridos la inmediata publicación de la Política Nacional del Hábitat, decreto 43467 y abstenerse en el futuro de tal práctica antidemocrática e inconstitucional”; “solicita ordenar abstenerse a los recurridos, hacer cambio alguno en la norma existente, sin antes involucrar al resto de actores y actrices involucrados en ambos procesos, y reconocer la normativa legal existente para el nacimiento y derogación de las normas nacionales (…) solicito que se condene a los recurridos al pago de las costas de esta acción”. En consecuencia, el interés primordial de la accionante es la finalización de la promulgación del Decreto Ejecutivo adoptado por el Presidente de la República y sus respectivos Ministros de Gobierno, porque ello ha sido omitido. En este sentido, se constató que dicha normativa fue firmada por la anterior Administración del Presidente Carlos Alvarado Quesada, y el gabinete correspondiente a las instituciones involucradas y competentes. Sin embargo, al pausarse la impresión en la Imprenta Nacional se impugna esta omisión, porque le resta la eficacia como normativa debidamente aprobada y sancionada por el Presidente de la República.

IV.- Sobre la inconstitucionalidad de la Potestad Reglamentaria y por la omisión de publicación. Esta Sala se ha pronunciado sobre la omisión inconstitucional del Poder Ejecutivo, que se produce cuando se ha negado a reglamentar total o parcialmente un mandato expreso del legislador o norma de rango constitucional. Como lo señala la Procuraduría General de la República, en la jurisprudencia más reciente lo ha establecido en las Sentencias N° 2019-022006 de las 09:45 horas del 08 de noviembre de 2019 y N° 2021-017318 de las 9:15 horas del 6 de agosto de 2021, con los supuestos en que ello procede. Para una mejor comprensión de sus alcances, se transcribe la última decisión, en cuanto estableció que:

“Este Tribunal, mediante la sentencia No. 2019022006 de las 09:45 horas del 08 de noviembre de 2019, en un caso que versa sobre este mismo tema, determinó que:

"…El artículo 49, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, permite analizar por la vía del amparo la omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar o hacer cumplir lo dispuesto por una norma, cuando dicha inactividad guarde relación con la tutela de un derecho fundamental. Este Tribunal ha tenido la oportunidad de referirse al tema en cuestión en diversas oportunidades, señalando lo siguiente:

V.- De lo expuesto queda claro que la falta de una reglamentación comprensiva obedece a que el Poder Ejecutivo siguió una conducta distinta a la mandada por el legislador, y prefirió reglamentar parcialmente o proponer nueva legislación con el fin de satisfacer parecidos propósitos a los de la Ley No. 6955 de repetida cita. Y, por ahí, la disyuntiva es si hay un cumplimiento distinto al previsto, pero cumplimiento al fin, o si por el contrario el incumplimiento se mantiene a pesar de los decretos e iniciativas de ley que se indican como excusa para no haber actuado conforme al mandato concreto del legislador. En opinión de esta Sala, el Poder Ejecutivo ha sido omiso y esa omisión entraña una violación a sus deberes constitucionalmente señalados. Por una parte, el artículo 11 constitucional ha sido violado en el tanto en que en él se consagra el deber de legalidad de la administración pública y por virtud de su texto el Poder Ejecutivo no puede negarse a cumplir un mandato contenido en una ley debidamente promulgada, ya que si no estaba de acuerdo con su texto, pudo ejercer el veto que le reserva la misma Constitución Política como una atribución propia y específica al caso en estudio. Además, al asumir funciones, y obligarse a cumplir las leyes, por el juramento Constitucional (artículo 194) el Presidente de la República y el Ministro respectivo no pueden, posteriormente, bajo argumentos de ninguna especie, desaplicarlas sin que haya posibilidad de enmienda, lo que se prevé en la actual Ley de la Jurisdicción Constitucional, con la acción de inconstitucionalidad.

Por las omisiones base de este proceso, asimismo, existe una infracción a lo dispuesto por el inciso 3) del artículo 140 de la Constitución. Política, pues el Poder Ejecutivo en forma indebida se negó a reglamentar la ley No. 6955 en su totalidad. En cuanto a la integración de comisiones evaluadoras sobre objetivos, programas y gastos de las entidades y empresas a que aquélla se refiere debe señalarse la violación de esta misma norma, la cual consagra el deber del Poder Ejecutivo de "velar" porque las leyes tengan "exacto cumplimiento". Ahora bien, el Ejecutivo debe velar por ello cuando las leyes imponen obligaciones o normas de conducta a terceros, más cuando esas obligaciones legales se dirigen al mismo gobierno, la norma de comentario debe entenderse en el sentido de que éste está obligado a "darle" a las leyes exacto cumplimiento. Es natural, dentro de un sistema jurídico en el que existe un dominio (material) casi ilimitado para la ley, que el Poder Ejecutivo quede obligado por la norma legal a hacer o dejar de hacer algo que se considera conveniente o necesario para la mejor orientación de la vida social, o para la eficiencia del aparato estatal, y por ello, la Sala concluye que en lo que se refiere al artículo 37 de la Ley No. 6955, que impone al Poder Ejecutivo la obligación de crear comisiones evaluadoras del gasto público en las distintas entidades y empresas públicas, desde que tal mandato no ha sido cumplido, hay una omisión de carácter constitucional que encuadra dentro de los supuestos del artículo 73 inciso f) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Otro tanto debe decirse de la violación del inciso 20) del artículo 140 de nuestra Ley Fundamental. Aun aceptando que la ley no es la panacea para la solución de los problemas sociales, la Ley está vigente y quien primero debe dar ejemplo de fiel acatamiento a ella es el Poder Ejecutivo, en este caso sujeto directamente obligado por la norma.

Los resultados que deben darse por virtud de esta sentencia no pueden garantizarse, dada la esencia misma de lo jurídico. Sin embargo, si el legislador creyó necesario emitir una ley de esas características, no es posible aplicarla con limitaciones o desaplicarla parcialmente, sin que exista una violación constitucional." (Sentencia número 1463-90 de las 14:30 del 30 de octubre de 1990).

"En el presente asunto, los recurrentes cuestionan la omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la Ley de Pesca y Acuicultura, la cual fue publicada en la Gaceta 78 del veinticinco de abril de dos mil cinco. Sobre el particular, debe mencionarse que el artículo 175 de la norma de cita establece que el Poder Ejecutivo debía emitir el reglamento respectivo para dicha ley, dentro del plazo de noventa días a partir de su publicación, no obstante del informe rendido por las propias autoridades recurridas se desprende que a la fecha no se procedido a cumplir con lo dispuesto por dicho ordinal. A criterio de este Tribunal la inactividad del Poder Ejecutivo constituye una clara violación de los recurridos a lo dispuesto por el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política, omisión que es susceptible de ser conocida por vía del amparo, al estar en peligro el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado debido a la falta de emisión del reglamento antes mencionado. Lo anterior, por cuanto la norma que se echa de menos debe regular una serie de puntos relacionados con la pesca y la explotación adecuada de los recursos marítimos, conforme lo dispone la propia Ley 8436, tales como: a) la garantía económica que deberán rendir las entidades y empresas nacionales o extranjeras a las que se otorgue permiso de pesca con fines exploratorios -artículo 18-; b)las especies de tiburón carentes de valor comercial y el aprovechamiento que se dará a éstas para otros fines de la actividad pesquera -artículo 40-; c) el tamaño y pesos proporcionales de cada especie de camarón por capturar -artículo 45-; d) los requisitos de sustitución, construcción e importación de las embarcaciones palangreras, así como las dimensiones y los sistemas o artes de pesca -artículo 62-; e) el trámite que debe seguir el titular de un proyecto acuícola, desee introducir una o más especies diferentes de las concedidas inicialmente, ampliar o modificar el área que le fuera autorizada -artículo 85-; f) los lineamientos que debe seguir cualquier actividad de cultivo y manejo, independientemente del nivel y estadio de desarrollo de especies de flora y fauna acuáticas, para fines productivos o de investigación por parte de instituciones públicas o privadas -artículo 89-; g) los requisitos y las condiciones de traslado de especies acuáticas, nativas o exóticas, de un cuerpo de agua a otro del país - artículo 97- ; h) los requisitos y las condiciones necesarios que deberán cumplir los patrones de pesca o capitán de la embarcación pesquera.-artículo 118-; i) los requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones portuarias y marinas utilizadas para el desembarco y la limpieza de las capturas. Los aspectos mencionados anteriormente, sin lugar a dudas guardan una íntima relación con la explotación y aprovechamiento sostenible de los recursos marítimos del país, de ahí que la falta de reglamentación adecuada de los mismos, sin duda alguna conlleva a poner en peligro los ecosistemas marinos y el medio ambiente en general, situación que puede generar repercusiones para la población de Costa Rica con el tiempo. Por otra parte, y sin demérito de lo anterior, conviene agregar que al estar de por medio el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, las autoridades recurridas se encuentran en la obligación de garantizar la participación ciudadana en la elaboración del reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura, pues ello es un derecho que es inherente a los habitantes del país, en razón de lo dispuesto por el propio constituyente, tal y como se indicó en el considerando V de esta sentencia. (Sentencia número 2009-8065 de las 21:38 del 13 de mayo de 2009).

IV.- En el caso en estudio, el recurrente acusa que la autoridad recurrida no ha procedido a emitir el reglamento previsto por el Transitorio I, del Capítulo VIII, de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística No. Placa5095, el cual establece lo siguiente:

"TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a seis meses de entrar en vigencia la presente ley, reglamentará las características técnicas de los distintos tipos de ciclovías y demás infraestructura prevista en esta ley".

V.- Ahora bien, luego de analizar los elementos aportados a los autos, estima este Tribunal que el accionante lleva razón en su reclamo, pues pese a que el numeral mencionado es claro en señalar la obligación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de reglamentar las características técnicas de los distintos tipos de ciclovías y demás infraestructura prevista por la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, a la fecha, esa normativa no ha sido emitida, pese a que han transcurrido más de 6 meses del plazo otorgado para su promulgación. Nótese que, según ha quedado demostrado, lo que existe es un borrador del reglamento, al cual la Asesoría Jurídica del MOPT le hizo una serie observaciones e incluso recomendó hacer el proceso de audiencia establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, pues se afectan a entidades descentralizadas. Dicha omisión resulta contraria a los derechos del tutelado, en el tanto no le permite contar con una norma que regule aspectos relativos a su seguridad, y que resulte acorde con la actual normativa de tránsito. En ese sentido, se reitera que existe una doble vinculación del Poder Ejecutivo, por un lado a la ley y por otro a la Constitución. Por ello, es evidente que la Administración no cuenta con discrecionalidad alguna para excusarse de reglamentar una ley si así ha sido ordenado por el Legislador o por el Constituyente, teniendo en cuenta, asimismo, los alcances del principio de legalidad. Cabe mencionar que el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política establece el deber del Poder Ejecutivo de sancionar, promulgar y reglamentar las leyes. Por ese motivo, este precepto resulta vulnerado si el Poder Ejecutivo soslaya su obligación de reglamentar las leyes, aún cuando no se afecta otra norma constitucional. Es decir, en todos los casos en que exista una omisión reglamentaria, el Poder Ejecutivo lesiona al menos el inciso 3) del artículo 140, eso sin contar la posible vulneración a cualquier otra norma que reconozca un derecho y que se vea afectada por esa omisión; en tales casos, dicha omisión es susceptible de control por la vía del recurso de amparo si esa inactividad está vinculada al disfrute de un derecho fundamental; de no ser así, siempre se puede efectuar el control por la vía de la acción de inconstitucionalidad por omisión. Lo anterior evidencia que el Poder Ejecutivo no cuenta con ningún grado de discrecionalidad en los casos en que la Constitución o la ley le establecen una obligación de reglamentar. De ahí que, además, resulte inaceptable el argumento del recurrido de que ante la vigencia de la Ley de previa cita, al recurrente no se le impide el uso de la bicicleta ni de las ciclovías existentes. En virtud de lo expuesto, para esta Sala el Poder Ejecutivo ha sido omiso y esa omisión entraña una violación a sus deberes constitucionalmente señalados. Aunado a la eventual amenaza a los derechos fundamentales del recurrente. Bajo esa tesitura, se considera de mérito la tutela de su reclamo.

VI.- Conclusión. Consecuentemente, lo procedente es declarar con lugar el recurso, no sin antes ordenar al Poder Ejecutivo, en los términos del párrafo segundo, del artículo 49, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dentro del plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, dicte la reglamentación correspondiente.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Rodolfo Méndez Mata, en su condición de ministro de Obras Públicas y Transportes, o a quien ocupe su cargo, que dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a emitir el reglamento relativo a las características técnicas que deben cumplir los distintos tipos de ciclovías y demás infraestructura prevista en la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística No. 9660, conforme lo dispuesto por el Transitorio I, del Capítulo VIII, de ese cuerpo legal. Se advierte al recurrido, o a quien ocupe su cargo, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Rodolfo Méndez Mata o a quien en su lugar ocupe el cargo de ministro de Obras Públicas y Transportes, en forma personal…".

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

En el sublite, el recurrente acusa la omisión del Poder Ejecutivo en cumplir lo dispuesto en el Transitorio III del Capítulo VIII de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística No. 9660, que estableció el deber de reglamentar las características técnicas de los distintos tipos de ciclovías y demás infraestructura prevista en dicha ley, a pesar de que ya se vencieron los seis meses otorgados para tal fin. Lo mismo acusa en cuanto a los decretos No. 42111-MOPT-H-MEP y el decreto No. 42111-MOPT-H-MEP Manifiesta que dicha demora pone en riesgo su derecho a la vida e integridad física, pues utiliza la bicicleta a diario.

Al respecto, luego de analizar los elementos aportados a los autos, estima este Tribunal que el accionante lleva razón en su reclamo, pues pese a que el numeral mencionado es claro en señalar la obligación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de reglamentar las características técnicas de los distintos tipos de ciclovías y demás infraestructura, dicho reglamento aún no se ha promulgado, esta Sala observa que a pesar de las acciones por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte tendentes a promulgar el reglamento que se extraña, el mismo no ha sido promulgado.

Por otra parte, tal como se indicó en el voto No. 2019022006 de las 09:45 horas del 08 de noviembre de 2019 transcrito en forma parcial en el considerando III de esta sentencia, se evidencia que el Poder Ejecutivo no cuenta con ningún grado de discrecionalidad en los casos en que la Constitución o la ley le establecen una obligación de reglamentar. En virtud de lo expuesto, no habiendo razones para cambiar de criterio, estima esta Sala que, el Poder Ejecutivo ha sido omiso y esa omisión entraña una violación a sus deberes constitucionalmente señalados. Aunado a la eventual amenaza a los derechos fundamentales del recurrente. En mérito de lo expuesto, se debe declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia”.

De este modo, la decisión reciente transcrita establece, en primer lugar, la atribución refleja del Poder Ejecutivo cuando haya recibido instrucciones del legislador o del constituyente para que ajuste e interprete la normativa de una determinada manera. De los incisos 3), 18), y 20), del artículo 140, de la Constitución Política, se deriva la potestad del Poder Ejecutivo de promulgar disposiciones de carácter general, sea para reglamentar en forma total o parcial nueva legislación que promulga el legislador, o para “contribuir a la formación del ordenamiento jurídico, mediante la creación de normas escritas (artículo 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política). La particularidad del reglamento es precisamente el ser una norma secundaria y complementaria, a la vez, de la ley cuya esencia es su carácter soberano (sólo limitada por la propia Constitución), en la creación del Derecho. Como bien lo resalta la más calificada doctrina del Derecho Administrativo, la sumisión del reglamento a la ley es absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los ámbitos que la ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir a la ley produciendo un determinado efecto no querido por el legislador o regular un cierto contenido no contemplado en la norma que se reglamenta (…)”, lo anterior según Sentencia N° 1993-000243 de las 15:45 horas del 19 de enero de 1993. Es así claro, que el Poder Ejecutivo, en su relación con las leyes y la Constitución Política, es absoluta. Pero también, apegado al principio de legalidad, es posible que el Poder Ejecutivo pueda hacer uso del poder reglamentario para ajustar el ordenamiento jurídico, en aquella labor de formación del ordenamiento jurídico, para hacerlo razonablemente de forma implícita, sin poder en modo alguno invadir el ámbito exclusivamente reservado al legislador.

Ahora bien, la petición de la accionante radica en la falta de publicación del Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Oficialización de la Política Nacional de Hábitat y creación del Sistema Nacional del Hábitat, lo que se alega que no se ha hecho en la acción. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos argumenta que con el cambio de Gobierno, el Poder Ejecutivo tuvo un nuevo mandato, y que la normativa fue sometida al análisis para continuar con la promulgación del Decreto Ejecutivo, razón por la cual por oficio MIVAH-DMVAH-0500-2022 se puso en pausa su publicación cuando habían transcurrido tan solo tres meses y una semana desde que asumió el nuevo gobierno. Además, se argumenta que la falta de publicación no estaría solucionando un vacío normativo, toda vez que al existir las tres políticas previamente aprobadas y publicadas no existe tal vacío inconstitucional. Se argumenta que no se produce la desprotección y falta de garantía de derechos de las personas, grupos y comunidades, en relación con temas de ordenamiento territorial, planificación urbana y atención de necesidades ambientales y de vivienda. Que si bien, el Decreto Ejecutivo que se echa de menos fue gestado después de una revisión interinstitucional de la Rectoría de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos (ROTAH), que concluyó en unificar y mejorar los alcances de los tres instrumentos, no se trató de suplir la ausencia de políticas públicas relacionadas a las obligaciones estatales, porque no fueron atendidas. Sin embargo, del análisis que se hizo, se consideró que se generaba un modelo de gestión inadecuado e ineficiente -entre otras razones- al crear comités, un Secretario Técnico y una instancia consultora, además, porque se estaba considerando la unificación y cohesión del trabajo de dos instituciones del sector Vivienda (Instituto Nacionales de Vivienda y Urbanismo, y el Banco Hipotecario de la Vivienda), para eliminar duplicidades institucionales. Para ello, se continuaría con la evaluación y rediseño del modelo de gestión de la Política Nacional del Hábitat.

Por otra parte, la Procuraduría General de la República hace manifiesto que la ausencia de la reglamentación no estaría implicando una lesión a un mandato concreto del legislador o de una norma constitucional, porque no se está ante una omisión reglamentaria, en el sentido que el Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT es válida como norma, pero no es eficaz, de modo que el vicio que se reclama no es su falta de emisión, sino publicación.

Para esta Sala es cierto que el Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT toma en cuenta para su promulgación los aspectos operativos de la Política Nacional del Hábitat y Creación del Sistema Nacional del Hábitat, como estaría reconocido en el considerando XVI, por cuanto la Contraloría General de la República había detectado que: “… la capacidad de los gobiernos locales del GAM para llevar a cabo individual y articuladamente la planificación urbana y el ordenamiento territorial, determinó que existen dificultades para la coordinación entre los gobiernos locales y las instituciones por “la existencia de dependencias internas con las que se coordina en las instituciones que no tienen poder de decisión, poca accesibilidad a las instituciones, falta de apertura al diálogo, se generan proyectos de forma aislada sin comunicar los que pueden impactar al cantón, demasiadas dependencias internas y plazos de respuesta amplios”. Problemas que podrían solventarse con la creación de instancias de coordinación interinstitucional”.

También es cierto que se podría pensar que el Decreto Ejecutivo que se echa de menos viene a establecer una mejoría normativa, pero en los términos expuestos de la potestad reglamentaria no evidencia una lesión grave o gravísima, en principio porque no hay una desmejora para los derechos fundamentales, para el derecho a la vivienda y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, producido por la falta de vigencia de políticas, las que ya existen -aunque dispersas- y ya se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico. En este sentido, tampoco habría una infracción por omisión al inciso 3), del artículo 140, de la Constitución Política. El reclamo es precisamente que, al no publicarse un decreto válidamente firmado por el Poder Ejecutivo, las mejoras y beneficios normativos no se estarían materializando. Ciertamente, esa mejoría podría afirmarse se traduce en la esperada mejora operativa interinstitucional, pero no se puede afirmar que la omisión en la publicación pudiera tener una afectación sobre esos derechos, alegados en abstracto y que no pueden constatarse en esta vía de la jurisdicción constitucional.

En este sentido, esta Sala no considera que se esté incurriendo en una omisión de un mandato normativo de publicación del Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, toda vez que no encuentra sustento dicha infracción en una norma o disposición concreta conteniendo un mandato expreso para su publicación, tanto del legislador, como del constituyente, o de las circunstancias que impliquen una infracción a los derechos fundamentales que deben ser atendidos inmediatamente, en un determinado momento por vacíos normativos (sustentados por ejemplo con el principio de necesidad, artículos 180, y 140.3 y 140.20, de la Constitución Política). En todo caso, esta Sala debe tomar en cuenta que el Decreto Ejecutivo, después de recibir su respectivo análisis y ponderación por parte del Poder Ejecutivo, fue informada de que finalmente se acordó y posteriormente se procedió a su publicación a La Gaceta N° 169 del 14 de setiembre de 2023, lo que se constató en el link: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/09/14/COMP_14_09_2023.pdf.

Además, la revisión de los términos de dicha normativa permite concluir que los reclamos de la accionante con esto se solventaron, pues estos se reducían a que se respetara el mismo instrumento jurídico reclamado, y que fuera publicado. En este sentido, la principal controversia jurídica por la cual la parte accionante acude a la Sala cesó con la mencionada publicación. También, resulta improcedente continuar con la tramitación de esta acción de inconstitucionalidad, dado que se constata que con la publicación del Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT este ya se encuentra vigente desde el 15 de setiembre pasado. Se insiste, que no se advierte que fuera modificado por el Poder Ejecutivo, además no corresponde el otorgamiento de las costas del proceso como se pide, al tomar en cuenta que las acciones de inconstitucionalidad no son procesos adversariales, y su reconocimiento no está regulada en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como sí lo está para la jurisdicción de la libertad.

En razón de todo lo expuesto, se declara sin lugar la acción.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.

La controversia jurídica constitucional versa sobre si hay una omisión constitucional que vulnera un derecho fundamental -a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado-. Este Tribunal, en una reiterada jurisprudencia, ha sostenido que la vulneración del Derecho a la Constitución -valores, principios y normas- puede originarse en una acción u omisión. En este último caso, ha sido categórico que debe de ser una omisión con motivo de que hay un mandato expreso en la Constitución, que le impone al órgano competente realizar una conducta, en el plazo establecido o en uno razonable, y no lo hace. Como es bien sabido, la doctrina, en cuanto al vicio de inconstitucionalidad por omisión, ha establecido que hay omisiones expresas e implícitas, absolutas y relativas. En cuanto a las primeras, cuando la actuación la impone la Constitución, ya sea mediante un mandato claro y preciso o cuando se infiere de un análisis pormenorizado del Derecho de la Constitución, sea, en este último caso, porque se deriva del mandato expreso o de la relación de varias normas constitucionales. En cuanto a las segundas, es clarísimo que se produce el quebranto constitucional cuando la autoridad competente omite realizar la conducta exigida constitucionalmente -hay un silencio de legislador cuando se trata de la Asamblea Legislativa- o cuando lo realiza, pero esta no satisface plenamente la exigencia constitucional -silencio de la ley-. Ahora bien, adoptando como marco de referencia lo anterior, es claro que se produce este tipo de vicio cuando el Poder Ejecutivo, a quien le corresponde la competencia de la publicación de la normativa para que sea eficaz, incumple en publicar una reforma parcial a la Constitución Política aprobada por la Asamblea Legislativa actuando en el ejercicio de la potestad constituyente o cuando no publica, dentro de un plazo razonable, un decreto legislativo no vetado, lo que vulneraría los artículos 195 y 129 de la Constitución. No así en el sub lite, pues del numeral 140, inciso 3, no hay un mandato expreso constitucional que lo obligue a publicar, dentro de un plazo razonable, un decreto ejecutivo ya firmado, ni siquiera implícito, de ahí que el vicio de inconstitucionalidad que se alega -una omisión que vulnera un derecho fundamental-, no es de recibo. Es importante puntualizar que para que ello acontezca, es necesario que haya un mandato expreso en la Constitución que obligue al Poder Ejecutivo a actuar en consecuencia, situación que no presenta en el sub lite, de ahí que lo que corresponde es declarar sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad, como en efecto se hace.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Por mayoría, se declara sin lugar la acción. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Rueda Leal y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar la acción por razones de admisibilidad, concretamente en relación con la legitimación invocada. La magistrada Garro Vargas da razones adicionales y declara inadmisible la acción respecto del objeto impugnado. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar la acción.- Nombre9611 .

Fernando Cruz C. Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.

Nombre9292 . José Roberto Garita N.

Res. 2023027475 Voto salvado del magistrado Rueda Leal y la magistrada Garro Vargas, con redacción del primero. El primer elemento que debe enfatizarse es la formalidad de los procesos de control de constitucional. Esta formalidad -no formalismo o legalismo- incluye la necesidad de fundamentar adecuadamente el escrito de interposición de la acción de inconstitucionalidad, lo que incluye la legitimación que asiste al actor.

En criterio de la accionante, “…los derechos económicos, sociales y culturales incluyen en sí mismos una dimensión social que implica un interés público y difuso su ejercicio y garantía de ejercicio…” En ese marco, ella considera que el derecho a la vivienda y el ambiente, en tanto se cuentan entre los derechos económicos, sociales y culturales, son intereses difusos que le brindan legitimación para actuar en esta vía.

Objetamos tal legitimación por los siguientes motivos.

En primer lugar, de estimarse que cualquier reclamo sobre derechos económicos, sociales y culturales constituye un interés difuso, se estaría dando paso a una acción popular en muchos ámbitos, socavando con ello el sistema de control de constitucionalidad que prevé la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En efecto, nótese que tal razonamiento conllevaría que, por ejemplo, el derecho al trabajo, la educación, la familia y la alimentación fueran reconocidos plenamente como intereses difusos.

En segundo, descartamos que la vivienda pueda ser considerada un interés difuso, pues carece de las características propias de uno. Como indica la sentencia citada por la mayoría:

“…Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter” (Sentencia nro. 1993-3750 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993).

Por un lado, la vivienda, como tal, no se difumina ni diluye en un grupo extenso y amorfo de personas. Una parte (llámese persona individual, núcleo familiar, etc.) en concreto tiene interés en una vivienda. Por otro, la política nacional en materia de construcción de viviendas resulta un interés tan extenso que se equipara sencillamente con las metas de toda la comunidad nacional, como lo es aspirar al pleno empleo, a mejores resultados educativos o erradicar la pobreza.

Finalmente, con respecto al derecho al ambiente, que sí es reconocido por la Sala como un interés difuso, la accionante lo vincula con el derecho a la vivienda: “3.- Ambiental, en tanto la vivienda se constituye como un elemento fundamental de la planificación y el ordenamiento territorial, y por ende de la construcción de la ciudad, en armonía con el ambiente y los recursos naturales…”. La vivienda, las calles, las industrias, el alumbrado público, la disposición de aguas, etc. son todos elementos de la planificación y el ordenamiento territorial. Sin embargo, ninguno de ellos brinda legitimación suficiente, por sí solo, para interponer una acción de inconstitucionalidad por el derecho al ambiente, toda vez que no se verifica necesariamente un vínculo directo y concreto entre ellos. Ahí, en la demostración del vínculo, surge la carga procesal de fundamentar de manera adecuada la legitimación de la parte accionante, carga que no debe ser suplida por este Tribunal.

Paul Rueda L. Nombre9292 .

Res. n.°2023-027475 RAZONES ADICIONALES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS EN RELACIÓN CON LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN Además de resolver que la acción de inconstitucionalidad es inadmisible en virtud de la legitimación invocada por la parte accionante, considero que este proceso también es inadmisible respecto del objeto impugnado.

En ese sentido, estimo que son atendibles las oposiciones realizadas por la Procuraduría General de la República en el sentido de que: a) no hay una omisión reglamentaria, porque no hay un mandato expreso del legislador para reglamentar en concreto el tema objeto de esta acción y b) de estimarse que hay lesión a derechos fundamentales ‒por una eventual omisión reglamentaria‒ bien lo pudo cuestionar por la vía del recurso de amparo y no de la acción de inconstitucionalidad.

En lo conducente, del informe en cuestión corresponde resaltar las siguientes consideraciones:

“[E]l Decreto N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT no es producto de un mandato del legislador ni de la Constitución, sino que tiene como finalidad oficializar una política relacionada con la vivienda y con el ordenamiento territorial, por lo que no cumple con lo establecido por la Sala en las sentencias arriba citadas. Por tanto, no resulta de aplicación el inciso f), del artículo 73, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Finalmente, señala que aun en la eventualidad de que la Sala considere que la falta de publicación de un reglamento genera una omisión reglamentaria tutelable en sede constitucional, lo cierto es que, en este caso, se reclama la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como consecuencia de la omisión de la Imprenta Nacional de publicar la norma, lo cual eventualmente debería ser conocido en un recurso de amparo y no en la presente acción. En ese supuesto, no se está ante el artículo 73, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

En síntesis, en el caso concreto no hay omisión reglamentaria, pero en todo caso, eso sería propio de decirse ‒como hasta la fecha se ha hecho‒ en un recurso de amparo, tal y como lo admite el art. 73 inciso f) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala (ver sentencias números 2006-03238, 2019-022006, 2021-017318 y 2022-003213).

Nombre9292 .

Res. Nº 2023-027475 Voto salvado del Magistrado Cruz Castro, declarando con lugar la acción.- La tardanza en el ejercicio de la potestad reglamentaria no encuentra justificación cuando está relacionada con el pleno ejercicio del derecho fundamental a la vivienda y el derecho al ambiente.

A diferencia del criterio de mayoría, considero que esta acción debe declararse con lugar, con fundamento en las siguientes razones:

Considero que se constata una omisión inconstitucional en la orden de no publicar el Decreto Ejecutivo N° 43467-MP-MIVAH-MINAE-PLAN-MOPT, Oficialización de la Política Nacional de Hábitat, creación del Sistema Nacional del Hábitat.

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos argumenta que a raíz del cambio de Gobierno, el Poder Ejecutivo tuvo un nuevo mandato, y que la normativa fue sometida al análisis para continuar con la promulgación del Decreto Ejecutivo, razón por la cual por oficio MIVAH-DMVAH-0500-2022 se puso en pausa su publicación cuando habían transcurrido tan solo tres meses y una semana desde que asumió el nuevo gobierno. Argumenta que no se produce la desprotección y falta de garantía de derechos de las personas, grupos y comunidades, en relación con temas de ordenamiento territorial, planificación urbana y atención de necesidades ambientales y de vivienda. Justamente en esta argumentación encuentro la inconstitucionalidad.

El Decreto en cuestión está referido a temas de ambiente y de vivienda. Si bien es cierto no todos los asuntos relacionados con el derecho de vivienda son competencia de esta Jurisdicción Constitucional, en este caso lo es por la trascendencia de los temas regulados. Nótese que se trata de materias tan relevantes como: el ordenamiento territorial, la planificación urbana y el desarrollo de asentamientos humanos.

La tardanza en publicar el decreto no encuentra justificación, así que la obligación de dictar la normativa correspondiente y ponerla en ejecución, sí considero que está relacionada con una desmejora de derechos fundamentales pues la falta de eficacia del decreto en cuestión -al no ser publicado- tiene una incidencia directa en la plena vigencia del derecho a la vivienda y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Si bien no hay un mandato expreso para publicar la normativa en cuestión, es lo cierto que sí hay un mandato que el Derecho de la Constitución le impone al Poder Ejecutivo, por un lado, el pleno ejercicio de competencias constitucionales -como lo sería publicar un decreto ejecutivo ya firmado- y por otro lado, la plena vigencia y ejecución de derechos fundamentales, como lo serían en este caso el derecho a la vivienda y el derecho al ambiente. Se trata de derechos de vocación social como el ambiente y la vivienda. Esa condición tan relevante impone mayor celeridad en el procedimiento que permita la vigencia plena de una legislación tan importante. Si no se admite justificación alguna para la tardanza del ejercicio de competencias constitucionales del Poder Ejecutivo, es claro que al no haber justificación válida para omitir la publicación del decreto ejecutivo en cuestión, estamos frente a una omisión de relevancia constitucional. No son admisibles los argumentos que señalan que al no existir norma que obligue a publicar el reglamento, entonces no hay obligación de hacerlo, sino que, existiendo la competencia de reglamentación del Poder Ejecutivo, no debe admitirse justificación alguna a la tardanza en el ejercicio de tal competencia. Son derechos de gran trascendencia para el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.

Por todo lo anterior, habiéndose comprobado en este caso la tardanza, lo que corresponde es declarar con lugar la acción y por lo tanto, declarar inconstitucional la omisión de publicar el decreto en cuestión.

Fernando Cruz Castro 1 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 73 incisos a), b), f)
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 75
    • Constitución Política Art. 140 incisos 3), 18), 20)
    • Constitución Política Art. 129
    • Ley General de la Administración Pública Arts. 120, 140, 141, 240, 361

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